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A tres días de los allanamientos de la Operación Cobra 2.0, los abogados de los imputados cuestionan la solicitud de 18 meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público y aseguran que sus clientes pueden enfrentar en libertar el proceso, cuya audiencia de coerción se fijó para mañana en horas de la tarde.

En este Expediente con Saskia, Saskia Niño de Rivera retoma el caso viral de doña Carlota: la mujer de Chalco, Estado de México, que se volvió tendencia nacional después de disparar contra quienes ocupaban la vivienda de su hija. Un caso que dividió a México entre quienes la llamaron heroína y quienes la llamaron asesina.Hace unos días pasó algo que vuelve más complejo uno de los casos más polémicos que hemos visto en México: la casa de la familia de doña Carlota fue restituida legalmente, pero recuperar la casa no cambia lo que ocurrió el 1 de abril de 2025.00:00:00 00:02:35 El caso de Carlota00:02:35 00:05:25 Mariana: años pagando la casa00:05:26 00:07:18 Regresaron armados00:07:18 00:14:42 La confrontación y los disparos00:14:42 00:19:10 La casa volvió, las vidas noLa historia empieza antes del video. Mariana, la hija de Carlota, compró esa casa a través de un crédito del Fovissste. Cuando encontró la vivienda ocupada, la familia denunció, fue al Ministerio Público y obtuvo un oficio. Sintió que las autoridades no respondieron. Esa es su versión —no un hecho probado—, pero fue lo que los llevó a tomar la decisión que tomaron.El 1 de abril de 2025, la familia regresó al inmueble armada con dos pistolas. Eduardo, el hijo de Carlota, lo confirma. La intención declarada era intimidar. Lo que ocurrió después ya no pudo controlarse: dos personas murieron, un adolescente resultó herido y Carlota junto a sus hijos fueron detenidos y puestos en prisión.Meses después, Carlota le dijo a Saskia algo que resume todo el expediente:"No debí hacerlo. Pero si yo no lo hacía, no lo estuviera contando."En este episodio, Saskia analiza cinco lecciones que este caso le deja a todos:1. Qué es la justicia por propia mano y por qué el artículo 17 de la Constitución Mexicana la prohíbe incluso cuando tienes razón.2. Qué exige realmente la legítima defensa ante la ley y por qué no basta con decir "era mi casa" o "tenía miedo".3. Por qué un juez debe separar hechos, percepciones y versiones, y cómo esa diferencia puede definir culpa o inocencia.4. Cómo escala un conflicto: cómo una sucesión de decisiones puede cerrarte todas las salidas posibles.5. Cómo una misma persona puede ser víctima en una parte de la historia y victimaria en otra.La ENVIPE 2026 estima que en México ocurrieron 33.8 millones de delitos durante 2025. El 93.4% no se denunció o no derivó en investigación. Eso es la cifra negra. Ese dato ayuda a entender el contexto en el que la familia de Carlota tomó sus decisiones, aunque no las justifique.La pregunta final que Saskia le hace a México no es si deberíamos hacer justicia por nuestra propia mano. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer un Estado para que sus ciudadanos no lleguen a sentir que tomar un arma es la única manera de defender lo que es suyo? Porque cuando alguien llega a ese punto, la justicia ya llegó demasiado tarde.La casa pudo recuperarse. Las vidas que se perdieron, no.¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/joinVisita penitencia.comSíguenos en:https://instagram.com/penitencia_mx https://tiktok.com/@penitencia_mx https://facebook.com/penitencia.mx https://x.com/penitencia_mx Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDbApple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitenciaRedes Saskia:https://instagram.com/saskianino https://tiktok.com/@saskianino https://x.com/saskianino Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Liberan pura y simplemente al doctor Steven Rabassa tras allanamiento en operativo «SeNaSa 2.0» spmnoticias.com SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. — Las autoridades judiciales otorgaron la libertad pura y simple al médico ginecobstetra Steven Rabassa, luego de que fuera allanado y detenido en la madrugada en su residencia de San Pedro de Macorís dentro de las investigaciones de la presunta red del caso denominado «SeNaSa 2.0».  El operativo fue desplegado a tempranas horas como parte de una serie de intervenciones simultáneas del Ministerio Público. Tras ser esposado y trasladado para fines de investigación e interrogatorio, las autoridades comprobaron que el especialista no guarda vínculo delictivo con los hechos investigados, ordenando su inmediata liberación sin cargos.  A su salida, el doctor Rabassa explicó que su área de especialidad es la reproducción humana asistida y que en su práctica privada no trabaja con seguros médicos. «Se me dijo que era parte de una investigación del caso SeNaSa, un caso con el que no estoy familiarizado ni tengo nada que ver. Se hizo un debido proceso de depuración e investigación, y gracias a Dios se me dio mi libertad pura y simple», declaró el galeno, reconociendo además que los actuantes mantuvieron un trato respetuoso durante el procedimiento. Por su parte, la defensa técnica del doctor puntualizó la incongruencia de los señalamientos iniciales, indicando que las alertas de los investigadores atribuían supuestas reclamaciones médicas a nombres de pacientes masculinos. «Él es ginecobstetra; los ginecólogos no atienden ni operan hombres, y además lleva más de tres años completamente desconectado del SeNaSa», enfatizó el abogado, señalando que la simple revisión lógica de los hechos y registros demostró de inmediato la inocencia del profesional de la salud.Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/radio-ebenezer-rd--3279340/support.ESCUCHAR RADIO 

