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Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace? RFI entrevista a dos analistas que nos apuntan las razones de los ataques del republicano que han elevado la tensión al máximo con instituciones históricas como Harvard. El gobierno de Donald Trump tiene a varios centros educativos estadounidenses, por considerar, en el caso de Harvard de no hacer lo suficiente por evitar manifestaciones de activistas pro-palestinos y de "fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus".  En el caso de Columbia de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar "una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judíos". Por su parte Harvard ha dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad. Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace?Gabriel Cifuentes, analista político y hace parte de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard (HCSS) explica las razones en entrevista con RFI: "Las élites académicas han sido siempre consideradas como libres pensadores. Es decir, dentro de la academia siempre hay como una sensación de que hay un grado de liberalidad mucho más grande de lo que muchos gobiernos tienen. Hay profesores que son críticos. Los estudiantes han hecho manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Trump. Entonces puede ser un factor incómodo, sobre todo frente a universidades que tienen nombre, tienen peso, tienen canales internacionales en el sentido que tienen acceso. Una cosa es que Harvard diga esta política de Trump es absolutamente inconstitucional o va en contra de la libertad de expresión y otra cosa es que lo diga un think tank que nadie conoce. Yo sí creo que se está tratando de neutralizar un foco de de oposición intelectual de peso frente a medidas no solo estas que está tomando con las universidades, sino en general".Desde el inicio de su segundo mandato, Trump tiene en la mira a los científicos y centros educativos. Miembros de las academias estadounidenses denuncian pérdida de subvenciones y despidos ideológicos. con respecto a las universidades, por ejemplo a la de Columbia y a la de Harvard. Las considera foco de antisemitismo y de ideas progresistas. Ambas intentan recuperar los fondos públicos cancelados recientemente. En el caso de Harvard, la Administración pretende prohibirle que matricule estudiantes extranjeros tras rechazar el pedido de supervisión en materia de admisiones y contrataciones.  Para esta institución, estas medidas son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad.Gabriel Cifuentes subraya en nuestra antena: "Yo creo que él puede anticipar que los centros académicos y las universidades van a hacerle resistencia a su gobierno y a sus políticas. Y eso también se mezcla dentro de una lógica nacionalista en donde Estados Unidos está primero. Los intereses de Estados Unidos están primero y cualquier ruido que se pueda generar frente a las políticas migratorias, frente a las sanciones económicas a otros países, frente a la posición que está asumiendo Estados Unidos con la guerra en Ucrania, en la Franja de Gaza, pues pueden generar ruido, incomodidad para la administración Trump. Sin lugar a dudas".Aunque un juez federal bloqueó este viernes de manera temporal, la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, el gobierno de Trump espera que con esa posibilidad Harvard se vea obligada a entregarle los datos que les exigen:  grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. Harvard se niega y defiende su independencia. Sobre las implicancias de esta medida de Trump; el analista Juan Falkonerth, en RFI:  "Las medidas más fuertes significativas hasta ahora se han dado con la Universidad de Harvard, pero el Presidente puede estarlos utilizando como una medida ejemplar para que los otros centros educativos se den cuenta de lo que podrían enfrentarse si no colaboran con la administración del presidente Trump. Y es que hay un tema que se ha discutido mucho, que tiene que ver que los centros educativos de alguna manera están promoviendo movimientos comunistas, o quienes son pro de muchas causas internacionales, como la causa palestina, entre otras, que le generan ruido al presidente estadounidense".

La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas'. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina.  En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades.La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte.El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición."Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek.A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes.Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país."A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal.Costa Rica, reputación en juegoMientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas"."En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek.Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica".Informe:https://www.hrw.org/es/report/2025/05/22/la-estrategia-es-doblegarnos/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises-desde

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

La politóloga Ana Lucía Velasco estima que las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto en Bolivia, cuya campaña electoral acaba de empezar, se desarrollan en un momento difícil para el país, marcado por largas filas para comprar gasolina, la disparada del dólar en el mercado negro y el agotamiento del electorado. Esta especialista subraya el agotamiento de numerosos electores con el MAS, sin que el triunfo de la derecha esté garantizado.  Con la inscripción, en principio definitiva, de los diez partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de Bolivia para el periodo 2025-2030, se inicia la carrera electoral. La politóloga boliviana Ana Lucía Velasco destaca a cuatro candidatos con posibilidades de ganar."En el bloque más o menos de centro y de derecha, yo diría que están —con posibilidades de ganar— Samuel Doria Medina con la Alianza de Unidad y tal vez Jorge Tuto Quiroga. A la izquierda estaría Eduardo del Castillo, que es el candidato del MAS, con el respaldo del presidente saliente, el cual también se ha inscrito en las listas como primer senador. Y si Andrónico Rodríguez —actual presidente del Senado— logra que se registre su postulación, tendríamos tres frentes de izquierda que podrían pugnarse el voto entre ellos".Andrónico Rodríguez, inscrito por el Frente Alianza Popular, es un líder cocalero apadrinado políticamente en sus inicios por el expresidente Evo Morales, que está por fuera de esta contienda electoral. Con respecto a la situación del candidato Rodríguez, el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso el análisis de su candidatura hasta que la justicia resuelva si cumplió normas partidarias. Como en las últimas dos décadas, un candidato de la izquierda podría llegar al poder.Ana Lucía Velasco, experta también en psicología electoral, indica sin embargo que los candidatos de la derecha están tomando impulso, si bien no convencen del todo al electorado.Ausencia de un bloque único anti-MAS "La gente que vota por opciones de derecha, más que ser de derecha, son fundamentalmente personas que están en contra del actual gobierno y del Movimiento al Socialismo [MAS]. Creo que esas personas han experimentado en las últimas semanas una especie de desilusión y desesperanza porque la apuesta era que se generara un bloque único que pudiera acumular todo el voto anti-MAS para tener de esta manera una clara posibilidad de ganar. Eso nunca se logró y al final están yendo todos por separado", apunta.Algo similar ocurre con los votantes de la izquierda, dadas las peleas y diferencias internas, especialmente dentro del MAS."Es probable que el bloque de izquierda pueda acumular el voto de una manera más vertical, más orgánica, más sencilla. Pero yo diría que la campaña electoral acaba de comenzar con la etapa de propuestas electorales. El electorado boliviano experimenta un gran agotamiento. Y si a eso le sumamos que el tema económico en Bolivia está realmente difícil, las filas para comprar gasolina son gigantescas, el dólar en el mercado negro se ha disparado... entonces yo creo que el electorado boliviano está sometido a varias presiones psicológicas. Nunca hemos vivido una elección tan, tan fuerte como esta", concluye.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país.“Poder ser escuchados es importante”“Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI.“Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue.La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia.“La búsqueda de las Abuelas continúa aún”“En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete.“Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega.Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad.Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

