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El devastador terremoto en Colombia dejó al descubierto un hallazgo inesperado: el sismo provocó el colapso de un muro en el cementerio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejando expuestos restos humanos. Familiares de víctimas del conflicto sospechan que las osamentas podrían corresponder a personas sepultadas ilegalmente en el lugar.  Por Raquel Villaécija y Justine Fontaine  Los familiares de desaparecidos en Colombia han pedido a las autoridades que examinen estos restos que creen pueden pertenecer a sus allegados o pueden dar pistas para localizar alguno de ellos, como explica Sandra Ubaté, que lleva años buscando a su hermano Jhon Ricardo Ubaté, desaparecido en 1995 cuando tenía 24 años; nunca han encontrado sus restos: “En ese cementerio, se cae una pared y aparece(n) dentro algunas bolsas marcadas, rotuladas, lo que da la sensación de que lo que hay allí son cuerpos que pasaron alguna vez por Medicina Legal. Así que rastrear cualquier posibilidad de disposición de restos óseos que estén expuestos sin protección, pues es un interés para cada uno de los familiares que estamos buscando a nuestros desaparecidos.” Los restos óseos hallados en el cementerio tenían otros elementos como restos de prendas, que parecen uniformes o botas de caucho. Esto les hace pensar que pueden ser personas desaparecidas durante el conflicto, como explica Deidania Perdomo, coordinadora del área de búsqueda de coordinación colectiva: “Es muy preocupante porque, ¿qué va a pasar después de del sismo?  Las familias están angustiadas, desesperadas y es lógico, entendemos la preocupación porque con esto se irá a borrar, digamos, años de historia, años de sufrimiento, años de angustia. Entonces nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con toda esta información que tenemos sobre las personas dadas por desaparecidas?”. Piden que se examine si el lugar debe ser incorporado al registro de fosas o cementerios ilegales para la búsqueda de desaparecidos y que estos restos no sean destruidos ni alterados. Sandra Ubaté: “Y hemos sido descubierto (sic) a lo largo del tiempo, que no solamente en el cementerio de Jamundi, sino que muchos cementerios, a lo largo y ancho del país, que incluso ya tienen medidas cautelares, se han dado enterramientos de manera ilegal, es decir, que las fuerzas militares y paramilitares utilizaban los cementerios como lugares para ocultar los cuerpos de los de dados de baja en combate, o para cuerpos de personas dadas por desaparecidas.” Sandra Ubaté lleva 30 años buscando a su hermano, que desapareció en circunstancias desconocidas en el Valle del Cauca. Video de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Tras el terremoto en Cali, cientos de personas siguen sin poder regresar a sus viviendas. Permanecen en albergues y refugios temporales donde reciben atención y elementos básicos, mientras esperan saber qué ocurrirá con sus casas y las ayudas. Mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de las edificaciones, otra urgencia crece en Cali: la de quienes no tienen dónde volver. Al menos siete espacios reciben a damnificados. Los principales funcionan en el Coliseo de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Verónica Soto Brecas, chilena, no puede regresar a su vivienda por el riesgo de colapso. "Nosotros somos personas damnificadas que no podemos volver a nuestras casas porque están por derrumbarse, entonces no sabemos qué hacer en realidad", cuenta a RFI. Verónica también teme abandonar el lugar donde encontró refugio y que esto pueda afectar el acceso a las ayudas. “De hecho nos querían sacar porque nos dijeron que iban a poner una ducha. Vamos a perder el beneficio que nos puede entregar el gobierno", teme. En los espacios habilitados se brinda alimentación y atención psicológica y se entregan colchonetas, almohadas, agua, leche y pañales. Otros, como Raúl Esteban Pérez, enfrentan otra dificultad: permanecer junto a sus perros. "Yo comprendo que es un momento de no exigir cosas. Nos dijeron hoy en la mañana que, si nos podíamos ir para un lugar, un albergue diferente, por los perros", explica. La experiencia no es igual para todos. María Hinestroza destaca la atención recibida. "Hemos tenido buena atención, nos han ayudado bastante, todo el tiempo están pendientes de nosotros. Nos han dado, colchonetas, agua, camas", reconoce. Mientras se evalúan las viviendas afectadas, cientos de damnificados esperan saber cuándo podrán regresar o qué ayuda recibirán. 

El gobierno de Venezuela ha pactado con la oposición una reforma del poder judicial tras una primera ronda de negociaciones, que debería avanzar hacia una transición democrática, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro. La clave está en la transformación del Tribunal de Justicia, que valido la reelección fraudulenta de Nicolas Maduro en 2024. Esta primera ronda de negociaciones se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin la participación de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y que ha dicho que no se opondrá a la reforma. Uno de los puntos clave de la reforma es el cambio en la designación de los jueces que componen el tribunal supremo de justicia, como explica Manuel Camilo González, experto en Venezuela, profesor de la Universidad Javeriana. "Ciertamente, la negociación no creo que vaya a ser muy fácil; no creo que vayan a salir a acuerdos muy rápidos porque esto supone quién va a ser el que juzgue y sancione, en caso de que exista un proceso de democratización en Venezuela, a los máximos responsables de violación de derechos humanos", estima González. "Lo que busca obviamente el Gobierno es blindarse ante el futuro. La oposición lo que busca es tener un actor democrático que pues obviamente no solamente sanee todo el sistema político venezolano -porque el tribunal ha sido muy importante para sostener a Nicolás Maduro-, sino también un sistema obviamente judicial que permita esa apertura democrática y sobre todo la que la justicia llegue a todos los ciudadanos, que sea una justicia que obviamente sea para todos".  Las conversaciones han sido auspiciadas por Estados Unidos, que jugara un papel de mediador cuando haya algún tema sensible. "Estados Unidos actúa como una especie de árbitro o de tercero moderador que lo que hace es empujar la negociación cuando esta se bloquea, y seguramente va a ser así. Estados Unidos va a hacer declaraciones, va a presionar para que efectivamente se llegue a un acuerdo para que las dos partes obviamente cumplan su rol dentro del plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos siempre ha sido tener el orden, beneficiarse y lograr la transición. Necesita a la oposición para la transición, pero también a los chavistas para mantener el orden", asegura el profesor de la Universidad Javeriana. La oposición quiere derogar leyes contra el odio o el terrorismo que permitieron encarcelar a numerosos opositores, y lograr así un saneamiento del sistema judicial. "La idea es como quitar los obstáculos, que se dé la democratización, que esa misma democratización no suponga un peligro para los que dejen el poder, que muchas veces esos tribunales cuando se reforman, usualmente sirven para hacer purgas y como has visto las purgas que han existido desde que salió Maduro. Van a colocar seguramente como chivos expiatorios en judiciales muy irrisorias como corrupción o delitos financieros a ciertos cargos del antiguo régimen, es decir, el Gobierno de Maduro como una especie de ofrenda de que efectivamente el Gobierno interino está haciendo sus digamos su tarea". Las negociaciones se producen siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero. Las partes aún no han dado fecha para la segunda ronda de conversaciones.

Los miembros de una sala de retransmisión de Discord incitaron a mutilarse y luego suicidarse a una menor de 13 años. El caso ha conmocionado a Brasil, que acusa a la compañía de no aplicar las medidas de protección acordadas en el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes aprobado en 2025.   Un verdadero espectáculo del horror. Así describió la policía el caso de la menor de 13 años de Brasil que fue incitada a mutilarse y luego suicidarse durante una retransmisión en directo de 45 minutos a través de la red social Discord. Las autoridades han detenido a cinco adolescentes y un adulto y el Gobierno ha ordenado a la plataforma suspender las retransmisiones en vivo.  Waldemar Gonçalves, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuenta que Discord se ha utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores. "La Agencia de Protección de Datos no trata casos aislados, tiene siempre como intención analizar el sistema. La plataforma debe implantar las herramientas necesarias para que esto no ocurra e interrumpir de inmediato este tipo de retransmisiones en directo. Todo lo contrario a este caso, en el que pasaron más de 2 horas y terminó con el peor final posible, que fue la muerte de la joven".  Problemas al desarrollo y adicciones En 2025, Brasil creó una ley que obligaba a las compañías de redes sociales a eliminar todos los elementos adictivos para los menores, así como la autodeclaración de edad a los menores de 18 años. Además, hoy comienza el juicio en Estados Unidos contra Meta, acusada de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción a menores.  Rodrigo Nejm, psicólogo y experto en la protección de la infancia en las redes sociales del Instituto Alana, nos explica estos efectos nocivos. "Hay evidencias por todas partes de que estos modelos de negocio implementan un diseño que aprovecha las brechas de la vulnerabilidad del desarrollo infantojuvenil. Esto es un tipo de violencia que la legislación brasileña ha incluido explícitamente dentro del Estatuto Digital de Niños y Adolescentes, el cual busca enfrentar todo lo que es diseño engañoso y mecanismos de diseño que generen un uso adictivo de plataformas". Desigualdad entre regiones Rodrigo defiende que la situación sobrepasa la capacidad de las familias para proteger a sus hijos y recalca que este problema no afecta a todos los países por igual.  "Esta legislación en Brasil demuestra que los países de América Latina podemos y debemos levantar más protecciones para nuestros niños, porque no es justo que en países de Europa, los menores tengan más protecciones en las mismas plataformas los deI sur global. Para ambos expertos, este trágico suceso deja claro que aún queda un largo camino para que las redes sociales sean algún día un espacio libre de peligros.

Las tareas de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su "fase final", concluidas las 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes. Entrada la noche, los equipos de emergencia en Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras removían pedazos de concreto con sus manos. Cuando la tierra comenzó a moverse, Patricia Monar estaba en su apartamento en un tercer piso de la ciudad de Cali. El ruido y la fuerza del terremoto la hicieron pensar que no lograría salir con vida. “Fue terrible, fue demasiado movimiento que no paraba de más y el sonido era como si estuviera abriendo un hueco y la tierra nos se estuviera tragando”. Su apartamento quedó con fisuras y todavía no sabe cuándo podrá regresar, pero Patricia salió a ayudar, pensó en las personas atrapadas y en lo que ella habría esperado que su propio edificio se hubiera venido abajo. “Y si hubiese pasado que se me derrumbara el edificio, lo que hubiese pretendido es que alguien no se cansara de sacar escombros, insistiera, quisiera llegar hasta que se me abriera una lucecita y me pudieran sacar. En eso pienso cuando veo personas que todavía están allí metidas”, dice al borde del llanto. Esa reacción se ha multiplicado por toda la ciudad. Agua, alimentos y elementos de primera necesidad no han dejado de llegar a los centros de acopio. La respuesta ha sido tan grande que algunos espacios alcanzaron su capacidad. Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de participación ciudadana de Cali, explica que tuvieron que abrir un nuevo punto para recibir las donaciones. “Ya hemos llegado a nuestra capacidad en términos físicos, por lo cual nos tocó generar un tercer punto de acopio donde está el montaje de la Ciudadela del Petronio (centro cultural) en este momento”, indicó. Pero la solidaridad también está junto a los escombros. Tiffany Rojas, auxiliar de ambulancia, ha trabajado en algunos de los puntos más golpeados y ha estado acompañando la atención de personas que han logrado ser rescatadas. “Es satisfactorio saber que todo el esfuerzo que se hizo sirvió de algo porque el minuto, los segundos todos cuentan”, explica.  La Cruz Roja también ha recibido una enorme cantidad de personas dispuestas a colaborar. Walter Ricardo Cotes, representante de la Cruz roja Colombia, dice que ahora uno de los desafíos es organizar esa solidaridad para no desbordar la capacidad de respuesta”. Describe la gente como “solidaria, amable, cariñosa y con ganas de ayudar”. Entre el miedo y el cansancio, la solidaridad se ha convertido también en otra forma de responder a esta emergencia.

