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Pista Oscura. Para entender las implicaciones políticas y los entreveros judiciales de posibles ilícitos cometidos en la rehabilitación del aeropuerto de Liberia, tal vez no necesariamente haya que ser ingeniero, pero sí, definitivamente hay que preguntar a quienes ejercen esa profesión, asuntos básicos relacionados con especificaciones técnicas, calidad de los materiales, tipo de los trabajos y otros asuntos relacionados con la reparación de una pista aérea internacional de alto tránsito. Distraernos con las acusaciones presidenciales calificando airadamente como un show los 22 allanamientos y la detención temporal de cuatro de las personas vinculadas, no nos permite entender la naturaleza de los posibles delitos que se investigan, máxime cuando estamos refiriendo un asunto que ha ido y venido en la opinión pública, precisamente desde que el mandatario le cortó la cabeza al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador por este caso y acto seguido lo denunció ante el Ministerio Público. ¿Lo recuerdan? La trama es muy compleja. Baste decir que los infinitos dolores de cabeza con la reparación del Daniel Oduber tienen un pecado original: la necesaria reparación se forzó como parte de una tormenta tropical (lo cual nunca fue cierto porque la tormenta no pasó por Liberia) y toda la contratación -según lo que se presume- derivó en un desaguisado de $40 millones de dólares, al margen de los procedimientos ordinarios de la contratación pública. Y lo que mal empieza mal acaba. ¿Qué es lo más reciente? Las autoridades judiciales investigan las razones y/o presiones que llevaron a que la constructora Meco reevaluará el contrato original a medio camino de la ejecución del proyecto, determinando que no era necesario el recarpeteo de las cuatro capas asfálticas (como estableció el cartel licitatorio), lo que llevó a intervenir solo la capa superficial, realizando apenas el 33% del total de las obras con un rebajo de tan solo el 10% del costo acordado. Por supuesto, para ejecutar toda esa transformación del proyecto, cuatro ingenieros de Aviación Civil fueron destituidos de sus puestos por haberse negado a validar la propuesta (llamada de "ingeniería de valor" de Meco) que finalmente suscribió el entonces ministro Mauricio Batalla, y que permitió exonerar a la constructora de cualquier sanción por incumplimiento contractual respecto de lo inicialmente pactado. También figuran como imputados Alejandro Picado, presidente de la CNE, Marcos Castillo, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE. Claro hay otros investigados, entre ellos Amador, el propio Chaves y la exministra Natalia Díaz. Finalmente, cabe decir que hace apenas dos meses (marzo) el acta de recepción provisional de las obras, señaló más de 127 observaciones por corregir, tales como huecos profundos en la superficie de pavimento, problemas de acabado, problemas en el sistema de bombeo y desprendimiento de material usado para los trabajos, entre otros aspectos que conversamoscon Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Eduardo Salhuana intenta justificar visitas de mineros informales: “El Congreso es una institución de puertas abiertas”. - Comisión de Ética recomienda investigar a Susel Paredes por uso de baños del Congreso por personas transexuales. - Pleno del Congreso abordará mociones de censura contra Gustavo Adrianzén el próximo miércoles 14 de mayo. - Fiscalía sobre extinción de dominio: “Se debilita lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales”. - ONU DD. HH. expresa su preocupación por modificaciones a la Ley Apci y la CIDH pide al Gobierno derogarlo. - Relatora de la ONU alerta sobre hostigamiento y amenazas contra la suspendida fiscal Marita Barreto. - Junta de Fiscales Supremos expresa su rechazo a promulgación de modificatoria de la extinción de dominio. - Congresista Jorge Montoya se burla del aniversario del Ministerio Público e insiste en vincular al IDL y a Gustavo Gorriti con dicha institución. - 'Cuchillo', sindicado por asesinato múltiple en Pataz, envió carta notarial a la presidenta Dina Boluarte. - Presidenta Dina Boluarte: sentamos las bases de un nuevo modelo económico que trae crecimiento y empleo. - Excongresista Cayo Galindo juró como nuevo integrante de la JNJ. - Exclusivo: Gobierno pretende eliminar 14 programas de infraestructura.

