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En este episodio de Podcast Paranormal, exploramos misterios criminales resueltos desde el más allá. ¿Es posible que las canalizaciones psíquicas y el uso de Spirit Box sean la única llave para resolver crímenes sepultados por las autoridades? Acompáñenos a Fepo junto a Vanessa Alvarado para conocer sobre la criminología paranormal y la manipulación de entidades oscuras. Ahondamos desde el impactante caso de la joven Allison Bonilla en Costa Rica, donde una escalofriante psicofonía delató al asesino en tiempo real revelando el nombre de "Joaquín", pasando por las conspiraciones en Guatemala donde la tecnología Kinect registró siluetas sin cabeza en una escena custodiada por el Ministerio Público, hasta la evidencia de marcas físicas en la piel de los investigadores en venganza por desenterrar secretos. Analizamos la investigación de campo en escenas del crimen y el contacto con seres de otros planos. ¿Has escuchado un susurro en la oscuridad que pareciera revelar un secreto que nadie más debía saber?

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba durante la audiencia celebrada el jueves 28 de mayo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba durante la audiencia celebrada el jueves 28 de mayo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: • Expresidenta escribe una columna de opinión en página completa y también le dedican portada • Caso Cirugías: Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos • José Domingo Pérez a Tomas Aladino Gálvez: Él levanta imputaciones en contra mía, lo reto a que me las diga en mi cara • Delia Espinoza: Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso • Poder Judicial deja al voto apelación del Ministerio Público sobre archivamiento del Caso Cócteles • Partido Popular Cristiano expresa su apoyo a Keiko Fujimori • Keiko Fujimori dice que Fuerza Popular cometió errores: “No hemos sido obstruccionistas, pero sí confrontacionales” • Keiko Fujimori es rechazada en Arequipa • Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30% • Debate de la segunda vuelta se realizará este domingo 31 a las 8 pm y será con los candidatos presidenciales • Convocan a marcha pacífica Keiko No Va para mañana sábado 30 de mayo EXCLUSIVA: Problemas con ONPE

RODRIGO MORABITO:TEMAS:Facultades de la jurisdicciónAbordaje del poder de veto del Ministerio Público FiscalConsideración de los artículos en los cuales la figura del Fiscal se robustece en determinadas intervenciones con poder de veto sobre cuestiones fundamentales para el/la adolescente en conflicto con la ley penalTensiones constitucionales y convencionalesArtículo 11: facultades de la jurisdicción para reemplazar la pena. Conformidad fiscalArtículo 19: libertad condicional. Conformidad fiscal. La posibilidad de reintegración social, en jaqueArtículo 42: mediación penal juvenil. Oposición vinculante del fiscal. Afectación a principios fundamentales desde la obligada perspectiva de Derechos Humanos de las personas menores de edadArtículo 43: Probation y conformidad fiscal para acceder a suspensión del proceso a prueba. Principios de mínima intervención, excepcionalidad de la privación de libertad y acceso de medidas alternativas, en tensiónCV: Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Catamarca

En este episodio conversamos con el abogado Eduardo Núñez sobre uno de los temas más controversiales de los últimos años en República Dominicana: el lawfare.Hablamos sobre los procesos judiciales contra exfuncionarios del pasado gobierno, las presuntas violaciones al debido proceso, la presión que enfrentan los jueces y el rol del Ministerio Público dentro del sistema judicial dominicano.#GepianoPodcast #Lawfare #RepublicaDominicana #PoliticaRD #MinisterioPublico #DonaldGuerrero

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

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La salida de Rafael Curruchiche marca un cambio simbólico dentro del Ministerio Público, pero el problema de fondo sigue ahí. Después de ocho años de Consuelo Porras, Guatemala enfrenta secuelas institucionales, jurídicas y humanas que todavía pesan sobre el sistema de justicia.En este episodio de TanGente, Luis Miguel Reyes conversa con las abogadas Andrea Rabanales y Cristian Martín sobre la destrucción de la carrera fiscal, la criminalización de operadores de justicia, las reformas hechas por intereses coyunturales, el desgaste de la democracia y el futuro del MP. También discuten la USAC, la CC, el péndulo político y la reconstrucción institucional que Guatemala todavía tiene pendiente.

Consuelo Porras finalmente salió del Ministerio Público. Ahora el reto es otro: desmontar la estructura que dejó atrás.En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes y Xavier Soria analizan los primeros mensajes y movimientos de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general: la relación con la prensa, el futuro de la FECI, los casos de exiliados políticos, la persecución judicial de los últimos años y las expectativas alrededor de una posible reconstrucción institucional del MP.También discuten el papel del sector privado, el legado de la CICIG, el desgaste democrático del país y la gran pregunta: ¿realmente puede cambiar el sistema de justicia en Guatemala?

