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Continúan los megaoperativos en Brasil para combatir el crimen organizado. Este jueves fue en Sao Paulo contra el lavado de dinero del “Primeiro Comando da Capital”, la mafia más grande del país. Las cifras del operativo, que terminó con cuatro personas detenidas y otra murió, no se comparan con las del pasado martes en Río de Janeiro que dejó cerca de 121 fallecidos. El objetivo es el mismo, combatir el crimen organizado, pero el método de las autoridades brasileñas cambia según el lugar: mientras más pobre es la zona la policía interviene con más violencia, alerta Paulo Cesar Carbonari, miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Para él, el operativo en Rio de Janeiro del martes y el del jueves en la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, son una clara muestra de esta desigualdad.   “En los dos casos son muy, muy ilustrativos y muy importantes, porque en San Paulo es una operación que se hizo en una región donde no están los pobres, donde están los más ricos del país. En Río la operación de estos días fue en dos de las mayores favelas de la ciudad, donde están millones de personas trabajadoras, pobres, mujeres, jóvenes, sobre todo negras y negros. La situación es muy clara, o sea, no se combate el crimen organizado atacando las poblaciones, las favelas, porque ahí no están los que manejan el dinero del crimen organizado. Por eso cuando ocurre lo que ocurrió en Río de Janeiro, no están combatiendo el crimen organizado, están combatiendo a la población”, se interroga Carbonari. El balance oficial del operativo en Río de Janeiro es de 121 muertos y 113 detenidos, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil. Las familias acudieron a reconocer los cuerpos acomodados a lo largo de una calle. Carbonari alerta que operaciones como la de Río de Janeiro no debería existir. “Hay una decisión del Tribunal Superior Constitucional de Brasil para que se hagan operaciones en las favelas. El Gobierno de Río no respetó ni las reglas elementales, ni la decisión judicial del Tribunal Superior sobre lo que debía hacer, por lo tanto, exigir una investigación justa es necesario para que no se quede en impunidad, agregó”. El operativo de Campinas buscaba cumplir nueve órdenes de detención y once de allanamientos. Uno de los cuatro detenidos era un influencer llamado Eduardo Magrini, que presume un Rolex, regalo de un artista, y que la Fiscalía lo identifica como un miembro importante del Primeiro Comando da Capital. “No es que la policía de Sao Paulo sea mejor que la de Río de Janeiro”, indica Carboneri, quien asegura que las autoridades entran de forma más violenta en comunidades vulnerables, “pero no tan violenta, o sea con otras formas y otras estrategias en -lugares- donde no están los pobres”, aseveró. Cesar Carbonari resaltó que en Brasil falta una estrategia nacional contra el crimen organizado porque son los gobiernos locales los que ordenan los operativos como los dos de esta semana.

Continúan los megaoperativos en Brasil para combatir el crimen organizado. Este jueves fue en Sao Paulo contra el lavado de dinero del “Primeiro Comando da Capital”, la mafia más grande del país. Las cifras del operativo, que terminó con cuatro personas detenidas y otra murió, no se comparan con las del pasado martes en Río de Janeiro que dejó cerca de 121 fallecidos. El objetivo es el mismo, combatir el crimen organizado, pero el método de las autoridades brasileñas cambia según el lugar: mientras más pobre es la zona la policía interviene con más violencia, alerta Paulo Cesar Carbonari, miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Para él, el operativo en Rio de Janeiro del martes y el del jueves en la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, son una clara muestra de esta desigualdad.   “En los dos casos son muy, muy ilustrativos y muy importantes, porque en San Paulo es una operación que se hizo en una región donde no están los pobres, donde están los más ricos del país. En Río la operación de estos días fue en dos de las mayores favelas de la ciudad, donde están millones de personas trabajadoras, pobres, mujeres, jóvenes, sobre todo negras y negros. La situación es muy clara, o sea, no se combate el crimen organizado atacando las poblaciones, las favelas, porque ahí no están los que manejan el dinero del crimen organizado. Por eso cuando ocurre lo que ocurrió en Río de Janeiro, no están combatiendo el crimen organizado, están combatiendo a la población”, se interroga Carbonari. El balance oficial del operativo en Río de Janeiro es de 121 muertos y 113 detenidos, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil. Las familias acudieron a reconocer los cuerpos acomodados a lo largo de una calle. Carbonari alerta que operaciones como la de Río de Janeiro no debería existir. “Hay una decisión del Tribunal Superior Constitucional de Brasil para que se hagan operaciones en las favelas. El Gobierno de Río no respetó ni las reglas elementales, ni la decisión judicial del Tribunal Superior sobre lo que debía hacer, por lo tanto, exigir una investigación justa es necesario para que no se quede en impunidad, agregó”. El operativo de Campinas buscaba cumplir nueve órdenes de detención y once de allanamientos. Uno de los cuatro detenidos era un influencer llamado Eduardo Magrini, que presume un Rolex, regalo de un artista, y que la Fiscalía lo identifica como un miembro importante del Primeiro Comando da Capital. “No es que la policía de Sao Paulo sea mejor que la de Río de Janeiro”, indica Carboneri, quien asegura que las autoridades entran de forma más violenta en comunidades vulnerables, “pero no tan violenta, o sea con otras formas y otras estrategias en -lugares- donde no están los pobres”, aseveró. Cesar Carbonari resaltó que en Brasil falta una estrategia nacional contra el crimen organizado porque son los gobiernos locales los que ordenan los operativos como los dos de esta semana.

Estuvimos hablando con Lucas 'Fauno' Gutiérrez, periodista, activista en Derechos Humanos y editor de audiencias en Agencia Presentes. Este año la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede de la trigésima cuarta Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en la que se convoca este sábado 1 de noviembre desde las 10hs a las ferias de emprendedores y otras actividades en Plaza de Mayo y a las 16hs comenzará la marcha hacia el Congreso.

Longtime organizer and former Pima County Legal Defender Isabel Garcia starts the conversation off with an assessment of U.S. public knowledge of important historic issues such as the genocide of Indigenous people, slavery, labor, and immigration.“What do people,” she asks, “know about immigration in this country?” This is the question that guides our conversation that spans decades, even centuries, but ultimately ends up assessing the current state of things under Donald Trump.“What we allow them to do on the border,” she warns, ”is what they will do to you.”Isabel is the co-chair of the organization Coalición de Derechos Humanos, and has been on the frontlines of border and immigrant rights since the 1970s. In this conversation, filled with story-telling and biting analysis, Isabel tells listeners how she debated John McCain in the 1990s and schooled Bernie Sanders at the border during his first presidential run.She also challenges us to “imagine what we can be,” and talks about the coalition they are forming called Defensa y Resistencia, which has a Stop the Kidnapping Campaign that directly confronts current ICE tactics. “We are openly going to protect our neighbors.” Isabel challenges listeners to do just that, by speaking up and plugging in.

Invitado: Emb. Enrique Ochoa Martínez, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.Conduce: Dr. Miguel Ángel Valverde, Director del Centro de Investigación Internacional del IMR.

