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El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. RFI analiza la situación con Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime. La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. "Lo que hemos visto en el último año es un repunte claro de la violencia, tanto entre pandillas rivales como en su confrontación directa con el Estado. Las pandillas han protagonizado motines y fugas carcelarias, sobre todo como respuesta a los intentos del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de aislar a sus líderes, que en su mayoría están presos" ha afirmado Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime, en la antena de RFI  El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo, caracterizada inicialmente por un perfil moderado, ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. Este cambio de rumbo pone a Guatemala en una tendencia latinoamericana de políticas de control estricto, cuyo impacto a largo plazo sigue siendo objeto de análisis debido a los precedentes en países vecinos.  "Guatemala empieza a transitar una ruta que ya han seguido otros gobiernos de la región apostando por  las políticas de mano dura para intentar reducir la violencia interna" dice Alex Papado Basilakis en RFI añadiendo que "es una estrategia que ha tenido resultados desiguales y cuyo impacto real depende de cuánto tiempo se mantenga y de qué controles se establezcan. En su país vecino, El Salvador, ha habido muchos señalamientos de infracciones en los derechos humanos de las personas capturadas, así que también hay cuestiones sobre la viabilidad de esas políticas en el largo plazo" Actualmente, Organismos internacionales mantienen bajo observación las denuncias por violaciones a derechos humanos registradas en El Salvador bajo regímenes similares, mientras que el gobierno guatemalteco busca  aislar a los líderes de las pandillas recluidos en los centros penales del país.  La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno. Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.

Guatemala vive desde el principio de la semana bajo estado de sitio, que fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas tras el asesinato de 10 policías y motines en las cárceles. Pero lo que parece una guerra contra el crimen organizado tiene un trasfondo mucho más complejo. Militares armados patrullan los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala, como respuesta directa al asesinato de 10 policías a manos de la pandilla Barrio 18. Una masacre que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio. “Pacto de corruptos” “Esta situación que se está enfrentando en Guatemala la leemos como una situación no solamente de acciones de las maras, ahora llamadas terroristas por una ley que acaba de aprobar el Congreso, sino también por el hecho de que es una acción política en el contexto de que en este momento Guatemala está entrando en el proceso de cambio de las direcciones de las instituciones que son el Ministerio Público, que son la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Y estas tres que son fundamentales, están ahora tomadas por lo que llamamos el ‘Pacto de corruptos'”, explica a RFI Sandra Morán, ex diputada de la Comisión de Derechos Humanos (2016-2020) y una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. El Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta en efecto una estructura que los analistas llaman el “Pacto de corruptos”, un modelo de corrupción con varios integrantes que involucra a diversos sectores de la sociedad. En el centro de la polémica está la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha intentado bloquear al mandatario desde su llagada al poder. “Una acción política” “Lo leemos como una acción no solo delictiva, sino también política, por las relaciones que han tenido las maras con las redes político-económicas, que en Guatemala han estado moviendo las elecciones y que el Gobierno de Arévalo se enfrentó a ello y se sigue enfrentando porque son quienes lo han estado atacando desde que ganó en 2023”, comenta Sandra Morán.  El despliegue militar busca capturar a los responsables de los ataques del fin de semana, ocurridos en represalia por la retoma de tres cárceles. Mientras los soldados montan puestos de control en la periferia norte de la ciudad, el Congreso ha ratificado la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, permitiendo detenciones sin orden judicial. Para Morán, la violencia es el síntoma de una disputa feroz entre dos modelos de país: “Creemos que esta disputa que hay de poder entre la gente como nosotros, que queremos procesos democráticos, justicia, acabar con la impunidad, y los que han estado sosteniendo y manteniendo la criminalización, la impunidad y la corrupción, esta disputa que está bien clara, es lo que da el marco para esta acción delictiva de las maras”, estima. Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anunció la captura de 23 pandilleros pertenecientes a la mara Salvatrucha y al Barrio 18.

Energía eléctrica, medicamentos, maquillaje y cuidado de la piel, son algunos de los productos que más exporta Colombia hacia Ecuador y que tendrán un arancel del 30% a partir del 1 de febrero. Desde Davos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que todas las exportaciones desde el vecino país tendrán esa tasa porque considera insuficiente el compromiso de Colombia con la cooperación bilateral en materia de seguridad. Colombia es el tercer país que más exporta productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano, detrás de China y Estados Unidos. Si el arancel del 30% a todos los productos colombianos entra en vigor el 1 de febrero, como lo anunció el presidente Daniel Noboa, varios políticos ecuatorianos temen que en realidad su país sea el más afectado.   “Puede ser muy grave” “Ojalá Colombia no tome la misma medida, que es lo que se acostumbra en estos casos, porque sería una situación mucho más perjudicial para el Ecuador. Hay que ver qué es lo que nosotros vendemos y qué es lo que ellos venden. Nosotros vendemos barcos, vendemos madera, vendemos preparados de pescado y ellos, en cambio nos venden productos farmacéuticos, medicinas, plásticos, es decir, productos terminados. Si Colombia toma una medida similar, pueden encarecerse”, explica a RFI el parlamentario andino Virgilio Hernández. ACTUALIZACIÓN: Leer tambiénLa guerra comercial entre Ecuador y Colombia se profundiza con nuevos aranceles y medidas “Además, Colombia nos ha vendido en los momentos más difíciles energía. Nos ha llegado a vender hasta 450 megavatios de energía y en estas últimas semanas precisamente Colombia estaba trabajando en un reglamento que permita que las operadoras privadas vendan energía a Ecuador. Es una energía que además no ha podido ser reemplazada porque el Ecuador no ha generado en estos últimos meses ni en estos últimos años energía termoeléctrica ni de ninguna otra naturaleza. Por lo tanto, esto puede ser muy grave lo que puede suceder en esa materia”, indica.  Comunidad Andina Para Hernández, hay otra vía más diplomática para solicitarle al Gobierno colombiano que aumente su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad: “El presidente Daniel Noboa es presidente pro tempore en este momento de la Comunidad Andina de Naciones. Lo que debía haber hecho es convocar a una reunión de emergencia del Consejo Presidencial Andino e incluso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar de forma inmediata y poder llegar a acuerdos”, estima. La seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador enfrenta una crisis creciente debido a la actividad de disidencias de las FARC, como los "Comandos de la Frontera", a quienes se atribuye el tráfico recurrente de grandes cargamentos de droga. La amenaza también incluye ataques contra la fuerza pública, destacando el asesinato reciente de 11 militares ecuatorianos en operativos contra la minería ilegal en la Amazonía. Los 10 productos que más exporta Colombia a Ecuador son: energía eléctrica; medicamentos dosificados; insecticidas, raticidas y antirroedores; vehículos para transporte de mercancías; hilos, cables y conductores aislados para electricidad; productos para el cabello; productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel; azúcar de caña; aceites de petróleo; agentes de superficie orgánicos (utilizados para crear productos de cuidado personal, agricultura o industria textil). Otros productos son café, artículos plásticos para envasado o vehículos para turismo.

Un especialista explicó a RFI por qué los incendios forestales en el sur de Chile se han propagado con tanta rapidez, en una emergencia que ha dejado al menos una veintena de muertos y ha devastado casi 50.000 hectáreas de bosque. Entrevista a Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción. Damnificados claman en Chile por ayuda entre las ruinas que dejan los voraces incendios forestales en el sur del país, que han causado hasta ahora 20 muertos, mientras el gobierno considera que algunos podrían tener origen intencional. Las altas temperaturas cedieron el martes y dieron un respiro a los bomberos que luchan por sofocar las llamas. Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. En particular, en la Región del Biobío vuelve a ponerse el foco sobre la vulnerabilidad de este territorio. ¿Por qué el fuego se ha propagado con tal ferocidad? Varios analistas advierten que no se trata solo del clima, sino también de un tipo de paisaje que se ha convertido en una trampa. Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción, explicó a Pauline Gleize, periodista de RFI, que casi la mitad de la región del Biobío está cubierta por plantaciones industriales. Esta situación, sumada a otras condiciones como la megasequía que afecta desde hace más de una década al centro y sur de Chile, facilita la propagación del fuego. "En nuestra región del Biobío tenemos aproximadamente el 40% de la superficie total cubierta por monocultivo forestal, es decir, pino radiata y eucaliptus globulus. Son vastas extensiones de territorio donde existe una continuidad del combustible, el cual se encuentra estresado por condiciones asociadas a la crisis climática. También hay un trasfondo ligado a la megasequía y al descenso de la humedad, lo que hace que el combustible esté más estresado y que, cuando se produce una ignición, el incendio se propague de forma vertiginosa", señala. El mayor problema es el monocultivo forestal  El geógrafo indicó que el problema de base en la región es el dominio abrumador del monocultivo forestal. "En condiciones de continuidad horizontal y vertical, y sin un manejo adecuado de las plantaciones de monocultivo forestal, la ignición pasa rápidamente desde el suelo a las copas de los árboles y, desde ahí, se extiende de manera horizontal a lo largo de cientos de miles de hectáreas", subraya. Félez-Bernal explica que las masas de bosque nativo también se queman, pero lo hacen de una manera diferente, ya que no arden con una intensidad tan elevada. "Tenemos muchos tipos y subtipos de bosque nativo. Existen formaciones forestales esclerófilas que están, en cierta forma, más adaptadas a sufrir estas condiciones de estrés en verano y, por lo tanto, son proclives a frenar en cierta medida el avance de los incendios, porque en esa estación están más latentes. También está el caso de las formaciones asociadas a la Araucaria araucana, la especie más emblemática de esta parte del país, que ha sido capaz de evolucionar con el fuego para tratar de frenar el avance de las llamas". Según cálculos iniciales basados en FIRMS —el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos, un sitio web gratuito de cartografía de incendios ofrecido por la NASA y citado por Jorge Félez-Bernal—, el 80% de la superficie quemada corresponde a monocultivo forestal y cerca del 8% a bosque nativo. El propio geógrafo advirtió, no obstante, que no se trata de cifras exactas.

A un año del inicio del nuevo mandato de Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan una etapa de fuerte deterioro, marcada por presiones en materia de seguridad, comercio y migración, así como por amenazas inéditas desde Washington, advierte un especialista de la UNAM. En medio de múltiples amenazas estadounidenses, incluida una posible operación militar en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, México y Estados Unidos atraviesan un “momento diplomático muy difícil”, dijo a RFI Javier Rosiles Salas, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de un año de negociaciones en materia de seguridad, comercio y migración, México sigue siendo un vecino incómodo para la administración Trump. En los últimos días, Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que permita a fuerzas militares atacar laboratorios de fentanilo.La próxima reunión entre ambos países tendrá lugar el próximo mes en Washington, cuando el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se entreviste con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de seguir implementando acciones que fortalezcan la cooperación en seguridad y de obtener resultados significativos en el combate a los cárteles. Las relaciones bilaterales se han deteriorado de manera considerable, estima Javier Rosiles Salas. "Las relaciones entre México y Estados Unidos están quizá en uno de sus peores momentos. Hay muchas amenazas provenientes de Estados Unidos. El asunto es que algunas de esas amenazas, que no se habían cumplido, como en el caso de Venezuela, ahora hemos visto que sí se cumplen. Esto suscita bastante incertidumbre para un gobierno que está al frente de un país muy complejo, con muchos problemas, como es México, cuyos principales desafíos son la inseguridad y la desigualdad. Un gobierno que está interesado en combatir esos problemas ahora tiene que enfrentarse a un gobierno como el de Trump, que es bastante agresivo tratándose de un país vecino como México", explica. Ahora bien, ¿hay razones para considerar que, en el caso de México, también se materialicen las amenazas de intervención? El especialista se muestra reservado. ¿Una intervención de Estados Unidos en México?  "México es clave para Estados Unidos y por eso pienso que las amenazas de intervención no serán efectivas. Pero sí hay presión. Yo diría que hay dos temas: uno es, ciertamente, la amenaza que deriva de los grupos del crimen organizado, pero también existen otras amenazas, quizá menos visibles. Me refiero a las dirigidas contra políticos de Morena, el oficialismo. En el caso de México ha habido algunas entregas de capos del narcotráfico, y se está pensando en que haya entregas también de políticos del oficialismo. Ésa es una amenaza que considero incluso más preocupante que esta narrativa del narcotráfico", subraya. Pese a las amenazas y presiones impuestas por Trump, ambos países están condenados a entenderse en los próximos meses debido a dos eventos de gran relevancia: uno deportivo y otro comercial. "Aunque existe una desigualdad muy clara entre México y Estados Unidos, México sigue siendo un país estratégico. Hay que tener en mente que se aproximan varios eventos importantes y habrá que ver cómo se desarrollan. Uno de ellos es el Mundial de Fútbol y otro, también muy importante para nosotros, es el T-MEC, el tratado de libre comercio. No sé si las amenazas de Trump también tengan que ver con ese proceso de negociación. Hay que estar atentos", concluye.

El número de ingresos de inmigrantes a Estados Unidos cayó masivamente con cifras negativas que alcanzan hasta menos 300.000 personas. Es la primera vez en 50 años que se registra una cifra de esa magnitud, según un estudio de la Brookings Institution publicado la semana pasada.  Cuando era candidato, Donald Trump pregonaba que llevaría a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos". Desde su regreso a la Casa Blanca implementó drásticas, polémicas y violentas medidas con tal de lograrlo y que incluso han provocado muertes. Efectivamente, en 2025 sí bajó el flujo migratorio con cifras récord, según una investigación de Brookings Institution. Stan Veuger es economista en American Enterprise Institute y uno de los autores del informe. “Para el año 2025 lo que estimamos es que el número de inmigrantes netos, entre los que llegaron y salieron del país, es negativo, entre menos 10.000 y menos 300.000 inmigrantes. Es la primera vez que ocurre desde hace 50 años”, resalta Veuger a RFI. La tendencia negativa también podría continuar en 2026, e incluso aumentar. “Para este año hay más incertidumbre, pero lo más probable es que será otro año con inmigración neta negativa, entre menos 900.000 y menos 200.000”, explica el experto. Y estas cifras y proyecciones tienen un impacto en la economía de Estados Unidos. “En los últimos años el crecimiento de la fuerza laboral ha sido del 80% gracias a la inmigración, esta reducción tiene implicaciones macroeconómicas. En el 2025 la tasa de crecimiento del PIB se redujo en un 0,2%, que es importante”, afirma Veuger. Y todos los sectores de la economía se ven afectados, según el estudio, como “la vivienda, la ropa, los electrodomésticos, los servicios de salud porque los inmigrantes consumen como los demás residentes del país”, concluye el economista. El Departamento de seguridad nacional estadounidense tiene datos muy diferentes al de este estudio. Las autoridades reportan que en 2025 el flujo migratorio fue de menos 2 millones y medio de personas, una cifra que Stan Veuger considera “absurda y sin bases en la realidad”. 

