Noticias de América

En Colombia se despliega estos días la misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El equipo europeo velará por que la campaña pueda hacerse en las mejores condiciones, en medio de una ola de violencia por parte de grupos armados que tratan de influir en el proceso electoral. En las últimas semanas, los grupos armados colombianos han desatado una campaña de terror con ataques, en los que han muerto una veintena de personas, entre ellas civiles, líderes locales o periodistas, según denuncia la Misión de Observadores electorales de la Unión Europea en Colombia.  Esta extorsión es una forma de ejercer el control territorial de cara a las elecciones, sobre todo en las zonas rurales y poco pobladas del país, como explica José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión. “Por desgracia, la violencia está presente en las elecciones colombianas desde hace décadas. No es un fenómeno de este proceso, ni del anterior. En este sentido, es indudable que tiene un impacto porque en algunas zonas del país hay una multiplicidad de grupos armados de distinto origen, de distinta genealogía y que básicamente están centrados en la explotación de tráficos ilegales, la droga, la extorsión, la minería ilegal del oro y ejercen control territorial en las zonas rurales y eso impacta en las elecciones”, denuncia Gabriel. No solo tratan de influir en la libertad de voto de la población, sino que se impide a los candidatos hacer campaña libremente en las zonas más aisladas. “Todos los ámbitos del espectro político, de izquierda y derecha, han denunciado que en algunos lugares no han tenido acceso a las comunidades para hacer campaña,” explica el jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE. La violencia impacta en todos los ámbitos, sobre todo en las zonas donde están presentes estos grupos, que ahora utilizan drones comerciales cargados de explosivos y operados a control remoto. “Es un problema que desborda el ámbito electoral y que está basado, evidentemente, en unas economías ilegales enormes y la permanencia de grupos armados que han transformado su sentido, ahora sólo se dedican a los tráficos ilícitos”, afirma Gabriel. El presidente, Gustavo Petro, intentó sin éxito negociar con los guerrilleros disidentes de las FARC, que han fortalecido sus filas en los últimos años. Iván Cepeda, su discípulo, parte favorito en las encuestas.

Las autoridades de Venezuela exhumaron esta semana el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que fue detenido hace más de un año y murió el pasado julio, pero cuyo fallecimiento lo han reconocido ahora las autoridades, tras meses de silencio oficial. Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Stefania Migliorini, abogada de la ONG Foro penal, que la ha acompañado en este proceso. “Ella tenía más de un año buscando a su hijo y siempre tenía la esperanza de poder volver a verlo, decía que estaba muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Recorrió muchos centros policiales y penitenciarios sobre todo en Caracas, también fue al ministerio de Asuntos Penitenciarios donde allí tampoco le dieron respuesta acerca de su paradero”, apunta la abogada. Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y muerte. La exhumación fue ordenada por la fiscalía. El ministerio penitenciario admitió que Víctor Hugo murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al Hospital de Caracas. “Nosotros no entendemos por qué tardaron tanto en darle una respuesta a Carmen, una señora de 82 años que estaba agotada”, dice a RFI Stefania Migliorini Es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. “El fiscal general realizó un comunicado donde informaba de la apertura de una investigación y la exhumación de sus restos para verificar que sea él. Se tiene que hacer justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo”, reclama la abogada. Desde 2014 ha muerto 19 presos políticos bajo custodia del estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.

El presidente brasileño Lula da Silva se reunió ayer con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: un encuentro de dos horas que incluyó un almuerzo, del que ambos se mostraron satisfechos. Los mandatarios han tenido una relación irregular, pero más allá de las diferencias ideológicas, ambos países tienen importantes intereses comerciales en juego. La reunión entre Lula y Trump estaba prevista a principios de año, pero se pospuso tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los dos han tenido una relación de altibajos. Entre los temas a tratar, además de las tasas arancelarias, estaba el interés de Estados Unidos en los yacimientos de tierras raras de Brasil. Leonardo Paz Neves, de la Unidad de Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas, explica a RFI que “Brasil no es como los chinos u otros que tienen leyes súper restrictivas o proteccionistas de los metales críticos”. “Una compañía norteamericana, hace un mes, dos meses creo, ha comprado una compañía brasileña que hace minería de metales críticos. Entonces ya tienen empresas norteamericanas explotando minería crítica en Brasil, que ya está abierto para la competición normal, liberal”, precisa. El narcotráfico, un tema espinoso Otro de los temas críticos es el narcotráfico, puesto que Trump pretende designar a dos grupos criminales brasileños como terroristas, algo que rechaza el Gobierno de Lula. “A Brasil le gustaría hacer una cooperación con Estados Unidos para intercambiar informaciones de pandillas criminales, de narcotráfico. Los norteamericanos están intentando clasificar dos grupos muy importantes de narcotráfico aquí en Brasil, como narcoterroristas, como hizo con grupos venezolanos, colombianos. Para nosotros eso es muy malo. Entonces Brasil está intentando mostrar a Trump que vamos a hacer una ley, vamos a hacer una política muy dura contra el narcotráfico, los crímenes, pero no necesitamos que los conviertan en narcoterroristas”, comenta al respecto Leonardo Paz Neves. Lula, que está en plena campaña de reelección, señaló tras el encuentro que el presidente norteamericano no ejercerá ninguna influencia en las elecciones. Según el experto, “para Lula, lo mejor sería que todas esas cuestiones sean tratadas en un nivel técnico y a nivel de ministerios o secretarías, de instituciones públicas y no a nivel político. Los bolsonaristas quieren que todo sea contaminado, que sea una relación muy tensa: van a decir que Lula no consigue hacer nada con Estados Unidos, que no tenemos una buena relación con Estados Unidos, que no vamos a conseguir desarrollarnos o solucionar nuestros problemas. Entonces Lula quiere que los temas vayan a nivel técnico, mientras los bolsonaristas quieren contaminar y fomentar la tensión entre Brasil y Estados Unidos”.

El papa León XIV recibe este jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente Donald Trump. Esta visita a Roma y el Vaticano se lee como un intento de descongelar las frías relaciones entre la administración Trump y el sumo pontífice. León XIV fue elegido papa hace justo un año, y en lo que lleva de pontificado se ha caracterizado por el choque frontal con el Gobierno de Donald Trump. El pontífice estadounidense dijo que la amenaza de Trump de destruir Irán era inaceptable, Trump respondió que no era fan de León XIV y lo calificó de débil y terrible. Marco Rubio es católico así que la visita puede tender puentes, analiza Manuel Camilo González Vides, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá: “Los interlocutores son muy cercanos. Marco Rubio es católico y esto permitiría un acercamiento mucho más próximo, mucho más cálido, después del conflicto que se ha tenido”. “Obviamente creo que la parte difícil de la conversación puede ser hasta qué punto el Vaticano puede alinearse con las políticas de Washington. Creo que eso puede ser una línea roja que seguramente tendrán que superar ambas partes para restablecer la relación”, prosigue el especialista. ¿Posturas irreconciliables? Las posturas parecen irreconciliables también en otros puntos, puesto que el papa ha sido muy crítico con las políticas migratorias del presidente: “Creo que hay dos situaciones que están muy hiladas: una es la propia experiencia personal del papa antes de ser papa, y es que ciertamente el cardenal Prevost en ese entonces tuvo mucho contacto con comunidades indígenas, que han sufrido marginalización y violencia, y que por obvias razones se han visto obligadas a migrar. Eso lo acerca mucho a la experiencia del migrante y del acompañamiento de la Iglesia católica en este tema, que es un tema muy espinoso. Creo que se mantienen esas líneas de oposición a las políticas muy autoritarias en términos de migración que ha colocado el presidente Donald Trump”, explica asimismo el profesor de Relaciones Internacionales. Marco Rubio pidió también verse con Giorgia Meloni, aunque a Trump no le gustó que la primera ministra italiana saliera en defensa del papa tras sus ataques. “Marco Rubio va a jugar un poco a decir ‘bueno, nosotros ya hemos desistido de aniquilar toda una civilización', como dijo Trump, pero buscará tratar el entendimiento de que efectivamente lo que sucede en el estrecho de Ormuz es un asunto global, que tiene implicaciones globales, y seguramente será la línea que tratará de enfocar hacia el Papa León XIV, no tanto como líder espiritual, sino como jefe de Estado”, concluye González Vides.

Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a comienzos de la semana para exigir al gobierno la anulación de una ley que consideran lesiva para sus territorios ancestrales. La nueva normativa sería contraria a la Constitución y benéfica para los grandes propietarios, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero. Transportistas paralizaron la víspera el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles. El lunes, además, después de 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, manifestantes —en su gran mayoría indígenas amazónicos— llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. La normativa, según denuncian, afecta sus territorios ancestrales, favorece a los grandes propietarios y abre la puerta a la expansión y la concentración de la tierra. "Es una ley inconstitucional porque colisiona frontalmente con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. Si analizamos la situación en Bolivia, el gobierno es tan débil que no puede plantearse un proceso de reforma parcial de la Constitución. Si bien el Gobierno es, digamos, la expresión de la clase dominante, no tiene la suficiente legitimidad para encarar un proceso de reforma parcial. Por lo tanto, lo que ha hecho es emprender un proceso para sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley". Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley. "Durante el proceso de saneamiento, una cantidad de grandes propietarios utilizó el proceso de regularización de derechos propietarios implementado en el país para subdividir sus propiedades y, de este modo, camuflarse como pequeños propietarios. Al hacerlo, han evitado una serie de pagos que debían realizar como grandes propietarios: el costo del saneamiento, las tasas, el pago de impuestos, etc. Lo que están haciendo ahora es intentar blanquear y transparentar esta situación, pero de una manera que los libera de los compromisos y obligaciones que tienen como grandes propietarios. Estamos hablando de parcelas de 200 o 300 hectáreas en las que se cultiva soya y cuyos terrenos pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios pretenden que no se verifique la función económico-social en estas propiedades. Esto es, claramente, una cuestión de desigualdad, inequidad e injusticia en la cuestión agraria", concluye. Esta protesta campesina se suma a otras contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon este martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.

Perú volverá a contar con un Congreso bicameral tras más de tres décadas de sistema unicameral. La reforma, aprobada por el Parlamento en 2024, busca fortalecer el equilibrio de poderes y mejorar la representación política en un país marcado por una fuerte inestabilidad institucional. En los últimos 10 años, Perú ha tenido nueve presidentes, seis de ellos con mandatos interrumpidos. En las polémicas elecciones del pasado 12 de abril, cuyo conteo de votos aún continúa y en las que todavía no se sabe con certeza quién pasará al balotaje junto a la candidata Keiko Fujimori, los peruanos también eligieron a los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso. Santiago Bedoya, analista político del Centro Wiñaq, nos explica el impacto que podría tener este nuevo sistema legislativo: “Con la creación o el regreso, en todo caso, al sistema con un Senado como Cámara Alta, lo que se garantiza es establecer algunos checks y balances al sistema. Claro, todavía existe la posibilidad de esta famosa figura de la vacancia presidencial, la forma en la que se ha logrado remover del cargo a diversos presidentes desde 2016. Sin embargo, ahora, para que se dé este proceso, no solamente tiene que pasar por una cámara: luego de pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser presentada ante el Senado de la República y es el Senado que tiene que tomar el voto final al respecto, con un umbral de votos mucho más alto. Y viendo los resultados de este proceso electoral celebrado el 12 de abril, no pinta a que ni la derecha parlamentaria ni la izquierda parlamentaria pudiese llevar a cabo una medida de tal envergadura”. “Ciclo de inestabilidad” Sin embargo, existen dudas sobre las razones por las cuales los congresistas han impulsado el retorno al sistema bicameral. Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, considera que “en el caso de que gane Keiko, es más posible que exista mayor estabilidad debido a su fuerza parlamentaria, sobre todo en el Senado. Si gana Sánchez, me temo que este ciclo de inestabilidad continuará, debido a que no cuenta con una mayoría o ni siquiera con una minoría suficiente que le permita sobrevivir a una institución en ninguna cámara, ni siquiera aliándose con bancadas ideológicamente afines como Ahora Nación. Por otro lado, bancadas como Buen Gobierno y OBRAS permanecen una incógnita, por lo cual no se sabe exactamente el destino que tomarán una vez en el Congreso, debido a la variopinta composición de las bancadas”. Los nuevos senadores tendrán un papel decisivo en los procesos de vacancia presidencial: una moción iniciada por la Cámara de Diputados solo prosperaría si obtiene mayorías calificadas en ambas cámaras. Además, el Senado tendrá la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central y a otras altas autoridades.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación.  "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.''   Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro.   Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.

