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Activan Alerta Naranja por lluvias Tabasco modifica horarios escolares por olas de calorInicia caminata en memoria de migrantes fallecidos en la fronteraMás información en nuestro Podcast#grc

Imagina a un ser humano con inteligencia artificial añadida... sería una persona con super poderes. Eso es lo que están haciendo en China. Además escucha la burraza del día que criticaba a sus paisanos que se iban a Estados Unidos porque se quejaban y apenas llegó se dio cuenta de la dura realidad de millones de hispanos. Mantente al día con los últimos de 'El Bueno, la Mala y el Feo'. ¡Suscríbete para no perderte ningún episodio!Ayúdanos a crecer dejándonos un review ¡Tu opinión es muy importante para nosotros!¿Conoces a alguien que amaría este episodio? ¡Compárteselo por WhatsApp, por texto, por Facebook, y ayúdanos a correr la voz!Escúchanos en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts, o donde sea que escuchas tus podcasts.'El Bueno, la Mala y el Feo' es un podcast de Uforia Podcasts, la plataforma de audio de TelevisaUnivision.

Se han aplicado más de 6.6 millones de vacunas en el paísContinúan reparación de socavón en IztapalapaCaravana Global Sumud Land es atacada en LibiaMás información en nuestro Podcast#grc

El gobierno del presidente Kast se ha visto sacudido por la polémica medida que busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes irregulares. La iniciativa, aún en discusión parlamentaria, genera tensiones dentro del propio gobierno y críticas de expertos y organismos por su posible impacto en el acceso a derechos básicos y la cohesión social. Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades". La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti. "Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene. El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.

El gobierno del presidente Kast se ha visto sacudido por la polémica medida que busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes irregulares. La iniciativa, aún en discusión parlamentaria, genera tensiones dentro del propio gobierno y críticas de expertos y organismos por su posible impacto en el acceso a derechos básicos y la cohesión social. Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades". La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti. "Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene. El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.

Esta mañana en #Noticias7AM entrevistamos al Dr. José Israel Ibarra González, Profesor-Investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales. Egresado del doctorado en Estudios de Migración de El Colef. Investigador invitado de Continente Móvil, para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico.Tema: El éxodo haitiano en México #Uniradioinforma

El futuro de al menos 350.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal -TPS- en Estados Unidos se encuentra en un limbo legal. Mientras el gobierno de Donald Trump presiona por la cancelación definitiva de este beneficio migratorio, la decisión final está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Un fallo adverso del tribunal supremo abriría la puerta a deportaciones masivas hacia un país colapsado por múltiples crisis institucionales y asolado por una cruenta guerra de pandillas que ya ha dejado miles de desplazados internos.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo". Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego. Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes. "No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego. Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar. "Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó. Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas". El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo". Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego. Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes. "No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego. Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar. "Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó. Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas". El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

Hablamos con Mari Luz Canaquiri, lideresa del pueblo Kukama y una de las guardianas del Río Marañón en la Amazonía peruana. Mari Luz creció sabiendo que el río Marañón es sagrado, porque en él fluye la vida misma. Cuando los derrames de petróleo envenenaron sus aguas y a su pueblo, su voz fue desestimada por ser mujer. Se negó a callar, se unió a otras mujeres Kukama para fundar la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, y lideró con una fuerza que no excluye, que es resiliente e incorruptible. Juntas lograron una victoria histórica: el Marañón se convirtió en el primer río en el Perú reconocido como sujeto de derechos. En 2025, Mari Luz fue reconocida con el Premio Goldman —el “Nobel del Medio Ambiente”— por su lucha en defensa de su río y de su pueblo.Escucha el episodio en tus plataformas de podcast favoritas.Cruzar el río es un podcast del programa More Than Human Life (MOTH) @moth_rights , con sede en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcasts.Gracias a Mari Luz por compartir su historia y sus palabras con nosotros.Este episodio ha sido creado conjuntamente por Carlos Andrés Baquero-Díaz, de MOTH, Natalia Arenas y Goldy Levy. El diseño sonoro es de Andrés Villegas. Las imágenes de este podcast son de Nefazta. La música es de Cosmo Sheldrake.Conoce más sobre el proyecto MOTH aquí: https://mothrights.org/podcast-crossing-the-river

María José Lubertino @Lubertino (Doctora en Derecho, Docente de Derecho Constitucional Y Derechos Humanos UBA) En la Trinchera @trinchera_en

Ante la polémica de adelantar el cierre de ciclo escolar 2025-2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que era sólo era una propuesta y no una decisión definitiva. Por su parte, Mario Delgado reconoció que hacían falta más voces en la discusión y que el tema debía revisarse nuevamente con las entidades federativas.La Secretaría de Energía presentó un plan para promover casi 740,000 millones de pesos en inversión eléctrica rumbo a 2030.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el creciente reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México.Seis personas fueron encontradas muertas dentro de un vagón de tren en un patio ferroviario de Laredo, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.Un estadounidense dio positivo a hantavirus por la variante Andes, la única que se transmite entre humanos, luego de ser repatriado del crucero MV Hondius. El furor por la biopic “Michael” se extendió de inmediato a las plataformas de streaming, repuntando las reproducciones de las canciones del “rey del pop”. Dos palestinos lograron abrir la primera nueva biblioteca pública en Gaza, desde el inicio de la invasión israelí. Para enterarte de más noticias, suscríbete aquí a nuestro newsletter y síguenos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Te lo cuento. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

