Podcasts about derechos humanos

Más de 480 presuntos integrantes de pandillas fueron juzgados de manera colectiva en El Salvador, en uno de los episodios más controvertidos del régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como parte de su ofensiva contra el crimen organizado y reivindica la drástica reducción de la violencia, organizaciones de derechos humanos cuestionan las detenciones y los procedimientos judiciales. ¿Dónde termina la lucha contra las pandillas y comienza el riesgo de normalizar la excepción? Lo analizamos junto a expertos en El Debate de France 24.

Daniel Muñoz entrevista a la consejera de sanidad y servicios sociales de Ceuta, Nabila Pavón para conocer la actualidad de la ciudad autónoma. En una entrevista concedida a esRadio, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Pavón, ha analizado la crítica situación que atraviesa la ciudad autónoma trece días después de sufrir la masiva entrada de inmigrantes. Pavón ha descrito un panorama desolador marcado por la inseguridad, el miedo y la incertidumbre de una población que se siente invadida y desamparada ante el colapso de los servicios públicos y la falta de respuesta del Ejecutivo central. La consejera ha respondido con firmeza a las acusaciones de Marruecos, cuyo Consejo de Derechos Humanos acusó al gobierno local de denegar auxilio y cerrar centros de acogida. Pavón ha calificado estas afirmaciones de falsas, explicando que las infraestructuras de la ciudad no sufrieron cierres intencionados, sino una absoluta falta de abastecimiento provocada por la llegada repentina de una cantidad de personas equivalente a toda la población ceutí. "Las verdaderas víctimas de esta situación son los ciudadanos de Ceuta", ha sentenciado. Respecto a la devolución de los menores no acompañados, Pavón se ha mostrado escéptica ante las declaraciones del Gobierno central que aseguraban una plena colaboración por parte del reino alauita. La consejera ha advertido de que los trámites de filiación avanzan a un ritmo excesivamente lento —apenas un centenar al día— debido a la falta de personal, lo que retrasará la regularización de la situación durante meses. Aunque se anunciaron refuerzos de efectivos, la realidad sobre el terreno sigue siendo de un desbordamiento absoluto de cara al inicio del curso escolar en septiembre. La situación médica en la ciudad es otro de los puntos de mayor fricción. Frente a la postura del ministerio, que niega la existencia de una crisis de esta índole, Pavón ha denunciado un evidente colapso sanitario en los hospitales y centros de salud locales. Según los datos facilitados por los propios profesionales médicos, las intervenciones en urgencias se han multiplicado por cinco, agravando un déficit de personal que ya era estructural antes de la crisis y que actualmente se sostiene únicamente gracias al voluntariado de los sanitarios ceutíes. Este hacinamiento y la falta de control sobre las personas que deambulan por la ciudad ya está provocando la aparición de brotes de enfermedades contagiosas como la sarna o el sarampión. Ante el aumento de la tensión y las agresiones registradas contra el personal de enfermería, los trabajadores de la salud han solicitado el despliegue del ejército en las inmediaciones hospitalarias para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad durante el desempeño de sus funciones. Finalmente, Pavón ha lamentado el absoluto desinterés mostrado por los ministerios competentes del Gobierno de España, revelando que la ministra de Sanidad no se ha puesto en contacto con ella ni una sola vez desde el inicio de la crisis migratoria para coordinar la asistencia sanitaria. Esta falta de comunicación, que Pavón también ha criticado duramente en una entrevista reciente publicada por Libertad Digital, evidencia el abandono institucional y la desatención que padece la ciudad autónoma en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Dr. José Israel Ibarra González, Profesor-Investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales. Egresado del doctorado en Estudios de Migración de El Colef. Investigador invitadode Continente Móvil, para el Migranálisis, un espacio donde convergen lamigración y la comunicación con un enfoque científico. Tema: Las voces de niñas, niños y adolescentes en movilidad en México

A 20 años del inicio de la guerra contra el narco en México, el analista e historiador Jacques Coste conversa con Óscar Balderas en Esquina Balderas sobre la continuidad silenciosa de la militarización, el desgaste de los derechos humanos y las alternativas reales para pacificar el país. En esta entrega especial para La Saga, se analizan dos décadas de conflicto armado interno y seguridad pública militarizada, así como la estrategia iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón, que, de acuerdo con Coste, continúa bajo una narrativa distinta impulsada por Omar García Harfuch y el gobierno de Claudia Sheinbaum. La conversación cuestiona la idea de que la guerra contra el narcotráfico ha terminado y examina la transformación de los cárteles hacia economías extractivas y de control territorial. También se aborda el debate entre la mano dura del “modelo Bukele” en El Salvador y la necesidad de construir acuerdos de gobernabilidad local, tomando como referente el caso de Coahuila. Finalmente, Óscar Balderas y Jacques Coste reflexionan sobre el papel del lenguaje leguleyo en la invisibilización de las víctimas, la marginación de los colectivos de búsqueda y la erosión de los derechos humanos en la agenda política contemporánea de México. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

Más allá de las cifras, ¿quiénes son las personas que arriesgan todo para cruzar la frontera entre África y Europa? Ceuta es hoy el centro de la crisis migratoria con miles de personas intentando alcanzar territorio español desde Marruecos. Detrás del debate político entre Madrid y Rabat quedan los rostros de jóvenes que enfrentan retornos, incertidumbre y un futuro marcado por la espera. Organizaciones denuncian devoluciones forzosas, dificultades para solicitar asilo y episodios de violencia contra quienes intentaron cruzar. Lo analizamos. 

La crisis migratoria en Ceuta deja decenas de muertos y desaparecidos, convirtiéndose en un colapso humanitario que reaviva las tensiones políticas dentro y fuera de Europa. Con las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla como el único punto de contacto entre África y la Unión Europea, el éxodo masivo se desató en medio de un clima de desinformación sobre una sentencia judicial española y una reducción temporal de los controles por parte de Marruecos. Ante este panorama, en El Debate de France 24 nos preguntamos ¿cuáles son las verdaderas causas de esta crisis? ¿ Hay intereses geopolíticos para instrumentalizar la migración?

El sexenio más sangriento de nuestra historia vio a nuestros militares gaseando manifestantes y macaneando migrantes, con Derechos Humanos de mera comparsa, pero rara vez combatiendo al crimen organizado.

La incursión protagonizada el jueves y el viernes por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado 67 muertos confirmados en el lado español, aunque la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que han muerto unas 130 personas, contando el lado marroquí, pero no ha recibido confirmación oficial. Veintidós países de la Unión Europea han firmado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español, que ha reprochado a los firmantes su gesto insolidario, al tiempo que ha pedido por su lado la convocatoria de los ministros de Interior. Esta no es la primera crisis migratoria que vive Ceuta. Ya en mayo de 2021, el gobierno marroquí permitió que alrededor de 8.000 personas procedentes de Marruecos y otros países de África entraran en Ceuta en dos días. Esto fue interpretado como una represalia de Marruecos a España por la decisión de permitir que un líder del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español. ¿Por qué ha ocurrido ahora? El Orden Mundial explica en JELO en verano que esta situación se conoce como "amenaza híbrida o zona gris", es decir, una serie de maniobras agresivas que buscan desestabilizar al adversario, pero en la que es muy difícil identificar al responsable, como es el caso, por ejemplo, de los ciberataques. "En este caso, está la instrumentalización de la inmigración como arma geopolítica, que es un recurso habitual de Marruecos hacia España. Sabemos que Marruecos permite o impide voluntariamente la llegada de migrantes a esa frontera española, ya sea por mar o a Ceuta y Melilla, como tuvimos el caso del año 2021", explica. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Devia, LeilaTemarioComentario sobre la nueva resolución de la ONU sobre Rendición de cuentas en materia climática - Aplicación del derecho internacional del ambiente - Opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar verdaderos cambios estratégicos en el campo de la justicia ambientalCV: Doctora en Ciencias Jurídicas Universidad del Salvador, Especialista en Derecho de los Recursos Naturales de la UBA. Jefe Departamento Basilea INTI. Titular de la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental, Facultad de Derecho UBA.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran. Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”. Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció. Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre. “Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente.  Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros. En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran. Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”. Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció. Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre. “Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente.  Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros. En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

