Podcasts about derechos humanos

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

La muerte de un ciudadano mexicano en Texas y de un colombiano en Maine durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia migratoria estadounidense. Los casos coinciden con el aumento de las redadas impulsadas por la administración de Donald Trump y han generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los migrantes. Lo analizamos en El Debate de France 24.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Entrevista - Juan Miguel Petit - Integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo by En Perspectiva

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

La muerte de varios migrantes durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia. El caso del mexicano Lorenzo Salgado, al que posteriormente se sumó el del colombiano Joan Sebastián Guerrero, ha generado nuevas denuncias y acciones legales, mientras crecen los cuestionamientos sobre la protección de los derechos humanos durante las redadas migratorias. Lo analizamos en esta edición de Migrantes.

La más reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa es un acta de defunción.

Esta mañana en #Noticias7AM entrevistamos al Dr. José Israel Ibarra González, Profesor-Investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales. Egresado del doctorado en Estudios de Migración de El Colef. Investigador invitado de Continente Móvil, para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y lacomunicación con un enfoque científico. Tema: Sin derechos, sin libertad: la nueva agenda antiinmigrante #Uniradioinforma

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al gobierno de Donald Trump definir el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), dejando en la incertidumbre a unos 350.000 haitianos que viven y trabajan legalmente en el país. Mientras crece el temor a las deportaciones, organizaciones como Human Rights Watch advierten que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia. ¿Qué consecuencias tendría el fin del TPS y qué opciones legales les quedan a las familias afectadas? Lo analizamos en Migrantes.

La detención por parte del ICE de un solicitante de asilo y padre de tres hijos en pleno MetLife Stadium de Nueva Jersey, en julio de 2025, terminó con su deportación y hoy vuelve a encender las alarmas sobre los derechos de los inmigrantes y sus familias. Reportaje de nuestros enviados Jessica Le Masurier, Yves Schaeffner y Mehdi Bouzouina para France 24. 

El fútbol es mucho más que fútbol. Es economía y es política. Este Mundial es solo un ejemplo de la estrategia de influencia y rentabilidad de la FIFA. Aún a costa del blanqueamiento de violaciones de derechos humanos. En Instagram: @amelpodcast Producido por The Voice Village: https://thevoicevillage.es/ Dirección, guion y entrevistas: Edu Marín Locución: Conchi Gil y Andrés Moraleda Diseño sonoro: Dani Gutiérrez Música original. Bianca Mui Producción Ejecutiva: Ricardo Villa Responsable de producción en Amnistía Internacional:  Neyda Romero y Ángel Gonzalo.  Una producción de The Voice Village Quién dijo Miedo, un podcast de Amnistía Internacional Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Desde que Nuevas Ideas asumió el control de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 han autorizado 75 préstamos por más de 10 mil millones de dólares al Gobierno de Nayib Bukele. Pero una parte importante de dichos recursos todavía no ha sido desembolsada. La economista salvadoreña, Carolina Vásquez, explica en este episodio cómo el endeudamiento se ha vuelto una práctica cada vez más fácil de aprobar y qué significa la desaparición de los controles que antes existían.También repasamos los compromisos que el Estado salvadoreño asumió con el Fondo Monetario Internacional para seguir accediendo a financiamiento y las consecuencias que ese modelo ya tiene para la población, desde recortes al gasto público hasta cambios en el sistema de pensiones.El cierre del Policlínico de Planes de Renderos, anunciado en 2020 como una remodelación que seis años después sigue sin mostrar avances, cambió el acceso a la rehabilitación para cientos de pacientes del Seguro Social. Quienes antes eran trasladados de inmediato para iniciar su recuperación ahora esperan hasta cuatro meses por una fisioterapia, un retraso que, según médicos, puede afectar la recuperación de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y otras lesiones neurológicas.En el episodio también hablamos sobre el aumento de los feminicidios y muertes violentas en los primeros cinco meses de 2026. Los datos fueron recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), este es un esfuerzo que se realiza desde las organizaciones y son las únicas estadísticas que se conocen porque en El Salvador no existe una estadística oficial pública que clasifique de forma sistemática los asesinatos de mujeres como feminicidios desde que esta información se puso en reserva 2022.La hermana de la abogada Ruth López, Claudia López, anunció, en conferencia de prensa, que pudo visitar a su hermana en prisión gracias a las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Nota de Centroamérica hablamos sobre las presiones que enfrenta Panamá por parte de China y Estados Unidos. El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 3 de julio de 2026. 