Río de Janeiro fue testigo de uno de los operativos más letales en su registro: más de 2.500 policías desplegaron operativos en las favelas da Penha y de Alemão para capturar a los líderes del Comando Vermelho, la banda más antigua de Brasil. Horas de enfrentamientos dejaron más de 130 muertos, convirtiéndolo en el operativo más mortífero de la ciudad. ¿Por qué un operativo policial se convirtió en una masacre? ¿Cómo reacciona la sociedad ante el hecho? ¿Quién tiene el control en las favelas? Lo analizamos en El Debate.

En 2011, el pueblo sirio se alzó contra el régimen de Bashar al-Assad. Fue el inicio de una mortífera guerra civil. En todo el país, miles de hombres, mujeres y niños fueron arrestados arbitrariamente. A lo largo de los 13 años de conflicto, la violación y la violencia sexual se utilizaron sistemáticamente como armas de guerra, sin importar la edad ni el género. Este documental cuenta las historias de tres mujeres que, a pesar del dolor, accedieron a relatar sus vivencias a France 24.

Durante tres años, el gobierno de Gustavo Petro subordinó la atención a la migración venezolana a la relación con el régimen de Nicolás Maduro, desmantelando la infraestructura y perdiendo la coordinación institucional. Esto ha tenido graves consecuencias, con más de 812 mil venezolanos irregulares o en proceso de regularización en Colombia.Las medidas implementadas han sido insuficientes, dejando por fuera a la mayoría de la población y priorizando las conveniencias políticas sobre la protección humanitaria. Presentación del segundo reporte de la “Bitácora Migratoria”, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Colombia. Y en la entrevista, conversamos con César González, director ejecutivo de la ONG Fundación Cordilleras de América.

Toni Muñoz, nieta del guardia Civil, Manuel Guillén Expósito, no pudo contener las lagrimas cuando las pruebas de ADN realizadas por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, confirmaron que una de las personas localizadas en una fosa común de la prisión de Orduña era su abuelo. Falleció el 30 de marzo de 1941, dos años después ser condenado injustamente y encarcelado primero en Ciudad Real y después en Orduña por acusasiones falsas de sus propios compañeros. A su viuda le comunicaron que había muerto por una úlcera gástrica pero la realidad es que tanto él como el resto de presos sufrieron hambre y frio en aquel campo de concentración franquista. La madre de Toni quedó marcada por la pérdida de su padre, tenía 11 años cuando murió y tuvo que ayudar a su madre en el cuidado de sus otros cinco hermanos. Durante toda su vida quiso localizar sus restos mortales pero murió hace tres años sin cumplir su objetivo. Ahora su hija Toni podrá, a finales de noviembre, juntarlos en el cementerio de Badajoz.

El mundo atraviesa un momento crítico de desinformación. Aunque cada vez hay más acceso a la información, la posverdad y el negacionismo tienen un papel cada vez más importante en el debate público. ¿Qué tan grande va a ser la influencia de la posverdad y la desinformación en la actual campaña política?Para este capítulo hablamos con Juan Esteban Lewin, redactor en jefe de EL PAÍS América Colombia; con el escritor Juan Esteban Constaín; con Juanita León, directora de La Silla Vacía; con Catalina Botero, abogada y ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y con el filósofo Tomás Molina.

En el Monumento a la Revolución continúa la Semana de Educación Financiera 2025 Denuncian más de mil casos de tortura en prisiones cubanasMás información en nuestro podcast

Aunque en nuestro país se practican únicamente 6 o 7 abortos terapéuticos al año; lo cual significa que es un procedimiento excepcional para casos muy calificados, la obsesión de grupos ultraconservadores y los intereses político electorales de turno, enarbolan la falsa bandera de la defensa de la vida, para dejar en estado de indefensión a mujeres que viven la dolorosa y traumática experiencia de tener un embarazo inviable. Es precisamente por el objetivo de permanencia en el poder de sus correligionarios, que el propio presidente de la República dio a conocer que hizo un pacto con la Alianza Evangélica de Costa Rica y por ende sustituía la reglamentación de la norma técnica vigente por una nueva que, a criterio de los expertos, genera incertidumbre en el cuerpo médico dada su errática redacción con terminología y conceptos inventados. El tema, como todo asunto sensible que divide opiniones y que constituye plato atractivo para desviar la atención de otros desafíos y prácticas irregulares, pone en dificultad a las organizaciones que protegen los Derechos Humanos y específicamente la salud de las mujeres: si lo abordan entran en el juego perverso de atizar la hoguera de la polarización electoral y si no, parecieran callar ante el retroceso de logros que ha costado mucho obtener en salud pública. Al respecto conversamos con el médico especialista en bioética Alejandro Marín Mora.

El presidente valenciano Carlos Mazón sigue sin gastar los 12 millones de euros que pidió a la ciudadanía tras la DANA, una tragedia que devastó comunidades enteras. Un año después, el dinero continúa guardado mientras el PP y Vox eliminan comisiones de Igualdad y Derechos Humanos y promueven políticas regresivas. Exponemos cómo la derecha utiliza la solidaridad popular para hacer propaganda, mientras bloquea la ayuda real y borra la transparencia institucional. Una investigación sobre el cinismo político y mediático en la Comunidad Valenciana. Mas vídeos de Pandemia Digital: https://www.youtube.com/c/PandemiaDigital1 Si quieres comprar buen aceite de primera prensada, sin intermediarios y ayudar de esa forma a los agricultores con salarios justos tenemos un código de promoción para ti: https://12coop.com/cupon/pandemiadigital/ Este video puede contener temas sensibles, así como discursos de odi*, ac*so, o discr*minación. El objetivo de abordar estos temas es exclusivamente informativo y busca concienciar a la audiencia sobre estos acontecimientos, y denunciar y señalar el origen de los mismos para crear consciencia y evitar su propagación. Si consideras que el contenido puede afectarte, te recomendamos proceder con precaución o evitar su visualización. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Únete a nuestra comunidad de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFOwGZY-NTnctghtlHkj8BA/join Se mecenas de Patreon https://www.patreon.com/PandemiaDigital ----------------------------------------------------------------------------------------------- Súmate a la comunidad en Twitch - En vivo de Lunes a Jueves: https://www.twitch.tv/pandemiadigital Sigue nuestro Canal de Telegram: https://t.me/PandemiaDigital Suscríbete en nuestra web: https://PandemiaDigital.net Sigue nuestras redes: Twitter: https://twitter.com/PandemiaDigitaI Facebook: https://www.facebook.com/PandemiaDigitalObservatorio Instagram: https://www.instagram.com/pandemia_digital_twitch TikTok: https://www.tiktok.com/@pandemiadigital #PandemiaDigital

El Senado se vistió de alfombra roja para recibir a Omar García Harfuch, el secretario favorito de Claudia Sheinbaum, quien acudió a rendir cuentas entre aplausos y selfies. El periodista Óscar Balderas analiza el fenómeno Harfuch y los recientes golpes al crimen: la recaptura del capo chino Zhi Dong Zhang, clave en el tráfico de fentanilo, y el asesinato de “El Morral”, operador de los Chapitos. Además, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, revela los motivos detrás del desacuerdo del gobierno mexicano con la ONU por las denuncias de desapariciones y violaciones a derechos humanos. En la mesa, Rosario Robles y Arturo Maximiliano García debaten sobre el relanzamiento del PAN, los escándalos de Gerardo Fernández Noroña y el derrame de Pemex que ya genera repercusiones políticas y ambientales. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

