Podcasts about derechos humanos

En Cinco Continentes ponemos la mirada en la retirada de las tropas estadounidenses de Irak como nos cuenta Santiago Echevarría. Cristina Sánchez nos detalla que la vista desde el satélite de Gaza demuestra la devastación de estos años. Desde el Reino Unido, Guillaume Bontoux ha recogido las palabras del primer ministro sobre la posibilidad de un regreso del país a la Unión Europea; mientras que Antonio Delgado ha seguido la visita de Estado de Macron a España. Además, entrevistamos a Pedro Bermeo, activista medioambiental ecuatoriano que participa esta semana en el Proyecto de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos en Cataluña. Beatriz Viaño nos cuenta las intenciones de Delcy Rodríguez para cambiar la conocida como ley del odio en Venezuela y analizamos con Santiago Barnuevo la situación económica en Argentina después de tres años de gobierno de Javier Milei.Escuchar audio

En entrevista con Hora América, Reed Brody, abogado y miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, explica las conclusiones del informe Anatomía de la crueldad estatal, que documenta desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y una estructura de represión que, según las investigaciones del grupo, alcanza a las más altas instancias del Estado Brody señala que los expertos han identificado una cadena de mando en casos de desapariciones forzadas y detenciones de presos políticos que llega hasta Daniel Ortega y Rosario Murillo.Escuchar audio

Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación vuelve a abrir nuevas líneas a partir del reanálisis de registros telefónicos, documentos y otros elementos del caso. Las autoridades mexicanas investigan posibles vínculos con funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, mientras el rastreo de teléfonos utilizados después de la desaparición ha permitido identificar a nuevos sujetos de investigación. ¿Qué aportan estas pistas y hasta dónde pueden ayudar a esclarecer qué ocurrió con los estudiantes? Lo analizamos en El Debate de France 24.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, ofreció detalles de los nuevos hallazgos en la investigación del caso Ayotzinapa, derivados del rastreo de llamadas telefónicas.

Cuál es la realidad de Honduras y de los retos que afronta el país en salud mental, derechos de las mujeres, diversidad sexual y de género, cuidados y derechos humanos. Gracias a la ong Medicusmundi, delegación hondureña está visitando Bizkaia para compartir experiencias y explicar el trabajo que se está desarrollando desde las organizaciones sociales y las instituciones públicas, en un contexto marcado por la pobreza, la violencia, la desigualdad y la impunidad, con una especial preocupación por la violencia contra mujeres y personas LGTBIQ+ y por la situación de quienes defienden los derechos humanos

El papa León XIV volvió a situar la migración en el centro de su agenda durante su visita apostólica a Francia. Tras reunirse con migrantes y refugiados, pidió a Europa avanzar en la integración de quienes llegan en busca de oportunidades y defendió vías seguras y legales, un trato digno para los extranjeros y la protección de los menores que migran solos. Sus palabras llegan en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en varios países europeos.

FinaBien ofrece más pesos por dólar en remesas: Profeco Septiembre registra baja en homicidios en CDMX: BrugadaONU alerta por violaciones a derechos humanos en deportaciones de EE.UU.Más información en nuestro podcast#grc

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, más de 600.000 personas han sido detenidas por el ICE y cerca de 60.000 migrantes permanecen actualmente bajo custodia. ¿Qué ocurre con ellos? ¿En qué condiciones viven? ¿Y por qué hay también niños entre los detenidos? En Texas, Pierrick Leurent y Valérie Defert investigan qué hay detrás de estas cifras.

La firma de la activista y voluntaria de organizaciones, fundaciones y colectivos en defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, Évelin R. Molano

EE.UU. envía a inmigrantes de terceros países a Guinea Ecuatorial a pesar de "conocer la historia de violaciones sistemáticas de derechos humanos" en ese país

Miles de migrantes permanecen en un limbo en Ceuta, a la espera de un plan del Gobierno español para reubicar a unas 10.000 personas en albergues. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales denuncian torturas, agresiones y amenazas de violencia sexual contra menores, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad. En medio de la tensión migratoria, el aumento de la xenofobia y las demandas de las autoridades locales, nuestra corresponsal Sofía Català analiza la situación sobre el terreno.