El presidente salvadoreño participó en la inauguración de las obras de una cárcel en Costa Rica inspirada en su megaprisión, proyecto con el que la candidata oficialista Laura Fernández, favorita en los sondeos, espera ganar votos para las elecciones del 1° de febrero. Preguntamos a Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica, si la visita de Bukele pudo haber beneficiado a Fernández. Esta semana el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, visitó Costa Rica, donde el próximo 1° de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales. Los opositores dicen que el presidente Rodrigo Chaves orquestó el viaje con fines propagandísticos a favor de Laura Fernández, la candidata del oficialismo, en un contexto en el que la seguridad es el principal tema de campaña. Los presidentes Bukele y Chaves pusieron la primera piedra de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la represión y la tortura en El Salvador. Desde 2023 el tema de la inseguridad sobresale como el principal problema de Costa Rica. En ese año se registró la cifra más alta de homicidios en su historia: 905. Para el año 2025 fueron 873, la tercera más alta desde que se tienen registros. Para responder a esta problemática, el mandatario saliente costarricense ha recurrido al modelo de seguridad de Nayib Bukele, quien dijo, justamente, que “Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida”. Así habló Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), aún en construcción, pero inaugurado en la recta final de las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026. Costa Rica, campaña atípica "Esta campaña electoral en Costa Rica ha sido muy atípica por un fuerte activismo del Poder Ejecutivo. Bukele ha tenido un papel protagónico, como nunca en la historia de la Segunda República en Costa Rica. Esta visita se enmarca dentro de esa dinámica", analiza Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Cuando ocurrió la visita, a principios de la semana, se reveló un presunto plan para asesinar al presidente Chaves en Costa Rica. Sobre el impacto de este anuncio, Alfaro estima que "hubo un despliegue no solo de seguridad sino también mediático. ¿En qué medida se trataba realmente de un plan o fue algo que ya estaba orquestado…? No se sabe. Pero quiero recalcar que este fenómeno en buena medida opacó la visita del presidente Bukele a Costa Rica". La candidata oficialista Laura Fernández ya lideraba las encuestas antes de estos eventos. Preguntamos a este politólogo si la visita de Bukele la impulsará aún más en los sondeos. "Todavía algunas de las encuestas se han hecho en el campo y aún no hay resultados que de alguna forma contemplen o midan el efecto que la visita de Bukele pudiera haber tenido, si fue grande o pequeño, hacia qué lado. Todavía hay un porcentaje de personas que se reportan como indecisas, el 40%. Estas son personas que están decididas a votar, pero que aún no han decidido por quién", concluye. En Costa Rica, para ser electo a la presidencia se necesita obtener más del 40% de los votos; de lo contrario, se pasa a balotaje. La encuestadora CID Gallup proyecta que Laura Fernández ganaría en primera ronda.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum propuso que México sea un intermediario entre Estados Unidos y Cuba, en momentos en que Donald Trump cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, presionándola con hacer un trato “antes de que sea demasiado tarde”. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump también tiene en la mira a Cuba a la que ha presionado en los últimos días con hacer acuerdos, pero sin precisar qué desea negociar con este país donde escasean los alimentos y el combustible, y donde el 89% de la población vive en extrema pobreza. Varias opciones En este contexto, ¿qué podría hacer México por Cuba, si llegara a ser un intermediario? “Cuba y Estados Unidos empezaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas en 2014, pero este avance bilateral se vio definitivamente interrumpido por Donald Trump y ahora que ha vuelto al Gobierno, ha incrementado el bloqueo económico contra Cuba. Entonces, en una relación donde no hay ningún tipo de comunicación entre ambos gobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovecha y propone al Gobierno de México como un vehículo”, explica a RFI Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. “Puede ser que México solamente preste ayuda, que los ponga de acuerdo y que México preste el territorio para que ambas partes puedan conversar en una zona neutral como sería México. Puede ser que México sea un intermediario, que vaya y pregunte a Estados Unidos, que vaya y pregunte a Cuba. O simplemente puede ser que México los llamen a la negociación y que ellos acepten reunirse en cualquier lugar”, subraya. “Somos un país soberano” Mientras Estados Unidos bloqueó el petróleo de Venezuela hacia la isla, México continúa suministrando el combustible por razones humanitarias, pero también, dice el analista, para demostrar su soberanía ante la influencia de Estados Unidos.  Según Domínguez, “puede ser que el Gobierno de los Estados Unidos presione para que México corte todo envío de petróleo a Cuba. Eso no es nuevo, lo ha estado haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, e incluso en septiembre del 94 Estados Unidos torpedeó un acuerdo de cooperación entre CUPET, la empresa cubana de petróleo, y PEMEX”. “Pero lo más importante, me parece a mí, es la actitud que ha tenido el Gobierno mexicano, esta vez en el sentido de señalar que somos un país soberano y que no estamos dependiendo de la autorización o no de Estados Unidos. El Gobierno mexicano tiene la capacidad, la soberanía suficiente como para mandar petróleo a Cuba”, concluye el investigador.

La Unión Europea se dispone a firmar en Paraguay el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, en un contexto de fuerte rechazo en Francia, donde grandes cadenas de supermercados anunciaron un boicot a productos sudamericanos y los ganaderos denuncian una competencia desleal. Dos representantes del sector ganadero argentino refutan esas críticas y explican por qué defienden el acuerdo. En Francia, las grandes cadenas de supermercados han decidido boicotear la venta de productos sudamericanos. Mientras tanto, agricultores y ganaderos franceses siguen en las calles, sobre todo en los Campos Elíseos de París, denunciando una competencia desleal. Según ellos, la carne bovina procedente de Sudamérica no cumple con los mismos estándares sanitarios y ambientales a los que están sujetos los productores europeos. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, defiende, sin embargo, la producción de carne argentina. "Si hay un país que produce carne de forma natural es Argentina. Yo invito a cualquier ganadero francés a recorrer nuestro país, que es muy extenso, para comprobar que los animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, caminando por los campos, comiendo pasto y tomando agua", sostiene Herrera. Incluso el proceso final de engorde, según él, está lejos de la idea que pueden hacerse en Francia, ya que se realiza en "feedlots, pero que no son estabulados ni confinados. En Argentina están prohibidas las sustancias reguladoras del crecimiento, como hormonas y anabólicos, así que podemos garantizar que es un 100 % sano", precisa. "¿Por qué no atacan la presión impositiva doméstica?"  Por eso, para él, los argumentos de los ganaderos franceses "no son una buena excusa para estar en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur" y sugiere otras razones, de carácter interno, que considera más legítimas. "Yo lo que entiendo es que los agricultores y los productores franceses sienten que tienen mucha presión impositiva por parte de su gobierno. Están en su derecho de que no les guste esa presión, pero no por eso tienen que atacar a la carne argentina. Insisto: no es cierto lo que están manifestando". Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, señala que, a pesar de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, aún falta camino por recorrer. "Todavía falta materializar este acuerdo. Esto es recién una primera firma de un acuerdo que sí llevó mucho tiempo concretar. Pero ahora hay que hacerlo realidad país por país. Cada una de las producciones locales está o con una cuota o con alguna salvaguarda de precios. De esta manera se puede garantizar a los países de Europa que esto no es una apertura al Mercosur sin ningún tipo de control. Hay toneladas con cuotas, hay precios, hay salvaguardas que, si se cumplen, los pueden dejar tranquilos. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuánto vamos a aportar? Eso ya va a depender de cómo esté preparado cada uno de los países del Mercosur para hacerlo", subraya. Este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será histórico: representará la integración de más de 700 millones de personas, el 35 % del comercio global y más del 30 % del PIB mundial, lo que lo convertiría en el bloque comercial más importante del mundo.

El número de familiares de presos políticos venezolanos no deja de aumentar en las puertas de las diferentes cárceles donde están arrestados. La angustia por la incertidumbre ha incrementado desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciase la liberación de "un número importante de personas venezolanas y extranjeras". “La situación real es que hay un nivel de expectativa muy grande, de esperanza muy grande en los familiares. Son cientos de víctimas que están afuera de los centros de reclusión para esperar a su ser querido”, explica a RFI Andreina Baduel, hermana del recluso venezolano Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. “Nos mueve el amor” Van varios días que los familiares esperan en la entrada de las cárceles. “Estos cuatro días de presencia constante de los familiares en los centros de reclusión por supuesto que ha generado un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental en ellos. Sin embargo, nos mueve el amor, nos mueve la fe, nos sostiene Dios. Y estamos convencidos de que esta es la única manera de presionar para que nos entreguen a nuestros presos políticos”, prosigue Baduel. El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció que ya hubo 116 excarcelados desde la captura de Maduro, aunque la cifra no fue validada por fuentes independientes. Una cantidad muy alejada de las expectativas para los familiares de los presos políticos. “Por supuesto que genera muchísima angustia porque fue un anuncio que ya tiene cinco días de haberse suscitado y que hasta la fecha las excarcelaciones no superan un 5% del grueso de los presos políticos, que son más de 1.000”, comenta la hermana de Josnars Baduel. Dudas sobre las intenciones del Gobierno El número limitado de excarcelados hasta ahora ha generado dudas sobre las intenciones del Gobierno entre los familiares. La falta de información sigue generando mucha ansiedad. “Dudas tenemos profundamente de quienes todavía están en el poder, porque si algo los ha caracterizado es que mienten, es que persiguen, es que criminalizan. No hemos dejado de decir que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, que sigue habiendo detenciones arbitrarias, que sigue habiendo persecución, y que sobre todo este anuncio de excarcelaciones no se ha materializado con transparencia ni con celeridad. Si de verdad están excarcelando a todos los presos políticos como ellos lo han dicho, porque ellos no han publicado las listas de excarcelaciones…”, denuncia Baduel. “Y esa es una de las cosas que hemos estado pidiendo desde el Comité, que este proceso se maneje con transparencia y que se publiquen constantemente las actualizaciones de las listas de los excarcelados”, concluye. Mientras Venezuela intenta volver a la normalidad, centenares de familiares de presos políticos siguen aferrándose a la fe, exigiendo la libertad plena para poder abrazar a sus seres queridos en medio de un clima marcado por el desasosiego.  

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebran la aprobación en el Consejo de la Unión Europea del Acuerdo Mercosur-UE, el cual crea la mayor zona de libre comercio del mundo eliminando aranceles a más del 90% del comercio bilateral. "Es un gran paso porque traerá progreso para las dos regiones y por lo que representa en el contexto internacional actual", dijo a RFI Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay y ex negociador del acuerdo. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen firmará en Paraguay el acuerdo comercial que vinculará al bloque con los cuatro países del Mercosur. Tras un cuarto de siglo de complicadas negociaciones, marcadas por diferencias políticas y comerciales que amenazaban con hacerlo naufragar, el Acuerdo de Mercosur-UE recibió la luz verde de Bruselas. Radio Francia Internacional entrevistó a Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay que estuvo al frente de la fase de conclusión del Acuerdo en diciembre de 2024. RFI: ¿Cuál es la dimensión de este acuerdo entre los dos bloques de lado y lado del Atlántico y que estuvo a punto de no ver la luz? Estamos hablando del acuerdo más grande del mundo que abarca 700 millones de personas. No hay otro acuerdo de esta magnitud en el mundo. Hay que destacar al mismo tiempo su "regionalidad". Porque si bien Europa ha negociado acuerdos importantes con otros países, todavía no lo había hecho con una región como es el Mercosur, la cual abarca aproximadamente el 80% en todos los datos del PIB o del comercio de la región. Al hablar del 90% de apertura, esto significa que se abren más mercados. También es verdad que Mercosur tiene menos experiencia negociadora y es solo un bloque de cuatro países mientras que del otro lado estamos hablando de 27 socios que tienen una apertura más transversal entre ellos. Sí se va a tener que generar una lógica de mayor competencia, que es una experiencia a la que no se había enfrentado en esta magnitud. En el corto plazo va a haber más apertura de alimentos hacia Europa y más apertura de una industria europea hacia Mercosur.  Creo que en el mediano plazo va a ser positivo. Y habrá que enfrentarse a la competencia, que no es negativa por sí misma, en todos los rubros de las economías de ambas partes”. Además, va a tener un impacto absolutamente transversal que es difícil medir solamente en términos comerciales. Este acuerdo incluye cooperación, inversiones, también valores políticos que unían a las dos regiones. RFI: Numerosos agricultores europeos, especialmente los de Francia y Polonia, son reacios a esta firma e intentaron impedirla. Para convencerlos, los gobiernos de la Unión Europea respaldaron establecer cláusulas de salvaguarda en favor de ellos que permitirán al bloque reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado que pueda causar justamente el aumento de importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. ¿Cuáles eran los principales temores en el Mercosur? Sobre los hechos ocurrido sen las últimas semanas, creo que el temor más grande era que no avanzara el acuerdo. Y es cierto que todas estas salvaguardas no eran el escenario ideal, pero en estos casos hay que ver el bien mayor y el bien mayor es tener un acuerdo. Y, en estos tiempos que vive el mundo, más allá de las razones netamente comerciales, esta es una inmensa señal geoeconómica. Porque también podría ser a la inversa. Es decir que, si esto no avanzaba, sería una señal geopolítica muy negativa. Por eso yo creo que pasada la firma, que era el hito técnico importante para concretarse, la política europea tiene que dar ahora una señal al mundo diciendo: "Señores, estamos para negociar, para avanzar y para acercarnos a una región complementaria y emergente como es América Latina".

La intervención estadounidense en Venezuela ha vuelto a poner el foco en la violencia que golpea la frontera colombo-venezolana, en la que operan grupos armados y crimen organizado. En el lado colombiano, la región fronteriza del Catatumbo, los enfrentamientos entre guerrillas están desplazando hacia Cúcuta miles de personas. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Marine de la Moissonière fueron a su encuentro. María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Cúcuta. No tiene cómo darle tetero. Su familia huyó sin pertenencias de su vereda cerca del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander: el corazón del Catatumbo. Los niños están atemorizados. Han visto actuar a los grupos armados que utilizan uniformes militares. “Ella mira a alguien uniformado y le da miedo. Los niños de 14 y de 8 años también han visto muertos allá. El día que nos fuimos también había”, dice María a RFI. 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas dos semanas, al menos las que logran extraerse. “El niño de 8 años tenía una fiebre que no se le quitaba. Y ella, con esa tos que no se le quita. Nos tocó salir con mi marido en una moto. No nos querían dejar pasar. Miraron al niño enfermo y los dos grupos que se estaban enfrentando nos dejaron pasar”, recuerda del pasado 25 de diciembre. “Me da cosa decir sus nombres”, responde María a la pregunta: “¿Qué grupos?”. Aquí no hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial en el Catatumbo, y ahora con drones. La guerra empezó hace un año con miles de desplazados. Los civiles se vuelven carne de cañón; los líderes de las comunidades, un blanco. "Que me tienen que matar" Los líderes sociales desplazados se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. En el celular tienen videos en los que aparecen guerrilleros citando nombres de presidentes de asociaciones de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones comunitarias locales, acusándolos de ser “instigadores”. “Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las FARC, me expone, me visibiliza. Directamente tengo amenazas. Él está pagando para saber dónde está mi ubicación. Porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, asegura uno de ellos. Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en el Catatumbo, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a la población. No es sencillo, explica Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis de Tibú desde hace cuatro años. “Se activó con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la ONU y de la Iglesia, una comisión humanitaria en estos casos de retención de personas, de situaciones muy concretas de firmantes de paz, de dificultades que se han presentado para las comunidades”, explica a RFI. “Los dos grupos dicen que ellos no reclutan menores, pero uno sí ve muchas caras jóvenes, de 14 años”, dice. “Después, también cuando estos jóvenes desean salirse, hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de las filas”. Hace parte de su misión. Presencia militar La ausencia del Estado está en boca de todos. “Cuando uno dice estas cosas, pues todo el mundo piensa que mayor presencia del Estado significa llenar de militares el territorio”, rechaza monseñor Bravo. Educación, salud, infraestructuras y proyectos para la sustitución de cultivos es lo que reclama. “El Catatumbo tiene más o menos 50.000 hectáreas de coca. Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo, pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales; cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, deplora el obispo. Leer tambiénColombia: Cúcuta militarizada y 30.000 militares desplegados Tras la extracción de Maduro, muchos temen que el Estado descuide el Catatumbo, distraído por Estados Unidos y Venezuela. El gobierno anunció 30.000 soldados en la frontera colombo-venezolana, pero desde la región constatan poca presencia militar en las veredas atacadas.