Reforma constitucional en la zona ser o no ser.Melella convocó para el 9 de agosto, la Legislatura derogó la ley que sostiene esa convocatoria y ahora la jueza electoral le pasó la pelota al Ministerio Público Fiscal.Mientras tanto ¿Qué está pasando en Aires del Sur?

Guatemala está entrando a una nueva etapa política y judicial. Después de años de control, persecución y captura institucional, el Ministerio Público finalmente cambiará de manos.En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering y Xavier Soria analizan lo que significa la salida del grupo que controló el MP, las presiones de último momento para bloquear el proceso, el papel de la CC, el futuro del sistema de justicia y las resistencias que siguen activas dentro del Estado.También hablan sobre el Congreso, la ley antilavado, el deterioro político en la región y cómo el país todavía sigue atrapado entre redes clientelares, corrupción y estructuras que se resisten a perder poder.Y sí, también hay espacio para hablar del colapso emocional de Florentino Pérez.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: • Estudiantes de San Marcos realizan una protesta dentro de la ciudad universitaria • Comisión de Constitución del Congreso aprobó dictamen que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal • Ruth Luque propone una iniciativa legislativa para configurar una agravante del delito de discriminación • JNJ inicia evaluación de jueces y fiscales: Roberto Burneo encabeza lista de magistrados convocados • Detienen a candidata de Juntos por el Perú por cobrar cupos y pagar coima a alcalde de Renovación Popular • Poder Judicial declaró inadmisible demanda de Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional De Elecciones • Primero la gente propone acuerdo a Juntos Por El Perú: "Con la esperanza de un Perú más justo ¡Fujimori nunca más!" • Ministerio Público insiste en la aprobación de su nueva ley orgánica • Viajes de Keiko Fujimori a Estados Unidos EXCLUSIVA: La Cámara reflexiva, fragmentada y dividida

En este episodio de El Resumen repasamos cómo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 marcó el inicio de una reconfiguración del sistema judicial salvadoreño bajo el gobierno de Nayib Bukele. Analizamos el choque entre la Sala y el Ejecutivo durante la pandemia, el fallido intento de los magistrados por frenar su remoción y las resoluciones más emblemáticas emitidas por la nueva Sala impuesta por la Asamblea oficialista, incluida la habilitación de la reelección presidencial inmediata.El episodio examina cómo la nueva Sala y la Fiscalía actuaron durante el régimen de excepción, avalando reformas penales y miles de capturas mientras los recursos de hábeas corpus quedaban prácticamente paralizados.También hablamos sobre la crisis financiera del transporte público, marcada por el aumento de los costos operativos, la deuda estatal en subsidios y el deterioro de la flota nacional. También explicamos la resolución de la Cámara de lo Penal de Santa Tecla que eliminó la obligación del Estado salvadoreño de pedir disculpas públicas por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, aunque ratificó las condenas contra tres ex altos mandos militares.Y en la Nota de Centroamérica analizamos  sobre el nuevo fiscal general de Guatemala, en sustitución de Consuelo Porras, y las expectativas de cambio dentro del Ministerio Público guatemalteco tras años de cuestionamientos por corrupción y uso selectivo de la justicia.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 8 de mayo de 2026.

En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes conversa con María del Carmen Peláez de Diálogos Guatemala y Jody García de Plaza Pública sobre los ocho años de gestión de Consuelo Porras y el impacto que dejó en el sistema de justicia guatemalteco.Hablan sobre criminalización contra periodistas, activistas, estudiantes y operadores de justicia; el debilitamiento institucional del MP; la manipulación de procesos judiciales; la desestimación masiva de denuncias; el deterioro en la eficacia de la persecución penal y el miedo instalado dentro y fuera de la institución.Además, analizan cómo el Ministerio Público pasó de ser una institución clave en la lucha contra la corrupción a convertirse en un actor central de la crisis política e institucional del país.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto al Ministerio Público, rescataron sana y salva en horas a una mujer que había sido raptada la madrugada de ayer en Santo Domingo Este, en un operativo que dejó tres detenidos y otros dos sospechosos identificados.

El juez Deiby Timoteo Peguero ratificó este jueves la prisión preventiva contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros seis acusados en el fraude millonario que golpeó la seguridad social. La defensa intentó variar la medida por arresto domiciliario, pero el Ministerio Público sostuvo que persisten riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación. 

Jimmy Morales reaparece en el debate público con su versión de los hechos, y la reacción no se hace esperar. Entre ironías, críticas y memoria política, su relato abre una discusión más amplia sobre lo que pasó en el país y cómo se está intentando reinterpretar hoy. En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering conversa con Xavier Soria sobre el papel de Jimmy Morales, el legado de la CICIG, el proceso actual del Ministerio Público y las narrativas que buscan reescribir la historia reciente.