IN LOCO con Diego Villanueva y Marcelo Ayala 21-09-2026 Entrevista a Pablo Vassel (Abogado. Ex Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes)

Radio Francia Internacional publica a partir de este lunes una serie de reportajes realizados en EE.UU. y El Salvador en el marco de la investigación periodística “Deportation Project: revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump”, un trabajo que reunió a 26 medios de todo el mundo, bajo la coordinación de la red Forbidden Stories. Te lo contamos en una serie de tres podcasts. Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal. "Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda. “Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen. No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen. Leer tambiénForbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch. Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.      “Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda. Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.   “Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”. Pacto secreto bajo régimen de excepción Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.   También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles. El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.     Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno. Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino. La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump. La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.   La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo. A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump. “Bienvenidos al infierno” Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad. “Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *    “Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”. Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada. “El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos', agrega Valiente. El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal. 36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas. “De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones. “Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión." Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados. Y fue gracias a la gestión de los familiares de estos once salvadoreños y de sus abogados ante el sistema interamericano que se pudo establecer el paradero de seis de ellos. Uno se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los demás en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. Esta es la información que el Gobierno de El Salvador ha presentado ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en beneficio de estos deportados. “Del resto de las personas no tenemos conocimiento de dónde están”, insiste Nathaly Cotrino de HRW.  A la pregunta de por qué es tan difícil rastrearlos en El Salvador, la investigadora sénior responde: “Por el contexto general de miedo frente a las actuaciones del gobierno y a las medidas que se han tomado bajo el régimen de excepción. Estas familias hablaron con nosotros casi un año después de que ocurrieran las deportaciones. Tenían mucho miedo de que algo malo le pudiera pasar a sus familiares dentro de esos sistemas de detención. Y los mismos abogados les han dicho que no asumen la defensa de estos casos porque no quieren tener problemas con el régimen”. En el marco de la negociación entre las actuales administraciones de Estados Unidos y El Salvador, se cambió el grado de riesgo del país centroamericano, al que históricamente le iba mal en esa evaluación. El gobierno de Trump clasificó a El Salvador entre los países más seguros del mundo, a pesar de que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —bajo la administración Biden— señalaba claramente el riesgo de tortura en ese país, según indicó Juanita Goebertus, de Human Rights Watch (HRW). ¿Dónde están? El viacrucis de la búsqueda Elmer Concepción Romero apareció en el video oficial de los deportados a El Salvador el 31 de marzo de 2025. “El 21 de marzo de 2025 le informaron que iba a pasar a manos de Migración para ser retornado a su país. En ningún momento le dijeron que venía a una cárcel acá en El Salvador”. Glenda recuerda que su hermano Elmer habló con ella por teléfono desde el Centro Correccional Federal de Lompoc, en California, una prisión federal de baja seguridad para reclusos varones. Ella ignora por qué fue enviado a esta cárcel de reos comunes a purgar los últimos 26 meses de su condena por estar indocumentado. La primera parte de la pena la había cumplido en el Centro de Tramitación del Condado de Otero, Nuevo México, con capacidad para 900 inmigrantes en situación irregular, en virtud de un contrato entre la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) y la empresa privada de gestión penitenciaria MT. “Voy a ir llegando a El Salvador a principios de abril”, me dijo. Glenda y su familia esperaron a Elmer hasta que lo vieron aparecer en el video oficial de las deportaciones del 31 de marzo, presentado como un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y conducido a la megaprisión del CECOT. Después perdieron su rastro.  Kevin Rolando Barrera Torres llegó a El Salvador en el vuelo militar del 15 de marzo de 2025, según la procuradora general. “Ahí viene el deportador. Voy a hablar con él”, me dijo. “Te vuelvo a llamar”. Y ya nunca me llamó, cuenta con tristeza Gerber; el amigo y jefe de Kevin en Estados Unidos al recordar la última llamada que este le hizo el 13 de marzo de 2025 desde el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Texas, una cárcel operada por la empresa privada GEO Group y utilizada para recluir a inmigrantes en situación irregular bajo la custodia del ICE. "Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano Kevin desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata su hermana Karen—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció." Sin conocerse aún en ese momento, Glenda y Karen empezaron un ritual contra la desesperanza: buscar infatigablemente, cada una por su cuenta, a sus respectivos hermanos en las instituciones de El Salvador. Indagaron por ellos en el Centro de Recepción del Migrante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la embajada de Estados Unidos en San Salvador, en las procuradurías locales, en centros penales y en la prisión del CECOT. No han llegado al país. No existe registro de su entrada, les respondieron en todas partes.    Cada una acudió a la Fiscalía, donde le entregaron documentos que indicaban que Elmer y Kevin no tenían expedientes de investigación activos en su contra. Ambas interpusieron una denuncia por desaparición; de nada sirvió. La práctica establecida por la administración Trump consiste en eliminar a los deportados de la base de datos del ICE. Al respecto, Juanita Goebertus, de HRW, explica que “si Estados Unidos cumpliera con el deber fundamental de la Convención sobre la Desaparición Forzada de informar el paradero de la persona, tendría que decir que fue trasladada a El Salvador o a determinado país. Pero en el ICE Locator indica: ‘Esta persona no está bajo custodia de Estados Unidos', y nadie puede saber dónde está”. Por su parte, El Salvador, bajo el régimen de excepción, restringe por completo el acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad. “La incomunicación es una particularidad del régimen de excepción que consiste en aislar por completo a las personas privadas de la libertad del mundo exterior, impidiéndoles el contacto con sus abogados o seres queridos. Al mismo tiempo, se oculta la información de dónde se les detiene. Eso genera que las personas queden fuera de la protección de la ley, que es la definición técnica de desaparición forzada”, explica la experta. No son criminales Kevin Rolando Barrera Torres “Él estaba subiendo sus herramientas de trabajo al vehículo cuando llegaron. Lo raro es que no vestían el uniforme del ICE, sino que iban de civil; por eso no se percató. Le pidieron documentación y, como no tenía nada, lo detuvieron y se lo llevaron. Fue el 3 de marzo de 2025 en Irvington, Nueva Jersey”, relata Karen. Tras el arresto, su hermano Kevin fue recluido en el Centro de Detención Hidalgo, Texas, para migrantes en situación irregular. En 2015, la policía salvadoreña acusó erróneamente a Kevin de pertenecer a las pandillas. Tras demostrarse su inocencia, quedó en libertad. Dos años después, los mareros cometieron un crimen en la zona donde él vivía con su familia y la policía volvió en su búsqueda. “Lo maltrataron aquí enfrente de mi mamá. Se lo llevaron al cementerio del municipio y lo torturaron para que se declarara culpable. Solo estuvo ocho días detenido porque se comprobó, otra vez, su inocencia. Entonces, pensó que lo mejor era alejarse de aquí y se fue a trabajar a Estados Unidos. Pidió asilo, pero no se lo otorgaron y tuvo que regresar”, relata Karen. En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele impuso un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Esta medida extraordinaria permite hacer arrestos sin orden judicial. En cuatro años, más de 92.000 personas han sido detenidas. Organismos humanitarios denuncian que muchos inocentes están tras las rejas. Karen cuenta que cuando empezó el régimen de excepción, los policías volvieron a buscar a su hermano. “Ahí sí nos preocupamos porque golpearon a mi tío y lo amenazaron, tiraron puertas y todo eso”. Huyendo de esta caza de brujas, Kevin decidió emigrar, por segunda vez, a Estados Unidos. En El Paso, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo expulsaron a México. Después logró cruzar la frontera. No solicitó asilo porque ya tenía dos deportaciones. Empezó a trabajar en la construcción. El 13 de marzo de 2025, Kevin fue expulsado a El Salvador. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. “No debieron enviarlo a El Salvador, considerando que ya tenía este precedente”, afirma Kelvi Zambrano, abogado en Estados Unidos que representa a la familia de Kevin, refiriéndose a los intentos de la policía salvadoreña por incriminar en el pasado a Kevin como pandillero. El abogado recuerda que el principio de non-refoulement es una norma fundamental del derecho internacional, inscrita en la Convención de Ginebra, que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales puedan verse amenazados. “El Comité contra la Tortura, en interpretación del artículo tres de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es parte, establece que no se puede enviar a una persona a un país donde corre riesgo su integridad y su vida”, precisa Zambrano.  La familia de Kevin está segura de que fue detenido al llegar en los vuelos militares de deportados en 2025, debido al empeño de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por demostrar que se trataba de peligrosos pandilleros. “Las personas con antecedentes penales en El Salvador han sido recapturadas, a pesar de haber sido absueltas de todos los cargos. Ni siquiera tiene un tatuaje de marero en el cuerpo”, insiste Karen. Para Juanita Goebertus, de HRW, “La narrativa del gobierno de El Salvador busca justificar la detención de estos deportados al señalar que están involucrados en la delincuencia organizada; sin embargo, la información que tenemos de parte del ICE indica que la gran mayoría no tenía antecedentes judiciales ni vinculación con estos grupos criminales”.  Goebertus subraya que, aunque los índices de seguridad en El Salvador han mejorado bajo el régimen de excepción, también se ha registrado un aumento de las detenciones arbitrarias. HRW ha documentado cientos de detenciones de personas que no estaban vinculadas a pandillas. Asimismo, cuenta con un informe a partir de testimonios policiales que revelan cómo recibían órdenes de cumplir ciertas cuotas de arrestos, independientemente de si los sospechosos pertenecían a estos grupos o no. Elmer Concepción Romero “Él no se fue huyendo del país, sino para ayudar a su hijo debido a la difícil situación económica acá en El Salvador. Las constancias de la fiscalía muestran que no tiene delitos. En todas las instituciones nos preguntan si tiene tatuajes. Él no tiene”, sostiene Glenda.  