El documental “Torturas: el crimen mejor escondido” (EiTB) vuelve a poner bajo el foco mediático las denuncias de prácticas policiales de tortura en el País Vasco entre 1960 y 2014. “Me pasaron una barra que daba descargas eléctricas y al mismo tiempo me apretaban la capucha que llevaba puesta para que no viera nada y entonces no podías respirar”. Este es uno de los testimonios que aparecen en el documental “Torturas: el crimen mejor escondido”, el de Encarni Blanco, detenida y torturada en 1992. El documental, producido por la televisión pública vasca, recoge numerosos testimonios, tanto de víctimas de tortura, como de forenses, periodistas, políticos, familiares y otras entrevistas. Los informes de entidades como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, integrada por organizaciones contra la tortura y por los derechos humanos, contabiliza 7.500 casos de denuncias por torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el País Vasco hasta 2014. De parte del Estado se señala que si en el período 2008-2013 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil estuvieron implicados en casos de malos tratos y torturas, solo hay 47 condenas en firme, lo que los lleva a afirmar que el resto se trata de denuncias falsas. A pesar de ello, el documental señala que hasta en 9 ocasiones el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado en contra del Estado español por algunos de casos, sobre todo por no investigarlos, sin obtener respuesta. En el documental, Nekane Txapartegi relata como en 1999 fue detenida en la calle y de camino a Madrid con la cabeza cubierta por una bolsa sufre una ejecución simulada. “Al llegar me dijeron, ¿conoces a Gurutze Yanzi (muerta en esa misma comisaría)? Puedes ser la siguiente.” Su testimonio también señala la violencia sexual como patrón que se repite en numerosos de los casos recopilados. Como nos contaba el historiador David Ballester hace unos meses en una entrevista, en “materia de torturas”, especialmente en el contexto vasco, la democracia se quedó con el “pack completo” de la dictadura y eso perpetuó las prácticas de violencia institucional. Hasta comienzos de los 80 no comienzan a descender los muertos en manifestaciones y el gatillo fácil no comenzó a bajar hasta 1983. El documental señala como los casos de tortura tienen sus picos en los estados de excepción del franquismo y se mantienen en niveles altos y estables a lo largo de toda la década de los 80. Esto sin contar, como describía algo que se consideraba aún muy habitual, que en un enfrentamiento entre un policía y un delincuente, aunque no fuese armado, se le abatiera y matara. Algo que deberíamos también contar como gatillo fácil, ya que según las resoluciones del Consejo de Europa sobre la utilización de armas de fuego, no es motivo suficiente que un ciudadano, sea o no delincuente, huya como para utilizarlas. Es posible encontrar que policías que han matado a ciudadanos en manifestaciones o por gatillo fácil, aparecen en el BOE condecorados pocos meses después. Por ejemplo, Jesús Martínez Torres, torturador de la ex-Brigada Político Social fue nombrado Jefe de la Brigada de Información en 1985 por el Ministro del Interior del PSOE José Barrionuevo, imputado por desviar fondos públicos al GAL. En la Brigada de Información también estuvieron Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, ambos reconocidos torturadores, director de la BPS y número dos del mismo en los 70 respectivamente, con petición de extradición para juicio. Con la disolución de la BPS en 1981, buena parte de los altos cargos integraron la Brigada de Información de la Policía Nacional, y del resto se desviaron especialmente hacia los cuerpos policiales locales y autonómicos. De esta manera se muestra que la impunidad no es sólo “hacer la vista gorda”, sino que forma parte de un modus operandi que excede los límites del franquismo y que está en el ADN del Régimen del 78, concentrándose especialmente hacia la izquierda abertzale, en tanto que se ubicaba por fuera del consenso “atado y bien atado” de la Transición. Si bien, el documental mostraba como las torturas se hicieron extensiva a militantes de CCOO, EKP, LKI, ORT y otras muchas organizaciones políticas y sociales. La persecución a la izquierda abertzale ha continuado pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado sospeche de ser terrorista. Estos ejemplos se suman a las legislaciones de excepción puestas en marcha, los sumarios en la Audiencia Nacional, las políticas penitenciarias vulneradoras de los más mínimos derechos humanos o la misma guerra sucia de los GAL y la impunidad con que fue saldada.

“Los mandan a lo que los mismos rusos llaman los asaltos de carne de cañón”. Así describe Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, el destino final de los extranjeros que Rusia recluta, mediante ofertas falsas de trabajo, para la guerra con Ucrania. Perú investiga como posible trata de personas el reclutamiento de 600 connacionales, pero la FIDH estima que también hay cubanos y colombianos. En un informe explica cómo se producen estas captaciones y cómo Latinoamérica se ha convertido en una de las principales regiones donde Moscú echa sus redes.  Latinoamérica se ha convertido en uno de los principales escenarios de captación engañosa de reclutas extranjeros por parte de Rusia para su guerra en Ucrania. La Federación Internacional de los Derechos Humanos estima que podría haber hasta 27.000 extranjeros combatiendo con el ejército ruso. Recientemente, Perú investiga la situación de 600 de sus connacionales, pero la FIDH considera que podría haber también unos 10.000 cubanos, siendo la isla el segundo mayor proveedor por detrás de Corea del Norte, y 200 de Colombia. Son poblaciones vulnerables, se les promete contratos con sueldos elevados y que van a tener papeles, van a poder ir después a otros países europeos. "Aquí estamos realmente ante unas redes de trata organizadas por el Estado ruso. Trata porque justamente se está engañando a las personas, o inclusive se les está forzando a firmar contratos", explicó a Radio Francia Internacional Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que recientemente publicó un informe sobre estos reclutas extranjeros engañados o forzados. Reyes cuenta cómo se produce la captación: "En América Latina es con personas que hayan tenido experiencia en seguridad. ¿Qué se les ofrece? Pues estamos hablando de poblaciones vulnerables, se les promete contratos con sueldos elevados, pero para hacer, por ejemplo, trabajos de seguridad privada para una empresa. Inclusive entrevistamos personas a las que se les habían propuesto ir a Polonia y terminaron en Rusia. También se les va a prometer que van a tener papeles, van a poder ir después a otros países europeos". Un camino sin vuelta atrás La captación con ofertas de trabajo engañosas es el primer paso. Una vez que la persona acepta, comienza todo un proceso que la lleva desde su tierra natal al frente en un corto periodo de tiempo y sin preparación. "Cuando van hacia Rusia, les hacen firmar unos contratos en ruso que no pueden leer, no tienen la traducción. No en todas las situaciones, pero en muchas de las que identificamos, efectivamente les quitan los pasaportes", prosigue la responsable de la FIDH. Estamos hablando de una a tres semanas de formación y luego los mandan a la guerra. Los mandan a lo que los mismos rusos llaman los asaltos de carne de cañón. "Una vez que llegan, van a un centro de formación, pero muy rápidamente. Estamos hablando de una a tres semanas de formación y luego los mandan a la guerra. Los mandan a lo que los mismos rusos llaman los asaltos de carne de cañón, o sea, a la primera línea donde están todos los muertos, con el resultado de que uno de cada cinco personas extranjeras está muriendo en el frente, con todas las problemáticas, luego, para la repatriación de los cuerpos, etcétera", concluye. La FIDH destaca también que, pese a que sí existen mercenarios, en estos casos no se les debería tratar ni juzgar como tal, aunque hayan combatido al haber sido engañados y forzados a ello, por lo que son en realidad víctimas de trata.

