Noticias de América

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, comienza su gira por América del Sur. Su primera parada será Colombia, y continuará por Ecuador y Perú. Está previsto que Rubio se reúna con los presidentes de los tres países, miembros del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y combate contra el narcotráfico creada por el presidente Donald Trump en marzo. Todos los preparativos están listos en Colombia para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de su gira por América Latina, que también cuenta con visitas en Ecuador y Perú. “Una agenda centrada en el tema de la seguridad” Su primera parada será en Barranquilla, donde mantendrá una reunión con el presidente colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, insiste en que el tema principal de las conversaciones será la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. “Es una agenda que está fundamentalmente centrada en el tema de la seguridad y en el tema del combate a lo que Estados Unidos ha denominado organizaciones narcoterroristas. Teniendo en cuenta que se trata de tres gobiernos de derecha con cercanía política e ideológica al gobierno de Trump en Estados Unidos, de lo que se trata esto es justamente de una conversación para lograr acción conjunta en contra de esas organizaciones”, explica. De la Espriella ha prometido en repetidas ocasiones su deseo de mejorar las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, llegando a apoyar a Israel, reconociendo su soberanía sobre los Altos del Golán o ubicando una embajada colombiana en Jerusalén. Incrementar el nivel de cooperación “Es un gobierno que ha hecho concesiones pensando justamente en que se incremente el nivel de cooperación entre los dos países en materia de equipamiento militar, en materia de recursos y en materia de inteligencia para poder combatir a esas organizaciones criminales con mucha más fuerza”, señala Borda. “Venimos de un gobierno donde ese entendimiento no fue un entendimiento profundo, porque Petro no creía en la lucha contra las drogas como la concibe el gobierno en Estados Unidos, y además estaba negociando con algunas de estas organizaciones criminales la posibilidad del sometimiento a la justicia de sus líderes”, agrega la profesora. Ayuda económica Sandra Borda afirma que De la Espriella busca en esta visita defender los intereses del sector privado con la eliminación de los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca, así como conseguir ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. “Creo que hay una agenda de cooperación gruesa alrededor del tema de la reconstrucción posterior al terremoto, y en general de ayuda económica. Colombia sale del anterior gobierno con un déficit fiscal grande que ha deteriorado la calificación de las organizaciones crediticias internacionales frente al país, y acaba de salir justamente de un terremoto que le va a exigir un gasto fiscal grande”, detalla. La gira de Marco Rubio evidencia el interés de esta administración por Latinoamérica, que va más allá de la lucha contra las organizaciones criminales y que incluye la renovación del gobierno y la economía de Venezuela y el futuro de Cuba.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos comenzaron este viernes en Carolina del Norte, entre la confusión en torno al voto por correo, mientras se envían las primeras papeletas y Donald Trump intenta que los tribunales impongan nuevas restricciones a este tipo de sufragio. Carolina del Norte, en el este estadounidense, ha sido el primer Estado en enviar las boletas por correo para las elecciones de mitad de mandato, pero lo hace en plena polémica e incertidumbre sobre lo que ocurrirá con este sufragio a distancia. Y es que Donald Trump pidió nuevamente a la Corte Suprema que le autorice aplicar reglas restrictivas para esta modalidad de votación. La Corte le dio luz verde parcial. Sin embargo, poco después, su pedido fue bloqueado por una jueza federal que considera que ya no hay tiempo para implementarlas. Este vaivén hace parte del declive de confianza frente a estas elecciones, dice Andrew Daniller, investigador del Centro de Investigaciones Pew.  "La confianza esta vez es más baja, y parte de lo que está ocurriendo es que la gente está preocupada por el voto por correo, si debiera permitirse o no. También les preocupa si todos los ciudadanos con derecho a voto podrán votar o si se impedirá votar a las personas que no cumplan los requisitos y que intenten hacerlo. Así que hay muchos temas en juego. El voto por correo es una de las más importantes, pero hay muchas otras cuestiones que preocupan a la gente frente a estas elecciones", estima Daniller. Según datos de la comisión de asistencia electoral, el voto por correo se ha triplicado en los últimos 20 años y es más popular entre los demócratas, confirma el investigador Daniller. "Una de las razones por las que es tan popular es porque el día de las elecciones es un martes. No coincide con un día festivo ni con un fin de semana. Mucha gente está trabajando ese día.  Alrededor del 60 % de los estadounidenses cree que las personas deberían poder votar por adelantado, en ausencia o por correo, independientemente de si tienen o no una justificación válida para ello. En general, los estadounidenses apoyan el voto por correo, pero la situación es muy diferente entre republicanos y demócratas. Los demócratas son mucho más propensos a apoyar esta opción que los republicanos", subraya el investigador. Trump ha sido crítico del voto por correo, afirmando sin pruebas que es susceptible de fraude, y lo ha vinculado con su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por el demócrata Joe Biden. Ahora, republicanos y demócratas se enfrentarán el 3 de noviembre en las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en unas elecciones que históricamente se consideran un test de aprobación para el Gobierno de turno.

Casi uno de cada cinco niños y niñas que usan Internet sufren explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología. En muchos casos, se trata de personas que ya conocían, sostiene un informe de UNICEF realizado en 21 países. Entrevista con Sara Antillón, miembro de UNICEF México. Las redes sociales concentran el 60% de los casos de explotación o abuso sexual contra menores. Facebook (50%), WhatsApp (29%), Instagram (24%), Snapchat (13%) y TikTok (12%) son las plataformas en las que los jóvenes se ven expuestos a contenidos sexuales no deseados, reciben solicitudes para mantener conversaciones sexuales o compartir imágenes sexuales en contra de su voluntad, indica la investigación Disrupting Harm (por su título en inglés), de la que hizo parte UNICEF. El estudio se llevó a cabo en 21 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa del Este. Sara Antillón, miembro de UNICEF México, detalla las dificultades para luchar contra este fenómeno, comenzando por el hecho de que muchas víctimas no denuncian estos abusos. "Muchos niños y niñas no se lo cuentan a nadie. La primera barrera es que las niñas y los niños no tienen confianza o no saben muy bien si lo que les pasó es algo que se tendría que perseguir o, por el contrario, creen que los van a juzgar, sobre todo las personas adultas. Un primer elemento que identificamos es la necesidad de fortalecer los vínculos con los niños. El otro punto que identificamos es que muy pocos lograban salir del círculo de amenazas en el que muchas veces los metían las personas que los atacaban. Era como si les dijeran: ‘si tú lo dices, voy a aumentar la violencia', y por tanto esas amenazas hacían que tuvieran más miedo de poder parar lo que estaba sucediendo. Y el último elemento que se identificó fue que, cuando ya llegaban a los servicios, y la proporción es muy baja, menos del 1%, éstos no necesariamente estaban preparados para atender delitos digitales. Muchas veces esos servicios están pensados para personas adultas, mujeres adultas", precisa. Antillón asegura que, más allá de la prohibición, hay que mejorar el acompañamiento a los menores y acelerar los procesos de justicia. "La tecnología está avanzando más rápido que los procesos legislativos. Por lo general, los procesos legislativos toman tiempo y requieren debates nacionales. Hay cosas vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial que todavía no están siendo reguladas de forma adecuada para atender los riesgos que esto implica", concluye Antillón. Además de las redes sociales, los juegos en línea también son un espacio donde los menores son víctimas de abuso, por lo que la organización hace un llamado a la responsabilidad de las empresas tecnológicas para que diseñen plataformas pensadas para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Guatemala, Honduras y El Salvador atraviesan una dura sequía, como consecuencia del fenómeno de El Niño, que tiene en jaque a la agricultura y aumenta la vulnerabilidad alimentaria. Además de perder los cultivos, las familias también han perdido empleos y tienen dificultades para encontrar alimentos fundamentales. Un reciente informe de Oxfam da cuenta de la difícil situación humanitaria en la que se encuentra el Corredor Seco centroamericano, afectado por la sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño que azota la región. Pérdidas agrícolas, limitaciones de acceso al agua y reducción de ingresos de los agricultores son solo algunas de las consecuencias de este fenómeno climático, dice Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica. “Conseguimos documentar la pérdida generalizada de cultivos debido a la sequía que ha ocasionado el fenómeno de El Niño. Nos enfocamos sobre todo en los cultivos de maíz y frijol, dado que son la base de la alimentación de los hogares rurales en el Corredor Seco centroamericano, y en general de la población centroamericana. El 78.6% de los hogares en las comunidades en las que hicimos la evaluación perdieron prácticamente el 100% de sus cultivos, de igual manera el café. Esta perdida en el agro también tuvo un impacto en la oferta de empleo rural”, explica Aguilar. “Se perdió por completo la cosecha en mi comunidad” José Hernández cultiva maíz y frijol en el sureño municipio de Jocotán, en Guatemala, y espera con ansias la lluvia, pues ha perdido totalmente su trabajo. “Llevamos casi dos meses de no llover, ¡más! Porque en junio solo llovió en las dos tormentas y de ahí en julio no llovió nada, igual agosto, septiembre, nada. (…) Este año se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”, cuenta. Aguilar resalta que esta sequía supera con creces fenómenos anteriores: “En el ciclo de postrera, que es la segunda oportunidad al año que tienen los hogares del Corredor Seco para cultivar, el porcentaje de lluvias ha caído bastante bajo y el pronóstico no es nada alentador. Los institutos meteorológicos prevén que el mes de septiembre y octubre sigan siendo bastante secos. Eso va a dificultar que haya una recuperación en el ciclo de postrera”. Habitualmente, señala, “uno de los dos ciclos suele dar cierta cantidad de cosecha; en este año, ninguno de los dos va a ser exitoso y eso es lo más complejo”. El informe da cuenta de un deterioro en la seguridad alimentaria de la región que puede extenderse hasta dentro de un año, por lo que hace un llamado a intensificar los mecanismos de respuesta a estos fenómenos climáticos.

La disputa por las Malvinas sigue ocupando un lugar central en Argentina. Este martes, abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 contra el Reino Unido presentaron una demanda para frenar un proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las petroleras Navitas y Rockhopper en aguas cercanas al archipiélago.  Desde la sureña provincia de Tierra del Fuego, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda que busca frenar el proyecto de explotación de las petroleras Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, alrededor de las islas Malvinas, poniendo nuevamente el foco sobre la disputa por la soberanía de ese territorio entre Londres y Buenos Aires. El proyecto, denominado Sea Lion, tiene como objetivo comenzar la extracción de crudo en 2028 y llevarla a cabo durante más de 30 años a 220 kilómetros de las islas Malvinas, indicó a RFI Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: "Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del Gobierno británico, del Estado británico. Pero además, en este caso, también en el mar argentino, donde las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, dos corporaciones muy grandes, no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades del mar argentino, que es la Argentina. Hay un comunicado de la Cancillería que lo declara ilegal. Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo". Según los demandantes, además de la disputa por la soberanía, este proyecto también representa un alto riesgo ambiental para aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina y para las islas de la región, que mantienen una "conexión ecológica" con la Antártida. "El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría de todo, incluso la costa del territorio continental argentino. Lo que significa ahí es territorio de la ballena franca austral, uno de los animales más magníficos del mundo", explica Viale. El texto jurídico indica que el proyecto petrolero incumple una resolución de la ONU según la cual deben evitarse acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo entre ambos países. Cabe recordar que Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral y libraron una guerra en 1982, que se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto, en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos. Desde entonces, el reclamo ha continuado por la vía diplomática. El Reino Unido ejerce la administración del archipiélago como territorio británico de ultramar, mientras Argentina reivindica de manera permanente su soberanía y lo considera un territorio ocupado ilegalmente.