La primera vez que su hermano Elmer emigró a Estados Unidos fue en 2003. Entró por la frontera y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio con el que EE. UU. acoge a personas que huyen de situaciones de extrema violencia, conflictos bélicos o desastres naturales. Los salvadoreños fueron los primeros en beneficiarse de este programa humanitario en 2001, a raíz de dos terremotos devastadores y una guerra civil que sumió al país en la pobreza y forzó al exilio a miles de personas. (En septiembre, la administración Trump puso fin al TPS para los salvadoreños, dejando sin protección a unas 232 000 personas y a sus familias**). Un año después de recibir el TPS, Elmer fue condenado a ocho años de cárcel por agresión en grupo y homicidio involuntario.  “En ese tiempo, él tenía 17 años. Cumplió su condena en 2011, salió libre y fue deportado. Vino al país. No tuvo ningún problema. Lo recogimos en el aeropuerto y todo bien”.    En 2023, emigró nuevamente a Estados Unidos y las autoridades migratorias lo detuvieron por encontrarse sin sus papeles en regla. Tras 26 meses de prisión junto a otros indocumentados, fue deportado desde EE. UU. en el vuelo militar del 31 de marzo de 2025. Un año y una semana después, aconsejada por la familia de uno de los once identificados que logró averiguar que su pariente se encontraba allí, Glenda fue al Centro de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. “Primero me aseguraron que no estaba, pero yo insistí. Me hicieron esperar y luego me dijeron: 'Sí, aquí está, ya le puede dejar el paquete'. Con la desesperación, corrí y compré lo que pude. Pero no hemos tenido ni una llamada ni una foto para saber si él está bien o si recibe los paquetes con los víveres que pide la cárcel”. En un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha del 9 de junio, y en respuesta a la solicitud de medidas cautelares, el Estado de El Salvador reconoció que Elmer Concepción Romero Yanes se encuentra recluido e incomunicado en la cárcel de Santa Ana.  “Queremos una respuesta clara del Estado porque los abogados nos han dicho que en El Salvador una persona no puede ser detenida ni condenada por un delito que cometió en Estados Unidos y cuya pena ya cumplió”, insiste Glenda. “El Estado de El Salvador ha indicado dónde se encuentra detenido, pero no presenta ningún sustento jurídico que justifique la privación de su libertad. En consecuencia, estamos ante una detención arbitraria”, afirma Kelvi Zambrano, abogado que representa a nueve familias —entre ellas la de Elmer— de los once identificados de un total de 36 deportados. Ha pasado año y medio de las deportaciones de estos salvadoreños y las familias aún no tienen contacto con ellos. Sus abogados no han podido acceder a los expedientes, ni han sido informados de qué se les acusa para estar en prisión. Hay familias a las que ni siquiera se les ha confirmado en qué cárcel está su pariente. El jurista señala que, según los estándares internacionales, la incomunicación de un detenido está prohibida y solo se justifica para preservar sus derechos fundamentales —como su integridad física— o para proteger el proceso. En este sentido, el juez debe razonar si procede o no dicha medida; sin embargo, en este caso ni siquiera existe un proceso judicial contra los deportados detenidos.  Según los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, cuando se encuentra a la persona o se conoce su paradero, el delito de desaparición forzada no desaparece ni se extingue, sino que cesa su consumación. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca. “Nosotros hemos presentado la demanda contra el Estado de El Salvador a favor de estas personas, para que el Estado salvadoreño sea condenado por el concepto de desaparición forzada”, dice Zambrano. Y subraya que se trata de un patrón de continuidad de desaparición forzada: “El delito comienza en Estados Unidos y se mantiene en El Salvador”   *El 18 de mayo de 2025, Ruth López, directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, desde donde se ha investigado al presidente Bukele, fue apresada acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín al mandatario salvadoreño. López ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, ya que el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción. ** Para el caso salvadoreño, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que la supresión del TPS y las deportaciones desde EE. UU. reducirían drásticamente las remesas (24%-26% del PIB), golpeando gravemente a los hogares y a una economía salvadoreña ya estancada. También existe un riesgo en materia de seguridad y derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones del derecho a un juicio justo y otros abusos graves cometidos bajo el estado de emergencia.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido. Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe. “No ha habido un cambio en los actores” “En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica. El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos. “No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher. Aún 500 presos políticos La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados. “La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala. El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima. Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional del Derechos Humanos, conversan con #GlatzerTuesta en #NoHayDerecho vía Facebook y YouTube de @ideeleradio No Hay Derecho.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido. Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe. “No ha habido un cambio en los actores” “En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica. El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos. “No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher. Aún 500 presos políticos La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados. “La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala. El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima. Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Morena suma tres perfiles rumbo a las elecciones de 2027 Aparato represivo de Venezuela sigue intacto denuncia la ONU  ¿Sabías que la Campana de Dolores llegó al Zócalo en 1896?Más información en nuestro podcast#grc

