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Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

⚖️ El reconocido abogado Félix Portes, representante legal de varias víctimas del caso Jet Set, asegura que el Ministerio Público debe modificar la calificación jurídica del hecho, argumentando que el homicidio involuntario no hace justicia al daño causado.

Continúan bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, quienes fueron detenidos el día de ayer luego de ser interrogados por el Ministerio Público.

Más detalles en T13.cl

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Dina Boluarte firma tratado de Alta Mar en Francia y es criticada por el sector empresarial. - Dina Boluarte se niega a responder pregunta de periodista peruana en Francia. - Congreso: Comisión de Constitución verá este martes 10 predictamen que otorga amnistía a las FF. AA., PNP y comités de autodefensa. - Poder Judicial reconoce al Estado peruano como tercero civilmente responsable en el caso Accomarca. - Patricia Benavides: JNJ revoca la destitución de la exfiscal de la nación, pero aún no podrá regresar al Ministerio Público. - Alcalde de Lima pide a su homólogo de El Salvador firmar una cooperación internacional de la deportación de delincuentes. - Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá hoy martes el predictamen sobre nueva ‘Ley Mape’. - Informe: Comunidades del Putumayo vienen a Lima para pedir atención a sus demandas - Exclusiva: El Minsa y la tos ferina

Profesionales del derecho advirtieron que el informe que rendirá la comisión técnica designada por el Poder Ejecutivo sobre el derrumbe del Jet Set, no debería ser tomado en cuenta por el Ministerio Público porque, a su juicio, podría comprometer la independencia de la investigación judicial.

Al mediodía de este lunes 9 de junio, Álvaro García Ortiz acaba de ser procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en la historia de España va a ser procesado un fiscal general del Estado sin que el procesado se plantee siquiera dimitir del cargo de fiscal general. Por primera vez al máximo representante del Ministerio Público le corresponde ocupar en el proceso penal el lugar de los delincuentes en vez del lugar de quien persigue los delitos. Pero esto es lo que pasa, queridos niños, cuando alguien se ...

En un contexto de supremacía absoluta del partido en el gobierno (MORENA) y de una popularidad altísima tanto del expresidente López Obrador, como de la mandataria Claudia Sheinbaum, México celebró este domingo la primera fase de un proceso electoral inédito en el mundo democrático: la selección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros que integrarán el Poder Judicial a partir de setiembre. Según el mando en ejercicio es una medida para limpiar de corrupción al Poder Judicial y acercar los jueces al pueblo. Pero de acuerdo con no pocos especialistas el objetivo es otro: alinear el Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo eliminando el último contrapeso institucional relevante al poder presidencial. Por eso el editorial del Washington Post calificó este salto como "un riesgo crítico para la independencia judicial y la democracia..." Por eso, precisamente es que se trata de un proceso inédito en las democracias del orbe. Los resultados de una jornada complejísima -con seis categorías de elecciones federales y diversas elecciones locales que hacían dificilísimo para los electores contar con un voto informado para escoger a los centenares de candidatos (muchos totalmente desconocidos, sin experiencia en la judicatura y hasta con manchas en sus hojas de vida, etc.) se conocerán en su totalidad hasta dentro de unos días. Y si así no se escogen magistrados y jueces en el mundo democrático, ¿qué llevó a creer a la mayoría de los mexicanos que este experimento populista funcionará? Las vulnerabilidades y deficiencias del Poder Judicial son en extremo complejas, pero la experiencia indica que deben resolverse desde la convicción del fortalecimiento de su independencia en el sistema de pesos y contrapesos y no desde la sujeción al poder político de turno. En un contexto así merece la pena aprovechar y observar nuestro Poder Judicial, diseñado en el siglo XIX y obligado a responder a los cambiantes entornos de una actualidad delicada y peligrosa, tomando en cuenta las amenazas de la delincuencia organizada y también la acritud que muestra Zapote para con el Poder Judicial, el OIJ y el Ministerio Público. Para ahondar en esta temática conversamos con el expresidente del Poder Judicial y magistrado constitucional, Fernando Cruz Castro.

Una intervención sin precedentes fue desplegada este sábado en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional. Más de 640 agentes armados tomaron las calles como parte de un operativo masivo liderado por el Ministerio Público y los principales organismos de seguridad del país, con el objetivo de golpear con fuerza las estructuras del crimen organizado y devolver la tranquilidad esta zona vulnerable del Gran Santo Domingo.