El gobierno de Honduras confirmó que aterrizarán este lunes 19 de mayo 18 hondureños que aceptaron “autodeportarse” de los Estados Unidos utilizando el programa CPB One Home, la aplicación con la que Donald Trump busca reducir los gastos de expulsión hasta en un 70%. Honduras estaría cooperando con los Estados Unidos para que no intervengan en las elecciones del país centroamericano previstas a finales de 2025, estimó Lester Ramírez, de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Honduras, “a pesar de que con Joe Biden tuvo un discurso muy agresivo, contestatario e incluso irrespetuoso, está colaborando bastante con Trump, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela, para que hagan escala aquí y luego ir a Venezuela” porque, según Ramírez, “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales”.Las elecciones generales en Honduras se realizarán el 30 de noviembre de 2025 para renovar la Presidencia de la República, 128 diputados y 298 alcaldes.Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería hondureña, explicó a la prensa local que la administración de Donald Trump facilitaría a los migrantes regresar de forma voluntaria y “con dignidad, sin enfrentar procesos de detención ni deportación forzosa”.Leer también'Madres deportadas con sus hijos tienen el apoyo del gobierno', dice vicecanciller a RFIEl pasado 9 de mayo el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse” ofreciéndoles vuelos gratuitos. “Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. El 5 de mayo el gobierno estadounidense informó que los migrantes que aceptaran autodeportarse recibirían 1 000 dólares. EconomíaEn lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados (de los cuales 3 375 de Estados Unidos), lo que podría afectar directamente la economía del país, debido a la importancia que tienen las remesas. En 2024 se registró un ingreso de 9,740 millones de dólares por remesas, cifra que la coloca como principal fuente de divisas para este país de cerca de 10 millones de habitantes y que ocupa el segundo lugar en pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Aunque su reintegración podría representar un gasto adicional para el Estado, Lester Ramírez considera que los deportados no agravarían la economía nacional, pues la mayoría de los trabajos se sostienen de la informalidad, pero sí la inseguridad.  “Las redes familiares, las redes de apoyo van a ayudar de alguna manera a mitigar el impacto [económico], pero de lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales, y eso no se está registrando, la policía no está haciendo un esfuerzo para poder darle seguimiento”, consideró.“Ya se dieron casos en los que personas que han sido deportadas, a los pocos días de su regreso, o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Más que económico, el problema va a ser de seguridad”, dijo.A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, en el primer mes de su gobierno fueron deportadas 37,000 personas, 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Este 14 de mayo, en Bolivia, comenzó el registro de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Los analistas piden prudencia por los cambios de último momento, como la sorpresa que dio el presidente Luis Arce que desistió de la contienda electoral. En Bolivia corre reloj para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y también a los diputados y senadores. Carolina Floru, analista y experta del sistema de partidos políticos de ese país, explicó a RFI que aún están en negociaciones los posibles candidatos del oficialismo y de la oposición.La figura de Andrónico RodríguezSe trata de discusiones complejas, empezando por el movimiento del exmandatario Evo Morales, quien no puede participar por cuestiones legales: “El expresidente Evo Morales no tiene posibilidades de ser candidato. El tema ya ha sido saldado por la Justicia. Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre del 2023 y esa decisión le impide la reelección indefinida, a no ser por un mal comportamiento del sistema judicial, porque la Constitución política del Estado boliviano es absolutamente clara e impide su candidatura y el Tribunal Constitucional y las normas internacionales ya se han pronunciado al respecto”, afirma Floru.Y luego está el oficialismo que lideraba Luis Arce, pero que al renunciar porque las encuestas no le ayudaban -tenía el 1% de las preferencias electorales según la consultora Captura- le pasó el relevo al senador Andrónico Rodríguez.“Andrónico Rodríguez representa un ala renovadora dentro del oficialismo. Además, Andrónico ha demostrado que ya ha podido condensar la participación de varias organizaciones sociales, que son básicamente las que han dado siempre el apoyo a la corriente de Evo Morales”, explica Floru.Fragmentación en la derechaPero si bien hay fragmentaciones en la izquierda, también es el caso en la derecha: “Lastimosamente también están fragmentados y creo que el reloj está ya sonando para la oposición y exigiendo que tome algunas decisiones con respecto a cómo quiere abordar este nuevo escenario”, “un escenario en el cual el oficialismo iría junto, digamos, condensado a la contienda electoral”, considera Floru.“Y esto pone la oposición en una situación crítica, porque si va dividida en varias instancias como hasta ahora lo está demostrando, lo que tendríamos es un Congreso con cinco o seis fuerzas y que obviamente no permitiría una adecuada gobernabilidad para el escenario que tenemos después del 2026”, detalla la analista.El tablero político tomará forma una vez que las agrupaciones políticas concluyan el registro que cierra este 19 de mayo.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Antes de convertirse en el papa León XIV y cuando oficiaba como  obispo en Perú, Robert Prevost fue acusado de encubrimiento de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes bajo su jurisdicción en el caso de abusos del Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, investigaciones independientes y periodistas han afirmado que dichas alegaciones contra Prevost fueron "absolutamente falsas" y surgieron como parte de una campaña de desprestigio impulsada por el propio Sodalicio. Entre quienes defienden la labor de Prevost se encuentra José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del escándalo. El cónclave en Roma hizo saltar las acusaciones en Lima: se decía que Prevost había encubierto a los curas detrás del grupo religioso Sodalicio, cuya plana mayor es acusada de pederastia y violación sistemática de los derechos humanos contra sus miembros (según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002). Todo era para impedir que llegara a ser papa, responde desde Perú José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes de Sodalicio y fundador de esta red de sobrevivientes.“Estas denuncias que aparecieron fueron inicialmente una sorpresa, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de dónde venía esto”, explica José Enrique Escardó a RFI. “Lo que había sucedido es que él como perfecto del Dicasterio de los obispos, había sido el que tomó la decisión luego de las investigaciones hechas por [el arzobispo de Malta, Charles] Scicluna, y [el sacerdote español Jordi] Bertomeu, que vinieron a investigar al Sodalicio en Perú. Prevost tuvo que tomar la decisión de sacar o pedirle su renuncia anticipada a José Antonio Euguren, que era arzobispo de Piura y Tumbes. Y esa decisión, obviamente firmada por el papa, es la que significó el primer golpe fuerte al Sodalicio en el Perú: sacar a este arzobispo”, subraya.En una de sus últimas acciones, el papa Francisco disolvió al Sodalicio en enero de 2025. Un año antes, José Enroque Escardó llegaba a Roma para hablar con Francisco de los abusos de la comunidad. Allí fue recibido por el ahora León XIV.“Yo estuve con él en el Vaticano cuando fui en enero de 2024 a reunirme con el papa Francisco y, saliendo de la de la reunión con el papa Francisco, me fui a hablar con el cardenal Prevost, a quien ya conocía yo de varios años aquí en Perú. Él tenía toda la disposición de continuar con el trabajo, estaba totalmente de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo en tema de abusos dentro de la Iglesia con el papa Francisco y también con los sobrevivientes”, sostiene Escardó. Prevost se puso en los zapatos de las víctimas, las mismas que piensan volver ahora con sus demandas ante el Vaticano.“Ahora, con la elección del papa León XIV me quedo con la tranquilidad de que podemos tener a una persona que puede continuar las reformas que había estado haciendo el papa Francisco y que además va a ser cercano a nuestro país, y específicamente cercano a la red de sobrevivientes Perú, de los sobrevivientes del Sodalicio. Eso me ha generado una emoción tremenda, pero obviamente lo que tenemos que esperar como siempre es ver cuáles van a ser las acciones que van a realizar más allá de las palabras, que es lo mismo que le dije al papa Francisco y espero que vayamos en el mismo camino para poder resolver estos temas que son tan urgentes”, dice con esperanza Escardó. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en las últimas horas a varios presidentes latinoamericanos que estarán presentes en las celebraciones de este 9 de mayo, conmemoración de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. A la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela y Díaz Canel de Cuba, se suma la de Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien se reunirá con el presidente ruso este mismo viernes. La presencia de Lula ha generado fuertes críticas pues se interpreta como un espaldarazo a Putin en medio de la guerra en Ucrania. Lula se reunirá este viernes en Moscú con Putin y asistirá a un desfile militar en la Plaza Roja en memoria de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas.Cerca de una treintena de mandatarios han confirmado su presencia a la principal conmemoración histórica de Rusia, entre ellos los de Cuba y Venezuela, países cuyos regímenes están lejos de ser democráticos. De hecho, Lula es uno de los pocos líderes democráticos invitados, señaló un observador.La presencia del presidente brasileño en el evento más simbólico del calendario nacional ruso, en plena guerra en Ucrania y teniendo en cuenta las peligrosas ambiciones expansionistas de Moscú, interroga.Para el analista Leonardo Paz, del Centro de Prospectiva e Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas. Sin embargo, las críticas están en realidad marcadas por el prisma ideológico de cada uno: “Si eres una persona de derecha, que sea de oposición del gobierno, no puedes creer que Lula va a ofrecer a Putin una plataforma política viajando a Moscú. Si eres aliado de Lula, vas a decir que es normal que vaya ya que Rusia es un país con buenas relaciones con Brasil como miembros de los BRICS y que una visita a Moscú no es necesariamente un apoyo a Rusia en su guerra con Ucrania”.Lo que el gobierno del presidente Lula ha buscado es el equilibrio, estima el analista Leonardo Paz. “El presidente Lula ha intentado hacer una política de equilibrio entre los países occidentales. Brasil fue hace poco a Japón, a Vietnam y no visitó China en ese momento, a penas la va visitar ahora. En el 2024 Brasil fue a la reunión del G7. Brasil también intenta aproximarse cada vez más del occidente, de los Estados Unidos y de los europeos. Hay un esfuerzo muy grande de Brasil para hacer parte del acuerdo Mercosur Unión Europea”, recuerda el analista Leonardo Paz.  