En una cerrada votación, el Senado aprobó la nominación de quien fuera abogado personal del presidente Donald Trump, cercanía que genera suspicacias sobre su desempeño en el nuevo cargo. Con 50 votos a favor y 49 en contra, Todd Blanche superó el difícil proceso de confirmación del Senado para convertirse en el próximo Fiscal General de Estados Unidos.   Blanche defendió al presidente Donald Trump en tres casos penales, entre ellos el relacionado con los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels que terminó en condena.   Por lo anterior, a la doctora Estefanía Cruz Lera, experta del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no le extraña que Trump haya apoyado una figura tan cercana para ocupar este puesto, ya que además garantiza la continuidad en sus políticas, como la persecución a los grandes capos de la droga.  “Al final, el fiscal general también es la cara del gobierno en todos los casos, en todas las investigaciones de justicia que se tengan que llevar a cabo. Me parece que por ahora Donald Trump va a afianzar esta parte de perseguir a estos grandes cárteles que él ha nominado como grandes amenazas para Estados Unidos”, afirmó.  Por lo anterior, advirtió sobre un posible endurecimiento de la política de seguridad, particularmente porque le resulta más benéfico al mandatario estadounidense en términos de imagen, comparado con asuntos de política exterior.  “Creo que viene un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos en los próximos meses. Y es que le ha dado resultado, ya que mientras que por otros raseros, como sería la guerra en Irán, a Donald Trump le ha ido bastante mal, en términos de seguridad, de detener a capos, le ha sido redituable”, opinó la investigadora.  El nombramiento del nuevo fiscal generó dudas incluso al seno del partido Republicano. Aunque votó a favor, el senador John Neely Kennedy, llegó a preguntarle a Blanche si era amigo de Trump o si el presidente le había pedido alguna vez hacer algo ilegal.  Al respecto, Cruz Lera precisó que uno de los grandes cuestionamientos al nuevo fiscal general es si será capaz de tomar sus propias decisiones de manera independiente.  “Él (John Neely Kennedy) ha hecho declaraciones de que a veces el Departamento de Justicia en Estados Unidos se utiliza como cacería de brujas y que no tiene independencia,y bueno, esto con base en su experiencia hacia las investigaciones que se hicieron sobre el propio presidente durante el mandato anterior", precisó Cruz Lera.  “Entonces, parece que tienen poca confianza institucional y bueno, pues eso al final entre los senadores causa desconfianza”, apuntó la especialista.  En la misma sesión, el senador demócrata Chris Coons también cuestionó la imparcialidad de Blanche, ya que durante su periodo como subsecretario del Departamento de Justicia creó un fondo monetario para ayudar a aliados del presidente, como los acusados por el asalto al Capitolio.  “El Partido Demócrata considera que de ahora en adelante el Departamento de Justicia va a perder independencia y va a servir para los intereses o la agenda personal del presidente. Donald Trump tiende a interpretar al margen de las leyes, se basa más en interpretaciones que en hechos jurídicos, entonces consideran que ahora el Departamento de Justicia operará así”, aseveró.  Estefanía Cruz Lera recuerda que la actitud errática de Trump lo hace imprevisible, por lo que nada asegura que Blanche dure eternamente en el puesto. 

A dos días del terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, socorristas continúan sus labores sin el material adecuado. El gobierno sólo ha autorizado la entrada de ayuda económica.  Este miércoles se cumplen 48 horas del terremoto que cimbró Colombia el pasado lunes alrededor de las 7:40 mañana en la costa occidental, por lo que se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.  En medio de los escombros, una mano levantada, basta para que todos se detengan.   “Para todos los que están llegando, cuando se levante la mano es porque se está pidiendo silencio. Quédense quietos, no se muevan”, se escucha por altavoces.  El silencio permite detectar cualquier señal que pueda orientar la búsqueda, como lo relata Luis Eduardo Vélez, quien llegó como voluntario para apoyar las labores de rescate.  “Se han escuchado bullas de gente que se queja adentro. Entonces, ése es el desespero de la gente de querer ayudar, pero que lo mejor de querer ayudar es haciendo silencio”.  Luis Eduardo Vélez cuenta que junto a otros voluntarios, también ha ayudado a retirar parte del material que cubre la zona. Y han tenido la buena noticia de haber logrado el rescate de sobrevivientes en el colegio Bautista de Cali.  “Acabamos de rescatar anoche a tres niños; todavía hay niños allá, y aquí hay como unas seis o siete personas, entonces estamos bregando hacer silencio para poder escucharlos y para poder ingresar, porque tenemos solamente dos horas que nos prestaron la grúa para poder tomarnos las plaquetas más pesadas que hay”.  Mientras unos trabajan entre los escombros, otros sostienen la atención desde los centros de acopio.   Ana Cristina Martínez es una de las voluntarias que se sumó a esta labor y relata el rescate de dos personas, padre e hijo, al tiempo de hacer hincapié en la urgencia de material para que los voluntarios puedan hacer su labor.  “¿Y, qué se requiere para estos voluntarios? El apoyo de diversas empresas, personas que se unan con el fin de brindarles a ellos los elementos de protección personal adecuados, como lo son gafas y guantes. También el tema de linternas para los trabajos nocturnos que venimos desarrollando”.  Entre golpes, instrucciones y momentos en los que todos deben callar, continúan las labores de búsqueda de la movilización de voluntarios en Cali, así como de las autoridades en busca de sobrevivientes.   Saldo de víctimas La cifra preliminar de víctimas mortales es de al menos 250, según informó la agencia Reuters apoyándose en conteos oficiales locales.  De acuerdo con la Asociación de Alcaldes, el número de heridos se sitúa en 1.600, así como una centena de edificios destruidos.  Además, continúa la falta de servicios básicos en varias comunidades indígenas de la región selvática del Pacífico, particularmente en el departamento del Chocó donde se localizó el epicentro.  Polémica sobre entrega de ayuda   Mientras la cancillería de Colombia afirma que en las próximas horas llegarán los primeros vuelos con ayuda internacional, se ha cuestionado la decisión del gobierno recién instalado de privilegiar el apoyo económico y de insumos, frente a la propuesta del envío de rescatistas como “Los Topos” de México, en horas clave para el rescate de sobrevivientes.  El propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la decisión de Bogotá:  “Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”.  En tanto, el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, urgió a que el gobierno colombiano acelere la coordinación interna que favorezca la entrega de apoyo internacional.  “Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”.  Por su parte, Christophe Moreau, presidente de la Asociación Solidarity International French Emergency, indicó que "según la información que tenemos, el gobierno está gestionando la catástrofe en general de manera adecuada y con recursos bastante considerables”. Y respecto a la ciudad de Cali, dijo tener contactos locales que le han informado que ya se "ha realizado la mayor parte del trabajo, aunque todavía quedan algunas personas bajo los escombros".   "En general, los equipos de rescate sobre el terreno están en condiciones de hacer frente al volumen del trabajo que hay que hacer con carácter de urgencia”, puntualizó.   Mientras tanto, en el Chocó la situación sigue siendo desesperante y aún no ha llegado ninguna ayuda, según informan habitantes de la zona como el maestro Irvin Cárdenas del municipio del Litoral del San Juan. "La situación es gravísima, porque nuestras viviendas han sido destruidas, la situación en el resguardo indígena es que la gente no está trabajando, se han quedado en casa, algunas familias han perdido casas. No ha llegado la alcaldía, no ha llegado la gobernación del Chocó, nadie ha llegado. No ha llegado la ayuda humanitaria, ni alimento, ni ropa y la ayuda económica tampoco. Están recogiendo información vía whatsapp, vía internet, y tampoco hay energía eléctrica". Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea movilizará dos millones de euros en ayudas para las zonas más afectadas por el que se considera el mayor terremoto ha sufrido el país sudamericano.

La estrategia de mano dura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no combate el origen del problema del crimen organizado, estiman analistas. Consideran que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral para evitar que siguen produciéndose casos como el registrado la semana pasada. El hallazgo de ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur de Ecuador no es el primero ni el único caso que alarma sobre la violenta situación que arrastra el país en su lucha contra el crimen organizado. Para la profesora Carla Álvarez, politóloga investigadora y experta en seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado en Ecuador por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), este último macabro hallazgo responde a la pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país.  "El punto es que hay varios hallazgos ya de fosas comunes y de cuerpos calcinados con signos de tortura en zonas donde se ejerce la minería ilegal. Esto nos quiere decir que el país está vuelto en este ciclo de violencia y que lamentable estas escenas, estos hechos, estos hallazgos, se están volviendo más cotidianos", dice. La investigadora advierte sobre la instalación de una pedagogía de la violencia que se observa en diferentes áreas de la criminalidad. "Se ve que hay una pedagogía de la violencia que está siendo utilizada por la disputa territorial de estas organizaciones que compiten por los yacimientos de oro, por dominar la logística de la salida de la droga. Entonces es una pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país y este hallazgo lo muestra así". Respecto a la política de mano dura aplicada por el presidente Daniel Noboa desde que en noviembre de 2023 asumió el poder, la profesora de la FLACSO advierte que no es la solución correcta, porque no se atacan las causas y se usan de manera cotidiana medidas que deberín ser excepcionales, como el estado de excepción o un toque de queda. "La estrategia descansa en los militares, en los policías, en general en el uso de la fuerza y esto no está dando el resultado necesario, porque definitivamente el uso de la fuerza no puede reducir todas las condiciones estructurales que nos abocan y que han permitido que este estemos en estas circunstancias", aseveró Carla Álvarez. Finalmente, agregó que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral, porque si no se estarán repitiendo hechos tan espeluznantes como el acontecido el fin de semana.

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

El candidato de ultraderecha propuso en primera instancia celebrar la ceremonia en unas instalaciones militares, pero el presidente saliente, Gustavo Petro, rechazó esta idea.   Tras una serie de polémicas sobre el lugar de la ceremonia, Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha trumpista, quien triunfó en la elección presidencial, asumirá su cargo en Cali y no en la capital colombiana. Una decisión que no sorprende al politólogo Andrés Dávila, de la Universidad Javeriana de Bogotá.  "De la Espriella sigue un poco la tónica que propuso en un comienzo para su Gobierno, que es romper con las formas existentes, con los lugares desde donde se gobernaba. Eso, en principio, es un símbolo de que él no es parte de la política tradicional, de que él es un outsider; aunque, la verdad, para mí no lo es tanto, teniendo en cuenta de dónde proviene y la cantidad de relaciones que ha tenido con políticos narcotraficantes y paramilitares. Pero esto es lo que él está tratando de demostrar. Su campaña fue muy diferente, más parecida a la puesta en escena de un cantante, utilizando mucho los símbolos futbolísticos, aun sabiendo lo que hacen las barras de fútbol aquí en Colombia y en América Latina", cuenta Andrés Dávila.  Un desafío a la izquierda Inicialmente, de la Espriella quería tomar posesión en un cuartel. Decisión a la que se opuso el mandatario saliente Gustavo Petro. El presidente electo optó finalmente por una investidura en Cali como símbolo de la descentralización del poder, o como acto de desafío político, según el politólogo.  Dávila considera que la elección de Cali "consiste en meterse en el territorio que es más petrista y en donde ha habido más movilización social. Recordemos que allí la movilización en 2021 fue fuertísima y es donde está el monumento de Puerto Resistencia. Yo creo que es también una manera de desafiar a la izquierda y al petrismo".  Cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua Uno de los primeros anuncios de Abelardo de la Espriella ya tras su elección fue el cierre de 14 embajadas y la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Una decisión más política que económica, opina Andrés Dávila.  "El cuento de que entonces hay que reducir las embajadas, eso ahí no produce ahorros significativos, eso no impacta en el problema fiscal. Eso es solo para mostrar cosas, y en este caso yo creo que se va a utilizar para cerrar aquellas que para la derecha resultan incómodas en una mirada de las relaciones internacionales y de la política exterior. Que es un poco provincial a mi gusto", apunta el politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Por su parte, el candidato de izquierda, Iván Zepeda, quien perdió la elección por menos de un punto porcentual, llamó a movilizarse en las calles para defender los avances sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

