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Viernes 21 de agosto: La fiscalía dio otro duro golpe a la política ayer. Con una orden judicial, ordenó a la PDI que allanara oficinas y dependencias de la Junaeb y de las oficinas parlamentarias de los senadores Miguel Ángel Calisto, independiente pro Demócratas, Sergio Gahona de la UDI y del ex diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista.

[Jueves 20 de agosto, edición PM] En medio de la irrupción del Ministerio Público y la Fiscalía al Congreso por una causa por cohecho y fraude al Fisco, los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) se mostraron dispuestos a flexibilizar los alcances de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno en materia de seguridad.

Jonathan Alejandro desapareció después de que cuatro hombres se lo llevaran por la fuerza en Tala, Jalisco. Su madre asegura que antes había recibido amenazas relacionadas con una mujer a cuya hija Jonathan intentaba ayudar. Durante su propia investigación, su madre supo de un posible campo de reclutamiento cercano a la zona y pidió que fuera investigado, pero asegura que un Ministerio Público le respondió que no podían entrar porque era demasiado peligroso. A casi cinco años de su desaparición, denuncia cambios constantes de Ministerio Público, resultados de ADN traspapelados y hasta pertenencias de Jonathan que habrían desaparecido dentro de la propia Fiscalía. _________________Distribuido por Genuina Media Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Editorial.Sí algo han notado los costarricenses sensatos, es que, en el lenguaje del Gobierno del continuismo, hay un doble discurso casi en todo. Se anuncia que se va a combatir la delincuencia, pero lo que se combate es al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las autoridades que en coordinación con la DEA logran atrapar al fugitivo más buscado de la justicia.#larevistacr @larevistacr www.larevista.cr

En los primeros ocho meses de este año, 57 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país, según cifras del Ministerio Público.El dato más preocupante es que el 84 % de las víctimas no había presentado una denuncia previa contra su agresor.

La reforma al IUSI abrió una discusión mucho más profunda que la de un simple impuesto.En este episodio de Tangente, Daniel Haering y Xavier Soria analizan cómo la reducción del IUSI podría afectar la autonomía de las municipalidades, el equilibrio político entre alcaldes y diputados y el funcionamiento del Estado.También conversan sobre el sistema de Consejos de Desarrollo, la influencia del CACIF en las instituciones públicas, el papel del Gobierno en estas decisiones y las recientes señales de cambio dentro del Ministerio Público tras los casos relacionados con las protestas de 2023.

El diputado provincial reclamó definiciones del Ministerio Público de la Acusación sobre la denuncia presentada contra el senador Oscar Dolzani por una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de la función pública. Además, pidió sanciones por un reciente episodio de conducción peligrosa y advirtió sobre un posible trato privilegiado.

Tras el incendio que dejó al descubierto las condiciones en las que vivían siete adultos mayores, la Municipalidad confirmó que el lugar no figuraba en ningún registro oficial y denunció el caso ante el Ministerio Público de la Acusación. Los residentes fueron reubicados mientras avanza la investigación.

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Después de años de mantener silencio, José Ramón Peralta concede una de sus conversaciones más extensas para hablar sobre el proceso judicial que enfrentó, cómo vivió su tiempo fuera del escenario público y por qué decidió esperar que la justicia hablara antes que él.En este episodio explica por qué sostiene que fue víctima de una persecución política, analiza las pruebas que presentó durante el proceso, responde a las acusaciones en su contra y aborda la decisión del Ministerio Público de apelar el no ha lugar que recibió este año.También conversamos sobre el clima político del país, el concepto del “no fair” en la justicia dominicana, el papel que ha jugado la embajada de Estados Unidos en ese debate y cómo esta experiencia transformó su visión de la política, el poder y la justicia.Una entrevista pausada, profunda y llena de detalles que no había contado públicamente hasta ahora.

Conocí a Milka en plena pandemia, cuando nació el Colectivo de Shipibas Muralistas. Hicimos tres lives en Instagram. En el primero, se presentó, habló del proyecto y de la necesidad de generar trabajo en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir: la pandemia.Ese día empezamos a construir un vínculo cercano. La visitaba en su taller y apoyaba al colectivo.Años después, cuando me enteré de que todo lo que Anís Samanéz había dicho durante el conversatorio sobre moda sostenible hacía referencia a Milka y a su hermano, las palabras no me alcanzan para describir la indignación y la rabia que sentí.Busqué la manera de ayudarla legalmente. La investigación fue iniciada por el propio Ministerio Público, pero era evidente que necesitaba asesoría para atravesar un proceso en el que el lenguaje jurídico puede ser complejo, más aún cuando el español no era su primer idioma.Grabamos un segundo video para explicar las mentiras que se habían difundido. En el tercero, sin imaginar que sería una de las últimas veces que la vería con vida, conversamos sobre su historia, sus padres y su comunidad.Hoy publico los audios de esos lives en este podcast para que la historia de Milka vuelva a ser escuchada. También lo hago con la esperanza de que quienes participaron en el daño que sufrió encuentren un momento para reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.Yo me quedo con el recuerdo de sus sonrisas, sus abrazos, su valentía y la resiliencia que la caracterizaba.Descansa en paz, Milkita. Yo me encargaré de hacer justicia por ti.Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/kewl--4302147/support.

Dice que compareció ante la fiscalía, donde respondió de manera veraz y puntual a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal; asimismo, aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio de Culiacán

La crisis de la Universidad de San Carlos sigue marcando la conversación política en Guatemala.En este episodio Luis Miguel Reyes conversa con Javier Monterroso y Pavel Vega sobre la toma de posesión de Walter Mazariegos, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y el papel que juegan las instituciones frente a la situación actual de la USAC. También analizamos el rol del Ministerio Público tras la llegada de Gabriel García Luna, los retos para investigar los señalamientos alrededor de la universidad y el impacto que estas decisiones podrían tener en futuras elecciones de segundo grado y el proceso electoral de 2027.

08 07 2026 A LA GRAN 730 - Dr. Pablo Lemir, Dir. de Medicina Forense del Ministerio Público by ABC Color

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen bajoinvestigación el caso de Marielis Yoanna Beltré Féliz, la joven de 20 años que falleció el pasado domingo en un hospital de esta provincia tras ser violada sexualmente por cuatro hombres. Hasta el momento, las autoridades no hanejecutado detenciones contra los responsables del hecho.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Denuncian que abogado del Minjusdh investigado por presunta agresión sexual a menor fue liberado en Condorcanqui. - Casi 4 mil policías investigados por violencia de género. - Padres de menor fallecido en la comisaría de Manchay denuncian seguimiento policial tras denuncia el caso en medios de comunicación. - Colcabamba: 12 meses de prisión para 8 militares que mataron a 5 jóvenes. - Procuraduría denuncia a Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos por presunta perturbación de la tranquilidad pública. - Ipys rechaza informe del Congreso que criminaliza la labor periodística de Gustavo Gorriti. - JNJ evalúa proceso contra cinco jueces supremos por inaplicar ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas. - ANC del Ministerio Público inicia investigación contra el fiscal Germán Juárez Atoche. - Exclusiva: La marcha de Juntos por el Perú.

El programa de COPE aborda la actualidad política y judicial española, destacando las "cloacas del PSOE" con Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Mascarillas, donde se espera el fallo contra José Luis Ábalos. Pedro Sánchez defiende a Zapatero por el origen de unas joyas. Se abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar a Juan Carlos Barrabés por prevaricación y fraude a la UE. La Fiscal General del Estado defiende la independencia del Ministerio Público. En el ámbito internacional, se informa sobre un frágil alto el fuego entre Israel y Hizbulá, con advertencias de EE. UU. a Trump sobre Netanyahu, y un incidente diplomático entre Trump y Georgia Meloni. Ucrania lanza un ataque masivo de drones contra Moscú. La sección de sucesos cubre el hallazgo de un padre y su hija sin vida en Gerena, un ataque en un instituto de Valencia y el ahogamiento de un menor en Tarragona. En Madrid, un incendio en Villaverde afecta a 800 trasteros, y se anuncia la primera ...

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: - Defensoras del agua exigen acciones urgentes al próximo gobierno. - Familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte expresan su preocupación ante un eventual gobierno de Keiko Fujimor. - Familiares de menor hallado sin vida en comisaría de Manchay exigen justicia en el frontis de dicha dependencia. - Luz Salgado destaca hostigamiento policial contra ciudadanos que protestas: “La PNP defendiendo los bienes de todos los peruanos”. - Fiscalía pide 8 años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria por civiles heridos en las protestas de 2022. - Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público programa apelación de Rafael Vela contra su suspensión para el 1 de julio. - Poder Judicial confirmó archivo del caso 'Cócteles' contra Keiko Fujimori y otros investigados. - JEE rechaza pedido de Fuerza Popular que buscaba anular más de 7 mil votos en Puno. - Rafael López Aliaga anuncia que no asumirá como senador y que postulará a cargo de teniente alcalde de Lima. - La confianza en las noticias que ofrecen los medios de comunicación en Perú disminuyó en los últimos años, según el reporte de Digital Network. - Exclusiva: Los waykis de Wilfredo Oscorima se acercan a Fuerza Popular.

La condena de 29 acusados en el caso Coral y Coral 5G, incluyendo penas de hasta 20 años de prisión para altos oficiales militares, es considerada por el Ministerio Público y sectores de la sociedad civil como un precedente histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana.#NoticiasRNN #CasoCoral #Corrupcion #RedesSocialesRNN

En este episodio de Podcast Paranormal, exploramos misterios criminales resueltos desde el más allá. ¿Es posible que las canalizaciones psíquicas y el uso de Spirit Box sean la única llave para resolver crímenes sepultados por las autoridades? Acompáñenos a Fepo junto a Vanessa Alvarado para conocer sobre la criminología paranormal y la manipulación de entidades oscuras. Ahondamos desde el impactante caso de la joven Allison Bonilla en Costa Rica, donde una escalofriante psicofonía delató al asesino en tiempo real revelando el nombre de "Joaquín", pasando por las conspiraciones en Guatemala donde la tecnología Kinect registró siluetas sin cabeza en una escena custodiada por el Ministerio Público, hasta la evidencia de marcas físicas en la piel de los investigadores en venganza por desenterrar secretos. Analizamos la investigación de campo en escenas del crimen y el contacto con seres de otros planos. ¿Has escuchado un susurro en la oscuridad que pareciera revelar un secreto que nadie más debía saber?

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba durante la audiencia celebrada el jueves 28 de mayo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba durante la audiencia celebrada el jueves 28 de mayo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Escucha aquí la opinión de Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: • Expresidenta escribe una columna de opinión en página completa y también le dedican portada • Caso Cirugías: Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos • José Domingo Pérez a Tomas Aladino Gálvez: Él levanta imputaciones en contra mía, lo reto a que me las diga en mi cara • Delia Espinoza: Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso • Poder Judicial deja al voto apelación del Ministerio Público sobre archivamiento del Caso Cócteles • Partido Popular Cristiano expresa su apoyo a Keiko Fujimori • Keiko Fujimori dice que Fuerza Popular cometió errores: “No hemos sido obstruccionistas, pero sí confrontacionales” • Keiko Fujimori es rechazada en Arequipa • Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30% • Debate de la segunda vuelta se realizará este domingo 31 a las 8 pm y será con los candidatos presidenciales • Convocan a marcha pacífica Keiko No Va para mañana sábado 30 de mayo EXCLUSIVA: Problemas con ONPE

RODRIGO MORABITO:TEMAS:Facultades de la jurisdicciónAbordaje del poder de veto del Ministerio Público FiscalConsideración de los artículos en los cuales la figura del Fiscal se robustece en determinadas intervenciones con poder de veto sobre cuestiones fundamentales para el/la adolescente en conflicto con la ley penalTensiones constitucionales y convencionalesArtículo 11: facultades de la jurisdicción para reemplazar la pena. Conformidad fiscalArtículo 19: libertad condicional. Conformidad fiscal. La posibilidad de reintegración social, en jaqueArtículo 42: mediación penal juvenil. Oposición vinculante del fiscal. Afectación a principios fundamentales desde la obligada perspectiva de Derechos Humanos de las personas menores de edadArtículo 43: Probation y conformidad fiscal para acceder a suspensión del proceso a prueba. Principios de mínima intervención, excepcionalidad de la privación de libertad y acceso de medidas alternativas, en tensiónCV: Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Catamarca

En este episodio conversamos con el abogado Eduardo Núñez sobre uno de los temas más controversiales de los últimos años en República Dominicana: el lawfare.Hablamos sobre los procesos judiciales contra exfuncionarios del pasado gobierno, las presuntas violaciones al debido proceso, la presión que enfrentan los jueces y el rol del Ministerio Público dentro del sistema judicial dominicano.#GepianoPodcast #Lawfare #RepublicaDominicana #PoliticaRD #MinisterioPublico #DonaldGuerrero

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

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La salida de Rafael Curruchiche marca un cambio simbólico dentro del Ministerio Público, pero el problema de fondo sigue ahí. Después de ocho años de Consuelo Porras, Guatemala enfrenta secuelas institucionales, jurídicas y humanas que todavía pesan sobre el sistema de justicia.En este episodio de TanGente, Luis Miguel Reyes conversa con las abogadas Andrea Rabanales y Cristian Martín sobre la destrucción de la carrera fiscal, la criminalización de operadores de justicia, las reformas hechas por intereses coyunturales, el desgaste de la democracia y el futuro del MP. También discuten la USAC, la CC, el péndulo político y la reconstrucción institucional que Guatemala todavía tiene pendiente.

Consuelo Porras finalmente salió del Ministerio Público. Ahora el reto es otro: desmontar la estructura que dejó atrás.En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes y Xavier Soria analizan los primeros mensajes y movimientos de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general: la relación con la prensa, el futuro de la FECI, los casos de exiliados políticos, la persecución judicial de los últimos años y las expectativas alrededor de una posible reconstrucción institucional del MP.También discuten el papel del sector privado, el legado de la CICIG, el desgaste democrático del país y la gran pregunta: ¿realmente puede cambiar el sistema de justicia en Guatemala?

Guatemala está entrando a una nueva etapa política y judicial. Después de años de control, persecución y captura institucional, el Ministerio Público finalmente cambiará de manos.En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering y Xavier Soria analizan lo que significa la salida del grupo que controló el MP, las presiones de último momento para bloquear el proceso, el papel de la CC, el futuro del sistema de justicia y las resistencias que siguen activas dentro del Estado.También hablan sobre el Congreso, la ley antilavado, el deterioro político en la región y cómo el país todavía sigue atrapado entre redes clientelares, corrupción y estructuras que se resisten a perder poder.Y sí, también hay espacio para hablar del colapso emocional de Florentino Pérez.

En esta edición de No Hay Derecho abordaremos, entre otros temas: • Estudiantes de San Marcos realizan una protesta dentro de la ciudad universitaria • Comisión de Constitución del Congreso aprobó dictamen que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal • Ruth Luque propone una iniciativa legislativa para configurar una agravante del delito de discriminación • JNJ inicia evaluación de jueces y fiscales: Roberto Burneo encabeza lista de magistrados convocados • Detienen a candidata de Juntos por el Perú por cobrar cupos y pagar coima a alcalde de Renovación Popular • Poder Judicial declaró inadmisible demanda de Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional De Elecciones • Primero la gente propone acuerdo a Juntos Por El Perú: "Con la esperanza de un Perú más justo ¡Fujimori nunca más!" • Ministerio Público insiste en la aprobación de su nueva ley orgánica • Viajes de Keiko Fujimori a Estados Unidos EXCLUSIVA: La Cámara reflexiva, fragmentada y dividida

En este episodio de El Resumen repasamos cómo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 marcó el inicio de una reconfiguración del sistema judicial salvadoreño bajo el gobierno de Nayib Bukele. Analizamos el choque entre la Sala y el Ejecutivo durante la pandemia, el fallido intento de los magistrados por frenar su remoción y las resoluciones más emblemáticas emitidas por la nueva Sala impuesta por la Asamblea oficialista, incluida la habilitación de la reelección presidencial inmediata.El episodio examina cómo la nueva Sala y la Fiscalía actuaron durante el régimen de excepción, avalando reformas penales y miles de capturas mientras los recursos de hábeas corpus quedaban prácticamente paralizados.También hablamos sobre la crisis financiera del transporte público, marcada por el aumento de los costos operativos, la deuda estatal en subsidios y el deterioro de la flota nacional. También explicamos la resolución de la Cámara de lo Penal de Santa Tecla que eliminó la obligación del Estado salvadoreño de pedir disculpas públicas por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, aunque ratificó las condenas contra tres ex altos mandos militares.Y en la Nota de Centroamérica analizamos  sobre el nuevo fiscal general de Guatemala, en sustitución de Consuelo Porras, y las expectativas de cambio dentro del Ministerio Público guatemalteco tras años de cuestionamientos por corrupción y uso selectivo de la justicia.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 8 de mayo de 2026.

En este episodio de Tan Gente, Luis Miguel Reyes conversa con María del Carmen Peláez de Diálogos Guatemala y Jody García de Plaza Pública sobre los ocho años de gestión de Consuelo Porras y el impacto que dejó en el sistema de justicia guatemalteco.Hablan sobre criminalización contra periodistas, activistas, estudiantes y operadores de justicia; el debilitamiento institucional del MP; la manipulación de procesos judiciales; la desestimación masiva de denuncias; el deterioro en la eficacia de la persecución penal y el miedo instalado dentro y fuera de la institución.Además, analizan cómo el Ministerio Público pasó de ser una institución clave en la lucha contra la corrupción a convertirse en un actor central de la crisis política e institucional del país.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto al Ministerio Público, rescataron sana y salva en horas a una mujer que había sido raptada la madrugada de ayer en Santo Domingo Este, en un operativo que dejó tres detenidos y otros dos sospechosos identificados.

Jimmy Morales reaparece en el debate público con su versión de los hechos, y la reacción no se hace esperar. Entre ironías, críticas y memoria política, su relato abre una discusión más amplia sobre lo que pasó en el país y cómo se está intentando reinterpretar hoy. En este episodio de Tan Gente, Daniel Haering conversa con Xavier Soria sobre el papel de Jimmy Morales, el legado de la CICIG, el proceso actual del Ministerio Público y las narrativas que buscan reescribir la historia reciente.

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

La comisión de postulación ya entregó la lista de seis candidatos para Fiscal General, pero el proceso dejó más preguntas que certezas. Repetición de votaciones, cambios de última hora y decisiones cuestionadas marcan una etapa clave para el futuro del Ministerio Público.En este episodio de Tan Gente Luis Miguel Reyes junto a Gustavo Berganza y Alejandro Morales analizan qué pasó realmente, qué perfiles quedaron fuera, qué significa la salida de Consuelo Porras y cuáles son los riesgos de continuidad dentro del sistema. Más allá de nombres, la discusión apunta a un problema estructural: un modelo que sigue mostrando señales de desgaste.

Un caso de posible lavado de dinero por más de Q24 millones —con operaciones que terminan en China— pone sobre la mesa un problema más profundo: no es solo la corrupción, es la incapacidad (o falta de voluntad) del sistema para investigarla. En este episodio, Lucy Rodríguez y Daniel Haering analizan cómo funcionan estos esquemas y por qué pasan prácticamente desapercibidos.La conversación va más allá del caso: el rol del Ministerio Público, los límites del sistema de justicia y por qué el combate a la corrupción no se resuelve solo con capturas. Un episodio para entender qué está fallando y qué tendría que cambiar realmente.

¿Se convirtió la lotería en el refugio del narco? Cristian Guzmán revela cómo las bancas ilegales cuadriplican a las legales y operan sin control frente a escuelas. Analizamos el fracaso del plan de regularización, la competencia desleal y la urgencia de que el Ministerio Público intervenga un sector que "lava capitales" a plena vista.#Fenabanca #CristianGuzman #LoteriasRD #LavadoDeActivos #MinisterioDeHacienda #JuegosDeAzar #CorrupcionRD #DenunciaRD

En nuestro boletín semanal escribimos sobre la insubordinación institucional que empieza a desafiar el regimen del Ministerio Público de Consuelo Porras y su política de intimidación. A 30 días de dejar el cargo, las instituciones de justicia en Guatemala han comenzado a abandonar el miedo ante la Fiscal General.    Para recibir cada semana en tu correo electrónico un análisis de lo más importante de la semana, suscríbete aquí a La Instantánea.

En este episodio, Luis Miguel Reyes y Pavel Gerardo Vega analizan los movimientos recientes dentro del sistema político guatemalteco: el papel del Tribunal Supremo Electoral, el desgaste del Ministerio Público y las señales de cambio en la Corte de Constitucionalidad.La conversación también aborda un punto clave: aunque hay avances y ciertos frenos al poder del MP, el daño institucional ya está hecho y el escenario sigue siendo incierto. Además, discuten el rol del Ejecutivo, la percepción de debilidad del presidente y el impacto de la desinformación en redes.

¿Se puede confiar en quienes persiguen la corrupción? Un terremoto sacude al Ministerio Público tras el arresto de Aurelio Valdés Alcántara, fiscal de la PEPCA, capturado en flagrante delito. En ESTO NO TIENE NOMBRE, analizamos el insolente pliego de sobornos que exigía: desde US$200,000 hasta un reloj Rolex y un Mercedes-Benz. Descubre cómo una "entrega controlada" de 10 mil dólares puso fin a la carrera del hombre que susurraba al oído de Wilson Camacho. ¿Fue una delación premiada del caso Senasa lo que lo hundió?

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial? A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia. “Todos esos casos van a quedar en la impunidad” “Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional. “Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción. Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta. El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos. “Ellos van a buscar cuidarse” “Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes. Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza. “Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa). En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

Un grupo de expertos de la ONU señaló posibles adopciones irregulares vinculadas a Consuelo Porras, pero el tema desapareció rápido de la discusión pública. En este episodio, Lucy Rodríguez conversa con Román Gressier de periodista El Faro, sobre el reportaje que aporta nuevos elementos: expedientes reales, contradicciones en documentos y preguntas que siguen sin respuesta.A partir de una muestra de casos documentados, se abre una discusión más amplia sobre cómo funcionaban las adopciones en los años 80, el rol del Estado y qué implica hoy esta información en medio de un nuevo proceso de elección del Ministerio Público.¡Te dejamos la nota en audio abajo!

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.   Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.   “El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.   El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.   Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.   “Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.   Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

Mientras el mundo entra en una nueva etapa de incertidumbre, en Guatemala también se están moviendo piezas clave del poder. En este episodio, Daniel Haering conversa con Xavier Soria sobre la guerra, el trumpismo, el precio de los combustibles y cómo esa crisis global aterriza en una coyuntura nacional marcada por la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad, la rectoría de la USAC y la disputa por el Ministerio Público. También hablan del papel de Walter Mazariegos, las maniobras dentro del CSU, la fragilidad del sistema de justicia, las comisiones de postulación y el gran problema de fondo: un sistema institucional que no solo está capturado, sino diseñado para bloquear reformas reales.

Daniel Haering conversa con Daniel Cerqueira, director del programa de Cambio Climático y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso, sobre un tema que atraviesa buena parte de los conflictos en Guatemala: la tierra.La conversación parte de un informe que analiza el papel del Ministerio Público y, en particular, de la Fiscalía contra el delito de usurpación, una fiscalía creada durante la gestión de Consuelo Porras. El informe plantea que la política criminal impulsada en los últimos años ha terminado favoreciendo intereses privados en territorios indígenas y utilizando el derecho penal como principal herramienta para resolver conflictos agrarios.Hablamos de desalojos, del aumento de denuncias por usurpación, del papel que juegan finqueros, empresas y proyectos extractivos, y de cómo muchas comunidades indígenas terminan enfrentando procesos penales bincluso cuando habitan esos territorios desde hace décadas o siglos.