La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado el intento de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, uno de los principios constitucionales más consolidados del país. La decisión supone un revés para una de las principales promesas de su agenda migratoria y reabre el debate sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda y los derechos de los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. ¿Qué implica realmente este fallo? ¿A quién beneficia y qué margen le queda ahora a la Casa Blanca? Lo analizamos en El Debate de France 24.

Mientras Europa blinda sus fronteras, España pone en marcha la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes en dos décadas: una medida que busca sacar de la sombra a cerca de medio millón de personas para impulsar la economía y cubrir la falta de mano de obra. Sin embargo, detrás de las cifras políticas y los debates, late una realidad mucho más cruda. En este reportaje, nuestros corresponsales ponen rostro a la medida y recogen las historias de quienes buscan dejar atrás la explotación laboral.

Belén Pardo Herrero entrevista a Diana Montealegre, directora de Diakonía, organización que entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Hablaron sobre el premio que lleva 15 años reconociendo a quienes defienden la vida, la paz, la democracia y los derechos humanos en los territorios.

EE. UU. entrega vehículos para vigilancia fronteriza en Sonora  Sheinbaum viajará a Chiapas para inaugurar plata de moscas estérilesCroacia subcampeona en Rusia 2018 es cuna de los dálmatas  Más información en nuestro podcast#grc

Cada año, decenas de miles de jóvenes tailandeses deben participar en el sorteo de reclutamiento militar. Mucho más que un simple trámite administrativo, este ritual es un auténtico espectáculo nacional, transmitido por televisión y ampliamente difundido en las redes sociales. Este sorteo también es criticado por algunos, quienes lo denuncian como un método obsoleto e injusto para seleccionar soldados, mientras que algunos políticos y activistas se atreven a denunciar la corrupción dentro del sistema y los abusos que sufren los reclutas. Reportaje de Antoine Morel, Constantin Simon, Aruna Popuri y Adrien Quilico para France 24.

Nueve estados mantienen rezago en licencias de paternidad Último día para aprovechar ‘La Gran Escapada'Persisten bloqueos pese a estado de excepción en BoliviaMás información en nuestro podcast#grc

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT. El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: "A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas".  Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. "Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales" dice Peralta en RFI.  En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. "Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ" dice Peralta.  Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlos. De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT. El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: "A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas".  Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. "Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales" dice Peralta en RFI.  En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. "Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ" dice Peralta.  Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlos. De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

Martha Tagle, consultora de Género y Derechos Humanos habla sobre el tema.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad".  “Cerca de 1.5 millones de desplazados internos” Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”. “Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez. “La ONU es como una persona non grata en Haití” Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados. Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia. Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad".  “Cerca de 1.5 millones de desplazados internos” Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”. “Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez. “La ONU es como una persona non grata en Haití” Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados. Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia. Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

¿Claudia Sheinbaum y el Mundial? En esta emisión de Saga Noticias, Max Espejel analiza la ausencia de la Presidenta en la inauguración de la Copa del Mundo y las declaraciones en torno a la participación de Salma Hayek en el evento. Además, aborda la polémica generada por las lonas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, los actos de intolerancia registrados en las calles y la creciente preocupación por el discurso de odio y la polarización política en el país. También revisamos las críticas sobre la actuación de las autoridades frente a las Madres Buscadoras, las declaraciones del comentarista deportivo Mauricio Ymay respecto a la represión de manifestaciones, la sorpresiva renuncia de Erubiel Alonso al PRI y el análisis futbolístico de Miguel “El Piojo” Herrera. Un programa con los temas políticos, sociales y deportivos que dominan la agenda nacional. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Irán y Estados Unidos alcanzan un acuerdo de paz con alto el fuego inmediato, pero el alto comisionado para los Derechos Humanos deplora que el uso de la fuerza contra Irán haya matado a miles de civiles. En Sudán, la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada se han convertido en un sistema de represión contra los civiles. Otra noche de ataques mortales en Ucrania daña un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