En Estados Unidos, el candidato del ala izquierda del Partido Demócrata, Abdul El-Sayed, ganó la elección primaria en Michigan y será el candidato demócrata para la elección al senado. Durante su campaña, El-Sayed se ha caracterizado por sus críticas contra la política israelí en Gaza y por su propuesta de eliminar la temida policía migratoria ICE. Para Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, la victoria de El Sayed confirma el avance de la tendencia progresista en el seno del partido. Abdul El Sayed, un médico de 41 años ganó la primaria en Michigan con un resultado ajustado. Durante su campaña, El- Sayed, respaldado por el senador Bernie Sanders, defendió un sistema de salud universal, propone eliminar la temida policía migratoria ICE, pide que Estados Unidos retire su apoyo militar a Israel y criticó a su rival demócrata Haley Stevens por haber recibido más de tres millones de dólares de una organización proisraelí para su campaña.  RFI entrevistó a Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, quien ve en esta designación de El-Sayed por los electores demócratas una victoria adicional para la izquierda del partido.  ¿Cuál es su primera impresión sobre la victoria de El-Sayed en Michigan?  Ya vimos con Zohran Mamdani en Nueva York que este grupo se ha ido fortaleciendo y este resultado en Michigan muestra lo mismo, con la diferencia importante de que Michigan es un estado muy competitivo y un candidato que está a la izquierda del Partido Demócrata no necesariamente gana en el estado. Entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla no la primaria, sino la elección general en Michigan.  ¿Piensa que las posiciones políticas de Abdul El-Zayed sobre Israel, sobre la policía migratoria de ICE, le han permitido imponerse ante su rival Haley Stevens?   Hay algunas áreas como el tema de Gaza / Israel, como el tema de salud universal, como el tema de seguridad de ICE, que son, digamos, más relevantes para este grupo. Pero en realidad, el socialismo dentro del Partido Demócrata y su sector tradicional son menos distintos de lo que uno pensaría. Lo que estamos viendo es una activación muy importante de este electorado en función del gobierno de Trump. De todos los votantes demócratas, el grupo que está a la izquierda del partido está participando más activamente en política. Entonces el triunfo no es necesariamente reflejo de que el partido ha girado a la izquierda; es posiblemente más bien un reflejo de que la izquierda del partido está más movilizada.  ¿Qué tan fuerte es él a la izquierda en el seno del Partido Demócrata?  Creo que la representación política del sector más progresista dentro de los demócratas está cerca del 30-35%, posiblemente, pero en términos de representación política eran claramente una franca minoría. Lo que estamos viendo es un poco la expansión de ese sector. Ahora, queda preguntarse si se va a transformar esto en un crecimiento electoral sostenido y si realmente va a hacer que el partido Demócrata se vuelva más progresista. 

En México, con su reforma del "derecho de las audiencias", el Gobierno quiere instaurar nuevas obligaciones para los medios audiovisuales. Pretende, por ejemplo, que se haga una distinción clara entre información, opinión y publicidad. Y prevé multas para los medios en caso de infracción a la ética periodística. La presidenta mexicana asegura que se busca de que no haya mentiras en los medios, pero los detractores de esta reforma denuncian un intento de censura. El Gobierno mexicano quiere mejorar el llamado derecho de las audiencias de medios televisivos y radiales del país. El proyecto de lineamientos de la Ley de Medios prevé, por ejemplo, que los medios de comunicación tendrán que elaborar un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias que atienda las quejas en caso de información falsa o inexacta. El Gobierno exige también que los medios distingan con claridad los contenidos de noticia y la publicidad. Si la intención de estos lineamientos es positiva, opina Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México, contiene limitaciones. "Un punto es que la manera en cómo están redactados los lineamientos para nosotros es poco clara. En el tema de información veraz, dice, por darte un ejemplo, las informaciones falsas. Me parece que la redacción no es correcta. No puedes decir "queda prohibido".  El Estado no puede prohibir cuando se trata de temas de información; la redacción tendría que ser otra: 'Los medios tendrán la obligación o deberán promover una información veraz', etcétera. Este tipo de redacciones deja ver lo que podría ser la censura", considera Flores. "En México, estamos viviendo ahora una situación complicada porque hay mucho esta tentación de querer regular, pero detrás de todo esto está la intención de querer controlar no solo la información y la sobre todo la crítica, la crítica a los gobiernos estatales, locales e incluso federal", subraya. Y en caso extremo de litigio entre un oyente o televidente y un medio de comunicación por la difusión de una noticia falsa, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Mexicana podría aplicar multas de hasta el 1% de los ingresos. Es la medida más polémica de este texto si se aplica tal cual. Sobre esta comisión, se plantea si es una entidad independiente. "En los lineamientos, se dice que la Comisión Reguladora es un órgano autónomo de telecomunicaciones, pero esto en México no existe, porque son autónomos, finalmente dependen y fueron nombrados también por la por la propia institución" observa Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México Otros expertos en medios indican también que el objetivo de la ley es positivo, aunque el proyecto debería definir con más precisión lo que es una información falsa para evitar que esta ley se convierta en una herramienta que sirva para borrar información crítica contra el gobierno. El proceso de consulta ciudadana para el reglamento de la ley de medios incluye a especialistas y a los propios concesionarios. Se extenderá hasta el 21 de agosto y luego la versión final del documento se publicará en la gaceta oficial.

En el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, tres incendios forestales destruyeron cientos de edificios, devastaron más de 3000 hectáreas y forzaron a 65.000 personas a abandonar sus hogares. El Gobierno ha desplegado varios albergues para los desplazados, pero Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, explica que las minorías tienen miedo de acudir por miedo a posibles redadas de ICE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en el estado de Washington para responder a los incendios. Por el momento, los bomberos aún no han controlado las llamas que llegaron hasta la zona urbana. El incendio forestal, que ha arrasado al menos 700 edificios en la ciudad de Spokane en el noroeste de EE. UU., es similar al que devoró Pacific Palisades en Los Ángeles el año pasado. Las altas temperaturas y el viento llevaron las llamas desde una vegetación seca hasta la zona urbana, en este caso en tres puntos de la periferia de la segunda ciudad más grande del estado de Washington. Cerca de 65.000 personas fueron evacuadas en un incendio inusual, comenta Betsy Robertson, portavoz de la Cruz Roja en la ciudad: "El incendio llegó a tan solo 9 kilómetros de la oficina de la Cruz Roja donde me encuentro actualmente", comenta la portavoz de Cruz Roja. Esta añade que muchas casas fueron destruidas y miles de familias evacuadas. "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina, desafortunadamente, es una de las últimas en recibir ayuda". - Jesús Torres, director de Latinos en Spokane "Tenemos incendios forestales cada año en el estado de Washington, pero es inusual que las llamas lleguen a la zona urbana. Lo que pasó en Spokane es bastante único: tres incendios distintos empezaron en un día de condiciones meteorológicas muy peligrosas", resalta Robertson. Y mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales, en el centro de convenciones de Spokane, otros, como los latinos, se organizan de otra manera, por temor a las redadas de la policía migratoria. Así lo afirma Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, una organización comunitaria. Leer tambiénEl mayor incendio forestal del año en California arrasa más de 28.300 hectáreas Torres cuenta que la calidad del aire, lleno de ceniza, dificulta la respiración: "La mayoría de gente anda con mascarilla y, desafortunadamente, mucha gente ha tenido que irse a los albergues de emergencia". "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina desafortunadamente es una de las últimas en recibir ayuda", dice el director de Latinos en Spokane. Este añade: "Las comunidades minoritarias muchas veces son olvidadas o no recurrimos a esa ayuda por el temor que tiene mucha gente de cómo ha estado la situación aquí en Estados Unidos con la migración por culpa de las redadas de ICE, así que la gente prefiere venir a las organizaciones donde se sienten bienvenidos, donde se sienten a gusto con gente que es como ellos, en vez de ir a los servicios gubernamentales". En Spokane, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años. Se le acusa de haber causado uno de los tres incendios forestales que rodean la ciudad.

El pasado fin de semana la Universidad más grande de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaba que se aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrían ingresar a nivel licenciatura, después de que se detectaron irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio pasado, cuando la institución instauró por primera vez esta prueba de manera virtual. Las protestas por parte de estudiantes que exigían que el examen de ingreso a la UNAM 2026 fuese repetido de manera presencial han tenido sus frutos. Después de que se denunciaran posibles irregularidades y un supuesto uso masivo de herramientas para hacer trampa durante la aplicación en línea, la institución se ha pronunciado con el anuncio de una nueva prueba presencial que solo se harán a una parte (al rededor de 58 000 aspirantes) de las 158 000 personas que busca un lugar en la Universidad. Las autoridades de la UNAM recibieron informaciones sobre actos irregulares gracias a “los mecanismos de control que se habían establecido para el examen en línea”, explicó a RFI Soledad Funes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e integrante de la comisión técnica que se formó para la revisión de los exámenes de admisión. La investigadora precisó que, según los resultados de 2026, sí se identificó un grupo de aspirantes que se comportaron de manera “anómala” y otra “regular” en comparación con las cifras de años anteriores. No obstante, puede haber casos en los que el mecanismo de control no detectó irregularidades. Para resolver este problema respetando el calendario de inicio de clases, que ya fue aplazado para el 31 de agosto, la comisión recomendó que repitiera el examen de admisión “un grupo acotado de personas, porque si considerábamos el universo completo no se podría reorganizar de aquí a unas cuantas semanas”, explicó. La IA en la educación Lo que está claro es que lo ocurrido en la UNAM nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación frente a las nuevas tecnologías como la IA.  ¿Qué tiene que cambiar la educación tras el auge de la IA? ¿Debería haber algún tipo de regulación frente a la IA en la educación? Funes considera que lo sucedido en la UNAM sobrepasó todos los escenarios previstos y por lo cual la sociedad debe reflexionar profundamente “qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías”. “¿Cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías potencien nuestras capacidades y no nos suplanten? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes salgan con una formación crítica, ética, responsable para construir el planeta que queremos en el futuro?”, cuestionó. El examen bajo sospecha de la UNAM ocurre después de que en la India miles de jóvenes estudiantes pusieran contra las cuerdas al poderoso gobierno de Narendra Modi tras denunciar irregularidades en los exámenes de ingreso a las universidades. Una tendencia que se repite desde la última década tras los casos detectados en países como Argentina, Perú, Corea del Sur o Argelia donde también se presentaron casos de repetición o anulación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades.