Este 1° de mayo entra en vigor el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de dos décadas de negociación. En Uruguay el pacto abre expectativas en sectores clave como la carne, el arroz y los lácteos. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (Montevideo) analizó para RFI los beneficios potenciales y los desafíos que plantea este acuerdo histórico para ese país. El acuerdo UE‑Mercosur eliminará o reducirá gradualmente los aranceles para la gran mayoría de los productos de ambos bloques: el 95% de los bienes del Mercosur y el 91% de la Unión Europea, en un plazo de entre 12 y 15 años. El sector automotriz queda fuera de este cronograma y tendrá un período de desgravación de hasta 30 años. En el caso específico de Uruguay, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, señala que las exportaciones al bloque europeo están concentradas “en pocos productos, entre otros, la pasta de celulosa”, lo que explica que las oportunidades se focalicen en sectores muy concretos. “Uruguay tiene beneficios concretos en la carne, que es donde más paga aranceles para ingresar a la Unión Europea. También va a tener beneficios en el arroz, la miel, los productos de madera, los lácteos —en este último hay beneficios y competencias—, en los cítricos y en muchos otros alimentos procesados”, explicó el especialista. Los beneficios no se limitan a las exportaciones. Según Bartesaghi, también hay impactos del lado de las importaciones. “Para algunas de ellas van a bajar los aranceles, lo que permite que el consumidor se vea beneficiado. Y, por supuesto, no hay que descartar el potencial que estos acuerdos tienen en aspectos más dinámicos del comercio internacional, como la posibilidad de captar inversiones o de mejorar el entorno de negocios a partir del cumplimiento de las normas que impone la Unión Europea, de altos estándares, así como también el comercio de servicios”. La entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur —Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay— y los 27 Estados miembros de la Unión Europea coincide con el Día del Trabajo. Consultado sobre el impacto en el empleo, Bartesaghi señaló que las proyecciones para Uruguay son positivas. “Las estimaciones indican que el crecimiento del producto puede ser, una vez plenamente implementado el acuerdo, de casi dos puntos. Hay crecimiento del empleo e incluso una proyección de baja de la pobreza. Los estudios son favorables para todos los países del Mercosur. Algunos ganan más, otros ganan menos. Estas proyecciones son difíciles de cumplir al 100%, porque dependen de cómo implemente el acuerdo cada país y de qué haga en términos de política pública para potenciar sus beneficios. Un comercio internacional más libre ofrece más oportunidades a las empresas y a los operadores de negocios, y eso tiene, sin lugar a dudas, repercusiones en la generación de empleo, algo muy positivo en países que aún están en proceso de desarrollo”. El acuerdo de asociación, negociado durante más de 25 años y concluido en enero, entra en vigor de forma provisional. Su implementación definitiva todavía depende de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine su compatibilidad con la legislación vigente.

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la alta demanda y la escasez de cupos han disparado los precios de tránsito de los buques por el Canal de Panamá, los cuales son asignados mediante un sistema de subasta. En entrevista con RFI, Yumiko Casiano, supervisora de gestión de ingresos del Canal, descarta cualquier especulación. Durante el primer semestre del año fiscal 2026 se registraron 6.288 tránsitos por el Canal de Panamá, lo que representa un aumento del 3,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior. "La capacidad diaria del Canal de Panamá oscila entre 34 y 36 tránsitos. Sin embargo, debido a la actual coyuntura, hemos tomado medidas para atender esta demanda creciente y ampliado la capacidad a entre 38 y 41 buques diarios. Eso es lo que estamos movilizando en este momento. También hay buques que arriban a aguas del Canal, pero que no tienen intención de transitar, sino que están ahí para realizar operaciones, ya sea de bunkering [suministro de combustible] o portuarias", explica Casiano. Los barcos que llegan al Canal sin haber reservado su tránsito participan en una subasta para poder cruzarlo. Esta se habilita entre siete y tres días antes de la fecha prevista y, por lo general, se ofrece un cupo por categoría de tamaño: uno para "Súper", uno para "Regular" y uno para "Neopanamax". La supervisora detalla cómo se determinan los precios. "Lo único que nosotros ponemos para la subasta es un precio base, establecido en 2024. A partir de ahí, el precio final lo determina el mercado, en función de la demanda. Las subastas que ofrecemos son de tipo 'puja y repuja': compiten varios participantes y van indicando, en múltiplos de miles, cuánto están dispuestos a pagar por un cupo de reserva". Las autoridades panameñas estudian además la posibilidad de aumentar la capacidad del Canal. "No solo se trata de recursos y remolcadores, sino también del agua. Actualmente estamos desarrollando el proyecto de Río Indio, que nos permitirá contar con suficiente agua para mantener los tránsitos y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Panamá", señala Casiano. Voceros del Canal indican que, desde el inicio de la crisis en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha incrementado el tráfico de buques tanqueros, que transportan derivados del petróleo, así como el de buques portacontenedores y graneleros [buques de carga de granos].

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

Tras la reciente muerte de dos agentes de la CIA en México, el académico Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, señala que la falta de coordinación entre las instituciones mexicanas y el impacto de la corrupción han llevado a algunos funcionarios locales a confiar más en la protección del gobierno de Estados Unidos que en la de su propio gobierno. ¿Es posible que Claudia Sheinbaum no esté al tanto de los operativos antidrogas lanzados por autoridades locales, como sugiere el reciente caso de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente de tránsito en México cuando regresaban de un operativo anti-drogas en Chihuahua? El profesor Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, no descarta que el gobierno mexicano pueda desconocer algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en colaboración con fuerzas locales mexicanas en su territorio. Según el académico, en un “Estado fallido” como el de México, “las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales, y éstas no saben lo que hacen las municipales, debido a la tremenda corrupción ‘pirañesca” [sistémica que ha capturado a políticos mexicanos”. Esta situación explica por qué la presidenta podría no estar enterada de que la gobernadora de Chihuahua colabora con autoridades estadounidenses. Buscaglia menciona que, en países en los que él ha trabajado, como Afganistán, Yemen o Pakistán, los funcionarios confiaban más en la protección de las autoridades norteamericanas que en la de sus propios gobiernos. García Luna, ejemplo emblemático de infiltración El especialista afirma que esto es lo que está ocurriendo en México. “Una gobernadora en México puede sentir que ella y su familia están más protegidas cooperando con Estados Unidos en la frontera que esperando protección del gobierno federal mexicano”. Buscaglia recuerda que el gobierno federal ha sido infiltrado por delincuencia organizada, señalando casos de senadores, diputados y ministros implicados. Un ejemplo relevante es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Sobre la muerte de los agentes de la CIA que regresaban de un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de evitar un conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá la administración mexicana eludir la confrontación con el actual gobierno estadounidense? Buscaglia sostiene que “es muy difícil que no haya conflicto”. Según él, “Trump enfrenta elecciones intermedias en noviembre, donde podría perder las mayorías republicanas en el Congreso. El mandatario necesita presentar triunfos contundentes en un contexto de fracasos en su administración: mayor inflación, tensiones con Irán y la situación en Israel. Necesita demostrar a su base electoral que controla la frontera, mostrando ejemplos claros de que es un presidente fuerte, capaz de evitar el ingreso ilegal de fentanilo, drogas y migrantes. En este escenario, y ante un Trump desesperado por mostrar logros antes de noviembre, es probable que continúen los conflictos políticos con el gobierno mexicano”. Buscaglia incluso anticipa, como primicia, que “el gobierno estadounidense planea activar causas en contra de políticos de primer nivel en México”.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril la primera conferencia internacional dedicada a la salida de los combustibles fósiles. Colombia es una de las naciones más ricas del mundo en recursos hídricos. El país produce más del 70 % de su electricidad gracias a sus represas hidroeléctricas- una realidad poco conocida, que sitúa a este país entre los campeones mundiales de la energía limpia... sin hacer mucho ruido al respecto. En un momento en que el mundo debate la salida de los combustibles fósiles, acudimos al encuentro de la energía hidráulica. RFI visitó una de las grandes represas de producción hidroeléctrica en el departamento de Antioquia para entender cómo funciona esta máquina de luz. Para llegar a esta represa, hay que atravesar túneles que fueron excavados en la montaña principal a más de 200 metros de profundidad. La represa Hidroituango es una obra colosal lanzada hace más de veinte años. Desde 2022, cuatro de sus generadores están en funcionamiento. Cuando se termine, será la represa más grande de Colombia, capaz de cubrir hasta el 30% de las necesidades energéticas del país, hacia finales de 2027 o principios de 2028. “Primero, tomamos el agua del embalse. Allí tenemos una tubería y la llevamos directamente al distribuidor de la máquina. Y esa agua debe ser evacuada nuevamente una vez utilizada. Tras haber sido turbinada, llega aquí, a este lugar que llamamos la almenara, que es el pozo final. Y luego continúa su recorrido hacia el río, explica Jorge Rodríguez, ingeniero electromecánico encargado de operaciones en la represa de Ituango. Además de la producción de energía hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene unas plantas de paneles solares. De hecho, el año pasado, por primera vez, Colombia produjo más electricidad a partir del sol que a partir del carbón, según la Unidad de Planeación Minero Energética, la UPME. Un avance histórico, pero que deberá amplificarse. Alberto Mejía Reyes dirige la producción de energía para EPM lo explica: “En Colombia tenemos una gran ventaja. Nuestra matriz de generación es aproximadamente un 80 % de fuente renovable, que es la hidroeléctrica. Pero recurrimos a la energía térmica durante los períodos de fenómenos climáticos difíciles como el del Niño. EPM hoy alcanza cerca del 30 % de la demanda del país con sus centros de generación. En este momento, según los análisis realizados por el operador del sector eléctrico, el déficit de energía firme que tendremos para los próximos años equivale aproximadamente a una planta térmica de 500 megawattos.Aunque los avances son sin precedentes, la urgencia es tal que parecen insuficientes. Más que nunca, se imponen decisiones políticas. La cumbre de Santa Marta es el nuevo desafío, para Colombia, y para el mundo.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En el marco de esta reunión en la que participan representantes de varios gobiernos y pueblos indígenas, RFI viajó a la ciudad de Maicao en donde están emergiendo granjas solares. Najet Benrabaa, enviada especial a Maicao, Colombia. La Guajira es la paradoja colombiana por excelencia: el departamento más soleado del país, uno de los más pobres, y uno de los peor abastecidos de electricidad. Durante décadas, las comunidades wayuu vivieron en la oscuridad a pocos kilómetros de un sol implacable — 300 días de insolación al año, un recurso colosal que se evaporaba sin ser aprovechado. Eso está cambiando. En Maicao, en la frontera venezolana, varias granjas solares fueron instaladas. Y en las rancherías aisladas alrededor de Riohacha, paneles solares comienzan a aparecer sobre los techos de paja de las casas wayuu — llevando por primera vez la luz eléctrica a familias que cocinaban a la luz de las velas. Oleimys Barbosa es responsable de la granja de paneles solares de la ciudad de Maicao, en el barrio Parrantial. Una granja solar que cuenta con 1.792 paneles instalados. Produce una potencia de 1.000 vatios, 1.000 megavatios, para beneficiar a 500 familias de los estratos 1 y 2. “Lo último que falta es conectar directamente a la red eléctrica de la ciudad”, explica Barbosa. Instalada por la organización Fecode con el apoyo del gobierno colombiano, esta granja solar hace parte de un programa social de acceso a la energía para las poblaciones vulnerables de Maicao. Luz Molina será una de sus beneficiarias: “Mi comunidad vive en el barrio Nueva Esperanza, compuesta por familias bastante vulnerables, y por los altos costos de la energía, en mi casa, por lo general, recibo una factura de 200.000 pesos (aproximadamente 48 euros) o más. Entonces con esta granja solar vamos a reducir un 30 % de nuestro consumo”, explica. Luz trabaja en una pequeña casa hecha de acero, como una tienda transportable. Está ubicada frente a la alcaldía, que es el centro administrativo de Maicao, lo que le permite trabajar allí todos los días ofreciendo impresiones de documentos, conexiones a internet y otros servicios. Es lo que se conoce como un punto de venta informal.Pero otras comunidades ya tienen acceso a esta energía solar. Es el caso de la comunidad Yutao del pueblo indígena Wayuu, cerca de Maicao. Viven principalmente en rancherías — casas construidas en pleno desierto, hechas frecuentemente de barro y madera. Mimi Barrios es lideresa de la comunidad: “el beneficio aquí fue algo maravilloso, porque los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas en el computador. Aquí, en la comunidad, las artesanas pueden hacer las hamacas hasta tarde en la noche”. Un nuevo gran proyecto de granja solar fue firmado a pocos kilómetros de Maicao: el proyecto Chivo Mono.

Un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, el primer macro juicio bajo la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, que tiene una particularidad: no se juzga a los detenidos por sus cargos individuales, sino que se les responsabiliza de manera colectiva, al considerarlos miembros de una empresa criminal donde todos tienen responsabilidad. Esta semana, la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macro juicio contra pandilleros. En total, serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos, 29,000 homicidios, pero hay cargos de extorsión, narcotráfico o tráfico de armas. Entre los procesados hay altos cargos y cargos intermedios, pero se juzgará a los pandilleros como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva. "Hay un claro mensaje categórico y contundente que se le envía a las estructuras de las pandillas criminales y el crimen organizado en El Salvador y es sobre la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado salvadoreño", explica a Radio Francia Internacional Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad nacional. "Las reformas al código penal y ley contra el crimen organizado buscan que la pertenencia a una pandilla criminal por sí sola sea motivo de una condena prolongada en el sistema penitenciario. Esto lo que hace es que es tratada como una corporación criminal delictiva, donde la responsabilidad no es sólo individual, sino por la pertenencia al grupo criminal.", concluye. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial, que pretende acelerar los plazos judiciales. “Si se hace caso por caso estaríamos de años en juicios. Son las mismas personas las que tomaban las decisiones, las que daban las órdenes, incluso las que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros. Ellas participaban”, declara por su parte a RFI Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en Ciencias Sociales. “De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia. Las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas”, asegura. Sin embargo, este modelo para ahorrar tiempo, despierta recelos en organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando no presenten vínculos previos con las pandillas. Antonio Palacios es uno de sus fundadores, y explica que al no revisar los casos individualmente, se puede condenar a personas que considera inocentes, como los llamados colaborades forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros. “A muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas”, dice Palacios. “La figura del colaborador tiene dos caras: está el colaborador voluntario y el colaborador forzado. Actualmente, cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si a un taxista lo coerce un pandillero para llevarlo a algún sitio y lo amenaza de muerte, lo convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país“. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.

Naciones Unidas comienza la carrera para elegir quién sucederá al portugués Antonio Guterres. Cuatro candidatos, una chilena, un argentino, una costarricense y un senegalés, comienzan el proceso que definirá a su próximo secretario o su primera secretaria general en la historia del organismo.... ¿Podría el liderazgo femenino ser el volantazo que la ONU necesita en tiempos de crisis?  Es en Nueva York donde esta semana se llevarán a cabo las primeras audiciones públicas con los cuatro candidatos que aspiran al máximo cargo diplomático del planeta. Los cuatro candidatos son la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el senegalés Macky Sall, ex presidente y primer ministro del país. Estas audiencias públicas son una etapa preliminar del proceso para designar al líder de la organización. Se someterán durante tres horas cada uno a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil. Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia. En sus 80 años, nunca ha habido una mujer al frente del organismo. Si Bachelet o Grynspan se imponen, una latinoamericana sería la primera secretaria general en la historia de la ONU. Hace 10 años, cuando fue elegido Antonio Guterres, seis hombres y siete mujeres pelearon por el cargo, entre ellas, otra latinoamericana, Susana Malcorra, excanciller argentina, ex jefa del gabinete de Ban Ki Moon y cofundadora de GWL Voices. "En 2016 había siete candidatas mujeres y seis candidatos hombres. Cuando uno analiza las candidatas que éramos, uno puede encontrar representados allí todos los perfiles a los cuales se pueden aspirar. Desde desde ex primeras ministras, como fue el caso de Helen Clark, a este ministras y ex ministras. Entre el grupo había muchas, había muchas de nosotras que aparte también teníamos una experiencia amplia en el sistema. Había algunas de nosotras que tenía experiencia en el sector privado que le agregaba otra perspectiva", dice Malcorra a RFI. "Entonces, si uno quería filtrar por un cierto criterio las candidaturas, yo diría que siempre había una candidata como mínimo que cuadraba con ese criterio y ninguna de nosotras estuvo a la altura. Entonces a mí me cuesta mucho creer, viendo la fortaleza del grupo de mujeres que nos presentamos, que no hubiera una sola mujer que pudiera este cubrir los requisitos. Yo estoy convencida de que cuando se toman las decisiones a puerta cerrada, las cuestiones de los sesgos tienen su importancia. Y creo que eso fue lo que pasó", señala Malcorra.  Malcorra analiza que, con el multilateralismo en crisis, la ONU atraviesa un momento bajo y el liderazgo femenino podría ser el volantazo que se necesita para revivir el espíritu del organismo.  "Estamos conformes que haya dos latinoaméricanas que sean candidatas y por supuesto nos gustaría ver que haya aún más. Este es un momento que pide una renovación profunda de las Naciones Unidas, que reclama un restablecimiento de la confianza en las Naciones Unidas, una energía nueva en las Naciones Unidas y a mí se me ocurren pocas cosas tan impactantes como que de repente que sea una mujer quien lidere". "Sólo pensar cuánto interés va a provocar en la prensa, cuánto interés va a provocar en la gente común, cuánto va a significar para los jóvenes y, sobre todo, las jóvenes como símbolo de que es posible. Yo creo que las mujeres traemos una perspectiva distinta en la conducción de las organizaciones, en la resolución de los problemas, a la hora de tender  puentes y encontrar ángulos distintos Me parece que eso es fundamental, sobre todo en el momento en el que está el mundo y el sistema mismo. Por eso creo que es tan importante que una mujer sea considerada y que una mujer finalmente llegue a la posición de secretaria general". El Consejo de Seguridad se reunirá a finales de julio para discutir a puertas cerradas las candidaturas.

El gobierno chileno busca restablecer relaciones con Venezuela como un paso necesario para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una promesa de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Una decisión que mezcla "realismo" y "pragmatismo", según Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile. Kast había prometido durante la campaña mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país. Un mes después, su gobierno tiende la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación. Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países fueron rotas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. ¿Por qué este intento por restablecer relaciones con Caracas? "Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela", analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile. Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba. "Este proceso está sujeto a la legislación vigente en Chile. La migración irregular es una falta, no un delito. Existe un proyecto de ley que propone transformarla en delito y, de concretarse, podría implicar una gestión diferente, por ejemplo, más expedita. Por ahora, es necesario saber quiénes son y dónde están", añade Aranda. Y si Venezuela se niega a colaborar, ¿qué alternativas tendría Chile? Para el especialista, es necesario considerar "lo ocurrido el año pasado entre Chile y Venezuela, con todos los elementos arrastrados desde 2024”. Advierte que existe un riesgo "al escalar el reclamo en todos los niveles", ya que se podrían "romper los puentes con Venezuela". "El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana", concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.

Se darán a conocer este lunes en Guatemala los seis candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General, hoy en manos de Consuelo Porras. Su eventual reelección genera una fuerte controversia: el presidente Arévalo rechaza su candidatura, mientras que Estados Unidos y la UE la han sancionado por presunta corrupción. "La OEA podría desempeñar un rol clave si el proceso se entrampara", dice Ana María Méndez Dardón, encargada para América Latina del centro de estudios WOLA (Washington). La inclusión de Consuelo Porras entre las mejor calificadas reaviva el pulso entre el Gobierno de Bernardo Arévalo, las redes de poder y la comunidad internacional. El comité de postulación le otorgó una de las calificaciones más altas del proceso —92,33 sobre 100—, lo que ha despertado interrogantes sobre la independencia y transparencia del mecanismo de selección. La analista Ana María Méndez Dardón, responsable para América Latina de la organización Washington Office on Latin America, ofrece una lectura crítica de esta aparente contradicción: "Las redes del crimen organizado, las redes de corrupción, de narcotráfico, han penetrado varias esferas del Estado. Pese a que Bernardo Arévalo llegó al poder y ha querido hacer una depuración del sistema, estas redes, que son muy sofisticadas, encuentran la forma de intervenir en procesos como éste, especialmente en la Comisión de Postulación. Esta comisión está integrada en su mayoría por personajes que son cuestionados. En teoría son académicos, pero son académicos que responden a los intereses de estas redes corruptas, de las cuales Consuelo Porras forma parte". El historial reciente añade tensión al proceso. Durante las elecciones de 2023, Porras intentó frenar la llegada al poder de Arévalo, sin éxito. Ahora, la decisión final recae precisamente en el mandatario, quien ya ha adelantado que no contempla su continuidad en el cargo. Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. No se descarta que la actual fiscal general impugne el proceso, lo que podría abrir una nueva fase de incertidumbre institucional. "El proceso en sí ya está impugnado legalmente. Varios candidatos lo han impugnado porque no se les ha hecho la evaluación correspondiente. Entonces, el escenario que podría darse en Guatemala hoy día es que no se pueda cumplir el plazo y que se genere una incertidumbre en torno a lo que podría pasar. Probablemente la Fiscal General saliente estaría buscando permanecer en el cargo. Y estas redes lo que estarían buscando es bloquear la facultad legal que tiene el presidente Arévalo de nombrar al nuevo Fiscal General de su país", subraya Méndez. Si el proceso se entrampa...  En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos podría resultar determinante, tal como ocurrió durante la crisis política de 2023. "Si se concretara el escenario que yo mencionaba, es decir, que el proceso se entrampe, se requeriría que el Consejo Permanente de la OEA, como un órgano político de ese organismo, actúe como lo hizo en el 2023, cuando estas mismas redes estaban buscando bloquear la transición del poder del presidente Bernardo Arévalo. Esta ruta internacional va a ser crucial e importante ante estos escenarios que son muy probables dado el contexto actual", concluye la investigadora. Según la legislación vigente, el presidente Arévalo tiene hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo Fiscal General, en un proceso que se perfila como una prueba clave para la institucionalidad democrática del país.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evaluar los pros y contras del fracking ha reactivado el debate en México. Mientras el gobierno defiende esta técnica para reducir la dependencia energética de Estados Unidos, expertos y ambientalistas advierten de sus riesgos. El geólogo Luca Ferrari, investigador de la UNAM, analiza las implicaciones económicas, ambientales y políticas de esta decisión. Entre 2012 y 2015, la empresa estatal Pemex intentó extraer gas natural mediante fracking, un método que consiste en fracturar la tierra utilizando enormes cantidades de agua mezcladas con sustancias altamente tóxicas. El resultado, sin embargo, no fue el esperado, sobre todo en el ámbito económico, dice el geólogo Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM. "Fue bastante desastroso desde el punto de vista económico. El costo no valía lo que se estaba extrayendo. Las poblaciones ahí están completamente en contra [del fracking] porque evidentemente han visto en carne propia lo que significa", dice Ferrari.  A pesar de esa experiencia, el gobierno mexicano estima que el fracking es necesario para reducir su dependencia de Estados Unidos, país al que le compra el 75% del gas natural que consume. No obstante, para Luca Ferrari, el argumento de la soberanía es un árbol que oculta otro problema: México no tiene las tecnologías para extraer esa energía fósil. ¿Decisión para defender la soberanía?  "Si la extracción se hace en la zona noreste de México, solo las compañías de Texas lo podrán hacer. Como allá ya está empezando a llegar al máximo la extracción, puede ser que esas compañías estadounidenses consideren más atractivo venir a México. En este sentido, no creo que sea una decisión muy soberana por parte del gobierno mexicano. Incluso creo que puede haber una presión por parte de Estados Unidos dentro de la negociación del T-MEC para que México abra el fracking y permita a las empresas americanas operar en el país. A Estados Unidos le conviene más exportar gas a Europa como gas licuado. En Europa, sobre todo ahora con la guerra, pero también antes con el sabotaje del Nord Stream, el gasoducto que venía de Rusia, se han visto obligados a comprar gas estadounidense, que es muchísimo más caro: hasta cinco veces más que lo que se vende aquí". La búsqueda de soberanía energética por parte de México, añade el investigador, requiere una reflexión profunda sobre el modelo económico del país. "Si queremos importar menos energía, tenemos que rediscutir para qué usamos la energía. En la actualidad, México utiliza una gran cantidad de electricidad y gas en el sector industrial. Importamos energía de Estados Unidos para producir bienes aquí, porque la mano de obra es más barata y la legislación ambiental no es tan estricta como, por ejemplo, en California. Luego exportamos esos productos a Estados Unidos. Este modelo no puede funcionar, no es sostenible".

Buenas noticias para el medioambiente y para Uruguay: la UNESCO reconoció este miércoles el sitio Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este nombramiento queda protegida una importante fuente de agua de Uruguay, país azotado frecuentemente por sequías.   Uruguay cuenta con dos geoparques reconocidos por la UNESCO, el primero fue Grutas del Palacio y ahora Manantiales Serranos. Aurora Fernández es la directora de Ambiente de la Intendencia del Departamento de Lavalleja, donde se encuentra este paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados, clave para el abastecimiento de agua y para la memoria del planeta. “En realidad, Manantiales Serranos tiene este nombre porque aquí se encuentran las nacientes de dos grandes cuencas: la cuenca del río Santa Lucía, que es uno de los ríos más importantes que tenemos y que alimenta de agua potable a más del 60% de la población del Uruguay, y también la cuenca de la laguna Merín”, explica. Sequías repetidas “Y además también es una referencia geológica a la formación del Océano Atlántico. En algunos de los geositios, se marca la separación de Pangea y el nacimiento del Océano Atlántico. Entonces venimos con una historia de reconocimiento del agua en todas sus formas en este territorio”, añade. Viviana Pritsch, directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, señala que “es un llamado justamente a eso, a la geoconservación, y esta crisis hídrica que cada vez se repite más seguido y que está golpeando en este caso particular a Uruguay”. En 2023, el 60% de la población de Uruguay sufrió las consecuencias de la sequía, pero sobre todo los habitantes de la capital Montevideo, forzados a consumir el agua dulce mezclada con sal que venía del Río de la Plata. Un llamado a Argentina Aurora Fernández espera precisamente que ese reconocimiento de la UNESCO tenga efectos del otro lado del río, que anime a sus vecinos argentinos a luchar contra el escepticismo de Javier Milei, quien niega el cambio climático y quien busca con su polémica Ley de Glaciares que las mineras usen el agua de las cuencas congeladas. “Nos pone en el compromiso, en nuestra América del Sur, en ser ejemplo de trabajo, en la conservación y en la valorización del agua como un recurso vital para la vida. Y ojalá seamos un buen ejemplo para que nuestros hermanos argentinos cambien un poco este rumbo de escepticismo con respecto al cambio climático y se den cuenta de que la ciencia nos llama a trabajar fuertemente. El geoparque tiene este elemento, de ayudarnos a promover la investigación científica como parte de las tareas de geoconservación”, analiza. Con el reconocimiento de la UNESCO, Manantiales Serranos busca traer un turismo interesado en la historia de la formación del planeta y su conservación.

Tras la captura de Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero, la administración Trump ha ido normalizando relaciones con Caracas y fomentando inversiones en el sector de hidrocarburos. ¿Qué tan rápido se verán los efectos en la economía venezolana? El análisis de los economistas Giorgio Cunto y Francisco Rodríguez. Con la nueva Licencia 57 de la Oficina Estadounidense de Control de Bienes Extranjeros se autoriza de ahora en adelante las transacciones y servicios financieros no solo con el Banco Central de Venezuela, sino también con otras tres entidades del sistema bancario de ese país. La administración de Donald Trump emitió esa licencia después de que Chevron firmara nuevos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez para ampliar su participación en la producción de petróleo. Esta medida no sorprende a Giorgio Cunto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. "Se esperaba este tipo de medidas, especialmente porque antes había una limitante del Banco Central al flujo de divisas. Al permitir los contratos y la realización de mayores operaciones, se pone en marcha el acople, la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, el cual estaba por debajo del alcance del sistema financiero estadounidense, pues no podía interactuar con Venezuela directamente". El levantamiento de esta sanción constituye una etapa clave para la economía venezolana, agrega por su lado Francisco Rodríguez, del Centro para la Investigación Económica en Washington. "Las exportaciones petroleras de Venezuela pasan por el Banco Central antes de entrar a la economía. La economía venezolana funciona exportando petróleo y recibiendo dólares por ellas. Eso es algo muy difícil de hacer cuando el Banco Central está sancionado, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene acceso a las cuentas para recibir ni para desembolsar esas divisas. El proceso tiene que ver con la capacidad del estado de la economía venezolana para captar el dinero que se genera por venta de petróleo". La pregunta ahora es qué tan inmediatos pueden ser los efectos en la inflación. La respuesta de Francisco Rodríguez. "La inflación está determinada por un déficit fiscal muy alto y por la decisión del gobierno de imprimir dinero para cubrirlo. Pero el déficit fiscal tiene que ver también con los ingresos petroleros y con la capacidad de tener acceso a esos ingresos petroleros. Además, la inflación sí se puede atender en el corto plazo, en particular a través de una política de lo que se llama ‘anclaje cambiario', que consiste en estabilizar las variaciones en el tipo de cambio. Pero para eso también se necesita acceso a divisas, acceso a dólares. El Banco Central cumple un rol fundamental en los dos frentes para estabilizar la inflación". Las sanciones contra el Banco Central de Venezuela remontan a 2019 durante la primera administración de Trump.

En la primera vuelta de las elecciones en Perú, varias mesas de votación tuvieron que postergar su apertura por falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución y logística. En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano. Mayor desconfianza en las instituciones “Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares.   “No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich. Tentación de “impugnar los resultados” Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral. Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”. “Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade. Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.

Venezuela está bajo tutela de Estados Unidos, pero el chavismo sigue presente y activo. Este viernes fue la juramentación de un fiscal general abiertamente afín al chavismo, y en la misma jornada fue aprobada una ley minera que abre el sector a capitales privados, un giro contrario al chavismo. Cuando se cumplen este lunes 100 días de la captura de Nicolás Maduro, hablamos de la situación en el país con Renata Segura, responsable de América Latina en el International Crisis Group. RFI: ¿Cómo describir el régimen que encabeza hoy la presidenta Delcy Rodríguez? Renata Segura: Los escenarios peores hacia futuro han sido evitados, pero lo que no hemos visto todavía es una materialización de los beneficios de la intervención para los venezolanos. Uno de los grandes riesgos que había era que se intentara hacer un cambio de régimen total por vía de la fuerza y que eso generara mucha violencia, incluso una guerra civil en Venezuela. Porque no hubo un cambio de régimen, digamos, ese riesgo se perdió. Y sí hemos visto de alguna manera una especie de apertura para la sociedad civil y para la oposición en Venezuela. Yo creo que no podemos decir que ha habido un cambio significativo. No creo que estamos viendo una transición hacia la democracia, pero creo que lo que muchos venezolanos están sintiendo es algo de optimismo sobre la posibilidad de que eso se dé. RFI: ¿Tienen algo que ver en este optimismo las liberaciones de presos políticos? Si bien permanecen en las cárceles venezolanas unos 500, casi 650 han sido liberados. Renata Segura: Sin duda alguna, la liberación de los presos políticos y el cierre de ciertas prisiones donde tradicionalmente había habido muchas torturas y violaciones de derechos humanos, como el Helicoide, es quizás, digamos, la muestra más importante de cambio en términos de represión, y no quiero quitarle para nada la importancia a eso. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el sistema represivo en sí mismo: sigue activo, digamos. No están reprimiendo a la gente de la manera como la estábamos viendo antes, pero sigue allí y pudiera activarse si fuera necesario. Entonces, en ese sentido, podemos ver algo positivo en que hay una modificación, digamos, de la posición política del gobierno, pero institucionalmente existe el régimen todavía de represión y podría usarse, si lo deseara el Gobierno.

Dominada por un discurso de mano dura, la campaña presidencial llega a su fin este domingo 12 de abril. Se trata de unos comicios donde no existen certezas única constante es que nadie sabe por quién votar. RFI recogió los testimonios de estudiantes, así como del representante del gremio de transportes, uno de los más afectados por las extorsiones que aquejan al país. La incertidumbre y la volatilidad son las características de estas elecciones en Perú. Las últimas encuestas señalan que el porcentaje más alto es el de blanco, viciado o el de los indecisos. Leonor, quien a sus 85 años nunca ha faltado a una elección, confiesa que ahora no tiene nada claro. "Estas elecciones, me parece como si fuera un mercado, que todo el mundo puede ir y comprar, pero a ninguno se le conoce un plan de trabajo. Yo quisiera votar por alguien que no le dé el voto a Keiko, esa mujer no tiene sangre en su cara", dice a RFI. Es un sentimiento que se comparte a todos los niveles. "Mi voto en realidad no vale mucho o no cambia tanto las cosas, que solamente sirve para mantener la idea de que tenemos todavía una democracia o una falsa democracia", expresa por su parte Penélope, quien votará por primera vez."Yo creo que últimamente hay esta campaña en redes sociales, en Instagram, donde dicen que nuestro voto vale, pero al final sabemos que pasan unos meses y todo vuelve lo mismo hasta que se llegue a una crisis o una vacancia. Da la sensación de que la presidencia o el gobernar se ha convertido más en algo temporal, en un show que es ser presidente por un día", detalla. Desde el gremio de transportistas, el más afectado por las extorsiones, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 70 empresas, tiene dos consignas muy claras. "Que no votemos por los mismos. Escoge tú a cualquiera que consideres, pero no por los mismos. Lo que a mí me queda claro es que todos los que están en el Congreso y que quieren repetir ahora no van a hacer nada. Tuvieron su oportunidad. No lo hicieron, no quisieron. Yo me he reunido como representante del gremio muchas veces, desde con un congresista hasta con el presidente del Congreso y hasta el presidente, y ninguno de ellos ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad, ni el liderazgo para combatir esto". Algo de esperanza Desde el gremio de los transportistas, ellos acudirán a las urnas con la decepción de los anteriores gobiernos, pero con esperanza frente a posibles cambios. "¿Si es que confiamos en los políticos? No, hemos perdido toda confianza. ¿Si tenemos fe de que esto se puede mejorar? Por supuesto que tenemos fe. En ese sentido, sí somos bastante optimistas de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien", resalta Vargas. La esperanza es lo último que se pierde también para Ana Cristina, un ama de casa, quien tampoco tiene nada claro. "Si bien es cierto todavía no tengo definido por quién voy a votar, pero sí tengo esperanza de una u otra manera. Dentro de todos los que están en campaña, dentro de todos los candidatos, sí hay una esperanza por ahí, pequeña", dice. Tarea complicada para los peruanos que con el retorno de la bicameralidad este 2026 tienen aún más opciones de donde elegir. 

Perú celebrará elecciones generales este domingo 12 de abril.  que reconfigurarán su sistema político. Además de reconfigurar el aparato legislativo, los peruanos elegirán a un presidente entre 35 candidatos. Nunca antes habían competido tantos candidatos. Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. El Parlamento destituyó a cuatro y a otros dos los empujó a la renuncia. Este domingo, 35 candidatos se presentan a las elecciones presidenciales. ¿Cómo interpretar esa cifra récord? ¿Es un síntoma de la buena salud en la que se encontraría, a pesar de todo, la democracia peruana? Para José Luis Ramos, profesor de Sociología en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la respuesta es clara. "En realidad es la evidencia de que el sistema político peruano ha colapsado. Parecería que a mayor cantidad de partidos políticos, mayor participación ciudadana. Pero no son partidos políticos, como lo ha dicho uno de los candidatos a la Presidencia, son 'emprendimientos'". Según Ramos, el uso de este vocabulario refleja que "la organización política se ha convertido en un elemento para acceder al poder y obtener beneficios del mismo. Por eso estas agrupaciones aparecen y desaparecen y también cambian su discurso de acuerdo al auditorio y al clima electoral". Carlos Álvarez es uno de los candidatos más opcionados, según las encuestas, además de imitador y comediante en la televisión. ¿Es un ejemplo de esos emprendedores? "Él responde a un grupo económico que lo ha fabricado. Este grupo tiene un monopolio de medios de comunicación. Lo presentan como el Bukele peruano. Había una campaña muy grande: No votes por los de siempre. Entonces era necesario crear un nuevo partido, un personaje que no estuviera vinculado a la política, y con cierta simpatía de la población por su trabajo como cómico y cierto manejo de escena", apunta Ramos. Keiko Fujimori, la hija del ex presidente peruano, al fin y al cabo, es quien lidera las encuestas. "Ya ha estado varias veces en segunda vuelta y allí siempre pierde, incluso cuando ha competido con candidatos que no tenían gran trayectoria y tenían muy graves cuestionamientos, como es el caso de Pedro Castillo. Así que en realidad todos los otros aspirantes su deseo es pasar a segunda vuelta con ella, porque es la que sería más fácil de vencerla", analiza el profesor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba. Algunas de ellas incluyen, retenciones de salarios, amenazas de cárcel para quienes las abandonen, inclusive para los familiares, y confiscación de pasaportes. El informe revela testimonios “desgarradores, dice Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, quien detalla a RFI algunas de las violaciones que cita el informe con base en 71 testimonios. “Básicamente lo que tenemos acá son remuneración insuficiente, retención de salarios, jornadas excesivas. Incluso hay tareas ajenas a la labor propiamente de médicos que tienen que ver con actividades políticas obligatorias fuera del horario de trabajo, así como una imposibilidad de moverse y de abandonar libremente la misión, porque eso básicamente los hace ser considerados traidores de la patria o desertores según el régimen comunista en la isla”, indicó Ralón. El informe denuncia además, trabajo forzoso ligado a las misiones médicas internacionales y la incapacidad de los médicos para vivir dignamente de su trabajo.  Ralón cuenta que hay una situación en la cual el médico se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, con condiciones, incluso de hacinamiento para evitar que alguien deserte. A eso se le agrega que  “la retribución no se les entrega, sino que el Estado la recibe y posteriormente la va entregando después con una serie de retenciones. Es por eso que esa situación donde no hay una retribución, ni condiciones  mínimas de un trabajo normal, hace que se documenten como elementos que configurarían un trabajo forzoso”, agregó. El informe cuenta que las retenciones pueden alcanzar entre el 65 y el 90% del salario del médico y la mayor parte de su salario se le entrega al Estado cubano. “El estado receptor de las misiones médicas cubanas firma un convenio con el Estado de Cuba. Ese convenio indica que básicamente es a la entidad firmante de Cuba a quien se le hace el pago por los servicios médicos. Es decir, que el Estado receptor no le paga directamente a los médicos. Es un monto significativo por el número de misiones médicas que Cuba tiene alrededor del mundo, ya que el informe habla de por lo menos 56 países que reciben estas misiones médicas cubanas”, señaló Ralón. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace la lista de esos 56 países y les hace un llamado a poner en marcha mecanismos para inspeccionar y verificar que se respetan los DD.HH.

El crecimiento de la derecha en América Latina, se ve hoy especialmente en el sur. Los presidentes de Chile y Argentina, José Antonio Kast y Javier Milei, se reunieron en Buenos Aires a principios de la semana para  consolidar un bloque de las derechas duras ante el liderazgo del izquierdista brasileño Lula Da Silva.  En el Cono Sur, la semana empezó con el encuentro entre los presidentes de Chile y Argentina. Es costumbre que la primera visita oficial del nuevo mandatario chileno a un país extranjero sea a la Argentina.  Antonio Kast, respetuoso de la tradición, visitó a Javier Milei. Los mandatarios acordaron avanzar en la integración comercial, turística y de seguridad. La pregunta es si estos representantes de las nuevas derechas duras puedan convertirse también en un contrapeso al izquierdista Lula. "Esta convergencia geopolítica o estratégica de la derecha más radical buscan contrapesar la influencia del poder que ejerce el gobierno de Brasil bajo Lula sobre toda la región, dado el tamaño de su economía", asegura Marcelo Mella, profesor del departamento de estudios políticos de la Universidad de Chile.  "Con estos dos presidentes, el presidente Trump sin duda tiene aliados que son muy poderosos en el Cono Sur para consolidar su tesis de la influencia regional o hemisférica de Estados Unidos sobre América del Sur", explica. Kast y Milei: ¿Un nuevo contrapeso estratégico en el Cono Sur? El Chile de Kast muy probablemente ya haya girado políticamente hacia Washington, pero la economía chilena depende en gran medida de sus exportaciones a China, rival comercial y político de Estados Unidos. En 2025, China representó alrededor de un tercio del intercambio comercial total de Chile con el mundo, consolidándose como su principal socio comercial. Esto es una razón adicional para que Kast estreche sus lazos comerciales con la Argentina de Milei según el analista Mella: "Chile y Argentina, que son países que tienen mucho en común, están desde el punto de vista de la integración comercial, están muy lejos todavía" y proyecta que si "los pasos fronterizos Chile-Argentina, si se hicieran efectivos, significaría un gran beneficio para todas las provincias del interior de Argentina".

El anuncio de la excarcelación de unos 2.000 presos comunes por parte del Gobierno cubano abre la esperanza para liberar a miles de presos políticos cuya salida reclaman Washington y organizaciones internacionales. Le preguntamos sobre este tema a Manuel Cuesta, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. RFI: ¿Puede ser esta la señal que reclamaba Donald Trump para rebajar la asfixia petrolera impuesta hace tres meses en la isla? Manuel Cuesta: Yo creo que busca enviar ese mensaje a Estados Unidos, y eso puede ser resultado de algún punto en esa negociación que desconocemos en su contenido. Pero de hecho, los Estados Unidos ya aligeraron la presión, sobre todo en términos de la asfixia, permitiendo que entraran barcos petroleros. En esa señal creo que va indicada esta liberación de los presos políticos. Que es desafortunada, porque lo que nosotros pretendemos es que haya una amnistía general y una despenalización del ejercicio de los derechos, para cerrar el ciclo de esa puerta giratoria que entran unos y salen otros y así nos mantenemos a lo largo de todos esos años. RFI: ¿Cree que en los próximos días se podrían realizar las reclamadas liberaciones de presos políticos que formarían parte del primer indulto castrista? Manuel Cuesta: Yo creo que sí. Yo creo que la movida del Gobierno va en la dirección de proteger su discurso y su imagen. Ellos no reconocen el presidio político en Cuba, por lo tanto no iban a estar liberando inmediata y primeramente a presos políticos, aunque semanas atrás había ocurrido una liberación de 51 personas entre las cuales ya había presos políticos. Pero yo creo que en las próximas semanas sí podemos ver que se van a ir liberando algunos otros presos políticos, de los que están en las listas de los grupos de derechos humanos, de la sociedad civil, de lo que está pidiendo la comunidad internacional. RFI: ¿De cuántos estaríamos hablando? Manuel Cuesta: Bueno, en prisión siempre las estadísticas según la organización oscilan, porque no todos manejan los mismos criterios, pero se cuentan entre 800 y 1.200 presos políticos. Y esperemos que el Gobierno empiece por el 11 J, una mayoría de jóvenes que salieron a ejercer sus derechos y punto. No son los presos más emblemáticos, el Gobierno desafortunadamente creo que va a manejar en un esquema usual y habitual para el gobierno de negociación, pero esperemos que empiecen esas liberaciones en las próximas semanas. Por el momento el régimen cubano no ha dado detalles específicos sobre estas excarcelaciones, aunque dejó entrever que se trata de un gesto humanitario por las celebraciones religiosas de Semana Santa. Queda por saber si están relacionadas con las negociaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos.

El calentamiento del planeta aumentará el número de muertes en América Latina, así lo asegura el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago. En su último reporte este laboratorio concluye que el cambio climático provocará hasta diez veces más muertes en los países pobres en comparación con los países ricos. Varios países de América Latina están en la lista de los más vulnerables.    Además de ser uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad, el actual calentamiento del planeta está expandiendo la brecha de las desigualdades entre los países ricos y pobres. En su reporte publicado el pasado 25 de marzo, el Climate Impact Lab estima que el 90% de las muertes relacionadas con el cambio climático sucederán en países de ingresos medios y bajos.  “Los resultados varían en los países de América del Sur y Centroamérica. Las zonas más afectadas van a estar en Bolivia, Paraguay o el norte de México. En estos ligares va a haber entre 20 y 40 muertos más por cada 100 mil personas. Y estas muertes a causa del clima son tan numerosas como las causadas por los accidentes de tránsito. Chile, Argentina o Perú han registrado una disminución de esta tasa”, explicó a RFI la encargada de la comunicación del Climate Impact Lab, Claudia Gemmel. El trabajo del Climate Impact Lab fue titánico; durante 10 años recopilaron datos de 25 000 regiones del mundo. Sus resultados contribuyen ahora a evidenciar aún más lo que algunos economistas consideran como una de las mayores injusticias de nuestro tiempo: que los países pobres, que son los que menos contribuyen al cambio climático, son los más afectados.  “En general, a los países mas ricos les va a ir mejor que a los pobres, porque tienen más capacidad para adaptarse al calentamiento global. La mayoría de países de América del Sur y Central, son de ingresos medios o altos, aunque algunos tienen crecimiento bajo, como Bolivia, Nicaragua o Honduras. La riqueza hará que muchas zonas de la región sean menos sensibles al aumento del calor, si lo comparamos con zonas que no tienen tanto crecimiento económico”, detalló Gemmel.  En Haití, el país más pobre del continente, luchar contra el cambio climático es una cuestión de supervivencia. El gobierno asegura que sus efectos, como sequías prolongadas o tormentas arrasadoras, están deteriorando las infraestructuras y los cultivos. 

Bolivia anunció que la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ya está colaborando con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz para luchar contra el narcotráfico. Por el momento sólo intercambian información, aunque el gobierno boliviano desea que tengan una oficina en el terreno como sucedía hasta antes de 2008, cuando el ex presidente Evo Morales la cerró asegurando que la DEA apoyó revueltas contra él. Para el gobierno de Rodrigo Paz, la participación de la DEA es una pieza clave en su plan de lucha contra el narcotráfico. Quiere agentes en su país. “Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica”, expresó al respecto Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social y responsable de la política antidrogas. Una participación importante Omar Durán, abogado y militar experto en temas de seguridad, da a RFI su opinión sobre cómo podría ayudar la DEA al gobierno boliviano para combatir el crimen organizado: “La DEA tiene los elementos necesarios que Bolivia no tiene. La DEA tiene participación en efectivos, porque acá últimamente los narcotraficantes tienen mejores medios en armamento y en tecnología que los mismos bolivianos, y si bien tenemos en Bolivia 32.500 miembros que podrían ser suficientes para realizar el control, no es menos cierto que la gran mayoría de los miembros han sido comprados por los narcotraficantes, por los grupos de poder, y la participación de la DEA va a ser fundamental para poder luchar contra esos grupos, no solamente de narcotraficantes, sino esos grupos dedicados al sicariato que van de la mano”. El abogado también considera que las investigaciones de la DEA serán importantes para la resolución de casos ante los tribunales, incluidos aquellos en los que estaría vinculado el ex presidente Evo Morales: “La participación de la DEA va a ser muy, muy fundamental para que Evo Morales les dé a conocer todas las irregularidades que ha marcado en territorio nacional. Y serán pues los jueces que dirán si tiene una sentencia condenatoria o absolutoria”, explica. ¿Cambios insuficientes? Aunque al nuevo gobierno de Rodrigo Paz se le atribuye un rotundo cambio en la dirección del país, para Omar Durán, el único cambio en temas de seguridad es el regreso de la DEA. “Lo único que podemos atribuir de éxito a este gobierno es la incursión de la DEA. Pero después no hay ningún cambio y seguimos con el mismo fiscal general, con los mismos jueces que en un momento determinado han liberado bienes incautados en millones de millones. Pero son los mismos, o sea, acá lo único que ha cambiado es la figura del presidente, que tal vez pueda tener muy buena voluntad, pero tiene colaboradores que se dedican a temas ilegales”, concluye Omar Durán. Los detectores de mentiras que actualmente son aplicados a los policías de la agencia antinarcóticos de Bolivia son proporcionados por la DEA.  

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias. "No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar. Esperanzas frustradas "Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector. Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración. "Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega. "Que lo piensen bien" Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo. Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice. De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

La Corte Suprema de Estados se mostró escéptica este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump, quien asistió a la presentación de los argumentos durante cerca de 90 minutos, había presentado una orden ejecutiva al empezar su segundo mandato en la que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Y con informaciones de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez La Corte, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos que ponen a prueba uno de los pilares de la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, incluso los jueces conservadores puestos en el cargo por Donald Trump cuestionaron fuertemente al abogado que defendía a la administración, con preguntas sobre los fundamentos jurídicos y las aplicaciones prácticas de la directiva que busca cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La cuestión ante el Tribunal Supremo en este caso conocido como “Trump contra Barbara”, es si la directiva cumple con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y una ley de inmigración de 1952. Dicha enmienda dice que “todas las personas nacidas [...] en Estados Unidos [...] son ciudadanas de ese país”, una ley que no es válida para Trump: desde su regreso a la Casa Blanca, busca imponer un nuevo razonamiento jurídico. “La administración Trump está argumentando que los indocumentados no son sujetos a las leyes del país porque son indocumentados. Eso hasta ahora los jueces han dicho que no, que eso no tiene sentido, que los indocumentados igual son sujetos a las leyes del país. Pero vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Yo creo que van a fallar igual que las cortes inferiores, pero no sabemos. Hay mayoría de jueces, de magistrados, que son nombrados por presidentes republicanos, han fallado en otros casos a favor del presidente, pero no en todos. Entonces vamos a ver qué dicen al final, creo que van a fallar lo mismo que las cortes inferiores, pero no lo tomaría como un hecho”, indica a RFI el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee. La pregunta “¿quién es ciudadano estadounidense?” ha tenido respuestas diferentes según la época: “El tema de la ciudadanía por nacimiento ha sido un ancla de la política pública en Estados Unidos desde el nacimiento del país. Se expandió con una enmienda a la Constitución hace 150 años, más o menos, pero existía al principio, nada más que no estaban incluidos los indígenas, no estaban incluidos los afroamericanos, los que eran esclavos, había algunas excepciones. Lo que se concretizó después de la enmienda era el derecho para todos, sin excepciones. Entonces también esto ha sido un ancla de la ciudadanía y la identidad en este país”, subraya Selee. Trump también asegura que existen familias que van a Estados Unidos únicamente para que nazcan sus hijos, una acción que él llama turismo de natalidad. “Hay algo pequeño de verdad en lo que dijo. Hay un cierto número de personas que nacen cada año por turismo de ciudadanía. En general son personas muy ricas. No son muchos, son contados. Y el argumento real de ellos es que es un imán para gente más pobre que quiere vivir a Estados Unidos y saben que aunque van a ser indocumentados, sus hijos van a nacer y ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ellos creen que al quitar ese derecho, muchos indocumentados se van a ir porque sus hijos no pueden aspirar a ser parte del país”, explica el presidente del Migration Policy Institute. La decisión final será conocida a finales de junio o principios de julio de este año.

La ONG Défenseur Plus asegura que 70 personas, y no 16 como afirman las autoridades, habrían sido asesinadas en la masacre ocurrida el domingo en el departamento de Artibonite. Entrevista con el encargado de asuntos jurídicos de la ONG, Ulrick Tintin. Al otro lado del teléfono, desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, responde Ulrick Tintin, de la ONG Défenseur Plus, el colectivo que dio a conocer cifras que cuadruplican las reportadas por las autoridades sobre la masacre del pasado fin de semana. La organización ha llegado a estas estimaciones gracias a informaciones de primera mano recabadas por observadores presentes en la zona del crimen colectivo, la comuna de Petite Rivière. "El balance podría aumentar en los próximos días, según lo que reporten nuestros observadores, que están sobre el terreno. Contabilizamos 70 muertos, 30 personas heridas, 50 casas incendiadas y 6.000 desplazados que huyen de la violencia de los grupos armados. Antes de la masacre ya se registraban enfrentamientos entre bandas criminales y una coalición local. Sin embargo, desconozco las razones por las que los bandidos perpetraron estos asesinatos. La población civil no pudo defenderse. El Estado haitiano fue incapaz de intervenir. La gente lo perdió todo". Esperando la Fuerza de Represión de las Pandillas (ONU) La prensa local atribuye los asesinatos a la pandilla Gran Grif, la misma que en 2024 mató a 180 personas en la capital. Francia y la ONU condenaron la masacre. Un cuerpo especial de seguridad de la ONU para Haití comenzará sus operaciones en abril. Se trata de una fuerza multinacional, denominada "Fuerza de Represión de las Pandillas". "Se ha decidido reemplazar el dispositivo anterior en la fase de supresión. Saludamos esta decisión de la ONU. Las fuerzas militares de Kenia, lamentablemente, no fueron suficientes. No se observó ningún progreso en la seguridad del país; todo lo contrario. Por ello, esperamos con impaciencia la llegada de esta nueva fuerza y que contribuya a mejorar la situación. Confiamos en que las operaciones que se lleven a cabo respeten las leyes de Haití y, sobre todo, los derechos humanos". Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh). Las primeras tropas llegarán desde Chad, país africano que prepara el despliegue de 750 soldados. La Fuerza de Represión de las Pandillas estará conformada por un total de 5.500 efectivos.

En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país. Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric. “La migración le está aportando al país el 10% del PIB” “Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante. “Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza. Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país. “Un fenómeno muy particular” “Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza. “Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye. Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial? A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia. “Todos esos casos van a quedar en la impunidad” “Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional. “Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción. Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta. El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos. “Ellos van a buscar cuidarse” “Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes. Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza. “Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa). En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.   Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.   “El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.   El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.   Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.   “Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.   Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación, como para la salud o los transportes. Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento. Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Nicolás Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025. Un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba. “El 80% de la producción agrícola necesita combustible” En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana: “La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad. En cuanto a la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego, todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tienen todo el tema de transporte de los bienes y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados”, nos explica Étienne Labande, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba. Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética, y permitir la importación de combustible destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla. “Sin combustible la operación está en pausa” “Es decir, que hablamos de un volumen de entre cuatro y cinco millones de litros de diésel, hasta el fin del año, porque este es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa o por lo menos muy lenta y muy compleja”, subraya Labande. Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas.

Además del petróleo y el gas, otro rubro que ha sido fuertemente impactado por la guerra en Oriente Medio es el de los fertilizantes, cuyo coste se dispara y amenaza con provocar una fuerte subida en el precio de los alimentos. Brasil es uno de los países afectados. La guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde también circula un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendrían un efecto devastador en la economía global, especialmente en Asia y Europa, han alertado algunos analistas. Sus efectos podrían ser similares a los ocurridos durante la pandemia del Covid-19 y en América Latina, algunos países ya lo están sintiendo, como en el caso de Brasil, país que importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según un informe de la Confederación Nacional de la Industria. La urea, por ejemplo, clave para el maíz, ha registrado incrementos de más del 50% en lo que va del año. “Los exportadores para Brasil son Omán, el propio Irán. Pero el estrecho es un cuarto de la exportación de fertilizantes del mundo. Son 40% de urea para Brasil que pasan por el estrecho. Brasil es el primero con 45 millones de toneladas, Argentina, el segundo con seis millones, creo que México es el tercero con dos millones, y Colombia con casi dos”, explica a RFI Maciel Silva, director técnico adjunto de la Confederación de Agricultura de Brasil. China también limita las exportaciones Debido a su dependencia de importaciones de fertilizantes, el gigante suramericano ha buscado otras opciones, pero estas también se están viendo truncadas: “En los últimos dos o tres años aumentamos la importación de Nigeria, por ejemplo, para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo ampliamos las importaciones de China. Pero es un país que por las próximas dos o tres semanas necesitamos monitorear cómo están las exportaciones. Las últimas informaciones son que China también ha limitado las exportaciones de fertilizante para los otros países”, detalla Silva. En efecto, China se ha consolidado como el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, con una participación del 9.6% del mercado global según el Observatorio de Complejidad Económica, pero su decisión de suspender las exportaciones de este rubro por la guerra en Irán, hace temer un sacudón inflacionario en clientes como Brasil.

La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de "insuficiente y excluyente". Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos. La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros).  Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática. El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas. Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento. Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI. "Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero. El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos" Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor.  "Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta. Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales. "Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma. Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".

El 21 de noviembre de 1977, 20 meses después del Golpe de Estado, 17 mujeres ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza se reúnen por primera vez en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar la desaparición de sus hijos y buscar a sus nietos y nietas. Así nacía la asociación "Abuelas de la Plaza de Mayo", símbolo de lucha y resistencia de la dictadura que este martes cumple su 50 aniversario. Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos: en principio bebés y niños/as y, luego, jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad. "Es un aniversario muy importante para nosotros", dice Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. "Argentina lleva muchos años consiguiendo muchos logros en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Sobre todo, de justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, estamos viviendo un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas respecto a lo que sucedió durante la dictadura. Ese gobierno lleva dos años desmantelando muchas de las políticas que fueron un orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y un ejemplo para el resto del mundo". "Si dudas de tu identidad..."  Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a una multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos. En principio, bebés y niños, niñas y luego jóvenes y adultos. Se han utilizado, entre otros, anuncios en medios que dicen: "Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 43840983 o ingresa en abuelas punto org punto ar". Además, la organización ha impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad. La estrategia ha cambiado con mucha creatividad  "La estrategia de las Abuelas ha cambiado con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura, de si sabemos quiénes somos. Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes, porque ha pasado el tiempo y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad", sostiene.  De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina se han recuperado restos o se ha hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las Abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400 robados.

