Noticias de América

El 4 de noviembre los habitantes de Nueva York irán a las urnas para elegir a su alcalde. Hay dos favoritos: el ex gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, ex demócrata que va como independiente tras perder las primarias en su antiguo partido, y el joven político Zohran Mamdani. A este candidato de 34 años, que se presenta como migrante, musulmán y socialista, las encuestas le dan la delantera y también aseguran que buena parte de la comunidad latina votará por él. “¡Hola, Nueva York!”: aunque no habla español, Zohran Mamdani se esforzó en este mensaje para llegar al electorado latino de Nueva York. De los 5,1 millones de votantes, el 21,6% es latino. Un voto decisivo En la última encuesta de la Federación Hispana, el 48% de los latinos consultados se inclinan por Mamdani, después aparece Andrew Cuomo con el 24%. El politólogo Juan Corredor de la Universidad de Fordham, en Nueva York, explica a RFI esta simpatía por Mamdani. “Tiene un origen migrante musulmán. Es de Queens, que es mayoritariamente latino y asiático. Mamdani sabe las necesidades de las comunidades migrantes. Entonces ha utilizado una estrategia muy interesante que le ha hablado a diversos sectores de la ciudad”, indica. “El voto latino junto con otros votos van a ser decisivos, sobre todo en la ciudad, donde al menos una de cada tres personas tiene un origen migrante o tiene un origen internacional, si se quiere”, subraya el analista. Reducir las desigualdades Una de las grandes propuestas de Mamdani que cautiva a todos los sectores de la Gran Manzana es la de congelar las rentas a dos millones de inquilinos, pues los costos siguen siendo elevados, aunque los regule la ciudad. “Los alquileres suben exorbitantemente, pueden subir un 15%, 20%, 30% y eso hace que muchas familias no puedan continuar viviendo en estos hogares. Entonces, la manera en la que Mamdani está tratando de cubrir esta política es muy interesante porque uno de los debates que se tiene acá en Nueva York es el hecho de que hay ricos, hay personas no solo millonarias, sino multimillonarias, que no están pagando los suficientes impuestos. Y es quizás esa sensación general, popular en la que de pronto ha crecido mucho Mamdani”, señala el politólogo. Para Corredor, Mamdani estaría nadando a contracorriente al proponer el aumento de los impuestos a los más ricos para fortalecer las finanzas de la Alcaldía neoyorquina: “Recordemos, el votante estadounidense tiende a concebir que el Estado es pequeño, que interviene en muy pocos aspectos, si acaso seguridad, justicia y demás. Confía mucho en el individualismo, y por eso las figuras como Mamdani son controversiales para una parte importante de la población”. “Ahora, esto en Nueva York tiene mayor cabida. Tiene una diversidad cultural intelectual que permite que estas ideas arriben a esta ciudad”, concluye el analista.

Continúan los megaoperativos en Brasil para combatir el crimen organizado. Este jueves fue en Sao Paulo contra el lavado de dinero del “Primeiro Comando da Capital”, la mafia más grande del país. Las cifras del operativo, que terminó con cuatro personas detenidas y otra murió, no se comparan con las del pasado martes en Río de Janeiro que dejó cerca de 121 fallecidos. El objetivo es el mismo, combatir el crimen organizado, pero el método de las autoridades brasileñas cambia según el lugar: mientras más pobre es la zona la policía interviene con más violencia, alerta Paulo Cesar Carbonari, miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Para él, el operativo en Rio de Janeiro del martes y el del jueves en la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, son una clara muestra de esta desigualdad.   “En los dos casos son muy, muy ilustrativos y muy importantes, porque en San Paulo es una operación que se hizo en una región donde no están los pobres, donde están los más ricos del país. En Río la operación de estos días fue en dos de las mayores favelas de la ciudad, donde están millones de personas trabajadoras, pobres, mujeres, jóvenes, sobre todo negras y negros. La situación es muy clara, o sea, no se combate el crimen organizado atacando las poblaciones, las favelas, porque ahí no están los que manejan el dinero del crimen organizado. Por eso cuando ocurre lo que ocurrió en Río de Janeiro, no están combatiendo el crimen organizado, están combatiendo a la población”, se interroga Carbonari. El balance oficial del operativo en Río de Janeiro es de 121 muertos y 113 detenidos, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil. Las familias acudieron a reconocer los cuerpos acomodados a lo largo de una calle. Carbonari alerta que operaciones como la de Río de Janeiro no debería existir. “Hay una decisión del Tribunal Superior Constitucional de Brasil para que se hagan operaciones en las favelas. El Gobierno de Río no respetó ni las reglas elementales, ni la decisión judicial del Tribunal Superior sobre lo que debía hacer, por lo tanto, exigir una investigación justa es necesario para que no se quede en impunidad, agregó”. El operativo de Campinas buscaba cumplir nueve órdenes de detención y once de allanamientos. Uno de los cuatro detenidos era un influencer llamado Eduardo Magrini, que presume un Rolex, regalo de un artista, y que la Fiscalía lo identifica como un miembro importante del Primeiro Comando da Capital. “No es que la policía de Sao Paulo sea mejor que la de Río de Janeiro”, indica Carboneri, quien asegura que las autoridades entran de forma más violenta en comunidades vulnerables, “pero no tan violenta, o sea con otras formas y otras estrategias en -lugares- donde no están los pobres”, aseveró. Cesar Carbonari resaltó que en Brasil falta una estrategia nacional contra el crimen organizado porque son los gobiernos locales los que ordenan los operativos como los dos de esta semana.

El huracán Melissa provocó este miércoles "daños cuantiosos" e inundaciones en Cuba, según el gobierno, tras asolar Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. Contactada por RFI, una damnificada asegura no haber recibido la ayuda anunciada por las autoridades.  Tras su paso por Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles con algo menos de fuerza y vientos máximos sostenidos de 195 km por hora, el más potente en 90 años. Las autoridades cubanas informaron de que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Holguín, Guantánamo y de Santiago de Cuba. Una de ellas es Lisa Liz Issac Reyes. La pudo contactar Marine de la Moissoniere "En este momento me estoy viendo damnificada por el huracán Melissa, que a su paso destruyó mi vivienda y mojó todas mis pertenencias. Se me han roto los equipos. Fue algo desastroso. Ha derribado potes, hay cables en el piso, casas totalmente derruidas. Viviendas con las mamposterías arrancadas", explicaba.  El présidente Miguel Díaz-Canel,  asegura que se desplegaron grupos de apoyo a los damnificados: "Ya se encuentra en la región oriental del país, donde están las provincias que van a ser más afectadas por el huracán, brigadas múltiples para trabajar en la recuperación de los daños que provoquen el huracán". "Ya hay brigadas de la electricidad, brigadas de recursos hidráulicos, brigadas de comunicación y brigadas de la construcción que trabajarán junto a las fuerzas de cada territorio, de manera conjunta, en la recuperación de los daños", dijo Díaz-Canel. El mandatario cubano anunció igualmente ayuda internacional: "También los organismos del Sistema de Naciones Unidas, de manera anticipada, han puesto a disposición del país, un grupo de recursos para la ayuda y la atención a las personas damnificadas". Sin embargo, en Santiago de Cuba, Lisa Liz asegura que no ha recibido ninguna ayuda y que carece de alimentos: "Le voy a decir que el gobierno no le ha dado ninguna atención a la población. La Defensa Civil nunca se acercó a las casas de las personas para saber cómo iban a proteger su vida y sus pertenencias". Lisa Liz cuenta además a RFI como no se trata solo de las viviendas: "En cuanto a la alimentación, no le dieron abastecimiento a la población para que se alimentara bajo el paso del huracán. Simplemente, estamos totalmente desesperados, buscando la manera de recuperar lo poco que podamos para sobrevivir, porque ha sido un momento muy difícil".  En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla, las autoridades locales informaron haber encontrado una decena de cuerpos y seguían buscando a un número indeterminado de desaparecidos. 

Fuerzas de Estados Unidos mataron a 14 presuntos narcotraficantes en un ataque contra cuatro lanchas en el océano Pacífico este martes, lo que eleva a 57 los muertos en este tipo de ataques. Esta campaña antinarcóticos impulsada por Washington plantea numerosos interrogantes sobre su legalidad. Entrevista con Ismene Itoiz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Del ataque —anunciado por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth—, la Marina mexicana rescató a un sobreviviente, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos. Este único sobreviviente se encuentra actualmente bajo custodia mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no está de acuerdo con estos ataques, que —dijo— "se están ampliando peligrosamente en el Pacífico". La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ismene Itoiz explica varias razones para condenar este tipo de operaciones: "Estados Unidos sí puede interceptar la embarcación mientras verifica la información. Pero lo que no contempla la legislación es que se pueda lanzar un ataque. El ataque en sí ya implica otro orden de actividades. Y la información que ha suministrado el secretario de Defensa genera más dudas que certezas. Él habla abiertamente de 14 hombres, pero surgen muchas preguntas: en el video las embarcaciones explotan, pero no sabemos qué pasó con los restos. ¿Quién los recupera? ¿Cómo se estableció que eran efectivamente varones? Insisto, quedan muchas dudas", señala. Otra de las preguntas es qué va a pasar con el sobreviviente. Le preguntamos a la profesora mexicana si este hombre, rescatado por la Marina mexicana, será presentado ante las autoridades nacionales. Subsisten muchas dudas  "Quedaría inicialmente bajo guarda y custodia del gobierno mexicano. Eso es muy claro, porque al ser rescatado por la Armada mexicana —bajo el protocolo que sea—, y considerando que teóricamente provenía de aguas internacionales, ya sea que haya alcanzado el borde de esas aguas o haya entrado en aguas nacionales, queda bajo el resguardo del gobierno mexicano. Luego se debe establecer su condición: de dónde viene, qué estaba haciendo, cuál es su relato, su situación. Así se podría determinar si se le otorga un estatus temporal en México, si fuera extranjero, o qué hacer si fuera mexicano. Pero, insisto, no sabemos exactamente de dónde partieron las embarcaciones. En principio, repito, queda bajo la guarda y custodia del gobierno mexicano", agrega. El gobierno de Donald Trump lanzó a comienzos de septiembre una ofensiva en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas procedentes de Venezuela. Este último ataque es el primero que involucra directamente a la Marina mexicana.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) declaró este lunes que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones de 2023 y descartó suspenderlo de su cargo, luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, anuló el partido que lo llevó al poder. El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla —partido del cual Arévalo fue cofundador— explicó a RFI por qué considera que la orden judicial carece de fundamentos legales. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un nuevo intento de "golpe de Estado" por parte de la fiscalía. La disputa se remonta a 2023, cuando la fiscal general, Consuelo Porras, habría intentado boicotear las elecciones que ganó Arévalo, así como su investidura en enero de 2024. Ahora, la tensión aumenta con una orden judicial que buscaba destituir al presidente, aunque este lunes el Tribunal Electoral rechazó dicha solicitud. Se trataba de una orden emitida por el juez Fredy Orellana, dirigida al tribunal electoral, que afectaba no solo al mandatario socialdemócrata, sino también a su vicepresidenta, a un alcalde y a 23 diputados, todos ellos pertenecientes a Semilla, el partido que está en el punto de mira de la fiscalía. Para el diputado de Semilla, Samuel Pérez, la orden judicial no tiene nada de judicial. "Honestamente, no es una batalla legal. Nosotros tenemos la razón jurídica y constitucional. Sin embargo, somos conscientes de que sí es una batalla política. Parece un intento desesperado, en ocasiones incluso ridículo, de un juez penal. Es el mismo juez penal que ha sido el único kamikaze que se ha atrevido a cometer estas ilegalidades. Está intentando, una vez más, tumbar al gobierno", afirmó. Los acusados no saben de qué los acusan  De haber sido admitida por el Tribunal Electoral, la orden habría impactado de lleno en la política guatemalteca. Habría anulado el partido del presidente y convertido a sus diputados en miembros individuales, en lugar de formar parte de un grupo político en el Congreso. Todo se basa, supuestamente, en un caso de corrupción. Sin embargo, en el partido no saben de qué se les acusa. Este es el caso del propio diputado Samuel Pérez. "Yo estoy personalmente implicado en este caso y, sin embargo, no me han dado acceso al expediente, a pesar de que lo he solicitado por todas las vías. Nadie tiene certeza de cuáles son los supuestos delitos ni cuáles son las supuestas pruebas. Se trata más bien de una posición política para intentar cancelar un partido que ganó la presidencia, que obtuvo espacios en el Congreso, que ganó una alcaldía, pero que incomoda profundamente a un régimen de corrupción e impunidad establecido en Guatemala durante las últimas décadas", concluyó. La Organización de Estados Americanos ha pedido respeto a los resultados de las elecciones de 2023 y fue convocada por el mandatario guatemalteco para una sesión extraordinaria. Desde Semilla esperan que toda esta batalla se resuelva conforme a la ley y la Constitución.

Las negociaciones arancelarias de Estados Unidos con sus vecinos del norte y del sur han quedado tocadas después de que Trump viera un polémico anuncio televisivo en Canadá. El gobierno de Ontario publicaba un video en el que se mostraba al expresidente Ronald Reagan -quien era republicano como Trump- criticar los aranceles hace casi cuarenta años. Trump lo considera falso y decidió el jueves por la noche que cancelaba todas las negociaciones con Canadá. Para Alejandro García, profesor de ciencia política de la Universidad de Toronto, el primer ministro de la ciudad de Ontario calculó mal el impacto de la campaña publicitaria: “Fue un gran promotor de la relación con Estados Unidos. Después cuando vio que con Trump las cosas no iban bien, se convirtió en un gran defensor del libre comercio. Ha expresado sus opiniones muy claras al respecto, y criticado las posiciones proteccionistas del gobierno de Trump. Si quería ayudar a su país, le ha salido el tiro por la culata, pues tocó una cuerda sensible de Trump. El presidente estadounidense es alguien que tiene que ganar y es por ahí por dónde hay que encontrarle el modo”, aseveró García. El profesor Alejandro García cree que la decisión de Trump tendrá un impacto económico inmediato, aunque una guerra comercial total con sus vecinos es difícilmente factible. “De forma inmediata, a Canadá le va a pegar, en el corto plazo, en sus perspectivas de crecimiento y al dólar canadiense. En el largo plazo, no va a ser fácil deshacer una relación comercial que lleva tantos años, ni las líneas de producción son tan fáciles de cambiar”, agregó García. Por su parte, México reaccionó a la decisión del presidente estadounidense con su vecino del norte con optimismo y expectación sobre cómo se desarrolle la situación en Canadá. “Vamos a esperar a ver cómo avanza la relación con Canadá. Y en el caso de México, vamos muy adelantados. Vamos muy bien en la revisión que ellos (Estados Unidos) plantearon de algunos puntos que ellos consideran son barreras al tratado comercial. Nosotros no lo consideramos así”, expresó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.   Cabe recordar que la prórroga que dio Donald Trump para las negociaciones arancelarias termina a principios de noviembre. A esas negociaciones también se suma la renovación del Tratado México - Estados Unidos - Canadá en 2026. Este mes de octubre Donald Trump abrió la posibilidad de sustituirlo por acuerdos bilaterales, aunque los tres países mantienen relaciones económicas muy integradas. 

