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Cinco de los diez imputados en Operación Lobo,admitieron su participación en los delitos que le imputa el Ministerio Público, tras la desarticulación de una presunta red de corrupción que pagaba sobornos para agenciarse adjudicación de contratos y brindar servicios de seguridadprivada en varias instituciones públicas.
A las 9:00 de la noche de este lunes todavía se conocía enla Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la solicitud de medida de coerción para la red acusada de sobornos en instituciones públicas para obtener contratos de seguridad privada. El grupo fue desmantelado por las autoridades del Ministerio Público mediante la denominada Operación Lobo.
15 07 2025 A LA GRAN 730 - Dr. Pablo Lemir, Dir. Medicina Forense del Ministerio Público by ABC Color
Luis Herrero analiza la decisión del Ministerio Público de impugnar los motivos expuestos por la defensa de Cerdán.
Conversando con Francisco Bravo, Vice-Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, sobre la reforma a la Ley del Ministerio Público y las atribuciones del Fiscal Nacional. https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/columnas-bbcl/2025/06/30/la-reforma-al-ministerio-publico-o-el-nacimiento-de-un-emperador.shtml
En este episodio hacemos un análisis coyuntural del momento político en Guatemala: desde los recientes sismos y bloqueos en la Roosevelt, hasta las tensiones dentro del oficialismo y el Congreso. Hablamos sobre el caso Joviel Acevedo, su creciente poder y la protección que recibe desde distintos espacios. También abordamos cómo el Ministerio Público ha evitado investigarlo, a pesar de denuncias recientes y acciones que agravaron la crisis bajo alerta sísmica.Gracias a nuestros patrocinadorParty SmartSíguenos en nuestras redes sociales:Whatsapp:https://whatsapp.com/channel/0029VaFG...Spotify: https://open.spotify.com/show/6nwrSBj...Tiktok: / tangentepodcast X: / tangentegt Facebook: / tangentegt Instagram: / tangente_gt
La presunta red de distribución de sobornos desmantelada en la operación Lobo habría operado durante más de una década, pagando más de RD$108 millones para asegurar contratos de seguridad en instituciones públicas, según el Ministerio Público. El conocimiento de medidas de coerción fue aplazada para la tarde del lunes.
Miércoles 09 de junio: Neblinosa parece la relación de La Moneda con la Fuerza Aérea de Chile. Trabada una contienda de competencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación por el caso de cinco acusados de narcotráfico dados de baja de la FACH.
El Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes, que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro supremo del mismo nombre. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, quien fue defendido por el actual fiscal nacional, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra.Lee el reportaje aquí
El parlamentario del PPD comentó que el hecho debería ser investigado por el Ministerio Público y no por la Fiscalía de la aviación.
Dos escándalos sacuden a las Fuerzas Armadas por casos de drogas. El comandante en jefe del Ejército guarda silencio ante la gravedad de los hechos, mientras funcionarios de la Fuerza Aérea son sorprendidos intentando transportar drogas en un avión institucional. Se cuestiona si estos delitos deben ser investigados por el Ministerio Público en vez de los tribunales militares, considerando posibles lazos con organizaciones criminales externas.
Laura Victoria BonhoteTemarioExigencia de su intervención. Garantía constitucional. Consecuencias de la falta de intervención del Ministerio Público. Casos que ameritan nulidad y casos en los que no conviene su declaración. Jurisprudencia.CV: LL.M. (Universidad Austral). Abogada (UBA). Especializada en derecho constitucional e infancia. Actualmente se desempeña como Asesora Tutelar en el Ministerio Público del Poder Judicial CABA.
Jet set: Francisco Scotto un intento de sobrevivir aferrándose a la fe y al amor familiarFrancisco Escotto, llamado por sus familiares como Anderson, tenía 39 años al momento del desplome; cumpliría 40 el día 17 de este mes de junio. Era hijo de doña Rosa Rincón y hermano de tres jóvenes más, quienes lo consideraban como un joven solidario, amistoso y afable.Su caso es singular: su nombre no figura en el listado de víctimas mortales presentado por el Ministerio Público en el documento de medida de coerción del caso. Tampoco estuvo en los listados publicados por Patología Forense.Y es la víctima que hace la diferencia en los 236 muertos que ha recopilado este diario y los 235 que manejan las autoridades.Escotto pertenecía a una familia humilde y creyente de Dios, creencias que le dieron las fuerzas para sobrevivir por doce horas con escombros encima de su cuerpo hasta que fue socorrido por los rescatistas.Francisco trabajaba como chofer en el Ministerio de Educación y también ejercía de seguridad privado.Con dos amigos más y su sobrino Moisés Francisco Escotto Domínguez, visitó el club nocturno para disfrutar del “artista favorito de su hermana”, pero aunque logró salir con vida de las ruinas del Jet Set, no logró sobrevivir como las otras tres personas que lo acompañaban.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público extendieron sus operativos contra el microtráfico al sector Los Mina, en Santo Domingo Este, donde arrestaron a 14 personas, incautaron más de 4 mil gramos de drogas y persiguen a un hombre conocido como “Jarrito”, presunto cabecilla de una red de distribución de narcóticos.
En este episodio recibimos a Julián Alfie, director del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, con sede en Argentina), quien nos presenta un informe realizado en conjunto con Alianza por las Reformas sobre el Ministerio Público de Guatemala.Hablamos sobre cómo se analiza el actuar de una fiscalía desde una metodología técnica, objetiva y basada en datos oficiales. ¿Es posible que el MP tenga una eficiencia del 100% o más? ¿Por qué esa cifra no refleja lo que la ciudadanía percibe? Este informe busca responderlo con un enfoque cuantitativo, midiendo lo que el MP dice que hace y lo que en realidad logra en términos de eficacia político-criminal.Un análisis imprescindible sobre el daño institucional y la urgencia de una reforma real al sistema de justicia.Gracias a nuestro patrocinadorCocina y Más: https://shop.pagalo.co/cocinaymascateringSíguenos en nuestras redes sociales:Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaFG...Spotify: https://open.spotify.com/show/6nwrSBj...Tiktok: / tangentepodcast X: / tangentegt Facebook: / tangentegt Instagram: / tangente_gt
El conductor de Hablemos Claro, Nicolás Lúcar, indicó que existe una sola cuestión ante el caos en el Ministerio Público. "Combatir la corrupción en el Perú o no, ese es el punto de fondo", precisó. Noticias del Perú y actualidad, política.
Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese. La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
La JNJ se inventó una figura para tratar de que la PNP entre a la fuerza al Ministerio Público, pero el Poder Judicial resolvió suspender a Benavides por 24 meses y ya no podrá volver como fiscal de la Nación. Y Dina usa al Papa muerto para salvarse.
Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese. La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, reconoció que el Gobierno no tiene injerencia en determinar quien es Fiscal de la Nación, frente a la controversía entre Delia Espinoza y Patricia Benavides.
La PDI junto al Ministerio Público, con la presencia del Fiscal Nacional Ángel Valencia, realizaron allanamientos en distintas regiones para desmantelar el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, que logró sacar más de 13 millones de dólares del país. Este golpe es crucial en la lucha contra el crimen organizado, ya que cortar el flujo de dinero de estas organizaciones es fundamental para desarticularlas completamente. Se reportan más de 12.700 millones de pesos chilenos generados ilegalmente.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, afirmó que no hay crisis en el Ministerio Público y negó que haya una pugna en la dirección del Ministerio Público tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia para reponer en el cargo a Patricia Benavides.
La JNJ sabía que el caso de Benavides estaba pendiente de ser revisado en el Poder Judicial. La propia “Vane” se los dijo, pero aún así emitieron una resolución. La mafia pide a gritos reformar el Ministerio Público. Y el mejor restaurante del mundo es peruano.
Indignación ha causado la decisión de una jueza de dejar en libertad a los hermanos Espaillat e imponerles el pago de RD$50 millones como garantía económica y no prisión preventiva y domiciliaria como había solicitado el Ministerio Público por el mortal colapso de la discoteca Jet Set.
⚖️ El reconocido abogado Félix Portes, representante legal de varias víctimas del caso Jet Set, asegura que el Ministerio Público debe modificar la calificación jurídica del hecho, argumentando que el homicidio involuntario no hace justicia al daño causado.
El excongresista aprista Jorge del Castillo, uno de los abogados de Patricia Benavides, insistió en que la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debe cumplir con la resolución de la Junta Nacional de Justicia que repone a su defendida como titular del Ministerio Público.
“Es un deber patriótico recuperar el Ministerio Público. Entonces, y solo entonces, podremos buscar un estado de derecho digno del nombre”
El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, alertó que en el Ministerio Público se vive una "guerra interna inconcebible", donde Delia Espinoza y Patricia Benavides se enfrentan por el cargo como fiscal de la Nación. Noticias del Perú y actualidad, política.
