Noticias de América

Las autoridades chilenas y argentinas vivieron un nuevo episodio de tensiones diplomáticas por la soberanía del Estrecho de Magallanes, en el extremo austral de Sudamérica. Si bien las tensiones diplomáticas actuales están muy lejos de la situación que tuvo a los dos países al borde de una guerra en 1978, es importante garantizar pronto una desescalada. La tensión sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes entre Chile y Argentina ha vuelto a la primera plana política. En el parlamento chileno el ministro de exteriores Rodrigo Pérez Mackenna ha reiterado el compromiso de ambos países en los tratados históricos sobre la cuestión. "El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices", manifestó el canciller chileno, Rodrigo Pérez Mackenna. Argentina se ha comprometido en mantener el statu quo de soberanía, aunque Chile también critica los decretos y las declaraciones políticas que pongan en duda su papel en este punto clave del tráfico marítimo internacional, agregó Mackenna. La tensión entre los dos vecinos se produce después de que, en septiembre, seis excomandantes chilenos pidieran en una carta prudencia y firmeza ante Argentina. "Nosotros con Argentina nunca hemos llegado a la guerra. Hemos estado casi a punto de tener una guerra. Yo estuve, en el año 78, a pocas horas de iniciar una guerra con Argentina, afortunadamente no ocurrió", dice Rodolfo Codina, excomandante en jefe de la Armada chilena y uno de los firmantes de esa carta. "Pero hay que estar siempre atentos a que esto no escale, no escale, no escale hasta que se llegue al punto al que se llegó en el 78. Yo creo que lo de ahora no es una situación similar. Hoy son, más bien, conflictos diplomáticos, declaraciones de un lado, declaraciones de otro. No creo que escale más allá", aseguró Codina. Desde Argentina, el investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián Schulz, analiza la situación. "Argentina se adscribe a los acuerdos territoriales firmados en su momento, incluso a través de un laudo papal. Al interior de Argentina existen diferentes proyectos políticos que tienen estrategias distintas en relación con Chile. Esto tiene que ver con parte de la estrategia de los Estados Unidos de dividir las posiciones entre Chile y Argentina para generar un enfrentamiento que divida a estos dos países sudamericanos", explica Schulz. Pero, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en suscitar esta división? "Porque la articulación entre Argentina y Chile resultaría vital no solo para la constitución de un Atlántico Sur sudamericano, donde las Malvinas dejan de ser solamente una causa argentina y pasan a ser una causa sudamericana, y por la importancia que eso genera. El Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, pasa a ser un estrecho estratégico para Sudamérica en su conjunto", sostiene. Para el investigador, la tensión refleja una división política en Argentina entre posiciones latinoamericanistas y soberanistas, aunque legalmente Argentina y Chile se adscriben a los acuerdos existentes.

El proyecto del Lago Río Indio es la obra estratégica más importante de la Autoridad del Canal de Panamá para enfrentar la crisis climática y asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica durante los próximos 50 años. Creará un nuevo lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, lo que equivale a cerca del 8% de la superficie total de la cuenca de Río Indio. Sin embargo, este embalse podría provocar el desplazamiento permanente de más de 2.000 personas y está generando una creciente oposición en la región. “Denunciamos que la autoridad del Canal de Panamá insiste en actuar con opacidad, utilizando mentiras, engaños para ocultar la grave amenaza que el proyecto de embalse de Río Indio representa para nuestras comunidades y para todo el país”, se podía escuchar en la manifestación del pasado fin de semana, cuando cientos de campesinos marcharon a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, todas bajo la amenaza de desaparecer inundadas por el proyecto del embalse de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Un contrato minero “lesivo para el país” No es la primera vez que estas comunidades se manifiestan contra este proyecto –que según ellos actúa con “opacidad, mentiras y engaños”– acusando a los diputados del país de aprobar proyectos de la ACP sin escuchar a los campesinos ni al pueblo panameño. “Se habla de una reubicación. No han dicho exactamente a dónde los van a reubicar, cuánto le van a dar por la indemnización de sus tierras. Entonces, la situación que tenemos es que el Gobierno dice que ellos han conversado, nosotros hemos propuesto a ellos que hay otra viabilidad muchos más económica que gastarnos seis mil millones de dólares, que es la del río Bayano. Al final nosotros presumimos que aquí lo que se busca es agua para desarrollar el proyecto minero, que es el que está próximo, donde se quiere construir o embalsar el área, y que la población panameña ya le ha dicho que no varias veces, y no solamente la población panameña: la propia Corte Suprema de Justicia dos veces ha declarado inconstitucional ese contrato minero que es lesivo para el país y la comunidad panameña”, explica a RFI Felipe Cabezas, el asesor jurídico de la coordinadora de Río Indio. Una “situación que no nace hoy” La Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto construir a partir de 2028 el embalse de Río Indio. Un proyecto cuyos antecedentes se remontan a la década de 1930 y que ha sido debate a través del tiempo en posteriores legislaturas con el fin de anticipar las necesidades hídricas. “Esta es una situación que no nace hoy. Nació en la época del presidente Martín Torrijos. Eso fue derrotado por la lucha de los campesinos en su momento y hoy con el gobierno de José Raúl Mulino, nuevamente sale a la palestra esta situación, en la cual pretenden reubicar a estamos hablando arriba de 2.500 personas, que comprenden nueve comunidades de tres distritos de la República de Panamá”, subraya Cabezas. El Canal de Panamá, por el que transita cerca del 6 % del comercio marítimo mundial, se enfrenta a un desafío cada vez más acuciante: la disponibilidad de agua dulce necesaria para el correcto funcionamiento de sus esclusas. Las últimas previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología del país señalan una disminución del 60 % en las precipitaciones de la región del Pacífico debido al fenómeno de El Niño, lo que amenaza directamente a los recursos hídricos.

El presidente izquierdista Inácio Lula da y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, se encuentran empatados en los sondeos para las elecciones del 4 de octubre. En este contexto, el voto de los evangélicos, que ya representan un 30% de la población decisiva, puede inclinar la balanza hacia Bolsonaro. Por el corresponsal de RFI en Río de Janeiro Los gritos de "aleluya" son la banda sonora habitual en las más de 100.000 iglesias evangélicas que hay en Brasil. Son millones de fieles cuyo voto es más disputado que nunca en las elecciones. Leandro Augusto da Conceiçao, de la Asamblea de Dios del barrio de Catete, en Río de Janeiro, da por hecho que la mayoría optará por Flávio Bolsonaro: “Nosotros somos más de derechas, eso es un hecho, como en algunos temas como el aborto, que es un tema polémico. Hay grupos que abogan a favor. Por su parte, la Iglesia procura no respaldar abiertamente a candidatos que defienden esas posturas, ya que buscan mantener su coherencia doctrinal”, explica. Los evangélicos ya representan casi el 30% de la población brasileña, y en unas elecciones muy ajustadas su voto es decisivo.  Lula da Silva ha redoblado los esfuerzos para dialogar con este grupo social, pero para Magali Cunha, del Instituto de Estudios de Religión, buscar a los evangélicos sólo durante la campaña electoral es una estrategia fallida. “Hay que reconocer una dificultad de la izquierda en escuchar a esa población. Hay un vacío entre periodos electorales que es ocupado justamente por los grupos más conservadores, que tiene el lenguaje, que tienen el acceso al interior de las comunidades, pero que tienen un efecto en esas comunidades, entonces los grupos más a la derecha, más conservadores, tienen una comunicación directa y permanente”. Las encuestas electorales apuntan a un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Entre los evangélicos, en cambio, el ultraderechista tiene 30 puntos de ventaja. Reducir esa brecha es clave si la izquierda quiere ganar las elecciones. Según los sociólogos, los evangélicos, y sobre todo las mujeres evangélicas, que suelen ser más moderadas, podrían decidir el resultado.

Chile se ha transformado en el principal punto de apoyo logístico en las aguas del Pacífico para la gran flota china dedicada al calamar gigante o pota en aguas internacionales. RFI pone sobre la mesa las voces de varias personalidades y expertos que hablan de la conservación marítima, la pesca ilegal y la respuesta gubernamental de Chile ante esta cuestión. La Armada se encuentra atenta a los movimientos de la gigantesca flota pesquera china que actualmente opera al norte de Isla de Pascua. En Chile, la marina monitorea una importante flota de alrededor de 300 barcos chinos situada frente a sus costas en aguas internacionales. Estas embarcaciones pescan el calamar gigante o pota. Esta flota china se ha acercado a Chile desde 2024 después de que Perú endureciera la regulación en sus puertos para los barcos pesqueros extranjeros. En el Centro de Control Naval de Tráfico Marítimo, la Armada chilena sigue la trayectoria de cientos de embarcaciones mediante cartas náuticas interactivas para disuadir cualquier actividad Ilícita despliega recursos tanto en las aguas territoriales de Chile como más allá de ellas.Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Chile, entrevistó a Gonzalo Jiménez Briones, jefe del departamento de pesca. "Existen las operaciones de fiscalización pesquera oceánica aquí donde se emplean aeronaves de la aviación naval, donde se emplean eventualmente fragatas, incluso han habido submarinos involucrados en operaciones de fiscalización pesquera oceánica" dice Jiménez Briones. Sin embargo, Milkor Schwartzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal, detectó 6 incursiones de barcos chinos entre 2024 y 2025 en la zona económica exclusiva chilena. "Indicaban que estaban pescando, navegaban a velocidad de pesca de noche dentro de la zona económica exclusiva de Chile y con la iluminación de pesca de calamar encendida" afirma Schwartzman. La flota china se encuentra a unas 350 millas náuticas de distancia, así lo describe Pascual Aguilera, portavoz de la Coordinadora Nacional de Pescadores de Pota: "Es como un muro. La flota china subvencionado por el Estado de China puede permanecer largas temporadas en alta mar". Pascual Aguilera también denuncia lo que considera una actitud demasiado permisiva de las autoridades frente a esta flota china que según él tiene un acceso excesivamente fácil a los puertos y servicios chilenos. En cambio, el diputado de la región del Biobío, Sergio Bohadilla, se muestra confiado en la respuesta gubernamental. "Lo que Chile debe hacer siempre es resguardar nuestro patrimonio pesquero y para eso, reitero, tiene las facultades y el mandato legal, la armada de Chile, para hacer cumplir rigurosamente el respeto a nuestros límites marítimos y no permitir que ninguna nave extranjera esté operando en nuestra zona económica exclusiva. De ocurrir una situación, no tengo la menor duda que nuestro gobierno hará ver esta situación con la energía y la firmeza que se requiera, porque también tenemos muy claro que estas flotas son verdaderos depredadores de los recursos marítimos", según ha afirmado el diputado Sergio Bobadilla.  La situación ha provocado críticas entre organizaciones de pescadores artesanales chilenos dedicados a la jibia, que cuestionan que el país proporcione soporte a una flota extranjera que explota en alta mar el mismo recurso del que dependen numerosas comunidades pesqueras nacionales.

Según un informe independiente presentado esta semana en Panamá, la Iglesia católica de ese país registra decenas de casos de abusos sexuales. RFI entrevistó a uno de los miembros de la comisión que lo elaboró. Son 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales entre 2001 y 2025. La comisión compuesta por académicos de dos universidades católicas investigó 24 de ellas. El resto concernían otras arquidiócesis y por eso fueron dejadas de lado. “Este informe es histórico” El español Yago de la Cierva, miembro de la Comisión Transparencia, viajó a ese país para la presentación de un informe que, según él, es sin precedentes: “Este informe es histórico porque es la primera vez que una arquidiócesis, que una institución de la Iglesia, sin presión externa, sin denuncias de los medios de comunicación, sin denuncia de las autoridades públicas, ha decidido encargar a una comisión completamente independiente en la gestión, en la financiación, en todo su trabajo, ha encargado ‘decidme qué he hecho mal'. Y es la primera vez, que yo sepa en todo el mundo, que una institución católica hace esto. Nosotros hemos hecho el informe de manera independiente y se lo hemos entregado a la diócesis”, explica a RFI. El informe contiene más de dos decenas de recomendaciones. “Nosotros lo que investigamos es qué ha hecho la arquidiócesis cuando alguien se ha dirigido a ella diciendo ‘he sido abusado o conozco un caso de abuso'. Y entonces la mayoría de las 26 recomendaciones se refieren a cambiar el enfoque, a poner en el centro a las víctimas en primer lugar. Dar muchísimo más peso a la escucha de la víctima, es decir, no solamente a la atención mientras que se la escucha, sino al acompañamiento”, indica Yago de la Cierva. Escuchar a la víctima y dejar constancia Además, señala, “otra de las recomendaciones que es muy importante, es que se necesita dar una formalidad a todos estos procesos, es decir, tiene que quedar constancia de la denuncia, de lo que se hace a continuación, de cómo se acompaña a la víctima, de cuál es la pena que se pone al culpable, si hay investigación, etcétera. De tal manera que no solo se hace lo que se tiene que hacer, sino que además se deja constancia para poder examinar y rendir cuentas de lo sucedido”. “O sea que lo que estamos diciendo es que la Arquidiócesis utilizaba mucha informalidad a la hora de gestionar estos casos, y lo que hemos recomendado es que tiene que documentarlo y además tiene que poner a personal especializado que sepa, o sea, que tenga una formación sobre estos temas y que dé continuidad a todas las políticas”, concluye De la Cierva. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones. Ulloa pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.