Una semana después de su vuelta al país, el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández declarará ante la justicia de Honduras. Está acusado por la Fiscalía de fraude y lavado de activos. Decenas de casas, empresas y vehículos han sido incautados por el Estado en este proceso. ¿Logrará la justicia hondureña procesar a su expresidente después de la anulación de su condena por narcotráfico en Estados Unidos?  En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Angie Colindres corre de una reunión a otra. Se prepara para una audiencia atípica. La primera declaración de su cliente, Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. “El expresidente, desde el día uno que salió, dijo "quiero regresar a mi país". Le avisamos, presidente, tenemos este tema. El respondió “Voy a enfrentarme a la justicia. Confío en los sistemas de justicia de Honduras”. Y efectivamente no existe justicia selectiva”, asegura Colindres. Juan Orlando Hernández habría participado en el desvío de más de 3 millones de dólares para campañas políticas. Su defensa busca recuperar 130 casas, empresas, cuentas bancarias y vehículos incautados por la justicia hondureña. Kelvin Oliva, representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados señala que “el sistema de justicia estadounidense lo declaró inocente de sus cargos. Él puede venir a su país y tratar de defenderse legalmente como cualquier hondureño tiene derecho, ¿verdad?”, sostiene. Un fiscal que investigó el caso de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández se escandaliza de la postura de algunos funcionarios y medios de comunicación. Habla con RFI en condición de anonimato. “Manejan como que él es inocente, que fue absuelto en Estados Unidos y todos sabemos que no fue así, que lo que se hizo fue que se le aplicó un indulto, lo cual no lo declara inocente, sino que simplemente fue un perdón que se le concedió el presidente Trump”, recuerda. El fiscal no tiene mucha esperanza de que el caso de fraude llegue a una condena. “La justicia hondureña no está preparada para poder juzgar a ningún político de alto perfil. De hecho, todos los casos de alto perfil que se presentaron con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción están archivados en la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal es que él va a ser sobreseído en esa audiencia porque el hecho de enviarlo a un juicio oral y público significaría exponer toda la red de corrupción de la cual formaba parte”, opina. A pesar de las promesas del gobierno pasado, nunca concretó con la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Este juicio es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez. La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto. Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”. La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista. El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos. “El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”. El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia. Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.

Cuba abre varios sectores de su economía a los capitales privados:   gasolineras, farmacias, hogares de ancianos e importadoras de vehículos podrán aceptar ahora dinero de inversionistas privados, un giro importante en la historia económica del país. El Parlamento cubano ha dado luz verde a un paquete de reformas para fomentar la apertura económica. Sin embargo, expertos debaten si estas medidas son suficientes o si representan simples "parches" ante una crisis estructural agravada por las sanciones de EE. UU. En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno. Para Ricardo Torres, economista de Horizonte Cubano, estas medidas representan un giro necesario. Torres destaca la eliminación de restricciones en actividades profesionales y técnicas, así como los incentivos en el sector energético. "Es un cambio importante y positivo que elimina trabas innecesarias para el desarrollo del país", afirma el experto, subrayando que cualquier avance en materia de energía es vital en el contexto actual. No obstante, Torres señala un obstáculo crítico: la falta de capital. A pesar de la resiliencia y creatividad del sector privado doméstico, la movilización de recursos a gran escala sigue siendo una tarea casi imposible debido a las limitaciones financieras internas y externas. ¿Reformas reales o medidas desesperadas? Desde una perspectiva más escéptica, Jorge Duany, académico de la Universidad de Florida, considera que estas reformas son un "esfuerzo desesperado". Según Duany, las medidas no atacan el núcleo del problema: el modelo de planificación centralizada. "No se introducen cambios sustanciales al modelo económico", advierte Duany. El académico sostiene que, sin un estado de derecho sólido y una reforma estructural profunda, estas medidas se quedan en simples "parches" que difícilmente podrán contener la debacle económica. El factor externo: Sanciones y presión política El clima de inversión se ve enturbiado por la política de "máxima presión" de la administración de Donald Trump. El incremento de las sanciones estadounidenses y el bloqueo energético han generado una gran inseguridad jurídica, ahuyentando a inversores extranjeros. Empresas de sectores estratégicos como el turismo y la minería —muchas de ellas con capital español— se han visto obligadas a abandonar la isla o han visto dificultadas sus operaciones. Esta presión externa, sumada a las deficiencias estructurales del país, mantiene a la economía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde del colapso.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió este martes el mando del país prometiendo mano dura contra la delincuencia. Con la seguridad como uno de los grandes desafíos de su mandato, en su primer discurso anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal. Era una de sus promesas cuando ganó las elecciones, luchar contra la ola de criminalidad que vive el país, la peor desde el año 2000. Los homicidios pasaron de 1 000 en 2018 a 2 600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3 200 a 26 500, un problema que aumentó en tiempos de la última crisis política y que la experta en seguridad ciudadana, Cecilia Caparachin, considera uno de los crímenes que más preocupa a la población. “Es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política, o a partir del 2021-2022, empiezan a subir los indicadores de extorsión. Y a medida que pasan los años crece esta dinámica delictiva: las extorsiones, los homicidios, el sicariato. Es ahora un problema en el día a día de los peruanos”, lamentó. Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década. En su discurso de investidura anunció que “durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno” hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos”. Violencia y crisis política  Uno de los retos es luchar contra la grave inestabilidad política y el crimen organizado. Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes,la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave. Caparachin encuentra una correlación entre crisis política y violencia y por lo cual considera que uno de los primeros pasos que debe dar el gobierno entrante sería el de darle legitimidad a las fuerzas policiacas en su combate contra los grupos criminales.  “Es indispensable que las entidades del Estado sean  llamadas a volver a tener legitimidad en el cumplimiento de las normas porque en los últimos años se han visto escándalos de corrupción”. "Esta legitimidad en cuanto al cumplimiento de las normas es una tarea pendiente de las instituciones del Estado, porque como puede un gobierno exigir  un respeto a las normas si desde el propio desde las propias entidades no lo hacen. Entonces yo creo que ese es un primer punto que se debe adoptar: lucha contra la corrupción vinculado a la lucha contra la criminalidad”, destacó.  Con Keiko Fujimori, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los partidos tradicionales ARENA y FMLN presentan a Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre, respectivamente, como sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, en las que se verán las caras con el favorito para ganar, Nayib Bukele. El Salvador empieza a definir el escenario para las próximas elecciones presidenciales de 2027. Mientras Nayib Bukele busca un tercer mandato, autorizado tras las reformas impulsadas, los dos partidos tradicionales han presentado a sus candidatos: Mayteé Iraheta por la derecha de ARENA y Rafael Aguirre por la izquierda FMLN. La incógnita es si estas candidaturas representan una alternativa real frente a un presidente que mantiene supuestos altos niveles de popularidad y un amplio control institucional. "El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley" - Eric Lemus, analista político salvadoreño Eric Lemus, analista político salvadoreño en el exilio, nos responde: "Por un lado, hay que apostar por un rostro femenino que conecte con la televisión y que tal vez pueda tener un rédito, y por el otro se está apostando por la figura clásica del sindicalismo, que fue muy beligerante en los años 80". Lemus añade: "Me parece que son dos salvavidas naturales a los que, por un lado, apuesta la ex derecha radical y, por otro lado, la izquierda, que obviamente han tenido sus momentos de gobierno y les ha sentado muy mal". ¿Oposición real u opoficción? La designación busca renovar la imagen de dos partidos que durante décadas dominaron la política salvadoreña, pero que hoy llegan debilitados, aunque para Lemus, más que frágiles, se trata de una opoficción.  Leer tambiénDenuncian cientos de muertes y miles de arrestos arbitrarios en las cárceles de Bukele "El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley". Más allá de los nombres, los analistas coinciden en que el desafío para la oposición no es únicamente electoral; deberán competir contra una narrativa perfectamente trazada.   Leer tambiénEl Salvador: Ruth López, abogada y crítica de Bukele, cumple un año encarcelada sin juicio "Él mismo se autodenominó un dictador cool, ¿verdad? Es decir, alguien que es autoritario, que pasa por encima de toda la ley, pero que cumple con las formas que demanda la ley", explica el analista. Lemus argumenta que hay que hacer "notar que el código electoral ha sido pisoteado, que el Tribunal Supremo Electoral, que antes tenía representatividad, pues ahora está cooptado también por el Partido Nuevas Ideas y personas afines". A siete meses de las elecciones, la oposición tiene como reto convencer a un electorado que, según las encuestas, sigue respaldando mayoritariamente el modelo de seguridad y el liderazgo de Nayib Bukele.

El pasado viernes 24 de julio debía finalizar el fin del llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal del que gozan los haitianos en Estados Unidos desde el terremoto de 2010. Su revocacion, ordenada por Donald Trump para Haití y tambien para una decena de paises, deja a mas de 300 mil haitianos en el limbo. Este Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos de paises afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir o trabajar en Estados Unidos. Haití goza de este estatus desde 2010, tras el devastador seísmo que sacudió la isla. A finales de junio, la Corte Suprema del país autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar este permiso, lo que dejará a su suerte a 330.000 haitianos como explica Paul Christian Nanphy, de la red Acción Familiar. "Estamos viviendo un momento muy crítico ya que creemos en la reflexión de las causas de migración, el por qué la gente sale de países como Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros muchos más. Actualmente, deportar a cualquier persona a Haití, El Salvador o Venezuela es forzarla a arriesgar su vida", afirma Christian Nanphy. Estos haitianos podrian ser deportados en cualquier momento,  cuando la violencia de las pandillas persiste en el pais. Los grupos armados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital, y se expanden a otras zonas. El miembro de Acción Familiar asevera que simplemente las imágenes de la vida cotidiana de las personas en Haití son prueba suficiente del riesgo que vive la población en el país caribeño. "Cualquier deportación pone su vida en riesgo, ya que los grupos armados saben quién viene y de dónde viene, lo que la convierte en potencial víctima de secuestro", pone de ejemplo Christian Nanphy como uno de los peligros para los posibles haitianos expulsados de Estados Unidos. La revocacion de este estatus tambien afecta a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Siria y otra decena de países. Christian Nanphy considera "preciso y necesario encontrar una solución para las personas que ya están aquí (EE.UU) trabajando y pagando impuestos legalmente puedan seguir viviendo y contribuyendo a la economía estadounidense".  La situacion en Haiti es muy critica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios,en Haití, 5,7 millones de personas —casi la mitad de la población— padecen hambre aguda.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran. Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”. Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció. Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre. “Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente.  Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros. En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de la megarreforma legislativa del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que busca cambiar el rumbo económico del país. El proyecto, que incluye beneficios fiscales para las empresas e inversores, es criticado por la oposición, que cree que reducirá los ingresos destinados a fines sociales. El paquete económico aprobado contempla varias medidas que buscan atraer la inversión al país, como una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto a las grandes empresas. También se eliminan barreras a estos inversores. Supone un cambio con respecto a la política económica de los últimos años. “Recuperar el ritmo de crecimiento” “En los últimos 15 años de Chile, el crecimiento ha sido muy distante al que tuvo desde el retorno a la democracia y los primeros 15 años, de crecer a niveles del 5% o 6% a niveles en torno al 1,8% o 1,9%, como fue con el presidente Gabriel Boric. Y eso genera una serie de condiciones económicas que no son las deseables: bajo crecimiento, menos empleo”. Chile enfrenta hoy, además, una crisis de desempleo con tasas que están en torno al 10%”, nos explica Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile. Según él, “el objetivo de este proyecto es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile conoció antes de la última reforma tributaria del 2014, que fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet”. La oposición recurre al Tribunal Constitucional La oposición critica que el proyecto favorece a los ricos, y como el Estado ingresará menos por la bajada de estos impuestos, habrá menos dinero para ayudas sociales. “Es lo que ustedes están promoviendo: llenarle los bolsillos a quienes hoy más tienen y quitarle la posibilidad del acceso a la salud, a la educación o incluso a pensiones dignas a quienes hoy más lo necesitan. Y espero que la mayoría, que quienes dicen defender a la clase media y a la gente, se pongan del lado de la gente y no de este gobierno anti trabajadores y trabajadoras”, denunció la legisladora opositora Emilia Schneider. La oposición ha anunciado que recurrirá a algunos artículos al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la aprobación. “Los plazos del Tribunal Constitucional son bastante inciertos porque es un tribunal autónomo, que tiene otras materias que también revisa. Yo me imagino que por un tema político van a tratar de darle un poquito de celeridad para generar más certeza y despejar rápidamente el tema. Pero yo no creo que antes de un par de semanas, el Tribunal Constitucional pueda revisar los requerimientos. Yo creo que con certeza en un mes debe de estar despejado, pero no antes de eso”, subraya Rodrigo Arellano. El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a las empresas. El Gobierno de Kast se ha visto obligado a revisar su previsión de crecimiento del 4% al 3,5% en 2030, cuando finalice su mandato.