El Senado se vistió de alfombra roja para recibir a Omar García Harfuch, el secretario favorito de Claudia Sheinbaum, quien acudió a rendir cuentas entre aplausos y selfies. El periodista Óscar Balderas analiza el fenómeno Harfuch y los recientes golpes al crimen: la recaptura del capo chino Zhi Dong Zhang, clave en el tráfico de fentanilo, y el asesinato de “El Morral”, operador de los Chapitos. Además, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, revela los motivos detrás del desacuerdo del gobierno mexicano con la ONU por las denuncias de desapariciones y violaciones a derechos humanos. En la mesa, Rosario Robles y Arturo Maximiliano García debaten sobre el relanzamiento del PAN, los escándalos de Gerardo Fernández Noroña y el derrame de Pemex que ya genera repercusiones políticas y ambientales. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

El resumen de la actualidad navarra del jueves 23 de octubre de 2025

Bolivia reclama ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la retirada de la hoja de coca de la lista de estupefacientes altamente adictivos. Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú, detalló a RFI las razones para sacar la hoja de coca de esa lista y concentrarse más bien en luchar contra la producción y exportación de la cocaína.   El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS está analizando los resultados de dos años de investigaciones sobre la hoja de coca realizadas por un grupo de científicos. Las conclusiones podrían poner fin a lo que el Estado boliviano considera un daño a los derechos, la cultura y la medicina tradicional de su población. La hoja de coca no produce dependencia”, dijo Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Alurralde fue enviado a Ginebra para defender la postura del país frente a la OMS. Desde hace más de seis décadas, la hoja de coca figura en la lista de estupefacientes altamente adictivos de la ONU, al nivel de la cocaína, una clasificación que Bolivia califica de “error histórico”, a raíz de un profundo desconocimiento de los usos ancestrales de esta planta. “Para los pueblos indígenas quechuas, aymaras y algunos amazónicos, la hoja de coca forma parte fundamental de su existencia colectiva”, dice a RFI Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú. Soberón forma parte de un grupo de investigadores que recientemente publicó un artículo en la prestigiosa revista Science, donde se destaca el valor terapéutico y cultural de la hoja de coca. También se denuncia una estigmatización que ignora la ciencia y la identidad indígena. “La evidencia y los datos indican que, desde todo punto de vista, los ocho millones de ciudadanos indígenas andinos y amazónicos que usan de forma ancestral, desde hace ocho mil años, la hoja de coca no presentan ninguna condición de toxicomanía, adicción, generación de hábito, ni mucho menos”, sostiene Soberón. El investigador estima en 350.000 hectáreas las plantaciones de hoja de coca en la región andina y amazónica, de las cuales bastarían escasamente 50.000 para abastecer el consumo legal. Esto quiere decir que, actualmente, la gran mayoría de las plantaciones se cultiva con fines ilícitos. “Una lucha eficaz para evitar el desvío de sustancias ilícitas y una lucha contra el narcotráfico requieren políticas mucho más claras, inteligentes y focalizadas. Eso es lo que se busca al intentar retirar a la hoja de coca de la lista. Dejemos la cocaína en la lista y hagamos que los esfuerzos se dirijan a evitar la producción de cocaína y su exportación ilegal a los países donde se consume. Lo que hoy en día ocurre es consecuencia de políticas interdictivas muy mal diseñadas”, concluye Soberón. La Comisión de Estupefacientes de la ONU se reunirá en marzo de 2026 para votar sobre la modificación de la lista. De resultar favorable, esto podría abrir nuevas vías de desarrollo comercial y científico, además de suponer un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

Cosa Publica 2.0 - Mi. 22 Oct 2025 #Hoy para #CosaPública2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada, 22 Octubre 2025 1. Desaparecidos 2. Santiago Corcuera, abogado experto en Derechos Humanos. Ex presidente y ex integrante del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas ONU 3. EEUU 4. Gaza Conducción y producción por: Rubén Martín: / rmartinmar Jesús Estrada: / jestradax Asistencia de producción y realización: Alejandro Coronado: / soyelcoronado

Bolivia reclama ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la retirada de la hoja de coca de la lista de estupefacientes altamente adictivos. Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú, detalló a RFI las razones para sacar la hoja de coca de esa lista y concentrarse más bien en luchar contra la producción y exportación de la cocaína.   El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS está analizando los resultados de dos años de investigaciones sobre la hoja de coca realizadas por un grupo de científicos. Las conclusiones podrían poner fin a lo que el Estado boliviano considera un daño a los derechos, la cultura y la medicina tradicional de su población. La hoja de coca no produce dependencia”, dijo Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Alurralde fue enviado a Ginebra para defender la postura del país frente a la OMS. Desde hace más de seis décadas, la hoja de coca figura en la lista de estupefacientes altamente adictivos de la ONU, al nivel de la cocaína, una clasificación que Bolivia califica de “error histórico”, a raíz de un profundo desconocimiento de los usos ancestrales de esta planta. “Para los pueblos indígenas quechuas, aymaras y algunos amazónicos, la hoja de coca forma parte fundamental de su existencia colectiva”, dice a RFI Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú. Soberón forma parte de un grupo de investigadores que recientemente publicó un artículo en la prestigiosa revista Science, donde se destaca el valor terapéutico y cultural de la hoja de coca. También se denuncia una estigmatización que ignora la ciencia y la identidad indígena. “La evidencia y los datos indican que, desde todo punto de vista, los ocho millones de ciudadanos indígenas andinos y amazónicos que usan de forma ancestral, desde hace ocho mil años, la hoja de coca no presentan ninguna condición de toxicomanía, adicción, generación de hábito, ni mucho menos”, sostiene Soberón. El investigador estima en 350.000 hectáreas las plantaciones de hoja de coca en la región andina y amazónica, de las cuales bastarían escasamente 50.000 para abastecer el consumo legal. Esto quiere decir que, actualmente, la gran mayoría de las plantaciones se cultiva con fines ilícitos. “Una lucha eficaz para evitar el desvío de sustancias ilícitas y una lucha contra el narcotráfico requieren políticas mucho más claras, inteligentes y focalizadas. Eso es lo que se busca al intentar retirar a la hoja de coca de la lista. Dejemos la cocaína en la lista y hagamos que los esfuerzos se dirijan a evitar la producción de cocaína y su exportación ilegal a los países donde se consume. Lo que hoy en día ocurre es consecuencia de políticas interdictivas muy mal diseñadas”, concluye Soberón. La Comisión de Estupefacientes de la ONU se reunirá en marzo de 2026 para votar sobre la modificación de la lista. De resultar favorable, esto podría abrir nuevas vías de desarrollo comercial y científico, además de suponer un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

Esta mañana en #Noticias7AM entrevistamos a Dr. José Israel Ibarra González, Profesor-Investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales. Egresado del doctorado en Estudios de Migración de El Colef. Investigador invitado de Continente Móvil, para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Tema: La política migratoria mexicana en la era Trump#Uniradioinforma

La entrada de alimentos a Gaza sigue siendo insuficiente, denuncia el PMA. Los ataques durante la recogida de aceitunas en Cisjordania forman parte de una apropiación acelerada de las tierras palestinas.La migración irregular hacia el sur cae 20% en Panamá y confirma tendencia regional a la baja. La deforestación mundial se desacelera en la última década, según la FAO.