Miles de estudiantes en Cuba vuelven a las aulas en medio de una extrema precariedad entre apagones, malnutrición y un sistema educativo colapsado por la falta de material y docentes.   Para muchos niños el sonido del timbre es sinónimo del regreso a las aulas, de reencontrarse con sus amigos y de expandir sus conocimientos. Sin embargo, no será para todos igual, especialmente para los miles de estudiantes cubanos que se enfrentan a una vuelta al cole marcada por la escasez. “La peor vuelta al cole” Para ellos, volver a la escuela significa un año más intentar estudiar entre apagones, carencia nutricional y un importante deterioro del sistema educativo de Cuba. “Probablemente sea la peor vuelta al cole en estos 67 años de la llamada Revolución Cubana. Es una vuelta al cole después de unas vacaciones que no han sido vacaciones para la gran mayoría de los niños y niñas cubanas. Es una vuelta llena de angustias y de incertidumbres, de precarización de las condiciones materiales. Es un regreso a clases, además, en condiciones de extrema excepcionalidad para la gran mayoría de los niños”, comenta Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido60. El curso anterior tuvo que finalizar anticipadamente por la crisis energética y la brecha digital que impedía realizar en buenas condiciones las clases. Además, la malnutrición en los estudiantes, provocada por la escasez de productos básicos, también es uno de los puntos que más preocupan a las familias. “La gran mayoría de las mujeres, de las madres, sacrifican su propia alimentación, por lo menos para proveer algo a los hijos para mandarlos con una merienda a la escuela, con un almuerzo y puedan soportar, digamos, lo que necesita una carga activa”, subraya Acosta. Edificios inadecuados y falta de maestros Unas condiciones que también denuncia Mailén, una madre de tres hijos residentes en La Habana: “La escuela de mis hijos está en reparación desde hace más de seis meses porque le estaba cayendo los pedazos de techo arriba a los niños. De hecho, se estaba desplomando el piso de una de las aulas de arriba y estaban cayendo los escombros en el aula de abajo y tuvieron que desalojar esas aulas. Los niños llevan medio curso, los grados más grandes, yendo a otra escuela a recibir las clases porque en esa escuela no podían estar”, cuenta. A esto se suma la falta de maestros. En 2024, el oficialismo reconoció que el país tenía una necesidad de alrededor de 24 mil docentes para completar las plantillas. “Se produce una fuga de profesores y de auxiliar porque las condiciones laborales, los salarios, obviamente no compensan el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tiene una profesión como el magisterio”, señala Elaine Acosta. Mientras suena la campana y comienza otro curso, las familias cubanas afrontan el reto de garantizar una educación digna a los más pequeños.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes. El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel. El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis. Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal. "No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI.  Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña. "No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal.  También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes. "El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez. "Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir.  A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo". "El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez.  Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido. Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La crisis demográfica en Cuba, país que registrara en 2025 casi el doble de muertes que de nacimientos, se acelera. ¿A qué se debe esta situación y cómo podría afectar a la ya frágil economía de la isla? Analizamos este fenómeno con el demógrafo Juan Carlos Albizu y el economista Omar Everleny. Cuba cerró 2025 con apenas 68.064 nacimientos, más de 245 mil emigrantes y 136 mil defunciones. Estos datos profundizan un histórico proceso de envejecimiento que afecta a todas sus provincias. La aceleración del declive poblacional en la isla se debe a múltiples razones, como explica a RFI el demógrafo Juan Carlos Albizu del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba. "Lo está ocurriendo demográficamente es una respuesta adaptativa de la población a lo que está ocurriendo en el país, que es un desastre humanitario" - Juan Carlos Albizu, demógrafo y economista "Hay una aceleración de la caída de la fecundidad y hay un éxodo masivo de la población como respuesta a su incapacidad para manejar sus condiciones de vida. Lo que está ocurriendo con la mortalidad venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque la esperanza de vida en Cuba está descendiendo desde el año 2013 para acá", sostiene. No obstante, el experto reconoce que se produjo una aceleración del aumento de la mortalidad y de la caída de la esperanza de vida en los últimos años. Para el economista y antiguo profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, esto puede estar vinculado con la política estadounidense hacia Cuba. "Mucha gente que podría ser atendida con otro tipo de medicamentos, otro tipo de cosas, hoy carece de ellos. Y eso se debe realmente a esta situación de asfixia que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos, si bien no es el único factor", recalca. Leer tambiénCuba busca alivio económico con la apertura a capitales privados Las consecuencias de esta crisis demográfica son graves para la frágil economía de la isla. Según Albizu, el 80% de las personas que han emigrado tenían entre 15 y 59 años, una franja etaria clave para la actividad económica. "Efectivamente, eso va a comprometer a mediano plazo la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y, por otro lado, está acercando lo que se llama 'el cierre de la ventana de oportunidad demográfica', que también sería un elemento que la economía podría haber aprovechado si es que hubiera garantizado las condiciones", estima el también economista. El envejecimiento y la emigración han golpeado fuertemente a la población en edad laboral de Cuba. En los últimos cinco años, este sector experimentó una reducción de 1.259.894 personas, pasando de 6.866.435 trabajadores en 2021 a 5.606.541 en 2025. Un proceso irreversible Aunque Albizu afirma que el proceso de envejecimiento demográfico per se "no es una mala noticia", precisa que no es reversible. A su juicio, la única política coherente sería fortalecer el desarrollo económico invirtiendo cantidades importantes de capital para garantizar un aumento sostenido de la productividad del trabajo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Para ello, cita como ejemplo a los países nórdicos o incluso los modelos adoptados por China o Vietnam. "Sin embargo, muchos autores plantean ya que esa oportunidad en Cuba se perdió debido al enquistamiento de los dirigentes de mayor nivel en un modelo socialista que no ha hecho otra cosa que preservarlos en el poder, mientras la población continuó padeciendo todos los males", subraya el demógrafo. "Así, el modelo económico actual en Cuba no solo está quebrado, sino que es su propio obstáculo para el avance", sentencia. Leer tambiénCuba anuncia una apertura económica en medio de una profunda crisis De perpetuarse esta situación, el especialista concluye que la pobreza seguirá aumentando y, en consecuencia, persistirá la emigración masiva, mientras la fecundidad y la esperanza de vida continuarán cayendo. Albizu advierte que esto podría hacer que la caída de la población cubana de los 9,4 millones actuales a los 6 millones, pronosticada por Naciones Unidas para 2100, podría entonces adelantarse a 2050.

"¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?". Con esa pregunta, Reporteros Sin Fronteras y más de 40 medios mexicanos interpelaron al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y al conjunto de autoridades para reclamar una respuesta frente a los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes en el país, el más peligroso para la prensa en América Latina. En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta, acompañada de la lista con el nombre de los periodistas asesinados en México de fondo. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma.  La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina. "México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses", afirma. En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Según Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales, que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción. "Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos" - Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, generando desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila que participó de la iniciativa. "En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos de turno, locales sobre todo, pero municipales también", sostiene. Leer tambiénCrímenes contra los periodistas: en México, "la principal fuente de agresión es el Estado" El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial o amenazas o agresiones a sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles. "También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no de garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión auténtico y confiable", considera el periodista, quien recibió amenazas en el pasado. Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones. También reclaman identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación con el fin de evitar que se repitan.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

En Colombia, las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir contenidos informativos y ahora solo tienen programación musical. La nueva administración de Inravisión dice que revisará toda la parrilla, pero ya enfrenta críticas y acciones legales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella y políticos de derecha las acusan de haber sido un "aparato de propaganda" y "megáfonos de las FARC". La ONG Reporteros Sin Fronteras exigió el martes al gobierno colombiano reanudar de inmediato la producción de contenidos en la Radio Nacional de Colombia, suspendida hace una semana por una supuesta reestructuración de la parrilla. De momento, se desconoce cuándo se retomará la programación. Desde el pasado 18 de agosto, Radio Nacional de Colombia transmite sólo música desde Bogotá. Así lo decidió "hasta nueva orden" la flamante administración del sistema de medios públicos, Inravisión, mientras establece una nueva parrilla de contenidos. Esta decisión afecta a las 74 frecuencias de la Radio Nacional, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a los territorios más golpeados por el conflicto. Sus trabajadores temen que esta medida transitoria sea definitiva. "Esta decisión es consecuente con lo que dijo Abelardo de De la Espriella en campaña y ha reafirmado siendo presidente. Todo lo que tiene que ver con la paz y con procesos de paz lo están terminando", explica a RFI Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca. Leer tambiénDe la Espriella debuta como presidente de Colombia rodeado de aliados: "Es tiempo de la recuperación del orden" La nueva gestión denuncia que estas radios se convirtieron en un "aparato de propaganda" durante el Gobierno de Gustavo Petro. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que apoyó a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”. Sin embargo, las emisoras nacieron a raíz del artículo 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de dar voz e informar a las comunidades más afectadas por el conflicto. "Somos un proyecto de Estado y no de gobierno, hemos tenido una programación ininterrumpida, no hemos hecho ninguna propaganda política a ningún gobierno de turno. Hemos cumplido con el 6.5, eso es darles voz a los firmantes del acuerdo de paz, a las organizaciones sociales y a las víctimas del conflicto armado" - Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo "Esto está violando el derecho a la información de las comunidades y son las mismas comunidades las que hoy nos están reclamando estar al aire", sentencia Molano. Esta suspensión supone no solo un incumplimiento directo del acuerdo de 2016, sino también de la Constitución colombiana. "El ataque a la libertad de prensa es una estrategia de carácter político. Destripan el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada, que está estipulado en el artículo 20 de la Constitución", dijo a RFI la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy. Leer tambiénColombia: Temor por las tierras restituídas tras la victoria de De la Espriella Ante esta situación, la legisladora opositora presentó una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión ante la Procuraduría General de la Nación. También el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra la entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para levantar la suspensión. Pero, de momento, tanto en la Radio Nacional como en las Emisoras de Paz, la música sigue siendo la protagonista.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la Policía para deportar a inmigrantes en situación irregular en el país. El mandatario instruyó identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Esa es una decisión política. Yo la asumo. Es una decisión administrativa. Yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El mandatario ordenó el inicio de operativos coordinados con Migración Colombia y la Policía esta misma semana para identificar a los inmigrantes en situación irregular en el país con el fin de comenzar procesos de deportación. Esta medida afecta y preocupa principalmente a la diáspora venezolana, la más grande de Colombia, cuya cifra oficial se estima en unos 2,8 millones de migrantes. "No ha habido mecanismos de regularización de manera permanente o que se hayan podido utilizar, sobre todo durante el gobierno anterior", explica Mara Sánchez, directora general de la ONG Fraternidad Venezolana. "La regularización se detuvo radicalmente. Hay procesos que están a la espera de una especie de mecanismo de contingencia para poder ayudar en casos específicos. En el caso de los venezolanos está también el permiso por trabajo, que quedó pendiente de firma con el cambio de gobierno. La preocupación queda en el aire porque hay muchas personas que desde hace mucho tiempo no han podido regularizarse, ya que el último proceso de regularización fue el PPT durante el gobierno de Duque. Y si bien, en ese momento, permitió un gran acceso, no fue una medida completamente exitosa. Hay muchas personas que se quedaron sin el documento; el documento nunca llegó, a pesar de que realizaron los trámites", precisa Sánchez. Pero si los inmigrantes venezolanos en Colombia cuentan con algunos mecanismos de regularización, aunque hayan quedado obsoletos, ¿qué ocurre con aquellos de otras nacionalidades? "Migrantes como los ecuatorianos, los chilenos, los haitianos, que también se encuentran aquí, en territorio nacional, haciendo su vida, o los cubanos, no han tenido mecanismos de regularización como los que tuvo la población venezolana con el PEP y el PPT. Estos migrantes también se ven afectados. Estamos ante una medida muy compleja. Creo que hay que ver cómo se puede avanzar hacia un mecanismo de regularización y luego pensar en otro tipo de medidas", concluye. Según datos de Migración Colombia, en este país residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 847.000 se encontraban en condición irregular a mediados de este año. Dentro de esta población no regularizada figuran aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.

Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, el corresponsal de RFI en Caracas recorrió La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, para recoger testimonios de quienes siguen buscando los restos de sus seres queridos. En La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, hay tres imágenes que se combinan a dos meses de la tragedia: la de estructuras colapsadas donde voluntarios y algunos militares trabajan para hallar desaparecidos; la de maquinaria retirando escombros y limpiando terrenos; y la de comercios que comienzan a abrir buscando volver a cierta normalidad. “De familia de mi papá, yo estoy sola. Y lo estamos buscando, pero no aparece todavía. Por la lista de las familias, faltan 28 todavía en el edificio”, dice a RFI Angely León. En la zona cero de desastres, donde más muerte dejó el doble terremoto en Venezuela hace dos meses, la búsqueda de cuerpos no termina. Angely León todavía busca a su padre. Viajó casi 600 kilómetros desde Monagas hace 60 días, poniendo su vida en pausa. "Todos los lunes me estoy yendo, porque es fuerte uno vivir con eso de que no encontró su familiar. Cuando lo encuentre, me voy”, explica a RFI. Francisca Muñoz espera por el cuerpo de su sobrino. “Ya lo que hay es huesos. Lo que digo es que tengo que encontrarlo para poder tener paz", dice. Por parte, Aura Marina Medina busca a su pareja. “Estoy aquí hasta lo último: hasta después de encontrarlo, sacarlo y darle sepultura al lado de su mamá, seguiré apoyando”. José Pulido es rescatista voluntario. Ha trabajado en tres edificios derrumbados y sacado decenas de fallecidos sin pausa. “Aquí lo que hay que buscar es cadáver, y ayudar a la familia para que vayan a descansar”, cuenta Pulido. En otros puntos, el transporte público se ha reactivado, y algunos comercios, de los pocos que quedaron en pie, han comenzado a abrir, aunque las ventas sean mínimas. “Se paran, y me dicen si les puedo vender una cerveza, como si fuera un pecado. El Estado está satanizado". "Del 100% que se hacía -dice Lorena Valdez- se calcula que se está haciendo un 20%. “Yo paso aquí todo el día para vender un refresco, un agua. Al no estar permitidas las playas, esto está solo”, relata Celina da Silva. "Tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo” La normalidad está muy lejos. La Guaira perdió 80% de su actividad económica, sus playas están vacías, el aeropuerto apenas está retomando actividades y el luto todavía embarga a un sinfín de empresas y comercios. “Abajo la infraestructura, los módulos, todo se cayeron. La mayoría trabajábamos en la parte playera, pero tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”, dice Daneska Rodríguez. 6.438 es la cifra oficial de muertos por el doblete sísmico. Y es solo un número pues no hay una lista centralizada de quienes fallecieron. Tampoco es un dato certero sobre cantidad de desaparecidos, que sobrepasan las 1.500 según un cálculo preliminar del gobernador de La Guaira. El gobierno venezolano ya mira hacia adelante. Los reportes han pasado de ser diarios a ser semanales, y en ellos ya también dejaron de incluirse cantidades de damnificados. El último dato fue de 18.000. Ahora, las autoridades se concentran en mostrar que han entregado 335 viviendas a personas que quedaron sin hogar, que han evaluado la habitabilidad de 59.000, y que han recogido medio millón de toneladas de escombros, mientras avanza la construcción de nueva infraestructura, mientras se van realizando demoliciones controladas de estructuras desahuciadas. En La Guaira, como en Caracas y otras zonas de Venezuela, todavía se sienten réplicas, y el miedo no deja de estar presente. Pero también otros sentimientos, algunos de ellos tatuados por la respuesta gubernamental a la emergencia de aquel 24 de junio. “Pero cómo hubo tanta dejadez, eso lo que da es rabia, dolor e impotencia. No se puede sentir otra cosa sino decepción, por la mala acción hasta del mismo gobierno", opina Aura Marina Medina.

Brasil entró de lleno esta semana en la campaña para las elecciones del 4 de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por golpismo. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida. La campaña electoral arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, sólo dos aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro. Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por un intento de golpe de Estado en 2022, es mínima. Según la última encuesta de la consultora Datafolha, el actual presidente obtendría un 47% en una eventual segunda vuelta y Bolsonaro un 43%. Hacia una segunda vuelta reñida Algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del mítico líder del Partido de los Trabajadores: “Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población. Y eso preocupa al Gobierno porque es un presidente octogenario que va por su última campaña y bueno, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil?”, explica Ariel Goldstein, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Leer tambiénBrasil y Estados Unidos retoman diálogo por aranceles, afirma Lula tras hablar con Trump Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y un desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival, de 45 años, resultan atractivas para una parte del electorado. “No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada”, comenta Goldstein. Para el sociólogo, la contienda se anuncia más “competitiva” de lo que parece, dados los votos que Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta: “En segunda vuelta, es probable que toda la derecha se una. Lo estamos viendo en América Latina, es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une. Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de De la Espriella. Pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast”, analiza. Presión de la derecha latinoamericana trumpista Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Según Ariel Goldstein, es “el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío. Por lo tanto, preferiría un gobierno más subordinado”. “Por eso”, prosigue, “se reunió con Flavio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil. Y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica, más amplia. Trump y Milei... Toda esta derecha latinoamericana trumpista se va a tratar de meter como pueda y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil”. Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50%, por lo que la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. El voto femenino también tendrá un peso importante: las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

Cinco años después del magnicidio de Jovenel Moïse, Haití parece encaminarse hacia unas elecciones para elegir a su sustituto. Este jueves se abrió el período de inscripción de candidatos para los comicios del 13 de diciembre, cuya celebración está condicionada al "establecimiento de un clima de seguridad estable". Tras un primer aplazamiento, el camino hacia la votación no se presenta fácil.  Análisis de Jean Eddy Saint Paul, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.  Las elecciones del 13 de diciembre serán las primeras en el país en 10 años, marcados por la violencia, la inestabilidad política y el magnicidio del último presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Tras varias idas y vueltas, las autoridades provisionales de facto lograron establecer un calendario electoral. Este jueves se iniciaron las inscripciones de candidatos, pero después de una primera postergación de los comicios —previstos inicialmente para el 30 de agosto—, el camino no se anuncia fácil.  "El país debe ser accesible para cualquier persona que quiera votar y tenga derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental. Las circunstancias no son las mejores", dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tras concluir esta semana una misión de alto nivel en Haití. Para que la votación se celebre, debe existir previamente "un clima de seguridad estable". Algo complejo en un país, donde la violencia ha obligado a casi 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, para Jean Eddy Saint Paul, profesor e investigador haitiano-estadounidense de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), este requisito no es indispensable. "Creo que las elecciones son un prerrequisito para que a mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electas. Van a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y dotar al Estado de la capacidad necesaria para que recupere, una vez más, el monopolio de la violencia física legítima" - Jean Eddy Saint Paul, profesor en el departamento de Sociología del Brooklyn College de la CUNY Para el experto, las elecciones permitirán recuperar la confianza de la ciudadanía y de la diáspora haitiana en el extranjero, así como la de los inversionistas internacionales, lo que podría derivar en un "cambio en el discurso internacional" sobre Haití. No obstante, reconoce que las condiciones "mínimas" aún no están dadas. "Primero, el Consejo Electoral Provisional tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación política. No hay suficientes ciudadanos haitianos que se hayan registrado para las elecciones", señala el también director fundador del Instituto de Estudios Haitianos de la CUNY. "Otro factor necesario es que el gobierno de facto utilice estrategias para negociar con los grupos armados. La tercera condición es tener una diplomacia proactiva con Estados Unidos porque Haití no produce armas y la gran mayoría de ellas vienen de ese país", agrega. Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas Aunque no será un camino simple, el investigador considera que las autoridades provisionales cuentan con la voluntad para reunirlas a tiempo y poder así celebrar unos comicios que, a su juicio, son el "mejor medio para reformar el sistema desde dentro" en el país más pobre de América.

Un informe de la ONG denunció el miércoles la expansión del uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Esta situación afectaría especialmente a periodistas, activistas y migrantes, al crear un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la protesta. Al canto de "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre...", un grupo de ciudadanos vestidos de Gandalf protestaba esta semana frente a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel en Buenos Aires. Con creatividad, los denominados "Gandalfs del sur" denunciaban los negocios en Argentina del fundador de la firma de inteligencia artificial y espionaje masivo Palantir y exigían su partida del país. La ampliación de la presencia de tecnologías de vigilancia masiva es una preocupación creciente en Argentina. Y según denunció el miércoles Amnistía Internacional, su uso se ha expandido desde la llegada al poder de Javier Milei.  En el informe "Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", la organización entrevistó a actores de la sociedad civil y recabó documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado. "El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.  "Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega. Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión". En total, el Estado ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, pese a la política de austeridad del gobierno. También las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta. "Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41% del gasto público en 2025, en la vereda opuesta el presupuesto en materia de seguridad e inteligencia se ha elevado un 29% y un 6% (...) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades" - Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.  Esta vigilancia gubernamental afecta principalmente a activistas, migrantes y periodistas. Si bien esta situación se ha dado previamente, nunca habría alcanzado estas dimensiones, según señala a RFI Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa). "Eran situaciones más puntuales, no una política generalizada, permanente. Es el momento de mayor ataque [a la prensa] desde la vuelta a la democracia", sostiene. Según precisa, hay una "persecución manifiesta a los periodistas" e incluso a los dueños de medios, que se ejerce a través de la represión en las movilizaciones, la judicialización por opinar o el doxeo. Leer también¿Qué busca el magnate tecnolibertario Peter Thiel en la Argentina de Milei? Amnistía Internacional pidió al gobierno prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia discriminatoria y establecer un marco de regulación específico, pero de momento no ha obtenido respuesta.  "No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abierto a ser auditado constantemente por distintos actores", concluye García Ray.

Las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto se estiman en unos 9.570 millones de dólares, según el Gobierno. El departamento del Chocó, donde se situó el epicentro, es uno de los más afectados. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba. Más de una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, el país entró en la fase de remoción de escombros, sin prácticamente posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo dejó al menos 305 muertos, 4.548 heridos y miles de edificios destruidos. En el Chocó, epicentro del temblor, el desastre puso de manifiesto la desigualdad estructural que atraviesa uno de los departamentos más pobres del país. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Según explicó, ya antes del sismo, el departamento tenía "condiciones de altísima vulnerabilidad social y económica" de la población, así como una "gran precariedad en las condiciones de vida mínimas para el desarrollo de la gente”. “Esto tiene mucho que ver con la desatención histórica, con el abandono histórico del Estado colombiano en estos territorios, que están mayoritariamente poblados por afrocolombianos e indígenas”, agregó. Leer tambiénColombia: migrantes en Cali obligados a empezar de cero tras el terremoto   También para Amir Chaverra, fundador del Movimiento Cimarrón en el Chocó, defensor de los derechos de los afrocolombianos, el terremoto simplemente hizo visible "una brecha de desigualdad". "El terremoto no encontró una economía sana, sino una economía de profunda desigualdad, así como una población que ya había tenido que desarrollar estrategias de supervivencia frente al conflicto armado, que ha generado desplazamiento, así como exclusión estatal. Todo esto, obviamente, aumenta el riesgo de que la emergencia produzca una pobreza adicional secundaria”, sostuvo Chaverra. Según las autoridades, 29 de los 31 municipios del Chocó se vieron golpeados por el terremoto. El departamento registró 13 muertos, 310 heridos y casi 44.000 afectados. La vasta extensión del territorio, la escasez de rutas y la falta de profesionales especializados han dificultado las tareas de estimación de daños, que apenas alcanzan un 50 %. Hasta ahora se han contabilizado más de 3.000 viviendas destruidas y casi 20.000 averiadas, además de 267 instituciones educativas afectadas. Para la gobernadora, es urgente pasar a la fase de reconstrucción. “Es urgente reconstruir las escuelas del Chocó. Mientras que en otros lugares de Colombia se puede recurrir a la virtualidad, nosotros no podemos hacerlo. Además, en el Chocó no hay excedentes de vivienda, sino déficit. Incluso si las familias pudieran acceder a un subsidio para buscar un arrendamiento, no van a encontrar viviendas para arrendar" - Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó   A su juicio, esta situación hace "mucho más urgente" el comienzo de la fase de reconstrucción en el departamento, que presenta los indicadores de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y desempleo "más altos del país". "Realmente es una cuestión de tiempo, es una carrera contrarreloj. Hay que comenzar cuanto antes”, sentenció. Más allá de la reconstrucción, el Chocó deberá también hacer frente al histórico abandono estatal, marcado por la falta de acceso a servicios como la electricidad, la conectividad y las carreteras, que han obstaculizado una respuesta eficaz durante la emergencia.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años. El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación. "Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora. El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado.  "El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora. Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.