En este episodio de Puntos de Fuga, María José Afanador, directora del Departamento de Narrativas Digitales de Artehum, conversó con Melissa Vargas Franco, compositora, docente e improvisadora, y con Carolina Gamboa, doctora en Música en dirección coral y sinfónico-coral. Las reunió ‘Sentencia', una composición de Melissa Vargas, que surge de una investigación sobre sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tres masacres paramilitares en Colombia —Pueblo Bello, Mapiripán y La Rochela—; el EEVA (Ensamble de exploración vocal de los Andes), dirigido por Carolina Gamboa, interpretó la pieza en el marco de la exposición “Darle un nombre”. Conversaron sobre el largo proceso de investigación-creación que involucró la escritura y composición de Vargas, y de las afectaciones psicológicas y emocionales que ocurren al aproximarse a hechos de violencia histórica.

La autopsia de Medicina Legal consigna que la muerte está relacionada con problemas de hipertensión arterial. “Tomando en cuenta además la obesidad del ahora occiso que favorece el padecimiento de enfermedades de tipo metabólica”, dice uno de los documentos oficiales en poder de El Faro. Ni una palabra sobre el agujero.El padre buscó justicia por la muerte de su hijo, pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía, ambas instituciones bajo el control del régimen, ignoraron sus peticiones. El Juzgado de San Salvador a cargo del caso tampoco solicitó investigar la muerte de Ramírez Rivas. En la resolución de cierre del expediente, el juez se limita a consignar que “tiene acreditado el deceso” por edema pulmonar. El caso ya suma cuatro años de impunidad y no hay datos oficiales al respecto debido a que el Gobierno ha declarado información reservada todo lo relacionado con fallecidos en Centros Penales.Ramírez Rivas tenía una hija de cuatro años y una esposa embarazada de gemelos cuando fue capturado. Valle cuenta en este testimonio que por el estrés y la angustia que vivió la familia, los bebés de cinco meses de gestación murieron en el vientre de su madre. Dice que concede esta entrevista porque su hijo era inocente y porque quiere que su nieta sepa, en un futuro, que su padre no era delincuente. El padre habla porque no quiere que el nombre de su hijo quede manchado por un delito que no cometió. 

¿Es justicia imparcial o un ajuste político? En esta edición de La Saga, Lucero Álvarez y Gonzalo Lira analizan las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso del exgobernador Ernesto Rufo, la polémica filtración de audios de la gobernadora de Baja California, la postura de Maru Campos sobre la soberanía nacional y la nueva denuncia del PAN contra Gonzalo "Bobby" López Beltrán. Además, debaten la tensa relación entre México y Estados Unidos bajo la narrativa de Donald Trump, las implicaciones del narcoterrorismo y el ambiente previo a la final del Mundial 2026. También reciben al equipo legal de Raúl Mesa, que expone las presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta por un caso de supuesto sabotaje en Michoacán. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

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Otro año más. Llega el Orgullo y en el Deforme estamos en un teatro para poner nuestro granito de arena en las protestas y reivindicaciones. Larga vida al Orgullo y esperemos que algún día no haga falta celebrarlo y vivamos en una sociedad igualitaria. En una sociedad normal. Lucía empieza preguntándose por la vigencia del expresidente Felipe González y sus comentarios e incomprensión de las siglas L.G.B.T.Q.I.+... Todo un C.A.R.A.J.O.T.E., nos parece. Nos preparamos para que nos metan a todas en el mismo campo de concentración cuando gane el Fascismo. Lucía, como aliade del colectivo, nos cuenta como están las cosas según su experiencia: todas las nacidas en el s.XX son bisexuales. Las personas trans son mejores que nosotros. Punto. O que las personas asexuales tiene más poder que el resto de las personas, entre otras verdades. Y acaba hablando de referentes: no hay nada que hacer con los referentes heterosexuales como Juan y Medio o Cristina Pedroche frente a los del colectivo: Kylie Minogue, Madonna. Beyoncé... No hay color, no. Por último nos relata cómo conoció al colectivo cuando era una bebita exiliada y cómo ello le cambió la vida (lágrimas a tutiplén). Se habla BREVEMENTE de fúrgol y todo  Isabel por su parte, recorre el interesante libro 'Más allá de las Siglas' de Daniel Valero,  Tigrillo. Y hace un recorrido histórico sobre la tolerancia y las prácticas sexuales con griegos, romanos y de todo. Recuerda la famosa canción 'Sodomízame' de Mónica Naranjo y sigue con la llegada de la iglesia y la represión en esos ámbitos. Años 50, Stonewall,... Y ya estamos aquí. El colectivo en Palestina, Israel, Japón,... SAMURÁIS MARICONES. Eso sí, con consentimiento. Toma ya. Sigue con otro libro hablando de transfobia : "La respuesta a todo lo que le queréis preguntar a una tía trans" de Valentina Berr y con ello  nos da unas pistas para no ser nosotros C.A.R.A.J.O.T.E.s, ya tú sabes.  Y festejamos y protestamos y reivindicamos los Derechos Humanos más básicos. Ytambién nos despedimos de los directos hasta la temporada que viene.  ¡GRACIAS CONCURSANTA! ____________________________________________ Este programa y todo lo demás es posible gracias a personas como tú. Accede a todos los programas íntegros y a contenido extra en nuestro Patreon: https://patreon.com/deformesemanal Y ven a vernos a los teatros: https://linktr.ee/deformesemanalidealtotal Gracias. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

La muerte de un ciudadano mexicano en Texas y de un colombiano en Maine durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia migratoria estadounidense. Los casos coinciden con el aumento de las redadas impulsadas por la administración de Donald Trump y han generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los migrantes. Lo analizamos en El Debate de France 24.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Entrevista - Juan Miguel Petit - Integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo by En Perspectiva

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

La más reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa es un acta de defunción.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Desde que Nuevas Ideas asumió el control de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 han autorizado 75 préstamos por más de 10 mil millones de dólares al Gobierno de Nayib Bukele. Pero una parte importante de dichos recursos todavía no ha sido desembolsada. La economista salvadoreña, Carolina Vásquez, explica en este episodio cómo el endeudamiento se ha vuelto una práctica cada vez más fácil de aprobar y qué significa la desaparición de los controles que antes existían.También repasamos los compromisos que el Estado salvadoreño asumió con el Fondo Monetario Internacional para seguir accediendo a financiamiento y las consecuencias que ese modelo ya tiene para la población, desde recortes al gasto público hasta cambios en el sistema de pensiones.El cierre del Policlínico de Planes de Renderos, anunciado en 2020 como una remodelación que seis años después sigue sin mostrar avances, cambió el acceso a la rehabilitación para cientos de pacientes del Seguro Social. Quienes antes eran trasladados de inmediato para iniciar su recuperación ahora esperan hasta cuatro meses por una fisioterapia, un retraso que, según médicos, puede afectar la recuperación de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y otras lesiones neurológicas.En el episodio también hablamos sobre el aumento de los feminicidios y muertes violentas en los primeros cinco meses de 2026. Los datos fueron recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), este es un esfuerzo que se realiza desde las organizaciones y son las únicas estadísticas que se conocen porque en El Salvador no existe una estadística oficial pública que clasifique de forma sistemática los asesinatos de mujeres como feminicidios desde que esta información se puso en reserva 2022.La hermana de la abogada Ruth López, Claudia López, anunció, en conferencia de prensa, que pudo visitar a su hermana en prisión gracias a las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Nota de Centroamérica hablamos sobre las presiones que enfrenta Panamá por parte de China y Estados Unidos. El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 3 de julio de 2026. 

Libertad para morir con la Dra. Asunción Álvarez del Río ¿Debe una persona con sufrimiento extremo tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida? En esta entrevista, la Dra. Asunción Álvarez del Río analiza la propuesta para legalizar la asistencia médica para morir en México y explica quiénes podrían acceder a este derecho. Una conversación profunda sobre dignidad, autonomía, sufrimiento y libertad de elección.See omnystudio.com/listener for privacy information.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado el intento de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, uno de los principios constitucionales más consolidados del país. La decisión supone un revés para una de las principales promesas de su agenda migratoria y reabre el debate sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda y los derechos de los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. ¿Qué implica realmente este fallo? ¿A quién beneficia y qué margen le queda ahora a la Casa Blanca? Lo analizamos en El Debate de France 24.

