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Comenzó la sesión en el Tribunal Supremo de Brasil para determinar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino fueron este martes los primeros de los cinco magistrados en votar y ambos optaron por condenar al exmandatario. Un voto más en contra supondría la condena de Bolsonaro, que afrontaría penas que podrían superar los 40 años de prisión. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo tienen como máximo hasta el viernes para votar y decidir -basta con mayoría simple- si condenan a Bolsonaro y otros siete coacusados por intentar revertir los resultados que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.  Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, haber contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura o instigar el asalto el 8 de enero de 2023 a las sedes del poder en Brasilia. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que la instrucción del caso solo puede llevar a una condena. “Es un acumulado de evidencias, hay declaraciones, testigos y lo más importante, el exsecretario general de Bolsonaro, llamado teniente coronel Mauro Cid, es una relación premiada como se llama aquí, ha confesado sus crímenes, pero para bajar sus penas va a relatar todos los hechos y a partir de ahí va a ser un rompecabezas. Se van a ir colocando pieza por pieza en las cuestiones vinculadas al crimen de Bolsonaro”, indicó. De ser declarado culpable, Bolsonaro -ya inhabilitado políticamente hasta 20230 por desinformación- podría afrontar hasta 43 años de carcel, aunque puede apelar la sentencia. Ante una posible condena, en el parlamento, legisladores brasileños de derecha y extrema derecha están tratando de dar forma a una amnistía para el expresidente. Cordeiro Pires estima que esta opción tampoco es viable, al no contar con suficientes apoyos en las dos camaras. “Hay dos correlaciones de fuerza, una en la Cámara de los Diputados, donde si hay una mayoría para hacer esto, y esta mayoría quería incluso la amnistía a todos los crimines de Bolsonaro”, señaló recordando que el expresidente está sin derechos políticos por ocho años. Además subrayó que “en el senado no hay la mayoría para aprobar la amnistía, incluso  la comisión de constitución de justicia ha dicho que no va a colocar la cuestión de amnistía en el Senado”, relató Cordeiro, asegurando que dicha opción carece de fundamento.

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo su primera gran derrota desde que asumió el poder, al perder las elecciones provinciales en Buenos Aires. Los analistas Sergio Berensztein y Lara Goyburu evaluaron en RFI el impacto de este traspié y el posible surgimiento de una tercera alternativa política. Para el analista político Sergio Berensztein, se imponen cambios profundos en el partido de Milei si no quiere seguir acumulando derrotas. "Indudablemente esta elección puede implicar un costo significativo de cara a las elecciones legislativas, si el gobierno no cambia. Se supone que va a haber un cambio de gabinete y una modificación en la narrativa electoral. Pero sí, efectivamente, fue una derrota significativa. En el plano de la corrupción, si no se aclaran las sospechas que ya están instaladas en la opinión, esto puede generar una pérdida del electorado más moderado, que fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires", sostiene Berensztein. La politóloga Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit, agencia que analiza exhaustivamente el escenario político argentino, considera que el resultado no se explica tanto por un triunfo del peronismo, sino más bien por los traspiés de La Libertad Avanza en la transparencia de su gestión económica, lo que generó dudas en un electorado que esta vez no lo acompañó en las urnas. Desmovilización de los seguidores de Milei  "No sorprende tanto el resultado en la provincia de Buenos Aires porque este era un contexto que, ya a nivel social, mostraba agotamiento. Ese agotamiento hizo que quienes no fueran a votar fueran los desencantados con la política del gobierno nacional. Es decir, no es que hubiera un cambio de voto de los electores que sí habían votado, digamos que los electores de La Libertad Avanza pasaron a votar por Fuerza Patria. Yo creo, más bien, que aquellos que votaron a La Libertad Avanza en 2023 no fueron a votar esta vez. También ocurrió que en algunas secciones electorales optaron por terceras fuerzas", subraya. Según Goyburu, Milei tendrá que revisar a contrarreloj sus errores políticos, ya que su gobierno se juega el fortalecimiento o no de su bloque legislativo en las elecciones del 26 de octubre, donde se vislumbra la irrupción de una tercera fuerza política. "También es cierto que, a nivel nacional, existe una tercera fuerza que han armado algunos gobernadores que tienen un peso territorial específico, más racional, más dialoguista. Esta tercera fuerza está buscando ponerse como alternativa entre lo que sería el peronismo kirchnerismo y La Libertad Avanza", apunta. El presidente Milei necesita ampliar la pequeña minoría de su partido en el Congreso, dominado por una oposición que hasta ahora ha utilizado su poder para aprobar medidas de gasto social que bloquean los esfuerzos del mandatario por equilibrar las cuentas públicas.

Son otra cara de la guerra. En Colombia, la JEP - la Jurisdicción Especial para la Paz- reconoció por primera vez a un colectivo de 104 hombres como víctimas de violencia sexual. Es un hito para este órgano de justicia transicional creado para investigar el conflicto ya que durante décadas estas personas guardaron silencio por temor a ser estigmatizadas. Algunos de ellos eran niños o adolescentes en el momento de los hechos. La JEP - el mecanismo de justicia transicional en Colombia - escuchó los testimonios de un colectivo de 104 hombres y los reconoció como víctimas de violencias sexuales durante el conflicto. En particular entre finales de los 90 y 2009 en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena, en el norte del país. La JEP es el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal. Añade que estos hombres y niños "fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género". Lo detalla a la periodista de RFI Melissa Melissa Óscar Parra Vega es magistrado de la JEP, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad. "Relataron daños físicos, en su integridad física, sexual y reproductiva, violaciones, tortura, desnudez forzada, humillaciones sexuales, mordazas amenazas y lenguaje degrante.Los victimarios buscaban quitar la hombría o marcar para siempre a las víctimas", dice Parra. Dice que los responsables directos de estas violaciones fueron los integrantes de grupos paramilitares, pero su ONG busca también saber "si hubo paticipantes de  las fuerzas públicas, que por acción u omisión hubieran facilitado o permitido que los hechos se cometieran".  Fue mediante la ONG All Survivors Projects, que acompañó a estas personas y las ayuda a reconocerse como víctimas, para romper el silencio que les había impuesto el miedo. "Siendo en su mayoría hombres heterosexuales, esto es una carga que aumenta su negativa a narrar los hechos y que muchas veces no buscaron ayuda por temor a ser cuestionados, ridiculizados o no creídos. Frases como 'para un hombre esto es muy vergonzoso', evidenciaron cómo afrontaban una fuerte carga de estigmatización".  Este reconocimiento histórico, explica Parra Vega, fortalece la idea que sí hubo una dimensión de género en la violencia del conflicto colombiano.  "Esto permite a la justicia observar dimensiones de la violencia que para la justicia es difícil percibir. Esta decisión da un paso adelante para visibilizar aristas de la violencia de género que antes no habían sido identificadas de manera masiva", asegura Oscar Parra Vega, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

El domingo se llevan a cabo elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, en el que vive cerca de un 40% de los habitantes del país. Serán la antesala de las legislativas nacionales de octubre. Una votación que se lleva a cabo en medio del presunto caso de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, por el presunto cobro de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidades. La votación de este domingo es una prueba de fuerza para los dos principales partidos del país: La Libertad Avanza, el oficialismo del presidente Javier Milei, y el peronismo opositor, bajo el nombre de Fuerza Patria, que gobierna la provincia. Las campañas fueron lideradas por las principales figuras en funciones de La Libertad Avanza y del peronismo. El presidente Javier Milei de un lado, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del otro. Dos pesos pesados que muestran la importancia de estos comicios. Kicillof cerró la campaña el jueves y Milei lo hizo en un acto el miércoles en la localidad de Moreno, gobernada por el peronismo. La última palabra la tendrán los votantes. En los alrededores del acto de Milei, había de diferentes posiciones. “Principalmente sería bueno que nosotros ganemos, pero no voy a mentir que en ciertos municipios va a estar bastante peleado y en otros capaz gane la oposición, pero yo creo que podemos ganar”, explica Gerónimo, un joven libertario de 19 años, estaba haciendo fila para entrar al evento. Milei, “hasta el año 27” A pocos metros estaba, Clara López, jubilada de 85 años, con menos dudas. “Milei va a ganar este domingo, en octubre y en el año 27, todo ese tiempo”, asegura confiada. En la vereda de enfrente había vecinos que no comulgan con el presidente y sus políticas, como Daniel Bikkesbakker, comerciante de 52 años, muy enojado con Milei. “Tengo locales en La Salada, locales en Flores, nunca vi una cosa igual, un disparate total como el que estamos viendo, la verdad que es un desastre”, denuncia. “Tengo cáncer y me quitaron los remedios” “Yo espero que éste pierda porque yo tengo cáncer y me quitaron los remedios y la jubilación no nos alcanza, no puedo comprar los remedios con mi jubilación.”, explica Aurora Villarrea de 70 años. La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Y el peronismo podría ganar en las dos principales, en las que viven dos tercios de los votantes, pero que ocupan una fracción pequeña del mapa del distrito. Si el oficialismo gana en el resto, la oposición tendría la mayoría de los votos, pero el mapa de la provincia quedaría pintado mayoritariamente del color violeta de La Libertad Avanza. Y los dos podrían, cada uno a su manera, intentar cantar victoria.

Este 4 de septiembre el secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. fue blanco de críticas y gritos durante su audición ante el Comité de Finanzas del Senado, donde intentó defender sus polémicas reformas en materia de salud pública. La víspera, las autoridades de Florida anunciaron su intención de acabar con la vacunación obligatoria en las escuelas del estado, generando inquietudes en el gremio médico. "¿Quién soy yo para decirle qué poner en el cuerpo de sus hijos?": así anunció Joseph Ladapo, la mayor autoridad de Salud en Florida, que se preparaba a poner fin a la obligación de vacunarse para los alumnos de las escuelas públicas. Una decisión que preocupa en el sector salud. La Dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami Dade College, lamenta que este anuncio llegue “en un momento en que la tasa de vacunación en el estado se encuentra en declive” y cuando existe “el riesgo de que se presenten enfermedades que son prevenibles por vacunas”. “Precedente de desconfianza” “Las vacunas que son obligatorias para los niños son las enfermedades que tienden a ser más comunes en niños. Muchas se transmiten por contacto, se transmiten por las gotas de saliva o por la respiración. Y cuando nos encontramos en las escuelas, estamos muy juntos unos a otros, y esto brinda el ambiente perfecto para la transmisión”, detalla Garcés. La doctora explica además que, en Florida, la desconfianza en las vacunas ha aumentado drásticamente. Algo que ha sido observado también en la comunidad latina. “Hay una falsa percepción, sobre todo en la comunidad migrante, de que por medio de las vacunas se puede ejercer algún control migratorio de las personas”, cuenta. Refiriéndose a los casos de esterilización forzada contra la comunidad latino en California hasta los años 70, Garcés subraya que este tipo de cosas ha creado “un precedente de desconfianza hacia lo que viene de los gobiernos. Cuando salió la vacuna del Covid-19 yo hacía campaña en estas comunidades y muchas personas me decían que no querían quedar estériles, por ejemplo”. “Se vienen tiempos difíciles” La administración Trump y en especial el secretario de Salud están bajo críticas por su intento de remplazar a los directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con perfiles leales al Gobierno y más hostiles a la vacunación. Y aunque profesionales de la salud han reclamado la renuncia de Robert Kennedy Jr., no todos en Florida rechazan sus propuestas. “Inclusive personas que trabajan en los medios de salud empezaron una campaña directa o indirecta contra las vacunas, algo que lamentablemente ocurrió con el Covid. Las medidas de salud pública empezaron a teñirse de política, así que se vienen tiempos difíciles en la salud pública. No solo para el estado de Florida, sino también para Estados Unidos”, concluye la doctora.

Tras reunirse este miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ambos gobiernos anunciaron un entendimiento en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Si bien aún no se ha firmado, los grandes rasgos fueron esbozados en un comunicado conjunto que parece disipar los temores sobre una intervención militar de Estados Unidos en México. Entrevista al especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna.  Soberanía. Esa es una de las palabras clave del entendimiento alcanzado este miércoles entre México y Estados Unidos para colaborar de forma bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Washington lleva meses presionando para que los mexicanos demuestren que están actuando, y la presión ha aumentado en los últimos días, explica el experto en seguridad y crimen organizado en México, Armando Rodríguez Luna, del Colegio de Análisis de la Seguridad con Democracia. "Con respecto a las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado, designados también como 'organizaciones terroristas', el más claro ejemplo es lo que sucedió ayer en Venezuela [el gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela]. La presidenta Sheinbaum estaba muy preocupada porque Estados Unidos desplegó barcos en el Golfo de México y en el Pacífico mexicano, o cerca de las costas mexicanas. También se realizaron diversos vuelos de reconocimiento de carácter militar sobre el territorio mexicano". Un nuevo modelo de inteligencia en México Este acuerdo, resalta Rodríguez Luna, podría incluso abrir un nuevo modelo de inteligencia. "El establecer marcos de cooperación, particularmente en las áreas de inteligencia que el gobierno mexicano pueda ofrecer al gobierno estadounidense, creo que es la principal moneda de cambio que buscaba el gobierno de Sheinbaum. Porque a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado está su principal hombre de confianza: Omar García Harfuch. Ella va a fortalecer tanto la figura de García Harfuch como todo el andamiaje legal e institucional que está en proceso de construirse dentro de México. Había muchos obstáculos por temas de desconfianza dentro de México. Las Fuerzas Armadas son las principales generadoras de inteligencia dentro del país". Los dos gobiernos han anunciado, además, que crearán un grupo de implementación de alto nivel. "Grupos de alto nivel en materia de seguridad ha habido muchos prácticamente desde 2008, cuando surge la Iniciativa Mérida. Ahora, esperemos que este nuevo grupo de alto nivel pueda construir desde el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de garantizar y hacer sostenible que puedan fluir tanto los recursos, ya sea monetarios o en especie. Ahora, por otra parte, este grupo de alto nivel tiene que traducirse en grupos operativos en temas muy específicos, por ejemplo, el del ‘huachicol' o tráfico ilegal de combustibles, evidentemente el del fentanilo y las metanfetaminas, tráfico de armas, etc. Pero ahí vamos avanzando poco a poco".