El devastador terremoto en Colombia dejó al descubierto un hallazgo inesperado: el sismo provocó el colapso de un muro en el cementerio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejando expuestos restos humanos. Familiares de víctimas del conflicto sospechan que las osamentas podrían corresponder a personas sepultadas ilegalmente en el lugar.  Por Raquel Villaécija y Justine Fontaine  Los familiares de desaparecidos en Colombia han pedido a las autoridades que examinen estos restos que creen pueden pertenecer a sus allegados o pueden dar pistas para localizar alguno de ellos, como explica Sandra Ubaté, que lleva años buscando a su hermano Jhon Ricardo Ubaté, desaparecido en 1995 cuando tenía 24 años; nunca han encontrado sus restos: “En ese cementerio, se cae una pared y aparece(n) dentro algunas bolsas marcadas, rotuladas, lo que da la sensación de que lo que hay allí son cuerpos que pasaron alguna vez por Medicina Legal. Así que rastrear cualquier posibilidad de disposición de restos óseos que estén expuestos sin protección, pues es un interés para cada uno de los familiares que estamos buscando a nuestros desaparecidos.” Los restos óseos hallados en el cementerio tenían otros elementos como restos de prendas, que parecen uniformes o botas de caucho. Esto les hace pensar que pueden ser personas desaparecidas durante el conflicto, como explica Deidania Perdomo, coordinadora del área de búsqueda de coordinación colectiva: “Es muy preocupante porque, ¿qué va a pasar después de del sismo?  Las familias están angustiadas, desesperadas y es lógico, entendemos la preocupación porque con esto se irá a borrar, digamos, años de historia, años de sufrimiento, años de angustia. Entonces nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con toda esta información que tenemos sobre las personas dadas por desaparecidas?”. Piden que se examine si el lugar debe ser incorporado al registro de fosas o cementerios ilegales para la búsqueda de desaparecidos y que estos restos no sean destruidos ni alterados. Sandra Ubaté: “Y hemos sido descubierto (sic) a lo largo del tiempo, que no solamente en el cementerio de Jamundi, sino que muchos cementerios, a lo largo y ancho del país, que incluso ya tienen medidas cautelares, se han dado enterramientos de manera ilegal, es decir, que las fuerzas militares y paramilitares utilizaban los cementerios como lugares para ocultar los cuerpos de los de dados de baja en combate, o para cuerpos de personas dadas por desaparecidas.” Sandra Ubaté lleva 30 años buscando a su hermano, que desapareció en circunstancias desconocidas en el Valle del Cauca. Video de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Tras el terremoto en Cali, cientos de personas siguen sin poder regresar a sus viviendas. Permanecen en albergues y refugios temporales donde reciben atención y elementos básicos, mientras esperan saber qué ocurrirá con sus casas y las ayudas. Mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de las edificaciones, otra urgencia crece en Cali: la de quienes no tienen dónde volver. Al menos siete espacios reciben a damnificados. Los principales funcionan en el Coliseo de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Verónica Soto Brecas, chilena, no puede regresar a su vivienda por el riesgo de colapso. "Nosotros somos personas damnificadas que no podemos volver a nuestras casas porque están por derrumbarse, entonces no sabemos qué hacer en realidad", cuenta a RFI. Verónica también teme abandonar el lugar donde encontró refugio y que esto pueda afectar el acceso a las ayudas. “De hecho nos querían sacar porque nos dijeron que iban a poner una ducha. Vamos a perder el beneficio que nos puede entregar el gobierno", teme. En los espacios habilitados se brinda alimentación y atención psicológica y se entregan colchonetas, almohadas, agua, leche y pañales. Otros, como Raúl Esteban Pérez, enfrentan otra dificultad: permanecer junto a sus perros. "Yo comprendo que es un momento de no exigir cosas. Nos dijeron hoy en la mañana que, si nos podíamos ir para un lugar, un albergue diferente, por los perros", explica. La experiencia no es igual para todos. María Hinestroza destaca la atención recibida. "Hemos tenido buena atención, nos han ayudado bastante, todo el tiempo están pendientes de nosotros. Nos han dado, colchonetas, agua, camas", reconoce. Mientras se evalúan las viviendas afectadas, cientos de damnificados esperan saber cuándo podrán regresar o qué ayuda recibirán. 

El gobierno de Venezuela ha pactado con la oposición una reforma del poder judicial tras una primera ronda de negociaciones, que debería avanzar hacia una transición democrática, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro. La clave está en la transformación del Tribunal de Justicia, que valido la reelección fraudulenta de Nicolas Maduro en 2024. Esta primera ronda de negociaciones se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin la participación de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y que ha dicho que no se opondrá a la reforma. Uno de los puntos clave de la reforma es el cambio en la designación de los jueces que componen el tribunal supremo de justicia, como explica Manuel Camilo González, experto en Venezuela, profesor de la Universidad Javeriana. "Ciertamente, la negociación no creo que vaya a ser muy fácil; no creo que vayan a salir a acuerdos muy rápidos porque esto supone quién va a ser el que juzgue y sancione, en caso de que exista un proceso de democratización en Venezuela, a los máximos responsables de violación de derechos humanos", estima González. "Lo que busca obviamente el Gobierno es blindarse ante el futuro. La oposición lo que busca es tener un actor democrático que pues obviamente no solamente sanee todo el sistema político venezolano -porque el tribunal ha sido muy importante para sostener a Nicolás Maduro-, sino también un sistema obviamente judicial que permita esa apertura democrática y sobre todo la que la justicia llegue a todos los ciudadanos, que sea una justicia que obviamente sea para todos".  Las conversaciones han sido auspiciadas por Estados Unidos, que jugara un papel de mediador cuando haya algún tema sensible. "Estados Unidos actúa como una especie de árbitro o de tercero moderador que lo que hace es empujar la negociación cuando esta se bloquea, y seguramente va a ser así. Estados Unidos va a hacer declaraciones, va a presionar para que efectivamente se llegue a un acuerdo para que las dos partes obviamente cumplan su rol dentro del plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos siempre ha sido tener el orden, beneficiarse y lograr la transición. Necesita a la oposición para la transición, pero también a los chavistas para mantener el orden", asegura el profesor de la Universidad Javeriana. La oposición quiere derogar leyes contra el odio o el terrorismo que permitieron encarcelar a numerosos opositores, y lograr así un saneamiento del sistema judicial. "La idea es como quitar los obstáculos, que se dé la democratización, que esa misma democratización no suponga un peligro para los que dejen el poder, que muchas veces esos tribunales cuando se reforman, usualmente sirven para hacer purgas y como has visto las purgas que han existido desde que salió Maduro. Van a colocar seguramente como chivos expiatorios en judiciales muy irrisorias como corrupción o delitos financieros a ciertos cargos del antiguo régimen, es decir, el Gobierno de Maduro como una especie de ofrenda de que efectivamente el Gobierno interino está haciendo sus digamos su tarea". Las negociaciones se producen siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero. Las partes aún no han dado fecha para la segunda ronda de conversaciones.

Los miembros de una sala de retransmisión de Discord incitaron a mutilarse y luego suicidarse a una menor de 13 años. El caso ha conmocionado a Brasil, que acusa a la compañía de no aplicar las medidas de protección acordadas en el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes aprobado en 2025.   Un verdadero espectáculo del horror. Así describió la policía el caso de la menor de 13 años de Brasil que fue incitada a mutilarse y luego suicidarse durante una retransmisión en directo de 45 minutos a través de la red social Discord. Las autoridades han detenido a cinco adolescentes y un adulto y el Gobierno ha ordenado a la plataforma suspender las retransmisiones en vivo.  Waldemar Gonçalves, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuenta que Discord se ha utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores. "La Agencia de Protección de Datos no trata casos aislados, tiene siempre como intención analizar el sistema. La plataforma debe implantar las herramientas necesarias para que esto no ocurra e interrumpir de inmediato este tipo de retransmisiones en directo. Todo lo contrario a este caso, en el que pasaron más de 2 horas y terminó con el peor final posible, que fue la muerte de la joven".  Problemas al desarrollo y adicciones En 2025, Brasil creó una ley que obligaba a las compañías de redes sociales a eliminar todos los elementos adictivos para los menores, así como la autodeclaración de edad a los menores de 18 años. Además, hoy comienza el juicio en Estados Unidos contra Meta, acusada de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción a menores.  Rodrigo Nejm, psicólogo y experto en la protección de la infancia en las redes sociales del Instituto Alana, nos explica estos efectos nocivos. "Hay evidencias por todas partes de que estos modelos de negocio implementan un diseño que aprovecha las brechas de la vulnerabilidad del desarrollo infantojuvenil. Esto es un tipo de violencia que la legislación brasileña ha incluido explícitamente dentro del Estatuto Digital de Niños y Adolescentes, el cual busca enfrentar todo lo que es diseño engañoso y mecanismos de diseño que generen un uso adictivo de plataformas". Desigualdad entre regiones Rodrigo defiende que la situación sobrepasa la capacidad de las familias para proteger a sus hijos y recalca que este problema no afecta a todos los países por igual.  "Esta legislación en Brasil demuestra que los países de América Latina podemos y debemos levantar más protecciones para nuestros niños, porque no es justo que en países de Europa, los menores tengan más protecciones en las mismas plataformas los deI sur global. Para ambos expertos, este trágico suceso deja claro que aún queda un largo camino para que las redes sociales sean algún día un espacio libre de peligros.

Las tareas de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su "fase final", concluidas las 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes. Entrada la noche, los equipos de emergencia en Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras removían pedazos de concreto con sus manos. Cuando la tierra comenzó a moverse, Patricia Monar estaba en su apartamento en un tercer piso de la ciudad de Cali. El ruido y la fuerza del terremoto la hicieron pensar que no lograría salir con vida. “Fue terrible, fue demasiado movimiento que no paraba de más y el sonido era como si estuviera abriendo un hueco y la tierra nos se estuviera tragando”. Su apartamento quedó con fisuras y todavía no sabe cuándo podrá regresar, pero Patricia salió a ayudar, pensó en las personas atrapadas y en lo que ella habría esperado que su propio edificio se hubiera venido abajo. “Y si hubiese pasado que se me derrumbara el edificio, lo que hubiese pretendido es que alguien no se cansara de sacar escombros, insistiera, quisiera llegar hasta que se me abriera una lucecita y me pudieran sacar. En eso pienso cuando veo personas que todavía están allí metidas”, dice al borde del llanto. Esa reacción se ha multiplicado por toda la ciudad. Agua, alimentos y elementos de primera necesidad no han dejado de llegar a los centros de acopio. La respuesta ha sido tan grande que algunos espacios alcanzaron su capacidad. Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de participación ciudadana de Cali, explica que tuvieron que abrir un nuevo punto para recibir las donaciones. “Ya hemos llegado a nuestra capacidad en términos físicos, por lo cual nos tocó generar un tercer punto de acopio donde está el montaje de la Ciudadela del Petronio (centro cultural) en este momento”, indicó. Pero la solidaridad también está junto a los escombros. Tiffany Rojas, auxiliar de ambulancia, ha trabajado en algunos de los puntos más golpeados y ha estado acompañando la atención de personas que han logrado ser rescatadas. “Es satisfactorio saber que todo el esfuerzo que se hizo sirvió de algo porque el minuto, los segundos todos cuentan”, explica.  La Cruz Roja también ha recibido una enorme cantidad de personas dispuestas a colaborar. Walter Ricardo Cotes, representante de la Cruz roja Colombia, dice que ahora uno de los desafíos es organizar esa solidaridad para no desbordar la capacidad de respuesta”. Describe la gente como “solidaria, amable, cariñosa y con ganas de ayudar”. Entre el miedo y el cansancio, la solidaridad se ha convertido también en otra forma de responder a esta emergencia.

En una cerrada votación, el Senado aprobó la nominación de quien fuera abogado personal del presidente Donald Trump, cercanía que genera suspicacias sobre su desempeño en el nuevo cargo. Con 50 votos a favor y 49 en contra, Todd Blanche superó el difícil proceso de confirmación del Senado para convertirse en el próximo Fiscal General de Estados Unidos.   Blanche defendió al presidente Donald Trump en tres casos penales, entre ellos el relacionado con los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels que terminó en condena.   Por lo anterior, a la doctora Estefanía Cruz Lera, experta del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no le extraña que Trump haya apoyado una figura tan cercana para ocupar este puesto, ya que además garantiza la continuidad en sus políticas, como la persecución a los grandes capos de la droga.  “Al final, el fiscal general también es la cara del gobierno en todos los casos, en todas las investigaciones de justicia que se tengan que llevar a cabo. Me parece que por ahora Donald Trump va a afianzar esta parte de perseguir a estos grandes cárteles que él ha nominado como grandes amenazas para Estados Unidos”, afirmó.  Por lo anterior, advirtió sobre un posible endurecimiento de la política de seguridad, particularmente porque le resulta más benéfico al mandatario estadounidense en términos de imagen, comparado con asuntos de política exterior.  “Creo que viene un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos en los próximos meses. Y es que le ha dado resultado, ya que mientras que por otros raseros, como sería la guerra en Irán, a Donald Trump le ha ido bastante mal, en términos de seguridad, de detener a capos, le ha sido redituable”, opinó la investigadora.  El nombramiento del nuevo fiscal generó dudas incluso al seno del partido Republicano. Aunque votó a favor, el senador John Neely Kennedy, llegó a preguntarle a Blanche si era amigo de Trump o si el presidente le había pedido alguna vez hacer algo ilegal.  Al respecto, Cruz Lera precisó que uno de los grandes cuestionamientos al nuevo fiscal general es si será capaz de tomar sus propias decisiones de manera independiente.  “Él (John Neely Kennedy) ha hecho declaraciones de que a veces el Departamento de Justicia en Estados Unidos se utiliza como cacería de brujas y que no tiene independencia,y bueno, esto con base en su experiencia hacia las investigaciones que se hicieron sobre el propio presidente durante el mandato anterior", precisó Cruz Lera.  “Entonces, parece que tienen poca confianza institucional y bueno, pues eso al final entre los senadores causa desconfianza”, apuntó la especialista.  En la misma sesión, el senador demócrata Chris Coons también cuestionó la imparcialidad de Blanche, ya que durante su periodo como subsecretario del Departamento de Justicia creó un fondo monetario para ayudar a aliados del presidente, como los acusados por el asalto al Capitolio.  “El Partido Demócrata considera que de ahora en adelante el Departamento de Justicia va a perder independencia y va a servir para los intereses o la agenda personal del presidente. Donald Trump tiende a interpretar al margen de las leyes, se basa más en interpretaciones que en hechos jurídicos, entonces consideran que ahora el Departamento de Justicia operará así”, aseveró.  Estefanía Cruz Lera recuerda que la actitud errática de Trump lo hace imprevisible, por lo que nada asegura que Blanche dure eternamente en el puesto. 

A dos días del terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, socorristas continúan sus labores sin el material adecuado. El gobierno sólo ha autorizado la entrada de ayuda económica.  Este miércoles se cumplen 48 horas del terremoto que cimbró Colombia el pasado lunes alrededor de las 7:40 mañana en la costa occidental, por lo que se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.  En medio de los escombros, una mano levantada, basta para que todos se detengan.   “Para todos los que están llegando, cuando se levante la mano es porque se está pidiendo silencio. Quédense quietos, no se muevan”, se escucha por altavoces.  El silencio permite detectar cualquier señal que pueda orientar la búsqueda, como lo relata Luis Eduardo Vélez, quien llegó como voluntario para apoyar las labores de rescate.  “Se han escuchado bullas de gente que se queja adentro. Entonces, ése es el desespero de la gente de querer ayudar, pero que lo mejor de querer ayudar es haciendo silencio”.  Luis Eduardo Vélez cuenta que junto a otros voluntarios, también ha ayudado a retirar parte del material que cubre la zona. Y han tenido la buena noticia de haber logrado el rescate de sobrevivientes en el colegio Bautista de Cali.  “Acabamos de rescatar anoche a tres niños; todavía hay niños allá, y aquí hay como unas seis o siete personas, entonces estamos bregando hacer silencio para poder escucharlos y para poder ingresar, porque tenemos solamente dos horas que nos prestaron la grúa para poder tomarnos las plaquetas más pesadas que hay”.  Mientras unos trabajan entre los escombros, otros sostienen la atención desde los centros de acopio.   Ana Cristina Martínez es una de las voluntarias que se sumó a esta labor y relata el rescate de dos personas, padre e hijo, al tiempo de hacer hincapié en la urgencia de material para que los voluntarios puedan hacer su labor.  “¿Y, qué se requiere para estos voluntarios? El apoyo de diversas empresas, personas que se unan con el fin de brindarles a ellos los elementos de protección personal adecuados, como lo son gafas y guantes. También el tema de linternas para los trabajos nocturnos que venimos desarrollando”.  Entre golpes, instrucciones y momentos en los que todos deben callar, continúan las labores de búsqueda de la movilización de voluntarios en Cali, así como de las autoridades en busca de sobrevivientes.   Saldo de víctimas La cifra preliminar de víctimas mortales es de al menos 250, según informó la agencia Reuters apoyándose en conteos oficiales locales.  De acuerdo con la Asociación de Alcaldes, el número de heridos se sitúa en 1.600, así como una centena de edificios destruidos.  Además, continúa la falta de servicios básicos en varias comunidades indígenas de la región selvática del Pacífico, particularmente en el departamento del Chocó donde se localizó el epicentro.  Polémica sobre entrega de ayuda   Mientras la cancillería de Colombia afirma que en las próximas horas llegarán los primeros vuelos con ayuda internacional, se ha cuestionado la decisión del gobierno recién instalado de privilegiar el apoyo económico y de insumos, frente a la propuesta del envío de rescatistas como “Los Topos” de México, en horas clave para el rescate de sobrevivientes.  El propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la decisión de Bogotá:  “Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”.  En tanto, el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, urgió a que el gobierno colombiano acelere la coordinación interna que favorezca la entrega de apoyo internacional.  “Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”.  Por su parte, Christophe Moreau, presidente de la Asociación Solidarity International French Emergency, indicó que "según la información que tenemos, el gobierno está gestionando la catástrofe en general de manera adecuada y con recursos bastante considerables”. Y respecto a la ciudad de Cali, dijo tener contactos locales que le han informado que ya se "ha realizado la mayor parte del trabajo, aunque todavía quedan algunas personas bajo los escombros".   "En general, los equipos de rescate sobre el terreno están en condiciones de hacer frente al volumen del trabajo que hay que hacer con carácter de urgencia”, puntualizó.   Mientras tanto, en el Chocó la situación sigue siendo desesperante y aún no ha llegado ninguna ayuda, según informan habitantes de la zona como el maestro Irvin Cárdenas del municipio del Litoral del San Juan. "La situación es gravísima, porque nuestras viviendas han sido destruidas, la situación en el resguardo indígena es que la gente no está trabajando, se han quedado en casa, algunas familias han perdido casas. No ha llegado la alcaldía, no ha llegado la gobernación del Chocó, nadie ha llegado. No ha llegado la ayuda humanitaria, ni alimento, ni ropa y la ayuda económica tampoco. Están recogiendo información vía whatsapp, vía internet, y tampoco hay energía eléctrica". Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea movilizará dos millones de euros en ayudas para las zonas más afectadas por el que se considera el mayor terremoto ha sufrido el país sudamericano.

La estrategia de mano dura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no combate el origen del problema del crimen organizado, estiman analistas. Consideran que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral para evitar que siguen produciéndose casos como el registrado la semana pasada. El hallazgo de ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur de Ecuador no es el primero ni el único caso que alarma sobre la violenta situación que arrastra el país en su lucha contra el crimen organizado. Para la profesora Carla Álvarez, politóloga investigadora y experta en seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado en Ecuador por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), este último macabro hallazgo responde a la pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país.  "El punto es que hay varios hallazgos ya de fosas comunes y de cuerpos calcinados con signos de tortura en zonas donde se ejerce la minería ilegal. Esto nos quiere decir que el país está vuelto en este ciclo de violencia y que lamentable estas escenas, estos hechos, estos hallazgos, se están volviendo más cotidianos", dice. La investigadora advierte sobre la instalación de una pedagogía de la violencia que se observa en diferentes áreas de la criminalidad. "Se ve que hay una pedagogía de la violencia que está siendo utilizada por la disputa territorial de estas organizaciones que compiten por los yacimientos de oro, por dominar la logística de la salida de la droga. Entonces es una pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país y este hallazgo lo muestra así". Respecto a la política de mano dura aplicada por el presidente Daniel Noboa desde que en noviembre de 2023 asumió el poder, la profesora de la FLACSO advierte que no es la solución correcta, porque no se atacan las causas y se usan de manera cotidiana medidas que deberín ser excepcionales, como el estado de excepción o un toque de queda. "La estrategia descansa en los militares, en los policías, en general en el uso de la fuerza y esto no está dando el resultado necesario, porque definitivamente el uso de la fuerza no puede reducir todas las condiciones estructurales que nos abocan y que han permitido que este estemos en estas circunstancias", aseveró Carla Álvarez. Finalmente, agregó que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral, porque si no se estarán repitiendo hechos tan espeluznantes como el acontecido el fin de semana.

Estos datos, recopilados por Naciones Unidas en Haití, muestran un nivel de violencia inédito en estos barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde la creación hace dos años de la gran coalición de pandillas conocida como "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos). En Haití, expertos de Naciones Unidas documentaron un pico de violencia en la comuna de Cité Soleil, en la capital haitiana, entre marzo y julio pasado. Rivalidades entre grupos delincuenciales que controlan más del 85% del territorio de la capital haitiana causaron al menos 600 muertes, cientos de heridos, violaciones y 18000 desplazados tan solo en Cité Soleil. Alrededor del 25 % de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas - Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la ONU en Haití Según Arnold Waye, del Departamento de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, la violencia se recrudeció con la alianza entre varios grupos criminales.  Leer tambiénHaití: Más de 2.300 personas murieron en lo que va de año por la violencia de las pandillas "Los operativos de seguridad llevaron a algunos miembros de esta coalición a reubicarse en esta zona y crear retenes para extorsionar los camiones de la zona industrial y portuaria. Obviamente las bandas criminales de la plaza reaccionaron, lo que causó una violencia intensa. Según nuestros datos, alrededor del 25% de las víctimas no tenían nada que ver con las pandillas", afirmó Waye. Castigo colectivo a las mujeres Los autores del informe reportan también 176 casos de violaciones de mujeres y niñas entre marzo y julio.  "Hemos registrado una gran cantidad de violaciones en grupo, es decir, víctimas violadas por varias personas sucesivamente. Es común registrar mucha violencia sexual, pero la proporción de violaciones colectivas no es tan importante", explica el trabajador de la ONU en Haití. Leer tambiénHaití: “Visita de solidaridad” del secretario general de la ONU a pesar de críticas contra la organización Arnold Waye confiesa que en este periodo "la gran mayoría de las mujeres y muchachas que fueron violadas padecieron este tipo de violaciones como una especie de castigo colectivo contra mujeres y muchachas que vivían en zonas controladas por bandas rivales. Cuando sufren una violación, son además estigmatizadas. Hubo como mínimo 176 casos de violaciones de mujeres. La más joven tenía unos 10 años y la mayor tenía 71 años".  Una cifra subestimada, según la ONU, porque las víctimas no pueden o temen denunciar estos actos atroces. La oficina de Naciones Unidas en Haití insta a un despliegue completo de la fuerza de represión de las pandillas en este país de 11 millones de habitantes. Se prevé que esta fuerza, bajo la égida de la ONU, contará con 5500 elementos de 18 países, incluyendo 1500 policías de Chad. La situación de pobreza y de inestabilidad política y social en el país caribeño empeoró en 2021 con el asesinato del presidente Joven Lemois y después de una década sin comicios, las autoridades prevén elecciones presidenciales en diciembre si la situación de seguridad lo permite. 

El candidato de ultraderecha propuso en primera instancia celebrar la ceremonia en unas instalaciones militares, pero el presidente saliente, Gustavo Petro, rechazó esta idea.   Tras una serie de polémicas sobre el lugar de la ceremonia, Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha trumpista, quien triunfó en la elección presidencial, asumirá su cargo en Cali y no en la capital colombiana. Una decisión que no sorprende al politólogo Andrés Dávila, de la Universidad Javeriana de Bogotá.  "De la Espriella sigue un poco la tónica que propuso en un comienzo para su Gobierno, que es romper con las formas existentes, con los lugares desde donde se gobernaba. Eso, en principio, es un símbolo de que él no es parte de la política tradicional, de que él es un outsider; aunque, la verdad, para mí no lo es tanto, teniendo en cuenta de dónde proviene y la cantidad de relaciones que ha tenido con políticos narcotraficantes y paramilitares. Pero esto es lo que él está tratando de demostrar. Su campaña fue muy diferente, más parecida a la puesta en escena de un cantante, utilizando mucho los símbolos futbolísticos, aun sabiendo lo que hacen las barras de fútbol aquí en Colombia y en América Latina", cuenta Andrés Dávila.  Un desafío a la izquierda Inicialmente, de la Espriella quería tomar posesión en un cuartel. Decisión a la que se opuso el mandatario saliente Gustavo Petro. El presidente electo optó finalmente por una investidura en Cali como símbolo de la descentralización del poder, o como acto de desafío político, según el politólogo.  Dávila considera que la elección de Cali "consiste en meterse en el territorio que es más petrista y en donde ha habido más movilización social. Recordemos que allí la movilización en 2021 fue fuertísima y es donde está el monumento de Puerto Resistencia. Yo creo que es también una manera de desafiar a la izquierda y al petrismo".  Cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua Uno de los primeros anuncios de Abelardo de la Espriella ya tras su elección fue el cierre de 14 embajadas y la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Una decisión más política que económica, opina Andrés Dávila.  "El cuento de que entonces hay que reducir las embajadas, eso ahí no produce ahorros significativos, eso no impacta en el problema fiscal. Eso es solo para mostrar cosas, y en este caso yo creo que se va a utilizar para cerrar aquellas que para la derecha resultan incómodas en una mirada de las relaciones internacionales y de la política exterior. Que es un poco provincial a mi gusto", apunta el politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Por su parte, el candidato de izquierda, Iván Zepeda, quien perdió la elección por menos de un punto porcentual, llamó a movilizarse en las calles para defender los avances sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

En Estados Unidos, el candidato del ala izquierda del Partido Demócrata, Abdul El-Sayed, ganó la elección primaria en Michigan y será el candidato demócrata para la elección al senado. Durante su campaña, El-Sayed se ha caracterizado por sus críticas contra la política israelí en Gaza y por su propuesta de eliminar la temida policía migratoria ICE. Para Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, la victoria de El Sayed confirma el avance de la tendencia progresista en el seno del partido. Abdul El Sayed, un médico de 41 años ganó la primaria en Michigan con un resultado ajustado. Durante su campaña, El- Sayed, respaldado por el senador Bernie Sanders, defendió un sistema de salud universal, propone eliminar la temida policía migratoria ICE, pide que Estados Unidos retire su apoyo militar a Israel y criticó a su rival demócrata Haley Stevens por haber recibido más de tres millones de dólares de una organización proisraelí para su campaña.  RFI entrevistó a Ernesto Calvo, profesor de política de la Universidad de Maryland, quien ve en esta designación de El-Sayed por los electores demócratas una victoria adicional para la izquierda del partido.  ¿Cuál es su primera impresión sobre la victoria de El-Sayed en Michigan?  Ya vimos con Zohran Mamdani en Nueva York que este grupo se ha ido fortaleciendo y este resultado en Michigan muestra lo mismo, con la diferencia importante de que Michigan es un estado muy competitivo y un candidato que está a la izquierda del Partido Demócrata no necesariamente gana en el estado. Entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla no la primaria, sino la elección general en Michigan.  ¿Piensa que las posiciones políticas de Abdul El-Zayed sobre Israel, sobre la policía migratoria de ICE, le han permitido imponerse ante su rival Haley Stevens?   Hay algunas áreas como el tema de Gaza / Israel, como el tema de salud universal, como el tema de seguridad de ICE, que son, digamos, más relevantes para este grupo. Pero en realidad, el socialismo dentro del Partido Demócrata y su sector tradicional son menos distintos de lo que uno pensaría. Lo que estamos viendo es una activación muy importante de este electorado en función del gobierno de Trump. De todos los votantes demócratas, el grupo que está a la izquierda del partido está participando más activamente en política. Entonces el triunfo no es necesariamente reflejo de que el partido ha girado a la izquierda; es posiblemente más bien un reflejo de que la izquierda del partido está más movilizada.  ¿Qué tan fuerte es él a la izquierda en el seno del Partido Demócrata?  Creo que la representación política del sector más progresista dentro de los demócratas está cerca del 30-35%, posiblemente, pero en términos de representación política eran claramente una franca minoría. Lo que estamos viendo es un poco la expansión de ese sector. Ahora, queda preguntarse si se va a transformar esto en un crecimiento electoral sostenido y si realmente va a hacer que el partido Demócrata se vuelva más progresista. 

En México, con su reforma del "derecho de las audiencias", el Gobierno quiere instaurar nuevas obligaciones para los medios audiovisuales. Pretende, por ejemplo, que se haga una distinción clara entre información, opinión y publicidad. Y prevé multas para los medios en caso de infracción a la ética periodística. La presidenta mexicana asegura que se busca de que no haya mentiras en los medios, pero los detractores de esta reforma denuncian un intento de censura. El Gobierno mexicano quiere mejorar el llamado derecho de las audiencias de medios televisivos y radiales del país. El proyecto de lineamientos de la Ley de Medios prevé, por ejemplo, que los medios de comunicación tendrán que elaborar un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias que atienda las quejas en caso de información falsa o inexacta. El Gobierno exige también que los medios distingan con claridad los contenidos de noticia y la publicidad. Si la intención de estos lineamientos es positiva, opina Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México, contiene limitaciones. "Un punto es que la manera en cómo están redactados los lineamientos para nosotros es poco clara. En el tema de información veraz, dice, por darte un ejemplo, las informaciones falsas. Me parece que la redacción no es correcta. No puedes decir "queda prohibido".  El Estado no puede prohibir cuando se trata de temas de información; la redacción tendría que ser otra: 'Los medios tendrán la obligación o deberán promover una información veraz', etcétera. Este tipo de redacciones deja ver lo que podría ser la censura", considera Flores. "En México, estamos viviendo ahora una situación complicada porque hay mucho esta tentación de querer regular, pero detrás de todo esto está la intención de querer controlar no solo la información y la sobre todo la crítica, la crítica a los gobiernos estatales, locales e incluso federal", subraya. Y en caso extremo de litigio entre un oyente o televidente y un medio de comunicación por la difusión de una noticia falsa, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Mexicana podría aplicar multas de hasta el 1% de los ingresos. Es la medida más polémica de este texto si se aplica tal cual. Sobre esta comisión, se plantea si es una entidad independiente. "En los lineamientos, se dice que la Comisión Reguladora es un órgano autónomo de telecomunicaciones, pero esto en México no existe, porque son autónomos, finalmente dependen y fueron nombrados también por la por la propia institución" observa Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en México Otros expertos en medios indican también que el objetivo de la ley es positivo, aunque el proyecto debería definir con más precisión lo que es una información falsa para evitar que esta ley se convierta en una herramienta que sirva para borrar información crítica contra el gobierno. El proceso de consulta ciudadana para el reglamento de la ley de medios incluye a especialistas y a los propios concesionarios. Se extenderá hasta el 21 de agosto y luego la versión final del documento se publicará en la gaceta oficial.

En el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, tres incendios forestales destruyeron cientos de edificios, devastaron más de 3000 hectáreas y forzaron a 65.000 personas a abandonar sus hogares. El Gobierno ha desplegado varios albergues para los desplazados, pero Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, explica que las minorías tienen miedo de acudir por miedo a posibles redadas de ICE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en el estado de Washington para responder a los incendios. Por el momento, los bomberos aún no han controlado las llamas que llegaron hasta la zona urbana. El incendio forestal, que ha arrasado al menos 700 edificios en la ciudad de Spokane en el noroeste de EE. UU., es similar al que devoró Pacific Palisades en Los Ángeles el año pasado. Las altas temperaturas y el viento llevaron las llamas desde una vegetación seca hasta la zona urbana, en este caso en tres puntos de la periferia de la segunda ciudad más grande del estado de Washington. Cerca de 65.000 personas fueron evacuadas en un incendio inusual, comenta Betsy Robertson, portavoz de la Cruz Roja en la ciudad: "El incendio llegó a tan solo 9 kilómetros de la oficina de la Cruz Roja donde me encuentro actualmente", comenta la portavoz de Cruz Roja. Esta añade que muchas casas fueron destruidas y miles de familias evacuadas. "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina, desafortunadamente, es una de las últimas en recibir ayuda". - Jesús Torres, director de Latinos en Spokane "Tenemos incendios forestales cada año en el estado de Washington, pero es inusual que las llamas lleguen a la zona urbana. Lo que pasó en Spokane es bastante único: tres incendios distintos empezaron en un día de condiciones meteorológicas muy peligrosas", resalta Robertson. Y mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales, en el centro de convenciones de Spokane, otros, como los latinos, se organizan de otra manera, por temor a las redadas de la policía migratoria. Así lo afirma Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, una organización comunitaria. Leer tambiénEl mayor incendio forestal del año en California arrasa más de 28.300 hectáreas Torres cuenta que la calidad del aire, lleno de ceniza, dificulta la respiración: "La mayoría de gente anda con mascarilla y, desafortunadamente, mucha gente ha tenido que irse a los albergues de emergencia". "Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina desafortunadamente es una de las últimas en recibir ayuda", dice el director de Latinos en Spokane. Este añade: "Las comunidades minoritarias muchas veces son olvidadas o no recurrimos a esa ayuda por el temor que tiene mucha gente de cómo ha estado la situación aquí en Estados Unidos con la migración por culpa de las redadas de ICE, así que la gente prefiere venir a las organizaciones donde se sienten bienvenidos, donde se sienten a gusto con gente que es como ellos, en vez de ir a los servicios gubernamentales". En Spokane, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años. Se le acusa de haber causado uno de los tres incendios forestales que rodean la ciudad.

El pasado fin de semana la Universidad más grande de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaba que se aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrían ingresar a nivel licenciatura, después de que se detectaron irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio pasado, cuando la institución instauró por primera vez esta prueba de manera virtual. Las protestas por parte de estudiantes que exigían que el examen de ingreso a la UNAM 2026 fuese repetido de manera presencial han tenido sus frutos. Después de que se denunciaran posibles irregularidades y un supuesto uso masivo de herramientas para hacer trampa durante la aplicación en línea, la institución se ha pronunciado con el anuncio de una nueva prueba presencial que solo se harán a una parte (al rededor de 58 000 aspirantes) de las 158 000 personas que busca un lugar en la Universidad. Las autoridades de la UNAM recibieron informaciones sobre actos irregulares gracias a “los mecanismos de control que se habían establecido para el examen en línea”, explicó a RFI Soledad Funes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e integrante de la comisión técnica que se formó para la revisión de los exámenes de admisión. La investigadora precisó que, según los resultados de 2026, sí se identificó un grupo de aspirantes que se comportaron de manera “anómala” y otra “regular” en comparación con las cifras de años anteriores. No obstante, puede haber casos en los que el mecanismo de control no detectó irregularidades. Para resolver este problema respetando el calendario de inicio de clases, que ya fue aplazado para el 31 de agosto, la comisión recomendó que repitiera el examen de admisión “un grupo acotado de personas, porque si considerábamos el universo completo no se podría reorganizar de aquí a unas cuantas semanas”, explicó. La IA en la educación Lo que está claro es que lo ocurrido en la UNAM nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación frente a las nuevas tecnologías como la IA.  ¿Qué tiene que cambiar la educación tras el auge de la IA? ¿Debería haber algún tipo de regulación frente a la IA en la educación? Funes considera que lo sucedido en la UNAM sobrepasó todos los escenarios previstos y por lo cual la sociedad debe reflexionar profundamente “qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías”. “¿Cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías potencien nuestras capacidades y no nos suplanten? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes salgan con una formación crítica, ética, responsable para construir el planeta que queremos en el futuro?”, cuestionó. El examen bajo sospecha de la UNAM ocurre después de que en la India miles de jóvenes estudiantes pusieran contra las cuerdas al poderoso gobierno de Narendra Modi tras denunciar irregularidades en los exámenes de ingreso a las universidades. Una tendencia que se repite desde la última década tras los casos detectados en países como Argentina, Perú, Corea del Sur o Argelia donde también se presentaron casos de repetición o anulación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades.

Una semana después de su vuelta al país, el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández declarará ante la justicia de Honduras. Está acusado por la Fiscalía de fraude y lavado de activos. Decenas de casas, empresas y vehículos han sido incautados por el Estado en este proceso. ¿Logrará la justicia hondureña procesar a su expresidente después de la anulación de su condena por narcotráfico en Estados Unidos?  En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Angie Colindres corre de una reunión a otra. Se prepara para una audiencia atípica. La primera declaración de su cliente, Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. “El expresidente, desde el día uno que salió, dijo "quiero regresar a mi país". Le avisamos, presidente, tenemos este tema. El respondió “Voy a enfrentarme a la justicia. Confío en los sistemas de justicia de Honduras”. Y efectivamente no existe justicia selectiva”, asegura Colindres. Juan Orlando Hernández habría participado en el desvío de más de 3 millones de dólares para campañas políticas. Su defensa busca recuperar 130 casas, empresas, cuentas bancarias y vehículos incautados por la justicia hondureña. Kelvin Oliva, representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados señala que “el sistema de justicia estadounidense lo declaró inocente de sus cargos. Él puede venir a su país y tratar de defenderse legalmente como cualquier hondureño tiene derecho, ¿verdad?”, sostiene. Un fiscal que investigó el caso de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández se escandaliza de la postura de algunos funcionarios y medios de comunicación. Habla con RFI en condición de anonimato. “Manejan como que él es inocente, que fue absuelto en Estados Unidos y todos sabemos que no fue así, que lo que se hizo fue que se le aplicó un indulto, lo cual no lo declara inocente, sino que simplemente fue un perdón que se le concedió el presidente Trump”, recuerda. El fiscal no tiene mucha esperanza de que el caso de fraude llegue a una condena. “La justicia hondureña no está preparada para poder juzgar a ningún político de alto perfil. De hecho, todos los casos de alto perfil que se presentaron con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción están archivados en la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal es que él va a ser sobreseído en esa audiencia porque el hecho de enviarlo a un juicio oral y público significaría exponer toda la red de corrupción de la cual formaba parte”, opina. A pesar de las promesas del gobierno pasado, nunca concretó con la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Este juicio es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país. Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla. Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion. La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó. "Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow. Casos concretos  Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración. Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones. “Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad' donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez. La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto. Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”. La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista. El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos. “El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”. El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia. Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.

Cuba abre varios sectores de su economía a los capitales privados:   gasolineras, farmacias, hogares de ancianos e importadoras de vehículos podrán aceptar ahora dinero de inversionistas privados, un giro importante en la historia económica del país. El Parlamento cubano ha dado luz verde a un paquete de reformas para fomentar la apertura económica. Sin embargo, expertos debaten si estas medidas son suficientes o si representan simples "parches" ante una crisis estructural agravada por las sanciones de EE. UU. En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno. Para Ricardo Torres, economista de Horizonte Cubano, estas medidas representan un giro necesario. Torres destaca la eliminación de restricciones en actividades profesionales y técnicas, así como los incentivos en el sector energético. "Es un cambio importante y positivo que elimina trabas innecesarias para el desarrollo del país", afirma el experto, subrayando que cualquier avance en materia de energía es vital en el contexto actual. No obstante, Torres señala un obstáculo crítico: la falta de capital. A pesar de la resiliencia y creatividad del sector privado doméstico, la movilización de recursos a gran escala sigue siendo una tarea casi imposible debido a las limitaciones financieras internas y externas. ¿Reformas reales o medidas desesperadas? Desde una perspectiva más escéptica, Jorge Duany, académico de la Universidad de Florida, considera que estas reformas son un "esfuerzo desesperado". Según Duany, las medidas no atacan el núcleo del problema: el modelo de planificación centralizada. "No se introducen cambios sustanciales al modelo económico", advierte Duany. El académico sostiene que, sin un estado de derecho sólido y una reforma estructural profunda, estas medidas se quedan en simples "parches" que difícilmente podrán contener la debacle económica. El factor externo: Sanciones y presión política El clima de inversión se ve enturbiado por la política de "máxima presión" de la administración de Donald Trump. El incremento de las sanciones estadounidenses y el bloqueo energético han generado una gran inseguridad jurídica, ahuyentando a inversores extranjeros. Empresas de sectores estratégicos como el turismo y la minería —muchas de ellas con capital español— se han visto obligadas a abandonar la isla o han visto dificultadas sus operaciones. Esta presión externa, sumada a las deficiencias estructurales del país, mantiene a la economía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde del colapso.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió este martes el mando del país prometiendo mano dura contra la delincuencia. Con la seguridad como uno de los grandes desafíos de su mandato, en su primer discurso anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal. Era una de sus promesas cuando ganó las elecciones, luchar contra la ola de criminalidad que vive el país, la peor desde el año 2000. Los homicidios pasaron de 1 000 en 2018 a 2 600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3 200 a 26 500, un problema que aumentó en tiempos de la última crisis política y que la experta en seguridad ciudadana, Cecilia Caparachin, considera uno de los crímenes que más preocupa a la población. “Es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política, o a partir del 2021-2022, empiezan a subir los indicadores de extorsión. Y a medida que pasan los años crece esta dinámica delictiva: las extorsiones, los homicidios, el sicariato. Es ahora un problema en el día a día de los peruanos”, lamentó. Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década. En su discurso de investidura anunció que “durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno” hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos”. Violencia y crisis política  Uno de los retos es luchar contra la grave inestabilidad política y el crimen organizado. Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes,la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave. Caparachin encuentra una correlación entre crisis política y violencia y por lo cual considera que uno de los primeros pasos que debe dar el gobierno entrante sería el de darle legitimidad a las fuerzas policiacas en su combate contra los grupos criminales.  “Es indispensable que las entidades del Estado sean  llamadas a volver a tener legitimidad en el cumplimiento de las normas porque en los últimos años se han visto escándalos de corrupción”. "Esta legitimidad en cuanto al cumplimiento de las normas es una tarea pendiente de las instituciones del Estado, porque como puede un gobierno exigir  un respeto a las normas si desde el propio desde las propias entidades no lo hacen. Entonces yo creo que ese es un primer punto que se debe adoptar: lucha contra la corrupción vinculado a la lucha contra la criminalidad”, destacó.  Con Keiko Fujimori, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los partidos tradicionales ARENA y FMLN presentan a Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre, respectivamente, como sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, en las que se verán las caras con el favorito para ganar, Nayib Bukele. El Salvador empieza a definir el escenario para las próximas elecciones presidenciales de 2027. Mientras Nayib Bukele busca un tercer mandato, autorizado tras las reformas impulsadas, los dos partidos tradicionales han presentado a sus candidatos: Mayteé Iraheta por la derecha de ARENA y Rafael Aguirre por la izquierda FMLN. La incógnita es si estas candidaturas representan una alternativa real frente a un presidente que mantiene supuestos altos niveles de popularidad y un amplio control institucional. "El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley" - Eric Lemus, analista político salvadoreño Eric Lemus, analista político salvadoreño en el exilio, nos responde: "Por un lado, hay que apostar por un rostro femenino que conecte con la televisión y que tal vez pueda tener un rédito, y por el otro se está apostando por la figura clásica del sindicalismo, que fue muy beligerante en los años 80". Lemus añade: "Me parece que son dos salvavidas naturales a los que, por un lado, apuesta la ex derecha radical y, por otro lado, la izquierda, que obviamente han tenido sus momentos de gobierno y les ha sentado muy mal". ¿Oposición real u opoficción? La designación busca renovar la imagen de dos partidos que durante décadas dominaron la política salvadoreña, pero que hoy llegan debilitados, aunque para Lemus, más que frágiles, se trata de una opoficción.  Leer tambiénDenuncian cientos de muertes y miles de arrestos arbitrarios en las cárceles de Bukele "El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley". Más allá de los nombres, los analistas coinciden en que el desafío para la oposición no es únicamente electoral; deberán competir contra una narrativa perfectamente trazada.   Leer tambiénEl Salvador: Ruth López, abogada y crítica de Bukele, cumple un año encarcelada sin juicio "Él mismo se autodenominó un dictador cool, ¿verdad? Es decir, alguien que es autoritario, que pasa por encima de toda la ley, pero que cumple con las formas que demanda la ley", explica el analista. Lemus argumenta que hay que hacer "notar que el código electoral ha sido pisoteado, que el Tribunal Supremo Electoral, que antes tenía representatividad, pues ahora está cooptado también por el Partido Nuevas Ideas y personas afines". A siete meses de las elecciones, la oposición tiene como reto convencer a un electorado que, según las encuestas, sigue respaldando mayoritariamente el modelo de seguridad y el liderazgo de Nayib Bukele.

El pasado viernes 24 de julio debía finalizar el fin del llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal del que gozan los haitianos en Estados Unidos desde el terremoto de 2010. Su revocacion, ordenada por Donald Trump para Haití y tambien para una decena de paises, deja a mas de 300 mil haitianos en el limbo. Este Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos de paises afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir o trabajar en Estados Unidos. Haití goza de este estatus desde 2010, tras el devastador seísmo que sacudió la isla. A finales de junio, la Corte Suprema del país autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar este permiso, lo que dejará a su suerte a 330.000 haitianos como explica Paul Christian Nanphy, de la red Acción Familiar. "Estamos viviendo un momento muy crítico ya que creemos en la reflexión de las causas de migración, el por qué la gente sale de países como Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros muchos más. Actualmente, deportar a cualquier persona a Haití, El Salvador o Venezuela es forzarla a arriesgar su vida", afirma Christian Nanphy. Estos haitianos podrian ser deportados en cualquier momento,  cuando la violencia de las pandillas persiste en el pais. Los grupos armados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital, y se expanden a otras zonas. El miembro de Acción Familiar asevera que simplemente las imágenes de la vida cotidiana de las personas en Haití son prueba suficiente del riesgo que vive la población en el país caribeño. "Cualquier deportación pone su vida en riesgo, ya que los grupos armados saben quién viene y de dónde viene, lo que la convierte en potencial víctima de secuestro", pone de ejemplo Christian Nanphy como uno de los peligros para los posibles haitianos expulsados de Estados Unidos. La revocacion de este estatus tambien afecta a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Siria y otra decena de países. Christian Nanphy considera "preciso y necesario encontrar una solución para las personas que ya están aquí (EE.UU) trabajando y pagando impuestos legalmente puedan seguir viviendo y contribuyendo a la economía estadounidense".  La situacion en Haiti es muy critica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios,en Haití, 5,7 millones de personas —casi la mitad de la población— padecen hambre aguda.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran. Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”. Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció. Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre. “Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente.  Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros. En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de la megarreforma legislativa del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que busca cambiar el rumbo económico del país. El proyecto, que incluye beneficios fiscales para las empresas e inversores, es criticado por la oposición, que cree que reducirá los ingresos destinados a fines sociales. El paquete económico aprobado contempla varias medidas que buscan atraer la inversión al país, como una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto a las grandes empresas. También se eliminan barreras a estos inversores. Supone un cambio con respecto a la política económica de los últimos años. “Recuperar el ritmo de crecimiento” “En los últimos 15 años de Chile, el crecimiento ha sido muy distante al que tuvo desde el retorno a la democracia y los primeros 15 años, de crecer a niveles del 5% o 6% a niveles en torno al 1,8% o 1,9%, como fue con el presidente Gabriel Boric. Y eso genera una serie de condiciones económicas que no son las deseables: bajo crecimiento, menos empleo”. Chile enfrenta hoy, además, una crisis de desempleo con tasas que están en torno al 10%”, nos explica Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile. Según él, “el objetivo de este proyecto es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile conoció antes de la última reforma tributaria del 2014, que fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet”. La oposición recurre al Tribunal Constitucional La oposición critica que el proyecto favorece a los ricos, y como el Estado ingresará menos por la bajada de estos impuestos, habrá menos dinero para ayudas sociales. “Es lo que ustedes están promoviendo: llenarle los bolsillos a quienes hoy más tienen y quitarle la posibilidad del acceso a la salud, a la educación o incluso a pensiones dignas a quienes hoy más lo necesitan. Y espero que la mayoría, que quienes dicen defender a la clase media y a la gente, se pongan del lado de la gente y no de este gobierno anti trabajadores y trabajadoras”, denunció la legisladora opositora Emilia Schneider. La oposición ha anunciado que recurrirá a algunos artículos al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la aprobación. “Los plazos del Tribunal Constitucional son bastante inciertos porque es un tribunal autónomo, que tiene otras materias que también revisa. Yo me imagino que por un tema político van a tratar de darle un poquito de celeridad para generar más certeza y despejar rápidamente el tema. Pero yo no creo que antes de un par de semanas, el Tribunal Constitucional pueda revisar los requerimientos. Yo creo que con certeza en un mes debe de estar despejado, pero no antes de eso”, subraya Rodrigo Arellano. El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a las empresas. El Gobierno de Kast se ha visto obligado a revisar su previsión de crecimiento del 4% al 3,5% en 2030, cuando finalice su mandato.

La organización Human Rights Watch publicó un informe en el que acusa a Estados Unidos de atacar lanchas en las costas de Ecuador; con la colaboración del gobierno de Noboa, con al menos ocho desaparecidos, dentro de la lucha contra el crimen organizado. La organización de derechos humanos ha documentado dos ataques en el pacífico a embarcaciones pesqueras que tuvieron lugar entre enero y marzo. Una tercera lancha desapareció con los ocho tripulantes. Algunos de los detenidos fueron torturados, denuncia Juanita Goebertus directora para las Americas de Human Rights Watch. “El informe documenta cuatro incidentes distintos, uno terrestre en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde resultó en la detención arbitraria de cuatro colombianos, que fueron además torturados por miembros del ejército ecuatoriano”, indicó agregando que también fueron golpeados, les pusieron electrochoques con agua. Según la denuncia también se les acusó de “ haber hecho intentos de una supuesta ejecución falsa, decirles que les iban a arrancar las uñas o que les iban a cortar dedos. Y luego estas cuatro personas fueron liberadas”, aseguró. La organización denuncia detenciones arbitrarias dentro de la campaña militar conjunta entre Washington y Quito para luchar contra el crimen organizado. El gobierno de Donald Trump inició los ataques contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, primero en aguas del caribe, luego en el pacífico. EE.UU. ha negado cualquier responsabilidad en los ataques.  “Básicamente estos tres incidentes siguen un mismo modus operandi, vigilancia previa de las lanchas. 13 testimonios que consistentemente narran los mismos hechos, vieron la bandera de Estados Unidos en la embarcación que los estaba siguiendo, luego ataques con drones, pero tanto Ecuador como Estados Unidos han negado tener participación en los ataques a estas embarcaciones. Sin embargo, recolectamos evidencia tan robusta, tan creíble, que creemos que lo mínimo es que es el Congreso de Estados Unidos indague de manera mucho más detallada y exija respuestas por parte de la administración Trump”. Países como Ecuador han anunciado un refuerzo de su cooperación militar con el pentágono. Goebertus subrayó que “los ciudadanos en América Latina tienen derecho a vivir libres del crimen organizado y por supuesto que tienen derecho a políticas de seguridad efectiva. Pero si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que no hay que escoger entre seguridad o derechos humanos. Este tipo de atentados pueden ser muy vistosos para vídeos en redes sociales, pero no avanzan realmente en debilitar la capacidad del crimen organizado”. Desde septiembre de 2025 se han producido al menos 50 ataques en el pacífico y el caribe; con un saldo de al menos 215 muertos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, suspende las elecciones en su país para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno. Tras dos meses sin aparecer en público, Ortega, de 80 años, anunció esta prohibición en su discurso por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua. “No volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones”, dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, liquidando la posibilidad de celebrar los comicios previstos para noviembre de 2027, atrasados tras la reforma constitucional que alargaba el mandato presidencial de 5 a 6 años. En su discurso, Ortega aseveró que “los partidos puestos por los yanquis no volverán a llegar al gobierno jamás”, refiriéndose a la opocisión. Para Salvador Marenco, opositor en el exilio y director de la organización "Nicaragua Nunca Más", esto es prueba del debilitamiento del régimen consolidado desde 2007. “El momento político realmente no le favorece, no sabríamos las razones por las cuales lo hizo, porque hay una vigilancia mayor por parte de la comunidad internacional sobre Nicaragua, pero principalmente también el régimen está cada vez más solo. Hace poco acababa de romper relaciones diplomáticas con Italia, por ejemplo, siendo el sexto o séptimo estado con quien suspende o rompe relaciones en los últimos años y cada vez se encuentra más aislado a nivel internacional”, indicó. Durante sus dos décadas en el poder, tanto Ortega, como su mujer, Rosario Murillo, que en 2025 pasó de vicepresidenta a copresidenta, han gobernado con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense. De hecho, Marenco señaló que “disidencia dentro del frente sobre esta medida no va a haber. Porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen cooptados todos los poderes de Estado y todas las instituciones estatales, incluso del año 2012, a partir de la crisis de abril de 2018, en donde asesinaron y han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha venido es agravando una situación preexistente, un control total y absoluto sobre todo, aseguró”. Dicha represión aumentó considerablemente tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Además, la oposición en el exilio asegura que Ortega y Murillo llevan años purgando las instituciones del Estado. “Esta purga ya viene desde el año 2021, cuando se comienza a atacar al Poder Judicial. Se ha hecho una barrida en todas las instituciones del Estado y con las figuras históricas del frente sandinista también. Está purga o esta persecución constante busca alinear una sumisión total a Rosario Murillo porque está consciente que ella tendría que seguir a cargo de la dictadura como efectivamente ya lo está, aunque Daniel Ortega siga siendo el mito, el símbolo de esa revolución fallecida”, señaló el opositor. Marenco anima a la oposición y la comunidad internacional a resistir, ya que para él esta suspensión de elecciones no es más que una prueba de la fragilidad actual del régimen.

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición.  Celia Pousset, desde El Salvador  En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional. Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia.  “Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país. “Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”. Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial.  “Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”. Control social Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social. “Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz. Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo. Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron. Leer tambiénEl Salvador opta por un juicio masivo contra las pandillas “Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.” Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad». El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.

El tema del aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso, que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar, ha reabierto el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres. "Escucha su corazón": así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena (seis diputados en total, cinco de extrema derecha y uno de la derecha tradicional) ha presentado recientemente en el Congreso. Propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, y si la mujer decide no hacerlo, el procedimiento no se realiza. Una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate, tanto dentro como fuera del país. “Desprecio enorme por las mujeres” Desde 2017, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres. “En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, Jaime Guzmán, planteaba que la mujer si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado”, explica Gonzalo Rubio, ginecólogo chileno. Además, agrega, “la ley también es bastante restringida: es una ley en donde los médicos siempre tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos”. El especialista subraya que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público: “Donde más se concentra el aborto por violación, es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida -estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o la ausencia de riñones- o el riesgo de vida de la madre son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultra derecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas y e incluso generar culpa”. Mercado negro Gonzalo Rubio fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile. Un hecho que lo puso en la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar del aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos. “El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros”, concluye. Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta.  El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum. ¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal". Leer tambiénEstados Unidos: Suspensión de los controles de carretera de ICE tras dos muertes por disparos Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta" Leer tambiénPetro denuncia el "asesinato" de un colombiano a manos del ICE en EEUU "Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández.  Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.

Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país. "El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia", explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. "Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia", agrega.  "El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año", dice Daza. El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país. "Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos", dice.  "Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este". Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Casi ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos, la justicia argentina dictó sentencia el miércoles 8 de julio sobre las causas del naufragio. El juicio dio una condena de tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos. La desaparición de la nave que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hacia la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los casos que más ha conmocionado al país en la última década. En 2026, las autoridades realizaron un juicio oral que duró poco más de cuatro meses para dictaminar quiénes eran los responsables del naufragio del submarino que fue localizado  un año después en el Golfo de San Jorge. Lo encontraron a unos 500 kilómetros de la costa patagónica y a más de 900 metros de profundidad. El fallo condenó a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes públicos. Fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa. La sentencia no convence a los familiares porque es “bastante contradictoria”  para lo que se estipula en las acusaciones, dijo a RFI Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas. Según él, los tres años sin prisión efectiva es una condena “irrisoria” frente a los cargos que enfrentó Villamide: además de ser responsable de “estrago culposo, que vendría a ser el hundimiento”, y que sería “agravado por la muerte de 44 personas”, tenía la “responsabilidad extra de cuidar a sus subordinados y las normativas de la institución”, explicó. En espera de justicia Luís, como otros familiares, insiste en que la única manera de hacer justicia es saber qué pasó aquel día bajo las aguas del Atlántico, puesto que a día de hoy, todavía existen múltiples incógnitas sobre la causa del accidente durante la misión de patrullaje del ARA San Juan. En el primer año “todo fue muy intenso", recordó. “Especulamos con encontrarlos con vida. Después por lo menos encontrar los restos del submarino. Cuando al final encontramos el resto del submarino esperábamos, y después pedimos y después exigimos, que se haga lo que se hace en cualquier investigación: hacer las pericias técnicas necesarias para tratar de saber qué es lo que ocurrió”, pero no se hizo por lo que decidieron llevar el caso ante los tribunales. Las autoridades hablan de accidente, mientras que la fiscalía sostiene que se trata de una “tragedia previsible”, ante fallas críticas de mantenimiento.  A pesar de las condenas, el tribunal todavía no ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que se conocerán a finales de agosto y será entonces cuando las familias confían en encontrar respuestas que les acerquen, al menos un poco más, a la justicia que llevan años reclamando.

Este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, una movilización sin precedentes que terminó con miles de detenciones y centenares de condenas. Cinco años después, ONG y organismos de derechos humanos aseguran que cientos de personas continúan encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones. Entrevista con Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en Cuba. Miles de personas salieron a las calles para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en la mayor ola de protestas registrada en la isla desde 1959. La respuesta de las autoridades fue una amplia operación policial que derivó en miles de detenciones y centenares de condenas. Algunos de los manifestantes siguen hoy, cinco años después, tras las rejas. "Todavía hay al menos 300 personas presas cumpliendo condenas relacionadas con el 11 de julio", explica a RFI Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. "De las más de mil personas que fueron efectivamente procesadas, siguen encarceladas aquellas que recibieron las condenas más largas. Uno de los legados del 11 de julio fue precisamente el uso del derecho penal por parte del Estado de una manera bastante discrecional y ejemplarizante. Se impusieron penas muy elevadas a algunos manifestantes. Lamentablemente, permanecen en prisión personas condenadas a las penas más altas, que en algunos casos superan los 20 años. Fueron condenadas por delitos como sabotaje o sedición, los cargos más graves utilizados en estos procesos", añade. Las protestas disminuyeron en Cuba durante el año siguiente, en un contexto marcado por la represión. "En 2022 prácticamente no hubo protestas debido al efecto inhibidor de los miles de detenidos, los juicios constantes y los programas de televisión que recordaban las penas y las condenas. También mucha gente estaba saliendo del país, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a partir de entonces vuelve a crecer la protesta y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Evidentemente, a mayor contestación social, mayor represión", señala Cilanno. Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el perfil de los detenidos ha cambiado y cada vez es más frecuente encontrar entre ellos a jóvenes que se expresan a través de las redes sociales. "El perfil de estos jóvenes creadores de contenido e influencers es una novedad entre las personas encarceladas por razones políticas. Ya no se trata del opositor o del disidente tradicional. Son jóvenes que generan contenido y que, al analizar su actividad, muestran cómo se involucran progresivamente en otros temas, como la denuncia y la exigencia de derechos", afirma. Cinco años después, el eco del 11J sigue presente, mientras miles de cubanos luchan a diario por sobrevivir en una isla marcada por la escasez. La ONG Prisoners Defenders denunció recientemente un nuevo récord de represión, con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización.