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México y Estados Unidos acordaron reactivar parcialmente un programa del gobierno de Donald Trump mediante el cual los migrantes deben esperar en territorio mexicano la respuesta a sus solicitudes de asilo en el país vecino. Organizaciones de ayudas a migrantes deploran la reanudación de esta policía. El presidente estadounidense Joe Biden y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador llegaron a un acuerdo este jueves para restablecer el programa "Quédate en México", impulsado por la administración Trump, que el mandatario demócrata había derogado y que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país obligó a reactivarlo tras una demanda de los estados conservadores de Texas y Misuri. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice haber aceptado que se restablezca el programa Quédate en México por "razones humanitarias". Por cierto tiempo dejará de devolver a sus países de origen a los migrantes que tengan cita con un juez migratorio estadounidense mientras tramitan su solicitud. Mientras tanto, garantizará lo que ha llamado "refugios seguros disponibles", algo que ha dejado escépticos a defensores de derechos de migrantes como Roberto Villanueva, integrante de la agrupación Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “El problema va a continuar con estos espacios con poca dignidad en las diferentes garitas”, estima. “En realidad quienes están cubriendo [el problema] son las organizaciones internacionales, quienes, a partir de sus fondos, a veces inclusive contratan hoteles y espacios porque las personas deben permanecer en el ciudades fronterizas sin ninguna garantía de que las autoridades les cubran las necesidades básicas. Están expuestas a disparos de graves violaciones de derechos humanos que continúan. Pueden ser víctimas de la delincuencia organizada”, subraya. 'Falla del sistema de cooperación internacional' Biden dice querer intentar reformar este programa legado por la administración Trump. Desde México, la reacción es amarga. “Lamentablemente, y esto es algo que siempre ha sido una falla del sistema de cooperación internacional, es que la ayuda esté sujeta al tema de la condicionalidad. Se solicita que se vuelva a implementar este programa, y a vez una inversión por parte de USAID para un programa presidencial que lamentablemente en México no ha ido a ningún lado. Estados Unidos dice ‘sí, pero sigue accediendo al programa “Quédate en México” y además dame las cifras oficiales de seguridad que no me has dado para seguir teniendo información privilegiada respecto al crimen organizado, de seguridad, con el tema de las armas, etcétera'”, apunta Roberto Villanueva. Se espera que a partir del lunes, los migrantes vuelvan a ser regresados a México.  México, que por años rechazó recibir de regreso a migrantes, aceptó las políticas de Trump luego de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018.  Decenas de miles de migrantes fueron devueltos a México conforme a esta política, saturando los albergues en distintas ciudades fronterizas y obligando a algunos a improvisar campamentos cerca de los puentes internacionales. El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, se ha incrementado en el último año con más de 190.000 que han sido detectados por las autoridades mexicanas entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020. Unos 74.300 han sido deportados.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles 1 de diciembre una visita a Ecuador para analizar la situación carcelaria del país, donde más de 300 presos han muerto en lo que va del año, informó la cancillería. La CIDH anunció su visita a Ecuador tras la última matanza en la penitenciaría Guayas 1, donde 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.La visita se extenderá hasta el viernes e incluye un recorrido por cuatro cárceles de las ciudades de Quito, Guayaquil y Latacunga. Los motines y masacres en las cárceles ecuatorianas acumulan más de 300 muertos en lo que va de 2021. “Nosotros hemos venido registrando este largo episodio que inició a principios del 2018 con un ascenso del número de homicidios por causas violentas en la Penitenciaría del Litoral, como se la conoce acá en Guayaquil”, dice a RFI Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil. “Estamos bastante alarmados por la incapacidad ya evidente confesada por parte de las autoridades de este gobierno, pero también pensando en adjudicar responsabilidades al anterior gobierno para detener esto que ya estaba anunciado.” Ecuador enfrenta un problema de violencia y una sobrepoblación del 30% en las cárceles del país. Las prisiones tienen capacidad para unas 30.000 personas. Sin embargo, en ellas habitan unos 39.000 presos, 15.000 de ellos sin una sentencia. La ONG acusa a los gobiernos de descuidar intencionalmente la situación de los reos. “Fue proliferando el caos y especialmente la acción de estos grupos violentos que mantienen en condición de rehén al resto de la población carcelaria que sufre de manera constante la extorsión con un mecanismo de poder paralelo muy lucrativo”, dice Navarrete. “La impunidad campea. No se investigan estas masacres ocurridas en el 2018. Nosotros hemos señalado públicamente hechos de complicidad por parte de cuerpos de seguridad que han sido cooptados por la mafia y la vigencia de una "necro política" en la cual el gobierno decide quién vive o no.” El lunes el gobierno extendió por otros 30 días el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros carcelarios. Con AFP

Este miércoles se celebra el Día Mundial del Sida. Una fecha en la que recordar que, aunque sí hay tratamientos eficaces para mantener a raya la infección, no hay todavía una vacuna que la prevenga. RFI entrevistó a un participante en un ensayo clínico para desarrollar una futura vacuna contra el VIH.   La comunidad científica encontró en un tiempo récord varias vacunas para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, el VIH lleva más 40 años haciendo estragos, y todavía no hay rastro de una vacuna viable. ¿Cómo se explica esa diferencia? Para empezar, la propia naturaleza del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, que es difícil de neutralizar. Mientras que una infección de SARS-CoV2 (el virus del covid-19) se cura en la mayoría de los casos de forma natural, y se adquiere al mismo tiempo inmunidad, no sucede lo mismo con el VIH, que muta sin cesar, haciendo difícil la aparición de la inmunidad.   En la actualidad hay una decena de vacunas que están siendo estudiadas. Entre ellas, un fármaco elaborado por el laboratorio Moderna a partir de la tecnología del ARN mensajero, el método innovador que fue el origen del gran éxito de su vacuna contra la covid.  Nicolás Ávila tiene 28 años y vive en Buenos Aires. Es uno de los 500 argentinos que han decidido volverse voluntarios del ensayo clínico Mosaico, impulsado por la farmacéutica Janssen en Estados Unidos, pero que se está probando en ocho países.    “Buscan personas que tengan entre 18 y 60 años que sean VIH negativo y que sean hombres o personas de la comunidad trans que tengan relaciones sexuales con hombres o personas de la comunidad trans”, apunta Nicolás.  Lo que aquí se está probando es una vacuna preventiva. El ensayo es doble ciego. Los participantes no saben si tienen el fármaco o un placebo, tienen citas y controles médicos frecuentes en hospitales y los voluntarios siguen cuidándose en sus relaciones con protección habitual. Desde junio pasado, Nicolas recibió ya sus primeras 3 dosis - en junio, septiembre y noviembre del 2021.   “Me enteré del estudio por medio de redes sociales. Salió una publicidad en la cual estaban buscando voluntarios e inmediatamente me anoté. Después, haciendo un poco más introspección, también tiene que ver con el hecho de poder prestarle el cuerpo a la ciencia para que avance en algo como el VIH”, reflexiona el joven argentino. “Los primeros casos datan de hace más de cuarenta años. En todos estos años hubo mucha incertidumbre, se dijeron muchas cosas, también muchas falsas creencias. Me parecía que era una herramienta válida para poder entrar en esos debates. En mi familia hay una persona que está infectada con VIH y he podido charlar con esa persona. También en la comunidad LGBT hay una estigma muy grande respecto al VIH. Poder desmitificar y poder lograr un avance desde la ciencia me parece clave”.  Nicolás era aún muy joven en la época más mortífera de la epidemia, en los años 90 y 2000. Pero ese espectro está muy presente en los jóvenes del 2021.  “Hoy por hoy, todos hemos visto algún documental o alguna película y pudimos quizás dimensionar un poco lo que se vivió en este momento. Por un lado, desmitificar de que no es un monstruo, que es un virus. Hoy por hoy las personas que viven con VIH tienen una vida súper distinta de lo que era en su momento”, argumenta Nicolás. “Por eso también la importancia del testeo. Creo que hoy los jóvenes tenemos un poco más incorporado la importancia del cuidado, la importancia del testeo. Yo me hago un test por lo menos una vez al año de enfermedades de trasmisión sexual porque lo tengo incorporado. Me parece que también hay un cambio de paradigma, pero nunca es suficiente y por eso es que siempre tenemos que seguir luchando”.  Con AFP. 

Las acciones de la aerolínea LATAM se desplomaron este lunes en la bolsa de Santiago de Chile, tras la presentación de un plan de reorganización de la empresa, legalmente en quiebra desde 2020. La compañía lleva meses negociando con sus acreedores y principales accionistas.   LATAM, una de las principales aerolíneas de América Latina, se ha visto muy afectada por la pandemia de coronavirus. En 2020 se declaró en quiebra ante un tribunal de Nueva York, acogiéndose al llamado Capítulo 11 estadounidense, y empezó su largo camino hacia la reestructuración de su multimillonaria deuda. Este lunes presento un plan de reorganización que consiste en inyectar 8,190 millones de dólares e incluye una combinación de aumento de capital, bonos convertibles y deuda.  Es un buen plan según el economista de la universidad del Desarrollo, Cristián Echeverría. “Es un plan razonable, aunque quizá no es el momento óptimo. Quizá habría sido mejor hacerlo a principios de este año, porque ahora las tasas de interés han subido y las condiciones financieras se han estrechado”.   Desde el punto de vista operacional, LATAM sigue siendo “una empresa fiable”, según Echeverría. “Por eso es que siguen confiando en ella los inversionistas, que compran bonos de la empresa y eventualmente acciones en las nuevas emisiones que vengan. Es una empresa viable, tanto del lado de los pasajeros como de la carga. Es grande, tiene reputación y credibilidad. Hay lealtad de clientes”.  Sin embargo, según señala el economista la universidad del Desarrollo, el costo financiero de dos años de pandemia no permitía a la empresa resistir, porque sus ingresos estaban muy ajustados con sus pagos y sus gastos, y no pudo hacer frente a la falta de fuente de ingresos durante meses.   Este plan de reestructuración incluye una dilución del capital accionario actual del 99.9%, lo que llevó al desplome del valor de Latam en la bolsa chilena. Una caída de 45,4% a 512 pesos por acción (0,6 dólares), su nivel más bajo desde abril de 1999. ¿Qué podria pasar en Chile si no funcionara el plan de reorganización de LATAM? Para Cristián Echeverría, las consecuencias serían muy importantes, tanto del lado de los pasajeros como de la mercancía. “Latam tiene bastante cobertura en los vuelos domésticos [chilenos]. Si le fuera mal, tomaría bastante tiempo antes de que ese espacio económico fuera ocupado por sus competidores.  Adicionalmente la parte de cargo es importante. Especialmente para las exportaciones de productos frescos, como nuestro salmón. No aparecen de un día para otro aviones con toda la cadena de frío para poder entregar en 48 horas salmón fresco en Nueva York. Generaría algunos problemas, que se añadirían a los que ya existen con la cadena logística mundial y por la que se están viendo afectados muchos importadores y exportadores en Chile”.   Un tribunal estadounidense debe aprobar ahora este plan de reorganización financiera, en una audiencia que se llevaría a cabo en enero próximo. De ser aprobado, se espera que dos meses después se realice una "audiencia de confirmación", el último paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos.  Tras salir de esa etapa, la firma tendría una deuda total de aproximadamente 7.260 millones de dólares y una liquidez de unos 2.670 millones.  La compañía aérea sostiene que se trata de "un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada" en un periodo de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones.  Con AFP.

Los hondureños acudieron este domingo a las urnas con una alta tasa de participación. Los resultados provisionales dan a la candidata opositora Xiomara Castro ganadora de los comicios presidenciales. ¿Qué revela esta elección del hartazgo de la población en Honduras? RFI conversó con Joaquín Mejía, investigador especializado en Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) - SJ, una organización jesuita en Honduras. RFI: El triunfo de Xiomara Castro, esposa del derrocado Manuel Zelaya en el golpe militar de 2009, en las elecciones del 28 de noviembre parece ser irreversible. ¿Cómo interpretar su resultado y el de su fórmula vicepresidencial Salvador Nasralla, quien –recordemos- fue derrotado por Juan Orlando Hernández (JOH) en las presidenciales de 2017 calificadas de fraudulentas? Joaquín Mejía: En primer lugar, creo yo que hay que entender que Xiomara Castro, representando a la alianza opositora, ha ganado por los votos de los militantes del Partido Libre, del partido de Salvador Nasralla y de diversos movimientos políticos que integran la alianza. Pero también con los votos de muchísimas personas que no son militantes de ningún partido político pero que estaban hartas de lo que estaba pasando con doce años de gobiernos nacionalistas del régimen de JOH. Por otro lado, también es un voto bastante joven porque una de las cosas que se puede extraer de esta experiencia es la alta participación de la juventud. Una juventud que es hija del golpe de estado y también del fraude electoral. Además, ha visto con todo su descaro cómo han manejado de manera corrupta todos los recursos relacionados con la pandemia del Covid-19. Es una juventud y una sociedad altamente politizada por lo los golpes que ha recibido, en los cuales que han estado involucrados los miembros del Partido Nacional y eso obviamente generado algo que ese partido oficialista no esperaba o no quería: una participación histórica en el país, a pesar de la campaña de miedo y el terror que impulsó el régimen y a pesar de la desconfianza ciudadana a la instituciones y a los golpes vinculados con los procesos electorales. RFI: La victoria de esta escuela progresista y esta ciudadanía contra actos corruptos del gobierno en los últimos años. También implica la derrota del partido del régimen y las consecuencias que esto puede traer directamente para el presidente Hernández. Joaquín Mejía: Sí, definitivamente estas elecciones se jugaban muchas cosas y también para el presidente de facto Juan Orlando Hernández. El principal riesgo que ahora enfrenta es lo que pueda pasar en relación con una posible extradición hacia Estados Unidos. Es un riesgo palpable porque la continuidad de su partido a través de Nasry Asfura, su candidato, implicaba la continuidad y la garantía de su impunidad. Ahora estamos hablando de un riesgo alto por sus señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, uno de los puntos claves en la negociación para poder establecer esta alianza opositora fue la solicitud a Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional contra la impunidad parecida a la CICIG de Guatemala, para luchar contra la corrupción y la impunidad. Eso implica entonces una serie de investigaciones para el círculo de poder que ha estado durante tanto tiempo ganando los fondos públicos del estado. En segundo lugar, conlleva también posibles transformaciones institucionales vinculadas con el sistema de seguridad y justicia que obviamente se han convertido en herramientas del régimen para poder cometer los graves abusos que ha cometido durante tanto tiempo. RFI: Doce años en los cuales Honduras se ha caracterizado fundamentalmente por estas caravanas y éxodos masivos. ¿Esa elección podría empezar a revertir este fenómeno de exportar pobres en lugar de bananos? Joaquín Mejía: Sí yo creo que una de las cosas importantes que tomar en cuenta es que estas elecciones enviaron un mensaje simbólico muy importante de la sociedad hondureña, en el sentido que la gente en Honduras quiere recuperar el país. Eso significa también que la gente quiere quedarse en el país y ha entendido que eso pasa por expulsar del poder a quienes han provocado estas caravanas. De hecho, en el periodo fiscal 2020-2021 en Estados Unidos, se ha detenido en la frontera sur el 3% de la población hondureña, lo cual implica una diferencia abismal en relación con el periodo fiscal anterior 2019-2020.  En ese sentido es una posibilidad. Pero, ojo, creo yo que hay que tener mucha prudencia por qué está solo son elecciones presidenciales. Todavía falta que el CNE los resultados del Congreso nacional, otra clave de poder en el país. Una posible retención de una mayoría del Congreso nacional del partido de Juan Orlando Hernández puede provocar una crisis de gobernabilidad importante también. RFI: Justamente, Xiomara Castro propuso formar un gobierno de reconciliación, paz y justicia y garantizar una democracia participativa pero no se conocen los resultados de las elecciones del Congreso. Esta elección parlamentaria supone también la posibilidad de elegir después instancias judiciales y ejecutivas muy importantes que implican mantener el control del país. Joaquín Mejía:  De hecho el nuevo Congreso nacional va a elegir en marzo del 2022 a la nueva Corte Suprema de Justicia y a la persona titular de la Fiscalía general de la República. Van a durar en sus cargos siete años, es decir cuatro del gobierno de Castro y Nasralla y tres años del subsiguiente gobierno. Obviamente lo que se espera es que si la tendencia presidencial que hemos visto ahora, con una mayoría arrasadora de la alianza opositora, se traslada al Congreso nacional como en teoría debería ocurrir- eso implicaría que esta alianza opositora podría tener también una mayoría para hacer las reformas que se han comprometido en su acuerdo político. Pero hay que tener prudencia porque mientras no tengamos datos oficiales sobre cómo está constituido el Congreso sería demasiado adelantar en este momento.