En menos de 24 horas el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat volverán a estar frente a un juez para el conocimiento de medida de coerción en su contra por el colapso de la discoteca Jet Set que dejó 235 personas muertas según cifras establecidas por el Ministerio Público.
La calificación jurídica de homicidio involuntario que el Ministerio Público atribuye al empresario Antonio Espaillat y a su hermana ha generado debate entre abogados.
Continúan bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, quienes fueron detenidos el día de ayer luego de ser interrogados por el Ministerio Público.
En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Dina Boluarte firma tratado de Alta Mar en Francia y es criticada por el sector empresarial. - Dina Boluarte se niega a responder pregunta de periodista peruana en Francia. - Congreso: Comisión de Constitución verá este martes 10 predictamen que otorga amnistía a las FF. AA., PNP y comités de autodefensa. - Poder Judicial reconoce al Estado peruano como tercero civilmente responsable en el caso Accomarca. - Patricia Benavides: JNJ revoca la destitución de la exfiscal de la nación, pero aún no podrá regresar al Ministerio Público. - Alcalde de Lima pide a su homólogo de El Salvador firmar una cooperación internacional de la deportación de delincuentes. - Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá hoy martes el predictamen sobre nueva ‘Ley Mape’. - Informe: Comunidades del Putumayo vienen a Lima para pedir atención a sus demandas - Exclusiva: El Minsa y la tos ferina
Profesionales del derecho advirtieron que el informe que rendirá la comisión técnica designada por el Poder Ejecutivo sobre el derrumbe del Jet Set, no debería ser tomado en cuenta por el Ministerio Público porque, a su juicio, podría comprometer la independencia de la investigación judicial.
Al mediodía de este lunes 9 de junio, Álvaro García Ortiz acaba de ser procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en la historia de España va a ser procesado un fiscal general del Estado sin que el procesado se plantee siquiera dimitir del cargo de fiscal general. Por primera vez al máximo representante del Ministerio Público le corresponde ocupar en el proceso penal el lugar de los delincuentes en vez del lugar de quien persigue los delitos. Pero esto es lo que pasa, queridos niños, cuando alguien se ...
En un contexto de supremacía absoluta del partido en el gobierno (MORENA) y de una popularidad altísima tanto del expresidente López Obrador, como de la mandataria Claudia Sheinbaum, México celebró este domingo la primera fase de un proceso electoral inédito en el mundo democrático: la selección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros que integrarán el Poder Judicial a partir de setiembre. Según el mando en ejercicio es una medida para limpiar de corrupción al Poder Judicial y acercar los jueces al pueblo. Pero de acuerdo con no pocos especialistas el objetivo es otro: alinear el Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo eliminando el último contrapeso institucional relevante al poder presidencial. Por eso el editorial del Washington Post calificó este salto como "un riesgo crítico para la independencia judicial y la democracia..." Por eso, precisamente es que se trata de un proceso inédito en las democracias del orbe. Los resultados de una jornada complejísima -con seis categorías de elecciones federales y diversas elecciones locales que hacían dificilísimo para los electores contar con un voto informado para escoger a los centenares de candidatos (muchos totalmente desconocidos, sin experiencia en la judicatura y hasta con manchas en sus hojas de vida, etc.) se conocerán en su totalidad hasta dentro de unos días. Y si así no se escogen magistrados y jueces en el mundo democrático, ¿qué llevó a creer a la mayoría de los mexicanos que este experimento populista funcionará? Las vulnerabilidades y deficiencias del Poder Judicial son en extremo complejas, pero la experiencia indica que deben resolverse desde la convicción del fortalecimiento de su independencia en el sistema de pesos y contrapesos y no desde la sujeción al poder político de turno. En un contexto así merece la pena aprovechar y observar nuestro Poder Judicial, diseñado en el siglo XIX y obligado a responder a los cambiantes entornos de una actualidad delicada y peligrosa, tomando en cuenta las amenazas de la delincuencia organizada y también la acritud que muestra Zapote para con el Poder Judicial, el OIJ y el Ministerio Público. Para ahondar en esta temática conversamos con el expresidente del Poder Judicial y magistrado constitucional, Fernando Cruz Castro.
Una intervención sin precedentes fue desplegada este sábado en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional. Más de 640 agentes armados tomaron las calles como parte de un operativo masivo liderado por el Ministerio Público y los principales organismos de seguridad del país, con el objetivo de golpear con fuerza las estructuras del crimen organizado y devolver la tranquilidad esta zona vulnerable del Gran Santo Domingo.
El exfiscal Supremo Victor Cubas Villanueva, vocero institucional del Ministerio Público, consideró que no es un acto de interferencia en las labores del Congreso el pedido de la Fiscalía de la Nación para que los legisladores reconsideren la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la mandataria Dina Ercilia Boluarte Zegarra por cohecho pasivo impropio, en el caso de los relojes de alta gama que no incluyó en sus declaraciones.
En esta segunda parte, continuamos con las historias de tres hombres inocentes que cumplen condenas de 60 años por delitos que nunca cometieron. Víctor, Pablo y Santiago nos relatan cómo fueron víctimas de un sistema corrupto que fabricó carpetas de investigación para encubrir los verdaderos culpables.A través de testimonios, descubrimos un caso de supuesto secuestro donde la evidencia apunta a sobornos policiales, montajes judiciales y la compra de libertades por parte de los verdaderos criminales. Estos hombres, arrestados en lugares diferentes sin conocerse entre sí, coincidieron misteriosamente en el Ministerio Público acusados del mismo delito.La conversación revela la difícil realidad del sistema penitenciario mexicano, donde la corrupción permite que los culpables paguen por su libertad mientras los inocentes purgan décadas de prisión.Santiago comparte su lucha contra pensamientos suicidas, su fe renovada y cómo sus nietos se convirtieron en su razón de vivir.Un episodio que expone las fallas estructurales de la justicia mexicana y la resistencia humana ante la adversidad más cruel.Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/joinVisita penitencia.comSíguenos en:https://instagram.com/penitencia_mx https://tiktok.com/@penitencia_mx https://facebook.com/penitencia.mx https://x.com/penitencia_mx Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDbApple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitenciaRedes Saskia:https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canalhttps://instagram.com/saskianino https://tiktok.com/@saskianino https://x.com/saskianino
De acuerdo con conocidísimos cánones diplomáticos, resulta del todo improcedente que autoridades de un país se refieran a asuntos de la política interna de otro Estado, máxime cuando se trata de temas no públicos y delicados. Por ello, no fue menor el bochorno que hemos pasado dadas declaraciones, digamos que muy espontáneas del Presidente Rodrigo Chaves sobre la Primera Dama de Guatemala y el estado de la "fiscalía corrupta" de esa nación del istmo. Lo cierto es que más allá del desmentido del gobierno hermano respecto de la condición de ausencia del país de la esposa del Presidente Arévalo, vale la pena aprovechar el traspié para observar en retrospectiva las inmensas diferencias que existen entre nuestro Ministerio Público y el de Guatemala; esto último a juicio del Presidente Bernardo Arévalo "uno de los principales focos de asedio a la democracia". Y es que en la dolorosa historia de ese país el gravísimo deterioro del sistema de justicia llevó a una situación de impunidad tal que en el año 2006 luego de un pronunciamiento constitucional el mismo gobierno de entonces acordó con Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos con el fin de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho. La Comisión desempeñó un crucial papel mientras pudo. Casi 13 años. Porque en el año 2019, bajo el gobierno del comediante Jimmy Morales, fue disuelta, expulsada del país. El poder del denominado Pacto de Corruptos, le cortó las extremidades a la Cicig. Desde entonces y hasta hoy que la Fiscalía está controlada por la poderosa Consuelo Porras la justicia sigue luchando arrodillada, fiscales y jueces honestos han debido huir del país, periodistas sufren asedio y prisión ... En fin, lo que sucede en los denominados "regímenes híbridos" que están solo una categoría por encima de los estados autoritarios. Lo cierto es que la elección de Bernardo Arévalo a mediados de 2023, en medio de tremendas dificultades devino en una especie de "primavera democrática". Pero el mandatario chapín tiene muy estrechos márgenes de maniobra y reconoce que debe actuar midiendo sus pasos, no por temor, sino para asegurar el mandato tratando de no dejar ningún resquicio que permita su destitución, no sin al menos poder adelantar algunas de las reformas que se necesitan en un sistema tan asediado. Hacemos una visión retrospectiva de la historia reciente de profunda vulnerabilidad institucional del hermano país con uno de los actores determinantes de la Cicig, su primer Comisionado y ex Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall'Anese Ruiz.
Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica. Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben. Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada. Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo. Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga. Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses. El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El abogado Plutarco Jáquez depositó este miércoles una instancia ante la Procuraduría General de la República en cual solicita a la jefa del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, poner en movimiento la acción pública contra el empresario Antonio Espaillat, para que cumpla interrogatorio con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set.
El jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público dice que no renunciará y que el audio con su voz fue generado con IA. Prensa francesa se pregunta “¿por qué Dina es la gobernante más odiada del mundo?”; y el papa León XIV confesó que lleva al Perú en su corazón.
Pista Oscura. Para entender las implicaciones políticas y los entreveros judiciales de posibles ilícitos cometidos en la rehabilitación del aeropuerto de Liberia, tal vez no necesariamente haya que ser ingeniero, pero sí, definitivamente hay que preguntar a quienes ejercen esa profesión, asuntos básicos relacionados con especificaciones técnicas, calidad de los materiales, tipo de los trabajos y otros asuntos relacionados con la reparación de una pista aérea internacional de alto tránsito. Distraernos con las acusaciones presidenciales calificando airadamente como un show los 22 allanamientos y la detención temporal de cuatro de las personas vinculadas, no nos permite entender la naturaleza de los posibles delitos que se investigan, máxime cuando estamos refiriendo un asunto que ha ido y venido en la opinión pública, precisamente desde que el mandatario le cortó la cabeza al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador por este caso y acto seguido lo denunció ante el Ministerio Público. ¿Lo recuerdan? La trama es muy compleja. Baste decir que los infinitos dolores de cabeza con la reparación del Daniel Oduber tienen un pecado original: la necesaria reparación se forzó como parte de una tormenta tropical (lo cual nunca fue cierto porque la tormenta no pasó por Liberia) y toda la contratación -según lo que se presume- derivó en un desaguisado de $40 millones de dólares, al margen de los procedimientos ordinarios de la contratación pública. Y lo que mal empieza mal acaba. ¿Qué es lo más reciente? Las autoridades judiciales investigan las razones y/o presiones que llevaron a que la constructora Meco reevaluará el contrato original a medio camino de la ejecución del proyecto, determinando que no era necesario el recarpeteo de las cuatro capas asfálticas (como estableció el cartel licitatorio), lo que llevó a intervenir solo la capa superficial, realizando apenas el 33% del total de las obras con un rebajo de tan solo el 10% del costo acordado. Por supuesto, para ejecutar toda esa transformación del proyecto, cuatro ingenieros de Aviación Civil fueron destituidos de sus puestos por haberse negado a validar la propuesta (llamada de "ingeniería de valor" de Meco) que finalmente suscribió el entonces ministro Mauricio Batalla, y que permitió exonerar a la constructora de cualquier sanción por incumplimiento contractual respecto de lo inicialmente pactado. También figuran como imputados Alejandro Picado, presidente de la CNE, Marcos Castillo, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE. Claro hay otros investigados, entre ellos Amador, el propio Chaves y la exministra Natalia Díaz. Finalmente, cabe decir que hace apenas dos meses (marzo) el acta de recepción provisional de las obras, señaló más de 127 observaciones por corregir, tales como huecos profundos en la superficie de pavimento, problemas de acabado, problemas en el sistema de bombeo y desprendimiento de material usado para los trabajos, entre otros aspectos que conversamoscon Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.
En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Eduardo Salhuana intenta justificar visitas de mineros informales: “El Congreso es una institución de puertas abiertas”. - Comisión de Ética recomienda investigar a Susel Paredes por uso de baños del Congreso por personas transexuales. - Pleno del Congreso abordará mociones de censura contra Gustavo Adrianzén el próximo miércoles 14 de mayo. - Fiscalía sobre extinción de dominio: “Se debilita lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales”. - ONU DD. HH. expresa su preocupación por modificaciones a la Ley Apci y la CIDH pide al Gobierno derogarlo. - Relatora de la ONU alerta sobre hostigamiento y amenazas contra la suspendida fiscal Marita Barreto. - Junta de Fiscales Supremos expresa su rechazo a promulgación de modificatoria de la extinción de dominio. - Congresista Jorge Montoya se burla del aniversario del Ministerio Público e insiste en vincular al IDL y a Gustavo Gorriti con dicha institución. - 'Cuchillo', sindicado por asesinato múltiple en Pataz, envió carta notarial a la presidenta Dina Boluarte. - Presidenta Dina Boluarte: sentamos las bases de un nuevo modelo económico que trae crecimiento y empleo. - Excongresista Cayo Galindo juró como nuevo integrante de la JNJ. - Exclusivo: Gobierno pretende eliminar 14 programas de infraestructura.
Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”