Justo 24 horas antes de la conmemoración este 3 de mayo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (dedicado a la defensa del periodismo libre de las diversas tácticas de la censura) cinco de los siete directivos del Grupo Nación, fueron despojados de su visado de ingreso a los Estados Unidos. Una decisión soberana -claro está- del gobierno estadounidense, que se inscribe, sin embargo, en el contexto de las muy estrechas relaciones entre los gobiernos de Rodrigo Chaves y Donald Trump que casualmente han derivado en el retiro de visados de cargos públicos y privados con posturas independientes y/o críticas, respecto de la administración tica. Lo que no parece ser entonces para nada casual es el hecho de que en el año 2021, Costa Rica ocupaba el sitial # 5 en el prestigioso índice global de Reporteros sin Fronteras y cinco años después, caímos al puesto #38. Un lugar aún bueno si se considera el retroceso mundial de libertades democráticas, pero muy malo si vemos el deterioro de nuestra tradicional condición de defensa, promoción y protección de Derechos Humanos en los que se incluyen los de libertad de prensa y expresión de pensamiento y opinión. Por eso conversamos con el periodista y ex embajador Eduardo Ulibarri Bilbao.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación.  "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.''   Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro.   Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación.  "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.''   Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro.   Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.

En este episodio de Cruzar el río hablamos con Bárbara Muelas, escritora, poeta, lingüista y maestra en educación intercultural bilingüe del pueblo indígena Misak (Colombia). Es la primera mujer indígena en integrar la Academia Colombiana de la Lengua. Traductora de su lengua materna, el namtrik, en 1991 tradujo el capítulo étnico de la Constitución Política de Colombia. Desde la Academia Colombiana de la Lengua impulsa la protección de la diversidad lingüística, la valoración de las culturas ancestrales y el diálogo intercultural. Escucha el episodio en tus plataformas de podcast favoritas.Cruzar el río es un podcast del programa More Than Human Life (MOTH) ⁠⁠@moth_rights⁠⁠ , con sede en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcasts.Gracias a Bárbara Muelas por compartir su historia y sus palabras con nosotros.Este episodio ha sido creado conjuntamente por Carlos Andrés Baquero-Díaz, de MOTH, Natalia Arenas y Goldy Levy. El diseño sonoro es de Andrés Villegas. Las imágenes de este podcast son de Nefazta. La música es de Cosmo Sheldrake. Conoce más sobre el proyecto MOTH aquí: ⁠https://mothrights.org/podcast-crossing-the-river⁠

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

En Sonar Informativo Pablo Aranzaes conversó con Yerko Ljubetic, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el marco de la cuenta pública del organismo.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, conversó con Cooperativa sobre la "continuidad" del Programa de Derechos Humanos, la crisis carcelaria, las indicaciones para el control ético obligatorio de los abogados, entre otros temas. Conducen: Verónica Franco y Rodrigo Vergara.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

Una parte importante del cuero de los coches de lujo se produce deforestando ilegalmente el segundo bosque virgen más extenso de América del Sur: el Gran Chaco paraguayo. Desde allí y hasta Roma han viajado dos líderes del pueblo indígena ayoreo para recordárselo a las autoridades italianas y hasta al Vaticano.  “Vinimos para defender a nuestra gente que está ya en la comunidad en territorio. Necesitamos ayuda de cualquier país que quiera ayudarnos para defender el derecho a tener tierra “, declararon los líderes a su llegada a Italia, donde permanecieron hasta este viernes 24 de abril. Porai vivía en el bosque con su familia donde tejían su ropa y moldeaban sus propias ollas de barro. Cazaban jabalíes, asaban tortugas, sembraban calabazas. Recorrían cientos de kilómetros a pie cada mes. A veces, buscando sal o una laguna de agua dulce, atravesaban la frontera entre Paraguay y Bolivia sin siquiera saberlo. Pero en 1986, misioneros católicos y evangélicos entraron en el bosque para sacarlo a él y a toda su familia a la fuerza. El secuestro fue tan violento que cuatro personas murieron en el forcejeo. Ese día, en total 40 hombres y mujeres indígenas ayoreo fueron obligados por los religiosos a caminar hasta un campo de concentración. Muchos murieron de enfermedades para las que no tenían anticuerpos y los que sobrevivieron quedaron en shock durante años. Después, el bosque comenzó a ser talado. Esta semana Porai Picanerai ha recorrido los pasillos del Congreso y el Gobierno italiano y las plazas de Roma y del Vaticano. Ha viajado en avión por primera vez para decirles en persona a los europeos que la deforestación está a punto de provocar el genocidio de su pueblo, el ayoreo, que mantiene miembros viviendo en aislamiento voluntario como vivía él y su familia antes del contacto forzado. Y que el motivo es absurdo.Porai Picanerai y  Darajidi Rosalino Picanerai, se reunieron con autoridades del Vaticano, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno italiano y también acudieron a una audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Además participaron en una concentración pública con pancartas en Milán junto a dos líderes del pueblo indígena Waorani. La visita a Italia llega en un momento crucial, ya que antes de finales de abril la Comisión Europea procederá a una revisión del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR - European Deforestation-free Regulation), y la industria de cuero italiana está presionando, también a través del Gobierno italiano, para que el cuero sea excluido de la lista de productos que deberán someterse a dicho reglamento, el cual impone un rastreo completo de las materias primas en riesgo de deforestación a lo largo de toda su cadena de suministro. "No pueden estar seguros de si su cuero está libre de deforestación" Empresas ganaderas tumban ilegalmente su bosque para criar vacas y extraer el cuero para su exportación. ¿A dónde? Precisamente a Italia. Donde la empresa Pasubio ha estado importando este cuero durante años para venderlo a empresas como Jaguar, Porsche o BMW, según informa la ONG inglesa Survival. “Esto quiere decir que actualmente los compradores de cuero y carne de vaca paraguaya no pueden estar seguros de si su cuero está libre de deforestación y sufrimiento de los ayoreos”, explicó a RFI Teresa Mayo, investigadora española de Survival. Tras las denuncias, en 2023, Pasubio dejó de importar cuero de Paraguay y declaró que el sistema de trazabilidad de las empresas paraguayas no garantizaba que el cuero fuera producido sin deforestar ilegalmente. “Lo que estamos pidiendo a Italia es que se aseguren de que el cuero que compran de Paraguay no esté vinculado a la deforestación del territorio ayoreo. Actualmente no existe en Paraguay un sistema fiable de trazabilidad por geolocalización de las vacas desde su origen hasta el matadero, ni después hasta los destinos de exportación”, añadió. Pero la tala ilegal en el territorio reservado por ley a los ayoreo continúa ante la inacción del gobierno.

