Hablando Claro con Vilma Ibarra

Faltan aún 11 semanas para arranque oficialmente el proceso electoral y ya tenemos en la línea de salida de la competencia a una decena de aspirantes a la silla presidencial. Y habrá más. Tendremos así, al igual que en el último torneo, una dispersión propia de nuestra fragmentación política y, por tanto, mucho ruido aturdidor en un panorama de alta polarización. O mejor dicho, de mayor polarización aún, habida cuenta de que el oficialismo ha logrado posicionarse como el gran rival a vencer, independientemente de a quién termine colocando como su ficha. Pero aun cuando el poder es un gran generador de cohesión, no pareciera estársele haciendo fácil al chavismo, pese a la algarabía y su tarea permanente de movilización de adeptos, lograr amalgamar sus piezas. El experimento no es fácil, aunque confían sobradamente en la alta popularidad del mandatario para convencer de que por la vía de la tierra arrasada podrán refundar la tercera república, aunque nadie sepa a ciencia cierta qué es eso. Pero claro, en las aceras del frente, las variopintas oposiciones a falta de coaliciones, alianzas o pactos tendrán que vérselas cado uno con el desafío de que sea su aspirante el que logre descollar entre tanta oferta. Hablamos obviamente de una campaña de personalismos, más que de banderas partidarias, programas de gobierno e ideas serias para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Los problemas reales. Y no las escaramuzas distractoras. Lo cierto es que, aunque nos concentremos mucho en las presidenciales, la gran decisión del primer domingo de febrero será la definición de 57 curules legislativas y, claro, de los dos que logren colarse a la segunda ronda presidencial de abril. El consultor Iván Barrantes -con quien conversaremos este viernes- estima que "si en la última elección seis partidos concentraron el 92% de los votos (los seis con representación legislativa). Este 2026, serán ocho partidos, da lo mismo cuantos participen, los que tendrán la concentración arriba del 90%. Por eso, si en el 2022, Chaves logró pasar a segunda vuelta con 350 mil votos, esa cifra, para el 2026, andará en el rango 250-320 mil votos".

Si bien la Corte Plena no ha emitido criterio alguno respecto del inexplicable veto de ingreso a los Estados Unidos decretado en perjuicio de los magistrados constitucionales Paul Rueda y Jorge Araya, tres altos jueces alzaron sus voces contra esa determinación, que si bien es potestativa de Washington, a falta de razonamiento lógico se entiende como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial costarricense. ¿Una especie de "aviso" respecto de decisiones por adoptar? Por eso, el siempre firme y vocal magistrado de la Sala IV y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, advierte que jueces y fiscales deben armarse de valor para enfrentar la eventualidad de quedarse sin visa. Así de claro. Así de sencillo. Cruz, con casi 50 años de carrera judicial, dimensiona su responsabilidad y en un momento crítico para la solvencia de las democracias bajo asedio de populismos autoritarios, se desmarca del silencio cómplice, del cómodo disimulo o del temeroso amedrentamiento. Frente a estos desafíos no se puede perder la independencia, ya que ello equivale a perder la dignidad. ¿En qué contexto geopolítico cabe entender la cancelación de visados e ingresos a EE. UU. específicamente a jueces costarricenses intachables? ¿Qué tipo de política exterior estadounidense es una que -por lo que sabemos- solo ha afectado hasta hoy a magistrados costarricenses y no a jueces de otras naciones? ¿Podríamos entender algo de lo que está pasando si conociéramos el acuerdo secreto de "seguridad nacional" suscrito recientemente entre los gobiernos de ambos países en el que Costa Rica se comprometió a informar a Estados Unidos acerca de "personas que afecten sus intereses en nuestro país"? Conversamos con el Dr. Fernando Cruz. 

Desde que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) empezó a consolidarse financieramente y, por tanto, a hacerse atractivo, siempre está bajo asedio. La oferta fácil consiste en favorecer el argumento de que toda persona asalariada que se pensione, debería tener derecho a retirar la totalidad de sus recursos. Eso equivaldría a desnaturalizar la pensión complementaria para convertir el régimen en un simple ahorro a plazo fijo. Y ese no es el propósito de la visionaria ley que en el año 2000 se creó sabiendo que la pensión básica se reduciría con el tiempo y que sería imperioso tener un suplemento para que alcanzara un poco más el dinero en la vejez, cuando disminuyen los ingresos y se incrementan muchos de nuestros gastos por las condiciones propias de la adultez mayor. Claro que siempre hay excepciones y atendiendo a ello, recientemente entró en vigor una reforma a la ley que permite el retiro total de los fondos del ROPC en casos de enfermedad grave certificada por la CCSS. Pero solo en esos casos, aunque ciertamente la modificación sirvió para nuevas promesas de acabar con el segundo pilar de la pensión. La fortaleza del régimen obligatorio (que alcanzó ₡11,3 billones al cierre del primer trimestre 2024) es capitalizar nuestras cuentas individuales en inversiones colectivas, tanto dentro como fuera del país, de modo que los recursos se multipliquen con la supervisión financiera del estado. El problema es que pocas personas logran comprender los beneficios que se obtienen de esas inversiones y, por el contrario, logran sembrar mucha confusión, señalando a las Operadoras de Pensiones de todo tipo de argumentos infundados. Justo por eso conversamos este miércoles con el presidente y el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones Complementarias (ACOP) Róger Porras y Danilo Ugalde. 

Diariamente generamos alrededor de cuatro mil toneladas de residuos sólidos. Pero somos incapaces de generar soluciones viables para su tratamiento. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) establece que este pendiente país compromete la meta de descarbonización y, obviamente, la protección del ambiente. Y cómo no, si el 87% de los residuos termina en rellenos sanitarios ya colapsados, sin mantenimiento y sin proyectos de sustitución. Ese es el tamaño de un desafío nacional muy complejo y nada atractivo como eje de campaña electoral, pero que se nos va acumulando bajo la alfombra verde de la marca Esencial Costa Rica, dejando al descubierto la paradoja de nuestro doble standard. Del tema conversamos con Juan José Echeverría Alfaro, quien le ha seguido el pulso por décadas a este problema nacional sin resolver.

El viernes trascendió que ya Celso Gamboa Sánchez fue formalmente acusado por violaciones federales a las leyes de narcotráfico en el Distrito Este de Texas. Inculpado de conspiración, de fabricar, distribuir y exportar cocaína a Estados Unidos, el caso forma parte de "Take Back America" una operación de gran calado que moviliza recursos para luchar -entre otros ilícitos- contra carteles y organizaciones criminales transnacionales, para procurar su erradicación. Como se sabe, Celso Gamboa (49) fue capturado el 23 de junio. Pocos días después, junto con su aludido socio delincuencial alias pecho de rata, rechazó la extradición voluntaria. Este sonado caso corre en paralelo con uno similar en Ecuador donde el 25 de junio fue recapturado el capo más sonado del país andino José Adolfo Macías alias Fito (45), quien sí acepto de inmediato la visa sin retorno a los Estados Unidos. Curiosamente, ambos capos serían los primeros extraditados nacionales de los dos países. ¿Por qué Gamboa Sánchez y su socio rechazaron el procedimiento y alias Fito lo aceptó? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de ambos casos? Y algo más, también el viernes, pero en Nueva York, Ovidio Guzmán López uno de los hijos del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, en cumplimiento de un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses, se declaró culpable de cuatro delitos de narcotráfico. Como parte del trato, 17 familiares de Ovidio Guzmán ingresaron a Estados Unidos. A este pacto, seguiría la declaratoria de culpabilidad de otro de los hermanos, Joaquín, que guarda prisión desde hace un año en Chicago, luego de haber colaborado con la entrega de Ismael el Mayo Zambada en El Paso, Texas. No es ficción. Es la transnacionalización del crimen organizado del narco en vivo minuto a minuto. Y de ello hablamos experta en seguridad en la materia Tania Molina.

Nuestro histórico y siempre cercano vínculo con los Estados Unidos está estrenando nuevos derroteros. Más allá de la incertidumbre arancelaria con nuestro primer socio comercial, por donde pasan también estratégicas decisiones como las de las inversiones en telecomunicaciones (por citar solo un área sensible) ahora enfrentamos, como otras naciones el posible peso de las sanciones, que por el momento lo son únicamente individuales, habida cuenta del retiro de visas que ha ido concretándose contra una decena de cargos públicos, casi todos ellos de alta connotación política. La vicepresidenta del Congreso Vanessa Castro, una de las primeras "dadas de baja" dio a conocer que de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, la información de nuestro gobierno que sustentó el retiro de su visa, argumentaba que ella tiene nexos con el partido comunista chino. Por ahora es la única que tiene alguna información sobre el castigo. Ninguno otro sabe a ciencia cierta que factura pagan. Aunque lo intuyan. Lo cierto es que sin demérito que en la lista estén el expresidente y premio Nobel de la Paz y cinco legisladores incluyendo al Presidente de la Asamblea Legislativa, la sanción contra el magistrado constitucional Paul Rueda Leal, es probablemente la de mayor calado político institucional. La otra nueva deriva de nuestra relación con los EE. UU. obviamente tiene que ver con la ejecución en puertas de las primeras extradiciones de nacionales; la de Celso Gamboa en primerísimo plano por su otrora destacado paso en la función pública y por su actual función como jefe de una importante estructura narco, según la DEA. De ambos temas observamos las aristas jurídicas, con Marvin Carvajal, constitucionalista y Gerardo Huertas, penalista.

La noticia de media semana es la revocatoria de las visas de ingreso a los Estados Unidos al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez y al magistrado constitucional Paul Rueda Leal. Si bien es cierto el gobierno estadounidense no tiene que ofrecer ninguna explicación frente a estas decisiones, va quedando cada vez más expuesta una nueva política gringa de anulación de visados que va mucho más allá de las iniciales consideraciones vinculadas a los contactos o nexos de simpatía con la telefonía china de Huawei, con la que nos explicamos las primeras notificaciones de cancelación de la administración del Presidente Trump. ¿Llegaremos a saber qué hay realmente detrás de una amonestación de semejante calado que alcanza ahora nada más y nada menos que al máximo tribunal de la judicatura; la Sala Constitucional? Lo cierto es que el ambiente político local sigue alterado por las implicaciones del caso Celso Gamboa; por las tensiones del monotema de las jornadas 4x3 en el Congreso y por temperatura preelectoral in crescendo. Para hacer repaso de coyuntura conversamos con Rotsay Rosales, director del Observatorio de la Política Nacional (OPNA UCR).