El Gobierno colombiano anunció este martes la captura de más de dos centenares de miembros del Clan del Golfo desde mediados de abril, en respuesta a la ofensiva violenta de esa banda narcotraficante conocida como “plan pistola”.  Para algunos analistas, este es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país suramericano por, entre otras cosas, las fallas de los diálogos de paz. Desde el 15 de abril los ataques de los grupos ilegales y rebeldes se han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, según el Gobierno. Esto es casi un asesinato de un miembro de la fuerza pública por día. Los crímenes son atribuidos principalmente al Clan del Golfo en el marco del denominado “plan pistola”. En respuesta a esta ofensiva, las autoridades han capturado a 217 miembros de ese grupo armado en las últimas tres semanas. Oscar Palma, especialista en seguridad y defensa y profesor en la Universidad del Rosario explica que “el clan del Golfo es una organización de sombrilla, como una especie de federación que incluye alianzas con organizaciones menores, con otra serie de grupos asociados a la estructura como tal y el plan pistola que el clan del Golfo está realizando actualmente se da justamente por la captura de uno de los miembros de su Estado Mayor, por así decirlo”.El Plan Pistola recuerda una célebre táctica que ya había utilizado el mismo Clan del Golfo en 2022, pero también, en los años 90, el narcotraficante Pablo Escobar.“Muchas veces, incluso estos asesinatos suceden cuando los miembros de las instituciones están por fuera de su actividad, es decir, no están en una operación específica de combate, pueden incluso estar de civil y sin embargo, son víctimas de este tipo de asesinatos. Es exactamente lo que estamos viendo hoy, particularmente en cabeza del clan del Golfo”, señala Palma.Para este especialista en seguridad y defensa en Bogotá, “el plan pistola” es una ilustración más de la degradación de la situación de orden público en Colombia. “Estamos viendo dinámicas que no veíamos desde hace muchos años, antes incluso del proceso de paz”.Para él, la crisis es consecuencia de procesos de paz que han fracasado, pero también de “unas fuerzas militares que han recibido la orden de no operar en contra de algunos grupos con los cuales supuestamente se tienen unas conversaciones de paz, pero que no han rendido frutos”. A esto, se le suma, según Palma, el aumento de la producción de cocaína en el País. “Es un momento muy gris en términos de seguridad, en términos de paz, en muchos de los territorios más remotos de Colombia. Y esta idea del plan pistola no es más, sino otro de los síntomas”, concluyó.

El periódico nicaragüense La Prensa ha ganado el Premio UNESCO-Guillermo Cano a la Libertad de Prensa 2025, galardón que reconoce cada año a medios y periodistas que llevan a cabo su tarea informativa en contextos de riesgo y ataques a su seguridad. Postulados por la Sociedad Interamericana de Prensa, los periodistas de La Prensa fueron forzados al exilio entre 2021 y 2022 y, desde allí, continúan reportando. El diario nicaragüense La Prensa tiene 99 años de vida y casi cuatro reportando desde el exilio. En 2022, tras cubrir la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad, sus dirigentes y periodistas fueron perseguidos, algunos encarcelados y su redacción, cerrada.Tal es el caso de su director general y editor Juan Lorenzo Holmann, quien cuenta que pasó 555 días secuestrado. Holmann logro más tarde cruzar la frontera, al igual que otra decena de colegas, que encontraron refugio en países como Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Hoy desde su redacción virtual en el exilio, informan a Nicaragua y al mundo sobre qué sucede en su país.“La parte más extenuante es mantener el vínculo con la sociedad dentro. En Nicaragua no existe el periodismo libre o independiente del todo. Entonces, la voz de los que están en Nicaragua somos los que estamos afuera”, explica Juan Lorenzo Holmann. “¿Cómo mantenemos ese vínculo? Teniendo a nuestras fuentes resguardadas y dándoles la seguridad de que su identidad va a ser protegida. Nosotros recibimos información dentro de Nicaragua, de informantes, de fuentes, pero esas informaciones que nos envían las tenemos que verificar. Es decir, nosotros no publicamos absolutamente nada que no haya sido verificado, porque muchas veces hay fuentes que quieren dar información que no es correcta para hacerlo quedar mal ante nuestra audiencia”, asegura.Holmann comenta que el 65% del tráfico en su sitio web viene de Nicaragua. Sin embargo, su audiencia es silenciosa: casi no reciben “Me gusta” ni respuestas de compatriotas porque cuenta que allí el consumo de medios independientes puede traer represalias. Hoy se financian con la venta de suscripciones.“El que sigue haciendo periodismo en Nicaragua, lo hace porque se ha convertido en un apostolado. Yo los llamo los apóstoles de la libertad de prensa, porque por el gobierno los ha sido perseguido, criminalizado a tal punto que la gente ha tenido que abandonar Nicaragua para poder resguardar su integridad. Nosotros pensamos que si la llamada de la libertad de prensa se apaga, quedamos todos a oscuras, y no sólo quedamos a oscuras, sino que entonces la narrativa impuesta por el régimen, por la dictadura, toma mayor fortaleza y es lo único que se vería hoy día. El tema de combatir la censura o luchar en contra de la censura no es sólo porque queremos decir, sino que también porque queremos desvirtuar la falsa verdad que quiere imponer el régimen”, sostiene Juan Lorenzo Holmann.Holmann cruza los dedos para que el reconocimiento de la UNESCO sacuda a la comunidad internacional y los ojos se posen sobre Nicaragua, país que, según Reporteros Sin Fronteras saca la peor nota en libertad de expresión de Latinoamérica.

