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La doble sorpresa de las presidenciales en Bolivia celebradas el domingo es la ausencia de un candidato del bloque de izquierda en la segunda vuelta en octubre próximo, así como la llegada en primer lugar del candidato demócrata crisitiano Rodrigo Paz. Análisis con el politólogo Marcelo Arequipa. Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta, pero el senador del Partido Demócrata Cristiano, de 57 años, no solo disputará el balotaje el 19 de octubre, sino que parte en primera posición. Obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del expresidente Jorge Quiroga (26,8%). Dentro del deseo generalizado de cambio, su propuesta de centroderecha es vista como la más moderada. Lejos de ser un outsider, Paz tiene un amplio recorrido como político, ya que fue edil, alcalde y senador de Tarija. "Rodrigo Paz no es un político nuevo, pero sí alguien que ha sabido moverse y conectar con la gente, haciendo algo que Jorge Quiroga no ha hecho: trabajo territorial constante", explicó a RFI el politólogo Marcelo Arequipa. Si una mayoría de bolivianos ha decidido otorgarle la delantera en la primera vuelta, es, según Arequipa, porque "tiene un perfil más de político que de empresario". Rechazo al perfil empresarial de Doria   Su rival, Jorge Quiroga, por su parte, es un "político tradicional, pero no ha estado todos estos años recorriendo Bolivia de manera constante, como sí lo ha hecho Paz. Quiroga siempre ha tenido una agenda internacional, en contra de las izquierdas o del denominado Socialismo del siglo XXI. Se le puede considerar, en cierta medida, un político tecnocrático, si bien conserva un cariz de corte político. Samuel Doria Medina, en cambio, quiso mostrarse más como un presidente-empresario que como un auténtico político", sostiene Marcelo Arequipa. "Paz y Quiroga se diferencian en la forma, pero comparten propuestas de fondo como la eliminación de los subsidios a los combustibles y reducciones de impuestos. Ambos anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Evo Morales. Cualquiera que gane la presidencia tendrá el reto de cumplir los recortes de gastos prometidos a una población que se ha favorecido durante dos décadas de subsidios, bonos y programas sociales. La tarea no se anuncia fácil", agrega el analista.  La propuesta de Rodrigo Paz de un "capitalismo para todos" caló hondo entre el electorado desencantado de la izquierda. Pero, ¿qué explica justamente el desencanto por el Movimiento al Socialsimo (MAS)? "La disputa interna entre los políticos del bloque de la izquierda —Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez— terminó por cansar a la gente. No tanto por ser una pelea entre políticos, sino porque la ciudadanía empezó a sentir que esa disputa afectaba su bolsillo. La economía de las familias, la subsistencia diaria, comenzó a resentirse. La conexión entre política y economía se convirtió en un cóctel complicado y volátil para ese sector de la izquierda. Esto explica, en parte, el golpe que hoy recibe el bloque de izquierda en las urnas", explica Arequipa. Paz: "Cambiar el modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos"    El principal reto del próximo presidente será cumplir los recortes de gastos que ofreció, pues la población ya está habituada a recibir subsidios, bonos y programas sociales.   "Esta elección está demostrando que el electorado boliviano no está dispuesto a darle el poder a un candidato que represente un extremo, algo así como una vertiente pro-Milei, por decirlo de alguna manera. La gente se inclina más por un discurso de centro, más conciliador", subraya Marcelo Arequipa. De hecho, "tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga no han propuesto medidas radicales para la economía, es decir, medidas de shock, sino que han propuesto aquello que se conoce como el gradualismo, hacer las cosas de manera gradual. Y creo que eso es relevante en la medida en la que se traduce en la idea de que el pueblo de Bolivia no está dispuesto a escuchar medidas de shock, porque esos ajustes siempre van hacia abajo. En un Estado no van hacia arriba. Ése es un apunte importante para quien vaya a ganar realmente la segunda vuelta y cómo traduzca sus medidas económicas", concluye Arequipa. 

En los conflictos armados la violencia sexual es usada como una “táctica de guerra” y aumentó un 25% en 2024, de acuerdo con un informe de la ONU. Colombia es uno de los países donde se registró un fuerte aumento de agresiones sexuales en el contexto del conflicto entre la guerrilla y las fuerzas armadas. Desde Colombia hasta Ucrania, pasando por Israel y Afganistán, la violencia sexual ha sido utilizadas "como táctica de guerra", así lo denunció este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los países que encabezan la lista del informe anual “Violencia sexual en conflicto armado” son la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití y Sudn del Sur. “La violencia sexual es usada como un mecanismo de terror” dijo a RFI Pilar Rueda, asesora en Género de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El trabajo, elaborado a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, compara las cifras de violencia sexual respecto a las del año anterior. En Colombia, el informe reporta un aumento del 68% en 2024 en agresiones sexuales que son cometidas principalmente por grupos guerrilleros, pero también por la policía y las fuerzas armadas. Rueda aseguró que la violencia sexual es usada principalmente por los hombres, y que es importante el informe de la ONU porque exhibe la irresponsabilidad de los Estados para combatir este crimen. “En Colombia lo han vivido las víctimas de conflicto armado. Tenemos algunos avances, por lo menos formales. Estamos trabajando para aplicarlos en la realidad. Para eso fue importante el acuerdo final de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC porque es el primer acuerdo que incluyó la violencia sexual”, destacó. Impunidad El informe también señala que habrían estado implicados miembros de la policía y de las fuerzas armadas nacionales, y pide a las autoridades colombianas que agilicen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 relativas al género y que mejoren el acceso a la justicia para las víctimas. De acuerdo con la asesora, este crimen aumentó debido a la impunidad de más del 94% de los casos y lamentó que ningún país sancione la violencia sexual en conflicto armado. “Los procesos no logran determinar responsabilidades penales. Para las víctimas es muy agotador y para los victimarios es un incentivo”, lamentó. Además de la falta de jurisprudencia, Rueda evidenció que no existen medidas de prevención, “lo que refleja que sigue existiendo una profunda subvaloración de este delito”. “Es como si dijeran: ‘bueno sí, violaron a la persona, a la mujer, al hombre, al niño o niña', pero esa persona sigue viviendo. Y para quien no conoce lo que eso implica en los daños de las emociones y en la salud de las víctimas, es como si no fuera grave”, lamentó. “Existe una deuda con las víctimas y [es ahí] donde debería ponerse todo el interés”. Pilar Rueda pidió el establecimiento de métodos de investigación más efectivos, como los que desarrolló el premio Nobel de la Paz, el doctor Denis Mukwege, quien en su hospital atiende a víctimas de abuso y recoge pruebas forenses clave para llevar ante los tribunales a los agresores y así combatir la impunidad. La ONU aclaró que su informe publicado en 2025 fue elaborado con datos verificados en 21 países, pero que "existen denuncias en lugares como Ucrania y los territorios palestinos ocupados que no ha podido comprobar debido a la denegación de acceso a los observadores".

El congresista Julio César Triana sobrevivió este miércoles a un atentado en Huila, una región del sur de Colombia bajo influencia de disidencias guerrilleras. El ataque ocurrió el mismo día en que se realizaba el entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado en un magnicidio. El congresista del Partido Cambio Radical por Huila y conocido por su férrea oposición al Gobierno de Gustavo Petro, denunció un ataque armado con pistola y fusil contra su comitiva en una zona de influencia de las disidencias de las FARC. El legislador fue evacuado en un helicóptero del Ejército Nacional, con escolta de la Fuerza Aérea, tras el incidente. Pedro Víveres, politólogo y analista colombiano, informa cómo este país ha tenido que lidiar con la violencia política.  "En Colombia, en los años 80 y 90, mataron tres candidatos presidenciales y eso en su momento tuvo la acción de los presidentes de turno que desplegaron la protección de estos candidatos. Entre otras cosas, hubo una campaña que se hizo casi sin desplazamiento a las zonas, que fue la elección del presidente Gaviria en el 90", contextualiza el experto. Leer tambiénLa muerte de Uribe Turbay refuerza el discurso de seguridad de la derecha en Colombia Para Víveres, en aquel entonces "el Gobierno protegía a los candidatos". "Lo que tiene que hacer el Gobierno es proteger, sobre todo, a los candidatos de oposición, que es que lo que pasó con Miguel Uribe Turbay. Él no era solo un senador y un precandidato presidencial, sino un miembro de la oposición; y en una democracia la oposición es casi la joya de la corona". Este considera que si el Gobierno "no despliega una protección grande a los candidatos, tanto del oficialismo -es decir, del petrismo-, como de la oposición; va a haber un problema muy grave en materia de protección política, lo cual no es deseable para ninguna democracia". El presidente Petro ha impulsado la política de "Paz Total", que busca acuerdos con todos los grupos armados del país. Sin embargo, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, explica los obstáculos que enfrenta el Gobierno para garantizar la protección de los ciudadanos: "Hay muchas personas que requieren el esquema de protección de gente que lo necesita realmente, pero no alcanza, no es suficiente". Este aclara que el Estado "gasta muchísimo dinero en esquemas de protección en vehículos, en blindajes, en combustible... pero ni así alcanza, porque el nivel de riesgo en Colombia es extremadamente alto". Leer tambiénFallece Miguel Uribe, precandidato presidencial baleado hace dos meses en Colombia "Ahí pasamos al otro asunto, que es quiénes generan violencia en Colombia. Colombia, desafortunadamente, es uno de los países que tiene la peor tasa de asesinatos a líderes sociales y a defensores de derechos humanos en el mundo", cuenta Carvajal. El consultor en seguridad dice: "En Colombia se asesina un líder social y un defensor de derechos humanos a diario. Los agentes generadores de violencia son múltiples, son variados y se incrementan cada vez más. Desafortunadamente, este Gobierno fracasó con una política y una estrategia gubernamental que fue la paz total". Según el centro de investigación Indepaz, entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados.

La justicia mexicana libera a Luis Rey García Villagrán que había sido acusado de tráfico de migrantes cuando organizaba una caravana migrante que partía desde Tapachulas hasta la capital mexicana la semana pasada. Escuche la primera entrevista que le ofreció a un medio de comunicación tras recobrar su libertad. El activista Luis Rey García Villagrán, conocido por su defensa de los derechos de los migrantes y director del Centro de Dignificación Humana, fue liberado tras seis días de detención. Un juez decidió no vincularlo a proceso durante una audiencia, descartando los cargos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes que pesaban en su contra.  “Lo que determinó un juez federal fue la no vinculación a proceso por dos cuestiones. Una, tener certeza primero, que nosotros pertenecemos al Centro de Dignificación Humana que es un organismo no gubernamental sin fines de lucro y no pertenecemos a una organización criminal. Y la segunda fue que nosotros estamos oficialmente reconocidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, que tenemos un riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos”, explicó García Villagrán. Tras recuperar su libertad, García Villagrán siguió con su lucha por la dignificación de las personas migrantes. Aprovechó el micrófono de RFI para denunciar la supuesta corrupción que existe en las instituciones estatales mexicanas responsables de gestionar los permisos de residencia para migrantes.  “Nosotros, desde hace más de seis años, desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos señalado puntualmente y con pruebas indubitables la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración, que se volvió un cártel donde se vendían todo. Visas, se vendían entrevistas, las residencias permanentes, se ha vendido todo. Hay carpetas de investigación que la misma Fiscalía General les dio ‘carpetazo', como se dice en el argot de los abogados. A pesar de haber presentado fotos, testimonios de migrantes en los cuales se le vendía las entrevistas grabadas para tener el asilo político, el tráfico de influencias y dejar a mucha gente, que verdaderamente es potencialmente candidato a ser un asilado político, afuera y por eso nosotros pedíamos justicia”.  Aseguró que él y su organización seguirán exigiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera en México que investigue “quiénes son los verdaderos traficantes de personas”. Según él, actualmente se enfocan “hacia los defensores de derechos humanos, que lo que hemos hecho es exhibir la corrupción y por eso hemos sido criminalizados y perseguidos por el Estado mexicano”, aseguró. El activista terminó agradeciendo el apoyo de las ONG y los medios de comunicación, cuyo respaldo, según afirmó, fue determinante para lograr su liberación. Escuche la entrevista completa de RFI a Luis Rey García Villagrán tras ser liberado:

