Podcasts about derechos humanos

El Secretario de Estado Marco Rubio hizo público su apoyo a Rosa María Payá en su candidatura a la CIDH. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, comenta sobre el significado de esta nominación, entre otros temas.

El Centro de Atención a Migrantes y Refugiados es un espacio privilegiado de encuentro, atención y acompañamiento a las personas migrantes y refugiadas atendido por un grupo de voluntarios y voluntarias capacitado, organizado y sensible al fenómeno migrante, a fin de brindar una atención integral con perspectiva de Derechos Humanos. Con el propósito de brindar servicios de calidad que satisfagan necesidades como alimentación, higiene, vestimenta, descanso y contacto con sus familiares. En este podcast, El Expresso de las 10 es el tren que te lleva a conocer el Centro de atención a Migrantes y Refugiados de FM4 Paso Libre para brindarnos la oportunidad de apadrinar un servicio; ¿Alguna vez has estado lejos de tu lugar de origen?. Gracias pro su participación en nuestro programa a Gauri Porras, Co-Directora Ejecutiva y Wilmer Hernández Co-Director Ejecutivo Además de Lexmatron – Director del Proyecto Migrare y Cantautor; Héctor Aguilar – Percusionista y el ensamble conformado por Gauri Porras, Hilda Estrada, Gabriel Covarrubias, María José Chavolla, José Manuel Quezada y Raúl Ramos Hilda Estrada, Encargada de Procuración de Fondos; Gabriel Covarrubias, Encargado de Comunicación Social. Gracias también a Santiago Aguilar Coordinador de Albergue de atención a migrantes y refugiados, Alexandra López Hansson quien es Voluntaria de Tiempo Completo y Vanessa Hernández García, Voluntaria de Cocina; María José Chavolla, Coordinadora de Acompañamiento Integral, Tor Aguilar, Encargado del Área Educativa. Gracias también a las personas migrantes y refugiadas que nos compartieron su experiencia.

Cuatro muertos y varios desaparecidos mientras las lluvias de la costa este se dirigen al sur. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta juzgar un primer caso de esterilización forzada en Perú durante el mandato de Fujimori. Escucha estas y otras noticias importantes del día.

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país.“Poder ser escuchados es importante”“Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI.“Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue.La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia.“La búsqueda de las Abuelas continúa aún”“En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete.“Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega.Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad.Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país.“Poder ser escuchados es importante”“Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI.“Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue.La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia.“La búsqueda de las Abuelas continúa aún”“En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete.“Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega.Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad.Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

No te pierdas ésta entrevista con el Dr: Raúl Tortolero.Escritor, conferencista. Consultor político. Doctor en Derechos Humanos. Maestro en Filosofía, Cultura y Religión. Activista católico, provida y profamilia, y contra el socialismo, el comunismo y el progresismo. Presidente de “Nueva Derecha Hispanoamericana” y Fundador del Ejército Cristero Internacional. Speaker en CPAC 2022 y en el Congreso Iberosfera Monterrey. Ex Secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Premio Nacional de Periodismo 2007, otorgado por la ONU en México. Analista Geopolítico. Su más recientes libros son: “La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno” (2022), y “La Nueva Derecha: el retorno de Dios a la cultura, ante el supremacismo progresista” (2023).Visita elkombo.com

La firma de opinión de Evelin R. Molano, activista y voluntaria de distintas organizaciones, fundaciones y colectivos en defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual que busca ser un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Sus conclusiones muestran un grave deterioro de la situación en la región,  según dijo Andrea Pochak, comisionada de la CIDH, en entrevista con Carmen Aristegui de CNN. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Volvemos a la franja donde Israel ha lanzado su mayor ofensiva desde la ruptura del alto el fuego el pasado mes de marzo. Los ataques coinciden con más de dos meses de bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su impacto en la población local, tal y como nos describe el portavoz de UNICEF para Palestina, Jonathan Crickx. La situación extrema en territorio palestino ha llegado al festival de cine de Cannes donde saludamos a la jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes, y hablamos con una magistrada de la Corte Penal Internacional, el tribunal que investiga los indicios de genocidio en Gaza. Se trata de la africana Reine Alapini-Gansou, invitada a unas jornadas dedicadas a los defensores de los Derechos Humanos en Vitoria organizada por la agencia vasca de Cooperación y Solidaridad. 