El secretario de Estado estadounidense Marc Rubio visita Ecuador para hablar de seguridad, migración y narcotráfico en la región. Según la ONG InSight Crime, Ecuador fue el país más peligroso de América Latina en 2024, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ante una expansión de la actividad criminal y del narcotráfico, las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia señalan las dificultades de su actividad y critican un "deterioro institucional".  Con más de 5.200 homicidios desde el inicio de este año 2025, Ecuador vive una importante ola de violencia a pesar de la política de "mano dura" declarada por el presidente Daniel Noboa. Verónica Supliguicha es directora de proyectos en la Fundación Alas de Colibrí, una entidad ecuatoriana que trabaja en la asistencia humanitaria con víctimas del crimen organizado. "Alas de Colibrí lleva 14 años atendiendo a víctimas de trata. Tenemos una casa de acogida. En los dos o tres últimos años, los niveles de violencia con los que las víctimas son tratadas son muchísimo más graves que hace tiempo. Ahora encuentras que son procesos extremadamente cruentos y violentos de sometimiento. Eso indiscutiblemente genera unos niveles de afectación mucho más graves en su salud física y psíquica", explica. "En este momento tenemos niñas y adolescentes que están saliendo todos los días del sistema educativo por miedo, por amenazas, porque no quieren ser reclutadas, no quieren ser víctimas de trata y las familias no tienen las posibilidades de cambiarlas a otro lugar", continúa Verónica Supliguicha. En los últimos años, el país se ha posicionado como parte de una de las rutas más importantes para el narcotráfico. Los Choneros -que fueron durante años la principal banda criminal de Ecuador- se consideran una estructura debilitada tras la extradición a Estados Unidos de su líder, alias Fito. Sin embargo, otras organizaciones que trafican con armas, droga y minerales ganan terreno. Esto, sumado a un deterioro de la institucionalidad, explica el nivel de violencia actual, según Supliguicha: "Hay una falta de capacidad de respuesta y una falta de una estructura institucional que dé respuestas que sean mucho más sostenidas a largo plazo. Las redes criminales han permeado toda la región. Ya no son redes criminales que se dediquen a un solo delito y ni están en un solo país o un solo sector. Este tipo de políticas que se plantean como de mano dura son discursos vanos que no han solucionado nada". El gobierno de Noboa declaró en 2024 la existencia de un "conflicto armado interno" y ha mantenido un pulso con la Corte Constitucional de Ecuador, que suspendió algunas leyes promovidas por el presidente, acusadas de vulnerar los derechos humanos. Noboa prevé celebrar en diciembre un referéndum que permita que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos de juicio político. Un paso más del mandatario para tratar de tirar adelante su agenda legislativa de mano dura contra el crimen organizado.

El gobernador de Illinois aseguró este 2 de septiembre que la ciudad de Chicago “no quiere tropas de la Guardia Nacional” en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, que anunció ordenar la entrada de agentes federales militares para acabar con la criminalidad. Una decisión que ya ha tomado en Washington y Los Ángeles y que, según expertos, carece de fundamento legal. “Chicago no quiere tropas en sus calles”, declaró el gobernador demócrata JB Pritzker del estado de Illinois, quien se ha opuesto a Donald Trump y a su determinación a que la Guardia Nacional -el cuerpo de reserva para misiones federales- ingrese a Chicago para combatir la delincuencia. “Esas fuerzas militares no tienen el entrenamiento apropiado” “No tiene ningún soporte legal el mandatario Trump”, estima el abogado Jorge Montes, que ejerce en Chicago y asegura que, a diferencia de Washington, en su ciudad la ley no autoriza el uso de fuerzas militares. “En Washington, a pesar de que tiene su fuerza policiaca local, la ley permite que por 30 días el gobierno federal, bajo las órdenes del mandatario, pueda intervenir y con el permiso del Congreso se puede extender esa fecha de 30 días a más días y actuar como policía”, detalla. Sin embargo, subraya el abogado, “lo desafortunado de ese escenario es que esas autoridades, esas fuerzas militares, no tienen el entrenamiento apropiado para funcionar como policías locales. No saben cómo actuar en diferentes situaciones, diferentes crímenes, etcétera”. “La Guardia Nacional está bajo el control del gobernador” Este martes, además, un juez federal dictaminó que era ilegal la incursión de la Guardia Nacional y de los marines en Los Ángeles en junio. “En Los Ángeles, tenía la excusa de que había motines a base de las redadas de ICE, las autoridades de inmigración”, pero la Ley Posse Comitatus, una ley federal de casi 150 años, limita el papel del ejército estadounidense en la aplicación de leyes locales, explica Jorge Montes. “La Guardia Nacional se puede llamar fácilmente o en situaciones especiales por el gobernador del Estado y está bajo el control del gobernador. Se requiere un acto de insurrección o algo, una rebelión estatal y eso no es lo que estaba aconteciendo. Y el gobernador Newsom ha dejado muy claro que la situación estaba bajo control, sino él mismo hubiera llamado a la Guardia Nacional”, recalca el abogado. En Los Ángeles, la justicia prohibió al Pentágono que se despliegue a estos reservistas a partir del 12 de septiembre. Una decisión que podría revertir la Corte Suprema durante este plazo.

Este 1 de septiembre empezó el período de campaña electoral en Honduras, rumbo a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. De los 10 millones de habitantes que tiene el país centroamericano, más de seis millones podrán ejercer el sufragio. Arrancó oficialmente este lunes en Honduras la campaña electoral, con cinco candidatos que intentarán romper la polarización política y social que existe actualmente entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición. Los partidos de oposición encabezan las encuestas “Estando en su cuarto año de mandato, en el país se debate entre votar a favor de la continuidad del proyecto de Libertad y Refundación, encabezado por la candidata oficialista Rixi Moncada, versus los contendores principales que son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional”, explica a RFI Miguel Calix Martínez, licenciado en Ciencias Jurídicas. “Según diversas encuestas, el señor Nasralla podría estar ocupando la preferencia en este momento, con la cercanía del candidato Asfura, del Partido Nacional, ambos de oposición, aunque la candidata oficialista y la campaña oficialista cuestionan los resultados de estas encuestas. Son cinco partidos los que compiten, pero con verdaderas oportunidades de disputar el poder son tres: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, en ese orden según las simpatías en las encuestas”, precisa el analista político. Promesas incumplidas Los ciudadanos hondureños esperan que los candidatos presenten planes realistas para enfrentar los enormes desafíos económicos, sociales y de seguridad, a pesar de los profundos cambios implementados por la mandataria Xiomara Castro, que en apenas tres años y medio de gestión no aprobó en estos temas. En cuanto a “la lucha anticorrupción, existe una percepción generalizada de que el Gobierno actual ha mantenido prácticas nepóticas y corruptas de gobiernos anteriores y no se ha distinguido. No cumplió con una promesa que era instalar una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que había en Guatemala. También tuvo poca eficacia en la ejecución del gasto y hubo incumplimiento de promesas en materia de salud, principalmente”, subraya Miguel Calix Martínez. Gran masa de indecisos A pesar de la escasez de candidatos, la pugna presidencial se presenta muy abierta debido a una gran masa de indecisos que solo decidirán su voto según se desarrolle esta campaña, indica asimismo: “Más del 50% de la población, entre el 50 y 55%, no manifiesta tener simpatía por ningún partido político. Aquí las llamamos ‘las personas independientes', las personas que van a dar su voto según lo que pasa en estos últimos tres meses de campaña”. Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir dentro de 86 días al nuevo mandatario presidencial, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes. RFI analiza el contexto de estas cifras con Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick. Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, según un nuevo estudio, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia. En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. De acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Pew Center, una tendencia que confirma Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick en la antena de RFI: "El presidente Trump paró la entrada de refugiados, el programa de refugiados, que es un programa internacional. Ya aquí no han entrado más personas a través del programa de refugio. Es muy difícil que te aprueben un asilo e incluso la gente que ha entrado con asilo, que todavía tienen asilo pendiente de gente que lleva años con asilos pendientes, tienen miedo que que el desenlace de de su petición de asilo sea negativa".+ En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes.Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. Adriana Rivera considera que estas cifras reflejan de manera evidente el nuevo clima que se vive en Estados Unidos."La gente está viviendo con un nivel de miedo que yo nunca he experimentado. De hecho, yo soy ciudadana estadounidense y yo vivo con miedo. Mi familia vive con miedo. Se ha convertido en una atmósfera en donde incluso hablar otro idioma te puede poner un blanco en la espalda. Tener tatuajes, por ejemplo. Son tantas cosas completamente aleatorias y ridículas que uno ya no sabe verdaderamente ni cómo vivir en paz aquí. Obviamente hay muchas personas que están de acuerdo con esto, que lo celebran, pero hay muchísimas más que entienden que esto ya se está pasando de la raya y que esto es como un estado policiaco" dice para RFI y lanza un llamado de advertencia que hubiera sido inimaginable hace escasos meses. "Este país está cambiando. Día tras día se ven los policías, se ven los agentes federales en la calle, se ven los niños en las escuelas nerviosos, los vecinos que ya no salen como antes. Se ve una baja en cuánta gente está en el restaurante de la esquina. En este país la vida ha cambiado de un momento a otro y pues esto es una advertencia a las demás personas que que no copien lo que se está viviendo acá porque no es nada bonito", concluye.  Tras hacer campaña prometiendo deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la migración. Su gobierno ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visado para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico y ha desplegado miles de agentes federales para detener y deportar a migrantes indocumentados

El llamado Cartel de los Soles se refiere a una presunta red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.La pregunta es: ¿Existe realmente? El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en EEUU, explica los mecanismos de esta organización. Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como “una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”. Esta semana, el gobierno argentino lo declaró “organización terrorista”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que no existe y lo describe como “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”. Frente a estas versiones, el ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en Estados Unidos y crítico del chavismo, cree que “hay decenas de testimonios dentro del sistema de justicia norteamericano que dan cuenta de que Chávez creía en la posibilidad de que, en vez de combatir a los carteles y las organizaciones terroristas que hacen vida en Colombia, estas pudieran tener una forma de contribuir de alguna manera a la seguridad del proceso político". Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar esta organización narcoterrorista, cuyo nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela. Según el ex fiscal, "muchas personas que formaron parte de esta planificación criminal han declarado y han sido detenidos, hay colaboradores, es decir, el Cartel de los Soles tiene un sustento probatorio". "Miente Petro, sobre todo cuando dice que no existe, porque la misma inteligencia colombiana era plenamente consciente de la participación de altos funcionarios no sólo de la Fuerza Armada Nacional, sino de organismos de seguridad de Estado".  Zair Mundaray, estudioso del narcotráfico, explica por qué el Cartel de los Soles es una organización criminal particular: A diferencia de los carteles de México o Colombia, quienes controlan las operaciones formarían parte del propio Estado venezolano. "En el caso venezolano los que llegaron al poder se convirtieron en narcotraficantes. No estás hablando de un cártel como un cártel mexicano o el Clan del Golfo. Estamos hablando de  quienes están sentados en las oficinas públicas del Estado venezolano y tienen todo el poder de fuego y el dominio territorial", explica el experto.  Para el ex fiscal Mundaray, una de las pruebas más claras de la existencia del Cartel de los Soles está en un hecho paradójico: en Venezuela no se registra la violencia ligada al narcotráfico que sí golpea a países como Colombia. "El narco no ha traído los niveles de violencia que tiene Colombia. Puedes traficar miles de de toneladas y pasar por donde sea, y nadie se está matando por ello, como sí ocurre en Colombia cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pisa el territorio de la disidencia o cuando el Clan del Golfo pelea por su espacio. Aquí no hace falta eso, porque tienes una fuerza armada que lo hace y el que lo haga fuera de ese control sí lo alcanza la mano del Estado y lo apresa. Esto es una de las perversidades mayores del sistema creado por el chavismo".

En México y Centroamérica, ser mujer y migrante significa exponerse a múltiples formas de violencia: desde la exclusión del sistema de salud, hasta agresiones sexuales y el miedo constante. Seis de cada diez mujeres migrantes dicen sentirse inseguras durante su tránsito, alerta un informe de Médicos del Mundo. Para ir más allá de las cifras, esta ONG ha pedido a la artista Alexa Forero que traduzca esa realidad en una obra artística itinerante titulada “La cuerpa que migra”. México cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con acceso gratuito a la salud. Sin embargo, en la práctica, miles de mujeres migrantes no reciben una atención digna. La razón es un obstáculo administrativo casi infranqueable para ellas: el código CURP, Clave Única de Registro de Población. “El acceso al sistema de salud en México funciona normalmente bajo la presentación de un código que se refiere claramente a la identidad y está asociado a la residencia. Cuando una mujer extranjera migrante llega a los centros de salud de México le piden ese código”, explica a RFI Chiara Santoro, representante de Médicos del Mundo en México. “No teniendo ese código porque no son personas que ya tienen su residencia en México, se le niega sistemáticamente el servicio a la salud”, añade. En lugares como Tapachula, en la frontera sur de México, Médicos del Mundo ha documentado barreras estructurales alarmantes para acceder a servicios básicos. 'Cuerpas feminizadas' Esa evidencia se ha traducido en acción directa, incidencia política y, desde hace poco, también en arte. La artista visual Alexa Forero ha creado “La cuerpa que migra”, una instalación que combina recursos gráficos, sensoriales y testimoniales para traducir el trabajo de campo de la ONG en una narrativa estética, política y humana. “La obra entera está conformada por seis piezas, una es un sitio interactivo donde está albergada toda la información de la investigación que hace Médicos del Mundo y mi investigación propia a partir de encuentros que tuve con mujeres en Tapachula”, cuenta Forero. “Es una reflexión frente a la diferencia que hay en las ‘cuerpas feminizadas o femeninas' que emigran, porque la situación se es diferente cuando eres mujer por los temas de la agresión sexual, pero también las necesidades que tienen de salud sexual y reproductiva, del cuidado menstrual, de planificación. Entonces, todas estas experiencias, incluso la del embarazo en tránsito, es algo que atañe solamente al cuerpo de la mujer. Entonces sí, hay que hablar de ‘cuerpa' como organismo que atraviesa el proceso migratorio”, explica la artista. Según Médicos del Mundo, el 60% de las mujeres migrantes en México y Centroamérica reporta sentirse insegura durante su viaje.