La organización Human Rights Watch publicó un informe en el que acusa a Estados Unidos de atacar lanchas en las costas de Ecuador; con la colaboración del gobierno de Noboa, con al menos ocho desaparecidos, dentro de la lucha contra el crimen organizado. La organización de derechos humanos ha documentado dos ataques en el pacífico a embarcaciones pesqueras que tuvieron lugar entre enero y marzo. Una tercera lancha desapareció con los ocho tripulantes. Algunos de los detenidos fueron torturados, denuncia Juanita Goebertus directora para las Americas de Human Rights Watch. “El informe documenta cuatro incidentes distintos, uno terrestre en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde resultó en la detención arbitraria de cuatro colombianos, que fueron además torturados por miembros del ejército ecuatoriano”, indicó agregando que también fueron golpeados, les pusieron electrochoques con agua. Según la denuncia también se les acusó de “ haber hecho intentos de una supuesta ejecución falsa, decirles que les iban a arrancar las uñas o que les iban a cortar dedos. Y luego estas cuatro personas fueron liberadas”, aseguró. La organización denuncia detenciones arbitrarias dentro de la campaña militar conjunta entre Washington y Quito para luchar contra el crimen organizado. El gobierno de Donald Trump inició los ataques contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, primero en aguas del caribe, luego en el pacífico. EE.UU. ha negado cualquier responsabilidad en los ataques.  “Básicamente estos tres incidentes siguen un mismo modus operandi, vigilancia previa de las lanchas. 13 testimonios que consistentemente narran los mismos hechos, vieron la bandera de Estados Unidos en la embarcación que los estaba siguiendo, luego ataques con drones, pero tanto Ecuador como Estados Unidos han negado tener participación en los ataques a estas embarcaciones. Sin embargo, recolectamos evidencia tan robusta, tan creíble, que creemos que lo mínimo es que es el Congreso de Estados Unidos indague de manera mucho más detallada y exija respuestas por parte de la administración Trump”. Países como Ecuador han anunciado un refuerzo de su cooperación militar con el pentágono. Goebertus subrayó que “los ciudadanos en América Latina tienen derecho a vivir libres del crimen organizado y por supuesto que tienen derecho a políticas de seguridad efectiva. Pero si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que no hay que escoger entre seguridad o derechos humanos. Este tipo de atentados pueden ser muy vistosos para vídeos en redes sociales, pero no avanzan realmente en debilitar la capacidad del crimen organizado”. Desde septiembre de 2025 se han producido al menos 50 ataques en el pacífico y el caribe; con un saldo de al menos 215 muertos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, suspende las elecciones en su país para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno. Tras dos meses sin aparecer en público, Ortega, de 80 años, anunció esta prohibición en su discurso por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua. “No volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones”, dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, liquidando la posibilidad de celebrar los comicios previstos para noviembre de 2027, atrasados tras la reforma constitucional que alargaba el mandato presidencial de 5 a 6 años. En su discurso, Ortega aseveró que “los partidos puestos por los yanquis no volverán a llegar al gobierno jamás”, refiriéndose a la opocisión. Para Salvador Marenco, opositor en el exilio y director de la organización "Nicaragua Nunca Más", esto es prueba del debilitamiento del régimen consolidado desde 2007. “El momento político realmente no le favorece, no sabríamos las razones por las cuales lo hizo, porque hay una vigilancia mayor por parte de la comunidad internacional sobre Nicaragua, pero principalmente también el régimen está cada vez más solo. Hace poco acababa de romper relaciones diplomáticas con Italia, por ejemplo, siendo el sexto o séptimo estado con quien suspende o rompe relaciones en los últimos años y cada vez se encuentra más aislado a nivel internacional”, indicó. Durante sus dos décadas en el poder, tanto Ortega, como su mujer, Rosario Murillo, que en 2025 pasó de vicepresidenta a copresidenta, han gobernado con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense. De hecho, Marenco señaló que “disidencia dentro del frente sobre esta medida no va a haber. Porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen cooptados todos los poderes de Estado y todas las instituciones estatales, incluso del año 2012, a partir de la crisis de abril de 2018, en donde asesinaron y han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha venido es agravando una situación preexistente, un control total y absoluto sobre todo, aseguró”. Dicha represión aumentó considerablemente tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Además, la oposición en el exilio asegura que Ortega y Murillo llevan años purgando las instituciones del Estado. “Esta purga ya viene desde el año 2021, cuando se comienza a atacar al Poder Judicial. Se ha hecho una barrida en todas las instituciones del Estado y con las figuras históricas del frente sandinista también. Está purga o esta persecución constante busca alinear una sumisión total a Rosario Murillo porque está consciente que ella tendría que seguir a cargo de la dictadura como efectivamente ya lo está, aunque Daniel Ortega siga siendo el mito, el símbolo de esa revolución fallecida”, señaló el opositor. Marenco anima a la oposición y la comunidad internacional a resistir, ya que para él esta suspensión de elecciones no es más que una prueba de la fragilidad actual del régimen.

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición.  Celia Pousset, desde El Salvador  En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional. Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia.  “Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país. “Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”. Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial.  “Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”. Control social Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social. “Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz. Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo. Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron. Leer tambiénEl Salvador opta por un juicio masivo contra las pandillas “Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.” Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad». El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.

El tema del aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso, que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar, ha reabierto el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres. "Escucha su corazón": así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena (seis diputados en total, cinco de extrema derecha y uno de la derecha tradicional) ha presentado recientemente en el Congreso. Propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, y si la mujer decide no hacerlo, el procedimiento no se realiza. Una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate, tanto dentro como fuera del país. “Desprecio enorme por las mujeres” Desde 2017, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres. “En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, Jaime Guzmán, planteaba que la mujer si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado”, explica Gonzalo Rubio, ginecólogo chileno. Además, agrega, “la ley también es bastante restringida: es una ley en donde los médicos siempre tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos”. El especialista subraya que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público: “Donde más se concentra el aborto por violación, es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida -estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o la ausencia de riñones- o el riesgo de vida de la madre son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultra derecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas y e incluso generar culpa”. Mercado negro Gonzalo Rubio fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile. Un hecho que lo puso en la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar del aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos. “El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros”, concluye. Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta.  El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum. ¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal". Leer tambiénEstados Unidos: Suspensión de los controles de carretera de ICE tras dos muertes por disparos Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta" Leer tambiénPetro denuncia el "asesinato" de un colombiano a manos del ICE en EEUU "Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández.  Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.

Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país. "El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia", explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. "Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia", agrega.  "El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año", dice Daza. El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país. "Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos", dice.  "Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este". Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Casi ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos, la justicia argentina dictó sentencia el miércoles 8 de julio sobre las causas del naufragio. El juicio dio una condena de tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos. La desaparición de la nave que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hacia la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los casos que más ha conmocionado al país en la última década. En 2026, las autoridades realizaron un juicio oral que duró poco más de cuatro meses para dictaminar quiénes eran los responsables del naufragio del submarino que fue localizado  un año después en el Golfo de San Jorge. Lo encontraron a unos 500 kilómetros de la costa patagónica y a más de 900 metros de profundidad. El fallo condenó a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes públicos. Fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa. La sentencia no convence a los familiares porque es “bastante contradictoria”  para lo que se estipula en las acusaciones, dijo a RFI Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas. Según él, los tres años sin prisión efectiva es una condena “irrisoria” frente a los cargos que enfrentó Villamide: además de ser responsable de “estrago culposo, que vendría a ser el hundimiento”, y que sería “agravado por la muerte de 44 personas”, tenía la “responsabilidad extra de cuidar a sus subordinados y las normativas de la institución”, explicó. En espera de justicia Luís, como otros familiares, insiste en que la única manera de hacer justicia es saber qué pasó aquel día bajo las aguas del Atlántico, puesto que a día de hoy, todavía existen múltiples incógnitas sobre la causa del accidente durante la misión de patrullaje del ARA San Juan. En el primer año “todo fue muy intenso", recordó. “Especulamos con encontrarlos con vida. Después por lo menos encontrar los restos del submarino. Cuando al final encontramos el resto del submarino esperábamos, y después pedimos y después exigimos, que se haga lo que se hace en cualquier investigación: hacer las pericias técnicas necesarias para tratar de saber qué es lo que ocurrió”, pero no se hizo por lo que decidieron llevar el caso ante los tribunales. Las autoridades hablan de accidente, mientras que la fiscalía sostiene que se trata de una “tragedia previsible”, ante fallas críticas de mantenimiento.  A pesar de las condenas, el tribunal todavía no ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que se conocerán a finales de agosto y será entonces cuando las familias confían en encontrar respuestas que les acerquen, al menos un poco más, a la justicia que llevan años reclamando.

Este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, una movilización sin precedentes que terminó con miles de detenciones y centenares de condenas. Cinco años después, ONG y organismos de derechos humanos aseguran que cientos de personas continúan encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones. Entrevista con Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en Cuba. Miles de personas salieron a las calles para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en la mayor ola de protestas registrada en la isla desde 1959. La respuesta de las autoridades fue una amplia operación policial que derivó en miles de detenciones y centenares de condenas. Algunos de los manifestantes siguen hoy, cinco años después, tras las rejas. "Todavía hay al menos 300 personas presas cumpliendo condenas relacionadas con el 11 de julio", explica a RFI Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. "De las más de mil personas que fueron efectivamente procesadas, siguen encarceladas aquellas que recibieron las condenas más largas. Uno de los legados del 11 de julio fue precisamente el uso del derecho penal por parte del Estado de una manera bastante discrecional y ejemplarizante. Se impusieron penas muy elevadas a algunos manifestantes. Lamentablemente, permanecen en prisión personas condenadas a las penas más altas, que en algunos casos superan los 20 años. Fueron condenadas por delitos como sabotaje o sedición, los cargos más graves utilizados en estos procesos", añade. Las protestas disminuyeron en Cuba durante el año siguiente, en un contexto marcado por la represión. "En 2022 prácticamente no hubo protestas debido al efecto inhibidor de los miles de detenidos, los juicios constantes y los programas de televisión que recordaban las penas y las condenas. También mucha gente estaba saliendo del país, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a partir de entonces vuelve a crecer la protesta y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Evidentemente, a mayor contestación social, mayor represión", señala Cilanno. Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el perfil de los detenidos ha cambiado y cada vez es más frecuente encontrar entre ellos a jóvenes que se expresan a través de las redes sociales. "El perfil de estos jóvenes creadores de contenido e influencers es una novedad entre las personas encarceladas por razones políticas. Ya no se trata del opositor o del disidente tradicional. Son jóvenes que generan contenido y que, al analizar su actividad, muestran cómo se involucran progresivamente en otros temas, como la denuncia y la exigencia de derechos", afirma. Cinco años después, el eco del 11J sigue presente, mientras miles de cubanos luchan a diario por sobrevivir en una isla marcada por la escasez. La ONG Prisoners Defenders denunció recientemente un nuevo récord de represión, con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización.