El obispo Raúl Vera renuncia al centro de derechos humanos que fundó en Saltillo Rusia y Ucrania pactan detener bombardeos, según TrumpMás información en nuestro podcast#grc

La emisión se desarrolló sobre la base de explicar e interpretar los Decretos de emergencia económica con énfasis en el fondo Milagro y las obras por impuestos. Igualmente, se pronosticó la inflación y la tasa de intervención a Diciembre de 2026. Asi mismo en Derecho para todos se explorararon las consecuencias negativas para la fuerza pública y las víctimas si la JEP dejara de existir.

En agosto de 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Médicas Residentes en México. El documento analiza la formación médica desde tres grandes derechos: educación, trabajo y salud, y pone sobre la mesa situaciones que quienes hemos trabajado durante años en hospitales probablemente hemos observado alguna vez. Quiero aclarar algo desde el principio: este informe no es una nueva ley ni sus sugerencias son, por sí mismas, una sentencia jurídicamente ejecutable. Sin embargo, se apoya en un marco normativo existente —Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud y NOM-001-SSA-2023— y coloca sobre la mesa de reflexión en las escuelas de medicina y las instituciones de salud ya no podemos ignorar.

Empresas mineras deberán vigilar residuos peligrososDelfina Gómez destaca renovación masiva del Periférico NorteEcatepec prohíbe ‘toritos' pirotécnicos y aplica Ley SecaMás información en nuestro podcast#grc

Gino Costa, exministro del Interior y Percy Castillo, exadjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, conversan con #GlatzerTuesta en #NoHayDerecho vía Facebook y YouTube de @ideeleradio No Hay Derecho en vivo de lunes a viernes, desde las 7 a. m., por el YouTube y Facebook de Ideeleradio.

Dr. José Israel Ibarra González, Profesor-Investigador deMigración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales invitado de Continente MóviMigranálisis: Organizaciones defensoras de migrantes ante la nueva era de la movilidad

Cosa Publica 2.0 - Ma. 08 Sep 2026 #hoy en #CosaPública2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada; 1. Pueblos originarios 2. Adrián Hernández, Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil 3. Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero 4. Poderes + México-EEUU + Imperialismo + Medio Oriente Conducción y producción por: Rubén Martín: https://x.com/rmartinmar Jesús Estrada: https://x.com/jestradax Asistencia de producción y realización: Alejandro Coronado: https://x.com/SoyelCoronado Operador de audio: Emanuel Candelas

Gobierno prepara protocolos ante la temporada de huracanes Sinaloa destina más de 13 millones de pesos a equipo de seguridadONU exige a EE. UU. rendir cuentas por muertes de migrantesMás información en nuestro podcast#grc