Tras once años de proceso condenaron a 28 años de cárcel a dos empresarios madereros por el asesinato en 2014 de cuatro líderes indígenas ambientalistas, que habían sido amenazados por defender el bosque. RFI habló con el abogado de los familiares de las víctimas. La justicia ha confirmado la condena de 28 años de prisión y una reparación civil de 100.000 soles (unos 28.000 dólares) contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas en la comunidad de Saweto. Felipe Tapia, abogado de las viudas de las víctimas, celebró la decisión, destacando la importancia de esta confirmación judicial para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos. Si bien la defensa había solicitado penas más elevadas, llegando a un máximo de 35 años y una reparación civil de 250.000 soles, Tapia enfatizó a RFI que lo esencial y más importante ha sido la ratificación de la condena. "Estamos satisfechos porque lo que buscábamos era que la justicia alcanzara a las viudas de los líderes indígenas asesinados", afirmó Tapia, señalando que, a pesar de no lograr las penas máximas debido a criterios legales, la sentencia es "contundente" por su alta cuantía. La confirmación de esta sentencia de segunda instancia no solo hace justicia en el caso Saweto, también marca un precedente en un país donde los pueblos indígenas siguen siendo amenazados por actividades ilegales en sus territorios. El caso Saweto es paradigmático: se trata de uno de los primeros casos en que líderes indígenas son asesinados por defender sus tierras. Felipe Tapia subrayó la gravedad de la situación actual en Perú, donde los territorios indígenas son sistemáticamente invadidos por la tala y minería ilegal, e incluso por el narcotráfico. "Uno de los objetivos de obtener justicia a través de una sentencia condenatoria era establecer un precedente", explicó el abogado. “Esto genera un precedente en el sentido de que cualquier actividad ilegal que se realice atropellando, vulnerando los derechos indígenas, especialmente el territorio, tiene una sanción que debe ser claramente establecida. En este caso, sobre todo la violencia, la amenaza que se ha ejercido contra los líderes indígenas y que se viene ejerciendo todavía tiene que ser sancionada y tiene que ser reprimida con mucha severidad”, puntualizó.   Caso Saweto Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por oponerse a la tala de árboles ilegal en la región de Ucayali, en el este peruano, donde se encuentra la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, a la que pertenecían. Los victimarios son cinco madereros ilegales: los hermanos Josimar y Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Euricio Mapes. Ninguno de ellos acudió a la lectura del fallo y Mapes fue declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias.

La justicia argentina investiga un escándalo de corrupción que amenaza con implicar a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La semana pasada las autoridades argentinas allanaron varias propiedades para recabar pruebas sobre un presunto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Presiones, sobornos, audios filtrados a la prensa y un gobierno que se mantiene en silencio. La justicia argentina investiga un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que el exdirigente de este organismo, Diego Spagnuolo, a su vez próximo del presidente Javier Milei, fuese removido de su cargo tras salir a la luz unos audios aún no verificados, en el que se alude sobornos entre altos funcionarios e incluso salpican a la hermana del presidente, Karina Milei, quien es la actual secretaria General de la Presidencia. “No me ha sorprendido en cuanto a una práctica de este gobierno porque ya tiene denuncias en otros organismos”, dijo a RFI el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. “Lo que sí me ha dolido mucho es que sea en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo paradójico acá es que se hizo un ajuste salvaje de los recursos para las personas con discapacidad. Se estigmatizó a las personas con discapacidad como que tenían pensiones truchas, certificados truchos. La Justicia lo demostrará, pero por lo que se ha conocido. Además, estaban utilizando el organismo para enriquecimiento ilícito. Entonces es muy triste que desde el Estado se perpetre esto en contra de uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Yo confío en que la justicia actúe rápido, pues la justicia es la que debe dar las respuestas lo más rápido posible”, señaló. El escándalo que supone esta investigación coincide con las protestas que mantienen desde hace poco más de un mes las diferentes organizaciones a favor de los discapacitados que siguen luchando para que se apruebe una ley que permita garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. “El Gobierno ni siquiera nombra la situación, ni siquiera habla de esto porque lo toman como que acá no ha pasado nada. Y es vergonzoso porque las organizaciones de las personas con discapacidad la están pasando mal. Los profesionales no están recibiendo, digamos, el ajuste necesario y económico con respecto a esto, y hoy tuvimos que salir de vuelta en las calles para pronunciarnos en contra de esta corrupción, porque es terrible que no haya pan en la mesa de muchos y muchas personas, cuando en realidad hay un hecho de corrupción donde se están llevando plata en nombre de la discapacidad”, deploró Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad en CTA (Central de trabajadores en Argentina). Mientras la justicia argentina actúa con rapidez tras los 16 allanamientos realizados a finales de la pasada semana en el que se incautaron teléfonos y computadoras, contrasta con el silencio del gobierno que sigue sin pronunciarse sobre este caso al cierra de esta edición.

A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina azotaba las costas estadounidenses del Golfo de México. Al estado de Luisiana llegó con rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Ese mismo día, unos diques mal construidos y poco mantenidos no resistieron las crecientes, que se desbordaron, y la ciudad quedó bajo el agua durante días. En esta tragedia 1.392 personas perdieron la vida y los sobrevivientes reinventaron su ciudad. El 29 de agosto de 2005, y los días que le siguieron, marcaron la memoria de los habitantes de Nueva Orleans. Aquel día en menos de dos horas, las inundaciones cubrieron el 80% de esta ciudad poblada en ese entonces por 484 674 habitantes, con niveles de agua que superaron los seis metros en algunas zonas. Esto provocó desplazamientos masivos y, según The Data Center, un año después la ciudad se repobló pero a la mitad, con aproximadamente 230.172 habitantes en julio de 2006. Una nueva Nueva Orleans “Viví en Nueva Orleans justo después de que ocurriera el huracán Katrina”, narra su testimonio sobre los cambios demográficos de la ciudad el Dr. Paul Kadetz, Profesor en la Escuela de Ingeniería Shiley-Marcos de la Universidad de San Diego Estados Unidos y profesor titular en el Instituto de Salud Global y Desarrollo de la Universidad Queen Margaret en el Reino Unido. “En ese momento era enfermero. Así que decidí ir para ayudar”. “Lo que presencié entonces, y en las veces que he regresado, es que la población se ha vuelto económicamente más homogénea. Ya no es tan diversa en ese aspecto como lo era antes del huracán. Esto se debe en gran parte a que los servicios públicos de ayuda ya no existen, lo que ha provocado el desplazamiento de gran parte de la población. Es importante considerar que, a diferencia de muchas otras ciudades en Estados Unidos, donde la gente está más acostumbrada a viajar y a mudarse, en Nueva Orleans la situación es distinta. Ahí es común que las familias vivan en la misma ciudad por generaciones”.   Una década después, al hacer el recuento de los daños, el entonces presidente Barack Obama aceptó que Katrina dejó al descubierto “el fracaso del Gobierno a la hora de velar por sus propios ciudadanos”. Antes del huracán, los expertos ya habían asegurado que esta ciudad era vulnerable a las inundaciones porque tiene zonas que se encuentra por debajo del nivel del mar, donde residen las personas de bajos recursos. A pesar de la titánica tarea de reconstrucción, miles de personas regresaron, como es el caso de una comunidad vietnamita que tenía en la memoria la experiencia de la guerra de Vietnam y con “una gran capacidad de resistencia hacia la adversidad”, contó el Dr. Paul Kadetz. “Estas comunidades no sólo recuperaron sus hogares, sino que además lograron que el lugar se reconstruyera según sus propias indicaciones. Algo verdaderamente inusual. Este éxito se debió en gran parte a sus características únicas”, estimó. “Eran familias que vivían juntas. Ya habían enfrentado tragedias durante la guerra de Vietnam, tras vivir como refugiados en otra ciudad. Un sacerdote los invitó a Nueva Orleans para que formaran su propia comunidad parroquial: la parroquia María Reina de Vietnam (Mary Queen of Vietnam Church, en inglés) que era el centro y pilar de todas sus actividades sociales en Nueva Orleans”. Katrina causó daños que hoy equivalen a 170.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el huracán más destructivo en la historia del país.

El gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por los incendios que arrasan varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador y director de la Fundación Tierra, advierte que el modelo agrícola y ganadero, centrado en cultivos de exportación, favorece la deforestación y la quema de tierras, agravando la devastación ambiental. El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional ante el avance de los incendios forestales en varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, estima que el sistema de producción agrícola y ganadera, ligado a cultivos como la soya, el sorgo, el azúcar y el maíz, contribuye al agravamiento de este fenómeno. Hasta este miércoles se registraban 720 focos activos de fuego, de los cuales 540 estaban en Santa Cruz y 140 en la región amazónica de Beni. Los incendios incluyen reservas naturales consideradas patrimonio ambiental. Tras decretar la Emergencia Nacional, el gobierno podrá movilizar recursos humanos, financieros y la cooperación internacional para afrontar una crisis que ya ha arrasado miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras. En 2024, Bolivia sufrió un récord histórico de devastación, con más de 12 millones de hectáreas quemadas —equivalentes a aproximadamente el 11% del territorio nacional— como consecuencia de los incendios forestales. Juan Pablo Chumacero explica el origen de estos incendios: "En los últimos cinco o seis años hemos tenido incendios de tamaño totalmente desastroso en Bolivia. Esto ha generado una serie de alertas y preocupaciones de la sociedad civil, de las ONG, de la cooperación internacional, de la justicia ambiental y también de los distintos niveles de gobierno. A pesar de ello, a pesar de existir una serie de normativas que pretenden frenar los incendios —ya que muchos son ocasionados por mano humana con el fin de ampliar la frontera agrícola o buscar maneras de enriquecimiento rápido a costa del bosque y la tierra—, se siguen dando situaciones en las que la gente vuelve a quemar". Priman los intereses económicos de la industria agrícola  Según Chumacero, los intereses económicos de corto plazo se han impuesto en la agenda política, en detrimento del medio ambiente: "Lo que está detrás de estos incendios forestales es un sistema de producción agrícola y ganadera ligado a bienes de exportación como la soya, el sorgo, el azúcar, el maíz y también la carne vacuna. Este modelo se utiliza desde hace 40 años. El crecimiento del sector depende de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y habilitar nuevas tierras de cultivo. El sector agroindustrial, agrícola y ganadero es grande, tiene poder y hasta ahora ha mantenido una relación de trabajo en concordancia con el gobierno. Por esta razón, no se ha planteado de manera seria un cambio de modelo que suponga dejar de expandir la frontera agrícola recurriendo a estos métodos. Lo que tenemos es una política que más bien facilita la expansión mediante la quema y la deforestación". Hasta el momento se han realizado 52 operaciones contra los incendios forestales, con la participación de más de 900 personas, entre ellos bomberos, militares y miembros de diferentes instituciones.

El presidente Maduro anunció el despliegue de varios millones de milicianos en respuesta a la amenaza que representa la movilización militar de Estados Unidos cerca de sus costas. El senador estadounidense Marco Rubio confirmó la semana pasada el envío de fuerzas navales y aéreas al Caribe para una operación antidrogas, poco después de que la administración duplicara la recompensa por Maduro, acusado de formar parte de un cartel, a 50 millones de dólares. El anuncio del envío de 4,5 millones de milicianos por parte de Maduro se enmarca en el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por “información que conduzca al arresto” del mandatario venezolano y en el despliegue de 4.000 soldados estadounidenses, apoyados por un submarino de ataque nuclear, destructores, aviones de reconocimiento y otros buques de guerra en el Caribe. Para Eric Sigmon, exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, el anuncio de Maduro tiene un elemento de política doméstica. "No es sorprendente que Nicolás Maduro utilice la amenaza de una posible intervención estadounidense para fortalecer la cohesión entre sus seguidores y, sobre todo, dentro de las Fuerzas Armadas. Después de todo, su permanencia en el poder depende del respaldo militar. Ahora bien, hay que reconocer que el despliegue militar [estadounidense] que estamos presenciando no tiene precedentes. Representa una escalada por parte de Estados Unidos que parece estar considerando el uso de sus fuerzas armadas para una operación antidroga a gran escala en la región", sostiene Sigmon. Para este especialista, "la lucha contra el narcotráfico liderada por Washington se ha basado tradicionalmente en la cooperación con las fuerzas policiales locales o en alianza con los gobiernos de turno". Por eso estima que "Maduro no está del todo equivocado al señalar que esta movilización es ‘inusual y preocupante'. Sin embargo, también es cierto que, desde hace años, tanto él como su antecesor, Hugo Chávez, han recurrido al discurso del peligro de los gringos para pedirle a los venezolanos que los sigan apoyando", subraya Eric Sigmon. "Es un primer paso, una forma de tantear el terreno"  En este contexto, la posición de México cobra particular relevancia. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que defiende el principio de no intervención, no solo por convicción, sino porque está en la Constitución de su país. ¿Qué tanto tendrá en cuenta la administración Trump la postura de su vecino? "El despliegue militar estadounidense es un primer paso. Es una forma de tantear el terreno, probar los límites del derecho internacional y evaluar las reacciones que podría generar. Para muchos países, en especial para México, esta acción resulta preocupante. Los mexicanos también temen que Estados Unidos intente replicar este tipo de medidas en su propio territorio. De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló que Donald Trump le propuso enviar tropas estadounidenses a México para perseguir a los líderes de los cárteles y combatir el narcotráfico, una solicitud que ella rechazó", sostiene Sigmon.