Según un tratado de 1944 entre México y Estados Unidos sobre el suministro mutuo de agua, ambos países deben compartir las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Trump ha asegurado que México le debía agua a su país. Para saldar esa deuda, México se comprometió a realizar entregas inmediatas de agua a su vecino. Para el profesor de hidrología Alfredo Granados Olivas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entrevistado por RFI, el hecho de que no se haya renegociado ese Tratado 'es un éxito de la negociación'.  México adeuda el 70 % de los 2.156,6 millones de metros cúbicos que está obligado a entregar en ciclos de cinco años, argumentando largos períodos de sequía que afectan a la cuenca del río Bravo (conocido como "río Grande" en Estados Unidos). El actual ciclo vence el próximo 24 de octubre.Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó: "En el caso de la entrega de agua, esto tiene que ver con su disponibilidad; si hay una cantidad de millones de metros cúbicos de agua que se puedan entregar. Pero, si no hay agua, ¿cómo la entregas?", se preguntó esta semana.México confirmó que realizará entregas inmediatas de agua a Estados Unidos para saldar su deuda o, en términos del comunicado de la Cancillería mexicana, "mitigar el potencial faltante". Todo esto bajo las reglas del tratado de 1944 y de acuerdo con un procedimiento que se mantendrá durante la próxima temporada de lluvias.El 'éxito' de la negociación Ambos países coincidieron en que "no se considera necesaria" la renegociación del tratado de 1944, según la Cancillería mexicana. Un punto que destaca Alfredo Granados Olivas, profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez."Lo primero que debemos tener en cuenta, como un éxito de esta negociación, es que ambos países acuerdan que el Tratado de 1944 no está sujeto a revisión. Es decir, no hubo incumplimiento ni se requiere modificar ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que permite flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, es posible enfocarse en la flexibilidad del tratado", explica Granados.El profesor subraya otro aspecto del acuerdo: la cantidad de agua que asignará el gobierno mexicano dependerá del próximo período de lluvias."Según otro de los puntos del acuerdo, a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que será en octubre de 2025, México deberá entregar o asignar volúmenes de agua a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500 millones de metros cúbicos, casi 520 millones, para poder cumplir con la entrega".La flexibilidad de este tratado permite el diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar."Quisiera resaltar un factor importante: el tratado, y por eso es valioso, permite hacer derivaciones futuras de volúmenes pendientes de un ciclo a otro. Es decir, si en un ciclo anterior de cinco años no se logró cumplir con las entregas de 2.200 millones de metros cúbicos de agua, o un valor cercano, esa volumetría pendiente se puede trasladar a otro ciclo. El tratado permite considerar el factor tiempo gracias a su flexibilidad y así alcanzar acuerdos, sin que se bloqueen las negociaciones", concluye Alfredo Granados Olivas.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI,  'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'.  Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington.Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca.No hay un análisis caso por caso "El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma.El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo?"Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli.El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante:“Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

Donald Trump cumple 100 días en la presidencia, un inicio de mandato en el que la lucha contra la inmigración se ha convertido en su caballo de batalla. Para lograr expulsiones masivas, ha desplegado grandes medios militares y financieros así como redadas destinadas a reducir el número de migrantes indocumentados en suelo estadounidense. Reportaje desde Ciudad Juárez (México) de la enviada especial Natalia Olivares.  A pocos metros de Texas (Estados Unidos), pero del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez (México), muchos migrantes se han quedado varados tras meses de travesía por varios países latinoamericanos. Algunos incluso tenían cita para obtener la protección de los asilados, el CBP One. Entre ellos, una familia que tuvo la mala suerte de ver cancelada su cita con las autoridades después de un periplo por siete países. La cita estaba prevista el mismo día en que asumió Donald Trump. "Nos vinimos por la selva el Darién. Desde Venezuela recorrimos todos los países de país en país, nos íbamos quedando y ya íbamos juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula fuimos a Migración, nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de de enero", explica esta mujer desde la Casa del Migrante que prefiere mantener el anonimato. Esta Casa del Migrante se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Financiada por la comunidad católica de la región, esta organización recibía durante la administración anterior a unos 1.500 migrantes de Centroamérica por día. Hoy a penas hay 50 por día.Esta mujer, que ayuda en la cocina, lleva cuatro meses en la Casa del Migrante a la que llegó con su marido y sus dos hijas de ocho y dos años. "Tal y como está la situación, ya me voy a devolver (Trump) es muy racista, no quiere a los migrantes", se lamenta. Además tiene miedo de ser encarcelada si cruza la frontera. "Llevo tatuajes, pero yo nunca he bebido, nunca me he fumado un cigarro. Si voy a Estados Unidos y él me quiere meter presa, yo voy a ir presa solo por los tatuajes que tengo", afirma. En los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad y desde aquí esperan ser reenviados a su país o intentar el cruce nuevamente."Mi hijo emprendió el viaje del 2023 a finales de septiembre, era menor de edad, tenía 16 años. Le pasó un incidente en el camino, una persecución por parte del ejército y una balacera aquí en Chihuahua. Le fracturaron la tibia y peroné, le explotaron con un disparo", explica por su parte Isaías García, guatemalteco de 47 años, también hospedado en la Casa del Migrante. Gracias a la ayuda humanitaria, Isaías pudo viajar hasta aquí para reunirse con su hijo. Lleva un año y cuatro meses y ya quiere regresar a Guatemala pero su hijo insiste en continuar con el objetivo de entrar en Estados Unidos. "Mi hijo sigue con la idea de irse para los Estados Unidos y yo como padre quisiera que regresara conmigo para Guatemala", afirma. Son sólo dos de las miles de historias que se cruzan en esta Casa del Migrante, una antesala incierta para el regreso o el camino, cada vez más complicado, hacia el norte. 

Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, entrevistó a dos académicos en Estados Unidos que temen ser deportados, a pesar de residir legalmente en el país, debido a la agresiva política antiinmigrante de la administración Trump que podría desatar una inédita 'fuga de cerebros' en ese país.  Durante décadas, Estados Unidos recibió a los mejores académicos del mundo, muchos de ellos huyendo de la censura y las dictaduras. Ese aporte internacional consolidó el liderazgo científico del país. Hoy, ese centro de conocimiento global está en riesgo por los ataques de la administración Trump.El 75 % de los científicos en Estados Unidos ha considerado dejar el país por la persecución académica que ejerce el gobierno de Trump contra docentes y estudiantes, según una encuesta de la revista Nature realizada a más de 1.600 académicos e investigadores."Si queremos alcanzar lo que buscamos para nuestro país y sus ciudadanos, tenemos que, de manera honesta pero también agresiva, atacar las universidades. Los profesores son el enemigo", dijo el vicepresidente JD Vance en un evento de campaña cuando aún era senador.El gobierno de Trump está recortando miles de millones de dólares en fondos para las universidades, vigilando y censurando contenidos académicos, y deteniendo o deportando a profesores de forma arbitraria.'Claro que me gustaría irme de Estados Unidos'Kwame Otu, profesor de la Universidad de Georgetown, habló con RFI sobre estas nuevas condiciones que impulsan la fuga de cerebros."Claro que me gustaría irme del país, pero no sé a dónde. Tal vez a Ghana o a otro lugar, no sé. Pero sí, claro que he considerado la idea de irme de aquí", sostiene.El profesor Otu es ciudadano estadounidense, pero afirma que ni siquiera con ese estatus se siente seguro."A pesar de tener un pasaporte estadounidense y ser ciudadano, tengo miedo de que amañen la ley para justificar una revocación de mi ciudadanía", dice.Para los profesores de origen extranjero que no tienen la ciudadanía, hablar de sus condiciones resulta aún más riesgoso. Una profesora en Washington, que pidió el anonimato, asegura que hoy hay temas que ya no se pueden abordar en las universidades.Es prudente no irse de vacaciones "Hay ataques puntuales a las conversaciones sobre diversidad y equidad. Hay palabras como discriminación, mujer o género que ni siquiera se pueden mencionar, o que no tienen cabida en solicitudes para fondos del gobierno federal o para programas específicos en las universidades. Creo que todo esto está afectando gravemente a la universidad como institución", afirma.Según ella, muchos colegas ya tienen un plan B, y si salen del país es probable que no regresen."De hecho, las universidades nos han enviado correos oficiales sugiriendo que quienes tenemos visa H1B (visa temporal de trabajo) o Green Card (residencia permanente), no salgamos del país por miedo a que, al regresar, no nos permitan entrar", subraya.Canadá, Europa e incluso China se están beneficiando de esta fuga de cerebros. La universidad francesa Aix-Marseille ha creado un nuevo programa llamado 'Un espacio seguro para la ciencia'. Desde marzo, más de medio centenar de científicos estadounidenses han postulado.