El exfiscal Supremo Victor Cubas Villanueva, vocero institucional del Ministerio Público, consideró que no es un acto de interferencia en las labores del Congreso el pedido de la Fiscalía de la Nación para que los legisladores reconsideren la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la mandataria Dina Ercilia Boluarte Zegarra por cohecho pasivo impropio, en el caso de los relojes de alta gama que no incluyó en sus declaraciones.

En esta segunda parte, continuamos con las historias de tres hombres inocentes que cumplen condenas de 60 años por delitos que nunca cometieron. Víctor, Pablo y Santiago nos relatan cómo fueron víctimas de un sistema corrupto que fabricó carpetas de investigación para encubrir los verdaderos culpables.A través de testimonios, descubrimos un caso de supuesto secuestro donde la evidencia apunta a sobornos policiales, montajes judiciales y la compra de libertades por parte de los verdaderos criminales. Estos hombres, arrestados en lugares diferentes sin conocerse entre sí, coincidieron misteriosamente en el Ministerio Público acusados del mismo delito.La conversación revela la difícil realidad del sistema penitenciario mexicano, donde la corrupción permite que los culpables paguen por su libertad mientras los inocentes purgan décadas de prisión.Santiago comparte su lucha contra pensamientos suicidas, su fe renovada y cómo sus nietos se convirtieron en su razón de vivir.Un episodio que expone las fallas estructurales de la justicia mexicana y la resistencia humana ante la adversidad más cruel.Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/joinVisita penitencia.comSíguenos en:https://instagram.com/penitencia_mx  https://tiktok.com/@penitencia_mx  https://facebook.com/penitencia.mx  https://x.com/penitencia_mx  Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDbApple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitenciaRedes Saskia:https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canalhttps://instagram.com/saskianino  https://tiktok.com/@saskianino  https://x.com/saskianino

De acuerdo con conocidísimos cánones diplomáticos, resulta del todo improcedente que autoridades de un país se refieran a asuntos de la política interna de otro Estado, máxime cuando se trata de temas no públicos y delicados. Por ello, no fue menor el bochorno que hemos pasado dadas declaraciones, digamos que muy espontáneas del Presidente Rodrigo Chaves sobre la Primera Dama de Guatemala y el estado de la "fiscalía corrupta" de esa nación del istmo. Lo cierto es que más allá del desmentido del gobierno hermano respecto de la condición de ausencia del país de la esposa del Presidente Arévalo, vale la pena aprovechar el traspié para observar en retrospectiva las inmensas diferencias que existen entre nuestro Ministerio Público y el de Guatemala; esto último a juicio del Presidente Bernardo Arévalo "uno de los principales focos de asedio a la democracia". Y es que en la dolorosa historia de ese país el gravísimo deterioro del sistema de justicia llevó a una situación de impunidad tal que en el año 2006 luego de un pronunciamiento constitucional el mismo gobierno de entonces acordó con Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos con el fin de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho. La Comisión desempeñó un crucial papel mientras pudo. Casi 13 años. Porque en el año 2019, bajo el gobierno del comediante Jimmy Morales, fue disuelta, expulsada del país. El poder del denominado Pacto de Corruptos, le cortó las extremidades a la Cicig. Desde entonces y hasta hoy que la Fiscalía está controlada por la poderosa Consuelo Porras la justicia sigue luchando arrodillada, fiscales y jueces honestos han debido huir del país, periodistas sufren asedio y prisión ... En fin, lo que sucede en los denominados "regímenes híbridos" que están solo una categoría por encima de los estados autoritarios. Lo cierto es que la elección de Bernardo Arévalo a mediados de 2023, en medio de tremendas dificultades devino en una especie de "primavera democrática". Pero el mandatario chapín tiene muy estrechos márgenes de maniobra y reconoce que debe actuar midiendo sus pasos, no por temor, sino para asegurar el mandato tratando de no dejar ningún resquicio que permita su destitución, no sin al menos poder adelantar algunas de las reformas que se necesitan en un sistema tan asediado. Hacemos una visión retrospectiva de la historia reciente de profunda vulnerabilidad institucional del hermano país con uno de los actores determinantes de la Cicig, su primer Comisionado y ex Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall'Anese Ruiz.

Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica. Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben. Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada. Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo. Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga. Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses. El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

María Cecilia Vranicich expuso ante la Legislatura los avances de la persecución penal en 2024, con una baja en los homicidios en Rosario y Santa Fe. Además, reclamó que el Ministerio Público de la Acusación sea reconocido como órgano extrapoder en la futura reforma constitucional.

El abogado Plutarco Jáquez depositó este miércoles una instancia ante la Procuraduría General de la República en cual solicita a la jefa del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, poner en movimiento la acción pública contra el empresario Antonio Espaillat, para que cumpla interrogatorio con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set.

Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 265 de «La lucha por el derecho» nos habla del proyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Público, de cara a la futura entrega de la instrucción penal a los fiscales. En el siguiente enlace pueden acceder a los artículos de Pedro Manuel González: https://www.diariorc.com/autor/pedromgonzalez --------- ¡APÓYANOS! - Vía iVoox: haz clic en APOYAR (botón de color azul). - Vía Paypal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=Y4WYL3BBYVVY4 - Vía Patreon: https://www.patreon.com/MCRC_es ------------ mcrc.es diariorc.com yonovoto.info

El jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público dice que no renunciará y que el audio con su voz fue generado con IA. Prensa francesa se pregunta “¿por qué Dina es la gobernante más odiada del mundo?”; y el papa León XIV confesó que lleva al Perú en su corazón.

El denominado Caso ProCultura, una arista del Caso Convenios o Fundaciones, ha experimentado un nuevo vuelco con la decisión del Ministerio Público de remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación. Este hecho se produce en medio de cuestionamientos a procedimientos de escuchas telefónicas y un debate nacional sobre la asignación de fondos públicos a fundaciones, especialmente por parte de los Gobiernos Regionales, que han visto un aumento exponencial en los montos transferidos durante la actual administración en comparación con periodos anteriores. La situación ha generado un intenso debate sobre la probidad, la eficiencia del gasto fiscal y el real poder y fiscalización de las nuevas autoridades regionales.

Pista Oscura. Para entender las implicaciones políticas y los entreveros judiciales de posibles ilícitos cometidos en la rehabilitación del aeropuerto de Liberia, tal vez no necesariamente haya que ser ingeniero, pero sí, definitivamente hay que preguntar a quienes ejercen esa profesión, asuntos básicos relacionados con especificaciones técnicas, calidad de los materiales, tipo de los trabajos y otros asuntos relacionados con la reparación de una pista aérea internacional de alto tránsito. Distraernos con las acusaciones presidenciales calificando airadamente como un show los 22 allanamientos y la detención temporal de cuatro de las personas vinculadas, no nos permite entender la naturaleza de los posibles delitos que se investigan, máxime cuando estamos refiriendo un asunto que ha ido y venido en la opinión pública, precisamente desde que el mandatario le cortó la cabeza al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador por este caso y acto seguido lo denunció ante el Ministerio Público. ¿Lo recuerdan? La trama es muy compleja. Baste decir que los infinitos dolores de cabeza con la reparación del Daniel Oduber tienen un pecado original: la necesaria reparación se forzó como parte de una tormenta tropical (lo cual nunca fue cierto porque la tormenta no pasó por Liberia) y toda la contratación -según lo que se presume- derivó en un desaguisado de $40 millones de dólares, al margen de los procedimientos ordinarios de la contratación pública. Y lo que mal empieza mal acaba. ¿Qué es lo más reciente? Las autoridades judiciales investigan las razones y/o presiones que llevaron a que la constructora Meco reevaluará el contrato original a medio camino de la ejecución del proyecto, determinando que no era necesario el recarpeteo de las cuatro capas asfálticas (como estableció el cartel licitatorio), lo que llevó a intervenir solo la capa superficial, realizando apenas el 33% del total de las obras con un rebajo de tan solo el 10% del costo acordado. Por supuesto, para ejecutar toda esa transformación del proyecto, cuatro ingenieros de Aviación Civil fueron destituidos de sus puestos por haberse negado a validar la propuesta (llamada de "ingeniería de valor" de Meco) que finalmente suscribió el entonces ministro Mauricio Batalla, y que permitió exonerar a la constructora de cualquier sanción por incumplimiento contractual respecto de lo inicialmente pactado. También figuran como imputados Alejandro Picado, presidente de la CNE, Marcos Castillo, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE. Claro hay otros investigados, entre ellos Amador, el propio Chaves y la exministra Natalia Díaz. Finalmente, cabe decir que hace apenas dos meses (marzo) el acta de recepción provisional de las obras, señaló más de 127 observaciones por corregir, tales como huecos profundos en la superficie de pavimento, problemas de acabado, problemas en el sistema de bombeo y desprendimiento de material usado para los trabajos, entre otros aspectos que conversamoscon Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