La guerra en Oriente Medio amenaza con provocar una escasez de minerales estratégicos para la fabricación de paneles solares, baterías y semiconductores. En Líbano, cientos de miles de personas permanecen desplazadas e Israel prohíbe el retorno. Avanza la creación de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace un llamamiento a acabar con la impunidad y a no politizar la lucha contra las desapariciones.

El lunes 20 de abril, un estudiante de la universidad pública de Tegucigalpa perdió un ojo durante la represión policial de la protesta que se llevó a cabo enfrente del Congreso Nacional. Los estudiantes se oponían a la reducción prevista del presupuesto para su Alma Mater. Los órganos de veeduría se preguntan si este acontecimiento marcará la pauta del nuevo gobierno derechista hacía las protestas ciudadanas.  “Fuera la Racha”, gritaron el lunes pasado los estudiantes, en referencia al lema del presidente Nasry Asfura que propone restablecer la economía del país con una política de austeridad. Un sinsentido, según el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras.    “El artículo 161 de nuestra Constitución manda que se le asigne 6% del presupuesto general de la República a la universidad. Actualmente el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Finanzas apenas alcanza un 1.61%” Por defender sus derechos, los estudiantes fueron gravemente reprimidos. Uno de ellos perdió su ojo. Una señal alarmante para Oslin Cantillano, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y violencia política. "Que estemos empezando un nuevo gobierno, con apenas 90 días, y que ya tengamos una represión en contra de los estudiantes, eso habla de la intolerancia a los reclamos. Podemos observar el comportamiento de las fuerzas de seguridad que, en los gobiernos nacionalistas, tienen siempre actitudes de violencia y represión", indicó. Bajo los gobiernos del Partido Nacional, los estudiantes fueron un blanco de persecución estatal, según Cantillano. "Se trata del levantamiento de perfiles, de la implantación de pruebas para criminalizarlos después. Sirve para levantar expedientes y luego acusarlos de distintos delitos", alertó. Sin embargo, Daniel Cáceres, Director del Observatorio del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, se mantiene prudente: "Sería muy prematuro para la institución identificar patrones por parte del gobierno. Sin embargo, lo que decimos siempre es que las autoridades más denunciadas aquí, en el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), son los agentes policiales y militares". Cáceres denuncia también que se trata de un problema estructural ya que "nunca ha habido una política de seguridad ciudadana adecuada en el país. Se ha utilizado la mano dura en cualquier intervención. El uso de proyectiles de goma está prohibido por parte de las Naciones Unidas, y también hay una prohibición absoluta de apuntar hacia ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, la cara", recordó. Finalmente, el presupuesto general aprobado por el Congreso Nacional no recortó las finanzas de la Universidad Nacional, pero tampoco las aumentó como lo exigían los manifestantes.

Jalisco garantiza salud gratuita a estudiantes de nivel básicoIncendio cerca del Mercado de Sonora afectó 75 puestos Papa León visita prisión en Guinea Ecuatorial #grc