El Banco Central de Argentina emitió una resolución que prohíbe el pago en cuotas o tarjetas de crédito para viajes en medios de transporte acuáticos, terrestres y aéreos, además de los servicios turísticos en el exterior, con el objetivo de desalentar las operaciones en dólares. En Argentina, el Banco Central intenta frenar la perdida de reservas de dólares cerrando distintas vías de demanda de esta moneda. Ya se hizo con las importaciones, con la compra de dólares para atesoramiento, con los giros y utilidades de dividendos de las empresas al exterior...y la última medida es prohibir la compra por cuotas de viajes al extranjero. Una medida muy controvertida.  Si alguien quiere viajar al extranjero tendrá que pagar el pasaje o el pack de una vez, se acabó la opción de hacerlo por cuotas. El Banco Central espera así contener la hemorragia con esta prohibición, considerada como "un parche más" según el economista argentino Martín Vauthier de la consultora Anker Latinoamérica entrevistado en la antena de RFI De acuerdo con la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, se trata de una "medida puntual y momentánea, diseñada para proteger la reactivación económica, que es muy fuerte”, cuidar el rumbo de la economía del país e incentivar el turismo interno. Los economistas juzgan esta medida muy cortoplacista y que no solucionará el problema de las reservas netas, que actualmente se sitúan, según estimaciones, en una cifra que comienza a ser crítica: 5.000 millones de dólares. Escuche el audio con el análisis  desde Buenos Aires de Martín Vauthier de la consultora Anker

El gobierno mexicano concedió miles de visados humanitarios a los migrantes que cruzan el país con destino a Estados Unidos. Con esta medida se logró desarticular una de las caravanas que había salido de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Otra caravana ontinúa marchando y se encuentra ahora en Veracruz, en el sudeste del país. Desde allí, denuncian que el visado humanitario es un fraude. “Mi nombre es Ingrid, de nacionalidad hondureña, tengo 16 años”: Ingrid habla desde la municipalidad de Juan Rodríguez Clara, en el estado de Veracruz, y forma parte de una caravana compuesta por unas 700 personas. Salió junto a miles de personas desde Tapachula, en Chiapas, el pasado 23 de octubre con la intención de llegar hasta Estados Unidos. Lleva un año y medio en México, donde estuvo internada en un centro, una aldea para menores durante cinco meses hasta que logró escaparse. “Papá ni mamá no tengo, sólo mis abuelos, y ya están viejitos. Tengo un tío, que está enfermo, por eso decidí irme a Estados Unidos, para trabajar, para poder apoyarlos”, cuenta. La joven denuncia que las autoridades mexicanas están dando visados humanitarios pero que se trata de un fraude, pues a muchos los trasladan de nuevo a la casilla de salida, Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala: “Están ofreciendo la visa humanitaria por un año, que es pura mentira. Nos están engañando con esta visa, y de nuevo los deportan a Tapachula”. En la caravana de Ingrid aún quedan unas mil personas, pero la otra que salió el jueves pasado ha quedado prácticamente desarticulada, después de que se les ofreciera el visado humanitario a 2.500 migrantes. “Albergues a puerta cerrada” Hay “personas que, por enfermedad, por el cansancio, por alguna herida, han desertado la caravana y han aceptado la oferta de Migración, que en muchas situaciones no cumple, como castigo, digamos, por haber participado a la caravana”, denuncia Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Fronteras. “Hay otras a las que les han cumplido a medias: las trasladan a ciudades o estados donde no tienen ninguna red social de apoyo, por ejemplo a Michoacán, Puebla, Morelos, y en muchas de estas ciudades o estados, las concentran en especies de albergues a puerta cerrada, no pueden salir del estado y si lo hacen, las deportan”, añade Abeja. Más de 190.000 migrantes han sido detectados en México entre enero y septiembre de este año, el triple que en 2020. Más de 74.000 fueron deportados.

Estados Unidos nunca había recurrido tanto a sus reservas de petróleo. Joe Biden anunció el martes una "gran iniciativa" para reducir su precio, y por tanto el de la gasolina y el diésel, en vísperas de los grandes desplazamientos de Acción de Gracias.  (Para escuchar el audio, haga clic en play, encima de la foto).  Algo que nunca antes se había hecho y es que esta reserva de 600 millones de barriles se guarda para hacer frente a hechos inesperados y muy excepcionales como una catástrofe natural o emergencia por algún conflicto que impida la llegada de barcos. Primera vez que se usa como arma para hacer bajar los precios de la gasolina y del diésel.   Una medida que, según el analista Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, en Houston, Texas, no va a tener ningún efecto en la inflación.  “Es un porcentaje muy pequeño lo que está liberando. No va a influir, desgraciadamente, en los precios en las estaciones de servicio. En mi opinión realmente no es una buena solución neta porque lo que estás haciendo es que agregar más crudo como si hubiera escasez de crudo. El problema que quieren afrontar es que los precios de la gasolina y del diésel es tan alto. Los Estados Unidos exportan muchísimo diésel y muchísima gasolina. Lo que podría haber hecho la Administración es anunciar una prohibición de exportar gasolina o diésel al menos por unos tres días o cinco días. Esa decisión hubiera sido técnicamente la más acertada y hubiera sido la que tirara para abajo los precios de la gasolina y del diésel en los Estados Unidos. Pero el anunciar este tema de que saca crudo de la reserva estratégica, como si no hubiera petróleo en el mundo, es un mensaje que toca en la retórica geopolítica. Entender que el problema lo causó a la OPEP, cuando la OPEP realmente ha estado actuando una forma muy responsable porque ha ido incrementando más y más la producción de crudo en el mundo en los últimos meses".  Y es que el alza de los precios no se debe a la falta de petróleo en el mercado, según Jaime Brito. “Se encareció la gasolina y el diésel por efecto de bola de nieve de la llamada cadena de suministro. Es decir, el crudo lo produces, lo llevas a una refinería, lo procesas y después de que lo procesaste lo tienes que distribuir a las estaciones. Necesitas choferes, necesitas distribución hormiga en camiones. Eso es lo que ha escaseado, porque una muy buena cantidad se enfermó durante la pandemia. Porque muchos que estaban manejando rutas muy complicadas para transportar gasolina o diésel se han ido contratados a empresas como Amazon, etc. Les están pagando más dinero ahí. Esta escasez de choferes domésticos se aliviaría con la mano de obra extranjera". 

Las divisiones en el seno de los partidos opositores minaron las oportunidades de muchos de sus candidaturas en las elecciones venezolanas del pasado 21 de noviembre. Sólo tres caras conocidas y con experiencia lograron conquistar sus respectivos estados, en medio de insinuaciones de "colaboracionismo" con el régimen. En Venezuela, tras los resultados de los comicios del pasado domingo, el consenso para una estrategia común de cara a las elecciones presidenciales de 2024 no parece estar cerca, pero será clave para el cambio. “Mayor es la participación, mejor le va a la oposición. El gobierno tiene una maquinaria política bastante bien aceitada”, estima Phil Gunson, analista senior para la región andina del Crisis Group, quien además considera que las nuevas alcaldías conseguidas por la oposición podrían aportar figuras emergentes. Para las próximas elecciones, afirma Gunson, “la única manera de que esto funcione es que los propios partidos empiecen a practicar la democracia interna, porque son liderazgos que llevan en muchos casos 20 años, o más. Es imprescindible que haya elecciones internas, que haya una renovación de liderazgo. Si no es el caso, creo que van a seguir fracasando. Hay una gran sed de cambio en este país, y quien logre capitalizar esto, canalizarlo, va a tener éxito político”. El éxodo de casi cuatro millones de venezolanos censados en el registro electoral explica también la abrumadora abstención. Para Juan Guaidó, presidente interino reconocido por más de 50 países, estos resultados son “el claro silencio de los venezolanos”. “Hoy Maduro continúa siendo ilegítimo, y en una fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Pero también hay una clara expresión de los venezolanos para salir de esta dictadura”, dijo Guaidó, haciendo un llamado a la unidad. Y aunque Estados Unidos afirmó que estas elecciones no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, el secretario de Estado Anthony Blinken felicitó este lunes a los opositores por estas regionales, abriendo la vía de las elecciones como batalla contra el régimen de Maduro, tras años de ausencia de la oposición.

La oposición salvadoreña cree que la votación del proyecto de ley sobre Agentes Extranjeros se retrasó debido al rechazo internacional, sin embargo denuncian que la Cámara Legislativa se ha convertido en un mero ejecutor de los deseos del Presidente Nayib Bukele.  El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países. El contexto político de El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, que habían puesto reparos para algunas de las medidas propuestas por Bukele, especialmente al inicio de la pandemia.  Así lo explica la diputada del FMLN, Dina Argueta para quien la Cámara se ha convertido en un "mero ejecutor de las órdenes del gobierno".  Vimos también cómo la Embajada de Alemania anunciaba que todos los proyectos de cooperación quedan suspendidos hasta que no se sepa qué es lo que va a suceder con la ley. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, sobre todo por la discrecionalidad que la ley contempla, es decir, las facultades que les da al Ministerio de la Gobernación para poder definir a un agente extranjero. La ley no regula exactamente quién podrá ser o no podrá ser. La Asamblea Legislativa ahora con una mayoría se ha convertido en un espacio operativo. Si la decisión cambia en la Presidencia de la República seguramente cambiará también en la Asamblea.  En concreto, este proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero” registrarse como “agentes extranjeros”. En caso de no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización. Además, a los agentes extranjeros registrados se les prohibiría realizar actividades para fines políticos bajo el pretexto de que podrían poner en riesgo la estabilidad del país.

Un año después de las elecciones legislativas protagonizadas por el abstencionismo y el llamado de la oposición al boicot, Venezuela vuelve a las urnas este domingo 21 de noviembre, en unos comicios marcados por una oposición dividida y una desconfianza en la utilidad del voto. Están llamados a participar 21 millones de venezolanos, aunque casi el 20% de ese electorado emigró. Con Víctor Amaya, nuestro corresponsal en Caracas. Este domingo se eligen en Venezuela 23 gobernaciones, 335 alcaldías, además de legisladores regionales y concejales. Son unas elecciones que generan dudas sobre la transparencia electoral y la unidad de la oposición. Mejores condiciones Se trata de los primeros comicios de una lenta recuperación del camino electoral, con los principales partidos opositores participando en la contienda luego de cinco años optando por la abstención como modo de protesta. El candidato opositor a la gobernación del estado de Lara por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Florido, dijo que aún queda un largo camino por recorrer, pero reconoce que hay mejoras en las condiciones electorales. “Mi jefe electoral ha sido el jefe de la MUD durante muchos años. El me decía ‘Luis, de verdad, hay mejores condiciones en muchos aspectos', del punto de vista de la dinámica electoral, de la información, de la arquitectura electoral, de lo que significa además la presencia de los fiscales. Ahora, hay otros temas que todavía están por verse: los coordinadores de los centros de votación siguen siendo funcionarios del CNE, y casi siempre han sido militantes del PSUV”, explicó Florido. La jornada está siendo guiada por una autoridad electoral escogida este año y que incluye a dos opositores entre sus cinco directivos, parte de la llamada reinstitucionalización del voto en Venezuela que también incluye la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, el Centro Carter y de una misión de expertos de Naciones Unidas. Durante los meses previos se ha denunciado abuso de poder y uso de recursos públicos por parte de los candidatos del oficialismo, desequilibrio en los medios de comunicación del Estado, inhabilitaciones de candidatos y especialmente de disidentes del chavismo, así como decisiones del Consejo Nacional Electoral que favorecerían al sector que encabeza Nicolás Maduro. Oposición dividida Eugenio Martínez, especialista en temas políticos y miembro del Consejo de Expertos electorales de Transparencia Electoral, opinó que las próximas elecciones no serán muy diferentes a las de los años anteriores. “Lo que ha cambiado un poco en relación a los últimos años son unas nuevas garantías del punto de vista técnico, para el sistema automatizado de votación, que para algunos ciudadanos pueden ser insuficientes. La clave de esta elección no es cuántas gobernaciones o cuántas alcaldías pueda obtener una fuerza política. Las elecciones convocadas por gobiernos autoritarios tienen otro tipo de enfoque y en este caso es tratar que la oposición recupere lo que ha perdido en los últimos tres o cuatro años. Recuperar la conexión con los ciudadanos y recuperar estructuras político-partidistas”, comentó Martínez. En esta oportunidad la oposición acude atomizada en varios bloques que se enfrentan entre ellos, además en el marco de una diatriba aún no resuelta sobre si votar vale la pena o no. Según Luis Florido, no es verdad la llamada división de la oposición ya que la gran mayoría de los opositores están en la Mesa de la Unidad Democrática. Por su parte, el exalcalde de Caracas y vocero nacional del movimiento REDES, Juan Barreto, quien también fue vocero de Hugo Chávez, se refirió a una indudable división de la oposición que, según él, les costará algunos votos. “La oposición se ha dado desde trompadas hasta descalificaciones, maniobras y zancadillas. Es un triste espectáculo el que está dando la oposición y el gobierno va a terminar cobrando favorablemente todas estas incoherencias. Paradójicamente, un gobierno que no tiene más del 20% de apoyo en los sectores populares va a terminar ganando, porque con una abstención de entre el 45 y 60%, un 20% se multiplica en la misma medida que baja el caudal electoral”, estimó Barreto. Las principales encuestadoras vaticinan un triunfo del oficialismo en más del 75% de los casi 3.000 cargos en disputa, con una reducida participación de entre un 45 y 50% de electores en promedio nacional. Las campañas electorales de todos los sectores han consistido principalmente en ofrecer que habrá agua por el grifo.

En promedio, un cuarto de los habitantes del continente americano cuestiona la idea según la cual la democracia es la mejor forma de gobierno. Así lo apunta el Barómetro de las Américas, una encuesta panamericana del centro de opinión pública LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Destaca que en países como Haití, Honduras, Colombia, Perú, Argentina y Bolivia el sistema democrático sigue perdiendo apoyo. La democracia pierde partidarios en las Américas. Según la encuesta que realiza cada dos años el centro de estudios sobre opinión publica LAPOP (Latin American Public Opinion Project, en inglés) de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, un cuarto de los ciudadanos de la región no considera que la democracia sea la mejor forma de gobernar un país. En Haití, por ejemplo, donde se sufre a diario los efectos de un Estado fallido sean cuales sean sus dirigentes, la mitad de la población no cree en la democracia. En otros países como Colombia (+14%), Perú (+12%), Honduras (+16%), Bolivia (+8) y Argentina (+10%), ha aumentado desde 2008 la proporción de escépticos. El LAPOP destaca que la tolerancia americana a los golpes de Estado militares está en uno de sus puntos más bajos desde mediados de los años 2000. “En general en la región hay poco apoyo a las dictaduras que hemos visto en otras épocas. Pero sí hay mucha desconfianza en el manejo de las elecciones, en la posibilidad de que gobiernos extranjeros influencien elecciones o que figuras ricas y poderosas puedan comprar resultados”, explica a RFI Noam Lupu, director adjunto del LAPOP. Sin embargo, en Perú o Guatemala, más de la mitad de los encuestados respondieron que podrían tolerar un golpe de Estado para acabar con altos niveles de corrupción.  “Hay una percepción de que los representantes que son electos democráticamente están involucrados en corrupción”, dice Lupu, y apunta las diferentes olas de escándalos mediáticos como Odebrecht, los Panama Papers y más recientemente los escándalos de las vacunas anti Covid-19 o los Pandora Papers. Alta tolerancia a golpes ejecutivos Otro deterioro de la credibilidad de la democracia viene de países con alta polarización política como Colombia y Argentina -donde respectivamente un tercio y un cuarto de la población duda de esta forma de gobierno-, o naciones con mayor inestabilidad institucional como lo ha sido estos últimos años Perú. Quizás el punto más impactante de la encuesta, que no presenta datos sobre Venezuela o Cuba, es que en diez años se ha duplicado la cantidad de ciudadanos de las Américas dispuestos a aceptar una toma de poder ejecutiva en tiempos de crisis, para alcanzar 30% de los encuestados. Algo especialmente diciente en El Salvador de Nayib Bukele, donde esta cifra alcanza el 51%. Aquí surge un presidente que se presenta como si fuera un ‘outsider', alguien ajeno al establishment. Por su popularidad, los ciudadanos justificarían un cierre del Congreso por parte del poder ejecutivo por estar en contra de una política tradicional que representan los parlamentarios”, detalla el director del LOPAP. Los jóvenes son más escépticos El informe también resalta que los jóvenes de 18 a 25 años de edad son más propensos a dudar de la democracia, y en eso las redes sociales juegan un papel fundamental. “Porque consiguen las noticias políticas a través de ellas. Hemos encontrado en otros estudios que los que consumen más noticias en Twitter o Whatsapp suelen tener opiniones más negativas de las instituciones políticas”, apunta Lupu. Uruguay a la inversa es la nación americana que apoya con más fervor la democracia, con el 44% de su población muy a favor con este sistema. Paradójicamente, el segundo país entusiasta del continente es también el que vio nacer las ‘fake news' y en el que más estruendo ha causado el conteo de votos en el último año: Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este 18 de noviembre en Washington a los mandatarios de Canadá y México, con miras a reactivar los lazos regionales tras las tensiones durante el gobierno de su predecesor Donald Trump. La Cumbre de Líderes de América del Norte vuelve, y esta vez tendrá lugar en Washington. Será el primer encuentro desde 2016, ya que el expresidente Donald Trump suspendió estas cumbres anuales por no considerarlas beneficiosas para Estados Unidos. Este jueves, el mandatario estadounidense Joe Biden recibe al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Entre los temas a tratar se encuentran la lucha contra la pandemia, cuestiones de competitividad económica y la respuesta al cambio climático, además de la migración. José Luis Valdés, investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, destaca tres razones por las que es importante esta cumbre: "Primero se hace necesaria la reunión, en esta situación de salud bastante compleja debida a la pandemia de Covid-19, para poder enfrentar en bloque las diferentes medidas que se tienen que llevar a cabo, y que se garantice la vacunación generalizada. En segundo lugar, tenemos un problema de seguridad bastante grave en la frontera México-Estados Unidos. Y en tercer lugar, está la ley de electricidad: han estado invirtiendo en energía limpia en México a partir de la reforma energética anterior, del gobierno de Enrique Peña Nieto, y en este momento, están careciendo garantías legales para poder seguir con su proceso de incorporación a la producción de energía limpia, particularmente energía eólica". Sin embargo, según dijo el canciller Marcelo Ebrard en una rueda de prensa en Washington, es improbable que salga a relucir el tema de la reforma eléctrica, aunque "puede ser que lo planteen", matizó. Valdés comenta asimismo la propuesta de Biden que invita a comprar vehículos eléctricos en Estados Unidos: "El Buy in America, la consigna de Biden que se traduce por 'comprar en Estados Unidos', es inadecuada desde el punto de vista del tratado de libre comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Es una forma de proteccionismo, estar fomentado la compra al público estadounidense de autos fabricados en Estados Unidos, cuando también son producidos en Canadá y México". Para el investigador, es esencial que esta cumbre no sea una reunión más y que lleve a acuerdos para resolver los problemas de la relación trilateral. Los tres mandatarios no darán una rueda de prensa al final de la jornada, sino que emitirán una declaración conjunta porque, según el canciller mexicano, es "más precisa". Con ella cerrarán un encuentro que marca el cambio de tono de la Casa Blanca de Biden tras la tumultuosa presidencia de Trump.

Colombia espera que esta semana la Corte Constitucional tome una decisión en relación a las dos demandas que buscan la despenalización total del aborto en el país. Para que la despenalización sea aprobada, el Tribunal necesita mayoría, con al menos cinco votos a favor de los nueve Magistrados de la Corte. RFI entrevistó a la abogada Viviana Bohórquez, coordinadora de la campaña “14 por Colombia”, que busca la despenalización del aborto hasta la semana 14 de embarazo. “Las dos demandas buscan que la Corte se pronuncie nuevamente sobre si se ajusta a la Constitución o no el delito de aborto”, dice Bohórquez. “Hay una demanda que propuso el movimiento Causa Justa, que propone la eliminación del delito de aborto, es decir que se declare inconstitucional y por tanto que desaparezca del Código Penal. Que nunca más se vuelva a criminalizar a una mujer por aborto. Y la otra demanda es de un ciudadano que se llama Andrés Mateo Sánchez, que pide a la Corte, en términos generales, que se deben respetar los derechos de las mujeres, el derecho a la igualdad, no discriminación, que es un delito que afecta a las mujeres. Y que [la Corte]  debe avanzar porque en estos 15 años se demostró que las tres causales no son suficientes y que los derechos sexuales y reproductivos también son más importantes hoy que hace 15 años. Es como decirle a la Corte tiene que actualizar el aborto porque hace 15 años esta discusión no se dio igual”. Sin embargo, así las demandas fueran aprobadas, aún quedan muchos temas a definir como la forma en la que se accedería al procedimiento y las semanas en que se autorizaría, explica Bohórquez. “Creo que hay varias posibilidades, entre ella que [la Corte] le diga al Congreso que legisle sobre la materia”, dice Bohórquez. “Colombia tiene una deuda histórica con las mujeres y el aborto. Desde 1975 han habido proyectos y nunca se han aprobado. Ni siquiera pasan del primer debate. Siempre son proyectos que no tienen el apoyo del gobierno, que no tiene el apoyo de una bancada dura y lo que sucede es que se presentan y se archivan en el primer debate”. En 2006 la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto en tres causales: por violación o acceso carnal violento, incluyendo incesto; por malformación del feto; o por inminente riesgo para la salud de la madre.

En Chile las fuerzas políticas arrojan sus últimas fuerzas antes de la batalla electoral de este domingo en la que se renovara la presidencia, el Parlamento y consejeros regionales. Elecciones son inciertas debido a los años de convulsión social que ha vivido el país suramericano: los electores oscilan entre deseo de cambio y hartazgo por las numerosas manifestaciones.  Encuentro con militantes y electores en un mercado de la capital chilena. Por Raphael Morán, enviado especial de RFI a Santiago Día de mercado en la comuna de Ñuñoa en la capital chilena. Los partidos políticos redoblan esfuerzos para convencer a los electores. Nicole Martínez, ex líder estudiantil de 29 años, es una de las numerosas caras nuevas de la política chilena que han surgido con las sucesivas movilizaciones sociales de la última década. Reparte bolsas y volantes de color verde y morado. “La educación tiene que ser pública y capaz de ofrecer una formación y un desarrollo de calidad para todos y todas. Lo mismo con la salud”, dice Martínez a RFI.   Esta mujer es candidata a diputada de la lista Apruebo Dignidad, una coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista, y que respalda a Gabriel Boric para la elección presidencial del domingo. Sus propuestas convencen a Odette, una jubilada que está haciendo sus compras. “Se dice que lo que los papás le pueden dejar a los hijos cuando uno no tiene dinero es la educación, sin embargo nosotros les podemos dejar el 50% de la educación, porque no pudimos pagarles toda la carrera a los dos, sólo la mitad, y están endeudados en la mitad de su carrera”, lamenta. A unos metros, otro grupo de activistas agitan las banderas amarillas del candidato oficialista Sebastián Sichel. Nicolas Huerta es activista de la agrupación de derecha UDI. “El tema de la campaña es la seguridad, el orden, la protección de la comunidad sobre todo en estos tiempos medio diversos y violentos que han afectado mucho a algunos sectores de la comunidad”, subraya. Y aclara: “Se trata de todas estas manifestaciones que si fuesen pacíficas no habría problema, pero se caracterizan por incendios, barricadas, por tomas…”. Las últimas encuestas indican sin embargo que muchos electores de derecha se inclinan hacia las propuestas más conservadoras del ultraderechista José Antonio Kast. Nicolás ya está dispuesto a votar por él en caso de que pase a segunda vuelta. “La izquierda también tiene candidatos radicales que son súper extremos, están trabajando directamente con el Partido Comunista, y eso genera también reacciones por el otro lado, que se dicen ‘tengo miedo a esta gente, a estas ideas también radicales ‘y puede ser que tomen posturas más conservadoras”, justifica. Rediseñar un sistema económico heredado de la era de Augusto Pinochet, o priorizar el orden que promueven candidatos conservadores: los chilenos tendrán que decidirse de aquí al domingo.

Recta final para la campana electoral en Chile. Ayer se realizó el tercero y último debate con los principales aspirantes a la presidencia. Según las últimas encuestas, el candidato de izquierda y ex líder estudiantil Gabriel Boric podría calificarse para la segunda vuelta frente al ultra derechista José Antonio Kast. Un candidato cuyas declaraciones hace unos días sobre la dictadura de Pinochet causó controversias durante el debate de anoche. Por Raphael Morán, enviado especial de RFI a Santiago de Chile El candidato de extrema derecha José Antonio Kast suscitó la indignación unánime de sus rivales. El que se presenta como el heredero político del dictador Augusto Pinochet, relativizó hace unos días la crueldad de los últimos meses de la dictadura chilena: sí se seguía torturando y encarcelando a opositores antes de la elección de 1989, le recordó la candidata centrista Yasna Provoste. Kast se defendió argumentando que se había malinterpretado una declaración suya. Cuestionado sobre varios puntos de su programa ultraconservador, José Antonio Kast insistió en que quiere derogar la ley sobre el aborto, eliminar el Ministerio de la Mujer como tal, denunció la existencia de un supuesto lobby gay, pero se distanció de su propio programa en materia de medio ambiente y se dijo dispuesto a prohibir las centrales a carbón. Su principal rival y favorito de las últimas encuestas, el ex líder estudiantil y diputado de izquierda Gabriela Boric, recién recuperado del Covid, fue el otro candidato más atacado en esta noche de debate. Acusado de improvisación y calificado de candidato de la agitación social, Boric aclaró que, de llegar a la presidencia, buscaría consensos. “Yo espero liderar un gobierno que llegue a acuerdos para tener una mejor salud, que no discrimine entre ricos y pobres, para poder terminar con la lógica del sistema de AFP y entregar pensiones dignas, gobernabilidad para enfrentar la crisis climática. Esa es la gobernabilidad que nosotros proponemos porque venimos justamente de movimientos sociales”, dijo. En materia de derechos reproductivos, segundo tema del debate, todos los candidatos, salvo José Antonio Kast se mostraron a favor de una ley más liberal en materia de derecho al aborto, hasta ahora bastante restrictiva en Chile. Y fue en materia de reformas económicas que aparecieron las diferencias más notables. “Lo que decimos es que queremos un Estado mas pequeño, eficiente, austero con un gran brazo social”, afirmó Kast. “Nosotros hemos dicho que vamos a bajar de manera importante, con el acuerdo del Congreso, los tributos”, agregó. Mientras José Antonio Kast quiere reducir el perímetro del Estado, Boric propone al contrario aumentar en varios puntos la recaudación fiscal para financiar sus ambiciosas propuestas sociales. Con propuestas bastante similares, la candidata Yasna Provoste quiso diferenciarse afirmando que su programa es más serio y financiado. El aspirante oficialista de derecha Sebastián Sichel, rezagado en las encuestas, apuesta por su parte al mercado financiero para financiar la transición ecología y el nuevo sistema de pensiones. A los siete candidatos les quedan tres días de actividades electorales para convencer en lo que será, según las encuestas, las elecciones más impredecibles desde el regreso a la democracia debido al despertar del movimiento social, a la pandemia, y al surgimiento de nuevos actores políticos.

El exjuez brasileño Sergio Moro, que llevó a prisión al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva con la megaoperación anticorrupción Lava Jato, se afilió a un partido centrista con miras a participar en las elecciones de 2022. En Brasil, se calientan los motores de cara a la elección presidencial de octubre de 2022. Mientras Inácio Lula da Silva, sin declarar aún su candidatura, figura como el gran favorito para lo volver al poder, el mandatario Jair Bolsonaro se afilia al derechista Partido Liberal, novena formación a la que adhiere.   Pero la sorpresa de estos últimos días viene sobre todo del exjuez Sergio Moro, ícono de la megaoperación anticorrupción Lava Jato que llevó a prisión al expresidente Lula.  Moro se afilió el miércoles 10 de noviembre a un partido centrista llamado Podemos, que asegura que el exmagistrado será el "futuro presidente de Brasil". Aunque falta casi un año, los sondeos dan una ventaja a Lula con el 44%, seguido por 26% para Bolsonaro, mientras que Moro no supera hoy el 10%. “¿Quién tiene más a perder? Jair Bolsonaro”, dice a RFI el profesor en Ciencia Política de la Universidad Federal Fluminense de Rio de Janeiro, Marcial García Suarez. “En el discurso de Sergio Moro de la afiliación del partido prácticamente presentó una agenda político económica calcada de lo que Bolsonaro presentaba en 2017-2018. Un conservadurismo moral, un liberalismo económico más acentuado y siempre mostrándose contrario al partido de los trabajadores como un partido corrupto que trajo mucha miseria a Brasil. Entonces yo creo que quien tiene que estar más preocupado para las próximas elecciones de 2022 es, sin duda, Bolsonaro”. El también exministro de Justicia se posicionó así en lo que ya se conoce en Brasil como la "tercera vía", una eventual alternativa al ultraderechista Jair Bolsonaro y al izquierdista Lula (2003-2010), que aún no anunció su candidatura pero es favorito en las encuestas. “Yo creo que [Moro tiene chances de conquistar la presidencia] en el sentido de que puede tornarse un competidor muy serio a lo que se viene presentando en este momento con Luiz Inacio Lula da Silva, con casi 50% de la preferencia del electorado”, dice García Suarez. “Si Sergio Moro pasa a una posible segundo vuelta con Lula, yo creo que él tiene buenas chances de que todo el aparato que apoyó la agenda política de Bolsonaro en 2018, vaya con toda fuerza a apoyar a Sergio Moro y yo creo que en ese sentido puede hacerle frente a Lula”. Para quienes denunciaban que el juez Moro tenía un proyecto político durante su desempeño primero como juez y luego como ministro de Justicia de Bolsonaro, esta candidatura es la confirmación de sus temores. Moro les ha respondido que lo suyo "no es un proyecto personal de poder". Con AFP.

Opositores cubanos confirmaron el jueves su intención de manifestarse el 15 de noviembre, horas después del anuncio por Yunior García, principal organizador, que iba a marchar un día antes, en solitario, por una céntrica avenida de La Habana, para minimizar los riesgos de violencia. En Cuba, la oposición vuelve a marchar este lunes para exigirle un cambio al régimen comunista. Como en las históricas protestas del 11 de julio, exigirá nuevamente mejoras económicas y libertades políticas. Sin embargo, a diferencia de las manifestaciones de cuatro meses atrás, el gobierno cubano no se verá sorprendido por sus detractores.  “Hay una diferencia práctica. Las manifestaciones del 11 de julio tomaron por sorpresa al régimen. Por lo tanto, la maquinaria represiva tardó unas cuantas horas en caer con todo su peso .Y fue brutal”, dice a RFI Rosa María Payá, líder opositora cubana, fundadora de la plataforma prodemocracia "Cuba Decide". “Y han sido dramáticas las consecuencias para muchos de los manifestantes y a pesar de eso, la gente sigue determinada a estar movilizada por el cambio. En esta ocasión el régimen cubano sabe lo que va a pasar y lo está esperando. Y lamentablemente el razonamiento del régimen es una lógica del uso de la fuerza, es una lógica violenta y es una lógica criminal. Y está repartiendo armas contundentes y hasta de fuego entre paramilitares, en centros de trabajo, incluso a estudiantes forzándolos a organizarse en comandos represivos”, agrega Payá, hija del fallecido Oswaldo Payá, jefe del Movimiento de Liberación Cristiana. El régimen cubano afirmó que la protesta es ilegal, que busca un cambio de régimen y acusa a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.  En este contexto, el dramaturgo Yunior García, principal promotor de la manifestación, anunció el jueves que para minimizar el riesgo de violencia realizaría un día antes, el domingo, una marcha en solitario. Los demás organizadores mantienen en cambio la marcha en La Habana y en otras seis provincias de la isla.  “El pueblo cubano ha tomado la determinación de continuar movilizado por el cambio de sistema”, dice Payá. “Y esa es la determinación que debe apoyar la comunidad internacional más allá de cualquier tipo de personalismo. Yunior también está corriendo un riesgo como lo están corriendo cada uno de los cubanos”. Recordemos que las manifestaciones que estallaron el 11 de julio dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex. En Twitter, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, recordó este jueves a las autoridades cubanas "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas". En un mensaje publicado en su página de internet, la Conferencia de Obispos de Cuba subrayó que "cualquier acto de violencia entre nosotros, ya sea física, verbal o sicológica, hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de nuestras familias". Con AFP

Ocho países de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsaron un proyecto de resolución "sobre la situación en Nicaragua" para ser debatido durante la asamblea general virtual que arrancó este miércoles, con la pandemia y el calentamiento global como telón de fondo. Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre y en el de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda para pedir al Consejo Permanente que realice "una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas". "Burla", "fraude anunciado", "pantomima" fueron algunas de las expresiones de la comunidad internacional para calificar las elecciones en las que Ortega consiguió un nuevo mandato como presidente. Con líderes opositores en la cárcel o en el exilio y sin verdaderos contendientes, el régimen nicaragüense se expone ahora a un mayor aislamiento internacional.  Un tema en la agenda de la OEA cuyo secretario general, Luis Almagro, tachó los comicios nicaragüenses de "ilegítimos" y llamó a tomar medidas ante "la clara violación de la Carta Democrática". Pero ¿puede la presión de la OEA forzar ya una apertura del régimen de Ortega? “Es muy reciente [para contemplar] una apertura del régimen de Ortega, pero creo que los Estados miembros de la OEA tienen en sus manos un conjunto de herramientas políticas, como es la Carta Democrática Interamericana”, dice a RFI Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua. “Es un debate que tienen que dar los órganos políticos, precisamente para que se inicie esta apertura. No sé si se va a dar en estos días, pero no se va a dar sin la presión de la comunidad internacional. Y lo hemos visto así en la historia de esta región, en lo que han sido los conflictos armados, las dictaduras del Cono Sur. Finalmente, los procesos democráticos, los llevan los propios pueblos al interior de los países. Pero cuando estamos ante regímenes autoritarios, como fueron las dictaduras de Cono Sur, como es el régimen de Ortega, sin la comunidad internacional, no hay procesos democráticos. La comunidad internacional tiene, una vez más, demostrar la importancia que tiene el acompañamiento de estos procesos y la presión internacional”. Desde el mes de junio, el secretario general de la OEA se mostró favorable a activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Este contempla suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema. En este supuesto, el país debería seguir cumpliendo, sin embargo, con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué efecto podría tener esta aplicación en Daniel Ortega? “No sé, pero sí aumentaría su aislamiento ante la comunidad regional, pero no sabría decirle qué valoración él hace sobre, por ejemplo, una suspensión de la OEA, porque primero hay un procedimiento de suspensión de la OEA y luego la expulsión”, dice Urrejola. “Pero yo creo que siempre para los países es importante no estar aislado regionalmente”. El texto presentado por Canadá pasa a la comisión general, que lo debate, y se votará jueves o viernes. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir 18 de 35. Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de "la evaluación colectiva". En el texto, los ocho países declaran que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". Reiteran el llamamiento "para la liberación de todos los candidatos y presos políticos" y el fin "de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil". Managua se defiende El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, respondió a las críticas: "Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones". El diplomático pidió a la OEA mirar hacia el futuro y no "hacia el pasado con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas". Son contadas las excepciones dentro de la comunidad internacional que respaldan a Nicaragua. Destacan Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela. Con AFP

Los argentinos vuelven a las urnas este domingo para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Luego de la histórica derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que funcionan como una encuesta a escala nacional, el gobierno de Alberto Fernández intentará revertir el revés de septiembre. Para la coalición peronista en el gobierno obtener mejores resultados en las legislativas del 14 de noviembre no es fácil. Hasta el momento los sondeos no le son favorables. “Si entendemos que la economía fue el factor explicativo de las primarias, uno debería suponer que el gobierno se estaría encaminando a una derrota similar o más profunda en esta elección general porque el proceso económico se ha deteriorado”, dice a RFI el politólogo Lucas Romero, director de la consultora Synopsis. “Tenemos una inflación creciente, y esa es la principal preocupación ciudadana registrado en nuestros estudios. Pero además tenemos la presión del dólar sobre el peso. La opinión pública es muy sensible a los movimientos del dólar y esto, probablemente, genere la sensación de que la falta de rumbo económico se profundiza. Por eso nos inclinamos a pensar que probablemente Gobierno pueda encontrarse con un resultado aún más adverso”. La inflación este año alcanzará 48,2%, según la última encuesta del Banco Central realizada con las 42 más grandes consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros. La encuesta también indicó que se espera un crecimiento de la economía de 7,6%. El año pasado, en plena pandemia, el retroceso fue de 9,9%. El costo de vida subió en alrededor de 37% entre enero y septiembre. En este último mes, se ubicó en 3,5%. Un 40% de la población está en la pobreza, según cifras oficiales. Mientras el gobierno apuesta a una mayor movilización que la registrada en septiembre para reponerse en las urnas, la coalición opositora de centro derecha Juntos por el Cambio intentará arrebatarle al oficialismo la mayoría propia en el Senado, dirigido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, en la práctica, ¿cómo afectaría al gobierno una derrota legislativa de medio mandato?  “Las dificultades en la Argentina para la coalición de Gobierno radican en la capacidad de tomar decisiones, porque es una coalición que está integrada por actores tan heterogéneos que no han mostrado capacidad de ponerse de acuerdo en un programa económico”, dice Romero. “Y ahí es donde radica el principal riesgo del proceso político. La pregunta que hay que hacerse para entender hacia dónde va a ir la Argentina después de la elección el próximo domingo, es si la coalición va a quedar en condiciones de ponerse de acuerdo hacia dónde ir. Ese es el riesgo de gobernabilidad interna. Esta no es una coalición que necesita a la oposición para gobernar. Necesita ponerse de acuerdo para gobernar. Y ha demostrado en estos primeros años que le cuesta mucho ponerse de acuerdo respecto hacia dónde ir”. Para la oposición en cambio, una victoria abre la esperanza de volver al poder en las elecciones presidenciales de 2023. Con AFP.