Tras el anuncio del martes sobre un nuevo ataque estadounidense frente a las costas de Venezuela, que dejó seis personas muertas, crecen las preocupaciones legales y los interrogantes sobre el marco jurídico de estas operaciones. El ataque, realizado en aguas internacionales en el Caribe, fue dirigido contra una embarcación que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba vinculada a redes de narcotráfico. Cinco embarcaciones atacadas y 27 muertos desde septiembre. Estados Unidos afirma luchar contra el crimen organizado y las presuntas narcolanchas. Una amenaza para el país. Esta situación en aguas internacionales frente a las costas venezolanas preocupa.  Para muchos observadores lo que está en juego es el derecho internacional de los derechos humanos. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la ONG de Derechos Humanos, explica que en nada justifica legalmente estos ataques ya que “no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y grupos de narcotráfico, con lo cual, lo que hay, el deber que existe, es un deber como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de enfrentar presuntos criminales presuntamente vinculados con narcotráfico, frente a lo cual corresponde investigarlos, juzgarles y sancionarles. El uso de la fuerza debe ser la última ratio”. Ataques letales grabados y publicados directamente en la cuenta Truth Social de Donald Trump, que ponen de relieve el contexto jurídico global en el que se ejecutan estas operaciones militares.  Leer tambiénTrump confirma que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela “Yo creo que responde también a lo que hemos visto de manera más general de las decisiones que ha tomado Trump y el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, en donde han removido de sus funciones a altos funcionarios del cuerpo jurídico militar, que son estos George Advocates, los encargados de revisar la legalidad de las operaciones”, explica Goebertus.  Además se han tomado otras directivas que incluyen “que se va reducir considerablemente la supervisión de los ataques aéreos, que se va a flexibilizar las reglas de enfrentamiento, lo cual, pues otorga mayor margen para el uso de la fuerza letal sin la debida revisión legal que existía históricamente en varios niveles”, puntualiza. Otros países vecinos podrían verse afectados. En primer lugar, Trinidad y Tobago, que dice investigar la posible muerte de dos ciudadanos, dos pescadores de profesión que iban a bordo de la embarcación recientemente hundida por Estados Unidos y que dejó seis muertos.

Tras el anuncio del martes sobre un nuevo ataque estadounidense frente a las costas de Venezuela, que dejó seis personas muertas, crecen las preocupaciones legales y los interrogantes sobre el marco jurídico de estas operaciones. El ataque, realizado en aguas internacionales en el Caribe, fue dirigido contra una embarcación que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba vinculada a redes de narcotráfico. Cinco embarcaciones atacadas y 27 muertos desde septiembre. Estados Unidos afirma luchar contra el crimen organizado y las presuntas narcolanchas. Una amenaza para el país. Esta situación en aguas internacionales frente a las costas venezolanas preocupa.  Para muchos observadores lo que está en juego es el derecho internacional de los derechos humanos. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la ONG de Derechos Humanos, explica que en nada justifica legalmente estos ataques ya que “no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y grupos de narcotráfico, con lo cual, lo que hay, el deber que existe, es un deber como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de enfrentar presuntos criminales presuntamente vinculados con narcotráfico, frente a lo cual corresponde investigarlos, juzgarles y sancionarles. El uso de la fuerza debe ser la última ratio”. Ataques letales grabados y publicados directamente en la cuenta Truth Social de Donald Trump, que ponen de relieve el contexto jurídico global en el que se ejecutan estas operaciones militares.  Leer tambiénTrump confirma que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela “Yo creo que responde también a lo que hemos visto de manera más general de las decisiones que ha tomado Trump y el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, en donde han removido de sus funciones a altos funcionarios del cuerpo jurídico militar, que son estos George Advocates, los encargados de revisar la legalidad de las operaciones”, explica Goebertus.  Además se han tomado otras directivas que incluyen “que se va reducir considerablemente la supervisión de los ataques aéreos, que se va a flexibilizar las reglas de enfrentamiento, lo cual, pues otorga mayor margen para el uso de la fuerza letal sin la debida revisión legal que existía históricamente en varios niveles”, puntualiza. Otros países vecinos podrían verse afectados. En primer lugar, Trinidad y Tobago, que dice investigar la posible muerte de dos ciudadanos, dos pescadores de profesión que iban a bordo de la embarcación recientemente hundida por Estados Unidos y que dejó seis muertos.

La ONU urge a Israel a abrir más pasos hacia Gaza ante la grave crisis humanitaria. El Papa denuncia el uso del hambre como arma de guerra en el Día Mundial de la Alimentación. La Oficina de Derechos Humanos exige esclarecer las muertes en protestas en Ecuador. El Comité de los Derechos del Niño acusa a Francia de violaciones graves y sistemáticas contra menores migrantes no acompañados

CFE restablece el 93% del suministro eléctrico tras las lluvias Más de 26 mil viviendas registradas en el censo por daños de lluviasIntento de desalojo en la zona de GaribaldiMás información en nuestro podcast

Ante un rezago económico que la Unión Europea quiere evitar a todo precio, el bloque se ha lanzado en un proceso llamado -de simplificación- destinado sobre todo a las medianas y pequeñas empresas. Una simplificación que tiene por objetivo aligerar burocracia y procedimientos para promover competitividad a nivel mundial. Solo que este impulso en favor de la economía también amenaza normativas ambientales y sociales que han funcionado como escudo en territorio europeo y más allá, según advierten expertos y organizaciones no gubernamentales.  El paquete Ómnibus, esta serie de leyes que se debaten en la Unión Europea, surgen tras una recomendación del reporte Draghi  sobre la competitividad en el que advierte contra el estancamiento económico en el bloque y propone una serie de medidas "simplificadoras". Para la abogada Alexandra Castro Franco, hay que analizar la configuración del Parlamento para entender cómo el bloque ha pasado de una defensa del Pacto Verde, para acelerar la transición ecológica, a una lógica desreguladora.  "Hacia el 2020 se pierden más del 35% de los escaños del Partido Verde. Cambia esa configuración hacia partidos más conservadores haciendo que partidos de extrema derecha y de derecha con un discurso más conservador tengan más escaños y cambia el discurso. Tampoco podemos negar el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania y las cuestiones en materia energética que esto ha representado para algunos países europeos, especialmente para países como Hungría o Polonia", explica la doctora en derecho especialista en derechos humanos. Este cambio crea un terreno favorable a la discusión de leyes que diluirán la responsabilidad de las empresas, que hasta ahora tienen que responder en materia de derechos humanos y daños ambientales en Europa y en cualquier territorio en donde sus actividades están implantadas y en cualquier nivel de la cadena de producción. Es lo que se llama el deber de vigilancia.  Empresas europeas menos transparentes y responsables Lo que pone en alerta a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales son "los recortes que se hace a la normativa en materia de deber de vigilancia. Se reduce la posibilidad de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales de acudir ante la justicia de manera estándar en la Unión Europea para buscar remediar exactamente en circunstancias en las que se logra determinar una falta ese deber de vigilancia y un daño que hayan sufrido víctimas en materia de violaciones en medioambiente y en derechos humanos. Va a ser todavía más difícil que los países europeos cumplen con esos compromisos que han adquirido", pues aleja a las víctimas de toda reparación. Otro aspecto clave de esta iniciativa europea es la "restricción de quiénes son las empresas que están obligadas a hacer reportes en materia de deber de vigilancia. Se estima que se va a reducir de un 80% el número de empresas que tendrán que presentar estos reportes, lo cual hace que la responsabilidad se diluya totalmente". Esta obligación será abandonada para contar únicamente en la buena voluntad de las empresas, "sin la posibilidad de que actúen contra ellas delante de la justicia". El impacto de la desregulación europea en Latinoamérica Las consecuencias de la dilución del deber de vigilancia se harán sentir en Latinoamérica, gran proveedora de materias primas y commodities en la Unión Europea: "Hay que tener en cuenta que si bien los países latinoamericanos no tienen deberes de reporte en materia de deber de vigilancia, han ido construyendo un camino en materia sobre todo de protección del medio ambiente, por ejemplo con los acuerdos de Escazú, pero también en materia de vigilancia por parte de los Estados, sobre todo frente a las empresas". Alexandra Castro Franco señala que los países latinoamericanos -tomando en cuenta sus grandes recursos naturales y su biodiversidad- han dado pasos agigantados en materia de conformidad ambiental y respeto de los derechos humanos no solamente para conformarse a los estándares europeos y acceder al mercado de la UE. Y eso aunque quede mucho por hacer.  "Es lamentable que estos estándares europeos, esa vigilancia que se va a ejercer sobre las empresas, se haga por la baja, porque entonces esto va a incentivar prácticas difíciles que se dan en nuestro continente, sobre todo con cadenas de suministro tan largas que llevan a que no se haga una vigilancia debida sobre las empresas que se vean, se incentive de alguna manera el respeto de esos derechos y esa protección al medio ambiente en la que ya se venía trabajando", agrega. "El Ómnibus pretende que sean solamente los proveedores directos que respondan de sus actos cuando tenemos grandes cadenas de suministro. Es decir, está la persona que siembra, está el intermediario que compra, está el logo, la persona que exporta y luego llega al destinatario. Pues esto va a llevar a que exista una vigilancia menos estricta  sobre esos proveedores", señala Castro Franco. Europa y Latinoamérica, una relación comercial billonaria Precisamente el deber de vigilancia ha permitido que grandes transnacionales sean llevadas ante la justicia europea. Es el caso, por ejemplo, del grupo francés Casino que tuvo que responder por casos de deforestación en Colombia y en Brasil. Otros grupos como Auchan también están en la mira por el cultivo de soja en zonas ilegalmente deforestadas. De la misma manera Total Energies es investigada en Francia por sus actividades en varios países en nombre del deber de vigilancia. No hay que olvidar que la relación comercial entre Europa y Latinoamérica es muy activa: son más de 290 billones de euros anuales que se se tienen en ganancia por estas relaciones comerciales. Y eso que queda pendiente el Mercosur, este tratado de libre comercio entre países de Sudamérica y Europa que lleva dos décadas en negociación y que podría ver la luz muy próximamente.  Este texto será discutido en sesión plenaria en el Parlamento Europeo, el 20 de octubre y  luego tendrá un largo recorrido hasta la transposición en cada país. #EscalaenParís también está en redes sociales Un programa coordinado por Ana María Ospina y Julia Courtois. Realizado por Souheil Khedir y Stéphane Défossez. 

Ante un rezago económico que la Unión Europea quiere evitar a todo precio, el bloque se ha lanzado en un proceso llamado -de simplificación- destinado sobre todo a las medianas y pequeñas empresas. Una simplificación que tiene por objetivo aligerar burocracia y procedimientos para promover competitividad a nivel mundial. Solo que este impulso en favor de la economía también amenaza normativas ambientales y sociales que han funcionado como escudo en territorio europeo y más allá, según advierten expertos y organizaciones no gubernamentales.  El paquete Ómnibus, esta serie de leyes que se debaten en la Unión Europea, surgen tras una recomendación del reporte Draghi  sobre la competitividad en el que advierte contra el estancamiento económico en el bloque y propone una serie de medidas "simplificadoras". Para la abogada Alexandra Castro Franco, hay que analizar la configuración del Parlamento para entender cómo el bloque ha pasado de una defensa del Pacto Verde, para acelerar la transición ecológica, a una lógica desreguladora.  "Hacia el 2020 se pierden más del 35% de los escaños del Partido Verde. Cambia esa configuración hacia partidos más conservadores haciendo que partidos de extrema derecha y de derecha con un discurso más conservador tengan más escaños y cambia el discurso. Tampoco podemos negar el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania y las cuestiones en materia energética que esto ha representado para algunos países europeos, especialmente para países como Hungría o Polonia", explica la doctora en derecho especialista en derechos humanos. Este cambio crea un terreno favorable a la discusión de leyes que diluirán la responsabilidad de las empresas, que hasta ahora tienen que responder en materia de derechos humanos y daños ambientales en Europa y en cualquier territorio en donde sus actividades están implantadas y en cualquier nivel de la cadena de producción. Es lo que se llama el deber de vigilancia.  Empresas europeas menos transparentes y responsables Lo que pone en alerta a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales son "los recortes que se hace a la normativa en materia de deber de vigilancia. Se reduce la posibilidad de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales de acudir ante la justicia de manera estándar en la Unión Europea para buscar remediar exactamente en circunstancias en las que se logra determinar una falta ese deber de vigilancia y un daño que hayan sufrido víctimas en materia de violaciones en medioambiente y en derechos humanos. Va a ser todavía más difícil que los países europeos cumplen con esos compromisos que han adquirido", pues aleja a las víctimas de toda reparación. Otro aspecto clave de esta iniciativa europea es la "restricción de quiénes son las empresas que están obligadas a hacer reportes en materia de deber de vigilancia. Se estima que se va a reducir de un 80% el número de empresas que tendrán que presentar estos reportes, lo cual hace que la responsabilidad se diluya totalmente". Esta obligación será abandonada para contar únicamente en la buena voluntad de las empresas, "sin la posibilidad de que actúen contra ellas delante de la justicia". El impacto de la desregulación europea en Latinoamérica Las consecuencias de la dilución del deber de vigilancia se harán sentir en Latinoamérica, gran proveedora de materias primas y commodities en la Unión Europea: "Hay que tener en cuenta que si bien los países latinoamericanos no tienen deberes de reporte en materia de deber de vigilancia, han ido construyendo un camino en materia sobre todo de protección del medio ambiente, por ejemplo con los acuerdos de Escazú, pero también en materia de vigilancia por parte de los Estados, sobre todo frente a las empresas". Alexandra Castro Franco señala que los países latinoamericanos -tomando en cuenta sus grandes recursos naturales y su biodiversidad- han dado pasos agigantados en materia de conformidad ambiental y respeto de los derechos humanos no solamente para conformarse a los estándares europeos y acceder al mercado de la UE. Y eso aunque quede mucho por hacer.  "Es lamentable que estos estándares europeos, esa vigilancia que se va a ejercer sobre las empresas, se haga por la baja, porque entonces esto va a incentivar prácticas difíciles que se dan en nuestro continente, sobre todo con cadenas de suministro tan largas que llevan a que no se haga una vigilancia debida sobre las empresas que se vean, se incentive de alguna manera el respeto de esos derechos y esa protección al medio ambiente en la que ya se venía trabajando", agrega. "El Ómnibus pretende que sean solamente los proveedores directos que respondan de sus actos cuando tenemos grandes cadenas de suministro. Es decir, está la persona que siembra, está el intermediario que compra, está el logo, la persona que exporta y luego llega al destinatario. Pues esto va a llevar a que exista una vigilancia menos estricta  sobre esos proveedores", señala Castro Franco. Europa y Latinoamérica, una relación comercial billonaria Precisamente el deber de vigilancia ha permitido que grandes transnacionales sean llevadas ante la justicia europea. Es el caso, por ejemplo, del grupo francés Casino que tuvo que responder por casos de deforestación en Colombia y en Brasil. Otros grupos como Auchan también están en la mira por el cultivo de soja en zonas ilegalmente deforestadas. De la misma manera Total Energies es investigada en Francia por sus actividades en varios países en nombre del deber de vigilancia. No hay que olvidar que la relación comercial entre Europa y Latinoamérica es muy activa: son más de 290 billones de euros anuales que se se tienen en ganancia por estas relaciones comerciales. Y eso que queda pendiente el Mercosur, este tratado de libre comercio entre países de Sudamérica y Europa que lleva dos décadas en negociación y que podría ver la luz muy próximamente.  Este texto será discutido en sesión plenaria en el Parlamento Europeo, el 20 de octubre y  luego tendrá un largo recorrido hasta la transposición en cada país. #EscalaenParís también está en redes sociales Un programa coordinado por Ana María Ospina y Julia Courtois. Realizado por Souheil Khedir y Stéphane Défossez. 