Naciones Unidas comienza la carrera para elegir quién sucederá al portugués Antonio Guterres. Cuatro candidatos, una chilena, un argentino, una costarricense y un senegalés, comienzan el proceso que definirá a su próximo secretario o su primera secretaria general en la historia del organismo.... ¿Podría el liderazgo femenino ser el volantazo que la ONU necesita en tiempos de crisis?  Es en Nueva York donde esta semana se llevarán a cabo las primeras audiciones públicas con los cuatro candidatos que aspiran al máximo cargo diplomático del planeta. Los cuatro candidatos son la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el senegalés Macky Sall, ex presidente y primer ministro del país. Estas audiencias públicas son una etapa preliminar del proceso para designar al líder de la organización. Se someterán durante tres horas cada uno a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil. Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia. En sus 80 años, nunca ha habido una mujer al frente del organismo. Si Bachelet o Grynspan se imponen, una latinoamericana sería la primera secretaria general en la historia de la ONU. Hace 10 años, cuando fue elegido Antonio Guterres, seis hombres y siete mujeres pelearon por el cargo, entre ellas, otra latinoamericana, Susana Malcorra, excanciller argentina, ex jefa del gabinete de Ban Ki Moon y cofundadora de GWL Voices. "En 2016 había siete candidatas mujeres y seis candidatos hombres. Cuando uno analiza las candidatas que éramos, uno puede encontrar representados allí todos los perfiles a los cuales se pueden aspirar. Desde desde ex primeras ministras, como fue el caso de Helen Clark, a este ministras y ex ministras. Entre el grupo había muchas, había muchas de nosotras que aparte también teníamos una experiencia amplia en el sistema. Había algunas de nosotras que tenía experiencia en el sector privado que le agregaba otra perspectiva", dice Malcorra a RFI. "Entonces, si uno quería filtrar por un cierto criterio las candidaturas, yo diría que siempre había una candidata como mínimo que cuadraba con ese criterio y ninguna de nosotras estuvo a la altura. Entonces a mí me cuesta mucho creer, viendo la fortaleza del grupo de mujeres que nos presentamos, que no hubiera una sola mujer que pudiera este cubrir los requisitos. Yo estoy convencida de que cuando se toman las decisiones a puerta cerrada, las cuestiones de los sesgos tienen su importancia. Y creo que eso fue lo que pasó", señala Malcorra.  Malcorra analiza que, con el multilateralismo en crisis, la ONU atraviesa un momento bajo y el liderazgo femenino podría ser el volantazo que se necesita para revivir el espíritu del organismo.  "Estamos conformes que haya dos latinoaméricanas que sean candidatas y por supuesto nos gustaría ver que haya aún más. Este es un momento que pide una renovación profunda de las Naciones Unidas, que reclama un restablecimiento de la confianza en las Naciones Unidas, una energía nueva en las Naciones Unidas y a mí se me ocurren pocas cosas tan impactantes como que de repente que sea una mujer quien lidere". "Sólo pensar cuánto interés va a provocar en la prensa, cuánto interés va a provocar en la gente común, cuánto va a significar para los jóvenes y, sobre todo, las jóvenes como símbolo de que es posible. Yo creo que las mujeres traemos una perspectiva distinta en la conducción de las organizaciones, en la resolución de los problemas, a la hora de tender  puentes y encontrar ángulos distintos Me parece que eso es fundamental, sobre todo en el momento en el que está el mundo y el sistema mismo. Por eso creo que es tan importante que una mujer sea considerada y que una mujer finalmente llegue a la posición de secretaria general". El Consejo de Seguridad se reunirá a finales de julio para discutir a puertas cerradas las candidaturas.

En 1983, Costa Rica declaró su Neutralidad Activa, Perpetua y no Armada en consonancia con una política exterior de defensa de Derechos Humanos y apego a los principios del Derecho Internacional. Vivíamos un contexto mundial complejo en el que peligraba la paz, con inversiones multimillonarias en armamentos, crecimiento de los ejércitos, tensión creciente con escaladas de temor y un espectro real de guerra y confrontación. Hoy vivimos una situación similar altamente preocupante y, de acuerdo con el especialista en democracia y política electoral, Daniel Zovatto, Costa Rica transita de su política de neutralidad al alineamiento con los Estados Unidos, lo que implica un cambio significativo de su política exterior que manifiesta un viraje más pragmático que responde a factores económicos y estratégicos. ¿Se justifica supeditar la neutralidad nacional en este contexto? Lo conversamos con el periodista, historiador, exministro y exembajador don Armando Vargas Araya.

Gobernación reafirma prioridad en atención a desaparicionesFiscalía CDMX reconoce fallas en caso de feminicidio en Av. RevoluciónCuba y Estados Unidos sostienen reunión de alto nivelMás información en nuestro Podcast#grc

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Luis Cardona, periodista, explicó por que el edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe funcionaba como refugio para integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Cuando la principal potencia mundial está dirigida por un autócrata que amenaza con destruir la civilización persa, invadir a los cubanos, robar el petróleo de Venezuela, anexionarse Groenlandia y desestabilizar Europa mientras acaba con el multilateralismo y apoya el supremacismo genocida de Israel, es cada vez más necesario que el derecho y las instituciones internacionales sean fuertes para proteger los Derechos Humanos y la democracia. ¿En qué situación se encuentran los organismos internacionales que nacieron para velar por la paz y la seguridad colectivas? Nos lo preguntamos con los periodistas Olga Rodríguez, Javier Brandoli e Idafe Martín, junto al exdiplomático Augusto Zamora. Un programa con NIÑA POLACA en Crudo y en Directo con el título del disco que da título a este programa. Más información aquí: https://www.eldiario.es/132_c8a98b Haz posible Carne Cruda: http://bit.ly/ProduceCC

Continúan labores para rescatar al último minero en Sinaloa Cuatro de cada cinco trabajadores tras incendio en Los Ángeles es latino ¿Sabes cuándo se creó el Instituto Mexicano del Transporte? Te decimos #grc

En este episodio de Cruzar el río hablamos con Jacqueline Flores, lideresa indígena y médica tradicional del pueblo indígena Asháninka, en la Amazonía peruana, donde cultiva y protege un jardín etnobotánico donde conserva especies amenazadas, atiende pacientes y transmite el saber ancestral sobre las plantas medicinales del bosque. Para Jacqueline Flores ser doctora de plantas es practicar una ciencia ancestral basada en la experiencia directa: hay que tomarlas, ingerirlas, dejar que entren y actúen dentro del cuerpo. Es un conocimiento que se revela a través de la dieta y los sueños, donde las plantas mismas se convierten en guías. Como médica tradicional del pueblo Asháninka—uno de los pueblos amazónicos con mayor sabiduría sobre el uso curativo de las plantas—Jacqueline defiende una forma de sanar que exige tiempo, conexión y entrega. Cuestiona que en las ciudades se haya roto ese vínculo profundo con la naturaleza, y que las personas prefieran remedios químicos y rápidos que solo alivian, pero no curan. Sanar, dice, es un proceso lento que requiere volver a escuchar al mundo más que humano. Escucha el episodio en tus plataformas de podcast favoritas.Cruzar el río es un podcast del programa More Than Human Life (MOTH) ⁠@moth_rights⁠ , con sede en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcasts.Gracias a Jacqueline Flores por compartir su historia y sus palabras con nosotros.Este episodio ha sido creado conjuntamente por Carlos Andrés Baquero-Díaz, de MOTH, Natalia Arenas y Goldy Levy. El diseño sonoro es de Andrés Villegas. Las imágenes de este podcast son de Nefazta. La música es de Cosmo Sheldrake. Conoce más sobre el proyecto MOTH aquí: https://mothrights.org/podcast-crossing-the-river

