Hablando Claro con Vilma Ibarra

Celebramos 204 años de Independencia Patria. Además de hacerlo con la perspectiva histórica de orgullo por nuestros antepasados, nos corresponde hoy defender el legado y mejorarlo. En solo 15 días, el Tribunal Supremo de Elecciones hará el anuncio oficial del inicio del proceso que nos llevará a las urnas el domingo primero de febrero. Nuestro TSE es uno de los más renombrados del mundo. Además de exigirle siempre que siga siéndolo, nos corresponde defenderlo de la desinformación. ¿Sabe usted qué es el negacionismo electoral? ¿Por qué es un virus tan peligroso? Lo analizamos en una conversación formativa, crítica y asertiva con Armando Vargas Araya, periodista, ex embajador y presidente emérito de la Academia Morista.

Ética, integridad y democracia: una tríada aspiracional altamente deseable para mejorar la calidad de nuestro sistema. Es eso lo que se proponen alcanzar jóvenes de distintas agrupaciones que redactarán y diseminarán para promover “Un Pacto Ético Interpartidario”. Esta acción comprometida contrasta con la alerta lanzada por el Registro Civil del Poder Electoral que llama a más de 40 mil jóvenes votantes de primera vez a obtener su documento de identidad para hacerse parte del privilegio de participar en los comicios del primer domingo de febrero. Conversamos sobre acción política participativa con Juany Guzmán Presidenta de la organización no gubernamental Costa Rica Íntegra y Mauricio Artiñano líder del esfuerzo ciudadano juvenil.

La cantidad de data que arroja la encuesta del CIEP-UCR es de un inmenso valor para entender las percepciones, las complejidades e incluso las contradicciones del “momentum” previo al inicio oficial de la campaña electoral el próximo primero de octubre. Para muestra unos botones: 74 de casa 100 ciudadanos estarían dispuestos a cambiar la Constitución Política y el 57% dice que el gobierno merece seguir en el poder. Pero al mismo tiempo, 62 de cada 100 personas insisten en que otro partido debe gobernar y en esa misma línea, un 74% aduce que el gobierno ya tuvo la oportunidad de hacer su trabajo y no lo hizo. Para ampliar el foco de la encuesta conversamos con el politólogo Sergio Araya.

La esperada encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, nos sirve como un primer termómetro riguroso de la campaña electoral 2026. Este estudio científico social, representativo de las opiniones de la ciudadanía costarricense, nos permite conocer no solo el nivel de aprobación y popularidad del presidente Rodrigo Chaves a solo nueve meses de concluir su mandato, sino -muy especialmente- las preferencias electorales de esta radiografía del momento, entre las candidaturas que hasta ahora han oficializado su aspiración de hacerse con la presidencia de la República para el ejercicio 2026-2030. Con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP-UCR lo analizamos en Hablando Claro.

Por muy cuesta arriba que sea la vida cotidiana, todo está bien cuando los pequeños de la casa están bien. Todo cambia radicalmente cuando la salud falla. Para todos, sí, pero especialmente cuando le sucede a los más chicos. Por eso es que la atención integral de niñas y niños hospitalizados es epicentral. Por ventura en esta construcción continua de nuestra democracia y nuestro estado social, contamos con el Hospital Nacional de Niños, el querido centro Dr. Carlos Salazar Herrera. Pero para quienes "vienen de lejos" el hospital no es toda la solución. Por ello, desde hace 40 años contamos con un albergue que brinda hospedaje, alimentación y apoyo integral a las familias que deben acompañar a sus hijos durante el tratamiento médico, porque la presencia in situ de los padres es tan importante como las medicinas y procedimientos que se les aplican. Se llama "La Posada del Alivio". Pero la casa que alberga esta gran obra de apoyo esta viejita y necesita ser remozada. Por eso, la Asociación Pro-Hospital de Niños inició una campaña de recolección de fondos cuya meta es recaudar $1.5 millones para demolerla y reconstruirla completamente, duplicar su capacidad, mejorar y ampliar sus servicios. Y por eso en este día especial conversamos con Dra. Olga Arguedas, exdirectora del HNN y con Dixiana Camacho, administradora de la Posada.

En cumplimiento del deber constitucional de determinar si existe (o no) una consideración fundamentada para que el presidente de la República deba enfrentar una causa penal por haber incurrido en el aparente delito de concusión, dos de tres diputaciones de la comisión especial encargada de analizar el caso, recomendarán al Plenario Legislativo, que levanten el fuero de improcedibilidad que cubre al mandatario. Lógicamente, la tercera diputación recomendará en contrario. La noticia que trascendió el viernes, pero que se concretará en una decisión formal este lunes, dará paso a que el Congreso en pleno se aboque a esa deliberación el lunes 22 de seriembre; lo que requerirá de 38 votos. Entender el procedimiento y sus implicaciones, tratándose de un caso inédito en la historia del país, es lo que haremos con la Presidenta de la Comisión Especial, la legisladora Andrea Álvarez Marín.

El estudio City Pulse 2025 analiza las razones que hacen a una ciudad sea atractiva para vivir y retener a sus habitantes. La clave principal que se identifica es el vínculo emocional como un factor decisivo para quedarse o mudarse. San José fue incluida en el estudio, lo que permite compararla con otras 65 en el mundo. El estudio categoriza los resultados en retos, oportunidades y fortalezas que nos perfilan esas condiciones. Nuestra capital no está entre las que donde la gente desea quedarse a largo plazo. Un tercio de los residentes percibe que las oportunidades laborales han empeorado y más de la mitad siente que la seguridad se ha deteriorado y un tercio considera que el transporte público ha empeorado. Desde otra perspectiva a pesar de los desafíos San José está entre las 10 ciudades del mundo con mayor fidelidad de sus residentes, junto a Taipéi y Berlín, lo que significa que quienes se quedan tienen un fuerte vínculo con ella. Siete de cada diez personas valoran que es fácil de recorrer a pie, una cualidad que mejora la calidad de vida. Para conocer más detalles de este interesante estudio conversaremos con Emma Grün, líder regional de planificación y diseño urbano en Gensler Latinoamérica.

Los temas: - En nombre de la paz, China realiza un impresionante desfile de ostentación militar con Vladímir Putin (Rusia) y Kim Jong-un (Corea del Norte) como invitados de honor. - Horas antes, en afianzamiento de un eje comercial antioccidental, la Cumbre de Cooperación de Shanghái retrata el histórico encuentro del anfitrión Xi Jinping, con Vladímir Putin y el Primer Ministro de la India Narendra Modi. Los tres representan al 40% de la población mundial. -En pocas palabras, Putin recibe baños de reconocimiento internacional (incluyendo el que le hizo Trump en Alaska) mientras continúa atacando a Ucrania y, por supuesto, sin ninguna necesidad ni interés en negociar el fin de la invasión que ya lleva tres años y medio. -Mientras todo esto ocurre, Trump "exige" a Hamás liberar los 20 rehenes israelíes con vida y ataca un bote en el Caribe suramericano, argumentando que los 11 muertos a bordo eran miembros del tren de Aragua y llevaban drogas a Estados Unidos. El análisis con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Aunque la necesidad de contar con más espacios carcelarios frente al aumento de la criminalidad es indiscutible, la idea reciente de hacer una cárcel (CACCO, según la bautizó el gobierno) después del traspié con las carpas penitenciarias de lona, genera muchísimas interrogantes. De acuerdo con el poder Ejecutivo la construcción se iniciaría antes de concluir el año. Sería para 1,020 privados de libertad de alto perfil y se construiría en los mismos terrenos de La Reforma, con un costo cercano a los $40 millones de dólares. ¿Es viable ese proyecto? ¿Es realmente posible tomar unos planos, contar con apenas poco más de la tercera parte del financiamiento y pretender ejecutar una obra de ese calado en unos cuantos meses? ¿Y el equipamiento? ¿Y la contratación de empleados públicos capacitados y suficientes para operarla? Conversamos al respecto con el exministro de Justicia, Marco Feoli.

El proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2026 asciende a 12.8 billones de colones. La cifra por sí sola no dice nada. El caso es que de ese monto, el 38% deberá ser financiado con deuda pública. O lo que es lo mismo, la plata en la billetera solo nos alcanzará para financiar el 62%. Esta es una elaboración en extremo simplista. Como sabemos, consecuencias muy severas van pasando factura cuando las inversiones sociales (como la educativa) se desploman. Y ni que decir, cuando de la plata de esa inversión social prioritaria, se toma una parte para financiar, por ejemplo, cárceles. Lo cierto es que sin cacao no hay chocolate y eso nos lleva a tomarnos muy en serio las ofertas electorales de la próxima campaña. Porque nuestros desafíos y problemas no se resuelven legislando, sino que se resuelven legislando y financiando. Y resulta que ningún aspirante se siente atractivo/atractiva planteando nuevos impuestos. Porque sin cacao, no hay chocolate. Con los economistas Fernando Rodríguez y José Luis Arce nos acercamos al tema.

En puertas de un nuevo torneo electoral, con altos niveles de polarización política, siendo uno de tres países de la OCDE con mayor cantidad de personas NINIS, con una crisis educativa sin precedentes, estrenándonos como una nación de extraditables (lo cual refiere el grado de consolidación del narco en el país), ¿cómo podemos valorar del estado de salud de la democracia costarricense y muy especialmente sus posibilidades para afrontar los serios desafíos que tenemos por delante? Estas y otras preguntas se las formularemos en Hablando Claro a Kevin Casas Zamora, Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA.

A la mala gestión de la política educativa de la Administración Chaves Robles sumada -claro está- a los rezagos estructurales y el apagón educativo 2018-2020 se debe el estado crítico del sistema, profundizado por decisiones erráticas, improvisadas, sin sustento técnico y sin rendición de cuentas. Tal la consideración del X Informe del Estado de la Educación, una investigación bianual de gran calado que analizamos este viernes en dos temas aspectos propositivos fundamentales: la recuperación de los aprendizajes y la recuperación de la inversión. Por un lado, el país registra su peor desempeño en evaluación: 9 de cada 10 estudiantes se ubican en los niveles más bajos en competencia matemática, además mostrar una fuerte disminución en la capacidad lectora y los consecuentes bajos resultados de las pruebas internacionales PISA. Y en cuanto a la inversión pública educativa, estamos en los niveles más bajos de los últimos 40 años. Para este año registramos un 4,7% del PIB frente al 7,4% registrado en el año 2016 y haciendo ingentes esfuerzos requeriremos casi dos décadas para alcanzar el 8% constitucional. Para tener una primera aproximación de las diversas complejidades de este X Informe conversamos con su coordinadora, Isabel Román.

El fin de semana se elevó la temperatura de la precampaña política, ya que varias agrupaciones avanzaron las actividades correspondientes en cumplimiento del calendario electoral. El proceso está calentando motores y los liderazgos de los partidos políticos maniobran sus estrategias, algunos con evidentes dificultades por obstáculos en las vías o por evidente falta de pericia y experiencia en la conducción. Lo cierto es que van quedando en evidencia las fracturas internas; lo cual no es ninguna novedad. Es decir, es lo de siempre y ello implica un trabajo intenso para el árbitro de la contienda, pues al Tribunal Supremo de Elecciones van a dar todas las pugnas, pujas y quejas. Para ahondar en esta coyuntura conversamos con el politólogo Gustavo Araya.

¿Cómo se explica el inédito despliegue militar estadounidense de buques armados, aviones Poseidón, 4 mil infantes de marina y hasta un submarino, en aguas del Caribe, llegando muy cerca de Venezuela? ¿Se trata, en efecto de una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes o es, más bien, el establecimiento de un cerco al régimen dictatorial de Miraflores, para empujar su caída? ¿Y cómo entender que mientras la Administración Trump haya negociado con Caracas la devolución de hasta 600 mil deportados venezolanos a quienes se les ha arrebatado el Estatus de Protección Temporal (TPS) ofrezca una recompensa de 50 millones de dólares por el arresto de Maduro, y al mismo tiempo levante la prohibición a Chevron para seguir extrayendo petróleo en Venezuela? Para profundizar en este momento lleno de interrogantes e incertidumbre en la región conversamos con Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales. 

Por dos décadas el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, reinó en la política boliviana. Pero el declive se fue amasando a fuerza de desvíos, excesos y fracturas internas. Tal parece que la izquierda se devoró a sí misma. Resultado: quedó fuera de la contienda del pasado 17 de agosto y no hará parte de la segunda ronda electoral que habrá de dirimir este nuevo ciclo electoral. De hecho, perdió también la hegemonía en el Congreso. Lo demás, interesantísimo. Un candidato en el quinto lugar de preferencias en las encuestas previas a la jornada electoral: el senador Rodrigo Paz se alzó sorpresivamente con el primer lugar (32.2%), mientras que como se adelantaba en los sondeos, el expresidente Jorge Tuto Quiroga si logró situarse en el balotaje (26.8%) que se realizará el 19 de octubre. Pero lo anterior no indica, sin embargo, la salida de Morales de la escena política. Se niega a asistir a su final y seguirá gravitando tanto como pueda. De hecho, asegura que el 19% de los votos nulos de la elección, son el producto de su llamado a boicotear el proceso, para hundir a sus propios otrora compañeros de partido y, claro, en rechazo al hecho de estar inhabilitado para seguir siendo candidato presidencial sempiterno. ¿Cuáles son las variables que explican esta variación significativa del ciclo político boliviano? Para profundizar en ello conversamos mañana con José Rafael Vilar, profesor universitario y analista político.

Usted puede tener una opinión favorable o desfavorable respecto de que se esté evaluando en la Asamblea Legislativa el posible levantamiento del fuero de improcedibilidad del presidente de la República. La cuestión es que independientemente de esa opinión, resulta importante entender cómo opera en la praxis cotidiana nuestro Estado de derecho, es decir, como funciona el sistema de frenos y contrapesos de unas instituciones respecto de las otras. Y no nos referimos solo a este caso, sino a cualquier circunstancia en la que un poder es evaluado en sus decisiones. Veamos por ejemplo como, recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones reprendió a la Asamblea Legislativa por la forma en que tramitó la renuncia al cargo del vicepresidente Estefan Brunner. Contar con un sistema de garantías procesales reales y efectivas es lo que da sustento a la Constitución Política y por ende a la convivencia de una democracia plena como la costarricense. Por supuesto no hay democracia perfecta y la nuestra tiene muchas áreas de mejora, pues padece, como la mayoría de las de su tipo, vulnerabilidades y desgastes; pero que estemos adelantando procesos partidarios en libertad y con reglas claras, nos obliga en un ejercicio de responsabilidad ciudadana a tomarnos tan en serio como nos sea posible, el entendimiento de nuestro sistema político. Para ampliar este contexto conversamos con el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli. 

Costa Rica es campeón mundial en un aspecto en extremo preocupante: en la cantidad de población juvenil que no trabaja ni estudia. En los llamados NINIS. Así se desprende de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que nos ubica en este indicador, solo por debajo de Sudáfrica y Turquía. Mientras no se retome de nuevo la política estatal para generar capacitación y oportunidades de empleo, estaremos condenando a estos jóvenes a la informalidad y, peor aún, a las actividades del crimen organizado. Para enfocar este tema en relación con las cifras y condiciones del empleo y el desempleo actual conversamos mañana con el economista Gerardo Corrales.

El Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense evolucionó de una celebración comunitaria a una fiesta nacional para darle el reconocimiento debido a la identidad, la historia y las contribuciones de esta vibrante comunidad a la construcción de la nación costarricense. Se festeja cada 31 de agosto como un acto de reivindicación histórica, lucha contra el racismo y la discriminación y es una fiesta de la herencia cultural africana que enriquece a Costa Rica. Su reconocimiento oficial representa el compromiso del Estado costarricense por reparar la historia con esta colectividad.  En los actos oficiales, foros, conversatorios, exposiciones y homenajes,  esta conmemoración nos reedita cada año,  el lenguaje y la música, la gastronomía y los vistosos desfiles de trajes tradicionales, poniendo en vitrina a Limón como el territorio de diversidades que es y como la puerta del Caribe que nos conectó con el resto del mundo.  Para reseñar esta fecha que se avecina conversamos con la profesora Alejandra Mc Cook y con la primera alcaldesa afrocaribeña del cantón central de esta provincia, Elizabeth Gayle Taylor.

Los paperos y cebolleros (especialmente cartagineses) se enfrentan a una situación crítica: importaciones masivas de esos dos insumos de la dieta costarricense versus precios bajos y dificultades para vender sus productos. A finales del año pasado los productores de Tierra Blanca clamaban porque mientras ingresaban masivamente cebollas de Perú y China, ellos tenían 700 mil kilos de producto embodegados, sin poder colocarlos. Esta situación se mantiene hoy y, obviamente, tira los precios hacia abajo. La crisis ha llegado a tal grado que las familias productoras enfrentan problemas con las empresas proveedoras de insumos, los préstamos bancarios, el pago de planillas y los consecuentes despidos. Las pérdidas económicas se traducen pues, en procesos de quiebra, y problemas de salud mental y por ello urgen decisiones de restricción de importaciones, apoyo financiero y compromiso estatal para encontrar mejores condiciones y nuevos mercados. Para conocer este drama de primera mano conversamos con Fernanda Leitón, agricultora de Llano Grande, Alberto Cedeño de Aproflor y Adonay Leitón, presidente de la Asociación Cámara de Agricultores.

El ordenamiento y la planificación territorial tienen impactos directos en la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Y la carencia de regulación en la materia produce como consecuencia lógica variados efectos como los vividos el sábado pasado, cuando un intenso aguacero provocó la inundación de un trayecto de la autopista General Cañas, así como nuevos deslizamientos en la ruta 32 hacia Limón y, para rematar, incidentes en varias comunidades. A esa falta de medidas de control hay que sumarle otros factores estructurales como la deforestación acelerada, la urbanización precaria con gran cantidad de familias cuyas casas están en zonas de alto riesgo, como laderas inestables, zonas de inundación y fallas geológicas. Cuando a esta realidad le añadimos la crisis planetaria por las consecuencias del cambio climático, el acelerado calentamiento que deriva en olas de calor extremo, sequías, pérdida de biodiversidad y la migración de personas desplazadas por los efectos tangibles y concretos del clima, los desafíos adquieren dimensiones superlativas. No todo está perdido, pero la urgencia es inmediata. El ordenamiento es una condición para el desarrollo y países como el nuestro tienen la oportunidad de evitar colapsos ambientales, usando la ciencia, atrayendo inversión sostenible, ofreciendo territorios seguros y resilientes, con el objetivo de desarrollar un liderazgo de crecimientos equilibrados. Para hacer un repaso de este tema conversaremos con el geólogo Allan Astorga.

¿Hasta qué punto el derecho puede regular la conducta humana? ¿Si algo traspasa los límites de un determinado esquema moral debe ser prohibido mediante la ley? ¿Entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, a la intimidad y a la privacidad de las víctimas y su familia, cuál debe imperar? Estas interrogantes y otras más, salen a debate público cada vez que se lucra con un producto literario, cinematográfico o similar, que explota el dolor de una familia por el asesinato cruel de un ser humano. Es el caso concreto de la publicación reciente de la novela “Asesinato en la habitación número 3: la verdadera historia detrás de un crimen impactante”, que desde julio se vende en la plataforma Amazon y que Harry Bodan publicó junto al periodista Karl Kahler. El asesinato de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido en el 2020, conmocionó al país. El juicio condenó a uno de los implicados y absolvió por dudas a dos más, uno de ellos Bodan el empresario y dueño del hotel en donde ocurrió el atroz crimen. Y justamente por esas dudas, el juicio deberá volverse a realizar y Bodan, quien se proclama inocente debería volver al país para enfrentar el nuevo proceso. Pero hoy, ese no es el asunto a dilucidar. Hoy, el debate versa en torno a la indignación por la publicación de una novela sobre ese crimen. ¿Es un asunto jurídico de choque de libertades constitucionales? ¿O es más bien un eje neurálgico sobre el libre ejercicio de la explotación y la revictimización del dolor ajeno? Para dilucidarlo conversamos con la especialista en Derechos Humanos y género, Larissa Arroyo y con el abogado especializado en derecho a la información Rodolfo Brenes Vargas.

La maternidad sigue estando permeada por estereotipos, mitos e ideas preconcebidas de "lo que debe ser" o de "como debe ejercerse". Y claro, esas prenociones dependen de cada contexto sociocultural. Si lo reducimos a unas cuantas palabras podríamos decir que la maternidad es un ejercicio desafiante, retador, extenuante, lleno de escollos, incertidumbres y temores. Y al mismo tiempo, gratificante, de enorme crecimiento y posibilidades de realización y plenitud. La maternidad consciente requiere de autoconocimiento y también -sí- de sanación emocional, puesto que todas las personas requerimos asumir nuestras heridas e historias familiares no resueltas y, en el caso de las madres, ello resulta crucial para fortalecer los vínculos afectivos y potenciar una crianza mucho más respetuosa, empática y solidaria, pero también para poder asignarle a la realización de las mujeres madres el espacio que les pertenece. El espacio que merecen. Conversamos con la psicóloga Catalina Chaves Fournier de la Fundación Casa de los Niños. ¡Desde Hablando Claro les deseamos un gratificante Día de la Madre!

Muy atrás dejamos febrero del 2022 cuando elegimos nuevos alcaldes y alcaldesas municipales representando orgullosos a sus respectivos partidos políticos. En agosto del año pasado la titular del PLN de Buenos Aires, Margoth Mora Navarro, renunció a la agrupación y le dio su adhesión a Rodrigo Chaves. Aunque no hubo mayor alerta, llamó la atención que abandonara al partido que la había llevado al cargo en ese momento, pues los cambios de esa naturaleza (aunque pocos) suelen darse cuando se avecinan las elecciones de gobiernos locales. Pero la cuestión ahora es que en los últimos seis meses -de marzo a hoy- se han producido 12 abandonos para unirse al chavismo. Afectados varios partidos. Tres bajas registran el PLN y el PUSC, dos salidas Unidos Podemos y Progreso Social y una el Liberal, el Republicano y hasta un partido cantonal. Y como si fuera poco, la candidata oficialista anunció que llegarán más alcaldes en la búsqueda, claro, de posibles diputaciones y otras opciones “interesantes” de ascenso político laboral. Por su parte, el vehículo Pueblo Soberano podría ganar mucho con la política de la seducción. Un golpe de efecto de fuerza electoral y de victoria anticipada y también un incremento plausible de recursos económicos de la deuda política en los próximos procesos electorales 2026 y 2028. Para analizar estas variables conversamos con el politólogo Daniel Calvo.

Sin piedad por la hambruna, sin atender los llamados de sus propios compatriotas cada vez más avergonzados y perturbados por la crueldad de una ocupación que pretende total sobre Gaza y ante la reprobación de gran parte de la comunidad internacional, Benjamín Netanyahu no parece estar dispuesto a detenerse. ¿Hasta cuándo? En esa barbarie cotidiana de bombas y hambre generalizada, el domingo seis periodistas más fueron asesinados, un “crimen de guerra” calificado así por Reporteros sin Fronteras. Hasta ahora, de acuerdo con Naciones Unidas, 242 periodistas han perdido la vida en Gaza. Según el Instituto Watson de Relaciones Internacionales, esta es la guerra más mortífera para los periodistas, de todos los conflictos bélicos que se tienen registrados desde el siglo XIX. “Los periodistas son los pocos testigos que aún tenemos en Gaza”, indicó Arthur Romeau, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, al poner en perspectiva el asesinato los responsables de registrar, documentar, transmitir y escribir la cruda crisis humanitaria que se vive en la franja. En la antesala de la Asamblea General Ordinaria de Naciones Unidas el proximo mes, Francia, Canadá, Australia y el Reino Unido han anunciado su intención de sumarse al reconocimiento del Estado Palestino, como una medida simbólica de condena a Israel. Para seguir aportando información al respecto conversamos con Eduardo Ulibarri, periodista y ex embajador de Costa Rica ante la ONU.

De la cantidad de destituciones y renuncias en lo que llevamos de esta administración -inéditas en los 83 años de existencia de la Caja Costarricense de Seguro Social- sin duda la de doña Marta Rodríguez ya tiene un capítulo propio. El Ejecutivo le tiene tal ojeriza que la ha despedido del cargo dos veces, pese a que su nombramiento es resorte exclusivo de los trabajadores y no del gobierno. Electa por unanimidad para un muevo período en mayo del 2022, fue destituida de manera ilegítima y la Sala Constitucional ordenó su reinstalación. Ahora el 4 de agosto desde Zapote le mandaron un nuevo despido argumentando un procedimiento disciplinario, por haber votado a favor un aumento salarial de ₡7.500 a 63 mil empleados en el 2022, misma razón que provocó la destitución como presidente Ejecutivo de Álvaro Ramos. Según la Unión de Empleados de la Caja el proceso fue viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas. Doña Marta conoce la institución como pocos directivos y ha sostenido posiciones críticas con relación a la postergada construcción del Hospital de Cartago, los sobreprecios en la contratación de Ebais (caso Barrenador) las irregularidades con el Edus y más recientemente respecto del ERP-SAP (sistema de planificación de recursos empresariales), cuya implementación obvió los señalamientos de algunos directivos, como resultado de lo cual hoy hay problemas en los pagos a proveedores, subsidios de incapacidad, distribución de medicamentos y -aunque parezca mentira- hasta con la compra del papel higiénico. Por todo eso conversamos con la Sra. Rodríguez.

“La aprobación exprés de una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida en El Salvador marca un punto de no retorno en el desmantelamiento del orden democrático bajo el gobierno de Nayib Bukele” La afirmación deviene del especialista en política internacional Daniel Zovatto, pero es compartida de manera unánime por otros expertos en la materia. Los niveles de aprobación de hasta 80% se deben a su política de mano dura, aunque ya no es solo contra mareros y delincuentes, sino también contra periodistas, activistas de Derechos Humanos que han debido huir del país o, como en el caso de la reconocida abogada Ruth López, enfrentar la cárcel con acusaciones prefabricadas. La libertad de expresión, se sabe bien, es la primera víctima de cualquier deriva autoritaria. Por eso, pese a los aplastantes índices de apoyo, el 58% de la población teme represalias por criticar al gobierno y el 37% evita opinar sobre los fracasos del régimen. Así los ciudadanos prefieren alinearse a lo “políticamente correcto” según concluyó una muy reciente encuesta de junio, realizada por la Universidad José Simeón Cañas, al evaluar el sexto año de la administración. Y es que la concentración del poder - lo que se conoce como la Bukelización de la política- es total. El gobernante tiene control del Legislativo y el Judicial desde el 2011. Así pudo reelegirse inconstitucionalmente en el 2024 y así ha asestado el último golpe el 31 de julio con un paquete de reformas constitucionales que incluyen reelección indefinida, extensión del mandato de 5 a 6 años, eliminación de la segunda ronda electoral y adelanto de las votaciones presidenciales y legislativas del 2029 al 2027 para unirlas con las municipales. La autocracia salvadoreña acelera el paso con el beneplácito -entre otros- del gobierno de Donald Trump y para analizar el tema conversamos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.

La conmemoración de los 80 años de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto, respectivamente) constituyen un hito que nos obliga a reflexionar sobre sus lecciones para la humanidad, hoy probablemente más que nunca. La primera bomba atómica utilizada en una guerra fue lanzada por Estados Unidos y le arrebató la vida a 140,000 mil personas arrasando el 90% de Hiroshima, marcando el inicio de la era nuclear y mostrando en toda su crudeza el poder destructivo de las armas nucleares. Tres días después, la segunda bomba, en Nagasaki, mató a 74.000 seres humanos de inmediato y dejó también a miles con secuelas radiactivas. Ocho décadas después, para conmemorar estos hechos, los últimos sobrevivientes -conocidos como hibakushas (personas bombardeadas)- ya con más de 85 años, líderes mundiales y activistas, renovaron llamados al desarme nuclear en un contexto de crecientes tensiones: la guerra de Rusia contra Ucrania, las pruebas que realiza Corea del Norte, las hostilidades entre India y Pakistán, Israel, Irán y la modernización de arsenales de Estados Unidos y China… Por la amenaza constante de accionar estas funestas armas, la diplomacia está obligada a seguir fortaleciendo los tratados de no proliferación de armas nucleares. Por cierto, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) contabiliza 12.500 ojivas nucleares en el mundo. Para hacer una doble mirada retrospectiva y prospectiva conversamos con el especialista en relaciones internacionales, Carlos Cascante. 

La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 15% a las exportaciones de Costa Rica y el más reciente anuncio que hizo este miércoles respecto de imponer 100% de gravamen a los semiconductores que se fabrican fuera de Estados Unidos, nos colocan en una situación compleja. Constituyen una enorme presión, ya que si la Ley Chips no se concreta, tanto los proyectos como los fondos asociados para esta iniciativa se esfumarían, lo que tendría incidencia directa en el financiamiento, apoyo estratégico y debilitamiento de nuestro país como destino de inversiones en este campo. La situación nos obliga a colocar el tema como máxima prioridad para definir las acciones urgentes y estratégicas que debemos adoptar para superar los obstáculos que tenemos respecto de nuestra competitividad. Para afinar el lápiz conversamos con el Dr. Roberto Artavia.

La Asamblea Legislativa tiene entre manos dos retos jurídico-políticos de altísima responsabilidad que cumplir en estas semanas: por un lado, como se ha difundido ampliamente, debe decidir si levanta el fuero de improcedibilidad al presidente de la República y por otro, debe designar a un nuevo magistrado para completar la titularidad de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala que resuelve, entre otros asuntos, el juzgamiento a los miembros de los Supremos Poderes. Es decir, la Asamblea Legislativa debe mostrar la mayor solvencia y rigurosidad posible para dilucidar dos temas que, si bien son distintos, corren en líneas casi paralelas. Por la naturaleza siempre sensible y delicada de la selección de un nuevo magistrado penal, varias organizaciones de veeduría ciudadana pidieron a la Asamblea Legislativa que vigile con anticipación cualquier conflicto de interés que pudiera afectar ese proceso. En otras palabras, las organizaciones civiles pidieron expresamente a los diputados que estén enfrentando procesos de levantamiento de su propia inmunidad, que se abstengan tanto de seleccionar a los candidatos que conformarán la terna de finalistas, como de votar finalmente el nombramiento en el pleno legislativo. Tras cinco meses de trámite, la Comisión Especial Permanente de Nombramientos no ha concluido el proceso en el que participan seis aspirantes, todos hombres; es decir no hubo postulaciones de abogadas para el concurso, lo que obligó a aprobar una enmienda metodológica pues, inicialmente se había dispuesto que la recomendación final debía incluir profesionales de ambos sexos. Para poner en perspectiva este nombramiento conversamos con Evelyn Villareal del Estado de la Justicia y con Ronald Segura, miembro del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales. 

El embargo preventivo de los bienes y cuentas bancarias del creador de contenidos Juan Bautista Alfaro, dictado por un tribunal a solicitud de la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A., ha encendido alarmas. Conocido como “Juambacaminando”, el activista publicó un video en TikTok, en el que hizo señalamientos acerca de los permisos ambientales que la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), otorgó para ejecutar un megaproyecto en Bahía Papagayo, Playa Panamá. Argumentando que ese contenido digital dañaba su imagen y reputación la empresa turística pidió el embargo preventivo por $40 mil (₡ 20 millones). Para conocer más detalles acerca de un caso inédito que podría vulnerar la libertad de expresión conversaremos con Juan Bautista Alfaro y con su representante legal Edgardo Araya. 

A poco menos de 60 días del inicio oficial del proceso electoral 2026, el entorno de lo político se va perfilando con mayor precisión. Movimientos internos, desgastes prematuros, anuncios que envían señales de división, renuncias en el Ejecutivo para aspirar a puestos en la próxima Asamblea Legislativa y situaciones inéditas que deben ser dilucidadas con reglamento y herramientas jurídicas en mano, como la dimisión del vicepresidente Stephan Brunner que el Tribunal Supremo de Elecciones confirmo que deberá verse este lunes en el pleno legislativo, luego de su anuncio el pasado miércoles. Hay, como siempre en todo juego político, disputas visibles y otras que se mueven por debajo de la mesa. Eso no tiene nada de novedoso. Lo que si parece resultar una novedad, habida cuenta de la inclinación ex profesa del mandatario de participar en asuntos político electorales será la dosis de polarización y acaso de agresividad que marcarán los próximos meses. Para las anotaciones coyunturales del momento conversaremos mañana con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Nuestra Señora de Los Ángeles, cariñosa y popularmente la “Negrita”, representa para Costa Rica parte significativa de la construcción colectiva de los valores patrios que nos conforman como Nación. El hallazgo-que no aparición- el 2 de agosto de 1635 en la Puebla de los Pardos, se le atribuye a una niña indígena a la que se le llamó Juana Pereira. Fue declarada Patrona de Costa Rica en 1824 y es el símbolo que nos agrupa social y étnicamente, por encima de nuestras inequidades y diferencias, incluso las religiosas. Para repasar esta faceta de la Negrita conversamos con la historiadora Ana María Botey.

Las zonas azules muestran que el entorno y la cultura influyen en la longevidad y la calidad de vida, pero su futuro depende de acciones concretas para preservar sus hábitos ante los desafíos que nos imponen los procesos de la globalización. Es necesario crear un modelo integral para las personas adultas mayores y estas zonas nos proveen de la inspiración necesaria para construir sociedades más saludables, siempre y cuando se prioricen políticas públicas en salud, educación, protección ambiental ante el cambio climático, nutrición y cultura, entre otros elementos. Un llamado en esa dirección nos lanza el V Informe sobre las zonas azules, elaborado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Observatorio de Desarrollo de la UCR, con foco en la península de Nicoya, reconocida mundialmente como una de las cinco, donde las personas viven más allá de los 90 años con buena salud. Justo cuando enfrentamos un cambio en nuestra pirámide poblacional, conversamos sobre el tema Carlos Murillo y Agustín Gómez, director e investigador respectivamente del Observatorio del Desarrollo UCR.

De un conflicto bélico de retaliación por la incursión terrorista de Hamás en Israel, aquel 7 de octubre del 2023, la guerra en Gaza ha escalado a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Más de dos millones trescientos mil palestinos, enfrentan hambre extrema y enfermedades, en lo que va quedando de la destruida infraestructura básica de la Franja de Gaza. Naciones Unidas da cuenta que el 100% de la población del pequeño territorio sufre inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que la hambruna masiva en el enclave palestino, recuerda a las de Etiopía y Biafra en el siglo XX. Pese a los insistentes llamados a frenar esta dramática situación sin límites, los intereses armamentistas mantienen el equipamiento a Israel y vetando resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz registra que gobiernos de Estados Unidos y de la misma Unión Europea, destinaron doce mil quinientos millones de dólares en armas para Israel solo el año pasado (2024). ¿Es posible parar el asesinato masivo por hambre que sufren los gazatíes? Para saberlo conversamos mañana con Javier Johanning, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

Como se sabe, en una decisión inédita, el Poder Judicial envió la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves al Congreso. También la del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Ahora se debe integrar una comisión legislativa especial que analizará en secreto la petitoria y luego emitirá su recomendación al Plenario. Entre tanto otras tareas neurálgicas siguen su curso. En particular las derivadas de la grave crisis de seguridad y las implicaciones de la violencia homicida que llegó a niveles históricos en 2023 y 2024 y en lo que llevamos del año ya suma 500 asesinatos. Las distintas iniciativas de los tres Poderes de la República sobre esta materia sumaron 43 proyectos y la mitad (22) ya son leyes. Por supuesto, ahora la de mayor impacto es la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, pero aún están pendientes iniciativas para endurecer penas, regular armas, incautar bienes ilícitos y reforzar la cooperación institucional policial. Para poner todos estos temas en perspectiva conversamos con la diputada independiente Gloria Navas.

¿Qué debe y qué puede hacer una pequeña economía abierta como la nuestra frente a las turbulencias de la economía global y de cara a las condiciones de competitividad que ofrecen otras regiones del mundo? La interrogante se deriva de tres anuncios que nos impactaron la semana pasada: Intel anunció el cierre de su planta de Ensamblaje y Prueba para trasladar operaciones a Malasia y Vietnam. Lo mismo hizo la empresa de semiconductores y sistemas de radiofrecuencia, Qorvo y, para terminar las malas nuevas, la farmacéutica Pfizer confirmó que "ajustará" sus operaciones en Costa Rica y para suavizar la noticia, dijo que los despidos serán el último recurso. ¿Podrían venir más anuncios encadenados? ¿Somos actores pasivos sin capacidad de respuesta frente a esta relocalización de actividades productivas en el planeta? ¿O es que no hemos hecho los deberes adecuadamente y nos dormimos en los laureles? ¿Cuáles son los factores externos y cuáles los internos que están inclinando la balanza de forma perjudicial para nuestra economía? Conversamos al respecto con Alexander Mora exministro de Comercio Exterior.

La Anexión del Partido de Nicoya al territorio nacional fue un largo proceso iniciado incluso antes de su formalización en 1824 y que culminó hasta 1838, cuando las municipalidades de Nicoya, Santa Cruz y Villa Guanacaste (actualmente Liberia) ratificaron su decisión de seguir vinculadas a Costa Rica. Geográficamente, esos tres territorios comprendían las tierras al oeste del río Tempisque hasta el océano Pacífico. Al norte se extendían desde el río Salto hasta el lago de Nicaragua. Como todo evento sociopolítico tenemos que comprenderlo en su contexto, con sus particularidades. Y claro, con el transcurrir del tiempo podemos poner en perspectiva aquella histórica decisión en lo atinente a la consolidación de nuestra identidad y soberanía. Para celebrar los 201 años de la Anexión conversamos con la historiadora Ana María Botey Sobrado.

Su obra literaria se caracteriza por una profunda humanidad, gran conocimiento y una prosa exquisita. Y la fuerza poderosa de sus palabras le proporcionan los argumentos con los que defiende vehemente los libros y la lectura como un acto que nos permite reivindicar la libertad y es condición básica para sostener la democracia y denunciar los excesos de poder. Su obra más reconocida globalmente “El infinito en un junco” ya lleva 50 ediciones en español y ha sido traducida a más de 30 idiomas. En ella recorre la historia de los libros desde los papiros egipcios hasta los actuales digitales, las bibliotecas públicas y los clubes de lectura. Es voz autorizada en temas de actualidad política, feminismo y educación y es la invitada de lujo de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2025 que culmina este fin de semana. Es la gran escritora española Irene Vallejo que dice haberse enamorado de nuestro país -al que antes de esta visita solo había “recorrido con pasos de papel” gracias a la escritora costarricense Eunice Odio. Con ella conversamos en Hablando Claro

El Organismo de Investigación Judicial desarticuló una red de trata de personas dirigida por una célula criminal desprendida del Tren de Aragua, que tenía cautivas 90 mujeres venezolanas con fines de explotación sexual. Se allanaron tres hoteles y cuatro casas en San José y detuvieron a 10 personas de la red que mantenía a las mujeres en cautiverio, incomunicadas, explotadas, sin alimentación y obligadas a prostituirse. El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional con presencia en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, con operaciones de secuestros, robos, narcotráfico, prostitución y extorsión, entre otros delitos. Está tipificada como una organización terrorista global. Para conocer cuánta penetración tiene en Costa Rica conversaremos mañana con Rodrigo Campos Cordero, Director Ciencias Criminológicas de la UNED.

El abuso en todas sus formas, pero muy especialmente el abuso sexual, es un tópico de altísima sensibilidad, que debe ser abordado sin prejuicios, desde el entendimiento y la comprensión. Lo tenemos a flor de piel en estos días gracias al valor de las nadadoras Claudia Poll Arhens y Marcela Cuesta Jiménez que, acompañadas por su colega Manuel Rojas Giralt, denunciaron en un reportaje de Interferencia de la Radio Universidad de Costa Rica los años de padecimientos que vivieron en una relación de poder ejercida -de acuerdo con sus testimonios- por el entrenador Francisco Rivas. Este tipo de conductas la mayoría del tiempo quedan impunes, debido particularmente al miedo que sella la espiral de silencio para hacer imposible la denuncia. Superar el trauma, convivir con la culpa, con el temor a que no se les crea si hablan, con el pánico a las represalias y la estigmatización son pesadas anclas dificilísimas de levantar. Relaciones de poder abusivas contra férreos códigos de intimidación imponen un silencio, que como sociedad nos debe interpelar y obligar al acompañamiento y no a más silencios indiferentes. Por ello conversaremos con el psicólogo Álvaro Solano.

La disminución de la tasa de política monetaria del 4% al 3.75 % la semana pasada llegó con intercambio de espadas entre el Banco Central y los bancos del país. Es cierto. Este es un tema técnico para entendidos en la materia. Pero justamente por eso queremos comprender, ¿cuáles son sus verdaderas implicaciones para la economía real? ¿Por qué el presidente del Central, Roger Madrigal, puso en duda que las entidades financieras trasladarían esa reducción -por la que se pugnó por varias semanas, sino meses- a los créditos? ¿O sea, que no beneficiaría a los deudores? ¿Y por qué reaccionaron de inmediato y muy molestas tanto la Asociación Bancaria Costarricense como la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras? ¿Estamos ante un asunto de peso de la política económica o se trata de una discusión con poco sentido respecto de los verdaderos desafíos del crecimiento económico para el país? El economista José Luis Arce de FCS Análisis y Estrategia, nos lo explica.

Faltan aún 11 semanas para arranque oficialmente el proceso electoral y ya tenemos en la línea de salida de la competencia a una decena de aspirantes a la silla presidencial. Y habrá más. Tendremos así, al igual que en el último torneo, una dispersión propia de nuestra fragmentación política y, por tanto, mucho ruido aturdidor en un panorama de alta polarización. O mejor dicho, de mayor polarización aún, habida cuenta de que el oficialismo ha logrado posicionarse como el gran rival a vencer, independientemente de a quién termine colocando como su ficha. Pero aun cuando el poder es un gran generador de cohesión, no pareciera estársele haciendo fácil al chavismo, pese a la algarabía y su tarea permanente de movilización de adeptos, lograr amalgamar sus piezas. El experimento no es fácil, aunque confían sobradamente en la alta popularidad del mandatario para convencer de que por la vía de la tierra arrasada podrán refundar la tercera república, aunque nadie sepa a ciencia cierta qué es eso. Pero claro, en las aceras del frente, las variopintas oposiciones a falta de coaliciones, alianzas o pactos tendrán que vérselas cado uno con el desafío de que sea su aspirante el que logre descollar entre tanta oferta. Hablamos obviamente de una campaña de personalismos, más que de banderas partidarias, programas de gobierno e ideas serias para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Los problemas reales. Y no las escaramuzas distractoras. Lo cierto es que, aunque nos concentremos mucho en las presidenciales, la gran decisión del primer domingo de febrero será la definición de 57 curules legislativas y, claro, de los dos que logren colarse a la segunda ronda presidencial de abril. El consultor Iván Barrantes -con quien conversaremos este viernes- estima que "si en la última elección seis partidos concentraron el 92% de los votos (los seis con representación legislativa). Este 2026, serán ocho partidos, da lo mismo cuantos participen, los que tendrán la concentración arriba del 90%. Por eso, si en el 2022, Chaves logró pasar a segunda vuelta con 350 mil votos, esa cifra, para el 2026, andará en el rango 250-320 mil votos".

Si bien la Corte Plena no ha emitido criterio alguno respecto del inexplicable veto de ingreso a los Estados Unidos decretado en perjuicio de los magistrados constitucionales Paul Rueda y Jorge Araya, tres altos jueces alzaron sus voces contra esa determinación, que si bien es potestativa de Washington, a falta de razonamiento lógico se entiende como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial costarricense. ¿Una especie de "aviso" respecto de decisiones por adoptar? Por eso, el siempre firme y vocal magistrado de la Sala IV y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, advierte que jueces y fiscales deben armarse de valor para enfrentar la eventualidad de quedarse sin visa. Así de claro. Así de sencillo. Cruz, con casi 50 años de carrera judicial, dimensiona su responsabilidad y en un momento crítico para la solvencia de las democracias bajo asedio de populismos autoritarios, se desmarca del silencio cómplice, del cómodo disimulo o del temeroso amedrentamiento. Frente a estos desafíos no se puede perder la independencia, ya que ello equivale a perder la dignidad. ¿En qué contexto geopolítico cabe entender la cancelación de visados e ingresos a EE. UU. específicamente a jueces costarricenses intachables? ¿Qué tipo de política exterior estadounidense es una que -por lo que sabemos- solo ha afectado hasta hoy a magistrados costarricenses y no a jueces de otras naciones? ¿Podríamos entender algo de lo que está pasando si conociéramos el acuerdo secreto de "seguridad nacional" suscrito recientemente entre los gobiernos de ambos países en el que Costa Rica se comprometió a informar a Estados Unidos acerca de "personas que afecten sus intereses en nuestro país"? Conversamos con el Dr. Fernando Cruz. 

Desde que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) empezó a consolidarse financieramente y, por tanto, a hacerse atractivo, siempre está bajo asedio. La oferta fácil consiste en favorecer el argumento de que toda persona asalariada que se pensione, debería tener derecho a retirar la totalidad de sus recursos. Eso equivaldría a desnaturalizar la pensión complementaria para convertir el régimen en un simple ahorro a plazo fijo. Y ese no es el propósito de la visionaria ley que en el año 2000 se creó sabiendo que la pensión básica se reduciría con el tiempo y que sería imperioso tener un suplemento para que alcanzara un poco más el dinero en la vejez, cuando disminuyen los ingresos y se incrementan muchos de nuestros gastos por las condiciones propias de la adultez mayor. Claro que siempre hay excepciones y atendiendo a ello, recientemente entró en vigor una reforma a la ley que permite el retiro total de los fondos del ROPC en casos de enfermedad grave certificada por la CCSS. Pero solo en esos casos, aunque ciertamente la modificación sirvió para nuevas promesas de acabar con el segundo pilar de la pensión. La fortaleza del régimen obligatorio (que alcanzó ₡11,3 billones al cierre del primer trimestre 2024) es capitalizar nuestras cuentas individuales en inversiones colectivas, tanto dentro como fuera del país, de modo que los recursos se multipliquen con la supervisión financiera del estado. El problema es que pocas personas logran comprender los beneficios que se obtienen de esas inversiones y, por el contrario, logran sembrar mucha confusión, señalando a las Operadoras de Pensiones de todo tipo de argumentos infundados. Justo por eso conversamos este miércoles con el presidente y el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones Complementarias (ACOP) Róger Porras y Danilo Ugalde. 

Diariamente generamos alrededor de cuatro mil toneladas de residuos sólidos. Pero somos incapaces de generar soluciones viables para su tratamiento. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) establece que este pendiente país compromete la meta de descarbonización y, obviamente, la protección del ambiente. Y cómo no, si el 87% de los residuos termina en rellenos sanitarios ya colapsados, sin mantenimiento y sin proyectos de sustitución. Ese es el tamaño de un desafío nacional muy complejo y nada atractivo como eje de campaña electoral, pero que se nos va acumulando bajo la alfombra verde de la marca Esencial Costa Rica, dejando al descubierto la paradoja de nuestro doble standard. Del tema conversamos con Juan José Echeverría Alfaro, quien le ha seguido el pulso por décadas a este problema nacional sin resolver.

El viernes trascendió que ya Celso Gamboa Sánchez fue formalmente acusado por violaciones federales a las leyes de narcotráfico en el Distrito Este de Texas. Inculpado de conspiración, de fabricar, distribuir y exportar cocaína a Estados Unidos, el caso forma parte de "Take Back America" una operación de gran calado que moviliza recursos para luchar -entre otros ilícitos- contra carteles y organizaciones criminales transnacionales, para procurar su erradicación. Como se sabe, Celso Gamboa (49) fue capturado el 23 de junio. Pocos días después, junto con su aludido socio delincuencial alias pecho de rata, rechazó la extradición voluntaria. Este sonado caso corre en paralelo con uno similar en Ecuador donde el 25 de junio fue recapturado el capo más sonado del país andino José Adolfo Macías alias Fito (45), quien sí acepto de inmediato la visa sin retorno a los Estados Unidos. Curiosamente, ambos capos serían los primeros extraditados nacionales de los dos países. ¿Por qué Gamboa Sánchez y su socio rechazaron el procedimiento y alias Fito lo aceptó? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de ambos casos? Y algo más, también el viernes, pero en Nueva York, Ovidio Guzmán López uno de los hijos del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, en cumplimiento de un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses, se declaró culpable de cuatro delitos de narcotráfico. Como parte del trato, 17 familiares de Ovidio Guzmán ingresaron a Estados Unidos. A este pacto, seguiría la declaratoria de culpabilidad de otro de los hermanos, Joaquín, que guarda prisión desde hace un año en Chicago, luego de haber colaborado con la entrega de Ismael el Mayo Zambada en El Paso, Texas. No es ficción. Es la transnacionalización del crimen organizado del narco en vivo minuto a minuto. Y de ello hablamos experta en seguridad en la materia Tania Molina.

Nuestro histórico y siempre cercano vínculo con los Estados Unidos está estrenando nuevos derroteros. Más allá de la incertidumbre arancelaria con nuestro primer socio comercial, por donde pasan también estratégicas decisiones como las de las inversiones en telecomunicaciones (por citar solo un área sensible) ahora enfrentamos, como otras naciones el posible peso de las sanciones, que por el momento lo son únicamente individuales, habida cuenta del retiro de visas que ha ido concretándose contra una decena de cargos públicos, casi todos ellos de alta connotación política. La vicepresidenta del Congreso Vanessa Castro, una de las primeras "dadas de baja" dio a conocer que de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, la información de nuestro gobierno que sustentó el retiro de su visa, argumentaba que ella tiene nexos con el partido comunista chino. Por ahora es la única que tiene alguna información sobre el castigo. Ninguno otro sabe a ciencia cierta que factura pagan. Aunque lo intuyan. Lo cierto es que sin demérito que en la lista estén el expresidente y premio Nobel de la Paz y cinco legisladores incluyendo al Presidente de la Asamblea Legislativa, la sanción contra el magistrado constitucional Paul Rueda Leal, es probablemente la de mayor calado político institucional. La otra nueva deriva de nuestra relación con los EE. UU. obviamente tiene que ver con la ejecución en puertas de las primeras extradiciones de nacionales; la de Celso Gamboa en primerísimo plano por su otrora destacado paso en la función pública y por su actual función como jefe de una importante estructura narco, según la DEA. De ambos temas observamos las aristas jurídicas, con Marvin Carvajal, constitucionalista y Gerardo Huertas, penalista.

La noticia de media semana es la revocatoria de las visas de ingreso a los Estados Unidos al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez y al magistrado constitucional Paul Rueda Leal. Si bien es cierto el gobierno estadounidense no tiene que ofrecer ninguna explicación frente a estas decisiones, va quedando cada vez más expuesta una nueva política gringa de anulación de visados que va mucho más allá de las iniciales consideraciones vinculadas a los contactos o nexos de simpatía con la telefonía china de Huawei, con la que nos explicamos las primeras notificaciones de cancelación de la administración del Presidente Trump. ¿Llegaremos a saber qué hay realmente detrás de una amonestación de semejante calado que alcanza ahora nada más y nada menos que al máximo tribunal de la judicatura; la Sala Constitucional? Lo cierto es que el ambiente político local sigue alterado por las implicaciones del caso Celso Gamboa; por las tensiones del monotema de las jornadas 4x3 en el Congreso y por temperatura preelectoral in crescendo. Para hacer repaso de coyuntura conversamos con Rotsay Rosales, director del Observatorio de la Política Nacional (OPNA UCR).

"El expediente 19,630: la selección de Celso Gamboa Sánchez. El novel magistrado llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2016 sin pasar por un debate sobre su idoneidad... En retrospectiva sabemos que Gamboa Sánchez cosechó apoyo en todas las fracciones legislativas y que él mismo fue tejedor de sus respaldos... En abril del 2018 contra Gamboa existían al menos 13 causas abiertas por la supuesta comisión de quince delitos de tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, cohecho. La última fue el intento de boicotear el cuórum en el Plenario Legislativo el día en el que se decidía su destitución. La votación a favor de la destitución se decidió por 39 votos, los justos, apenas cuatro menos de los que lo eligieron" Extraemos estos párrafos de "Consensos Nebulosos", el capítulo III de la muy recientemente publicada obra del sociólogo Manuel Solís Avendaño titulada ¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática. Este trabajo académico, rigurosamente asentado en informes del Estado de la Justicia, además de sesiones y actas de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, entre otras fuentes, da minuciosa cuenta del ascenso y caída de Celso Gamboa Sánchez en la meteórica carrera que por casi una década lo convirtió en destacado funcionario público en los poderes Ejecutivo y Judicial y con indiscutible influencia en el Legislativo. Este miércoles hacemos un primer acercamiento a este libro, hoy infaltable, no solo para entender el caso puntual, sino los desafíos que tienen los tomadores de decisiones políticas del país para (acaso) terminar por fin de afinar los mecanismos de selección y designación de los magistrados de la República. Con Manuel Solís Avendaño conversamos en Hablando Claro.

Nuestro sistema jubilatorio de Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS) urge de intervenciones mayores, para asegurar su estabilidad y solvencia a futuro. ¿Cuáles medidas y cómo aplicarlas? Esa es la discusión nacional que volvió a colocar esta vez sobre la mesa un Proceso Nacional de Diálogo liderado por la SUPEN y que con el aporte 160 especialistas, derivó en 36 iniciativas. El menú de opciones es variado. La que más resuena es el aumento en la cantidad de cuotas, que pasaría de 300 a 360, lo que implicaría cinco años más de trabajo y el consecuente aumento en la edad de pensión. Otra es implementar ajustes al monto de la cotización existente (menor al porcentaje de inflación) para extender su sostenibilidad. Allí no se acaban las propuestas. Retención del 3% del IVA para una cuenta personal, una contribución especial de las zonas francas para financiar el sistema, cambiar la estrategia de inversión de los fondos para obtener más rentabilidad y una pensión básica universal de ₡85,000 que garantice un ingreso a personas adultas mayores, son otras de las alternativas. Coincide la finalización de esta discusión y entrega de informe, que duró más de un año, con la designación del nuevo Superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, con quien conversamos.

Tarde o temprano las verdades salen a la luz. Primero fue el diario digital salvadoreño El Faro. Ahora el prestigioso The New York Times. Osiris Luna Meza, acaso el hombre más poderoso del sistema carcelario salvadoreño y Carlos Marroquín Chica, uno de los hombres más cercanos y determinantes en el ascenso al poder de Nayib Bukele, fueron los responsables negociar las condiciones de gobernabilidad de El Salvador con las pandillas de ese país, por supuesto en nombre del autodenominado “dictador más cool del mundo”. Las revelaciones periodísticas de El Faro datan del 2020, pero recientemente han salido a la luz nuevos elementos; en mayo se dieron a conocer entrevistas con Carlos Cartagena y con Carlos Gómez (alias Liro) líderes de la mara Barrio 18, confirmando a Luna y Marroquín como los gestores del acuerdo, así como los pagos que recibieron, la protección del gobierno y las condiciones de su escape del país. Que a cambio de asilo, hayan hablado ahora con autoridades estadounidenses, coincide con la petición de devolución de los pandilleros que le formuló Nayib Bukele a Donald Trump. Para poner en perspectiva el inmenso peligro que implica para una democracia, la cooptación de los tres poderes de la República en un solo hombre, conversamos con Carlos Murillo Zamora, experto en relaciones internacionales y políticas públicas.