Continúa en Texas, Estados Unidos, la pugna entre republicanos y demócratas sobre los mapas propuestos para la Cámara de Representantes, que podrían otorgar a los republicanos cinco escaños más. Unos 50 legisladores demócratas siguen fuera de Texas para demorar la votación por este cambio, a pesar de las amenazas de ser arrestados.   Hace nueve días que los legisladores demócratas de Texas abandonaron ese estado para bloquear una redistribución de distritos electorales que favorece a los republicanos.  “Sabemos que perdemos no solamente sillas hacen Congreso que ya tenemos representado por personas de color y mayoría latino, pero vamos a perder más voces para las personas que no están de acuerdo con la agenda del presidente Trump”, asegura Ramón Romero, miembro de la Cámara de Representantes de Texas y uno de los demócratas que se refugió en el estado de Illinois a la espera de que concluya el periodo legislativo especial. “La única oportunidad que tenemos es de salirnos del estado, parar esta propuesta ahorita e iniciar la plática por todo el país, de que si Texas lo puede hacer en media década, y si tienen la oportunidad como tiene Texas, tienen que pensarlo en serio y hacerlo”, manda como mensaje el legislador Romero.   Leer tambiénAlejarse de Texas, la estrategia demócrata contra la maniobra electoral republicana Este movimiento, controvertido pero legal, es una manipulación partidaria del mapa electoral que se ejerce desde hace tiempo por ambos lados en la política estadounidense y que, en este caso, intenta evitar que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año, donde el partido opositor generalmente tiene más éxito. Ante tal movimiento el estado de California, con dominio demócrata, amenazó con trazar el mismo plan de los republicanos en Texas. “En California la propuesta todavía es que no lo van a hacer si Texas no lo hace. Si Texas lo hace, ellos van a actuar. Y además de eso, todavía va a haber la oportunidad para que el ciudadano que tiene el derecho a votar en California, decida si esto es algo que tenemos que hacer”, dice Ramón Romero, recordando que la diferencia es que en California los electores pueden “decir sí o no” al cambio de mapas. Tras la fuga masiva el Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores demócratas, pero estas no tienen validez fuera del estado. Recientemente el senador republicano John Cornyn, pedía la colaboración del FBI para localizar a todos los legisladores que salieron de Texas, entre los que se encuentra Ramon Romero. “No, la verdad es que no tenemos temor. Aquí en este país hay separación de poderes entre el estado y federales. No tenemos una policía federal que se puede ir de estado a estado. Simplemente pueden coordinar con el estado si el estado los invita. Así es que simplemente es política”, recuerda Romero.   Escuche la entrevista completa de RFI a Ramón Romero:    La iniciativa del rediseño plebiscitario promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es inusual ya que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral, cada 10 años, conforme a la información de población que entregue el censo.

Recta final en las elecciones presidenciales de Bolivia con un cerrado porcentaje en las intenciones de votos. Las encuestas apuntan a un 2% entre los candidatos de derecha, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. No obstante, algunos analistas estiman que los pronósticos podrían cambiar vertiginosamente porque no se sabe hacia dónde van a dirigir sus votos los simpatizantes de izquierda: un voto nulo o un voto a favor del candidato Andrónico Rodríguez que lo lanzaría al segundo o primer lugar. Queda una semana para las elecciones generales en Bolivia y comienzan los cierres de campaña de los aspirantes a la Presidencia. Samuel Doria Medina (Unidad, centroderecha liberal) y Jorge Quiroga (Libre, de derecha liberal conservadora) lideran las encuestas, pero no seguro que sean ellos los que vayan a segunda vuelta ya que el resultado dependerá en gran parte, vaticinan analistas, de los indecisos, que tradicionalmente han votado por los candidatos de la izquierda, especialmente del Movimiento al Socialismo (MAS) que ha dirigido ese país suramericano en los últimos 20 años. Según las diferentes encuestas de intención de voto, no hay una orientación clara para saber si el nuevo presidente de Bolivia será de derecha, de centro o de izquierda. “Ahorita la moneda está en el aire”, así lo resume la politóloga Ana Lucía Velasco, experta en psicología electoral. “El candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), está el tercer o cuarto lugar según las encuestas. [Rodríguez] comenzó con un 12%. Ha ido bajando. Ahorita está en un 8%. Mucho de ese porcentaje es de las personas que votan por la izquierda y que ahora están entre los indecisos”, explicó Velasco. “Vamos a descubrir el día de la elección si esas personas se van a decidir por votar por este candidato, que lo haría subir al primero o segundo lugar, o si van a decidir votar nulo, como un voto protesta, que es a lo que ha estado llamando el ex presidente Evo Morales a sus bases, a sus seguidores: no avalar esta elección en la que él no ha podido participar". Derechas La analista estima que si Andrónico Rodríguez no queda en el primer o segundo lugar, el balotaje del 19 de octubre se daría entre los candidatos de derecha, lo que significa que habría un cambio en la dirección del gobierno que ha sido dirigido por el MAS durante casi dos décadas. Velasco detalló que el candidato Doria Medina es el actual el vicepresidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (CISALC) y que su tendencia política “está más en el centro derecha”.  “Es un conocido empresario boliviano que ha trabajado en hotelería, en la construcción, también en la comida rápida”. “Jorge Quiroga está más a la derecha. El ha sido el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, un antiguo dictador militar, que se volvió a postular cuando ya había elecciones y que ganó una elección”, explicó la analista y recordó que Quiroga fue presidente durante un año cuando Banzer Suárez dejó el cargo por cuestiones de salud. De acuerdo con la especialista, estos dos candidatos los separa un mínimo porcentaje de 2% y no se sabe quién lidera las encuestas. “Todo es posible en verdad que sea Samuel el que esté en primero o Jorge “Tuto” Quiroga en primero. La diferencia entre ambos es tan pequeña que tengan que ir a segunda vuelta”. "Pero también está el escenario de que el antiguo votante de izquierda decida votar por Andrónico Rodríguez, y la segunda vuelta sea entre uno de estos dos: entre Andrónico- Samuel, o entre Andrónico- “Tuto” Quiroga”. En Bolivia el voto es obligatorio por lo que se espera que casi 8 millones de personas salgan a las urnas el domingo 17 de agosto para elegir al presidente, al vicepresidente y a diputados y senadores.

La reciente visita a México de la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto de relieve la intención de ambos países de reforzar su asociación, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado los aranceles a productos canadienses al 35%, y mantiene la presión sobre México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  En un escenario de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, México y Canadá han comenzado a explorar un fortalecimiento de sus lazos bilaterales, una movida que los analistas interpretan con una mezcla de optimismo y escepticismo. Si bien la idea de un frente común entusiasma a algunos, otros expertos advierten sobre los desafíos que podrían obstaculizar una colaboración más profunda, como lo explica Derzu Ramírez, director académico de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. "Tengo mis reservas sobre hasta qué punto Canadá y México puedan lograr un acercamiento real y sustancioso, porque la historia reciente nos dice que Canadá siempre ha visto con cierto recelo a México en términos de la región de América del Norte, en el sentido de que lo ve como un competidor económico que le puede restar presencia en el mercado estadounidense y también inversiones", explica a RFI. No obstante, para Derzu Ramírez los desafíos van más allá: "Entre Canadá y México, no solamente está la relación económica. También ha habido roces importantes en la cuestión de las visas. En algunas ocasiones, Canadá ha impuesto la necesidad de visas para que los mexicanos puedan ir a ese país. Ese tipo de situaciones responden mucho a presiones de los Estados Unidos". Lo que tendríamos que ver bien es que México siga siendo un país confiable. A pesar de las dudas, existen áreas claras donde la cooperación podría ser beneficiosa para ambas naciones: "Para México, Canadá es un inversor importante. No es el más importante, pero es un inversor significativo, sobre todo en la cuestión de minería y de energía. Creo que ahí lo que tendríamos que ver bien es que México siga siendo un país confiable, que brinde certidumbre jurídica, sobre todo en este sector, y que México no pierda ese poder de atraer este tipo de inversiones canadienses". Para el profesor Ramírez, el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum descarte públicamente la posibilidad de firmar un tratado comercial bilateral con este país le envía un mensaje claro a la Casa Blanca: "Dejarle muy claro que México y Canadá no van a buscar un acuerdo bilateral que saque a Estados Unidos. Eso yo lo interpreto como una forma de no generar ningún tipo de suspicacia, ningún tipo de enojo por parte del Gobierno de Trump". Trump elevó del 25% al 35% el arancel a los productos canadienses, mientras le dio una prórroga de 90 días durante la cual se mantendrá el arancel del 25% sobre productos mexicanos. Están exentos los productos que integran el tratado de libre comercio vigente entre Estados Unidos, México y Canadá.

El Gobierno brasileño presentó este miércoles una petición de consultas con Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es la primera medida que toma el presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la  imposición de los aranceles estadounidenses por "violar de forma flagrante compromisos centrales asumidos por EE.UU. en la OMC". Pero la eficacia de esta decisión es cuestionable, según el economista Enrique Millán-Mejía del Atlantic Council.   RFI: Enrique Millán-Mejía, usted es asesor en desarrollo económico de América latina del Atlantic Council, un laboratorio de ideas estadounidense en el campo de los asuntos internacionales. Este miércoles 6 de agosto, Brasil recurrió a la OMC para impugnar los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos al tercio de sus productos. ¿Es posible revertirlos por esta vía?  Enrique Millán-Mejía: Brasil va a argumentar que EE. UU. tomó decisiones unilaterales, algunas de ellas basadas en intereses políticos, para incrementar los aranceles. La posibilidad de que un proceso en la OMC avance rápidamente es bastante limitado. El comité de solución de controversias en este momento se encuentra con una capacidad de funcionamiento muy distinta a lo tradicional. Básicamente por una discusión interna que hay en la OMC sobre el financiamiento de la entidad y sobre todo por el rol que juega Estados Unidos en la financiación de la OMC. Entonces, es poco probable que tenga éxito en el corto plazo.   Por otra parte, los aranceles que Estados Unidos está imponiendo a Brasil son producto de una normativa interna de los Estados Unidos y no producto de acuerdos comerciales en el marco de la OMC.  Leer tambiénCómo Brasil planea resistir los aranceles adicionales del 50 % impuestos por Trump RFI: En ese caso, el presidente Donald Trump se amparó en la ley de emergencia económica y seguridad nacional para imponerlos.  Enrique Millán-Mejía: Muchos podrían decir que no hay una razón específica que relacione la seguridad nacional con los aranceles. Sin embargo, la solución a ese dilema sólo se puede dar en los estrados judiciales de Estados Unidos y solo un juez podrá decidir si el presidente se extralimitó en sus funciones o no.   Actualmente, la ley IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, en inglés), que es la ley de emergencia económica y seguridad nacional, está demandada en varias cortes federales. Es altamente probable que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en próximos meses tomé una decisión.   La decisión que va a salir de allí, dicen los expertos, es que la corte le va a decir al presidente que no puede utilizar esa medida para imponer aranceles de manera indefinida, sino que los puede utilizar solamente por tiempo limitado.  RFI: ¿Cuál podría ser la mejor solución?  Enrique Millán-Mejía: Creo que Brasil tiene que seguir un poco la carta de navegación que ha venido implementando el Gobierno de México de diplomacia comercial, es decir, de tener equipos negociadores en ambos países, hablando de los problemas que ambas naciones enfrentan en la actividad comercial y de otros temas relacionados. 