Venezuela está bajo tutela de Estados Unidos, pero el chavismo sigue presente y activo. Este viernes fue la juramentación de un fiscal general abiertamente afín al chavismo, y en la misma jornada fue aprobada una ley minera que abre el sector a capitales privados, un giro contrario al chavismo. Cuando se cumplen este lunes 100 días de la captura de Nicolás Maduro, hablamos de la situación en el país con Renata Segura, responsable de América Latina en el International Crisis Group. RFI: ¿Cómo describir el régimen que encabeza hoy la presidenta Delcy Rodríguez? Renata Segura: Los escenarios peores hacia futuro han sido evitados, pero lo que no hemos visto todavía es una materialización de los beneficios de la intervención para los venezolanos. Uno de los grandes riesgos que había era que se intentara hacer un cambio de régimen total por vía de la fuerza y que eso generara mucha violencia, incluso una guerra civil en Venezuela. Porque no hubo un cambio de régimen, digamos, ese riesgo se perdió. Y sí hemos visto de alguna manera una especie de apertura para la sociedad civil y para la oposición en Venezuela. Yo creo que no podemos decir que ha habido un cambio significativo. No creo que estamos viendo una transición hacia la democracia, pero creo que lo que muchos venezolanos están sintiendo es algo de optimismo sobre la posibilidad de que eso se dé. RFI: ¿Tienen algo que ver en este optimismo las liberaciones de presos políticos? Si bien permanecen en las cárceles venezolanas unos 500, casi 650 han sido liberados. Renata Segura: Sin duda alguna, la liberación de los presos políticos y el cierre de ciertas prisiones donde tradicionalmente había habido muchas torturas y violaciones de derechos humanos, como el Helicoide, es quizás, digamos, la muestra más importante de cambio en términos de represión, y no quiero quitarle para nada la importancia a eso. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el sistema represivo en sí mismo: sigue activo, digamos. No están reprimiendo a la gente de la manera como la estábamos viendo antes, pero sigue allí y pudiera activarse si fuera necesario. Entonces, en ese sentido, podemos ver algo positivo en que hay una modificación, digamos, de la posición política del gobierno, pero institucionalmente existe el régimen todavía de represión y podría usarse, si lo deseara el Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba. Algunas de ellas incluyen, retenciones de salarios, amenazas de cárcel para quienes las abandonen, inclusive para los familiares, y confiscación de pasaportes. El informe revela testimonios “desgarradores, dice Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, quien detalla a RFI algunas de las violaciones que cita el informe con base en 71 testimonios. “Básicamente lo que tenemos acá son remuneración insuficiente, retención de salarios, jornadas excesivas. Incluso hay tareas ajenas a la labor propiamente de médicos que tienen que ver con actividades políticas obligatorias fuera del horario de trabajo, así como una imposibilidad de moverse y de abandonar libremente la misión, porque eso básicamente los hace ser considerados traidores de la patria o desertores según el régimen comunista en la isla”, indicó Ralón. El informe denuncia además, trabajo forzoso ligado a las misiones médicas internacionales y la incapacidad de los médicos para vivir dignamente de su trabajo.  Ralón cuenta que hay una situación en la cual el médico se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, con condiciones, incluso de hacinamiento para evitar que alguien deserte. A eso se le agrega que  “la retribución no se les entrega, sino que el Estado la recibe y posteriormente la va entregando después con una serie de retenciones. Es por eso que esa situación donde no hay una retribución, ni condiciones  mínimas de un trabajo normal, hace que se documenten como elementos que configurarían un trabajo forzoso”, agregó. El informe cuenta que las retenciones pueden alcanzar entre el 65 y el 90% del salario del médico y la mayor parte de su salario se le entrega al Estado cubano. “El estado receptor de las misiones médicas cubanas firma un convenio con el Estado de Cuba. Ese convenio indica que básicamente es a la entidad firmante de Cuba a quien se le hace el pago por los servicios médicos. Es decir, que el Estado receptor no le paga directamente a los médicos. Es un monto significativo por el número de misiones médicas que Cuba tiene alrededor del mundo, ya que el informe habla de por lo menos 56 países que reciben estas misiones médicas cubanas”, señaló Ralón. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace la lista de esos 56 países y les hace un llamado a poner en marcha mecanismos para inspeccionar y verificar que se respetan los DD.HH.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó en su último informe que hay “indicios fundados de en México se han y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo como crímenes de lesa humanidad”. Por ello decidió escalar con carácter “urgente”, la situación de México ante la Asamblea General del organismo integrado por 193 países. En este episodio, Mariel Ibarra, editora de política de Expansión, platica con Santiago Corcuera, expresidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la decisión sus antecedentes y las implicaciones que podría tener para el país. Las opiniones de este podcast son responsabilidad de quien las emite. Lo contenido en este podcast es emitido por su autora en su carácter exclusivo cómo profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña. Leemos sus comentarios en ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@ExpansionMx⁠⁠⁠⁠⁠⁠

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Santiago Corcuera, expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y María Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), sobre la desaparición forzada en México y la resolución del organismo internacional de elevar el caso ante la Asamblea General.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias. "No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar. Esperanzas frustradas "Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector. Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración. "Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega. "Que lo piensen bien" Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo. Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice. De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