Liberan pura y simplemente al doctor Steven Rabassa tras allanamiento en operativo «SeNaSa 2.0» spmnoticias.com SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. — Las autoridades judiciales otorgaron la libertad pura y simple al médico ginecobstetra Steven Rabassa, luego de que fuera allanado y detenido en la madrugada en su residencia de San Pedro de Macorís dentro de las investigaciones de la presunta red del caso denominado «SeNaSa 2.0».  El operativo fue desplegado a tempranas horas como parte de una serie de intervenciones simultáneas del Ministerio Público. Tras ser esposado y trasladado para fines de investigación e interrogatorio, las autoridades comprobaron que el especialista no guarda vínculo delictivo con los hechos investigados, ordenando su inmediata liberación sin cargos.  A su salida, el doctor Rabassa explicó que su área de especialidad es la reproducción humana asistida y que en su práctica privada no trabaja con seguros médicos. «Se me dijo que era parte de una investigación del caso SeNaSa, un caso con el que no estoy familiarizado ni tengo nada que ver. Se hizo un debido proceso de depuración e investigación, y gracias a Dios se me dio mi libertad pura y simple», declaró el galeno, reconociendo además que los actuantes mantuvieron un trato respetuoso durante el procedimiento. Por su parte, la defensa técnica del doctor puntualizó la incongruencia de los señalamientos iniciales, indicando que las alertas de los investigadores atribuían supuestas reclamaciones médicas a nombres de pacientes masculinos. «Él es ginecobstetra; los ginecólogos no atienden ni operan hombres, y además lleva más de tres años completamente desconectado del SeNaSa», enfatizó el abogado, señalando que la simple revisión lógica de los hechos y registros demostró de inmediato la inocencia del profesional de la salud.Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/musica-cristiana--4958188/support.

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Liberan pura y simplemente al doctor Steven Rabassa tras allanamiento en operativo «SeNaSa 2.0» spmnoticias.com SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. — Las autoridades judiciales otorgaron la libertad pura y simple al médico ginecobstetra Steven Rabassa, luego de que fuera allanado y detenido en la madrugada en su residencia de San Pedro de Macorís dentro de las investigaciones de la presunta red del caso denominado «SeNaSa 2.0».  El operativo fue desplegado a tempranas horas como parte de una serie de intervenciones simultáneas del Ministerio Público. Tras ser esposado y trasladado para fines de investigación e interrogatorio, las autoridades comprobaron que el especialista no guarda vínculo delictivo con los hechos investigados, ordenando su inmediata liberación sin cargos.  A su salida, el doctor Rabassa explicó que su área de especialidad es la reproducción humana asistida y que en su práctica privada no trabaja con seguros médicos. «Se me dijo que era parte de una investigación del caso SeNaSa, un caso con el que no estoy familiarizado ni tengo nada que ver. Se hizo un debido proceso de depuración e investigación, y gracias a Dios se me dio mi libertad pura y simple», declaró el galeno, reconociendo además que los actuantes mantuvieron un trato respetuoso durante el procedimiento. Por su parte, la defensa técnica del doctor puntualizó la incongruencia de los señalamientos iniciales, indicando que las alertas de los investigadores atribuían supuestas reclamaciones médicas a nombres de pacientes masculinos. «Él es ginecobstetra; los ginecólogos no atienden ni operan hombres, y además lleva más de tres años completamente desconectado del SeNaSa», enfatizó el abogado, señalando que la simple revisión lógica de los hechos y registros demostró de inmediato la inocencia del profesional de la salud.Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/noticias-en-espanol--3690946/support.ESCUCHAR RADIO 