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

La comisión de postulación ya entregó la lista de seis candidatos para Fiscal General, pero el proceso dejó más preguntas que certezas. Repetición de votaciones, cambios de última hora y decisiones cuestionadas marcan una etapa clave para el futuro del Ministerio Público.En este episodio de Tan Gente Luis Miguel Reyes junto a Gustavo Berganza y Alejandro Morales analizan qué pasó realmente, qué perfiles quedaron fuera, qué significa la salida de Consuelo Porras y cuáles son los riesgos de continuidad dentro del sistema. Más allá de nombres, la discusión apunta a un problema estructural: un modelo que sigue mostrando señales de desgaste.

Un caso de posible lavado de dinero por más de Q24 millones —con operaciones que terminan en China— pone sobre la mesa un problema más profundo: no es solo la corrupción, es la incapacidad (o falta de voluntad) del sistema para investigarla. En este episodio, Lucy Rodríguez y Daniel Haering analizan cómo funcionan estos esquemas y por qué pasan prácticamente desapercibidos.La conversación va más allá del caso: el rol del Ministerio Público, los límites del sistema de justicia y por qué el combate a la corrupción no se resuelve solo con capturas. Un episodio para entender qué está fallando y qué tendría que cambiar realmente.

¿Se convirtió la lotería en el refugio del narco? Cristian Guzmán revela cómo las bancas ilegales cuadriplican a las legales y operan sin control frente a escuelas. Analizamos el fracaso del plan de regularización, la competencia desleal y la urgencia de que el Ministerio Público intervenga un sector que "lava capitales" a plena vista.#Fenabanca #CristianGuzman #LoteriasRD #LavadoDeActivos #MinisterioDeHacienda #JuegosDeAzar #CorrupcionRD #DenunciaRD

 Por «falta de interés» en continuar con el caso judicial y debido a un «arreglo amistoso» fueron retiradas hoy nueve querellas contra los propietarios de Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, al tiempo que otros desistieron de la acusación individual y se adhirieron a la acusación del Ministerio Público.

En nuestro boletín semanal escribimos sobre la insubordinación institucional que empieza a desafiar el regimen del Ministerio Público de Consuelo Porras y su política de intimidación. A 30 días de dejar el cargo, las instituciones de justicia en Guatemala han comenzado a abandonar el miedo ante la Fiscal General.    Para recibir cada semana en tu correo electrónico un análisis de lo más importante de la semana, suscríbete aquí a La Instantánea.

En este episodio, Luis Miguel Reyes y Pavel Gerardo Vega analizan los movimientos recientes dentro del sistema político guatemalteco: el papel del Tribunal Supremo Electoral, el desgaste del Ministerio Público y las señales de cambio en la Corte de Constitucionalidad.La conversación también aborda un punto clave: aunque hay avances y ciertos frenos al poder del MP, el daño institucional ya está hecho y el escenario sigue siendo incierto. Además, discuten el rol del Ejecutivo, la percepción de debilidad del presidente y el impacto de la desinformación en redes.

¿Se puede confiar en quienes persiguen la corrupción? Un terremoto sacude al Ministerio Público tras el arresto de Aurelio Valdés Alcántara, fiscal de la PEPCA, capturado en flagrante delito. En ESTO NO TIENE NOMBRE, analizamos el insolente pliego de sobornos que exigía: desde US$200,000 hasta un reloj Rolex y un Mercedes-Benz. Descubre cómo una "entrega controlada" de 10 mil dólares puso fin a la carrera del hombre que susurraba al oído de Wilson Camacho. ¿Fue una delación premiada del caso Senasa lo que lo hundió?

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Lo que nos dejó el debate electoral: periodista agredido por simpatizantes del APRA, Fernando Olivera es agredido por apristas al ingreso del debate presidencial, Vladimir Cerrón utiliza tecnología avanzada para no ser detectado, según Oscar Arriola. - Keiko Fujimori: Los internos tendrán que trabajar por sus alimentos - Candidata fujimorista al Senado no sabe qué son las carreras técnicas - Renovación Popular hace proselitismo con la Semana Santa - Jorge Montoya presenta ante la Junta Nacional de Justicia una denuncia de solicitud de destitución contra juez Jorge Luis Chávez Tamariz - Guido Bellido: Denuncia la primera operación de fraude electoral contra la voluntad popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones - María Agüero presenta denuncia contra presidenta del TC Luz Pacheco por paralizar el caso de Vladimir Cerrón - Mauricio Saravia compara los planes de Gobierno que postulan actualmente a estas Elecciones Generales 2026 - ¿Qué proponen los partidos políticos frente a la minería ilegal? - Tomás Gálvez asegura que no habrá “persecución política” durante su gestión en el Ministerio Público. - César Nakazaki responde a Glatzer Tuesta sobre el caso Cayara. - Carlos Rivera: Más leyes de impunidad que serán frenadas por el Poder Judicial - Las candidatas al Senado Patricia Iturregui (El Buen Gobierno), Susana Vilca (Perú Primero), Galaxia Solís (Venceremos) presentan sus propuestas para estas Elecciones Generales 2026. • EXCLUSIVO: Katherine Ampuero es denunciada en el Congreso por abuso laboral