Delegados de 180 países están reunidos en Ginebra, Suiza, para negociar un tratado global contra la contaminación plástica. No es fácil, debido a la posición de una decena de países productores de plástico y petróleo, cuyos polímeros son un derivado. Otros actores muy presentes que quieren impedir un tratado demasiado ambicioso contra el plástico son las empresas petroquímicas y las de la industria de bebidas en botellas de plástico. “Ante la amenaza de una minoría de bloquear las negociaciones finales en Ginebra para un tratado sobre plásticos, los países deberían invocar su derecho al voto para garantizar que se alcance un acuerdo ambicioso”, se lee en una columna de la plataforma de noticias suizas Geneva Solutions.   Está firmada, entre otros, por el político Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara de Colombia y autor de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en ese país sudamericano, conocida como la Ley 'Chao Plásticos'. “30 años de lucha ambiental desde Kioto y ha sido absolutamente imposible tener acuerdos internacionales que realmente le hagan frente a la crisis climática. ¿Por qué? Por los intereses económicos de cuatro o cinco países que son los principales responsables de la emisión de gases a efecto invernadero: China, India, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea”, dijo Lozada a RFI.  La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2022 creó un comité para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, con un enfoque integral que aborde todo el ciclo de la vida de los plásticos.   Tras cinco reuniones, la más reciente en diciembre pasado en Busan, Corea del Sur, no se ha podido adoptar un texto definitivo.  El tratado, como todo pacto de la ONU, requiere consenso y no mayoría, un mecanismo que preocupa a la Coalición Interparlamentaria para Acabar con la Contaminación Plástica, firmante de la columna al respecto. Leer tambiénLíderes mundiales se reúnen en Ginebra para forjar un acuerdo histórico contra el plástico Consenso “Cuando un país no está de acuerdo puede trancar una discusión en la que una amplia mayoría sí está de acuerdo. Es grave porque las soluciones que el planeta está necesitando hoy en materia de reducción de la contaminación plástica se puede ver frustrado por la posición de apenas unos cuantos países que prefieren defender sus  propios intereses económicos”, denuncia el político y defensor del medioambiente. “No podemos hacer absolutamente nada según los instrumentos internacionales”, asegura. “Por eso es que aquí hay una discusión de cómo deberían ser aprobados estos tratados, y es que deberían ser aprobados por consenso o si deberían ser aprobados por mayorías".  Antes de llegar a un tratado hasta el 14 de agosto, deberán negociarse más de 300 puntos de desacuerdo. Entre ellos, si se incluye o no una limitación de la producción de plásticos nuevos.  “No solamente los países petroleros se han opuesto, también se oponen países que tienen un alto lobby de los comercializadores del plástico”, precisa Lozada. Anualmente se producen 460 millones de toneladas de plástico, la mitad de los cuales son de un solo uso, y se recicla menos del 10% de los residuos plásticos. 

El presidente argentino, Javier Milei, vetó la ley que otorgaba aumentos a jubilaciones y pensiones por discapacidad, aprobada por mayoría en el Congreso en julio. Según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, la medida fue rechazada por considerarse contraria a su política de equilibrio fiscal. Jubilados y discapacitados argentinos fueron vetados por Javier Milei al aumento de sus pensiones. Por un lado, los jubilados que exigen un incremento del 7,2% en sus pagas, representan el sector más afectado por la política de ajuste del gobierno, con haberes que encarnan un tercio de la canasta básica del adulto mayor. Actualmente, según las entidades de estadística de Argentina, el valor de la jubilación mínima, monto cobrado por el 63,5% de las personas en estado de retiro es de 384.300 pesos, el equivalente a alrededor de 279 dólares. Un monto que estaría rozando la línea de la pobreza. Sandra Zapatero es secretaria de Seguridad Social de la Central de trabajadores de la Argentina (CTA) e indica que más o menos tres millones de jubilados y pensionados estarían recibiendo este aumento que vetó el  presidente. “Entonces creemos que es una crueldad brutal. Los pensionistas y los jubilados en Argentina hoy estamos todos los miércoles en la calle, en el Congreso, siendo reprimidos por la policía, reclamando aumentos y los medicamentos que teníamos gratuitos y una moratoria”, indicó Zapatero. Para ella, las consecuencias no serían demasiado importantes porque la jubilación es mínima, “es ínfima, están por debajo del índice de la pobreza y el aumento es paupérrimo. Podrían comprar, 3 kg más de pan, que no es demasiado. Creo que los jubilados están en el peor momento de la historia”, asegura. Pensiones por discapacidad No solo los jubilados se podrían verse afectados por este veto ya que el mandatario argentino tiene el interés de inmovilizar el proyecto legislativo que estipulaba mejoras a las ayudas económicas y las pensiones por invalidez a las personas con algún tipo de discapacidad, comenta Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad, también perteneciente al sindicato CTA: “Más de 70.000 pensiones fueron bajadas abruptamente, hay más de cinco millones de personas con discapacidad y de esos cinco millones, solo un millón y medio estaban utilizando al Estado con el tema de la pensión, o sea que ni siquiera es el 12% de la población que está percibiendo las pensiones, la ley lo que dice es un aumento mínimo de casi 15.000 pesos mensual en la pensión, comparando con la inflación que tenemos hoy en la Argentina, que son casi 200%, más allá de que hay personas que dicen que no hay inflación.  La verdad que con 200.000 pesos que tiene la persona con discapacidad no se puede vivir, hoy por hoy la canasta familiar es de un millón y medio”, agregó. Tras la publicación del veto se inicia ahora el trámite legislativo para confirmar o rechazar la voluntad de la Casa Rosada. Para revertir la decisión de la Presidencia, cada una de las Cámaras del Congreso necesita al menos dos tercios de los votos de los legisladores que componen el hemiciclo. De este modo, si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores secunda la decisión de Milei, los proyectos quedarían finalmente derrotados.

El 31 de julio de 2025 el congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida dejándole a Nayib Bukele el camino libre para perpetuarse al mando de este país de América Central. Las reformas constitucionales que le dan más poder serían “un quiebre definitivo para su democracia”, dijo a RFI Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En un trámite exprés, el jueves 31 de julio, los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños aprobaron las leyes que le permitirían al presidente Bukele seguir en el poder de manera indefinida. Al ritmo de fuegos pirotécnicos que estallaban en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, la capital, los legisladores ratificaban una serie de reformas constitucionales para que entraran en vigor la "reelección sin reservas", la ampliación del mandato de gobierno (de 5 a 6 años), y el desarrollo simultáneo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La reforma también le ponía fin a la segunda vuelta electoral. Leer tambiénBukele consigue luz verde para su reelección indefinida en El Salvador Para Juanita Goebertus, el poder que le dio el legislativo salvadoreño a su presidente es un ejemplo de cómo se forman los gobiernos totalitarios. La defensora de derechos humanos pidió a los latinoamericanos que estén atentos cuando alguien pretende implementar el modelo Buekele. “No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a coptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en le poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, dijo. Seguridad forzada Bukele, que ganó las elecciones de 2024 con un 85 % de los votos, alcanzó gran popularidad por su "guerra" contra las pandillas, reduciendo a mínimos históricos la violencia en el país. Aun así, Goebertus alerta del peligro que corre la población civil. “La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”. Para ella el caso de la represión en Venezuela es un ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades, donde "se traduce en represión del pueblo” y donde “ya no quedan controles para evitar que ese tipo de arbitrariedades se puedan dar”. Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. "Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacarcel que construyó para los pandilleros. [Con ello] Donald Trump ha provocado una valentonada de los distintos líderes autoritarios de la región”, dijo. Sin oposición Goebertus prevee un futuro incierto para El Salvador con un calendario hecho a la medida de las pretensiones de gobierno indefinido de Bukele. “Se anticipan las elecciones presidenciales dos años [serían en 2027, NDLR] para unificar el calendario electoral, lo cual significa que Bukele volverá en dos años a ser elegido, que controlará nuevamente la asamblea, que tendrá ahora un periodo más largo, de seis años”. “Seguramente para el momento en que haya nuevamente elecciones, la represión haya aumentado de tal manera que sea imposible cualquier tipo de alternancia”, lamentó. Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo incapié en que en los últimos tres años en estado de excepción, el Gobierno de Bukele ha encarcelado a 88 mil personas, muchos de ellos encarcelados de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.

Las ofensivas con drones son objeto de preocupación en Colombia, donde se han disparado las cifras de víctimas en 2025 según la Cruz Roja. Esto, en un convulso contexto de conflicto armado. Los ataques con drones en Colombia son una muestra del aumento de la violencia de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC. Un incremento que está alarmando a las autoridades. Miedo e incertidumbre El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló en su último informe que las víctimas por ataques explosivos se duplicaron en los primeros meses de 2025, un fenómeno desbocado por el uso intensivo de drones, nos explica su portavoz Ana María Hernández: “Lastimosamente, el uso de diferentes tipos de artefactos explosivos es una diferencia muy grande respecto a la década anterior, donde veíamos un uso específico de minas antipersonal. Pero en este momento estamos viendo el uso de diferentes tipos de armas, municiones y artefactos explosivos”. Según ella, estos ataques tienen importantes consecuencias humanitarias y han llevado a que “muchas comunidades tomen diferentes tipos de decisiones, como desplazarse o confinarse”. Entre enero y mayo, la Cruz Roja registró más de 500 víctimas de artefactos explosivos, un aumento del 145 % en comparación a 2024. El uso de drones con bombas ha influido en este aumento de víctimas, de las cuales, tres cuartas partes eran civiles. “Uno de los factores más preocupantes para la población civil es el miedo, la zozobra, la incertidumbre del uso de estos vehículos aéreos no tripulados. Se presentan ataques y confrontaciones armadas entre las partes en los conflictos, en momentos en los que la población está en sus labores cotidianas. Entonces esto es una preocupación muy grande para la comunidad. Puede presentarse en zonas densamente pobladas, puede presentarse en caminos…”, detalla la portavoz del CICR. “Las peores condiciones humanitarias” Teniendo en cuenta la situación actual, la organización ha sido contundente en su informe, afirmando que, para fin de año, Colombia podría sufrir “las peores condiciones humanitarias” en una década. “Se avecinan tiempos difíciles para el país en términos de consecuencias humanitarias. El balance infortunadamente muestra un incremento, un agravamiento considerable de todas estas consecuencias. La población civil no tendría por qué verse afectada y lastimosamente estamos viendo en el contexto colombiano un incremento muy grande de afectación sobre la población civil”, recalca Hernández. Finalmente, más de 58.000 personas se desplazaron este año para huir de la violencia de los grupos armados. Según la Cruz Roja, esto supone un incremento del 169 % con respecto a 2024, y seguramente, estas personas no regresarán a sus hogares.

Mientras varios gobiernos negocian in extremis con Donald Trump su política arancelaria, horas antes de que se cumpla el plazo del 1 de agosto que dio a sus socios comerciales para imponer su lista de aranceles, Brasil ha sido uno de los más castigados con un 50% de imposición. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. El año pasado fue de 6 mil 800 millones de dólares y su ventaja se ha mantenido durante los últimos 18 años. Por eso, un 50% de aranceles para el gigante latinoamericano resulta difícil de procesar desde un punto de vista económico. Donald Trump ha argumentado que la medida se da en represalia por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022.  Para el economista Alex Agostini, jefe de la calificadora Austin Rating, esto va más allá de una amistad: “El interés de Donald Trump era, en primer lugar, forzar la amnistía de Bolsonaro. Una vez amnistiado, volvería a ser elegible para las elecciones de 2026. En caso de que ganara las elecciones para Estados Unidos, él sería un aliado importante para flexibilizar la ley la explotación de minerales raros. Brasil tiene las segundas mayores reservas de minerales raros del mundo, lo que es de gran interés para el sector tecnológico, especialmente en Estados Unidos. Pero Brasil tiene una legislación muy estricta que no lo permite". No es la primera vez que Trump amenaza con aranceles para lograr su agenda política, indica Vinicius Rodríguez, profesor de Relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas: “La implicación económica es muy problemática para los sectores que no han sido dejados de lado en el tarifazo, como el sector de café, carne, frutas tropicales. También, claro, los textiles y los zapatos, que son productos que exportamos muchísimo a los Estados Unidos y que todavía teníamos competitividad, mientras que aproximadamente 42% de los productos no serán, no estarán sujetos a la tarifa, los otros estarán con consecuencias muy malas para los empleos, como por ejemplo en el sector de Asaí, que es una fruta tropical que solo Brasil produce, quizás 300 mil empleos quedan en riesgo después del tarifazo”. Según Rodríguez, los productos que Trump ha dejado por fuera de este 50%, como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles, los fertilizantes o los metales preciosos son aquellos que no pueden suplir los mismos estadounidenses. 