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En este episodio, nuestro compañero Jacobo García nos cuenta desde Ceuta cómo están regresando a Marruecos algunos de los jóvenes que entraron hace semanas en la ciudad autónoma. Han pasado este tiempo durmiendo en parques, descampados o alcantarillas, sin dinero y vuelven agotados, con sensación de fracaso y, en muchos casos, sin que nadie los espere al otro lado de la frontera.Hablamos también con Khadija Ryadi, expresidenta de la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, que describe el contexto al que regresan: en el reino alauí, tres millones de jóvenes de entre 15 y 30 años ni estudian ni trabajan, unos 300.000 niños abandonan la escuela cada año y, según denuncia Ryadi, los servicios públicos están en declive.En Marruecos, además, estos jóvenes retornados están expuestos al aumento de la represión, especialmente en redes sociales. Muchos le contaban a Jacobo que siguen pensando en volver a cruzar la frontera: a pesar de todo, España y Europa se les siguen presentando como una posible salida.

Nicaragua avanza hacia una nueva reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato presidencial y restringe la participación de sectores de la oposición en futuras elecciones. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende estos cambios como parte de un modelo propio de democracia, mientras sus críticos alertan de una mayor concentración del poder y del cierre de los espacios para la alternancia política. ¿Está Nicaragua ante la consolidación de una dinastía Ortega? Lo analizamos.

Saskia Niño de Rivera conversa con Alex, quien llegó en una conferencia, frente a más de cien personas, alzó la mano y me dijo que era sobreviviente de uno de los secuestradores que había entrevistado en prisión: Raúl Marroquín. El hombre que operaba en la Zona Rosa de la Ciudad de México, que engañaba hombres homosexuales para secuestrarlos y asesinarlos, y al que México, sus medios y su sistema de justicia decidieron convertir en un chiste. 00:00:00 - 00:06:20 La revelación 00:06:20 - 00:17:07 El monstruo humanizado 00:17:07 - 00:25:00 La burla que no perdona 00:25:00 - 00:58:36 Culpa, exilio y silencio 00:58:36 - 01:04:48 Reconstrucción y perdón Alex tenía 21 años cuando fue vendado, encadenado, sometido a violencia durante días en completa oscuridad. Sobrevivió cuando casi ninguno de sus víctimas lo hacía, pero lo que vino después fue, en muchos sentidos, igual de brutal: ver cómo el país entero se reía del caso en televisión, escuchar cómo le daban tribuna al asesino para decir que le hacía un favor a la sociedad, y descubrir, desde el exilio, que su sufrimiento simplemente no importaba porque era gay. En este episodio de Sobrevivientes hablamos de lo que significa sobrevivir dos veces: al crimen y al silencio. De la culpa que cargan quienes vivieron algo que nunca buscaron, de lo que le hace a una persona crecer sabiendo que la sociedad hubiera preferido no enterarse y de cómo, a pesar de todo eso, Alex eligió reconstruirse. ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join Visita penitencia.com Síguenos en: https://instagram.com/penitencia_mx https://tiktok.com/@penitencia_mx https://facebook.com/penitencia.mx https://x.com/penitencia_mx Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050 Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia Redes Saskia: https://instagram.com/saskianino https://tiktok.com/@saskianino https://x.com/saskianino Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Procurador Delegado para los Derechos Humanos

Lourdes Lancho y el escritor Gabi Martínez conversan con Teresa Vicente, profesora de filosofía del derecho y directora de la cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. El tema del día son los ríos, algo que se trata en ¿Están vivos los ríos?, el libro de Robert Macfarlane.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes. El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel. El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis. Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal. "No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI.  Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña. "No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal.  También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes. "El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez. "Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir.  A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo". "El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez.  Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido. Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes. El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel. El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis. Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal. "No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI.  Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña. "No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal.  También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes. "El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez. "Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir.  A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo". "El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez.  Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido. Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

El asedio a los inmigrantes se intensifica en Estados Unidos. Por un lado, Washington ha pausado las citas para solicitar visas de inmigrante en sus embajadas y consulados en todo el mundo. Por otro, las detenciones dentro del país alcanzaron en julio su nivel más alto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: casi 50.000 migrantes fueron detenidos por ICE, unos 1.500 al día. ¿Trump cumple así su promesa de endurecer la política migratoria? Lo analizamos en France 24.