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial? A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia. “Todos esos casos van a quedar en la impunidad” “Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional. “Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción. Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta. El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos. “Ellos van a buscar cuidarse” “Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes. Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza. “Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa). En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial? A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia. “Todos esos casos van a quedar en la impunidad” “Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional. “Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción. Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta. El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos. “Ellos van a buscar cuidarse” “Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes. Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza. “Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa). En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

Un grupo de expertos de la ONU señaló posibles adopciones irregulares vinculadas a Consuelo Porras, pero el tema desapareció rápido de la discusión pública. En este episodio, Lucy Rodríguez conversa con Román Gressier de periodista El Faro, sobre el reportaje que aporta nuevos elementos: expedientes reales, contradicciones en documentos y preguntas que siguen sin respuesta.A partir de una muestra de casos documentados, se abre una discusión más amplia sobre cómo funcionaban las adopciones en los años 80, el rol del Estado y qué implica hoy esta información en medio de un nuevo proceso de elección del Ministerio Público.¡Te dejamos la nota en audio abajo!

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.   Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.   “El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.   El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.   Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.   “Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.   Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.   Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.   “El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.   El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.   Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.   “Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.   Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

Mientras el mundo entra en una nueva etapa de incertidumbre, en Guatemala también se están moviendo piezas clave del poder. En este episodio, Daniel Haering conversa con Xavier Soria sobre la guerra, el trumpismo, el precio de los combustibles y cómo esa crisis global aterriza en una coyuntura nacional marcada por la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad, la rectoría de la USAC y la disputa por el Ministerio Público. También hablan del papel de Walter Mazariegos, las maniobras dentro del CSU, la fragilidad del sistema de justicia, las comisiones de postulación y el gran problema de fondo: un sistema institucional que no solo está capturado, sino diseñado para bloquear reformas reales.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Audiencia regional de la CIDH: “Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” - Presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero. - Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por 9 meses al excoordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela. - Debate entre Delia Espinoza y Humberto Abanto, candidatos al decanato del Colegio de Abogados (CAL). - Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación de Delia Espinoza. - Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo y asegura que se conocen desde 2018.

Daniel Haering conversa con Daniel Cerqueira, director del programa de Cambio Climático y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso, sobre un tema que atraviesa buena parte de los conflictos en Guatemala: la tierra.La conversación parte de un informe que analiza el papel del Ministerio Público y, en particular, de la Fiscalía contra el delito de usurpación, una fiscalía creada durante la gestión de Consuelo Porras. El informe plantea que la política criminal impulsada en los últimos años ha terminado favoreciendo intereses privados en territorios indígenas y utilizando el derecho penal como principal herramienta para resolver conflictos agrarios.Hablamos de desalojos, del aumento de denuncias por usurpación, del papel que juegan finqueros, empresas y proyectos extractivos, y de cómo muchas comunidades indígenas terminan enfrentando procesos penales bincluso cuando habitan esos territorios desde hace décadas o siglos.