Uno de los problemas más urgentes en América Latina y el Caribe es 'la lucha contra el crimen organizado', entre otras razones porque 'frena el crecimiento económico', señaló el Banco Mundial en un informe. Las tasas de homicidio en la región 'superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo', agregó el organismo. Entrevista con David Barrios, investigador de la UNAM y doctor en Estudios Latinoamericanos. El Banco Mundial advierte que el crimen organizado está frenando la economía y que la región podría quedar atrapada "en un crecimiento anual mediocre". Se estima que la economía crecerá 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que convierte a América Latina en la zona de menor crecimiento a nivel mundial, lo cual resulta paradójico, considerando su riqueza en recursos naturales.En el informe publicado este lunes, el Banco Mundial sostiene que el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico e impone, mediante la violencia, sus propias reglas comerciales."Uno de los puntos significativos del informe del Banco Mundial es que reconoce el control territorial que tienen los grupos [del crimen organizado]. En términos cotidianos, esto implica una expoliación constante de la población a partir de rentas ilegales diversas, como las extorsiones, así como la instauración de una especie de 'impuestos' sobre determinados servicios y productos. Incluso llegan a ejercer un monopolio sobre esos servicios y productos', explica David Barrios, investigador de la UNAM, adscrito al área de Economía del Conocimiento y Desarrollo.América Latina es una región de 'baja productividad, pobre y con altos niveles de desigualdad', según el Banco Mundial. A esto se suma que el crimen organizado estaría presente en todos los rincones de la economía: desde los pequeños comercios en barrios y colonias hasta las industrias más sofisticadas.'Por ejemplo, hay empresas [ilegales] que se dedican a actividades extractivas. También hemos observado en algunas regiones del continente que los grupos [de crimen organizado] reorientan las actividades productivas, por ejemplo, hacia el agronegocio. Entonces sí, el crimen organizado tiene una gran capacidad de incidencia en distintas escalas del territorio", señala Barrios.El crimen organizado se adapta rápidamente  Las actividades económicas del crimen organizado se están adaptando al contexto internacional actual, marcado por la incertidumbre que generan figuras como Donald Trump y su guerra comercial. En ese marco, recurren —por ejemplo— a tecnologías de geolocalización avanzadas para mejorar su logística."La economía criminal funciona como un espejo de la economía formal. Si el crimen organizado estima que habrá determinadas áreas afectadas por la imposición de aranceles, las identifican de inmediato y las incorporan a su portafolio de actividades", afirma Barrios.En el contexto mexicano, el investigador menciona varios ejemplos que ilustran esta capacidad de adaptación."Un caso es la explotación ilegal de acero, que luego se exporta —también de manera ilegal— hacia ciertas regiones del continente asiático. También hay materias primas vinculadas al agronegocio y a los hidrocarburos fósiles. Incluso ocurre lo mismo con el agua potable, que se revende a las poblaciones más vulnerables", agrega Barrios.Según el investigador, el crimen organizado también estaría apropiándose de las últimas tecnologías de geolocalización para mejorar su logística.Por su parte, el Banco Mundial reconoce que no es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región. Sin embargo, identifica algunos factores: la reorganización de los grupos criminales tras las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y el uso intensivo de tecnologías de punta.

Al frente de la presidencia rotativa de los BRICS, cuya reunión de cancilleres se inició la víspera en Río de Janeiro, Brasil impulsa el multilateralismo como vía para resolver los conflictos en Ucrania y Gaza. Sin embargo, según la politóloga Miriam Gomes Saraiva, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, esta postura 'obviamente beneficiaría más a Rusia que a Ucrania''. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, inauguró la reunión de cancilleres de los BRICS en Río de Janeiro con un discurso en el que afirmó que el bloque "está en una posición única para promover la paz y la estabilidad a través del diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral".Brasil aboga por el multilateralismo como solución a los principales conflictos internacionales, incluidos los de Ucrania y Gaza. Pero ¿en qué consiste exactamente el multilateralismo que propone Brasil?"El multilateralismo supone que participan no solamente los países directamente implicados, sino también otros actores que podrían ejercer una función más equilibrada, más neutral", dice a RFI la politóloga Miriam Gomes Saraiva, experta en geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.Priorizar el fin de la guerra a costa de las pérdidas para UcraniaSin embargo, en el contexto actual de guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania y las ambiciones territoriales expansionistas de Moscú, ¿a quién podría beneficiar esta postura?  "Para Rusia es mejor porque este grupo [de los BRICS] va a darle prioridad a terminar la guerra, aunque eso pueda acarrear problemas y pérdidas para Ucrania. En el fondo, esta posición obviamente da más beneficios a Rusia que a Ucrania", dice.Uno de los temas clave de la reunión fue también la respuesta del bloque a la nueva guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, lo que dejó en evidencia las divergencias entre los once países que integran los BRICS, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Evitar la confrontación con WashingtonMientras China aboga por una respuesta firme ante el aumento del 125 % en los aranceles a sus productos, otros miembros prefieren evitar una confrontación directa con Washington."Para Rusia en este momento no sería ideal que el BRICS se fuera directamente en contra de Estados Unidos con mucha fuerza porque de una u otra manera la solución del problema en Ucrania está en las manos de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal suministrador de armas para Ucrania. Así que no sería el ideal [para Moscú]", concluye.El primer día de reuniones concluyó sin una declaración final sobre los temas en agenda, reflejando las tensiones internas del bloque, que también incluye a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudita.

El presidente colombiano se prepara para someter a votación su reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que se vio rechazado por el legislativo, órgano al que Petro acusa de obstruir sus proyectos de ley. El presidente Gustavo Petro eligió el 1° de mayo, Día internacional de los trabajadores, para radicar ante el Congreso la consulta popular que busca reformar el sistema laboral. El mandatario colombiano decidió poner su proyecto de ley ante las urnas, luego de que este fuera rechazado por segunda vez en el Congreso, en marzo pasado.Ahora, además del Legislativo, el gobierno es objeto de críticas por parte de los empresarios que temen el impacto económico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en el país.En entrevista con RFI la economista Diana Salcedo, subdirectora de empleo y seguridad social del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que los que se oponen son quienes sacan ventaja del sistema.“Si le preguntamos a los colombianos de a pie  si están de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo ocho horas, que el día termine a las 6 de la tarde, que se les pague con un recargo del 100% en un día festivo, o que los aprendices tenga un contrato laboral, por supuesto que van a decir que sí. Donde se ha generado la mayor oposición es en los sectores que tradicionalmente han estado interesados en retirar derechos a los trabajadores para abaratar los costos de producción y tener más ganancias”, aseveró Salcedo.La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco advierte que este sector enfrentaría sobrecostos laborales de hasta 30% y califica dicha reforma de inconstitucional por, por ejemplo, no contar con un análisis fiscal. Pero el desafío del gobierno no es solamente en el Congreso o con los empresarios, sino también con la participación electoral que ha sido históricamente baja. “Colombia históricamente es un país que ha sufrido mucho por el tema del abstencionismo. Entonces nos corresponde invitar a la población a que tengan una participación alta en las consultas. El reto es enorme, pero no es la primera vez que Colombia enfrenta este tipo de desafíos” agregó la economista.Para que una consulta sea válida en Colombia se debe contar, como mínimo, con la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, es decir, 13,6 millones de personas.

La Fiscalía General de Rusia informó este 24 de abril que el colombiano Miguel Ángel Montilla fue condenado a nueve años de prisión por supuestamente combatir como mercenario en las filas ucranianas, pero su familia dice que no ha sido informada de la decisión y denuncia irregularidades. “La única llamada que tuve fue cuando recién lo capturaron, le dejaron hacer una videollamada”: Lizeth Montoya, esposa del colombiano Miguel Ángel Montilla, lleva más de 10 meses sin hablar con su esposo, quien fue capturado por las fuerzas rusas y es acusado de servir al Ejército de Ucrania y participar en combates contra las fuerzas rusas en la ciudad de Krasnogórovka ocupada por Rusia, en el este ucraniano.Pero su esposa Montoya asegura que él no alcanzó a combatir y que viajó a Ucrania tras aplicar a una convocatoria de unos militares vía TikTok para servir como centinela con el Ejército ucraniano, pues en Colombia era vigilante de un centro comercial.    “Fue una traición”“Él me decía que estaban necesitando voluntarios y que dependiendo de donde estuviera les iban a pagar, pero en ningún momento él había salido a batallar ni nada de eso. Él recién había llegado, o sea que ni siquiera tuvo una especialización, aunque dice en el contrato que lo tenían que especializar si lo iban a sacar a algún lugar”, cuenta Lizeth. “Primero llegó a un batallón del 204 y ahí estuvo un mes y no los sacaron a ningún lado. Estaban ahí en unas cabañitas y no les hicieron firmar contrato ni seguro de vida. Entonces varios compañeros se fueron para otro batallón que era el 59. Allá supuestamente también fue culpable un señor que pusieron de supervisor, que se llama Anderson, le decían comandante pero no era un comandante y ese fue uno de los que hizo ese papeleo a la ligera, y los sacó sin ningún ninguna planeación”, prosigue. “Cuando él me llamó el 29 de junio me dijo ‘me van a llevar a cuidar un edificio con unos compañeros'. Iban nueve, e imagínese si iban nueve, cómo se iban a enfrentar a la potencia mundial que es Rusia. Entonces sí los llevaron regalados. Eso fue una traición”, señala la mujer.“No se hacen responsables de nada”Montoya denuncia que no ha recibido ninguna notificación de la condena de su esposo y lamenta la falta de implicación del Gobierno colombiano y ucraniano, que estaría detrás del contrato con Montilla, que según su esposa aceptó para salvar la deuda de su casa. “Ya llevo un año esperando algo. Y nada. O sea, no se hacen responsables de nada. Me dicen que me han dado una indemnización por su desaparición, pero que yo tenía que ir a Ucrania a abrir una cuenta de banco para que me empiecen a pagar. ¿Y yo cómo rayos voy a ir por allá?”, denuncia.Como Montilla, son muchos los expolicías o exmilitares que, a través de campañas por redes sociales, aplican para ir a combatir a Ucrania con la promesa de una suma de dinero consecuente. Moscú ha denunciado que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como carne de cañón, algo que Rusia castiga con entre siete y 15 años de prisión. Pero según la prensa independiente, el Kremlin también utiliza a miles de extranjeros de países como Kirguistán, India o Cuba en su guerra. 

Este 28 de abril son las elecciones federales en Canadá, unos comicios marcados por el patriotismo tras las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de querer anexionar este territorio. Amenazas que han impulsado al Partido Liberal del primer ministro Mark Carney, que busca reafirmar su estancia como líder de Gobierno. Hace unos meses, el Partido Liberal de Canadá se encontraba debilitado por la baja popularidad de su líder, el exprimer ministro Justin Trudeau, que lo llevó a renunciar y ser reemplazado por su copartidario Mark Carney en marzo pasado.“El partido de Canadá”En ese momento, el principal líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, lideraba las encuestas, pero el presidente estadounidense Donald Trump cambió esa ecuación. Sus amenazas de querer anexionar Canadá a Estados Unidos despertaron un sentimiento de patriotismo, que se identifica con el Partido Liberal de Carney y Trudeau.“Las encuestas dan un vuelco muy significativo y ahora el candidato liberal está arriba, y todo el mundo apunta a que ha sido la retórica poco amistosa de Trump hacia Canadá lo que le ha dado al Partido Liberal un aire fresco”, explica Alejandro García, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto.Además, señala, “el Partido Liberal ha sido o es percibido tanto dentro de Canadá como fuera, como el partido de Canadá, el partido que realmente lleva muchos años en el poder y le ha dado a Canadá ese cariz particular, como un país bilingüe con lazos europeos y distinto a Estados Unidos”.¿Aumento de participación?Según García, Trump también ha hecho que otros temas, tradicionalmente centrales en unas elecciones, pasen a segundo plano. Incluso se podría esperar un aumento de participación electoral, pues ya el voto anticipado batió un récord de 25% adicional.“Mucha gente en Canadá lo está viendo como una oportunidad de enfatizar que éste es su país. Se podría incluso pensar en una especie de voto de protesta, es decir hay una entidad política que es Canadá, y yo pertenezco a eso”, prosigue García.“En una elección normal en Canadá, tendríamos que estar hablando de la economía, del empleo, de qué hacer con el separatismo en Quebec, cómo reforzar los lazos con Estados Unidos… Pero no tendríamos por qué estar hablando sobre los intentos anexionistas de Washington. No tendríamos que estar hablando del estado 51. La gente quiere ser parte de este país, y se refleja en su voto”, apunta.El Bloque Quebequés y la izquierda del Nuevo Partido Democrático también están en la contienda electoral, pero según las encuestas son los conservadores y el Partido Liberal quienes tienen posibilidades reales. Claro está que el conservador Poilievre ha sido señalado de simpatizar con políticas de Trump y podría pasarle factura.Recordemos que en Canadá los electores no eligen directamente al primer ministro, sino que escogen a los miembros de la Cámara de los Comunes y el líder del partido que obtiene la mayoría de escaños se convierte en primer ministro.

Fue postergado para comienzos de junio el juicio contra varios ex miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, acusados del asesinato de cuatro periodistas de los Países Bajos el 17 de marzo de 1982. Los reporteros murieron mientras filmaban un documental sobre la guerra civil (1980-1992), en lo que habría caído en una emboscada. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, denuncia una 'medida dilatoria de uno de los imputados'. Han pasado más de 40 años, pero ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la embajada de Países Bajos en San Salvador han dejado de exigir justicia por la muerte de los cuatro periodistas en el norte del país. El juicio, calificado de "histórico" -por el precedente que puede crear- y cuya face final debía comenzar este miércoles en Chalatenango (norte del país), fue postergado al 3 de junio."No hay duda de que se trata de una medida dilatoria por parte de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, quien se encuentra en Estados Unidos en proceso de extradición", afirma Óscar Pérez, representante de Comunicándonos, fundación que ha exigido justicia en este caso. "Su abogada aprovechó el receso de Semana Santa para sorprender a la jueza. Hoy, la jueza recibió la documentación. Lo cierto es que el coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a contar con defensor, por lo que no podía celebrarse la vista pública", precisa Pérez.Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentran el general José Guillermo García, exministro de Defensa, de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, de 93. Ambos permanecen bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Óscar Pérez comentó a RFI qué esperan de la justicia."Esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas contra estos señores de la guerra. Que la jueza pronuncie una sentencia ejemplar, fundamental para garantizar que no se siga asesinando a periodistas, en ninguna parte, por resultar incómodos. También esperamos —y esto es importante— que este caso impulse otros. Por ejemplo, el de la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas, entre ellas 700 niños y niñas, muchos de ellos menores de cinco años", señala Pérez.El camino de la justicia ha sido largo desde la reapertura del caso en 2018, posible tras la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña que declaró inconstitucional la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil. Ese conflicto enfrentó a las fuerzas gubernamentales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando un saldo de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