En Bacalar, Quintana Roo, México, el agua tiene memoria y los defensores del territorio están alzando la voz. Acompaña a Paul Antoine Matos en un recorrido que va desde las cuevas de Akumal hasta los balnearios públicos de una laguna que resiste el despojo. Un documental esencial para entender los Derechos Humanos en el sureste mexicano.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

El problema de las personas desaparecidas en México no es una realidad nueva; cada semana se reportan los trabajos de búsqueda que realizan las madres buscadoras y colectivos ciudadanos. Sin embargo, el hallazgo de restos abre una segunda y dolorosa interrogante: ¿cuánto tiempo tardan las autoridades en identificar de quién se trata?. Esta demora revela una profunda crisis en la administración pública, un fenómeno conocido como la “doble desaparición”. Este proceso ocurre cuando una persona, tras ser localizada sin vida, queda atrapada en el laberinto administrativo y logístico de las instituciones, que con frecuencia no notifican a los familiares aun cuando los cuerpos ya han sido reconocidos. En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Valentina Peralta Puga, Coordinadora Nacional de la Red de Labores por los Derechos Humanos y Consejera Nacional Ciudadana de Búsqueda, advirtió que el origen de esta problemática radica en décadas de abandono y obsolescencia en los servicios forenses de las entidades federativas. Los centros periciales carecen de la tecnología necesaria y de la capacidad de almacenamiento adecuada, lo que suele derivar en el envío de cuerpos no reclamados o no identificados a fosas comunes o a espacios académicos de medicina.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Arturo Medina informó que el 84% de las familias desplazadas de la Montaña de Guerrero en mayo ya regresaron a sus casas, derivado de la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.

A pesar de los pactos de paz firmados para el enclave palestino, la ofensiva militar en la Franja de Gaza continúa sin tregua mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu impulsa la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada. Ante el rechazo internacional y el endurecimiento de posturas en el Estado de mayoría judía, nos preguntamos en El Debate de France 24: ¿qué está haciendo Israel en Gaza y en Cisjordania? ¿Ha perdido el Gobierno de Benjamin Netanyahu todo límite en su estrategia territorial y militar? Lo analizamos junto a expertos.

¡Toma previsiones! Metrobús anuncia cierres en las líneas 2 y 5  Exposición de Picasso llega a la UAEMex  España y Marruecos blindan frontera de CeutaMás información en nuestro podcast#grc

Más de 480 presuntos integrantes de pandillas fueron juzgados de manera colectiva en El Salvador, en uno de los episodios más controvertidos del régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como parte de su ofensiva contra el crimen organizado y reivindica la drástica reducción de la violencia, organizaciones de derechos humanos cuestionan las detenciones y los procedimientos judiciales. ¿Dónde termina la lucha contra las pandillas y comienza el riesgo de normalizar la excepción? Lo analizamos junto a expertos en El Debate de France 24.

Daniel Muñoz entrevista a la consejera de sanidad y servicios sociales de Ceuta, Nabila Pavón para conocer la actualidad de la ciudad autónoma. En una entrevista concedida a esRadio, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Pavón, ha analizado la crítica situación que atraviesa la ciudad autónoma trece días después de sufrir la masiva entrada de inmigrantes. Pavón ha descrito un panorama desolador marcado por la inseguridad, el miedo y la incertidumbre de una población que se siente invadida y desamparada ante el colapso de los servicios públicos y la falta de respuesta del Ejecutivo central. La consejera ha respondido con firmeza a las acusaciones de Marruecos, cuyo Consejo de Derechos Humanos acusó al gobierno local de denegar auxilio y cerrar centros de acogida. Pavón ha calificado estas afirmaciones de falsas, explicando que las infraestructuras de la ciudad no sufrieron cierres intencionados, sino una absoluta falta de abastecimiento provocada por la llegada repentina de una cantidad de personas equivalente a toda la población ceutí. "Las verdaderas víctimas de esta situación son los ciudadanos de Ceuta", ha sentenciado. Respecto a la devolución de los menores no acompañados, Pavón se ha mostrado escéptica ante las declaraciones del Gobierno central que aseguraban una plena colaboración por parte del reino alauita. La consejera ha advertido de que los trámites de filiación avanzan a un ritmo excesivamente lento —apenas un centenar al día— debido a la falta de personal, lo que retrasará la regularización de la situación durante meses. Aunque se anunciaron refuerzos de efectivos, la realidad sobre el terreno sigue siendo de un desbordamiento absoluto de cara al inicio del curso escolar en septiembre. La situación médica en la ciudad es otro de los puntos de mayor fricción. Frente a la postura del ministerio, que niega la existencia de una crisis de esta índole, Pavón ha denunciado un evidente colapso sanitario en los hospitales y centros de salud locales. Según los datos facilitados por los propios profesionales médicos, las intervenciones en urgencias se han multiplicado por cinco, agravando un déficit de personal que ya era estructural antes de la crisis y que actualmente se sostiene únicamente gracias al voluntariado de los sanitarios ceutíes. Este hacinamiento y la falta de control sobre las personas que deambulan por la ciudad ya está provocando la aparición de brotes de enfermedades contagiosas como la sarna o el sarampión. Ante el aumento de la tensión y las agresiones registradas contra el personal de enfermería, los trabajadores de la salud han solicitado el despliegue del ejército en las inmediaciones hospitalarias para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad durante el desempeño de sus funciones. Finalmente, Pavón ha lamentado el absoluto desinterés mostrado por los ministerios competentes del Gobierno de España, revelando que la ministra de Sanidad no se ha puesto en contacto con ella ni una sola vez desde el inicio de la crisis migratoria para coordinar la asistencia sanitaria. Esta falta de comunicación, que Pavón también ha criticado duramente en una entrevista reciente publicada por Libertad Digital, evidencia el abandono institucional y la desatención que padece la ciudad autónoma en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