Archivos desclasificados en Estados Unidos vuelven a poner bajo la lupa una presunta red de abusos sexuales a menores y pornografía infantil con víctimas centroamericanas. En Honduras, autoridades y organizaciones civiles esperan que las revelaciones vinculadas al caso Epstein permitan esclarecer los hechos. La periodista de RFI Celia Pousset entrevistó en ese país a Dunia Orellana, de Reportar Sin Miedo, y al defensor de los Derechos de la Niñez, Wilmer Vásquez.  En 2019, un agente del FBI afirmó haber localizado en una bóveda en México unos 10.000 videos de pornografía infantil con menores de Guatemala, Honduras y México. El hallazgo se habría producido gracias a un informante vinculado al caso Epstein. Sin embargo, la denuncia no prosperó. Tras las recientes revelaciones en Estados Unidos sobre el pedocriminal, autoridades y ONG hondureñas se han movilizado. El informante del FBI, Kenneth Turner, sería la única persona que afirma haber visto físicamente los 10.000 videos. El material nunca fue incautado ni difundido públicamente. Pero Dunia Orellana, integrante de Reportar Sin Miedo, tuvo acceso a archivos vinculados a esas revelaciones, las cuales se remontan a 2019 y fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los documentos figuran correos electrónicos, testimonios y reportes del FBI. En algunos de esos documentos desclasificados se menciona a un exembajador, Anthony Wayne, señalado por haber embarazado a una niña de once años en una propiedad del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Los archivos también apuntan a la explotación y abuso de miles de niñas centroamericanas en el marco de una red transnacional de trata de menores. Desde una oficina en San Pedro Sula, Dunia Orellana pasó días revisando los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según explica, encontró 164 menciones a Honduras, además de varios reportes alarmantes. Miles de videos de abusos a menores y pornografía infantil  "En esos documentos figura uno de los correos del informante del FBI en el que habla de 10.000 videos de niñas de Guatemala, Honduras y México, posiblemente también de otros países de Sudamérica, todas ellas víctimas de trata de menores. Dice que hay imágenes literalmente de pornografía infantil en las que se muestran diferentes tipos de abusos. Jeffrey Epstein habría contratado a alguien para que obtuviera esas imágenes", explica Orellana. Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por la Niñez y Adolescencia, no se muestra sorprendido por estas revelaciones. "Quienes hemos trabajado el tema de la pornografía infantil no podemos pensar que se trate de una conspiración. Estamos ante hechos reales. Esto es un negocio. Cuando se trata de dinero y poder, se recurre a lo que sea necesario. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de los que no existe ningún registro. ¿Dónde están? ¿Con quién están? No lo sabemos", afirma Vásquez. Migrantes o no, secuestradas o explotadas, aún no se sabe cómo estos menores terminaron apareciendo en los videos. "Es probable que muchos de los videos hayan sido grabados en Honduras. Estamos hablando de una estructura criminal transnacional, de redes que operan en distintos países. No descartamos que muchas de estas niñas, niños y adolescentes hayan sido secuestrados con estos fines y aparezcan en esos materiales. Esta problemática la enfrentamos desde hace décadas. Uno de los principales riesgos para las personas migrantes es precisamente ese: ser secuestradas para la esclavitud laboral o la explotación sexual comercial, incluida la pornografía", subraya. Dunia Orellana asegura que continuará publicando investigaciones a partir de los archivos Epstein. El objetivo, dice, es no dejar en el olvido a las víctimas anónimas detrás de estos hallazgos. "Cuando te das cuenta de que en tu país utilizaron a muchas niñas para producir estos videos y que pudieron haber sido víctimas directas, sentís mucha pena, pero también mucha rabia", concluye. En 2025, el Ministerio Público hondureño registró 74 casos de trata en la modalidad de pornografía infantil.

En Columnistas de Mesa Central, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con Gonzalo Cordero y Marcelo Díaz sobre el revés del Ministerio Público, cuya solicitud para desaforar al gobernador Claudio Orrego fue rechazada de manera únanime en la Corte de Apelaciones.

El Gobierno boliviano anunció la creación de una comisión especial para combatir la impunidad en delitos sexuales. Entre ellos, los casos vinculados a la Iglesia Católica. Con la misión de revisar denuncias, analizar expedientes y colaborar con el Ministerio Público en investigaciones referidas a abusos contra menores, incluso aquellos que hayan prescrito o que no hayan avanzado ante la justicia, el Gobierno de Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión para combatir la impunidad en abusos sexuales. “Hemos creado esta comisión mixta, en el sentido de que no vamos a generar un doble juzgamiento, sino que vamos a fiscalizar con las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea, departamento por departamento, ciudad por ciudad, contando con el apoyo de muchos abogados que existen y están registrados en el Registro Público de la Abogacía acá en Bolivia”, explicó a RFI Manolo Rojas, diputado del el Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido vencedor en las urnas hace tres meses. “Y vamos a ver el tema netamente técnico. Si han habido inconsistencias en algunos casos, seguramente encontraremos también corrupción, con la única finalidad de elaborar un informe, porque este informe nos va a servir como piedra fundamental para abrir la Constitución Política del Estado, generar el debate para ingresar a una cadena perpetua sobre los violadores de niños y niñas y los infanticidas”, precisó. Escuchar a las víctimas Entre tanto, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización de víctimas de abusos eclesiales que denunció en los tribunales los casos cometidos por la Compañía de Jesús boliviana, se muestra muy prudente ante la futura gestión de esta comisión creada por el Gobierno, luego de haberse quedado al margen tras no contar con el testimonio de sus víctimas. “Nosotros valoramos ese intento, pero lo que sí cuestionamos y vemos con mucha pena es que la Compañía de Jesús quiere invisibilizar a la organización existente. Una comisión de la verdad debería constituirse con las víctimas. Nosotros pacientemente vamos a esperar. Esperemos que ellos de su propia voluntad se comuniquen con nosotros para que podamos trabajar juntos. Nosotros por nuestro lado estamos trabajando”, nos comentó su presidente Wilder Flores. RFI preguntó directamente al diputado Manolo Rojas si la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes será escuchada y aportará ayuda en esta comisión contra la impunidad: “Va a ser parte importante. Lo primero es generar el aspecto técnico jurídico, y posteriormente vamos a tener unas reuniones donde vamos a escuchar las experiencias y vamos a hacer un realce sobre las causas o los motivos de por qué no han podido acceder a justicia”, aseguró. El trabajo de la comisión comenzará en marzo e incluirá la habilitación de una oficina para que los interesados puedan denunciar los casos en los que hubo impunidad o falta de celeridad por parte de la justicia.  