En Estados Unidos, se multiplican las denuncias sobre las condiciones abusivas de detención en Alligator Alcatraz, una de las cárceles migratorias, inaugurada hace un mes en Florida por Donald Trump para acelerar las expulsiones de extranjeros. Los jueces examinan actualmente dos demandas contra la creación de este polémico centro. “Están en una jaula. En cada jaula tienen 32 camas”, explica a RFI la estadounidense Ashly Valdez, esposa de un reo cubano de 31 años y detenido desde el 11 de julio. La mujer, quien reside en Orlando, alerta sobre las condiciones de detención infrahumanas impuestas a su esposo Gonzalo Almanza en Alligator Alcatraz, la cárcel migratoria inaugurada el 1 de julio en Florida por Donald Trump para facilitar las expulsiones de extranjeros.  “No tienen acceso a abogados” “Tienen un aire acondicionado que está súper frío. O sea, imagínese bañarse en agua fría y salir y estar en el frío. Tienen una cámara ahí encima de los toilets que está viendo cuando los hombres vienen y hacen sus cosas. No tienen privacidad. Ha habido casos donde ni les quieren dar papel, rollos de toilet. Imagínese, 32 hombres y les dan un rollo de toilet. Y les dicen que ya les dieron uno para 32 personas. La comida, no están dando porciones para adultos, están comiendo un sándwich”, denuncia Valdez. “Otra cosa que deben tomar en cuenta es que ellos tienen ocho luces sobre cada jaula, que son LED, que son brillantes, brillantes y están prendidas 24 siete, no se apagan. Un perro vive mejor. Tienen acceso al teléfono que es la única cosa, pero no tienen acceso a abogados, nadie puede entrar a verlos. Les quitaron todos sus derechos. Mi esposo está aquí, tiene su residencia permanente, no es un ilegal”, subraya. Gonzalo Almanza llegó a Estados Unidos a los seis años y vive legalmente en el país. Y aunque tiene antecedentes penales, su abogada asegura que cumple con sus obligaciones probatorias. Fue precisamente durante una de sus citas rutinarias con un oficial de justicia, que el hombre fue detenido, sin que hasta el momento se le haya notificado ningún cargo o motivo exacto. “Está en el limbo” “Él fue a ver a su probatoria y cuando ella abrió la puerta había dos agentes de ICE y le dijeron que tenían una orden administrativa contra él y no le dijeron nada más. Él está en un limbo. No hemos podido visitarlo. La abogada todavía no ha podido ir a verlo”, precisa la mujer. “En mi opinión, diseñaron el sistema para torturar y para que la gente simplemente renunciara a su caso y dijera 'no puedo quedarme aquí, quiero irme a casa ahora mismo, ni siquiera voy a intentar defender mi caso ante los tribunales'”, denuncia al micrófono de RFI Anna Weiser, defensora de Gonzalo Almanza y abogada especialista en asuntos migratorios en la firma Smith and Eulo. Actualmente, la creación de este centro de detención migratorio está siendo objeto de dos demandas en tribunales. Por una parte, organizaciones de derechos civiles estiman que la imposibilidad de los abogados de acceder a las instalaciones viola el derecho a un juicio equitativo. Y por otra parte, ONG ambientalistas consideran que las infraestructuras del centro, en la reserva natural del humedal de los Everglades, contradicen las normativas ambientales de protección de especies frágiles.

Tras un largo proceso judicial que inició en 2012, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha. ¿Qué supone esta condena? La condena del exmandatario colombiano Álvaro Uribe es sin precedentes y representa un avance en la búsqueda de justicia sobre los crímenes del paramilitarismo en Colombia. Grupos paramilitares propios “Álvaro Uribe fue gobernador en los años 90 del departamento de Antioquia, que era uno de los puntos álgidos del conflicto en el país. El único hecho de que él nunca se ha escondido es que sí fue un impulsador de unas cooperativas de seguridad que se llamaron en esa época las ‘Convivir', que funcionaron como una fachada legal del paramilitarismo durante todos los años 90”, explica a RFI Jacobo Grajales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris 1 Sorbona. “Pero”, prosigue, “las otras acusaciones que tiene en su contra es de haber creado él mismo con su hermano Santiago grupos paramilitares en torno a una hacienda que les pertenecía. Son acusaciones que siempre han estado en el ambiente político pero que nunca se han logrado probar a ciencia cierta. Y una de las razones por las cuales nunca se habían logrado probar era que testigos, que inicialmente declaraban contra él, terminaban cambiando su versión, o incluso algunos testigos simplemente desaparecieron, fueron asesinados. Entonces la decisión de ayer es realmente un hito histórico en esos procesos de esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia”. Nexos entre políticos y paramilitares Ya habido condenas por los crímenes cometidos por los paramilitares, prueba de un cierto progreso en la justicia: “Ha sido una lucha de más de 20 años, ha habido asesinatos de jueces, asesinatos de testigos, asesinatos de fiscales y sobre todo también de defensores de derechos humanos que se han metido a investigar estos temas”, subraya Grajales. “En el caso particular del paramilitarismo, los jueces y las juezas en Colombia han mostrado que gran parte de la clase política regional se alió con grupos paramilitares. Hubo decenas de representantes a la Cámara y de senadores condenados por sus nexos con los grupos paramilitares en los años 2000 y 2010. El mismo primo de Álvaro Uribe, que era senador, fue condenado por nexos con grupos paramilitares. La responsabilidad del Ejército se ha establecido”, detalla el especialista. “Lo único que no se ha establecido totalmente del punto de vista judicial es la responsabilidad que pudo existir desde la Presidencia de la República en la formación de estos grupos y en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pudieron cometer”, concluye. El senador de izquierda Iván Cepeda, que impulsó las investigaciones sobre los posibles nexos entre Uribe y el paramilitarismo hace 13 años, considera por su parte que la condena de Uribe puede ser el punto de inflexión para un proceso de reconciliación basado en la verdad y la justicia para las víctimas de los crímenes paramilitares.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos.  Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona.  Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

La policía peruana incautó la semana pasada cuatro toneladas de mercurio procedentes de México con destino a Bolivia. Esta operación representa un duro golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal de oro, las cuales utilizan el mercurio para separar el metal precioso de los sedimentos. El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de equipos tecnológicos especializados, los cuales permitieron corroborar que el mercurio se encontraba adherido en las 20 toneladas de piedra molida localizadas dentro de un contenedor en el puerto del Callao. Así lo comunicó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Luis Fernández, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, explica las razones por las cuales este metal tóxico es utilizado en la minería informal. Fernández explica que primero hay que entender que hay dos formas para refinar el oro. Las grandes empresas emplean procesos industriales que requieren el uso de cianuro. Esta sustancia química, que posee un rendimiento del 97 %, requiere muchos controles y un proceso muy complejo, ya que es mortal para el ser humano. En cambio, los grupos más pequeños que operan en la minería informal emplean el mercurio, que no necesita de procesos ni controles tan rigurosos. El especialista destaca que el rendimiento del mercurio también es más bajo, del 30 o 35 %, ya que estas personas emplean una tecnología de hasta 100 años de antigüedad. "Estos grupos pueden llegar a producir entre 10 y 100 gramos de mercurio al día, cuyo valor es muy alto", aclara Fernández. El mercurio es ampliamente utilizado por la minería ilegal. Pero está causando daños profundos en el medio ambiente y en la salud humana. El biólogo Luis Fernández, de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, considera que "es muy probable que estemos envenenando la biodiversidad amazónica. Estamos viendo concentraciones de mercurio en murciélagos, aves, tortugas, aire y agua. Estamos viendo que muchos pescados también están contaminaos, con efectos en el sistema nervioso de niños y mujeres embarazadas", que viven las ciudades amazónicas, constata Luis Fernández, que ha realizado estudios de monitoreo de la contaminación por mercurio. Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilícita con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Noam López Villanes, politólogo y profesor en la Universidad de Ingeniería en Lima, pone de ejemplo el caso de los "Pulpos", una banda criminal que fue contratada por la explotación minera de la Sierra de la libertad.  "Durante unos meses cumplió su rol, pero eran prácticamente criminales", explica el politólogo. Este cuenta que tras aprender el negocio, acabaron con la vida de quienes los contrataron para hacerse con el control. "Aprendieron bastante como para empezar a operar y llevar a cabo la extracción, el proceso de refinamiento y transporte, ya que conocen también el territorio", señala López Villanes. Las autoridades peruanas aseguran que esta incautación de mercurio permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de este metal que opera en México, Perú, Colombia y Bolivia.

En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país. El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia. Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló. Responsabilidad de orden Penal Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25'000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró.  La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia. El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó.  La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.

Venezuela recibe a migrantes liberados de la prisión de alta seguridad Cecot tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. Esta repatriación fue posible gracias a las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. El acuerdo incluyó la liberación y el viaje inmediato a Estados Unidos de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como la liberación de unos 80 presos venezolanos, según las versiones oficiales de Washington y Caracas. Andy Perozo, uno de los venezolanos liberados, comparte su testimonio sobre cómo llegó a esta prisión de alta seguridad. "Llegó un guardia y dos dijo: «Bienvenidos al Cecot, al infierno, de aquí nadie sale». Nos recibieron con golpes y cuando escuché eso yo dije: «De aquí solamente me saca Dios»", cuenta Perozo. Según su testimonio, les cortaron el cabello, les pusieron el uniforme de la prisión y los volvieron a esposar. "La gente se desmayaba, uno veía cuando la gente estaba sangrando porque lo golpeaban. Después de eso no volvimos a ver a los salvadoreños, todo eso pasó con nosotros, los venezolanos", explica Andy. Andy fue arrestado por no acatar una orden de expulsión de Estados Unidos y posteriormente fue acusado por las autoridades estadounidenses de formar parte de la organización criminal "Tren de Aragua", sin pruebas concluyentes. Como resultado, fue recluido en el Cecot. "Los soldados abrían la puerta del autobús antes de que lo hiciera el conductor, parecían zombis buscando agarrar personas", afirma Andy. Este declara que los golpearon al llegar al lugar donde les esperaba el director del centro, quien dijo: "Bienvenidos al Cecot, de aquí no saldrán nunca porque son miembros del tren de Aragua, y ustedes están condenados por terroristas".  "Me encargaré de que no vuelvan a comer nunca ni pollo ni carne", dijo el director les metieron en la celda, atestigua Andy. Andy concluye agradeciendo al gobierno venezolano por haber logrado lo que él consideraba casi imposible: ser liberado del Cecot.

La asociación afirma que desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, han sido asesinados 32 choferes, siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Para los conductores de transporte público en Perú, su trabajo se ha convertido en una fuente de angustia y peligro, ya que temen que en cualquier momento pueda subir a su vehículo un sicario con el objetivo de asesinarles debido a que su empresa no pagó un cupo. Dimitri Senmache, exministro del Interior de Perú y especialista en seguridad, ha alertado sobre la proliferación de organizaciones mafiosas. Presencia del tren de Aragua y los Choneros en Perú "Nosotros, desde hace tiempo, hemos estado vislumbrando el crecimiento de organizaciones criminales - principalmente vinculadas al narcotráfico - que han comenzado a abrir otros nódulos", explica Senmache. Este relaciona los hechos con la migración de criminales de Colombia y Venezuela que huyen de la ley en sus países de origen. El exministro del Interior asegura que miembros del tren de Aragua o los Choneros de ecuador están presentes en Perú; los cuales extorsionan a "pequeños transportistas, pero hoy ya están con transportes de mediana envergadura, y eso hace pensar que se están fortaleciendo más". División en el gremio de transportistas A pesar del peligro que representan estas acciones criminales, existe una fragmentación dentro del gremio de los transportistas, que no han logrado ponerse de acuerdo sobre la adhesión al paro. "Lo que sucede es que hay empresas que tienen mayor recaudo y que no les importa detener o parar; ya que no se ven afectados por ahora por la delincuencia", cuenta el experto en seguridad. Este contextualiza que la delincuencia afecta ahora a los pequeños y medianos empresarios, pero que en el futuro llegará a tomar espacio "en aquellos sectores de transporte de gran escala que todavía se sienten un poco seguros". Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que ningún gremio formal acatará ningún paro en lo que resta de julio. Sin embargo, la Alianza Nacional de Transportistas ha comunicado que están considerando acatar un nuevo paro que se realizaría durante las Fiestas por la Independencia de Perú, los días 27 y 28 de julio.