Gaza soporta jornada sangrienta. Israel continúa bombardeando y hoy ha matado al menos a cien personas. Israel debe poner fin a todas las ejecuciones extrajudiciales y otros usos ilegítimos de la fuerza en la Cisjordania ocupada, dijo la Oficina de Derechos Humanos.Más de 295 millones de personas en 53 países y territorios enfrentaron niveles agudos de hambre en 2024.

Desde hace unos meses, cientos de personas sin hogar malviven en los aeropuertos de Barajas y El Prat. A sus problemas de salud, desempleo y soledad se suma una situación de abandono institucional. Ninguna administración asume la responsabilidad, mientras se culpan mutuamente. AENA aplica restricciones que incluyen el corte de agua por las noches y limita la entrega de comida por parte de colectivos solidarios. Algunos temen especialmente que sus familias los reconozcan, expuestos como están ante medios y turistas que los graban y difunden las imágenes en redes sociales como TikTok. CRÉDITOS Realiza: David Expósito y José Juan Morales Presenta: Ana Fuentes Dirección: Silvia Cruz Lapeña Edición: Ana Ribera y Bárbara Ayuso Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis Sintonia: Jorge Magaz Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

A falta de suficiente información sobre la situación de los pueblos Indígenas en Nicaragua en marco al Covid19; vía telefónica conversamos con la Líner Indígena Miskitu, y defensora de Derechos Humanos Lotty Cunningham. Ella es fundadora de la organización CEJUDHCAN, que promueve y protege los Derechos Humanos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. En esta entrevista Lotty denuncia que desde antes de la pandemia ya experimentaban una grave situación respecto a la falta de acceso a salud, alimentación y agua limpia, pues la invación de colonos y el despojo de territorios Indígenas ha causado fuertes problemas a la economía local, creando conflico, muertes y más pobreza a estos pueblos. "Con la llegada de la pandemia la situación se complica", enfatiza Lotty. Escuchemos la entrevista y recuerde que nuestros programas son de uso libre y gratuitos, yusted puede ajustarla esta y todas nuestras producciones al tiempo que disponga en su radio, es decir reeditarla sin alterar las declaraciones de nuestros entrevistados. Realización: Teresita Orozco, Cultural Survival, Nicaragua. Musicalización: Música de Fondo: FLASH informativo fondo, de uso libre Música de Introducción: “Burn Your Village to the Ground” por A Tribe Called Red. Usado con permiso. Imágen: Diario La Prensa, Nicaragua Esto es una producción de Radio de Derechos Indígenas. Nuestros programas son gratuitos para escuchar, descargar y difundir.

VIDEO - https://youtu.be/XcFJKlves0U

La falta de oportunidades económicas y de servicios esenciales es el mayor desafío para los retornados sirios. Mantener a los opositores en condiciones de aislamiento en Venezuela podría constituir un crimen internacional. Los niños han experimentaron descensos en su rendimiento académico, bienestar mental y salud física desde el inicio de la pandemia COVID-19.

Rara vez dejo de oír un podcast que comienzo a seguir, pero me ha pasado en alguna ocasión. En general lo que me lleva a dejar de oír podcast:- Que no se tenga en cuenta el trabajo de las mujeres (por ejemplo, no nombre a referentes)- Que banalicen o no respeten los Derechos Humanos (por ejemplo, que se minimice un gesto fascista o que se atente contra el derecho a la identidad de género)- Que no tengan en cuenta, insulten o se burlen de Andalucía, nuestra cultura, nuestro habla o nuestra gente.Dime qué te ha parecido este capitulo y deja un comentario en ivoox o Spotify.Si lo prefieres, envíame un correo electrónico a la dirección de gmail almadailypodcast. En redes soy @almajefi y me encuentras en X / Twitter, Bluesky, Threads, Instagram y Telegram.

Desde enero de 2025 la Constitución Federal establece la prisión preventiva oficiosa en los procedimientos penales por los delitos relacionados con falsos comprobantes fiscales y el contrabando.Esto significa que el juez dictará de manera automática esta medida cautelar en contra de las personas que estén siendo investigadas por la comisión de tales delitos, quienes deberán afrontar el procedimiento desde prisión.El texto constitucional dejó importantes temas sin definir, entre ellos, ¿en qué casos los CFDI o facturas que amparen operaciones inexistentes o simuladas podrán calificarse como “falsos comprobantes fiscales”?, ¿la prisión preventiva oficiosa aplica solo a las facturas emitidas por contribuyentes dentro del listado del artículo 69-B o también para aquellos que todavía no han sido incluidos?Un segundo reto de la reforma constitucional es conciliarla con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2022 condenó a México por considerar que la figura de prisión preventiva oficiosa es inconvencional.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El río Suchiate, en el sur de México, en la frontera con Guatemala, es considerado "la frontera silenciosa" de Estados Unidos. Decenas de miles de migrantes pasan por allí cada año y, aunque su objetivo inicial es cruzar a territorio estadounidense, México termina siendo su destino final.