Una jornada política que parecía predecible terminó sacudiendo el tablero. Este episodio aborda lo que ocurrió detrás de la elección de magistraturas, el papel del Ministerio Público y el desgaste del modelo clientelar dentro del gremio jurídico.Se analizan victorias inesperadas, errores de cálculo, el rol de los actores “grises” y cómo la participación, las redes sociales y los cambios generacionales están redefiniendo el escenario democrático en Guatemala. Un análisis directo para entender qué pasó, por qué importa y qué podría venir después.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Gobierno de José Jerí superaría a otros expresidentes en promedio de homicidios diarios. - Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas. - Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado. - Congresistas Fernando Rospigliosi y José Willimas critican condena a ex Chavín de Huantar por asesinato de ocho personas en Huánuco en 1994. - Félix Moreno: TC anula condena de 11 años por el caso Fundo Oquendo. - José Jerí realizó fiesta oculta con Isabel Cajo, congresistas y ministros. - Exfiscales expresan su preocupación por la situación actual del Ministerio Público y de los operadores de justicia. - Exclusiva: El amigo de José Jerí que ahora trabaja en el Gobierno.

El debate sobre el sistema de justicia en la República Dominicana se intensifica tras la ratificación de la prisión preventiva para los imputados del caso Senasa, un hecho que ha reabierto la discusión sobre si esta medida se aplica bajo criterios técnicos o para satisfacer el clamor popular,. Las fuentes advierten sobre el auge del "populismo judicial", una tendencia donde la prisión preventiva deja de ser la excepción para convertirse en una condena anticipada, alimentada por la presión social y la necesidad de "alimentar al vulgo" con arrestos mediáticos, a pesar de que la norma legal debería ser la libertad durante el proceso de investigación,,.Esta situación pone en riesgo la seguridad jurídica del país, fundamental para el desarrollo social y la inversión extranjera. Los expertos señalan que el populismo penal ha llegado al punto en que los jueces, muchas veces carentes de seguridad personal básica, prefieren encarcelar a un inocente que enfrentar el rechazo social de liberar a un culpable bajo fianza,. Además, se critica el rol del Ministerio Público en la filtración de expedientes a los medios, lo que enturbia los procesos y debilita la imparcialidad necesaria para que los juicios se basen en pruebas y no en narrativas mediáticas,.

En una entrevista con Radio Francia Internacional, el ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal de Paraguay, detalla los alcances de la nueva Ley 7513/25. Con ella se "establecen los mecanismos para promover el bienestar de los animales y el marco jurídico para su protección integral". Esta legislación no sólo endurece las penas de cárcel para los agresores, sino que cambia el estatus jurídico de los animales que dejan de ser objetos para convertirse en "seres sintientes". Con la promulgación de la Ley 7513/25 Paraguay se alinea con las tendencias globales de derecho animal al reconocer legalmente que los animales no son cosas, sino individuos con capacidad de sentir. El ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, explica que este logro es el resultado de un intenso trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, legisladores y organizaciones civiles. Sin embargo, el camino no fue sencillo, especialmente al intentar introducir el concepto de "sintiencia" en el debate legislativo. Uno de los pilares de esta ley es la declaración de los animales como seres "sintientes", un término que enfrentó resistencia inicial en el Congreso. Según explica Rubín, este cambio terminológico tiene implicaciones legales profundas: "En la primera propuesta que hicimos nosotros en la dirección pusimos 'seres sintientes' y se nos pidió poner realmente luego 'seres vivos a los cuales hay que proteger del dolor', porque no querían en principio poner seres sintientes. Por fin logramos que en la ley sean declarados así. Esto en un estatus jurídico transforma a los animales: en lugar de objetos, son sujetos de derecho. Por ejemplo, a la hora de un maltrato, no solo tenemos en cuenta el daño físico, sino también valoramos el terror que pueden haber pasado, la ansiedad prolongada y el hecho de que son conscientes de su entorno. Seres sintientes significa que se valora si tienen el hábitat correcto, si pueden respirar, que no estén atados bajo el sol, la lluvia o el frío. No estamos 'humanizando', estamos reconociendo algo que es real y está comprobado: sienten, padecen, sufren y tienen ansiedad". La nueva legislación paraguaya establece una estructura de sanciones que distingue entre faltas administrativas y delitos penales. Mientras que la Dirección Nacional se encarga de las multas en casos leves, los episodios de crueldad extrema o muerte ya son competencia de la justicia penal, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. "Esta Ley 7513/25 es como si estuviera dividida en dos partes. En las sanciones leves o menos graves, nosotros como dirección aplicamos directamente el expediente sancionador con multas administrativas. Cuando hablamos de crueldad extrema o gravedad, donde termina falleciendo el animalito, ya pasa al Ministerio Público. La Fiscalía asume el rol de ordenar detención, imputación y pedir elevar a juicio. En este momento, está estipulado que hay diferentes penas: dos años, cuatro años con agravantes y, con la muerte del animalito, son seis años de cárcel. Lo que nosotros demandamos ahora es ver efectivamente en la cárcel a los maltratadores y asesinos; eso todavía es una deuda pendiente". Registro de agresores y educación obligatoria Más allá del castigo, en Paraguay se busca prevenir la violencia. Se ha creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, basándose en la premisa de que quien maltrata a un animal es un peligro potencial para la sociedad en general. Además, la normativa obliga a incluir el bienestar animal en el sistema educativo nacional. "Hemos creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, donde van a parar todas las personas que hayan sido sentenciadas o sancionadas. Buscamos prevención y control; el que maltrata a un animal está a un paso, si no lo hizo ya, de maltratar en el entorno familiar o social. No se puede separar el maltrato animal del maltrato general. Además, hemos logrado que en el artículo cinco de nuestra ley sea obligatorio hablar y poner como materia el bienestar animal en toda la extensión educativa del Paraguay. Toda la malla curricular paraguaya, ya se está trabajando con el ministerio de educación, tiene que incluir el bienestar animal desde los niños hasta los más adultos". Bienestar en animales de consumo y el fin de los espectáculos crueles La ley no se limita a perros y gatos. Aunque existe otra institución para el ganado, la Dirección de Bienestar Animal ahora tiene el mandato de vigilar que los animales de producción sean tratados con dignidad, incluso en el transporte y el sacrificio. Por otro lado, el ministro Rubín fue enfático en su postura contra las tradiciones que implican sufrimiento, como las corridas de toros o las peleas de gallos, las cuales espera que sean prohibidas bajo el amparo de esta nueva visión legal: "Nosotros creemos realmente que todo lo que tenga que ver con la corrida de toros es maltrato. Si estás declarando a los animales seres sintientes, la diversión de los humanos no quiere decir que ellos se diviertan. Para nosotros, ellos pasan estrés, sufrimiento y miedo. Estamos luchando fervientemente para que lo que ya existe hoy en día sea derogado. No somos partidarios de que los animales sean utilizados en espectáculos públicos. Eso de que no sufren no lo creo; no hay casi ningún veterinario que certifique eso. Nuestros veterinarios han documentado cómo pasan terror ante estos espectáculos". Conozca la ley 7512/25 de Paraguay: 

Guatemala vive desde el principio de la semana bajo estado de sitio, que fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas tras el asesinato de 10 policías y motines en las cárceles. Pero lo que parece una guerra contra el crimen organizado tiene un trasfondo mucho más complejo. Militares armados patrullan los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala, como respuesta directa al asesinato de 10 policías a manos de la pandilla Barrio 18. Una masacre que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio. “Pacto de corruptos” “Esta situación que se está enfrentando en Guatemala la leemos como una situación no solamente de acciones de las maras, ahora llamadas terroristas por una ley que acaba de aprobar el Congreso, sino también por el hecho de que es una acción política en el contexto de que en este momento Guatemala está entrando en el proceso de cambio de las direcciones de las instituciones que son el Ministerio Público, que son la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Y estas tres que son fundamentales, están ahora tomadas por lo que llamamos el ‘Pacto de corruptos'”, explica a RFI Sandra Morán, ex diputada de la Comisión de Derechos Humanos (2016-2020) y una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. El Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta en efecto una estructura que los analistas llaman el “Pacto de corruptos”, un modelo de corrupción con varios integrantes que involucra a diversos sectores de la sociedad. En el centro de la polémica está la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha intentado bloquear al mandatario desde su llagada al poder. “Una acción política” “Lo leemos como una acción no solo delictiva, sino también política, por las relaciones que han tenido las maras con las redes político-económicas, que en Guatemala han estado moviendo las elecciones y que el Gobierno de Arévalo se enfrentó a ello y se sigue enfrentando porque son quienes lo han estado atacando desde que ganó en 2023”, comenta Sandra Morán.  El despliegue militar busca capturar a los responsables de los ataques del fin de semana, ocurridos en represalia por la retoma de tres cárceles. Mientras los soldados montan puestos de control en la periferia norte de la ciudad, el Congreso ha ratificado la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, permitiendo detenciones sin orden judicial. Para Morán, la violencia es el síntoma de una disputa feroz entre dos modelos de país: “Creemos que esta disputa que hay de poder entre la gente como nosotros, que queremos procesos democráticos, justicia, acabar con la impunidad, y los que han estado sosteniendo y manteniendo la criminalización, la impunidad y la corrupción, esta disputa que está bien clara, es lo que da el marco para esta acción delictiva de las maras”, estima. Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anunció la captura de 23 pandilleros pertenecientes a la mara Salvatrucha y al Barrio 18.