Por el Mes de la Mujer, estamos lanzando un episodio especial de Latin America Today con una conversación con Collette Spinetti — activista trans uruguaya, profesora de literatura y la primera mujer trans en ocupar un puesto de secretaria de Estado en Uruguay. En este episodio, Collette conversa con Carolina Jiménez Sandoval, Presidenta de WOLA, sobre lo que significa romper barreras históricas como mujer trans en un cargo público, el avance global de los movimientos antiderechos y su trabajo en Uruguay para avanzar en la igualdad en un mundo cada vez más desigual. Sobre Colette Spinetti Collette Spinetti es activista trans uruguaya, profesora de literatura y una figura pionera en la vida pública de América Latina. Fue la primera profesora trans del Uruguay y actualmente es la primera mujer trans en ocupar un cargo de Secretaría de Estado, como Secretaria de Derechos Humanos bajo la presidencia de Yamandú Orsi. Defensora de larga trayectoria de los derechos LGBTQ+, de las mujeres y de las personas privadas de libertad, en su carrera ha liderado organizaciones trans en Uruguay, incluidas la Unión Trans del Uruguay y el Colectivo Trans del Uruguay, y fue electa presidenta del Comité Directivo Trans de ILGA Mundo. También es secretaria general de Corpora en Libertad, una red internacional de organizaciones que trabajan con personas LGBTI+ privadas de su libertad. En este episodio: El avance de los movimientos antiderechos en América Latina y el mundo — y por qué Colette considera que el miedo del patriarcado a perder su poder está en la raíz de este fenómeno La importancia de unir los movimientos sociales — feminista, trans, afrodescendiente y sindical — en torno a objetivos comunes sin perder su especificidad El trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la lucha dentro de Uruguay por continuar invirtiendo en programas y políticas que promuevan la igualdad, desde la educación hasta los derechos laborales.  Lo que significa gobernar desde un enfoque de derechos humanos — y la discriminación que Colette sigue enfrentando, incluso desde un alto cargo  

El Gobierno español decidió cerrar su espacio aéreo a vuelos militares de Estados Unidos que estén involucrados en la guerra contra Irán. Este lunes, Donald Trump amenazó con destruir la isla de Jark, así como plantas eléctricas, pozos petroleros e incluso instalaciones de desalinización en Irán, si no se logra un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto.El parlamento israelí aprobó una ley que legaliza la pena de muerte como castigo para palestinos de Cisjordania ocupada condenados por el asesinato de israelíes. Claudia Sheinbaum informó que México llevará el caso de las muertes de mexicanos fallecidos en centros de detención de ICE a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La secretaria de Cultura explicó que el acuerdo con Banco Santander sobre la Colección Gelman contempla una cesión de hasta cinco años, durante los cuales el banco gestionará su conservación y exhibición global.En la Amazonía de Ecuador, un grupo de niños indígenas está convirtiendo el kayak en una herramienta para defender su territorio.Para enterarte de más noticias, suscríbete aquí a nuestro newsletter y síguenos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Te lo cuento. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Amnistía Internacional denuncia que la política migratoria de Estados Unidos, con detenciones masivas y arrestos arbitrarios, crea un grave riesgo para derechos humanos durante el Mundial. No solo están en peligro las comunidades inmigrantes, sino también aficionados, prensa, trabajadores y jugadores, según la ONG. AI pide a la FIFA y a las autoridades estadounidenses garantías reales para garantizar la seguridad.  Política de inmigración discriminatoria. Detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, del Servicio de Protección de Fronteras y otras agencias. Este es el escenario de crisis de derechos humanos en Estados Unidos, el país donde se jugarán tres cuartas partes de los partidos del Mundial de fútbol, según denuncia Amnistía Internacional en su informe "La humanidad debe triunfar". Los riesgos no son sólo para las comunidades inmigrantes, sino también para los aficionados, trabajadores, prensa e incluso jugadores. "Las ciudades que van a ser anfitrionas de la Copa Mundial ya se han visto afectadas por la represión de derechos, como por ejemplo, a la libertad de expresión o la protesta por parte del gobierno estadounidense", explica a RFI, Carlos de las Heras, el encargado de Deportes y Derechos Humanos en esta ONG. "El pasado año la administración del presidente Trump desplegó unos 4.000 agentes de seguridad en California, concretamente en Los Ángeles, que se movilizaron contra las protestas que se daban en esta ciudad contra las redadas de inmigración. Otras ciudades, como por ejemplo Dallas, Houston o Miami, han firmado acuerdos entre los cuerpos locales de seguridad y el ICE. Acuerdos que incrementan, por ejemplo, el uso de perfiles raciales y los posibles ataques contra inmigrantes" agrega Carlos de las Heras.  Los temores no son infundados. Las cifras son elocuentes, dice Amnistía Internacional y citan las 500.000 personas deportadas por la administración Trump en 2025, pertenecientes a comunidades hispanas y asiáticas. "La gran mayoría de las personas que fueron deportadas lo fueron viendo cómo se violaba el principio de no devolución y fueron deportadas a terceros países con los que no tienen ningún tipo de relación para enfrentarse allí a condiciones de detención arbitraria prolongada", subraya el experto de AI.  Carlos de las Heras recuerda que los agentes federales "han atacado a comunidades hispanas, negras, asiáticas y han detenido de manera violenta y arbitraria a cientos de personas, incluidos menores de edad". Por eso el temor de Amnistía Internacional de que durante el Mundial de Fútbol, los agentes de inmigración aprovechen para hacer redadas masivas.  "El ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza" "Puede pasar que muchas de estas comunidades inmigrantes en Estados Unidos quieran reunirse para ver los partidos del Mundial y que, por otra parte, millones de aficionados y aficionadas viajen al país desde todos los lugares del mundo. Ante esta situación, tanto el ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza, ya no solo para quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes puedan viajar allí para asistir a los partidos", explica a RFI.  El experto también alerta sobre los controles "invasivos" que se van a hacer para las personas que lleguen de fuera del país. "Se van a enfrentar a una vigilancia muy invasiva. Incluso, por ejemplo, pueden hacer públicos sus perfiles en redes sociales y que estos perfiles sean sometidos a un examen para hacer una selección", añade Carlos de las Heras.  AI pide garantías a Washington y a la FIFA Ante estas denuncias, Amnistía Internacional llama a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a que garanticen un Mundial donde la gente se sienta segura, incluida y libre de ejercer sus derechos.  "A día de hoy, ni la FIFA ni las autoridades de Estados Unidos están dando garantías reales de que tanto la afición como las comunidades locales vayan a estar a salvo de estas posibles violaciones de sus derechos. Mientras, por un lado la FIFA está ingresando cantidades ingentes de dinero y no puede hacer pagar el precio, en cuanto a respeto a los derechos humanos, a la afición y a las comunidades", lamenta de las Heras.  "Ahora que solo quedan unas diez semanas para el inicio de la Copa Mundial, pedimos que la FIFA exprese un compromiso respecto a un torneo que calificó de seguro, incluido y libre. La mejor manera de hacerlo es poner en marcha acciones urgentes para que se garantice", concluye Carlos de las Heras, encargado de Deportes y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