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Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Juanita Gubertus, Directora de Human Rights Watch para las Américas, habla sobre la posible intención de actuar legalmente contra periodistas del medio salvadoreño El Faro, luego de publicar entrevistas con presuntos exlíderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios en las que aseguran que pactaron con el entorno político del presidente Nayib Bukele para apoyarlo a que ganara las elecciones.  Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Este pasado domingo se encontraron en una mina del distrito peruano de Pataz los cuerpos de 13 trabajadores de una mina de oro que habían sido secuestrados por una organización criminal, que tras no recibir pago de rescate los asesinó. Dina Boluarte ha declarado toque de queda y desplegado al Ejército. Profundizamos en este asunto con Erika Solís, investigadora del área académica y de investigaciones del Instituto de Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Católica de Perú. Escuchar audio

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios rechazó un plan de las autoridades israelíes para cerrar el sistema de ayuda existente en Gaza. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur condenó en los términos más enérgicos el ataque aéreo perpetrado contra un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Old Fangak, El progreso en el desarrollo humano se ralentiza hasta el nivel más bajo en 35 años

Mientras seguimos sobreexplotando recursos y contaminando por encima de nuestras posibilidades, ¿tienen un río o una montaña derecho a ser defendidos? ¿Por quién y cómo? Lo contamos en este programa con el Institut de Drets Humans de Catalunya para descubrir cómo empezar a escuchar a nuestra naturaleza con Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho en Universidad Autónoma de Madrid y June Orenga, la responsable de formación del IDHC. Viajamos hasta América Latina, pionera en reivindicar que la naturaleza tenga derechos propios, con Digno Montalván, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Y hacemos paradas en la historia del Mar Menor que se convirtió en el primer ecosistema con personalidad jurídica en Europa y conocemos a quienes están luchando por la naturaleza en España: del Delta del Río Ebre al Río Tins en Galicia. Más información aquí: https://bit.ly/Rios1506 Haz posible Carne Cruda: http://bit.ly/ProduceCC

Marco Antonio Suástegui Muñoz, afromexicano, defensor del territorio y líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) fue agredido el 18 de abril de 2025 y perdió la vida días después, el 25 de abril. Marco Antonio fue asesinado por su labor como defensor y su caso no es un caso aislado, es parte de una persecución sistemática contra las y los defensores del territorio en todo el mundo. Puedes escuchar, descargar y compartir este programa de forma gratuita. Música de introducción: - Burn Your Village to the Ground” de The Halluci Nation. Derechos de autor, propiedad de The Halluci Nation. Usada bajo su permiso. Música de fondo: - “Dulce” de Halcones Negros. Música de uso libre. Voz: - Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México. - Guadalupe Pastrana, nahua, Cultural Survival, México. Audios: - Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México. Guión, producción y edición: - Guadalupe Pastrana, nahua, Cultural Survival, México. Imagen: - Amnistía internacional. Enlaces: - Pide ONU respetar oposición a La Parota. https://www.jornada.com.mx/2006/08/11/index.php?section=estados&article=039n1est - Marco Antonio, un defensor tenaz, aguerrido y comprometido con su gente. https://www.tlachinollan.org/marco-antonio-un-defensor-tenaz-aguerrido-y-comprometido-con-su-gente/ Esta es una producción de Radio de Derechos Indígenas. Nuestros programas son gratuitos para escuchar, descargar y difundir.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A pesar de ser un pilar básico y esencial para el desarrollo de sociedades libres y democráticas, la posibilidad de informar con independencia es restringida o atacada incluso por las autoridades que prometen respetar todos los derechos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa conozcamos sus retos y dificultades en el siguiente informe.