Ninguno de los cinco aspirantes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se pronunció contra el régimen de excepción, pese a que existen más de 6,400 denuncias por violaciones de derechos humanos y al menos 400 muertes bajo custodia estatal. También repasamos el agravamiento de la pobreza extrema, que aumentó en 240,000 personas durante el primer mandato de Nayib Bukele. Actualmente, uno de cada cuatro salvadoreños vive en pobreza, mientras los programas sociales clave sufrieron recortes presupuestarios de más de 25 millones de dólares.Además, abordamos la disminución de más de 1,700 unidades del transporte público; el uso del régimen de excepción para criminalizar emergencias obstétricas como abortos espontáneos; y la persecución transnacional del régimen Ortega-Murillo contra exiliados nicaragüenses, a partir de un informe reciente de Naciones Unidas.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net.Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 10 de octubre de 2025.

Israel prosigue sus ataques en Gaza mientras continúan las negociaciones de paz en EgiptoUna activista palestina denuncia ante el Consejo de Seguridad ausencia de mujeres en el debate sobre el futuro de GazaFilippo Grandi alerta de la peor crisis financiera de ACNUR en una décadaEl Consejo de Derechos Humanos de la ONU crea un mecanismo para investigar los abusos de los talibanes en Afganistán

La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó este jueves un informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del INAU. El estudio, realizado entre 2023 y 2025 por el Mecanismo Nacional de Prevención, da cuenta de daños físicos y emocionales que se agravan durante la estadía en los centros, especialmente en materia de salud mental. El relevamiento detectó centros saturados, con colchones en el piso y adolescentes sin poder ingresar por falta de cupos. También se constató que en muchos casos hay apenas dos funcionarios por turno y que varios centros carecen de equipos técnicos. A esto se suman problemas edilicios, violencia entre pares, salidas no autorizadas y actitudes estigmatizantes por parte de algunos funcionarios. El informe advierte además sobre la violencia sexual, con ingresos por explotación especialmente en departamentos de frontera, y sobre la alta incidencia de crisis psicológicas y autoagresiones: más de la mitad de los centros reportó intentos de autoeliminación en el último año. Como contracara, se señala que la mayoría de los niños y adolescentes acceden a educación formal y no formal, y que se valoran positivamente actividades recreativas, culturales y deportivas. Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Jimena Fernández Bonelli, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En el cuarto episodio de la 8ª temporada de nuestro podcast semanal, Voces por una Causa, Julia Navarro conversa con Dorothy Estrada-Tanck, experta independiente y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, con el cual, el pasado mes de enero, un grupo de niñas participantes de La LUZ de las NIÑAS tuvo la oportunidad de encontrarse en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La oficina de Derechos Humanos denuncia el ejército israelí esté destruyendo la ciudad de Gaza, obligando a los palestinos a huir y luego matándolos cuando buscan refugio. El asentamiento E1 que partiría en dos Cisjordania “es calamitoso”. Honduras y Nicaragua toman la palabra en el último día de la Asamblea General 

En #HoyEsRisco del viernes 26 de septiembre con Primitivo Olvera, se analizó con la maestra María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Juárez, el avance de las investigaciones a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pese a la disposición del diálogo, no se han visto avances sustanciales en el caso sobre todo en cuanto a investigaciones a las fuerzas armadas porque la fiscalía está más atenta a lo político que a la investigación, apuntó. Con Juan Guevara, experto en tecnología, se analizó que TikTok se queda en Estados Unidos con la firma del presidente Donald Trump del acuerdo para blindar datos de usuarios. La participación de Oracle es de resguardo de datos porque tiene la idea de lanzar una red social y así Trump evita la participación de Amazon en este sector. En cabina se habló de “El último viaje” , el primer largometraje documental de Rodolfo Santa María Troncoso, quien compartió que es un recorrido hacia la muerte digna. Y como todos los viernes, las recomendaciones “De aquí a dónde” para este fin de semana con Melisa Moreno.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica señala que  el Gobierno federal  tiene adeudos acumulados desde 2019 por 40 mil millones de pesosDestaca el IMSS que sobrevida en pacientes oncológicos pediátricos aumentó de 34 a 84%Crean el premio José ‘Pepe' Mujica que reconocerá los esfuerzos por la unidad y la democracia

En la Montaña de Guerrero, en México, una región habitada por los pueblos indígenas me'phaa, na savi y nahua, las mujeres se enfrentan no sólo a violencias histórico-estructurales, sino también a la violencia machista que ha arrebatado la vida de varias de ellas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del 2005 al 2025 se han registrado a 142 mujeres víctimas de femicidio. En este programa de “Voces y Cantos de la Tierra Viva”, una producción de la emisora mexicana Radio Educación, se denuncia esta situación. Puedes escuchar, descargar y compartir este programa de forma gratuita. Música: - Bajo responsabilidad de la producción. Entrevistados: - Edith Herrera, mujer ñuu savi originaria de la Montaña de Guerrero, México, coordinadora del Espacio Cultural Educativo “Tikosó”. - Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México. Producción, guión, locución, edición: - “Voces y Cantos de la Tierra Viva”, Radio Educación, México. Imagen: - “Voces y Cantos de la Tierra Viva”, Radio Educación, México. Enlace: - Página de “Voces y Cantos de la Tierra Viva”: https://www.facebook.com/vocesdelatierraviva Esta es una producción de Radio de Derechos Indígenas. Nuestros programas son gratuitos para escuchar, descargar y difundir.

Hace una semana, Israel empezó una ofensiva terrestre cuyo objetivo es, según sus portavoces, la destrucción total de Gaza. Desde entonces, miles de personas han iniciado la huida hacia el sur, sin recursos, sin fuerzas y a sabiendas de que desplazarse no es garantía de seguir con vida. Para muchos, además, no es la primera vez que emprenden ese viaje obligado; hay quienes lo han hecho diez y hasta veinte veces. Por eso hay quien prefiere resistir en casa. En este episodio escuchamos sus testimonios. Créditos: Realización: Antonio Pita y Silvia Cruz Lapeña Diseño de sonido: Nacho Taboada Edición: Ana Ribera Presenta y dirige: Silvia Cruz Lapeña Sintonía: Jorge Magaz

Conversamos En Perspectiva con el Dr. Juan Miguel Petit, comisionado del Parlamento para el Sistema Penitenciario y quien durante los últimos diez años fue un referente ineludible en la discusión sobre asuntos carcelarios en Uruguay. Pero esa etapa se cerró el jueves pasado, cuando, luego de dos mandatos, Petit asumió en una nueva función: integrante del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo procesa este cambio? ¿Qué le quedó pendiente en su gestión? ¿Qué cosas buenas se lleva de una tarea que tuvo cantidad de momentos ingratos? ¿Qué objetivos se plantea ahora?

Con Eduardo Madina, Mariola Urrea y José María Lassalle. El Fiscal General del Estado autoriza investigar a Netanyahu y su gobierno por crímenes de guerra en Gaza. La Fiscalía va a crear un grupo de expertos para ayudar a determinar las personas que pueden ser responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario. Hablamos con las Fiscal de Sala de DDHH. Además, Israel amenaza con represalias si Europa aprueba sus sanciones: aranceles que gravarán el 40% de las exportaciones de Tel Aviv a La Unión. El PP defiende a Israel, en las últimas horas varias declaraciones como las de Feijóo, Ayuso y Aznar dejan claro su apoyo al país hebreo y evitan condenar la masacre que se está cometiendo en Gaza.

La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha pasado este jueves por los micrófonos de Hoy por Hoy después de que la Cadena SER haya adelantado que la Fiscalía General del Estado ha autorizado la puesta en marcha de una investigación, solicitada por la propia Delgado para que se determine si los actos llevados a cabo por Israel en Gaza podrían ser "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

El ejército israelí ha lanzado esta semana su anunciada ofensiva sobre la ciudad de Gaza. Comenzó con una serie de bombardeos en la zona más poblada de la franja, donde aún se refugian cientos de miles de personas, y luego tomaron posiciones tres divisiones israelíes dejando el flanco oeste como vía de evacuación para los civiles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, considera la ciudad el "último bastión" de Hamás, y su conquista el golpe decisivo. La operación comenzó tras un informe de la ONU que acusa a Israel de estar perpetrando un genocidio contra los palestinos en Gaza. El informe señala declaraciones de políticos israelíes y el mismo desarrollo de la guerra. El Gobierno de Netanyahu ha rechazado el informe, para ellos es parcial y está basado en datos falsos provenientes de Hamás. Los observadores de la ONU han presentado el informe ante el Consejo de Derechos Humanos y abarca desde octubre de 2023 hasta julio de este año. Identifica en Gaza cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención de 1948: asesinatos masivos, daños físicos y mentales graves, condiciones de vida destinadas a la destrucción física y medidas para impedir nacimientos. No han encontrado pruebas de traslado forzoso de menores. Israel, entretanto, ha ordenado la evacuación de la población civil de la capital mediante el lanzamiento de octavillas, también ha bombardeado los edificios más altos para evitar que se apuesten sobre ellos los francotiradores. La operación pretende dar el golpe de gracia a Hamás y para ello cuenta con el apoyo de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Jerusalén hace dos días. El ejército israelí controla el 75% de la franja, pero no su capital. Hasta hace unas semanas en la ciudad vivían unas 800.000 personas de las que se estima que ya han salido ya unas 200.000 hacia el sur. En su interior la inteligencia israelí calcula que se han quedado entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamas para realizar emboscadas a las tropas israelíes, pero la organización tiene muchos más, unos 15.000, por lo que la mayor parte han huido y se encuentran en otras partes de Gaza. La mayor parte de la población civil se resiste abandonar la ciudad pese a las condiciones precarias en las que sobreviven. Esta ofensiva, de cualquier modo, recuerda mucho a la de octubre de 2023, cuando el ejército israelí quiso capturar la ciudad, pero no lo consiguió totalmente. Desde entonces en Israel las cosas sí que han cambiado. Hace dos años el apoyo a la guerra era mayoritario, hoy no lo es. Tres cuartas partes de los israelíes quieren que esto termine ya mediante un alto el fuego que permita el regreso de los rehenes que aún permanecen con vida en Gaza. El jefe del ejército, Eyal Zamir, también quiere un alto el fuego. Ha advertido al Gobierno que eliminar a Hamás podría llevar años y ponen además en riesgo la vida de los rehenes. Pero Netanyahu, presionado por sus socios de derecha religiosa que quieren anexionar Gaza a Israel, no quiere saber nada de armisticios. La presión internacional también es más dura que nunca. La Unión Europea le ha amenazado con revisar los acuerdos comerciales, y países como Francia y el Reino Unido podrían reconocer a Palestina en un futuro próximo. Les queda EEUU, al menos mientras la paciencia de Donald Trump no se agote. El resultado de esta última operación lo decidirá. En La ContraRéplica: 0:00 Introducción 3:40 Ofensiva sobre Gaza 31:21 Contra el pesimismo 33:09 El activismo de Charlie Kirk 38:11 Pedro Sánchez y la extrema izquierda 44:11 Black Lives Matter y la violencia política · Canal de Telegram: https://t.me/lacontracronica · “Contra el pesimismo”… https://amzn.to/4m1RX2R · “Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana”… https://amzn.to/428js1G · “La ContraHistoria del comunismo”… https://amzn.to/39QP2KE · “La ContraHistoria de España. Auge, caída y vuelta a empezar de un país en 28 episodios”… https://amzn.to/3kXcZ6i · “Contra la Revolución Francesa”… https://amzn.to/4aF0LpZ · “Lutero, Calvino y Trento, la Reforma que no fue”… https://amzn.to/3shKOlK Apoya La Contra en: · Patreon... https://www.patreon.com/diazvillanueva · iVoox... https://www.ivoox.com/podcast-contracronica_sq_f1267769_1.html · Paypal... https://www.paypal.me/diazvillanueva Sígueme en: · Web... https://diazvillanueva.com · Twitter... https://twitter.com/diazvillanueva · Facebook... https://www.facebook.com/fernandodiazvillanueva1/ · Instagram... https://www.instagram.com/diazvillanueva · Linkedin… https://www.linkedin.com/in/fernando-d%C3%ADaz-villanueva-7303865/ · Flickr... https://www.flickr.com/photos/147276463@N05/?/ · Pinterest... https://www.pinterest.com/fernandodiazvillanueva Encuentra mis libros en: · Amazon... https://www.amazon.es/Fernando-Diaz-Villanueva/e/B00J2ASBXM #FernandoDiazVillanueva #gaza #netanyahu Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals

El ejército israelí lanzó en la madrugada de ayer la fase "principal" de su ofensiva en Ciudad de Gaza, donde siguen viviendo cientos de miles de personas. "Sabemos que [allí] hay miles de terroristas de Hamás", entre dos mil y tres mil, declaró un vocero militar y agregó: "Estamos avanzando hacia el centro" de la localidad, el mayor núcleo urbano de la Franja. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el principal núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó "en llamas" tras los ataques. Y afirmó: "No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión". Este ataque se dio después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtiera que solo quedaban unos días para alcanzar un acuerdo con Hamás. De visita en Israel, Marco Rubio ofreció este lunes un firme respaldo a la ofensiva durante su reunión que mantuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Rubio afirmó que la solución diplomática en la que Hamás se desmilitariza es la preferida por Washington, aunque "a veces, cuando se trata con un grupo de salvajes (…), eso no es posible". El jefe de la diplomacia estadounidense, que también se reunió en Jerusalén con las familias de los rehenes en Gaza, reconoció que Hamás mantiene una cuota de fuerza a su favor mientras conserva en su poder a los secuestrados. El Foro que representa a los familiares de los cautivos afirmó que están "aterrorizados" por sus seres queridos después de que Netanyahu ordenara los ataques. El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de la comisión de investigación de la ONU, en el que se acusó a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza y se responsabilizó a Netanyahu y a otros dirigentes israelíes. El asalto terrestre israelí en Ciudad Gaza, que siguió a una intensa noche de bombardeos, fue ampliamente condenado y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió el fin de la "carnicería".

Este 15 de septiembre se ha presentado en Bruselas un informe integral de la organización Prisoners Defenders sobre la situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios de Cuba. La investigación revela el uso del trabajo bajo coacción con fines económicos y punitivos de 60.000 presos. El informe de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, se ha realizado con 53 testimonios de presos cubanos que viven en el país y que han podido ser validados con datos de identificación. Javier Larrondo, su presidente, dice que se han realizado al menos 150 entrevistas, pero algunas de ellas aún no se han podido verificar o los entrevistados no han querido dar sus datos completos. Mecanismos de coacción Larrondo expone a RFI cuales son los mecanismos de coacción: “En Cuba, los presos son amenazados de que si no hacen el trabajo forzoso perderán las visitas a sus familiares, las llamadas y todos los beneficios penitenciarios que les corresponden. Además, si ellos están en una prisión de mínimo rigor, porque tienen derecho a estar, si no hacen el trabajo forzoso les llevan a una prisión de máximo rigor”. “Luego no les remuneran absolutamente nada. En el caso de los cigarros puros, por ejemplo, les pagan 80 céntimos de peso cubano y por lo tanto estamos hablando de una milésima de dólar lo que le pagan por cada puro, es decir, absolutamente nada. Pero, además, sufren violencia: el 50% de las mujeres declarantes nos dicen que sufren acoso sexual”, agrega. Muchas industrias afectadas El informe también aporta detalles sobre las industrias más afectadas por el trabajo forzoso. Según Larrondo, algunos de los productos llegan a muchos países, inclusive en Europa: “La industria del tabaco y los cigarros puros habanos, como las marcas Cohiba, Mareva, Bandera, se hacen en las prisiones de Cuba forzosamente. También el carbón vegetal que se exporta principalmente a Europa (España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía), la caña de azúcar…”. “Muchísimas industrias, en realidad, utilizan la masa de 60.000 presos, supuestamente en trabajo correccional voluntario, pero en realidad es trabajo forzoso en las condiciones que os he explicado”, afirma Larrondo. Los testimonios cuentan que el 70% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo, mientras más del 80% reportó graves deterioros físicos y psicológicos. En julio de 2024, un informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la ONU ya advertía de la existencia de leyes y reglamentos nacionales permitiendo el trabajo obligatorio en las prisiones de Cuba. Prisoners Defenders denuncia que la exportación de carbón vegetal producido mediante el trabajo forzoso de presos constituye una violación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En ninguna otra competición deportiva de este verano han tenido tanta visibilidad las protestas contra la masacre de Israel en Gaza como en La Vuelta Ciclista a España. Al pasar por pueblos y ciudades, por espacio público, es un escaparate político más difícil de controlar que el fútbol o el baloncesto. En Bilbao, los manifestantes consiguieron que se cancelase la recta final de la carrera la semana pasada; este martes, volvieron a provocarlo en Galicia. Ha habido detenidos en distintas partes de España. La afición y los vecinos han salido a la carretera para convertir cada etapa en un acto de denuncia. Interviene Haina Faydi, del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel. CRÉDITOS Realiza: Belén Remacha, Carlos Arribas e Ignacio Pato Presenta: Ana Fuentes Dirección: Silvia Cruz Lapeña Edición: Ana Ribera Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis Sintonía: Jorge Magaz Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

9 de cada 10 cubanos vive en la pobreza extrema, según la más reciente encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que revela que un 92% de los encuestados desaprueba la gestión gubernamental.

El Gobierno español evita romper relaciones con Tel Aviv, pero ha anunciado nueve medidas de represalia diplomática y económica. Pedro Sánchez lo admite: no frenarán el genocidio, pero al menos buscan contribuir a pararlo. Mientras parte de la sociedad civil se moviliza. La Flotilla de la Libertad sigue su rumbo hacia Gaza con cientos de activistas de 44 países. Hoy conectamos con uno de los barcos en el que viaja Carlos de Barrón, compañero de El País, para saber qué les mueve, cómo se organizan y cómo intentan romper el bloqueo israelí. CRÉDITOS: Realizan: Carlos de Barrón y Jimena Marcos Presenta: Ana Fuentes Diseño de sonido: Nacho Taboada Edición: Ana Ribera Dirección: Silvia Cruz Lapeña Sintonía: Jorge Magaz

La comunidad internacional "está fallando al pueblo de Gaza" al no tomar acciones enérgicas para evitar el genocidio, aseguró el responsable de derechos humanos, Volker Türk.El ejército israelí bombardea más edificios residenciales de la Ciudad de Gaza. El OIEA ve “progresos” en las conversaciones para reanudar las inspecciones en Irán. La Oficina de Derechos Humanos pide una investigación sobre las muertes en las protestas en Nepal

Arrancamos la quinta temporada de Hoy en El País con una semana dedicada a Gaza y empezamos por una voz en primera persona. El periodista gazatí Mohamed Solaimane nos envía audios desde la Franja que suenan a testamento. Lleva dos años cubriendo ataques diarios en el lugar más peligroso del mundo para informar. Escribe cada crónica como si fuera la última, pero no se rinde. CRÉDITOS: Realiza y presenta: Ana Fuentes Con información de: Mohamed Solaimane y Beatriz Lecumberri Edición: Ana Ribera Dirección: Silvia Cruz Lapeña Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis Sintonía: Jorge Magaz

Será el Consejo del Transporte quien decida sobre un posible aumento en la tarifa del pasaje en el EdomexDenuncian habitantes del fraccionamiento Bosques de Tultitlán que las obras del Tren México-AIFA dañaron el drenaje EU se retira del Examen Periódico Universal de la ONU sobre derechos humanosMás información en nuestro podcast

Congreso CDMX aprobó que a ausencia será justificada sin afectar su desempeño académicoEcatepec amplió hasta el 31 de octubre la campaña de regularización del impuesto predialPolicía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre el creciente fraude de las "Novias Virtuales"ONU condena sanciones impuestas por EU a organizaciones palestinas de derechos humanosMás información en nuestro podcast

Joaquín Galván, defensor de Derechos Humanos y activista de Oaxaca