 Deisy Dorelly Guanaro Chavita   - Víctima de las FARCTema: FARC en la Comisión de Derechos Humanos

El caso de Noelia Castillo Ramos ha sacudido la opinión pública estos días. Con solo 25 años, esta joven de Barcelona se ha convertido en la persona más joven en acogerse a la ley de eutanasia en España, un hecho que ha reabierto un debate sobre los límites de la vida y la autonomía personal. Su historia es desgarradora: tras una infancia difícil bajo tutela de la administración y varias agresiones sexuales (entre ellas una violación en grupo hace cuatro años), Noelia quedó parapléjica tras intentar quitarse la vida. El dolor neuropático crónico y la dependencia total la llevaron a solicitar formalmente la eutanasia, alegando un sufrimiento físico y psíquico que ella describía como insoportable. Aunque la Comisión de Garantía aprobó su solicitud por unanimidad, su padre, apoyado por la asociación Abogados Cristianos, emprendió una larga batalla legal que recorrió todas las instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales siempre fallaron a favor de Noelia, ratificando que, a pesar de sus antecedentes psiquiátricos y su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, tenía plena capacidad para decidir y su situación médica cumplía con los requisitos que estipula la ley. El debate se divide en dos posturas muy claras. Por un lado, quienes se opusieron sostienen que el sistema falló al no ofrecerle alternativas de rehabilitación o tratamientos psiquiátricos adecuados. Están convencidos de que su deseo de morir era un síntoma de su enfermedad y no una elección libre. Por otro lado, los partidarios y la propia Noelia defendieron que era su decisión. Tras años de terapia sin resultados y una lesión física irreversible, forzarla a vivir en contra de su voluntad consideran que era una vulneración de sus derechos fundamentales. Más allá de la politización del caso, lo que queda es la historia de una mujer que solo buscaba paz tras un calvario existencial. De no haber existido la ley, probablemente Noelia habría acabado en la estadística invisible del suicidio. Al final, su decisión se es un último acto de soberanía sobre su propia existencia. Es una historia triste, pero que nos obliga a reflexionar sobre si tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra propia vida. · Canal de Telegram: https://t.me/lacontracronica · “Contra el pesimismo”… https://amzn.to/4m1RX2R · “Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana”… https://amzn.to/428js1G · “La ContraHistoria del comunismo”… https://amzn.to/39QP2KE · “La ContraHistoria de España. Auge, caída y vuelta a empezar de un país en 28 episodios”… https://amzn.to/3kXcZ6i · “Contra la Revolución Francesa”… https://amzn.to/4aF0LpZ · “Lutero, Calvino y Trento, la Reforma que no fue”… https://amzn.to/3shKOlK Apoya La Contra en: · Patreon... https://www.patreon.com/diazvillanueva · iVoox... https://www.ivoox.com/podcast-contracronica_sq_f1267769_1.html · Paypal... https://www.paypal.me/diazvillanueva Sígueme en: · Web... https://diazvillanueva.com · Twitter... https://twitter.com/diazvillanueva · Facebook... https://www.facebook.com/fernandodiazvillanueva1/ · Instagram... https://www.instagram.com/diazvillanueva · Linkedin… https://www.linkedin.com/in/fernando-d%C3%ADaz-villanueva-7303865/ · Flickr... https://www.flickr.com/photos/147276463@N05/?/ · Pinterest... https://www.pinterest.com/fernandodiazvillanueva Encuentra mis libros en: · Amazon... https://www.amazon.es/Fernando-Diaz-Villanueva/e/B00J2ASBXM #FernandoDiazVillanueva #eutanasia #noelia Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals

Guterres pide poner fin a los ataques en Oriente Medio. El Consejo de Derechos Humanos condena los ataques de Irán. Comité alerta por desapariciones forzadas en Ecuador durante operativos de seguridad. La Asamblea General declara la trata de africanos esclavizados “el crimen de lesa humanidad más grave”.

En este episodio de Esquina Valderas, Oscar Valderas conversa con Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pieza clave en la histórica demanda de México contra las grandes armadoras estadounidenses. Juntos, analizamos el catálogo secreto de armas que EE. UU. comercializa y que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Desde empresas como Smith & Wesson, Beretta y Barrett, que han sido señaladas por prácticas comerciales negligentes, hasta la publicidad dirigida al narco y el diseño de armas con iconografía cultural mexicana. Celorio revela detalles inéditos sobre cómo la falta de trazabilidad y la venta sin restricciones de armas de guerra, como la Barrett .50 y los fusiles AK-47, alimentan el círculo vicioso de violencia en México. Además, exploramos la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marca un punto de inflexión en la lucha legal de México contra las armadoras. Un análisis profundo sobre la soberanía nacional, el derecho internacional y la estrategia diplomática para detener el flujo de armas que sigue desangrando al país. ¡Un episodio imprescindible! Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

En este episodio de Esquina Valderas, Oscar Valderas conversa con Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pieza clave en la histórica demanda de México contra las grandes armadoras estadounidenses. Juntos, analizamos el catálogo secreto de armas que EE. UU. comercializa y que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Desde empresas como Smith & Wesson, Beretta y Barrett, que han sido señaladas por prácticas comerciales negligentes, hasta la publicidad dirigida al narco y el diseño de armas con iconografía cultural mexicana. Celorio revela detalles inéditos sobre cómo la falta de trazabilidad y la venta sin restricciones de armas de guerra, como la Barrett .50 y los fusiles AK-47, alimentan el círculo vicioso de violencia en México. Además, exploramos la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marca un punto de inflexión en la lucha legal de México contra las armadoras. Un análisis profundo sobre la soberanía nacional, el derecho internacional y la estrategia diplomática para detener el flujo de armas que sigue desangrando al país. ¡Un episodio imprescindible! Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.