¿Claudia Sheinbaum y el Mundial? En esta emisión de Saga Noticias, Max Espejel analiza la ausencia de la Presidenta en la inauguración de la Copa del Mundo y las declaraciones en torno a la participación de Salma Hayek en el evento. Además, aborda la polémica generada por las lonas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, los actos de intolerancia registrados en las calles y la creciente preocupación por el discurso de odio y la polarización política en el país. También revisamos las críticas sobre la actuación de las autoridades frente a las Madres Buscadoras, las declaraciones del comentarista deportivo Mauricio Ymay respecto a la represión de manifestaciones, la sorpresiva renuncia de Erubiel Alonso al PRI y el análisis futbolístico de Miguel “El Piojo” Herrera. Un programa con los temas políticos, sociales y deportivos que dominan la agenda nacional. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

México respalda Alianza Global por los Derechos HumanosClínica de Metepec ofrecerá 200 medicamentos gratuitosEE.UU. sanciona a petrolera estatal de CubaMás información en nuestro Podcast#grc

UAM pide esclarecer detenciones durante inauguración mundialista  Chabacano sigue cerrada por obrasSpaceX busca inversión para impulsar IA  Más información en nuestro podcast#grc

El Mundial 2026 ha comenzado. Junto con la fiesta y la emoción que despierta este tipo de certámenes deportivos, también aparece la sombra de lo que se conoce en inglés como sportswashing. Es decir, una estrategia con la cual algunos gobiernos buscan mejorar su reputación a través del deporte. Canadá, Estados Unidos y México son los países anfitriones de este Mundial 2026. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en el centro de la atención debido a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en sus territorios y documentadas por diversas ONG. "Violación sistemática de derechos humanos" Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lamenta la situación interna que atraviesa Estados Unidos: "Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las tres sedes, pues se esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades migrantes, muchas de las cuales han sido detenidas arbitrariamente, deportadas abusivamente en violación de sus derechos", dice a RFI. Asimismo, subraya que este certamen debería servir como un catalizador para que la comunidad internacional ejerza presión sobre el Gobierno mexicano con el fin de resolver y prevenir las desapariciones forzadas de personas: "Debería ser una oportunidad para que los distintos países del mundo se unieran en torno al llamado, para que las autoridades mexicanas desplieguen muchísimos más esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva", afirma Goebertus. "Querer lavar la imagen" Fernando Segura Trejo, doctor en Sociología, analiza los antecedentes históricos del sportswashing y cómo esta práctica se repite en diferentes países a través del tiempo: "Hay reiterados ejemplos, desde la Alemania nazi, podemos ir a la Argentina dictatorial de 1978 con el Mundial, podemos ir a las críticas que se le hicieron a Catar, un país con leyes tan severas y con tradiciones tan diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente", detalla. "En México tenemos un antecedente muy triste también, que fueron las Olimpiadas de 1968. Unas semanas antes hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, donde se mataron vilmente a estudiantes que protestaban, y las Olimpiadas sirvieron justamente para mostrar una imagen de un México en paz y en orden, cuando hubo una matanza de cientos de estudiantes unas semanas antes", recuerda asimismo. "En este momento se está volviendo a repetir una situación de querer lavar la imagen. Se repite en México y se repite en Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos, yo diría que ni siquiera hay un esfuerzo por lavar la imagen. Es decir, es tan descarado la política migratoria, los abusos", denuncia. El especialista concluye afirmando  que la sociedad mexicana es consciente del uso político que se le da a este tipo de acontecimientos, y que a pesar de que la población celebra el Mundial, muchos ciudadanos consideran que no era el momento para que el país acogiera este torneo.

El número de refugiados en el mundo cae por primera vez en diez años, pero el 70% sigue atrapado en un exilio que dura toda una vida. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos se declara "horrorizado" por la violencia racista en Reino Unido tras los ataques de Belfast y Southampton. El futbolista Lamine Yamal se convierte en embajador de UNICEF para reivindicar el derecho de los niños a jugar, cuando 90 millones de menores no tienen ni un solo juguete. Y la FAO alerta: las enfermedades animales transfronterizas amenazan la seguridad alimentaria mundial e impulsa los bioinsumos como respuesta estratégica en América Latina.