Tras las denuncias de decenas de mujeres que afirman haber trabajado en condiciones muy difíciles y sin sueldo para la institución católica Opus Dei, cinco responsables argentinos son señalados por la Justicia. Son 43 mujeres las que acusan a la institución conservadora católica Opus Dei de haberlas separado de sus familias para hacerlas trabajar como empleadas domésticas, sin ningún tipo de remuneración y en condiciones especialmente difíciles, entre 1974 y 2015. La Justicia argentina investigó durante varios meses antes de implicar a cuatro líderes argentinos de la orden en 2024. Pero el caso dio un nuevo giro hace poco, cuando se añadió un quinto nombre a la lista de personas que podrían ser imputadas. Esta vez se trataba de Mariano Fazio, número dos de la organización en Roma y ex vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014. “En todas partes del mundo” El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, entiende que se trata de una red de trata de seres humanos que está extendida por todo el mundo y que podría involucrar a dirigentes de primera importancia del Opus Dei. “Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma”, explica a RFI Sebastián Sal. “Hay casos similares en España, Italia, Inglaterra, en Irlanda hay una denuncia penal también realizada. En México se está empezando a gestar toda una situación como la que iniciaron estas 43. Y mismo en Estados Unidos. El Opus Dei no sólo lo hacía en Argentina o en Uruguay, Paraguay, sino que lo hacía como algo organizado en todas partes del mundo”, subraya. Víctimas que sufren secuelas Este caso es seguido de cerca por el Vaticano que ya impuso varias sanciones durante el pontificado del papa Francisco, señala asimismo el abogado: “Nosotros hemos hecho una denuncia también ante el Vaticano por este motivo. El papa Francisco en su momento tomó dos medidas importantes contra el Opus Dei. Le prohibió al prelado del Opus Dei que fuera obispo. De hecho, no puede ser más obispo el prelado del Opus Dei, cosa que antes sí lo era. Y la otra cosa es que los degradó y obligó al Opus Dei a presentar nuevos estatutos, que tengo entendido los presentaron hace poco con el nuevo papa”. Las denuncias se amontonan por todas partes del mundo, y en Sudamérica, las víctimas sufren las secuelas como consecuencia de este periodo: “A lo largo de los años, después de 10, 15 o 20 años de estar dentro del Opus Dei, consiguen algunas escaparse. Muchas de ellas se enferman, todas enfermedades psiquiátricas, algunas inclusive han intentado suicidarse. Pero bueno, llega un momento en que muchas de ellas consiguen escaparse, a través de alguna conocida, alguna amiga, y obviamente no tienen aportes sociales ni nada. No les pagaban sueldo, no conocían lo que era el dinero, mucho menos iban a tener cualquier tipo de aportes para poder acceder a la seguridad social”, comenta Sebastián Sal. Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales. El asunto envuelve en el escándalo a las más altas esferas de esta poderosa institución católica y se convierte potencialmente en uno de los primeros asuntos espinosos del pontificado de León XIV.

En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales. "Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele. Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel." La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba. Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse". Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele. Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.

Bajo la mirada de las víctimas de pederastia, Bolivia celebra un juicio sin precedentes contra la Compañía de Jesús. Dos ex jerarcas españoles de la orden, Ramón Alaix y Marcos Recolons, se sientan ante el tribunal, acusados de encubrir a un sacerdote que abusó de por lo menos 85 niños. Los dos acusados dirigían a los jesuitas en el país durante parte de los crímenes. El escándalo estalló en mayo de 2023. dos años después, esta es la única causa que avanza. Después de dos años paralizado el juicio contra dos ex altos cargos jesuitas por ocultar abusos en su congregación en Bolivia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de Ramón Aleix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles que encubrieron de manera sistemática las agresiones sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas durante casi tres décadas, Incluso tras conocer que había denuncias.  RFI habló con Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual y uno de los 18 denunciantes.  “Ante tanta prueba material y testifical que se ha presentado por el tema de encubrimiento por parte de estos dos jesuitas ex provinciales, realmente esperemos que la justicia boliviana obre cómo tiene que obrar”, dijo, asegurando que “es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático”.  Flores aseveró que Alfonso Pedrajas no es el único perpetrador. “Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos”.   El escándalo estalló en 2023 tras la difusión de un reportaje sobre el diario personal de Alfonso Pedrajas, conocido como El Padre Pica. En él, el sacerdote fallecido en 2009, confesaba haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y el año 2000, la mayoría en Cochabamba, donde se celebra el juicio.  Leer también'No puede volver a repetirse', denunciante de cura jesuita por pederastia, a horas del juicio Wilder Flores lamenta la protección que tuvo de su congregación, pero también cree que el Vaticano y las autoridades bolivianas no ponen de su parte, sino todo lo contrario.  “Aquí, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha citado para volver a tratar el convenio con la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia, donde claramente establece un camino de impunidad. La inviolabilidad de los documentos, de las curias, de las diferentes órdenes, que eso garantiza impunidad total y nos cierra las puertas a las víctimas para poder llegar a esclarecer la verdad”, puntualizó.  El juicio ha sido suspendido en otras dos oportunidades, la primera en enero porque los ex provinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.          

La Fiscalía de Brasil pide condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado al tratar de mantenerse en el poder pese a su derrota frente a Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras una larga investigación, la fiscalía ha presentado audios, mensajes y testimonios que así lo demostrarían. La Fiscalía de Brasil considera que hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado junto con otros cuatro cargos más, a saber "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático", "violencia grave" y "deterioro del patrimonio protegido", cuyas penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de cárcel. Tambíen pide que se condene a otros siete integrantes destacados de la trama, entre ellos exministros y altos cargos del ejército. El objetivo final de dicha trama, que resultó en la vandalización de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023 por parte de miles de simpatizantes de Bolsonaro, era aferrarse al poder y revocar la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en  2022. "Hay información y grabaciones, pero también el testimonio del coronel Mauro Cid, que era la persona más cercana a Bolsonaro". Marcos Cordeiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, estima que la petición de la fiscalía cuenta con una base sólida. "No se trata solamente lo que dice un testigo, sino que a partir de su testimonio se va tejiendo una red donde se van juntando los hechos. Por ejemplo, existe el testimonio de un general de la fuerza aérea y de otro general del ejército, quienes confirmaron que Bolsonaro presentó un borrador del golpe. No hay que subestimar la cantidad de información que se ha ido recopilando en este proceso", señala el académico. La investigación se vio no obstante sacudida por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, aliado ideológico de Bolsonaro. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil si la Fiscalía seguía adelante con la investigación, que calificó de "caza de brujas". Sin embargo, el apoyo de Washington a Bolsonaro ha tenido el efecto contrario al esperado. "El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump creó un tsunami en la política de Brasil porque muchos de los empresarios que apoyaban a Bolsonaro tenían mucho recelo de que sus negocios fuesen perjudicados", explica Cordeiro. "Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene una gran producción de café, y el mayor mercado de Brasil es Estados Unidos. En la ultima semana, la asociación de los aranceles con Bolsonaro ha creado una conmoción en el país en la que se le considera un traidor de la patria". El actual presidente brasileño Lula da Silva ha declarado que tratará de negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero ha prometido responder con tasas equivalentes si estos llegan a entrar en vigor. Además, el mandatario ha condenado la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña.

Los actores de doblaje y otros trabajadores de empresas artísticas y de entretenimiento en México salieron a las calles el 13 de julio para protestar contra la falta de regulación a las inteligencias artificiales y exigir una mejor protección de los derechos laborales y creativos. “Gracias por salir a votar, porque tu presencia, tu voto, tu decisión, cuentan”: la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat (2018), recreada por la inteligencia artificial en un spot del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se agradecía a la ciudadanía por participar en las elecciones del Poder Judicial, fue la gota que rebosó el vaso. “La IA no reemplaza” Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC) ya venía denunciando la apropiación de voces, coincidiendo con el descenso de demanda en este gremio artístico. El pasado fin de semana, intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores, presentadores se congregaron en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, bajo el lema “La IA no reemplaza”, para defender el derecho a que sus imágenes, voces y obras no sean replicadas sin autorización. Leer tambiénVIDA EN EL PLANETA: El español y su infinidad de acentos “No, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa y nos ayuda en algunos procesos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea un reemplazo del humano. Queremos que sea un acompañante, pero no que nos quite trabajos, no que desaparezca a las personas que se han dedicado a esta industria durante toda su vida, que además de robarnos la voz, la pongan en donde ellos quieren y suplanten nuestra identidad para quedarse con todo el crédito”, explica a RFI Lili Barba, la presidenta de AMELOC. “Debemos estar súper unidos, necesitamos que las leyes ahora sí nos protejan desde derechos de autor, desde protección de datos personales, la ley de cinematografía, la ley de radio y televisión. Justo hablan de proteger a este gremio y ojalá, de verdad, ojalá que pase esta ley”, subraya. “Profesión muy importante” Tras las protestas, el caso escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también condenó el uso de la IA para replicar la voz del actor sin consentimiento, abriendo un fuerte debate sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y ética en el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas. “Es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años y hay que proteger su trabajo, pero también su voz”, expresó la presidenta mexicana. De momento, parece ser que la lucha de las voces profesionales mexicanas no fue en vano y como en la mayoría de los dibujos animados, podría contar con un final feliz.

La residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, del 11 de julio al 14 de septiembre, tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos, según datos de la alcaldía de San Juan. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios a la organización de recorridos por su municipio natal. Más allá de una gira que promete ser histórica, "Debí Tirar Más Fotos" es una reivindicación de la cultura puertorriqueña. El rapero Bad Bunny revoluciona Puerto Rico con una residencia artística de 30 conciertos en el Coliseo. Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida, destaca la importancia de este acontecimiento en la antena de RFI: "Tiene un mensaje eminentemente político. Bad Bunny da un ejemplo de cómo puede usarse el arte con el fin de hacer una inyección económica pero también es una inyección de orgullo y de fortalecimiento a los puertorriqueños". Varios estudios afirman que los conciertos supondrán un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares y generarán más de 3000 mil empleos. Pero también hay que considerar estas funciones como un homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York."Entiendo que Bad Bunny está dando un ejemplo de la fortaleza cultura que recae en los puertorriqueños y que, a pesar de todas las violencias que hemos históricamente recibido, somos profundamente fuertes y talentosos" dice Sheilla Rodríguez en RFI.  La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios relacionados con Bad Bunny como la tradicional pava (sombrero de paja), a la organización de recorridos por su municipio natal y las publicaciones de un diccionario para entender sus letras y un estudio científico sobre su música. El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, que se llevarán a cabo todos los fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Benito ha usado su música para abordar la lucha contra la gentrificación, la privatización de los recursos naturales o los cortes de energía. "El contenido de las canciones es una denuncia. Utilicemos la música para resistir" sentencia Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida. Esta residencia artística ha batido todos los records: vendió 400.000 boletos en tan solo 4 horas y supera las noches de conciertos consecutivas de otras leyendas del reggaeton como Daddy Yanki o Wisin y Yandel. Sin duda, un evento que Puerto Rico nunca va a olvidar.   Influencia hasta en la lingüística  Al generar tanta expectación la residencia, han surgido en el último mes varias iniciativas curiosas para explicar las letras de Bad Bunny y para estudiar el impacto de su música en la química cerebral. La lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz creó el diccionario ‘El ABC de DtMF', que define el vocabulario puertorriqueño y referencias culturales como lugares, nombres de personas y menciones musicales con ejemplos tomados de las 17 canciones del álbum. Por su parte, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó un análisis en el que asegura que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores, como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad.

El presidente de los Estados Unidos asesta un nuevo golpe en su guerra comercial e impone un arancel adicional del 50% a Brasil. Un ataque que llega después de una jornada marcada por las tensiones diplomáticas entre ambos países debido al apoyo que Trump expresó por el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Brasil por su parte, prometió reciprocidad arancelaria si estas amenazas llegaran a cumplirse. "Brasil no ha sido nada bueno con nosotros", dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50 % de aranceles sobre todos los productos brasileños. La medida, llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero Roberto Goulart, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que el hecho está relacionado con las relaciones que Brasil tiene con China: “Trump tienta afectar todos los países que tienen relaciones estrechas con China, Brasil es uno de esos países. Entonces Trump en vez de hablar directamente a Brasil, utiliza un instrumento de política comercial para intentar convencer a la fuerza de que Brasil no tiene que tener relaciones con China”. Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. Goulart asegura que es una medida desproporcionada. “Estas medidas son casi un enfrentamiento al gobierno Lula y toda la industria brasileña, entonces en este momento Trump anuncia una tarifa que prácticamente puede paralizar el comercio entre Brasil y Estados Unidos”. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China; que su país "no quiere un emperador". Aun así, hay que plantearse que rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos. “Creo que Brasil no tiene otro camino, sino seguir negociando, seguir insistiendo en que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a un resultado, muchas veces con diálogo o utilización de instrumentos coercitivos. Entonces, pero Brasil no puede ceder a las voluntades personales de Donald Trump”, agregó el analista. Posible reciprocidad arancelaria Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este miércoles que Brasil puede actuar en "reciprocidad" si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles de 50% a los productos brasileños. Lula indicó que el proceso en la Corte Suprema contra Bolsonaro, un ultraderechista que gobernó desde 2019 a 2022, "es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza". Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable de liderar una "organización criminal" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales. Este texto fue aprobado luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países. Vinícius Rodrigues Vieira, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo explica que la ley de reciprocidad fue una iniciativa aprobada hace pocos meses, incluyendo el apoyo de  parte de la derecha, más no la derecha que es muy aliada del agronegocio de los agroexportadores, que no tienen en los Estados Unidos su mayor mercado, sino en China". Para él, uno de los rubros más afectados sería  el café, "es algo que aún exportamos a los Estados Unidos, entonces lo que pasará es que habrá una reciprocidad y eso todavía no quiere decir que Lula va a aplicar tarifas de 50% a los Estados Unidos. La reciprocidad puede darse en otros frentes, como por ejemplo, el comercio de servicios o más tasas”.   De su lado, Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.

El presidente argentino Javier Milei, mediante un decreto, ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad pública responsable de administrar, ejecutar y supervisar obras viales a nivel nacional. En su lugar, se creará la 'Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte' para fiscalizar las concesiones viales.  La medida del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad se tomó antes de que venciesen los 'superpoderes' que el Congreso otorgó al presidente argentino Javier Milei por un año para ejercer ciertas funciones del Poder Legislativo. Germán Galarza, analista político, comenta las razones detrás de este decreto: "Hay que decir que la gestión de Milei ya venía anticipando que Vialidad era uno de los apuntados para cerrar,  entendiendo que había desmanejos, que se podía -lo dice el Gobierno- ahorrar muchísimo dinero y entendiendo que no cumplía sus funciones". Galarza considera que el momento del anuncio no es casualidad: "Obviamente que la 'causa Vialidad' es el resultado del juicio por el que hoy está cumpliendo una condena Cristina Fernández de Kirchner. Fue el detonante tamibén, porque porque estamos muy, pero muy cerca, de tiempos electorales importantes, cruciales, para el gobierno nacional". "Son dos puntuales. Uno en septiembre, en un distrito importante para la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires, y en el mes de octubre las elecciones nacionales a cargos por escaños en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados", prosigue. "Es un mensaje claro a ese electorado, que hoy lo acompaña en proyecciones en más del 30%. Entonces, no es casualidad, obviamente. Lo venía anticipando el Gobierno nacional, pero lo hace en este tiempo, entendiendo que es un tiempo también estratégico en términos electorales", mantiene al respecto el analista Germán Galarza.   Leer tambiénLa Corte Suprema confirma la condena de Cristina Kirchner y su inhabilitación por corrupción "Argentina está implementando uno de los programas de estabilización más ambiciosos en la historia reciente de los mercados emergentes". Así comienza un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, la principal institución global en este sector. Sin embargo, las reformas en áreas estratégicas generan alarma y preocupación, según afirma Marcelo Torres exdiputado y exsubsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista: "Estamos en una situación muy grave, muy compleja. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad tiene 5.500 empleados, trabajadores que tienen especializaciones muy específicas, agrimensores, ingenieros, que vienen hace muchos años trabajando en un país muy extenso". "Solamente el 10% de las rutas nacionales son autovías en Argentina, el resto están a cargo del mantenimiento del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto realmente va generar una tragedia para los ciudadanos de nuestro país", concluye.  Por su parte, la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos mas grandes en Argentina, advirtio que el cierre del organismo de Vialidad, así como el de las otras entidades ligadas a Seguridad Vial, pondrán en peligro a millones de personas que transitan por las rutas nacionales.

Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad.  "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura'  "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.

El Cono Sur está enfrentando una ola de frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en la Patagonia, un fenómenos al mismo tiempo intenso y excepcional, dijo a RFI el climatólogo chileno Raúl Cordero, profesor en la Universidad de Santiago. El país más afectado es Argentina, aunque el fenómeno también impacta a Chile y Uruguay. La causa es una masa de aire polar que se escapó desde la Antártica. "Esta ola de frío fue un escape de una masa desde los polos hacia latitudes medias, en este caso hacia el Cono Sur: Argentina, Chile, sur de Brasil. Como estamos en invierno austral, era esperable que este escape de masa de aire frío trajera temperaturas bajas, y en algunos casos fueron récords históricos. Así que se trató de un evento intenso. Lo usual es que las masas de aire cálido permanezcan 'atrapadas', confinadas al trópico, y las masas de aire frío permanezcan confinadas a los polos. Pero a veces se puede escapar una u otra", explica Raúl Cordero. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: olas de calor en Europa, de frío en el Cono Sur. ¿Qué tan preparados estaban los gobiernos para una situación así? "Desgraciadamente, al ser un evento récord, era poco esperable que los países estuvieran preparados", responde Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago. Hemisferio norte, el peor de los mundos  "En el hemisferio norte es otra historia, pero en el hemisferio sur las olas de frío van disminuyendo en frecuencia. Es decir, a pesar de que estamos en invierno austral, este es un evento extraordinariamente inusual. Es diferente a lo que pasa con las olas de calor, que van en aumento en frecuencia e intensidad en todo el mundo. Entonces, la gente está cada vez más 'preparada'. Por ejemplo, la ola de calor que golpeó a Francia estos días fue muy intensa, pero no va a causar, ni de cerca, los 70.000 muertos que provocó la ola de calor de agosto de 2003 en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época Francia, ni Europa, estaban habituadas o preparadas para eventos de calor como los de ahora. En cambio, hoy están mucho, mucho más preparados. Acá es la misma historia, pero con el frío. Cada vez hay más olas de calor, pero cada vez menos olas de frío. Este evento tomó por sorpresa a la población en ambos lados de la cordillera, en el Cono Sur". El climatólogo subraya también la desigualdad del impacto del cambio climático. "El vórtice polar, el vórtice ártico, se está debilitando, y los escapes de masas de aire frío en invierno en el hemisferio norte van al alza. Entonces, en el hemisferio norte es como 'el peor de los mundos', porque aumentan tanto las olas de calor como las olas de frío".

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Durante la cumbre semestral que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Mercosur anunció que concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones empezaron en 2017, pero no fue sino hasta este miércoles que el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dieron luz verde al acuerdo que permitirá la exportación e importación de bienes y servicios en una zona con casi 300 millones de personas. Energía renovable Henrique Choer Moraes, diplomático que representa a Brasil en las negociaciones del Mercosur, destacó la variedad de este acuerdo que va desde la agricultura hasta las centrales de datos. “Es muy amplio ese abanico, abarcando vinos, por ejemplo, pasando por la industria, pero también hay un compromiso muy importante que alcanzamos con la EFTA: nosotros introducimos este compromiso de que la exportación de servicios digitales está supeditada al hecho de que la matriz energética del país que exporta sea del 67% por lo menos de fuentes de energía renovable”, explica Henrique Choer Moraes. Es “un ejemplo para que otros países imiten, porque desde nuestro punto de vista, esto es un ejemplo concreto de algo que los europeos hablan mucho pero no hacen tanto como a nosotros nos gustaría, y es la interfase entre comercio y desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí de comercio, de servicios de una forma sostenible”, recalca. A la espera de la Unión Europea La Unión Europea ha sido todo un desafío para los socios del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia: en diciembre pasado y tras 25 años de negociaciones, firmaron un acuerdo que sigue sin ser ratificado y enfrenta una fuerte oposición de Francia. El representante de Brasil se muestra sin embargo optimista: “No sería la primera vez en Europa que un acuerdo va a ser sometido a un debate muy acalorado. Pero a pesar de todo eso, estamos confiados porque el contexto global ayuda cada vez más a confirmar la importancia, no solo económica pero estratégica, de que Europa pueda avanzar rumbo a la ratificación del acuerdo con Mercosur. El anuncio del acuerdo con EFTA tendrá también algún impacto en los debates, porque Europa está viendo que el Mercosur no está parado”, estima. Actualmente el Mercosur está en conversaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos y según el diplomático brasileño, Canadá y Japón son algunos de los futuros objetivos.

Hace menos de 50 dias, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.

Los delitos sexuales contra menores ya no prescribirán por lo civil en México, así lo decidió la Corte Suprema de ese país. Esta sentencia abre el camino a las víctimas de ese tipo de abusos para que obtengan justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción. La violencia sexual contra niños y adolescentes es "imprescriptible", así lo juzgó por unanimidad la Corte Suprema de México al fallar a favor de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos por parte de su ex productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años e integraba un famoso grupo musical. Este caso fue muy mediatizado por tratarse de dos personajes del ámbito artístico. Kendra Carrión Vivar, doctora en Ciencias Políticas y profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey de México, recalca la importancia de este dictamen. “Es un gran precedente para las víctimas de abuso sexual, no sólo para los menores actuales sino también para todas aquellas personas que siendo niñas pudieron ser víctimas de esos horrorosos delitos. Es importante saber que esta decisión se toma en el ámbito de lo civil y en México la imprescriptibilidad ya operaba en lo penal, pero en materia civil había plazos de dos a diez años, así que la víctima no acudía en estos plazos, ya no podía alegar daños morales”, explica a RIF Kendra Carrión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4,5 millones de menores afectados anualmente. Montserrat Villamar, coordinadora nacional de abogacía de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS México, informa sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano en el proceso de denuncia de casos de abuso sexual. “Este tipo de problemáticas está normalizado y el sistema de justicia en México puede ser ‘revictimizante' porque es un proceso muy largo y muy complejo. Inhiben más bien que las víctimas denuncien. Este precedente de la Corte Suprema ayuda y da certeza jurídica a las víctimas y a organizaciones”, asegura a RFI Villamar. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia mexicano condenó al ex productor de Sasha Sokol por daño moral, le ordenó disculparse con la cantante y pagar una indemnización por reparación del daño, la cual se fijaría posteriormente.

La Fiscalía de Colombia pidió esta semana una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia del país. Entrevistamos al senador Iván Cepeda sobre este caso. Desde hace más de un año, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es juzgado por supuestas presiones a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas. Cadena de falsos testimonios Este histórico proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por “buscar testimonios falsos” en cárceles para vincularlo con paramilitares. El senador, por su parte, acusa al expresidente de falsificar la verdad. “Uribe ha desplegado un inmenso esfuerzo por intentar eludir su responsabilidad penal, y el problema es que se ha desatado en cadena este intento de falsificar la verdad. Entonces se han ido acumulando los falsos testigos. Él tiene unos abogados oficiales, pero contrató unos abogados en la sombra. Personas que, francamente, han actuado de una manera delictiva. El abogado principal que utilizó Uribe para esa clase de manejos ilegales está hoy en juicio también, el señor Diego Cadena, que es un abogado que se hace llamar a sí mismo ‘abogánster'”, explica Cepeda. “Y hay otros intervinientes que han sido testigos o intermediarios de testigos que también están en juicio. Este juicio lo están afrontando también en otros escenarios, otras cinco personas. Y hay 19 de esos falsos testigos que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar. Entonces, el aparato que ha actuado está hoy seriamente interpelado por la justicia”, prosigue. “Está marcando un camino” La fiscal a cargo del caso, Marlene Orjuela, declaró en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son “concluyentes”. El juicio avanza contra reloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto. Sin embargo, el senador Cepeda se muestra optimista y recalca la importancia de este juicio. “En Colombia ha existido una especie de manto de impunidad, de escudo de impunidad, para proteger a quienes han ejercido las máximas responsabilidades y quienes tienen el mayor poder en la sociedad colombiana. Así que esto está marcando un camino. Y es que no solamente guerrilleros, paramilitares, militares, sino también civiles que tradicionalmente han escapado a la justicia, sean llamados a rendir cuentas”, estima. “Ahora bien, esto también puede, si se interpreta correctamente, ser un camino hacia la reconciliación, hacia la paz, porque el poder satisfacer la justicia y los derechos de las víctimas es una base sólida para la paz y para la democracia”, concluye. Desde el inicio del juicio, Álvaro Uribe ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos. Se espera que a finales de julio la jueza Sandra Heredia pueda emitir un fallo.

Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'. Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones. "Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene. Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones. En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia. El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico  "La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega. "Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.

Mafalda, la rebelde preguntona llegó a Estados Unidos de la mano de Elsewhere Editions por primera vez en más de 60 años de existencia, luego de estar traducida en unos 30 idiomas y ser un éxito internacional. Pero, ¿estarán preparados para la mirada ácida de la niña consentida de Quino? Mafalda, la niña que odiaba la sopa, pisa por primera vez suelo estadounidense en inglés, de la mano de la editorial Elsewhere Editions con una colección de cinco volúmenes lista para causar el furor que tuvo en América Latina y algunos países de Europa. La obra fue traducida incluso al mandarín, pero no al inglés. De hecho, en Estados Unidos es una casi desconocida. Kuki Miller, directora de Ediciones de La Flor, la casa editorial de Mafalda, y amiga de Joaquín Salvador, su autor, más conocido como Quino, se pregunta si Estados Unidos ahora sí estará preparado. “Me encanta que se haya concretado, por supuesto, porque nosotros mucho tiempo intentamos y contestaban que no era para Estados Unidos. Incluso una de las editoriales grandes: primero dijeron que sí, después que había ido a los subsectores y los lectores habían opinado que no era posible hacerlo. Te estoy hablando de hace muchos años”, recuerda Miller. Leer tambiénMafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump “Entonces, la mujer de Quino, que era la que tenía particular interés, y se le había expuesto que había que publicarlo en inglés. Ella no hablaba de Estados Unidos, sino del idioma, insistió con nosotros. Hasta que finalmente dijo: ‘Y si no se puede hacer afuera, lo hacemos aquí'. Entonces hicimos nosotros en la Argentina una edición en inglés, pero se vendía aquí en colegios de habla inglesa, a muchos turistas, con la curiosidad de saber qué era este personaje tan famoso preferían llevárselo en inglés. Obviamente se exportaba, pero es muy pequeñas cantidades. Así que si esto tiene éxito, me parecería fabuloso”, dice. Kuki Miller destaca los valores universales que hacen de Mafalda toda una sensación internacional.  “Es humanista, es pacifista en este momento y en cualquier otro. Realmente, los problemas continúan iguales. Le tapás Vietnam y le ponés Gaza, y sigue siendo el mismo problema, ¿no?, es la base del pensamiento de Mafalda”, opina. Personajes como Manolito, Susanita y Felipe representan las corrientes ideológicas y sociales que agitaron la política argentina e internacional en la década de los 60 y 70, pero que, a su vez, siguen vigentes, pues ya en los años 90 Quino atribuye el éxito de su obra a que la sociedad no ha cambiado. 

Roberto Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y figura de la oposición en el exilio, fue asesinado a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. Medios y activistas nicaragüenses en el exilio sospechan que se trata de un nuevo caso de represión transfronteriza atribuible al régimen Ortega-Murillo. El crimen ha causado conmoción entre la comunidad nicaragüense exiliada, según advierte Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU). Samcam, quien integró el antiguo Ejército Popular Sandinista antes de pasar a la disidencia, era codirector del Grupo Patriótico de Militares Retirados, un colectivo abiertamente crítico del gobierno de Managua. Desde 2018 vivía exiliado junto a su esposa en Costa Rica. Su asesinato, ocurrido este jueves, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades exiliadas. Muchas miradas apuntan hacia el régimen nicaragüense, acusado de extender su política represiva más allá de sus fronteras. Jhoswel Antonio Martínez, también refugiado en Costa Rica, denuncia que no se trata de un caso aislado. Persecución a opositores nicaragüenses en Costa Rica  "Existe una represión transfronteriza por parte del régimen de Nicaragua hacia opositores. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos recibido amenazas y persecución desde que estamos en Costa Rica. Estas acciones incluyen tomas de fotografías al salir de casa o del trabajo, y mensajes en redes sociales desde cuentas falsas o bots que dicen: 'sabemos dónde estás', 'sabemos lo que haces'. Son advertencias para que uno deje de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Se conocen al menos cinco casos de atentados contra opositores que habían reportado amenazas previas y que, como Samcam, no necesariamente tenían un perfil alto", señala Martínez. Comunidad nicaragüense en el exilio está muy afectada  El impacto entre la diáspora nicaragüense es profundo, especialmente por la cercanía del asesinato de Samcam con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio. "Créeme que el impacto ha sido muy fuerte, tanto en la salud mental como en la percepción de seguridad. Este asesinato ocurre en torno a una de las fechas más sensibles para nosotros. Roberto Samcam era refugiado, tenía protección internacional. Su muerte nos afecta porque nos recuerda quiénes somos: personas que debimos huir. El temor se ha intensificado y hay riesgo real de que se desate una paranoia colectiva entre los opositores refugiados en Costa Rica", concluye Martínez.

En Argentina, decenas de miles de personas se manifestaron a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que vio ratificada su condena a 6 años de prisión domiciliaria y inhabilitación de por vida, por el caso de corrupción conocido como Causa Vialidad.  Los simpatizantes de la expresidenta se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas de Buenos Aires, con tambores y banderas nacionales.  A pesar de una condena de seis años por corrupción y su actual arresto domiciliario, la influencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibe el apoyo de una parte de los argentinos. Una masiva manifestación en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires ha dejado claro que su capital político no se ha extinguido, abriendo un intenso debate sobre el futuro del Kirchnerismo y quién podría tomar las riendas del movimiento. "¡Te amamos, Cristina!", "¡Vas a volver, Cristina!", gritaban la víspera simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner al pie de su balcón. El martes, la ex presidenta de Argentina comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.  Leer tambiénCristina Fernández cumplirá su condena por corrupción en prisión domiciliaria Para sus partidarios, la causa judicial no es más que una excusa. Como explica la abogada y periodista Lourdes Marchesse, la propia expresidenta enmarcó su situación ante la multitud como un intento de proscripción. "Ella misma planteó que no la quieren en las elecciones y que por eso la sacan de la cancha con esta condena", señala Marchesse, quien recuerda que, más allá de las percepciones políticas, el caso judicial fue un proceso extenso que duró 17 años. La gran pregunta que surge es si, a pesar del arresto domiciliario, Cristina Kirchner podrá seguir ejerciendo su liderazgo. La respuesta parece ser un rotundo sí, aunque de una manera diferente. "Primero y principal, Cristina ya no puede ejercer ningún cargo público", aclara Marchesse. "Ella puede ejercer un liderazgo desde atrás". Este poder intangible se fundamenta en una carrera política que la consolidó como una figura central en la historia reciente de Argentina. "Cristina te puede gustar o no como política, pero nadie puede negar que ella es una líder", afirma Marchesse. "Fue dos veces presidenta de la nación, antes había sido senadora, fue diputada. Entonces, tiene un gran liderazgo". ¿Quién Tomará las Riendas del Kirchnerismo? Con la líder principal legalmente inhabilitada para ocupar cargos, la mirada se dirige a sus posibles herederos políticos. El periodista y analista argentino Eduardo Aulicino destaca dos nombres que suenan con fuerza para tomar el control del movimiento: su hijo, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, para Aulicino, las balanzas se inclinan claramente hacia uno de ellos. "Yo creo que, por lo menos en esta primera etapa, Axel Kicillof por ahora asoma como el único integrante del Kirchnerismo con vocación de tener un proyecto presidencial dentro de dos años", analiza. En contraste, el rol de Máximo Kirchner parece estar más limitado al círculo interno del poder. "Máximo puede aparecer como principal operador, incluso ahora como voz autorizada de Cristina detenida, pero no tiene ascendentes fuera de la estructura kirchnerista", explica Aulicino. Agrega un dato contundente: "Es más, todos los estudios de opinión dicen que tiene una imagen muy, muy mala". En el caso Vialidad, Cristina Fernández fue declarada culpable por conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo durante su presidencia.

Sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas se unieron en una manifestación este martes en Río de Janeiro por la subasta del gobierno entre multinacionales extranjeras para hacer exploración petrolera cerca a la Amazonía. Ellos denuncian también la incoherencia en el discurso medioambiental de Lula Da Silva. El derecho de exploración petrolera fue adjudicado a dos consorcios. Uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC. Pagaron unos 153 millones de dólares por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas que fueron puestos en subasta en un hotel de Río de Janeiro, pese a las manifestaciones, en las que participó Leandro Lanfredi dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Río de Janeiro. "Se puso en venta un área equivalente al estado de Río de Janeiro y el estado de Espíritu Santo juntos. Es una área inmensa, de más del 1% del territorio nacional, la que se puso en subasta hoy. Se hacen esas ventas con licencias ambientales, en algunos casos con 20 años de antigüedad, que ya están sobrepasadas, para poner esos recursos en manos de petrolíferas privadas", explica Lanfredi a RFI. A su lado, también se encontraban grupos indígenas y ambientales que temen por sus territorios y el daño medioambiental, como cuenta Lanfredi: "Los pueblos indígenas denuncian que no fueron consultados. Según la ley brasileña, hay que consultarles para explotaciones minerales o de hidrocarburos en sus territorios o cercanas a sus territorios. No les consultaron. Se atropelló ahí el derecho de los pueblos indigenas". "Denuncian además que ponen en riesgo sus tierras ancestrales, porque también había una serie de bloques en una región que se llama Parecis, que está en el norte de Mato Grosso, que es la frontera sur de Amazonas. Ahí hay acuíferos y se puede poner en riesgo no solamente la región de la explotación, sino todo el suministro de agua", concluye.  Las diferentes organizaciones critican que, pese al discurso pro medioambiente del mandatario Lula da Silva, que prepara la COP30 en noviembre, acciones como esta subasta ponen en riesgo la Amazonía y la transición a energías renovables.

Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, advierte en esta entrevista para RFI sobre las redadas masivas de migrantes y el clima de asedio actual contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 'Lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea', denuncia.  Bajo el grito de "No existen las personas ilegales" y "Fuera el rey", miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las medidas antiinmigración. El gobierno respondió intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre otras, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En Los Ángeles, organizaciones como la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante no dan abasto para atender los numerosos casos que se están presentando. "Ya van más de 350 personas detenidas", cuenta a RFI Jorge Cabrera, jefe de prensa de esa ONG. "Eso significa 350 familias afectadas, ya que son separadas por estas crueles redadas. Hay comunidades enteras que están con ‘Ay, Dios mío' en la boca, porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, demasiada confusión y es, obviamente, muy cruel". La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California contra su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia. 'Quieren cambiar la faz de la sociedad estadounidense' "Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados, con los miembros de la Guardia Nacional que van bien armados, se crea una situación de guerra y de asedio. En todos los años que llevo trabajando en la defensa de los inmigrantes, esto no se había visto. Estoy hablando desde hace quizá 30 o 40 años", explica Cabrera, jefe de prensa de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles. Para Jorge Cabrera, los sucesos de los últimos días han sembrado el miedo en la comunidad latina. "La verdad es que no están yendo tras personas que son un peligro para la comunidad. Están yendo tras trabajadores o gente mayor, gente enferma, mujeres trabajadoras. Nosotros creemos que esto no es un plan solamente para deshacerse de inmigrantes que son peligrosos para la sociedad, sino más bien lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea". Varios líderes demócratas han alzado la voz contra esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con "armas de destrucción masiva". El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.

La crisis económica en Bolivia no para de aumentar. En la Paz, la población hace largas esperas desde la madrugada para obtener, con suerte, algunos de los alimentos de la canasta básica. En 2015, Bolivia empezó a sufrir un déficit causado por la escasez de dólares y la caída de exportaciones de gas, y el exceso de gasto público acabó con las reservas del Banco Central de Bolivia en 2023, lo que ha derivado en la situación actual. “El Banco Central se quedó sin reservas y se mantuvo financiando el déficit del gobierno. Pero ya no tenía suficientes reservas para recoger el exceso de liquidez. Hay un crecimiento de la emisión muy grande y eso está generando presiones inflacionarias. Pero por otro lado, al terminarse las reservas del Banco Central, el gobierno no pudo financiar las importaciones de hidrocarburos”, explicó a RFI Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia. En medio de este caos, los seguidores del expresidente Evo Morales han generado bloqueos en las carreteras, y reclaman la renuncia del presidente Luis Arce. Algo que ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos. “Tienen la posibilidad de bloquear una parte céntrica del país y con eso impedir el paso de productos. Los camiones cargados de alimentos que se producen en el oriente del país no llegan a los mercados del occidente”, agregó Jemio. Actualmente, la inflación alcanza el 18,4 % interanual, la cifra más alta en los últimos 17 años. Una situación que para el experto en economía, requiere medidas drásticas. “Hay que reducir el déficit fiscal.Lo que más está contribuyendo a ese déficit es el subsidio a los carburantes. Hay que quitar ese subsidio, pero eso tiene un costo social muy fuerte. Ese tipo de políticas crea mucho rechazo”, agregó el experto. Esta no es la primera vez que Bolivia hace frente a una crisis de esta magnitud. En los años 80, el país andino sufrió un colapso cambiario que desembocó en altas tasas de desempleo y una caída del 6,6 % del PIB. Una crisis que pasó a la historia como el primer caso de hiperinflación de América Latina.

Estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de Florida temen que las redadas de ICE lleguen al campus bajo bandera amiga. El campus ha sido escenario de protestas después de que los responsables de la universidad y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegasen a un acuerdo para que la policía universitaria del centro reciba la formación necesaria para realizar funciones propias de ICE, como la detención de estudiantes indocumentados. Aún no está implementado, pero el acuerdo perfilado entre la Universidad Internacional de Florida y ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha provocado una ola de indignación y preocupación en la entidad educativa.  Profesores y alumnos han protestado contra el convenio, con el que la policía universitaria recibiría formación y realizaría algunas de las tareas de ICE, incluyendo investigaciones y detenciones de indocumentados en el campus. De los 54.000 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, la FIU por sus siglas en inglés, más del 60% se considera hispano. "Más discriminación" Nacido en Estados Unidos pero con raíces guatemaltecas, Brandon Barrillas es el presidente del Sindicato de Estudiantes Latinos de la Universidad. "La Universidad Internacional de Florida es una escuela diversa con bastantes estudiantes de Latinoamérica, de Europa, de varias partes del mundo. El ambiente general es que varios estudiantes están preocupados, los que son de origen internacional", dice. "Varios con los que yo he podido hablar están preocupados porque con este acuerdo, no saben si les pueden quitar los documentos que tienen acá en el país, o si les pueden hacer un perfil de discriminación. No sabemos lo que va a suceder todavía. Entonces varios estudiantes están preocupados por lo que esto va a traer. Va a ser más discriminación y no va a traer nada bueno para la escuela", subraya. "Ya no es la universidad que amamos" Los profesores respaldan totalmente a los estudiantes. De origen cubano y llegada a Estados Unidos hace 27 años, Tania Cepero es docente en el centro y además, presidenta de la rama de la FIU del Sindicato de Profesores. No sólo lamenta el impacto en los estudiantes, sino en toda la comunidad. "Conlleva a la ruptura de relaciones de confianza mutua entre la comunidad y los alumnos, los profesores, los trabajadores de la comunidad académica, que es nuestra universidad. Además, se ha visto que donde quiera que se han implementado este tipo de acuerdos se encuentran más casos de perfil racial, que la policía empieza a hacer más acciones basadas en perfiles raciales", explica. "También conlleva a que la gente no reporte los crímenes. Las víctimas de crímenes empiezan a no reportarlo por miedo que si viene la policía lo que le van a preguntar es su estatus migratorio y van a terminar detenidos por problemas migratorios. Como que ya esta no es la universidad que nosotros amamos y hemos ayudado a construir", lamenta.

Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales, especialmente ligadas al narcotráfico. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que permite mantener al Ejército en las calles. La futura ley incluye entre otras cosas un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. “Indulto anticipado a los militares” Sin embargo, como explica a RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control. Según ella, cuando uno mira el texto, “de económico tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la Policía, para las Fuerzas Armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos, y autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial y a mí me parece súper grave”. “Es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado”, prosigue. “Hay muchas cosas por hacer” El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con carteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que, si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos. “No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer. Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales”, detalla. “Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones”, concluye la investigadora.

Siete personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones, atribuidos a guerrilleros en Cali. Esto ocurre apenas tres días después del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un ataque que ha conmocionado al país. Para Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica en Cali, entrevistado por RFI, el objetivo de estos ataques es “amplificar la zozobra y demostrar control territorial”. Apenas tres días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, Colombia fue escenario de otra serie de ataques —más de una veintena— esta vez en Cali, en otros puntos del Valle del Cauca y también en el Cauca, en el sureste del país. Es una de las peores arremetidas de grupos guerrilleros durante el gobierno de Petro. Los primeros indicios apuntan a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, como responsables de esta ola de violencia. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, señala que, teniendo en cuenta el lugar de los hechos y la brutalidad, el Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, podría estar detrás de los ataques. Su intención sería demostrar el dominio territorial que mantiene este grupo guerrillero frente a las arremetidas de las fuerzas del orden, pero también ante otros grupos criminales. "Este Frente Jaime Martínez realiza acciones delictivas. Gana dinero con el narcotráfico, el tráfico ilícito de cocaína, de marihuana y de ‘creepy'. Pero también hay otro tipo de delitos con los que obtienen control territorial. De alguna manera, el Frente Jaime Martínez se siente amenazado en su control. Se han dado cuenta de que hay otros actores que están tratando de sacarlos de sus zonas de injerencia. Está el Estado, por supuesto, a través del Ejército. Pero también hay otros grupos criminales que representan una amenaza para este frente de las disidencias de las FARC. El Frente Jaime Martínez está enfrentándose a la guerrilla del ELN. Está enfrentándose a la Segunda Marquetalia. Y tienen que demostrar que son más poderosos. Entonces, con este tipo de acciones, están mandando un mensaje: 'Oigan, conmigo no se metan, porque yo estoy fuerte aquí. Este territorio no lo voy a entregar. De aquí salgo, pero muerto'". El experto en seguridad Iván Carvajal destaca que la cercanía entre esta cadena de ataques y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay tiene un efecto amplificador sobre la tensión entre la población, especialmente en una Colombia en contexto preelectoral. "Con estos ataques hay una clara intención de causar terror en la gente. Esto es un acto terrorista puro, tal como lo define la clásica definición de terrorismo. ¿En qué momento puedo amplificar el terror con unas acciones concretas? ¿Cómo puedo ganar diez veces más de lo que usualmente logro, aprovechando una situación de tensión como la que vive el país? Lo que se han dicho es: ‘Aprovecho esa situación crítica del país y aplico una dosis de terrorismo para amplificar la zozobra y la incertidumbre'. Esto tiene réditos políticos. Pero, por ahora, genera una acción de miedo en la ciudadanía", concluye.

Calles destrozadas, coches incendiados y decenas de detenidos y heridos dejaron los violentos enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes en California, a raíz de la detención de 40 migrantes mexicanos por parte de la Policía Federal de Inmigración. Escuche el análisis de Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, y Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia. El presidente Trump ordenó ayer el envío de 700 marines y otros 2 000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a los disturbios generados por las protestas contra las redadas migratorias; el gobernador de California calificó la medida de intento de "generar caos".Se prevé que esta extraordinaria movilización de los marines y los miles de efectivos adicionales de la Guardia Nacional —que se suman a cientos ya desplegados— avive las tensiones en la ciudad, la segunda más poblada del país, con un gran porcentaje de población latina.En medio de las manifestaciones, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de apoyo a migrantes es conocer el número exacto de detenidos.No hay transparencia sobre las cifras "La cantidad de personas arrestadas es superior a 200. Pero no hay cifras claras porque a veces el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no es transparente. Lo que intentamos determinar es el número exacto. Nosotros lo estimamos a partir de las llamadas de las familias y allegados", dijo a RFI Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.Esta organización también denuncia la falta de transparencia de la Policía Federal, a la que acusa de no informar sobre el paradero de los detenidos."Las familias con las que hemos hablado nos han dicho que sus seres queridos ya les avisaron que están en el otro lado de la frontera. Ya los deportaron a Tijuana. Aunque nuestra organización (CHIRLA) no ha contactado directamente a esas personas, nos relatan lo que les dicen sus parientes", explica Flores Lagunas.Esta ley puede utilizarse mañana contra cualquiera El presidente Trump ha decidido enviar a centenares de miembros de la Guardia Nacional, a quienes se sumarán esta semana numerosos marines. El gobernador de California ha calificado este envío de "ilegal". Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia, nos cuenta la posición de su organización. "La ley que está empleando Trump, el Título 10 del Código de EE.UU., solo debe aplicarse en casos de rebelión. Además, el gobernador de California no solicitó este tipo de ayuda", dice la abogada, miembro del Centro Brennan por la Justicia, un centro de estudios y acción política con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU).La abogada también advierte sobre la gravedad de la situación:"No nos dejemos engañar por el término 'Ley de interrupción' con el que Trump ha autorizado el despliegue militar en cualquier parte del país. Esto representa una señal de alarma porque puede ser un paso hacia un marco de tiranía, algo que no se ha visto en este país. Y es importante que se mantenga la vigilancia: si hoy se usa para migrantes, mañana puede emplearse contra cualquiera', afirma.Tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos como los expertos legales coinciden en que Los Ángeles vive una situación sin precedentes, y el fiscal de California planea llevar el caso a los tribunales.

Mientras en las calles se cumplen cuatro días de protestas contra el presidente Arce por parte de partidarios del expresidente Morales, el gobierno boliviano denunció ante la fiscalía a Morales por terrorismo y otros siete delitos. RFI entrevistó a Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Durante estos cuatro días, los seguidores de Morales han paralizado las principales vías del centro de Bolivia, sobre todo en el departamento de Cochabamba, su bastión político. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones de agosto próximo.Todo esto ocurre en un contexto de confrontación política. El gobierno boliviano presentó la denuncia por terrorismo y otros siete delitos luego de que se difundiera un presunto audio en el que Morales ordenaría aislar La Paz con bloqueos de carreteras, según informó el ministro de Justicia. Además, los bolivianos sufren una escasez de combustible en medio de una aguda crisis económica.Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, explicó a RFI que es necesario diferenciar dos tipos de malestar social hoy en Bolivia."Junto con el desabastecimiento de combustibles se ha mezclado la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y el aumento de los precios de algunos productos de la canasta familiar. A esto también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para forzar a que se lo inscriba como candidato. Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos y, al mismo tiempo, un contexto de protestas sociales que tienen una clara connotación político-electoral".Morales está jugando dos cartas ¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política?"Está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que conduzca a la postergación de las elecciones del 17 de agosto, forzar la renuncia de Luis Arce y, de esta manera, poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral".Si ese plan no resulta, el profesor Arequipa estima que "Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, alejarse cada vez más de los centros urbanos de votación —es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo— y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia. De este modo, espera posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema".Jugando cualquiera de esas dos cartas, para este analista, "Evo Morales sigue teniendo vigencia en la política boliviana y por eso es muy probable que quien vaya a gobernar el país a partir del 17 de agosto no lo va a tener muy sencillo", concluye.

En El Salvador, se cerró este martes 3 de junio un caso que ocurrió 43 años atrás: el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados por militares en 1982 durante la guerra civil. Tres exjefes militares - un general exministro de Defensa, un exdirector de policía y un excomandate de brigada - fueron condenados a 15 años de prisión por asesinato. Cuatro décadas después de los hechos, se cierra finalmente el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador durante la guerra civil. Tres exmilitares de 85, 91 y 93 años de edad fueron sentenciados este martes a 15 años de cárcel por asesinato.  El Tribunal condenó además al Estado salvadoreño por la retardación de justicia y exigió al presidente Nayib Bukele que pida perdón en nombre de las Fuerzas Armadas.  Las familias de las víctimas tuvieron que esperar años para obtener justicia, según explicó a RFI Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y abogado de los familiares. “El estado de impunidad que vive El Salvador es el principal obstáculo para que las víctimas del conflicto pasado puedan garantizarse verdad y justicia en sus casos”, aseguró. “Primero fue una ley de amnistía que quería borrón y cuenta nueva, amnesia total sobre los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido. Y luego está la falta de voluntad política”. Los cuatro periodistas holandeses se encontraban en El Salvador documentando lo que era la guerra civil. Su reportaje consistía en “entrevistar a las familias del área rural de El Salvador para preguntarles cómo vivían en ese momento”, recordó Pérez.“Iban a responder que precisamente eran objeto de grave violación a los derechos humanos por los bombardeos, por los operativos, por las ametrallamientos que vivían diariamente por parte de la fuerza armada del Salvador”, detalló."Periodistas incómodos"Además, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen iban a entrevistar a entrevistar a dirigentes del FMNL. “Este tipo de reportajes molestaba al gobierno de turno, sobre todo gobernado por militares, y entonces fue así como decidieron que eran periodistas incómodos. Por lo tanto, planificaron la emboscada y los aniquilaron completamente”.  Óscar Pérez considera que todavía queda mucho por hacer para obtener justicia en otros casos de crímenes de lesa humanidad de la época de la guerra civil en El Salvador. “Hay más de 200 casos que exigen verdad y justicia y que están presentados ante la fiscalía General de la República de El Salvador, y yo creo que en ese sentido, este caso empuja esos casos”. 

El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción. Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado.En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez."Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado.Más depuración institucional"La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra."Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye.La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.