En Perú, estudiantes, docentes y padres de alumnos protestan en las calles para exigirle al Gobierno que tome medidas contra un fenómeno que va creciendo en el país: las extorsiones del crimen organizado, que también se ensaña con las escuelas.    “Diariamente nos están ‘cuponeando', nos están extorsionando, solamente por cinco soles nos matan”: es el dramático testimonio de una de las víctimas de las extorsiones que han salido a las calles a demandar seguridad. Se extorsiona al transporte público y hasta a colegios, bodegas y todo tipo de pequeños negocios, la mayoría emprendimientos informales en sectores populares. “Salimos a trabajar con miedo”Gremios de transporte público urbano paralizaron en Lima y se movilizaron por las calles de la capital en protesta contra las extorsiones. “Nosotros salimos a trabajar ya con miedo, tenemos familias”, indicó uno de los trasportistas. Desde septiembre pasado se han producido 25 atentados con disparos contra buses de transporte público y 16 choferes han sido asesinados. “Más del 50 por ciento de las empresas son extorsionadas, más del 20 por ciento de las empresas han cerrado. La autoridad no hace nada por resolver el problema. Por eso hemos tomado la decisión de convocar este paro”, explica Martín Valeriano, presidente de uno de los gremios de transportistas, a RFI.  Por otra parte, más de 500 colegios privados han sido blanco de los extorsionadores, aunque el Gobierno admite solamente 79 casos. “Se han cerrado ya casi como 20 colegios privados porque no pueden soportar las grandes extorsiones. Tenemos en la actualidad como 30 colegios privados que están llevando virtualidad. Los están amenazando de vida o muerte a sus alumnos, a los padres de familia y a los docentes”, detalla Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados.Más de 500 asesinatos en tres mesesOcho mil extorsiones han sido denunciadas en el primer trimestre del año, igual cifra que en todo 2022. Y se estima que solamente denuncia el 20 por ciento. En los primeros tres meses de 2025 hubo más de 500 asesinatos, seis por día, un incremento significativo. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, coautor del Observatorio del Crimen y la Violencia, analiza este problema para RFI: “La actividad extorsiva se ha ampliado muchísimo. Yo diría que es el principal problema de seguridad del país. Ante la falta de reacción de las autoridades se ha convertido en el delito favorito porque genera mucho efectivo. El volumen de la extorsión ha sobrepasado muchísimo la capacidad policial. El sicariato está creciendo porque la extorsión se sustenta en generar impacto y daño”. La respuesta del Gobierno, que ha fracasado, ha sido declarar el estado de emergencia y sacar a los militares a las calles: “Si yo uso el teléfono para extorsionar, uso el internet para extorsionar y uso el sector financiero para acopiar el dinero de la extorsión, de nada me sirve poner tanquetas en las calles”, señala Valdés. El incremento incontrolado de las extorsiones se ha convertido en un grave problema para un Gobierno muy debilitado y desacreditado. Un problema al que no le encuentra salida.  

El papa Francisco no solo pasará a la historia como el primer pontífice de América Latina, sino como el precursor de varias iniciativas progresistas en la Iglesia Católica. Entre ellas, una mayor participación de las mujeres en cargos eclesiásticos. Son estas labores las que, sin duda, definen su legado. “Como me gustaría una iglesia pobre, y para los pobres”: esta no solo es la frase con la que el papa Francisco justificaba la elección de su nombre al asumir el cargo; también es la frase que definiría los 12 años del primer pontífice jesuita. “Un estilo mucho más humilde, sencillo, cercano”Un pontificado que no fue bien recibido al principio por los suyos, ya que uno de los principios fundamentales de la compañía es excluir cualquier pretensión de ocupar dignidades eclesiásticas. Pero ha sido este acercamiento a los más necesitados el que cambió por completo su percepción en América Latina. “Ese estilo tan cercano a la gente y tan pastoral y tan abierto, nos impresionó muy favorablemente. Y bueno, no hemos salido de esa impresión favorable. Hemos ido viendo a lo largo de los años que se ha emprendido un esfuerzo de reforma dentro de la Iglesia importante. Un estilo mucho más humilde, sencillo, cercano”, explica el sacerdote jesuita afincado en Nicaragua, José María Tojeira. Tras los días de luto, el cónclave, es decir, la junta de los cardenales de la Iglesia católica, mantendrá una reunión para elegir al nuevo papa. A pesar de que solo 21 de los 135 cardenales que tomarán parte en la votación provienen de América Latina, el 80 % fueron elegidos por el papa Francisco. ¿Hay posibilidad de que surja un sucesor con intención de continuar el legado de Bergoglio? “Sí, es probable, creo yo, que sea un papa interesado en los temas sociales, que le dé continuidad especialmente al tema del medioambiente, de la migración y de la pobreza en el mundo. Y que simultáneamente, tenga otro estilo, un poquito más solemne tal vez, que es la tendencia en el clero europeo, reforzar un poquito aspectos de solemnidad”, estima José María Tojeira.Estado de DerechoLa educación en los seminarios y la lucha por el cuidado del medioambiente son algunas de las tareas pendientes que quedan en Latinoamérica, pero Tojeira hace hincapié en una más: “En nuestros países también hay una situación complicada a nivel de fallos democráticos, corrupción, etcétera”. Según él, sería bueno impulsar “una presencia activa de la Iglesia en América Latina a favor del Estado de Derecho, a favor de las redes de protección social, que muchas veces son muy débiles en nuestros países, al menos en algunos”. “Yo creo que el nombramiento de obispo sería importante que continuara el estilo de Francisco dentro de nuestra evolución como Iglesia”, concluye el sacerdote.El mandato del papa Francisco encontró una gran oposición interna entre los sectores más conservadores. Pero teniendo todo esto en cuenta, no cabe duda de que su pontificado fue todo un vendaval social y reformador en la Iglesia católica.  