EE. UU. entrega vehículos para vigilancia fronteriza en Sonora  Sheinbaum viajará a Chiapas para inaugurar plata de moscas estérilesCroacia subcampeona en Rusia 2018 es cuna de los dálmatas  Más información en nuestro podcast#grc

Nueve estados mantienen rezago en licencias de paternidad Último día para aprovechar ‘La Gran Escapada'Persisten bloqueos pese a estado de excepción en BoliviaMás información en nuestro podcast#grc

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT. El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: "A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas".  Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. "Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales" dice Peralta en RFI.  En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. "Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ" dice Peralta.  Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlos. De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

Martha Tagle, consultora de Género y Derechos Humanos habla sobre el tema.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad".  “Cerca de 1.5 millones de desplazados internos” Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”. “Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez. “La ONU es como una persona non grata en Haití” Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados. Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia. Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

¿Claudia Sheinbaum y el Mundial? En esta emisión de Saga Noticias, Max Espejel analiza la ausencia de la Presidenta en la inauguración de la Copa del Mundo y las declaraciones en torno a la participación de Salma Hayek en el evento. Además, aborda la polémica generada por las lonas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, los actos de intolerancia registrados en las calles y la creciente preocupación por el discurso de odio y la polarización política en el país. También revisamos las críticas sobre la actuación de las autoridades frente a las Madres Buscadoras, las declaraciones del comentarista deportivo Mauricio Ymay respecto a la represión de manifestaciones, la sorpresiva renuncia de Erubiel Alonso al PRI y el análisis futbolístico de Miguel “El Piojo” Herrera. Un programa con los temas políticos, sociales y deportivos que dominan la agenda nacional. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Irán y Estados Unidos alcanzan un acuerdo de paz con alto el fuego inmediato, pero el alto comisionado para los Derechos Humanos deplora que el uso de la fuerza contra Irán haya matado a miles de civiles. En Sudán, la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada se han convertido en un sistema de represión contra los civiles. Otra noche de ataques mortales en Ucrania daña un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

México respalda Alianza Global por los Derechos HumanosClínica de Metepec ofrecerá 200 medicamentos gratuitosEE.UU. sanciona a petrolera estatal de CubaMás información en nuestro Podcast#grc

UAM pide esclarecer detenciones durante inauguración mundialista  Chabacano sigue cerrada por obrasSpaceX busca inversión para impulsar IA  Más información en nuestro podcast#grc

El Mundial 2026 ha comenzado. Junto con la fiesta y la emoción que despierta este tipo de certámenes deportivos, también aparece la sombra de lo que se conoce en inglés como sportswashing. Es decir, una estrategia con la cual algunos gobiernos buscan mejorar su reputación a través del deporte. Canadá, Estados Unidos y México son los países anfitriones de este Mundial 2026. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en el centro de la atención debido a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en sus territorios y documentadas por diversas ONG. "Violación sistemática de derechos humanos" Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lamenta la situación interna que atraviesa Estados Unidos: "Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las tres sedes, pues se esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades migrantes, muchas de las cuales han sido detenidas arbitrariamente, deportadas abusivamente en violación de sus derechos", dice a RFI. Asimismo, subraya que este certamen debería servir como un catalizador para que la comunidad internacional ejerza presión sobre el Gobierno mexicano con el fin de resolver y prevenir las desapariciones forzadas de personas: "Debería ser una oportunidad para que los distintos países del mundo se unieran en torno al llamado, para que las autoridades mexicanas desplieguen muchísimos más esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva", afirma Goebertus. "Querer lavar la imagen" Fernando Segura Trejo, doctor en Sociología, analiza los antecedentes históricos del sportswashing y cómo esta práctica se repite en diferentes países a través del tiempo: "Hay reiterados ejemplos, desde la Alemania nazi, podemos ir a la Argentina dictatorial de 1978 con el Mundial, podemos ir a las críticas que se le hicieron a Catar, un país con leyes tan severas y con tradiciones tan diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente", detalla. "En México tenemos un antecedente muy triste también, que fueron las Olimpiadas de 1968. Unas semanas antes hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, donde se mataron vilmente a estudiantes que protestaban, y las Olimpiadas sirvieron justamente para mostrar una imagen de un México en paz y en orden, cuando hubo una matanza de cientos de estudiantes unas semanas antes", recuerda asimismo. "En este momento se está volviendo a repetir una situación de querer lavar la imagen. Se repite en México y se repite en Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos, yo diría que ni siquiera hay un esfuerzo por lavar la imagen. Es decir, es tan descarado la política migratoria, los abusos", denuncia. El especialista concluye afirmando  que la sociedad mexicana es consciente del uso político que se le da a este tipo de acontecimientos, y que a pesar de que la población celebra el Mundial, muchos ciudadanos consideran que no era el momento para que el país acogiera este torneo.