El torneo más tecnológico de la historia arranca entre debates: el VAR incorpora IA y sensores en el balón, los precios dinámicos de las entradas superan los mil dólares australianos en algunos partidos, y Amnistía Internacional exige que se paralicen las redadas migratorias del ICE durante los encuentros.Escucha SBS Spanish / Australia en español:Por radio o Internet 7 días a la semana de 1:00 a 2:pm (AEST)Escucha también por Apple Podcasts, Spotify y YoutubeExplora nuestra extensa colección de podcasts haciendo clic aquíEn redes: síguenos en Facebook e Instagram.

Una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado el cierre del Helicoide, lugar de reclusión de presos políticos en Venezuela y denunciado como centro de torturas.

Jalisco despliega operativo de 17 mil elementos para la justa mundialistaPadres de Ayotzinapa rechazan versión oficial sobre explosivosEE.UU. mantendrá diálogo con Irán: J. D. VanceMás información en nuestro Podcast#grc

Derechos Humanos reforzará vigilancia durante el MundialMás de 200 imágenes llegan a las rejas de ChapultepecSuman 19 fallecidos en centros migratorios de EE.UU. en 2026Más información en nuestro Podcast#grc

Visibilizan desapariciones con tarjetas de búsqueda en JaliscoMarina activa fase preventiva ante sistemas ciclónicosTrump busca frenar una escalada entre Israel e IránMás información en nuestro Podcast#grc

Doña Elizabeth Odio Benito: una vida entera dedicada a la defensa, promoción y protección de la democracia y los Derechos Humanos. Nuestro último espacio Hablando Claro rinde homenaje a una mujer excepcional; una activista por las mejores causas de la convivencia social en el país y mucho más allá de nuestras fronteras.

Lluvias y granizo mantienen en alerta a CDMXSin clases seis regiones de Guerrero este lunesExigen liberar a activistas retenidos rumbo a GazaMás información en nuestro Podcast#grc

Gobernación llama a la CNTE a retomar el diálogoSEP destina 26 mil mdp para mejorar escuelas del paísMigrantes demandan a EE.UU. por condiciones de detenciónMás información en nuestro Podcast#grc

Activan Alerta Naranja por lluvias Tabasco modifica horarios escolares por olas de calorInicia caminata en memoria de migrantes fallecidos en la fronteraMás información en nuestro Podcast#grc

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Imagina a un ser humano con inteligencia artificial añadida... sería una persona con super poderes. Eso es lo que están haciendo en China. Además escucha la burraza del día que criticaba a sus paisanos que se iban a Estados Unidos porque se quejaban y apenas llegó se dio cuenta de la dura realidad de millones de hispanos. Mantente al día con los últimos de 'El Bueno, la Mala y el Feo'. ¡Suscríbete para no perderte ningún episodio!Ayúdanos a crecer dejándonos un review ¡Tu opinión es muy importante para nosotros!¿Conoces a alguien que amaría este episodio? ¡Compárteselo por WhatsApp, por texto, por Facebook, y ayúdanos a correr la voz!Escúchanos en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts, o donde sea que escuchas tus podcasts.'El Bueno, la Mala y el Feo' es un podcast de Uforia Podcasts, la plataforma de audio de TelevisaUnivision.

¿Dónde está la hija de Rubén Rocha Moya? Tras semanas de ausencia, crecen las dudas sobre el paradero de la presidenta del DIF Sinaloa, en medio de un clima político marcado por la infiltración del crimen organizado y la incertidumbre económica. La reducción de la nota soberana de México por parte de Moody's coloca al país en su nivel más bajo de grado de inversión en una década, mientras Álvaro Vertiz, socio de DGA Group, analiza cómo el endeudamiento de Pemex y CFE, junto con la tensión política y la falta de certeza jurídica, amenazan las perspectivas de crecimiento para el segundo semestre de 2026. Paralelamente, la prolongada inasistencia de figuras como Enrique Insunza y Eneida Rocha Ruiz incrementa la presión sobre el oficialismo, que busca imponer filtros para evitar la infiltración del narco en candidaturas. En esta emisión también desmenuzamos las constantes controversias en el ámbito judicial y la narrativa oficial frente a las denuncias ciudadanas. Además, como cada viernes, Gonzalo Lira nos lleva por lo mejor del cine con el estreno del documental “Elefantes Fantasma” de Werner Herzog, comentarios sobre la serie “Maximum Pleasure Guaranteed” y los detalles exclusivos de la nueva película de “The Mandalorian & Grogu” dirigida por Jon Favreau. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

¿Es posible pacificar México sin depender únicamente de militares? En este episodio de Esquina Balderas, analizamos el modelo actual de seguridad y el presunto despilfarro de recursos federales junto al especialista Bernardo León, autor de Azul Puro, quien explica por qué fortalecer a las policías municipales podría ser la clave para reducir delitos y combatir al crimen organizado desde la raíz. Con una tasa de impunidad cercana al 94% y una cifra negra alarmante, el programa desglosa cómo el costo-efectividad de las corporaciones municipales supera ampliamente al de la Guardia Nacional: mientras un arresto municipal cuesta en promedio 56 mil pesos, en la Guardia Nacional asciende a 24 millones, evidenciando una profunda ineficiencia presupuestal. Además, exploramos cómo la justicia cívica, la profesionalización policial y la cercanía de los cuerpos municipales con sus comunidades representan herramientas fundamentales para generar inteligencia local y contener el crecimiento de bandas criminales que operan como franquicias regionales, así como la necesidad urgente de romper con el “chilangocentrismo” en la toma de decisiones sobre seguridad pública. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Se han aplicado más de 6.6 millones de vacunas en el paísContinúan reparación de socavón en IztapalapaCaravana Global Sumud Land es atacada en LibiaMás información en nuestro Podcast#grc

El informe anual "La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" de la organización "Amnistía Internacional", confirma que los Derechos Humanos han empeorado de forma notable en el último año. Gobiernos como los de Estados Unidos, Israel, Rusia, e Irán, entre otros muchos, están atacando los cimientos de los Derechos Humanos y del orden internacional basado en normas, intentando imponer un sistema basado en la fuerza militar, el poder económico, el reparto del mundo por zonas de influencia y el pisoteo constante de las libertades y los Derechos Humanos. En el programa de hoy hablamos con 3 expertos en la materia; Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, Raquel Martí, directora ejecutiva de la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina y Luca Gervasoni, vocal de paz de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y director de Novact (Instituto Internacional para la Acción No Violenta). Con ellos repasamos cuestiones como el genocidio en Gaza, la guerra de Irán y la represión del régimen de los ayatolás, el papel tibio de la Unión Europea en la defensa de los Derechos Humanos y el problema de la vivienda en España, entre otros temas.Escuchar audio

Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos, sin aportar pruebas y señalándolas de tener vínculos al narcotráfico, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar estos hechos sin precedentes que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar.  La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo, en Manta, ya cuenta dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses. Así lo describe Cheo, a quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda.  "Yo estaba picando un ceviche y cuando saqué un pie afuera de la cocina, a los pocos segundos: '¡Pum!' Me voló con puerta y todo encima de la cocina. Cuando pegó el otro bombazo, también, la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné, cuando boté sangre por la boca y ahí todos los muchachos (flameaban) un trapo hacía el barco de los Estados Unidos para que no lo atacaran (...)  Arriba había otro dron con una granada, no sé si era como un cohete. (...) Nos apuntaron con todito: la metralleta, pistola... dijeron que nos subiéramos uno por uno al barco y ahí lo hacemos. Uno por uno, nos pusieron como esposas o algo así, capucha... se veía clarito cómo se quedaba así quemado el barco". Cheo, lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. "Por el momento no hemos vuelto a pescar, por lo que nos pasó, porque da miedo, pero si quisiéramos salir nuevamente a trabajar, porque eso es lo que conocemos, la pesca", indicó.  Tras el ataque, Cheo recuerda que los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos, sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a la de los tripulantes de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero.  "Estábamos reunidos en San Mateo, con la embarcación Fiorella y la Negra Duarte que también fueron atacados, pero el Fiorella sí sigue desaparecido. Llegan las esposas de ellos a pedir justicia por ellos, porque nadie dice nada. Tal vez a ellos si los volaron con todo, porque ellos nunca aparecieron", señaló el pescador.  "Es el equivalente a disparar contra alguien no armado" Adam Isaacson, de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos.  "Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio porque no tiene ninguna justificación de autodefensa". El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras ya van más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo, temen salir a trabajar.