Irregularidades en el proceso de votación, uso de recursos estatales para favorecer al gobierno, actos intimidatorios y coacciones en universitarios y funcionarios para votar. Son algunas de las conclusiones que el observatorio Urnas Abiertas de Nicaragua reveló en un informe completo elaborado por más de 1450 personas y en el que se constata el repudio del pueblo hacia Ortega con el índice de abstención más alto en la historia electoral de este país.  Transcurrida la opaca jornada electoral en Nicaragua que desembocó en el cuarto mandato consecutivo de José Daniel Ortega poco se sabe de lo sucedido en el manejo de los votos de millones de nicaragüenses. Con la casi totalidad de la oposición apartada por la lucha en estos comicios y tras la detención y vigilancia de la prensa nacional, los medios internacionales califican de pantomima y farsa esta jornada electoral en la que Ortega obtuvo su nuevo mandato con el 75% de los votos. Pero Ortega obtuvo un castigo en forma de abstención notoria en las urnas con la que el pueblo quiso mostrar su rechazo. Un dato que fue revelado por el observatorio Urnas Abiertas que en un informe completo denunciaba Irregularidades en el proceso de votación, el uso de recursos estatales para favorecer al gobierno, actos intimidatorios y coacciones en universitarios y funcionarios para votar. Sobre estas denuncias RFI entrevistó a Olga Valle, investigadora del observatorio Urnas abiertas. Olga valle: “A través de un trabajo de observación ciudadana en donde se desplegaron más de 1450 personas. Recibimos informes o reportes de anomalías y de violencia política en todos los departamentos del país y el 78% de los municipios. Estas anomalías están vinculadas principalmente al uso de recursos públicos como camionetas de instituciones estatales para la movilización de votantes a través de la estructura partidaria del Frente Sandinista. También recibimos información de propaganda al interior de los centros de votación, pero la mayor cantidad de reportes que recibimos están vinculados con violencia política, específicamente con la presencia paramilitar en las afueras de los centros de votación, intimidando y controlando a las personas que llegaban. Esta observación concluye que hubo una abstención del 81,5% en promedio, lo que implica un promedio de participación ciudadana del 18,5, es un número histórico de abstención respecto a los procesos electorales anteriores en Nicaragua”. RFI: ¿Tienen información sobre cuántas personas fueron obligadas a votar? OV: “No tenemos el dato de cuántas personas fueron obligadas a votar, pero sí recibimos una serie de reportes ciudadanos en donde se le obliga principalmente a trabajadores del Estado, a beneficiarios de programas gubernamentales y a estudiantes de universidades públicas a que ejerzan su voto, especialmente a favor del Frente Sandinista y usan diferentes tácticas para controlar y verificar que, en efecto, sea así. Una de ellas es pedir que manden foto de la votación. Han también instalado casas de vigilancia afuera de los centros de votación donde las personas tienen que pasar luego de haber salido del centro de votación, mostrando una fotografía del voto”.

Este 7 de noviembre tendrán lugar en Nicaragua elecciones en las que Daniel Ortega buscará a toda costa su reelección. Una decena de candidatos fueron detenidos y más de 130 opositores fueron apresados desde 2018. Entre ellos, la abogada Ana Margarita Vigil y la psicóloga Tamara Dávila, quienes fueron secuestradas en junio y se encuentran en el centro de detención El Chipote. RFI habló con su madre y abuela, María Josefina “Pinita” Gurdián. “Ana Margarita me llamó para decirme ‘mi casa está rodeada de policías, hay hasta drones en el patio, sé que me van a capturar, pero vos no te preocupes mamá, aquí no se rinde nadie'. Y rompieron portones, entraron con violencia, a pesar de que nadie estaba armado y nadie estaba poniendo oposición. Quisieron matar a sus perros entonces ella intervino y la golpearon”, empieza contando María Josefina “Pinita” Guardián, la madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila. “Violencia sin necesidad” “En el caso de Tamara, irrumpieron también con violencia sin necesidad y la golpearon. Tamara es madre soltera, tiene una niña de cinco años, y la niña estaba presente en el momento del allanamiento. Por supuesto ha sido un trauma tremendo para esta niña”, agrega. Durante 80 días, no supo con exactitud donde se encontraban las dos mujeres. Están en El Chipote, “un centro de detención y de interrogación muy temido”. Como a la mayoría de los detenidos, las acusan de “menoscabo a la seguridad nacional, que significa traición a la patria. Es una ley que crearon ellos, en donde la protesta es menoscabo a la seguridad nacional. Ellas protestaban por la impunidad de los asesinatos que hubo en 2018, y a favor de la libertad de los presos políticos”, precisa Gurdián. “Completamente aisladas” Las condiciones de detención son muy duras. “Todos los que están ahí, que son 36, han perdido peso de manera escandalosa. Ana Margarita ha perdido 18 libras, Tamara 35 libras. Las sacan al sol pero en solitario, cada 10 o 15 días. Ambas están completamente aisladas, cada una en una celda. La celda donde está Tamara no tiene barrotes, sino que tiene una lámina de metal entonces ella no puede ver hacia afuera ni nadie la puede ver a ella. En el caso de Ana Margarita tiene barrotes, pero ella no puede acercarse a los barrotes ni puede hacer contacto visual con nadie”, detalla la madre y abuela. “Las 24 horas del día tienen la luz encendida, entonces no les permite descansar ni distinguir si es de día o es de noche. Otra cosa es que no les permiten nada para cubrirse y hace un poco de frío. Sólo tienen una colchoneta sin almohada. Sólo les permiten una toalla, que puede estar húmeda porque se bañan. Luego también los interrogatorios constantes al principio, a toda hora aun en la madrugada”, continúa. Además, “ningún tipo de juicio se ha llevado a cabo. Hubo dos audiencias. Para una de ellas, me contó Ana Margarita que la llevaron al juzgado en la madrugada, acompañada de un gran convoy militar, y no estaba su abogada presente, entonces ella, como abogada, hizo su propia defensa. Y en la salida fue golpeada, fue pateada por una policía mujer”, lamenta la madre de de Ana Margarita.   n. “Gran tristeza” En 1979 triunfaba la Revolución Sandinista en Nicaragua que Maria Josefina y su marido apoyaron con fervoir y entusiasmo. Uno de sus hijos, indcluso, fue herido en combate. "Le entregamos todo a la Revolución Sandinista" dice ella sin ôner en duda sus convicciones. Pero, cuatro decads mas rytarde su hija y su nieta uy decenas de activistas politicos padecen la vilolencia y la represión de un gobierno presidido por uno de los hombres insignes de esa revolución. Daniel Ortega.  “Ha sido una gran tristeza, una gran desilusión, porque mi marido y yo apoyamos la Revolución. No era Daniel Ortega el líder, había un montón de gente que nosotros respetábamos. No perteneciamos al Frente Sandinista, pero somos cristianos que creemos que la fe no es solo para rezar, sino para hacer justicia, para que haya igualdad, para que haya un país libre y en democracia. Entonces decidimos apoyar ese momento histórico y mi marido participó en la Revolución y todos mis hijos participaron”. Y continua con tristeza: “Pero fuimos viendo cómo se iba corrompiendo ese proyecto que nos había dado tanta ilusión. El poder y el dinero son los enemigos de todo idealismo, de todo sueño. Entonces, si no estás en guardia, estás condenado a caer en este peligro. Eso le pasó a Daniel [Ortega], y lo mas grave fue el pacto que hizo luego con la oposición de este entonces”. "Los pactos malévolos de Ortega" Josefina "Pinita" se adentra en los detalles de ese pacto con el líder de la oposición Arnoldo Alemán, quien fuera presidente de Nicaragua (1997-2002). “Al hacer ese pacto, el sátrapa Arnoldo Alemán se libraba de la cárcel y Daniel Ortega tenía la posibilidad de hacerse con todos los poderes del Estado y los copó totalmente”, explica la mujer. Esa es la razón, prosigue Gurdián, por la que no hay institucionalidad en Nicaragua. “La Constitución la robó todas las veces que ha querido (Ortega). Aquí era prohibido volverse a presentar como candidato y, sin embargo, ya es la cuarta vez que lo hace”. Finalmente, se refiera al pacto “malévolo”, dice ella, entre Daniel Ortega y los empresarios. “El les dijo hagan negocios, yo no me meto con ustedes, pero ustedes déjenme hacer la política. Y eso hizo que la corrupción fuera mayor.

El gobierno de Suecia investigará unas 2.000 adopciones irregulares de niños chilenos durante la dictadura de  Pinochet tras una publicación en el diario sueco Dagens Nyheter, que revela la colaboración entre el régimen pinochetista y nazis suecos. El artículo se basa en la investigación "Niños chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990)". RFI habló con una de sus autoras, la historiadora chilena Karen Alfaro Monsalve. Cientos de madres jóvenes y pobres fueron obligadas en Chile a dar a sus hijos en adopción. Para el diario sueco Dagans Nyheter, se trataba de adopciones irregulares e inmorales, pero Karen Alfaro Monsalve, historiadora y profesora de la Universidad Austral de Chile, estima que “todos estos conceptos como irregulares o ilegales son eufemismos. En rigor, algunas fueron legales: hay documentación de jueces, hay firmas legales, pero son adopciones forzadas porque no fueron consentidas por parte de las familias biológicas. Fueron adopciones forzadas, principalmente de niños pobres, con motivos políticos, diplomáticos, y fueron una forma de control y regulación de la población pobre durante la dictadura militar”. “Operaban principalmente inhabilitando a familias pobres, fundamentalmente madres jóvenes, entre 14 y 18 años, la mayoría madres solteras. Les sustraían a sus hijos durante el parto o una vez que ellos estaban en una guardería infantil, o cuando las ingresaban por un problema médico a algún hospital público. Y entonces había un entramado de funcionarios públicos, asistentes sociales, médicos, jueces, abogados que facilitaban la adopción”, detalla. Pero también hay noticias de prensa que dan cuenta de robos o secuestros de niños en plena calle: “Incluso en la Araucanía, se dice que furgones de carabineros estaban involucrados en la recogida de niños”. Según la historiadora, el objetivo de estas adopciones forzadas es un control de la población: “Una de las primeras tareas de la dictadura es cuantificar a los pobres. Los pobres fueron, además de contados, criminalizados, y había un número importante de niños que ellos consideraban como una especie de excedente y de problemática para el desarrollo del país. Es una forma de reubicar a niños pobres en familias extranjeras porque el Estado hubiera tenido que hacerse responsable de ellos, y el Estado no estaba dispuesto a invertir en la infancia pobre”, comenta. La investigación también aduce un objetivo geopolítico, especialmente tras el gobierno sueco del primer misntro Olof Palme, enemigo número uno del régimen militar y aliado de los exiliados políticos tanto de Chile como de las otras dictaduras del Cono Sur.  “Las adopciones permitían una proximidad diplomática, especialmente para los países donde había un quiebre en las relaciones diplomáticas por el juicio contra las violaciones a los derechos humanos. Estas adopciones se dan principalmente en aquellos países que habían recibido un número importante de exiliados chilenos”, recalca Karen Alfaro Monsalve. Se trata entonces, en ese momento, “de crear una campaña pro Chile, a partir de esta imagen de un país en pleno desarrollo, de un Estado que se hace cargo de las problemáticas, mostrar el desarrollo científico e industrial… La embajada creaba material específico para difundir esta imagen de Chile fuera, que contradecía la llamada ‘campaña antichilena'. Los centros de adopciones suecos fueron un aliado en la difusión o el blanqueamiento de la imagen de la dictadura en el extranjero”, enfatiza la investigadora. De esa operación de blanqueamiento se encargó la Sociedad Suecia-Chile, dirigida por un sueco de ultraderecha, Ulf Hamacher, a través del Centro de Adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional del Niño Chileno. El embajador chileno de entonces “tomó contacto con la liga nacional sueca, con neonazis suecos y con la derecha en general en Europa para buscar aliados para la dictadura”. Un vínculo que se da bajo gobiernos socialdemócratas suecos: “En Suecia existió un giro del gobierno, de un gobierno más crítico y comprometido a un gobierno más socialdemócrata. Este cambio marca una menor incidencia respecto a la condena contra Chile. Hay un giro proclive a las relaciones sobre todo comerciales con Chile”, explica Alfaro Monsalve, que añade que también está “la razón humanitaria, al amparo de la cual ocurrió una serie de abusos de poder”. En el 2023 se prevé que salga el resultado de la investigación que está llevando a cabo Suecia. “Es fundamental como gesto político iniciar una investigación en Suecia y ojalá tenga como resultado poner todos los antecedentes. Hay una serie de archivos secretos todavía respecto a estas relaciones diplomáticas con la dictadura. Es el momento de abrir los archivos de la Guerra Fría para indagar en estas deudas pendientes”, concluye la historiadora.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en Glasgow la creación de una nueva reserva marina en las islas Galápagos y pidió la condonación de deuda externa del país a cambio de su conservación. Se trata de otros 60.000 kilómetros cuadrados que se suman a la zona de preservación ya existente. Es el canje de deuda por acciones en favor del medio ambiente más grande que se haya realizado en el mundo, dijo el presidente Lasso al presentar la nueva área marítima de protección absoluta  en Galápagos. La reserva, establecida en 1998, crecerá hacia el norte sobre la cordillera submarina de Los Cocos (que nace en el archipiélago y se extiende hasta México) e implica no producción pesquera industrial, y al noroeste para evitar la pesca artesanal. RFI entrevistó a Mauricio Castrejón, especialista en conservación y pesca artesanal en áreas marinas protegidas, quien participó en la elaboración del proyecto de canje. RFI: ¿En qué consiste este trueque de deuda por conservación? Mauricio Castrejón: Una de las grandes críticas es, si se crea la reserva, ¿cómo se va a financiar? Porque existen muchas reservas que sólo están creadas en papel. Entonces la propuesta es financiar la nueva reserva a través de un canje de deuda. Se propone una reestructuración de la deuda equivalente a 1.000 millones de dólares, con ahorros en beneficios directos para el gobierno del Ecuador, que sumaban 635 millones de dólares, con la intención de crear un fondo de sostenibilidad para financiar la administración de esta nueva reserva en términos de control vigilancia. También para invertir en proyectos que promuevan la pesca sostenible, proyectos de certificación pesquera, emprendimientos de pesca, básicamente promover una economía azul. Este es el mayor canje de deuda en términos de monto que se realizaría en la historia. RFI: Otro gran interrogante es ¿cómo se va manejar este fondo? MC: Cuando se propuso este canje de deuda hubo críticas, inclusive de la Armada, de que esto iba a afectar la soberanía del país. No se está vendiendo la soberanía del país porque el Ecuador sigue manteniendo la administración sobre su zona económica exclusiva. Lo que se hace es administrar un fondo en donde sí hay participación de las personas que compran el fondo, o del grupo de inversionistas que compra el fondo junto con el gobierno, junto con el sector pesquero. RFI: La creación de esta nueva reserva marítima de 60.000 kilómetros involucra a los países vecinos directamente concernidos como Colombia, Panamá y Costa Rica. ¿Qué les corresponde a ellos? MC: Les corresponde hacer lo mismo que Ecuador, o sea, proteger estas rutas migratorias de los tiburones, de las tortugas, puesto que de nada sirve que se protejan aquí en Galápagos o en el Ecuador, si al final, cuando salgan de los límites de la zona económica exclusiva del Ecuador hacia Costa Rica, los van a pescar allá. Tiene que haber una armonización de las normas que protegen a este tipo de especies y dentro de esas normas está la ampliación de las áreas de protección de sus zonas críticas, es decir de migración, de alimentación, para asegurar una mayor supervivencia de estas especies y mitigar el potencial impacto de la pesca ilegal, que es la que regularmente los afecta. Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, afronta una crisis económica agravada por el covid-19 con una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB). Del total del pasivo ecuatoriano, un 15,6% corresponde a otros países, como Inglaterra, España, Estados Unidos, entre otros, según el Banco Central. Con AFP.