El número de refugiados en el mundo cae por primera vez en diez años, pero el 70% sigue atrapado en un exilio que dura toda una vida. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos se declara "horrorizado" por la violencia racista en Reino Unido tras los ataques de Belfast y Southampton. El futbolista Lamine Yamal se convierte en embajador de UNICEF para reivindicar el derecho de los niños a jugar, cuando 90 millones de menores no tienen ni un solo juguete. Y la FAO alerta: las enfermedades animales transfronterizas amenazan la seguridad alimentaria mundial e impulsa los bioinsumos como respuesta estratégica en América Latina.

El torneo más tecnológico de la historia arranca entre debates: el VAR incorpora IA y sensores en el balón, los precios dinámicos de las entradas superan los mil dólares australianos en algunos partidos, y Amnistía Internacional exige que se paralicen las redadas migratorias del ICE durante los encuentros.Escucha SBS Spanish / Australia en español:Por radio o Internet 7 días a la semana de 1:00 a 2:pm (AEST)Escucha también por Apple Podcasts, Spotify y YoutubeExplora nuestra extensa colección de podcasts haciendo clic aquíEn redes: síguenos en Facebook e Instagram.

Jalisco despliega operativo de 17 mil elementos para la justa mundialistaPadres de Ayotzinapa rechazan versión oficial sobre explosivosEE.UU. mantendrá diálogo con Irán: J. D. VanceMás información en nuestro Podcast#grc

Derechos Humanos reforzará vigilancia durante el MundialMás de 200 imágenes llegan a las rejas de ChapultepecSuman 19 fallecidos en centros migratorios de EE.UU. en 2026Más información en nuestro Podcast#grc

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Doña Elizabeth Odio Benito: una vida entera dedicada a la defensa, promoción y protección de la democracia y los Derechos Humanos. Nuestro último espacio Hablando Claro rinde homenaje a una mujer excepcional; una activista por las mejores causas de la convivencia social en el país y mucho más allá de nuestras fronteras.

Lluvias y granizo mantienen en alerta a CDMXSin clases seis regiones de Guerrero este lunesExigen liberar a activistas retenidos rumbo a GazaMás información en nuestro Podcast#grc

Imagina a un ser humano con inteligencia artificial añadida... sería una persona con super poderes. Eso es lo que están haciendo en China. Además escucha la burraza del día que criticaba a sus paisanos que se iban a Estados Unidos porque se quejaban y apenas llegó se dio cuenta de la dura realidad de millones de hispanos. Mantente al día con los últimos de 'El Bueno, la Mala y el Feo'. ¡Suscríbete para no perderte ningún episodio!Ayúdanos a crecer dejándonos un review ¡Tu opinión es muy importante para nosotros!¿Conoces a alguien que amaría este episodio? ¡Compárteselo por WhatsApp, por texto, por Facebook, y ayúdanos a correr la voz!Escúchanos en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts, o donde sea que escuchas tus podcasts.'El Bueno, la Mala y el Feo' es un podcast de Uforia Podcasts, la plataforma de audio de TelevisaUnivision.