El Caso pro cultura ha generado divisiones dentro del oficialismo. Mientras el FA insiste en un "espionaje", el PPD ha exigido respetar al Ministerio Público. El diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, calificó de "graves" las filtraciones de la Fiscalía y apuntó que esperaría que ya haya formalizaciones.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - La UNMSM es resarcida: TC declara inconstitucional la intervención policial de 2023 y ordena que no se vuelva a repetir. - Esterilizaciones forzadas: Corte IDH ordena al Perú garantizar que ONG siga representando a víctimas. - Encuentran muertos a 13 mineros que habían sido secuestrados en Pataz. - Delia Espinoza respalda reposición de Tomás Gálvez: "Será una fortaleza para el Ministerio Público". - Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su destitución y ordena que sea repuesto como fiscal supremo. - Caviar rojo, pulpa de cangrejo y otros alimentos gourmet requeridos por la MML para almuerzos de Rafael López Aliaga. - Dina Boluarte salió con el rostro vendado tras cirugía estética, revela su cirujano. - Morgan Quero: La presidenta Dina Boluarte ha recuperado la dignidad constitucional para el Perú. - Exclusivo: La repartija de cargos en el Congreso.

Los abogados penalistas pidieron este viernes al Ministerio Público no conformarse con las declaraciones del asesino y violador confesó de la estudiante Paula Santana, y preparar un expediente fuerte en base a pruebas, si el órgano persecutor quiere lograr una condena como lo esperan los familiares de la víctima y la sociedad.#NoticiasRNN #MinisterioPúblico #PaulaSantana #Expediente

Escala controversia por “escuchas” y Ministerio Público rechaza dar explicaciones al oficialismo by El Líbero

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, responsabilizó al Ministerio Público y la Policía Nacional por no unir esfuerzos en la lucha contra la inseguridad nacional. "Las cosas no se han arreglado, están cada vez peor", dijo sobre la ola de inseguridad. Noticias del Perú y actualidad, política.

La UCR corre por recuperar el control del relato y... el Ministerio Público también. En el primer caso, misión imposible, en el segundo: saltó la liebre y dio cuatro vueltas, por lo que consiguieron. 

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de #NoHayDerecho abordaremos, entre otros temas: -¡Fuera, Dina! Se escuchó en el concierto en Lima de la banda #SystemOfADown. - Cinco fiscales presentan una denuncia penal contra el jefe de la #ANC del Ministerio Público #AntonioFernándezJerí. - #PoderJudicial condena a #RómuloPeñaranda por lavado de activos en caso #Odebrecht. - #TribunalConstitucional ordena la reposición de #TomásGálvez como fiscal supremo titular. - #EsSalud ordenó compra de sueros con sobreprecio a empresa vinculada a los #PanamáPapers. - #CésarAcuña: #Congreso recién dispone retiro de toda fotografía u otra referencia a los partidos en sus oficinas administrativas. - #Ejecutivo gastó S/1.061.200 para defender a #DinaBoluarte, #AlejandroToledo y #OllantaHumala en investigaciones. - Un nuevo caos en el Aeropuerto #JorgeChávez: cancelaron vuelos nacionales e internacionales por fallas en el sistema de radio. - #JuanRivvaLamas, el sacerdote que defiende al Sodalicio durante misa y critica al #PapaFrancisco por disolverlo. - La #PaisanaJacinta no volverá: #TC archiva demanda de Jorge Benavides. - #Exclusivo: Amenazas a las y los defensores de DD. HH y ambientales.