Honduras se ha convertido en el epicentro de una lacra ignorada: la trata de personas, la tercera actividad delictiva más rentable del mundo. Ubicada entre América del Norte y del Sur, Honduras es un punto de tránsito clave para todo tipo de trata. La pobreza, la violencia y la corrupción la han convertido en un caldo de cultivo para las redes criminales internacionales.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI,  'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'.  Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington.Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca.No hay un análisis caso por caso "El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma.El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo?"Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli.El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante:“Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI,  'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'.  Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington.Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca.No hay un análisis caso por caso "El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma.El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo?"Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli.El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante:“Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

La cooperación internacional salva vidas y mejora nuestra calidad de vida más de lo que imaginamos. El cierre de USAID bajo el gobierno de Trump nos recuerda cuán esencial es esa ayuda para América Latina. ¿Qué perdemos sin cooperación? ¿Podrá América Latina encontrar un reemplazo para que programas vitales no quedan a la deriva? Preguntas que ponemos Bajo la Lupa.Participa:Mario Carvajal, consultor Senior de Asuntos Públicos en IDDEA Comunicaciones. Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts. Visita dialogopolitico.org 

En NEGRAS, conversamos con la Lic. Annette M. Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU-Puerto Rico, sobre Derechos Humanos en riesgo.Mujeres afrodescendientes conversan sobre proyectos, académicos y comunitarios, relacionados a la negritud y la racialización en Puerto Rico. Aprende de los saberes de mujeres afrodescendientes y desaprende mitos que, históricamente, han degradado a las personas visiblemente negras en la nación puertorriqueña. Una producción de Colectivo Ilé ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.colectivoile.org/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ para Radio Universidad de Puerto Rico. Viernes 3:00 pm a través del 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠radiouniversidad.pr⁠⁠⁠⁠⁠

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha insistido en los últimos días a Nicolás Maduro en su propuesta de intercambiar a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por igual número de los que considera "presos políticos". El plan ha sido rechazado tajantemente por el chavismo, que lo considera "moralmente inadmisible" "Trío" de la "desgracia migratoria" venezolana, así calificó el Partido Comunista de Venezuela a Donald Trump, Nayib Bukele y Nicolás Maduro.Se trata de una cadena de acontecimientos relacionados con la deportación, cuestionada judicialmente en EE. UU., por parte del Gobierno de Donald Trump de más de 250 migrantes, a los que acusó de estar implicados con la banda criminal Tren de Aragua.Jackeline López, miembro del Partido Comunista, expresó que "las deportaciones ilegales" por parte de "Trump parecen sacadas de una película distópica de terror, donde, sencillamente, se plantea que hay seres humanos de quinta categoría que no merecen tener garantía de Derechos Humanos".Los migrantes fueron deportados a El Salvador y enviados a una cárcel de máxima seguridad conocida como Cecot, también denunciada por ONG por presuntas violaciones de Derechos Humanos.Ahora, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propone intercambiar a los 252 migrantes por igual número de los considerados presos políticos en Venezuela. Pero, el chavismo calificó su oferta como "moralmente inadmisible".Leer tambiénPropuesta de canje de Bukele enfurece al chavismo: ¿a qué "presos políticos" buscaba intercambiar?¿El Salvador está usando a los migrantes como una ficha de canje? ¿Es un acuerdo humanitario justo para buscar la liberación de "presos políticos" en Venezuela? Para analizar el tema, participan en El Debate tres invitados.- Desde Caracas, Indira Urbaneja, analista y estratega política.-En Nuevo Cuscatlán (El Salvador), Romeo Auerbach, exdiputado del partido conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional. También es analista internacional, productor y conductor del programa 'Sin Filtros TV'.

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, dijo a Martí Noticias que continuarán reuniéndose con cubanos que luchan por la democracia y la libertad de expresión, a raíz del acoso a la líder opositora Berta Soler, tras reunirse con jefe de misión diplomática de EEUU en Cuba, Mike Hammer.

Fue postergado para comienzos de junio el juicio contra varios ex miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, acusados del asesinato de cuatro periodistas de los Países Bajos el 17 de marzo de 1982. Los reporteros murieron mientras filmaban un documental sobre la guerra civil (1980-1992), en lo que habría caído en una emboscada. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, denuncia una 'medida dilatoria de uno de los imputados'. Han pasado más de 40 años, pero ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la embajada de Países Bajos en San Salvador han dejado de exigir justicia por la muerte de los cuatro periodistas en el norte del país. El juicio, calificado de "histórico" -por el precedente que puede crear- y cuya face final debía comenzar este miércoles en Chalatenango (norte del país), fue postergado al 3 de junio."No hay duda de que se trata de una medida dilatoria por parte de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, quien se encuentra en Estados Unidos en proceso de extradición", afirma Óscar Pérez, representante de Comunicándonos, fundación que ha exigido justicia en este caso. "Su abogada aprovechó el receso de Semana Santa para sorprender a la jueza. Hoy, la jueza recibió la documentación. Lo cierto es que el coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a contar con defensor, por lo que no podía celebrarse la vista pública", precisa Pérez.Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentran el general José Guillermo García, exministro de Defensa, de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, de 93. Ambos permanecen bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Óscar Pérez comentó a RFI qué esperan de la justicia."Esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas contra estos señores de la guerra. Que la jueza pronuncie una sentencia ejemplar, fundamental para garantizar que no se siga asesinando a periodistas, en ninguna parte, por resultar incómodos. También esperamos —y esto es importante— que este caso impulse otros. Por ejemplo, el de la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas, entre ellas 700 niños y niñas, muchos de ellos menores de cinco años", señala Pérez.El camino de la justicia ha sido largo desde la reapertura del caso en 2018, posible tras la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña que declaró inconstitucional la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil. Ese conflicto enfrentó a las fuerzas gubernamentales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando un saldo de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo del miercoles 23 de abril 8:00am