Lula quiere volver a ser presidente y así lo ha hecho saber este jueves en Indonesia, durante su gira por el sudeste asiático. Pero esto, para los brasileños, no es noticia porque ya se veía venir. Entrevista con Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po en Paris. "Toda la gente ya lo sabía", dice Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po Paris. "Si las cosas siguen como van ahora, Lula sería el favorito en 2026". El presidente brasileño lidera los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre de 2026 tras el choque con Donald Trump, quien lo acusó de "caza de brujas" por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Al igual que ha ocurrido con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, el soberanismo frente a Trump les está dando buenos resultados a Lula. "Las agresiones verbales de Trump ayudan a aquellos que son atacados por él. Y la oposición, que algunas veces se posiciona del lado de Estados Unidos, pierde, porque son declaraciones percibidas como ataques a la soberanía nacional", dice este especialista. La derecha no encuentra sucesor a Bolsonaro La derecha baraja varios nombres para presentar a un candidato de cara al año que viene, pero de momento no parece encontrar a uno tan fuerte como en su día lo fue el ultraconsevador Bolsonaro. Entre los potenciales candidatos están, entre otros, "el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas y el gobernador de Minas Gerais (Romeu Zema, NDLR), otra región muy grande. También están los hijos de Bolsonaro, que son un poco más radicales, y la mujer de Bolsonaro. Todos ellos están en una lucha interna y esto, al final, favorece a Lula", subraya Zicman.  Ni siquiera la reciente controversia sobre la exploración de la petrolera estatal brasileña Petrobras en el Amazonas parece afectar notablemente la imagen de Lula, cuando resta un mes de la conferencia climática de la COP 30, que tendrá lugar precisamente en Brasil. "La naturaleza no es un tema prioritario en las elecciones. Es algo curioso y triste. Para mucha gente en Brasil, lo que más importa son las cuestiones de orden económico. Algunas personas piensan también en otras relacionadas con la democracia, porque tenemos la extrema derecha que amenaza las instituciones. Pero hay poca gente en Brasil que va a votar pensando en el medio ambiente. Aun con los desastres naturales que tenemos en Brasil, esto no es todavía un tema electoral", concluye. Mientras tanto, el presidente brasileño sigue estrechando sus relaciones comerciales con varios países asiáticos tras la guerra arancelaria de Trump. Este año ha viajado a Japón, Vietnam, China y ahora a Indonesia, nuevo socio del grupo económico de los BRICS, con el que también está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Mercosur.

Bolivia reclama ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la retirada de la hoja de coca de la lista de estupefacientes altamente adictivos. Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú, detalló a RFI las razones para sacar la hoja de coca de esa lista y concentrarse más bien en luchar contra la producción y exportación de la cocaína.   El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS está analizando los resultados de dos años de investigaciones sobre la hoja de coca realizadas por un grupo de científicos. Las conclusiones podrían poner fin a lo que el Estado boliviano considera un daño a los derechos, la cultura y la medicina tradicional de su población. La hoja de coca no produce dependencia”, dijo Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Alurralde fue enviado a Ginebra para defender la postura del país frente a la OMS. Desde hace más de seis décadas, la hoja de coca figura en la lista de estupefacientes altamente adictivos de la ONU, al nivel de la cocaína, una clasificación que Bolivia califica de “error histórico”, a raíz de un profundo desconocimiento de los usos ancestrales de esta planta. “Para los pueblos indígenas quechuas, aymaras y algunos amazónicos, la hoja de coca forma parte fundamental de su existencia colectiva”, dice a RFI Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú. Soberón forma parte de un grupo de investigadores que recientemente publicó un artículo en la prestigiosa revista Science, donde se destaca el valor terapéutico y cultural de la hoja de coca. También se denuncia una estigmatización que ignora la ciencia y la identidad indígena. “La evidencia y los datos indican que, desde todo punto de vista, los ocho millones de ciudadanos indígenas andinos y amazónicos que usan de forma ancestral, desde hace ocho mil años, la hoja de coca no presentan ninguna condición de toxicomanía, adicción, generación de hábito, ni mucho menos”, sostiene Soberón. El investigador estima en 350.000 hectáreas las plantaciones de hoja de coca en la región andina y amazónica, de las cuales bastarían escasamente 50.000 para abastecer el consumo legal. Esto quiere decir que, actualmente, la gran mayoría de las plantaciones se cultiva con fines ilícitos. “Una lucha eficaz para evitar el desvío de sustancias ilícitas y una lucha contra el narcotráfico requieren políticas mucho más claras, inteligentes y focalizadas. Eso es lo que se busca al intentar retirar a la hoja de coca de la lista. Dejemos la cocaína en la lista y hagamos que los esfuerzos se dirijan a evitar la producción de cocaína y su exportación ilegal a los países donde se consume. Lo que hoy en día ocurre es consecuencia de políticas interdictivas muy mal diseñadas”, concluye Soberón. La Comisión de Estupefacientes de la ONU se reunirá en marzo de 2026 para votar sobre la modificación de la lista. De resultar favorable, esto podría abrir nuevas vías de desarrollo comercial y científico, además de suponer un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

Donald Trump no ejecutó este lunes su amenaza de decretar nuevos aranceles a las exportaciones colombianas pero tampoco la ha retirado. Además, el día terminó con un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y John McNamara, embajador interino estadounidense, lo que marca un respiro en la crisis entre Colombia y Estados Unidos, un día después de su fuerte choque con Donald Trump. Recordemos que el despliegue estadounidense en aguas del caribe ha matado ya 30 personas que Washington considera pertenecen a carteles de droga venezolanos y a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Petro sin embargo ha denunciado que estas operaciones no se produjeron en aguas internacionales, sino en aguas colombianas, violando así la soberanía del país. La maraña de insultos cruzados entre Donald Trump y Gustavo Petro apenas deja entrever los estrechos lazos que aún mantienen Estados Unidos y Colombia en materia de comercio, migración y seguridad. Las operaciones militares desplegadas por Trump en el Caribe son contrarias al derecho internacional, pero eso no parece un problema para el presidente estadounidense.  “Sin duda, se trataría de una violación al derecho internacional. Sería un irrespeto a la soberanía territorial colombiana, porque eso sería mar territorial colombiano, si efectivamente el gobierno colombiano logra probar que tuvo lugar esa incursión“, explica a RFI Sandra Borda, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes en Colombia.  “No sería la primera violación al derecho internacional desde el despliegue de la flotilla en el Caribe Internacional por parte de Estados Unidos, porque lo que ha estado cometiendo Estados Unidos con los tripulantes de estas lanchas que en teoría están transportando droga, son ejecuciones extrajudiciales que también están prohibidas por el derecho internacional humanitario”, añade.  De acuerdo con su análisis, estas operaciones responden a una estrategia de Trump para involucrar a varios gobiernos de América Latina con el tráfico de drogas, lo que le sirve de excusa para llevarlas a cabo sin la aprobación del Congreso estadounidense. Primero lo hizo con el presidente venezolano Nicolás Maduro y ahora sin escrúpulos, ha calificado a Petro de líder narcotraficante acusándolo de fomentar los cultivos ilegales.  “Es un mecanismo de disuasión. Es un mecanismo de retaliación fuertísimo que está destinado a mostrar el músculo de Estados Unidos en la región. A retornar a las épocas en las que había un tutelaje claro de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos y a dejar en claro cuáles son las consecuencias si no hay sumisión frente a eso”, asegura la especialista.  Donald Trump amenaza a Petro con suspender la ayuda financiera a Colombia, el país latinoamericano que más fondos recibe de Estados Unidos, más de 740 millones de dólares en 2023, de los cuales la mitad se destinan a la lucha antidrogas. Frente a esto, Gustavo Petro ha elevado el tono comparando a Trump con Hitler e incitando a darle un golpe de Estado.  “Petro ya no tiene nada que perder electoralmente hablando y está en proceso de gestar su liderazgo internacional justamente oponiéndose a Trump. Y el problema que tenemos es que a este paso, el daño que le pueden causar a la relación binacional puede ser un daño irreparable”, advierte Borda. A falta de diplomacia, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están en la cuerda floja y la alianza entre ambos países irreconocible.

El 26 de octubre se llevarán a cabo en Argentina las elecciones legislativas nacionales de medio término, poco menos de dos años después del inicio del gobierno de Javier Milei. Una prueba para el oficialismo tras el golpe recibido en las legislativas locales de Buenos Aires. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy siguió a militantes de La Libertad Avanza en la peronista Ensenada y de Fuerza Patria en San Isidro, feudo oficialista, para saber cómo es hacer campaña en territorio hostil. El próximo 26 de octubre Argentina celebra legislativas de medio término, donde el oficialismo puede fortalicer su débil presencia en el Congreso. A estas elecciones se llega tras los comicios legislativos locales de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, que tuvieron lugar el 7 de septiembre pasado, y en los que el peronismo derrotó duramente a La Libertad Avanza del presidente Javier Milei.  Federico Bojanovich, referente local del partido de Javier Milei, hace campaña en una calle comercial de la localidad portuaria e industrial de Ensenada, al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de Bojanovich es que la gente vaya a votar. "Indistintamente del partido al cual ellos consideran votar. Si votan a la Libertad de Avanza muchísimo mejor, pero el objetivo es que vayan a votar", explica Bojanovich a RFI.  Difícilmente logre que muchos lo hagan por su partido en esta localidad, de profunda raigambre peronista. Juan, un vecino que pasa por allí, es un ejemplo claro: "Yo ya soy peronista y me gusta el tema ese, cuando ya mi papá, mi mamá, fueron peronistas", nos explica.  Leer tambiénBuenos Aires, epicentro del castigo peronista a Javier Milei Sesenta kilómetros al noroeste se encuentra San Isidro, un distrito de altos ingresos, mucho más que los de Ensenada. Además, es un lugar profundamente antiperonista. En una plazoleta del centro de esta localidad, un grupo de militantes peronistas hace campaña. Un hombre se acerca y discute con ellos. El vecino, que se llama José María, cuenta qué piensa del peronismo: "Yo soy absolutamente refractario al peronismo porque creo que es nefasto". La persona con la que discutía era Federico Meca, concejal peronista de San Isidro. Meca dice que, a pesar de esto, hay cierto margen para dialogar: "No saben bien de qué partido sos hasta que le explicas y después es como que también nacionalizan mucho la discusión, porque te hablan por ahí de Cristina o Milei, pero cuando llevas el plano a un terreno más local, como que ahí la gente empieza a darse un poco cuenta".  Para los partidos políticos, no es fácil apelar a votantes que les son distantes. El peronismo debería intentar interpelar a cierto grupo en particular, dice la politóloga de la Universidad Torcuato Di Tella, Paula Clérici: "A la gente que no está conforme con el gobierno, no está conforme con la ideología del gobierno,  no está conforme con las políticas del gobierno pero que sin embargo tampoco quiere volver a lo de antes". Respecto de La Libertad Avanza, Clérici también ve un gran desafío. Se trata de "cómo volver a conectar con un electorado que no es propio, ese sector que es el mayoritario en Argentina que va fluctuando, apoyando distintos partidos o candidatos y cómo volver a lograr la confianza de esos sectores.” Como en toda elección, la última palabra la tendrán los votantes.

Con la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia, acaba una era de dos décadas de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde su sede de campaña en La Paz, el presidente electo saludó a sus partidarios, que salieron a celebrar en las calles de la capital. Su rival Jorge Tuto Quiroga reconoció la derrota. Como un festival sonaban las calles de La Paz, en Bolivia, este domingo 19 de octubre. Los simpatizantes de Rodrigo Paz, vencedor de la segunda vuelta presidencial, cantaban, bailaban y quemaban pólvora para celebrar el triunfo de su candidato.  Una de ellas era Jessica Mendivel, quien lo considera un candidato cercano al pueblo.   "Como es joven, va a saber administrar. Estamos alegres, cuando supimos que ganó, bailamos ahí”, dijo a RFI esta partidaria de Paz.  Leer tambiénBolivia: El senador Rodrigo Paz, de centroderecha, gana la segunda vuelta electoral En su primera locución, tras conocerse los resultados preliminares que le daban la victoria, paz prometió unidad y una apertura internacional para Bolivia.  “No puede ser que un 6 de agosto, en los 200 años de la patria, no haya venido un solo presidente fronterizo a visitarnos entre hermanos. Es como no ir a visitar a tu hermano o hermana en su cumpleaños. Esto no puede volver a ocurrir en Bolivia”, declaró Rodrigo Paz desde su sede de campaña. "Estamos frustrados" A unas pocas calles se encontraban Jorge Tuto Quiroga y sus seguidores, pero el ambiente era totalmente otro. “Hoy estamos en lo mismo, con lo mismo del MAS”, lamentó uno de sus simpatizantes. “Estamos frustrados porque otra vez vivimos sin democracia en este estado de que está podrido", soltó otro decepcionado.  Con una tristeza visible, Quiroga, el candidato a la derecha intentó disipar en su discurso las acusaciones de fraude y reconoció la victoria de paz.   "He llamado a Rodrigo Paz Pereira, le he deseado mis felicitaciones. Bolivia no merecería que por el dolor que tenemos y por la angustia que nos causa la situación que va a venir, generar más problemas, dejar al país en ascuas”, declaró a sus seguidores.   La juramentación de Paz está prevista para el próximo 8 de noviembre. Por su parte el presidente saliente Luis Arce felicitó al vencedor y aseguró que obrará para “para trabajar en una transición ordenada”.  

El proyecto se enmarca en una política de incentivos a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y aduaneros por 30 años que lanzó Milei en 2024. El proyecto Stargate Argentina, con inversiones en varios países, implica unos 500.000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos. Expertos alertan sobre los efectos sobre el medioambiente y las localidades cercanas.  La empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, firmó una carta de intención para construir un megacentro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia argentina, el primero de su tipo en América Latina, anunció este viernes el gobierno de Javier Milei. El proyecto bajo el nombre de Startgate Argentina y en sociedad con la empresa local Sur Energy, supondrá una inversión de 25.000 millones de dólares, precisó la presidencia en un comunicado. El proyecto se enmarca en una política de incentivos a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y aduaneros por 30 años que lanzó Milei en 2024 para sectores estratégicos. "Tenemos una serie de elementos interesantes para ellos en Argentina como que la Patagonia sea un territorio amplio en espacio con pocos habitantes. Hay mucho lugar para construir. Además hay varias centrales hidroeléctricas y nucleares. Por último, el gobierno de Milei apenas asumido aprobó una ley para grandes inversiones (RIGI) que les proporciona 30 años de importantes exenciones impositivas " dice la experta en políticas tecnológicas en la FLACSO, Natalia Suazo, en RFI, añadiendo que la empresa no está sujeta a contratar mano de obra local.  Ni su localización exacta ni la fecha de inicio del proyecto fueron informados.El proyecto había sido adelantado por Sam Altman, director general de OpenAI. Natalia Suazo, en RFI,  advierte además de experiencias anteriores en América Latina que fueron en detrimento del medioambiente. "Hay muchos casos que han sentido el impacto en Chile, en México, en Uruguay... Lo que empieza a pasar es que las ciudades cercanas notan el impacto y de repente se quedan sin electricidad o les bajan la potencia. Es como el caso de grandes supermercados que para enfriar esos equipos que están permanentemente procesando necesitan mucha agua. Por supuesto la inversión de inicio va a estar  pero luego los impuestos no se van a estar recibiendo por lo menos durante 30 años grandes equipos " afirma Suazo.  El proyecto Stargate Argentina, con inversiones en varios países, implica unos 500.000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos.