"Es el cuarto cuerpo que desenterramos en el cerro Chuño, y no son los únicos ni los últimos que buscamos", dijo el jefe regional del Ministerio Público, Mario Carrera. En Cooperativa, adelantó que "pronto habrá noticias" respecto a los casos del conscripto Franco Vargas y del exfiscal Manuel Guerra en la arista Penta, que también están bajo su jurisdicción. Conduce Verónica Franco y Rodrigo Vergara.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Eduardo Salhuana intenta justificar visitas de mineros informales: “El Congreso es una institución de puertas abiertas”. - Comisión de Ética recomienda investigar a Susel Paredes por uso de baños del Congreso por personas transexuales. - Pleno del Congreso abordará mociones de censura contra Gustavo Adrianzén el próximo miércoles 14 de mayo. - Fiscalía sobre extinción de dominio: “Se debilita lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales”. - ONU DD. HH. expresa su preocupación por modificaciones a la Ley Apci y la CIDH pide al Gobierno derogarlo. - Relatora de la ONU alerta sobre hostigamiento y amenazas contra la suspendida fiscal Marita Barreto. - Junta de Fiscales Supremos expresa su rechazo a promulgación de modificatoria de la extinción de dominio. - Congresista Jorge Montoya se burla del aniversario del Ministerio Público e insiste en vincular al IDL y a Gustavo Gorriti con dicha institución. - 'Cuchillo', sindicado por asesinato múltiple en Pataz, envió carta notarial a la presidenta Dina Boluarte. - Presidenta Dina Boluarte: sentamos las bases de un nuevo modelo económico que trae crecimiento y empleo. - Excongresista Cayo Galindo juró como nuevo integrante de la JNJ. - Exclusivo: Gobierno pretende eliminar 14 programas de infraestructura.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - La UNMSM es resarcida: TC declara inconstitucional la intervención policial de 2023 y ordena que no se vuelva a repetir. - Esterilizaciones forzadas: Corte IDH ordena al Perú garantizar que ONG siga representando a víctimas. - Encuentran muertos a 13 mineros que habían sido secuestrados en Pataz. - Delia Espinoza respalda reposición de Tomás Gálvez: "Será una fortaleza para el Ministerio Público". - Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su destitución y ordena que sea repuesto como fiscal supremo. - Caviar rojo, pulpa de cangrejo y otros alimentos gourmet requeridos por la MML para almuerzos de Rafael López Aliaga. - Dina Boluarte salió con el rostro vendado tras cirugía estética, revela su cirujano. - Morgan Quero: La presidenta Dina Boluarte ha recuperado la dignidad constitucional para el Perú. - Exclusivo: La repartija de cargos en el Congreso.

Los abogados penalistas pidieron este viernes al Ministerio Público no conformarse con las declaraciones del asesino y violador confesó de la estudiante Paula Santana, y preparar un expediente fuerte en base a pruebas, si el órgano persecutor quiere lograr una condena como lo esperan los familiares de la víctima y la sociedad.#NoticiasRNN #MinisterioPúblico #PaulaSantana #Expediente

Escala controversia por “escuchas” y Ministerio Público rechaza dar explicaciones al oficialismo by El Líbero

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, responsabilizó al Ministerio Público y la Policía Nacional por no unir esfuerzos en la lucha contra la inseguridad nacional. "Las cosas no se han arreglado, están cada vez peor", dijo sobre la ola de inseguridad. Noticias del Perú y actualidad, política.

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de #NoHayDerecho abordaremos, entre otros temas: -¡Fuera, Dina! Se escuchó en el concierto en Lima de la banda #SystemOfADown. - Cinco fiscales presentan una denuncia penal contra el jefe de la #ANC del Ministerio Público #AntonioFernándezJerí. - #PoderJudicial condena a #RómuloPeñaranda por lavado de activos en caso #Odebrecht. - #TribunalConstitucional ordena la reposición de #TomásGálvez como fiscal supremo titular. - #EsSalud ordenó compra de sueros con sobreprecio a empresa vinculada a los #PanamáPapers. - #CésarAcuña: #Congreso recién dispone retiro de toda fotografía u otra referencia a los partidos en sus oficinas administrativas. - #Ejecutivo gastó S/1.061.200 para defender a #DinaBoluarte, #AlejandroToledo y #OllantaHumala en investigaciones. - Un nuevo caos en el Aeropuerto #JorgeChávez: cancelaron vuelos nacionales e internacionales por fallas en el sistema de radio. - #JuanRivvaLamas, el sacerdote que defiende al Sodalicio durante misa y critica al #PapaFrancisco por disolverlo. - La #PaisanaJacinta no volverá: #TC archiva demanda de Jorge Benavides. - #Exclusivo: Amenazas a las y los defensores de DD. HH y ambientales.