En este episodio analizamos los dos años de gobierno de Bernardo Arévalo más allá de los números y los listados de “logros”. Hablamos del mensaje político de fondo, los aciertos y fracasos en seguridad, infraestructura, salud y educación, la relación tensa con el Congreso y el Ministerio Público, el papel de la USAC y lo que viene en un año clave de elecciones de segundo grado.Gracias a nuestros patrocinadores:Party SmartTransdocInterlunioSíguenos en nuestras redes sociales:Whatsapp:https://whatsapp.com/channel/0029VaFGJYN7z4ko8qL0Rk3USpotify:https://open.spotify.com/show/6nwrSBjxwubm0nJlEDoJdD?si=d2a6238d0a05462eTiktok: / tangentepodcast X: / tangentegt Facebook: / tangentegt Instagram: / tangente_gt

En ESTO NO TIENE NOMBRE, analizamos el aplazamiento de la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat. Tras el trágico derrumbe del techo que cobró la vida de 236 personas, el juez Raymund Mejía dictó una nueva fecha debido a fallos en las notificaciones. Analizamos el estado del proceso judicial, los próximos pasos del Ministerio Público y el clamor de justicia de las víctimas por este lamentable hecho.

Axel Arenas era un actor mexicano con una carrera prometedora, protagonizando la serie de José José para Telemundo. Todo cambió el 2 de enero de 2018, cuando fue arrestado en la puerta de su casa, acusado de un feminicidio que jamás cometió. Lo que siguió fue una pesadilla kafkiana: un montaje policial digno de una mala película, evidencia científica ignorada, y un sistema de justicia diseñado para fracasar.Durante su proceso, Axel enfrentó la presión mediática, el escarmiento público y la incompetencia de un sistema que criminaliza la pobreza. A pesar de no estar en el país cuando ocurrió el crimen, de tener pruebas genéticas que lo exoneraban y testimonios que confirmaban su inocencia, estuvo a punto de recibir una sentencia de 70 años.00:00:00 - 00:01:10 | Introducción: Inocencia en prisión / Introduction: Innocence Behind Bars00:01:10 - 00:06:43 | El arresto: Un montaje teatral / The Arrest: A Staged Setup00:06:43 - 00:19:45 | Primera noche en el Ministerio Público / First Night at the DA's Office00:19:45 - 00:41:15 | Reclusorio Norte: La verdadera cárcel /  Reclusorio Norte: The Real Prison00:41:15 - 00:54:30 | Evidencia ignorada y sistema roto /  Ignored Evidence and a Broken System00:54:30 - 01:09:20 | El juicio y la lucha por la libertad / The Trial and Fight for Freedom01:09:20 - 01:24:28 | Criminalización de la pobreza / Criminalizing Poverty01:24:28 - 01:32:31 | Reflexión final: Culpable hasta demostrar lo contrario / Final Thoughts: Guilty Until Proven Innocent-----------------------------Axel Arenas was a Mexican actor with a promising career, starring in the José José series for Telemundo. Everything changed on January 2nd, 2018, when he was arrested at his doorstep, accused of a murder he never committed. What followed was a complete nightmare: a police setup straight out of a bad movie, scientific evidence thrown out the window, and a justice system built to fail.Throughout the process, Axel faced media pressure, public shaming, and the incompetence of a system that criminalizes poverty. Even though he wasn't even in the country when the crime happened, had DNA evidence that cleared him, and witnesses who confirmed his innocence, he almost got sentenced to 70 years in prison.------------------------------Este episodio revela cómo en México no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino culpable hasta que logres demostrar tu inocencia. La historia de Axel expone un sistema judicial roto donde los ministerios públicos fabrican culpables para cerrar carpetas, donde la falta de recursos impide investigaciones serias, y donde solo el privilegio económico puede salvarte de una condena injusta.Hoy, años después de su liberación, Axel sigue lidiando con las secuencias de un caso que nunca debió existir. El verdadero feminicida de Karen sigue libre, la demanda permanece abierta, y las preguntas sobre nexos políticos y empresariales quedan sin respuesta.-------------------------------This episode shows how in Mexico, you're not innocent until proven guilty—you're guilty until you can prove you're innocent. Axel's story exposes a broken justice system where prosecutors make up suspects to close cases, where lack of resources kills any chance of real investigation, and where only money and privilege can save you from a wrongful conviction.Today, years after his release, Axel is still dealing with the aftermath of a case that should've never existed. Karen's real killer is still out there, the case remains open, and questions about political and business connections stay unanswered.----------------------------------Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/joinVisita penitencia.comSíguenos en:https://instagram.com/penitencia_mx  https://tiktok.com/@penitencia_mx  https://facebook.com/penitencia.mx  https://x.com/penitencia_mx  Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDbApple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia Redes Saskia:https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canalhttps://instagram.com/saskianino  https://tiktok.com/@saskianino  https://x.com/saskianino