Se ha desatado en Colombia una viva polémica por la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz pasando de 230 a 199 millones. La JEP investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Es el organismo nacido en 2016 tras los acuerdos de paz de La Habana.   En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la cúpula de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros. Las sentencias de este tribunal sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios. “Las sanciones han sido una burla. Son de ocho años, pero los condenan a que busquen unos desaparecidos, que la condición para ellos recibir estos beneficios era que entregaran la información de los desaparecidos. Construir un sanitario equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses de condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hacer una caravana por la paz, se los descontaron también como otros tres o cuatro meses. Entonces realmente son penas simbólicas vergonzosas, que no son proporcionales a los crímenes que cometieron y no aportan a la reparación de las víctimas”, reacciona en RFI Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). “No ha habido un modelo restaurativo eficaz” El expresidente Juan Manual Santos había advertido de lo que llamó “sapos” del acuerdo de paz de La Habana, que los ciudadanos tendrían que tragarse para obtener la desmovilización de miles de guerrilleros y, al final, la paz. ¿Acaso se han olvidado los colombianos del precio que había que pagar? “Ellos no entregaron 13 billones de pesos en bienes y lo que se comprometieron a entregar, solamente entregaron el 10%. Y de los inmuebles se comprometieron a entregar 255 inmuebles y solo entregaron uno. Es decir, realmente ha sido una burla y no son sapos, son incumplimientos. No ha habido un modelo restaurativo eficaz. Desde los acuerdos de La Habana a hoy ha habido más reclutamientos, ha habido más violencia”, detalla Alzate. “Esto ha sido una burla, es un modelo restaurativo que es un total fracaso. La JEP se ha vuelto un partido político y ha tenido más cargos burocráticos que eficacia. No ha dado respuesta a las víctimas y de manera vergonzosa le han dado 44.000 millones de pesos a la defensa jurídica de las FARC, 22.000 millones de pesos en viajes. Realmente ha sido un desgaste para el erario público, para las víctimas y por eso nosotros seguimos solicitando que suspendan estos recursos hasta que no exijan que las FARC entreguen la totalidad de bienes, o hasta que el secretariado de las FARC sea expulsado por incumplir esos compromisos de búsqueda de desaparecidos y de entrega de los bienes”, concluye el secretario general de la FEVCOL.

El Niño ha instaurado nuevas condiciones climáticas en Colombia, aunque el gobierno planea pronunciarse sobre las variaciones meteorológicas hasta el 8 de octubre. Sus consecuencias ya se sienten desde hace varias semanas, como los incendios que se anuncian particularmente intensos este año. Actualmente, se cuentan 17 incendios forestales activos. Villa de Leyva está situada en el departamento de Boyacá. El incendio que amenazaba esta joya turística colombiana ha sido controlado en un 75%, y El Niño facilita las condiciones para que se expandan las llamas intensificando la temporada seca. La teniente coronel Diana Carolina Rueda, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) considera que no se puede asociar por completo el incendio de Villa de Leyva con El Niño, pero “sí podemos afirmar que la tierra o el terreno está cada vez más seco, con menos humedad, y esto favorece que la dispersión de los incendios sea mucho más rápida y sea mucho más difícil de extinguir y de contener”. Además, la experta precisó que los efectos de El Niño “ya están empezando a notarse en la disminución de las precipitaciones totales. Llueve menos de lo esperado”. Gobierno y clima La declaratoria oficial del Niño será el 8 de octubre, pero este fenómeno climático ya lleva cuatro meses en Colombia y en algunas regiones ya se están registrando máximos históricos, como en la región caribeña colombiana. “En algunos sectores del Tolima del Huila y otros puntos en los cuales estamos teniendo máximas de temperaturas, también por encima de los históricos, pues nos hacen pensar que también ya el niño está empezando a tener impactos”, explicó Rueda. "Los ríos Cauca y Magdalena, fuentes principales de nuestro territorio que atraviesan de sur a norte nuestro país, han disminuido en términos de nivel. Hemos informado que esta condición está generando unas alertas para la toma de decisiones desde los diferentes sectores”. La temporada de ciclones también es atípica este año a consecuencia del fenómeno meteorológico extremo. Rueda considera preocupante que 2026 sea “el único año con respecto a los anteriores que no ha presentado el primer huracán a esta fecha”. “Octubre es el pico de la temporada de huracanes para el mar Caribe”, recordó. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos proyecta que el actual fenómeno de El Niño tiene un 75% de probabilidades de llegar a una intensidad "histórica".

Estados Unidos endurece las reglas para obtener la Green Card y amplía los criterios que pueden tener en cuenta los funcionarios de migración. Una medida que ya está generando temor y polémica a partes iguales. La administración de Donald Trump vuelve a endurecer las normativas migratorias, en este caso, para conseguir la Green Card. Si antes ya era difícil, ahora lo es más, porque los funcionarios de migración tendrán más margen para valorar si un solicitante de residencia cumple el perfil de un ciudadano que en un futuro podría depender de ayudas públicas. El concepto de carga pública Una medida que afecta a miles de migrantes latinos que dependen de programas como Medicaid, ayudas alimentarias o ayudas a la vivienda: “Para poder legalizarse en Estados Unidos u obtener la residencia permanente, uno de los elementos es que uno no sea una carga para el gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que le llaman una carga pública es una definición muy compleja, basada en políticas a veces conservadoras y a veces liberales”, explica a RFI el abogado de inmigración Jaime Barrón. “El presidente Trump, en su primer mandato, trató de limitar estampillas, asistencia para los hijos, cierta ayuda de hospitales, etc., pero las cortes le anularon esa interpretación. Ahora, nuevamente tenemos al presidente Trump en el poder, por lo cual están volviendo a ser ultra conservadores”, agrega. La medida recupera y amplía el concepto de “carga pública”. Un criterio que permite a las autoridades estadounidenses negar la admisión al país o la residencia cuando consideran que una persona podría convertirse en una carga pública para el sistema. Con esta nueva política de Green Card el sistema se endurece, aunque no afecta a todos los migrantes por igual. “Lo que agregó el gobierno actual es que, si el oficial cree que, en el presente, pasado o en el futuro le podrían pedir algún beneficio público, se reservan el derecho a negar la residencia. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de un crimen que se llama la Visa U, alguien que es un asilado político, alguien que sometió su papelería de residencia antes del 18 de septiembre. Y hay algunas otras excepciones, pero esas son las más grandes”, detalla el abogado. Dejar de solicitar ayudas El temor para muchos latinos pendientes de este documento ya está provocando cambios de comportamiento. Organizaciones y abogados están detectando que algunas familias se plantean dejar de solicitar ayudas, a las que tienen derecho, por miedo a que puedan perjudicar su futuro migratorio. “Mucha gente está previniendo que les afecte y se están tratando de limitar en cualquier beneficio que podría ser considerado público. [Hay] gente que prefiere no llevar a su hijo al doctor, gente que prefiere no pedir algún beneficio y mejor pasar hambre…”, indica Jaime Barrón. La nueva regla ya ha sido impugnada en los tribunales por varios estados y gobiernos locales. Mientras tanto, miles de migrantes en Estados Unidos viven con incertidumbre sobre cómo afectará este nuevo cambio en su situación. 

Las autoridades sanitarias alertan del aumento histórico de número de suicidios en Argentina. Según los datos del Observatorio de Política Criminal (OPC), el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años en Argentina. Decenas de familiares y especialistas en salud mental marcharon por las calles del centro de Buenos Aires para concienciar sobre el aumento de casos de suicidios en Argentina. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, nos explica algunos de los motivos que han llevado a que la tasa de suicidios aumentara un 57,6 % desde 2017. Los suicidios no están en relación con una causa única, sino que son un fenómeno complejo y multicausal. No es casualidad, creemos nosotros en la Asociación Argentina de Salud Mental, que no esté en relación con las condiciones actuales de la situación económica y social de nuestro país, con lo cual puede llegar a actuar en personas vulnerables y con cierta predisposición", explica Trimboli. El experto recalca que este no es el único motivo y pone de ejemplo que los suicidios entre miembros de las fuerzas de seguridad también han crecido. ¿Hacia una privatización de la atención psiquiátrica?  No hay un plan ni programas de prevención. No existe ningún tipo de planificación de la salud mental. Simplemente recortes. Esta semana, 16 provincias argentinas han sacado un documento conjunto pidiendo un Plan Federal de Salud Mental y también el rechazo a un proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental, que sería un retroceso de siglos de gobierno", explica.  "Lo que pretende es llevar todo atrás para beneficiar a las clínicas psiquiátricas privadas y al sistema de medicina privada", denuncia.  Trimboli critica que el Ministerio de Salud lleva desde 2003 sin establecer diálogo con su asociación y pide políticas de prevención. Tiene que haber campañas de prevención, que se hable de suicidio, que se aplique el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud para Salud Mental. Eso dice nuestra ley y no llega ni al 1,5% en este momento", lamenta.  El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental afirma que la situación solo mejorará cuando el sistema sanitario del país reciba los medios económicos y de personal que necesita.

El Gobierno de Venezuela desbloquea varios portales web de medios de comunicación que llevaban años censurados. El regulador de las telecomunicaciones del país dio la noticia, horas antes del inicio de la segunda ronda del diálogo entre el Gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. La libertad de expresión es uno de los temas principales de esta mesa de diálogo presidida por Estados Unidos. Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios. Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”. Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué. “El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice. El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica. Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica. Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido. Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe. “No ha habido un cambio en los actores” “En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica. El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos. “No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher. Aún 500 presos políticos La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados. “La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala. El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima. Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Los feminicidios cometidos en Cuba en lo que va de 2026 ya superaron los del año pasado: 49 en 2025 y 52 en 2026 son las cifras que comunicó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). La plataforma alertó que la pobreza de la isla pone en mayor peligro a las mujeres porque no tienen dónde encontrar refugio. Noemí Pérez López, así se llamaba la última víctima de feminicidio en Cuba. Tenía 38 años cuando su expareja la asesinó en la provincia de Las Tunas, al oriente de la isla, el pasado 8 de agosto. Es la víctima de feminicidio número 52 en lo que va de 2026. “Es un Estado que no previene los feminicidios” “Este caso permite explicar varios problemas a la vez. Primero, el principal peligro sigue estando muchas veces dentro del círculo íntimo, y esto es uno de los patrones que hemos identificado, que ocurre dentro del seno de las parejas y exparejas. Son la mayor cantidad de feminicidios”, comenta Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). “Segundo”, prosigue, “ocurrió dentro de su propia casa, es decir que, donde presuntamente la víctima debía encontrar el mayor refugio, realmente ocurrió el mayor peligro. Y tercero, el agresor pudo permanecer prófugo durante semanas”. Álvarez denuncia que las autoridades cubanas informan poco o nada de los feminicidios y no protegen a los familiares de las víctimas, quienes corren peligro de amenazas, intimidaciones o represalias por parte de los criminales: “Son las organizaciones independientes que tienen que dar la voz de alarma. Es un Estado que no previene los feminicidios, no previene la violencia de género, no tiene, por ejemplo, refugios para las mujeres que se encuentran en una situación de peligro”. La crisis económica empeora la situación Y los peligros aumentan con la crisis económica crónica que sufre la isla. Las mujeres son las más vulnerables: “Para una mujer que quiere separarse de un agresor, puede resultar extremadamente difícil encontrar otra vivienda, conseguir ingresos suficientes, trasladarse, alimentar a sus hijos o reconstruir una red familiar. Especialmente cuando una parte importante de la familia ha emigrado o, por ejemplo, se encuentra en una situación territorial donde apenas hay conexión, donde apenas hay red de apoyo para las mujeres que se encuentran en peligro”, subraya Ileana Álvarez. “Nuestro informe advierte de que el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad institucional, no explican por sí solo la violencia feminicida. Claro está que sabemos que las causas son estructurales, pero sí agravan la vulnerabilidad y dificultan romper relaciones violentas”, concluye la directora de OGAT, quien atendió esta entrevista desde el exilio en España.

Meta, dueños de Facebook, Instagram, está desmantelando su sistema de lucha contra la desinformación en América Latina al reemplazar a periodistas profesionales por usuarios anónimos. La red de verificadores advierte que esta medida facilitará la circulación de contenidos falsos, dejando a la audiencia expuesta a manipulaciones. Laura Sanabria es la editora de la sección "Detector de mentiras" del medio digital colombiano La Silla Vacía y además hace parte de la Junta de LatamChequea, que es el colectivo de 47 medios de comunicación latinoamericanos que verifican los contenidos de meta. "Nuestra tarea básicamente consiste en monitorear, en este caso Facebook, Instagram y Threads, los contenidos potencialmente desinformantes que pueden estar circulando y verificarlos, hacer un artículo periodístico con una metodología clara y establecida y calificar esos contenidos con distintos valores que van desde un contenido que es completamente falso a una advertencia de que es un contenido hecho con inteligencia artificial, una potencial estafa, algo que le falta contexto y alertar a la plataforma para que tome las medidas necesarias que cree que debe de tomar. Es Facebook el que con esa información decide si pone etiquetas y ralentiza el algoritmo para que ese contenido se deje de presentar, si suspende o bane una cuenta". Esta red de verificadores fue creada por el propio Facebook hace una década y le paga a los medios participantes por este trabajo. Ahora el gigante estadounidense pretende ahorrarse ese pago y dejar la verificación gratuita en manos de usuarios esa información, como ya ocurre en la red social X. Laura Sanabria: "Hoy, por ese proceso en el que, las notas de comunidad tienen que, mínimo lo tienen que calificar más de dos personas de orillas diferentes y que hayan calificado contenido distinto hace, al menos en los estudios que hemos mostrado en X, que las notas sean públicas cuando un contenido ya deja de ser viral, es decir, la nota aparece pública para todo el mundo cuando ya han pasado las horas cruciales, que son 48 horas de una publicación, entonces el efecto es incluso peor, porque es una nota que queda en un contenido que ya no se está viralizando. "El contenido que hacíamos los terceros verificadores al menos hace algún tipo de cambio de comportamiento, por ejemplo, con las cuentas que están compartiendo esa información, nuestro tiempo es mucho menor. Es más o menos de 3 a 4 días. "Sobre ese punto, los datos que al menos hoy muestran las notas de la comunidad en X, que son interesantes que hemos podido analizar, muestra que no mejoran el programa de terceros verificadores. De hecho, la mayoría de notas de comunidad se publican en inglés y esto me parece a mí clave mencionarlo porque el desmonte después de Estados Unidos lo quieren hacer en lengua hispana. Es decir, los usuarios realmente quedan más desprotegidos porque hay menos, entre comillas, "colaboradores" que están haciendo este trabajo". Leer también¿Qué son las "notas de la comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina? En 2025, META implementó este sistema de notas de la comunidad en Estados Unidos. Aún no hay fecha para cuando ocurrirá en América Latina. Recientemente La Silla Vacía alertó a Meta de la circulación de un video viral (1.5 millones de vistas) en el que se veían marchas falsas en contra el gobierno colombiano. Meta lo etiquetó como engañoso. 