Cuando se cumplen este miércoles dos semanas del doble terremoto que azotó Venezuela, principalmente La Guaira, los servicios de emergencia han pasado de la urgencia de rescatar sobrevivientes a la ayuda psicológica, entre otros, para los adolescentes y los rescatistas no profesionales, fuertemente impactados por la catástrofe natural. Entrevista con Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. Si los primeros días después del doble terremoto del 24 de junio la urgencia era encontrar sobrevivientes entre los escombros, al cabo de dos semanas los equipos de emergencia se concentran en una nueva fase: atender a los afectados. Venezuela centra ahora sus esfuerzos en la ayuda humanitaria para asistir, entre otros, a los más de 14.000 desplazados que se encuentran en 87 campamentos improvisados tras perderlo todo en el seísmo. “Vamos a realizar primero que todo un buen análisis de las necesidades junto con las autoridades y otras organizaciones”, explicó a RFI Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. “Vamos a evaluar lo que se necesita a nivel de servicios de salud, tanto en términos materiales como humanos, porque ha habido una pérdida importante de personal sanitario. Hemos desplegado brigadas móviles de atención que ofrecen, por un lado, atención médica, atención en enfermería y salud sexual y reproductiva, así como atención psicológica. Nos vamos a concentrar especialmente en la atención psicológica con dos ramas: una parte para el cuidado de intervinientes y de todas aquellas personas que han estado en primera línea, expuestas. Me refiero a rescatistas, voluntarios y personal de salud. Y, por otro lado, la atención psicológica individual”, precisa", dijo.  Salud mental, frente prioritario  Médicos del Mundo se muestra especialmente preocupado por la salud mental, un problema invisible que afecta a las personas que viven una catástrofe como la del doble terremoto en Venezuela, sobre todo a quienes participaron en las labores de rescate y emergencia. “Los rescatistas no profesionales son personas altamente afectadas. Protección Civil también es un colectivo muy afectado. El personal sanitario sufre un desgaste emocional por todo lo que ha tenido que ver operando en primera línea. También hay muchas personas que han sido afectadas por la catástrofe, pero que habían estado ocupadas buscando a sus familiares o intentando organizar espacios para acoger y cuidar a la gente que se quedó sin vivienda. Los adolescentes también se ven afectados, pues ahora deben lidiar, en medio de una edad compleja, con la pérdida de familiares y prácticamente de toda la vida que conocían hasta ahora.  Los adolescentes procesan las tragedias y las catástrofes de otra manera. Los efectos más visibles se notarán un poco más adelante, no tanto ahora, porque los adolescentes, al comienzo, muchas veces aportan incluso apoyo”. El seísmo que sufrió el país el pasado 24 de junio arrasó ciudades enteras, edificios, hospitales, comisarías y escuelas. En algunas zonas apenas queda nada en pie. Tras la salida de los rescatistas extranjeros, los voluntarios locales se apresuran a recuperar los cuerpos de miles de personas que permanecen bajo los escombros. En las últimas horas, las autoridades actualizaron la cifra oficial de fallecidos: más de 3.340 personas.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

En Ecuador, la Fiscalía presentó pruebas acusatorias contra siete personas sospechosas de ser los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. El caso sacudió el país, cinco personas fueron condenadas por su implicación material en los hechos. El caso sin embargo ha sido rodeado de una fuerte politización y de muchos cuestionamientos. En un nuevo capítulo de la investigación judicial sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, la Fiscalía ecuatoriana señaló a siete personas como presuntos autores intelectuales del homicidio. “El denunciólogo” En la lista están tres cabecillas de bandas criminales, un exministro del gobierno de Rafael Correa, dos empresarios ligados a casos de corrupción y un exdiputado. Según la fiscal a cargo del caso, Villavicencio pagó con su vida sus denuncias anticorrupción. Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, explica que “hizo de la denuncia de la corrupción su lucha como periodista y después su lucha como asambleísta. De hecho, él tenía el apodo de ‘El denunciólogo'”. “La tesis principal que maneja la Fiscalía y también la parte acusatoria, que son las hijas de Fernando Villavicencio, es que son justamente las investigaciones de Villavicencio y el involucramiento que hacía a personas como Xavier Jordán y José Serrano lo que motivó el asesinato. Esta es como la tesis oficial. En cambio, los abogados de los acusados sostienen que no hay todavía ningún elemento probatorio contundente para hacer este involucramiento de estas personas”, detalla Álvarez. Politización del caso La experta en seguridad observa sin embargo una politización extrema del caso del asesinato del excandidato presidencial, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo, el correísmo, narcotraficantes y familiares de Villavicencio. “Creo que hay un intento de desprestigiar al bando correísta. Todavía no hay las pruebas necesarias y deben ser judicializados, es decir, un es un crimen que debe esclarecerse. Pero hay un uso político del crimen y esto se puede ver en las declaraciones de la viuda de Villavicencio en contra de la fiscal”, dice la especialista. A la politización del caso se suman serias falencias de las autoridades ecuatorianas. Varios sospechosos de haber participado al homicidio murieron, recuerda Carla Alvarez: “En el camino hemos perdido muchas pistas”. Antes de ingresar a la política, Villavicencio había publicado varias investigaciones en las que denunciaba casos de corrupción.

En Venezuela, hay niños que piensan una y otra vez que la tierra vuelve a temblar. En el refugio del Parque del Oeste, donde llegaron damnificados de La Guaira, además de comida y ropa, se brinda ayuda para lidiar con la angustia. Los niños son testigos de excepción del devastador doble terremoto sufrido en Venezuela hace más de una semana. Sus relatos combinan inocencia y miedo. En los refugios de damnificados, algunos aún muestran shock por lo vivido y otros comparten su experiencia. Actividades recreativas y musicales “Mi mamá se echó a llorar, lloró de la felicidad porque salimos vivos. Si hay algún otro terremoto tírense al piso o váyanse a la calle”, cuenta Sofía Valentina. Otros han comenzado a canalizar todo ello a través de juegos, incluyendo los inventados donde muñecas que corren ante sismos, o escapan de escombros. Los adultos quieren cambiarles esa imagen mental que no cesa. Adriana Martínez, maestra de educación especial y voluntaria, explica que intenta “dar esa sonrisa que ahorita a los niños les hace bastante falta”. David Domínguez y Erick Sandoval organizan por separado grupos para atender a los más pequeños. “Estamos viniendo a hacer actividades recreativas y musicales en los refugios. Vemos mucha emotividad”, dice David. “La intención es mantener una agenda permanente e incorporar una parte formativa para mantenerlos ocupados en medio de esta situación”, subraya Erick. Alimentación y medicina Pero no todos son juegos. También se ha priorizado la atención de alimentación y revisiones médicas para los más pequeños, así como el apoyo psicológico. “Nos han presentado la ayuda muchos recreadores que han venido, comida, los han afeitado también, han llegado las ayudas y nos han ayudado a todos”, cuenta Elizabeth Galvis, madre de un niño menor de 10 años. Unicef estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace ocho días que ha dejado hasta ahora más de 2.200 personas muertas y 12 mil heridos.

Tras el doble terremoto, la destrucción de numerosas infraestructuras médicas plantea un desafío sin precedentes. En La Guaira el personal médico ha aprovechado edificios que aún permanecen en pie para instalar hospitales improvisados, como en un McDonald's donde estuvo nuestra enviada especial, Melissa Barra. En La Guaira, al norte de Caracas, la cocina y las fotografías de hamburguesas exhibidas sobre el mostrador es todo lo que los cirujanos voluntarios han conservado de un restaurante McDonald's transformado en hospital de emergencia. Las mesas, por supuesto, han sido retiradas. Enfrentados a un desafío de dimensiones inéditas después de que numerosas infraestructuras médicas fueran destruidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio, los profesionales sanitarios y los veterinarios voluntarios que han ocupado el local atienden allí a desplazados y equipos de rescate. El doctor Fernando Jaimes fue el que forzó la puerta del establecimiento de comida rápida, el cual quedó intacto tras la catástrofe. En este momento es el único lugar con aire acondicionado en varios kilómetros a la redonda. «Al entrar, enviamos un video a McDonald's para demostrar que no veníamos a saquear, sino a refugiarnos y recibir heridos. La dirección decidió entonces restablecer el suministro eléctrico. Así fue como comenzó todo», relata. Sala de triaje, farmacia improvisada, colchones Aunque no se realizan operaciones quirúrgicas en el local, sí se prestan allí los primeros auxilios. Se ha instalado una sala para evaluar la situación de las víctimas, una farmacia improvisada y colchones en la planta superior para acoger tanto a los pacientes como a 30 profesionales sanitarios durante la noche. "Recibimos pacientes con enfermedades crónicas o personas que se han lesionado mientras removían escombros", cuenta la doctora Melanie Martinez, miembro del equipo. "Ayer llegó un hombre que padecía Alzheimer y que estaba desaparecido. Su familia lo creía muerto. Logramos contactar con ellos y uno de sus familiares vino a recogerlo", añade. Más adelante, aunque forma parte del equipo de rescate, la veterinaria Layda García lleva una vía intravenosa en el brazo. «Todos los días salimos en busca de animales de compañía. Hace muchísimo calor y no me cuidé lo suficiente... Tuvieron que hidratarme», explica para justificar su situación.

La administración Trump declinó extender el tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. México y Canadá esperaban, en cambio, que se mantuviera intacto. Las nuevas negociaciones se anuncian arduas. El economista Adolfo Chiri explica por qué. Desde que nació en 2020 por iniciativa del presidente Donald Trump, el T-MEC ha permitido a Estados Unidos reducir la entrada de bienes chinos y mantener el enorme intercambio de bienes con Canadá y México. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó prorrogar el pacto comercial hasta 2042, como pedían canadienses y mexicanos. En cambio, optó por revisar algunos aspectos del texto. El economista Adolfo Chiri, presidente de la consultora Cambridge Insight, detalla cuáles. “Estados Unidos quiere tratar tres temas. Uno de ellos tiene que ver con las reglas de origen, porque hay muchos países, por ejemplo China, que estarían utilizando a México como plataforma para producir los automóviles que llegan a Estados Unidos con un alto componente chino. En la actualidad, el tratado establece que debe haber un 75 % de origen nacional. Lo que quisieran es elevar ese porcentaje al 100 %”, explica Chiri. La pregunta es cuánto se podría elevar ese porcentaje para evitar que China utilice a México o Canadá como puente para seguir entrando al mercado estadounidense, agrega el economista, quien destaca otro punto. “¿Quiénes se van a beneficiar de las empresas que hacen negocios utilizando el Tratado? Hay empresas de países con los que Estados Unidos no tiene una buena relación política, llámese China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Esos países podrían obtener beneficios, a través de terceras empresas, gracias a los negocios que hagan México y Canadá en Estados Unidos. Un tercer punto, polémico, es el salario mínimo. Quieren establecer un salario mínimo regional, por ejemplo en la industria automotriz, para evitar que haya empresas que se trasladen de Estados Unidos a Canadá o a México porque los salarios son más bajos”. México tratará de conservar las condiciones comerciales que le permitieron superar a China como principal exportador de bienes a Estados Unidos, observa Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Abandonados a su suerte desde el primer dia, números damnificados por el doble terremoto intentan desesperadamente recuperar los cuerpos de sus seres queridos y para ello se lanzan a remover los escombros por su propia cuenta. Melissa Barra, enviada especial de RFI a Caraballeda, en el estado La Guaira, recogió el testimonio de dos de ellos. Un reportaje con Jad El Khoury. Un hombre se acerca a un grupo de rescatistas franceses. Sin hablar su idioma, logra explicar que se llama Juan Rodríguez y está averiguando dónde está el campamento de los socorristas porque quiere avisarles en cuanto localice los restos de su hermana Dayana. "Ella estaba en el piso seis. Sacamos ya a diez familiares. Me falta solo ella. Nosotros estamos haciendo la búsqueda familiarmente. Una vez que tenemos a la persona visualizada,  intentamos sacarla. Pero cuando se nos pone complejo, necesitamos ayuda. Buscamos otros profesionales para que ellos nos ayuden, si no está en nuestras manos. La búsqueda la estamos haciendo con las manos y las uñas. Ya yo he traído tres maquinarias prestadas", dice. A unas calles de ahí, Valeria, una joven de Caracas, también suplica que la ayuden. Sabe exactamente dónde está su padre. Desde hace días, puede ver su cuerpo en medio de los escombros. Él se había mudado a Caraballeda dos días antes de los terremotos. Entierro digno  "Quisiéramos enterrarlo dignamente. O sea, recuperar lo que se pueda. Yo sé que mi papá ya no está ahí al 100%. Esto lo entiendo. Pero tampoco puedo dejarlo ahí como si fuese cualquier cosa. Yo compré, pedí prestado, o sea, me prestaron, una planta eléctrica. Tengo las palas, los picos, el esmeril. Compré los discos de corte, tengo un taladro eléctrico, también comprado. No necesito una cuadrilla gigantesca. Necesito tres o cuatro personas que me ayuden. Y eso no va a tomar más de medio día". La ONU estima que decenas de miles de personas están desaparecidas. A este ritmo, localizar y recuperar a todas las víctimas tomará semanas. 