Estados Unidos sigue en estado de shock por la muerte de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años, que fue matada a tiros por un agente de ICE, la policía migratoria, en Mineápolis. Cientos de personas salieron a las calles para pedir que ICE abandone la ciudad y detenga estos procedimientos. Conversamos con Carolina Ortiz, directora asociada de la organización COPAL, quien fue testigo de lo que ocurrió. RFI: Usted presenció lo que pasó. ¿Qué sucedió? Carolina Ortiz: Un poquito antes de las 09 de la mañana empezamos a recibir reportes, llamadas de personas que estaban viendo vehículos no identificados y lo que pensaban que era ICE. Unos 10 minutos después pudieron confirmar que habían llegado vehículos adicionales, confirmado que era ICE. Pudimos llevar a parte el equipo que estuviera allí, apoyando a la comunidad, grabando, documentando, y algunos minutos después es cuando disparan al vehículo. En ese momento yo estoy en la calle también apoyando el equipo y la gente se empieza a frustrar porque lo que ellos están pidiendo es que le den ayuda médica. De hecho había un doctor allí. El gritaba y pedía que lo dejaran arrimarse para poder ayudar a la víctima y no lo dejan. Pasan un poquito más de 15 minutos cuando por fin llegan los paramédicos, pero se llevan el cuerpo hasta la esquina. Ahí le tratan de dar apoyo, pero desafortunadamente en ese momento ya no tenía vida. Leer tambiénDos personas heridas en Portland, EEUU, por tiros de agentes federales RFI: Las autoridades estadounidenses están diciendo que la víctima de 37 años trató de embestir a uno de los agentes del ICE. ¿Qué pudieron ver ustedes, ustedes refutan esa teoría? Carolina Ortiz: No fue lo que pasó. Ahora podemos confirmar que ella vivía en esa calle. Ella estaba tratando de salir porque el carro estaba estacionado allí. No hay nada que ella estuviera haciendo para ser violenta, para provocar algún tipo de violencia, sino que simplemente estaba sacando el auto para poder salir. No es que está obstruyendo el paso. De hecho, también ella saca su mano para que un carro pase, porque hay suficiente espacio para que ellos pasen. Entonces la narrativa de que estaba tratando de bloquear, de que estaba tratando de provocar o de ser violenta, no es lo que vimos. RFI: Cerca de unos 2.000 agentes del ICE se han desplegado en Mineápolis. ¿Cómo ha vivido la ciudad este último tiempo con el ICE desplegado, buscando hacer deportaciones? Carolina Ortiz: Estas últimas semanas han sido muy tristes, llenas de mucho miedo, de mucha ansiedad. Muchas de las familias no están trabajando. Muchas no están mandando a los niños a la escuela e incluso para salir a comprar las necesidades básicas. Estamos apoyando con otras personas para poder llevar esa comida. No es que se están llevando a los criminales como dicen, sino que están atacando a la comunidad simplemente por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Han ido incluso a las áreas donde están trabajando en la construcción. Ha habido ocasiones donde van y simplemente los recogen de la calle, como si fuera un secuestro. Incluso han sido ciudadanos que han tenido algún tipo de estatus, pero es como si fuera un secuestro, pasan por la calle y se los llevan. Ya han visto también en los videos como se cubren la cara. Sí, hay mucho miedo, pero al mismo tiempo hay una indignación tan grande que nos mueve a poner el miedo a un lado para poder actuar y poder movernos.

Sobre las protestas contra el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles en Bolivia, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, estima en  entrevista con RFI que "todo el mundo era consciente de que el país necesitaba levantar la subvención", pero critica que el presidente Paz no haya sometido la medida a referendo. También cuestiona que no se exceptue de la quita de subvención a los vehículos de transporte público, mientras se elimina el impuesto a las grandes fortunas.  ►►Para escuchar la entrevista completa, hacer click en el ícono play►► Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, entre otras medidas. Los manifestantes exigen la anulación del decreto, pues temen un incremento en el costo de vida. Desde su aprobación en diciembre, el precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados. Y empezaron las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato obrero del país. El lunes, el gobierno de Paz abrió un diálogo con los lideres de los trabajadores quienes terminaron por abandonar la mesa y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial. El mandatario boliviano dijo en diciembre, al anunciar el decreto en el marco de su declaratoria de emergencia económica, que Bolivia no podía "seguir funcionando con las normas de saqueo de los últimos 20 años". "Me parece innecesario criminalizar 20 años que seguramente han tenido sus luces y sus sombras, como todos los procesos políticos" afirma Hugo Moldiz, exministro de Gobierno durante el tercer mandato del presidente de izquierda Evo Morales. Moldiz, también abogado internacionalista, reconoce, sin embargo, que Bolivia "sí necesitaba levantar la subvención. Creo que todo el mundo está consciente".Pero critica el método del mandatario: "Rodrigo Paz tomó esta decisión sin consultarle a los sectores sociales y, mucho menos, al país. Y la única manera de hacerlo era a través de un referéndum". El segundo  elemento de crítica, en el juicio de Moldiz, es el 'cómo' lo hizo . "La subvención se podía quitar para todos los vehículos particulares, salvo para los del servicio público por el impacto de la medida en la población más pobre y vulnerable". No obstante, explica el ex ministro de gobierno boliviano, bajo un pretendido "principio de igualdad", la subvención  se levantó para todo el mundo  afectando a  todos los sectores de la sociedad boliviana en la que "unos ganan mucho y otros ganan muy poco". Los primeros seguirán viviendo holgadamente, pero los segundos se verán muy afetados con esta supresión, afirma. "Y, contradictoriamente, se le ha retirado el impuesto a las grandes fortunas", subraya.  Un riesgo de regreso del neoliberalismo RFI: Usted ha afirmado que a este decreto subyace la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz sea la continuación de la crisis y de una transición no resuelta en Bolivia o el inicio de una nueva era estatal. ¿Por qué? "Porque no medir en su exacta dimensión la relación de fuerzas, no tener en cuenta lo que se está jugando en el trasfondo del decreto, puede conducir al movimiento sindical, a sus dirigentes, a cometer errores, y esto puede tener efectos estratégicos. Una derrota sería el camino pavimentado para que se reinstale de manera plena el neoliberalismo en Bolivia. Eso lo tienen que entender los sindicatos.Lo tiene que entender sus líderes. Al mismo tiempo, el gobierno  tiene que valorar en su jsuta medida cuál es su nivel de fortaleza política. Tiene muchas contradicciones internas, la contradicción entre el presidente y el vicepresidente ya es una expresión de ellas. También tiene contradicciones al interior de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y ni qué decir la ausencia de influencia en el movimiento social boliviano, y el movimiento social boliviano es muy fuerte. No creo que en este momento el todo o el nada, ya sea para los movimientos sociales o el todo o nada para el gobierno, sea el escenario aconsejable".

Tras la captura de Maduro el 3 de enero pasado, la frontera entre Venezuela y Colombia sigue en alerta. El gobierno colombiano ha ordenado un despliegue militar de 30.000 uniformados a lo largo de 2.200 kilómetros de frontera común. En el sector de la ciudad de Cúcuta, la 3ª Brigada del ejército patrulla en diferentes puentes de cruce. Es un reportaje de nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra. Un blindado Titán del Ejército colombiano se posiciona frente al puente fronterizo Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y de él sale un puñado de uniformados. Luego se dispersan y algunos se posicionan en las esquinas del barrio aledaño, el corregimiento de El Escobal. Patrullan mañana y noche, pero los horarios cambian para crear un efecto sorpresa. Nos invitan como prensa a asistir, pero sin hacer preguntas. Es una operación de comunicación que no explica por qué el sector es señalado como "zona roja". Al caer la noche en el Escobal, los niños juegan despreocupados frente a la parroquia y la estación de policía. La misa acaba de terminar. El sacerdote Edwin Buitrago conversa con una líder de la comunidad que prefiere mantenerse en el anonimato. Le preguntamos si ella considera que el sector sigue siendo "zona roja". "Hace unos cuatro o cinco años, sí, en ese entonces estábamos catalogados como 'zona roja'. Pero hoy esto de 'rojo' no tiene nada. Ese nombre es del pasado. Hoy esto es un barrio tranquilo. Se marcharon varias bandas delincuenciales y ciertas actividades que había acá se acabaron, ya no están aquí en el barrio como estaban antes", sostiene. Si bien no se puede decir que el sector, en su conjunto, esté en calma, el sacerdote Edwin Buitrago confirma que el entorno es distinto. "Somos la frontera más movida de América"  "Esta comunidad ha cambiado mucho. Antes, estaba el procedimiento del contrabando. Si ustedes observan ahí, la mayoría son galpones, garajes grandotes que están abandonados. Hoy se goza de tranquilidad en un 80%. Sí, puedo decir que un 80% goza de tranquilidad. El otro 20%... pues sí, ya es zozobra, temor, miedo. Lo que uno no ve, digámoslo así, lo que uno no ve. Porque somos la frontera 'más movida' de América, según dicen". La líder comunitaria explica que todo había estado tranquilo hasta este martes que militarizaron el puente. Pero la preocupación  persiste.   "Sí, siempre hay la zozobra, el temor por las trochas. Hay muchos pasos ilegales. No es solamente el puente. En el puente está bien porque hay un control. Pero hay muchos pasos ilegales. Ésa es la problemática de acá", concluye. Ambos coinciden en que un cruce abierto conserva su seguridad. Cuando el puente cerró entre 2015 y 2023, prosperaron los pasos ilegales controlados por bandas delincuenciales.

Nicolás Maduro estaba permanentemente custodiado por un grupo de élite perteneciente al popular grupo G2, que integra el Servicio de Inteligencia del Gobierno cubano. 32 de ellos fallecieron durante el ataque con el que Estados Unidos capturó y exfiltró al gobernante venezolano. ¿Pero quiénes son? Para conocer un poco más sobre estos agentes de contrainteligencia cubanos que hacían la labor de guardaespaldas en la seguridad personal de Nicolás Maduro, entrevistamos a Arturo Grandón, analista de Seguridad, Defensa, Inteligencia y Operaciones Especiales, a su vez director del Security College en Estados Unidos. Un “grupo de élite” “El personal que fue dado de baja en esta operación correspondía a una de las unidades de la guardia personal que tenía Nicolás Maduro. Su primer anillo de seguridad lo conformaban netamente el ejército cubano, toda vez que Nicolás Maduro no confiaba en las fuerzas que podían protegerlo del mismo Venezuela, por problemas de traición o algo que pudiese pasarle”, explica. “No pasaban de los 40 años, eso es lo que se tiene como antecedente. Era un grupo de élite preparado para este tipo de eventos y son los que murieron en combate, porque cuando fue el asalto propiamente tal fue muy cruel. O sea, en realidad los informes que tenemos nosotros de inteligencia es que fue muy, muy duro el ataque que se llevó adelante y ellos no reaccionaron como pensaron que iba a ser la reacción de la seguridad de Maduro”, agrega el especialista. “Chávez también tenía personal de seguridad cubano” El grupo G2 está presente en Venezuela desde el año 1999, coincidiendo con el primer año de la presidencia de Hugo Chávez, luego de un acuerdo entre ambos países a cambio de petróleo por una reestructuración de las fuerzas militares venezolanas. “Siempre ha estado apoyado por gente cubana, tanto en la parte táctica como en la parte de inteligencia. Así que, desde el momento en que Chávez está operando en Venezuela, comienza este intercambio entre comillas del apoyo de Cuba hacia Venezuela. Chávez también tenía personal de seguridad cubano, también tenía personal de inteligencia cubano operando no solamente en Venezuela sino en aquellas delegaciones venezolanas en el extranjero”, indica Arturo Grandón. El grupo de Inteligencia cubana, que se encarga de recopilar información sobre amenazas internas y externas para la seguridad de su Estado, opera tanto dentro como fuera de la isla. Fue creado en 1961 y desde entonces tiene presencia en varios países latinoamericanos, especialmente en Nicaragua y Venezuela.

Los habitantes del Catatumbo despidieron el año como lo recibieron: atrapados en el fuego cruzado entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las desmovilizadas FARC. Esta crisis humanitaria, la peor que vive hoy Colombia, afecta a unas 86.000 personas. Líderes campesinos denuncian falta de protección a la población civil, contradicciones del Gobierno y una crisis humanitaria sin respuestas eficaces en una de las regiones más golpeadas de Colombia. Entrevista con Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).  El Catatumbo está localizado en el nororiente de Colombia, principalmente en el departamento de Norte de Santander, y limita al norte y al este con Venezuela. Se caracteriza por su relieve montañoso y selvático, atravesado por el río Catatumbo y sus afluentes, que desembocan en el lago de Maracaibo. Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, es una de las regiones más impactadas por las economías ilícitas. Su historia combina conflicto armado persistente y abandono por parte de las políticas oficiales. La última ola de violencia comenzó a inicios de 2025 con una masacre en el municipio de Tibú. En el último día del año, un hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que dejó cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. En la región se han registrado ataques a hospitales, civiles heridos en medio de los enfrentamientos, más de 78.000 desplazados forzosamente, cerca de 300 casos de violencia sexual y medio centenar de reclutamientos forzados, muchos de ellos de menores de edad. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue uno de los dirigentes sociales que alertaron al Gobierno colombiano y a la ONU sobre el agravamiento de la situación en el último trimestre del año. RFI: Usted advirtió que la situación iba a recrudecer. ¿Ha sido así? Estamos a puertas de cumplir un año desde que se agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Nos vuelve a pasar lo mismo que hace un año: se advirtió, pero el Gobierno y el Estado en su conjunto no tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil. Desde el pasado 25 de diciembre se ha intensificado la contraofensiva del Frente 33 en los municipios de Tibú y El Tarra. Esto ha dejado miles de familias confinadas, un fin de año muy negro, con muchos combatientes muertos de lado y lado, sobre todo jóvenes de nuestra comunidad. También se ha registrado destrucción de bienes civiles, como casas, iglesias y puestos de salud, especialmente en Tibú. RFI: Además de la presencia militar y del Puesto de Mando Unificado anunciado por el Ministerio de Defensa al comenzar el año, ¿qué otras medidas ha tomado el Gobierno? Nos sorprenden mucho esos anuncios porque no coinciden con lo que ocurre en el terreno. El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, pero pareciera que hubiera una operación de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no están cumpliendo su deber constitucional de proteger a la población civil y, segundo, porque no están interviniendo de manera eficaz en la confrontación. En cuanto a las medidas del Gobierno, hubo una declaratoria de conmoción interior con un propósito distinto al represivo. Este Gobierno acudió a esa herramienta con una causa noble. Se trataba de 18 decretos reglamentarios que buscaban recaudar recursos y poner en marcha políticas públicas para superar la crisis. Pero, desafortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la mayoría de esos decretos, lo que impidió que la crisis se atendiera de manera oportuna. Por ejemplo, había un decreto orientado a fortalecer los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, con mayor respaldo financiero a los programas, algo clave para el Catatumbo, donde las economías ilícitas son uno de los principales factores del conflicto. RFI: ¿Era necesario acudir a un decreto de conmoción interior o se podían tomar medidas desde otros organismos del Estado? Claro que se podían tomar otras medidas. Lo que pasa es que los decretos de conmoción interior potenciaban la acción institucional, y esa era la buena intención que luego fue frenada por la Corte Constitucional. Pero también existen deberes constitucionales y otras herramientas que el Ejecutivo puede usar, y nosotros consideramos que lo que se ha hecho sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, no es lógico que el Gobierno haya extendido por decreto, el 23 de diciembre, la zona de ubicación temporal para el Frente 33 y, al mismo tiempo, se haya lanzado una contraofensiva en el territorio. Eso no genera confianza en la paz. Otro ejemplo: hace un mes, el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las extintas FARC, firmó un protocolo de protección a la población civil. Sin embargo, hace apenas cuatro días, el corregimiento de Filo Gringo fue atacado y no hubo una exigencia contundente del Gobierno nacional. Nuestras críticas apuntan a la falta de rigor y seriedad en estos procesos de paz. Si no sirven para lo más importante, que es proteger a la población civil, entonces están fallando en su objetivo central.