El Memorial y Museo del 11-S añadirán un séptimo minuto de silencio en la ceremonia de conmemoración del 25° aniversario de los atentados, para rendir homenaje a los miles de muertos por enfermedades relacionadas con su estancia en la zona después de la tragedia. Esta semana comenzaron a publicarse en un sitio web de la alcaldía de Nueva York los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios de la época, que evidencian lo que sabían las autoridades sobre la mala calidad del aire, información que fue ocultada en ese momento.   Dos aviones convertidos en bombas se estrellaron con las Torres Gemelas ese 11 de septiembre de 2001. Una hora después las torres se derrumbaron, ocultando a Manhattan con toneladas de polvo. Sobrevivientes, socorristas, familiares de víctimas, trabajadores... los que estuvieron alrededor del lugar inhalaron ese aire, que ahora se confirmó estaba altamente contaminado. “El gobierno local estaba preocupado” “No culpamos a la ciudad por cometer errores al intentar que la vida volviera a la normalidad en esas primeras semanas después de los ataques. Estaban reaccionando a una emergencia causada por los terroristas”, explica Andrew Carboy, uno de los abogados de 9/11 Health Watch (en español, Vigilancia de Salud del 11 de septiembre), que demandó a la ciudad de Nueva York para que publicase los registros sobre la toxicidad por los ataques. “Según los registros que hemos visto, para octubre de 2001 estaba claro que el gobierno local estaba preocupado porque se le decía a la gente que regresara cuando era seguro, cuando en realidad no lo era, y temían que hubiese demandas por parte de personas afectadas. Sin embargo, el mensaje de que el aire era seguro continuó hasta mediados de 2002”, prosigue Carboy. Los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios al respecto estaban almacenados en 68 cajas. A un cuarto de siglo de la tragedia, serán analizados y difundidos poco a poco a través de un sitio web creado por la alcaldía de Nueva York. Los registros serán publicados en un portal digital de acceso público, financiado con 34 millones de dólares asignados en el presupuesto municipal. “Ya era hora” “Parte de la información ya es pública en un portal de internet que el alcalde Mamdani y su abogado principal, el consejero corporativo Steve Banks, han creado. Esperan añadir más documentos en los próximos meses durante el próximo año. 9/11 Health Watch, yo mismo, mi co-abogado Matthew McCauley y Ben Shabbat, el director, nos reuniremos con la ciudad cada mes, para ver si podemos mejorar este portal y proporcionar más información. Así que aplaudimos al alcalde por hacer esto. Ya era hora”, señala el abogado. Según él, “es un resultado importante, pero creo que no deberíamos celebrarlo, porque lo único que está haciendo el alcalde, y se lo reconozco, es cumplir con la ley que los alcaldes anteriores deberían haber seguido pero no lo hicieron, o al menos sus administraciones no lo hicieron”. El abogado advierte sin embargo que, aunque toda la información se haga pública, las víctimas no podrán exigir una compensación adicional: “Al recibir una compensación federal a través de un programa en Washington D. C., han renunciado a su derecho a demandar a la ciudad de Nueva York. Y más de 100.000 personas ya lo han hecho. Además, la segunda corte más alta de los Estados Unidos —solo la Corte Suprema está por encima— ha determinado que las personas no pueden demandar si resultaron heridas como consecuencia de la respuesta a los ataques del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre fue un acto de guerra y no se puede demandar ni cuestionar al gobierno por tomar medidas en respuesta, incluso si uno resulta herido. Así que la ciudad tiene mucha protección contra cualquier demanda, por graves que puedan resultar estos documentos”. Miles de afectados “Otra vez, solo somos los abogados, las personas que realmente han sufrido son quienes trabajaron, los que sobrevivieron y las familias de los que perdieron la vida. Sabe, nosotros hacemos esto por ellos. Y son ellos quienes necesitan esta información por diversas razones”, subraya Carboy. En cuanto a las estadísticas, indica que “aproximadamente 9.000 personas padecen enfermedades que el gobierno federal ha relacionado con la exposición al 11 de septiembre. Hasta este momento, sabemos de al menos 10.000 personas que han muerto por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Estas son cifras del gobierno federal”. Pero las cifras de afectados reales podrían ser mayor a las registradas oficialmente.

UNICEF y el Ministerio de Aguas de Venezuela comenzarán la rehabilitación de infraestructuras clave de agua en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de junio. El proyecto busca garantizar servicios estables y sostenibles, beneficiando a 250.000 personas. UNICEF ha movilizado 25.7 millones de dólares para atender la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela. Parte de ese dinero es utilizada para financiar las intervenciones de agua, saneamiento e higiene. “Mejorar la continuidad y la fiabilidad del abastecimiento de agua” Actualmente se concentran en la rehabilitación de la estación de bombeo de Mamo, y de la planta de tratamiento de agua de Naiguatá en La Guaira, que fue el estado más afectado por el evento sísmico. Las obras comenzarán en octubre. "Estas obras lo que buscan es mejorar la continuidad y la fiabilidad del abastecimiento de agua en las comunidades afectadas, y a través de ellas nosotros esperamos poder beneficiar a aproximadamente 250.000 personas, entre ellas alrededor de 76.000 niños y niñas que residen en el estado de La Guaira. Esto es importante porque pretendemos que tengan acceso a agua segura, también a saneamiento e higiene", explica a RFI Manuel Rodríguez, representante de UNICEF en Venezuela. Salud de los niños La mayoría de los servicios de acueducto fueron cortados tras el desastre. Hasta ahora, las intervenciones apoyadas por UNICEF han permitido que unas 16.000 personas, incluidos 5.000 niños y niñas, accedan a agua potable. Esta situación de emergencia los obligó a duplicar el trabajo que ya venían realizando en Venezuela desde hace varios años. "Nosotros como UNICEF, tenemos como una de nuestras áreas claves de trabajo el sector de agua y saneamiento, porque tiene una correlación directa con lo que es la salud y la nutrición de los niños y niñas. Y por eso hemos venido trabajando desde antes del terremoto con las autoridades, con las comunidades, para ir facilitando acceso a agua segura a través de sistemas de filtración de agua, plantas potabilizadoras de agua, tanto a nivel de las comunidades como a nivel de las escuelas y de las unidades de atención primaria en salud, que también son dos sectores que nosotros trabajamos, educación y salud”, agrega Manuel Rodríguez. Algunas zonas afectadas por el terremoto continúan dependiendo del transporte de agua y otras medidas temporales.

Según los expertos, Centroámerica será la parte más afectada por los efectos de El Niño, donde se espera que 16 millones de personas sufran inseguridad alimentaria. En América latina ya se sienten los efectos del fenómeno climático natural El Niño, especialmente, en Centroamérica, donde sus ciudadanos podrían pagar un precio muy alto por las sequias causadas por este fenómeno, dejando a un total de 16 millones de personas en la más absoluta inseguridad alimentaria, tal y como alertó la ONU en un reciente informe.  En Honduras, por ejemplo, el 80% del país ya se encuentra en alerta por la sequía, obligando a las autoridades a decretar la alerta roja en varios municipios por falta de alimentos.  El director del programa Mundial de Alimentos en Honduras, Nicolas Bidault, afirma que el impacto más visible del fenómeno del El Niño en el país se puede ver en la cosecha de los granos. "El impacto que vemos en Honduras ya es el impacto sobre la cosecha de los granos. El impacto también es un impacto sobre los ganados. Hay muchos municipios que reportaron pérdida de ganados", cuenta para los micrófonos de RFI.  Una alerta que se espera que dure al menos los próximos 6, o incluso, 8 meses, manteniendo la alerta roja en 103 municipios de Honduras. Sobre la cifra de personas que estarían en riesgo de inseguridad alemantaria, Bidault insiste en que sigue siendo incerta, ya que se trata de un fenómeno imprevisible. "No tenemos todavía la cifra. Estamos haciendo con el Gobierno un levantamiento en varios municipios para confirmarlo. Lo que sabemos es que en diciembre 2025 tenía 1.4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, en agosto 2026, entonces, ocho meses después, 1.9. Entonces, un aumento de 500.000 personas en inseguridad alimentaria. No todas ellas están afectadas por la sequía aguda. Ahora estamos verificando la situación. Lo que hemos visto es que alrededor de 160.000 familias están municipios de alerta roja que no todavía no tienen asistencia". Reparto de saco de arroz y tarjetas de comida  Actualmente, el programa Mundial de Alimentos está llevando a cabo un plan de reparto de alimentos en Honduras para paliar esta situación. "Estamos entregando sacos de alimentos que tienen arroz, frijol, harina de maíz, harina de trigo, proteínas, algo bien completo y lo estamos entregando a las familias de un promedio de cinco personas. Una entrega mensual. En zonas donde hay supermercados, lo que entregamos es una tarjeta que tiene un valor equivalente a 150$. También es mensual para una familia de cinco personas". La organización, además, trabaja apoyando al gobierno mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar para garantizar la entrega de alimentos en los centros educativos a 1.2 millones de niños y niñas. Al mismo tiempo que apoyan a los pequeños productores, quienes también se han visto fuertemente afectados por El Niño. El Canal de Panamá estudia restricciones de tránsito  El canal de Panamá no descarta nuevas restricciones al tránsito de buques debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, dijo a la AFP la nueva administradora de esta ruta por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La vía interoceánica ya redujo progresivamente el límite máximo de barcos de 36 a 32 al día. Pero Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes la administración del canal, afirmó en una entrevista que no descarta nuevas medidas si la sequía no remite. 

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, comienza su gira por América del Sur. Su primera parada será Colombia, y continuará por Ecuador y Perú. Está previsto que Rubio se reúna con los presidentes de los tres países, miembros del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y combate contra el narcotráfico creada por el presidente Donald Trump en marzo. Todos los preparativos están listos en Colombia para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de su gira por América Latina, que también cuenta con visitas en Ecuador y Perú. “Una agenda centrada en el tema de la seguridad” Su primera parada será en Barranquilla, donde mantendrá una reunión con el presidente colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, insiste en que el tema principal de las conversaciones será la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. “Es una agenda que está fundamentalmente centrada en el tema de la seguridad y en el tema del combate a lo que Estados Unidos ha denominado organizaciones narcoterroristas. Teniendo en cuenta que se trata de tres gobiernos de derecha con cercanía política e ideológica al gobierno de Trump en Estados Unidos, de lo que se trata esto es justamente de una conversación para lograr acción conjunta en contra de esas organizaciones”, explica. De la Espriella ha prometido en repetidas ocasiones su deseo de mejorar las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, llegando a apoyar a Israel, reconociendo su soberanía sobre los Altos del Golán o ubicando una embajada colombiana en Jerusalén. Incrementar el nivel de cooperación “Es un gobierno que ha hecho concesiones pensando justamente en que se incremente el nivel de cooperación entre los dos países en materia de equipamiento militar, en materia de recursos y en materia de inteligencia para poder combatir a esas organizaciones criminales con mucha más fuerza”, señala Borda. “Venimos de un gobierno donde ese entendimiento no fue un entendimiento profundo, porque Petro no creía en la lucha contra las drogas como la concibe el gobierno en Estados Unidos, y además estaba negociando con algunas de estas organizaciones criminales la posibilidad del sometimiento a la justicia de sus líderes”, agrega la profesora. Ayuda económica Sandra Borda afirma que De la Espriella busca en esta visita defender los intereses del sector privado con la eliminación de los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca, así como conseguir ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. “Creo que hay una agenda de cooperación gruesa alrededor del tema de la reconstrucción posterior al terremoto, y en general de ayuda económica. Colombia sale del anterior gobierno con un déficit fiscal grande que ha deteriorado la calificación de las organizaciones crediticias internacionales frente al país, y acaba de salir justamente de un terremoto que le va a exigir un gasto fiscal grande”, detalla. La gira de Marco Rubio evidencia el interés de esta administración por Latinoamérica, que va más allá de la lucha contra las organizaciones criminales y que incluye la renovación del gobierno y la economía de Venezuela y el futuro de Cuba.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos comenzaron este viernes en Carolina del Norte, entre la confusión en torno al voto por correo, mientras se envían las primeras papeletas y Donald Trump intenta que los tribunales impongan nuevas restricciones a este tipo de sufragio. Carolina del Norte, en el este estadounidense, ha sido el primer Estado en enviar las boletas por correo para las elecciones de mitad de mandato, pero lo hace en plena polémica e incertidumbre sobre lo que ocurrirá con este sufragio a distancia. Y es que Donald Trump pidió nuevamente a la Corte Suprema que le autorice aplicar reglas restrictivas para esta modalidad de votación. La Corte le dio luz verde parcial. Sin embargo, poco después, su pedido fue bloqueado por una jueza federal que considera que ya no hay tiempo para implementarlas. Este vaivén hace parte del declive de confianza frente a estas elecciones, dice Andrew Daniller, investigador del Centro de Investigaciones Pew.  "La confianza esta vez es más baja, y parte de lo que está ocurriendo es que la gente está preocupada por el voto por correo, si debiera permitirse o no. También les preocupa si todos los ciudadanos con derecho a voto podrán votar o si se impedirá votar a las personas que no cumplan los requisitos y que intenten hacerlo. Así que hay muchos temas en juego. El voto por correo es una de las más importantes, pero hay muchas otras cuestiones que preocupan a la gente frente a estas elecciones", estima Daniller. Según datos de la comisión de asistencia electoral, el voto por correo se ha triplicado en los últimos 20 años y es más popular entre los demócratas, confirma el investigador Daniller. "Una de las razones por las que es tan popular es porque el día de las elecciones es un martes. No coincide con un día festivo ni con un fin de semana. Mucha gente está trabajando ese día.  Alrededor del 60 % de los estadounidenses cree que las personas deberían poder votar por adelantado, en ausencia o por correo, independientemente de si tienen o no una justificación válida para ello. En general, los estadounidenses apoyan el voto por correo, pero la situación es muy diferente entre republicanos y demócratas. Los demócratas son mucho más propensos a apoyar esta opción que los republicanos", subraya el investigador. Trump ha sido crítico del voto por correo, afirmando sin pruebas que es susceptible de fraude, y lo ha vinculado con su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por el demócrata Joe Biden. Ahora, republicanos y demócratas se enfrentarán el 3 de noviembre en las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en unas elecciones que históricamente se consideran un test de aprobación para el Gobierno de turno.