Fue postergado para comienzos de junio el juicio contra varios ex miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, acusados del asesinato de cuatro periodistas de los Países Bajos el 17 de marzo de 1982. Los reporteros murieron mientras filmaban un documental sobre la guerra civil (1980-1992), en lo que habría caído en una emboscada. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, denuncia una 'medida dilatoria de uno de los imputados'. Han pasado más de 40 años, pero ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la embajada de Países Bajos en San Salvador han dejado de exigir justicia por la muerte de los cuatro periodistas en el norte del país. El juicio, calificado de "histórico" -por el precedente que puede crear- y cuya face final debía comenzar este miércoles en Chalatenango (norte del país), fue postergado al 3 de junio."No hay duda de que se trata de una medida dilatoria por parte de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, quien se encuentra en Estados Unidos en proceso de extradición", afirma Óscar Pérez, representante de Comunicándonos, fundación que ha exigido justicia en este caso. "Su abogada aprovechó el receso de Semana Santa para sorprender a la jueza. Hoy, la jueza recibió la documentación. Lo cierto es que el coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a contar con defensor, por lo que no podía celebrarse la vista pública", precisa Pérez.Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentran el general José Guillermo García, exministro de Defensa, de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, de 93. Ambos permanecen bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Óscar Pérez comentó a RFI qué esperan de la justicia."Esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas contra estos señores de la guerra. Que la jueza pronuncie una sentencia ejemplar, fundamental para garantizar que no se siga asesinando a periodistas, en ninguna parte, por resultar incómodos. También esperamos —y esto es importante— que este caso impulse otros. Por ejemplo, el de la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas, entre ellas 700 niños y niñas, muchos de ellos menores de cinco años", señala Pérez.El camino de la justicia ha sido largo desde la reapertura del caso en 2018, posible tras la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña que declaró inconstitucional la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil. Ese conflicto enfrentó a las fuerzas gubernamentales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando un saldo de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

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En el programa de hoy se abordó el complejo panorama político de Chile Vamos frente a la candidatura de Evelyn Matthei, analizando cómo las primarias podrían debilitar su posición en lugar de fortalecerla. Se discutió el incentivo económico detrás de las primarias y el efecto del financiamiento público en la fragmentación política. Además, se examinó la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán por la tragedia ocurrida en el estadio Monumental y se criticó la duplicidad de funciones entre el delegado y los seremis de seguridad. Se cuestionó fuertemente la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al que se acusa de politizar su labor en contra de Carabineros. A nivel internacional, se analizó la postura de Donald Trump ante la guerra en Ucrania y su relación con Rusia, así como el posible rol de Irán y China en el nuevo orden global. Finalmente, se anunció una futura discusión sobre el tratado pandémico promovido por la OMS. Para acceder al programa sin interrupción de comerciales, suscríbete a Patreon: https://www.patreon.com/elvillegas 00:01:34 - Primarias en Chile Vamos 00:30:22 - Acusación contra delegado presidencial 00:35:24 - Caos institucional y duplicidad 00:40:21 - Críticas al INDDHH y Carabineros 00:51:01 - Guerra en Ucrania y Trump 01:00:07 - OMS y tratado pandémico

En medio de una intensa batalla legal, el caso de Kilmar Abrego García —un migrante deportado por error— genera tensiones entre EE.UU. y El Salvador. Mientras la Corte Suprema escucha argumentos, el presidente Bukele deja claro que no permitirá su regreso, y Trump sugiere incluso la deportación de ciudadanos estadounidenses.

En un mundo donde la conectividad digital se ha convertido en el tejido de nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a una pregunta crucial: ¿es el acceso a Internet un derecho fundamental o un mero privilegio? Una pregunta que los autores de este libro buscan responder a través de un análisis desde el derecho, pero también desde las categorías y reflexiones sociológicas. Una apuesta por la investigación tan característica del centro de pensamiento que es Dejusticia y, como era de esperarse, en los libros mismos publicados por la institución. Volviendo al libro, este expone cómo la brecha digital, esa línea divisoria entre los conectados y los desconectados, no solo limita el acceso a la información, sino que también restringe las oportunidades de participación y desarrollo. En este episodio, exploraremos las profundidades de esta desigualdad en dos de los autores del libro, Victor y Daniel. Ellos desentrañan la temática acompañados de Juan Carlos Upegui y Diana Leon Torres quienes muestra las implicaciones sociales y jurídicas del acceso a las nuevas tecnologías digitales teniendo el internet como un punto crucial. En el libro se examina si el acceso a Internet debe ser reconocido como un derecho fundamental, cuál sería el contenido de este derecho y cómo su reconocimiento podría cerrar la brecha digital que divide a nuestra sociedad. Un texto en donde la sociología y el derecho se entrelazan para iluminar los caminos hacia un futuro digital más equitativo. Víctor Práxedes Saavedra Rionda es abogado y politólogo, con maestrías en Derechos Humanos y en Cooperación Internacional, y Doctor en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como abogado y gestor de proyectos en la sociedad civil en proyectos en Europa y Latinoamérica desde España y Colombia. En los últimos años ha venido trabajando en materia de derecho y tecnologías digitales. Hace parte de la INCLO - International Network of Civil Liberties Organizations. Daniel Ospina Celis es abogado de la Universidad de los Andes, Magíster en Historia de la Universidad de los Andes y Magíster en Estudios de Desarrollo de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes “Desigualdades digitales. Aproximación sociojurídica al acceso a Internet en Colombia”. Un libro editado y publicado en 2021 por Dejusticia en Bogotá, Colombia. Para más información y acceso al libro: Dejusticia: https://www.dejusticia.org/pub... Presentador y anfitrión del podcast: Diego A Garzon-Forero Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Aplacar la guerra sangrienta de las bandas criminales será sin duda el reto principal del próximo jefe del estado ecuatoriano tras las elecciones presidenciales del 13 de abril. El país arrancó el año con una tasa de homicidios récord a pesar de la política de mano dura del presidente Daniel Noboa. Radiografía de la violencia con Billy Navarrete, director de la ONG Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil, epicentro del crimen organizado. Con cerca de un homicidio cada hora, Ecuador se ha convertido en el país más violento de Latinoamérica. El despliegue masivo de militares en las calles, decidido por el presidente Daniel Novoa durante sus 14 meses de mandato en el marco del decreto de estado de conflicto armado interno, no ha logrado de momento reducir la violencia entre las bandas criminales que se disputan los puntos de exportación de la cocaína. Es más, tras un ligero descenso de la tasa de homicidios en 2024 -paso de 46,2 a 39,1 por 100.000 habitantes-, la cifra volvió a dispararse durante los primeros meses de 2025. Las proyecciones actuales podrían llevar a una tasa de 53,1 homicidios por 100.000 habitantes, la más elevada de Latinoamérica.Entrevista con Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, una ONG con 42 años de existencia.RFI:  ¿Cuál fue la chispa que disparó los índices de violencia aquí en Guayaquil? Se ven ahora fenómenos de extorsiones generalizadas, asesinatos y masacres, como el que ocurrió en el barrio pobre Socio Vivienda 2 en marzo, con 22 muertos en un solo día.Billy Navarrete: Esta ciudad es la más poblada del Ecuador. Ha estado siendo habitada por migrantes internos que se han venido asentando en los exteriores de la ciudad. Hay muy amplios sectores de asentamientos humanos muy precarios donde básicamente se concentra la violencia. Aunque desde el 2019 eso ya no tiene límite, es decir, también en los barrios acomodados ocurren hechos de sicariato, ataques con explosivos y una serie de otros hechos que