Pulvirenti  OrlandoEn sus acuerdos del 10 y 15 de abril de 2025, la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre la validez de tasas municipales.En el primer caso, la Corte confirmó el fallo de la Cámara Federal de San Martín a favor de Western Union. La empresa, que opera en la Municipalidad de Merlo en locales compartidos con otras compañías, argumentó que la tasa por seguridad e inspección ya era abonada por la titular del local y que no correspondía gravar nuevamente la misma actividad. La Corte sostuvo que cobrar la tasa a dos usuarios por el mismo concepto constituye una doble imposición, ya que la obligación recae sobre el establecimiento y no sobre cada actividad individual.En el segundo caso, Aeropuertos Argentina 2000 cuestionó tasas municipales aplicadas en la terminal de Tucumán. La Corte, siguiendo el dictamen del Ministerio Público, revocó la sentencia anterior y ordenó dictar un nuevo fallo. Aclaró que el municipio puede cobrar la tasa siempre que no interfiera con servicios interjurisdiccionales, preste efectivamente el servicio y demuestre que está disponible para el usuario.Datos del colaborador: Orlando Pulvirenti– Abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional de La Plata– Maestría en Leyes en la Universidad de Miami.– Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.– Docente de la Escuela de Abogados del Estado y de la Procuración del Tesoro, y de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.  Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". Leer tambiénOdebrecht: la caída en dominó de líderes latinoamericanosPercy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. "En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.

A una semana de ocurrir el devastador siniestroque cobró la vida de 231 personas, el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, se puso a disposición del Ministerio Público a fines de "colaborar" con la investigación que realiza el órgano persecutor….

Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.  Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". Leer tambiénOdebrecht: la caída en dominó de líderes latinoamericanosPercy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. "En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.

En este episodio recibimos al ingeniero Roberto Modesto Sasso, acompañado por nuestro abogado Franchy Álvarez, para analizar en profundidad las posibles causas del colapso de la discoteca Jet Set. Roberto Modesto nos aporta una visión técnica detallada de lo que pudo haber provocado el derrumbe, mientras que Franchy nos guía por las implicaciones legales del caso, abordando tanto los derechos de las víctimas como las posibles responsabilidades penales.También discutimos la presión que este caso representa para el Ministerio Público y cómo podría marcar un antes y un después en la gestión de la magistrada Yeni Berenice Reynoso.Les recomendamos escuchar el episodio completo, ya que hacia el final abordamos información clave sobre la figura de Antonio Espaillat que no te puedes perder.

El fiscal Germán Juárez explicó que para el Ministerio Público ingresó dinero de origen ilícito a las campañas electorales de Ollanta Humala, por eso espera que el Poder Judicial emita una resolución condenatoria.

El hecho judicial: el Fiscal General de la República formula una acusación penal por el posible delito de concusión contra el Presidente de la República. Las implicaciones políticas: en el contexto de un clima polarizado de pésimas relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, se debe dar curso a un proceso de evaluación por parte de la Corte Plena para decidir si amerita remitir el legajo al Congreso para que este a su vez conforme una comisión especial de tres diputados que evalúe en secreto el caso y recomiende al Plenario levantarle o no el fuero de protección al mandatario. Un hecho paralelo: supimos esta semana que el presidente Chaves se confrontó en un restaurante capitalino con el testigo de la corona del caso que lo coloca -de acuerdo con el Ministerio Público- como imputado. Frente al malestar que provocó el altercado en sitio público, la respuesta de comunicación política de Zapote ha procedido con celeridad. Otro hecho paralelo: el Tribunal Supremo de Elecciones previene al mandatario para que no interfiera en política activa. El Presidente la emprende -una vez más- contra el órgano electoral. ¿Qué es el delito de concusión? ¿Cuál es el caso? ¿Cómo agitan estos hechos el clima de la campaña de hecho ya en curso? Con el ex Fiscal General Francisco Dall Anesse lo conversamos en Hablando Claro.

La directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público abordó los últimos hechos delictivos que involucran a adolescentes.

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Naiby Ríos, abogada de Cuauhtémoc Blanco, habló sobre el caso de presunto abuso sexual por parte del ex gobernador de Morelos. "Bueno, puedo decir que finalmente comenzar con una defensa, al momento de que se nos está negando la carpeta de investigación, se nos niega el acceso, nos refiere el agente del Ministerio Público, mediante esta comparecencia voluntaria que no nos pueden dar acceso porque no tenemos un acto de molestia, y por ello no nos permiten este acceso", dijo. Comentó que el Código Nacional, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el acto de molestia al momento en que cualquier persona puede ser investigada, se les recabe alguna individualización por parte de algún policía ministerial o algún agente de investigación criminal, y que pueda ser individualizado, así como citatorios, o alguna cuestión en que se requiera algún acto de investigación. Mencionó que han hablado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, acerca de que había una solicitud para poder hacer el desafuero y que fue entregado directamente en la Cámara de Diputados. La solicitud fue firmada por la licenciada Diana Flores, agente del Ministerio Público que negó el acceso a la carpeta de investigación, de una manera incongruente, porque por un lado realiza esos actos de molestia, pero por otro no deja entrar a ejercer el derecho de defensa. See omnystudio.com/listener for privacy information.

El caso del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, que se encuentra en arresto domiciliario con tobillera luego de que Fiscalía le imputara siete delitos, generó una nueva polémica sobre el Ministerio Público en el ámbito político. En particular, dirigentes del Partido Nacional critican de manera frontal la actuación de la fiscal Stella Alciaturi. Sin embargo, las acciones que la fiscal llevó adelante contaron con el aval de una jueza. Las intervenciones telefónicas, la detención por la Policía para llevar a Besozzi a declarar y la medida cautelar de la prisión domiciliaria fueron homologadas —tras pedidos de la fiscal— por el Poder Judicial, el organismo encargado de velar por las garantías de los ciudadanos ante conflictos con la Justicia. ¿Cómo funciona actualmente el sistema penal uruguayo? Profundizamos sobre cuál es rol de la Fiscalía y el del Poder Judicial desde que rige el Nuevo Código del Proceso Penal. Para eso conversamos En Perspectiva con el Dr. Germán Aller, catedrático de Derecho Penal y Profesor de Criminología en la Universidad de la República.

El abogado y ex fiscal criticó a los parlamentarios por no aprobar que el Ministerio Público pudiera levantar el secreto bancario por medio de la Unidad de Análisis Financiero. "Hablan mucho de combatir el crimen organizado, pero cuando hay que tomar postura y herramientas, quedan bastante al debe"., aseguró Gajardo.

Solicitud de remover a Patricio Cooper desata guerra entre el oficialismo y el Ministerio Público by El Líbero

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Presidenta del Consejo de Mujeres Awajún: continúan violaciones a menores y por falta de justicia, una niña se ha suicidado. - Ministro Morgan Quero a pastor evangélico acusado de violar a su hija: “Nos honras con tu amistad y generosidad”. - Boluarte insiste en sus críticas a la prensa: “Nos hacen bullying, pero nosotros nos reímos porque sabemos que no tenemos rabo de paja”. - Keiko Fujimori insiste en el falso fraude de las elecciones 2021 que perdió contra Pedro Castillo tras casi cuatro años. - Renovación Popular piden inhabilitar a la fiscal de la nación por archivar investigación a fiscal supremo Pablo Sánchez. - Congresistas Rospigliosi, Cueto y Azurín denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza por no acatar ley que restablece la investigación preliminar a la PNP. - Incorporan como investigado a Víctor Zanabria en proceso de homicidio por la muerte de dos personas durante las protestas de enero de 2023. - Pedro Castillo anuncia huelga de hambre en rechazo al juicio en su contra por el delito de rebelión. - Archivo General de la Nación pone en marcha plan de desalojo sin tener un local definitivo. - Exclusivo: Congreso prepara una reorganización del Ministerio Público.

Fernando Zavala Lombardi, gerente general del Grupo Intercorp, propietario del Real Plaza, dijo que el conglomerado empresarial se hace responsable tras el desplome del techo de su centro comercial en Trujillo, ya que el hecho que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos ocurrió "en su casa". Sin embargo, anotó que las responsabilidades legales las determinará el Ministerio Público.

Los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral (Proeri), resultaron contundes, pues revelaron ausencia de controles en proyectos de peligro inminente, insuficiencia de controles de previo a la ejecución de las obras y debilidades en el portafolio de las inversiones que componen ese programa. El denominado “Proeri” incluye 502 obras que se financian con un préstamo de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el que se pretenden intervenir obras afectadas por emergencias naturales que son ejecutadas por el Incofer, los ministerios de Educación y Vivienda, el Conavi y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El informe señala 56 proyectos con inconsistencias, 41 con retraso y 44 obras viales, de las cuales 19 no ameritaban intervención y 25 no resultaron prioritarias. Estos hallazgos vuelven a traer a debate la conveniencia (o no) de acudir a contrataciones de emergencia para ejecutar proyectos ordinarios y desviar así los controles establecidos en la legislación de contratación pública. Mientras la Contraloría hizo su parte, la Fiscalía de Probidad del Ministerio Público actúo por la suya y decomisó el acta de la sesión legislativa en la que el presidente de la CNE, Alejandro Picado, aseguró que varias empresas se habían coludido para establecer sobreprecios en la construcción de cinco escuelas. Luego, cuando se produjo la incautación del acta, se desdijo de lo que había afirmado bajo fe de juramento. Para detallar los hallazgos de la Contraloría conversaremos con sus Gerentes de Fiscalización de Desarrollo Sostenible y asociado de Contratación Pública, Lía Barrantes y Fernando Madrigal, respectivamente.

Tomado de las solicitudes de medidas de coerción de los casos Calamar, Pulpo, Medusa y Coral. “Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, 3 mil 957 millones de pesos, quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”, indican las autoridades.“Era frecuente que “Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que les fueron entregados supuestamente como parte de su campaña interna en el 2019 y su candidatura presidencial en el 2020”. Detalla que “los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no se podía justificar la procedencia”.En la operación Medusa, una empresa que se llama Abastesa devolvió 3,900 millones de pesos, un tal CArlos Guzmán, el nombre de cualquiera 722 millones de pesos, Comercial Viarios 722 millones de pesos, constructora Carrasquero, 700 millones de pesos. Divamor, Zualiland, La Parasatta, Rogama, Ropalma y Distribuidora Ropi 722 millones como multa.En el caso pulpo, el Ministerio Público dice que el patrimonio adquirido por Alexis Medina  fue obtenido con recursos sustraídos del Estado mediante irregularidades; lo conforman 66 inmuebles, 62 vehículos, cuatro armas de fuego y 59 cuentas bancarias que fueron inmovilizadas por el órgano persecutor.Si no lo hubieran mandado a callar todavía el mayor Girón estaría hablando de millones y millones de pesos que se quedaban en las manos de un grupo de militares que según el ministerio público encabezados por el jefe del Cuerpo especializado en seguridad presidencial Adan Cáceres. Estoy recordando esto porque como dicen en el campo con la boca es un mamey y con otra parte del cuerpo que no digo es un batey.Escuchar al flamante secretario general del PLD decir que fueron victimas de una campaña despiadada que terminó en un golpe blando les presenta como un grupo de angelitos a los que se le atribuyeron falsedades.Los cientos de miles de imperdonables que marchamos de verde y que le dimos el golpe de bolsón al aparato corrupto del PLD no sabíamos del credo la mitad.De nuevo gracias al ministerio público por desnudar sus andanzas y de paso gracias al compadre Zapete por imprimirlas en un libro. Con dinero se puede recoger lo de las redes, el impreso no.Entiendo perfectamente que nos perdonen ni los grandes ni los bigañuelos que saltan por los aires y tiran patadas voladoras para llamar la atención, ellos no perdieron la teta porque este gobierno les da mas, lo que perdieron son las ínfulas de poder.

Estas son las SEIS leyes pro crimen del Congreso, tal como lo ha advertido el Ministerio Público. ADEMÁS: Enero ya rompió récords de homicidios. MIENTRAS TANTO, OTRA VEZ: Se vuelve a postergar la inauguración del nuevo Jorge Chávez... y un arquitecto que observó las instalaciones recomienda "hasta el próximo año". TAMBIÉN: Jueza del caso Chibolín da una manito a los Dyer, familia de María Pía Copello. Y... ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes en los estudiantes? ¿Cómo reconocerlos y abordarlos? Responde el doctor Pedro Elías.