Guatemala atraviesa una etapa de tensión social por las protestas contra el aumento del precio de los combustibles, mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo trata de recuperar unas instituciones debilitadas tras años de corrupción e impunidad. Charlamos sobre el contexto que vive el país con la exfiscal de Guatemala, ahora en el exilio, Claudia Paz y Paz, que estos días participa en el Festival Centroamérica Cuenta, y que considera esperanzadora la llegada de Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público.Escuchar audio

Este martes fue reanudada la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, investigados por el Ministerio Público por su presunta vinculación con maltrato físico y psicológico, así como trabajo forzoso en perjuicio de varios menores que permanecían en una fundación de Haina.#NoticiasRNN #CoercionPastor #MaltratoFisico #RedesSocialesRNN

Por segunda ocasión fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción contra el pastor señalado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con el maltrato físico y psicológico de menores en la Fundación Restaurando Vida, en Haina.#NoticiasRNN #PastordeHaina #MaltratoMenores #RedesSocialesRNN

Bueno. Cuatro meses después volvimos al famoso  Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas y palabra, espero que esta vez a Costa Rica le vaya un poquito mejor. A ver, entremos en materia y los aterrizo. Ayer la Fiscalía General confirmó que recibió una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, presentada por una mujer distinta a la funcionaria que acudió al Ministerio Público el lunes. 

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan lascircunstancias en las que un adolescente de 14 años falleció en la torre Jarainet IX, ubicada en el sector El Millón, en el Distrito Nacional.Aunque de manera extraoficial se examina la hipótesis de unpresunto suicidio, el vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, precisó que el caso se mantiene bajo indagatoria oficial.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 10 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra del pastor Ángel Gabriel Capellán y su ayudante implicado por el Ministerio Público por trata de personas con fines de explotación laboral de varios niños en una fundación en Haina, San Cristóbal.

En el marco del debate por el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco institucional, señalando que la falta de eficacia democrática puede abrir la puerta a medidas extremas."Lo que nosotros valoramos fue la iniciativa de un paquete de reformas que, en general, recoge muchos planteamientos que el Ministerio Público ha hecho. Sería autocontradictorio que hubiéramos hecho un conjunto de propuestas en los últimos años —como, por ejemplo, modificar el régimen penitenciario— y cuando el Ejecutivo ingresa un paquete de leyes para efectivamente implementar o introducir esas propuestas que hemos planteado a nuestro sistema dijéramos que no es buena idea", afirmó el jefe del Ministerio Público sobre la propuesta impulsada por el Gobierno.Sin embargo, Valencia advirtió que "el Estado chileno tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costo, a cualquier precio; se cumple dentro del marco de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos".El fiscal nacional dijo que existe espacio para fortalecer el marco normativo sin vulnerar los derechos fundamentales ni traspasar la Carta Magna, rechazando la noción de que la legislación actual haya alcanzado el tope de los márgenes constitucionales.El Diario de Cooperativa, con Verónica Franco y Rodrigo Vergara.Escucha más episodios como este en Cooperativapodcast.cl

“Panamá actualizó las reglas para verificar la autenticidad de las incapacidades médicas mediante el Decreto Ejecutivo No. 29 de agosto de 2026. La norma no sustituye el procedimiento existente desde 2025, sino que lo fortalece.Las empresas podrán solicitar su validación oficial y, si se detectan indicios de falsificación o fraude, el caso deberá ser remitido al Ministerio Público.” ¡No te lo pierdas!  Hoy, en vivo, a las 5 de la tarde, por Omega Stereo,1073 FM. LIVE por Facebook. También por omegastereo.com#incapacidadesmedicas#bdsasesores#alertalaboral#pautaenradio

Viernes 21 de agosto: La fiscalía dio otro duro golpe a la política ayer. Con una orden judicial, ordenó a la PDI que allanara oficinas y dependencias de la Junaeb y de las oficinas parlamentarias de los senadores Miguel Ángel Calisto, independiente pro Demócratas, Sergio Gahona de la UDI y del ex diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista.

[Jueves 20 de agosto, edición PM] En medio de la irrupción del Ministerio Público y la Fiscalía al Congreso por una causa por cohecho y fraude al Fisco, los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) se mostraron dispuestos a flexibilizar los alcances de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno en materia de seguridad.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años. El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación. "Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora. El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado.  "El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora. Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años. El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación. "Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora. El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado.  "El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora. Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.

Jonathan Alejandro desapareció después de que cuatro hombres se lo llevaran por la fuerza en Tala, Jalisco. Su madre asegura que antes había recibido amenazas relacionadas con una mujer a cuya hija Jonathan intentaba ayudar. Durante su propia investigación, su madre supo de un posible campo de reclutamiento cercano a la zona y pidió que fuera investigado, pero asegura que un Ministerio Público le respondió que no podían entrar porque era demasiado peligroso. A casi cinco años de su desaparición, denuncia cambios constantes de Ministerio Público, resultados de ADN traspapelados y hasta pertenencias de Jonathan que habrían desaparecido dentro de la propia Fiscalía. _________________Distribuido por Genuina Media Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Editorial.Sí algo han notado los costarricenses sensatos, es que, en el lenguaje del Gobierno del continuismo, hay un doble discurso casi en todo. Se anuncia que se va a combatir la delincuencia, pero lo que se combate es al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las autoridades que en coordinación con la DEA logran atrapar al fugitivo más buscado de la justicia.#larevistacr @larevistacr www.larevista.cr

En los primeros ocho meses de este año, 57 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país, según cifras del Ministerio Público.El dato más preocupante es que el 84 % de las víctimas no había presentado una denuncia previa contra su agresor.

La reforma al IUSI abrió una discusión mucho más profunda que la de un simple impuesto.En este episodio de Tangente, Daniel Haering y Xavier Soria analizan cómo la reducción del IUSI podría afectar la autonomía de las municipalidades, el equilibrio político entre alcaldes y diputados y el funcionamiento del Estado.También conversan sobre el sistema de Consejos de Desarrollo, la influencia del CACIF en las instituciones públicas, el papel del Gobierno en estas decisiones y las recientes señales de cambio dentro del Ministerio Público tras los casos relacionados con las protestas de 2023.

Después de años de mantener silencio, José Ramón Peralta concede una de sus conversaciones más extensas para hablar sobre el proceso judicial que enfrentó, cómo vivió su tiempo fuera del escenario público y por qué decidió esperar que la justicia hablara antes que él.En este episodio explica por qué sostiene que fue víctima de una persecución política, analiza las pruebas que presentó durante el proceso, responde a las acusaciones en su contra y aborda la decisión del Ministerio Público de apelar el no ha lugar que recibió este año.También conversamos sobre el clima político del país, el concepto del “no fair” en la justicia dominicana, el papel que ha jugado la embajada de Estados Unidos en ese debate y cómo esta experiencia transformó su visión de la política, el poder y la justicia.Una entrevista pausada, profunda y llena de detalles que no había contado públicamente hasta ahora.

Conocí a Milka en plena pandemia, cuando nació el Colectivo de Shipibas Muralistas. Hicimos tres lives en Instagram. En el primero, se presentó, habló del proyecto y de la necesidad de generar trabajo en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir: la pandemia.Ese día empezamos a construir un vínculo cercano. La visitaba en su taller y apoyaba al colectivo.Años después, cuando me enteré de que todo lo que Anís Samanéz había dicho durante el conversatorio sobre moda sostenible hacía referencia a Milka y a su hermano, las palabras no me alcanzan para describir la indignación y la rabia que sentí.Busqué la manera de ayudarla legalmente. La investigación fue iniciada por el propio Ministerio Público, pero era evidente que necesitaba asesoría para atravesar un proceso en el que el lenguaje jurídico puede ser complejo, más aún cuando el español no era su primer idioma.Grabamos un segundo video para explicar las mentiras que se habían difundido. En el tercero, sin imaginar que sería una de las últimas veces que la vería con vida, conversamos sobre su historia, sus padres y su comunidad.Hoy publico los audios de esos lives en este podcast para que la historia de Milka vuelva a ser escuchada. También lo hago con la esperanza de que quienes participaron en el daño que sufrió encuentren un momento para reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.Yo me quedo con el recuerdo de sus sonrisas, sus abrazos, su valentía y la resiliencia que la caracterizaba.Descansa en paz, Milkita. Yo me encargaré de hacer justicia por ti.Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/kewl--4302147/support.

Dice que compareció ante la fiscalía, donde respondió de manera veraz y puntual a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal; asimismo, aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio de Culiacán

La crisis de la Universidad de San Carlos sigue marcando la conversación política en Guatemala.En este episodio Luis Miguel Reyes conversa con Javier Monterroso y Pavel Vega sobre la toma de posesión de Walter Mazariegos, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y el papel que juegan las instituciones frente a la situación actual de la USAC. También analizamos el rol del Ministerio Público tras la llegada de Gabriel García Luna, los retos para investigar los señalamientos alrededor de la universidad y el impacto que estas decisiones podrían tener en futuras elecciones de segundo grado y el proceso electoral de 2027.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen bajoinvestigación el caso de Marielis Yoanna Beltré Féliz, la joven de 20 años que falleció el pasado domingo en un hospital de esta provincia tras ser violada sexualmente por cuatro hombres. Hasta el momento, las autoridades no hanejecutado detenciones contra los responsables del hecho.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Denuncian que abogado del Minjusdh investigado por presunta agresión sexual a menor fue liberado en Condorcanqui. - Casi 4 mil policías investigados por violencia de género. - Padres de menor fallecido en la comisaría de Manchay denuncian seguimiento policial tras denuncia el caso en medios de comunicación. - Colcabamba: 12 meses de prisión para 8 militares que mataron a 5 jóvenes. - Procuraduría denuncia a Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos por presunta perturbación de la tranquilidad pública. - Ipys rechaza informe del Congreso que criminaliza la labor periodística de Gustavo Gorriti. - JNJ evalúa proceso contra cinco jueces supremos por inaplicar ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas. - ANC del Ministerio Público inicia investigación contra el fiscal Germán Juárez Atoche. - Exclusiva: La marcha de Juntos por el Perú.

El programa de COPE aborda la actualidad política y judicial española, destacando las "cloacas del PSOE" con Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Mascarillas, donde se espera el fallo contra José Luis Ábalos. Pedro Sánchez defiende a Zapatero por el origen de unas joyas. Se abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar a Juan Carlos Barrabés por prevaricación y fraude a la UE. La Fiscal General del Estado defiende la independencia del Ministerio Público. En el ámbito internacional, se informa sobre un frágil alto el fuego entre Israel y Hizbulá, con advertencias de EE. UU. a Trump sobre Netanyahu, y un incidente diplomático entre Trump y Georgia Meloni. Ucrania lanza un ataque masivo de drones contra Moscú. La sección de sucesos cubre el hallazgo de un padre y su hija sin vida en Gerena, un ataque en un instituto de Valencia y el ahogamiento de un menor en Tarragona. En Madrid, un incendio en Villaverde afecta a 800 trasteros, y se anuncia la primera ...

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Defensoras del agua exigen acciones urgentes al próximo gobierno. - Familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte expresan su preocupación ante un eventual gobierno de Keiko Fujimor. - Familiares de menor hallado sin vida en comisaría de Manchay exigen justicia en el frontis de dicha dependencia. - Luz Salgado destaca hostigamiento policial contra ciudadanos que protestas: “La PNP defendiendo los bienes de todos los peruanos”. - Fiscalía pide 8 años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria por civiles heridos en las protestas de 2022. - Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público programa apelación de Rafael Vela contra su suspensión para el 1 de julio. - Poder Judicial confirmó archivo del caso 'Cócteles' contra Keiko Fujimori y otros investigados. - JEE rechaza pedido de Fuerza Popular que buscaba anular más de 7 mil votos en Puno. - Rafael López Aliaga anuncia que no asumirá como senador y que postulará a cargo de teniente alcalde de Lima. - La confianza en las noticias que ofrecen los medios de comunicación en Perú disminuyó en los últimos años, según el reporte de Digital Network. - Exclusiva: Los waykis de Wilfredo Oscorima se acercan a Fuerza Popular.

La condena de 29 acusados en el caso Coral y Coral 5G, incluyendo penas de hasta 20 años de prisión para altos oficiales militares, es considerada por el Ministerio Público y sectores de la sociedad civil como un precedente histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana.#NoticiasRNN #CasoCoral #Corrupcion #RedesSocialesRNN

En este episodio de Podcast Paranormal, exploramos misterios criminales resueltos desde el más allá. ¿Es posible que las canalizaciones psíquicas y el uso de Spirit Box sean la única llave para resolver crímenes sepultados por las autoridades? Acompáñenos a Fepo junto a Vanessa Alvarado para conocer sobre la criminología paranormal y la manipulación de entidades oscuras. Ahondamos desde el impactante caso de la joven Allison Bonilla en Costa Rica, donde una escalofriante psicofonía delató al asesino en tiempo real revelando el nombre de "Joaquín", pasando por las conspiraciones en Guatemala donde la tecnología Kinect registró siluetas sin cabeza en una escena custodiada por el Ministerio Público, hasta la evidencia de marcas físicas en la piel de los investigadores en venganza por desenterrar secretos. Analizamos la investigación de campo en escenas del crimen y el contacto con seres de otros planos. ¿Has escuchado un susurro en la oscuridad que pareciera revelar un secreto que nadie más debía saber?

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: • Expresidenta escribe una columna de opinión en página completa y también le dedican portada • Caso Cirugías: Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos • José Domingo Pérez a Tomas Aladino Gálvez: Él levanta imputaciones en contra mía, lo reto a que me las diga en mi cara • Delia Espinoza: Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso • Poder Judicial deja al voto apelación del Ministerio Público sobre archivamiento del Caso Cócteles • Partido Popular Cristiano expresa su apoyo a Keiko Fujimori • Keiko Fujimori dice que Fuerza Popular cometió errores: “No hemos sido obstruccionistas, pero sí confrontacionales” • Keiko Fujimori es rechazada en Arequipa • Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30% • Debate de la segunda vuelta se realizará este domingo 31 a las 8 pm y será con los candidatos presidenciales • Convocan a marcha pacífica Keiko No Va para mañana sábado 30 de mayo EXCLUSIVA: Problemas con ONPE

En este episodio conversamos con el abogado Eduardo Núñez sobre uno de los temas más controversiales de los últimos años en República Dominicana: el lawfare.Hablamos sobre los procesos judiciales contra exfuncionarios del pasado gobierno, las presuntas violaciones al debido proceso, la presión que enfrentan los jueces y el rol del Ministerio Público dentro del sistema judicial dominicano.#GepianoPodcast #Lawfare #RepublicaDominicana #PoliticaRD #MinisterioPublico #DonaldGuerrero

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

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La salida de Rafael Curruchiche marca un cambio simbólico dentro del Ministerio Público, pero el problema de fondo sigue ahí. Después de ocho años de Consuelo Porras, Guatemala enfrenta secuelas institucionales, jurídicas y humanas que todavía pesan sobre el sistema de justicia.En este episodio de TanGente, Luis Miguel Reyes conversa con las abogadas Andrea Rabanales y Cristian Martín sobre la destrucción de la carrera fiscal, la criminalización de operadores de justicia, las reformas hechas por intereses coyunturales, el desgaste de la democracia y el futuro del MP. También discuten la USAC, la CC, el péndulo político y la reconstrucción institucional que Guatemala todavía tiene pendiente.

Consuelo Porras finalmente salió del Ministerio Público. Ahora el reto es otro: desmontar la estructura que dejó atrás.En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes y Xavier Soria analizan los primeros mensajes y movimientos de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general: la relación con la prensa, el futuro de la FECI, los casos de exiliados políticos, la persecución judicial de los últimos años y las expectativas alrededor de una posible reconstrucción institucional del MP.También discuten el papel del sector privado, el legado de la CICIG, el desgaste democrático del país y la gran pregunta: ¿realmente puede cambiar el sistema de justicia en Guatemala?

Guatemala está entrando a una nueva etapa política y judicial. Después de años de control, persecución y captura institucional, el Ministerio Público finalmente cambiará de manos.En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering y Xavier Soria analizan lo que significa la salida del grupo que controló el MP, las presiones de último momento para bloquear el proceso, el papel de la CC, el futuro del sistema de justicia y las resistencias que siguen activas dentro del Estado.También hablan sobre el Congreso, la ley antilavado, el deterioro político en la región y cómo el país todavía sigue atrapado entre redes clientelares, corrupción y estructuras que se resisten a perder poder.Y sí, también hay espacio para hablar del colapso emocional de Florentino Pérez.

En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes conversa con María del Carmen Peláez de Diálogos Guatemala y Jody García de Plaza Pública sobre los ocho años de gestión de Consuelo Porras y el impacto que dejó en el sistema de justicia guatemalteco.Hablan sobre criminalización contra periodistas, activistas, estudiantes y operadores de justicia; el debilitamiento institucional del MP; la manipulación de procesos judiciales; la desestimación masiva de denuncias; el deterioro en la eficacia de la persecución penal y el miedo instalado dentro y fuera de la institución.Además, analizan cómo el Ministerio Público pasó de ser una institución clave en la lucha contra la corrupción a convertirse en un actor central de la crisis política e institucional del país.

Jimmy Morales reaparece en el debate público con su versión de los hechos, y la reacción no se hace esperar. Entre ironías, críticas y memoria política, su relato abre una discusión más amplia sobre lo que pasó en el país y cómo se está intentando reinterpretar hoy. En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering conversa con Xavier Soria sobre el papel de Jimmy Morales, el legado de la CICIG, el proceso actual del Ministerio Público y las narrativas que buscan reescribir la historia reciente.

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

La comisión de postulación ya entregó la lista de seis candidatos para Fiscal General, pero el proceso dejó más preguntas que certezas. Repetición de votaciones, cambios de última hora y decisiones cuestionadas marcan una etapa clave para el futuro del Ministerio Público.En este episodio de Tan Gente Luis Miguel Reyes junto a Gustavo Berganza y Alejandro Morales analizan qué pasó realmente, qué perfiles quedaron fuera, qué significa la salida de Consuelo Porras y cuáles son los riesgos de continuidad dentro del sistema. Más allá de nombres, la discusión apunta a un problema estructural: un modelo que sigue mostrando señales de desgaste.

Un caso de posible lavado de dinero por más de Q24 millones —con operaciones que terminan en China— pone sobre la mesa un problema más profundo: no es solo la corrupción, es la incapacidad (o falta de voluntad) del sistema para investigarla. En este episodio, Lucy Rodríguez y Daniel Haering analizan cómo funcionan estos esquemas y por qué pasan prácticamente desapercibidos.La conversación va más allá del caso: el rol del Ministerio Público, los límites del sistema de justicia y por qué el combate a la corrupción no se resuelve solo con capturas. Un episodio para entender qué está fallando y qué tendría que cambiar realmente.

¿Se convirtió la lotería en el refugio del narco? Cristian Guzmán revela cómo las bancas ilegales cuadriplican a las legales y operan sin control frente a escuelas. Analizamos el fracaso del plan de regularización, la competencia desleal y la urgencia de que el Ministerio Público intervenga un sector que "lava capitales" a plena vista.#Fenabanca #CristianGuzman #LoteriasRD #LavadoDeActivos #MinisterioDeHacienda #JuegosDeAzar #CorrupcionRD #DenunciaRD

En nuestro boletín semanal escribimos sobre la insubordinación institucional que empieza a desafiar el regimen del Ministerio Público de Consuelo Porras y su política de intimidación. A 30 días de dejar el cargo, las instituciones de justicia en Guatemala han comenzado a abandonar el miedo ante la Fiscal General.    Para recibir cada semana en tu correo electrónico un análisis de lo más importante de la semana, suscríbete aquí a La Instantánea.

En este episodio, Luis Miguel Reyes y Pavel Gerardo Vega analizan los movimientos recientes dentro del sistema político guatemalteco: el papel del Tribunal Supremo Electoral, el desgaste del Ministerio Público y las señales de cambio en la Corte de Constitucionalidad.La conversación también aborda un punto clave: aunque hay avances y ciertos frenos al poder del MP, el daño institucional ya está hecho y el escenario sigue siendo incierto. Además, discuten el rol del Ejecutivo, la percepción de debilidad del presidente y el impacto de la desinformación en redes.