Las navidades siempre han sido una época del año desafiante para las organizaciones comunitarias y caritativas. Sin embargo, en Estados Unidos, las complicaciones han sido aún mayores, al no limitarse simplemente a la actividad de ayudar a los más necesitados. 2025 ha sido un año difícil para las organizaciones de caridad en Estados Unidos. Las fechas navideñas, además de ser días de reunión con los seres queridos, son también días para compartir con la gente cercana y con los más necesitados. Common Pantry es un comedor comunitario en Chicago que ofrece alimentos gratis a aquellos que lo necesitan, desde sin techo a jubilados con la pensión baja o familias con pocos recursos. Estas fechas siempre son complicadas, porque la actividad se multiplica y además tratan de hacer que los necesitados sientan que estos días también son suyos, como nos explica Juan Alegría, responsable de instalaciones y recepción. “Especialmente en estos días de fiestas por mes servimos más o menos como a 1.200 unidades de familia que pueden ser de 5 a 6.000 personas. Nosotros tratamos de normalizar lo más posible estas fiestas para que la gente se sienta apoyada y como en familia”, explica Alegría. “Entonces hacemos una distribución de jamones grandes y todas las cosas que normalmente van con esa comida, pero también distribuimos regalos a niños y familias que no pueden afrontar esos gastos.” Sin embargo, la mayor actividad navideña no fue ni de lejos el mayor desafío. En Common Pantry no contaban este año con dos problemas: El cierre temporal del Gobierno, con la pausa del programa de cupones de alimentos SNAP, y especialmente las redadas de ICE, ya que parte de la gente que viene a reclamar su ayuda es de origen extranjero. “Al limitarse esos fondos y al haber cerrado completamente por un tiempo el programa de ayuda de alimentos, se hizo más crítica la situación y eso, junto la amenaza que muchas personas sentían en cuanto a su seguridad personal, con el énfasis que se dio en inmigración y estatus inmigratorio, las personas se sentían bien amenazadas”, enfatiza Alegría. “Tuvimos nosotros que incrementar la seguridad, incluso tener puertas enllavadas para poder ofrecer cierta seguridad a las personas y también entonces que, por lo menos, estuvieran en la parte del patio de atrás por no poder estar en la calle innecesariamente por el temor que sentían. Entonces eso complica más la logística de nuestro local”.

En este 2025, América Latina ha virado a la derecha: Bolivia puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda al elegir a Rodrigo Paz como presidente; Chile votó por José Antonio Kast y Honduras por Nasry Asfura, candidatos que gozaban del beneplácito y el apoyo de Trump. Daniel Noboa fue reelegido en Ecuador y Javier Milei logró una importante victoria en las legislativas argentinas. Analizamos este fenómeno con Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté. Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Nasry Asfura son algunos de los políticos de derechas o de extrema derecha que han llegado al poder en este 2025 en Latinoamérica, una región que ha experimentado un marcado giro a la derecha en las urnas. ¿A qué se debe este cambio de dirección? Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté, sostiene que para explicar este fenómeno hay que evocar el alza de las tendencias populistas a nivel global, teniendo en cuenta, no obstante, las situaciones específicas de cada país. "Por un lado, hay una tendencia global de un giro no solamente hacia la derecha, sino incluso hacia la extrema derecha. Es algo que se observa también en Estados Unidos y en varios países europeos. La atomización de la sociedad y, por lo tanto, la búsqueda de chivos expiatorios, por ejemplo los inmigrantes, las minorías étnicas, los indígenas, etcétera. La acción colectiva se ve sustituida por un voto castigo a favor de la extrema derecha". Bolivia, autodestrucción del MAS y triunfo de la derecha Dicho esto, este profesor de la universidad francesa de Franche-Comté resalta que existen circunstancias propias de cada país, "factores internos", que explican este giro. "En el caso de Bolivia, por ejemplo, la victoria de la derecha se debe en buena medida a la autodestrucción del Movimiento al Socialismo, el MAS. En otros lugares, las fuerzas de derecha o de extrema derecha llegan al poder en un contexto en el que la izquierda estuvo gobernando, pero no estuvo a la altura de las expectativas que había despertado. Ese es el caso de Chile, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric: muchos chilenos consideraban que no estuvo a la altura y que no cumplió con esas promesas". En algunos casos, como el de Asfura en Honduras o el triunfo de Javier Milei en las pasadas legislativas argentinas, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo presente, incluso supeditando su apoyo económico al país a que se cumplieran resultados que le complacían. ¿Cambiará esta postura la política internacional de Latinoamérica? Leer tambiénLos acontecimientos que deberían marcar al mundo en 2026 "Lo que es seguro es que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha van a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos de Trump. El mandatario estadounidense tiene buenas relaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Milei en Argentina, y las tendrá seguramente con el nuevo presidente de Honduras, con Kast, etcétera. En cuanto a la relación con China, es posible que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha sean reticentes a profundizar la dependencia económica que tiene América Latina con ese país. Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto sean capaces de romper esa relación con Pekín, porque la presencia china en América Latina ya es relativamente antigua. China lleva varias décadas construyendo su influencia en la región. Va a ser difícil que países como Honduras, Ecuador o Argentina se distancien a nivel económico de China", concluye.

Un monumento situado cerca de la entrada del Canal de Panamá que conmemoraba la histórica presencia china en ese país fue demolido por orden de una autoridad local, lo que provocó críticas de Pekín y una rápida reacción del presidente panameño, quien prometió su reconstrucción. Entrevista con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia. El monumento, que celebraba más de 150 años de presencia china en Panamá, se encontraba a un centenar de metros de la entrada del Canal, frente al puente de las Américas, que conecta el norte y el sur del continente. "China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales competentes en Panamá de un monumento a las contribuciones chinas al Canal de Panamá", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado publicado en X. Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, critica la forma en que se llevó a cabo la demolición del monumento, pero considera que su ubicación es problemática, al igual que lo fueron en 2018 los planes chinos de construir una embajada en la entrada del Canal. "No se podía permitir la construcción de una instalación en las riberas del Canal de Panamá por parte de China, porque daba la impresión a los barcos, a los tripulantes y a los pasajeros que entraban al Canal de Panamá de que este había sido construido por los chinos. Ese argumento finalmente se impuso y, en su momento, obligó al gobierno del señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá [entre 2014 y 2019], a desistir de las intenciones del gobierno chino de establecer su embajada allí". Amenazas al Tratado de Neutralidad  El gobierno de China sostiene que el monumento es un testimonio de la "tradicional amistad" entre ambos países. Cabe recordar que en Panamá, un país de 4,5 millones de habitantes, al menos 300.000 personas forman parte de la comunidad chino-panameña. Para el profesor Tapia, la demolición del monumento y la reacción oficial de Pekín revelan las crecientes tensiones geopolíticas en torno al Canal, lo que pone en riesgo el Tratado de Neutralidad del Canal, vigente desde 1979. "Ese tratado ha sido objeto hasta el momento de amenazas serias por parte del gobierno de Donald Trump, que ha reivindicado el control del Canal de Panamá con argumentos fatuos, como que el Canal está controlado por los chinos. Eso es una falsedad total. [Estados Unidos] amenaza incluso con usar la fuerza. Eso constituye, evidentemente, una franca violación de lo pactado entre Panamá y Estados Unidos en el Tratado de Neutralidad". En abril, el gobierno panameño concluyó un acuerdo con la administración Trump para el despliegue de tropas estadounidenses en los alrededores del Canal, aunque continúa negándose al establecimiento de bases militares. "Desgraciadamente, esa es otra violación flagrante del Tratado de Neutralidad que consintió Panamá. En el artículo 5.º del tratado se establece taxativamente que solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares — e insisto en la palabra ‘militares'— en la República de Panamá", concluye. La administración Trump también ha promovido la adquisición, por parte de la empresa estadounidense BlackRock, de los puertos situados en las inmediaciones del Canal, actualmente en manos de una compañía de Hong Kong. El acuerdo se encuentra estancado debido a la oposición de Pekín, que busca formar un conglomerado de distintas empresas, según informa The Wall Street Journal. Un nuevo episodio en la competencia geopolítica por el control del Canal.

Tras el accidente del tren interoceánico en Oaxaca que dejó una docena de muertos, surgen cuestionamientos sobre la planificación y seguridad en los grandes proyectos ferroviarios del país. Entrevista al ingeniero civil Juan Carlos Miranda, especialista en el sector ferroviario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el lunes a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca, que dejó 13 muertos y varias decenas de lesionados. El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo mientras recorría el Corredor Interoceánico que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México a través del istmo de Tehuantepec, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El proyecto de un tren interoceánico en México se remonta a comienzos del siglo XX. No obstante, la ruta marítima por el Canal de Panamá resultó más competitiva para el tránsito internacional de mercancías. La iniciativa cobró nuevo impulso bajo López Obrador, quien impulsó dos grandes proyectos ferroviarios: el Tren Maya, en el sureste, y el Corredor Interoceánico, en el istmo de Tehuantepec. Ambos han registrado accidentes graves en sus primeros años de operación. Aunque aún es prematuro establecer las causas del siniestro y se deben esperar los resultados de la investigación en curso, el ingeniero civil Juan Carlos Miranda, especialista en el sector ferroviario, advierte sobre deficiencias técnicas en el proyecto. Interrogantes sobre le trazo geométrico de la vía  "Se habría requerido una rehabilitación intensiva más que una simple reconstrucción, que fue lo que finalmente se llevó a cabo. No se realizaron las rectificaciones necesarias en el trazo para mejorar las condiciones geométricas de la vía. Hubiera sido conveniente modificar algunos segmentos, ya que las pendientes y curvas en la zona montañosa dificultan mantener la velocidad de operación con seguridad", explicó. Juan Carlos Miranda señala que el proyecto consistió en la reconstrucción de una vía ya existente, sin corregir los tramos con fuertes pendientes y curvaturas. Agrega que los desarrollos ferroviarios requieren tiempo para una adecuada planeación, diseño, construcción y puesta en marcha, procesos que suelen verse limitados por los ciclos sexenales de gobierno. "En México, como en muchos países, los proyectos se condicionan a los periodos de gobierno de seis años. Esto obliga a tomar decisiones rápidas, lo que genera riesgos y sobrecostos. Es un problema recurrente, quizá más visible hoy tras tres alternancias políticas", concluyó el especialista.

En Venezuela, al menos un centenar de personas fueron excarceladas tras haber sido detenidas durante las protestas surgidas tras las elecciones presidenciales de 2024. Estos comicios que otorgaron la reelección al presidente Nicolás Maduro, estuvieron marcados por denuncias de fraude y por arrestaciones arbitrarias.   Esta excarcelación, la más significativa en los últimos meses, ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, especialmente tras la incautación de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos. Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, comparte sus impresiones sobre esta excarcelación.  “Junto con organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y gobiernos del mundo, hemos hecho saber la necesidad de la excarcelación de presos políticos, porque tenemos perfectamente claro —nos ha tocado vivir situaciones de persecución durante más de 18 años, que incluso llevaron a la muerte de mi padre en prisión, bajo custodia del Estado— que, si no hay excarcelaciones y si no se brinda atención médica especializada y oportuna a los presos políticos, lamentablemente podemos enfrentarnos a nuevas muertes bajo custodia del Estado”, dice Andreina. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se han reportado denuncias sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos. ¿Tiene alguna información sobre estas amenazas? "A raíz de todas estas acciones a nivel geopolítico, los presos políticos están siendo amenazados de que si llega a materializarse una acción de un gobierno extranjero, van a remeter en contra de sus vidas. Pero así como son amenazados los presos políticos, también somos amenazadas las víctimas secundarias, es decir, las familias que contenemos y que denunciamos. Mientras estamos hablando, aquí desde hace más de seis meses, yo tengo un apostamiento policial fuera de mi residencia que restringe mi movilidad, mi accionar, porque no he dejado denunciar el horror al que está siendo sometido mi hermano, sino que además tengo una labor importante en el comité. Una de las maneras de buscar quebrantar esas acciones, el régimen ha ido intensificando la persecución. Mi hermana, Márgaret Baduel, que además también es miembro activo del comité, ha sufrido dos atentados en su vehículo", añade. Andreina Baduel termina haciendo un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Además, advierte que aún hay más de 900 detenidos en condiciones de horror en las diferentes carceles de todo el pais. 

Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales al conservador Nasry "Tito" Asfura, candidato que contó con el respaldo público del expresidente Donald Trump. El resultado, divulgado casi un mes después del escrutinio, llega en un contexto de fuertes denuncias de fraude por parte del opositor Salvador Nasralla, quien rechaza reconocer los resultados y persiste en sus alegatos de irregularidades. La llegada de Nasry Asfura marca el regreso del conservadurismo al poder en el país centroamericano. Kilvett Bertrand, diputado del triunfante Partido Nacional y uno de los legisladores más votados en estos comicios, comenta los resultados y la legitimidad de estas elecciones. “Todas las misiones de observación electoral, empezando por la Unión Europea, que tuvo una misión de observación bastante amplia en el país, dijeron claramente que no hubo fraude electoral, la Organización de Estados Americanos también. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo exactamente lo mismo”, argumenta Bertrand. “Lo único que fue un proceso bastante lento. ¿Por qué? Porque se boicoteó el proceso en varias ocasiones por parte de quien quedó en segundo lugar y por parte del partido Libertad y Refundación. Los dos han dicho que desconocen los resultados, pero aquí la institucionalidad por fortuna se mantuvo fuerte. Ayer dio la declaratoria ya oficial de que Asfura al que nosotros en Honduras lo conocemos como 'Papi a la orden', es el presidente electo”. El Congreso de Honduras quedará dominado por tres fuerzas políticas. ¿El Partido Nacional sin mayoría podrá garantizar la gobernabilidad? “Hay que entender que los dos partidos políticos, nacional y liberal, somos dos partidos políticos conservadores y entendemos bien que el voto masivo de la gente fue en gran parte para sacar a la izquierda. Creo que eso nos da un punto de coincidencia, por muy áspera y reñida que haya sido la elección. Creo que tenemos un punto de coincidencia y es tratar de rescatar y levantar un poco el país de toda la división que había generado el partido gobernante. Creo que tenemos puntos de coincidencia para iniciar. Lo otro que puede ayudar mucho al tema de gobernabilidad es el carácter y el tipo de liderazgo que fue electo, que es Tito Asfura, un hombre muy conciliador, que no confronta, no insulta, no debate, es muy de paz y eso nos puede ayudar mucho a atender lazos porque nosotros al menos no herimos al Partido Liberal, que es el otro partido fuerte en la contienda”. El diputado concluyó señalando que su partido priorizará la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con el objetivo de atraer inversiones, particularmente desde Estados Unidos. Esta medida podría ser exitosa, si se tiene en cuenta el respaldo que recibió  Asfura del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su apoyo a través de redes sociales.