La mina Antamina, principal productora de cobre y zinc de Perú, está parada. Sus trabajadores acusan a la empresa de usurpar sus territorios, y piden la presencia de autoridades y la mediación del presidente Pedro Castillo para levantar la huelga. La minera rechaza las acusaciones y afirma que los terrenos fueron comparados a la comunidad de Aquia hace muchos años. Desde el pasado domingo la mina peruana Antamina, el mayor yacimiento de cobre del Perú, suspendió sus operaciones debido a un paro campesino que bloquea una de sus rutas.  Una acción que ha generado una gran tensión entre el gobierno, la mina y la comunidad campesina de Aquia, que sólo busca una puerta al diálogo para impedir la usurpación ilegal de sus tierras y el cumplimiento de la responsabilidad social por parte de la minera. “Desde hace muchos meses estamos solicitando a Antamina que sincere documentos de uso de nuestras tierras. Ellos han tenido una licencia social hasta este año 2021, no es casualidad que todos los pueblos se estén levantando”, explica Adam Damián, presidente de la comunidad campesina de Aquia. “Actualmente ellos vienen elaborando la modificación de su estudio de impacto ambiental, y estamos solicitando que nos consulten, que respeten nuestros derechos. La comunidad de Aquia lo único que está pidiendo son los documentos, en ningún momento les hemos pedido dinero ni proyectos ni nada”, prosigue. La minera justifica la suspensión de sus operaciones por el riesgo potencial de una deriva violenta de la protesta comunitaria en la que temen ataques a sus instalaciones. Un argumento que niega rotundamente Damián, quien además añade que la presidencia de Antamina trata de desestabilizar con esta confusión al gobierno de Castillo. “Aquí está ocurriendo tránsito normal de todas las unidades, hemos hecho un paro específico para Antamina. Nos están calumniando, sacando videos de acciones violentas que no son de nuestra jurisdicción”, insiste Damián. “Posiblemente estén buscando desestabilizar el país, hacerse las víctimas, pero no es así, ellos tienen que dar la cara”, concluye. A esta medida de resistencia en Aquia se sumaron durante el transcurso de la semana los demás pueblos del corredor minero, donde en las últimas horas se registraron numerosos disturbios. Antamina, localizada en la región de los Andes, produce 33% del cobre y 23% del zinc del país. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc.

Una niña de 11 años que fue violada en Bolivia por un miembro de su familia no pudo ejercer el derecho al aborto tras la intromisión de la Iglesia Católica y de asociaciones opuestas a la interrupción voluntaria del embarazo, según denunció la Defensoría del pueblo de Bolivia, que ha interpuesto varias denuncias judiciales para que se ponga fin a la gestación de la menor. Pero como el embarazo ya ha sobrepasado las 22 semanas, cada vez es más difícil que se pueda llevar a cabo una interrupción. La Casa de la Mujer, una asociación que pelea por la protección de los derechos de las mujeres en Santa Cruz, ha seguido de cerca el caso de la pequeña. Ana Paola García es la directora de la Casa de la Mujer. “La niña ha sido víctima de violencia sexual desde mayo de este año. Hace unos días, muy asustada, le dijo a su prima que sentía movimientos extraños en su barriga. Ahí es que su madre puso la denuncia ante la Defensoría de Yapacaní. La madre realizó todo el trámite para que a la niña le interrumpan ese embarazo, producto de la violación.” La menor acudió con su madre al hospital de Santa Cruz, donde se programó la intervención, que iba a llevarse a cabo con medicamentos. Pero la situación cambió apenas unas horas después, cuando la madre empezó a echarse atrás, presentando un desistimiento de la interrupción del embarazo. Lo acompañó de “una carta manuscrita de la menor, donde la niña establece que quiere ser madre. Estaban acompañadas de una abogada de una asociación religiosa y del arzobispado boliviano,” apunta Ana Paola García. “La niña en su primera entrevista psicológica [durante los preparativos al aborto] ni siquiera sabía lo que significaba estar embarazada. Ni siquiera podía pronunciar la palabra ‘bebé'. Lo único que decía es que quiere seguir estudiando, que quiere que todo esto pase, que le saquen lo que lleva dentro, porque ni siquiera puede referirse a lo que está en su vientre como a un bebé.” Ahora la niña se encuentra en un albergue de la Iglesia Católica para menores embarazadas. La defensoría del pueblo boliviano ha interpuesto tres demandas judiciales para que el aborto sí se lleve a cabo finalmente, pero como la menor ya llegó a las 22 semanas de gestación, quedan muy pocos días para que la interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo sin demasiados problemas. Sino, la gestación tendrá que seguir adelante, con todas las consecuencias que podría acarrear para la menor, como señala Ana Paola García. “Ya han salido médicos claramente a establecer que el cuerpo de una niña no da para albergar un embarazo de nueve meses. Tampoco se está tomando en cuenta el impacto en la salud mental de la menor. Mientras las otras niñas juegan, ella estará obligada a cuidar de un bebé. Es dramático y doloroso. En Bolivia se está vulnerando el derecho de una niña, se está forzando la maternidad infantil y eso es considerado tortura, no puede encubrirse. El Estado tiene que actuar. Se debe ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debe pedir responsabilidades al Estado boliviano si permiten que esta niña sea madre.” De su lado, la Iglesia defendió su posición antiaborto. "La persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación", indica un comunicado del arzobispado de Santa Cruz. Según la ley en Bolivia, "un aborto incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible". Sin embargo, precisa que "cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación (...) no se aplicará sanción alguna". "Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", indica el Código Penal boliviano. La oficina en Bolivia de Naciones Unidas instó a aplicar el "marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas", al argumentar que el embarazo de una niña "no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional". El violador se encuentra detenido en una cárcel policial y a la espera de un juicio. Podría enfrentar una sentencia de 15 a 10 años de cárcel. En 2020 en Bolivia se reportaron 1.308 casos de violación de menores y 51 infanticidios, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, algunos activistas creen que la cifra es mayor, ya que muchas familias no presentan una denuncia. Con AFP.

Argentina adoptó este miércoles una nueva ley que impone un nuevo etiquetado a los alimentos. Ahora un gran octógono negro informará a los consumidores de si el producto contiene exceso de grasa, azúcar o sal. El texto busca luchar contra el sobrepeso, que afecta a un 66% de los argentinos, y la obesidad, que afecta a un 32%. Ambas traen consigo graves enfermedades como la hipertensión o la diabetes. El octógono es negro, bastante grande y con letras blancas, muy visibles. Se parece a una señal de stop de tráfico. A partir de ahora va a estar presente en Argentina sobre todas las latas de soda, alertando de su exceso de azucares o sobre las bolsas de papas fritas, alertando de su exceso de grasas. El objetivo es informar al consumidor del riesgo que estos alimentos acarrean para su salud a largo plazo. Alrededor del 44% de las muertes en las Américas, cerca de 3,1 millones, son causadas por la hipertensión arterial, la hiperglucemia en ayunas, y la obesidad y el sobrepeso, según la Organización Panamericana de la salud (OPS). La industria alimentaria tendrá 180 días para adecuarse a la nueva ley, que también traerá otros cambios al paisaje alimenticio argentino como desgrana el doctor Fabio Da Silva Gomes, desde la OPS, impulsora del texto. “Por ejemplo, si el producto es excesivo en azúcar, tendrá restringida la posibilidad de indicar que es rico en vitaminas o que es bueno para el tránsito intestinal. Sabemos que esas declaraciones de propiedades cambian la decisión del consumidor en favor de comprar esos productos. Además, no podrán llevar una publicidad dirigida a niñas y niños, y también se restringirá su presencia en el ámbito escolar.” Además de los excesos de sodio, grasas o azucares, se deberá indicar si el producto contiene cafeína o edulcorantes, dos componentes no recomendados para consumo infantil. Los productos que más octógonos alertadores van a llevar van a ser los que menos se parecen a un alimento de verdad, los temidos ultraprocesados. “Intentan imitar a los alimentos, pero no lo son. Casi no contienen ingredientes que son alimentos. Su composición son mezclas de grasas, harinas, aceites, sal. Usan cosméticos para dar sabor, olor, textura, para transmitir la idea de que alimentan. Y casi el 100% de esos productos tienen excesos”, apunta el doctor Da Silva Gomes. Esta ley se ha inspirado en otros países de la región, donde los octógonos negros ya dieron frutos. El primer en implementarlos fue Chile en 2016. En el país andino, el sector de la alimentación ha cambiado para bien, según la nutricionista Leila Guarnieri de la Fundación interamericana del corazón Argentina, que ha contribuido a la ley en Argentina. “La compra de bebidas azucaradas en Chile, a partir de la implementación de la ley se redujo casi un 24%. Y también, en grupos focales que se hicieron con madres, se vio que ellas quizá elegían ciertos productos creyendo que eran saludables. A partir de contar con esta ley se dan cuenta de que no lo son y han cambiado sus patrones de consumo.” El texto busca aportar claridad a la hora de escoger qué comprar. “Hoy en día en Argentina, la información nutricional presente en los envases de alimentos es muy confusa y engañosa. Justamente la información sobre los nutrientes críticos [sal, azúcar, grasa] no se comprende,” lamenta Leila Guarnieri. “Hay una tabla nutricional que solo el 13% de la población entiende. Eso lleva a que se vean como saludables productos como cereales de desayuno o yogures que, analizándolos, se parecen más a una golosina. Ahora estos productos van a tener un sello que tiene un sello que detallara el exceso de azúcar. Se busca que tengamos información clara, para que, en pocos segundos, en el supermercado, podamos escoger los productos sin sello [octógono].” El impacto de la medida en Argentina todavía está por estimarse, pero en México, un etiquetado similar reducirá en un 15 por ciento la obesidad en los próximos años, según la OPS.

Indígenas de Ecuador, que marcharon y bloquearon varias carreteras el martes pese a un estado de excepción, anunciaron que continuarán protestando este miércoles, por segundo día consecutivo, contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso. Entrevista realizada por Carlos Pizarro. Con AFP. El poderoso movimiento indígena ecuatoriano le está echando un pulso al gobierno de Guillermo Lasso. En abierto desafío al estado de excepción que rige en el país, decretado la semana pasada por el presidente en respuesta a la violencia del narcotráfico, cientos de manifestantes bloquearon carreteras en algunas provincias de mayoría indígena. Reclaman soluciones para la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus y exigen al gobierno que se frene la subida del precio del combustible. “Los pueblos indígenas, los sectores populares, hemos, de manera respetuosa, garantizado el proceso de diálogo”, dice a RFI el presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza. “Pero luego de la pandemia hay una feroz crisis instalada. Realmente es insostenible en las economías precarias que tenemos los sectores populares. Por ello, con respeto, hemos llegado a la mesa del diálogo. Pero el presidente de la República no nos ha escuchado. Se ha puesto como idea central de que él no es el responsable. Pero hemos pedido que se responsabilice sobre la coyuntura de ahora, donde hemos pedido que no se incremente el precio de los combustibles. Hemos cedido hasta 50 centavos. Habíamos pedido que rebaje 9 centavos y congele allí el precio, pero el presidente después de esto, más bien incrementa el precio hasta llegar a 1,90 dólares. Es una cuestión muy agresiva a nuestras economías. Hemos pedido, además, que se declare en estado de emergencia los créditos vencidos de muchos sectores, de muchos compañeros que están articulando en diferentes actividades económicas. Sin embargo, el presidente no ha dado respuestas. Entonces hemos dicho que pare esta política de persecución. La gente no puede pagar porque la pandemia nos ha quebrado”. La agitación social llega a Ecuador en un momento delicado, cuando el gobierno intenta solventar un fuerte aumento de homicidios, más de 2.000 en lo que va de año. Y al mismo tiempo el presidente Lasso ha sido nombrado en la investigación de los llamados Pandora Papers por haber tenido dinero en paraísos fiscales. Una investigación que intenta retomar la asamblea nacional ecuatoriana, por el momento sin éxito. “El presidente Lasso realmente ha perdido su palabra”, dice Iza. “Tiene en este momento sobre él la responsabilidad de responder [sobre su] relación con los paraísos fiscales. Él incluso había manifestado que está dispuesto a demostrar al país, pero en el momento que la Asamblea le ha convocado, el señor Presidente no ha aceptado, no ha ido a la Asamblea [para dar explicaciones] al país. Es así que con eso ha ido perdiendo legitimidad frente a la población. Y lógicamente eso también le resta posibilidades para que interactúe con la Asamblea Nacional y puedan ir definiendo políticas en favor del pueblo”. El gobierno informó de 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado. Unos 1.500 manifestantes, de acuerdo con el coronel de la policía César Zapata -a cargo del operativo de seguridad-, participaron en la marcha en la capital. La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las protestas cerca del palacio de gobierno, que fue atacada a pedradas. La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron once muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020. Los indígenas, que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, y que representan un 7,4% de la población, exigen al gobierno que congele los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la gasolina corriente. Ecuador, que exporta petróleo pero importa combustibles, encara una crisis reflejada en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB) y un déficit fiscal de 5% del PIB, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo. En medio de la agitación, el gobierno presentará al Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que precaricen el mercado laboral.

Casi un millar de policías y militares patrullaban este lunes el municipio indígena de El Estor, noreste de Guatemala, con cateos y capturas durante el estado de sitio que rige tras las protestas indígenas contra una minera suiza. Escondidos, acorralados y atemorizados. Así se encuentran los líderes indígenas que se refugian de las fuerzas del orden que el gobierno guatemalteco desplegó en el poblado de El Estor, para disolver las protestas contra una minera suiza que mantiene operaciones pese a que su licencia está suspendida desde febrero por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. “El Ejército y la Policía están yendo a intimidar a muchas personas que forman parte de la junta directiva como también las personas que forman parte del consejo. En mi caso, me he resguardado muy lejos de mi familia y de las otras personas que forman la alianza de la resistencia. Eso nos obligó a resguardar nuestra vida, es lamentable”, comenta para RFI el líder indígena Cristóbal Pop, a su vez presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales. El gobierno justifica el estado de sitio por actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad que dejaron un resultado de cuatro agentes heridos de bala. Pero según Pop, “es una cosa inventada, buscarán mil maneras de criminalizar a cualquier ciudadano, a cualquier indígena. Estamos exigiendo la legitimidad de una consulta con transparencia, y eso, a la empresa y al Estado de Guatemala, no les conviene”. La comunidad de El Estor mantuvo bloqueada la ruta que accede al proyecto minero que opera en el lugar durante más de 15 días, al tiempo que el gobierno realiza una consulta comunitaria. Y precisamente, los comunitarios sólo exigen ser tomados en cuenta en esta preconsulta por la licencia minera. “La Corte de Constitucionalidad ordenó a la empresa minera cerrar operaciones mientras se hace la preconsulta. Cosa que hasta el día de hoy la empresa no ha acatado. Una de las cosas que originó la resistencia es la exclusión de las autoridades legítimas: ni la municipalidad, ni el Ministerio de Energía y Minas tuvieron la voluntad de tomarnos en cuenta”, denuncia Cristóbal Pop. Tras las protestas de los indígenas, el presidente del país, Alejandro Giammattei, declaró el estado de sitio en El Estor durante 30 días. Una orden que limita el derecho de manifestación, establece un toque de queda y permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, entre otras restricciones.

El Fondo Monetario Internacional presentó ayer sus perspectivas económicas para América Latina y el Caribe. Si bien espera que éstas crezcan un 6,3% en 2021, el órgano monetario alertó sobre los picos de inflación en el continente con la reapertura pos-Covid. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un panorama sombrío para Latinoamérica y el Caribe en sus perspectivas económicas. El camino a la recuperación se prevé largo y sinuoso, y altamente dependiente de la evolución de la pandemia, advirtió el director interino del departamento de las Américas, Nigel Chalk. El FMI proyecta una inflación en Latinoamérica del 9,7% este año, y del 12% sólo en Sudamérica. “Las principales potencias entre los países de América Latina han empezado a reactivar el comercio. Y en esa reactivación del comercio, no nos olvidemos que China en 2020, creció casi un 3%, fue uno de los primeros que cambió su modelo con más consumo mercado interno, que implica mayor importación y obviamente orientado a su mercado interno”, explica el economista Ernesto Mattos, de la Universidad de Buenos Aires. “La locomotora principal del mundo en este 2021 hizo que algunos productos faltantes como los microprocesadores o microchips para la industria automotriz empezara a generar escasez. A esto se sumó la mayor demanda en alimentos, entonces esto hizo generar un aumento en los precios agrícolas, commodities, y todo este combo está tensionando los precios este año, que hay faltantes de producto, y que muchos países están tratando me parece en este contexto un proceso de sustitución”, prosigue. El caso argentino En ciertos países como Ecuador, la inflación postpandemia ha desatado protestas. En Argentina, en medio del aumento de la inflación, el gobierno del presidente Alberto Fernández pidió a las empresas de alimentos y a los supermercados que congelen los precios de más de 1.000 productos, desde el champú hasta la pasta y las bebidas. “No faltó alimentos durante la pandemia en Argentina. Estos alimentos se comercializaban a un precio que, posterior a 2019, fue tensionando el salario. Por eso estamos en este momento en Argentina en un momento en el cual el gobierno está pidiendo a las empresas a sentarse a acordar esto por un tiempo, no es indefinido, y volver a rediscutir los precios esenciales. Son 1.200 precios de un total de 70.000 precios o productos que ofrecen los supermercados”, detalla Ernesto Mattos. “Esto está en el artículo 42 de la Constitución que establece la relación entre los consumidores y los usuarios de bienes y servicios, y dentro del marco de la ley, es la conversación entre las empresas, el gobierno y los consumidores. Y lo que se trata de buscar este año es que el salario le gane a la inflación”, concluye el economista.