"El expediente 19,630: la selección de Celso Gamboa Sánchez. El novel magistrado llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2016 sin pasar por un debate sobre su idoneidad... En retrospectiva sabemos que Gamboa Sánchez cosechó apoyo en todas las fracciones legislativas y que él mismo fue tejedor de sus respaldos... En abril del 2018 contra Gamboa existían al menos 13 causas abiertas por la supuesta comisión de quince delitos de tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, cohecho. La última fue el intento de boicotear el cuórum en el Plenario Legislativo el día en el que se decidía su destitución. La votación a favor de la destitución se decidió por 39 votos, los justos, apenas cuatro menos de los que lo eligieron" Extraemos estos párrafos de "Consensos Nebulosos", el capítulo III de la muy recientemente publicada obra del sociólogo Manuel Solís Avendaño titulada ¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática. Este trabajo académico, rigurosamente asentado en informes del Estado de la Justicia, además de sesiones y actas de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, entre otras fuentes, da minuciosa cuenta del ascenso y caída de Celso Gamboa Sánchez en la meteórica carrera que por casi una década lo convirtió en destacado funcionario público en los poderes Ejecutivo y Judicial y con indiscutible influencia en el Legislativo. Este miércoles hacemos un primer acercamiento a este libro, hoy infaltable, no solo para entender el caso puntual, sino los desafíos que tienen los tomadores de decisiones políticas del país para (acaso) terminar por fin de afinar los mecanismos de selección y designación de los magistrados de la República. Con Manuel Solís Avendaño conversamos en Hablando Claro.

Nuestro sistema jubilatorio de Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS) urge de intervenciones mayores, para asegurar su estabilidad y solvencia a futuro. ¿Cuáles medidas y cómo aplicarlas? Esa es la discusión nacional que volvió a colocar esta vez sobre la mesa un Proceso Nacional de Diálogo liderado por la SUPEN y que con el aporte 160 especialistas, derivó en 36 iniciativas. El menú de opciones es variado. La que más resuena es el aumento en la cantidad de cuotas, que pasaría de 300 a 360, lo que implicaría cinco años más de trabajo y el consecuente aumento en la edad de pensión. Otra es implementar ajustes al monto de la cotización existente (menor al porcentaje de inflación) para extender su sostenibilidad. Allí no se acaban las propuestas. Retención del 3% del IVA para una cuenta personal, una contribución especial de las zonas francas para financiar el sistema, cambiar la estrategia de inversión de los fondos para obtener más rentabilidad y una pensión básica universal de ₡85,000 que garantice un ingreso a personas adultas mayores, son otras de las alternativas. Coincide la finalización de esta discusión y entrega de informe, que duró más de un año, con la designación del nuevo Superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, con quien conversamos.

Tarde o temprano las verdades salen a la luz. Primero fue el diario digital salvadoreño El Faro. Ahora el prestigioso The New York Times. Osiris Luna Meza, acaso el hombre más poderoso del sistema carcelario salvadoreño y Carlos Marroquín Chica, uno de los hombres más cercanos y determinantes en el ascenso al poder de Nayib Bukele, fueron los responsables negociar las condiciones de gobernabilidad de El Salvador con las pandillas de ese país, por supuesto en nombre del autodenominado “dictador más cool del mundo”. Las revelaciones periodísticas de El Faro datan del 2020, pero recientemente han salido a la luz nuevos elementos; en mayo se dieron a conocer entrevistas con Carlos Cartagena y con Carlos Gómez (alias Liro) líderes de la mara Barrio 18, confirmando a Luna y Marroquín como los gestores del acuerdo, así como los pagos que recibieron, la protección del gobierno y las condiciones de su escape del país. Que a cambio de asilo, hayan hablado ahora con autoridades estadounidenses, coincide con la petición de devolución de los pandilleros que le formuló Nayib Bukele a Donald Trump. Para poner en perspectiva el inmenso peligro que implica para una democracia, la cooptación de los tres poderes de la República en un solo hombre, conversamos con Carlos Murillo Zamora, experto en relaciones internacionales y políticas públicas.

Anuncio del Banco Mundial: Costa Rica dejó de pertenecer al grupo de países de ingreso medio alto para situarse como una nación de ingreso alto, al pasar el umbral del ingreso y la producción per cápita. Esto, de primera entrada, parece una gran noticia. ¿Pero es realmente así? En los últimos cinco años nuestro país creció gracias a la actividad del régimen de zonas francas; mientras otros sectores como la construcción y la actividad agropecuaria, disminuyeron. Es por esto que nuestro ascenso a país de ingreso alto se explica, según especialistas, como la “trampa de los promedios”. Tenemos un buen resultado porque unos sectores crecen, pero no otros, con lo que no hay un derrame equitativo. Lo cierto entonces es que el ascenso establecido por el BM nos coloca en una situación compleja para acceder a recursos de cooperación, donaciones, préstamos en condiciones favorables y otras opciones de financiamiento. Al respecto conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

Mientras los problemas estructurales se siguen profundizando, los distractores del día se incrementan y al final parece que sucede mucho, pero seguimos estancados o, peor aún, retrocediendo. Sea el proceso de extradición de Celso Gamboa y todas las implicaciones que el caso conlleva, sea la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves por la corruptela con los fondos de difunto del BCIE, sea la renuncia (obligada) del ministro de Justicia a su fuero de protección, o la comparecencia del director del OIJ al Congreso; todo contribuye al gran foco distractor. Y, mientras tanto, en puertas del desafío electoral que se nos viene encima, ¿qué hacen las oposiciones político partidarias para insuflarnos alguna(s) esperanza(s)? ¿Será que quedaremos entrampados entre el tufo maloliente del narco y las jornadas 4x3? Para ahondar en la coyuntura del momento conversamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Mientras en Argentina las playas están congeladas, una “cúpula de calor” cubre Europa con temperaturas de hasta 46 grados en Portugal. En junio, aquí en Costa Rica tuvimos 920 inundaciones, tres veces más que en mayo. El Índice de Riesgo Climático del 2025 concluye que las olas de calor tórridas, los incendios forestales, las inundaciones mortales, las lluvias torrenciales y las tormentas devastadoras, ocasionaron más de 765 mil muertos y pérdidas globales de casi $4,2 billones debido a 9.400 fenómenos meteorológicos extremos entre 1993 y 2022. Conversamos con Allan Astorga de Salveterra.

El proceso de extradición del ex magistrado, Celso Gamboa, tiene graves implicaciones, que debemos entender profundizando en una serie de hechos, acciones y decisiones de política pública de los últimos tres años, sin dejar de tener en cuenta su trayectoria como funcionario público y judicial. Una primera aproximación de este hecho que apenas inicia y nos llevará a ahondar otras perspectivas, con el exministro de Seguridad, Gustavo Mata y el ex viceministro de Seguridad y exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, Martín Arias.

En el contexto de alto al fuego entre Israel e Irán, ¿cuáles son los complejos escenarios a los que se enfrenta la conflictividad actual? Hay muchas interrogantes y pocas certezas, pero hay algo seguro, “la era del dividendo de la paz, ya pasó” como dijo la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así las cosas, los acontecimientos deben monitorearse a diario. Por ejemplo, Trump salió triunfante de la cumbre de la OTAN con el perseguido acuerdo para que los aliados inviertan hasta un 5% en gastos militares y de seguridad al 2035. En el mismo contexto debe entenderse como esencial para la estrategia de seguridad europea, el alivio para Ucrania de la extensión de apoyo tanto de Estados Unidos como de los europeos, estos últimos doblando sus promesas de asistencia militar de 20 mil a 35 mil millones. Y en medio de todo, la impotencia de la crisis en Gaza. Trump añadió fuego a la hoguera inmiscuyéndose en la política interna de Israel amenazando con cancelar la multimillonaria ayuda anual estadounidense al país si la justicia no cierra los tres procesos de corrupción que enfrenta Benjamín Netanyahu, acusado de sobornos, fraude y abuso de confianza. Según Trump esos procesos interfieren las negociaciones en curso con Irán y Hamás. Este domingo hubo nuevas movilizaciones forzosas y ataques en Gaza. En tanto, el líder supremo de Irán asegura que no se rendirán y al tiempo que despliega más represión interna, muestra la tregua como una victoria del régimen. ¿Y cómo incide todo ello en la política interna de los Estados Unidos? Este es otro interesante ángulo del análisis, pues Trump debe enfrentar la batalla por el gigantesco presupuesto, aunque esté celebrando el espaldarazo de la Suprema Corte que falló que los jueces federales no pueden bloquear cautelarmente la aplicación en todo el país de los decretos ejecutivos de la Casa Blanca. Esta decisión afecta a uno en particular que es abiertamente inconstitucional, al permitir la anulación del derecho a la nacionalidad por nacimiento, pero en la práctica se extenderá a toda la agenda que el mandatario está implantando. Conversamos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Vivimos tiempos de liderazgos personalísimos que intentan hacer creer que tienen el control de las decisiones globales. En esto Donald Trump se lleva las palmas y pretende, una vez más, hacerlo creer con el cese al fuego entre Irán e Israel. Todo inició el lunes con una publicación en su red social, con un anuncio unilateral de pausa a las hostilidades, que al principio no fue respaldada por ninguno de los dos países e incluso incumplieron con sendos ataques. En medio de las confusiones iniciales, dentro de Estados Unidos y en el mundo se seguía con expectación los primeros pasos de esa conclusión temporal de la denominada “guerra de los 12 días”, al ritmo de una serie de publicaciones en redes, que en pocas horas anunciaron ataques, idas, retiradas, regaños y órdenes. Tal la intensidad que en varias usó palabras en mayúscula, para poner mayor intensidad a sus palabras. Uno de estos sintetiza esa forma de liderazgo. “Israel e Irán se acercaron a mí, casi simultáneamente, y me dijeron: "¡PAZ!" Sabía que el momento era AHORA”. De esta puesta en escena lo que pareciera quedar claro es que él no quería llegar a la reunión de la OTAN, en Países Bajos, sin una resolución de la conflagración. ¿Es esta tregua sólida, como arranque de una solución al conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones en el resto del mundo? Eso está por verse. Por ahora algunas declaraciones requieren de más análisis. El primer ministro israelí Netanyahu, aseguró que actuará "con la misma determinación" y "la misma fuerza" sobre Irán si intenta retomar su proyecto nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, al reconocer el cese dijo que “el enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social”. Para poner foco en este momento del acontecimiento conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