La Santa Sede impulsó el viernes 20 de marzo una iniciativa que llama a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero para privilegiar sectores éticos en materia de impacto ambiental.    En 2023, las autoridades canadienses registraron los numerosos casos de contaminación ambiental y violaciones de los derechos humanos derivados de la explotación de la mina Marlín en Guatemala, propiedad de la empresa Gotcorp. El cardenal de la Iglesia Católica, Álvaro Ramazzini, quien vivió esta problemática en primera persona, expuso este ejemplo frente a la presentación de la plataforma de desinversión en la industria minera en el Vaticano. El padre Darío Bossi, misionero comboniano y coordinador de esta iniciativa, explica sus objetivos:  “Una de las estrategias para denunciar y también para fragilizar la minería que mata es exactamente atacarla desde el lado financiero, del lado de los que financian, que invierten en este tipo de minería. Con respecto a esta iniciativa de desinversión, sí tenemos el objetivo que las organizaciones religiosas reflexionen sobre sus inversiones y se comprometan a no invertir en la minería que mata”, asegura Bossi.  Por el momento, la iniciativa aún tiene que determinar cuántas instituciones de la Iglesia poseen dinero en fondos y en bancos que invierten en esta problemática, muy presente en América Latina, pero que afecta a varias regiones de todo el mundo. Una tarea difícil, explica el padre Darío.  “No es tan fácil lograrlo, porque justamente las instituciones religiosas tienen también su privacidad, su derecho de administrar los fondos, y no necesariamente con la obligación de declarar a dónde están invirtiendo. Por tanto, no tenemos elementos concretos cuantificados”.  Una solución que plantea la iniciativa es redirigir todos estos fondos a bancos éticos, algo que ya hacen los misioneros de verbitas o los misioneros claretianos. El siguiente paso es convencer al resto de la Iglesia.  “Depende mucho de la disponibilidad, del interés, de la fuerza que también nosotros tengamos de consolidar esta plataforma. La plataforma se ha lanzado en dos momentos, en enero de este año en Bogotá y, ahora, en la Sala Estampa del Vaticano y en un seminario que estamos haciendo por tres días con 40 organizaciones que están evaluando la posibilidad de participar. Entonces, un poco el resultado de esta animación, de este movimiento que estamos promoviendo ahora, definirá los posibles alcances”, agrega.  En muchas ocasiones, la explotación de minas deriva en graves casos de violencia contra las poblaciones indígenas y en la destrucción de ecosistemas. Por lo que esta iniciativa deja claro que el reto es hacer entender a los empresarios, a los gobiernos y a la Iglesia que no siempre lo legal responde a la justicia. 

Tres embarcaciones partirán este viernes desde México rumbo a Cuba con 40 toneladas de ayuda humanitaria, en un intento por aliviar la crisis que atraviesa la isla —inflación superior al 10 %, apagones de hasta 18 horas, cortes prolongados de agua y escasez de alimentos— en medio de la presión de Estados Unidos. Hablamos con la activista Nikky León, de la Internacional Progresista, coalición global de movimientos y colectivos de izquierdas.  La Internacional Progresista junto con varias organizaciones mexicanas y voluntarios de todo el mundo, impulsa una iniciativa para paliar la crisis humanitaria que vive Cuba en medio de las tensiones y el bloqueo de Estados Unidos. La activista ecuatoriana Nikky León lleva un mes coordinando el envío por mar de 40 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, alimentos, paneles solares y baterías. La principal dificultad ha sido, dice, conseguir los barcos. "Yo llegué a territorio cubano hace dos semanas. Con un compañero hemos estado organizando activamente toda la ayuda. Encontramos los barcos para alquilar porque, preciso, son barcos alquilados. Nos enfrentamos a que había gente que no nos los quería alquilar, no porque no hubiera, sino por el miedo a sanciones y represalias, especialmente de Estados Unidos. Pero bueno, lo logramos. Esto nos da una lección: cuando nos organizamos y persistimos, todavía existe la solidaridad internacionalista". Un "secuestro de barco" como en Gaza parece improbable Esta semana, la Internacional Progresista consiguió enviar un avión a La Habana con unas cinco toneladas de ayuda humanitaria. Los tres barcos tienen previsto zarpar este viernes desde distintos puntos de México para llegar a Cuba el 21 de marzo. Una vez allí, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —organismo estatal de diplomacia solidaria y relaciones internacionales pueblo a pueblo— se encargará de distribuir la ayuda. La activista espera que en esta ocasión no ocurra un "secuestro" de la embarcación, como sucedió con el convoy que enviaron a Palestina a mediados de 2025. "Las posibilidades de un secuestro, como pasó con el que iba a Palestina, que nos interceptaron en aguas internacionales, están ahí, pero no a gran escala. No creemos que sea una misión especialmente riesgosa, pero en estas misiones siempre hay riesgos, y más cuando te enfrentas a un poder que lleva 60 años bloqueando y amenazando a la isla. Ese miedo o esa precaución existen, hay que tenerlos en cuenta, pero no por eso vamos a dejar de actuar", concluye.

Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador mantuvieron una reunión virtual en medio de la crisis diplomática desatada por el hallazgo de una bomba en zona fronteriza. El encuentro virtual fue calificado como "productivo" y derivó en el anuncio de una comisión técnica binacional para investigar lo ocurrido. Entrevista con Virgilio Hernández, representante de Ecuador en el Parlamento Andino. En plena guerra arancelaria entre países vecinos, las tensiones escalaron tras un cruce de acusaciones entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y su par ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, por un presunto bombardeo. Según Bogotá, Ecuador lanzó un artefacto explosivo desde un avión que cayó de su lado de la frontera, mientras Noboa tacha de "falsas" estas acusaciones. En un intento por desactivar el conflicto, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvieron una conversación virtual de 90 minutos sobre lo ocurrido, de acuerdo con ambas carteras. "La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano", escribió Sánchez en X y anunció el envío de una “comisión técnica binacional” al sitio para investigar. La cartera de Loffredo indicó que la operación fue "legítima" y "realizada sobre territorio ecuatoriano". Petro: "No son los grupos armados"  Guiados por campesinos colombianos, periodistas del diario estadounidense New York Times encontraron la bomba sin estallar cerca de la frontera con Ecuador. Tras alertar al gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro lo comentó en la televisión nacional: "Han aparecido bombas. Hay que investigar bien porque nos están bombardeando desde el Ecuador y no son los grupos armados". El mandatario no aportó pruebas de esa afirmación. Por su parte, su homólogo ecuatoriano utilizó las redes sociales para negarlo. Estas tensiones ocurren después de dos meses de tire y afloje tras el aumento de aranceles, una guerra comercial iniciada por Ecuador, que le reprocha a Colombia no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas en esa frontera común. Esta situación debe resolverse por la vía diplomática, dijo a RFI Virgilio Hernández, el representante de Ecuador en el Parlamento Andino (órgano consultivo que reúne a los países andinos). "La canciller ecuatoriana ha respondido que se contestará en términos técnicos. También ha dejado ver la posibilidad de una apertura al diálogo en el marco de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que debió haber sido el camino que se debió haber elegido desde el primer minuto que se presentaron las tensiones comerciales y ahora tensiones de esta naturaleza". La situación ocurre en momentos en que Ecuador lanzó, con el respaldo de Estados Unidos, una operación de dos semanas en cuatro provincias para luchar contra narcotraficantes y bandas armadas. Unos 75.000 militares y policías participan. Quito se ha incorporado al denominado "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Trump que busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar amenazas comunes y mejorar la seguridad en la región. A ese organismo no ha sido admitida Colombia, al igual que otros países gobernados por la izquierda. "Ecuador viene buscando desarrollar una política absolutamente subordinada con la embajada norteamericana y por ello precisamente ha buscado propiciar un ambiente de tensión con Colombia, fundamentalmente con el presidente Petro. Es importante señalar que Ecuador mantenga una postura de respeto respecto de los procesos democráticos de Colombia y no seguir con estas acciones que pueden afectar aún más el escenario tenso entre nuestras dos repúblicas". El presidente Petro también señaló que le pidió al presidente Trump que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".

En Ecuador, las prolongadas lluvias con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras y andinas. El Gobierno declaró la emergencia nacional para "responder" a los "impactos negativos" de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia. Las lluvias también han dejado desde enero a dos personas desaparecidas, más de 24 heridos, unas 80 casas destruidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente. Hablamos con Vladimir Arreaga, director de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, INAMHI. RFI: El periodo de lluvias en Ecuador se espera cada año entre enero y abril, ¿por qué en este 2026 se ve una intensificación de las precipitaciones especialmente en el litoral? Vladimir Arreaga: Durante este año 2026 estamos teniendo ciertas características peculiares que han originado que la temporada de lluvias se torne bastante activa en gran parte del territorio nacional, pero especialmente a partir del mes de febrero, hemos tenido una intensificación bastante importante de lluvias en la región litoral, en la región costera que está próxima al Océano Pacífico. Y tenemos una condición especial y es que, frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, hemos tenido un incremento de la temperatura de la superficie de mar. Esto justamente está asociado al arribo de aguas cálidas que provienen desde la parte del Pacífico occidental, transitan por el Pacífico central y llegan hasta la costa de Sudamérica. Y cuando nosotros tenemos esta condición, tenemos un escenario ideal justamente para que tengamos una mayor producción de lluvias. Las aguas cálidas originan que tengamos un entorno más inestable, una evaporación bastante importante, una formación de nubes permanente. Y sobre todo tenemos la intensificación de un sistema atmosférico que en la meteorología lo conocemos como zona de convergencia intertropical. Este sistema se ha fortalecido y es responsable de generar lluvias intensas en la costa ecuatoriana, dejando precipitaciones de mucha consideración en varios sectores del Ecuador. RFI: El 13 de marzo el Gobierno ecuatoriano declaró la emergencia nacional por 60 días, basados en los pronósticos del INAMHI. ¿Hasta cuándo podría prolongarse este periodo de lluvias intensas? Vladimir Arreaga: Nosotros también hemos emitido comunicados oficiales puestos a disposición para la población del país, donde se menciona justamente que la temporada de lluvias continuará durante el mes de marzo y posiblemente se extienda hasta inicios incluso del mes de mayo. Obviamente vamos a tener algunos cortos periodos donde tengamos una reducción de lluvias, sin embargo, lo más probable es que tengamos una frecuencia importante de precipitaciones y es lo que estamos atravesando actualmente acá en el país. RFI: Las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, así como las provincias andinas Loja y Chimborazo son las más afectadas hasta ahora. ¿Qué mensaje les envía a esas poblaciones? Vladimir Arreaga: La población que vive en zonas susceptibles de inundaciones y movimientos en masa hay que justamente estar comunicada, saber cuáles son las acciones que se deben ejecutar en estas zonas propensas.  No debemos transitar justamente por zonas cercanas a ríos, a cuerpos hídricos, porque han existido incrementos de caudales, de niveles que han originado lamentablemente impactos muy significativos en el territorio nacional. Hay que cuidarnos de las tormentas eléctricas. También es normal que se activen los accidentes de tránsito. Así que circulemos con precaución porque la calzada mojada y la presencia de niebla justamente origina que tengamos una reducción de visibilidad y es un fenómeno que hay que tener alta relevancia.

El rey de España, Felipe VI, ha reconocido los abusos cometidos durante la conquista de América y los años posteriores. Unas declaraciones que tuvieron lugar en Madrid frente al embajador mexicano y que sientan las bases de la reconciliación con el país americano. “Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos desde nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no, no pueden hacernos sentirnos orgullosos”: con estas declaraciones, el rey de España, Felipe VI, reconoció los abusos cometidos durante la colonización de América. “Son declaraciones que se esperaban” Las declaraciones tuvieron lugar durante la visita al Museo Nacional de Arqueología de Madrid frente al embajador de México. Este gesto del monarca busca arreglar las relaciones diplomáticas con México, después de que en 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a España que pidiera perdón por la conquista.  Patricia Galeana, historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analiza el discurso: “Ha sido muy bien recibido este comentario del rey, y ayuda a sanar este desencuentro que se dio hace siete años, cuando hubo declaraciones de muchos personajes de la política española que fueron muy hirientes”, estima. El rey Felipe VI afirmó que, durante la conquista, ocurrieron cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos. Algo evidente para María Alba Pastor, también historiadora de la UNAM, que asegura que no existe guerra o conquista sin excesos: “Creo que son declaraciones que se esperaban porque hay miles de fuentes que comprueban que la conquista no fue una pacificación, que fue una conquista violenta y que se cometieron, ciertamente, como dice el rey de España, abusos”. “Tenemos que volver a hacer la historia” Pastor explica que el enfado diplomático tuvo lugar en un periodo en el que varios países pidieron disculpas por los crímenes cometidos durante la época colonial. Ejemplo de ello fue el presidente francés Emmanuel Macron en 2018, quien pidió disculpas por las torturas cometidas en la guerra en Argelia; o el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que en 2019 reconoció el genocidio cometido contra mujeres indígenas.  “Creo que tiene que ser un punto de inicio porque tenemos que volver a hacer la historia. La historia ha sido muy sesgada. Tenemos que volver al estudio de las fuentes con ojos menos prejuiciados, menos sesgados. Y a partir de eso, en términos culturales, pues las relaciones serán vivas y seguirán siendo muy buenas. En términos económicos, pues la cosa marcha, la cosa no ha dejado de marchar”, subraya Pastor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quién no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión por esta polémica, reconoció que este gesto es un "un primer paso" para retomar la normalidad institucional.

Las autoridades cubanas confirmaron que sostienen un diálogo con la administración de Donald Trump, que hasta ahora ha aplicado una política de presión máxima sobre el régimen castrista. Un reviro observa el profesor de relaciones internacionale de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra ha atendido a RFI. Cuba confirmó este viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.  Esas conversaciones buscan "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", precisó Díaz-Canel. La isla está sumida en una grave crisis de abastecimiento de combustible desde que no puede contar con el envío de petróleo de Venezuela, pero en el caso de Cuba, la administración republicana evitó la vía militar  y privilegia el diálogo. Un "reviro" observa el profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra  quien ha atendido a RFI. "Los republicanos históricamente llamaban a todos aquellos que buscaban el diálogo con Cuba hacia una transición. Los denominaban despectivamente como dialogueros, inclusive si nos acordamos, esos diálogos llevaron a un acuerdo entre la administración del presidente Obama y el régimen de Cuba. El contenido de los diálogos no lo sabemos en detalle, más allá de lo que Estados Unidos nos ha dicho, que es que el diálogo está encaminado a un cambio económico para de alguna manera levantar algunas de las sanciones" dice Gamarra.  Aún ignoramos los detalles de estos diálogos, pero La Habana inició la excarcelación de presos políticos y anunció la liberación de 51 de ellos. ¿Qué concesiones podría hacer el gobierno cubano? Responde Eduardo Gamarra. "No sabemos exactamente cuántos presos políticos hay en Cuba, pero se supone que son más de 1000. Se anunció que 56 creo que han sido liberados. Una señal de parte de Cuba, la señal positiva sería la liberación de los presos políticos, número uno. Número 2, pero que quizás número uno es el cambio económico, no la apertura de Cuba a reformas económicas. y sobre todo la presencia de Estados Unidos en el ámbito económico. Esa es la dimensión que es más importante en este momento para Washington. Los cambios políticos como tales. Si el modelo del CI es el modelo que están intentando perseguir, entonces no sabemos pues quién es el Del CI o la Del CI de Cuba, pero estarán buscando a alguien con quien entablar ese diálogo. El diálogo hasta ahora, Lo que nos han dicho públicamente es que ha sido con el nieto de Raúl Castro. Yo no tengo pues la información desde adentro, pero me imagino que Estados Unidos está buscando alguien con quien cogobernar Cuba en un proceso de transición" dice Gamarra en RFI.   Según Díaz-Canel, los intercambios con Estados Unidos fueron facilitados por "factores internacionales", que no precisó.    El jueves, su gobierno había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.    Las primeras excarcelaciones tuvieron lugar este viernes. La AFP asistió a la llegada a su casa de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13.  También a la de Ronald García Sánchez, de 33 años, sentenciado a 14 años, y vecino de Díaz, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital. Ambos participaron en las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021.Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo. "Ya te tengo aquí, se acabó el sufrimiento", le dijo al abrazarlo su madre Ivón Díaz.

En México, el gobierno considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales, muy críticadas por sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Australia es el primera país en haber prohibido totalmente el acceso a aplicaciones como Facebook Snapchat o Tiktok para los menores de 16 años, mientras que otros países como Francia  o España se encaminan a tomar medidas similares. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad. Diversos estudios han demostrado los impacto negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes tales como la alteración del ciclo de sueño, de alimentación, además de efectos en la salud mental. El secretario mexicano de Educación Pública Mario Delgado indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida drástica que tomó recientemente Australia. Una mala idea, según Juan Martin Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia. Pérez considera que la prohibición de las redes aisla socialmente a los jóvenes y aboga más bien por una mayor responsabilidad de las empresas. “Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, que son perfilados. Porque si vemos es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales. Porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas”. El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes: “El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas”, indicó. Pérez explicó que ya hay muchas recomendaciones, incluso en Estados Unidos que están cuestionando el scroll infinito. “Esto de que nunca terminas de ver contenido atrapa el cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo, no sabemos cómo se está diseñando cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expande es el odio. Tercer tema y muy importante, es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio”, aseguró. En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad. Una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso.

El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos. Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable. Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista.  Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero', ‘por 40 lo haría' o ‘la decisión depende de allá arriba'. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”. “La reparación exige medidas estructurales” Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca. “La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz. El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó. Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.

El ultraderechista José Antonio Kast se posesiona este miércoles marcando un cambio político drástico con relación al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric. Entre las primeras medidas que planea tomar Kast figura aplicar una política de mano dura contra la migración irregular que ofrezca resultados rápidos, una iniciativa que analizó para RFI Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. La militarización de la frontera norte será uno de los primeros gestos de Kast como nuevo presidente para combatir la migración irregular. El mandatario prometió la construcción de vallas, zanjas y muros de varios metros en las fronteras del país, junto con el uso de drones y cercos electrificados. Hace unas semanas, este admirador del exdictador Augusto Pinochet lanzó un llamado a los 300.000 migrantes indocumentados: “Les hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a partir de hoy, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”. Sin embargo, expulsar masivamente a los migrantes en situación irregular parece poco realista, indica Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile: "Me parece que esto va a ser un proceso mucho más largo de lo señalado por Kast cuando era candidato. Él aseguraba que en unos tres meses tendrían solucionado el problema de la inmigración. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de personas indocumentadas —más de 300.000—, uno se pregunta qué mecanismos se pondrán en marcha para que esas personas abandonen el país. A partir de la petición del nuevo presidente, es casi inviable porque estas personas no tienen recursos. También me parece importante señalar, en especial en el caso venezolano, que en ese país todavía no ha cambiado nada [tras la operación de captura de Macuro]. Entonces, las personas no saldrán de Chile si no ven modificaciones, por ejemplo, en su país de origen". ¿Será posible limitar los servicios de salud a los migrantes?  Kast propone también que los migrantes indocumentados tengan acceso limitado a los servicios de salud, una medida que esta especialista observa con preocupación. "Sería un retroceso respecto de lo que señala nuestra legislación, que garantiza la posibilidad de acceso de la población migrante a la atención pública. Me parece que, para llevar a cabo lo que propone Kast, sería necesaria una modificación de la ley con un enfoque más autoritario. No sé si un decreto presidencial permitiría hacerlo", puntualiza Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó además que su gobierno sancionará a las ONG que, según él, fomenten la migración irregular, así como a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados. ¿Obtendrá el gobierno de Kast la mayoría necesaria para reformar las leyes migratorias y tipificar como delito el ingreso irregular al territorio chileno? "La composición de ambas cámaras quedó algo más cargada hacia los sectores conservadores. Hay grupos que pueden inclinar la balanza hacia la criminalización de la inmigración irregular, pero también existen otros que se oponen", concluye Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó también que su gobierno sancionará a las ONG que fomenten la migración irregular y a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.

Tras superar los 100 dólares por barril por el temor a interrupciones en el suministro, el petróleo registró una fuerte caída después de que Trump afirmara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. Aun así, la volatilidad continúa y el impacto podría sentirse de manera desigual en América Latina: Brasil podría salir beneficiado, pero otros países, perjudicados. Análisis de Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas dispararon el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los mercados reaccionaron con una fuerte caída tras unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que la guerra podría estar "prácticamente terminada". Una afirmación que, por ahora, sigue sin confirmarse. En este contexto de gran incertidumbre en la economía mundial, surgen varias preguntas: ¿qué impacto puede tener la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en América Latina? ¿Podrían algunos países de la región salir beneficiados? Planteamos estas cuestiones a Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. Brasil, potencia petrolera en América latina  "Brasil, que es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina y produce actualmente alrededor de cuatro millones de barriles diarios, se beneficiaría de un precio elevado del barril. Brasil es hoy un exportador neto no solo de petróleo, sino también de etanol producido a partir de la caña de azúcar, que se utiliza como combustible. Creo que el principal país que se beneficiará será Brasil". En el extremo opuesto se encuentran los países del Caribe, que sí se verían perjudicados por esta situación. La razón es sencilla: no producen petróleo crudo y dependen casi por completo de la importación de combustibles refinados. ¿Y qué ocurre con los países andinos? "Para algunos países, principalmente en la zona andina, como Ecuador, Perú y Colombia, que exportan petróleo crudo, pero, desafortunadamente, también importan productos refinados como gasolina y diésel, es una navaja de doble filo. Por un lado, recibirán un mayor precio por el petróleo que exportan, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más por la gasolina y el diésel que importan. Esto se debe a la falta de capacidad de refinación que tienen", subraya Piñón. La actual crisis energética también ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura en algunos países para responder a la demanda interna, como ocurre en México o en Venezuela. Dos retos para América Latina  Sin embargo, según el experto, también hay economías de la región mejor preparadas para aprovechar el contexto. "Brasil, la propia Argentina —que ahora está exportando gas natural licuado— o Trinidad y Tobago, cuyas exportaciones de gas natural licuado son muy importantes. En realidad, América Latina está en una posición logística preferencial. Brasil, por ejemplo, tiene una larga historia como exportador de petróleo crudo hacia el mercado asiático del Pacífico", explica. La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta y, por lo tanto, también lo es la evolución de esta crisis energética. Pero, sea cual sea su duración, el desafío para América Latina parece claro: optimizar sus exportaciones de petróleo crudo y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles refinados.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades de Estado inauguraron el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El presidente Rodrigo Paz se apresta a firmar un acuerdo con la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada en 2008 por el presidente socialista de entonces, Evo Morales. "No venimos a generar violencia" aseguró  el ministro el interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el marco de su lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El ministro expresó su deseo de “sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta". Eso espera la dirigencia de las seis Federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder del Chapare Aquilardo Cari Cari. “No nos oponemos, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones del trópico de Cochabamba como indica la ley 906. Nosotros siempre hemos cooperado con la política de la racionalización de la hoja de coca”. Aquilardo espera que no se genere un conflicto entre el gobierno y la región porque la racionalización de la hoja implica la intervención en tierras de particulares. “Y ahí es importante la intervención del dirigente” para llegar a acuerdos, previno. Apoyo de la DEA  Con picas, palas y machetes, soldados bolivianos han empezado a erradicar los plantones de hoja de coca sembrados en zonas no autorizadas, mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales. ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA para luchar contra el narcotráfico. El presidente de ADEPCOCA, Daynor Choque, explicó que la hoja de coca está permitida en dos departamentos (La Paz y Cochabamba), pero en Bolivia los cultivos existen "en cinco departamentos, lo que hace notar que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico y mucho menos de políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales”. Choque calcula que en el país andino hay 31 000 hectáreas de coca, 9 000 más de lo que estipula la ley y cuyos cosechas serían utilizadas para la producción de la pasta base de la cocaína.  “Estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas”.  Las Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales -sobre quien pesa orden de captura por trata de personas a raíz de una relación con una menor de edad- temen que la presencia de la DEA en Bolivia sirva para que se le sumen cargos por narcotráfico y sea arrestado y extraditado a Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Los dirigentes iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto «Plan Z» gubernamental cuyo objetivo sería perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente de Morales.