Pulvirenti  OrlandoEn sus acuerdos del 10 y 15 de abril de 2025, la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre la validez de tasas municipales.En el primer caso, la Corte confirmó el fallo de la Cámara Federal de San Martín a favor de Western Union. La empresa, que opera en la Municipalidad de Merlo en locales compartidos con otras compañías, argumentó que la tasa por seguridad e inspección ya era abonada por la titular del local y que no correspondía gravar nuevamente la misma actividad. La Corte sostuvo que cobrar la tasa a dos usuarios por el mismo concepto constituye una doble imposición, ya que la obligación recae sobre el establecimiento y no sobre cada actividad individual.En el segundo caso, Aeropuertos Argentina 2000 cuestionó tasas municipales aplicadas en la terminal de Tucumán. La Corte, siguiendo el dictamen del Ministerio Público, revocó la sentencia anterior y ordenó dictar un nuevo fallo. Aclaró que el municipio puede cobrar la tasa siempre que no interfiera con servicios interjurisdiccionales, preste efectivamente el servicio y demuestre que está disponible para el usuario.Datos del colaborador: Orlando Pulvirenti– Abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional de La Plata– Maestría en Leyes en la Universidad de Miami.– Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.– Docente de la Escuela de Abogados del Estado y de la Procuración del Tesoro, y de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Ante las constantes víctimas de extorsión, el Ministerio Público exige mayor presupuesto para la lucha contra este delito. ¿Qué está fallando en el proceso de investigación en estos casos? Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.

TERCER TIEMPO con Sara Di Tomaso 23-04-2025 Entrevista a: Victoria costoya @vickycostoya (Directora de investigación, análisis de gestión y cooperación internacional del Ministerio Público Tutelar)

TERCER TIEMPO con Sara Di Tomaso 23-04-2025 Entrevista a: Victoria costoya @vickycostoya (Directora de investigación, análisis de gestión y cooperación internacional del Ministerio Público Tutelar)

Victoria Costoya @vickycostoya (Directora de investigación, análisis de gestión y cooperación internacional del Ministerio Público Tutelar) Tercer Tiempo @Sditomaso

Ocurrió en horas de la madrugada. Un hombre falleció en el Hospital local por heridas de arma blanca. El hijo está detenido. Personal de la Agencia de Investigaciones de General Pico realizará las pericias para esclarecer el hecho. La causa está en plena investigación en la Fiscalía de la IV Circunscripción del Ministerio Público Fiscal. “Un hombre falleció en el Hospital de Victorica mientras recibía atención médica por heridas de arma blanca. El hecho ocurrió en un domicilio de Victorica. Hay una persona detenida, hijo de la víctima”, confirmaron desde Fiscalía.

Resumen de las noticias que marcaron la agenda legislativa de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Conduce en esta ocasión el periodista Guillermo Navarro. Esta semana: Respaldan moción para acreditar origen lícito de honorarios o cauciones; Cámara despacha nuevo Servicio Nacional Forestal; Ministerio Público contará con iniciativa penal tributaria; Cámara analizó pérdida e impacto del fentanilo; Diputados respaldan nuevo Sistema de Inteligencia del Estado; Vuelve a comisión proyecto sobre abono de arresto domiciliario; Aprueban proteger rompientes de olas para práctica del surf.

Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.  Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". Leer tambiénOdebrecht: la caída en dominó de líderes latinoamericanosPercy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. "En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.

A una semana de ocurrir el devastador siniestroque cobró la vida de 231 personas, el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, se puso a disposición del Ministerio Público a fines de "colaborar" con la investigación que realiza el órgano persecutor….

Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.  Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". Leer tambiénOdebrecht: la caída en dominó de líderes latinoamericanosPercy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. "En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.

En este episodio recibimos al ingeniero Roberto Modesto Sasso, acompañado por nuestro abogado Franchy Álvarez, para analizar en profundidad las posibles causas del colapso de la discoteca Jet Set. Roberto Modesto nos aporta una visión técnica detallada de lo que pudo haber provocado el derrumbe, mientras que Franchy nos guía por las implicaciones legales del caso, abordando tanto los derechos de las víctimas como las posibles responsabilidades penales.También discutimos la presión que este caso representa para el Ministerio Público y cómo podría marcar un antes y un después en la gestión de la magistrada Yeni Berenice Reynoso.Les recomendamos escuchar el episodio completo, ya que hacia el final abordamos información clave sobre la figura de Antonio Espaillat que no te puedes perder.

El fiscal Germán Juárez explicó que para el Ministerio Público ingresó dinero de origen ilícito a las campañas electorales de Ollanta Humala, por eso espera que el Poder Judicial emita una resolución condenatoria.

El hecho judicial: el Fiscal General de la República formula una acusación penal por el posible delito de concusión contra el Presidente de la República. Las implicaciones políticas: en el contexto de un clima polarizado de pésimas relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, se debe dar curso a un proceso de evaluación por parte de la Corte Plena para decidir si amerita remitir el legajo al Congreso para que este a su vez conforme una comisión especial de tres diputados que evalúe en secreto el caso y recomiende al Plenario levantarle o no el fuero de protección al mandatario. Un hecho paralelo: supimos esta semana que el presidente Chaves se confrontó en un restaurante capitalino con el testigo de la corona del caso que lo coloca -de acuerdo con el Ministerio Público- como imputado. Frente al malestar que provocó el altercado en sitio público, la respuesta de comunicación política de Zapote ha procedido con celeridad. Otro hecho paralelo: el Tribunal Supremo de Elecciones previene al mandatario para que no interfiera en política activa. El Presidente la emprende -una vez más- contra el órgano electoral. ¿Qué es el delito de concusión? ¿Cuál es el caso? ¿Cómo agitan estos hechos el clima de la campaña de hecho ya en curso? Con el ex Fiscal General Francisco Dall Anesse lo conversamos en Hablando Claro.

La directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público abordó los últimos hechos delictivos que involucran a adolescentes.

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Naiby Ríos, abogada de Cuauhtémoc Blanco, habló sobre el caso de presunto abuso sexual por parte del ex gobernador de Morelos. "Bueno, puedo decir que finalmente comenzar con una defensa, al momento de que se nos está negando la carpeta de investigación, se nos niega el acceso, nos refiere el agente del Ministerio Público, mediante esta comparecencia voluntaria que no nos pueden dar acceso porque no tenemos un acto de molestia, y por ello no nos permiten este acceso", dijo. Comentó que el Código Nacional, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el acto de molestia al momento en que cualquier persona puede ser investigada, se les recabe alguna individualización por parte de algún policía ministerial o algún agente de investigación criminal, y que pueda ser individualizado, así como citatorios, o alguna cuestión en que se requiera algún acto de investigación. Mencionó que han hablado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, acerca de que había una solicitud para poder hacer el desafuero y que fue entregado directamente en la Cámara de Diputados. La solicitud fue firmada por la licenciada Diana Flores, agente del Ministerio Público que negó el acceso a la carpeta de investigación, de una manera incongruente, porque por un lado realiza esos actos de molestia, pero por otro no deja entrar a ejercer el derecho de defensa. See omnystudio.com/listener for privacy information.

El caso del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, que se encuentra en arresto domiciliario con tobillera luego de que Fiscalía le imputara siete delitos, generó una nueva polémica sobre el Ministerio Público en el ámbito político. En particular, dirigentes del Partido Nacional critican de manera frontal la actuación de la fiscal Stella Alciaturi. Sin embargo, las acciones que la fiscal llevó adelante contaron con el aval de una jueza. Las intervenciones telefónicas, la detención por la Policía para llevar a Besozzi a declarar y la medida cautelar de la prisión domiciliaria fueron homologadas —tras pedidos de la fiscal— por el Poder Judicial, el organismo encargado de velar por las garantías de los ciudadanos ante conflictos con la Justicia. ¿Cómo funciona actualmente el sistema penal uruguayo? Profundizamos sobre cuál es rol de la Fiscalía y el del Poder Judicial desde que rige el Nuevo Código del Proceso Penal. Para eso conversamos En Perspectiva con el Dr. Germán Aller, catedrático de Derecho Penal y Profesor de Criminología en la Universidad de la República.

El abogado y ex fiscal criticó a los parlamentarios por no aprobar que el Ministerio Público pudiera levantar el secreto bancario por medio de la Unidad de Análisis Financiero. "Hablan mucho de combatir el crimen organizado, pero cuando hay que tomar postura y herramientas, quedan bastante al debe"., aseguró Gajardo.

Solicitud de remover a Patricio Cooper desata guerra entre el oficialismo y el Ministerio Público by El Líbero

El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo en Cooperativa que ha recibido mucha "crítica intencionada" en medio de las investigaciones de casos de corrupción y la polémica por las filtraciones en el Ministerio Público; En otra materia, abordamos la histórica baja en tasa de fecundidad en Chile con el subdirector técnico de INE, Leonardo González, quien explicó que "Chile no es una excepción", pues "muchos países están bajo la tasa de reemplazo de la población". Conduce Verónica Franco y Rodrigo Vergara.

Este lunes compartimos El Primer Café junto a Luis Ruz, Rodrigo Ubilla, Claudio Arqueros y Noam Titelman. El presidente del directorio de Democracia y Comunidad y también consejero nacional de la DC, Luis Ruz, sostuvo que "la Fiscalía como tal, que tiene un poder sobre el resto de los ciudadanos, tiene que ocupar ese poder y por lo tanto, las atribuciones que le ha entregado la Constitución y las leyes con la máxima responsabilidad y la máxima acuciosidad". Desde el Frente Amplio, el consejero de Rumbo Colectivo, Noam Titelman, expresó en Cooperativa que las filtraciones del Ministerio Público "se han vuelto ya como parte del escenario". Conduce Cecilia Rovaretti.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Presidenta del Consejo de Mujeres Awajún: continúan violaciones a menores y por falta de justicia, una niña se ha suicidado. - Ministro Morgan Quero a pastor evangélico acusado de violar a su hija: “Nos honras con tu amistad y generosidad”. - Boluarte insiste en sus críticas a la prensa: “Nos hacen bullying, pero nosotros nos reímos porque sabemos que no tenemos rabo de paja”. - Keiko Fujimori insiste en el falso fraude de las elecciones 2021 que perdió contra Pedro Castillo tras casi cuatro años. - Renovación Popular piden inhabilitar a la fiscal de la nación por archivar investigación a fiscal supremo Pablo Sánchez. - Congresistas Rospigliosi, Cueto y Azurín denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza por no acatar ley que restablece la investigación preliminar a la PNP. - Incorporan como investigado a Víctor Zanabria en proceso de homicidio por la muerte de dos personas durante las protestas de enero de 2023. - Pedro Castillo anuncia huelga de hambre en rechazo al juicio en su contra por el delito de rebelión. - Archivo General de la Nación pone en marcha plan de desalojo sin tener un local definitivo. - Exclusivo: Congreso prepara una reorganización del Ministerio Público.

Fernando Zavala Lombardi, gerente general del Grupo Intercorp, propietario del Real Plaza, dijo que el conglomerado empresarial se hace responsable tras el desplome del techo de su centro comercial en Trujillo, ya que el hecho que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos ocurrió "en su casa". Sin embargo, anotó que las responsabilidades legales las determinará el Ministerio Público.

Nicolás Lúcar, conductor de Hablemos Claro, cuestionó el enfrentamiento entre Ministerio del Interior y Ministerio Público: "Tenemos una batalla campal en el momento en que necesitamos que estén juntos".

Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, conversa con Glatzer Tuesta en No Hay Derecho de Ideeleradio. No Hay Derecho en vivo de lunes a viernes, desde las 7 a. m., por el YouTube y Facebook de Ideeleradio.

“La urgencia de una profunda reorganización del Ministerio Público y el Poder Judicial en el Perú no es una mera cuestión administrativa, sino un clamor ante la crisis de confianza que socava los pilares de la democracia y el Estado de derecho”

Los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral (Proeri), resultaron contundes, pues revelaron ausencia de controles en proyectos de peligro inminente, insuficiencia de controles de previo a la ejecución de las obras y debilidades en el portafolio de las inversiones que componen ese programa. El denominado “Proeri” incluye 502 obras que se financian con un préstamo de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el que se pretenden intervenir obras afectadas por emergencias naturales que son ejecutadas por el Incofer, los ministerios de Educación y Vivienda, el Conavi y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El informe señala 56 proyectos con inconsistencias, 41 con retraso y 44 obras viales, de las cuales 19 no ameritaban intervención y 25 no resultaron prioritarias. Estos hallazgos vuelven a traer a debate la conveniencia (o no) de acudir a contrataciones de emergencia para ejecutar proyectos ordinarios y desviar así los controles establecidos en la legislación de contratación pública. Mientras la Contraloría hizo su parte, la Fiscalía de Probidad del Ministerio Público actúo por la suya y decomisó el acta de la sesión legislativa en la que el presidente de la CNE, Alejandro Picado, aseguró que varias empresas se habían coludido para establecer sobreprecios en la construcción de cinco escuelas. Luego, cuando se produjo la incautación del acta, se desdijo de lo que había afirmado bajo fe de juramento. Para detallar los hallazgos de la Contraloría conversaremos con sus Gerentes de Fiscalización de Desarrollo Sostenible y asociado de Contratación Pública, Lía Barrantes y Fernando Madrigal, respectivamente.

En este episodio, conversamos con la Dra. Daniela S. Dupuy sobre la explotación sexual infantil en plataformas digitales. A lo largo del episodio, la Dra. Dupuy aborda temas cruciales como el ciberacoso, los mecanismos de distribución de material de abuso sexual en el ciberespacio, y la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en la lucha contra el ciberacoso infantil.Además, nos brinda su perspectiva sobre el derecho internacional aplicable, las lagunas jurídicas y las áreas grises que persisten en la regulación del ciberacoso infantil a nivel global. También exploramos el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la prevención y combate de estos delitos, entre otros temas relevantes. Teatro Colón: Ciberacosos a niños, niñas y adolescentes - Digital Project de OCEDIC https://www.youtube.com/watch?v=WM_4yDsMC5E&t=2860s  Membresía del Podcast -https://www.hablemosdi.com/contenido-premium Acerca de la Dra. Daniela Dupuy Es Fiscal Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UFEDyCI). Doctora en Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España. Master in Law otorgado por la Universidad de Palermo dictado en forma conjunta con YALE LAW SCHOOL (USA). Posgraduada en Ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de Cataluña, España. Directora Académica del LLM (Máster) en Derecho con orientación internacional en Ciberdelincuencia de la Universidad Austral y de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y tecnologías aplicadas a la investigación de la Universidad Austral - Argentina- y Abat Oliba –España-. Directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), Universidad Austral. Profesora Adjunta de Derecho Penal y Procesal penal Universidad Austral. Directora de la Diplomatura de Ciberdelincuencia e investigaciones en entornos digitales del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Support the showAdquiere aquí el nuevo libro " Hablemos de Derecho Internacional Volumen II" https://www.hablemosdi.com/libros

Josefina Ríos y Benjamín Turner hablaron con la diputada independiente, Gloria Naveillán, sobre la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista por el ataque con perdigones al helicóptero de Conaf y su denuncia ante el Ministerio Público. Además, Paula Frederick, habló sobre la película The Brutalist y sus 10 nominaciones en los premios Oscar 2025.

Tomado de las solicitudes de medidas de coerción de los casos Calamar, Pulpo, Medusa y Coral. “Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, 3 mil 957 millones de pesos, quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”, indican las autoridades.“Era frecuente que “Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que les fueron entregados supuestamente como parte de su campaña interna en el 2019 y su candidatura presidencial en el 2020”. Detalla que “los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no se podía justificar la procedencia”.En la operación Medusa, una empresa que se llama Abastesa devolvió 3,900 millones de pesos, un tal CArlos Guzmán, el nombre de cualquiera 722 millones de pesos, Comercial Viarios 722 millones de pesos, constructora Carrasquero, 700 millones de pesos. Divamor, Zualiland, La Parasatta, Rogama, Ropalma y Distribuidora Ropi 722 millones como multa.En el caso pulpo, el Ministerio Público dice que el patrimonio adquirido por Alexis Medina  fue obtenido con recursos sustraídos del Estado mediante irregularidades; lo conforman 66 inmuebles, 62 vehículos, cuatro armas de fuego y 59 cuentas bancarias que fueron inmovilizadas por el órgano persecutor.Si no lo hubieran mandado a callar todavía el mayor Girón estaría hablando de millones y millones de pesos que se quedaban en las manos de un grupo de militares que según el ministerio público encabezados por el jefe del Cuerpo especializado en seguridad presidencial Adan Cáceres. Estoy recordando esto porque como dicen en el campo con la boca es un mamey y con otra parte del cuerpo que no digo es un batey.Escuchar al flamante secretario general del PLD decir que fueron victimas de una campaña despiadada que terminó en un golpe blando les presenta como un grupo de angelitos a los que se le atribuyeron falsedades.Los cientos de miles de imperdonables que marchamos de verde y que le dimos el golpe de bolsón al aparato corrupto del PLD no sabíamos del credo la mitad.De nuevo gracias al ministerio público por desnudar sus andanzas y de paso gracias al compadre Zapete por imprimirlas en un libro. Con dinero se puede recoger lo de las redes, el impreso no.Entiendo perfectamente que nos perdonen ni los grandes ni los bigañuelos que saltan por los aires y tiran patadas voladoras para llamar la atención, ellos no perdieron la teta porque este gobierno les da mas, lo que perdieron son las ínfulas de poder.

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: Falta de presupuesto en el Ministerio Público pone en riesgo los trabajos en búsqueda de víctimas de desaparición forzada entre 1980-2000. Homicidios en Perú: Se registra 151 muertes hasta el 27 de enero, según Sinadef. Caso Cipriani y Sodalicio: Cardenal Carlos Castillo respalda al Papa Francisco en decisiones sobre denuncias de abuso en la iglesia. El youtuber Speed y su visita por Lima. Antauro Humala: Corte Suprema confirma ilegalidad de su partido en segunda y definitiva instancia. OMS expresa su preocupación por suspensión de financiamiento por parte de EEUU a los programas de lucha contra el VIH. Alberto Otárola denuncia que es “reglado y hostilizado por aparatos de inteligencia”. Exclusiva: Congresistas no informan gastos por semana de representación.

En el programa de hoy se analizaron diversas temáticas relacionadas con la seguridad pública, la política nacional y la gestión gubernamental. Se discutió sobre el allanamiento a bandas criminales vinculadas al Tren de Aragua, el impacto de recortes presupuestarios a las policías y el Ministerio Público, así como las implicancias políticas de un posible crimen relacionado con el gobierno de Venezuela. También se abordaron las inconsistencias del gobierno en el caso Fundaciones y la polémica reforma de pensiones, destacando su impacto fiscal y la falta de confianza institucional. Finalmente, se exploró la falta de liderazgos políticos sólidos en Chile y las consecuencias de una generación gobernante que carece de límites éticos y preparación, todo esto reflejado en casos como el maltrato laboral en el sector público bajo la Ley Karin. Para acceder al programa sin interrupción de comerciales, suscríbete a Patreon: https://www.patreon.com/elvillegas Temas Principales y Minutos 00:00:05 - Análisis de seguridad y crimen organizado. Se discuten los allanamientos al Tren de Aragua, el impacto de bandas criminales y la debilidad del gobierno en abordar la seguridad pública. 00:06:26 - Acusaciones políticas y relaciones con Venezuela. Se aborda el caso del asesinato del teniente Ojeda y su vinculación con un posible crimen político apoyado por el gobierno de Venezuela. 00:13:35 - Recortes presupuestarios y manejo de recursos. Crítica a los recortes presupuestarios en seguridad, incluyendo Policía y Ministerio Público, y reuniones a puerta cerrada para negociar fondos. 00:26:25 - Reforma de pensiones y su impacto. Se analiza la reforma de pensiones, los riesgos fiscales y la falta de confianza en la institucionalidad para proteger los fondos previsionales. 00:39:02 - Caso Fundaciones y corrupción. Discusión sobre las irregularidades del caso Fundaciones, incluyendo acusaciones de omisión o mentira por parte de altos funcionarios. 00:47:01 - Ley Karin y maltrato laboral. Críticas al gobierno por inconsistencias en la aplicación de la Ley Karin, reflejadas en casos de acoso laboral y sexual en el sector público.

Estas son las SEIS leyes pro crimen del Congreso, tal como lo ha advertido el Ministerio Público. ADEMÁS: Enero ya rompió récords de homicidios. MIENTRAS TANTO, OTRA VEZ: Se vuelve a postergar la inauguración del nuevo Jorge Chávez... y un arquitecto que observó las instalaciones recomienda "hasta el próximo año". TAMBIÉN: Jueza del caso Chibolín da una manito a los Dyer, familia de María Pía Copello. Y... ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes en los estudiantes? ¿Cómo reconocerlos y abordarlos? Responde el doctor Pedro Elías.

En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con las editoras Angélica Bulnes y Andrea Vial sobre la razón del recorte de presupuesto al Ministerio Público y cómo se está reconfigurando el escenario de las redes sociales en las últimas semanas.

En el programa de hoy, se abordaron diversas temáticas relacionadas con la situación política y económica de Chile, incluyendo los recortes presupuestarios y sus efectos en áreas clave como el Ministerio Público y la seguridad, así como los problemas estructurales que enfrenta el país debido a la baja productividad y el endeudamiento. También se discutió sobre las reformas de pensiones y las tensiones entre el oficialismo y la oposición en su implementación. Además, se analizó el rol de la cultura en la política, destacando casos en Chile y Argentina donde la ideología influye en el financiamiento de proyectos culturales. Finalmente, se mencionaron sospechas y críticas en torno a situaciones poco claras dentro del gobierno actual, como robos de información y presuntas irregularidades. Para acceder al programa sin interrupción de comerciales, suscríbete a Patreon: https://www.patreon.com/elvillegas Temas Principales y sus Minutos: 00:05:10 - Recortes presupuestarios y sus efectos. Análisis sobre los recortes al Ministerio Público, sus implicancias políticas y sociales, y la falta de prioridades claras del gobierno. 00:16:01 - Crisis económica y baja productividad. Discusión sobre la estancada economía chilena, la deuda pública y los problemas históricos que afectan el crecimiento. 00:28:00 - Reforma de pensiones. Revisión de las propuestas gubernamentales, críticas a la falta de un diseño sostenible y la desconfianza hacia el gobierno. 00:40:06 - Cultura y política. Reflexión sobre cómo la ideología influye en el financiamiento de la cultura y el arte, comparando los casos de Chile y Argentina. 00:54:05 - Sospechas de irregularidades en el gobierno. Comentarios sobre robos de información en ministerios, posibles encubrimientos y falta de transparencia en diversas áreas.

Arturo Fontaine y Matías del Río comentaron la actualidad.

En el programa de hoy se analizó la situación política en Venezuela, destacando la ineficacia de líderes opositores como Edmundo González y la falta de acciones concretas de la comunidad internacional para abordar el régimen de Maduro. Luego, se abordó el escenario político chileno, incluyendo la ratificación de Evelyn Matthei como candidata presidencial por Renovación Nacional, las críticas a Johannes Kaiser y la necesidad de unidad en la oposición. También se discutieron conflictos relacionados con el medio ambiente y la economía, como el caso Dominga, junto con las contradicciones del gobierno chileno al recortar el presupuesto del Ministerio Público mientras aumenta el número de funcionarios públicos. Finalmente, se abordó el reciente congreso del Partido Comunista, resaltando el uso de "movimientos sociales" para fomentar el descontento y sus implicaciones futuras. Para acceder al programa sin interrupción de comerciales, suscríbete a Patreon: https://www.patreon.com/elvillegas Temas Principales 00:00:07 - La oposición venezolana y su inacción. 00:08:13 - Evelyn Matthei y la política chilena. 00:20:06 - El caso Dominga y el medio ambiente. 00:36:03 - Recorte presupuestario al Ministerio Público. 00:26:29 - Congreso del Partido Comunista y movimientos sociales. 00:49:04 - Críticas a la gestión del gobierno actual.