La comisión parlamentaria que investiga al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por la mención de su nombre en los “Pandora Papers” lo volvió a convocar para este viernes, tras su negativa este 20 de octubre de presentarse a su comparecencia. Se le advirtió que deberá ahora hacerlo "bajo prevención de ley" y que entre las consecuencias de volverse a ausentar se encuentra un posible juicio político. Guillermo Lasso ha sido convocado nuevamente ante la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso ecuatoriano, dominado por la oposición. El presidente ecuatoriano envió el miércoles una carta notificando las razones de su ausencia. “Lo que el presidente está diciendo a los miembros de la comisión es que él está dispuesto a entregar la información, pero después de que se tengan todos los elementos del juicio por parte de la Comisión de Garantías, cuando terminen las comparecencias. De forma tal que no hay una negativa tajante en entregar la información, él está señalando el momento en que debería hacerlo”, detalla la presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y exsecretaria general de la Asamblea Nacional, Libia Rivas. Sin embargo, subraya, “hay que considerar que la Asamblea Nacional no se puede dejar de reconocer, que en el ámbito de la fiscalización y control político, la Asamblea Nacional tiene plenas facultades para solicitar la información al mandatario”. Alta conflictividad Además, “el problema es que en Ecuador estamos en una situación de conflicto como resultado del trámite de un proyecto de ley que ha derivado en una amenaza por parte del presidente de la República de ‘muerte cruzada', que es una amenaza de disolución de la Asamblea Nacional. El ambiente como consecuencia de esta negativa del presidente incrementa la tensión que actualmente existe entre el Parlamento y la función ejecutiva”, precisa la abogada constitucionalista. “Por lo menos desde el 2009 en adelante, no hemos estado en una situación como la actual, donde hay un nivel de conflictividad tan alto”, recalca. Si Lasso no se presenta este viernes, advierte la comisión, “será causal de enjuiciamiento político”:“Se requiere que la Corte Constitucional le dé un visto bueno, un dictamen previo a la Asamblea Nacional para que proceda al juicio político. ¿Cuáles son las causales de juicio político, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución? Primero es por delitos ‘contra la seguridad del Estado', luego por delitos de ‘concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito', y luego por delitos de ‘genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia'”, recuerda Rivas.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken realiza una gira por Ecuador y Colombia para estrechar lazos con dos gobiernos de la derecha sudamericana. Su visita comenzó en Quito, donde fue recibido por el presidente Guillermo Lasso. Análisis de las perspectivas de cooperación con el geopolitólogo Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario en Bogotá. RFI: Es la primera vez en más diez años que un secretario de Estado estadounidense viaja a Ecuador. Y para el enviado de la administración Biden, Antony Blinken, es su primer viaje a Colombia. ¿Por qué se organiza esta visita ahora y en qué contexto regional tiene lugar? Mauricio Jaramillo: Primero, porque en los cuatro años de Donald Trump hubo un claro distanciamiento respecto a América Latina. En segundo lugar, en esa idea de que Estados Unidos vuelve a la escena internacional, dos de sus aliados están en América del Sur: Colombia que es un aliado histórico y Ecuador que tiene un gobierno de centro derecha. En tercer lugar, hay temas transnacionales que preocupan al gobierno Biden como migraciones, narcotráfico, inseguridad, contención a Venezuela, en los que Ecuador y Colombia desempeñan un papel esencial. En ese orden de ideas, para invisibilizar al gobierno de Maduro y cerrar espacios regionales, Estados Unidos vuelve a la carga apoyando a dos gobiernos que han sido clave en esa presión contra Caracas.  RFI: Lasso recibe a Blinken en medio de fuertes tensiones sociales y en pleno estado de excepción decretado para combatir la violencia del narcotráfico. ¿Qué espera el gobierno ecuatoriano en materia de cooperación?  Mauricio Jaramillo: Durante los diez años del gobierno de Rafael Correa Estados Unidos se alejó de Ecuador. Mantuvo una relación comercial privilegiada pero en materia de seguridad Ecuador se fue aislando a pesar de que en el pasado había sido un aliado importante. Estados Unidos tuvo una base militar en Manta, en el Pacífico.  Creo que este apoyo para el gobierno de Guillermo Lasso consiste en tener oxígeno internacional porque está pasando por un momento crítico en este momento internamente la situación de orden público es muy delicada, con indicadores de delincuencia preocupantes. Ha habido motines en las cárceles con saldos humanos inquietantes. Entonces para Ecuador es oxígeno político y para Estados Unidos es recuperar un aliado en materia de seguridad. RFI: En Colombia Blinken se reúne con Iván Duque pero también con grupos de defensa de los derechos humanos. ¿Qué intención tiene ahí?  Mauricio Jaramillo: El gobierno de Biden y Blinken han sido muy insistentes en recordarle al Estado colombiano que cualquier violación importante a los derechos humanos puede hacer revisar la relación. Esto ha sido producto de la presión de algunos sectores en la Cámara de representantes y en el Senado, que le han pedido a Biden ser más enérgico en esas exigencias.  RFI: Biden también ha sido presionado por las nuevas crisis migratorias que se han presentado desde su elección. ¿Cómo este asunto será clave en las reuniones? Mauricio Jaramillo: La estrategia de EEUU ha sido históricamente apoyar a algunos de estos países para que contengan sus flujos migratorios. Lo hizo por ejemplo Donald Trump con México, aunque hubo una negociación de otro tipo. Con Venezuela y Haití hay una estrategia parecida: se trata de hacer llegar recursos para que los estados que están en esa primera línea de recepción o bien puedan acogerlos o de alguna manera contenerlos y no se presenten estas olas migratorias incontrolables en las fronteras de EEUU.

Persiste la batalla judicial en Estados Unidos, luego de que el Gobierno del presidente Joe Biden solicitara a la Corte Suprema bloquear la ley sobre el aborto en Texas. La norma, que entró en vigor en septiembre, y ha sufrido frenos temporales y apelaciones, es valorada "inconstitucional" tanto por la Administración como por parte de la ciudadanía. La ley que desde el pasado 1 de septiembre prohíbe en el estado de Texas abortar después de que se detecte la actividad cardíaca del feto, volvió a sufrir un duro revés luego de que la administración Biden pidiese a la Corte Suprema de Estados Unidos bloquear dicha jurisprudencia. “Esta ley es inconstitucional, nunca debería darle la pauta que le estamos dando porque muchas mujeres están teniendo muchas dificultades en acceder al aborto que es constitucional. La Constitución de Estados Unidos dice que sigue siendo un derecho. Es un poco tarde, pero esperamos que la Corte Suprema haga lo correcto y frene esta ley en Texas”, recalca Ena Valladares, directora del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva en Estados Unidos. ¿Seguirá siendo un tira y afloja entre el estado de Texas y el Gobierno, o se puede divisar un futuro inmediato del cese definitivo de esta ley? “Lo que estamos viendo es que la Corte Suprema es mayormente conservadora, entonces esto va a largo plazo, no creo que termine aquí”, estima Valladares, que se alegra sin embargo de la atención que le está dando la administración Biden. “También hay otras leyes en el estado de Texas, donde en diciembre los proveedores no van a poder dar la píldora a personas que quieren un aborto por medicamentos después de las siete semanas. Entonces estamos viendo que en ese estado, es muy preocupante y muy desesperante para muchas personas porque se les están cerrando las puertas. Los que no están de acuerdo son los senadores, los representantes, pero si tú hablas con las familias, los tejanos, la mayoría de las personas no están de acuerdo con esta ley”, detalla. Hasta la fecha ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación ha entrado en vigor en Estados Unidos.

De 49.000 nacimientos en 2015, Uruguay ha pasado a menos de 36.000 en 2020, lo que representa la tasa más baja de natalidad de su historia y, probablemente, la más baja de la región. El éxito de políticas públicas de prevención del embarazo adolescente, entre 15 y 24 años, es una de las causas que explican la caída histórica de la natalidad en Uruguay. Preguntamos al sociólogo Ignacio Pardo cuáles eran las razones de este fenómeno. Si para algunos esta noticia enciende las alarmas, otros subrayan el logro que ha significado la libertad y la elección de las personas sobre cuándo y cuántos hijos tener. Entrevista a Ignacio Pardo, sociólogo de la Universidad de la República en Montevideo. RFI. ¿Qué piensa de la caída de la natalidad en Uruguay? No es una sorpresa que Uruguay tenga una natalidad baja y que siguiera bajando. El descenso de la natalidad es un fenómeno relativamente universal y de largo plazo. Uruguay se acopla a ese movimiento. Lo que sí es una sorpresa es lo rápido que ha sucedido. Es un descenso vertical y muy fuerte de la natalidad. RFI. La disminución de la fecundidad es, en efecto, una tendencia en América Latina, que imita un proceso consolidado en Europa y zonas de Asia. ¿Hay alguna especificidad de este desplome en el caso uruguayo? Lo llamativo radica en que ese descenso fue muy pronunciado en nuestro país en los últimos cinco años. Esos números de la natalidad y la fecundidad desde 2015 hasta ahora son bastante impactantes. RFI. ¿Y cuál es la razón?   La explicación es la baja de la fecundidad adolescente y temprana. Uruguay tenía, como el resto de América Latina, niveles de fecundidad relativamente bajos, pero conviviendo con niveles de fecundidad de adolescentes y temprana altos. En estos últimos cinco años, gracias a algunas medidas de política pública como el desarrollo de nuevas técnicas anti-conceptivas, esas adolescentes y jóvenes pudieron posponer con mucho más éxito los nacimientos que antes tenían muy temprano. De este modo, en cinco años, se redujo a casi la mitad la fecundidad adolescente y temprana, hasta caer (de 1,9) a 1,4 hijos por mujer, que es el nivel más bajo de la historia de Uruguay. RFI. ¿Es inquietante esta tendencia? La presión demográfica sobre el sistema previsional y los sistemas de salud o los sistemas de cuidado ha encendido algunas alarmas. Algunas son quizá más razonables que otras. Es razonable que el país intente ver cómo lidia con esa presión demográfica sin que eso resulte en un corte importante o un déficit de bienestar social de su población. Ya no es tan razonable que aparezcan incentivos a la natalidad que a menudo no funcionan demasiado o que quieren revertir un proceso como el del envejecimiento demográfico que es irreversible. Además, el envejecimiento es producto también de buenas noticias: una esperanza de vida más larga y poder controlar la fecundidad. Porque si bien ahora nos alarmamos porque es muy baja, no deja de ser una buena noticia que podamos elegir cuantos hijos tener y cuando tenerlos.

Es urgente que Latinoamérica aumente su gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por la Covid-19, según indicaron en un informe este jueves la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hacen un llamado a los gobiernos latinoamericanos a aumentar el gasto público en salud. El director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas, estima que esta falta de inversión en salud hizo que la pandemia del Covid-19 fuera aún más difícil: “Ya hay un sub financiamiento crónico en la región que, de una u otra manera, hace que en el momento en que llega la pandemia en 2020, toma el sector salud en una situación bastante deficitaria. El documento presenta que el sector salud no estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta dimensión”, explica. “Los recursos que efectivamente la OPS ha dicho en distintas fuentes que se requieren para enfrentar un sector público y un sector salud de buena manera son en torno a 6 puntos del PIB. El promedio de la región son 3,8 puntos del PIB destinados al sector salud”, detalla. En materia de desempleo, en el informe mencionan que se trata de la mayor contracción económica de los últimos 120 años. “Hay un impacto muy subversivo en el mercado del trabajo, trae menores ingresos a las familias, especialmente las familias más vulnerables, y por lo tanto estas proyecciones son que la pobreza y la pobreza extrema en esta región están aumentando, como las desigualdades”, recalca Arenas. Por lo que, añade, “en este contexto, la CEPAL lo que plantea es que básicamente éste es un momento para repensar el modelo de desarrollo y avanzar en una recuperación económica transformadora”. Arenas también indica que la contracción económica ha afectado fuertemente a las mujeres en la región, pues la participación laboral femenina disminuyó a niveles similares a los de hace 18 años. La pandemia reveló la “interdependencia” que existe entre la dimensión sanitaria y la económica, y mostró que es “imperioso” para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible.

En Paraguay, una comunidad indígena que llevaba años denunciando en vano la contaminación con productos herbicidas utilizados por la agroindustria, ha ganado una batalla legal. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, estimó en un dictamen que el Estado paraguayo violó el derecho de los indígenas al no protegerlos de las intoxicaciones. Desde 2009, la pequeña comunidad indígena de Campo Agua'ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, en la región de Curuguaty en Paraguay, ha estado denunciando el uso masivo de glifosato en las zonas de agricultura intensiva que rodean sus tierras. La justicia paraguaya constató los daños, pero ha dejado el caso impune por lo que los querellantes llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En la demanda, los abogados señalan que después de cada fumigación de herbicidas, los integrantes de la comunidad sufren síntomas claros de intoxicación (diarrea, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza), incluidos niños y niñas, por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases. "Estamos hablando de una comunidad indígena que está rodeada de haciendas, que alguna vez fueron haciendas ganaderas, pero que hoy en día, con el auge en los mercados internacionales del precio de la soja, se reconvirtieron en plantaciones extensivas de soja genéticamente modificada", explica Hugo Valiente, el abogado de la comunidad indígena afectada. Violación de domicilio "Y estas empresas que cultivan soja aplicaron todo el paquete tecnológico que viene asociado a los cultivos genéticamente modificados, es decir lanzamiento masivo de productos agroquímicos que se utilizan en este tipo de cultivo. Los pesticidas que son arrojados y los herbicidas sobre todo arrasan con los cultivos, con las milpas de las comunidades campesinas, de los indígenas, matan los animales de cría, contaminan los cursos de agua", detalla el abogado. En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la comunidad indígena al considerar que el Estado paraguayo falló en su deber de impedir las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa ambiental, violando los derechos de la comunidad a sus tierras tradicionales y a su "domicilio". Este es el primer dictamen del Comité que afirma que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de "domicilio" debe entenderse como "la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca". Próximos pasos "A partir de este dictamen, el Estado paraguayo está obligado a adoptar una serie de medidas que van desde la reapertura de la investigación y la sanción efectiva de los responsables de la contaminación, hasta la obligación de adoptar medidas para la reparación ambiental del daño sufrido por la comunidad. Y esto supone para la comunidad y para nosotros una plataforma a partir de la cual podemos fortalecer nuestra posición de exigencia hacia el Estado para que estas medidas sean cumplidas", precisa Hugo Valiente. El Comité "recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro".

Una fuerte polémica se desató en Colombia después de que se anulara la eutanasia programada para Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable. Ella iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en ese país que despenalizó la eutanasia desde 1997.  En Colombia, 157 personas han accedido a la eutanasia desde 2015 cuando se convirtió en ley. Todas padecían enfermedades terminales. Este año la Corte Constitucional colombiana alivió los requisitos para ejercer el derecho a morir dignamente, por lo que Marta Sepúlveda comenzó los trámites ya que padece una enfermedad grave, incurable y degenerativa.   Su muerte asistida estaba programada para el 10 de octubre, pero el Instituto Colombiano del Dolor, clínica que realiza este tipo de procedimientos, canceló la intervención, basándose en que “no cumple con el criterio de terminalidad”.   “Es muy importante hacer una precisión. Una cosa es el caso de la señora Sepúlveda, y otra cosa es la intervención que hizo la Corte Constitucional colombiana, en una reciente sentencia, que es la sentencia C-233 de 2021. Lo que hizo la Corte fue analizar nuevamente el artículo 106 del Código Penal, que es el homicidio por piedad, y lo que hace es incorporar un nuevo escenario, y es que se podrá proceder o reconocer ese derecho a morir dignamente, no sólo en casos de enfermedades graves e incurables, sino también en casos de lesiones corporales que puedan generar intensos sufrimientos físicos o psíquicos”, explica la constitucionalista Tania Luna Blanco, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá.  “En esta sentencia C, no se habla en particular del caso de nadie, es una sentencia donde la Corte controla la legalidad en abstracto, es decir que analiza una norma a la luz de la Constitución. Existe una orden de la Corte sobre el derecho a morir dignamente, sobre la garantía de ese derecho en el escenario colombiano, y un llamado muy importante al Congreso de la República para que regule este tema tan importante para todos los colombianos”, precisa.  Al caso particular de la señora Sepúlveda, le queda un camino legal y constitucional: “La señora buscará a un juez de la República, para que se tutele su derecho a morir dignamente, y el juez evaluar en el caso concreto por qué no se reconoció ese derecho. Tendrá que especificarse qué fue lo que pasó. Si existió el consentimiento, si los médicos están dispuestos a practicar el procedimiento, por qué sí, por qué no, y si realmente existe intenso sufrimiento. Y tendrá que evaluarse en el caso particular y concreto sin que pueda generalizarse a todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia”, concluye Tania Luna Blanco.  Siete países han despenalizado la eutanasia, Colombia es el único latinoamericano. 

La fiscalía chilena anunció este viernes 8 de octubre que el presidente Sebastián Piñera será investigado por el caso divulgado en Papeles de Pandora en relación a la venta de la Minera Dominga por uno de sus hijos. Según un analista entrevistado por RFI, de demostrarse su responsabilidad, Piñera podría ser destituido. De ser así, sería la primera vez en la historia de Chile, aunque al actual presidente sólo le faltan cinco meses para que termine su mandato. “Delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventualmente delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”. De esta manera la jefa anticorrupción de la fiscalía chilena, Marta Herrera, anunció la apertura de una investigación contra el presidente chileno Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los Pandora Papers en relación con la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos y en el contrato aparece una cláusula más que problemática y que levanta sospechas sobre un posible conflicto de intereses. En paralelo al anuncio de la fiscalía, el abogado y ambientalista Luis Mariano Rendón ha presentado una querella particular que ha sido admitida por la justicia porque dice, no se fía de la fiscalía de su país: “Nadie en nuestro país puede creer que él (Sebastián Piñera) no tenía conocimiento de este negocio entre sus hijos y su mejor amigo que era el comprador de los derechos respecto a este proyecto minero Dominga….ya hubo una primera investigación donde estos hechos aparecieron, sin embargo, no fueron investigados, por lo tanto, creo que por desgracia, la fiscalía de Chile no da la garantía suficiente, por eso, es importante que haya una grilla particular en este caso, que me permite estar encima de la investigación, poder exigir diligencias de manera que no haya ninguna posibilidad de que simplemente se le eche tierra a esta situación como ha ocurrido en otros casos”. Escuche aquí el programa de Noticias de América de Aída Palau consagrado a este tema: A parte de la vía penal, Sebastián Piñera también enfrenta, a seis semanas de las elecciones, una acusación constitucional por parte de diputados de la oposición y que debería formalizarse en estos días. El profesor y abogado Francisco Zambrano afirmó a RFI: “por lo cual podría ser destituido de su cargo, lo cual no ha pasado nunca en la historia de Chile”  Horas después del anuncio, el presidente Piñera dijo que no comparte la decisión de la Fiscalía, que no ha cometido irregularidades y que demostrará su "total inocencia". "Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia", declaró Piñera, cuyo mandato culmina el 11 de marzo de 2022. Piñera asegura que no fue consultado ni informado sobre la venta de la minera Dominga, que aún no está en construcción y que promete una inversión de 2.500 millones de dólares. Sobre el mismo tema: El presidente chileno Sebastián Piñera será investigado por caso divulgado por los” Pandora Papers” Los ‘Pandora Papers' revelan la evasión fiscal de varios jefes de Estado y de Gobierno

Preocupación en Colombia por el aumento de guerrilleros. Las causas: la debilidad de la aplicación de los acuerdos de paz, la falta de presencia del Estado y la crisis económica provocada por la pandemia. La presencia de estos grupos ya se registra en el 20% de los municipios colombianos.  Los grupos armados en Colombia crecen tanto en el número de guerrilleros como en área de influencia. Así lo denuncia una nueva investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Las cifras son terribles: se han contabilizado más de 10.210 hombres que integran 90 grupos armados, entre ellos la disidencia de las FARC, ELN y Paramilitares. Y lo más preocupante: sólo en las FARC hay 4.000 nuevos reclutas.   Para el director de Indepaz, Camilo González Posso, estamos ante una situación alarmante. “Cuando estábamos elaborando el estudio, con trabajo en el terreno, no nos lo podíamos creer: grupos que antes tenían 50 miembros ahora han subido a 200. El ELN mantiene sus bastiones tradicionales y ha ampliado también en algunas regiones. Los paramilitares, que venían recayendo muchísimo, en el último año se han recompuesto. Tenemos una situación crítica en cerca de 200 municipios, es decir, el 20% de los municipios del país.”  RFI: ¿A qué se debe esta expansión?  Camilo González Posso: “A la debilidad de la implementación de los acuerdos de paz en los territorios para atender a las poblaciones. El Estado ha llegado a velocidad de tortuga a estos lugares y con cuentagotas. En cambio, las mafias y los intereses de los acumuladores violentos de oro, de madera, de tierra, de rutas del narcotráfico, de negocios ilícitos, han tenido una presencia mucho más veloz, en medio de la pandemia. Ofreciéndole plata a los jóvenes. Hay 70% de desempleo rural, es una verdadera catástrofe económica, con la quiebra de 500.000 pequeñas empresas. Y en medio de esa situación social desesperada, todas estas economías ilegales y los grupos armados que están a su servicio están recomponiéndose. Esta situación es diferente de la guerra de antes de los acuerdos de paz. Es un panorama ante al que estar alerta, porque si no hay una política de implementación de los estos acuerdos, una política de presencia del estado, de alianza con la población, de transición hacia la paz, vamos a tener nuevos ciclos de violencia. “ 

En Perú, mueren diariamente seis mujeres por cáncer de cuello uterino, esta es la segunda causa de muerte en mujeres en el país. Desde el inicio de la pandemia, la estrategia para hacerle frente a este enemigo silencioso ha sido paralizada. El exdirector de Prevención y control de cáncer del Ministerio de Salud, Gino Venegas, advierte que urge que se adapte nuevas estrategias, sobre todo en un país donde la mayoría de casos son detectados en fases avanzadas donde poco o nada se puede hacer.  Antes de la llegada del coronovirus, Perú libraba ya una batalla contra un enemigo silencioso pero letal: el virus del papiloma huamano. Hasta antes de la pandemia, la principal estrategia de Perú era la vacunación en los colegios a niñas de entre nueve y trece años, pero con el estallido de la crisis sanitaria esta estrategia se paralizo por completo.  Frente a esta realidad, el doctor Gino Venegas estima que es urgente encontrar una estrategia que se adapte a este nuevo contexto, encontrar formas de que las madres o padres de familia lleven a sus hijas a los centros de salud y brinden su consentimiento para ser vacunadas. Esto es aún más urgente si se tiene en cuenta las cifras de muertes de 2020. Durante ese año, según la Liga de Lucha contra el Cáncer, se registraron 4 270 nuevos casos de mujeres con cáncer de cuello uterino y cerca de 2 500 muertes, el grueso de estos casos se detectó ya en fases muy avanzadas, donde poco o nada se podía hacer.    Asi es, más de la mitad de mujeres con cáncer no era detectada a tiempo por el papanicolau lo que hacía y hace que aún hoy el cáncer de cuello uterino siga siendo la segunda causa de muerte en mujeres. El doctor Gino Venegas explica también que ahora el Ministerio de Salud está implementando el test del virus del papiloma humano, aunque por ahora el programa solo está en una fase inicial en el país: Si bien en el Peru la vacunación contra el virus del papiloma humano es gratuita para niñas entre los 9 y 13 años, las mujeres hasta los 45 años también pueden acceder a ella, aunque por la vía privada. La inmunización consta de tres dosis nonavalentes, válida para nueve tipos de virus del papiloma, y cada dosis tiene un costo aproximado de 100 dólares, aunque en un país donde el sueldo minimo bordea los 200 dólares esta opción aún esta alejada de la mayoría. 

La playa de Huntington en California, conocida como la capital del surf, se ha convertido en el escenario de un nuevo desastre ambiental. Varios buzos de la compañía Amplify Energy tratan de encontrar las causas del derrame de petróleo en la costas californianas mientras que se intenta que la mancha negra no se expanda y llegue a zonas protegidas. Se trata de uno de los derrames de petróleo más devastadores de la última década frente a las costas de California según las autoridades del condado de Orange. Agregaron que la cifra inicial de 3.000 barriles de crudo, más de 570.000 litros, vertidos en el Océano Pacífico puede que se quede corta y que el desastre ambiental, así como sus consecuencias, sean mucho mayores. Hasta ahora se desconocen las causas, una de las teorías apunta al ancla de un barco que habría perforado el oleoducto de la compañía Elly, operada por Beta Offshore, una filial californiana de Amplify Energy Corporation. “Lo que estamos viendo aquí es un episodio más de las interminables tragedias y desastres y catástrofes petroleras que asolan no solamente a Estados Unidos, sino a varias partes del mundo”, dice a RFI Javier Sierra de la ONG ambientalista Sierra Club. “Hay varias plataformas petroleras a lo largo de la costa de California que están extrayendo crudo. Entonces este accidente puede ocurrir prácticamente en cualquier momento, cualquier día, en cualquier hora. Estamos hablando de 170 toneladas de crudo que están empapando alguna de las zonas más prístinas de la costa sur de California, varios pantanos, playas. Y al mismo tiempo también está contaminando alguna de las propiedades inmobiliarias más caras, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Estamos viendo que el resto de las comunidades sufren un olor espantoso a crudo por toda la costa”. Pese a las labores de limpieza, se sabe que la mancha de petróleo de 34 kilómetros se ha infiltrado ya en el pantano de Talbert, una gran reserva ecológica, causando "daños significativos". Lo que se busca evitar es que alcance la reserva ecológica de Bolsa Chica y los humedales de Huntington Beach, la playa conocida como la capital del surf del país. “Queremos que se prohíban por completo todas las explotaciones petroleras en las costas de Estados Unidos. Son innecesarias”, dice Sierra. “Tenemos los conocimientos y las tecnologías para generar esa energía de manera limpia y renovable por medio del viento, lo que se llama bosques eólicos en las costas de Estados Unidos. Desgraciadamente, en este país [esa tecnología] está muy poco desarrollada en comparación con otros, como Dinamarca o Noruega”. Representantes republicanos de la zona afectada han enviado una carta al presidente Joe Biden pidiendo que se declare al condado de Orange en situación de catástrofe grave lo que permitirá liberar fondos federales para ayudar en las tareas de limpieza. En el Congreso hay también varias iniciativas que buscan acabar con las energías fósiles y poner así fin a las plataformas de explotación de petróleo. “Lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos es histórico”, dice Sierra. “Nosotros estamos muy metidos en esta pelea. Queremos apoyar todo lo posible para que estas iniciativas parlamentarias tengan éxito y finalmente Estados Unidos se convierta en el líder mundial en el combate contra el cambio climático”. Una de estas iniciativas proviene del gobernador demócrata Gavin Newsom que quiere poner fin a las perforaciones petrolíferas en el estado para 2045. La producción de petróleo en esta costa ya ha disminuido drásticamente desde la década de 1990, en parte debido a las estrictas normas medioambientales del Estado. El gobernador demócrata Gavin Newsom incluso anunció que quiere poner En reacción a la catástrofe, Michelle Steel, la republicana que representa a parte de la zona afectada, no tardó en enviar una carta al presidente demócrata Joe Biden, solicitando una declaración de catástrofe grave para el condado de Orange, lo que liberaría fondos federales para ayudar en las tareas de limpieza. Sin embargo, el domingo, la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, declaró que el petróleo se había infiltrado en el pantano de Talbert, una gran reserva ecológica, causando "daños significativos".

El presidente chileno, Sebastián Piñera, asegura que no hubo irregularidades en su compraventa de acciones del proyecto minero Dominga, situado en la región norteña de Coquimbo. Pero según revela la investigación periodística de los pandora Papers, el proyecto se benefició de la llegada al poder de Piñera, lo que para los ambientalistas es una prueba más de las fallas en el proceso.   “Fue durante nuestro gobierno que fortalecimos la institucionalidad medioambiental, creando el Ministerio de Medioambiente, los tribunales ambientales, la fiscalía de medioambiente y por lo tanto nuestro compromiso de proteger el medioambiente. Se refleja en hechos muy concretos.”  El presidente chileno, Sebastián Piñera se defendía así de las acusaciones de haberle facilitado el camino al polémico proyecto minero Dominga, según reveló este lunes la investigación de los Pandora Papers llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que en Chile fue capitaneada por LaBot y CIPER.   La familia de Piñera fue una de las impulsoras del proyecto Dominga y tenía un 33% de las acciones, que vendió en 2010 al accionista mayoritario, el empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos del mandatario. Piñera llevaba entonces 9 meses en el poder y había concluido la venta en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. La última cuota estaba condicionada a que el Estado chileno no declarara reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas.  “Esta es la gota que desbordó el vaso”, dice a RFI Liesbeth Van der Meer, directora de la ONG Oceana, que tiene como objetivo la protección de los océanos. “Hay suficiente información para entender que este proyecto no se tramitó como cualquier otro en Chile”.   Esta explotación minera evaluada en 2.500 millones de dólares debería dar trabajo a unas 10.000 personas y para su funcionamiento necesitará de un puerto. Un proyecto polémico desde el inicio y que según los ambientalistas tendrá efectos irreversibles.  A sólo 30 kilómetros de su futuro puerto está la reserva nacional del pingüino de Humboldt, donde habita el 80% de la población de esa especie en peligro de extinción. Por ahí también se pasean delfines nariz de botella y ballenas azules.  Estos nuevos datos llegan justo cuando Dominga debe enfrentar una nueva batalla judicial, con dos recursos de casación presentados por Oceana y dos pescadores artesanales, que buscan anular la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta que validó el permiso ambiental del proyecto minero  “Este proyecto ha sido sumamente cuestionado desde sus inicios por una evaluación ambiental deficiente, por el financiamiento a Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el primer gobierno de Piñera, y por un sinnúmero de irregularidades en el proceso administrativo. La Corte Suprema tiene que tomar una resolución final pero no siempre toman estos nuevos datos en cuenta, sabiendo que en el 2017 ya se conocían algunos datos y no fueron tomados en cuenta por los tribunales,” lamenta Liesbeth Van der Meer.   Sebastián Piñera ha dicho este lunes que la compraventa de Dominga se efectuó en completa legalidad. 

Mauricio Macri tiene prohibido salir el país y deberá rendir cuentas ante la justicia el  próximo 7 de octubre  por el espionaje a familiares de marinos del submarino ARA San Juan que naufragó  en 2017 en el Atlantico Sur,  con 44 tripulantes a bordo . El expresidente agentino Mauricio Macri tiene prohibido salir el país y deberá rendir cuentas ante la justicia el  próximo 7 de octubre  por el espionaje a familiares de marinos del submarino ARA San Juan que naufragó  en 2017 en el Atlantico Sur,  con 44 tripulantes a bordo . Según el juez Martín Bava que ordenó la indagatoria,   el ex mandatario está imputado por haber ordenado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas en torno a familiares de las víctimas ,  o de sus equipos de defensa .Por el mismo hecho, el magistrado también dispuso el procesamiento de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del ex gobierno macrista Macri estuvo presente en cada una de las causas que se iniciaron por espionaje ilegal durante su gobierno. Sin embargo, hasta ahora, ningún juez había dado el paso de convocarlo a prestar declaración indagatoria. Así lo hizo este viernes el juez Bava, que desde hace unos meses subroga en el juzgado de Dolores y, como tal, se hizo cargo de la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juan. Las tareas que desplegó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estuvieron siempre orientadas a adelantarle al propio Macri cuáles serían las próximas acciones que tomarían los familiares que reclamaban respuestas por la desaparición del submarino.  Valeria Carreras, abogada de la mayoría de familiares de las víctimas del submarino , ha explicado en la antena de RFI: "Aunque parezca increíble Macri sigue con las mismas prácticas de la peor dictadura que tuvo Argentina: espiar ilegalmente sin orden de ningún juez a mujeres que habían perdido a sus maridos, hermanos o hijos...(...) incluso infiltrando gente entre ellas. Las prácticas más nefastas" ha afirmado la abogada  en nuestra antena.  "Macri quería tener el control de lo que iban a decir los familiares por miedo a tener un grave problema político" ha sentenciado Carreras en RFI.   El origen de la investigación del espionaje La causa se inició en septiembre del año pasado tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que encontró documentación y fotos sobre los seguimientos a los familiares que se centralizaron desde Mar del Plata. Lo hizo mientras relevaba información que le había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el rol de las distintas bases de la AFI bonaerenses en lo que se conoció como Proyecto AMBA. Caamaño radicó inicialmente la denuncia en Mar del Plata, donde la instrucción estuvo a cargo del fiscal Daniel Adler. Allí se identificaron los hechos que ahora le imputan a Macri y por los que procesaron a Arribas y compañía. Sin embargo, el juez Santiago Inchausti entendió que debía tramitar conjuntamente con la investigación que llevaba adelante entonces Ramos Padilla sobre el Proyecto AMBA. Junto con el fiscal Juan Pablo Curi, Bava retomó la pesquisa cuando Ramos Padilla dejó Dolores para mudarse al Juzgado Federal 1 de La Plata.

La "creciente crisis de seguridad, de derechos humanos y ambiental" en que se hunde la región amazónica colombiana desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC puede llevar a una catástrofe climática global, advierte un informe divulgado por las seis organizaciones medioambientales más grandes presentes en esta región que ya deja de ser el pulmón del mundo. "Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra defensores ambientales en la Amazonía colombiana" es el título del informe sobre la región desde 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz entre la hoy extinta guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. En entrevista con Radio Francia Internacional, Julia Gorricho, asesora para América del Sur de WWF Alemania (Fondo Mundial para la Naturaleza) y una de las autoras del estudio afirma que tras la forma de la paz se generó un vacío de poder en la Amazonia abriendo la vía a nuevos actores políticos y económicos, legales e ilegales, que han potenciado la violencia y la destrucción de los recursos naturales de la región. RFI: ¿Qué ha pasado en la Amazonia tras la firma de la paz? Julia Gorricho: Después de la firma del acuerdo se genera una nueva lucha, en este caso por el control del territorio que pasa desde actores ilegales armados hasta otros actores que no necesariamente están armados pero que generan una nueva dinámica con los recursos RFI: ¿Cuáles son los actores de ese nuevo orden o desorden que reina en la Amazonia colombiana? Julia Gorricho: El informe nace de las 6 organizaciones más grandes ante una situación de frustración de ver cómo en este nuevo contexto no estamos pudiendo avanzar y vemos como temas como el acaparamiento de tierras donde hay tala, quema por pastizales, el tema de cultivos ilícitos de coca con nuevos actores como los carteles mexicanos o la minería ilegal, que ya estaba presente antes de los acuerdos pero que ha vuelto a reconfigurarse con las disidencias y otros grupos ilegales en la región. Y también tenemos en esa lucha por el territorio el tema de las infraestructuras y carreteras que muchas veces están dentro de los planes del desarrollo del gobierno y que son como esas venas que hacen entrar todas estas dinámicas destructivas RFI: ¿Es decir que con la desmovilización y desarme de la guerrilla de las FARC, el Estado no hizo presencia en la Amazonia creando un vacío de poder y dejándola a merced de actores ilegales.? Julia Gorricho: Efectivamente, ése es el fenómeno. No sólo un vacío porque el estado colombiano no ha conseguido llenar sino también porque desde el gobierno  ha habido falta de compromiso en la implementación del acuerdo creando un vacío que pone en primera línea de peligro a defensores  medioambientales y otros líderes sociales que se convierten en la piedra en el zapato para los que tienen algún interés. Es el mismo caso de las personas que trabajan para parques nacionales en esta región trabajando para la conservación de la biodiversidad. Ellos hacen la vigilancia de nuestras grandes joyas de la corona. Son las personas que están denunciando cuando empezamos a ver carreteras en los parques... y estos guardaparques no cuentan tampoco con el apoyo del estado colombiano para poder ejercer su trabajo. En los últimos dos años hemos tenido varios asesinatos de guardaparques. El informe pretende visibilizar esta situación que pone en riesgo a estos trabajadores, líderes sociales o guardaparques. 

Miles de niños autóctonos abusados o desaparecidos durante más de un siglo: tras la conmoción provocada por el escándalo de los internados este verano, Canadá celebró este 30 de septiembre su primer Día Nacional para la Verdad y la Reconciliación para honrar a las víctimas y reconocer los "terribles errores" del pasado. Canadá se tiñó este jueves de naranja, el color que representa a las víctimas de las residencias escolares para indígenas, con decenas de marchas y eventos en todo el país para recordar a los niños que sufrieron en el sistema diseñado para erradicar las culturas indígenas canadienses. Lea también: Canadá: Conmoción tras nuevo hallazgo de cientos de tumbas de niños indígenas A lo largo del siglo 20, 150 mil niños originarios de los pueblos autóctonos de Canadá fueron llevados a la fuerza a 139 internados en todo el país, donde les cortaron los lazos con sus familias, su lengua y su cultura. En los últimos meses, se han descubierto más de mil tumbas anónimas cerca de estos internados católicos, esclareciendo parte del pasado colonial canadiense y de su política de asimilación de las Primeras Naciones. Plano simbólico "Este trágico descubrimiento nos recuerda no sólo las consecuencias del colonialismo y la dura realidad de nuestro pasado colectivo, sino también el importante trabajo que debemos hacer hacia la reconciliación", declaró el primer ministro Justin Trudeau, cuya retórica sobre los pueblos autóctonos se basa en el perdón y la reconciliación. En entrevista con RFI, Roxana Paniagua, socióloga y especialista en el reconocimiento de los pueblos indígenas en Canadá, afirma que los gestos del primer ministro canadiense hacia las Primeras Naciones se quedan en el plano puramente simbólico: "Trudeau se desmarca del anterior gobierno conservador que tuvo muchos problemas con las naciones indígenas, que se autodenominan Primeras Naciones. Entonces como primer ministro dio unos pasos muy significativos desde el punto de vista solamente simbólico, porque las legislaciones no se acomodan a esos pasos simbólicos: el reconocimiento, pedir perdón por el trato que les dieron…", detalla. Lea también: Canadá descubre la extensión de su política de 'genocidio cultural' indígena Un pasado que se inscribe "dentro de una política asimilacionista pero racista, con un imaginario muy cargado sobre los indígenas como pueblos salvajes, y también con la puesta en marcha de un sistema jurídico que determinó a través de la Ley sobre los Indios que los indígenas son inferiores jurídicamente. Esta ley está presente y consolida de alguna manera una relación de colonialismo interno en Canadá", explica asimismo la docente en el departamento de Ciencias Sociales del Collège Maisonneuve de Montreal. Un viejo problema Por primera vez, la Iglesia Católica de Canadá emitió la semana pasada una disculpa formal a los pueblos autóctonos, citando "el trauma histórico y continuo, así como el legado de sufrimiento y los desafíos que continúan hasta el día de hoy". Según Roxana Paniagua, el problema no es nuevo: la sociedad canadiense sabía lo que había pasado desde fines de la década del 90, con la Comisión Real de Investigación que compiló 3.000 páginas de testimonios de personas que habían vivido "los orfanatos, el maltrato, el abuso –sexual, psicológico, físico". "Y se sabía también, desde hace unos tres o cuatro años, sobre la violencia y la desaparición de las mujeres. Pero no se dieron actos concretos para modificar esto", añade.    Sin embargo, los líderes de los pueblos autóctonos reclaman acciones, no sólo palabras. "Una lucha concreta contra el racismo, un verdadero reconocimiento, desde mi punto de vista, supondría modificar leyes de educación, donde los saberes indígenas puedan ser impartidos como saberes de la cultura general de Canadá", y revalorizar a los pueblos oprimidos, quienes vieron sus territorios acaparados por "el colonialismo canadiense, en su faceta primero francófona y después anglófona”, sostiene Paniagua. "El reconocimiento como tal, concreto, de política social, de lucha contra el racismo, de integración de los indígenas, no está", concluye la socióloga.  

Miles de migrantes varados en el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, empezaron esta semana a ser atendidos en el Estadio Olímpico de la ciudad, ahora habilitado para que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) tramite con más celeridad sus demandas. Las autoridades calculan atender cada día entre dos y tres mil solicitantes de refugio y, con ello, garantizar su protección. Las cifras son una señal de alarma. México recibió más de 77 mil solicitudes de refugio –provenientes de 99 nacionalidades diferentes– entre enero y agosto. Miles de los solicitantes se encuentran varados en la frontera sur del país. Y otros malviviendo en el norte buscando cruzar a Estados Unidos. “Gran incremento de personas” Desde comienzos del año, la región vive una ola migratoria sin precedentes con un flujo histórico de 147 mil indocumentados detectados en México, el triple del año precedente, y un récord de 212 mil inmigrantes detenidos sólo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Para destrabar el proceso de refugio, decenas de funcionarios, activistas y ONG atenderán por cuatro semanas a los miles de solicitantes de refugio en el estadio del sureño municipio de Tapachula en Chiapas. “Estar atendiendo en el Estadio Olímpico es una respuesta, por parte de las autoridades de Tapachula, al gran incremento de personas que llegan a solicitar la condición de refugiado. La población más visible que está solicitando ahora es la población haitiana. Evidentemente sigue habiendo población centroamericana”, explica Jhery Antonio Pérez, abogado del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). “Es un gran flujo, unas 3.000 personas por día, y se necesita un espacio grande para cuidar la sana distancia, las normativas de seguridad. Se hizo un gran circuito para poder hacer la filtración, para ver si las personas tienen una cita, pasar por estos campos de bioseguridad para ver si no tienen temperatura, etc., y luego más adelante registrar a las personas para tener ese documento que acredita que son solicitantes de la condición de refugiados”, prosigue. “Una buena implementación” Podría ser visto como un laberinto burocrático, pero según Jhery Antonio Pérez, es “una buena implementación del gobierno para poder dar acceso a derechos de forma más efectiva. Es muy muy rápido, tenemos unos tiempos de espera de una hora a dos horas, realmente antes era un mayor tiempo. Evidentemente el procedimiento de refugio es otro, la importancia es cómo llegar a solicitar la condición de refugiado”. “Uno de los primeros derechos al solicitar la condición de refugiado es la no deportación, y solicitando la condición de refugiado, se puede tener acceso al programa de protección internacional para cualquier persona que quiera solicitar la condición de refugiado. Pero se les pide que no abandonen la localidad solicitada, a lo cual, si las personas salen del estado solicitante, cuenta como abandono, y si quieren llegar a otro estado habrá que reabrir su caso. Pero podrían ser detenidos, tendrán que explicar el motivo de salida”, detalla. Chiapas debe sostener el maremoto de inmigrantes que entra por el sur.  Chiapas que con Guerrero y Michoacán son los tres estados de donde provienen los desplazados internos de México, el otro drama que sufre el país.

En coincidencia con el día internacional por un aborto legal y seguro, los diputados chilenos aprobaron que se pueda legislar sobre la despenalización del aborto, una iniciativa trancada desde 2018. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género que impulsa esta iniciativa todavía no canta victoria pues debe lograr un proyecto de consenso y su aprobación en una Cámara dominada por hombres conservadores. La moción, que fue ingresada en el Congreso en 2018 por diputadas progresistas de la oposición, busca modificar la actual ley del aborto, vigente desde 2017, que solo lo permite en tres causales. Las tres causales son que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. El gobierno conservador de Sebastián Piñera se ha opuesto a reformar la ley de aborto. “Todavía no tenemos que cantar victoria porque lo que hicimos fue aprobar la idea de legislar en la Cámara”, dice a RFI la presidenta de la Comisión de Mujeres y Unidad de Género en la Cámara baja chilena, Maite Orsini. “Eso quiere decir que se ordenó a la Comisión de Mujeres tramitar el proyecto en particular y ahora lo que toca es generar un contenido que logre mantener la votación que tuvimos hoy día. Hay que tratar de conciliar ciertas posturas para lograr una indicación sustitutiva del proyecto de ley que permita que avance y pase al Senado. Pero no tenemos certeza de que así sea. Si hubiesen venido a la sala los diputados de derecha que no votaron, el proyecto se habría perdido. Fue una mayoría circunstancial que no sabemos si se va a repetir luego de que el proyecto sea tramitado en la comisión y vuelva nuevamente a la Cámara de Diputados. Todavía en Chile no hay aborto legal o despenalización del aborto, estamos caminando hacia eso. Dimos un primer paso en la despenalización del aborto. Un paso muy importante, porque no esperábamos que se aprobara la idea de legislar”. La actual ley de tres causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país, aseguran los movimientos sociales que consideran insuficiente la legislación actual. “Tenemos un Congreso que tiene una sobrerrepresentación de hombres y a conservadores, a pesar de que en Chile, según las últimas encuestas, 73% de los chilenos y chilenas están a favor de la despenalización del aborto”, dice Orsini. “En la Cámara hay una proporción mayoritaria de hombres y hay una proporción mayoritaria de conservadores, cuando en Chile los conservadores son minoría. En Chile la derecha conservadora está muy ligada a la Iglesia católica, defienden los intereses de la Iglesia Católica. Y además hay otro factor político relevante que es que nosotros tenemos elecciones presidenciales en dos meses y el candidato de la derecha se mostró abiertamente en contra del aborto. Entonces, si los parlamentarios votan distinto de como el líder de la coalición y su candidato presidencial, es muy fácil construir un relato de que el candidato le falta gobernabilidad y no se puede gobernar un país si uno no tiene gobernabilidad entre sus propios parlamentarios”. Hasta hace unos años era impensable que el Congreso chileno debatiera un proyecto de despenalización del aborto debido a la férrea oposición de la Iglesia católica. Sin embargo, la Iglesia ha caído en el descrédito en Chile por numerosos escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, lo que ha mermado su influencia en el debate público. Ahora solo el 20% de los chilenos confía en la Iglesia, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 'think tank' de tendencia liberal. El derecho al aborto está lejos de ser universal. Una veintena de países lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. En Estados Unidos, el aborto está contemplado desde 1973, pero varios estados restringen mucho esta práctica. En diciembre, Argentina aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras un histórico debate y se convirtió así en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana. En México está permitido en el estado de Oaxaca y en Ciudad de México. Con AFP

En Perú, las declaraciones del jefe de gabinete Guido Bellido están en el centro del debate político después de que amenazara con nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea, en la región de Cusco, si la empresa encargada de la explotación y comercialización del recurso se niega a renegociar con el Estado el reparto de utilidades.  Esto a pesar de que el presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía Pedro Francke habían afirmado que el gobierno no tenía planes de expropiar. ¿Qué es Camisea y qué importancia tiene? Le hicimos cuatro preguntas a Esteban Valle, especialista en recursos naturales del Perú y coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana. RFI: ¿Qué es Camisea? Esteban Valle: Camisea es una zona de explotación de gas. Los yacimientos de Camisea están ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de Lima, en el departamento de Cusco, situado en la zona central sur del país. En su momento, su desarrollo era de vital importancia para el Perú, estos yacimientos permitirían revertir el déficit de energía por el declive de la producción de petróleo y el deterioro de las actividades de industria. Los reportes internacionales sobre la energía mundial ubican al Perú en el tercer lugar en cuanto a reservas probadas de gas natural en Sudamérica. Se estima que los yacimientos de gas de Camisea poseen 12,4 millones de pies cúbicos de reservas probadas. Son yacimientos estratégicos en el país, que proveerán gas a Perú por los próximos 20 años. RFI: ¿Quiénes conforman este consorcio? Esteban Valle: En 2004 el consorcio firmado con Pluspetrol, la empresa multinacional, ganó la licitación del lote 56. En este consorcio participan también las empresas Hunt Oil, SK Corp., TecPetrol, Sonatrach y Repsol. Este consorcio explora y produce el gas natural y líquido en los lotes 56 y 88, ubicados en una de las reservas de gas más importantes del continente. RFI: ¿A quién beneficia? Esteban Valle: El principal destino del gas natural que se produce en el Perú es la exportación. Le sigue en importancia la generación de electricidad y en menor medida el consumo industrial. Una parte muy pequeña se usa en el sector vehicular, y apenas el 1% en los hogares y pequeños comercios del país. Se han producido y exportado 64 millones de metros cúbicos de gas natural, por un valor de 7.500 millones de dólares, entre 2011 y 2018. RFI: ¿Por qué es estratégico? Esteban Valle: Después de 16 años de iniciada la explotación comercial del gas de Camisea, sólo 1,1 millones de hogares en el país cuentan con suministro de gas natural y el 90% de éstos se ubican en la capital Lima. El lentísimo proceso de masificación del gas natural en Perú muestra la ausencia de una política de Estado enfocada en lograr que amplios sectores de la población se beneficien de una fuente de energía eficiente, económica y más limpia, y para una variedad de usos domésticos que mejoren su calidad de vida. Este desbalance entre el uso del gas natural en los hogares del país y el destino que tiene el gas en otros mercados extranjeros hace que los peruanos vean este recurso como un recurso estratégico que está siendo desperdiciado y que no está beneficiándolos en el día a día.

Este domingo 26 de septiembre se cumplieron siete años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, estado de Guerrero. Con nuestra corresponsal en México, Marta Durán De Huerta. A siete años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales, los padres de los estudiantes encabezaron una marcha para conmemorar la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y para exigirle a las autoridades más y mejores resultados. "Se han hecho diligencias, se han [obtenido] pruebas muy sólidas, muy objetivas, que nos conducen a los avances que [tenemos] hoy en día”, dijo a RFI el abogado y vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales. “Sin embargo, todavía resultan insuficientes para dilucidar cabalmente el caso”. En conferencia de prensa el sábado 25 de septiembre, el Subsecretario para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, echó por tierra la “Verdad Histórica” que fue la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) de lo sucedido con los jóvenes. El móvil del crimen Los normalistas querían viajar a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre. Todo apunta a que los chicos, sin saberlo abordaron un camión que esa noche viajaría a Chicago, con un cargamento de heroína. El dueño del enervante, dio la orden a las policías y al Ejército de que recuperaran el estupefaciente. Los cinco camiones en los que venían los normalistas fueron atacados brutalmente al igual que el de Los Avispones de Chilpancingo, un equipo de fútbol escolar, confundido con los normalistas. La participación del Ejército “El Ejército no solamente tuvo complicidad, sino que tiene responsabilidad directa por la muerte de varios de ellos y la desaparición de otros”, dijo el periodista Témoris Greco autor del libro Ayotzinapa. Mentira histórica. Oficialmente siempre fue negada la participación del Ejército en las desapariciones, a pesar de los testimonios de los sobrevivientes, del espionaje a los normalistas y su presencia en el lugar de los hechos. En los últimos días un testigo protegido dijo que por lo menos 25 estudiantes fueron llevados al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde los estudiantes fueron interrogados, torturados y asesinados para posteriormente entregar los cuerpos a un grupo delictivo para que los deshiciera en ácido. Los padres de los normalistas reclaman una investigación a fondo, castigo a los perpetradores y sus encubridores, en especial los que siguen siendo funcionarios públicos.

Este 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la firma de los acuerdos de Paz en Colombia. Las conversaciones entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC debían acabar con 60 años de conflicto armado que han dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados. ¿Qué se hizo y qué queda pendiente de lo negociado? Cinco años atrás, los firmantes del Acuerdo de Paz, acordaron seis puntos: reforma rural integral, participación política, finalizar realmente la guerra, resolver el problema del narcotráfico, reparación de las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado. Las partes dieron mandato al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre-Dame de Estados Unidos para hacer un seguimiento continuo del proceso. “Lo que mejor ha funcionado es lo que tiene que ver con el punto 3, en materia de reincorporación, cese al fuego, dejación de armas”, estima Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc. Cano subraya la importancia del “acompañamiento internacional para acompañar el acuerdo con recursos para impulsar su implementación”. Pese a estos avances, queda mucho camino por recorrer. “Los temas que más dificultades han tenido tiene que ver con, fundamentalmente, aquellos programas que son de largo plazo, como la reforma rural integral, todo el punto 1 del acuerdo final. Específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a tierras por parte de campesinos pobres y comunidades indígenas”, explica Daniel Cano a RFI. Otro de los puntos pendientes es “mejorar la situación socioeconómica de esas comunicades que han sido más afectadas por el conflicto. Estos son los temas que van a llevar más tiempo y son más lentos”. En cuanto a cuáles son los obstáculos para cumplir con la entrega de tierras como a tomar en cuenta las necesidades de los sectores más postergados en el acuerdo, Cano considera que “lo ambicioso del acuerdo es uno de los principales resto porque se habla de que de este Fondo de Tierras 3 millones de hectáreas deben quedar a campesinos en todo el país. Y eso implica identificar esas hectáreas, dónde están, incluirlas en el Fondo de Tierras, identificar a los beneficiarios y eso, en un contexto como el de Colombia, donde hay unas dificultades no sólo a nivel territorial, sino material y de seguridad que hacen que ese proceso sea complejo”, analiza. Al mismo tiempo, Colombia vive una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las FARC. Pese a que el acuerdo desarmó a la otrora guerrilla más poderosa de América, aún operan varios grupos de rebeldes que se marginaron del pacto y bandas dedicadas al narco que se disputan las rentas del negocio de la droga. El gobierno del conservador Iván Duque responsabiliza a los grupos que se financian del narcotráfico y la minería ilegal de estar detrás de los asesinatos. Para expertos, algunas fallas en la implementación del acuerdo han permitido que antiguos bastiones de las FARC sean ocupados por otros actores, manteniendo el conflicto. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida oficialmente, también hace presencia en un centenar de municipios y constantemente es señalada de atentados contra la fuerza pública y civiles.