A 20 años del inicio de la guerra contra el narco en México, el analista e historiador Jacques Coste conversa con Óscar Balderas en Esquina Balderas sobre la continuidad silenciosa de la militarización, el desgaste de los derechos humanos y las alternativas reales para pacificar el país. En esta entrega especial para La Saga, se analizan dos décadas de conflicto armado interno y seguridad pública militarizada, así como la estrategia iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón, que, de acuerdo con Coste, continúa bajo una narrativa distinta impulsada por Omar García Harfuch y el gobierno de Claudia Sheinbaum. La conversación cuestiona la idea de que la guerra contra el narcotráfico ha terminado y examina la transformación de los cárteles hacia economías extractivas y de control territorial. También se aborda el debate entre la mano dura del “modelo Bukele” en El Salvador y la necesidad de construir acuerdos de gobernabilidad local, tomando como referente el caso de Coahuila. Finalmente, Óscar Balderas y Jacques Coste reflexionan sobre el papel del lenguaje leguleyo en la invisibilización de las víctimas, la marginación de los colectivos de búsqueda y la erosión de los derechos humanos en la agenda política contemporánea de México. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

A 20 años del inicio de la guerra contra el narco en México, el analista e historiador Jacques Coste conversa con Óscar Balderas en Esquina Balderas sobre la continuidad silenciosa de la militarización, el desgaste de los derechos humanos y las alternativas reales para pacificar el país. En esta entrega especial para La Saga, se analizan dos décadas de conflicto armado interno y seguridad pública militarizada, así como la estrategia iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón, que, de acuerdo con Coste, continúa bajo una narrativa distinta impulsada por Omar García Harfuch y el gobierno de Claudia Sheinbaum. La conversación cuestiona la idea de que la guerra contra el narcotráfico ha terminado y examina la transformación de los cárteles hacia economías extractivas y de control territorial. También se aborda el debate entre la mano dura del “modelo Bukele” en El Salvador y la necesidad de construir acuerdos de gobernabilidad local, tomando como referente el caso de Coahuila. Finalmente, Óscar Balderas y Jacques Coste reflexionan sobre el papel del lenguaje leguleyo en la invisibilización de las víctimas, la marginación de los colectivos de búsqueda y la erosión de los derechos humanos en la agenda política contemporánea de México. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran. Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”. Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció. Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre. “Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente.  Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros. En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

¿Es justicia imparcial o un ajuste político? En esta edición de La Saga, Lucero Álvarez y Gonzalo Lira analizan las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso del exgobernador Ernesto Rufo, la polémica filtración de audios de la gobernadora de Baja California, la postura de Maru Campos sobre la soberanía nacional y la nueva denuncia del PAN contra Gonzalo "Bobby" López Beltrán. Además, debaten la tensa relación entre México y Estados Unidos bajo la narrativa de Donald Trump, las implicaciones del narcoterrorismo y el ambiente previo a la final del Mundial 2026. También reciben al equipo legal de Raúl Mesa, que expone las presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta por un caso de supuesto sabotaje en Michoacán. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó.