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San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por "traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación", según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una "desaparición forzada".See omnystudio.com/listener for privacy information.

La familia del general Raúl Baduel, exministro de Defensa de Venezuela, insiste en que no murió de covid-19. Según su abogado, Omar Mora, venía presentando complicaciones médicas producto de los tratos inhumanos de los que era víctima en "El Helicoide", una cárcel de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esta es la denuncia que hizo Mora en Conclusiones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La familia del general Raúl Baduel, exministro de Defensa de Venezuela, insiste en que no murió de covid-19. Según su abogado, Omar Mora, venía presentando complicaciones médicas producto de los tratos inhumanos de los que era víctima en "El Helicoide", una cárcel de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esta es la denuncia que hizo Mora en Conclusiones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

El opositor Venezolano Freddy Guevara deberá permanecer detenido, luego de que se le imputaran cargos de “traición a la patria”, “financiamiento al terrorismo” y “asociación para delinquir”. Su abogado, Omar Mora, dijo que estos cargos no tienen ningún tipo de sustento y que tanto su detención cómo su juicios son reveladores de una constante de “la violación sistemática a los derechos humanos al debido proceso y del derecho a la defensa” en la Venezuela de Nicolás Maduro. RFI: ¿Qué responde a los cargos de “traición a la patria”, “financiamiento al terrorismo” y “asociación para delinquir” que se le imputan a su defendido Freddy Guevara? Omar Mora (OM): Por supuesto son delitos que nunca cometió y sin ningún tipo de sustento. Los elementos de convicción que esgrimió el Ministerio Público del régimen fueron unos mensajes de chat, supuestamente extraídos de un teléfono que ellos consiguieron, a todas luces fabricado, y que no sirven tampoco para demostrar nada de lo que se le imputa. RFI: Cuando le lanzan estas acusaciones de terrorismo, ¿cuáles son los argumentos que ellos presentan? OM: Así son todos los casos de presos políticos. Ellos, primero detienen a las personas para después empezar a probar con elementos de convicción prefabricados por ellos a la medida que lo necesiten esas imputaciones. Nunca lo logran, porque siempre los equipos de defensa en esos casos hemos logrado demostrar que las personas son inocentes; independientemente de que como no hay justicia en Venezuela y no hay separación de poderes, estas personas siempre son condenadas. Pero cuando los casos llegan a instancias internacionales, se ve de que son procesos plagado desde su inicio de irregularidades y que son definitivamente detenciones arbitrarias y privación ilegítima de la libertad como una constante de violación sistemática a los derechos humanos al debido proceso y del derecho a la defensa estad personas. RFI: Esta detención ¿qué implica? ¿Que se lo llevarán a otro tipo de prisión? ¿Cuáles serían esos cambios? OM: Esa pregunta es interesante porque recientemente el régimen, para tratar de quedar bien con las Naciones Unidas, inventó algo que, lejos de proteger la vida de los presos políticos, desalojándolos de las cárceles de los servicios de inteligencia, ahora los ha puesto en más riesgo. Porque a estas personas que estaban allí, ahora les pusieron en riesgo su vida al llevarlos a cárceles comunes en donde no hay garantía de su vida, y estas personas, que sin haber cometido ningún tipo de delitos, son llevadas a esos sitios donde su vida peligra el doble. Por lo pronto, el juez que lleva el caso decretó como sitio de reclusión en el Servicio Bolivariano, siendo Freddy Guevara una persona muy importante en Venezuela, dentro del gobierno interino y en la Asamblea Nacional, muy allegado al presidente Juan Guaidó  y además de haber sido coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, una personalidad del mundo político opositor de muy alto rango. Que le haya pasado esto, es un mensaje que se envía.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela atendiendo una solicitud de la Fiscalía, ordenó como sitio de reclusión de Aida Merlano el Helicoide, centro carcelario dependiente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ubicado en el sur de la capital venezolana. LasMañanas. SinCandadoRadio. Episodio52

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que no se presentará para la reelección, pero el pueblo puertorriqueño exige su renuncia. El exsecretario de Justicia de Puerto Rico Antonio Sagardia de Jesús opina que los del poder legislativo son los únicos responsables de considerar si Rosselló deberá seguir en el poder, pero cree que es peligroso para la democracia que la legitimidad de un político se defina por las protestas de un pueblo. El abogado Luis Argenis Vielma confirma que el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se encuentra detenido y aislado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en un lugar bajo tierra llamado "la tumba". Argenis Vielma comenta sobre las condiciones en las cuales vive Caguaripano, acusado por el Gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro por rebelión militar y traición a la patria. Caguaripano fue detenido en agosto de 2017 tras una fallida sublevación.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