Pese a la debacle de su partido, el MAS, en la primera vuelta presidencial, el expresidente boliviano Evo Morales celebró el histórico 19,2% alcanzado por el voto nulo que promovió. El análisis de Héctor Arce, diputado del MAS y cercano a la organización Evo Pueblo, y de Roberto Laserna, investigador social en Democracia y Desarrollo. Una de las lecturas más destacadas que deja la primera vuelta presidencial en Bolivia es la hecatombe del MAS, partido cuyo líder histórico ha sido Evo Morales. Atrás quedan casi 20 años de poder que desembocaron en la fractura de la izquierda bolivariana, entre otras razones, por los enfrentamientos entre Evo Morales y el presidente saliente, Luis Arce, así como la disidencia de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y la escasa popularidad de Eduardo del Castillo, candidato del Movimiento al Socialismo en las elecciones del fin de semana. Ese partido, según Héctor Arce, diputado del MAS y simpatizante de la organización política en proceso de construcción Evo Pueblo, ha sucumbido. “El MAS está muerto, está desmantelado, ha quedado desorientado porque no hay un liderazgo que pueda buscar la unificación. De hecho, muchos de sus responsables ya están hablando incluso de apoyar a Lara. Imagínese. Son una especie de prostitutos políticos que se adueñaron de la manera más irregular de la sigla (MAS). Hoy todos ellos han quedado huérfanos, descabezados, sin propuestas, sin discurso. ¿Qué van a poder decir de estos cinco años? Nada. Por eso, Eduardo del Castillo hablaba de los logros obtenidos durante los 14 años en que Evo Morales estuvo al frente del movimiento. En cambio, no se mencionaban los logros de Lucho Arce. Entonces, los del MAS han quedado pulverizados en este proceso electoral”, sostiene Héctor Arce. Evo Morales resiste  A pesar de que el MAS esté a punto de extinguirse, Evo Morales resiste en un segundo plano tras conservar un fuerte apoyo en algunos bastiones rurales e indígenas. El primer jefe de Estado de origen indígena en Bolivia hizo campaña instruyendo a sus bases a votar nulo para generar un boicot que se reflejó en casi 1,2 millones de votos nulos, un resultado histórico con un pico del 19,2%. Este es un hecho político que hay que tener en cuenta, comenta el investigador social en Democracia y Desarrollo, Roberto Laserna. “Fracciones del MAS han participado y han recibido directamente el repudio de la ciudadanía. Pero hay que reconocer que Evo mantiene hasta casi el 15% de su base electoral. Esto representa un riesgo para el sistema político, teniendo en cuenta que ese bloque está por fuera de las instituciones. Pueden movilizarse en las calles y, como tienen poco que perder, generar mucho conflicto y convulsión social. Se puede decir que el MAS, políticamente, ha fracasado y ha demostrado una absoluta incapacidad para aprovechar las mejores oportunidades que tuvo el país, pero al mismo tiempo no está del todo muerto y seguramente va a seguir causando problemas”. Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo no lograron convencer, con un 8,2% y un 3,2% de los votos, respectivamente, mientras Evo Morales celebraba el triunfo del voto nulo, que superó el 19%.

La doble sorpresa de las presidenciales en Bolivia celebradas el domingo es la ausencia de un candidato del bloque de izquierda en la segunda vuelta en octubre próximo, así como la llegada en primer lugar del candidato demócrata crisitiano Rodrigo Paz. Análisis con el politólogo Marcelo Arequipa. Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta, pero el senador del Partido Demócrata Cristiano, de 57 años, no solo disputará el balotaje el 19 de octubre, sino que parte en primera posición. Obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del expresidente Jorge Quiroga (26,8%). Dentro del deseo generalizado de cambio, su propuesta de centroderecha es vista como la más moderada. Lejos de ser un outsider, Paz tiene un amplio recorrido como político, ya que fue edil, alcalde y senador de Tarija. "Rodrigo Paz no es un político nuevo, pero sí alguien que ha sabido moverse y conectar con la gente, haciendo algo que Jorge Quiroga no ha hecho: trabajo territorial constante", explicó a RFI el politólogo Marcelo Arequipa. Si una mayoría de bolivianos ha decidido otorgarle la delantera en la primera vuelta, es, según Arequipa, porque "tiene un perfil más de político que de empresario". Rechazo al perfil empresarial de Doria   Su rival, Jorge Quiroga, por su parte, es un "político tradicional, pero no ha estado todos estos años recorriendo Bolivia de manera constante, como sí lo ha hecho Paz. Quiroga siempre ha tenido una agenda internacional, en contra de las izquierdas o del denominado Socialismo del siglo XXI. Se le puede considerar, en cierta medida, un político tecnocrático, si bien conserva un cariz de corte político. Samuel Doria Medina, en cambio, quiso mostrarse más como un presidente-empresario que como un auténtico político", sostiene Marcelo Arequipa. "Paz y Quiroga se diferencian en la forma, pero comparten propuestas de fondo como la eliminación de los subsidios a los combustibles y reducciones de impuestos. Ambos anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Evo Morales. Cualquiera que gane la presidencia tendrá el reto de cumplir los recortes de gastos prometidos a una población que se ha favorecido durante dos décadas de subsidios, bonos y programas sociales. La tarea no se anuncia fácil", agrega el analista.  La propuesta de Rodrigo Paz de un "capitalismo para todos" caló hondo entre el electorado desencantado de la izquierda. Pero, ¿qué explica justamente el desencanto por el Movimiento al Socialsimo (MAS)? "La disputa interna entre los políticos del bloque de la izquierda —Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez— terminó por cansar a la gente. No tanto por ser una pelea entre políticos, sino porque la ciudadanía empezó a sentir que esa disputa afectaba su bolsillo. La economía de las familias, la subsistencia diaria, comenzó a resentirse. La conexión entre política y economía se convirtió en un cóctel complicado y volátil para ese sector de la izquierda. Esto explica, en parte, el golpe que hoy recibe el bloque de izquierda en las urnas", explica Arequipa. Paz: "Cambiar el modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos"    El principal reto del próximo presidente será cumplir los recortes de gastos que ofreció, pues la población ya está habituada a recibir subsidios, bonos y programas sociales.   "Esta elección está demostrando que el electorado boliviano no está dispuesto a darle el poder a un candidato que represente un extremo, algo así como una vertiente pro-Milei, por decirlo de alguna manera. La gente se inclina más por un discurso de centro, más conciliador", subraya Marcelo Arequipa. De hecho, "tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga no han propuesto medidas radicales para la economía, es decir, medidas de shock, sino que han propuesto aquello que se conoce como el gradualismo, hacer las cosas de manera gradual. Y creo que eso es relevante en la medida en la que se traduce en la idea de que el pueblo de Bolivia no está dispuesto a escuchar medidas de shock, porque esos ajustes siempre van hacia abajo. En un Estado no van hacia arriba. Ése es un apunte importante para quien vaya a ganar realmente la segunda vuelta y cómo traduzca sus medidas económicas", concluye Arequipa. 

En los conflictos armados la violencia sexual es usada como una “táctica de guerra” y aumentó un 25% en 2024, de acuerdo con un informe de la ONU. Colombia es uno de los países donde se registró un fuerte aumento de agresiones sexuales en el contexto del conflicto entre la guerrilla y las fuerzas armadas. Desde Colombia hasta Ucrania, pasando por Israel y Afganistán, la violencia sexual ha sido utilizadas "como táctica de guerra", así lo denunció este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los países que encabezan la lista del informe anual “Violencia sexual en conflicto armado” son la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití y Sudn del Sur. “La violencia sexual es usada como un mecanismo de terror” dijo a RFI Pilar Rueda, asesora en Género de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El trabajo, elaborado a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, compara las cifras de violencia sexual respecto a las del año anterior. En Colombia, el informe reporta un aumento del 68% en 2024 en agresiones sexuales que son cometidas principalmente por grupos guerrilleros, pero también por la policía y las fuerzas armadas. Rueda aseguró que la violencia sexual es usada principalmente por los hombres, y que es importante el informe de la ONU porque exhibe la irresponsabilidad de los Estados para combatir este crimen. “En Colombia lo han vivido las víctimas de conflicto armado. Tenemos algunos avances, por lo menos formales. Estamos trabajando para aplicarlos en la realidad. Para eso fue importante el acuerdo final de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC porque es el primer acuerdo que incluyó la violencia sexual”, destacó. Impunidad El informe también señala que habrían estado implicados miembros de la policía y de las fuerzas armadas nacionales, y pide a las autoridades colombianas que agilicen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 relativas al género y que mejoren el acceso a la justicia para las víctimas. De acuerdo con la asesora, este crimen aumentó debido a la impunidad de más del 94% de los casos y lamentó que ningún país sancione la violencia sexual en conflicto armado. “Los procesos no logran determinar responsabilidades penales. Para las víctimas es muy agotador y para los victimarios es un incentivo”, lamentó. Además de la falta de jurisprudencia, Rueda evidenció que no existen medidas de prevención, “lo que refleja que sigue existiendo una profunda subvaloración de este delito”. “Es como si dijeran: ‘bueno sí, violaron a la persona, a la mujer, al hombre, al niño o niña', pero esa persona sigue viviendo. Y para quien no conoce lo que eso implica en los daños de las emociones y en la salud de las víctimas, es como si no fuera grave”, lamentó. “Existe una deuda con las víctimas y [es ahí] donde debería ponerse todo el interés”. Pilar Rueda pidió el establecimiento de métodos de investigación más efectivos, como los que desarrolló el premio Nobel de la Paz, el doctor Denis Mukwege, quien en su hospital atiende a víctimas de abuso y recoge pruebas forenses clave para llevar ante los tribunales a los agresores y así combatir la impunidad. La ONU aclaró que su informe publicado en 2025 fue elaborado con datos verificados en 21 países, pero que "existen denuncias en lugares como Ucrania y los territorios palestinos ocupados que no ha podido comprobar debido a la denegación de acceso a los observadores".

El congresista Julio César Triana sobrevivió este miércoles a un atentado en Huila, una región del sur de Colombia bajo influencia de disidencias guerrilleras. El ataque ocurrió el mismo día en que se realizaba el entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado en un magnicidio. El congresista del Partido Cambio Radical por Huila y conocido por su férrea oposición al Gobierno de Gustavo Petro, denunció un ataque armado con pistola y fusil contra su comitiva en una zona de influencia de las disidencias de las FARC. El legislador fue evacuado en un helicóptero del Ejército Nacional, con escolta de la Fuerza Aérea, tras el incidente. Pedro Víveres, politólogo y analista colombiano, informa cómo este país ha tenido que lidiar con la violencia política.  "En Colombia, en los años 80 y 90, mataron tres candidatos presidenciales y eso en su momento tuvo la acción de los presidentes de turno que desplegaron la protección de estos candidatos. Entre otras cosas, hubo una campaña que se hizo casi sin desplazamiento a las zonas, que fue la elección del presidente Gaviria en el 90", contextualiza el experto. Leer tambiénLa muerte de Uribe Turbay refuerza el discurso de seguridad de la derecha en Colombia Para Víveres, en aquel entonces "el Gobierno protegía a los candidatos". "Lo que tiene que hacer el Gobierno es proteger, sobre todo, a los candidatos de oposición, que es que lo que pasó con Miguel Uribe Turbay. Él no era solo un senador y un precandidato presidencial, sino un miembro de la oposición; y en una democracia la oposición es casi la joya de la corona". Este considera que si el Gobierno "no despliega una protección grande a los candidatos, tanto del oficialismo -es decir, del petrismo-, como de la oposición; va a haber un problema muy grave en materia de protección política, lo cual no es deseable para ninguna democracia". El presidente Petro ha impulsado la política de "Paz Total", que busca acuerdos con todos los grupos armados del país. Sin embargo, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, explica los obstáculos que enfrenta el Gobierno para garantizar la protección de los ciudadanos: "Hay muchas personas que requieren el esquema de protección de gente que lo necesita realmente, pero no alcanza, no es suficiente". Este aclara que el Estado "gasta muchísimo dinero en esquemas de protección en vehículos, en blindajes, en combustible... pero ni así alcanza, porque el nivel de riesgo en Colombia es extremadamente alto". Leer tambiénFallece Miguel Uribe, precandidato presidencial baleado hace dos meses en Colombia "Ahí pasamos al otro asunto, que es quiénes generan violencia en Colombia. Colombia, desafortunadamente, es uno de los países que tiene la peor tasa de asesinatos a líderes sociales y a defensores de derechos humanos en el mundo", cuenta Carvajal. El consultor en seguridad dice: "En Colombia se asesina un líder social y un defensor de derechos humanos a diario. Los agentes generadores de violencia son múltiples, son variados y se incrementan cada vez más. Desafortunadamente, este Gobierno fracasó con una política y una estrategia gubernamental que fue la paz total". Según el centro de investigación Indepaz, entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados.

La justicia mexicana libera a Luis Rey García Villagrán que había sido acusado de tráfico de migrantes cuando organizaba una caravana migrante que partía desde Tapachulas hasta la capital mexicana la semana pasada. Escuche la primera entrevista que le ofreció a un medio de comunicación tras recobrar su libertad. El activista Luis Rey García Villagrán, conocido por su defensa de los derechos de los migrantes y director del Centro de Dignificación Humana, fue liberado tras seis días de detención. Un juez decidió no vincularlo a proceso durante una audiencia, descartando los cargos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes que pesaban en su contra.  “Lo que determinó un juez federal fue la no vinculación a proceso por dos cuestiones. Una, tener certeza primero, que nosotros pertenecemos al Centro de Dignificación Humana que es un organismo no gubernamental sin fines de lucro y no pertenecemos a una organización criminal. Y la segunda fue que nosotros estamos oficialmente reconocidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, que tenemos un riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos”, explicó García Villagrán. Tras recuperar su libertad, García Villagrán siguió con su lucha por la dignificación de las personas migrantes. Aprovechó el micrófono de RFI para denunciar la supuesta corrupción que existe en las instituciones estatales mexicanas responsables de gestionar los permisos de residencia para migrantes.  “Nosotros, desde hace más de seis años, desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos señalado puntualmente y con pruebas indubitables la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración, que se volvió un cártel donde se vendían todo. Visas, se vendían entrevistas, las residencias permanentes, se ha vendido todo. Hay carpetas de investigación que la misma Fiscalía General les dio ‘carpetazo', como se dice en el argot de los abogados. A pesar de haber presentado fotos, testimonios de migrantes en los cuales se le vendía las entrevistas grabadas para tener el asilo político, el tráfico de influencias y dejar a mucha gente, que verdaderamente es potencialmente candidato a ser un asilado político, afuera y por eso nosotros pedíamos justicia”.  Aseguró que él y su organización seguirán exigiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera en México que investigue “quiénes son los verdaderos traficantes de personas”. Según él, actualmente se enfocan “hacia los defensores de derechos humanos, que lo que hemos hecho es exhibir la corrupción y por eso hemos sido criminalizados y perseguidos por el Estado mexicano”, aseguró. El activista terminó agradeciendo el apoyo de las ONG y los medios de comunicación, cuyo respaldo, según afirmó, fue determinante para lograr su liberación. Escuche la entrevista completa de RFI a Luis Rey García Villagrán tras ser liberado:

Continúa en Texas, Estados Unidos, la pugna entre republicanos y demócratas sobre los mapas propuestos para la Cámara de Representantes, que podrían otorgar a los republicanos cinco escaños más. Unos 50 legisladores demócratas siguen fuera de Texas para demorar la votación por este cambio, a pesar de las amenazas de ser arrestados.   Hace nueve días que los legisladores demócratas de Texas abandonaron ese estado para bloquear una redistribución de distritos electorales que favorece a los republicanos.  “Sabemos que perdemos no solamente sillas hacen Congreso que ya tenemos representado por personas de color y mayoría latino, pero vamos a perder más voces para las personas que no están de acuerdo con la agenda del presidente Trump”, asegura Ramón Romero, miembro de la Cámara de Representantes de Texas y uno de los demócratas que se refugió en el estado de Illinois a la espera de que concluya el periodo legislativo especial. “La única oportunidad que tenemos es de salirnos del estado, parar esta propuesta ahorita e iniciar la plática por todo el país, de que si Texas lo puede hacer en media década, y si tienen la oportunidad como tiene Texas, tienen que pensarlo en serio y hacerlo”, manda como mensaje el legislador Romero.   Leer tambiénAlejarse de Texas, la estrategia demócrata contra la maniobra electoral republicana Este movimiento, controvertido pero legal, es una manipulación partidaria del mapa electoral que se ejerce desde hace tiempo por ambos lados en la política estadounidense y que, en este caso, intenta evitar que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año, donde el partido opositor generalmente tiene más éxito. Ante tal movimiento el estado de California, con dominio demócrata, amenazó con trazar el mismo plan de los republicanos en Texas. “En California la propuesta todavía es que no lo van a hacer si Texas no lo hace. Si Texas lo hace, ellos van a actuar. Y además de eso, todavía va a haber la oportunidad para que el ciudadano que tiene el derecho a votar en California, decida si esto es algo que tenemos que hacer”, dice Ramón Romero, recordando que la diferencia es que en California los electores pueden “decir sí o no” al cambio de mapas. Tras la fuga masiva el Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores demócratas, pero estas no tienen validez fuera del estado. Recientemente el senador republicano John Cornyn, pedía la colaboración del FBI para localizar a todos los legisladores que salieron de Texas, entre los que se encuentra Ramon Romero. “No, la verdad es que no tenemos temor. Aquí en este país hay separación de poderes entre el estado y federales. No tenemos una policía federal que se puede ir de estado a estado. Simplemente pueden coordinar con el estado si el estado los invita. Así es que simplemente es política”, recuerda Romero.   Escuche la entrevista completa de RFI a Ramón Romero:    La iniciativa del rediseño plebiscitario promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es inusual ya que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral, cada 10 años, conforme a la información de población que entregue el censo.

Recta final en las elecciones presidenciales de Bolivia con un cerrado porcentaje en las intenciones de votos. Las encuestas apuntan a un 2% entre los candidatos de derecha, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. No obstante, algunos analistas estiman que los pronósticos podrían cambiar vertiginosamente porque no se sabe hacia dónde van a dirigir sus votos los simpatizantes de izquierda: un voto nulo o un voto a favor del candidato Andrónico Rodríguez que lo lanzaría al segundo o primer lugar. Queda una semana para las elecciones generales en Bolivia y comienzan los cierres de campaña de los aspirantes a la Presidencia. Samuel Doria Medina (Unidad, centroderecha liberal) y Jorge Quiroga (Libre, de derecha liberal conservadora) lideran las encuestas, pero no seguro que sean ellos los que vayan a segunda vuelta ya que el resultado dependerá en gran parte, vaticinan analistas, de los indecisos, que tradicionalmente han votado por los candidatos de la izquierda, especialmente del Movimiento al Socialismo (MAS) que ha dirigido ese país suramericano en los últimos 20 años. Según las diferentes encuestas de intención de voto, no hay una orientación clara para saber si el nuevo presidente de Bolivia será de derecha, de centro o de izquierda. “Ahorita la moneda está en el aire”, así lo resume la politóloga Ana Lucía Velasco, experta en psicología electoral. “El candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), está el tercer o cuarto lugar según las encuestas. [Rodríguez] comenzó con un 12%. Ha ido bajando. Ahorita está en un 8%. Mucho de ese porcentaje es de las personas que votan por la izquierda y que ahora están entre los indecisos”, explicó Velasco. “Vamos a descubrir el día de la elección si esas personas se van a decidir por votar por este candidato, que lo haría subir al primero o segundo lugar, o si van a decidir votar nulo, como un voto protesta, que es a lo que ha estado llamando el ex presidente Evo Morales a sus bases, a sus seguidores: no avalar esta elección en la que él no ha podido participar". Derechas La analista estima que si Andrónico Rodríguez no queda en el primer o segundo lugar, el balotaje del 19 de octubre se daría entre los candidatos de derecha, lo que significa que habría un cambio en la dirección del gobierno que ha sido dirigido por el MAS durante casi dos décadas. Velasco detalló que el candidato Doria Medina es el actual el vicepresidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (CISALC) y que su tendencia política “está más en el centro derecha”.  “Es un conocido empresario boliviano que ha trabajado en hotelería, en la construcción, también en la comida rápida”. “Jorge Quiroga está más a la derecha. El ha sido el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, un antiguo dictador militar, que se volvió a postular cuando ya había elecciones y que ganó una elección”, explicó la analista y recordó que Quiroga fue presidente durante un año cuando Banzer Suárez dejó el cargo por cuestiones de salud. De acuerdo con la especialista, estos dos candidatos los separa un mínimo porcentaje de 2% y no se sabe quién lidera las encuestas. “Todo es posible en verdad que sea Samuel el que esté en primero o Jorge “Tuto” Quiroga en primero. La diferencia entre ambos es tan pequeña que tengan que ir a segunda vuelta”. "Pero también está el escenario de que el antiguo votante de izquierda decida votar por Andrónico Rodríguez, y la segunda vuelta sea entre uno de estos dos: entre Andrónico- Samuel, o entre Andrónico- “Tuto” Quiroga”. En Bolivia el voto es obligatorio por lo que se espera que casi 8 millones de personas salgan a las urnas el domingo 17 de agosto para elegir al presidente, al vicepresidente y a diputados y senadores.

La reciente visita a México de la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto de relieve la intención de ambos países de reforzar su asociación, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado los aranceles a productos canadienses al 35%, y mantiene la presión sobre México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  En un escenario de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, México y Canadá han comenzado a explorar un fortalecimiento de sus lazos bilaterales, una movida que los analistas interpretan con una mezcla de optimismo y escepticismo. Si bien la idea de un frente común entusiasma a algunos, otros expertos advierten sobre los desafíos que podrían obstaculizar una colaboración más profunda, como lo explica Derzu Ramírez, director académico de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. "Tengo mis reservas sobre hasta qué punto Canadá y México puedan lograr un acercamiento real y sustancioso, porque la historia reciente nos dice que Canadá siempre ha visto con cierto recelo a México en términos de la región de América del Norte, en el sentido de que lo ve como un competidor económico que le puede restar presencia en el mercado estadounidense y también inversiones", explica a RFI. No obstante, para Derzu Ramírez los desafíos van más allá: "Entre Canadá y México, no solamente está la relación económica. También ha habido roces importantes en la cuestión de las visas. En algunas ocasiones, Canadá ha impuesto la necesidad de visas para que los mexicanos puedan ir a ese país. Ese tipo de situaciones responden mucho a presiones de los Estados Unidos". Lo que tendríamos que ver bien es que México siga siendo un país confiable. A pesar de las dudas, existen áreas claras donde la cooperación podría ser beneficiosa para ambas naciones: "Para México, Canadá es un inversor importante. No es el más importante, pero es un inversor significativo, sobre todo en la cuestión de minería y de energía. Creo que ahí lo que tendríamos que ver bien es que México siga siendo un país confiable, que brinde certidumbre jurídica, sobre todo en este sector, y que México no pierda ese poder de atraer este tipo de inversiones canadienses". Para el profesor Ramírez, el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum descarte públicamente la posibilidad de firmar un tratado comercial bilateral con este país le envía un mensaje claro a la Casa Blanca: "Dejarle muy claro que México y Canadá no van a buscar un acuerdo bilateral que saque a Estados Unidos. Eso yo lo interpreto como una forma de no generar ningún tipo de suspicacia, ningún tipo de enojo por parte del Gobierno de Trump". Trump elevó del 25% al 35% el arancel a los productos canadienses, mientras le dio una prórroga de 90 días durante la cual se mantendrá el arancel del 25% sobre productos mexicanos. Están exentos los productos que integran el tratado de libre comercio vigente entre Estados Unidos, México y Canadá.

El Gobierno brasileño presentó este miércoles una petición de consultas con Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es la primera medida que toma el presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la  imposición de los aranceles estadounidenses por "violar de forma flagrante compromisos centrales asumidos por EE.UU. en la OMC". Pero la eficacia de esta decisión es cuestionable, según el economista Enrique Millán-Mejía del Atlantic Council.   RFI: Enrique Millán-Mejía, usted es asesor en desarrollo económico de América latina del Atlantic Council, un laboratorio de ideas estadounidense en el campo de los asuntos internacionales. Este miércoles 6 de agosto, Brasil recurrió a la OMC para impugnar los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos al tercio de sus productos. ¿Es posible revertirlos por esta vía?  Enrique Millán-Mejía: Brasil va a argumentar que EE. UU. tomó decisiones unilaterales, algunas de ellas basadas en intereses políticos, para incrementar los aranceles. La posibilidad de que un proceso en la OMC avance rápidamente es bastante limitado. El comité de solución de controversias en este momento se encuentra con una capacidad de funcionamiento muy distinta a lo tradicional. Básicamente por una discusión interna que hay en la OMC sobre el financiamiento de la entidad y sobre todo por el rol que juega Estados Unidos en la financiación de la OMC. Entonces, es poco probable que tenga éxito en el corto plazo.   Por otra parte, los aranceles que Estados Unidos está imponiendo a Brasil son producto de una normativa interna de los Estados Unidos y no producto de acuerdos comerciales en el marco de la OMC.  Leer tambiénCómo Brasil planea resistir los aranceles adicionales del 50 % impuestos por Trump RFI: En ese caso, el presidente Donald Trump se amparó en la ley de emergencia económica y seguridad nacional para imponerlos.  Enrique Millán-Mejía: Muchos podrían decir que no hay una razón específica que relacione la seguridad nacional con los aranceles. Sin embargo, la solución a ese dilema sólo se puede dar en los estrados judiciales de Estados Unidos y solo un juez podrá decidir si el presidente se extralimitó en sus funciones o no.   Actualmente, la ley IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, en inglés), que es la ley de emergencia económica y seguridad nacional, está demandada en varias cortes federales. Es altamente probable que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en próximos meses tomé una decisión.   La decisión que va a salir de allí, dicen los expertos, es que la corte le va a decir al presidente que no puede utilizar esa medida para imponer aranceles de manera indefinida, sino que los puede utilizar solamente por tiempo limitado.  RFI: ¿Cuál podría ser la mejor solución?  Enrique Millán-Mejía: Creo que Brasil tiene que seguir un poco la carta de navegación que ha venido implementando el Gobierno de México de diplomacia comercial, es decir, de tener equipos negociadores en ambos países, hablando de los problemas que ambas naciones enfrentan en la actividad comercial y de otros temas relacionados. 

Delegados de 180 países están reunidos en Ginebra, Suiza, para negociar un tratado global contra la contaminación plástica. No es fácil, debido a la posición de una decena de países productores de plástico y petróleo, cuyos polímeros son un derivado. Otros actores muy presentes que quieren impedir un tratado demasiado ambicioso contra el plástico son las empresas petroquímicas y las de la industria de bebidas en botellas de plástico. “Ante la amenaza de una minoría de bloquear las negociaciones finales en Ginebra para un tratado sobre plásticos, los países deberían invocar su derecho al voto para garantizar que se alcance un acuerdo ambicioso”, se lee en una columna de la plataforma de noticias suizas Geneva Solutions.   Está firmada, entre otros, por el político Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara de Colombia y autor de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en ese país sudamericano, conocida como la Ley 'Chao Plásticos'. “30 años de lucha ambiental desde Kioto y ha sido absolutamente imposible tener acuerdos internacionales que realmente le hagan frente a la crisis climática. ¿Por qué? Por los intereses económicos de cuatro o cinco países que son los principales responsables de la emisión de gases a efecto invernadero: China, India, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea”, dijo Lozada a RFI.  La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2022 creó un comité para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, con un enfoque integral que aborde todo el ciclo de la vida de los plásticos.   Tras cinco reuniones, la más reciente en diciembre pasado en Busan, Corea del Sur, no se ha podido adoptar un texto definitivo.  El tratado, como todo pacto de la ONU, requiere consenso y no mayoría, un mecanismo que preocupa a la Coalición Interparlamentaria para Acabar con la Contaminación Plástica, firmante de la columna al respecto. Leer tambiénLíderes mundiales se reúnen en Ginebra para forjar un acuerdo histórico contra el plástico Consenso “Cuando un país no está de acuerdo puede trancar una discusión en la que una amplia mayoría sí está de acuerdo. Es grave porque las soluciones que el planeta está necesitando hoy en materia de reducción de la contaminación plástica se puede ver frustrado por la posición de apenas unos cuantos países que prefieren defender sus  propios intereses económicos”, denuncia el político y defensor del medioambiente. “No podemos hacer absolutamente nada según los instrumentos internacionales”, asegura. “Por eso es que aquí hay una discusión de cómo deberían ser aprobados estos tratados, y es que deberían ser aprobados por consenso o si deberían ser aprobados por mayorías".  Antes de llegar a un tratado hasta el 14 de agosto, deberán negociarse más de 300 puntos de desacuerdo. Entre ellos, si se incluye o no una limitación de la producción de plásticos nuevos.  “No solamente los países petroleros se han opuesto, también se oponen países que tienen un alto lobby de los comercializadores del plástico”, precisa Lozada. Anualmente se producen 460 millones de toneladas de plástico, la mitad de los cuales son de un solo uso, y se recicla menos del 10% de los residuos plásticos. 

El presidente argentino, Javier Milei, vetó la ley que otorgaba aumentos a jubilaciones y pensiones por discapacidad, aprobada por mayoría en el Congreso en julio. Según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, la medida fue rechazada por considerarse contraria a su política de equilibrio fiscal. Jubilados y discapacitados argentinos fueron vetados por Javier Milei al aumento de sus pensiones. Por un lado, los jubilados que exigen un incremento del 7,2% en sus pagas, representan el sector más afectado por la política de ajuste del gobierno, con haberes que encarnan un tercio de la canasta básica del adulto mayor. Actualmente, según las entidades de estadística de Argentina, el valor de la jubilación mínima, monto cobrado por el 63,5% de las personas en estado de retiro es de 384.300 pesos, el equivalente a alrededor de 279 dólares. Un monto que estaría rozando la línea de la pobreza. Sandra Zapatero es secretaria de Seguridad Social de la Central de trabajadores de la Argentina (CTA) e indica que más o menos tres millones de jubilados y pensionados estarían recibiendo este aumento que vetó el  presidente. “Entonces creemos que es una crueldad brutal. Los pensionistas y los jubilados en Argentina hoy estamos todos los miércoles en la calle, en el Congreso, siendo reprimidos por la policía, reclamando aumentos y los medicamentos que teníamos gratuitos y una moratoria”, indicó Zapatero. Para ella, las consecuencias no serían demasiado importantes porque la jubilación es mínima, “es ínfima, están por debajo del índice de la pobreza y el aumento es paupérrimo. Podrían comprar, 3 kg más de pan, que no es demasiado. Creo que los jubilados están en el peor momento de la historia”, asegura. Pensiones por discapacidad No solo los jubilados se podrían verse afectados por este veto ya que el mandatario argentino tiene el interés de inmovilizar el proyecto legislativo que estipulaba mejoras a las ayudas económicas y las pensiones por invalidez a las personas con algún tipo de discapacidad, comenta Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad, también perteneciente al sindicato CTA: “Más de 70.000 pensiones fueron bajadas abruptamente, hay más de cinco millones de personas con discapacidad y de esos cinco millones, solo un millón y medio estaban utilizando al Estado con el tema de la pensión, o sea que ni siquiera es el 12% de la población que está percibiendo las pensiones, la ley lo que dice es un aumento mínimo de casi 15.000 pesos mensual en la pensión, comparando con la inflación que tenemos hoy en la Argentina, que son casi 200%, más allá de que hay personas que dicen que no hay inflación.  La verdad que con 200.000 pesos que tiene la persona con discapacidad no se puede vivir, hoy por hoy la canasta familiar es de un millón y medio”, agregó. Tras la publicación del veto se inicia ahora el trámite legislativo para confirmar o rechazar la voluntad de la Casa Rosada. Para revertir la decisión de la Presidencia, cada una de las Cámaras del Congreso necesita al menos dos tercios de los votos de los legisladores que componen el hemiciclo. De este modo, si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores secunda la decisión de Milei, los proyectos quedarían finalmente derrotados.

El 31 de julio de 2025 el congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida dejándole a Nayib Bukele el camino libre para perpetuarse al mando de este país de América Central. Las reformas constitucionales que le dan más poder serían “un quiebre definitivo para su democracia”, dijo a RFI Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En un trámite exprés, el jueves 31 de julio, los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños aprobaron las leyes que le permitirían al presidente Bukele seguir en el poder de manera indefinida. Al ritmo de fuegos pirotécnicos que estallaban en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, la capital, los legisladores ratificaban una serie de reformas constitucionales para que entraran en vigor la "reelección sin reservas", la ampliación del mandato de gobierno (de 5 a 6 años), y el desarrollo simultáneo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La reforma también le ponía fin a la segunda vuelta electoral. Leer tambiénBukele consigue luz verde para su reelección indefinida en El Salvador Para Juanita Goebertus, el poder que le dio el legislativo salvadoreño a su presidente es un ejemplo de cómo se forman los gobiernos totalitarios. La defensora de derechos humanos pidió a los latinoamericanos que estén atentos cuando alguien pretende implementar el modelo Buekele. “No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a coptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en le poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, dijo. Seguridad forzada Bukele, que ganó las elecciones de 2024 con un 85 % de los votos, alcanzó gran popularidad por su "guerra" contra las pandillas, reduciendo a mínimos históricos la violencia en el país. Aun así, Goebertus alerta del peligro que corre la población civil. “La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”. Para ella el caso de la represión en Venezuela es un ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades, donde "se traduce en represión del pueblo” y donde “ya no quedan controles para evitar que ese tipo de arbitrariedades se puedan dar”. Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. "Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacarcel que construyó para los pandilleros. [Con ello] Donald Trump ha provocado una valentonada de los distintos líderes autoritarios de la región”, dijo. Sin oposición Goebertus prevee un futuro incierto para El Salvador con un calendario hecho a la medida de las pretensiones de gobierno indefinido de Bukele. “Se anticipan las elecciones presidenciales dos años [serían en 2027, NDLR] para unificar el calendario electoral, lo cual significa que Bukele volverá en dos años a ser elegido, que controlará nuevamente la asamblea, que tendrá ahora un periodo más largo, de seis años”. “Seguramente para el momento en que haya nuevamente elecciones, la represión haya aumentado de tal manera que sea imposible cualquier tipo de alternancia”, lamentó. Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo incapié en que en los últimos tres años en estado de excepción, el Gobierno de Bukele ha encarcelado a 88 mil personas, muchos de ellos encarcelados de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.

Las ofensivas con drones son objeto de preocupación en Colombia, donde se han disparado las cifras de víctimas en 2025 según la Cruz Roja. Esto, en un convulso contexto de conflicto armado. Los ataques con drones en Colombia son una muestra del aumento de la violencia de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC. Un incremento que está alarmando a las autoridades. Miedo e incertidumbre El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló en su último informe que las víctimas por ataques explosivos se duplicaron en los primeros meses de 2025, un fenómeno desbocado por el uso intensivo de drones, nos explica su portavoz Ana María Hernández: “Lastimosamente, el uso de diferentes tipos de artefactos explosivos es una diferencia muy grande respecto a la década anterior, donde veíamos un uso específico de minas antipersonal. Pero en este momento estamos viendo el uso de diferentes tipos de armas, municiones y artefactos explosivos”. Según ella, estos ataques tienen importantes consecuencias humanitarias y han llevado a que “muchas comunidades tomen diferentes tipos de decisiones, como desplazarse o confinarse”. Entre enero y mayo, la Cruz Roja registró más de 500 víctimas de artefactos explosivos, un aumento del 145 % en comparación a 2024. El uso de drones con bombas ha influido en este aumento de víctimas, de las cuales, tres cuartas partes eran civiles. “Uno de los factores más preocupantes para la población civil es el miedo, la zozobra, la incertidumbre del uso de estos vehículos aéreos no tripulados. Se presentan ataques y confrontaciones armadas entre las partes en los conflictos, en momentos en los que la población está en sus labores cotidianas. Entonces esto es una preocupación muy grande para la comunidad. Puede presentarse en zonas densamente pobladas, puede presentarse en caminos…”, detalla la portavoz del CICR. “Las peores condiciones humanitarias” Teniendo en cuenta la situación actual, la organización ha sido contundente en su informe, afirmando que, para fin de año, Colombia podría sufrir “las peores condiciones humanitarias” en una década. “Se avecinan tiempos difíciles para el país en términos de consecuencias humanitarias. El balance infortunadamente muestra un incremento, un agravamiento considerable de todas estas consecuencias. La población civil no tendría por qué verse afectada y lastimosamente estamos viendo en el contexto colombiano un incremento muy grande de afectación sobre la población civil”, recalca Hernández. Finalmente, más de 58.000 personas se desplazaron este año para huir de la violencia de los grupos armados. Según la Cruz Roja, esto supone un incremento del 169 % con respecto a 2024, y seguramente, estas personas no regresarán a sus hogares.

Mientras varios gobiernos negocian in extremis con Donald Trump su política arancelaria, horas antes de que se cumpla el plazo del 1 de agosto que dio a sus socios comerciales para imponer su lista de aranceles, Brasil ha sido uno de los más castigados con un 50% de imposición. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. El año pasado fue de 6 mil 800 millones de dólares y su ventaja se ha mantenido durante los últimos 18 años. Por eso, un 50% de aranceles para el gigante latinoamericano resulta difícil de procesar desde un punto de vista económico. Donald Trump ha argumentado que la medida se da en represalia por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022.  Para el economista Alex Agostini, jefe de la calificadora Austin Rating, esto va más allá de una amistad: “El interés de Donald Trump era, en primer lugar, forzar la amnistía de Bolsonaro. Una vez amnistiado, volvería a ser elegible para las elecciones de 2026. En caso de que ganara las elecciones para Estados Unidos, él sería un aliado importante para flexibilizar la ley la explotación de minerales raros. Brasil tiene las segundas mayores reservas de minerales raros del mundo, lo que es de gran interés para el sector tecnológico, especialmente en Estados Unidos. Pero Brasil tiene una legislación muy estricta que no lo permite". No es la primera vez que Trump amenaza con aranceles para lograr su agenda política, indica Vinicius Rodríguez, profesor de Relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas: “La implicación económica es muy problemática para los sectores que no han sido dejados de lado en el tarifazo, como el sector de café, carne, frutas tropicales. También, claro, los textiles y los zapatos, que son productos que exportamos muchísimo a los Estados Unidos y que todavía teníamos competitividad, mientras que aproximadamente 42% de los productos no serán, no estarán sujetos a la tarifa, los otros estarán con consecuencias muy malas para los empleos, como por ejemplo en el sector de Asaí, que es una fruta tropical que solo Brasil produce, quizás 300 mil empleos quedan en riesgo después del tarifazo”. Según Rodríguez, los productos que Trump ha dejado por fuera de este 50%, como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles, los fertilizantes o los metales preciosos son aquellos que no pueden suplir los mismos estadounidenses. 

En Estados Unidos, se multiplican las denuncias sobre las condiciones abusivas de detención en Alligator Alcatraz, una de las cárceles migratorias, inaugurada hace un mes en Florida por Donald Trump para acelerar las expulsiones de extranjeros. Los jueces examinan actualmente dos demandas contra la creación de este polémico centro. “Están en una jaula. En cada jaula tienen 32 camas”, explica a RFI la estadounidense Ashly Valdez, esposa de un reo cubano de 31 años y detenido desde el 11 de julio. La mujer, quien reside en Orlando, alerta sobre las condiciones de detención infrahumanas impuestas a su esposo Gonzalo Almanza en Alligator Alcatraz, la cárcel migratoria inaugurada el 1 de julio en Florida por Donald Trump para facilitar las expulsiones de extranjeros.  “No tienen acceso a abogados” “Tienen un aire acondicionado que está súper frío. O sea, imagínese bañarse en agua fría y salir y estar en el frío. Tienen una cámara ahí encima de los toilets que está viendo cuando los hombres vienen y hacen sus cosas. No tienen privacidad. Ha habido casos donde ni les quieren dar papel, rollos de toilet. Imagínese, 32 hombres y les dan un rollo de toilet. Y les dicen que ya les dieron uno para 32 personas. La comida, no están dando porciones para adultos, están comiendo un sándwich”, denuncia Valdez. “Otra cosa que deben tomar en cuenta es que ellos tienen ocho luces sobre cada jaula, que son LED, que son brillantes, brillantes y están prendidas 24 siete, no se apagan. Un perro vive mejor. Tienen acceso al teléfono que es la única cosa, pero no tienen acceso a abogados, nadie puede entrar a verlos. Les quitaron todos sus derechos. Mi esposo está aquí, tiene su residencia permanente, no es un ilegal”, subraya. Gonzalo Almanza llegó a Estados Unidos a los seis años y vive legalmente en el país. Y aunque tiene antecedentes penales, su abogada asegura que cumple con sus obligaciones probatorias. Fue precisamente durante una de sus citas rutinarias con un oficial de justicia, que el hombre fue detenido, sin que hasta el momento se le haya notificado ningún cargo o motivo exacto. “Está en el limbo” “Él fue a ver a su probatoria y cuando ella abrió la puerta había dos agentes de ICE y le dijeron que tenían una orden administrativa contra él y no le dijeron nada más. Él está en un limbo. No hemos podido visitarlo. La abogada todavía no ha podido ir a verlo”, precisa la mujer. “En mi opinión, diseñaron el sistema para torturar y para que la gente simplemente renunciara a su caso y dijera 'no puedo quedarme aquí, quiero irme a casa ahora mismo, ni siquiera voy a intentar defender mi caso ante los tribunales'”, denuncia al micrófono de RFI Anna Weiser, defensora de Gonzalo Almanza y abogada especialista en asuntos migratorios en la firma Smith and Eulo. Actualmente, la creación de este centro de detención migratorio está siendo objeto de dos demandas en tribunales. Por una parte, organizaciones de derechos civiles estiman que la imposibilidad de los abogados de acceder a las instalaciones viola el derecho a un juicio equitativo. Y por otra parte, ONG ambientalistas consideran que las infraestructuras del centro, en la reserva natural del humedal de los Everglades, contradicen las normativas ambientales de protección de especies frágiles.

Tras un largo proceso judicial que inició en 2012, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha. ¿Qué supone esta condena? La condena del exmandatario colombiano Álvaro Uribe es sin precedentes y representa un avance en la búsqueda de justicia sobre los crímenes del paramilitarismo en Colombia. Grupos paramilitares propios “Álvaro Uribe fue gobernador en los años 90 del departamento de Antioquia, que era uno de los puntos álgidos del conflicto en el país. El único hecho de que él nunca se ha escondido es que sí fue un impulsador de unas cooperativas de seguridad que se llamaron en esa época las ‘Convivir', que funcionaron como una fachada legal del paramilitarismo durante todos los años 90”, explica a RFI Jacobo Grajales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris 1 Sorbona. “Pero”, prosigue, “las otras acusaciones que tiene en su contra es de haber creado él mismo con su hermano Santiago grupos paramilitares en torno a una hacienda que les pertenecía. Son acusaciones que siempre han estado en el ambiente político pero que nunca se han logrado probar a ciencia cierta. Y una de las razones por las cuales nunca se habían logrado probar era que testigos, que inicialmente declaraban contra él, terminaban cambiando su versión, o incluso algunos testigos simplemente desaparecieron, fueron asesinados. Entonces la decisión de ayer es realmente un hito histórico en esos procesos de esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia”. Nexos entre políticos y paramilitares Ya habido condenas por los crímenes cometidos por los paramilitares, prueba de un cierto progreso en la justicia: “Ha sido una lucha de más de 20 años, ha habido asesinatos de jueces, asesinatos de testigos, asesinatos de fiscales y sobre todo también de defensores de derechos humanos que se han metido a investigar estos temas”, subraya Grajales. “En el caso particular del paramilitarismo, los jueces y las juezas en Colombia han mostrado que gran parte de la clase política regional se alió con grupos paramilitares. Hubo decenas de representantes a la Cámara y de senadores condenados por sus nexos con los grupos paramilitares en los años 2000 y 2010. El mismo primo de Álvaro Uribe, que era senador, fue condenado por nexos con grupos paramilitares. La responsabilidad del Ejército se ha establecido”, detalla el especialista. “Lo único que no se ha establecido totalmente del punto de vista judicial es la responsabilidad que pudo existir desde la Presidencia de la República en la formación de estos grupos y en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pudieron cometer”, concluye. El senador de izquierda Iván Cepeda, que impulsó las investigaciones sobre los posibles nexos entre Uribe y el paramilitarismo hace 13 años, considera por su parte que la condena de Uribe puede ser el punto de inflexión para un proceso de reconciliación basado en la verdad y la justicia para las víctimas de los crímenes paramilitares.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos.  Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona.  Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

La policía peruana incautó la semana pasada cuatro toneladas de mercurio procedentes de México con destino a Bolivia. Esta operación representa un duro golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal de oro, las cuales utilizan el mercurio para separar el metal precioso de los sedimentos. El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de equipos tecnológicos especializados, los cuales permitieron corroborar que el mercurio se encontraba adherido en las 20 toneladas de piedra molida localizadas dentro de un contenedor en el puerto del Callao. Así lo comunicó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Luis Fernández, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, explica las razones por las cuales este metal tóxico es utilizado en la minería informal. Fernández explica que primero hay que entender que hay dos formas para refinar el oro. Las grandes empresas emplean procesos industriales que requieren el uso de cianuro. Esta sustancia química, que posee un rendimiento del 97 %, requiere muchos controles y un proceso muy complejo, ya que es mortal para el ser humano. En cambio, los grupos más pequeños que operan en la minería informal emplean el mercurio, que no necesita de procesos ni controles tan rigurosos. El especialista destaca que el rendimiento del mercurio también es más bajo, del 30 o 35 %, ya que estas personas emplean una tecnología de hasta 100 años de antigüedad. "Estos grupos pueden llegar a producir entre 10 y 100 gramos de mercurio al día, cuyo valor es muy alto", aclara Fernández. El mercurio es ampliamente utilizado por la minería ilegal. Pero está causando daños profundos en el medio ambiente y en la salud humana. El biólogo Luis Fernández, de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, considera que "es muy probable que estemos envenenando la biodiversidad amazónica. Estamos viendo concentraciones de mercurio en murciélagos, aves, tortugas, aire y agua. Estamos viendo que muchos pescados también están contaminaos, con efectos en el sistema nervioso de niños y mujeres embarazadas", que viven las ciudades amazónicas, constata Luis Fernández, que ha realizado estudios de monitoreo de la contaminación por mercurio. Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilícita con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Noam López Villanes, politólogo y profesor en la Universidad de Ingeniería en Lima, pone de ejemplo el caso de los "Pulpos", una banda criminal que fue contratada por la explotación minera de la Sierra de la libertad.  "Durante unos meses cumplió su rol, pero eran prácticamente criminales", explica el politólogo. Este cuenta que tras aprender el negocio, acabaron con la vida de quienes los contrataron para hacerse con el control. "Aprendieron bastante como para empezar a operar y llevar a cabo la extracción, el proceso de refinamiento y transporte, ya que conocen también el territorio", señala López Villanes. Las autoridades peruanas aseguran que esta incautación de mercurio permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de este metal que opera en México, Perú, Colombia y Bolivia.

En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país. El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia. Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló. Responsabilidad de orden Penal Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25'000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró.  La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia. El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó.  La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.

Venezuela recibe a migrantes liberados de la prisión de alta seguridad Cecot tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. Esta repatriación fue posible gracias a las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. El acuerdo incluyó la liberación y el viaje inmediato a Estados Unidos de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como la liberación de unos 80 presos venezolanos, según las versiones oficiales de Washington y Caracas. Andy Perozo, uno de los venezolanos liberados, comparte su testimonio sobre cómo llegó a esta prisión de alta seguridad. "Llegó un guardia y dos dijo: «Bienvenidos al Cecot, al infierno, de aquí nadie sale». Nos recibieron con golpes y cuando escuché eso yo dije: «De aquí solamente me saca Dios»", cuenta Perozo. Según su testimonio, les cortaron el cabello, les pusieron el uniforme de la prisión y los volvieron a esposar. "La gente se desmayaba, uno veía cuando la gente estaba sangrando porque lo golpeaban. Después de eso no volvimos a ver a los salvadoreños, todo eso pasó con nosotros, los venezolanos", explica Andy. Andy fue arrestado por no acatar una orden de expulsión de Estados Unidos y posteriormente fue acusado por las autoridades estadounidenses de formar parte de la organización criminal "Tren de Aragua", sin pruebas concluyentes. Como resultado, fue recluido en el Cecot. "Los soldados abrían la puerta del autobús antes de que lo hiciera el conductor, parecían zombis buscando agarrar personas", afirma Andy. Este declara que los golpearon al llegar al lugar donde les esperaba el director del centro, quien dijo: "Bienvenidos al Cecot, de aquí no saldrán nunca porque son miembros del tren de Aragua, y ustedes están condenados por terroristas".  "Me encargaré de que no vuelvan a comer nunca ni pollo ni carne", dijo el director les metieron en la celda, atestigua Andy. Andy concluye agradeciendo al gobierno venezolano por haber logrado lo que él consideraba casi imposible: ser liberado del Cecot.

La asociación afirma que desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, han sido asesinados 32 choferes, siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Para los conductores de transporte público en Perú, su trabajo se ha convertido en una fuente de angustia y peligro, ya que temen que en cualquier momento pueda subir a su vehículo un sicario con el objetivo de asesinarles debido a que su empresa no pagó un cupo. Dimitri Senmache, exministro del Interior de Perú y especialista en seguridad, ha alertado sobre la proliferación de organizaciones mafiosas. Presencia del tren de Aragua y los Choneros en Perú "Nosotros, desde hace tiempo, hemos estado vislumbrando el crecimiento de organizaciones criminales - principalmente vinculadas al narcotráfico - que han comenzado a abrir otros nódulos", explica Senmache. Este relaciona los hechos con la migración de criminales de Colombia y Venezuela que huyen de la ley en sus países de origen. El exministro del Interior asegura que miembros del tren de Aragua o los Choneros de ecuador están presentes en Perú; los cuales extorsionan a "pequeños transportistas, pero hoy ya están con transportes de mediana envergadura, y eso hace pensar que se están fortaleciendo más". División en el gremio de transportistas A pesar del peligro que representan estas acciones criminales, existe una fragmentación dentro del gremio de los transportistas, que no han logrado ponerse de acuerdo sobre la adhesión al paro. "Lo que sucede es que hay empresas que tienen mayor recaudo y que no les importa detener o parar; ya que no se ven afectados por ahora por la delincuencia", cuenta el experto en seguridad. Este contextualiza que la delincuencia afecta ahora a los pequeños y medianos empresarios, pero que en el futuro llegará a tomar espacio "en aquellos sectores de transporte de gran escala que todavía se sienten un poco seguros". Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que ningún gremio formal acatará ningún paro en lo que resta de julio. Sin embargo, la Alianza Nacional de Transportistas ha comunicado que están considerando acatar un nuevo paro que se realizaría durante las Fiestas por la Independencia de Perú, los días 27 y 28 de julio.

Tras las denuncias de decenas de mujeres que afirman haber trabajado en condiciones muy difíciles y sin sueldo para la institución católica Opus Dei, cinco responsables argentinos son señalados por la Justicia. Son 43 mujeres las que acusan a la institución conservadora católica Opus Dei de haberlas separado de sus familias para hacerlas trabajar como empleadas domésticas, sin ningún tipo de remuneración y en condiciones especialmente difíciles, entre 1974 y 2015. La Justicia argentina investigó durante varios meses antes de implicar a cuatro líderes argentinos de la orden en 2024. Pero el caso dio un nuevo giro hace poco, cuando se añadió un quinto nombre a la lista de personas que podrían ser imputadas. Esta vez se trataba de Mariano Fazio, número dos de la organización en Roma y ex vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014. “En todas partes del mundo” El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, entiende que se trata de una red de trata de seres humanos que está extendida por todo el mundo y que podría involucrar a dirigentes de primera importancia del Opus Dei. “Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma”, explica a RFI Sebastián Sal. “Hay casos similares en España, Italia, Inglaterra, en Irlanda hay una denuncia penal también realizada. En México se está empezando a gestar toda una situación como la que iniciaron estas 43. Y mismo en Estados Unidos. El Opus Dei no sólo lo hacía en Argentina o en Uruguay, Paraguay, sino que lo hacía como algo organizado en todas partes del mundo”, subraya. Víctimas que sufren secuelas Este caso es seguido de cerca por el Vaticano que ya impuso varias sanciones durante el pontificado del papa Francisco, señala asimismo el abogado: “Nosotros hemos hecho una denuncia también ante el Vaticano por este motivo. El papa Francisco en su momento tomó dos medidas importantes contra el Opus Dei. Le prohibió al prelado del Opus Dei que fuera obispo. De hecho, no puede ser más obispo el prelado del Opus Dei, cosa que antes sí lo era. Y la otra cosa es que los degradó y obligó al Opus Dei a presentar nuevos estatutos, que tengo entendido los presentaron hace poco con el nuevo papa”. Las denuncias se amontonan por todas partes del mundo, y en Sudamérica, las víctimas sufren las secuelas como consecuencia de este periodo: “A lo largo de los años, después de 10, 15 o 20 años de estar dentro del Opus Dei, consiguen algunas escaparse. Muchas de ellas se enferman, todas enfermedades psiquiátricas, algunas inclusive han intentado suicidarse. Pero bueno, llega un momento en que muchas de ellas consiguen escaparse, a través de alguna conocida, alguna amiga, y obviamente no tienen aportes sociales ni nada. No les pagaban sueldo, no conocían lo que era el dinero, mucho menos iban a tener cualquier tipo de aportes para poder acceder a la seguridad social”, comenta Sebastián Sal. Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales. El asunto envuelve en el escándalo a las más altas esferas de esta poderosa institución católica y se convierte potencialmente en uno de los primeros asuntos espinosos del pontificado de León XIV.

En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales. "Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele. Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel." La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba. Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse". Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele. Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.

Bajo la mirada de las víctimas de pederastia, Bolivia celebra un juicio sin precedentes contra la Compañía de Jesús. Dos ex jerarcas españoles de la orden, Ramón Alaix y Marcos Recolons, se sientan ante el tribunal, acusados de encubrir a un sacerdote que abusó de por lo menos 85 niños. Los dos acusados dirigían a los jesuitas en el país durante parte de los crímenes. El escándalo estalló en mayo de 2023. dos años después, esta es la única causa que avanza. Después de dos años paralizado el juicio contra dos ex altos cargos jesuitas por ocultar abusos en su congregación en Bolivia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de Ramón Aleix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles que encubrieron de manera sistemática las agresiones sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas durante casi tres décadas, Incluso tras conocer que había denuncias.  RFI habló con Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual y uno de los 18 denunciantes.  “Ante tanta prueba material y testifical que se ha presentado por el tema de encubrimiento por parte de estos dos jesuitas ex provinciales, realmente esperemos que la justicia boliviana obre cómo tiene que obrar”, dijo, asegurando que “es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático”.  Flores aseveró que Alfonso Pedrajas no es el único perpetrador. “Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos”.   El escándalo estalló en 2023 tras la difusión de un reportaje sobre el diario personal de Alfonso Pedrajas, conocido como El Padre Pica. En él, el sacerdote fallecido en 2009, confesaba haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y el año 2000, la mayoría en Cochabamba, donde se celebra el juicio.  Leer también'No puede volver a repetirse', denunciante de cura jesuita por pederastia, a horas del juicio Wilder Flores lamenta la protección que tuvo de su congregación, pero también cree que el Vaticano y las autoridades bolivianas no ponen de su parte, sino todo lo contrario.  “Aquí, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha citado para volver a tratar el convenio con la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia, donde claramente establece un camino de impunidad. La inviolabilidad de los documentos, de las curias, de las diferentes órdenes, que eso garantiza impunidad total y nos cierra las puertas a las víctimas para poder llegar a esclarecer la verdad”, puntualizó.  El juicio ha sido suspendido en otras dos oportunidades, la primera en enero porque los ex provinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.          

La Fiscalía de Brasil pide condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado al tratar de mantenerse en el poder pese a su derrota frente a Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras una larga investigación, la fiscalía ha presentado audios, mensajes y testimonios que así lo demostrarían. La Fiscalía de Brasil considera que hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado junto con otros cuatro cargos más, a saber "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático", "violencia grave" y "deterioro del patrimonio protegido", cuyas penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de cárcel. Tambíen pide que se condene a otros siete integrantes destacados de la trama, entre ellos exministros y altos cargos del ejército. El objetivo final de dicha trama, que resultó en la vandalización de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023 por parte de miles de simpatizantes de Bolsonaro, era aferrarse al poder y revocar la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en  2022. "Hay información y grabaciones, pero también el testimonio del coronel Mauro Cid, que era la persona más cercana a Bolsonaro". Marcos Cordeiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, estima que la petición de la fiscalía cuenta con una base sólida. "No se trata solamente lo que dice un testigo, sino que a partir de su testimonio se va tejiendo una red donde se van juntando los hechos. Por ejemplo, existe el testimonio de un general de la fuerza aérea y de otro general del ejército, quienes confirmaron que Bolsonaro presentó un borrador del golpe. No hay que subestimar la cantidad de información que se ha ido recopilando en este proceso", señala el académico. La investigación se vio no obstante sacudida por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, aliado ideológico de Bolsonaro. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil si la Fiscalía seguía adelante con la investigación, que calificó de "caza de brujas". Sin embargo, el apoyo de Washington a Bolsonaro ha tenido el efecto contrario al esperado. "El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump creó un tsunami en la política de Brasil porque muchos de los empresarios que apoyaban a Bolsonaro tenían mucho recelo de que sus negocios fuesen perjudicados", explica Cordeiro. "Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene una gran producción de café, y el mayor mercado de Brasil es Estados Unidos. En la ultima semana, la asociación de los aranceles con Bolsonaro ha creado una conmoción en el país en la que se le considera un traidor de la patria". El actual presidente brasileño Lula da Silva ha declarado que tratará de negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero ha prometido responder con tasas equivalentes si estos llegan a entrar en vigor. Además, el mandatario ha condenado la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña.

Los actores de doblaje y otros trabajadores de empresas artísticas y de entretenimiento en México salieron a las calles el 13 de julio para protestar contra la falta de regulación a las inteligencias artificiales y exigir una mejor protección de los derechos laborales y creativos. “Gracias por salir a votar, porque tu presencia, tu voto, tu decisión, cuentan”: la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat (2018), recreada por la inteligencia artificial en un spot del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se agradecía a la ciudadanía por participar en las elecciones del Poder Judicial, fue la gota que rebosó el vaso. “La IA no reemplaza” Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC) ya venía denunciando la apropiación de voces, coincidiendo con el descenso de demanda en este gremio artístico. El pasado fin de semana, intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores, presentadores se congregaron en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, bajo el lema “La IA no reemplaza”, para defender el derecho a que sus imágenes, voces y obras no sean replicadas sin autorización. Leer tambiénVIDA EN EL PLANETA: El español y su infinidad de acentos “No, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa y nos ayuda en algunos procesos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea un reemplazo del humano. Queremos que sea un acompañante, pero no que nos quite trabajos, no que desaparezca a las personas que se han dedicado a esta industria durante toda su vida, que además de robarnos la voz, la pongan en donde ellos quieren y suplanten nuestra identidad para quedarse con todo el crédito”, explica a RFI Lili Barba, la presidenta de AMELOC. “Debemos estar súper unidos, necesitamos que las leyes ahora sí nos protejan desde derechos de autor, desde protección de datos personales, la ley de cinematografía, la ley de radio y televisión. Justo hablan de proteger a este gremio y ojalá, de verdad, ojalá que pase esta ley”, subraya. “Profesión muy importante” Tras las protestas, el caso escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también condenó el uso de la IA para replicar la voz del actor sin consentimiento, abriendo un fuerte debate sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y ética en el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas. “Es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años y hay que proteger su trabajo, pero también su voz”, expresó la presidenta mexicana. De momento, parece ser que la lucha de las voces profesionales mexicanas no fue en vano y como en la mayoría de los dibujos animados, podría contar con un final feliz.

La residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, del 11 de julio al 14 de septiembre, tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos, según datos de la alcaldía de San Juan. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios a la organización de recorridos por su municipio natal. Más allá de una gira que promete ser histórica, "Debí Tirar Más Fotos" es una reivindicación de la cultura puertorriqueña. El rapero Bad Bunny revoluciona Puerto Rico con una residencia artística de 30 conciertos en el Coliseo. Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida, destaca la importancia de este acontecimiento en la antena de RFI: "Tiene un mensaje eminentemente político. Bad Bunny da un ejemplo de cómo puede usarse el arte con el fin de hacer una inyección económica pero también es una inyección de orgullo y de fortalecimiento a los puertorriqueños". Varios estudios afirman que los conciertos supondrán un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares y generarán más de 3000 mil empleos. Pero también hay que considerar estas funciones como un homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York."Entiendo que Bad Bunny está dando un ejemplo de la fortaleza cultura que recae en los puertorriqueños y que, a pesar de todas las violencias que hemos históricamente recibido, somos profundamente fuertes y talentosos" dice Sheilla Rodríguez en RFI.  La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios relacionados con Bad Bunny como la tradicional pava (sombrero de paja), a la organización de recorridos por su municipio natal y las publicaciones de un diccionario para entender sus letras y un estudio científico sobre su música. El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, que se llevarán a cabo todos los fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Benito ha usado su música para abordar la lucha contra la gentrificación, la privatización de los recursos naturales o los cortes de energía. "El contenido de las canciones es una denuncia. Utilicemos la música para resistir" sentencia Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida. Esta residencia artística ha batido todos los records: vendió 400.000 boletos en tan solo 4 horas y supera las noches de conciertos consecutivas de otras leyendas del reggaeton como Daddy Yanki o Wisin y Yandel. Sin duda, un evento que Puerto Rico nunca va a olvidar.   Influencia hasta en la lingüística  Al generar tanta expectación la residencia, han surgido en el último mes varias iniciativas curiosas para explicar las letras de Bad Bunny y para estudiar el impacto de su música en la química cerebral. La lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz creó el diccionario ‘El ABC de DtMF', que define el vocabulario puertorriqueño y referencias culturales como lugares, nombres de personas y menciones musicales con ejemplos tomados de las 17 canciones del álbum. Por su parte, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó un análisis en el que asegura que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores, como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad.

El presidente de los Estados Unidos asesta un nuevo golpe en su guerra comercial e impone un arancel adicional del 50% a Brasil. Un ataque que llega después de una jornada marcada por las tensiones diplomáticas entre ambos países debido al apoyo que Trump expresó por el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Brasil por su parte, prometió reciprocidad arancelaria si estas amenazas llegaran a cumplirse. "Brasil no ha sido nada bueno con nosotros", dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50 % de aranceles sobre todos los productos brasileños. La medida, llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero Roberto Goulart, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que el hecho está relacionado con las relaciones que Brasil tiene con China: “Trump tienta afectar todos los países que tienen relaciones estrechas con China, Brasil es uno de esos países. Entonces Trump en vez de hablar directamente a Brasil, utiliza un instrumento de política comercial para intentar convencer a la fuerza de que Brasil no tiene que tener relaciones con China”. Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. Goulart asegura que es una medida desproporcionada. “Estas medidas son casi un enfrentamiento al gobierno Lula y toda la industria brasileña, entonces en este momento Trump anuncia una tarifa que prácticamente puede paralizar el comercio entre Brasil y Estados Unidos”. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China; que su país "no quiere un emperador". Aun así, hay que plantearse que rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos. “Creo que Brasil no tiene otro camino, sino seguir negociando, seguir insistiendo en que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a un resultado, muchas veces con diálogo o utilización de instrumentos coercitivos. Entonces, pero Brasil no puede ceder a las voluntades personales de Donald Trump”, agregó el analista. Posible reciprocidad arancelaria Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este miércoles que Brasil puede actuar en "reciprocidad" si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles de 50% a los productos brasileños. Lula indicó que el proceso en la Corte Suprema contra Bolsonaro, un ultraderechista que gobernó desde 2019 a 2022, "es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza". Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable de liderar una "organización criminal" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales. Este texto fue aprobado luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países. Vinícius Rodrigues Vieira, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo explica que la ley de reciprocidad fue una iniciativa aprobada hace pocos meses, incluyendo el apoyo de  parte de la derecha, más no la derecha que es muy aliada del agronegocio de los agroexportadores, que no tienen en los Estados Unidos su mayor mercado, sino en China". Para él, uno de los rubros más afectados sería  el café, "es algo que aún exportamos a los Estados Unidos, entonces lo que pasará es que habrá una reciprocidad y eso todavía no quiere decir que Lula va a aplicar tarifas de 50% a los Estados Unidos. La reciprocidad puede darse en otros frentes, como por ejemplo, el comercio de servicios o más tasas”.   De su lado, Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.

El presidente argentino Javier Milei, mediante un decreto, ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad pública responsable de administrar, ejecutar y supervisar obras viales a nivel nacional. En su lugar, se creará la 'Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte' para fiscalizar las concesiones viales.  La medida del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad se tomó antes de que venciesen los 'superpoderes' que el Congreso otorgó al presidente argentino Javier Milei por un año para ejercer ciertas funciones del Poder Legislativo. Germán Galarza, analista político, comenta las razones detrás de este decreto: "Hay que decir que la gestión de Milei ya venía anticipando que Vialidad era uno de los apuntados para cerrar,  entendiendo que había desmanejos, que se podía -lo dice el Gobierno- ahorrar muchísimo dinero y entendiendo que no cumplía sus funciones". Galarza considera que el momento del anuncio no es casualidad: "Obviamente que la 'causa Vialidad' es el resultado del juicio por el que hoy está cumpliendo una condena Cristina Fernández de Kirchner. Fue el detonante tamibén, porque porque estamos muy, pero muy cerca, de tiempos electorales importantes, cruciales, para el gobierno nacional". "Son dos puntuales. Uno en septiembre, en un distrito importante para la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires, y en el mes de octubre las elecciones nacionales a cargos por escaños en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados", prosigue. "Es un mensaje claro a ese electorado, que hoy lo acompaña en proyecciones en más del 30%. Entonces, no es casualidad, obviamente. Lo venía anticipando el Gobierno nacional, pero lo hace en este tiempo, entendiendo que es un tiempo también estratégico en términos electorales", mantiene al respecto el analista Germán Galarza.   Leer tambiénLa Corte Suprema confirma la condena de Cristina Kirchner y su inhabilitación por corrupción "Argentina está implementando uno de los programas de estabilización más ambiciosos en la historia reciente de los mercados emergentes". Así comienza un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, la principal institución global en este sector. Sin embargo, las reformas en áreas estratégicas generan alarma y preocupación, según afirma Marcelo Torres exdiputado y exsubsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista: "Estamos en una situación muy grave, muy compleja. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad tiene 5.500 empleados, trabajadores que tienen especializaciones muy específicas, agrimensores, ingenieros, que vienen hace muchos años trabajando en un país muy extenso". "Solamente el 10% de las rutas nacionales son autovías en Argentina, el resto están a cargo del mantenimiento del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto realmente va generar una tragedia para los ciudadanos de nuestro país", concluye.  Por su parte, la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos mas grandes en Argentina, advirtio que el cierre del organismo de Vialidad, así como el de las otras entidades ligadas a Seguridad Vial, pondrán en peligro a millones de personas que transitan por las rutas nacionales.

Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad.  "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura'  "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.

El Cono Sur está enfrentando una ola de frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en la Patagonia, un fenómenos al mismo tiempo intenso y excepcional, dijo a RFI el climatólogo chileno Raúl Cordero, profesor en la Universidad de Santiago. El país más afectado es Argentina, aunque el fenómeno también impacta a Chile y Uruguay. La causa es una masa de aire polar que se escapó desde la Antártica. "Esta ola de frío fue un escape de una masa desde los polos hacia latitudes medias, en este caso hacia el Cono Sur: Argentina, Chile, sur de Brasil. Como estamos en invierno austral, era esperable que este escape de masa de aire frío trajera temperaturas bajas, y en algunos casos fueron récords históricos. Así que se trató de un evento intenso. Lo usual es que las masas de aire cálido permanezcan 'atrapadas', confinadas al trópico, y las masas de aire frío permanezcan confinadas a los polos. Pero a veces se puede escapar una u otra", explica Raúl Cordero. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: olas de calor en Europa, de frío en el Cono Sur. ¿Qué tan preparados estaban los gobiernos para una situación así? "Desgraciadamente, al ser un evento récord, era poco esperable que los países estuvieran preparados", responde Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago. Hemisferio norte, el peor de los mundos  "En el hemisferio norte es otra historia, pero en el hemisferio sur las olas de frío van disminuyendo en frecuencia. Es decir, a pesar de que estamos en invierno austral, este es un evento extraordinariamente inusual. Es diferente a lo que pasa con las olas de calor, que van en aumento en frecuencia e intensidad en todo el mundo. Entonces, la gente está cada vez más 'preparada'. Por ejemplo, la ola de calor que golpeó a Francia estos días fue muy intensa, pero no va a causar, ni de cerca, los 70.000 muertos que provocó la ola de calor de agosto de 2003 en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época Francia, ni Europa, estaban habituadas o preparadas para eventos de calor como los de ahora. En cambio, hoy están mucho, mucho más preparados. Acá es la misma historia, pero con el frío. Cada vez hay más olas de calor, pero cada vez menos olas de frío. Este evento tomó por sorpresa a la población en ambos lados de la cordillera, en el Cono Sur". El climatólogo subraya también la desigualdad del impacto del cambio climático. "El vórtice polar, el vórtice ártico, se está debilitando, y los escapes de masas de aire frío en invierno en el hemisferio norte van al alza. Entonces, en el hemisferio norte es como 'el peor de los mundos', porque aumentan tanto las olas de calor como las olas de frío".

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Durante la cumbre semestral que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Mercosur anunció que concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones empezaron en 2017, pero no fue sino hasta este miércoles que el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dieron luz verde al acuerdo que permitirá la exportación e importación de bienes y servicios en una zona con casi 300 millones de personas. Energía renovable Henrique Choer Moraes, diplomático que representa a Brasil en las negociaciones del Mercosur, destacó la variedad de este acuerdo que va desde la agricultura hasta las centrales de datos. “Es muy amplio ese abanico, abarcando vinos, por ejemplo, pasando por la industria, pero también hay un compromiso muy importante que alcanzamos con la EFTA: nosotros introducimos este compromiso de que la exportación de servicios digitales está supeditada al hecho de que la matriz energética del país que exporta sea del 67% por lo menos de fuentes de energía renovable”, explica Henrique Choer Moraes. Es “un ejemplo para que otros países imiten, porque desde nuestro punto de vista, esto es un ejemplo concreto de algo que los europeos hablan mucho pero no hacen tanto como a nosotros nos gustaría, y es la interfase entre comercio y desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí de comercio, de servicios de una forma sostenible”, recalca. A la espera de la Unión Europea La Unión Europea ha sido todo un desafío para los socios del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia: en diciembre pasado y tras 25 años de negociaciones, firmaron un acuerdo que sigue sin ser ratificado y enfrenta una fuerte oposición de Francia. El representante de Brasil se muestra sin embargo optimista: “No sería la primera vez en Europa que un acuerdo va a ser sometido a un debate muy acalorado. Pero a pesar de todo eso, estamos confiados porque el contexto global ayuda cada vez más a confirmar la importancia, no solo económica pero estratégica, de que Europa pueda avanzar rumbo a la ratificación del acuerdo con Mercosur. El anuncio del acuerdo con EFTA tendrá también algún impacto en los debates, porque Europa está viendo que el Mercosur no está parado”, estima. Actualmente el Mercosur está en conversaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos y según el diplomático brasileño, Canadá y Japón son algunos de los futuros objetivos.

Hace menos de 50 dias, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.