A un mes de la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia, tras una ajustada victoria frente al izquierdista Roberto Sánchez, analizamos con el politólogo Fernando Tuesta las diferencias entre el liderazgo de la nueva mandataria y el de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. También evocamos las dificultades que enfrentará para gobernar teniendo en cuenta que la mitad del electorado no votó por ella y que su peso electoral es del 17%. Tras su cuarta candidatura presidencial, la derechista Keiko Fujimori se impuso en las elecciones peruanas. La líder de Fuerza Popular llegará al poder reivindicando el legado de su padre, Alberto Fujimori, a quien ha defendido de manera constante pese a que su gobierno estuvo marcado por graves violaciones de los derechos humanos y escándalos de corrupción. "Quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre: en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo su palabra", afirmó Keiko Fujimori durante la campaña. Sin embargo, las circunstancias que la llevaron a la presidencia son muy diferentes a las que impulsaron a Alberto Fujimori al poder en 1990, sostiene Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. "Lo primero que hay que decir es que Keiko no existiría políticamente sin Alberto Fujimori. Fuerza Popular es el fujimorismo y, en ese sentido, un partido dinástico. La diferencia es que Alberto Fujimori llegó al poder enfrentándose al establishment, mientras que Keiko ha sido la candidata del establishment", explica Tuesta. Según el analista, las diferencias van más allá de la coyuntura electoral. "Alberto Fujimori entendía la política de una manera distinta. Consideraba que la democracia representativa y los partidos políticos eran un obstáculo. Keiko, en cambio, ha construido una organización partidaria. Alberto Fujimori ejercía un liderazgo que yo calificaría como una derecha popular. Keiko Fujimori representa más bien una derecha de las élites. Además, Alberto tenía una enorme capacidad de atracción electoral. Keiko obtuvo alrededor del 17 % en la primera vuelta, que es su verdadero peso electoral", señala. Aunque Fuerza Popular contará con una posición favorable en el Senado, no dispone de mayoría en la Cámara de Diputados. Además, Keiko Fujimori asumirá la presidencia tras una victoria por menos de 50.000 votos, un margen que limitará su margen de maniobra política, advierte Tuesta. "Keiko Fujimori tendrá que responder ante un electorado profundamente dividido. Cerca de la mitad del país no votó por ella y, en algunas regiones, especialmente las más pobres, fue derrotada de manera contundente. Eso será un desafío importante y la obligará a atender las demandas de esos sectores. Además, son justamente las regiones que podrían verse más afectadas por el fenómeno de El Niño", afirma. El fenómeno climático, cuya intensidad ha sido estimada como fuerte y que ya está afectando al sector pesquero, figura entre los principales retos inmediatos del próximo gobierno. A ello se suman la lucha contra la extorsión y la reducción de la pobreza, un problema que golpea especialmente a las poblaciones rurales.

La Corte Suprema de Estados Unidos amplió este lunes las facultades del presidente Donald Trump para destituir a directivos de agencias federales independientes, con la excepción de la Reserva Federal. Dos sentencias dictadas en una semana decisiva para la Corte Suprema redefinieron los límites del poder presidencial. El tribunal resolvió que Donald Trump no puede destituir "por cualquier motivo o sin motivo alguno" a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. En cambio, dio luz verde al despido de Rebecca Slaughter, miembro demócrata de una Comisión que regula el comercio. “Trump no espera, avanza” Fernando Pedrosa, historiador y politólogo de la Universidad de Buenos Aires, analiza el alcance de estas dos decisiones: “La Corte Suprema vino a discutir con dos casos. El de Rebecca Slaughter, el primero, que fue un miembro de una agencia de estas independientes que el presidente echó sin causa, y el segundo, el de Cook, que es un miembro del directorio de la Reserva Federal, a la que Trump echó con una causa, pero que no está probada que sea así. Entonces ahí lo que hace Trump, como hace en general, no espera, avanza y dice ‘bueno, yo puedo echar a estos agentes intermedios', y echa primero a la de la oficina comercial y después a la de la reserva”. “Y la Corte saca dos fallos al respecto que van por un camino intermedio. Por un lado, autoriza echar a la primera y le niega expulsar a la segunda, diciendo que la Reserva Federal es una agencia muy especial que necesita mucha independencia porque lleva la política monetaria y que ahí necesita una causa probada que aún no está”, prosigue. La Reserva Federal “tiene que seguir siendo independiente” El analista explica la importancia de la Reserva Federal y por qué esta decisión del tribunal marca un límite del poder que está dispuesto a conceder al presidente: “Yo creo que si el Poder Ejecutivo pudiese dominar la Reserva, me parece que sería un muy mal mensaje para los mercados, caería mucho la credibilidad de la política monetaria norteamericana". Además, añade Pedrosa, “recordemos que Trump ha venido criticando mucho al presidente, que ya no lo es, de la Reserva. Ahora hay otro que es más proclive a Trump. La discusión está en torno a si las tasas de interés deben bajar o no, y Trump quiere inmiscuirse, quiere decidir él. Y hasta ahora la Reserva Federal, gran parte de su prestigio, está en que los presidentes no afectan sus políticas, sino que toman políticas basadas en cuestiones técnicas, y si le conviene al país hacer tal cosa o hacer otra. Como la Corte dijo, los gobernadores están exentos de esta acción de Trump entonces, de algún modo dio un mensaje muy claro de que tienen que seguir siendo independientes”. Por su parte, el presidente estadounidense celebró en Truth Social el fallo que le dio la razón en el caso de la comisionada demócrata, pero lanzó una amenaza a la gobernadora de la Reserva Federal, al afirmar que tomará "las medidas apropiadas" en su contra, sin ofrecer más detalles.

Tras el doble terremoto que vivió Venezuela hace algunos días, la cuestión de los cuerpos se vuelve esencial. El dolor de las familias sigue persistiendo mientras que las organizaciones intentan gestionar la identificación de los muertos y su restitución a los familiares.  Las morgues en Caracas y La Guaira han sido sobrepasadas. La cantidad de cadáveres en la zona cero de la tragedia por el doble terremoto ha obligado a las autoridades a habilitar una morgue improvisada donde agrupar cuerpos a la espera de entregarlos a familiares.  Una espera larga, dolorosa y sin respuestas  En el piso, tapados con sábanas, bolsas plásticas o cualquier alternativa están algunos de los cuerpos que ya fueron identificados. Sus familiares esperan bajo el sol a que las empresas funerarias completen los trámites para trasladarlos a los cementerios o crematorios.   Una espera que duele tanto como se alarga, en el caso de Alvi Jiménez que nos cuenta: “Aquí estoy para reconocer y retirar cadáveres de mi familia, de cinco miembros de mi familia. Entró a la morgue del seguro, fui y no está allí. Lo trajeron a los silos del puerto. Allí se llenaron varias planillas para poder entrar y no he podido. Ya tengo dos días en esto”.   “Los cuerpos están en extremo estado de descomposición”   En la principal morgue del país, en Caracas, grupos de personas llegan buscando información, queriendo ubicar a alguien, como Greta Torres: “Ha sido demasiado tedioso conseguir a nuestros familiares. Aquí en Bello Monte tenemos ya cuatro días pernoctando acá buscando respuestas. Por tanto, tiempo que se ha perdido, dicen que los cuerpos están en extremo estado de descomposición, es imposible velarlos y van directo a cremación”, afirma.  Y como otros procesos burocráticos, han surgido denuncias de cobros indebidos por trámites acelerados: “Es increíble que nosotros no tengamos solo que lidiar con la tragedia en Venezuela sino también con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público”, comenta Torres.  Mientras las familias lidian con los papeles, el sol y la paciencia, la cifra de muertos sigue subiendo. El número oficial por ahora alcanza las 1.719 víctimas, y contando. 

Venezuela busca a contrarreloj a los miles de desaparecidos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el miércoles pasado. La cifra de muertos sigue subiendo y las esperanzas de encontrar a gente con vida disminuyen. En Venezuela, los rescatistas internacionales se afanan en auxiliar a las víctimas del doble terremoto en la zona cero del desastre. Fachadas de edificios colapsados comienzan a ser marcadas con la letra D por equipos de inspección. Ese símbolo significa que allí ya no hay nadie vivo a quien buscar. Equipos internacionales El sábado cerró la ventana de 72 horas que los expertos consideran clave para hallar sobrevivientes luego de un terremoto. Pero en La Guaira, los rescatistas aún salvan a personas, incluso luego de excavaciones que pueden durar hasta 11 horas. Equipos de Colombia, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Ecuador y de otra decena de países han protagonizado rescates que se celebraron con aplausos: un niño de tres años, un menor de 11, dos mujeres mayores que permanecieron atrapadas más de 60 y 86 horas respectivamente. Pero no todas las historias tienen final feliz. En Catia La Mar, Mari Delgado espera el cuerpo de su hijo: "Yo sé que está por aquí. Ese instinto de mamá me dice que está por aquí. Yo sé que está muerto porque ya hemos llevado cinco días y hoy fue que llegaron las maquinarias que nosotros necesitamos", afirma. "Siempre voy a tener esperanza" El bombero Oswaldo Guédez fue sacado de las ruinas por sus compañeros: "Fui rescatado después de 30 horas de ardua labor, lamentablemente mi esposa no corrió la misma suerte y en este momento mis compañeros están recuperando su cuerpo", cuenta. No muy lejos de allí, Jennifer se niega a pensar que ya no hay más nada que hacer por sus hijos: "Siempre voy a tener esperanza, no la voy a perder. La cuestión es que estamos parados porque dependemos de unos perros. Si los perros llegan y no detectan, para ellos no hay nada y se van y les dan prioridades a otras cosas", dice. El balance oficial, presentado este domingo por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habla de 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 damnificados… pero no se sabe cuántos rescates van. Entretanto, Venezuela comienza una semana sin normalidad. Las clases han sido suspendidas mientras muchos aún no saben cómo ni cuándo podrán tener de nuevo un techo seguro bajo el cual dormir.

Tres candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York ganaron las primarias demócratas para la Cámara de Representantes. Estas victorias ponen de manifiesto dos cosas, el auge de la izquierda en la política estadounidense y un hartazgo con la cúpula demócrata.  Darializa Ávila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander. Estos son los tres candidatos de izquierdas, respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, que han arrasado en las primarias demócratas. Para Eric Sigmon, analista político y exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, estas victorias son prueba de una nueva ola de pensamiento progresista presente en el partido demócrata. Eric Sigmon: Lo que hemos visto ayer en las primarias de Nueva York es una victoria contundente para el ala progresista, impulsada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es un líder joven con bastante apoyo de la gente joven y progresista en Nueva York. Y sus candidatos ganaron sus respectivas elecciones y lo importante es que se logró respaldar a figuras establecidas a pesar de que ellos tenían el apoyo de líderes del partido como Hakeem Jeffries. Estas victorias ocurren en un momento de agitación en el Partido Demócrata, y según Sigmon, podrían repetirse en otras ciudades importantes del país, como Los Ángeles o Washington. Eric Sigmon: En New York ha sido un estado muy clave para mandar un mensaje a los partidos nacionales como demócratas y republicanos, porque Nueva York es un estado muy grande, la ciudad de New York sigue siendo la ciudad más importante del país y si lo pensamos bien, nos damos cuenta que los líderes de los demócratas ahora en día vienen de Nueva York, el líder de los demócratas en el Senado es Chuck Schumer, viene de Nueva York, tanto como el líder de los demócratas en la cámara baja es Hakeem Jeffries. El experto también alerta de que el partido republicano aprovechará temas más controvertidos, como la vivienda o la guerra en Oriente Medio, para generar polémica en estados más moderados y distritos clave. Eric Sigmon: Los republicanos van a utilizar estas victorias en Nueva York para pintar el Partido Demócrata como un partido que está como fuera del contacto con el votante medio. Así que la prueba de fuego para los demócratas será evitar que esa imagen se pegue en los estados péndulo. Sigmon concluye en que el partido demócrata afronta el reto de integrar esta nueva corriente progresista en medio de la carrera por el control del Capitolio en las elecciones de mitad de mandato de noviembre y con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

El número de muertos por los terremotos de Venezuela supera el centenar, pero las consecuencias podrían ser más abrumadoras. La maginitud de la tatástrofe encierra varios factores que se combinaron de forma inusual, como suelos no consolidados o temblores casi simultáneos, como explicó a RFI un experto.  Los terremotos en Venezuela pasarán a la historia no solo por sus devastadores efectos, sino porque son un fenómeno inusual. Este miércoles, la región norte del país sufrió un temblor de magnitud 7,2, y, tras solo 39 segundos, ocurrió otro más potente, de magnitud 7,5. Los expertos denominan este suceso como doblete sísmico. Marcelo Lagos López, profesor del Instituto de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Chile, explica a RFI: "Ocurren dos terremotos casi simultáneamente porque ambos están localizados en la misma traza de una falla activa. Entonces, el primero, 7,2 sería el terremoto precursor, y el 7,5, posterior, 39 segundos después, sería el evento principal. Ambos son parte de una gran secuencia. "Si lo ponemos todo en cámara rápida, hasta parece un solo evento a ojos de la comunidad que experimentó el gran movimiento del suelo", continúa.  Leer tambiénVenezuela: "Todavía se escuchan personas atrapadas bajo los escombros" Para Lagos López, es importante recalcar que el terreno donde ocurrieron los terremotos también explica su gravedad: "Estamos hablando de una zona de valles, una zona donde hay ríos y predominan suelos de origen aluvial y coluvial. Son suelos, en general, menos consolidados. Y cuando tenemos suelos poco consolidados, generalmente en ese tipo de ambientes es donde las ondas sísmicas se amplifican. Puedes recordar los terremotos de 2017 en México: claramente un sector de Ciudad de México, que fue ampliamente afectado, está construido sobre un antiguo lago desecado por los aztecas. Es un suelo claramente poco consolidado donde las ondas sísmicas se concentran, se amplifican y son más peligrosas." Por el momento, la cifra de fallecidos ya supera el centenar, pero esta no para de aumentar. Según la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podrían haber entre 10.000 y 100.000 muertos. No puedo afirmar en este minuto que vayan a ser miles, pero diría que van a ser centenas "Es un modelo. Y como todo modelo, es una simplificación de la realidad. Eso no quiere decir que el cálculo esté errado, pero hay que entenderlo como una aproximación y no como valores absolutos. No sé la estadística en este minuto, pero yo diría que van a ser centenas. No puedo afirmar en este minuto, ciertamente, que vayan a ser miles, pero hay que entender que lo que hace el USGS es una estimación de acuerdo a la intensidad, los datos históricos y la realidad política, social y cultural de cada país.", concluye Lagos López, que no descarta que estos terremotos liberen tensión en otras regiones, por lo que la amenaza sísmica en Venezuela sería inevitable.

La candidata de derecha a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, está a las puertas de la victoria electoral. Con una ventaja de cerca de 44.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez y con el 99,87 % de las actas escrutadas, el resultado parece ya definitivo. La situación se consolidó después de que las autoridades electorales rechazaran un recurso presentado por Roberto Sánchez para anular la votación en el exterior, una medida que podría haber cambiado el desenlace de la elección. “Quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero” Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, analiza lo que implica este resultado y cómo podría ser el próximo gobierno de Keiko Fujimori: “Los 100 primeros días del futuro gobierno de Keiko Fujimori posiblemente sean muy difíciles para ella, debido a que, por primera vez en la historia del país, al menos desde el retorno de la democracia, quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero, porque ha pasado un fenómeno curioso: en el territorio nacional, en Perú el candidato ganador ha sido Roberto Sánchez por 40.000 votos, pero esa ventaja se revirtió con el voto extranjero”. “Entonces, lo que encuentra la señora Fujimori es un país profundamente fracturado, en el cual el sur y las zonas andinas han votado mayoritariamente por Sánchez y posiblemente vayan a haber protestas en contra del resultado electoral, como ya va indicando Sánchez”, añade Carbajal. Vacancia más difícil Perú lleva años sumido en una inestabilidad política crónica. El país ha tenido ocho presidentes en la última década y, entre destituciones, renuncias y vacancias, pocos han logrado completar su mandato. Sin embargo, Keiko Fujimori podría contar con una ventaja que sus predecesores no tuvieron: “El Congreso peruano ha sido reformado en el último año a un congreso bicameral, lo cual de alguna manera dificulta más el poder vacar a los presidentes. Ahora la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es la que hace el juicio político, y la Cámara Alta es la que finalmente emite la opinión final. Y para que se emita una eventual vacancia presidencial requiere de dos tercios del número de senadores, es decir 40”, explica Manuel Valega Mires, politólogo y abogado. “Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, con Renovación Popular, que es el otro partido de derecha del ex candidato Rafael López Aliaga, suman 30. El resto de los partidos, la izquierda, con algunas facciones de izquierda más, llegarán a 23 votos aproximadamente. Y hay un partido, el Partido del Buen Gobierno, que de alguna manera podría inclinar la balanza. Entonces es bastante complejo ver una vacancia para Keiko, no imposible, pero por lo menos más difícil que con los últimos presidentes que hemos tenido”, detalla. Keiko Fujimori ya se asume como presidenta electa, este miércoles en una rueda de prensa, aseguró que su primer Consejo de Ministros estará integrado por diversas figuras políticas, con el objetivo de poner en marcha las propuestas contempladas en su plan de gobierno.

En medio de un clima de crisis económica y tensión social, el grupo de oposición Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció la detención y tortura de su presidente Manuel Cuesta Morúa. En RFI hemos entrevistado al activista Cuesta Morúa, quien nos relató cómo se produjo la detención y los motivos que hay detrás. El ruido de las caceroladas es habitual durante las noches en La Habana, Cuba. La gente protesta por los cortes de luz y la escasez de combustible tras cinco meses de bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. En este contexto, la organización opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que la policía secuestró y torturó a su líder, Manuel Cuesta Morúa. “Recibiría un tiro en la cabeza” “Me condujeron hacia otra provincia contigua que se llama Artemisa y en un lugar descampado, luego de horas de tortura dentro de la patrulla, con todos los cristales cerrados y esposado en las espaldas, y luego de haber recibido algunos golpes, me amenazaron de muerte, definitivamente, la frase fue repetida de que si Estados Unidos de alguna manera invadía Cuba, pues yo, y no solo yo, han amenazado también a otros activistas, recibiría un tiro en la cabeza”, cuenta a RFI el activista. La policía acusó a Cuesta Morúa de "incitar a la ciudadanía a manifestarse el 11 de julio", pero este señala que se trata de una estrategia para acallar a las masas. “Nosotros, el Consejo para la Transición Democrática, y yo personalmente he venido ofreciendo solidaridad y apoyo a ese movimiento nacional que se ha ido articulando de cacerolazos a lo largo y ancho del país, para expresar el aquí y el ahora de las necesidades urgentes y emergentes de la sociedad cubana, y que se van a profundizar. Y por supuesto, el Gobierno cubano teme justamente algún liderazgo de la sociedad civil en relación con esta protesta en un momento que toma medidas que están pensadas para el 1%”, explica. “Un proceso liderado por los cubanos” En marzo de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que Cuba sufriría una intervención como la que llevó a cabo en Venezuela y que desembocó en la captura del expresidente Nicolás Maduro. Ahora, parece que el eco de las palabras de Trump resuena más fuerte que nunca. “Desde el día 1 que esta alternativa se presentó como posible, nos opusimos a una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, como todas las naciones democráticas del mundo, debe apoyar un proceso de cambio en el país, debe apoyar un proceso de transición. Pero esto tiene que ser un proceso liderado por los cubanos, apoyado por la comunidad internacional, eso incluye a Estados Unidos, pero liderado por los cubanos. Nos hemos opuesto a la salida venezolana. Cuesta Morúa señala que la situación en Cuba es insostenible, y que el Gobierno teme unas protestas como las del 11 de julio de 2021, las más grandes desde la Revolución Cubana, y que dejaron un muerto, múltiples heridos y más de mil detenidos.

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT. El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: "A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas".  Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. "Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales" dice Peralta en RFI.  En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. "Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ" dice Peralta.  Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlos. De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

La Fiscalía de Chile va a investigar un posible caso de tráfico de niños y adolescentes procedentes de Haití que llegaron a Chile en 2025, supuestamente dentro un proceso de reagrupación familiar, pero que iban acompañados de adultos que no eran sus familiares y cuya entrada en el país no cumplía con las normas del sistema de migración y extranjería. El Ministerio Público indaga el paradero de esos niños, que se desconoce. La Fiscalía chilena ha decidido investigar después de que Radio Bío-Bío desvelara un informe de la Contraloría, el organismo encargado de auditar, en el que se revelaban irregularidades en el proceso de entrada de al menos 486 menores de edad entre 2024 y 2025. ¿Dónde están los menores? “La Contraloría comienza esta investigación a raíz de las denuncias, y observa que tanto el visado de reunificación como los viajes de los menores no cumplían ciertos protocolos establecidos dentro del margen que ordena administrativamente la ley. Por ejemplo, las visas que se estaban entregando, había una flexibilización, es decir, documentos que eran fotocopias y que no había un registro concreto de que ese documento corresponda al niño que se estaba identificando en ese momento con la fotografía y con su huella dactilar”, detalla a RFI Néstor Aburto, el periodista que revelo la investigación. A partir de 2014, Chile empezó a recibir una ola de inmigración haitiana y estos vuelos con menores se justificaban porque supuestamente iban a reunirse con sus familias. De momento se desconoce el paradero de la mayor parte de los niños. “La investigación apunta a poder establecer dónde están los menores. Se calcula que eran cerca de 400 niños que la Contraloría tiene acreditados, pero lo que sabemos hasta ahora es que hay que ampliar el radio del tiempo en que niños viajaron solos desde Haití, que correspondería a fines del año 2022 hasta el año 2025”, precisa Aburto. ¿Quién está detrás de estos vuelos? La Fiscalía investiga quién o quiénes eran las personas que iban a bordo de los aviones con los niños. Se trata además, indica el periodista, de “saber quién pagó los aviones que salieron, que en un año aproximadamente fueron 11 aviones. Estamos hablando de un vuelo que cuesta entre 150, 180.000 dólares. La pregunta es: ¿cómo se financiaron estos vuelos? ¿Quién estuvo detrás de la contratación de estas aerolíneas para hacer estos viajes chárter? Y lo más importante, ¿quiénes eran los adultos que traían a estos niños y dónde se legalizaron los supuestos permisos?”. “Se ha transformado en una de las investigaciones más sensibles probablemente que hemos visto de los estamentos públicos en Chile, luego de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet”, concluye Néstor Aburto. La Fiscalía ha decidido que este asunto merece una investigación aparte, para despejar si hubo delito o no en el traslado de estos menores, algo que han denunciado también organizaciones como UNICEF.