El asesinato de Roberto Samcam ocurrido en nuestro país tiene profundas implicaciones. El militar nicaragüense retirado y reconocido crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se suma a una escalada de ataques contra opositores en el exilio y una demostración más de la creciente ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica. El exmilitar ejecutado con ocho balazos en su propia casa, en Moravia, había denunciado la existencia de células de espionaje de esa dictadura en territorio nacional, circunstancia que sigue encendiendo las alarmas, ya que se suma a la real inseguridad ciudadana y a los claroscuros con que se enfrenta la ola de violencia homicida, y la operación de del crimen organizado, en nuestro país. La ejecución de Samcam, indican las personas expertas, apunta a una operación meticulosa y certera, que evidencia seguimiento, inteligencia de los diferentes responsables del hecho y la planificación de la operación. No podemos ver esto como un hecho aislado, ya que esas mismas condiciones están ejecutando los grupos criminales, dejando a una ciudadanía preocupada, que siente el acecho del peligro en que están las personas, las familias y los sectores productivos. Es por eso por lo que el manejo del tema de seguridad, el clima permanente de polarizar delicados asuntos por parte del Ejecutivo en un enfrentamiento con los otros poderes, el silencio del gobierno de Rodrigo Chaves respecto de este crimen en particular; solo el ministro de Seguridad, Mario Zamora se refirió y evitó pronunciarse acerca de la presencia y las facilidades con que se mueven esas presuntas células de la dictadura. Todos hechos preocupantes Para conjuntar estas dos situaciones conversaremos con José (nombre ficticio por asuntos de protección), comunicador nicaragüense y con la criminóloga, experta en seguridad y crimen organizado, Tania Molina.

Los crímenes sexuales cometidos por líderes religiosos contra personas menores de edad son un tema que, por su naturaleza, se ocultan. Es así como los dramáticos abusos, acosos y violaciones contra niñas y niños no han sido públicos y los responsables -aquí y en muchos lugares del mundo- son protegidos por sus estructuras. Las víctimas que se atrevieron a denunciar han tenido que enfrentar todo tipo de obstáculos, dentro de sus familias, comunidades, iglesias y sistemas judiciales. Un caso en Costa Rica logró enfrentar las puertas cerradas del clero, impulsar una reforma al Código Procesal Penal, para que estos delitos tengan un plazo de prescripción de 25 años, luego de cumplir la persona ultrajada la mayoría de edad, mover la voluntad de las autoridades judiciales, ingresar el nombre del agresor en la lista de alertas de Interpol, sentar en el banquillo y ganar un juicio contra Mauricio Víquez, quien cumple condena por 20 años. Hoy ese caso se convirtió en la película “El cura, el monaguillo y el jardinero”, que relata la historia de Anthony y Josué, quienes asumieron un papel protagónico para visibilizar y lograr justicia. Fueron 9 acusaciones por actos que ocurrieron a finales de la década de los años 90 y principios de la siguiente. Este es un tema de política pública que es relevante, sobre todo al conocer los datos al año 2024, aportados al Semanario Universidad por la Caja Costarricense del Seguro Social que registran un total de 11.768 niños, niñas y adolescentes atendidos por abuso sexual en los servicios de consulta externa, con un aumento del 51% respecto del año 2022 y 1337 en los servicios de emergencia, que crecieron un 49%. Para generar conciencia conversaremos con Anthony Venegas, uno de los responsables de ayudar a que la impunidad no triunfará, y con el director de cine, Juan Manuel Fernández.

Vivimos tiempos de liderazgos personalísimos que intentan hacer creer que tienen el control de las decisiones globales. En esto Donald Trump se lleva las palmas y pretende, una vez más, hacerlo creer con el cese al fuego entre Irán e Israel. Todo inició el lunes con una publicación en su red social, con un anuncio unilateral de pausa a las hostilidades, que al principio no fue respaldada por ninguno de los dos países e incluso incumplieron con sendos ataques. En medio de las confusiones iniciales, dentro de Estados Unidos y en el mundo se seguía con expectación los primeros pasos de esa conclusión temporal de la denominada “guerra de los 12 días”, al ritmo de una serie de publicaciones en redes, que en pocas horas anunciaron ataques, idas, retiradas, regaños y órdenes. Tal la intensidad que en varias usó palabras en mayúscula, para poner mayor intensidad a sus palabras. Uno de estos sintetiza esa forma de liderazgo. “Israel e Irán se acercaron a mí, casi simultáneamente, y me dijeron: "¡PAZ!" Sabía que el momento era AHORA”. De esta puesta en escena lo que pareciera quedar claro es que él no quería llegar a la reunión de la OTAN, en Países Bajos, sin una resolución de la conflagración. ¿Es esta tregua sólida, como arranque de una solución al conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones en el resto del mundo? Eso está por verse. Por ahora algunas declaraciones requieren de más análisis. El primer ministro israelí Netanyahu, aseguró que actuará "con la misma determinación" y "la misma fuerza" sobre Irán si intenta retomar su proyecto nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, al reconocer el cese dijo que “el enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social”. Para poner foco en este momento del acontecimiento conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora. 

Volver a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica. ¿Es esto serio? Con el argumento de que es una opción para mejorar las finanzas públicas, este es un tema que ocupa más pico y pala, para profundizar más allá de los cantos de sirena, que taparía la ilegalidad, la corrupción y la falta de soluciones. Con datos del año 2008, actualizados a valor de hoy, se intenta convencer de que estamos sobre una mina valorada en $3 mil millones, con el claro objetivo de ganar aceptación. Una reciente visita durante la segunda semana de este mes, de diputaciones de Alajuela a la zona de Crucitas, vuelve a poner el foco en una zona que muestra las heridas sociales, económicas, de seguridad y ambientales que no se discuten con la seriedad que requieren. Ni la gira ni el proyecto de ley que se discute y propone convertir ese territorio en un polo de desarrollo, aportan nuevas luces. Esa salida de volver a autorizar esta práctica minera solo nos vuelve a revivir varias preguntas. ¿A qué obedece el súbito interés del gobierno de Rodrigo Chaves de promover la minería química a cielo abierto en Crucitas? ¿Cuáles lecciones aprendimos del fracaso del proyecto minero de Infinito Gold? ¿Es esta una solución para acabar con la presencia masiva de coligalleros, tanto nacionales como los que vienen de Nicaragua? ¿Ganamos el litigio internacional, interpuesto por la empresa canadiense que iba a explotar el oro, como se nos informó? También hay que plantear cómo se atiende, desde la política pública, la actividad de los grupos organizados que extraen, al margen de la ley, gran cantidad de oro del país y sí hay salidas viables en la actualidad para reparar y atender esta desastrosa situación. Para hacer revisión del tema conversaremos con Jorge Lobo, profesor Catedrático, Escuela de Biología, UCR y Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

Por un lado, el presidente de Estados Unidos dijo tras los ataques a tres objetivos del programa nuclear de Irán que el "objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio y darle un freno a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno del mundo", como respuesta el canciller de la nación atacada, Abbas Araghchi, respondió que se reservan todas las opciones como derecho a tomar las represalias que consideren. En medio de estas dos posiciones se ubica el resto del mundo a la expectativa elevada que se genera y ante las implicaciones inmediatas del conflicto, del cual sabemos lo que ha ocurrido, pero no en que va a derivar. Nos coloca en un territorio inexplorado, que habrá que ir conocimiento y observando. La operación Martillo de medianoche perpetrado por Estados Unidos implico una operación militar y estratégica de varios meses, acciones de inteligencia, movilización de equipos militares que no se habían utilizado y un planeamiento muy sofisticado para el uso de 125 aviones desplegados para transportar 75 proyectiles que incluían 14 bombas de más de 13 mil kilos. Los mandos militares estadounidenses actuaron con el máximo de sigilo, incluso había conversaciones en curso en el marco del Tratado de proliferación de armas nucleares y se realizó sin que otros países lo supieran. El Organismo Internacional para la Energía Atómica no ha detectado una radiación significativa fuera de las instalaciones, por lo que queda por conocerse sí el ataque fue tan certero. Lo que sí es cierto es que este momento del conflicto abre múltiples escenarios que debemos ir revisando. Iniciamos el referido al ingreso de Estados Unidos y la respuesta de Irán tras el bombardeo, para lo cual conversaremos con Javier Johanning, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, con especialización en Medio Oriente.

Toda persona que se transporte en bus, taxi, su propio vehículo, motocicleta o servicios de plataformas de movilidad es víctima del creciente congestionamiento y de la aguda crisis vial que vivimos en Costa Rica. Las llamamos presas y se han convertido, de acuerdo con especialistas, en un factor de riesgo para la salud cardiovascular, física y mental. Años atrás ese fenómeno se vivía en las conocidas horas pico, pero hoy a cualquier hora, por cualquier accidente, lamentable muerte en carretera o inundación, el colapso es la norma. Y se ha extendido de las vías de las ciudades del centro a las de todas las provincias. No solo la calidad de vida se afecta, también la productividad. El informe Estado de la Nación estimó la pérdida económica en un 4% del Producto Interno Bruto, es decir ₡1.8 billones anuales. Costa Rica vive bajo la huella del terrible daño que generan los retrasos en proyectos y en infraestructura para la movilidad. El gobierno Chaves Robles, aduciendo decisiones erróneas, sin presentar estudios y sí valoraciones políticas, detuvo y retraso proyectos como el de la sectorización del transporte público y obras en la ruta 1 en los tramos de Barranca-Limonal en Puntarenas y en el corredor San José-San Ramón, en la ruta 32 en Limón y el del Tren Eléctrico, solo por mencionar algunas de gran envergadura. Para analizar salidas a la actual y caótica situación para el presente y futuro conversaremos con el ingeniero, Olman Vargas.

Nada más sensible para la economía que movimientos, decisiones, entornos adversos e incertidumbre, ya que no existe una vacuna contra la volatilidad de un mundo conectado en el cual las amenazas, internas y externas, se tornan en realidades. Hace pocas semanas, el primer Informe macroeconómico 2025 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional Cinpe-UNA, hizo una revisión hacia la baja de las expectativas de crecimiento en Costa Rica, debido al anuncio del aumento en los aranceles. Días después el conflicto entre Israel e Irán, nos obliga a nuevas proyecciones. Esto debido al papel que Estados Unidos, como actor geopolítico global tiene y que incide en nuestro país, al ser principal destino de exportaciones, de atracción de inversiones como del ingreso de turistas, todos factores con relación directa en la producción, empleo y materia fiscal. Pero no solo eso estará incidiendo en la baja, ya que hay realidades de nuestra política monetaria interna, la caída del ingreso de turistas, la precariedad de sectores vinculados a la agricultura, silvicultura y pesca. Así como la disminución del consumo privado de las familias y de los sectores del régimen definitivo, donde se ubican las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sostienen al 66% de la fuerza laboral. Para poner en foco estas perspectivas conversaremos con dos economistas, el director del Cinpe-UNA, Marco Otoya y la académica de este mismo centro de investigación, Ivannia Bolaños.

En lo que va de este año las autoridades contabilizan más de mil incidentes por inundaciones, debido a las condiciones climáticas y lluvias extremas. Muchas ocurrieron en zonas urbanas, poniendo en riesgo la vida de las personas, con implicaciones en la salud pública, la destrucción de infraestructura y provocando daños a la naturaleza. En días pasados en Turrialba se desalojó un centro de atención de personas adultas mayores. En Guácimo y otras localidades de Limón hubo graves atascamientos en la vía pública. En San Pedro de Montes de Oca el anegamiento frente a la Facultad de Derecho de la UCR es recurrente y el municipio informó no tener ₡5 mil millones para una solución. Debido a las intensas lluvias de los últimos días hay reportes de diferentes problemas en Alajuela, Desamparados, Sarapiquí, Golfito, San Carlos, Río Cuarto, Bagaces y San Ramón. Las inundaciones urbanas deben ser un tema de política pública debido a sus impactos sociales, económicos y ambientales. La incidencia en la gestión del recurso agua, la propagación de enfermedades, el costo de los daños a propiedad pública y privada con sus elevados costos, el aumento de zonas de alta vulnerabilidad en ciudades y barrios de cualquier nivel socioeconómico y los angustiantes atascos para todo tipo de transportes, son algunos de los temas asociados a un caótico crecimiento urbano. En este caos una solución, pionera en América Latina, se acaba de poner en uso en Tibás, como una posibilidad para canalizar aguas pluviales, con el uso de tecnología y conocimiento técnico. Para poner el tema en agenda, revisar cómo avanza una propuesta de ley y visualizar posibles soluciones conversaremos con la ingeniera Mariana Rojas y el economista, Fernando Rodríguez, del proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana TEVU.

“Dicho simplemente, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez. ¡Todo el mundo debería evacuar Irán de inmediato!”. Este mensaje divulgado por el presidente Donald Trump, desde la ciudad canadiense de Kananaskis, en Canadá donde se celebra la cumbre del G-7 fue solo la antesala de su retirada de esa reunión indicando al Consejo de Seguridad Nacional que se prepare en la Sala de Situación, para su regreso. A lo largo de las sesiones fue tajante y contundente al insistir que ese país debe renunciar a sus actividades nucleares “antes de que sea demasiado tarde”. Esos mensajes inquietantes y que siguen abonando las tensiones globales. Israel e Irán entran a un quinto día de un enfrentamiento directo, ya con implicaciones que son resultado de una guerra que cumple décadas de tensiones acumuladas entre ambas naciones, y que hoy se manifiesta en bombardeos cruzados, destrucción de objetivos con ataques estratégicos y un real riesgo de un escalamiento regional, con incidencia global. El balance a hoy son gente aterrorizada, 250 personas muertas, centenares heridas, destrucción y diferentes temores que fluyen marcando desde ya al año 2025, como uno de los más delicados que enfrenta la geopolítica, en el cual Estados Unidos tiene un papel preponderante, mientras atiende a lo interno una ola de protestas crecientes ante la arremetida por las redadas contra personas migrantes. Este es un hecho en desarrollo y va variando, para tener un primer acercamiento y proyectar que viene en el corto plazo conversaremos mañana con el especialista en Relaciones Internacionales, Carlos Cascante.

Costa Rica tuvo una participación en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) que debe ser evaluada desde varias perspectivas. Se logró, una vez más, posicionar como líder global en temas de conservación y protección ambiental. En este caso del recurso marino, que representa el 71% de la superficie planetaria, en donde habita la mayor cantidad de biodiversidad y factor fundamental para la temperatura global. Pero no se debe soslayar que debe demostrar coherencia entre su discurso internacional y las acciones locales, que son evidencia más de la atención urgente que requiere, desde la política pública, la gobernanza marina para ser sostenible y adecuada a las condiciones actuales. Atender temas como la sobrepesca y el uso abusivo de agroquímicos en ríos costeros, son más que alertas. Un aporte fue vincular océanos con justicia climática, aunque todo queda sujeto a una aplicación real y efectiva post-cumbre, que supere las declaraciones no vinculantes y ausencia de mecanismos claros de reducción de la contaminación que afecta estos cuerpos de agua. Una mancha oscura, como país coorganizador, fue los espacios limitados a representantes de comunidades, organizaciones civiles, no gubernamentales y el retiro de acreditación a científicos de la Universidad de Costa Rica, limitando su participación en el evento. Para profundizar estos extremos conversaremos con el consultor, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y vicepresidente de la ONG Artes Justeco, Bernardo Aguilar y con el director de Four the Oceans y presidente de Comisión Marina del Parlamento Ambiental, Jorge Serendero.

Es un tema de altísima gravedad. De los 80 mil casos que se denuncian al año por violencia contra las mujeres, un 80% de esos se quedan de camino, debido a trámites que en algunos casos duran hasta 10 años. Esa realidad la registra el Quinto Informe de la Justicia, que vuelve a poner foco en un tema que no se debe soslayar. El informe llega a concluir que tan solo un 13% de las denuncias vinculadas a estas agresiones logran terminar en un juicio. Del año 2019 al 2022 la mayoría de los casos no lograron superar la etapa preliminar, la mayoría fueron desestimados y con sobreseimiento definitivo. Las raíces profundas y variados elementos que conforman esta realidad ocupan de muchos abordajes, que aporten educación, información, para fomentar el conocimiento y la sensibilidad. Desde la primera semana de junio y durante lo que resta del año 2025 y durante el 2026, Costa Rica será sede de la exposición ¿Qué llevabas puesto?, una muestra que busca generar conciencia sobre la violencia sexual y combatir la idea errónea de que la vestimenta provoca o justifica una agresión sexual. La muestra está en la Galería Nacional del Museo de los Niños y a partir de julio iniciará un recorrido nacional por las 7 provincias, para llevar un mensaje claro, directo y vivencial. Para hacer repaso a este hallazgo del nuevo informe sobre la justicia e invitar a conocer esta iniciativa conversaremos con la comunicadora y especialista en temas de género, Thais Aguilar y una de las responsables de la exposición, Natalia Hernández. 

“Inéditos ataques políticos y criminales asedian al Poder Judicial en detrimento de la calidad de la democracia”. La contundente conclusión del Quinto Informe del Estado de la Justicia de Costa Rica indica que esos embates provienen, en gran medida, del gobierno de Rodrigo Chaves y evidencia una táctica de debilitar las instituciones. Esto es un asunto serio, que nos convoca a una reflexión profunda y con argumentos para lograr desentrañar las intenciones que un clima de hostilidad sistemático provoca, no solo con los perjuicios directos, sino con las afectaciones que nos impactarán como ciudadanía. Bajo ataque, pero resistiendo dada su solvencia probada de años. Sin ser aún un problema estructural, la desconfianza hacia sus funciones ha ido en aumento, tomando como referencia la posición que tenía hace tres años, fecha del informe anterior. Hoy 2 de cada 3 ciudadanos afirman que hay lentitud en su trabajo, pero a pesar de esto se continúa con una cultura permanente de judicializar muchos asuntos. Uno de los puntos fuertes es que recupera y crece su presupuesto, pero debe mejorar su distribución, ya que es desigual dada la sobrecarga en materia penal, delincuencia organizada, y delitos contra la vida que se duplicaron. Ante el aumento de criminalidad y violencia homicida, la Asamblea Legislativa le ha asignado más competencias, pero sin nuevos recursos económicos en temas de seguridad. Es necesario, se señala, que trabaje en coordinación con otras entidades y más de cerca de las personas. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reconoció la objetividad e independencia del estudio, al reconocer que señalan adelantos y desafíos y enfatiza en avances en acceso, eficiencia y legitimidad. Hacemos una revisión de algunos aspectos relevantes del informe, con la coordinadora de este informe, Evelyn Villarreal.

Es un conflicto en varios actos y con diferentes actores, por el cual fluye el abastecimiento de agua, un elemento esencial para la vida de las personas. En el escenario la ciudadanía de Paraíso, como protagonistas de primera línea. Para entender debemos irnos cuatro décadas atrás, pero fue a mediados del año pasado que revientan las tuberías que conectan a la municipalidad, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), al punto que casi se llegó a cerrar el suministro a 30 mil personas, que detuvo la Sala Constitucional, en resguardo de un derecho humano fundamental y mientras se resuelve un recurso de amparo. Eso sí, la situación solo está en suspenso a falta arreglar varias válvulas que surgen tras una resolución de ARESEP del año 2017 que fijó nuevas tarifas para el cobro de la venta de agua en grandes volúmenes. A partir de esto AyA inició un proceso para reglamentar, crear una comisión, hacer un inventario de los clientes con este tipo de servicio y comunicar las acciones a seguir. A mediados del año 2024 comienzan las gestiones de cobro por sumas que no pasan inadvertidas, ya que instituto rector sostiene que superan los ₡3.400 millones, que el gobierno local considera como un cobro retroactivo, irregular e ilegal, que se encuentra en un litigio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Tal es la gravedad del caso que fue necesario convocar a las partes a una mesa de negociación, que arranca con la discusión del pago del mes de abril, que se junta con la discusión de un proyecto de ley para condonar la deuda. Para escuchar varias voces de este diferendo conversaremos con Luis Manuel Cordero, del Movimiento paraiseños por el agua, Michael Álvarez, alcalde de Paraíso y Antonio Ortega, diputado. 

En Costa Rica hay 4.8 millones de cuentas activas en diferentes plataformas digitales, que usan a diario personas de 18 a 44 años, siendo las preferidas las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y la de mensajería WhatsApp. Por estos canales se difunden y comparten todo tipo de contenidos incluidos los políticos, que en una clara y efectiva estrategia ha usado la administración Chaves Robles desde el inicio, para colocar mensajes, expandir choques contra las instituciones y conducir los ataques a personas y sectores. De allí que seguir el pulso a la conversación digital es un ejercicio necesario, como lo hace el Observatorio de Comunicación Digital (OCD) de la Universidad Latina, que presentó el informe 28, que analiza la gestión gubernamental, la investigación del caso Pista Oscura, las denuncias por presunto acoso sexual del exministro Mauricio Batalla y el inicio del ciclo electoral con las candidaturas ya definidas de Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Natalia Díaz y Claudio Alpízar. Hay casi un empate, respecto de los comentarios positivos (41,6%) con los negativos (39,1%) en relación con el presidente; respecto a la gestión gubernamental los negativos son de 53,5% contra los positivos 25,1%, siendo el caso de la pista del Aeropuerto de Liberia y las acusaciones contra el ex jerarca del MOPT, las que sustentan la mayor cantidad de menciones adversas. El estudio sigue mostrando el gran espacio, que, en lo digital, hay para el ataque sistemático contra la Fiscalía General, la Asamblea Legislativa y medios de comunicación, con el mayor volumen de sentimiento negativo, al que se unen las constantes arremetidas cargadas de violencia política en especial contra las mujeres. Este tipo de análisis nos permiten configurar los extremos en que se moverá el proceso electoral. Para profundizar en la capacidad de amplificación que tiene en el debate nacional conversaremos con Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la U Latina y con el politólogo, Gustavo Araya.

Los valores éticos son la estructura que toda persona construye desde la niñez y le van dando la materia prima, para darle sentido a las acciones, decisiones y posiciones - personales y colectivas- a lo largo de su vida. Y nuestro ‘deber' en la vida no es otro que actuar en consecuencia con nuestras posiciones y actuando con la verdad, para fortalecer la justicia, la convivencia y la fraternidad. La ética no trata de lo que es, sino de lo que debe de ser. Y no es una materia ausente de nuestra cotidianidad, por el contrario, tiene relación directa en cuanto a si aprobamos o no, compartimos o no, enjuiciamos o no temas tan relevantes como la migración de personas, su religión, su orientación sexual, el color de su piel o su adherencia política. En tiempos de polarización, desigualdad estructural, promoción de la violencia y de los discursos de odio contra los otros, de discursos políticos, de la desinformación que nos pone a dudar y a encontrar respuestas en otras interpretaciones de la realidad, el ancla y las velas de nuestros valores deben ayudarnos a navegar. Vivimos sumidos en la distorsión de nuestros acuerdos básicos para relacionarnos, la frustración que no se logra resolver, la irrupción del populismo y de grupos de ultraderecha, los impactos vinculados al cambio climático y los conflictos bélicos que vivimos en tiempo real que se suman a la revolución tecnológica y digital, que podrían cambiar nuestras percepciones y definiciones Este momento de la historia nos obliga a enfocar, cómo la ética como disciplina nos debe ayudar a enfrentar los riesgos que le suponen la degradación de la dignidad humana, el deterioro de las libertades fundamentales, reforzar la defensa de los todos los derechos humanos de todas las personas y proteger la democracia Para tratar estas perspectivas tan provocadoras conversaremos con el abogado en derecho constitucional, presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo. 

Noticia: en un plenario legislativo con enormes dificultades para avanzar en sesiones extraordinarias, dada la impericia del Ejecutivo para articular negociaciones, este jueves los diputados aprobaron en primer debate una autorización al Ministerio de Hacienda para colocar $2,000 millones de deuda en eurobonos. El trámite se concretó luego de varias desconvocatorias de la agenda por parte del mismo Poder Ejecutivo. ¿La piedra en el zapato de Zapote? El proyecto de vuelos baratos para viajar a Centroamérica y República Dominicana y el rechazo visceral del oficialismo a esa eventual legislación. Este es un ejemplo más del mal manejo de los tiempos que lleva la administración Chaves Robles -que sigue negándose a designar ministro/a de la Presidencia- en el periodo en el que tiene la prerrogativa y consecuentemente la responsabilidad de conducir la agenda. El resultado ha sido una escasa cosecha de leyes. Los datos duros de las tres legislaturas cumplidas de esta administración demuestran la poca productividad cuando el Ejecutivo tiene el timón: 117 leyes aprobadas en los periodos de extraordinarias versus 347 en las ordinarias. Según el Observatorio del de la Política Nacional (OPNA UCR), el punto es que la conflictividad y la creciente ruptura de canales de negociación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se sigue profundizando. Y si por la víspera se saca el día, con la campaña electoral encima, y la bancada oficialista desconcentrada, las negociaciones serán aún más difíciles. Todo lleva a concluir que Pueblo Soberano sería -a decir de la poderosa jefe oficialista- el finalista para ir a los comicios y no son pocos los que hacen méritos para abordar el vehículo, hasta el punto de dejar la seguridad de plazas en propiedad en el sector público estatal, para granjearse cargos en una eventual futura administración chavista. Para hacer revisión de coyuntura política local conversamos con el investigador principal del OPNA UCR, Alejandro Molina.

Dos guerras mantienen en vilo a gran parte de la humanidad. Una nos muestra una dimensión dramática, inenarrable, en Gaza. Con 54 mil víctimas mortales y miles más en riesgo de fallecimiento por hambruna. La otra, una acción militar histórica de Ucrania, con la efectividad de la operación Telaraña. En Israel, las protestas contra Benjamín Netanyahu de parte de su propia población y el aislamiento internacional a su arremetida -cada vez más cruenta- no lo hacen retroceder. En el otro frente, la operación ucraniana debilitó la capacidad de Rusia para llevar a cabo ataques aéreos de largo alcance, afectando a aeronaves que ya no se producen y cuya reposición podría llevar años. Con solo 117 drones de apenas 500 euros, los ucranianos destruyeron bombarderos rusos de más de 100 millones de euros. Un golpe efectivo, tras una operación de 18 meses que de acuerdo con los especialistas, ha cambiado la perspectiva de esta guerra con una humillación superlativa para Vladímir Putin que, ahora, sin duda responderá, pues no fue solo ese golpe, ya que menos de 48 horas después recibió un segundo ataque en un neurálgico puente de conexión con Crimea. Para analizar estos dos extremos conversamos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Lo estamos viendo en Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Turquía y Hungría: populistas autocráticos lanzan campañas de desprestigio, desinformación y acecho contra las universidades. El objetivo es desacreditarlas como instituciones y de paso desacreditar, disminuir y anular la crítica y la libre expresión de ideas y opiniones versadas y -en algunos casos- incluso hasta cerrarlas, ya que amenazan su ejercicio de control y poder. Las universidades funcionan con reglas claras, autonomía, un régimen de libertades y financiamiento. Donald Trump tiene bajo ataque a centros de educación superior, de prestigio que han generado duras acusaciones, litigios judiciales, eliminación de programas de becas, miedo y amedrentamiento; mucho amedrentamiento que se traduce en sujeción y silencio. Aunque no en todos los casos. La prestigiosa Universidad de Harvard resiste, pese a que le congeló más de $2,600 millones en fondos federales para investigación y solicitó a las agencias federales terminar contratos por $100 millones con la centenaria institución. Y por ahora, un juez federal suspendió el impedimento impuesto para recibir estudiantes extranjeros. Si ponemos el foco en Costa Rica, en los últimos tres años las universidades públicas han sido colocadas en la lista de "ticos con corona". Durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año pasado la acusación fue que no había que darles más recursos porque eran "para satisfacer los caprichos de los faraones de las universidades públicas". Claro que no todo en la agenda de las universidades tiene buena calificación. Hay que mejorar más el manejo de recursos, la falta de planificación a largo plazo, las prácticas institucionales rígidas y las acciones concretas para ayudar a atender la crisis estructural de la educación en el país. Pero estos son desafíos que no se resuelven con ataque permanente que no abona al mejoramiento de un mecanismo esencial para la movilidad social. Acerca del presente y los retos de nuestra educación pública superior conversaremos con el rector electo de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo.

Polonia: continúa el avance de la ultraderecha. Este domingo en el balotaje de las presidenciales, Karol Nawrocki, un historiador y ex boxeador ultranacionalista apoyado efusivamente por el presidente Donald Trump ganó las elecciones. Ha sido sin duda un balde de agua fría para quienes apostaban al centrismo de la democracia liberal que hace tan solo 18 meses atrás, festejó con esperanza el retorno al poder de la denominada "Plataforma Cívica" que llevó a otro Donald, a Donald Tusk, a convertirse en primer ministro, ocho años después del retorno al poder del poderoso partido nacional populista de derecha Ley y Justicia que desde su fundación en los albores del nuevo siglo, ha reconfigurado completamente la democracia polaca. Ninguna democracia está blindada. Aunque Polonia oficialmente es un país democrático, de acuerdo con The Economist es una democracia deficiente particularmente por sus vulnerabilidades en áreas críticas como independencia judicial y libertad de prensa. En las últimas décadas, ha sido exponente de tensión ciudadana por la irrupción del nacionalismo ultraderechista que debilitó los lazos de la convivencia. Por eso el retorno este retorno al poder reabre las interrogantes respecto de la capacidad de resistencia de la democracia en un entorno polarizado. Lo que sucede con la democracia bajo asedio en Polonia es otra versión de lo que ocurre en otras regiones del mundo. Para no ir tan lejos, Centroamérica ha sido tierra fértil. Germinó y se consolidó una férrea dictadura en Nicaragua, crece vigoroso un régimen híbrido autoritario en El Salvador, sobrevive un gobierno al acecho de un pacto de corruptos en Guatemala. Y en Costa Rica, como sentenció el connotado escritor Sergio Ramírez Mercado, por primera vez desde 1948 existe una tentación autoritaria. Para poner en perspectiva estos procesos complejos conversamos con el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera.

En un contexto de supremacía absoluta del partido en el gobierno (MORENA) y de una popularidad altísima tanto del expresidente López Obrador, como de la mandataria Claudia Sheinbaum, México celebró este domingo la primera fase de un proceso electoral inédito en el mundo democrático: la selección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros que integrarán el Poder Judicial a partir de setiembre. Según el mando en ejercicio es una medida para limpiar de corrupción al Poder Judicial y acercar los jueces al pueblo. Pero de acuerdo con no pocos especialistas el objetivo es otro: alinear el Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo eliminando el último contrapeso institucional relevante al poder presidencial. Por eso el editorial del Washington Post calificó este salto como "un riesgo crítico para la independencia judicial y la democracia..." Por eso, precisamente es que se trata de un proceso inédito en las democracias del orbe. Los resultados de una jornada complejísima -con seis categorías de elecciones federales y diversas elecciones locales que hacían dificilísimo para los electores contar con un voto informado para escoger a los centenares de candidatos (muchos totalmente desconocidos, sin experiencia en la judicatura y hasta con manchas en sus hojas de vida, etc.) se conocerán en su totalidad hasta dentro de unos días. Y si así no se escogen magistrados y jueces en el mundo democrático, ¿qué llevó a creer a la mayoría de los mexicanos que este experimento populista funcionará? Las vulnerabilidades y deficiencias del Poder Judicial son en extremo complejas, pero la experiencia indica que deben resolverse desde la convicción del fortalecimiento de su independencia en el sistema de pesos y contrapesos y no desde la sujeción al poder político de turno. En un contexto así merece la pena aprovechar y observar nuestro Poder Judicial, diseñado en el siglo XIX y obligado a responder a los cambiantes entornos de una actualidad delicada y peligrosa, tomando en cuenta las amenazas de la delincuencia organizada y también la acritud que muestra Zapote para con el Poder Judicial, el OIJ y el Ministerio Público. Para ahondar en esta temática conversamos con el expresidente del Poder Judicial y magistrado constitucional, Fernando Cruz Castro.

Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura. ¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio. Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos. Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido. El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono. Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

¿Papas de Idaho o de Cartago? ¿Guaro (bourbon) de Kentucky o Cacique de FANAL? Estos son dos de los productos que ahora forman parte de la discordia que ha obligado a Costa Rica a sentarse en la mesa de negociación con el gobierno de Donald Trump que argumentó la existencia de barreras comerciales, sanitarias y fitosanitarias, para justificar la imposición de un arancel de 10% general a todas nuestras exportaciones. No es poca cosa, pues Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Representa el 47% de nuestros envíos y, además, el 70% de la inversión extranjera que recibimos. Así que ahora estamos en apuros, corriendo en mesas de negociación para tratar de aflojar el castigo, cuando no eliminarlo. Pero de acuerdo con el Ministro de Comercio Exterior no es fácil, pues nuestras aludidas barreras, según dijo, son "irritantes" para Washington. Además de las siempre controversiales papas de mesa y bebidas alcohólicas, Estados Unidos reclama trabas a productos de origen animal (lácteos, mariscos, ovejas y huevos) barreras para retrasar en ciertas temporadas permisos de importación de productos sensibles (por ejemplo, cebollas de abril a junio). Tópicos muy sensibles para nuestros agricultores. Pero además, se apunta a otros asuntos también muy delicados: licitaciones públicas que favorecen a empresas estatales, particularmente en tecnologías de información, telecomunicaciones y seguros en detrimento de la competencia (¿quién podría objetar esa objeción?!) Y también nos achacan falta de deberes en propiedad intelectual: uso de software sin licencia de los sistemas de registro en línea, así como productos falsificados y pirateados. Estos señalamientos están contenidos en el Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre las Barreras Comerciales Extranjeras 2025, que hizo público Estados Unidos en abril para justificar los aranceles que se impondrían país por país. En nuestro caso se estimó que imponemos restricciones equivalentes al 17%,por lo que decidieron castigarnos con un 10%. Ahora lógicamente tenemos que resolver a lo interno nuestras disyuntivas: mientras el jerarca de Comercio Exterior confirmó la anuencia de Costa Rica a eliminar las barreras existentes, el titular de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, indicó que el mercado está abierto y se mantiene sin cambios al menos en lo concerniente a las importaciones de papa, argumentando condiciones fitosanitarias. Y los productores claman que eliminar el arancel de ingreso sería una catástrofe. Para conocer más detalles conversamos con el experto en la materia Víctor Umaña Vargas.

Por debajo del radar de los estados y al costado de la indiferencia de las instituciones. Son familias enteras. Con cantidad inestimada de niños y bebés. Son los rostros del abatimiento, de la falta de alimentación y posibilidades de aseo y descanso diario. Son los "migrantes a la inversa", son los hombres, mujeres (muchas de ellas embarazadas) y pequeños, que constituyen la inmigración del retorno. Y están aquí, en Costa Rica. Lo sabemos bien, porque los vemos todos los días, bajo el inclemente sol o la lluvia, en el borde del peligro de calles y semáforos pidiendo unas monedas para comer y conseguir un techo y un camastro para pasar las noches. Después de la larga y peligrosa travesía que coronaron en territorio mexicano desde Suramérica, ahora enfrentan el viacrucis del regreso. Un éxodo al contrario que empezó el mismo 20 de enero con la llegada al poder de Donald Trump y el consecuente cierre del programa de citas para acceder a un beneficio de migración regular en la frontera estadounidense, conocido como CBP One. Si el viaje de sur a norte fue tortuoso debido entre muchos otros factores al asedio de grupos criminales que se aprovecharon de sus condiciones de vulnerabilidad, el de regreso trae dosis inimaginables de frustración, incertidumbre, vergüenza, ansiedad y miedo. A esas condiciones emocionales, hay que sumar la deshidratación, malnutrición y todo tipo de afecciones físicas. Estos flujos migratorios, a diferencia del de los migrantes expulsados por vía aérea desde Estados Unidos que tienen tanto foco mediático y observación de organizaciones internacionales, están dejados a su completa suerte. Enfrentan probablemente uno de los peores vejámenes para los seres humanos: la total indiferencia. Un ver para otro lado de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de las instituciones de asistencia local e incluso de los organismos de refugiados de Naciones Unidas. El gobierno de Venezuela, el mayor responsable de la expulsión de sus compatriotas, ha acordado vuelos de repatriación desde los Estados Unidos, ha hecho incluso demagogia cínica con el tema de algunos de sus migrantes llevados a El Salvador y tiene también un acuerdo con México, pero no tiene ningún convenio o programa para repatriar venezolanos varados, por ejemplo aquí en Costa Rica, donde el problema ni siquiera es motivo de denuncia en foros políticos y para el Ejecutivo, simplemente no existe. Son los invisibilizados. Y en ese marco, no hay servicios de salud, no hay servicios de transporte entre fronteras, no hay resguardo de los derechos humanos esenciales y del cumplimiento de las convenciones internacionales de protección. El limitado apoyo que existe es de algunas iglesias y esfuerzos personales o comunitarios en algunas zonas del recorrido. De la migración en retorno pasando por Costa Rica, conversamos con el investigador Carlos Sandoval y con Mariela Hernández, voluntaria, impulsora y activista de atención de migrantes y personas en condición de calle en Ciudad Quesada, San Carlos.

De acuerdo con conocidísimos cánones diplomáticos, resulta del todo improcedente que autoridades de un país se refieran a asuntos de la política interna de otro Estado, máxime cuando se trata de temas no públicos y delicados. Por ello, no fue menor el bochorno que hemos pasado dadas declaraciones, digamos que muy espontáneas del Presidente Rodrigo Chaves sobre la Primera Dama de Guatemala y el estado de la "fiscalía corrupta" de esa nación del istmo. Lo cierto es que más allá del desmentido del gobierno hermano respecto de la condición de ausencia del país de la esposa del Presidente Arévalo, vale la pena aprovechar el traspié para observar en retrospectiva las inmensas diferencias que existen entre nuestro Ministerio Público y el de Guatemala; esto último a juicio del Presidente Bernardo Arévalo "uno de los principales focos de asedio a la democracia". Y es que en la dolorosa historia de ese país el gravísimo deterioro del sistema de justicia llevó a una situación de impunidad tal que en el año 2006 luego de un pronunciamiento constitucional el mismo gobierno de entonces acordó con Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos con el fin de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho. La Comisión desempeñó un crucial papel mientras pudo. Casi 13 años. Porque en el año 2019, bajo el gobierno del comediante Jimmy Morales, fue disuelta, expulsada del país. El poder del denominado Pacto de Corruptos, le cortó las extremidades a la Cicig. Desde entonces y hasta hoy que la Fiscalía está controlada por la poderosa Consuelo Porras la justicia sigue luchando arrodillada, fiscales y jueces honestos han debido huir del país, periodistas sufren asedio y prisión ... En fin, lo que sucede en los denominados "regímenes híbridos" que están solo una categoría por encima de los estados autoritarios. Lo cierto es que la elección de Bernardo Arévalo a mediados de 2023, en medio de tremendas dificultades devino en una especie de "primavera democrática". Pero el mandatario chapín tiene muy estrechos márgenes de maniobra y reconoce que debe actuar midiendo sus pasos, no por temor, sino para asegurar el mandato tratando de no dejar ningún resquicio que permita su destitución, no sin al menos poder adelantar algunas de las reformas que se necesitan en un sistema tan asediado. Hacemos una visión retrospectiva de la historia reciente de profunda vulnerabilidad institucional del hermano país con uno de los actores determinantes de la Cicig, su primer Comisionado y ex Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall'Anese Ruiz.

Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica. Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben. Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada. Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo. Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga. Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses. El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

No cabe duda: Nayib Bukele ha terminado de mudar la piel. Y es "cada vez menos cool y más autoritario", tal cual lo describe Daniel Zovatto, experto internacional en política electoral. Solo en los últimos días la deriva totalitaria de quien ejerce el control de todos los poderes del estado salvadoreño ha mostrado sus ímpetus persecutorios sin disimulos para acallar las disidencias de cualquier tipo, utilizando para ello a entidades como la policía militar, la fiscalía general y el Congreso. En cuanto a las herramientas ya en uso desde hace mucho tiempo, se hace "común" el espionaje telefónico y los ataques digitales. Veamos algunos de los últimos hechos: el domingo pasado fue arrestada la reconocida activista de Derechos Humanos Ruth López con una burda acusación de peculado. López fue destacada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influentes del 2024. Ella es jefa de la unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal y una crítica acérrima contra la corrupción en la gestión del presidente salvadoreño. Seis días antes, el 12 de mayo la policía militar dispersó por la fuerza una manifestación de humildes parceleros de la Cooperativa El Bosque quienes solo fueron a pedir en las cercanías de la lujosa residencia presidencial, que el mandatario interviniera para que no los desalojaran de su propiedad por un caso judicializado dos décadas atrás. El presidente y el abogado de la cooperativa fueron arrestados. Organizaciones ambientales y de derechos humanos reclamaron estas detenciones arbitrarias y Bukele les respondió enviando a la Asamblea Legislativa una "Ley de Agentes Extranjeros" que en definitiva impone un gravamen del 30% a las ONG para intentar ahogarlas financieramente. Y solo otro ejemplo más: una publicación del periódico El Faro (el medio más inaceptable, por independiente, para Bukele) difundió recientemente declaraciones sorprendentes de dos líderes de la banda Barrio 18 Revolucionarios, quienes precisaron detalles sobre las negociaciones que mantuvieron en su día para apoyar el proyecto político de Bukele cuando llegó a la Presidencia, cómo acordaron con el gobierno la administración de los homicidios, las extorsiones y hasta el encierro de los ciudadanos durante la pandemia y cómo, finalmente, los sacaron del país, cuando terminó la tregua pactada. Días después, de esas revelaciones, Carlos Dada, Director de El Faro denunció que recibió una alerta de posibles órdenes de captura contra siete periodistas. Varios salieron del país como medida de protección y precisamente con uno de ellos, Oscar Martínez, conversamos en Hablando Claro.

Jornadas 4x3. Un camino siempre escabroso. ¿Por qué será? De entrada cualquiera daría una respuesta de sentido común: el código de trabajo es una de las herramientas más importantes de la convivencia social. Pese a su desgaste. Sí. Pese a la condición poco vigorosa de la cartera ministerial encargada de observar su aplicación. Y pese también al desgaste de los mecanismos de diálogo y negociación entre trabajadores, empresarios y gobierno: esa tríada que puede ser virtuosa para apuntalar la democracia o, sencillamente un órgano en desuso. Así entonces, provocar modificaciones en la legislación laboral es un asunto delicado. Quienes favorecen jornadas de doce horas cuatro días por semana aseguran que regular ese esquema aumentaría la competitividad, beneficiaría a sectores de alta productividad, reduciría costos a las operaciones de 24 horas, impulsaría la atracción de inversiones y generaría más empleo. Afirman también que los trabajadores tendrían mejor calidad de vida al disponer de tres días libres en lugar de dos, ahorrarían dinero en desplazamientos y, de paso, se fomentaría el consumo en la economía, ya que con más tiempo libre, aumentarían el gasto en turismo, comercio, entretenimiento y educación. Los opositores a la iniciativa sostienen que más bien debería plantearse rebajar la jornada de 48 horas semanales como sucede en muchos países OCDE, impulsar acciones para fomentar la competitividad como la transferencia de conocimiento, el incremento en la formación, mejoras a la productividad del trabajo, así como impulsar proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria que ayuden a disminuir por esa vía los costos a las empresas, antes que reducir el costo laboral. Aseguran que la jornada de 12 h/4 días afectaría la salud y, paradójicamente, la productividad misma del trabajador. Eso sin agregar el aumento de padecimientos y hasta muertes por cardiopatías e ictus cerebral, como reportan investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Lo cierto es que esta semana, el Congreso frenó la posibilidad de darle vía rápida a las jornadas 4x3. Un balde de agua fría para unos y un alivio para otros. Y sobre ello conversaremos mañana con el economista Fernando Rodríguez. Jueves a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

A la Universidad de Costa Rica le estalló una crisis multifactorial reputacional debido al empecinamiento de un grupo en el control del poder, de llevar adelante decisiones desacertadas, dejando de lado criterios técnicos en su gestión administrativa, que han desnudado ante la opinión pública nacional, no solo pugnas intestinas sino también presuntas violaciones legales. Veamos de manera sucinta: En diciembre 2023 sus autoridades superiores aprobaron -saltándose las disposiciones de la ley marco de empleo público- un nuevo reglamento denominado “Régimen Salarial Académico”(RRSA). Este hecho provoca enfrentamientos entre los defensores de la concreción de esa anomalía y quienes se oponían, advirtiendo los impactos de la ejecución de un nuevo régimen salarial, cuyo más connotado defensor es don Carlos Araya Leandro, tanto en su cargo como miembro del Consejo Universitario allá por 2023, como desde la silla de rector que estrenó en enero pasado. Ante las críticas crecientes Araya invoca la autonomía universitaria y una supuesta narrativa de ataques en su contra. La cuestión es que el nuevo reglamento pretendía sustituir el sistema de salarios compuestos y flexibles, por uno de salario global con sus categorías. A simple vista todo parecía bien, pero lo cierto es que la construcción del reglamento no se apegó a criterios técnicos, es decir no tuvo el respaldo indispensable para sustentarlo y, por tanto, no era viable y tan no lo era que jurídicamente se decretó su nulidad absoluta. Pero el Consejo Universitario por mayoría logró imponer su voluntad al ahora ex rector Gustavo Gutiérrez, quien se vio obligado a ejecutar bajo protesta el reglamento, dejando sin operatividad tres transitorios cuestionados del controversial RRSA. Ahora sabemos que todo el 2024 se vivió a lo interno en la UCR una batalla campal entre los acérrimos defensores del reglamento y los que apegados a criterios técnicos, jurídicos y éticos lo adversaban (adversan) aunque para sorpresa de no pocos, todo aquello transcurría de puertas para adentro, pues nadie quería un escándalo público, peor aún jugándose un proceso electoral, pues justamente terminaba su período el rector Gutiérrez Espeleta. Entonces Araya venció en segunda ronda y para sorpresa de nadie emitió una resolución en la que dejó sin efecto la decisión de Gutiérrez que impedía aplicar los transitorios de la discordia. A partir de entonces recrudecen los cuestionamientos de favorecimiento para algunas personas e inclusión en las listas de aumentos a otras que no cumplían requisitos. Este es un resumen insuficiente y por supuesto aún inacabado, de una larga trama que hoy investiga la Procuraduría de la Ética Pública ante una denuncia por las posibles irregularidades en la tramitación del reglamento. También habrá que esperar lo que señalara en su día la Contraloría General de la República. Es decir, falta mucho, mucho aún para cerrar este amargo episodio. Lamentablemente, este caso, que no es el único que afecta la transparencia en la gestión de la UCR, pero sí el más sonado de las últimas semanas, deja al descubierto un desdén por la seguridad jurídica y financiera que puede tener implicaciones muy severas para la casa de estudios superiores más reconocida del país con incuestionable afectación a su reputación. Para abordar este tema conversamos con William Méndez Garita, miembro del Consejo Universitario y una de las personas que desde el inicio advirtió acerca de las implicaciones de estos hechos.

Una negociación que Putin parece no anhelar... Donald Trump habló horas por teléfono este lunes. Primero con Volodímir Zelenski, luego 120 minutos con Vladímir Putin, siguió con la Presidenta de la Comisión Europea y con los jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia y Finlandia. Según el estadounidense "Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como solo así puede ser, porque ellos conocen detalles de una negociación que nadie más conocería", dijo en un tono entusiasta que no emularon el ruso y mucho menos el ucraniano. Así es, nadie ha dicho cómo se supone serán esas negociaciones, después del fiasco de la semana pasada en Turquía, aunque si trascendió que podrían llevarse a cabo en el Vaticano. Pero no hay buenos augurios aún. Para Putin la base de negociación es proporcionalmente inaceptable para Ucrania "es necesario eliminar las causas profundas de esta guerra" y esa "profundidad" de acuerdo con algunos analistas, pasa por ponerle fin al gobierno legítimo de Kiev e instalar un gobierno títere. Mientras tanto el Kremlin sigue bombardeando el territorio ucraniano. Tanto o más hace Israel con Gaza en su "Operación Carros de Gedeón", de destrucción total del enclave que este lunes Francia, Reino Unido y Canadá denunciaron como de "sufrimiento intolerable" al tiempo que amenazaron a Netanyahu con fuertes sanciones, no especificadas aún, si prosigue la ofensiva militar. La situación de Gaza es dramática y los ataques de la semana pasada se cuentan entre los más salvajes en año y medio con medio millar de muertos. Lo que más indigna a la comunidad internacional en este momento es la hambruna. Aunque el Ministro de Defensa israelí dijo el sábado que la ayuda humanitaria era "totalmente innecesaria" el mismo Netanyahu admitió que debían enviar comida y otros insumos básicos a la Franja, porque Estados Unidos podría quitarle respaldo a fuerza de observar las terribles fotografías y videos de familias famélicas, tras 75 días de bloqueo total. Los demandantes (Francia, Reino Unido y Canadá) urgieron a detener los ataques y señalaron que "el desplazamiento forzado permanente es una violación al Derecho Internacional Humanitario" Para terminar este texto, una buena noticia: en Rumania el líder pro europeísta, conservador moderado y demócrata Nicusor Dan derrotó al ultraderechista, euroescéptico, anti Ucrania y pro Trump, George Simion. Una victoria que da respiro a las democracias occidentales bajo asedio en tiempos convulsos. De todo esto conversaremos con Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales.

Sedición = llamado al alzamiento público y violento contra la autoridad, para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos. Es el significado de este término, que no había sido propio de nuestro vocabulario, sino hasta recientemente. Y es que en la evolución de su discurso confrontativo el presidente de la República acumula varios llamados, que rozarían la sedición. Independientemente que este delito no esté tipificado en nuestro país, dado el giro de la dialéctica presidencial, algunos especialistas estiman que sí cabrían posibles delitos de intimidación pública e instigación pública contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero esta no es una discusión jurídica, o al menos, no únicamente jurídica. Se trata de asunto sociopolítico. Ya desde el 2 de mayo del año pasado en su informe ante la Asamblea Legislativa cuando anunció la fallida ley jaguar, Chaves pidió a la ciudadanía que se hiciera oír “cuando los depredadores intenten mantener sus privilegios y, griten más duro”. En setiembre, tras los allanamientos por la investigación judicial del caso Barrenador, vociferó: “estén listos, porque Dios no quiera, pueda llegar el momento de actuar como sociedad… estén listos, que vivan el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados” En giras por el país y otros actos públicos siguió reproduciendo esos llamados y la semana pasada, también irritado por los allanamientos por Pista Oscura, otro presunto caso de corrupción, sentenció, "… Yo les advierto: en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé". Ese mismo día vetó la ley para que los cuerpos policiales puedan hacer allanamientos 24/7 y adelantó además que vetará también la legislación contra capitales emergentes. Ya convertido el gobierno actual en el que más vetos ha decretado en la historia reciente, el mandatario también había rechazado la reforma legal que permitiría una pensión anticipada a investigadores del OIJ que trabajan en jornadas extraordinarias de 12 horas al día, e insinuó una confrontación entre cuerpos policiales, lo que generó un rechazo conjunto de oficiales de Seguridad Pública y OIJ rechazando narrativas divisorias entre los encargados de cuidar el orden público. Los puentes entre Zapote y Cuesta de Moras están destruidos. También los pasos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y no pareciera haber forma de restablecerlos en medio de los altisonantes micrófonos de la Casa Presidencial. Del ambiente imperante, conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Pista Oscura. Para entender las implicaciones políticas y los entreveros judiciales de posibles ilícitos cometidos en la rehabilitación del aeropuerto de Liberia, tal vez no necesariamente haya que ser ingeniero, pero sí, definitivamente hay que preguntar a quienes ejercen esa profesión, asuntos básicos relacionados con especificaciones técnicas, calidad de los materiales, tipo de los trabajos y otros asuntos relacionados con la reparación de una pista aérea internacional de alto tránsito. Distraernos con las acusaciones presidenciales calificando airadamente como un show los 22 allanamientos y la detención temporal de cuatro de las personas vinculadas, no nos permite entender la naturaleza de los posibles delitos que se investigan, máxime cuando estamos refiriendo un asunto que ha ido y venido en la opinión pública, precisamente desde que el mandatario le cortó la cabeza al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador por este caso y acto seguido lo denunció ante el Ministerio Público. ¿Lo recuerdan? La trama es muy compleja. Baste decir que los infinitos dolores de cabeza con la reparación del Daniel Oduber tienen un pecado original: la necesaria reparación se forzó como parte de una tormenta tropical (lo cual nunca fue cierto porque la tormenta no pasó por Liberia) y toda la contratación -según lo que se presume- derivó en un desaguisado de $40 millones de dólares, al margen de los procedimientos ordinarios de la contratación pública. Y lo que mal empieza mal acaba. ¿Qué es lo más reciente? Las autoridades judiciales investigan las razones y/o presiones que llevaron a que la constructora Meco reevaluará el contrato original a medio camino de la ejecución del proyecto, determinando que no era necesario el recarpeteo de las cuatro capas asfálticas (como estableció el cartel licitatorio), lo que llevó a intervenir solo la capa superficial, realizando apenas el 33% del total de las obras con un rebajo de tan solo el 10% del costo acordado. Por supuesto, para ejecutar toda esa transformación del proyecto, cuatro ingenieros de Aviación Civil fueron destituidos de sus puestos por haberse negado a validar la propuesta (llamada de "ingeniería de valor" de Meco) que finalmente suscribió el entonces ministro Mauricio Batalla, y que permitió exonerar a la constructora de cualquier sanción por incumplimiento contractual respecto de lo inicialmente pactado. También figuran como imputados Alejandro Picado, presidente de la CNE, Marcos Castillo, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE. Claro hay otros investigados, entre ellos Amador, el propio Chaves y la exministra Natalia Díaz. Finalmente, cabe decir que hace apenas dos meses (marzo) el acta de recepción provisional de las obras, señaló más de 127 observaciones por corregir, tales como huecos profundos en la superficie de pavimento, problemas de acabado, problemas en el sistema de bombeo y desprendimiento de material usado para los trabajos, entre otros aspectos que conversamoscon Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Al revisar el programa de gobierno de Rodrigo Chaves no se encuentra ninguna alusión respecto del tema carcelario o sobre política penitenciaria. Es ya cuando han transcurrido dos años de la gestión y la realidad del hacinamiento y en general del deterioro de las condiciones carcelarias ejercen mayor presión, cuando saltan ideas para enfrentar la situación de alguno modo. Es así como en julio pasado se conoce la iniciativa para habilitar cárceles en carpas. Gerald Campos, jerarca de Justicia, defendió la idea como una solución segura y menos onerosa por supuesto, pues costaría (₡2.684 mills) nueve veces menos que una prisión de máxima seguridad. Las opiniones expertas así como las dudas sobre la transparencia de las gestiones que se habían adelantado, obligaron al Ejecutivo a sepultar el proyecto. Cuatro meses después, durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el artífice de la cárcel más grande del mundo, se empieza a dar forma a la idea hacer más restrictivas las condiciones para los privados de libertad y de ahí se pasa a la gran idea de hacer también una megacárcel en Costa Rica. Así, hace pocas semanas se anunciaron restricciones: se cerraron las pulperías habilitadas en algunos centros, se redujeron las visitas familiares y los encuentros conyugales, se limitaron llamadas telefónicas y se redujeron los ingresos de alimentos y artículos de aseo personal, todo en consonancia con la nueva política de que los privados de libertad deben tener menos derechos. Por otro lado, el ministro de Justicia hizo la ahora obligada visita de funcionarios de toda América para observar la “proeza” carcelaria salvadoreña trayendo la promesa de obsequio de los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, cuyo valor, asegura Campos, es de $25 millones. Y como el proyecto total -según dijo- sería de $60 millones, los $35 millones restantes saldrían del presupuesto ordinario de la República. Es decir que estamos tan bien, pero tan bien en las arcas públicas que (al tiempo que reducimos la inversión social) tendríamos sin necesidad de empréstito alguno, disponibles $35 millones contantes y sonantes para construir una mega cárcel. Pero por ahora, todo son expectativas. Al gobierno le quedan 12 meses de gestión. Los “acuerdos” con el gobierno salvadoreño son únicamente verbales, los recursos aunque fuesen ordinarios deben aprobarse en un presupuesto que pase por la Asamblea Legislativa. Pero no solo eso, la Contraloría General de la República tendría que cumplir su papel fiscalizador de la licitación o del mecanismo que se escoja para la ejecución del proyecto, por lo cual el ministro Campos adelantó, desde ya, que si no se llega a construir, la culpa sería del ente contralor. Así tal cual. Entonces, ¿en un año de campaña, la mega cárcel es un proyecto real del Ejecutivo o es una promesa para alentar la bolsa de ofrecimientos del gobierno para su apuesta electoral 2026-2030, con el atractivo discurso de mano dura contra los privados de libertad? Sobre estos ejes conversamos con Guillermo Arroyo, especialista y ex director de Adaptación Social.

Lo suyo fue una vida coherente de luchas para combatir la desigualdad y crear oportunidades. Así entendía lo que significaba ser de izquierdas. Fue desde cofundador del grupo guerrillero urbano Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en los sesenta a pasar recluido casi 15 años en la cárcel, hasta convertirse luego en un demócrata involucrado de lleno en la vida política, tanto que logró ser diputado, senador y el “presidente más pobre del mundo” entre 2010 y 2015 cuando gobernó Uruguay. José “Pepe” Mujica murió este martes a poco de cumplir 90 años. Fue un ícono político regional y global que enarboló las banderas del progresismo en favor de los derechos humanos y las libertades. Fue un hombre querido. Un gran humanista, así reconocido por sus correligionarios y también por sus adversarios políticos. Admirado profundamente. Ha muerto el político y, acaso, ha nacido la leyenda y para hablar de su legado conversamos con el diputado frenteamplista Ariel Robles con quien, como parte de sus coincidencias ideológicas con el uruguayo en su defensa del medio ambiente, aprovechamos para darle también una primera mirada a su última denuncia por destrucción del ambiente. Un reclamo que presentó recientemente ante la Fiscalía Adjunta Ambiental por afectación al área boscosa del Corredor Biológico Paso de la Danta, en Portalón de Quepos. Allí, la empresa New Age Construction y su dueño, Christian Guillermo Arce Carranza construyen un residencial en zona protegida. ¿Y quién es Arce Carranza? Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones él aparece registrado con la compra de bonos por ₡175 millones a la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves. En tanto continúan las indagaciones, un tribunal penal dictó medidas cautelares para detener la construcción, ya que se investiga si los involucrados habrían hecho incurrir en errores a la Setena para obtener los permisos. En el sitio ya hay destrucción de bosque, obras que afectan cuerpos de agua y afectaciones en el ecosistema del corredor biológico. Con Ariel Robles Barrantes conversamos en Hablando Claro.

Lo sabemos: los discursos de odio fomentan e instigan la humillación y el menosprecio contra las personas. Contra el prójimo. Tienen un efecto demoledor: potencian el acoso, el descrédito, la difusión de estereotipos negativos y la estigmatización. En ese sentido, poseen un efecto castrante, pues amedrentan y hasta aterrorizan a quienes se convierten en víctimas de esas diatribas que gritan desprecio por etnia, color, ascendencia, origen, edad, discapacidad, género, identidad de género, orientación sexual y hasta por condiciones propias del cuerpo. Enfrentar los discursos de odio es algo muy complejo. De hecho, hay quienes alegan que deben enmarcarse en la protección del derecho humano a la libertad de expresión y entonces no pueden ser “censurados” y, ni siquiera, regulados. Pero lo cierto es que muchos discursos de odio constituyen delito precisamente porque incitan a la violencia, la intimidación, la hostilidad y la discriminación. Aún peor. Para Ariel Glenblung, especialista en la materia, esos discursos potenciados en los ecosistemas digitales, contaminan la convivencia social y deterioran el sistema democrático, dada su enorme fuerza destructiva, sustentada, muchas veces, en mentiras y desinformación. Para comprender los efectos de estos discursos de odio conversamos precisamente con Ariel Gelblung, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Martes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

Un frágil acuerdo de alto al fuego colocó este fin de semana en cese temporal la muy reciente reanudación de ataques entre India y Pakistán, por el territorio de Cachemira. Ambas potencias nucleares pusieron en vilo al mundo recordándonos sus muy viejas disputas territoriales y religiosas, cuyos antecedentes datan de su pertenencia al Imperio Británico y hoy develan la lucha estratégica por el recurso de la cuenca del río Indo, factor esencial para el consumo de agua y, consecuentemente, para la producción alimentaria y energética de dos de los países más poblados del planeta. Por supuesto, ese es tan solo uno de los puntos calientes del mapa. La guerra rusa ucraniana espera algún avance de negociación. Volodímir Zelenski y sus aliados de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia exigieron a Vladímir Putin iniciar este lunes un cese al fuego de 30 días. El zar de Moscú opta por una negociación directa en Estambul a lo que el líder de Kiev se mostró dispuesto. Veremos en estas horas qué curso toman los acercamientos cuando prima la desconfianza entre los actores. Tampoco pareciera haber certeza alguna en la devastadora realidad que sigue atormentando a los sufridos pobladores de la Franja de Gaza. Un mundo con varios focos conflictivos en el que irrumpe un nuevo actor. El Papa León XIV, abogó este domingo por alcanzar una paz auténtica, duradera y justa para el pueblo ucraniano, un cese inmediato al fuego en Gaza y el deseo de que fructifiquen las negociaciones entre India y Pakistán. Para repasar este convulso escenario conversamos mañana con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.