antes no ocurrían.La crisis comenzó con el sistema carcelario. Comenzamos a registrar este pico de violencia hacia el 2019. Varias bandas criminales sufren una fragmentación al interior de las cárceles y comienzan a enfrentarse entre ellas. Luego, esa violencia se desborda a las comunidades, a estas comunidades precarias que se han asentado alrededor de la ciudad.Ahí básicamente están dinamizadas estas violencias por el narcotráfico que tiene que ver con el traslado de mercancía que viene de Colombia, que intenta llegar a los buques que van hacia Europa a través de Guayaquil. La cocaína, que es la principal mercancía, sale a través de estas comunidades precarias que están a orillas del estero. Hay una afectación especial a estas comunidades que son afrodescendientes.RFI: ¿Cómo impacta en las poblaciones en Guayaquil esta agudización de la violencia? Billy Navarrete: Hay considerar dos momentos. Primero, el que se desarrolla desde el 2019 hasta diciembre del 2023. Y otro que inicia hacia el 9 de enero del 2024 cuando el gobierno de Daniel Noboa estableció que el Ecuador vive un conflicto armado interno y da atribución a las Fuerzas Armadas para salir sin acompañamiento de la policía. Eso genera una imagen de mano dura que especialmente tiene afectación en estas comunidades precarias. Una gran cantidad de personas a inicios del año pasado fueron detenidos en especial jóvenes y especialmente afrodescendientes. Durante los primeros meses me refiero a partir del 9 de enero, hasta tal vez mayo se reportaba un promedio de 1300 detenciones por mes.Pero ese volumen de detenciones no llega a judicializarse, es decir, que los agarran, los meten en el balde de la camioneta, los apalean y eventualmente los que sobreviven los dejan desnudos. Es un patrón de conducta, y los dejan en libertad bajo la extorsión. Los números de judicializados es bajito. Hay un efecto de rastrillo, por decirlo de alguna forma.En el peor de los casos que llegue a la prisión [el sospechoso] ingresa a la prisión y el estado se desentiende de él. Y luego de entrar a la prisión, la persona perteneciendo o no a una banda criminal tiene que adherirse a una forzosamente para que esa banda digamos, bajo extorsión, le garantice la vida, la integridad física y acceso a alimentos. Son las bandas las que a la larga administran las cárceles.RFI: En los barrios populares, la violencia alcanza un nivel tan alto que muchas familias se ven obligadas a mudarse. ¿Tenemos una idea de la magnitud de este fenómeno? [Lea aquí nuestro reportaje en Guayaquil]Billy Navarrete: . Son miles de familias, especialmente en la costa. Es un fenómeno que empezó en 2022RFI: ¿Qué le parece la contratación de la milicia privada estadounidense dirigida por Eric Prince, fundador de la empresa Blackwater, para tareas de asistencia militar y capacitación?Billy Navarrete: Parece que tiene un interés electoral porque es un gran show. Este mercenario es ampliamente cuestionado por la manera en cómo interviene otros países en conflicto en el Mundo. Ahora aparecen también para fortalecer esa imagen de mano dura.RFI: ¿Cuál sería entonces la prioridad del próximo presidente o presidenta? ¿Retomar el control de las cárceles, atender la crisis social en los barrios abandonados por el Estado?Billy Navarrete: Mira siendo francos, creería que al menos dos gobiernos consecutivos tienen que mantener una misma política como para comenzar a reducir realmente todo el daño que se ha sufrido. Y que creemos que este gobierno entrante no va a tener mucha diferencia en relación con cómo enfrentar eso. O sea, ambos están casi casi obligados a seguir con la mano dura, pese a lo que significa en materia de derechos humanos. Pensando, por ejemplo, en el caso de los cuatro chicos de Malvinas [asesinados tras su detención por militares en Guayaquil en diciembre de 2024], un caso que ha conmovido y que ha cuestionado tremendamente la política de seguridad en el EcuadorOjalá se considere y se acompañe esta mano dura con una política social. Trabajar al interior de esas comunidades para la prevención al reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes, eso debería ser una prioridad. Por otra parte, la mafia y la fuerza pública han dejado de tener la distancia mínima para, digamos, enfrentarse. Comparten prácticas como la desaparición forzada. La penetración de la mafia a la fuerza pública es directa, por eso digo que es importante un proceso de depuración porque no es necesaria una fuerza pública, no podemos obviarla, hay que recuperarla. 