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de haitianos residentes en la República Dominicana regresan a su país. Esto, a pesar de las graves dificultades y la creciente inestabilidad que afecta este país, donde amplias zonas de su territorio están bajo el control de pandillas. En Dajabón, al norte de República Dominicana, el movimiento es incesante: algunos llegan en camiones o buses, mientras que otros cruzan la frontera a pie. Sin embargo, ellos saben que su viaje se producirá en un contexto de extrema inestabilidad, ya que pandillas y grupos armados mantienen bajo su control gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y han extendido su influencia a zonas aledañas. Joseph Cherubin, presidente del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, nos comentó los problemas que tienen sus conciudadanos para regresar a su país durante las festividades. “Hay dos obstáculos, el de la inseguridad en Haití y la frontera, que está cerrada. No hay garantía de ir a ningún lado. Si se va la frontera, no hay autoridad, deberá ir de forma clandestina a Haití. Realmente la situación sigue caótica, se agrava día a día. Los haitianos en Haití han pasado una Navidad triste. No hay estabilidad para hacer para hacer el culto, realmente es una situación de guerra.“ Leer tambiénHaití: en Puerto Príncipe, una Navidad ensombrecida por la inseguridad y la crisis económica Roudy Joseph, portavoz del colectivo de Haitianos en República Dominicana, explica por qué, a pesar de no existir las garantías básicas para su retorno, muchos haitianos deciden arriesgarse y regresar a su país. “Una de las razones que hace que las personas se vayan es el contexto de la persecución migratoria contra la comunidad haitiana. Estamos hablando de operativos que entran incluso en la casa de la gente. O sea, allanamientos ilegales, entonces mantienen en zozobra a la comunidad”, explicó a RFI. “El Gobierno dominicano no ha dicho si va a abrir la frontera para el regreso de tantos trabajadores que están dejando que van a pasar las navidades, pero le hemos dicho siempre al gobierno dominicano que tanto las deportaciones como los retornos al final alimentan las redes de tráfico ilegal de personas que se vuelven más peligrosas. Todos esos movimientos están alimentando esa red que se hacen multimillonarios y en eso participan tanto en militares, agentes de inmigración y otras fuerzas de seguridad de República Dominicana”, añadió Joseph. Así, ni la inseguridad, ni el caos que domina Haití, ni siquiera el temor a no poder regresar a República Dominicana, logran frenar el deseo que tienen miles de haitianos de reencontrarse con sus familiares durante este periodo navideño.

El salmón se ha convertido en el pescado estrella de la Navidad en todo el mundo y su producción global no deja de crecer. Chile es el segundo productor mundial de este pescado, solo por detrás de Noruega. Pero el auge de la industria salmonera tiene un alto coste medioambiental, según denuncian diversas ONG. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en la primera mitad de 2025 la producción de salmón en Chile creció un 9,1 % con respecto al mismo período del año anterior. Se trata de uno de los principales productos no mineros que exporta el país, principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, pero no ausente de críticas. En la Patagonia, el crecimiento de la industria de las granjas salmoneras está en el punto de mira de las ONG por su ubicación en zonas supuestamente protegidas, el abuso de antibióticos y su impacto medioambiental. “En Chile tenemos una real invasión de concesiones de la industria salmonicultura. Son más de 300 concesiones que están aprobadas. Estas instalaciones son realmente gigantescas, contaminan con diferentes tipos de materiales, como son tuberías plásticas, mallas que dejan abandonadas, estructuras metálicas y lo que nosotros hemos ido denunciando a lo largo de los años es que producen más del número que se les entrega para poder cumplir con medianamente un equilibrio ecológico en esta zona”, afirma a RFI La geógrafa de Greenpeace Chile, Silvana Espinoza. “Eso va generando mortalidades, residuos, o sea, acumulación de mayor materia orgánica. En el fondo, se va generando una secuencia de diferentes desequilibrios ecosistémicos que altera al resto de las poblaciones que tenemos en la Patagonia”, agrega. Greenpeace Chile tramitó hace un año las primeras querellas criminales contra la industria por la muerte de dos ballenas jorobadas en instalaciones salmoneras, según denuncia la ONG. La muerte de los dos cetáceos se habría producido en el interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas. “Estuvimos reunidos con el fiscal hace algunas semanas en Punta Arenas para poner a disposición nuevos antecedentes que nosotros hemos ido trabajando con los científicos y científicas de Greenpeace. Esto está en manos de ellos”, apunta Espinoza. “Esperamos tener una resolución pronto, porque en el fondo este año ya se cumplió un año de la tramitación de estas querellas, entonces nosotros también estamos a la espera de poder tener un resultado al respecto y que, por supuesto, quienes resulten responsables asuman esto frente a la ley”, concluye. Otras organizaciones, como Ecoceanos, denuncian la muerte de trabajadores en las granjas de salmón y las difíciles condiciones laborales de la industria.

La designación de Roland Hicks es leída como una señal clara del rumbo que busca imprimir León XIV, primer pontífice estadounidense y nacido en Chicago. Tanto el papa como el nuevo arzobispo han mostrado una postura firme a favor de los migrantes y disposición a desafiar las políticas de la administración Trump en este ámbito. Se trata del relevo de la archidiócesis más grande de Norteamérica, con cerca de 2,5 millones de católicos distribuidos en casi 300 parroquias. Un relevo que muestra una dirección al frente de una archidiócesis clave en Norteamérica. León XIV aceptaba la renuncia del cardenal Timothy Dolan, tras cumplir en febrero los preceptivos 75 años, edad en la que todo obispo debe presentar su jubilación. En su lugar ha situado a Roland Hicks como undécimo arzobispo de Nueva York, un pastor de 58 años, relativamente joven para ese cargo.  Hicks ha mostrado su sensibilidad por cuestiones sociales y solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política migratoria de la administración Trump.  Este nombramiento vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre dos corrientes de la iglesia. Carlos Andrés Gómez, especialista en filosofía de la religión, lo ha valorado así en la antena de RFI: "este relevo episcopal refleja una tensión real dentro de la iglesia, entre continuidad y cambio, entre tradición y adaptación.  El desafío, sin embargo, sigue siendo evitar que ese diálogo se convierta en una ambigüedad doctrinal o en una desilusión del mensaje evangélico. En eso incluso vale la pena citar las palabras del Papa Francisco, 'no licuar la fe'. " Apaciguar estas disputas en el seno de la Iglesia es un anhelo de numerosos católicos. Ahora bien, ¿se puede decir que León XIV está bien encaminado para lograrlo? Carlos Andrés Gómez valora ese equilibrio por el que Leon XIV fue elegido. "Es un pontificado que empezó con mucho entusiasmo, pero ya aparecen, sobre todo en el sector tradicional unas que han sido frecuentes, por ejemplo, sobre el manejo del tema LGTBI.  Hay que reconocer que fue un Papa elegido mirando al consenso, un consenso entre dos tendencias, una más tradicional y otra más progresista  dostendencias muy fuertes, una tendencia más tradicional, una tendencia más progresista. Se ha buscado conciliar eso y por lo tanto, él combina de alguna manera elementos de estas dos facciones" dice este especialista en filosofía de la religión en RFI.  El nuevo arzobispo, consciente del peso simbólico del cargo, aceptó el nombramiento con un tono pastoral: “Acepto este nombramiento con humildad y con el corazón abierto”. Incluso apeló al humor para tender puentes culturales con su nueva diócesis: “Potencialmente, mi primera declaración controvertida: soy fan de los Cubs y me encanta la pizza de masa gruesa”. En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que condenaba las redadas migratorias impulsadas por el gobierno republicano. En esa ocasión, afirmó que el comunicado “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, al tiempo que expresa nuestras preocupaciones, nuestra oposición y nuestras esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso permanente de la Iglesia con la doctrina social católica de la dignidad humana y en un llamado a una reforma migratoria significativa”.

La presión de Washington sobre Caracas continúa intensificándose, pese a los llamados a la mediación de México y Brasil. El reciente bloqueo de buques petroleros que salen o se dirigen a Venezuela eleva la tensión en la región y reabre el debate sobre los verdaderos objetivos de la estrategia estadounidense. Mientras la Casa Blanca insiste en la lucha contra el narcotráfico, varios analistas señalan posibles intereses energéticos detrás de esta escalada.  Trump no descarta una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Para llevar a cabo ataques en ese país, en todo caso, el mandatario no se siente obligado a informar al Congreso. La cuestión del petróleo Desde hace un poco más de una semana, además, Estados Unidos aplica un bloqueo total contra “petroleros sancionados” que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país. En Caracas, mientras tanto, Maduro se pregunta cuáles son los otros intereses que tiene Washington con estas operaciones, fuera de derrocarlo.  Para el International Crisis Group, el argumento energético toma cada vez una mayor relevancia: “El tema del petróleo es un tema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo, en el que Trump en un momento dado tuvo una política un poco más pragmática, tratando de renovar algunas de las licencias. Por eso Chevron está todavía sacando petróleo de Venezuela”, explica a RFI Renata Segura, directora en Nueva York del programa para América Latina y el Caribe de ese grupo de reflexión.  “Pero estas últimas declaraciones del presidente Trump indican que hay quizás un interés más grande de entrar y recuperar control de la industria petrolera en Venezuela. Yo creo que hay una confluencia entre la remoción de Maduro del poder y la cuestión del petróleo. Entonces sí, estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que haya una intervención mayor en las semanas que vienen”, alerta la analista. “Al presidente Trump le gustan las acciones espectaculares” La otra pregunta es si habrá o no intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y qué modalidad tomaría. Según Renata Segura, “las posibilidades de que bombardeen algo son bastante altas. Para Estados Unidos, sería difícil retirarse sin tener como una especie de éxito de algún tipo. Realmente empoderaría a Maduro, que podría salir a decir: ‘El imperio vino a atacarme, lo enfrentamos y ganamos'. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a darle, digamos, ese triunfo político a Maduro”. “Entonces, yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela, sea alguna infraestructura involucrada en la producción de drogas o más un ataque a las Fuerzas Militares, no es menor. La verdad es que al presidente Trump le gustan las acciones que son como espectaculares y yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela en las próximas semanas es bastante alta”, concluye la experta.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes 19 de diciembre que había atacado otras dos lanchas en el Pacífico, abatiendo a cinco personas que, según las declaraciones estadounidenses, eran narcotraficantes. El balance de estas operaciones asciende a más de 100 muertos. Impactan especialmente a Venezuela, país que sin embargo no produce fentanilo, la droga que se ha convertido en el mayor problema en Estados Unidos. ¿A qué se deben los operativos ordenados por Donald Trump? Trump firmó esta semana un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó recomendándole mirar más bien las causas sociales del consumo. Washington acusa a los cárteles mexicanos de llevar esa droga a Estados Unidos y al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para impedirlo.  Pero según Michel Gandilhon, investigador del Observatorio francés de drogas y toxicomanías (OFDT), “el gran país productor de fentanilo es China". China abastece a México, explica. "Ahí, el fentanilo se fabrica a partir de precursores. También, en algunos casos, llega directamente ya como fentanilo. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la producción y el tráfico de fentanilo". Costa Pacífico Para Gandihon, si Trump quiere ser eficaz contra el tráfico de fentanilo, debería enfrentarse a China. "Solo que China es evidentemente un actor demasiado poderoso para que Estados Unidos se enfrente a él. Por eso hoy resulta más fácil incriminar a Venezuela", asegura. Enfocarse en Caracas y en la cocaína parece más un discurso de los años 80. Al mismo tiempo, el despliegue militar en el mar Caribe con el que Washington amenaza a Caracas es novedoso. ¿Por qué Washington pone la mira en Venezuela? "Una pequeña parte de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por la costa del Pacífico, a partir de los puertos colombianos y del puerto ecuatoriano de Guayaquil", afirma el investigador, agregando que una pequeña parte pasa por el mar Caribe occidental. Un pretexto "Venezuela es, en realidad, una zona muy poco importante en términos de tránsito de cocaína. Cuando se observa la evaluación de la amenaza en materia de drogas que realiza la DEA cada año, se ve que en 2024 esa agencia no cita nunca a Venezuela. En cambio, los países más citados son México y China", dice Gandilhon. Caracas no sería más que un pretexto de la administración Trump. "El verdadero objetivo es China más que Venezuela. Los estadounidenses, desde Obama, están preocupados por el desarrollo de la influencia de China en la región. Quieren hacer retroceder esa influencia, que se ha desarrollado mucho en términos políticos y económicos en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de una especie de reactivación de la doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que hacía de América Latina una especie de coto reservado de los estadounidenses. Así que la cuestión venezolana es evidentemente solo un pretexto: el objetivo no es poner fin al tráfico de drogas, sino eventualmente ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela y, eventualmente, derrocarlo".

Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de los Migrantes, declarado por Naciones Unidas, con el fin de superar los prejuicios y reconocer los aportes económicos y sociales de quienes vienen de otros países. Pero en este día, UNICEF comparte una profunda preocupación: los niños que migran solos y que son más vulnerables a todo tipo de riesgo. Trata de personas, explotación o abusos son algunos de los peligros que enfrentarán más de 14 millones de niños migrantes en América Latina y el Caribe en 2026. Esta es la cifra que surge del último informe de UNICEF, el cual resalta una disminución significativa de migrantes hacia el norte.  Así lo explica Alexandra Blasón, consejera regional para América Latina y el Caribe de la organización: "El endurecimiento de las políticas de acogida en Estados Unidos es básicamente el factor determinante para este cambio de tendencia. Hay que saber que estas personas que migraban hacia el norte, que no llegaron a Estados Unidos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor porque emprenden un camino de regreso, que es un camino largo, difícil.  "Además ya llevaban traumas y situaciones de vulnerabilidad en el camino de ida. Entonces sí que estamos encontrando quizás menos flujo de migrantes, pero en situaciones de mayor vulnerabilidad, sobre todo para los niños no acompañados y niños en situaciones de trauma".   Uno de los principales factores que generan los desplazamientos forzados son los conflictos armados. Ejemplo de ello es Haití, donde se estima que más de 700.000 niños se vieron obligados a huir de sus hogares en los primeros nueve meses de 2025. El informe también señala las catástrofes naturales, como el huracán Melisa, que afectó gravemente a Jamaica y Cuba y a la situación de más de 900.000 niños.   "Son fenómenos que vemos claramente que están aumentando y que, a pesar de las medidas de prevención y es una de las cosas con las cuales estamos intentando trabajar con los diferentes países y UNICEF está trabajando en temas de prevención y adaptación al cambio climático, difícilmente la aceleración que llevamos logre tener medidas de adaptación tan fuertes y de mitigación como para evitar los efectos que estamos viendo en los últimos años", explica Blasón.  Al final del informe, Unicef solicita algo más de 580 millones de dólares para hacer frente a la situación: "Es lo mínimo que poder necesitamos para la respuesta humanitaria ligada a al soporte vital, para evitar la pérdida de vidas. Estos fondos se enfocarían sobre temas como acceso al agua y al saneamiento, la nutrición, la educación, la protección de la infancia en estas situaciones de vulnerabilidad", concluye la consejera de UNICEF. Con todo esto, Blasón recalca que es necesario cuidar a estos niños, sobre todo aquellos de origen indígena o afroamericano, ya que pertenecen a los grupos más vulnerables. 

La presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar el sábado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña Foz do Iguaçu. Sin embargo, esto parece hoy muy poco probable, teniendo en cuenta que Italia anunció este miércoles que considera "prematuro" firmarlo, uniéndose a Francia. El presidente Lula da Silva, por su lado, ha lanzado un ultimátum. RFI entrevistó a un experto. A escasas 72 horas del comienzo de unas negociaciones clave este sábado en Brasil, Italia se sumó a Francia y solicitó aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.   El anfitrión de la cumbre, el presidente Lula da Silva, advirtió por su lado que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no se aprueba "ahora", no se hará "mientras él sea presidente".  Todo esto no augura, por el momento, una cumbre exitosa con la esperada firma. Reacción desde Montevideo de Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay: "Es increíble que sigamos esta discusión después de 25 años y que dándole las garantías a Europa de cubrirse, de protegerse en el sector agroindustrial con las salvaguardias agrícolas que en el día de ayer aprobó el parlamento y que son tan restrictivas, es muy llamativo que de todas formas no se pueda convencer a Francia, Polonia, Hungría, pero fundamentalmente que Italia esté acompañando ahora a Francia, que es lo que hace bloquear la posibilidad de que sea aprobado en el Consejo de la Unión Europea". Hay que asumir es que una vez más, Europa no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur y ya no hay más tiempo. Más concesiones el Mercosur no puede realizar" "Lo llamativo es que no hay ninguna razón para pensar que los productos del Mercosur van a invadir Europa. Además, los mecanismos de Europa para defenderse han sido incorporados en esta cláusula y salvaguardias. Se trata de un acuerdo que tiene cuotas y que es bastante restrictivo en términos de apertura para este sector. Creo que lo que hay que asumir es que una vez más, Europa no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur y ya no hay más tiempo. Más concesiones el Mercosur no puede realizar", continúa.  Firmar un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea era, en el contexto actual, una manera de mostrar un camino diferente al que está dictando Trump. ¿Será posible? Ignacio Bartesaghi tiene profundas dudas: "Europa tenía la necesidad de dar una señal en un contexto tan complejo con Trump, pero no logra dar esa señal, porque no logra cerrar un acuerdo estratégico como es el acuerdo con el Mercosur, que era una señal geopolítica, y un mensaje de cooperación muy interesante cuando tienes del otro lado a Estados Unidos, que va por el camino contrario". "El mensaje que daba Europa era muy potente, pero yo creo que hay problemas internos en la Unión Europea y con las dificultades que atraviesa la Unión Europea como actor global asociado a cómo soluciona la guerra en Ucrania. En principio no están los votos para que este acuerdo sea aprobado en el Consejo de la Unión Europea y por tanto no se va a firmar el 20 de diciembre aquí en Foz de Iguazú, como se esperaba del lado del Mercosur", concluye.

Las protestas contra los métodos de los agentes de la inmigración ICE se multiplican en Estados Unidos. Este martes se llevó a cabo una muy original lanzando bloques del hielo en el puerto de Boston. Y si bien las manifestaciones toman diversas formas, los abusos que denuncian son similares en todo el país. Para entender la protesta simbólica arrojando hielo al mar de este martes en Boston contra los agentes del servicio de control de inmigración, aduanas de Estados Unidos, conocido por su sigla ICE, se debe evocar el periodo de 1773. Ese año, los colonos tiraron cajas de té al puerto de Boston para protestar contra el poder arbitrario de la corona británica. Hoy “el que actúa como un monarca es Trump”, dicen los militantes, agregando que Ice es el instrumento de la opresión actual. De ahí que reproduzcan el gesto de arrojar algo al mar como acto de desobediencia simbólica. En este caso bloques de hielo, ice en inglés. El hielo representa las detenciones, deportaciones y el clima de miedo que se atribuye a ICE, indican los manifestantes. “Por ejemplo, tuvo retenido un niño creo que de 5 años, lo tuvo retenido afuera de la casa donde vive para que los padres pudieran salir por él y poder arrestarlos. Ellos tenían un proceso de asilo, estaban en proceso todavía, entonces no sé cuál fue su final. Los padres fueron detenidos”, aseguró Ovi Fénix, quien ha preferido conservar el anonimato por su seguridad. Según el manifestante, el ambiente es peor que en época de COVID, “aquí la gente ya no se reúne, la gente ya no sale a los centros comerciales, ya no sale a las tiendas, por miedo a encontrarse con estos actos. Incluso una persona siendo ciudadana, pues tienen miedo porque han visto de que ICE se ha venido en contra de todo aquel que parezca latino, hay mucho miedo”, agrega Fénix, quien asegura que las autoridades lo único que quieren es cumplir su objetivo con “ese odio que guardan en sus corazones por la raza latina”, concluyó. Para él, Estados Unidos está cambiando. “Nuestros primeros inmigrantes llegaron a esta nación y construyeron esta nación, pero  hoy en día es una atmósfera represiva, llena de odio y de esclavitud. La mano obrera y la mano que le ha dado soporte a la economía de los Estados Unidos la están cortando ellos mismos, la supremacía blanca”, lamentó. Según un informe del Instituto Cato, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año hasta el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena. El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos". El Gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportados. Con AFP

Hace 26 años que los municipios guatemaltecos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una disputa territorial que ha ido derivando en decenas de víctimas mortales. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando se registraron 13 fallecidos en la localidad de Nahualá. La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército. “Un derecho de posesión” RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona. “Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca. Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías. “Pedimos al Estado dar solución” Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse. “Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj. “Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde. Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.

La violencia progresará en America Latina y el Caribe en 2026, es la conclusión de la ONG Acled, dedicada al análisis de los conflictos, teniendo en cuenta el aumento de las actividades ilícitas en la región. En este programa se analizan los factores del contexto actual que ha tenido en cuenta la organización en su informe. El mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, el régimen de excepción en El Salvador o el aumento de ataques con drones por parte de las guerrillas en Colombia, son solo algunos de los síntomas que hacen que la ONG Acled, considere que la violencia se extenderá en 2026 por América Latina y el Caribe. Sandra Pellegrini, analista senior de la organización, explica que la violencia de las organizaciones criminales es un problema que ya estaba instalado en varios países, pero que la presión de la administración del presidente Donald Trump ha exacerbado: "La influencia de Estados Unidos es indirecta. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido presionar a gobiernos de las regiones a adoptar medidas que Estados Unidos, o más bien la administración de Trump, ve alineada a sus políticas ideológicas. Estamos observando, especialmente en países latinoamericanos y caribeños que van hacia procesos electorales en el 2026, una aceleración, una  adopción de políticas militarizadas." Donald Trump estrenó su mandato con una orden ejecutiva que declaraba a varias de estas organizaciones criminales latinoamericanas como "terroristas", y esto animó a varios países —como Argentina, Ecuador o Guatemala— a hacer lo mismo. Esto permite a los Gobiernos a responder militarmente contra estos grupos, algo que Acled califica de ineficaz: "No tenemos resultados concluyentes de que llevan a disminuciones de violencia sostenida en el tiempo y geográficamente; y en otros casos, hemos observado que operativos militarizados incluso, pueden conllevar a un aumento de las violencias, pueden tener como consecuencia de fragmentar un grupo criminal y reactivar una pelea por el poder dentro de esos grupos o de esas facciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde el arresto de "El Mayo", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha llevado a una pelea letal que sigue hasta el día de hoy. Y también en el caso de El Salvador, hemos observado que esos operativos han llevado a disputas para el poder interno y la creación de nuevas facciones." Además, este discurso empieza a instrumentalizarse en los procesos electorales de varios países, concluye Sandra Pellegrini: "Muchas figuras políticas que están haciendo campañas en el proceso electoral (están) promoviendo una seguridad militarizada porque han visto que justamente en el caso del Salvador ha llevado a esos niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. Entonces yo creo que hay un motivo bastante fuerte electoralmente." En su informe, Acled teme que los estados se vuelvan los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años. El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024. "Quiero que Chile sea un país de prosperidad" ¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar. "¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer. Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica. "Capacidad de gestión" Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima. A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años. Por la corresponsal de RFI en Santiago Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta. "Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder" Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?". Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector. "Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura. Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave. "Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo". Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años. "Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta. María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.   "Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega. Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

El presidente Milei puede presentar cifras macroeconómicas alentadoras al cumplirse este miércoles el segundo aniversario de su presidencia, pero dos especialistas expresan reservas a RFI sobre los cambios estructurales reales de la economía de su país y sobre la eficacia de sus reformas para garantizar un futuro estable. Entrevistadas: María Lourdes Puentes Olivera y Gala Díaz.  El punto de partida de Milei puede resumirse en una frase: "Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata". Con este diagnóstico, el economista —entonces un recién llegado a la política— inició un mandato que logró reducir la pobreza a niveles de 2018 y bajar la inflación del 211% anual al 30%. Pero María Lourdes Puentes Olivera, directora de la Escuela de Política de la Universidad Católica Argentina, advierte sobre la realidad que esos datos no muestran. "No hay un cambio en la estructura económica de la Argentina. Todavía hay una situación crítica. Hay un peligro de incremento del desempleo. Muchos actores de la economía están sufriendo tanto por el endeudamiento como por la imposibilidad de vender, ya que bajó el consumo. Hay un montón de situaciones que están pasando y por eso no creo que, a largo plazo, se puedan sostener", señala. Como prometió en campaña, Milei aplicó la "motosierra" a las ayudas públicas, redujo a la mitad el número de ministerios y despidió a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, junto a los casos de corrupción que han salpicado a su presidencia, no le impidieron ganar las elecciones de medio mandato ni reforzar su popularidad. ¿Cómo explica este resultado María Lourdes Puentes Olivera? "En la Argentina existe un tinte muy fuerte de hartazgo hacia lo que venía pasando. Pero esto no tiene tanto que ver con un pensamiento alineado con lo que Milei piensa. Ni siquiera creo que la gente esté a favor de lo que él está haciendo en la economía. Lo que cree la gente es que él está haciendo lo mejor que puede para el país. Argentina está más estable, pero él no es el partido, él no son los dirigentes", afirma. Espaldarazo de Trump de Milei El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el trabajo de Milei en octubre, después de que Washington realizara una inversión multimillonaria en Argentina que permitió al gobierno estabilizar la economía. Sobre este respaldo, analiza Gala Díaz, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un think tank argentino independiente: "El apoyo de Trump implica una percepción de que Argentina puede ser un aliado geopolítico para garantizar ciertas cosas en América Latina, en particular frenar el avance chino en la región. Pero, por otro lado, también está la necesidad que tiene el gobierno de recibir influjos de miles de millones de dólares, lo que implica un fracaso del modelo económico en el sentido de que es necesario ese influjo para sostener este modelo en un contexto recesivo en la Argentina".

En medio de una inédita polarización y a menos de una semana para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast aumenta su ventaja en los sondeos sobre la candidata izquierdista Jeannette Jara. ¿Pero cómo y con quién gobernaría? En Chile, desde 2005, la alternancia siempre se impuso a la continuidad cuando se abrieron las urnas, y al parecer el país está tomando el mismo camino. Pero conociendo la ventaja del Partido Republicano en los sondeos, la gran interrogante que se plantea en estos momentos es saber con quién gobernará José Antonio Kast si finalmente gana las elecciones. Necesidad de coalición “La conducción del segundo proceso constitucional, que estuvo liderada por el Partido Republicano, mostró poca disposición de este partido de armar coaliciones más duraderas. Tampoco han sido unos actores que hayan establecido diálogos y alianzas en el Congreso. Por lo menos eso hicieron, por ejemplo, en la reforma del sistema previsional”, explica a RFI Marcela Ríos, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Entonces, prosigue, “es una interrogante si van a continuar con la dinámica de cierto aislamiento que han tenido hasta ahora, o si van a haber aprendido que va a ser necesario una coalición. Es muy importante porque el partido de Kast es un partido minoritario en el Congreso. La derecha tradicional tiene muchos más escaños, en particular en el Senado, y las derechas en su conjunto tienen una mayoría muy, muy débil en la Cámara de Diputados”. “Por lo tanto, para que el Gobierno sea exitoso, va a necesitar tener una alianza fuerte, estratégica, con la derecha tradicional o de lo contrario no va a lograr tener las condiciones mínimas para mantener una gobernabilidad y una estabilidad en el país”, subraya la analista. Las derechas unidas Para alivio de Kast y a diferencia de hace cuatro años, cuando peleaba por la gobernanza del país, esta vez recibió inmediatamente el respaldo de la derecha tradicional de cara a la segunda vuelta. “El Partido Republicano y los partidos tradicionales de derecha han ido construyendo alianzas tácitas y los une un fuerte rechazo a la centroizquierda, y también el poner la seguridad como el tema principal. Por lo tanto, todos los otros temas que los pueden dividir, las agendas valóricas, el apoyo a la democracia, política exterior, son muy secundarios en esta elección y por lo tanto parecieran que no han tenido ningún peso a la hora de las decisiones en los partidos”, indica Marcela Ríos. A pocos días de la votación del 14 de diciembre, los sondeos mantienen a José Antonio Kast como favorito con una ventaja que fluctúa entre 10 y 15 puntos sobre su rival Jeannette Jara.

Argentina rompe emite un bono en dólares a cuatro años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 debido a las altas tasas de interés que debería convalidar. Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un interés del 6,5%, que tiene el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero, sin afectar las reservas del Banco Central. El economista Alfredo Roisenvitz, también profesor de la Universidad de UCEMA y San Andrés, celebró la noticia como un gran voto de confianza para la economía del país: "Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del gobierno, sino que implicaría que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir en este trayecto positivo y va a poder hacer frente a esa deuda". Roisenvitz explica que este giro para los mercados argentinos tendrá un impacto indirecto en la acumulación de reservas, muy importantes en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que este año le otorgó al país un préstamo por 20.000 millones de dólares.  "Si Argentina vuelve a los mercados internacionales de financiación, no tendrá que hacer frente a los vencimientos de corto plazo con reservas, sino que podrá renovar esa deuda y además si las ofertas de endeudamiento de Argentina son bien recibidas por el mercado, va a refinanciar esa deuda de corto plazo a unas tasas más largas y más competitivas. Eso hace que no solo mejore el perfil de la deuda, sino que también mejore la cuenta corriente financiera, en términos de no tener que utilizar reservas para el pago de los vencimientos de deuda. Eso es sin dudas una muy buena noticia." Aunque algunos celebran que estos bonos se emitan bajo ley local como un primer paso para el retorno a los mercados, también hay que destacar si se presentara alguna anomalía, los acreedores deberán acudir a la justicia argentina que algunos analistas consideran con menos garantías que los tribunales extranjeros. 

Ingresamos a Villa Hermosa, una de las zonas más azotadas por la violencia en San Miguel Petapa, a escasos 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Es un barrio donde, por 10 años, las pandillas han ejercido un control implacable, apoderándose de las propiedades y desplazando a sus habitantes, quienes huyen para no ser asesinados. En Villa Hermosa, logramos contactar a una vecina del sector que sobrevive vendiendo ropa y zapatos usados. Por su seguridad y petición expresa, mantendremos su identidad en reserva. “Dejan las casas abandonadas” “Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron, porque dijeron que sí, habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, cuenta la mujer de 65 años que vive en este sector de Villa Hermosa desde hace 38 años, pero asegura que los últimos 10 años la delincuencia aumentó exponencialmente. “Pónganle, pónganle que ellos se dedican a extorsionar, los mareros, extorsionar, roban las baterías de los carros”, dice. “Fíjese que ahí lo que hemos oído es que los dueños ya no pueden llegar porque los amenazan y todo. Ya dejan ahí las casitas abandonadas”, prosigue. “Porque aquí era bien tranquilo (…) Pero siempre, mire, ahorita con el temor de que viene la Navidad, va uno a comprar con aquel temor de que le quiten a uno cualquier cosa, los centavitos, cuando uno va a comprar”, afirma. Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se fue del lugar hace años debido a la delincuencia, cuenta su experiencia. Ella también prefiere mantenerse en el anonimato: “Los que estamos más vulnerables acá somos los que vivimos a diario la inseguridad total, tanto del Ministerio de Gobernación, del mismo Gobierno y de todas las instituciones del Estado, que serían los obligados y encargados de velar por la ciudadanía, no lo hacen, porque ellos son parte de eso también”, considera. “Transformadas en bases de operaciones” “Abandonar el hogar, como opción ante amenazas de muerte. En esos casos específicos, es mucho más fácil apropiarse de esas casas que quedan en abandono. El principal mecanismo que facilita esa usurpación es esa coacción económica que se ejerce contra la población. Económica, violenta. Las viviendas afectadas se encuentran en la mayoría de los casos en zonas marginales, marginalidad social, que por definición ya tienen limitado acceso a servicios básicos e incluso a la justicia formal, debido a esta idea de criminalización de la pobreza”, explica a RFI Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia. “Esas casas que están ubicadas en zonas de alta densidad, como la zona 18, Mixco, Villanueva, son transformadas casi siempre en bases de operaciones, en puntos de distribución para narcotraficantes, o centros de planificación para extorsiones. Entonces, al controlar esos espacios se refuerza como la gobernanza criminal. Ahí se imponen reglas, se limita la acción policial y eso es fundamental para mantener ese flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y también ese territorio criminal”, analiza. “Actualmente la tasa nacional en Guatemala es mucho menor, es de 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, la respuesta institucional a ese contexto de violencia ha sido, por lo general, por lo menos en la actualidad, la gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez. La impunidad y la falta de Estado de derecho La fuga de 20 reos causó en la población una alarma y un miedo generalizado. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias por las pandillas. Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán. En dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha. Según medios locales que viralizaron esta información en las últimas semanas, hay 13 mil denuncias por usurpación en el país. En ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad. Según Astrid Escobedo, especialista en democracia y violencia, “las mayores causas de esto es por la falta de Estado de derecho y la falta de control, además porque los políticos se dejaron comprar por los delincuentes, son los que los eligen entonces no hay quien pueda combatirlos”. “La gente sale de su país por la violencia y están los que deben huir con sus hijos principalmente adolescentes, y si no huyen los grupos del narcotráfico los están reclutando y si no quieren ser parte de las estructuras criminales los matan”, subraya. Las estructuras criminales siguen operando a nivel nacional sin ningún problema porque las condiciones las mantienen bien fortalecidas desde hace décadas, como también la usurpación de viviendas que se ha normalizado. El objetivo final de este control territorial es mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen tanto a la estructura criminal como al territorio criminal que han establecido, según expertos.

El Congreso chileno aprobó una ley que impedirá a los estudiantes llevar teléfonos móviles a las aulas desde marzo de 2026. La medida busca mejorar la concentración y la convivencia. Numerosos chilenos esperan que esta ley se convierta en un arma para luchar contra el acoso escolar (bullying) y las denuncias públicas (funas), dice el sociólogo Octavio Avendaño. Los estudiantes chilenos no podrán ingresar teléfonos celulares a las aulas a partir de marzo próximo. El Congreso aprobó una ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios con el objetivo de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar. La norma regirá en todos los establecimientos públicos y privados. Según los promotores de la ley, la meta es fortalecer "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los estudiantes. Combatir el acoso escolar es otro de los objetivos que cuenta con amplio consenso, explica Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Padres y profesores esperaban la medida "Existía una opinión compartida sobre la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas, entre otras cosas porque no solo podían alterar el proceso educativo, sino también facilitar situaciones como funas [denuncias públicas] en redes sociales y hostigamientos entre estudiantes que se acercan a la adolescencia. Es una medida esperada por los padres y por la comunidad educativa en general", señala Avendaño. Otro factor clave es el control parental frente a contenidos inapropiados para los más pequeños. "El acceso a información o material indebido, como la pornografía, es un problema que va más allá del proceso educativo. La regulación busca dar herramientas para limitar contenidos en espacios donde los padres no tienen el control directo", añade. Chile y Brasil se han mostrado pioneros en este tipo de regulaciones. Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá la ausencia de teléfonos móviles en los estudiantes, especialmente en sus comportamientos sociales.

Aunque las cifras oficiales en Argentina muestran una baja en la pobreza a nivel nacional, esa mejora no se distribuye de manera uniforme. Barrios como Villa Fiorito siguen enfrentando condiciones precarias. En ese emblemático barrio las familias continúan apelando a distintas estrategias de supervivencia —venta callejera, reciclaje, trabajos informales, uso de ahorros, préstamos— para llegar a fin de mes. Un reportaje de Natalio Cosoy, corresponsal de RFI en Buenos Aires. En el último año y medio, la pobreza en Argentina bajó 10 puntos: del 41,7% al 31,6%. La inflación se desaceleró de más del 200% anual hasta ubicarse en torno al 30% y la desocupación está por debajo del 8%. Sin embargo, esas mejoras no necesariamente se traducen en un alivio para la economía cotidiana de los hogares. El marcado aumento de los gastos fijos —desde los servicios básicos hasta el transporte— dificulta que los ingresos alcancen y obliga a muchos a buscar alternativas para reforzar su presupuesto. No son estrategias nuevas, pero se intensifican cuando los ingresos básicos resultan insuficientes, algo que se nota especialmente en los sectores más pobres. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra que hoy casi cuatro de cada diez hogares utilizan ahorros para subsistir, cuando en 2003 eran menos de dos de cada diez. El estudio también indica que algo más del 14% de los hogares recurre a préstamos, la cifra más alta desde 2019. Otra estrategia recurrente es sumar la venta callejera. Así ocurre, por ejemplo, en Villa Fiorito, un barrio que limita con el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, murales de Diego Armando Maradona sirven de telón de fondo a la feria callejera que cada domingo se despliega a lo largo de unos dos kilómetros. Hay vendedores de mayor escala, que ofrecen productos nuevos, y también los llamados “manteros” [recicladores], que extienden una manta en el piso con objetos recolectados en la calle, encontrados en la basura, recibidos como regalo o recuperados de sus propias casas. "Desde que encuentro la basura, lo reciclado, en cualquier lado, lo lavo y lo traigo. Le pongo un precio, así, tres por dos mil, o cuanto me quiera dar", dice Celeste, de 24 años. Durante la semana busca objetos para vender en la feria, pero los ingresos apenas le alcanzan. "Para un día, para la comida, porque a veces no se gana mucho. A veces yo, en la mañana, hago cinco mil pesos, nada." Cinco mil pesos equivalen a unos 3 dólares y medio. El alquiler de la vivienda que Celeste comparte con su pareja y sus tres hijos pequeños ronda los 200 dólares mensuales. "Manteros digitales" "Desde hace varios años para acá la situación económica familiar viene en declive", señala Matías Mora Cáceres, politólogo y residente en Fiorito desde 2002. "A las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes en estos últimos tiempos; incluso está costando llegar a mitad de mes, y por eso construyen distintas estrategias o alternativas para generar ingresos." Entre esas estrategias, Mora Cáceres detectó en los últimos años una nueva actividad: la de los "manteros digitales". "Se empiezan a utilizar las redes sociales y las distintas aplicaciones para generar unos pesos extra, en complemento al trabajo que ya tiene cada familia. Utilizan el tiempo de ocio, de descanso, el tiempo familiar, para generar plata y poder subsistir." Ese es el caso de Paola. "Le muestro cómo funciona por WhatsApp, que es por donde más se vende… Aquí la persona me hace el pedido; le pregunto por los colores…", explica desde su casa, donde desarrolla un pequeño negocio de venta de cosméticos a través de redes sociales. Aunque su emprendimiento funciona, si bien tiene altibajos, Paola no ve un horizonte claro. “Yo lo que veo acá en mi barrio, lo que veo en la escuela de mis hijas, es que vamos viviendo el día a día. No podemos proyectar al mes que viene porque no sabés si cobrás.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ilustra la "contradicción total" en la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump, según el analista político Óscar Chacón. Por un lado, indulta y libera a Hernández, condenado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos, mientras que, por otro, no presenta pruebas sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico y, en cambio, lo amenaza con una intervención militar. Hernández obtuvo el indulto de Trump a pesar de estar cumpliendo una condena por tráfico de drogas y armas. "Huele a corrupción", declaró a RFI James Caravallo, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor en la Universidad de Yale. "Este tipo de indulto es algo bastante excepcional. Casi nunca ocurre con personas sentenciadas por narcotráfico. Hernández acababa de ser condenado a una pena considerable, aparentemente merecida por las pruebas contundentes en su contra. Su hermano también había sido condenado por el mismo delito. El indulto es bastante excepcional y huele a corrupción; huele a una compra, a una transacción, como tantas otras cosas que hace este gobierno", afirmó. Trump: benevolente con Hernández, duro con Maduro  Óscar Chacón, analista político y asesor estratégico de Alianza Américas, también considera que ese indulto representa una contradicción total en la política de lucha contra el narcotráfico que Trump asegura llevar a cabo en el Caribe. "Por un lado, hay toda una narrativa que busca crear la imagen de Maduro como un jefe de Estado que lidera una organización narcoterrorista, sin que hasta el día de hoy se hayan presentado pruebas contundentes de ello. Al mismo tiempo, se libera en Estados Unidos a una persona que fue jefe de Estado en Honduras y sobre la cual existe una cantidad monumental de pruebas que demuestran que, efectivamente, introdujo enormes cantidades de cocaína en Estados Unidos mediante acciones criminales. La incongruencia entre estas dos maneras de proceder deja a cualquier observador con la boca abierta. Todos los argumentos en contra de Maduro se derrumban". Para Caravallo, los poderes del presidente en Estados Unidos, con Trump y la mayoría republicana en el Congreso, parecen hoy sin límites. "Lo que no se puede hacer, porque es ilegal, es conceder un indulto a cambio de algún tipo de favor. No se puede comprar un indulto. Si se comprobara que hubo algún tipo de transacción en ese sentido, Trump podría ser procesado". El argumento de Trump para indultar a Hernández fue que había sido víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden, ignorando la sentencia de 2024 de un juzgado de Nueva York, que, entre otras cosas, afirma que Hernández había convertido Honduras en un narcoestado.

Este 30 de noviembre tuvieron lugar en Honduras unas reñidas elecciones de las que se desconoce por el momento el ganador. Según los analistas, la irrupción de Donald Trump en la campaña ha tenido consecuencias sobre el resultado. Hace dos semanas las encuestas previas a los comicios hondureños situaban en tercer lugar al conservador Tito Asfura, pero un par de mensajes escritos por Donald Trump en redes sociales a menos de 72 horas de que se abriesen las urnas marcaron el resultado de las elecciones. Rechazo al oficialismo Es el factor clave en el que coinciden la mayoría de los analistas tras la resaca electoral, como señala a RFI el sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Eugenio Sosa: “Los mensajes de Donald Trump han influido, han contribuido, diría yo, para ser menos contundente, responsablemente y analíticamente. La principal fuerza de polos que se rechazaban era el oficialismo versus los dos partidos. Entonces había un electorado que apostaba obviamente, probablemente con Nasralla o con Tito, pero que, en todo caso, más o menos lo que quería es que uno de los dos ganara y no el oficialismo. Entonces, probablemente al ver el mensaje de Trump, efectivamente muchos votos de Nasralla, que también eran anti oficialistas, se prefirieron mover hacia Asfura”, analiza. El viernes, Trump acompañó su respaldo a Asfura con el anuncio de que Estados Unidos indultaría a Juan Orlando Hernández, ex presidente del Partido Nacional, condenado por un tribunal de Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. Un hecho que celebró la ex primera dama, Ana García de Hernández: “Usted, presidente Trump, ha hecho justicia. Usted que también pasó por un momento de persecución, como ha pasado mi esposo. Hoy usted ha hecho justicia a un inocente”, expresó. ¿Y si gana Nasralla? A pesar de que Asfura encabezaba el conteo de votos por una mínima ventaja tras superar el 50% del escrutinio, Nasralla se declaró ganador proyectado. De ser este último el vencedor, ¿cómo serían las relaciones con Estados Unidos? “Si Nasralla resultara ser el ganador, tendrá que afinar toda su batería diplomática, que la tiene, porque al final la facción del Partido Liberal que lo acuerpa es lo que se podría llamar la derecha del antiguo Partido Liberal. Asfura tendría que hacer algo parecido porque tampoco significa que por ello está a merced y tiene que hacer lo que Trump le diga”, explica Miguel Calix Martínez, politólogo en la UNAH. “Igual los posts de Trump tuvieron un doble efecto: primero lo acercan mucho y luego lo alejan, porque revive el fantasma de Juan Orlando Hernández, que es un tema que divide la población hondureña. Si el resultado final fuera Nasralla, tendrá que aprender a trabajar con él, con la ventaja de que Nasralla no es contrario a la ideología de Trump y todo lo contrario, más bien él es de derechas”, subraya. Al cierre de esta nota, el Consejo Nacional Electoral de Honduras suspendía el conteo preliminar cuando el escrutinio estaba al 57% y mostraba un empate técnico entre Asfura y Nasralla, separados por apenas 515 votos.

A pesar de contar con acceso universal a terapias antivirales y avances científicos significativos, la epidemia de VIH en Argentina se encuentra estancada. El director de Fundación Huésped, Leandro Cahn, analizó la situación sanitaria del país, revelando cifras preocupantes: cada año se registran más de 6.000 nuevos casos y casi la mitad de los diagnósticos llegan tarde, con el sistema inmunológico del paciente ya deteriorado. En Argentina, viven 140.000 personas con VIH, según datos recientes del Ministerio de Salud. "En Argentina tenemos una epidemia que se encuentra estable, por un lado, con una cantidad de casos que no crece ni decrece sustancialmente a lo largo de los años, pero con un país que tiene una un acceso universal a la terapia antiviral y a las estrategias preventivas, deberíamos estar viendo un decrecimiento de los casos", explica Leandro Cahn. El 45% de los nuevos casos están en un estado avanzado "Sin embargo, todos los años en Argentina tenemos más de 6.000 nuevos casos y un tema que nos preocupa especialmente es que el 45% de los nuevos diagnósticos se da en personas con un estado avanzado de la infección, es decir, cuando ya tienen su sistema inmunológico deteriorado", lamenta el especialista.  Leandro Cahn advierte sobre el impacto del recorte en la distribución de preservativos por parte del Gobierno nacional, la falta de campañas y una tendencia creciente al no uso de protección entre los jóvenes. Los contagios de las enfermedades de transmisión sexual entre lo jóvenes creció más del 20%. Cahn lo atribuye a la falta de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y a "una caída en la cantidad de preservativos y campañas de prevención por parte del Gobierno nacional".   Los jóvenes ya no usan preservativo "Sumado a un fenómeno que no es exclusivo de Argentina, pero que aquí también se observa de cierta moda en no usar preservativos en las relaciones sexuales producto de que los avances científicos han ido corriendo el VIH de las prioridades de cuidado de la salud y embarazos no intencionales de los jóvenes", afirma Cahn. Los argentinos le llaman "a pelo" a esta moda de no utilizar el condón. Sólo el 17% de los jóvenes lo estaría usando constantement.   "Si bien es cierto que que los tratamientos han realmente cambiado la historia natural de la infección, el mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de ser VIH negativo", advierte.  Fundación Huésped realiza operativos comunitarios de test y hace un llamado urgente a la dirigencia política para que el VIH vuelva a ser prioridad en la agenda pública y se destinen recursos adecuados para prevención, diagnóstico y tratamiento.

Tres candidatos se disputan la Presidencia de Honduras este 30 de noviembre: Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Tito Asfura. El politólogo hondureño Sergio Vélez nos ayuda para trazar las fortalezas y debilidades de los tres.   Por Carlos Herranz, desde Tegucigalpa La candidata oficialista del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, es la opción de una izquierda que llegó para poner fin al bipartidismo, pero que ha caído en muchas de las inercias de sus antecesores. Moncada, un carácter fuerte que podría jugar en su contra “Rixi Moncada es una persona que tiene el conocimiento claro de la gestión de gobierno que han estado realizando. Tiene un respaldo muy fuerte por parte de la militancia de Libre. Se le ha reconocido como la gran lideresa. Es de un carácter fuerte, tiene un temple que ha llevado a saber de que es una persona de armas tomar”, explica a RFI el politólogo hondureño Sergio Vélez. Sin embargo, aunque esto puede ser “una gran fortaleza”, también podría ser “su propia debilidad, porque ante otros esa dureza que ha expresado de manera externa ha generado poca empatía con otros sectores que pueden ser de interés dentro del electorado”. Nasralla, el showman que no convence a todos Por parte del Partido Liberal está Salvador Nasralla, un showman populista que ya pactó con la izquierda hasta que su coalición explotó, y al que se suele culpar de dar bandazos ideológicos para llegar al poder. “Salvador Nasralla, bajo el criterio propio, es una persona muy carismática. Viene de un aspecto del showman, donde él sabe cómo manipular audiencias, cómo decir lo que la gente quiere escuchar”, subraya Vélez. Pero, estima el politólogo, “también se vuelve en un aspecto una desventaja. ¿Por qué? Porque para muchos, es un criterio bastante superficial, más por el hecho de que hoy puede decirte algo y mañana cambia toda la temática y cambia toda la idea, no termina de cuajar con la idea de estadista que se está esperando de alguien que va a tener la primera silla del país”. Asfura, el heredero Tito Asfura, el empresario conservador al que Donald Trump ha dado su bendición, remodeló muchas infraestructuras como alcalde de Tegucigalpa, un activo que se contrapone al lastre de haber heredado las riendas del Partido Nacional, el mismo del expresidente condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. “Asfura es una persona más reservada. Le gusta trabajar más que estar en cámara. Puede que por eso se le acuse que sea un poco parco. Vamos a la circunstancia de que él entra bajo un criterio y una sombra que no es de él. Y fue lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ex presidente del país”, recalca Sergio Vélez. Las acusaciones de fraude reavivan los fantasmas de la noche electoral de 2017, cuando tras un apagón de energía, los nuevos resultados encumbraron al presidente Juan Orlando Hernández hacia una reelección, acompañado de un estallido social en el que murieron al menos 23 personas, según la ONU.

Venezuela ha decidido retirar los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con Estados Unidos. El resultado de esta disputa tiene un alto impacto en la movilidad, en víspera de las fiestas navideñas. Las compañías española Iberia, portuguesa TAP, colombiana Avianca, brasileño-chilena Latam, brasileña GOL y Turkish Airlines se han visto retirar por Venezuela sus permisos para volar. Caracas les acusa de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos. “Quedarían solamente aerolíneas locales” La decisión puede afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, los que suman las seis aerolíneas, que representan el 40 % del tráfico internacional. Iberia, por ejemplo, es el principal enlace directo entre Venezuela y Europa: en lo que va del año, ha movilizado a 82.000 pasajeros.  La suspensión de los vuelos tiene un gran impacto en la región, pues afecta también las rutas con otros países y deja sin alternativa a los pasajeros, como explica Guillermo de Armas, abogado venezolano experto en aeronáutica: “El impacto inicial de esta decisión tiene que ver con más de 30 frecuencias que se estarían afectando semanalmente en Venezuela por las operaciones que implican estas aerolíneas”, indica. Entonces, “quedarían solamente aerolíneas locales, y ninguna de ellas estaría habilitada para volar hacia el espacio aéreo europeo por el tema de equipos, porque como operan con equipos alquilados, no tienen capacidad. Entonces el pasajero que está siendo afectado para la ruta a Europa quedaría varado”, subraya De Armas. “Lo que está haciendo Venezuela es autoperjudicarse” Esto sucede en medio del despliegue estadounidense en la zona, en operaciones contra el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos instó a las compañías que operan en el espacio aéreo venezolano y el Caribe a extremar las precauciones porque no se dan las condiciones de seguridad. “No es voluntario que las compañías aéreas no quieran volar a Venezuela. Lo que no quieren es arriesgarse, ni arriesgar su seguridad ni la seguridad de los pasajeros. Los precios se van a incrementar, las dificultades van a ser aún mayores porque se ha perdido un porcentaje de plazas aéreas notable revocando los permisos. Pero lo que está haciendo Venezuela es autoperjudicarse, porque prácticamente no tiene opciones para salir al exterior ni opciones para salir a Europa en vuelos directos”, analiza Javier Ortega, consultor aeronáutico. Todo esto sucede en uno de los momentos de mayor actividad, por la cercanía de las fiestas navideñas: “Siendo el inicio de la temporada alta, representaría un incremento de lo que es el precio por el tema de la ley de oferta y demanda. Entonces simplemente la Navidad de mucha gente en Venezuela, tanto los que viven adentro como los que están afuera, se ve imposibilitada, ya sea para visitar a los familiares, para hacer negocios o simplemente una vacación”, recalca De Armas. Las compañías afectadas dicen que reanudarán las operaciones en cuanto puedan, si Caracas no lo impide.

Es el tercer país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, con 3,4 millones de personas. Un estudio revela que la población está estancada, lo que tendrá pronto un impacto en el mercado de trabajo y obligará a cambiar las políticas públicas a medio plazo. La población de Uruguay se ha estancado. Cada vez nacen menos niños en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de América latina. Esta tendencia demográfica tendrá un impacto en el mercado laboral, según un estudio realizado por la consultora uruguaye Exante. “Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Tiene una demografía que se le parece bastante a la de los países europeos, en el sentido de que ha tenido históricamente tasas de natalidad mucho más bajas que las que se observaban en América latina”, explica Pablo Roselli, uno de los economistas que ha realizado el informe. “La población total del país alcanzó un pico en el 2020 y desde entonces presenta una tendencia levemente declinante; la población en edad de trabajar también va a empezar a bajar”, agrega. Esto supone una serie de desafíos para los poderes públicos, pues el mercado laboral estará formado por trabajadores cada vez más mayores y habrá cada vez menos jóvenes. Además, falta también mano de obra inmigrante: “Uruguay históricamente era un país de saldo migratorio negativo. Actualmente estamos con un saldo migratorio prácticamente nulo uruguaya. Uruguay atrae a inmigrantes. En los últimos 10 años vinieron unos 65.000 inmigrantes, desde Venezuela, Cuba y Argentina, pero también hay uruguayos que salen al exterior. Ciertamente, Uruguay debe tratar de cambiar el signo al saldo migratorio, que es ligeramente negativo actualmente y debería tratar de atraer talento calificado”. El envejecimiento de la población traerá también importantes cambios en el consumo, como explica Pablo Rosselli. “Lógicamente, en la medida que el país continúe creciendo, el consumo va a subir en todos los sectores de la economía, pero en términos de composición o de sesgos de las decisiones de consumo, a medida que la población envejece, lógicamente lo más obvio es que aumente la demanda de servicios de salud y se reduce la demanda de servicios de educación. Eso es trivial, pero también es cierto que aumentan, por ejemplo, las demandas de alimentación saludable, de servicios y productos para el hogar. Las personas, a medida que envejecen, salen menos de su hogar, pero demandan más confort dentro del del hogar y esas son tendencias que seguramente vamos a ir observando en Uruguay como se hace tan observando en los países desarrollados, donde esta transición demográfica viene bastante adelantada”. Uruguay es uno de los países con la tasa de desempleo estructural más alta, del 7%.  Hoy, los mayores de 50 ya representan algo más de la cuarta parte de las horas trabajadas en la economía.

La violencia es uno de los principales problemas que afronta Honduras, no solo durante el proceso electoral. Nuestro enviado especial ha entrevistado al comandante Rolando Ponce para hablar de la lucha contra las maras y el actual estado de emergencia implantado en el país.  De nuestro enviado especial a San Pedro Sule, Carlos Herranz. Durante años, el comandante Rolando Ponce tuvo la difícil tarea de ser el jefe de policía de la ciudad más peligrosa del mundo. Con una tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes, llegó a desbancar a Ciudad Juárez en México como capital mundial de las muertes violentas. San Pedro Sula era el cruce explosivo entre corrupción local, narco internacional y pobreza extrema. Ahora, el estado de excepción implantado desde 2022 ha ayudado a bajar la tasa de homicidios, pero las maras siguen controlando importantes sectores, extorsionando a empresarios y, como sicarios, cobrando una media de 8.000 dólares por asesinato. El comandante Ponce atiende a RFI mientras prepara el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del próximo domingo con el objetivo de evitar muertes durante el escrutinio como ha ocurrido en citas pasadas. Afirma que sin haber llegado al modelo Bukele en el vecino El Salvador, han conseguido buenos resultados en la lucha contra las maras: "Hemos dado un sinnúmero de capturas a las maras y pandillas, como son los pandilleros de la 18 y los pandilleros de la Mara Salvatrucha, así como de la delincuencia común". "Quiero decirle que las dos maras son una amenaza, porque se dedican al sicariato. Ambas también se dedican a la extorsión, al pleito por venta de territorio de drogas. Sin embargo, tenemos controlado eso. A diario se están capturando jóvenes y se están remitiendo y estamos haciendo que el brazo de la justicia los abrace", prosigue. El estado de emergencia: ¿Recorta derechos o combate el crimen? ¿Ayuda el Estado de emergencia? ¿El hecho, por ejemplo, de poder allanar antes de las seis de la mañana y esas medidas que van acompañadas del Estado de Emergencia? "Quiero decirle que sí, porque cuando nosotros hacemos un allanamiento que es coordinado con el Ministerio Público, que lo solicita al poder juzgador, que es el juzgado, tarda un poco. El estado de excepción es una herramienta que ha venido a apoyar al Estado", responde.  En cuanto a las quejas por violación de derechos, el comandante Ponce prosigue: "Muchos litigantes, muchos abogados dicen que es inconstitucional. Nosotros consideramos que es una de las herramientas que nos puede ayudar a controlar lo que es el crimen organizado". "¿Por qué? Nosotros tenemos la investigación o la vigilancia de que en determinado sector, en un edificio ingresaron personas con aspectos delictivos o violentos y si no tenemos el estado de excepción, tenemos que hacer todo el protocolo correspondiente de acuerdo a la norma que exige el Código procesal penal y es ahí donde huyen", concluye. La oposición critica el impacto limitado en los resultados contra el crimen del Estado de excepción, que entró en vigencia en 2022, durante el primer año de la administración de Xiomara Castro.

Uno de los desafíos que tendrá el proximo presidente o presidenta de Honduras será la violencia de las pandilleras. Lejos de soluciones como el despliegue de fuerzas del orden o el endurecimiento de condenas, el deporte empieza a presentarse como una herramienta de reintegración para los miembros de las pandillas. Reportaje de nuestro enviado especial.  De nuestro enviado especial a San Pedro Sula, Carlos Herranz. El deporte puede reconstruir el tejido social y, en el caso de los pandilleros, parece una estrategia fundamental que ya se implementa en varios barrios de San Pedro Sula desde hace años. Acudimos al complejo deportivo Majoncho Sosa. Luis Núñez pertenece a la asociación deportiva Corriendo hacia Jesús: "En vez de estar pensando en cosas así, están en el deporte. En las mañanas, en las tardes, viene gente a hacer sus ejercicios y anteriormente no lo hacían, por el temor a la violencia". El complejo deportivo está en la línea de separación entre el territorio que dominaba la Mara Salvatrucha y la 18, como cuenta Luis Núñez: "Prácticamente estamos en zona fronteriza. Lo que es el complejo está como zona fronteriza. Hacia un lado y hacia el otro. La 18 aquí al norte y aquí al lado sur, la Mara Salvatrucha. La iluminación ha sido un ejemplo. Ha ayudado bastante, porque por el sistema de iluminación, la gente se está hasta las nueve o las diez de la noche". El torneo Juvenil Intercomunitario pretende usar fútbol para quebrar el ciclo de la violencia, juntando jóvenes de colonias rivales en la misma cancha. Francisco Ferrera es periodista deportivo y ha estado al frente de varias iniciativas para acercar el fútbol a los pandilleros: "Hay muchos lugares donde a los muchachos de las diferentes ramas, la sociedad no los acepta. Siempre los tiene a un lado, los margina por la condición de mareros que tienen". "¿Qué es lo que hicimos en determinado momento? -prosigue-. Crear torneos entre muchachos de las mismas edades, representando a las iglesias, representando a las escuelas, los colegios, a diferentes partes de las comunidades, pero también integrarlos a ellos con un equipo propio, un equipo de la Mara 18 por ejemplo. Eso les permitía participar en igualdad de condiciones que el resto. Les buscábamos el uniforme, los balones para que participaran, y eso les hacía sentirse parte de la comunidad". Las instalaciones deportivas pueden ser una herramienta clave sobre todo en la prevención de que muchos adolescentes caigan en manos de las pandillas.

A poco más de dos semanas de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz anunció la eliminación de impuestos a los más ricos, una señal de que ya están en camino sus medidas liberales que contrastan con las políticas de tendencia socialista del MAS, el partido que gobernó ese país por dos décadas. Entre las decisiones se encuentra eliminar el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad, aseguran los especialistas, no aportaba mucho a las acarcas del país. El gobierno de Bolivia confirmó este martes que se enviarán tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para abrogar cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego, el impuesto a las promociones empresariales y el impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, la eliminación de este último no traería grandes cambios. Así lo dijo a RFI el analista económico Roger Mario López: "Fue un impuesto caprichoso, porque el impuesto era al patrimonio, lo cual es raro, porque regularmente la tasación suele ser al flujo, al ingreso". "Entonces fue controvertido. Luego está que el punto de corte al cual se cobraba el impuesto era bastante alto, con lo cual al final era muy poca gente la que terminaba siendo afectada por ese impuesto de las grandes fortunas. Y lo que al final del día pasaba también era que la gente prefería sacar su dinero del país y evitar pagarlo. Además, lo más importante era que realmente eran ingresos irrisorios para la recaudación pública", continúa. Impuestos que representan poca recaudación, según economistas En este sentido, los cuatro impuestos que el gobierno pretende eliminar apenas representan poco más del 1% de la recaudación fiscal. El analista precisó que las arcas del gobierno boliviano dependen principalmente del impuesto a las utilidades de las empresas y luego de las utilidades de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Aunque la eliminación de los cuatro impuestos se podría interpretar como una señal para atraer el capital extranjero, Roger Mario López considera que al gobierno le faltan más elementos: "Para que la inversión extranjera directa tenga esos efectos, regularmente se tiene que contar con un nivel de formación de habilidades en los trabajadores importante. Luego tiene que haber un sistema financiero que tenga la capacidad de movilizar la cantidad de recursos que las empresas necesitan". Argentina con Milei, hizo una reforma considerablemente más dura y más rápida de lo que el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo hasta ahora y la inversión extranjera directa tampoco llegó en las cantidades que ellos esperaban. El economista prosigue: "Todas esas son condiciones que en Bolivia no se cumplen todavía y va a ser difícil que la inversión extranjera llegue solamente por este impuesto. No sé si lo va a lograr". Nuestro invitado hace además algunas comparaciones: "Aquí tenemos el caso también de Argentina con Milei, que hizo una reforma considerablemente más dura y más rápida de lo que el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo hasta ahora y la inversión extranjera directa tampoco llegó en las cantidades que ellos esperaban, porque el inversor también dice: "si voy a invertir millones, en cuatro años, ¿qué más va a pasar? Me van a cambiar el gobierno de nuevo y voy a perder todo, me van a nacionalizar'". El presidente Rodrigo Paz aseguró que es importante eliminar el impuesto a las grandes fortunas porque esa medida, según él, ahuyentó más de 2.000 millones de dólares hacia países vecinos como Paraguay.