La concesión del Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha desatado una ola de reacciones encontradas. Para algunos, el galardón simboliza la defensa de la resistencia civil frente al autoritarismo; para otros, premia a una figura que ha alentado la intervención extranjera y agrava la polarización en Venezuela. Amores y odios, suscita la figura de María Corina Machado como Nobel de Paz 2025. Para Kristian Herbolzheimer, director del Instituto Catalán para la Paz (ICIP), la elección del comité noruego alerta sobre el peligro y retroceso de las democracias en el mundo de hoy. "Es un mensaje que trasciende significativamente el caso específico de Venezuela -dice a RFI- y el premio Nobel se otorga a una persona por su labor de resistencia civil no violenta frente a un régimen que manipuló claramente el resultado de las últimas elecciones. Ella tiene la capacidad de articular una oposición fragmentada, dividida, y resistir en este caso, incluso desde la crandestinidad frente a este régimen."  Pero hay quienes critican que se haya otorgado el Nobel de la Paz a la líder de la línea dura de la oposición venezolana. Recientemente aplaudió el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe para atacar a supuestos narcotraficantes al servicio de un cartel cuyo cerebro, según el gobierno de Donald Trump estaría en el Palacio de Miraflores.  Leer tambiénReacciones contrastadas en Venezuela tras el anuncio del Nobel de la Paz para Machado "La voz más fuerte a favor de este tipo de intervención militar de Estados Unidos dentro de Venezuela es María Corina Machado, dice Alexander Main, director de política internacional del Centro de Investigación en Política y Economía (Cíper), con sede en Washington. "Es una posición controvertida dentro de Venezuela y dentro de la misma oposición venezolana que le han criticado mucho. Por ejemplo, Enrique Capriles (el ex candidato presidencial), ha denunciado tanto la campaña militar de Estados Unidos en el Caribe, con la matanza extrajudicial de venezolanos y otras personas no identificadas, y ha también denunciado la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela. Lamentablemente, lo que se escucha a nivel internacional, es la voz de María Corina Machado, porque también es la dirigente de oposición, y quien tiene el mayor apoyo de Estados Unidos, del mismo secretario de Estado, Marco Rubio. "Main concluye que "esta elección de Machado como nueva Premio Nobel de la Paz, va a fomentar más división y tal vez más violencia en Venezuela." Tras recibir el galardón, María Corina Machado escribió en X que dedica "este premio al pueblo venezolano que sufre y a Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa".

Recta final en Bolivia a pocas horas de la segunda vuelta presidencial entre el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga y el senador de centroderecha Rodrigo Paz. Cualquiera de los dos cerrará un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas. RFI desde la Paz con la última información. Con nuestra enviada especial a Bolivia, Paola Ariza Recta final en Bolivia para elegir al sucesor de Luis Arce. Este domingo los electores deberán decidir entre el ex presidente Jorge Tuto Quiroga y el senador de centroderecha Rodrigo Paz. Cualquiera de los dos cerrará un ciclo de 20 años de gobierno socialista.  Según nuestra enviada especial a La Paz, el ambiente antes de las cruciales elecciones es de “tensa calma porque cualquier cosa podría pasar”.  No hay un candidato con quien sientan que el balotaje está definido. “Los bolivianos solo piensan en cómo quien gobierne resolverá la crisis económica”, dice Ariza haciendo hincapié en que esta es una de las prioridades para los votantes.     El candidato de Derecha, Tuto Quiroga, del partido Alianza Libre, propone un giro drástico con apertura de mercados, desarrollo de tecnología y préstamos al Fondo Monetario Internacional. Él condensa el apoyo de los empresarios, los jóvenes profesionales y aquellos que dudan que pase esté realmente desligado del masismo. Por otro lado, está Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, que se denomina de Centro, y su programa se basa en un modelo capitalista. En realidad algunas propuestas coinciden, pero Paz es más moderado y propone un cambio gradual reformando las instituciones. Él reúne el apoyo de quienes privilegian programas sociales y de algunos sectores sindicales y de izquierda.  Confianza en el proceso electoral “La gente confía en el actual Tribunal Electoral, aunque las acusaciones de fraude son una posibilidad”, reporta nuestra enviada especial.  En cuanto a las encuestas Quiroga está a la cabeza con un 45% frente a Paz con un 36%. “Pero, esto hay que tomarlo con pinzas porque ya en la primera vuelta le daban a Paz un 8% y terminó en primer lugar porque no se tuvo en cuenta a los indecisos y esto también definirá el balotaje del domingo, que según el último sondeo, son un 20%”, apunta.  Las maletas electorales ya empezaron a llegar a los municipios pese a la crisis de combustibles y las más de 15 misiones de observación electoral vigilan la transparencia del proceso en general.

Tras el anuncio del martes sobre un nuevo ataque estadounidense frente a las costas de Venezuela, que dejó seis personas muertas, crecen las preocupaciones legales y los interrogantes sobre el marco jurídico de estas operaciones. El ataque, realizado en aguas internacionales en el Caribe, fue dirigido contra una embarcación que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba vinculada a redes de narcotráfico. Cinco embarcaciones atacadas y 27 muertos desde septiembre. Estados Unidos afirma luchar contra el crimen organizado y las presuntas narcolanchas. Una amenaza para el país. Esta situación en aguas internacionales frente a las costas venezolanas preocupa.  Para muchos observadores lo que está en juego es el derecho internacional de los derechos humanos. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la ONG de Derechos Humanos, explica que en nada justifica legalmente estos ataques ya que “no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y grupos de narcotráfico, con lo cual, lo que hay, el deber que existe, es un deber como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de enfrentar presuntos criminales presuntamente vinculados con narcotráfico, frente a lo cual corresponde investigarlos, juzgarles y sancionarles. El uso de la fuerza debe ser la última ratio”. Ataques letales grabados y publicados directamente en la cuenta Truth Social de Donald Trump, que ponen de relieve el contexto jurídico global en el que se ejecutan estas operaciones militares.  Leer tambiénTrump confirma que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela “Yo creo que responde también a lo que hemos visto de manera más general de las decisiones que ha tomado Trump y el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, en donde han removido de sus funciones a altos funcionarios del cuerpo jurídico militar, que son estos George Advocates, los encargados de revisar la legalidad de las operaciones”, explica Goebertus.  Además se han tomado otras directivas que incluyen “que se va reducir considerablemente la supervisión de los ataques aéreos, que se va a flexibilizar las reglas de enfrentamiento, lo cual, pues otorga mayor margen para el uso de la fuerza letal sin la debida revisión legal que existía históricamente en varios niveles”, puntualiza. Otros países vecinos podrían verse afectados. En primer lugar, Trinidad y Tobago, que dice investigar la posible muerte de dos ciudadanos, dos pescadores de profesión que iban a bordo de la embarcación recientemente hundida por Estados Unidos y que dejó seis muertos.

Este 16 de octubre inicia el silencio electoral en Bolivia, país que se prepara para un balotaje histórico entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga. Los candidatos, que simbolizan el fin de 20 años de hegemonía del MAS, cerraron sus respectivas campañas prometiendo reformar la economía y ser el cambio. Por nuestra enviada especial a Bolivia, Paola Ariza Baile, música y hasta juegos pirotécnicos protagonizaron los cierres de campaña de Rodrigo Paz, senador centrista, y Jorge “Tuto” Quiroga, el expresidente conservador. “Esta es la única opción” Quiroga eligió La Paz como su último escenario y prometió convertir a Bolivia en potencia exportadora: “Bolivia va a ser conocida por exportar litio, baterías, zinc, estaño, plomo, plata, soya, quinua, aceite de soya, vino, tarijeño. Vamos a ser un gran país. Dignos, todos juntos para cambiar para siempre”, declaró. Un discurso de libertad de mercados que parece convencer a su electorado: “Como muchos bolivianos, ya estamos cansados de vivir bajo un régimen, bajo el abuso, bajo la tiranía, bajo el empobrecimiento que nos ha llevado todos estos 20 años el Movimiento Al Socialismo. Y coincidimos muchas personas, las que estamos acá, que esta es la única opción”, expresaba una de sus partidarias. Otra subrayaba: “Yo vengo del Alto y veo las necesidades graves y la corrupción en su punto. Pobre mi patria, ojalá que toque este candidato, pero que sea para bien”. “¡Bolivia no se vende!” Rodrigo Paz, que a veces se autodenomina de centro derecha, eligió la capital económica Santa Cruz de la Sierra como una de sus últimas grandes citas. Allí hizo un llamado a la unidad y criticó las propuestas de su opositor. “Yo no quiero que Bolivia sea esclavo de ningún banco internacional. ¡Ya basta de vender a la patria! ¡Ya basta de vender a la patria! ¡Bolivia no se vende, Bolivia no se vende!”, enfatizó Paz en su discurso. Entre sus seguidores también explota el hambre de cambio, incluso entre aquellos que han defendido el MAS. “Porque Tuto no nos representa, Tuto representa a los oligarcas, corbata blanca. Es un empleado más de Donald Trump. El país colapsó con el presidente éste que tenemos ahorita, que debería estar preso ya, el Arce. Él ahora le pesa al compañero Evo porque se confundió y se equivocó y le entregó el poder al lobo que se comió las ovejas”, analizaba una mujer. “Es más del pueblo, más de nosotros, digamos que de nuestro nivel social”, estimaba otra sobre Paz, mientras que un simpatizante afirmaba que “ahorita nos está afectando la crisis a nivel nacional, hay escasez de combustible, tenemos una esperanza de que ellos lo vayan a solucionar”. Pese a las diferencias, todo parece indicar que el país andino grita por un cambio radical. Los resultados de este domingo dirán qué color tendrá ese cambio.

Uruguay aprobó este 15 de octubre por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. Esta norma, titulada “Muerte Digna”, es pionera en América Latina. Y con AFP Uruguay se sumó este miércoles a una pequeña lista de países en el mundo que permiten la muerte asistida. Con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes, el Senado aprobó la norma titulada “Muerte Digna”, que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras más de 10 horas de debate. Era un día muy especial para Florencia Salgueiro, vocera de la asociación Empatía en Uruguay. La ley se votó el día del cumpleaños de su padre, fallecido en 2020. Salgueiro presenció la lucha en vano de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hacía insoportable sus días. “Hay una voluntad popular” “Verlo, sobre todo en sus últimas etapas, cuando ya la enfermedad había avanzado mucho, pedir para tener una muerte digna a pesar de tener todos los cuidados paliativos disponibles, y no tenerla, la verdad es que a mí me convenció de que había que cambiar algo. El primer proyecto de ley de eutanasia fue presentado una semana antes de su muerte. Pero él sí, desde el primer momento que supo que eso era posible en Uruguay, lo apoyó”, explica Salgueiro a RFI. Los debates parlamentarios se extendieron durante cinco años. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley. Según Salgueiro, “ha sido un debate bastante civilizado en su mayoría, en el sentido de que hubo mucha participación de la academia, de expertos, intercambiando de manera bastante civilizada también entre distintos partidos políticos”. “Hay una voluntad popular, eso lo demuestran las encuestas que se han hecho de opinión pública: hay encuestas que muestran que un 82% de la población en Uruguay es favorable a la legalización de la eutanasia, pero también por el hecho de que los votos, cuando se votó esto en agosto en Diputados, fueron 64 de 99, [es decir] votos que no solo corresponden al Frente Amplio, sino también a legisladores del Partido Colorado -que fue el que lo presentó originalmente-, a legisladores del Partido Nacional, y de otros partidos”, recalca. Mecanismos de control La ley prevé varias instancias de control. Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables son algunos de los requisitos. El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito. “El corazón de la ley está en su artículo 2, que establece que puede solicitar la ayuda para morir una persona que sea mayor de edad, que esté psíquicamente apta, es decir, que esté lúcida y que esté en uno de dos escenarios, básicamente: o esté pasando la etapa terminal de una enfermedad, o tenga una enfermedad o condición de salud que tal vez no sea terminal, pero sí le esté causando grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, que le esté causando sufrimientos insoportables, que no tiene ningún tipo de cura, que es irreversible”, detalla la vocera de Empatía en Uruguay. “Después hay un proceso que implica por lo menos dos médicos y si esos dos médicos no están de acuerdo, se llama a una junta médica. Además, hay dos testigos que no pueden ser familiares para evitar que haya suspicacias acerca del rol de herencias o cuestiones así. Y además de todo esto, hay una comisión honoraria de revisión que va a revisar caso por caso, que no haya lugar a abusos”, agrega. Laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

Mientras Bolivia se acerca a un balotaje histórico para elegir presidente, sin presencia del Movimiento Al Socialismo que ha gobernado durante dos décadas, el país experimenta un nuevo pico en la crisis de desabastecimiento de combustibles. Nuestra enviada especial Paola Ariza nos cuenta desde las calles de Santa Cruz de la Sierra, sureste de Bolivia. Paola Ariza, enviada especial de RFI a Bolivia Considerada el corazón económico de Bolivia, la vibrante ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conocida por su dinamismo comercial que opera incluso de madrugada, se ha visto paralizada esta semana por una severa escasez de combustibles. Filas interminables en las estaciones de servicio se han convertido en la tónica diaria, forzando a transportistas y conductores a una desesperante pausa. Laura Vega, conductora de Uber, describe la angustiante situación: "Se hacen unas colas impresionantes que a veces duran hasta 24 o 48 horas. Uno tiene que hacer cola para cargar gasolina. Y aparte que la gasolina está llegando mal y friega los vehículos, muchas veces toca quedarse a dormir en los surtidores, a esperar que lleguen las cisternas y descarguen." Esta realidad, que se ha vuelto común, refleja la magnitud del problema que afecta a miles de personas. Marcelo Cruz, representante de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, reporta una drástica reducción del 60% en la actividad económica del transporte de carga. La limitada cantidad de combustible disponible es insuficiente incluso para viajes de media distancia. "Esta cantidad de combustible no es suficiente para poder realizar, por ejemplo, un viaje internacional hacia Perú, hacia Chile. Debe llegarse a una ciudad intermedia y hacer nuevamente filas," explica Cruz, detallando cómo los conductores deben soportar días de espera en Santa Cruz, para luego repetir el calvario en otras ciudades como La Paz, Oruro o Cochabamba. Del dólar barato a la nacionalización de hidrocarburos La raíz de esta escasez es multifactorial, pero un eje central es la falta de dólares en la economía boliviana. La empresa estatal YPFB, que controla la cadena de hidrocarburos, ha argumentado atrasos en los pagos a proveedores, pero el problema es más profundo, según Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Rodríguez señala que el mantenimiento de un dólar artificialmente barato durante un largo período incentivó la sustitución de la producción nacional por importaciones económicas, siendo los combustibles el principal rubro. "El hecho de que haya sido el dólar tan barato por tanto tiempo llevó a sustituir la producción nacional con la importación barata de una cantidad de productos. Pero en lo que más se concentra la importación es en los combustibles." A esto se suma un aumento exponencial en el consumo de diésel y gasolina, mientras que la producción interna de gas ha ido en declive. La falta de exploración se atribuye a decisiones tomadas tras la "nacionalización" de los hidrocarburos en 2006. "Las empresas transnacionales decidieron invertir en otros países cuando en el año 2006, entre comillas, se nacionalizaron los recursos de los hidrocarburos. En realidad, se cambiaron las reglas de juego y eso hizo que la producción de combustibles declinara en el tiempo," explica Rodríguez. Con el aumento de las importaciones de combustibles y la disminución de la producción interna, el gasto de dólares se ha disparado, exacerbando la crisis.

El presidente Donald Trump hizo una advertencia a los argentinos este martes: la ayuda de 20.000 millones de dólares está condicionada a la victoria del partido de Javier Milei  en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que no es favorito."Si gana un socialista, nos sentiremos diferentes sobre si hacemos la inversión o no..." dijo Trump. La reciente visita del presidente argentino Javier Milei a la Casa Blanca, lejos de sellar un esperado auxilio financiero de 20 mil millones de dólares, ha dejado una mayor incertidumbre en los mercados argentinos. La Bolsa de Buenos Aires experimentó una caída del 2% tras el encuentro, en el que el expresidente estadounidense Donald Trump, según fuentes, condiciona explícitamente la ayuda a la victoria de las fuerzas de Milei en las próximas elecciones legislativas parciales. La frase de Trump, "If he wins, we're staying with them, and if he doesn't win, we're gone" (Si gana, nos quedamos con ellos, y si pierde, nos vamos), ha resonado fuertemente en el panorama político y económico argentino. Esta declaración, que se hizo pública al citar al mandatario argentino en la Casa Blanca, subraya la percepción de una negociación no con el Estado argentino, sino directamente con un gobierno específico. Leer también“Aliados cercanos”: Estados Unidos precisa su apoyo financiero a Argentina Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina, explicó la reacción del mercado: "Da la impresión, por la reacción del mercado, que se leyó un poco de esa manera. Lo que uno advierte tanto en el Fondo Monetario Internacional como en cualquier gobierno exterior en relación a la Argentina, es que siempre se siente que no se negocia definitivamente con un Estado, sino con un gobierno". La desconfianza en la solidez del gobierno actual para sostener los acuerdos necesarios para un préstamo ha sido un factor clave. A pesar de las expectativas, no hubo anuncios especiales en términos comerciales, y la única publicidad significativa provino de las declaraciones de Trump, que buscan influir en los comicios venideros. Todo parece indicar que no se cerrará ningún acuerdo financiero importante hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, el panorama para Milei en estas elecciones no es alentador. "El escenario que se está avizorando es que no las va a conseguir", señala Puente Olivera. La estrategia del presidente Milei de presentar sus propias candidaturas y evitar acuerdos con las provincias parece estar jugándole en contra. Todo parece indicar que no se cerrará nada hasta después de los comicios legislativos del 26 de octubre, comicios en los cuales Milei no cuenta con el apoyo para obtener los escaños necesarios. La única baza a favor de Milei en este momento es "la desesperación de no caer en una crisis que tenemos todos los argentinos con esa espada." Esta situación podría generar alguna voluntad para un acuerdo, pero requerirá negociación, algo a lo que el presidente se ha mostrado reacio hasta ahora. En medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Milei se esfuerza por "sostener, sostener, sostener" con la esperanza de implementar las reformas prometidas. No obstante, su caudal político interno es insuficiente. "Lo único que lo sostiene hoy a Milei es este apoyo tremendo de Estados Unidos o el apoyo externo, porque internamente está muy, muy debilitado," concluye Lourdes Puente Olivera. Leer tambiénElecciones legislativas en Argentina: “Milei está en un momento crítico”

Recta final para el balotaje el domingo en Bolivia, una elección histórica entre dos candidatos de derecha que marcará el fin de 20 años de mandato del partido de izquierda MAS, históricamente vinculado a Evo Morales. Nuestra enviada especial, Paola Ariza, recogió testimonios en Santa Cruz de la Sierra, bastión de la oposición al MAS.    ¿Por qué en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, algunos electores esperan con ansias la salida del MAS del poder? "Porque el MAS nos trajo pobreza. Es por ellos que tenemos todas estas carencias. En 20 años no mejoró nada. Estamos sumamente dolidos con el MAS. Han manejado al país a su antojo", dice Justina, comerciante del barrio financiero de Santa Cruz. Además de la crisis económica, principal tema de campaña, a electores como ella también les preocupan la educación y la salud. "Nadie sabe cómo llenar la olla. Y comer es la prioridad. Pero la educación también es pésima, entre otros, las estructuras de los colegios. En cuanto a la salud, ni se diga, vamos de paro en paro. Cuando pedimos una cita médica nos dicen que nos tienen que programar para dentro de un mes o dos. La salud va de mal en peor”. Justina cuenta que a veces debe saltarse una comida para pagar los servicios públicos. Esto también lo vive Fernanda Rivera, empleada en un café y estudiante de psicología. Rodrigo Paz, ¿continuismo del MAS? "Lo que vos comprabas antes con 200 bolivianos, que te duraba aproximadamente cuatro días, ahora te dura dos. Yo, por ejemplo, vivo sola y me sustento sola. Para mí es demasiado complicado. Hay días en que solo como una vez al día o dos veces, y ya. También hay personas que están todo el tiempo buscando cómo emprender para ganar más dinero, porque con el salario que se tiene y los precios que suben todos los días, no se puede", agrega Rivera, quien no se hace ilusiones con la segunda vuelta. Para ella, el candidato Rodrigo Paz, que se autodenomina de centroderecha, representa en realidad el continuismo del MAS. "En la primera vuelta pensábamos que íbamos a sacar al MAS, que íbamos a sacar a este parásito que nos viene siguiendo en este país desde hace 20 años. Pero para la segunda vuelta la estoy viendo un poco verde. Esto me pone muy triste porque no hay duda de que todas las personas que siguen a Evo Morales van a votar por Rodrigo Paz". El ingeniero industrial Samir Maldonado es más optimista. Aunque también votará por el candidato conservador Tuto Quiroga, confía en que cualquiera de los dos aportará un cambio al país. "En estas elecciones esperamos un cambio. Esperamos un candidato que vea lo difícil que está el país, que vea lo poco que queda de economía. Que vea cuál es la parte quebrada que tenemos en la economía y busque la manera de arreglarla. Pero no a largo plazo ni a mediano, sino buscar un parche rápido y tratar de mejorar luego a largo plazo". A comienzos de la semana, la empresa Ipsos Ciesmori difundió encuestas que ubican a Quiroga con el 44,9% de intención de voto, frente a Paz con 36,5%. La misma empresa, hace dos semanas, le otorgaba al expresidente 47% y al senador 39,3%.

Tras meses de torturas, amenazas a su familia e incluso intentos de asesinato, el régimen cubano desterró a Estados Unidos a una de las principales figuras de la oposición, José Daniel Ferrer, tras una solicitud formal de Washington. En esta entrevista, su hermana Ana Belkis Ferrer y Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, relatan los detalles de su salida y el papel que podría asumir desde el exilio. "El destierro de José Daniel Ferrer no lo sabía absolutamente nadie. De hecho, tanto la familia como nosotros, sus amigos, nos enteramos cuando él toma la decisión. A todos nos ha sorprendido por igual, como ha sorprendido a todo el cuerpo diplomático de todos los países. Nadie estaba al corriente de esto hasta que José Daniel decide hacerlo", dijo Javier Larrondo a RFI. Ana Belkis Ferrer, hermana del disidente, destaca la postura de José Daniel durante todo el proceso: "La dictadura estuvo muy enfrascada en lograr intermediarios para un determinado diálogo que ellos querían promover. Estuvieron presionando a José Daniel para que intercediera ante la representación de la Iglesia católica en Cuba y también ante la Embajada de Estados Unidos en la Isla, con el fin de que ambos coordinaran un diálogo entre la dictadura y la administración actual de Estados Unidos. El objetivo era conseguir beneficios, como que [ese país] levantara las sanciones [contra Cuba]". José Daniel Ferrer lleva décadas enfrentando al gobierno cubano. En 2003 fue detenido junto a otros 75 opositores y permaneció diez años en prisión. También participó en las históricas manifestaciones de 2021, las mayores desde la Revolución de los años 50. Ahora, Ferrer se encuentra en Miami junto con toda su familia, donde podría asumir un papel relevante dentro de la oposición en el exilio, según Larrondo. "Ayudar, desde fuera, a los de dentro"  "Cuando José Daniel estaba en prisión, la Unión Patriótica de Cuba estaba muy constreñida. En realidad, no se podía hablar de una organización activa, cohesionada y eficiente. Ahora él tendrá que ayudar, desde fuera, a los activistas que están dentro. Pero veremos bajo qué siglas lo hará, bajo qué movimiento, porque todo se va a reconfigurar. Creo que el régimen cubano esta vez no está preparado para responder a la jugada de José Daniel, porque desde fuera va a ser tremendamente efectivo". Tras la llegada de Ferrer a Estados Unidos, el senador Marco Rubio hizo un llamamiento para la liberación de los más de 700 presos políticos en Cuba. Para los seguidores de José Daniel, la presión internacional —que consideran insuficiente en Europa— sigue siendo clave para impulsar un cambio en la Isla.

Un equipo de científicos descubrió una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía de Perú, de colores vivos y apenas 15 milímetros, según informó esta semana el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La nueva variedad de anfibio, denominada Ranitomeya hwata, es una de las más pequeñas de su especie y tiene un comportamiento reproductivo sorprendente.  Un diminuto anfibio adulto de tan solo 15 milímetros se deja ver en medio de un vasto bosque de bambú nativo de la Amazonía. Uno de los integrantes de la expedición científica internacional que buscaba en la zona desde hace años nuevas especies logró inmortalizar con su cámara a la llamada Ranitomeya hwata.  El encargado de divulgar este hallazgo es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, adscrito al Ministerio del Ambiente de Perú. Allí trabaja Aarón Quiroz como especialista en monitoreo biológico. "En esta investigación se ha logrado encontrar y hacer la publicación científica de una nueva especie para la ciencia. Es una ranitomeya, conocidas como ranas venenosas. Estas ranas tienen colores llamativos. No se tiene conocimiento de cuanto es el tiempo de vida de esta especie. Consumen invertebrados, mosquitos, moscas pequeñas que están en su hábitat. Esta especie puede ser consumida por mamíferos pequeños. Estas especies por lo general tienen rangos de distribución bastante restringidos, pero estar bastante cerca a una zona fronteriza, es posible que compartamos esta especie con algún país fronterizo", explica a RFI Quiroz.  Esta nueva especie de rana también podría estar presente en la Amazonía de Brasil y de Colombia. Hay que sacar la lupa para apreciar en detalle su llamativa piel. Franjas dorsales negras y amarillas brillantes y sus patas tienen un diseño moteado con manchas negruzcas en un fondo amarillento. "Estos colores llamativos sirven para disuadir a sus posibles predadores. Tienen ciertas toxinas en su piel y pueden afectar a algunas especies de sus predadores. Es el caso de algunas aves e algunos murciélagos. Algunos pequeños mamíferos pueden buscar comérselas y a ellos sí puede afectarles, pero a los humanos no, no llegan a afectarlos debido a que la toxina está en muy bajas cantidades dentro de su piel como para poder afectarlos", aclara el investigador.  Más allá de su aspecto, lo que más sorprende a los investigadores es su forma de reproducirse. "Tiene la particularidad de reproducirse usando las recamaras del bambú en cavidades que contengan agua y dentro de ella pone sus huevos y logra criar sus larvas", explica Aarón Quiroz Esta nueva especie de rana venenosa da saltos en el Parque Nacional Alto Purús, una zona poco explorada, con gran potencial para nuevos descubrimientos. La investigación  publicada en la revista científica Zootaxa, fue realizada por Evan Twomey (Goethe University Frankfurt, Alemania), Paulo R. Melo-Sampaio (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), Jason L. Brown (Southern Illinois University, EE.UU.), Santiago Castroviejo-Fisher (Universidad de Sevilla, España), Giussepe Gagliardi-Urrutia (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana), José M. Padial (Universidad de Granada y American Museum of Natural History), Juan C. Chaparro (Museo de Biodiversidad del Perú) y Roberto Gutiérrez Poblete (investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y especialista del Sernanp). 

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y hace un mes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una iniciativa para frenar el aumento de las tasas de suicidio en las Américas, la única región del mundo en registrar un incremento. Entrevistamos a Matías Irarrazaval, asesor regional de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS. RFI: ¿Por qué el suicidio es una de las grandes preocupaciones de salud pública en las Américas? Matías Irarrazaval: La tasa de suicidio en la región ha aumentado un 17% entre el 2000 y 2021, siendo la única región de la OMS en mostrar un aumento sostenido durante este periodo. Hay más de 100.000 personas en nuestra región que han muerto por suicidio anualmente entre el 2015 y el 2021, lo que representa una tasa de nueve de cada 100.000 habitantes. Cada suicidio es una tragedia que afecta también a las familias, a las comunidades. Sabemos que, en algunas subregiones, el porcentaje más alto de suicidio ocurre en el grupo de 25 a 49 años. Y en América Central, México y el Caribe Latino, como en el área andina, hay una gran proporción de suicidio que ocurre en el grupo de edad de entre 10 a 24 años. Reconocemos que hay algunos elementos culturales que pueden influir, por ejemplo, mayor aislamiento, mayor soledad, menor cohesión social, que evidentemente influye en la capacidad de las personas de poder pedir ayuda. Pero también reconocemos que elementos de violencia, pobreza y otros determinantes sociales afectan la salud mental. Y finalmente, en algunos casos esto puede llevar a comportamientos suicidas. Tenemos a casi la mitad de los países sin un programa, plan o estrategia nacional de prevención de suicidio. RFI: ¿Cuáles son las señales que pueden indicar un riesgo de suicidio? Matías Irarrazaval: En primer lugar, es importante entender que los temas de suicidio y las ideas de muerte se pueden presentar en un porcentaje importante de la población, especialmente la población adulta joven y también en personas adolescentes. Hablar sobre el suicidio no aumenta el riesgo de suicidio. Lo que sí aumenta es la posibilidad de prevención y la posibilidad de atención temprana para esa persona. Si notamos que un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, se aísla mucho más que lo habitual, no tiene ganas de hacer las cosas que hacía habitualmente, no tiene disfrute de las cosas que habitualmente disfrutaba y lo notamos claramente con una disminución del ánimo y de la energía, además de alteraciones del sueño y del apetito, y si esas situaciones o signos se mantienen por más de dos semanas, es importante que esa persona pueda ser evaluada por un profesional de salud para revisar su estado de salud mental en general. La OPS lanzó un programa multisectorial para disminuir la tasa de suicidios. Por ahora tiene financiamiento para los próximos tres años.

Los tres años de conflicto en Haití a causa de la violencia de las pandillas que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, ha provocado una crisis humanitaria por el desplazamiento interno de sus habitantes, entre ellos, 680.000 niños, denuncia la UNICEF. El desplazamiento de niños se ha duplicado en un año, según la organización. Entrevista con Roberto Benes, director de la agencia para América Latina y el Caribe de la UNICEF. En un vídeo de UNICEF sobre un campamento de desplazados en Puerto Príncipe, se ve a un grupo de siete niños jugando a lanzar una botella, un juguete improvisado que les permite tal vez olvidar por un momento su realidad. "Casi 680 mil niños y niñas se han visto obligados a dejar sus casas. La muy alta inseguridad y los niveles de violencia se reflejan también en los rostros, en la voz de las niñas, los niños y los adolescentes que he visitado en los sitios de desplazados que he visitado en estos días. Son historias terribles, son historias de vidas sin esperanza honestamente, de muchos de ellos", dice a RFI Roberto Benes, director de la agencia para América Latina y el Caribe de la UNICEF. Los tres años de guerra en Haití contra bandas armadas han provocado una crisis humanitaria por el desplazamiento interno de sus habitantes. "Hay desplazamientos de población hacia zonas muy peligrosas en la capital, de altísima inseguridad, especialmente en áreas como el denominado 'Bronx', hacia otras zonas de Puerto Príncipe que siguen siendo relativamente más seguras. También se registra otro movimiento hacia el sur del país, donde las condiciones siguen siendo comparativamente más seguras. Además, hay desplazamientos en el interior del país, no solo desde la capital, sino también desde otros departamentos afectados por la violencia, como Artibonite, donde la población se dirige hacia el sur en busca de mayor seguridad', subraya Benes. Crisis de la protección de los derechos de los niños La agencia para la infancia de la ONU deploró en un informe el incremento de la violencia hacia los niños y adolescentes, incluso de quienes logran permanecer en sus casas. "No olvidemos que la crisis de Haití es una crisis principalmente de la protección de los derechos de los niños que están bajo situaciones de violencia, de abuso, de explotación. Tenemos más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en una situación de necesidad de asistencia humanitaria. En Haití tenemos 276.000 niños menores de cinco años que se están enfrentando a muy altas tasas de malnutrición aguda y  tenemos casi 1600 escuelas cerradas que son ya sea atacadas u ocupadas por los grupos armados que impiden de manera práctica el acceso a la educación". UNICEF aseguró que no tiene los fondos suficientes para atender completamente esta emergencia en el país más pobre de América Latina. Tiene un déficit de más de 250 millones de dólares.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

El Gobierno de Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas de grupos indígenas contra la subida del precio del diésel. Las autoridades argumentan que el periodista era una "amenaza" para la seguridad del país, mientras que varias organizaciones denuncian la situación como una violación más de los derechos humanos. Bernat-Lautaro Bidegain es un periodista español que, hasta esta semana, cubría las violentas manifestaciones que están teniendo lugar en el norte de Ecuador, especialmente en la región de Imbabura, para el medio digital Globalat. Pero este domingo, las autoridades lo detuvieron y lo expulsaron a Colombia para más tarde ser trasladado a España, acusándolo de ser "una amenaza" para la seguridad. Una situación irregular Para Ingrid García, directora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), se trata de una detención arbitraria sin fundamento legal: “Es una situación un poco irregular. Fue abordado por miembros de la policía que en principio dijeron que estaba siendo investigado por una denuncia. Luego dijeron que era un control migratorio de rutina y fue llevado a una oficina de migración. Después de seis horas fue deportado”, cuenta. “No esperaron a que llegue ni el consulado español ni la embajada y tampoco escucharon los argumentos de su abogado. Aludían a un informe de inteligencia, pero no pudo hacer una contrarréplica de lo que decía ese informe, al menos”, subraya. La directora ejecutiva de INREDH cuenta que esta no es la única violación al ejercicio de la libertad de prensa. Además, señala que también se está produciendo una persecución contra líderes: “Ha habido una persecución a líderes sociales que se les ha tachado de terroristas, que se les ha culpado de enriquecimiento ilícito. Muchas organizaciones y líderes amanecen con sus cuentas bloqueadas. Muchas de esas cuentas tienen cero dólares y aun así están siendo acusados de enriquecimiento ilícito. Entonces, es un poco paradójico”, indica García. Hacia una exacerbación de las protestas y su represión La detención de Bidegain coincide con la imposición del presidente Daniel Noboa de un estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. Algo que promete agravar la violencia de estas manifestaciones y dificultar las negociaciones, según García. “Los estados de excepción que ha emitido bajo decreto el gobierno actual están prohibiendo literalmente el hecho de que las organizaciones y grupos sociales puedan movilizarse y exigir derechos. Están violando justamente la Constitución”, explica. “Evidentemente, la fuerza que van a emitir tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional y todos los grupos que están en las calles reprimiendo, va a hacer que se eleve sus niveles de violencia y se exacerbe también las movilizaciones sociales”; concluye la directora ejecutiva de INREDH. La eliminación del subsidio al diésel es una medida que afecta gravemente a la población indígena y que generó violentas protestas en 2019 y 2022. Esta vez, los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las Fuerzas Armadas han dejado hasta la fecha un fallecido, 150 heridos y más de 100 detenidos.

En Estados Unidos, la sola mención de "ICE" enciende las alarmas entre los migrantes latinos indocumentados.ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias, endurecidas durante la administración Trump. Martina Grifaldo, directora de la ONG Alianza Latina Internacional, explicó a RFI cómo la comunidad latina de Houston se ha organizado para esquivar los operativos de la “migra”. Casi 200.000 personas siguen la página de Facebook de Alianza Latina Internacional, una organización que alerta sobre la presencia de agentes de ICE en Houston. Las redadas contra migrantes indocumentados se han intensificado. Martina Grifaldo, mexicana con ciudadanía estadounidense, dirige la asociación. "Hoy las redadas se están dando en gasolineras, carreteras, en los freeways. A veces la gente abandona sus autos. Nosotros nos organizamos para recogerlos y devolvérselos a sus familias. Los agentes están en complejos de apartamentos, paradas escolares… están en todas partes. Llegan a la colonia —el conjunto residencial—, agarran a las personas y se las llevan", relata Grifaldo. La ONG actúa como intermediaria para que los latinos sepan dónde se están realizando redadas o dónde podrían ocurrir en cualquier momento. "Ahorita fui al restaurante Canes, donde venden pollo. Ahí está migración, en la parte de atrás, los autos tienen las luces apagadas, son cuatro vehículos con vidrios oscuros", reporta un miembro de la comunidad. "Se reporta migración en Kima, en un lugar llamado Kima Road. Se ven muchas camionetas de ICE y patrullas", alerta otra mujer. "Terror colectivo" La organización comunitaria se ha convertido en el único recurso frente a la ausencia de apoyo institucional. "Nos estamos organizando para protegernos entre nosotros. Aquí no hay ayuda de las autoridades. Es solo la comunidad cuidando a la comunidad", afirma Grifaldo. Cuando preguntamos cuál es el sentimiento predominante entre los latinos de Houston, la respuesta fue clara: "La gente está aterrorizada. Han dejado de salir, de ir a los parques, de llevar a sus niños, de ir a restaurantes. Están siempre asomándose por la ventana. Es un terror colectivo. Hasta los niños se cuidan. Houston y sus alrededores viven bajo un terror emocional. La comunidad está siendo atacada y no podemos contar con las autoridades. Estamos solos, defendiéndonos solos. Es muy difícil, pero lo estamos logrando. Cada día estamos más conectados y nos protegemos unos a otros".  Una muestra de esta realidad es el testimonio de un hombre recogido por la ONG: "Déjenme les platico que en la mañana, como a las 10:00, en la calle 59 y Will Clayton, estaban haciendo retenes. Me salvé porque me metí entre los carros hacia la izquierda. Me puse detrás de un camión que no se detuvo. Un policía me dijo que me hiciera a un lado, pero no le ‘pelé', me hice el de la vista gorda. Alcancé a ver que ya tenían a varios agarrados. No me podían seguir. Tengan cuidado. Dios los bendiga". 

La Asociación de Periodistas de El Salvador, principal gremio del país, anunció que trasladará su personería jurídica a otro país de la región, frente al hostigamiento que padece la prensa bajo el Gobierno de Nayib Bukele. En lo que va del año, decenas de periodistas partieron al exilio, asfixiados por las presiones y dificultades para reportar de forma independiente en el país centroamericano. Una necesidad urgente de trabajar sin limitaciones, ni presiones. Así describió la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sus motivos para partir al exilio. Denuncian que el Gobierno de Nayib Bukele les puso palos en la rueda no solo por no renovar sus credenciales, sino también por la reciente promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30% a toda organización o persona sobre fondos o donaciones que reciban del extranjero, y que también impone la creación de un registro obligatorio al cual la asociación se negó. “Un miedo generalizado” Creada en el año 1936, la Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia que ejercer el periodismo en El Salvador hoy es solo comparable a tiempos de la guerra civil. RFI conversó con su presidente, Sergio Arauz. “En los últimos cinco años, se está experimentando un retroceso que solo es comparable con los años de la guerra civil. ¿A qué me refiero? A un miedo generalizado y un clima de temor y autocensura en todo el ecosistema de El Salvador. Hablamos de un aumento importante, de la duplicación de agresiones que registramos en 2024 en la Asociación de Periodistas. Pasamos de un poco más de 300 agresiones a 789 agresiones en todo 2024. No estamos contando el 2025”, explica Arauz. “Todos los indicadores que tenemos en la APES, a través de nuestro centro de monitoreo, indican no solo un número alto de agresiones, desde las más leves hasta las más graves, [sino también] desplazamientos forzados, visitas e intimidación de cuerpos de seguridad, perfilamientos y el uso del aparato judicial para intimidar”, detalla. “Seguir siendo referentes” desde el exterior Según Arauz, en lo que va del año, 43 periodistas salvadoreños debieron partir al exilio. En el último Índice Mundial de Libertad de Expresión publicado por Reporteros Sin Fronteras, El Salvador ocupa el puesto 135 de 180. “Tomamos esta difícil decisión de salir, de trasladar nuestra operación y nuestra personería para poder seguir siendo referentes, para seguir teniendo incidencia y para seguir, principalmente, prestando servicios de atención a los periodistas de El Salvador y a los periodistas en el exilio o en el exterior, que son salvadoreños”, indica Arauz. “¿Y qué servicios prestamos? Nuestro centro de monitoreo. Tenemos un número que está en nuestras redes sociales al que pueden seguir llamando. Tenemos una clínica de auxilios jurídicos que también sigue funcionando, y tenemos posibilidades de atención o de terapia psicoemocional, y la única forma que encontramos para seguir prestando es movilizando nuestra operación a un país seguro de la región”, señala asimismo. Arauz afirma que aún no develarán a qué país se trasladan, hasta no tener en mano todos los trámites legales que, asegura, ya están muy avanzados.  

Un año después de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum afronta importantes retos, entre ellos los altos niveles de violencia y las presiones crecientes desde Estados Unidos, con una popularidad que, según encuestas, supera el 70 % de aprobación. Analizamos el cambio en la estrategia de seguridad que ha emprendido la presidenta mexicana con Andrés Humano, profesor en el Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Se cumple el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué balance puede hacerse de su estrategia frente al narcotráfico? ¿Ha continuado la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el lema de abrazos no balazos. O, por el contrario, la primera mujer presidenta de México ha optado por una política de mano dura contra organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación? Escuchemos la respuesta de Andrés Humano, profesor en el Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. "Es claro que hay un cambio de estrategia respecto a lo realizado por el presidente anterior, López Obrador. Durante el sexenio pasado, pues la idea hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo en tema de crimen organizado, tratar de ignorar el problema como tratar de no confrontar mucho a los grupos criminales. Y hoy, pues la presidenta tiene una postura diferente, con una estrategia más agresiva". Pero ¿dónde nace esta agresividad? ¿Es propia de ella o se debe a la presión de Trump? Recordemos que el mandatario ha evocado la posibilidad de llevar a cabo acciones unilaterales con el uso de sus propias fuerzas armadas para luchar contra los narcos mexicanos. Para Andrés Humano, esa presión aceleró el proceso, pero la Presidenta ya estaba en esa dirección. "Me parece que por el lado de la presidenta, si bien ella y su secretario de Seguridad, ya traían una idea distinta de lo que querían hacer en materia de seguridad, la presión del gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, pues ha generado o los ha forzado a tener que hacer un cambio mucho más acelerado y a tener que dar resultados de forma mucho más rápida en materia de seguridad. Y de ahí que ya hemos visto pues un montón de decomisos, de arrestos" sentencia Andrés Humano en la antena de RFI, añadiendo que "ha sido la presión de Estados Unidos la que la ha forzado a tener que detonar todas estas acciones en el tema de seguridad".   Balance de seguridad De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios han mostrado una reducción de 25% en los primeros once meses del mandato de Sheinbaum, aunque se mantiene en torno a los 65 al día. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 % de los mexicanos consideran que la inseguridad sigue siendo el principal problema en el país. Pese a ello, Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad, con más del 70 % de aprobación, fenómeno similar al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Desde hace más de una semana, la violencia inunda las noches en el norte de Ecuador. El Gobierno del presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, desencadenando protestas que se han saldado con decenas de heridos y un centenar de detenidos. Pero la primera muerte de un manifestante en la provincia de Imbabura, presuntamente a manos del ejército, ha elevado la tensión entre el Gobierno Nacional y Conaie, la mayor organización indígena del país, a su punto máximo. “Creo que siempre hay espacio para negociar (…) pero ahora mismo no veo las condiciones para que se dé y temo mucho que suba la escalada de violencia, es importantísimo que alguien le haga entrar en razón al Gobierno nacional, porque ni a nosotros las autoridades locales nos escuchan”, declara a RFI Paulina Verkoutere, viceprefecta de Imbabura. Varias organizaciones del país denuncian violaciones de los derechos humanos a manos de los militares durante las protestas. Además, la oposición rechaza las acusaciones de terrorismo o corrupción, acusando al Gobierno de llevar a cabo una persecución contra los pueblos indígenas a través de un discurso racista. “Nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han retenido, estamos en cero (…) además, me he enterado de que, junto a varios líderes del movimiento indígena nacional, defensores de la naturaleza y algunas autoridades, como es mi caso y la del prefecto, estamos en una lista de una presunta investigación por enriquecimiento ilícito. Esto es muy grave (...) es una clara muestra para acallarnos”, denuncia la viceprefecta. La administración de Daniel Noboa afirma que los manifestantes mantienen retenidos a 17 militares. Además, argumenta que la eliminación del subsidio ya está dando beneficios y ayudando a miles de familias en todo el país. Verkoutere, sin embargo, asegura que la calidad de vida de los ecuatorianos ha disminuido.   “El Gobierno tiene desacreditada su palabra (…) ¿cómo le vamos a creer a un gobierno que utiliza la política de los bonos y de las dádivas desarticuladas, sin hacer una real política pública? Dijo que no va a subir los combustibles y ahora está diciendo que va a dar bonos, la gente ya no le cree", explica.  La dirigente asegura que los efectos negativos de la eliminación del subsidio no sólo ya son visibles en la economía, sino que plantea un gran revés para la población indígena, la más afectada por las desigualdades laborales y educativas.

En Argentina, el instituto nacional de estadística reporta una reducción significativa de la pobreza en el primer semestre de este año. Una tendencia que llama la atención en un país que vive una crisis económica. Sin embargo, dos centros de estudio independientes cuestionan los métodos de cálculo de esta cifra.  La tasa de pobreza en Argentina, es decir la proporción de familias que ganan menos de 850 dólares mensuales, bajó de 38 a 31% en los últimos 6 meses. El especialista en temas de desigualdad económica Santiago Poy, del centro de análisis Fundar confirma esta tendencia. “Estos datos, al ser del primer semestre del año están capturando parte de la recuperación económica todavía en el primer semestre del año. Había una recuperación que venía haciendo que aumentaran los ingresos. El gobierno también desplegó una serie de ayudas sociales bastante grandes, muy focalizadas en la población más pobre. Esto, en particular en el caso de la asignación universal por hijo”, explica. “Los precios de los bienes que consumen los sectores más pobres de la población aumentaron menos que el costo de vida promedio general. Por ejemplo, los alimentos en Argentina aumentaron menos que lo que aumentaron todos los demás bienes de la economía”, agrega.  Los investigadores de Fundar y de otro de estudio independiente ((el Observatorio Social de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica) cuestionan sin embargo la precisión de esta cifra. La tasa pobreza real podría ser superior. “Es posible que haya alguna sobreestimación de esa baja, principalmente por lo que tiene que ver con dos factores. Todas estas estadísticas se basan en encuestas de hogares y la captación de los ingresos por parte de las encuestas mejoró. Entonces, es posible que eso esté explicando parte de la baja. Es un aspecto muy técnico. Y el otro efecto también posible es que las canastas, las líneas que se usan para medir pobreza están, un poco desactualizadas, entonces no terminan de representar adecuadamente la situación de consumo de las familias en la actualidad”.  Y el aumento astronómico de los precios de agua, gas y electricidad por ejemplo no se reflejan en estas cifras. El gobierno ultraliberal del Javier Milei celebró esta disminución de la pobreza. Pero el investigador Santiago Poy recuerda que Argentina no hay salido de la crisis. “Los niveles de pobreza en Argentina siguen siendo muy altos y hay muchos otros indicadores de las condiciones de vida que no son alentadores. Entre el año pasado y la actualidad, el empleo informal creció. Hay empresas que cierran, entonces no es que estamos en una recuperación económica que avanza hacia que la pobreza en uno o dos años va a bajar y estamos ahora en niveles del 31%, 32% son niveles similares a los que teníamos en la última crisis antes de la pandemia”.  Además la situación financiera del país sigue agravándose, lo que llevó el presidente Milei a pedir y obtener un rescate de parte de Washington.

En Ecuador, los electores decidirán si quieren que se instale o no una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. El presidente Daniel Noboa busca dejar atrás la Constitución de 2008 impulsada por el partido del expresidente Rafael Correa, y quiere una nueva norma para, dice, enfrentar mejor los cárteles de la droga. Pero este no sería el único motivo que mueve a Noboa para impulsar una nueva Carta Magna. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa quiere una nueva Constitución. Con su partido, el mandatario considera que es un paso indispensable para luchar contra el narcotráfico que siembra el terror en el país. “Asegurar la total concentración de poder” Pero según Franklin Ramírez, profesor de Sociología Política en FLACSO Ecuador, reformar la Carta Magna no es necesario para enfrentar a las bandas criminales: “2025 está cerrando como el año más violento en toda la historia del país. Y frente a ese fracaso, Noboa está construyendo un enemigo. Y como el discurso contra el correísmo se agota, encontró un nuevo chivo expiatorio en la Constitución de Montecristi”, explica. “Pero la asamblea constituyente abre un año electoral, permite un espacio para recomponer las promesas del Gobierno, para seguir jugando con las expectativas de este presidente joven que se desmarca de la clase política tradicional. Yo creo que la apuesta fundamental es a asegurar la total concentración de poder”, prosigue. La actual Constitución, de 2008, garantiza numerosos derechos a las comunidades indígenas. Garantiza también el derecho a la consulta previa en caso de proyectos de inversión, como de minería, y protege los derechos de la naturaleza. Tres razones principales Daniel Noboa estima por su parte que el país está "secuestrado institucionalmente" por las normas, según sus palabras. Franklin Ramírez considera sin embargo que hay tres razones que mueven al mandatario en su cruzada para una nueva Carta Magna. “La primera es debilitar a la Corte Constitucional. El Estado ecuatoriano ahora es un Estado que tiene en la pirámide interpretativa, por encima de toda la Corte Constitucional, a nueve jueces. Para Noboa y su régimen, claramente ahí hay un exceso de poder”, indica. “Después hay algo en lo que el Gobierno podría tener razón, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Es un órgano que está compuesto de cinco vocales, que se encarga de organizar los concursos a partir de los cuales se conforman las autoridades de múltiples órganos de control, autoridades electorales, entre otras. Entonces es una instancia que por esta segunda función genera muchos apetitos políticos y que básicamente todos los gobiernos, desde Correa en adelante, han logrado manipular y controlar para que los nombramientos de los funcionarios sean alineados al Poder Ejecutivo. Pero ciertamente ahí hay un problema de fracaso institucional. Pero para eso no hacía falta una asamblea constituyente, sino una reforma puntual al Consejo”, detalla luego el sociólogo. Disputa por el extractivismo Por fin, señala Ramírez, “un tercer lugar me parece que tiene que ver con todo lo que es el Estado plurinacional. No reconoce, no entiende y lo molesta toda la configuración plurinacional del Ecuador, la centralidad de los pueblos y nacionalidades, alguna serie de instituciones asociadas a la justicia indígena y sobre todo a esta lógica de la autonomía de los pueblos y nacionalidades en determinados territorios, porque eso va conectado con la disputa por el extractivismo”. “La Constitución también garantiza derechos de la naturaleza. Estas dos figuras del Estado plurinacional y los derechos de la naturaleza van de la mano. Para el modelo de acumulación extractivista que está repotenciando Noboa, sobre todo en torno a la minería, me parece que ahí hay una constelación de instituciones y derechos que combinan la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, que van a ser avasallados desde una perspectiva de derechas neoliberales ortodoxas”, agrega. “Esta Constitución obliga a determinados niveles de gasto público, a respetar determinados derechos sociales, tiene un enfoque de paridad de género, de etnicidad, plurinacionalidad... Es una Constitución que dejó muy pocos derechos por fuera”, concluye el sociólogo. La consulta popular ocurrirá el 16 de noviembre. Este mismo día, los electores se pronunciarán sobre dos otras preguntas: la presencia o no de bases militares extranjeras y el financiamiento público de los partidos políticos.

La tensión sube entre Venezuela y Estados Unidos desde que la Casa Blanca incrementó considerablemente su presencia militar en el mar Caribe. Washington afirma que el despliegue de buques de guerra, aviones caza y miles de hombres permite luchar contra el narcotráfico procedente de sudamérica y en particular de Venezuela. Caracas respondió con ejercicios militares y un llamado al diálogo con Estados Unidos. ¿Qué busca la Casa Blanca con la militarización del Caribe? Con ocho buques de guerra, un submarino, aviones caza y miles de hombres, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el mar Caribe. Washington ha lanzado además tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes. Donald Trump y su Gobierno apuntan en particular a las redes venezolanas de narcotráfico de las que el presidente Nicolás Maduro sería presuntamente cómplice. Pero el argumento de la guerra contra las drogas responde ante todo a una postura política, analiza David A. Smilde, profesor de Sociología en la Universidad de Tulane en Luisiana y buen conocedor de las relaciones entre Washington y Caracas. "En su campaña, Donald Trump prometió a sus seguidores que iba a luchar contra las drogas bombardeando a los carteles", dice el experto. "Hay verdaderamente un problema de drogas en Estados Unidos, en ciudades como San Francisco, aquello parece como una película de terror, hay mucha gente adicta al fentanilo, el problema es que el fentanilo no pasa por Venezuela. Incluso, según la DEA (Oficina antidrogas de EE.UU), menos del 10% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela", agrega Smilde, quien califica las acciones de Trump de "teatro político".  Según el especialista, la estrategia bélica de la Administración Trump y la destrucción de lanchas buscan demostrar la existencia de una amenaza externa y de esta manera justificar las deportaciones de migrantes venezolanos.  "Si ellos pueden demostrar que tienen un conflicto con Venezuela, entonces eso les puede ayudar y darles herramientas para deportar a miles de venezolanos sin juicio", analiza.  De momento, la Casa Blanca descarta una intervención militar para derrocar a Maduro, pero el despliegue de tropas aumenta la presión sobre su Gobierno que ha llamado a la población a unirse a las filas de una milicia ciudadana para defender el territorio. El gobierno de Maduro "está bajo presión, sin duda. Tanto el chavismo como la oposición piensan en una posible invasión terrestre, lo que no ocurrirá. Si algo pasara, sería un bombardeo aéreo", asegura David Smilde. "Nicolás Maduro moviliza milicia para mandar el mensaje de que cualquier operación sería costosa porque tiene a la ciudadanía movilizada", concluye el académico.

Además de reprimir duramente a las voces críticas en Nicaragua, el gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo extiende su represión en el extranjero, según indica un informe de Naciones Unidas. En un nuevo informe, tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denuncian los múltiples métodos del gobierno de Nicaragua para callar a los opositores exiliados. Reed Brody es uno de los autores del informe e indica que “hay 452 personas que se han visto despojadas de la nacionalidad nicaragüense y de la prohibición de volver o de entrar en Nicaragua, hay por lo menos 300 casos -documentados-, pero seguramente hay miles de personas que han querido volver a Nicaragua, pero que se les ha negado la entrada en el aeropuerto o por la compañía de aviación”. Brody cuenta también que a muchas personas, probablemente a centenares o miles, le han rechazado la renovación de su pasaporte. Además, “hay una vigilancia digital muy intensa que cubre también a los nicaragüenses en el exterior, hay amenazas y un castigo a familiares que permanecen en Nicaragua”, indicó.  En el informe, los expertos han documentado y denunciado hostigamiento y violencia física en el extranjero, que en ocasiones ha llegado hasta Europa. “El caso más impactante fue el 19 de junio de este año, el asesinato del mayor Roberto Sancán, una voz muy crítica del gobierno”, relató Brody. La fiscalía en Costa Rica está investigando el caso, según el abogado, aclarando que “están privilegiando la pista de un asesinato por encargo. Todavía no podemos concluir nada, pero su muerte subrayó una realidad escalofriante, que es incluso más allá de las fronteras de Nicaragua, los opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se sienten seguros”, denunció. De acuerdo con los autores del informe existen cinco casos más de opositores que han sido atacados físicamente fuera de Nicaragua. “Hemos recibido denuncias en Bélgica, en España, sobre todo en Honduras y Costa Rica. Nos han informado de que han sido seguidos físicamente en sus países de exilio” aseguró.  Los expertos de la ONU llaman a la comunidad internacional a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que responda por su feroz represión contra los opositores. 

Nicaragua y Cuba fueron los primeros países de América Latina que lo reconocieron. A partir de ese año le siguieron todas las naciones sudamericanas, a excepción de Panamá que hoy en día no reconoce la existencia de un Estado palestino. En el contexto de un nuevo mapa político que surgirá tras la 80 Asamblea General de la ONU cuando Francia, Reino Unido y otras naciones lo reconozcan, la causa palestina es cuestionada por algunos aliados latinoamericanos del Estado palestino.  Prevista entre el próximo 23 y 29 de septiembre, la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas será un momento histórico que marcará la política internacional de Medio Oriente cuando unos diez países reconocerán el estado de Palestina: Francia, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino. Con esta acción serán 156 de 193 países en el mundo que lo reconocerán, un proceso que comenzó en noviembre de 1988 cuando el Consejo Nacional Palestino proclamó el Estado de Palestina desde el exilio, en Argelia. En ese año fueron 80 países, la mayoría de África y Asia que le otorgaron el reconocimiento. Entre ellos, había sólo dos latinoamericanos: Cuba y Nicaragua. Es recién, en 2005, que comenzó el reconocimiento, en cadena, por otras naciones sudamericanas empezando por Paraguay. Al día de hoy, el único fuera de la lista es Panamá. A diferencia de Europa, el apoyo de Latinoamérica a la causa palestina surgió en bloque porque recuerda el pasado colonial, una “fibra sensible en la historia del continente” de acuerdo con el  analista político Jorge Arias, director de la consultora Polilat. “Siempre estamos del lado de los débiles, del que nos consideramos nosotros mismos. Creo que fundamentalmente es una tradición latinoamericano que se ha ido acentuando: las cumbres latinoamericanas, las coordinaciones para los votos en las Naciones Unidas, eso ha sido generando una simpatía con la causa palestina, una causa de extrema debilidad frente al poderío militar israelí”, pero también influye el “poco interés” de Israel por América Latina, de acuerdo con el analista. A favor y en contra En el mapa politico actual no todo es unidad de cara a la nueva ola de reconocimientos del Estado palestino. Mientras la mayoría de los países latinos continúa con una postura de apoyo, mención especial a Chile, con la mayor diáspora palestina fuera de medio oriente, otros, como El Salvador, Guatemala, Argentina y Paraguay, quedan en una posición incómoda, con gobiernos expresamente alineados con Estados Unidos e Israel y dispuestos a votar en contra de apoyar la solución de los dos estados, como lo hicieron recientemente Argentina y Paraguay en la ONU. “Los países en general tratan de no tomar posiciones extremas coyunturales”, estima Arias. En el caso de El Salvador, su presidente, Nayib Bukele “que tiene un gobierno con una amplia mayoría parlamentaria, si él lo decidiera podría resolverlo”. “En el caso de Argentina me parece más complejo porque Javier Milei no tiene mayoría parlamentaria ni la va a tener aún cuando tenga un éxito contundente en las próximas elecciones en ese tipo de movidas”, explicó. En junio de 2025, Milei visitó Israel y en un discurso pronunciado en la Kneset, el Parlamento de ese país, apoyó la manera en que el primer ministro Benjamín Netanyahu despliega su ejército en la Franja de Gaza. Este 17 de septiembre, en Paraguay, Milei dijo, en referencia a este conflicto en Medio Oriente, que  “no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos [en los que] gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada”. Jorge Arias concluye que es posible que desde Latinoamérica se emitan comunicados de adhesión o repudio en términos diplomáticos, pero difícilmente se tomarán medidas irreversibles contra el reconocimiento del Estado palesitno.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel que pasó de 1,80 dólares a 2,80. La medida sorpresa, sin convocar a mesas de diálogo ni concertar con los sectores más dependientes del combustible, ha generado la protesta social y gremial. RFI consultó la opinión de Leónidas Iza Salazar, líder indígena y excandidato presidencial. El presidente Noboa decretó el estado de excepción en seis provincias y llamó al diálogo en un país donde el combustible no solo es un bien económico sino un símbolo político. Dos gobiernos ecuatorianos han estado a punto de arder por intentar eliminar el subsidio al diésel. En 2019, la revuelta social obligó al presidente Lenín Moreno a derogar las impopulares reformas económicas que incluían un alza importante en el precio de los combustibles. Tres años después, durante el mandato del ultraconservador Guillermo Lasso, el movimiento indígena también logró bloquear el incremento del precio del combustible y forzar al gobierno a comprometerse a mantener congelados los precios del diésel y del gas licuado de petróleo. Los enfrentamientos dejaron muertos, heridos y una gran fractura social. Leónidas Iza Salazar presidía entonces la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), emblema nacional por la defensa del subsidio al diésel. "El tema de los subsidios a los combustibles está anclado en más de 30 años de política pública. Según una ley de 2005, los siguientes gobiernos deben construir una política de compensación social y productiva para que vayamos dejando el diésel poco a poco y que no sea una decisión agresiva, letal, como ha intentado cada gobierno de turno", dijo a Radio Francia Internacional el líder indígena y excandidato presidencial. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decidió el viernes pasado eliminar de forma sorpresiva el subsidio al diésel. Su medida silenciosa generó, de inmediato, las protestas de transportistas, agricultores y pequeños productores, temerosos de una cadena de aumentos que golpee directamente el costo de la vida. "Al ser el combustible un factor de producción, el incremento de su precio está ligado a toda la economía ecuatoriana", firma Iza Salazar. Y explica que la subida del diésel genera dos efectos inmediatos: "El incremento en el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, no los productos de los campesinos. Un segundo efecto inmediato es la especulación, porque las unidades de producción y los vehículos del transporte recuperan el costo de inversión por el incremento en el precio del combustible. Pero, además, en el mercado, por estar en cadena con todo el sistema de producción, lógicamente se desata la especulación", precisa. La protesta se ha extendido a otros sectores sociales y gremiales. El presidente Noboa decretó el estado de emergencia aduciendo grave conmoción interna y, de esta forma, frenó el paro nacional convocado para este lunes. El mandatario también autorizó a fuerzas policiales y militares a desarticular reuniones en espacios públicos que amenacen la seguridad, dijo. "El cambio de sede del gobierno es una provocación" El presidente Noboa también trasladó el poder Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde se concentran las comunidades indígenas más organizadas y combativas. Para el líder indígena, que encabezó en el pasado la batalla contra la eliminación del subsidio al diésel, el traslado del gobierno de Noboa a esta provincia es una provocación. "Venir a una de las provincias que se ha manifestado cada vez que ha habido una decisión de este nivel es un mensaje de provocación. Y a partir de ahí, capaz que intenta controlar la provincia y la sierra centro donde estamos ubicados", sostiene. En opinión de Iza, el gobierno "sale a provocar, pero se esconde con mil policías armados, mil miembros de las fuerzas armadas, del ejército, con tanquetas de guerra, con drones, se encierra en una ciudad. Entonces, creo que hay una planificación militar política alrededor de la decisión de venir a Latacunga". Finalmente, el líder indígena Leónidas Iza denuncia que la medida de supresión del subsidio al diésel adoptada por Noboa se origina en los compromisos de su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lamentablemente quiero decir que no es una decisión del presidente de la República, Daniel Noboa. El 15 de mayo de 2024, el gobierno de Noboa firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y en este momento está agachando la cabeza y acatando la imposición del Fondo Monetario Internacional". El gobierno ecuatoriano intenta cumplir con el FMI y, al mismo tiempo, frenar las protestas con bonos compensatorios selectivos y temporales. Pero en Ecuador el combustible no solo es un bien económico, sino un símbolo político. Tocarlo sin consenso es una medida explosiva.

Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país. Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron. Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. "La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas. La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación. "Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya. Ingrid Betancourt, humillada por decisión desconcertante La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla. Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye. La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos". La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad". El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.

Este 15 de septiembre se ha presentado en Bruselas un informe integral de la organización Prisoners Defenders sobre la situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios de Cuba. La investigación revela el uso del trabajo bajo coacción con fines económicos y punitivos de 60.000 presos. El informe de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, se ha realizado con 53 testimonios de presos cubanos que viven en el país y que han podido ser validados con datos de identificación. Javier Larrondo, su presidente, dice que se han realizado al menos 150 entrevistas, pero algunas de ellas aún no se han podido verificar o los entrevistados no han querido dar sus datos completos. Mecanismos de coacción Larrondo expone a RFI cuales son los mecanismos de coacción: “En Cuba, los presos son amenazados de que si no hacen el trabajo forzoso perderán las visitas a sus familiares, las llamadas y todos los beneficios penitenciarios que les corresponden. Además, si ellos están en una prisión de mínimo rigor, porque tienen derecho a estar, si no hacen el trabajo forzoso les llevan a una prisión de máximo rigor”. “Luego no les remuneran absolutamente nada. En el caso de los cigarros puros, por ejemplo, les pagan 80 céntimos de peso cubano y por lo tanto estamos hablando de una milésima de dólar lo que le pagan por cada puro, es decir, absolutamente nada. Pero, además, sufren violencia: el 50% de las mujeres declarantes nos dicen que sufren acoso sexual”, agrega. Muchas industrias afectadas El informe también aporta detalles sobre las industrias más afectadas por el trabajo forzoso. Según Larrondo, algunos de los productos llegan a muchos países, inclusive en Europa: “La industria del tabaco y los cigarros puros habanos, como las marcas Cohiba, Mareva, Bandera, se hacen en las prisiones de Cuba forzosamente. También el carbón vegetal que se exporta principalmente a Europa (España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía), la caña de azúcar…”. “Muchísimas industrias, en realidad, utilizan la masa de 60.000 presos, supuestamente en trabajo correccional voluntario, pero en realidad es trabajo forzoso en las condiciones que os he explicado”, afirma Larrondo. Los testimonios cuentan que el 70% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo, mientras más del 80% reportó graves deterioros físicos y psicológicos. En julio de 2024, un informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la ONU ya advertía de la existencia de leyes y reglamentos nacionales permitiendo el trabajo obligatorio en las prisiones de Cuba. Prisoners Defenders denuncia que la exportación de carbón vegetal producido mediante el trabajo forzoso de presos constituye una violación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Situado entre Perú y Colombia, dos de los grandes productores de esta droga en el mundo, Ecuador ha pasado a ser uno de los puntos de distribución más importantes a nivel mundial, con dos destinos principales: Estados Unidos y Europa. ¿Cómo puede un país que apenas produce cocaína convertirse en un gran exportador? No es un gran productor, pero se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito y exportación de cocaína a nivel mundial. Ecuador decomisó el año pasado 300 toneladas de esta droga, aunque se estima que son apenas una cuarta parte del total que pasa por su territorio -que superaría las 1.000- antes de ser exportada, principalmente a Estados Unidos y Europa. Posición geográfica Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), un 30% de la cocaína detectada en contenedores marítimos tiene un puerto de carga declarado en Ecuador. ¿A qué se debe este fenómeno? “Lo que ha provocado que Ecuador tenga esta condición es que fundamentalmente nos ubicamos en un espacio geográfico donde confluyen las vías de tráfico desde Colombia, particularmente con un perfil costero bastante amplio. Los principales destinos son Estados Unidos y Europa. Para Europa generalmente lo que se hace es contaminar los barcos que llevan banano, principalmente para hacer que se inserten cargamentos de droga en ellas”, explica a RFI Diego Pérez Enríquez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. “Hay que considerar además geográficamente que la frontera de Ecuador con Colombia es un territorio que tiene poca presencia estatal de los dos costados, y eso hace naturalmente que la operación de las organizaciones de tráfico sea bastante más sencilla, bastante más eficiente”, señala asimismo. Empezando a producir Esta frontera compartida con Colombia está en el origen de otra de las alertas en el país: Ecuador está empezando a convertirse en productor. Por el momento las cifras son relativamente bajas, unas 60 toneladas el año pasado. Predominan los cultivos de coca en las provincias de Carchi y Sucumbios, donde se instalan los grupos criminales tras pasar la frontera. “En general, son grupos con una doble identidad. Son organizaciones generalmente colombianas y hay que recordar la operación que tienen las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Ecuador”, indica Diego Pérez Enríquez. “Han comenzado a colonizar esos espacios a través de gente propia, gente que viene del lado colombiano, pero también ciudadanos ecuatorianos que en ese costado del país no tienen necesariamente opciones de trabajo, no tienen posibilidades de estudio, no tienen mayores expectativas de supervivencia o para la supervivencia. Y esto, en última instancia, genera un incentivo poderoso para que esas organizaciones se asienten en esos territorios”, detalla el politólogo. Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano vive además un aumento dramático de sus niveles de criminalidad en los últimos años.

El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado en 2022. Con 12 votos a favor y 6 en contra, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó esta decisión en un nuevo episodio de una larga crisis bilateral entre México y Perú, señaló a RFI Óscar Arévalo, internacionalista en la Pontificia Universidad del Perú. "Es una disposición simbólica, una raya más al tigre de una mala relación [entre ambos países] que viene desde hace varios años. Actualmente no hay embajador mexicano en Perú ni embajador peruano en México. La relación se mantiene a nivel diplomático solo con encargados de negocios. Todo ello a raíz del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien había tejido una relación estrecha con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que lo defendió permanentemente. Luego llegó Sheinbaum a la presidencia y ella ha seguido prácticamente la misma línea de su antecesor", explicó Arévalo. Perú, relaciones turbulentas no solo con México  El experto subrayó que México no es el único país con tensiones diplomáticas con Perú. "La política exterior del gobierno de Dina Boluarte es igualmente turbulenta con otros vecinos de la región. Perú enfrenta serias dificultades en su relacionamiento regional y es visto como un país muy inestable. En los últimos ocho o nueve años hemos tenido seis presidentes. Este gobierno, en particular, genera mucha preocupación. Hay cuestionamientos en materia de democracia y derechos humanos, lo que provoca desconfianza en la región. Más allá de los problemas con México y Colombia, derivados de la detención de Castillo, tampoco hay una relación sólida con Bolivia, con Chile es bastante fría, como también con Brasil. Eso explica el interés de la política peruana en abrir puertas fuera de la región. Hemos visto en los últimos tiempos un repentino interés en India, Indonesia o Japón, países a los que no les preocupa tanto, o no les interesa demasiado, la situación de la democracia y los derechos humanos bajo el gobierno de Boluarte”, concluyó Arévalo. Las elecciones previstas en 2026 podrían redefinir el escenario político peruano y abrir la puerta a un giro en sus relaciones diplomáticas.

Comenzó la sesión en el Tribunal Supremo de Brasil para determinar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino fueron este martes los primeros de los cinco magistrados en votar y ambos optaron por condenar al exmandatario. Un voto más en contra supondría la condena de Bolsonaro, que afrontaría penas que podrían superar los 40 años de prisión. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo tienen como máximo hasta el viernes para votar y decidir -basta con mayoría simple- si condenan a Bolsonaro y otros siete coacusados por intentar revertir los resultados que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.  Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, haber contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura o instigar el asalto el 8 de enero de 2023 a las sedes del poder en Brasilia. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que la instrucción del caso solo puede llevar a una condena. “Es un acumulado de evidencias, hay declaraciones, testigos y lo más importante, el exsecretario general de Bolsonaro, llamado teniente coronel Mauro Cid, es una relación premiada como se llama aquí, ha confesado sus crímenes, pero para bajar sus penas va a relatar todos los hechos y a partir de ahí va a ser un rompecabezas. Se van a ir colocando pieza por pieza en las cuestiones vinculadas al crimen de Bolsonaro”, indicó. De ser declarado culpable, Bolsonaro -ya inhabilitado políticamente hasta 20230 por desinformación- podría afrontar hasta 43 años de carcel, aunque puede apelar la sentencia. Ante una posible condena, en el parlamento, legisladores brasileños de derecha y extrema derecha están tratando de dar forma a una amnistía para el expresidente. Cordeiro Pires estima que esta opción tampoco es viable, al no contar con suficientes apoyos en las dos camaras. “Hay dos correlaciones de fuerza, una en la Cámara de los Diputados, donde si hay una mayoría para hacer esto, y esta mayoría quería incluso la amnistía a todos los crimines de Bolsonaro”, señaló recordando que el expresidente está sin derechos políticos por ocho años. Además subrayó que “en el senado no hay la mayoría para aprobar la amnistía, incluso  la comisión de constitución de justicia ha dicho que no va a colocar la cuestión de amnistía en el Senado”, relató Cordeiro, asegurando que dicha opción carece de fundamento.

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo su primera gran derrota desde que asumió el poder, al perder las elecciones provinciales en Buenos Aires. Los analistas Sergio Berensztein y Lara Goyburu evaluaron en RFI el impacto de este traspié y el posible surgimiento de una tercera alternativa política. Para el analista político Sergio Berensztein, se imponen cambios profundos en el partido de Milei si no quiere seguir acumulando derrotas. "Indudablemente esta elección puede implicar un costo significativo de cara a las elecciones legislativas, si el gobierno no cambia. Se supone que va a haber un cambio de gabinete y una modificación en la narrativa electoral. Pero sí, efectivamente, fue una derrota significativa. En el plano de la corrupción, si no se aclaran las sospechas que ya están instaladas en la opinión, esto puede generar una pérdida del electorado más moderado, que fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires", sostiene Berensztein. La politóloga Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit, agencia que analiza exhaustivamente el escenario político argentino, considera que el resultado no se explica tanto por un triunfo del peronismo, sino más bien por los traspiés de La Libertad Avanza en la transparencia de su gestión económica, lo que generó dudas en un electorado que esta vez no lo acompañó en las urnas. Desmovilización de los seguidores de Milei  "No sorprende tanto el resultado en la provincia de Buenos Aires porque este era un contexto que, ya a nivel social, mostraba agotamiento. Ese agotamiento hizo que quienes no fueran a votar fueran los desencantados con la política del gobierno nacional. Es decir, no es que hubiera un cambio de voto de los electores que sí habían votado, digamos que los electores de La Libertad Avanza pasaron a votar por Fuerza Patria. Yo creo, más bien, que aquellos que votaron a La Libertad Avanza en 2023 no fueron a votar esta vez. También ocurrió que en algunas secciones electorales optaron por terceras fuerzas", subraya. Según Goyburu, Milei tendrá que revisar a contrarreloj sus errores políticos, ya que su gobierno se juega el fortalecimiento o no de su bloque legislativo en las elecciones del 26 de octubre, donde se vislumbra la irrupción de una tercera fuerza política. "También es cierto que, a nivel nacional, existe una tercera fuerza que han armado algunos gobernadores que tienen un peso territorial específico, más racional, más dialoguista. Esta tercera fuerza está buscando ponerse como alternativa entre lo que sería el peronismo kirchnerismo y La Libertad Avanza", apunta. El presidente Milei necesita ampliar la pequeña minoría de su partido en el Congreso, dominado por una oposición que hasta ahora ha utilizado su poder para aprobar medidas de gasto social que bloquean los esfuerzos del mandatario por equilibrar las cuentas públicas.

Son otra cara de la guerra. En Colombia, la JEP - la Jurisdicción Especial para la Paz- reconoció por primera vez a un colectivo de 104 hombres como víctimas de violencia sexual. Es un hito para este órgano de justicia transicional creado para investigar el conflicto ya que durante décadas estas personas guardaron silencio por temor a ser estigmatizadas. Algunos de ellos eran niños o adolescentes en el momento de los hechos. La JEP - el mecanismo de justicia transicional en Colombia - escuchó los testimonios de un colectivo de 104 hombres y los reconoció como víctimas de violencias sexuales durante el conflicto. En particular entre finales de los 90 y 2009 en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena, en el norte del país. La JEP es el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal. Añade que estos hombres y niños "fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género". Lo detalla a la periodista de RFI Melissa Melissa Óscar Parra Vega es magistrado de la JEP, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad. "Relataron daños físicos, en su integridad física, sexual y reproductiva, violaciones, tortura, desnudez forzada, humillaciones sexuales, mordazas amenazas y lenguaje degrante.Los victimarios buscaban quitar la hombría o marcar para siempre a las víctimas", dice Parra. Dice que los responsables directos de estas violaciones fueron los integrantes de grupos paramilitares, pero su ONG busca también saber "si hubo paticipantes de  las fuerzas públicas, que por acción u omisión hubieran facilitado o permitido que los hechos se cometieran".  Fue mediante la ONG All Survivors Projects, que acompañó a estas personas y las ayuda a reconocerse como víctimas, para romper el silencio que les había impuesto el miedo. "Siendo en su mayoría hombres heterosexuales, esto es una carga que aumenta su negativa a narrar los hechos y que muchas veces no buscaron ayuda por temor a ser cuestionados, ridiculizados o no creídos. Frases como 'para un hombre esto es muy vergonzoso', evidenciaron cómo afrontaban una fuerte carga de estigmatización".  Este reconocimiento histórico, explica Parra Vega, fortalece la idea que sí hubo una dimensión de género en la violencia del conflicto colombiano.  "Esto permite a la justicia observar dimensiones de la violencia que para la justicia es difícil percibir. Esta decisión da un paso adelante para visibilizar aristas de la violencia de género que antes no habían sido identificadas de manera masiva", asegura Oscar Parra Vega, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

El domingo se llevan a cabo elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, en el que vive cerca de un 40% de los habitantes del país. Serán la antesala de las legislativas nacionales de octubre. Una votación que se lleva a cabo en medio del presunto caso de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, por el presunto cobro de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidades. La votación de este domingo es una prueba de fuerza para los dos principales partidos del país: La Libertad Avanza, el oficialismo del presidente Javier Milei, y el peronismo opositor, bajo el nombre de Fuerza Patria, que gobierna la provincia. Las campañas fueron lideradas por las principales figuras en funciones de La Libertad Avanza y del peronismo. El presidente Javier Milei de un lado, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del otro. Dos pesos pesados que muestran la importancia de estos comicios. Kicillof cerró la campaña el jueves y Milei lo hizo en un acto el miércoles en la localidad de Moreno, gobernada por el peronismo. La última palabra la tendrán los votantes. En los alrededores del acto de Milei, había de diferentes posiciones. “Principalmente sería bueno que nosotros ganemos, pero no voy a mentir que en ciertos municipios va a estar bastante peleado y en otros capaz gane la oposición, pero yo creo que podemos ganar”, explica Gerónimo, un joven libertario de 19 años, estaba haciendo fila para entrar al evento. Milei, “hasta el año 27” A pocos metros estaba, Clara López, jubilada de 85 años, con menos dudas. “Milei va a ganar este domingo, en octubre y en el año 27, todo ese tiempo”, asegura confiada. En la vereda de enfrente había vecinos que no comulgan con el presidente y sus políticas, como Daniel Bikkesbakker, comerciante de 52 años, muy enojado con Milei. “Tengo locales en La Salada, locales en Flores, nunca vi una cosa igual, un disparate total como el que estamos viendo, la verdad que es un desastre”, denuncia. “Tengo cáncer y me quitaron los remedios” “Yo espero que éste pierda porque yo tengo cáncer y me quitaron los remedios y la jubilación no nos alcanza, no puedo comprar los remedios con mi jubilación.”, explica Aurora Villarrea de 70 años. La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Y el peronismo podría ganar en las dos principales, en las que viven dos tercios de los votantes, pero que ocupan una fracción pequeña del mapa del distrito. Si el oficialismo gana en el resto, la oposición tendría la mayoría de los votos, pero el mapa de la provincia quedaría pintado mayoritariamente del color violeta de La Libertad Avanza. Y los dos podrían, cada uno a su manera, intentar cantar victoria.

Este 4 de septiembre el secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. fue blanco de críticas y gritos durante su audición ante el Comité de Finanzas del Senado, donde intentó defender sus polémicas reformas en materia de salud pública. La víspera, las autoridades de Florida anunciaron su intención de acabar con la vacunación obligatoria en las escuelas del estado, generando inquietudes en el gremio médico. "¿Quién soy yo para decirle qué poner en el cuerpo de sus hijos?": así anunció Joseph Ladapo, la mayor autoridad de Salud en Florida, que se preparaba a poner fin a la obligación de vacunarse para los alumnos de las escuelas públicas. Una decisión que preocupa en el sector salud. La Dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami Dade College, lamenta que este anuncio llegue “en un momento en que la tasa de vacunación en el estado se encuentra en declive” y cuando existe “el riesgo de que se presenten enfermedades que son prevenibles por vacunas”. “Precedente de desconfianza” “Las vacunas que son obligatorias para los niños son las enfermedades que tienden a ser más comunes en niños. Muchas se transmiten por contacto, se transmiten por las gotas de saliva o por la respiración. Y cuando nos encontramos en las escuelas, estamos muy juntos unos a otros, y esto brinda el ambiente perfecto para la transmisión”, detalla Garcés. La doctora explica además que, en Florida, la desconfianza en las vacunas ha aumentado drásticamente. Algo que ha sido observado también en la comunidad latina. “Hay una falsa percepción, sobre todo en la comunidad migrante, de que por medio de las vacunas se puede ejercer algún control migratorio de las personas”, cuenta. Refiriéndose a los casos de esterilización forzada contra la comunidad latino en California hasta los años 70, Garcés subraya que este tipo de cosas ha creado “un precedente de desconfianza hacia lo que viene de los gobiernos. Cuando salió la vacuna del Covid-19 yo hacía campaña en estas comunidades y muchas personas me decían que no querían quedar estériles, por ejemplo”. “Se vienen tiempos difíciles” La administración Trump y en especial el secretario de Salud están bajo críticas por su intento de remplazar a los directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con perfiles leales al Gobierno y más hostiles a la vacunación. Y aunque profesionales de la salud han reclamado la renuncia de Robert Kennedy Jr., no todos en Florida rechazan sus propuestas. “Inclusive personas que trabajan en los medios de salud empezaron una campaña directa o indirecta contra las vacunas, algo que lamentablemente ocurrió con el Covid. Las medidas de salud pública empezaron a teñirse de política, así que se vienen tiempos difíciles en la salud pública. No solo para el estado de Florida, sino también para Estados Unidos”, concluye la doctora.

Tras reunirse este miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ambos gobiernos anunciaron un entendimiento en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Si bien aún no se ha firmado, los grandes rasgos fueron esbozados en un comunicado conjunto que parece disipar los temores sobre una intervención militar de Estados Unidos en México. Entrevista al especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna.  Soberanía. Esa es una de las palabras clave del entendimiento alcanzado este miércoles entre México y Estados Unidos para colaborar de forma bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Washington lleva meses presionando para que los mexicanos demuestren que están actuando, y la presión ha aumentado en los últimos días, explica el experto en seguridad y crimen organizado en México, Armando Rodríguez Luna, del Colegio de Análisis de la Seguridad con Democracia. "Con respecto a las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado, designados también como 'organizaciones terroristas', el más claro ejemplo es lo que sucedió ayer en Venezuela [el gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela]. La presidenta Sheinbaum estaba muy preocupada porque Estados Unidos desplegó barcos en el Golfo de México y en el Pacífico mexicano, o cerca de las costas mexicanas. También se realizaron diversos vuelos de reconocimiento de carácter militar sobre el territorio mexicano". Un nuevo modelo de inteligencia en México Este acuerdo, resalta Rodríguez Luna, podría incluso abrir un nuevo modelo de inteligencia. "El establecer marcos de cooperación, particularmente en las áreas de inteligencia que el gobierno mexicano pueda ofrecer al gobierno estadounidense, creo que es la principal moneda de cambio que buscaba el gobierno de Sheinbaum. Porque a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado está su principal hombre de confianza: Omar García Harfuch. Ella va a fortalecer tanto la figura de García Harfuch como todo el andamiaje legal e institucional que está en proceso de construirse dentro de México. Había muchos obstáculos por temas de desconfianza dentro de México. Las Fuerzas Armadas son las principales generadoras de inteligencia dentro del país". Los dos gobiernos han anunciado, además, que crearán un grupo de implementación de alto nivel. "Grupos de alto nivel en materia de seguridad ha habido muchos prácticamente desde 2008, cuando surge la Iniciativa Mérida. Ahora, esperemos que este nuevo grupo de alto nivel pueda construir desde el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de garantizar y hacer sostenible que puedan fluir tanto los recursos, ya sea monetarios o en especie. Ahora, por otra parte, este grupo de alto nivel tiene que traducirse en grupos operativos en temas muy específicos, por ejemplo, el del ‘huachicol' o tráfico ilegal de combustibles, evidentemente el del fentanilo y las metanfetaminas, tráfico de armas, etc. Pero ahí vamos avanzando poco a poco".

El secretario de Estado estadounidense Marc Rubio visita Ecuador para hablar de seguridad, migración y narcotráfico en la región. Según la ONG InSight Crime, Ecuador fue el país más peligroso de América Latina en 2024, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ante una expansión de la actividad criminal y del narcotráfico, las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia señalan las dificultades de su actividad y critican un "deterioro institucional".  Con más de 5.200 homicidios desde el inicio de este año 2025, Ecuador vive una importante ola de violencia a pesar de la política de "mano dura" declarada por el presidente Daniel Noboa. Verónica Supliguicha es directora de proyectos en la Fundación Alas de Colibrí, una entidad ecuatoriana que trabaja en la asistencia humanitaria con víctimas del crimen organizado. "Alas de Colibrí lleva 14 años atendiendo a víctimas de trata. Tenemos una casa de acogida. En los dos o tres últimos años, los niveles de violencia con los que las víctimas son tratadas son muchísimo más graves que hace tiempo. Ahora encuentras que son procesos extremadamente cruentos y violentos de sometimiento. Eso indiscutiblemente genera unos niveles de afectación mucho más graves en su salud física y psíquica", explica. "En este momento tenemos niñas y adolescentes que están saliendo todos los días del sistema educativo por miedo, por amenazas, porque no quieren ser reclutadas, no quieren ser víctimas de trata y las familias no tienen las posibilidades de cambiarlas a otro lugar", continúa Verónica Supliguicha. En los últimos años, el país se ha posicionado como parte de una de las rutas más importantes para el narcotráfico. Los Choneros -que fueron durante años la principal banda criminal de Ecuador- se consideran una estructura debilitada tras la extradición a Estados Unidos de su líder, alias Fito. Sin embargo, otras organizaciones que trafican con armas, droga y minerales ganan terreno. Esto, sumado a un deterioro de la institucionalidad, explica el nivel de violencia actual, según Supliguicha: "Hay una falta de capacidad de respuesta y una falta de una estructura institucional que dé respuestas que sean mucho más sostenidas a largo plazo. Las redes criminales han permeado toda la región. Ya no son redes criminales que se dediquen a un solo delito y ni están en un solo país o un solo sector. Este tipo de políticas que se plantean como de mano dura son discursos vanos que no han solucionado nada". El gobierno de Noboa declaró en 2024 la existencia de un "conflicto armado interno" y ha mantenido un pulso con la Corte Constitucional de Ecuador, que suspendió algunas leyes promovidas por el presidente, acusadas de vulnerar los derechos humanos. Noboa prevé celebrar en diciembre un referéndum que permita que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos de juicio político. Un paso más del mandatario para tratar de tirar adelante su agenda legislativa de mano dura contra el crimen organizado.

El gobernador de Illinois aseguró este 2 de septiembre que la ciudad de Chicago “no quiere tropas de la Guardia Nacional” en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, que anunció ordenar la entrada de agentes federales militares para acabar con la criminalidad. Una decisión que ya ha tomado en Washington y Los Ángeles y que, según expertos, carece de fundamento legal. “Chicago no quiere tropas en sus calles”, declaró el gobernador demócrata JB Pritzker del estado de Illinois, quien se ha opuesto a Donald Trump y a su determinación a que la Guardia Nacional -el cuerpo de reserva para misiones federales- ingrese a Chicago para combatir la delincuencia. “Esas fuerzas militares no tienen el entrenamiento apropiado” “No tiene ningún soporte legal el mandatario Trump”, estima el abogado Jorge Montes, que ejerce en Chicago y asegura que, a diferencia de Washington, en su ciudad la ley no autoriza el uso de fuerzas militares. “En Washington, a pesar de que tiene su fuerza policiaca local, la ley permite que por 30 días el gobierno federal, bajo las órdenes del mandatario, pueda intervenir y con el permiso del Congreso se puede extender esa fecha de 30 días a más días y actuar como policía”, detalla. Sin embargo, subraya el abogado, “lo desafortunado de ese escenario es que esas autoridades, esas fuerzas militares, no tienen el entrenamiento apropiado para funcionar como policías locales. No saben cómo actuar en diferentes situaciones, diferentes crímenes, etcétera”. “La Guardia Nacional está bajo el control del gobernador” Este martes, además, un juez federal dictaminó que era ilegal la incursión de la Guardia Nacional y de los marines en Los Ángeles en junio. “En Los Ángeles, tenía la excusa de que había motines a base de las redadas de ICE, las autoridades de inmigración”, pero la Ley Posse Comitatus, una ley federal de casi 150 años, limita el papel del ejército estadounidense en la aplicación de leyes locales, explica Jorge Montes. “La Guardia Nacional se puede llamar fácilmente o en situaciones especiales por el gobernador del Estado y está bajo el control del gobernador. Se requiere un acto de insurrección o algo, una rebelión estatal y eso no es lo que estaba aconteciendo. Y el gobernador Newsom ha dejado muy claro que la situación estaba bajo control, sino él mismo hubiera llamado a la Guardia Nacional”, recalca el abogado. En Los Ángeles, la justicia prohibió al Pentágono que se despliegue a estos reservistas a partir del 12 de septiembre. Una decisión que podría revertir la Corte Suprema durante este plazo.

Este 1 de septiembre empezó el período de campaña electoral en Honduras, rumbo a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. De los 10 millones de habitantes que tiene el país centroamericano, más de seis millones podrán ejercer el sufragio. Arrancó oficialmente este lunes en Honduras la campaña electoral, con cinco candidatos que intentarán romper la polarización política y social que existe actualmente entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición. Los partidos de oposición encabezan las encuestas “Estando en su cuarto año de mandato, en el país se debate entre votar a favor de la continuidad del proyecto de Libertad y Refundación, encabezado por la candidata oficialista Rixi Moncada, versus los contendores principales que son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional”, explica a RFI Miguel Calix Martínez, licenciado en Ciencias Jurídicas. “Según diversas encuestas, el señor Nasralla podría estar ocupando la preferencia en este momento, con la cercanía del candidato Asfura, del Partido Nacional, ambos de oposición, aunque la candidata oficialista y la campaña oficialista cuestionan los resultados de estas encuestas. Son cinco partidos los que compiten, pero con verdaderas oportunidades de disputar el poder son tres: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, en ese orden según las simpatías en las encuestas”, precisa el analista político. Promesas incumplidas Los ciudadanos hondureños esperan que los candidatos presenten planes realistas para enfrentar los enormes desafíos económicos, sociales y de seguridad, a pesar de los profundos cambios implementados por la mandataria Xiomara Castro, que en apenas tres años y medio de gestión no aprobó en estos temas. En cuanto a “la lucha anticorrupción, existe una percepción generalizada de que el Gobierno actual ha mantenido prácticas nepóticas y corruptas de gobiernos anteriores y no se ha distinguido. No cumplió con una promesa que era instalar una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que había en Guatemala. También tuvo poca eficacia en la ejecución del gasto y hubo incumplimiento de promesas en materia de salud, principalmente”, subraya Miguel Calix Martínez. Gran masa de indecisos A pesar de la escasez de candidatos, la pugna presidencial se presenta muy abierta debido a una gran masa de indecisos que solo decidirán su voto según se desarrolle esta campaña, indica asimismo: “Más del 50% de la población, entre el 50 y 55%, no manifiesta tener simpatía por ningún partido político. Aquí las llamamos ‘las personas independientes', las personas que van a dar su voto según lo que pasa en estos últimos tres meses de campaña”. Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir dentro de 86 días al nuevo mandatario presidencial, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes. RFI analiza el contexto de estas cifras con Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick. Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, según un nuevo estudio, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia. En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. De acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Pew Center, una tendencia que confirma Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick en la antena de RFI: "El presidente Trump paró la entrada de refugiados, el programa de refugiados, que es un programa internacional. Ya aquí no han entrado más personas a través del programa de refugio. Es muy difícil que te aprueben un asilo e incluso la gente que ha entrado con asilo, que todavía tienen asilo pendiente de gente que lleva años con asilos pendientes, tienen miedo que que el desenlace de de su petición de asilo sea negativa".+ En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes.Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. Adriana Rivera considera que estas cifras reflejan de manera evidente el nuevo clima que se vive en Estados Unidos."La gente está viviendo con un nivel de miedo que yo nunca he experimentado. De hecho, yo soy ciudadana estadounidense y yo vivo con miedo. Mi familia vive con miedo. Se ha convertido en una atmósfera en donde incluso hablar otro idioma te puede poner un blanco en la espalda. Tener tatuajes, por ejemplo. Son tantas cosas completamente aleatorias y ridículas que uno ya no sabe verdaderamente ni cómo vivir en paz aquí. Obviamente hay muchas personas que están de acuerdo con esto, que lo celebran, pero hay muchísimas más que entienden que esto ya se está pasando de la raya y que esto es como un estado policiaco" dice para RFI y lanza un llamado de advertencia que hubiera sido inimaginable hace escasos meses. "Este país está cambiando. Día tras día se ven los policías, se ven los agentes federales en la calle, se ven los niños en las escuelas nerviosos, los vecinos que ya no salen como antes. Se ve una baja en cuánta gente está en el restaurante de la esquina. En este país la vida ha cambiado de un momento a otro y pues esto es una advertencia a las demás personas que que no copien lo que se está viviendo acá porque no es nada bonito", concluye.  Tras hacer campaña prometiendo deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la migración. Su gobierno ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visado para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico y ha desplegado miles de agentes federales para detener y deportar a migrantes indocumentados

El llamado Cartel de los Soles se refiere a una presunta red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.La pregunta es: ¿Existe realmente? El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en EEUU, explica los mecanismos de esta organización. Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como “una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”. Esta semana, el gobierno argentino lo declaró “organización terrorista”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que no existe y lo describe como “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”. Frente a estas versiones, el ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en Estados Unidos y crítico del chavismo, cree que “hay decenas de testimonios dentro del sistema de justicia norteamericano que dan cuenta de que Chávez creía en la posibilidad de que, en vez de combatir a los carteles y las organizaciones terroristas que hacen vida en Colombia, estas pudieran tener una forma de contribuir de alguna manera a la seguridad del proceso político". Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar esta organización narcoterrorista, cuyo nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela. Según el ex fiscal, "muchas personas que formaron parte de esta planificación criminal han declarado y han sido detenidos, hay colaboradores, es decir, el Cartel de los Soles tiene un sustento probatorio". "Miente Petro, sobre todo cuando dice que no existe, porque la misma inteligencia colombiana era plenamente consciente de la participación de altos funcionarios no sólo de la Fuerza Armada Nacional, sino de organismos de seguridad de Estado".  Zair Mundaray, estudioso del narcotráfico, explica por qué el Cartel de los Soles es una organización criminal particular: A diferencia de los carteles de México o Colombia, quienes controlan las operaciones formarían parte del propio Estado venezolano. "En el caso venezolano los que llegaron al poder se convirtieron en narcotraficantes. No estás hablando de un cártel como un cártel mexicano o el Clan del Golfo. Estamos hablando de  quienes están sentados en las oficinas públicas del Estado venezolano y tienen todo el poder de fuego y el dominio territorial", explica el experto.  Para el ex fiscal Mundaray, una de las pruebas más claras de la existencia del Cartel de los Soles está en un hecho paradójico: en Venezuela no se registra la violencia ligada al narcotráfico que sí golpea a países como Colombia. "El narco no ha traído los niveles de violencia que tiene Colombia. Puedes traficar miles de de toneladas y pasar por donde sea, y nadie se está matando por ello, como sí ocurre en Colombia cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pisa el territorio de la disidencia o cuando el Clan del Golfo pelea por su espacio. Aquí no hace falta eso, porque tienes una fuerza armada que lo hace y el que lo haga fuera de ese control sí lo alcanza la mano del Estado y lo apresa. Esto es una de las perversidades mayores del sistema creado por el chavismo".