Dos duros golpes para los inmigrantes: la Corte Suprema respalda las deportaciones exprés bajo la ley de enemigos extranjeros y congela el regreso de un hispano expulsado por error. La administración Trump intensifica su ofensiva migratoria… y las reacciones no se hacen esperar.Tragedia en Santo Domingo: el techo de una discoteca colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, lesionando a decenas de personas. Testigos aseguran haber escuchado un estallido antes del derrumbe. El artista y su equipo ya confirmaron que están a salvo, mientras equipos de rescate trabajan contrarreloj. Te contamos lo último desde la escena.

“La gente se muere de hambre, el caos y los saqueos han vuelto” a Gaza, denuncia UNRWA. El director de la oscarizada ‘No Other Land' denuncia en la ONU el “sufrimiento” del pueblo palestino,Expertos de la ONU publican un informe que identifica a 54 funcionarios responsables de la represión sistemática en Nicaragua.Un 94% de los ecuatorianos en la zona del vertido de petróleo han perdido la forma de ganarse la vida

Carne Cruda ya ha dedicado programas al fenómeno la gestación subrogada desde el punto de vista ético y de Derechos Humanos, ahora ponemos el foco en el negocio a raíz de una investigación exclusiva de La Marea: “El entramado transnacional de la industria de los vientres de alquiler”. Hablamos con Patricia Simón, que lleva años investigando el negocio de la gestación subrogada en el país símbolo de la industria en Europa: Ucrania. Con Queralt Castillo, que amplía las grietas del modelo altruista en Georgia y Grecia, donde también llegan mujeres de países más pobres como Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y con Magda Bandera y Marco Dalla Stella y su investigación sobre el entramado de GestLife en España. Una investigación que expone prácticas de trata de personas (mujeres y bebés); que se ampara en la gestación altruista como vía de presión para legalizar la gestación subrogada; y sobre el negocio de intermediarios, que ofrecen sus servicios en países donde no es legal, como España. Una madeja empresarial y opaca que subyuga a mujeres pobres en cada vez más países y que analizamos con la ex eurodiputada de La Izquierda en el Europarlamento María Eugenia Rodríguez Palop, una de las impulsoras de la directiva que incluyó la gestación subrogada "forzosa" como una forma de trata. Más información aquí: bit.ly/SubrogadaCC1488 Haz posible Carne Cruda: http://www.carnecruda.es/hazte_productor/

Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS), habló con Aristegui sobre la posibilidad de que organismos internacionales, como la Asamblea General de la ONU y la Corte Penal Internacional, intervengan en los casos de desapariciones en México. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Santiago González comenta cómo "el insuficientón" Óscar López atribuye a Ayuso una información de Junts y palabras de otros tonnntos patrios. El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de adoptar una postura "racista y xenófoba" al negarse a acoger a los menores inmigrantes llegados a Canarias. Las declaraciones se produjeron después de que Ayuso anunciara que llevará a los tribunales el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts en materia de inmigración, calificándolo de "lamentable".La paradoja del PSOE al saber que los nuevos menores inmigrantes irán a Fuenlabrada: Madrid atiende a 10.618 desde 2019Olivia Moya López argumentó que la presidenta madrileña ha optado por rechazar un enfoque basado en los derechos humanos, alineándose en su lugar con un discurso que, en su opinión, discrimina a los menores por su origen. El dirigente socialista insistió en que la Comunidad de Madrid no es ni racista ni xenófoba, sino que históricamente ha sido "una tierra de acogida, solidaria y comprometida con los derechos humanos". En este sentido, cuestionó que Ayuso no haya expresado ese mismo rechazo cuando se trata de menores refugiados procedentes de Ucrania, lo que, según López, evidencia un doble rasero basado en el origen de los menores. "Si unos le molestan y otros no, eso tiene un nombre: racismo y xenofobia, y es intolerable en pleno siglo XXI", sentenció el secretario general. Madrid no es racista ni xenófoba. Es una tierra de acogida. Pero la señora ⁦@IdiazAyuso⁩ , una vez más, elige el racismo y la xenofobia antes que los Derechos Humanos. pic.twitter.com/1VM8bFgqgz — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) March 18, 2025 head.load({"twitter":"https://platform.twitter.com/widgets.js"}); La presidenta madrileña ha defendido que su negativa a acoger a estos menores responde a razones institucionales y legales, argumentando que el acuerdo entre el PSOE y Junts se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y sin garantizar recursos suficientes. Asimismo, ha sostenido que la política migratoria debe abordarse con planificación y responsabilidad, y no imponiendo cargas a las regiones sin consenso previo.Ayuso llevará a los tribunales la nueva cesión de Sánchez a Junts que escandaliza a todo el PP: "Mercadean con menores"Olivia Moya | Maite Loureiro La acusación de López se enmarca en un clima político tenso, en el que el PSOE y el Gobierno central han tratado de presionar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular para que asuman la reubicación de estos menores. La respuesta de Ayuso se suma a la de otros presidentes autonómicos del PP, que han criticado la falta de coordinación y han advertido sobre las dificultades que implica asumir esta responsabilidad sin un plan adecuado.