“Tras 225 audiencias, en las que recorrió 39.000 kilómetros esposado, nunca se demostró la culpabilidad de Iván Simonovis en la acusación de “complicidad correspectiva” en la muerte de dos personas durante los sucesos del 11 de abril de 2002”, dice un trabajo de Sheyla Urdaneta sobre el excomisario de la Policía Metropolitana que este jueves abandonó su arresto domiciliario. Su esposa, Bony Pertiñez, informó temprano que desconocía su paradero y designó a Joel García como su abogado, explicando que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) habían amenazado con regresar a su esposo a la cárcel. Esta tarde, Joel García precisó que el gobierno de Nicolás no ha dado declaraciones “porque es evidente que no hay control en el Sebin”, y sin esas declaraciones ni una fe de vida, el estatus del excomisario es de desaparecido. Para seguir violando derechos humanos, los funcionarios apostados en la residencia de Simonovis detuvieron arbitrariamente por varias horas a once trabajadores de la prensa.

Esta semana, la Asamblea Constituyente de Venezuela despojó a siete miembros de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria, alegando que participaron en el levantamiento militar para derrocar al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro el 30 de abril. Este hecho permitió que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolano (SEBIN) detuviera al diputado Edgar Zambrano. ¿Cuáles son los próximos escenarios en la crisis de Venezuela? Lo analizamos con los periodistas Antonio Delgado, Zairenna Barboza y Juan Camilo Gómez

Patreon desde Venezuela | http://patreon.com/nakyluiscarlos A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Romy Moreno, esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, logró verlo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide después de 52 días tras su detención. Este lunes la diputada Karin Salanova y la abogada Theresly Malavé denunciaron los 17 días de desaparición que cumple el diputado Gilber Caro, explicando que funcionarios del Sebin han negado su presencia en alguna de sus sedes y que el habeas corpus que interpusieron ante el tribunal, ni siquiera fue recibido, “violando sus derechos, sin causas justificadas y sin suministrar información oficial, por lo que su paradero es totalmente desconocido”, dijo Malavé. En Barquisimeto, funcionarios del Sebin intentaron ingresar por la fuerza a la residencia del exalcalde Alfredo Ramos. Su hija denunció que durante el allanamiento él no se encontraba en la residencia, hecho que el diputado Daniel Antequera catalogó como una “persecución ilegal y absurda”. Valga el dato: hoy fue inculpado por la muerte de manifestantes el depuesto presidente sudanés Al Bashir, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

El periodista y activista de los derechos humanos Melanio Escobar habla de su temor ante la criminalización del periodismo en Venezuela. Escobar asegura que ejercer el oficio en el país es peligroso porque se expone a la persecución y tortura del Servicio Bolivariano de Inteligencia.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Hace más de una semana murió en extrañas circunstancias el concejal opositor venezolano Fernando Albán, al caer desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin. Un suicidio, según el ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol. Un asesinato, precedido de tortura, aseguran desde Primero Justicia, su partido. Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre pasado y estaba siendo investigado por su presunta participación en el supuesto atentado, con drones cargados de explosivos, contra el presidente Nicolás Maduro, del 4 de agosto.   Otro caso que acaparó la atención en Venezuela fue el secuestro del abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, José Vicente Haro, quien denunció que el miércoles 3 de octubre un grupo armado lo interceptó y lo mantuvo secuestrado 30 horas. El también presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional dijo que fue torturado física y psicológicamente. Haro afirmó que sus captores lo amenazaron repetidamente con violarlo y asesinarlo.   Y se da otro golpe al fujimorismo. El miércoles pasado se registró una situación legal que tiene como protagonista a la hija del exmandatario y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La también ex primera dama fue detenida cuando acudía al Ministerio Público peruano para responder a una investigación sobre el financiamiento de su campaña presidencial en 2011 y los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a su partido.   El poder judicial ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori y 19 personas más por 10 días. En una carta difundida en su cuenta de Twitter, Fujimori dijo que fue detenida sin fundamentos jurídicos y denunció el hecho como una persecución política. Los periodistas María Fernanda Silva, María Elena Lavaud y José Benegas analizan estos temas.