Casi uno de cada cinco niños y niñas que usan Internet sufren explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología. En muchos casos, se trata de personas que ya conocían, sostiene un informe de UNICEF realizado en 21 países. Entrevista con Sara Antillón, miembro de UNICEF México. Las redes sociales concentran el 60% de los casos de explotación o abuso sexual contra menores. Facebook (50%), WhatsApp (29%), Instagram (24%), Snapchat (13%) y TikTok (12%) son las plataformas en las que los jóvenes se ven expuestos a contenidos sexuales no deseados, reciben solicitudes para mantener conversaciones sexuales o compartir imágenes sexuales en contra de su voluntad, indica la investigación Disrupting Harm (por su título en inglés), de la que hizo parte UNICEF. El estudio se llevó a cabo en 21 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa del Este. Sara Antillón, miembro de UNICEF México, detalla las dificultades para luchar contra este fenómeno, comenzando por el hecho de que muchas víctimas no denuncian estos abusos. "Muchos niños y niñas no se lo cuentan a nadie. La primera barrera es que las niñas y los niños no tienen confianza o no saben muy bien si lo que les pasó es algo que se tendría que perseguir o, por el contrario, creen que los van a juzgar, sobre todo las personas adultas. Un primer elemento que identificamos es la necesidad de fortalecer los vínculos con los niños. El otro punto que identificamos es que muy pocos lograban salir del círculo de amenazas en el que muchas veces los metían las personas que los atacaban. Era como si les dijeran: ‘si tú lo dices, voy a aumentar la violencia', y por tanto esas amenazas hacían que tuvieran más miedo de poder parar lo que estaba sucediendo. Y el último elemento que se identificó fue que, cuando ya llegaban a los servicios, y la proporción es muy baja, menos del 1%, éstos no necesariamente estaban preparados para atender delitos digitales. Muchas veces esos servicios están pensados para personas adultas, mujeres adultas", precisa. Antillón asegura que, más allá de la prohibición, hay que mejorar el acompañamiento a los menores y acelerar los procesos de justicia. "La tecnología está avanzando más rápido que los procesos legislativos. Por lo general, los procesos legislativos toman tiempo y requieren debates nacionales. Hay cosas vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial que todavía no están siendo reguladas de forma adecuada para atender los riesgos que esto implica", concluye Antillón. Además de las redes sociales, los juegos en línea también son un espacio donde los menores son víctimas de abuso, por lo que la organización hace un llamado a la responsabilidad de las empresas tecnológicas para que diseñen plataformas pensadas para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Guatemala, Honduras y El Salvador atraviesan una dura sequía, como consecuencia del fenómeno de El Niño, que tiene en jaque a la agricultura y aumenta la vulnerabilidad alimentaria. Además de perder los cultivos, las familias también han perdido empleos y tienen dificultades para encontrar alimentos fundamentales. Un reciente informe de Oxfam da cuenta de la difícil situación humanitaria en la que se encuentra el Corredor Seco centroamericano, afectado por la sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño que azota la región. Pérdidas agrícolas, limitaciones de acceso al agua y reducción de ingresos de los agricultores son solo algunas de las consecuencias de este fenómeno climático, dice Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica. “Conseguimos documentar la pérdida generalizada de cultivos debido a la sequía que ha ocasionado el fenómeno de El Niño. Nos enfocamos sobre todo en los cultivos de maíz y frijol, dado que son la base de la alimentación de los hogares rurales en el Corredor Seco centroamericano, y en general de la población centroamericana. El 78.6% de los hogares en las comunidades en las que hicimos la evaluación perdieron prácticamente el 100% de sus cultivos, de igual manera el café. Esta perdida en el agro también tuvo un impacto en la oferta de empleo rural”, explica Aguilar. “Se perdió por completo la cosecha en mi comunidad” José Hernández cultiva maíz y frijol en el sureño municipio de Jocotán, en Guatemala, y espera con ansias la lluvia, pues ha perdido totalmente su trabajo. “Llevamos casi dos meses de no llover, ¡más! Porque en junio solo llovió en las dos tormentas y de ahí en julio no llovió nada, igual agosto, septiembre, nada. (…) Este año se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”, cuenta. Aguilar resalta que esta sequía supera con creces fenómenos anteriores: “En el ciclo de postrera, que es la segunda oportunidad al año que tienen los hogares del Corredor Seco para cultivar, el porcentaje de lluvias ha caído bastante bajo y el pronóstico no es nada alentador. Los institutos meteorológicos prevén que el mes de septiembre y octubre sigan siendo bastante secos. Eso va a dificultar que haya una recuperación en el ciclo de postrera”. Habitualmente, señala, “uno de los dos ciclos suele dar cierta cantidad de cosecha; en este año, ninguno de los dos va a ser exitoso y eso es lo más complejo”. El informe da cuenta de un deterioro en la seguridad alimentaria de la región que puede extenderse hasta dentro de un año, por lo que hace un llamado a intensificar los mecanismos de respuesta a estos fenómenos climáticos.

La disputa por las Malvinas sigue ocupando un lugar central en Argentina. Este martes, abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 contra el Reino Unido presentaron una demanda para frenar un proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las petroleras Navitas y Rockhopper en aguas cercanas al archipiélago.  Desde la sureña provincia de Tierra del Fuego, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda que busca frenar el proyecto de explotación de las petroleras Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, alrededor de las islas Malvinas, poniendo nuevamente el foco sobre la disputa por la soberanía de ese territorio entre Londres y Buenos Aires. El proyecto, denominado Sea Lion, tiene como objetivo comenzar la extracción de crudo en 2028 y llevarla a cabo durante más de 30 años a 220 kilómetros de las islas Malvinas, indicó a RFI Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: "Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del Gobierno británico, del Estado británico. Pero además, en este caso, también en el mar argentino, donde las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, dos corporaciones muy grandes, no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades del mar argentino, que es la Argentina. Hay un comunicado de la Cancillería que lo declara ilegal. Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo". Según los demandantes, además de la disputa por la soberanía, este proyecto también representa un alto riesgo ambiental para aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina y para las islas de la región, que mantienen una "conexión ecológica" con la Antártida. "El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría de todo, incluso la costa del territorio continental argentino. Lo que significa ahí es territorio de la ballena franca austral, uno de los animales más magníficos del mundo", explica Viale. El texto jurídico indica que el proyecto petrolero incumple una resolución de la ONU según la cual deben evitarse acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo entre ambos países. Cabe recordar que Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral y libraron una guerra en 1982, que se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto, en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos. Desde entonces, el reclamo ha continuado por la vía diplomática. El Reino Unido ejerce la administración del archipiélago como territorio británico de ultramar, mientras Argentina reivindica de manera permanente su soberanía y lo considera un territorio ocupado ilegalmente.

Miles de estudiantes en Cuba vuelven a las aulas en medio de una extrema precariedad entre apagones, malnutrición y un sistema educativo colapsado por la falta de material y docentes.   Para muchos niños el sonido del timbre es sinónimo del regreso a las aulas, de reencontrarse con sus amigos y de expandir sus conocimientos. Sin embargo, no será para todos igual, especialmente para los miles de estudiantes cubanos que se enfrentan a una vuelta al cole marcada por la escasez. “La peor vuelta al cole” Para ellos, volver a la escuela significa un año más intentar estudiar entre apagones, carencia nutricional y un importante deterioro del sistema educativo de Cuba. “Probablemente sea la peor vuelta al cole en estos 67 años de la llamada Revolución Cubana. Es una vuelta al cole después de unas vacaciones que no han sido vacaciones para la gran mayoría de los niños y niñas cubanas. Es una vuelta llena de angustias y de incertidumbres, de precarización de las condiciones materiales. Es un regreso a clases, además, en condiciones de extrema excepcionalidad para la gran mayoría de los niños”, comenta Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido60. El curso anterior tuvo que finalizar anticipadamente por la crisis energética y la brecha digital que impedía realizar en buenas condiciones las clases. Además, la malnutrición en los estudiantes, provocada por la escasez de productos básicos, también es uno de los puntos que más preocupan a las familias. “La gran mayoría de las mujeres, de las madres, sacrifican su propia alimentación, por lo menos para proveer algo a los hijos para mandarlos con una merienda a la escuela, con un almuerzo y puedan soportar, digamos, lo que necesita una carga activa”, subraya Acosta. Edificios inadecuados y falta de maestros Unas condiciones que también denuncia Mailén, una madre de tres hijos residentes en La Habana: “La escuela de mis hijos está en reparación desde hace más de seis meses porque le estaba cayendo los pedazos de techo arriba a los niños. De hecho, se estaba desplomando el piso de una de las aulas de arriba y estaban cayendo los escombros en el aula de abajo y tuvieron que desalojar esas aulas. Los niños llevan medio curso, los grados más grandes, yendo a otra escuela a recibir las clases porque en esa escuela no podían estar”, cuenta. A esto se suma la falta de maestros. En 2024, el oficialismo reconoció que el país tenía una necesidad de alrededor de 24 mil docentes para completar las plantillas. “Se produce una fuga de profesores y de auxiliar porque las condiciones laborales, los salarios, obviamente no compensan el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tiene una profesión como el magisterio”, señala Elaine Acosta. Mientras suena la campana y comienza otro curso, las familias cubanas afrontan el reto de garantizar una educación digna a los más pequeños.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes. El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel. El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis. Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal. "No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI.  Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña. "No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal.  También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes. "El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez. "Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir.  A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo". "El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez.  Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido. Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La crisis demográfica en Cuba, país que registrara en 2025 casi el doble de muertes que de nacimientos, se acelera. ¿A qué se debe esta situación y cómo podría afectar a la ya frágil economía de la isla? Analizamos este fenómeno con el demógrafo Juan Carlos Albizu y el economista Omar Everleny. Cuba cerró 2025 con apenas 68.064 nacimientos, más de 245 mil emigrantes y 136 mil defunciones. Estos datos profundizan un histórico proceso de envejecimiento que afecta a todas sus provincias. La aceleración del declive poblacional en la isla se debe a múltiples razones, como explica a RFI el demógrafo Juan Carlos Albizu del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba. "Lo está ocurriendo demográficamente es una respuesta adaptativa de la población a lo que está ocurriendo en el país, que es un desastre humanitario" - Juan Carlos Albizu, demógrafo y economista "Hay una aceleración de la caída de la fecundidad y hay un éxodo masivo de la población como respuesta a su incapacidad para manejar sus condiciones de vida. Lo que está ocurriendo con la mortalidad venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque la esperanza de vida en Cuba está descendiendo desde el año 2013 para acá", sostiene. No obstante, el experto reconoce que se produjo una aceleración del aumento de la mortalidad y de la caída de la esperanza de vida en los últimos años. Para el economista y antiguo profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, esto puede estar vinculado con la política estadounidense hacia Cuba. "Mucha gente que podría ser atendida con otro tipo de medicamentos, otro tipo de cosas, hoy carece de ellos. Y eso se debe realmente a esta situación de asfixia que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos, si bien no es el único factor", recalca. Leer tambiénCuba busca alivio económico con la apertura a capitales privados Las consecuencias de esta crisis demográfica son graves para la frágil economía de la isla. Según Albizu, el 80% de las personas que han emigrado tenían entre 15 y 59 años, una franja etaria clave para la actividad económica. "Efectivamente, eso va a comprometer a mediano plazo la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y, por otro lado, está acercando lo que se llama 'el cierre de la ventana de oportunidad demográfica', que también sería un elemento que la economía podría haber aprovechado si es que hubiera garantizado las condiciones", estima el también economista. El envejecimiento y la emigración han golpeado fuertemente a la población en edad laboral de Cuba. En los últimos cinco años, este sector experimentó una reducción de 1.259.894 personas, pasando de 6.866.435 trabajadores en 2021 a 5.606.541 en 2025. Un proceso irreversible Aunque Albizu afirma que el proceso de envejecimiento demográfico per se "no es una mala noticia", precisa que no es reversible. A su juicio, la única política coherente sería fortalecer el desarrollo económico invirtiendo cantidades importantes de capital para garantizar un aumento sostenido de la productividad del trabajo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Para ello, cita como ejemplo a los países nórdicos o incluso los modelos adoptados por China o Vietnam. "Sin embargo, muchos autores plantean ya que esa oportunidad en Cuba se perdió debido al enquistamiento de los dirigentes de mayor nivel en un modelo socialista que no ha hecho otra cosa que preservarlos en el poder, mientras la población continuó padeciendo todos los males", subraya el demógrafo. "Así, el modelo económico actual en Cuba no solo está quebrado, sino que es su propio obstáculo para el avance", sentencia. Leer tambiénCuba anuncia una apertura económica en medio de una profunda crisis De perpetuarse esta situación, el especialista concluye que la pobreza seguirá aumentando y, en consecuencia, persistirá la emigración masiva, mientras la fecundidad y la esperanza de vida continuarán cayendo. Albizu advierte que esto podría hacer que la caída de la población cubana de los 9,4 millones actuales a los 6 millones, pronosticada por Naciones Unidas para 2100, podría entonces adelantarse a 2050.

"¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?". Con esa pregunta, Reporteros Sin Fronteras y más de 40 medios mexicanos interpelaron al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y al conjunto de autoridades para reclamar una respuesta frente a los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes en el país, el más peligroso para la prensa en América Latina. En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta, acompañada de la lista con el nombre de los periodistas asesinados en México de fondo. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma.  La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina. "México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses", afirma. En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Según Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales, que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción. "Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos" - Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, generando desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila que participó de la iniciativa. "En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos de turno, locales sobre todo, pero municipales también", sostiene. Leer tambiénCrímenes contra los periodistas: en México, "la principal fuente de agresión es el Estado" El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial o amenazas o agresiones a sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles. "También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no de garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión auténtico y confiable", considera el periodista, quien recibió amenazas en el pasado. Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones. También reclaman identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación con el fin de evitar que se repitan.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

En Colombia, las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir contenidos informativos y ahora solo tienen programación musical. La nueva administración de Inravisión dice que revisará toda la parrilla, pero ya enfrenta críticas y acciones legales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella y políticos de derecha las acusan de haber sido un "aparato de propaganda" y "megáfonos de las FARC". La ONG Reporteros Sin Fronteras exigió el martes al gobierno colombiano reanudar de inmediato la producción de contenidos en la Radio Nacional de Colombia, suspendida hace una semana por una supuesta reestructuración de la parrilla. De momento, se desconoce cuándo se retomará la programación. Desde el pasado 18 de agosto, Radio Nacional de Colombia transmite sólo música desde Bogotá. Así lo decidió "hasta nueva orden" la flamante administración del sistema de medios públicos, Inravisión, mientras establece una nueva parrilla de contenidos. Esta decisión afecta a las 74 frecuencias de la Radio Nacional, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a los territorios más golpeados por el conflicto. Sus trabajadores temen que esta medida transitoria sea definitiva. "Esta decisión es consecuente con lo que dijo Abelardo de De la Espriella en campaña y ha reafirmado siendo presidente. Todo lo que tiene que ver con la paz y con procesos de paz lo están terminando", explica a RFI Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca. Leer tambiénDe la Espriella debuta como presidente de Colombia rodeado de aliados: "Es tiempo de la recuperación del orden" La nueva gestión denuncia que estas radios se convirtieron en un "aparato de propaganda" durante el Gobierno de Gustavo Petro. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que apoyó a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”. Sin embargo, las emisoras nacieron a raíz del artículo 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de dar voz e informar a las comunidades más afectadas por el conflicto. "Somos un proyecto de Estado y no de gobierno, hemos tenido una programación ininterrumpida, no hemos hecho ninguna propaganda política a ningún gobierno de turno. Hemos cumplido con el 6.5, eso es darles voz a los firmantes del acuerdo de paz, a las organizaciones sociales y a las víctimas del conflicto armado" - Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo "Esto está violando el derecho a la información de las comunidades y son las mismas comunidades las que hoy nos están reclamando estar al aire", sentencia Molano. Esta suspensión supone no solo un incumplimiento directo del acuerdo de 2016, sino también de la Constitución colombiana. "El ataque a la libertad de prensa es una estrategia de carácter político. Destripan el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada, que está estipulado en el artículo 20 de la Constitución", dijo a RFI la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy. Leer tambiénColombia: Temor por las tierras restituídas tras la victoria de De la Espriella Ante esta situación, la legisladora opositora presentó una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión ante la Procuraduría General de la Nación. También el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra la entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para levantar la suspensión. Pero, de momento, tanto en la Radio Nacional como en las Emisoras de Paz, la música sigue siendo la protagonista.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la Policía para deportar a inmigrantes en situación irregular en el país. El mandatario instruyó identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Esa es una decisión política. Yo la asumo. Es una decisión administrativa. Yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El mandatario ordenó el inicio de operativos coordinados con Migración Colombia y la Policía esta misma semana para identificar a los inmigrantes en situación irregular en el país con el fin de comenzar procesos de deportación. Esta medida afecta y preocupa principalmente a la diáspora venezolana, la más grande de Colombia, cuya cifra oficial se estima en unos 2,8 millones de migrantes. "No ha habido mecanismos de regularización de manera permanente o que se hayan podido utilizar, sobre todo durante el gobierno anterior", explica Mara Sánchez, directora general de la ONG Fraternidad Venezolana. "La regularización se detuvo radicalmente. Hay procesos que están a la espera de una especie de mecanismo de contingencia para poder ayudar en casos específicos. En el caso de los venezolanos está también el permiso por trabajo, que quedó pendiente de firma con el cambio de gobierno. La preocupación queda en el aire porque hay muchas personas que desde hace mucho tiempo no han podido regularizarse, ya que el último proceso de regularización fue el PPT durante el gobierno de Duque. Y si bien, en ese momento, permitió un gran acceso, no fue una medida completamente exitosa. Hay muchas personas que se quedaron sin el documento; el documento nunca llegó, a pesar de que realizaron los trámites", precisa Sánchez. Pero si los inmigrantes venezolanos en Colombia cuentan con algunos mecanismos de regularización, aunque hayan quedado obsoletos, ¿qué ocurre con aquellos de otras nacionalidades? "Migrantes como los ecuatorianos, los chilenos, los haitianos, que también se encuentran aquí, en territorio nacional, haciendo su vida, o los cubanos, no han tenido mecanismos de regularización como los que tuvo la población venezolana con el PEP y el PPT. Estos migrantes también se ven afectados. Estamos ante una medida muy compleja. Creo que hay que ver cómo se puede avanzar hacia un mecanismo de regularización y luego pensar en otro tipo de medidas", concluye. Según datos de Migración Colombia, en este país residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 847.000 se encontraban en condición irregular a mediados de este año. Dentro de esta población no regularizada figuran aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.

Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, el corresponsal de RFI en Caracas recorrió La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, para recoger testimonios de quienes siguen buscando los restos de sus seres queridos. En La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, hay tres imágenes que se combinan a dos meses de la tragedia: la de estructuras colapsadas donde voluntarios y algunos militares trabajan para hallar desaparecidos; la de maquinaria retirando escombros y limpiando terrenos; y la de comercios que comienzan a abrir buscando volver a cierta normalidad. “De familia de mi papá, yo estoy sola. Y lo estamos buscando, pero no aparece todavía. Por la lista de las familias, faltan 28 todavía en el edificio”, dice a RFI Angely León. En la zona cero de desastres, donde más muerte dejó el doble terremoto en Venezuela hace dos meses, la búsqueda de cuerpos no termina. Angely León todavía busca a su padre. Viajó casi 600 kilómetros desde Monagas hace 60 días, poniendo su vida en pausa. "Todos los lunes me estoy yendo, porque es fuerte uno vivir con eso de que no encontró su familiar. Cuando lo encuentre, me voy”, explica a RFI. Francisca Muñoz espera por el cuerpo de su sobrino. “Ya lo que hay es huesos. Lo que digo es que tengo que encontrarlo para poder tener paz", dice. Por parte, Aura Marina Medina busca a su pareja. “Estoy aquí hasta lo último: hasta después de encontrarlo, sacarlo y darle sepultura al lado de su mamá, seguiré apoyando”. José Pulido es rescatista voluntario. Ha trabajado en tres edificios derrumbados y sacado decenas de fallecidos sin pausa. “Aquí lo que hay que buscar es cadáver, y ayudar a la familia para que vayan a descansar”, cuenta Pulido. En otros puntos, el transporte público se ha reactivado, y algunos comercios, de los pocos que quedaron en pie, han comenzado a abrir, aunque las ventas sean mínimas. “Se paran, y me dicen si les puedo vender una cerveza, como si fuera un pecado. El Estado está satanizado". "Del 100% que se hacía -dice Lorena Valdez- se calcula que se está haciendo un 20%. “Yo paso aquí todo el día para vender un refresco, un agua. Al no estar permitidas las playas, esto está solo”, relata Celina da Silva. "Tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo” La normalidad está muy lejos. La Guaira perdió 80% de su actividad económica, sus playas están vacías, el aeropuerto apenas está retomando actividades y el luto todavía embarga a un sinfín de empresas y comercios. “Abajo la infraestructura, los módulos, todo se cayeron. La mayoría trabajábamos en la parte playera, pero tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”, dice Daneska Rodríguez. 6.438 es la cifra oficial de muertos por el doblete sísmico. Y es solo un número pues no hay una lista centralizada de quienes fallecieron. Tampoco es un dato certero sobre cantidad de desaparecidos, que sobrepasan las 1.500 según un cálculo preliminar del gobernador de La Guaira. El gobierno venezolano ya mira hacia adelante. Los reportes han pasado de ser diarios a ser semanales, y en ellos ya también dejaron de incluirse cantidades de damnificados. El último dato fue de 18.000. Ahora, las autoridades se concentran en mostrar que han entregado 335 viviendas a personas que quedaron sin hogar, que han evaluado la habitabilidad de 59.000, y que han recogido medio millón de toneladas de escombros, mientras avanza la construcción de nueva infraestructura, mientras se van realizando demoliciones controladas de estructuras desahuciadas. En La Guaira, como en Caracas y otras zonas de Venezuela, todavía se sienten réplicas, y el miedo no deja de estar presente. Pero también otros sentimientos, algunos de ellos tatuados por la respuesta gubernamental a la emergencia de aquel 24 de junio. “Pero cómo hubo tanta dejadez, eso lo que da es rabia, dolor e impotencia. No se puede sentir otra cosa sino decepción, por la mala acción hasta del mismo gobierno", opina Aura Marina Medina.

Brasil entró de lleno esta semana en la campaña para las elecciones del 4 de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por golpismo. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida. La campaña electoral arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, sólo dos aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro. Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por un intento de golpe de Estado en 2022, es mínima. Según la última encuesta de la consultora Datafolha, el actual presidente obtendría un 47% en una eventual segunda vuelta y Bolsonaro un 43%. Hacia una segunda vuelta reñida Algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del mítico líder del Partido de los Trabajadores: “Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población. Y eso preocupa al Gobierno porque es un presidente octogenario que va por su última campaña y bueno, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil?”, explica Ariel Goldstein, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Leer tambiénBrasil y Estados Unidos retoman diálogo por aranceles, afirma Lula tras hablar con Trump Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y un desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival, de 45 años, resultan atractivas para una parte del electorado. “No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada”, comenta Goldstein. Para el sociólogo, la contienda se anuncia más “competitiva” de lo que parece, dados los votos que Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta: “En segunda vuelta, es probable que toda la derecha se una. Lo estamos viendo en América Latina, es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une. Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de De la Espriella. Pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast”, analiza. Presión de la derecha latinoamericana trumpista Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Según Ariel Goldstein, es “el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío. Por lo tanto, preferiría un gobierno más subordinado”. “Por eso”, prosigue, “se reunió con Flavio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil. Y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica, más amplia. Trump y Milei... Toda esta derecha latinoamericana trumpista se va a tratar de meter como pueda y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil”. Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50%, por lo que la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. El voto femenino también tendrá un peso importante: las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

Cinco años después del magnicidio de Jovenel Moïse, Haití parece encaminarse hacia unas elecciones para elegir a su sustituto. Este jueves se abrió el período de inscripción de candidatos para los comicios del 13 de diciembre, cuya celebración está condicionada al "establecimiento de un clima de seguridad estable". Tras un primer aplazamiento, el camino hacia la votación no se presenta fácil.  Análisis de Jean Eddy Saint Paul, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.  Las elecciones del 13 de diciembre serán las primeras en el país en 10 años, marcados por la violencia, la inestabilidad política y el magnicidio del último presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Tras varias idas y vueltas, las autoridades provisionales de facto lograron establecer un calendario electoral. Este jueves se iniciaron las inscripciones de candidatos, pero después de una primera postergación de los comicios —previstos inicialmente para el 30 de agosto—, el camino no se anuncia fácil.  "El país debe ser accesible para cualquier persona que quiera votar y tenga derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental. Las circunstancias no son las mejores", dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tras concluir esta semana una misión de alto nivel en Haití. Para que la votación se celebre, debe existir previamente "un clima de seguridad estable". Algo complejo en un país, donde la violencia ha obligado a casi 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, para Jean Eddy Saint Paul, profesor e investigador haitiano-estadounidense de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), este requisito no es indispensable. "Creo que las elecciones son un prerrequisito para que a mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electas. Van a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y dotar al Estado de la capacidad necesaria para que recupere, una vez más, el monopolio de la violencia física legítima" - Jean Eddy Saint Paul, profesor en el departamento de Sociología del Brooklyn College de la CUNY Para el experto, las elecciones permitirán recuperar la confianza de la ciudadanía y de la diáspora haitiana en el extranjero, así como la de los inversionistas internacionales, lo que podría derivar en un "cambio en el discurso internacional" sobre Haití. No obstante, reconoce que las condiciones "mínimas" aún no están dadas. "Primero, el Consejo Electoral Provisional tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación política. No hay suficientes ciudadanos haitianos que se hayan registrado para las elecciones", señala el también director fundador del Instituto de Estudios Haitianos de la CUNY. "Otro factor necesario es que el gobierno de facto utilice estrategias para negociar con los grupos armados. La tercera condición es tener una diplomacia proactiva con Estados Unidos porque Haití no produce armas y la gran mayoría de ellas vienen de ese país", agrega. Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas Aunque no será un camino simple, el investigador considera que las autoridades provisionales cuentan con la voluntad para reunirlas a tiempo y poder así celebrar unos comicios que, a su juicio, son el "mejor medio para reformar el sistema desde dentro" en el país más pobre de América.

Un informe de la ONG denunció el miércoles la expansión del uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Esta situación afectaría especialmente a periodistas, activistas y migrantes, al crear un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la protesta. Al canto de "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre...", un grupo de ciudadanos vestidos de Gandalf protestaba esta semana frente a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel en Buenos Aires. Con creatividad, los denominados "Gandalfs del sur" denunciaban los negocios en Argentina del fundador de la firma de inteligencia artificial y espionaje masivo Palantir y exigían su partida del país. La ampliación de la presencia de tecnologías de vigilancia masiva es una preocupación creciente en Argentina. Y según denunció el miércoles Amnistía Internacional, su uso se ha expandido desde la llegada al poder de Javier Milei.  En el informe "Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", la organización entrevistó a actores de la sociedad civil y recabó documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado. "El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.  "Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega. Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión". En total, el Estado ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, pese a la política de austeridad del gobierno. También las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta. "Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41% del gasto público en 2025, en la vereda opuesta el presupuesto en materia de seguridad e inteligencia se ha elevado un 29% y un 6% (...) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades" - Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.  Esta vigilancia gubernamental afecta principalmente a activistas, migrantes y periodistas. Si bien esta situación se ha dado previamente, nunca habría alcanzado estas dimensiones, según señala a RFI Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa). "Eran situaciones más puntuales, no una política generalizada, permanente. Es el momento de mayor ataque [a la prensa] desde la vuelta a la democracia", sostiene. Según precisa, hay una "persecución manifiesta a los periodistas" e incluso a los dueños de medios, que se ejerce a través de la represión en las movilizaciones, la judicialización por opinar o el doxeo. Leer también¿Qué busca el magnate tecnolibertario Peter Thiel en la Argentina de Milei? Amnistía Internacional pidió al gobierno prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia discriminatoria y establecer un marco de regulación específico, pero de momento no ha obtenido respuesta.  "No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abierto a ser auditado constantemente por distintos actores", concluye García Ray.

Las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto se estiman en unos 9.570 millones de dólares, según el Gobierno. El departamento del Chocó, donde se situó el epicentro, es uno de los más afectados. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba. Más de una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, el país entró en la fase de remoción de escombros, sin prácticamente posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo dejó al menos 305 muertos, 4.548 heridos y miles de edificios destruidos. En el Chocó, epicentro del temblor, el desastre puso de manifiesto la desigualdad estructural que atraviesa uno de los departamentos más pobres del país. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Según explicó, ya antes del sismo, el departamento tenía "condiciones de altísima vulnerabilidad social y económica" de la población, así como una "gran precariedad en las condiciones de vida mínimas para el desarrollo de la gente”. “Esto tiene mucho que ver con la desatención histórica, con el abandono histórico del Estado colombiano en estos territorios, que están mayoritariamente poblados por afrocolombianos e indígenas”, agregó. Leer tambiénColombia: migrantes en Cali obligados a empezar de cero tras el terremoto   También para Amir Chaverra, fundador del Movimiento Cimarrón en el Chocó, defensor de los derechos de los afrocolombianos, el terremoto simplemente hizo visible "una brecha de desigualdad". "El terremoto no encontró una economía sana, sino una economía de profunda desigualdad, así como una población que ya había tenido que desarrollar estrategias de supervivencia frente al conflicto armado, que ha generado desplazamiento, así como exclusión estatal. Todo esto, obviamente, aumenta el riesgo de que la emergencia produzca una pobreza adicional secundaria”, sostuvo Chaverra. Según las autoridades, 29 de los 31 municipios del Chocó se vieron golpeados por el terremoto. El departamento registró 13 muertos, 310 heridos y casi 44.000 afectados. La vasta extensión del territorio, la escasez de rutas y la falta de profesionales especializados han dificultado las tareas de estimación de daños, que apenas alcanzan un 50 %. Hasta ahora se han contabilizado más de 3.000 viviendas destruidas y casi 20.000 averiadas, además de 267 instituciones educativas afectadas. Para la gobernadora, es urgente pasar a la fase de reconstrucción. “Es urgente reconstruir las escuelas del Chocó. Mientras que en otros lugares de Colombia se puede recurrir a la virtualidad, nosotros no podemos hacerlo. Además, en el Chocó no hay excedentes de vivienda, sino déficit. Incluso si las familias pudieran acceder a un subsidio para buscar un arrendamiento, no van a encontrar viviendas para arrendar" - Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó   A su juicio, esta situación hace "mucho más urgente" el comienzo de la fase de reconstrucción en el departamento, que presenta los indicadores de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y desempleo "más altos del país". "Realmente es una cuestión de tiempo, es una carrera contrarreloj. Hay que comenzar cuanto antes”, sentenció. Más allá de la reconstrucción, el Chocó deberá también hacer frente al histórico abandono estatal, marcado por la falta de acceso a servicios como la electricidad, la conectividad y las carreteras, que han obstaculizado una respuesta eficaz durante la emergencia.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años. El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación. "Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora. El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado.  "El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora. Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.

El devastador terremoto en Colombia dejó al descubierto un hallazgo inesperado: el sismo provocó el colapso de un muro en el cementerio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejando expuestos restos humanos. Familiares de víctimas del conflicto sospechan que las osamentas podrían corresponder a personas sepultadas ilegalmente en el lugar.  Por Raquel Villaécija y Justine Fontaine  Los familiares de desaparecidos en Colombia han pedido a las autoridades que examinen estos restos que creen pueden pertenecer a sus allegados o pueden dar pistas para localizar alguno de ellos, como explica Sandra Ubaté, que lleva años buscando a su hermano Jhon Ricardo Ubaté, desaparecido en 1995 cuando tenía 24 años; nunca han encontrado sus restos: “En ese cementerio, se cae una pared y aparece(n) dentro algunas bolsas marcadas, rotuladas, lo que da la sensación de que lo que hay allí son cuerpos que pasaron alguna vez por Medicina Legal. Así que rastrear cualquier posibilidad de disposición de restos óseos que estén expuestos sin protección, pues es un interés para cada uno de los familiares que estamos buscando a nuestros desaparecidos.” Los restos óseos hallados en el cementerio tenían otros elementos como restos de prendas, que parecen uniformes o botas de caucho. Esto les hace pensar que pueden ser personas desaparecidas durante el conflicto, como explica Deidania Perdomo, coordinadora del área de búsqueda de coordinación colectiva: “Es muy preocupante porque, ¿qué va a pasar después de del sismo?  Las familias están angustiadas, desesperadas y es lógico, entendemos la preocupación porque con esto se irá a borrar, digamos, años de historia, años de sufrimiento, años de angustia. Entonces nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con toda esta información que tenemos sobre las personas dadas por desaparecidas?”. Piden que se examine si el lugar debe ser incorporado al registro de fosas o cementerios ilegales para la búsqueda de desaparecidos y que estos restos no sean destruidos ni alterados. Sandra Ubaté: “Y hemos sido descubierto (sic) a lo largo del tiempo, que no solamente en el cementerio de Jamundi, sino que muchos cementerios, a lo largo y ancho del país, que incluso ya tienen medidas cautelares, se han dado enterramientos de manera ilegal, es decir, que las fuerzas militares y paramilitares utilizaban los cementerios como lugares para ocultar los cuerpos de los de dados de baja en combate, o para cuerpos de personas dadas por desaparecidas.” Sandra Ubaté lleva 30 años buscando a su hermano, que desapareció en circunstancias desconocidas en el Valle del Cauca. Video de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Tras el terremoto en Cali, cientos de personas siguen sin poder regresar a sus viviendas. Permanecen en albergues y refugios temporales donde reciben atención y elementos básicos, mientras esperan saber qué ocurrirá con sus casas y las ayudas. Mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de las edificaciones, otra urgencia crece en Cali: la de quienes no tienen dónde volver. Al menos siete espacios reciben a damnificados. Los principales funcionan en el Coliseo de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Verónica Soto Brecas, chilena, no puede regresar a su vivienda por el riesgo de colapso. "Nosotros somos personas damnificadas que no podemos volver a nuestras casas porque están por derrumbarse, entonces no sabemos qué hacer en realidad", cuenta a RFI. Verónica también teme abandonar el lugar donde encontró refugio y que esto pueda afectar el acceso a las ayudas. “De hecho nos querían sacar porque nos dijeron que iban a poner una ducha. Vamos a perder el beneficio que nos puede entregar el gobierno", teme. En los espacios habilitados se brinda alimentación y atención psicológica y se entregan colchonetas, almohadas, agua, leche y pañales. Otros, como Raúl Esteban Pérez, enfrentan otra dificultad: permanecer junto a sus perros. "Yo comprendo que es un momento de no exigir cosas. Nos dijeron hoy en la mañana que, si nos podíamos ir para un lugar, un albergue diferente, por los perros", explica. La experiencia no es igual para todos. María Hinestroza destaca la atención recibida. "Hemos tenido buena atención, nos han ayudado bastante, todo el tiempo están pendientes de nosotros. Nos han dado, colchonetas, agua, camas", reconoce. Mientras se evalúan las viviendas afectadas, cientos de damnificados esperan saber cuándo podrán regresar o qué ayuda recibirán. 

El gobierno de Venezuela ha pactado con la oposición una reforma del poder judicial tras una primera ronda de negociaciones, que debería avanzar hacia una transición democrática, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro. La clave está en la transformación del Tribunal de Justicia, que valido la reelección fraudulenta de Nicolas Maduro en 2024. Esta primera ronda de negociaciones se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin la participación de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y que ha dicho que no se opondrá a la reforma. Uno de los puntos clave de la reforma es el cambio en la designación de los jueces que componen el tribunal supremo de justicia, como explica Manuel Camilo González, experto en Venezuela, profesor de la Universidad Javeriana. "Ciertamente, la negociación no creo que vaya a ser muy fácil; no creo que vayan a salir a acuerdos muy rápidos porque esto supone quién va a ser el que juzgue y sancione, en caso de que exista un proceso de democratización en Venezuela, a los máximos responsables de violación de derechos humanos", estima González. "Lo que busca obviamente el Gobierno es blindarse ante el futuro. La oposición lo que busca es tener un actor democrático que pues obviamente no solamente sanee todo el sistema político venezolano -porque el tribunal ha sido muy importante para sostener a Nicolás Maduro-, sino también un sistema obviamente judicial que permita esa apertura democrática y sobre todo la que la justicia llegue a todos los ciudadanos, que sea una justicia que obviamente sea para todos".  Las conversaciones han sido auspiciadas por Estados Unidos, que jugara un papel de mediador cuando haya algún tema sensible. "Estados Unidos actúa como una especie de árbitro o de tercero moderador que lo que hace es empujar la negociación cuando esta se bloquea, y seguramente va a ser así. Estados Unidos va a hacer declaraciones, va a presionar para que efectivamente se llegue a un acuerdo para que las dos partes obviamente cumplan su rol dentro del plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos siempre ha sido tener el orden, beneficiarse y lograr la transición. Necesita a la oposición para la transición, pero también a los chavistas para mantener el orden", asegura el profesor de la Universidad Javeriana. La oposición quiere derogar leyes contra el odio o el terrorismo que permitieron encarcelar a numerosos opositores, y lograr así un saneamiento del sistema judicial. "La idea es como quitar los obstáculos, que se dé la democratización, que esa misma democratización no suponga un peligro para los que dejen el poder, que muchas veces esos tribunales cuando se reforman, usualmente sirven para hacer purgas y como has visto las purgas que han existido desde que salió Maduro. Van a colocar seguramente como chivos expiatorios en judiciales muy irrisorias como corrupción o delitos financieros a ciertos cargos del antiguo régimen, es decir, el Gobierno de Maduro como una especie de ofrenda de que efectivamente el Gobierno interino está haciendo sus digamos su tarea". Las negociaciones se producen siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero. Las partes aún no han dado fecha para la segunda ronda de conversaciones.

Los miembros de una sala de retransmisión de Discord incitaron a mutilarse y luego suicidarse a una menor de 13 años. El caso ha conmocionado a Brasil, que acusa a la compañía de no aplicar las medidas de protección acordadas en el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes aprobado en 2025.   Un verdadero espectáculo del horror. Así describió la policía el caso de la menor de 13 años de Brasil que fue incitada a mutilarse y luego suicidarse durante una retransmisión en directo de 45 minutos a través de la red social Discord. Las autoridades han detenido a cinco adolescentes y un adulto y el Gobierno ha ordenado a la plataforma suspender las retransmisiones en vivo.  Waldemar Gonçalves, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuenta que Discord se ha utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores. "La Agencia de Protección de Datos no trata casos aislados, tiene siempre como intención analizar el sistema. La plataforma debe implantar las herramientas necesarias para que esto no ocurra e interrumpir de inmediato este tipo de retransmisiones en directo. Todo lo contrario a este caso, en el que pasaron más de 2 horas y terminó con el peor final posible, que fue la muerte de la joven".  Problemas al desarrollo y adicciones En 2025, Brasil creó una ley que obligaba a las compañías de redes sociales a eliminar todos los elementos adictivos para los menores, así como la autodeclaración de edad a los menores de 18 años. Además, hoy comienza el juicio en Estados Unidos contra Meta, acusada de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción a menores.  Rodrigo Nejm, psicólogo y experto en la protección de la infancia en las redes sociales del Instituto Alana, nos explica estos efectos nocivos. "Hay evidencias por todas partes de que estos modelos de negocio implementan un diseño que aprovecha las brechas de la vulnerabilidad del desarrollo infantojuvenil. Esto es un tipo de violencia que la legislación brasileña ha incluido explícitamente dentro del Estatuto Digital de Niños y Adolescentes, el cual busca enfrentar todo lo que es diseño engañoso y mecanismos de diseño que generen un uso adictivo de plataformas". Desigualdad entre regiones Rodrigo defiende que la situación sobrepasa la capacidad de las familias para proteger a sus hijos y recalca que este problema no afecta a todos los países por igual.  "Esta legislación en Brasil demuestra que los países de América Latina podemos y debemos levantar más protecciones para nuestros niños, porque no es justo que en países de Europa, los menores tengan más protecciones en las mismas plataformas los deI sur global. Para ambos expertos, este trágico suceso deja claro que aún queda un largo camino para que las redes sociales sean algún día un espacio libre de peligros.

Las tareas de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su "fase final", concluidas las 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes. Entrada la noche, los equipos de emergencia en Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras removían pedazos de concreto con sus manos. Cuando la tierra comenzó a moverse, Patricia Monar estaba en su apartamento en un tercer piso de la ciudad de Cali. El ruido y la fuerza del terremoto la hicieron pensar que no lograría salir con vida. “Fue terrible, fue demasiado movimiento que no paraba de más y el sonido era como si estuviera abriendo un hueco y la tierra nos se estuviera tragando”. Su apartamento quedó con fisuras y todavía no sabe cuándo podrá regresar, pero Patricia salió a ayudar, pensó en las personas atrapadas y en lo que ella habría esperado que su propio edificio se hubiera venido abajo. “Y si hubiese pasado que se me derrumbara el edificio, lo que hubiese pretendido es que alguien no se cansara de sacar escombros, insistiera, quisiera llegar hasta que se me abriera una lucecita y me pudieran sacar. En eso pienso cuando veo personas que todavía están allí metidas”, dice al borde del llanto. Esa reacción se ha multiplicado por toda la ciudad. Agua, alimentos y elementos de primera necesidad no han dejado de llegar a los centros de acopio. La respuesta ha sido tan grande que algunos espacios alcanzaron su capacidad. Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de participación ciudadana de Cali, explica que tuvieron que abrir un nuevo punto para recibir las donaciones. “Ya hemos llegado a nuestra capacidad en términos físicos, por lo cual nos tocó generar un tercer punto de acopio donde está el montaje de la Ciudadela del Petronio (centro cultural) en este momento”, indicó. Pero la solidaridad también está junto a los escombros. Tiffany Rojas, auxiliar de ambulancia, ha trabajado en algunos de los puntos más golpeados y ha estado acompañando la atención de personas que han logrado ser rescatadas. “Es satisfactorio saber que todo el esfuerzo que se hizo sirvió de algo porque el minuto, los segundos todos cuentan”, explica.  La Cruz Roja también ha recibido una enorme cantidad de personas dispuestas a colaborar. Walter Ricardo Cotes, representante de la Cruz roja Colombia, dice que ahora uno de los desafíos es organizar esa solidaridad para no desbordar la capacidad de respuesta”. Describe la gente como “solidaria, amable, cariñosa y con ganas de ayudar”. Entre el miedo y el cansancio, la solidaridad se ha convertido también en otra forma de responder a esta emergencia.

En una cerrada votación, el Senado aprobó la nominación de quien fuera abogado personal del presidente Donald Trump, cercanía que genera suspicacias sobre su desempeño en el nuevo cargo. Con 50 votos a favor y 49 en contra, Todd Blanche superó el difícil proceso de confirmación del Senado para convertirse en el próximo Fiscal General de Estados Unidos.   Blanche defendió al presidente Donald Trump en tres casos penales, entre ellos el relacionado con los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels que terminó en condena.   Por lo anterior, a la doctora Estefanía Cruz Lera, experta del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no le extraña que Trump haya apoyado una figura tan cercana para ocupar este puesto, ya que además garantiza la continuidad en sus políticas, como la persecución a los grandes capos de la droga.  “Al final, el fiscal general también es la cara del gobierno en todos los casos, en todas las investigaciones de justicia que se tengan que llevar a cabo. Me parece que por ahora Donald Trump va a afianzar esta parte de perseguir a estos grandes cárteles que él ha nominado como grandes amenazas para Estados Unidos”, afirmó.  Por lo anterior, advirtió sobre un posible endurecimiento de la política de seguridad, particularmente porque le resulta más benéfico al mandatario estadounidense en términos de imagen, comparado con asuntos de política exterior.  “Creo que viene un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos en los próximos meses. Y es que le ha dado resultado, ya que mientras que por otros raseros, como sería la guerra en Irán, a Donald Trump le ha ido bastante mal, en términos de seguridad, de detener a capos, le ha sido redituable”, opinó la investigadora.  El nombramiento del nuevo fiscal generó dudas incluso al seno del partido Republicano. Aunque votó a favor, el senador John Neely Kennedy, llegó a preguntarle a Blanche si era amigo de Trump o si el presidente le había pedido alguna vez hacer algo ilegal.  Al respecto, Cruz Lera precisó que uno de los grandes cuestionamientos al nuevo fiscal general es si será capaz de tomar sus propias decisiones de manera independiente.  “Él (John Neely Kennedy) ha hecho declaraciones de que a veces el Departamento de Justicia en Estados Unidos se utiliza como cacería de brujas y que no tiene independencia,y bueno, esto con base en su experiencia hacia las investigaciones que se hicieron sobre el propio presidente durante el mandato anterior", precisó Cruz Lera.  “Entonces, parece que tienen poca confianza institucional y bueno, pues eso al final entre los senadores causa desconfianza”, apuntó la especialista.  En la misma sesión, el senador demócrata Chris Coons también cuestionó la imparcialidad de Blanche, ya que durante su periodo como subsecretario del Departamento de Justicia creó un fondo monetario para ayudar a aliados del presidente, como los acusados por el asalto al Capitolio.  “El Partido Demócrata considera que de ahora en adelante el Departamento de Justicia va a perder independencia y va a servir para los intereses o la agenda personal del presidente. Donald Trump tiende a interpretar al margen de las leyes, se basa más en interpretaciones que en hechos jurídicos, entonces consideran que ahora el Departamento de Justicia operará así”, aseveró.  Estefanía Cruz Lera recuerda que la actitud errática de Trump lo hace imprevisible, por lo que nada asegura que Blanche dure eternamente en el puesto. 

A dos días del terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, socorristas continúan sus labores sin el material adecuado. El gobierno sólo ha autorizado la entrada de ayuda económica.  Este miércoles se cumplen 48 horas del terremoto que cimbró Colombia el pasado lunes alrededor de las 7:40 mañana en la costa occidental, por lo que se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.  En medio de los escombros, una mano levantada, basta para que todos se detengan.   “Para todos los que están llegando, cuando se levante la mano es porque se está pidiendo silencio. Quédense quietos, no se muevan”, se escucha por altavoces.  El silencio permite detectar cualquier señal que pueda orientar la búsqueda, como lo relata Luis Eduardo Vélez, quien llegó como voluntario para apoyar las labores de rescate.  “Se han escuchado bullas de gente que se queja adentro. Entonces, ése es el desespero de la gente de querer ayudar, pero que lo mejor de querer ayudar es haciendo silencio”.  Luis Eduardo Vélez cuenta que junto a otros voluntarios, también ha ayudado a retirar parte del material que cubre la zona. Y han tenido la buena noticia de haber logrado el rescate de sobrevivientes en el colegio Bautista de Cali.  “Acabamos de rescatar anoche a tres niños; todavía hay niños allá, y aquí hay como unas seis o siete personas, entonces estamos bregando hacer silencio para poder escucharlos y para poder ingresar, porque tenemos solamente dos horas que nos prestaron la grúa para poder tomarnos las plaquetas más pesadas que hay”.  Mientras unos trabajan entre los escombros, otros sostienen la atención desde los centros de acopio.   Ana Cristina Martínez es una de las voluntarias que se sumó a esta labor y relata el rescate de dos personas, padre e hijo, al tiempo de hacer hincapié en la urgencia de material para que los voluntarios puedan hacer su labor.  “¿Y, qué se requiere para estos voluntarios? El apoyo de diversas empresas, personas que se unan con el fin de brindarles a ellos los elementos de protección personal adecuados, como lo son gafas y guantes. También el tema de linternas para los trabajos nocturnos que venimos desarrollando”.  Entre golpes, instrucciones y momentos en los que todos deben callar, continúan las labores de búsqueda de la movilización de voluntarios en Cali, así como de las autoridades en busca de sobrevivientes.   Saldo de víctimas La cifra preliminar de víctimas mortales es de al menos 250, según informó la agencia Reuters apoyándose en conteos oficiales locales.  De acuerdo con la Asociación de Alcaldes, el número de heridos se sitúa en 1.600, así como una centena de edificios destruidos.  Además, continúa la falta de servicios básicos en varias comunidades indígenas de la región selvática del Pacífico, particularmente en el departamento del Chocó donde se localizó el epicentro.  Polémica sobre entrega de ayuda   Mientras la cancillería de Colombia afirma que en las próximas horas llegarán los primeros vuelos con ayuda internacional, se ha cuestionado la decisión del gobierno recién instalado de privilegiar el apoyo económico y de insumos, frente a la propuesta del envío de rescatistas como “Los Topos” de México, en horas clave para el rescate de sobrevivientes.  El propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la decisión de Bogotá:  “Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”.  En tanto, el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, urgió a que el gobierno colombiano acelere la coordinación interna que favorezca la entrega de apoyo internacional.  “Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”.  Por su parte, Christophe Moreau, presidente de la Asociación Solidarity International French Emergency, indicó que "según la información que tenemos, el gobierno está gestionando la catástrofe en general de manera adecuada y con recursos bastante considerables”. Y respecto a la ciudad de Cali, dijo tener contactos locales que le han informado que ya se "ha realizado la mayor parte del trabajo, aunque todavía quedan algunas personas bajo los escombros".   "En general, los equipos de rescate sobre el terreno están en condiciones de hacer frente al volumen del trabajo que hay que hacer con carácter de urgencia”, puntualizó.   Mientras tanto, en el Chocó la situación sigue siendo desesperante y aún no ha llegado ninguna ayuda, según informan habitantes de la zona como el maestro Irvin Cárdenas del municipio del Litoral del San Juan. "La situación es gravísima, porque nuestras viviendas han sido destruidas, la situación en el resguardo indígena es que la gente no está trabajando, se han quedado en casa, algunas familias han perdido casas. No ha llegado la alcaldía, no ha llegado la gobernación del Chocó, nadie ha llegado. No ha llegado la ayuda humanitaria, ni alimento, ni ropa y la ayuda económica tampoco. Están recogiendo información vía whatsapp, vía internet, y tampoco hay energía eléctrica". Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea movilizará dos millones de euros en ayudas para las zonas más afectadas por el que se considera el mayor terremoto ha sufrido el país sudamericano.

La estrategia de mano dura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no combate el origen del problema del crimen organizado, estiman analistas. Consideran que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral para evitar que siguen produciéndose casos como el registrado la semana pasada. El hallazgo de ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur de Ecuador no es el primero ni el único caso que alarma sobre la violenta situación que arrastra el país en su lucha contra el crimen organizado. Para la profesora Carla Álvarez, politóloga investigadora y experta en seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado en Ecuador por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), este último macabro hallazgo responde a la pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país.  "El punto es que hay varios hallazgos ya de fosas comunes y de cuerpos calcinados con signos de tortura en zonas donde se ejerce la minería ilegal. Esto nos quiere decir que el país está vuelto en este ciclo de violencia y que lamentable estas escenas, estos hechos, estos hallazgos, se están volviendo más cotidianos", dice. La investigadora advierte sobre la instalación de una pedagogía de la violencia que se observa en diferentes áreas de la criminalidad. "Se ve que hay una pedagogía de la violencia que está siendo utilizada por la disputa territorial de estas organizaciones que compiten por los yacimientos de oro, por dominar la logística de la salida de la droga. Entonces es una pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país y este hallazgo lo muestra así". Respecto a la política de mano dura aplicada por el presidente Daniel Noboa desde que en noviembre de 2023 asumió el poder, la profesora de la FLACSO advierte que no es la solución correcta, porque no se atacan las causas y se usan de manera cotidiana medidas que deberín ser excepcionales, como el estado de excepción o un toque de queda. "La estrategia descansa en los militares, en los policías, en general en el uso de la fuerza y esto no está dando el resultado necesario, porque definitivamente el uso de la fuerza no puede reducir todas las condiciones estructurales que nos abocan y que han permitido que este estemos en estas circunstancias", aseveró Carla Álvarez. Finalmente, agregó que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral, porque si no se estarán repitiendo hechos tan espeluznantes como el acontecido el fin de semana.

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

El candidato de ultraderecha propuso en primera instancia celebrar la ceremonia en unas instalaciones militares, pero el presidente saliente, Gustavo Petro, rechazó esta idea.   Tras una serie de polémicas sobre el lugar de la ceremonia, Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha trumpista, quien triunfó en la elección presidencial, asumirá su cargo en Cali y no en la capital colombiana. Una decisión que no sorprende al politólogo Andrés Dávila, de la Universidad Javeriana de Bogotá.  "De la Espriella sigue un poco la tónica que propuso en un comienzo para su Gobierno, que es romper con las formas existentes, con los lugares desde donde se gobernaba. Eso, en principio, es un símbolo de que él no es parte de la política tradicional, de que él es un outsider; aunque, la verdad, para mí no lo es tanto, teniendo en cuenta de dónde proviene y la cantidad de relaciones que ha tenido con políticos narcotraficantes y paramilitares. Pero esto es lo que él está tratando de demostrar. Su campaña fue muy diferente, más parecida a la puesta en escena de un cantante, utilizando mucho los símbolos futbolísticos, aun sabiendo lo que hacen las barras de fútbol aquí en Colombia y en América Latina", cuenta Andrés Dávila.  Un desafío a la izquierda Inicialmente, de la Espriella quería tomar posesión en un cuartel. Decisión a la que se opuso el mandatario saliente Gustavo Petro. El presidente electo optó finalmente por una investidura en Cali como símbolo de la descentralización del poder, o como acto de desafío político, según el politólogo.  Dávila considera que la elección de Cali "consiste en meterse en el territorio que es más petrista y en donde ha habido más movilización social. Recordemos que allí la movilización en 2021 fue fuertísima y es donde está el monumento de Puerto Resistencia. Yo creo que es también una manera de desafiar a la izquierda y al petrismo".  Cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua Uno de los primeros anuncios de Abelardo de la Espriella ya tras su elección fue el cierre de 14 embajadas y la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Una decisión más política que económica, opina Andrés Dávila.  "El cuento de que entonces hay que reducir las embajadas, eso ahí no produce ahorros significativos, eso no impacta en el problema fiscal. Eso es solo para mostrar cosas, y en este caso yo creo que se va a utilizar para cerrar aquellas que para la derecha resultan incómodas en una mirada de las relaciones internacionales y de la política exterior. Que es un poco provincial a mi gusto", apunta el politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Por su parte, el candidato de izquierda, Iván Zepeda, quien perdió la elección por menos de un punto porcentual, llamó a movilizarse en las calles para defender los avances sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

En Estados Unidos, el candidato del ala izquierda del Partido Demócrata, Abdul El-Sayed, ganó la elección primaria en Michigan y será el candidato demócrata para la elección al senado. Durante su campaña, El-Sayed se ha caracterizado por sus críticas contra la política israelí en Gaza y por su propuesta de eliminar la temida policía migratoria ICE. Para Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, la victoria de El Sayed confirma el avance de la tendencia progresista en el seno del partido. Abdul El Sayed, un médico de 41 años ganó la primaria en Michigan con un resultado ajustado. Durante su campaña, El- Sayed, respaldado por el senador Bernie Sanders, defendió un sistema de salud universal, propone eliminar la temida policía migratoria ICE, pide que Estados Unidos retire su apoyo militar a Israel y criticó a su rival demócrata Haley Stevens por haber recibido más de tres millones de dólares de una organización proisraelí para su campaña.  RFI entrevistó a Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, quien ve en esta designación de El-Sayed por los electores demócratas una victoria adicional para la izquierda del partido.  ¿Cuál es su primera impresión sobre la victoria de El-Sayed en Michigan?  Ya vimos con Zohran Mamdani en Nueva York que este grupo se ha ido fortaleciendo y este resultado en Michigan muestra lo mismo, con la diferencia importante de que Michigan es un estado muy competitivo y un candidato que está a la izquierda del Partido Demócrata no necesariamente gana en el estado. Entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla no la primaria, sino la elección general en Michigan.  ¿Piensa que las posiciones políticas de Abdul El-Zayed sobre Israel, sobre la policía migratoria de ICE, le han permitido imponerse ante su rival Haley Stevens?   Hay algunas áreas como el tema de Gaza / Israel, como el tema de salud universal, como el tema de seguridad de ICE, que son, digamos, más relevantes para este grupo. Pero en realidad, el socialismo dentro del Partido Demócrata y su sector tradicional son menos distintos de lo que uno pensaría. Lo que estamos viendo es una activación muy importante de este electorado en función del gobierno de Trump. De todos los votantes demócratas, el grupo que está a la izquierda del partido está participando más activamente en política. Entonces el triunfo no es necesariamente reflejo de que el partido ha girado a la izquierda; es posiblemente más bien un reflejo de que la izquierda del partido está más movilizada.  ¿Qué tan fuerte es él a la izquierda en el seno del Partido Demócrata?  Creo que la representación política del sector más progresista dentro de los demócratas está cerca del 30-35%, posiblemente, pero en términos de representación política eran claramente una franca minoría. Lo que estamos viendo es un poco la expansión de ese sector. Ahora, queda preguntarse si se va a transformar esto en un crecimiento electoral sostenido y si realmente va a hacer que el partido Demócrata se vuelva más progresista. 

En México, con su reforma del "derecho de las audiencias", el Gobierno quiere instaurar nuevas obligaciones para los medios audiovisuales. Pretende, por ejemplo, que se haga una distinción clara entre información, opinión y publicidad. Y prevé multas para los medios en caso de infracción a la ética periodística. La presidenta mexicana asegura que se busca de que no haya mentiras en los medios, pero los detractores de esta reforma denuncian un intento de censura. El Gobierno mexicano quiere mejorar el llamado derecho de las audiencias de medios televisivos y radiales del país. El proyecto de lineamientos de la Ley de Medios prevé, por ejemplo, que los medios de comunicación tendrán que elaborar un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias que atienda las quejas en caso de información falsa o inexacta. El Gobierno exige también que los medios distingan con claridad los contenidos de noticia y la publicidad. Si la intención de estos lineamientos es positiva, opina Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México, contiene limitaciones. "Un punto es que la manera en cómo están redactados los lineamientos para nosotros es poco clara. En el tema de información veraz, dice, por darte un ejemplo, las informaciones falsas. Me parece que la redacción no es correcta. No puedes decir "queda prohibido".  El Estado no puede prohibir cuando se trata de temas de información; la redacción tendría que ser otra: 'Los medios tendrán la obligación o deberán promover una información veraz', etcétera. Este tipo de redacciones deja ver lo que podría ser la censura", considera Flores. "En México, estamos viviendo ahora una situación complicada porque hay mucho esta tentación de querer regular, pero detrás de todo esto está la intención de querer controlar no solo la información y la sobre todo la crítica, la crítica a los gobiernos estatales, locales e incluso federal", subraya. Y en caso extremo de litigio entre un oyente o televidente y un medio de comunicación por la difusión de una noticia falsa, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Mexicana podría aplicar multas de hasta el 1% de los ingresos. Es la medida más polémica de este texto si se aplica tal cual. Sobre esta comisión, se plantea si es una entidad independiente. "En los lineamientos, se dice que la Comisión Reguladora es un órgano autónomo de telecomunicaciones, pero esto en México no existe, porque son autónomos, finalmente dependen y fueron nombrados también por la por la propia institución" observa Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México Otros expertos en medios indican también que el objetivo de la ley es positivo, aunque el proyecto debería definir con más precisión lo que es una información falsa para evitar que esta ley se convierta en una herramienta que sirva para borrar información crítica contra el gobierno. El proceso de consulta ciudadana para el reglamento de la ley de medios incluye a especialistas y a los propios concesionarios. Se extenderá hasta el 21 de agosto y luego la versión final del documento se publicará en la gaceta oficial.

En el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, tres incendios forestales destruyeron cientos de edificios, devastaron más de 3000 hectáreas y forzaron a 65.000 personas a abandonar sus hogares. El Gobierno ha desplegado varios albergues para los desplazados, pero Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, explica que las minorías tienen miedo de acudir por miedo a posibles redadas de ICE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en el estado de Washington para responder a los incendios. Por el momento, los bomberos aún no han controlado las llamas que llegaron hasta la zona urbana. El incendio forestal, que ha arrasado al menos 700 edificios en la ciudad de Spokane en el noroeste de EE. UU., es similar al que devoró Pacific Palisades en Los Ángeles el año pasado. Las altas temperaturas y el viento llevaron las llamas desde una vegetación seca hasta la zona urbana, en este caso en tres puntos de la periferia de la segunda ciudad más grande del estado de Washington. Cerca de 65.000 personas fueron evacuadas en un incendio inusual, comenta Betsy Robertson, portavoz de la Cruz Roja en la ciudad: "El incendio llegó a tan solo 9 kilómetros de la oficina de la Cruz Roja donde me encuentro actualmente", comenta la portavoz de Cruz Roja. Esta añade que muchas casas fueron destruidas y miles de familias evacuadas. "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina, desafortunadamente, es una de las últimas en recibir ayuda". - Jesús Torres, director de Latinos en Spokane "Tenemos incendios forestales cada año en el estado de Washington, pero es inusual que las llamas lleguen a la zona urbana. Lo que pasó en Spokane es bastante único: tres incendios distintos empezaron en un día de condiciones meteorológicas muy peligrosas", resalta Robertson. Y mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales, en el centro de convenciones de Spokane, otros, como los latinos, se organizan de otra manera, por temor a las redadas de la policía migratoria. Así lo afirma Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, una organización comunitaria. Leer tambiénEl mayor incendio forestal del año en California arrasa más de 28.300 hectáreas Torres cuenta que la calidad del aire, lleno de ceniza, dificulta la respiración: "La mayoría de gente anda con mascarilla y, desafortunadamente, mucha gente ha tenido que irse a los albergues de emergencia". "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina desafortunadamente es una de las últimas en recibir ayuda", dice el director de Latinos en Spokane. Este añade: "Las comunidades minoritarias muchas veces son olvidadas o no recurrimos a esa ayuda por el temor que tiene mucha gente de cómo ha estado la situación aquí en Estados Unidos con la migración por culpa de las redadas de ICE, así que la gente prefiere venir a las organizaciones donde se sienten bienvenidos, donde se sienten a gusto con gente que es como ellos, en vez de ir a los servicios gubernamentales". En Spokane, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años. Se le acusa de haber causado uno de los tres incendios forestales que rodean la ciudad.

El pasado fin de semana la Universidad más grande de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaba que se aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrían ingresar a nivel licenciatura, después de que se detectaron irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio pasado, cuando la institución instauró por primera vez esta prueba de manera virtual. Las protestas por parte de estudiantes que exigían que el examen de ingreso a la UNAM 2026 fuese repetido de manera presencial han tenido sus frutos. Después de que se denunciaran posibles irregularidades y un supuesto uso masivo de herramientas para hacer trampa durante la aplicación en línea, la institución se ha pronunciado con el anuncio de una nueva prueba presencial que solo se harán a una parte (al rededor de 58 000 aspirantes) de las 158 000 personas que busca un lugar en la Universidad. Las autoridades de la UNAM recibieron informaciones sobre actos irregulares gracias a “los mecanismos de control que se habían establecido para el examen en línea”, explicó a RFI Soledad Funes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e integrante de la comisión técnica que se formó para la revisión de los exámenes de admisión. La investigadora precisó que, según los resultados de 2026, sí se identificó un grupo de aspirantes que se comportaron de manera “anómala” y otra “regular” en comparación con las cifras de años anteriores. No obstante, puede haber casos en los que el mecanismo de control no detectó irregularidades. Para resolver este problema respetando el calendario de inicio de clases, que ya fue aplazado para el 31 de agosto, la comisión recomendó que repitiera el examen de admisión “un grupo acotado de personas, porque si considerábamos el universo completo no se podría reorganizar de aquí a unas cuantas semanas”, explicó. La IA en la educación Lo que está claro es que lo ocurrido en la UNAM nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación frente a las nuevas tecnologías como la IA.  ¿Qué tiene que cambiar la educación tras el auge de la IA? ¿Debería haber algún tipo de regulación frente a la IA en la educación? Funes considera que lo sucedido en la UNAM sobrepasó todos los escenarios previstos y por lo cual la sociedad debe reflexionar profundamente “qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías”. “¿Cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías potencien nuestras capacidades y no nos suplanten? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes salgan con una formación crítica, ética, responsable para construir el planeta que queremos en el futuro?”, cuestionó. El examen bajo sospecha de la UNAM ocurre después de que en la India miles de jóvenes estudiantes pusieran contra las cuerdas al poderoso gobierno de Narendra Modi tras denunciar irregularidades en los exámenes de ingreso a las universidades. Una tendencia que se repite desde la última década tras los casos detectados en países como Argentina, Perú, Corea del Sur o Argelia donde también se presentaron casos de repetición o anulación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades.

Una semana después de su vuelta al país, el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández declarará ante la justicia de Honduras. Está acusado por la Fiscalía de fraude y lavado de activos. Decenas de casas, empresas y vehículos han sido incautados por el Estado en este proceso. ¿Logrará la justicia hondureña procesar a su expresidente después de la anulación de su condena por narcotráfico en Estados Unidos?  En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Angie Colindres corre de una reunión a otra. Se prepara para una audiencia atípica. La primera declaración de su cliente, Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. “El expresidente, desde el día uno que salió, dijo "quiero regresar a mi país". Le avisamos, presidente, tenemos este tema. El respondió “Voy a enfrentarme a la justicia. Confío en los sistemas de justicia de Honduras”. Y efectivamente no existe justicia selectiva”, asegura Colindres. Juan Orlando Hernández habría participado en el desvío de más de 3 millones de dólares para campañas políticas. Su defensa busca recuperar 130 casas, empresas, cuentas bancarias y vehículos incautados por la justicia hondureña. Kelvin Oliva, representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados señala que “el sistema de justicia estadounidense lo declaró inocente de sus cargos. Él puede venir a su país y tratar de defenderse legalmente como cualquier hondureño tiene derecho, ¿verdad?”, sostiene. Un fiscal que investigó el caso de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández se escandaliza de la postura de algunos funcionarios y medios de comunicación. Habla con RFI en condición de anonimato. “Manejan como que él es inocente, que fue absuelto en Estados Unidos y todos sabemos que no fue así, que lo que se hizo fue que se le aplicó un indulto, lo cual no lo declara inocente, sino que simplemente fue un perdón que se le concedió el presidente Trump”, recuerda. El fiscal no tiene mucha esperanza de que el caso de fraude llegue a una condena. “La justicia hondureña no está preparada para poder juzgar a ningún político de alto perfil. De hecho, todos los casos de alto perfil que se presentaron con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción están archivados en la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal es que él va a ser sobreseído en esa audiencia porque el hecho de enviarlo a un juicio oral y público significaría exponer toda la red de corrupción de la cual formaba parte”, opina. A pesar de las promesas del gobierno pasado, nunca concretó con la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Este juicio es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez. La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto. Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”. La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista. El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos. “El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”. El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia. Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.