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El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte dio a conocer el tabulador de 82 Infracciones para el Servicio Público de Transporte y el Servicio Mercantil que publicó esta semana la Secretaría de Gobernación en Orden Jurídico Poblano y en consecuencia en el Periódico Oficial del Estado, que se deberá cumplir antes del 12 de febrero.

Tarea.

En condiciones de deterioro extremo de la salud ¿deberíamos tener el derecho a decidir el fin de nuestros días? Esta es una pregunta severa, profunda, que ha estado presente en las sociedades humanas desde siempre. Algunos conglomerados han alcanzado acuerdo sobre los derechos de los pacientes y la terminación de la vida. Pero son más aquellos que no han logrado mínimos necesarios para delimitar el fin de la existencia por voluntad propia. Y sobra decirlo: este es un tema muy muy polémico. Países como Colombia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo han aprobado la eutanasia. Suiza y varios estados de los Estados Unidos de América permiten el llamado "suicidio asistido" que no es sino una variable de eutanasia. En Costa Rica varias iniciativas de ley en el pasado y en el presente no han prosperado porque sólo poner el tema en el tapete, genera tanta controversia, que ni siquiera se avanza en el debate. ¿Qué tanto conculca los derechos de los pacientes y la libertad de conciencia que no se pueda decidir el fin de la propia vida? ¿Sería suficiente mejorar y universalizar los cuidados paliativos para que la eutanasia fuera definitivamente anulada del debate público? ¿Cuál es el momento "oportuno" para que una sociedad -un conjunto de individuos- definan si desean o no permitir la eutanasia o el suicidio asistido? Aprovechamos la visita en el país del Dr. José Ramón Salcedo Hernández, médico y profesor del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (España) para conversar en Hablando Claro de un tema apasionante y controversial como pocos.

Continuación de clase anterior, Constitucionalización del Orden Jurídico mexicano, decíamos que teníamos una constitución rígida en el sentido que no ha sido fácil su reforma, ha tenido que pasar un proceso largo de aceptación por parte de las dos cámaras y la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

Hoy volvemos con ustedes con un tema que genera muchas inquietudes en el mundo de la Administración de Justicia: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES, y para ello hemos invitado a una joven abogada que se ha destacado por sus investigaciones en la materia, la Licenciada NAYELI GARCÍA AGUILAR quien se destaca por haber obtenido entre muchas otras, preseas tales como la distinción de tesinas seleccionadas del Curso de Justicia Fiscal Y Administrativa 2019, y posteriormente el Primer Lugar en la categoría de Licenciatura del "Premio sobre Estudios de Justicia Administrativa de 2013", que otorga el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", así como el Primer Lugar del “Sexto Concurso Nacional 2012 de tesis de grado sobre las disposiciones del Orden Jurídico Nacional, convocado por la Secretaría de Gobernación, en la Categoría de Licenciatura, área temática Derecho Público y Social. Ella nos ha descrito particularidades de esta problemática descubiertas durante su trabajo de investigación, así como las observaciones que posteriormente han surgido como parte de su desempeño profesional