Donald Trump está por cumplir 100 días como presidente para su segundo mandato, y en este tiempo ha aprobado varias medidas cuyo impacto ya se aprecia, sobre todo en los países de Latinoamérica. El 20 de enero Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos y ya ese día, el de su investidura, empezó a aprobar decretos con un impacto en los países latinoamericanos, sobre todo el vecino México. ComercioAhora se cumplen tres meses de su llegada a la Casa Blanca, y en este tiempo ha tasado con aranceles los productos extranjeros y ha comenzado las expulsiones de migrantes ilegales. Carla Martínez Machain, experta en geopolítica de la Universidad de Buffalo, explica cuál es la medida que ha tenido más impacto: “Desde que entró Trump a la Presidencia, hemos visto que ha afectado a Latinoamérica de varias maneras. Yo creo que lo que más ha afectado a más países han sido los aranceles. De momento hay varios países que tienen un arancel como del 10%”, señala. Si bien el caso de México es particular porque ambos países tienen “muchísimo comercio, importaciones, exportaciones” y que sus economías se verán afectadas, no es el único país de Latinoamérica en tener vínculos comerciales con Estados Unidos, subraya la experta.InmigraciónMéxico, Colombia o Venezuela son algunos de los países más afectados de momento por las medidas de Trump, sobre todo relativas a la inmigración y las deportaciones. Aunque en estos meses también se ha ganado aliados dentro del continente.“Varios de los jefes de Estado de Latinoamérica han estado negociando con él. Pero del que más se está hablando en Estados Unidos es [el salvadoreño Nayib] Bukele, que tiene este acuerdo con Trump en el que Trump está pagándole a El Salvador para que acepte a estos migrantes que están deportando”, indica Carla Martínez Machain. Pero con Milei también “tienen una buena relación”, considera, recordando el momento en que Elon Musk salió al escenario con una motosierra para decir “que iban a hacer lo mismo que hizo Milei en Argentina”.Temas no cerradosLa justicia ha anulado algunos de sus decretos y los países intentan negociar los aranceles. México, por ejemplo, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos. Según la experta, las políticas de Trump “han sido muy volubles. Un día va a imponer sus aranceles, al otro día no… Me imagino que este tema de los aranceles va a seguir, porque siempre dice que no es que los haya cancelado, que es una pausa”. Además, recalca Martínez Machain, “el tema de los migrantes también va a seguir en Estados Unidos. En la Suprema Corte se está viendo este tema. Hay cierto conflicto interno, pero siento que con los otros países van a tener que seguir negociando”. Todo hace presagiar que las negociaciones de cara a los próximos meses serán duras. 

Este jueves se cumplieron dos siglos de la independencia de Haití, fecha en la que el rey de Francia Carlos X le impuso una deuda millonaria como compensación. Una deuda que este país, el más pobre de América Latina, ha lastrado hasta hoy en día. Fue hace 200 años, en 1825, cuando el rey Carlos X de Francia impuso a Haití un precio a cambio de reconocer su independencia, lograda años antes tras una revuelta de esclavos. La antigua colonia contrajo una deuda de 150 millones de francos y tuvo que afrontar así una deuda que aún hoy pesa.El presidente francés Emmmanuel Macron reconoció que esto fue injusto y anunció la creación de una comisión para analizar el impacto de esta deuda en el país. Eddy Lucien, profesor de historia y miembro del colectivo contra la deuda de 1825 dice en declaraciones al periodista de RFI Peterson Luxama que es una justicia histórica que hay que reparar."Reclamamos la condonación de la deuda porque hemos sido tomados como rehenes, exigimos que se nos libere para evitar que otras generaciones en Haití o fuera, sigan siendo rehenes de una gran potencia. Es hora de poner fin sentando un precedente, pero ¿estará Francia preparada?”.Haití es el país más pobre de América Latina y es políticamente inestable. El país vive constantemente la violencia de las bandas de pandilleros, que toman el control de amplias zonas y son responsables de secuestros y asesinatos. Los desplazamientos como consecuencia de la violencia y la falta de acceso a ayuda humanitaria amenazan a la población y aumentan el riesgo de hambruna.Amy Pope, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), explica lo extrema que es la situación en la que vive el país. "La situación ha empeorado mucho, mucho en los últimos meses. hay un millón de personas que han sido desplazadas. Tuve la oportunidad de ver algunos de los sitios para las personas desplazadas en la capital. Y ver a miles de personas que están apiladas una encima de la otra en espacios muy, muy reducidos".Además, indicó que "la inseguridad alimentaria es muy alta, muchas personas han sido desplazadas varias veces a medida que la violencia de las pandillas se está moviendo por la ciudad y cada vez más personas son expulsadas porque no es seguro".La violencia se ha extendido en las últimas semanas y en medio de la crisis, casi 200.000 haitianos han sido desplazados. Pope señala que “el apoyo de seguridad multinacional para Haití aún no está al límite de su capacidad. Hay unos mil representantes de seguridad, pero la promesa original era de 2.500. Este es un país donde hay más de medio millón de armas, según las estimaciones, por lo que hay una pregunta real de si hay medios suficientes”.Según la ONU, durante el primer trimestre de este año al menos 1.518 personas murieron y 572 resultaron heridas en Haití.

A los aranceles y las deportaciones, la administración Trump suma un nuevo tributo que afectará especialmente a los migrantes mexicanos. Quiere gravar las remesas que se envían al país desde EEUU que sean superiores a los 200 dolares. La medida arroja incertidumbre a la economía mexicana, donde este dinero supone el 3,4 por ciento del PIB. Es una de las amenazas de Donald Trump: obstaculizar el envío de remesas, el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde EE. UU., y gravar las que superen los 200 dólares. Una medida que el presidente estadounidense justifica en la lucha contra el narcotráfico.Lo explica Andrea Luna, economista de la Universidad de México: "Hay una parte de remesas que no está tan explicada,  ya sean trabajadores con permiso migratorio o sin permiso migratorio, pero sí pareciera que está un poco inflada la cifra. Parte de esta medida de sancionar montos mayores a 200 dólares sí puede estar enfocada a aquello que tiene que ver con el envío de remesas más asociadas al crimen organizado que al de trabajadores"."Sin embargo, -continúa- claramente, hay una parte que se paga por volumen, pero también hay tarifa por cada envío. Entonces también hay trabajadores que envían a su familia dinero, permitiendo que se junten todos sus ingresaron de un mes o de dos meses para no pagar esta pequeña tarifa cada que vez que lo hacen".Leer tambiénRemesas a México alcanzan récord de 64.745 millones de dólares en 2024Solo en el primer mes de Trump en la Casa Blanca las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos a México cayeron un 0,8 por ciento. Se quedaron en 4.450 millones de dólares, la cifra más baja desde mayo de 2021, según el banco de México.Andrea Luna aclara cómo las nuevas políticas de Trump afectan a estas cifras de varias maneras: "Entre las deportaciones masivas, por lo que habría menos gente enviando dinero, y los impuestos que les quiere poner a los trabajadores que envían remesas, se dice que en lugar de un 3,5 podría reducirse casi un punto porcentual, llegando hasta 2,6 o 2,5 por ciento del PIB. Hay menos flujo de dinero entre ambos países. Hay menos transacciones y por menos cantidad. El envío promedio es de 380 dólares, con una caída del 6 por ciento.Leer tambiénEstados Unidos: más seguridad y más deportaciones en la frontera con México

Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.  Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". Leer tambiénOdebrecht: la caída en dominó de líderes latinoamericanosPercy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. "En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.

Daniel Noboa ganó la presidencia de Ecuador con una amplia ventaja. El presidente reelecto es un empresario y político de 37 años que deberá asumir de nuevo el liderazgo de un país azotado por el crimen organizado, el narcotráfico, y por una crisis económica y energética. Daniel Noboa se impuso ante la candidata opositora Luisa González y ganó las elecciones presidenciales por más de diez puntos. Con esta victoria, Noboa se convirtió en presidente reelecto. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cómo logró este triunfo a pesar de la ola de violencia, las dificultades económicas y la escasez de electricidad que afectan a Ecuador?Según Santiago Cahuasqui, catedrático de la Universidad de los Hemisferios de Ecuador e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, el perfil del presidente-candidato y el contexto político jugaron a su favor: "El perfil del presidente Novoa es un perfil de un el líder joven en lo político, en lo público. Es un líder joven. Tiene 37 años de edad. Pero en el ámbito privado se expresa, digamos, un perfil de empresario exitoso".Santiago Cahuasqui prosigue: "Esa doble faceta se distancia de cierta manera del perfil del político tradicional, de la política tradicional, de la que el Ecuador justamente estaba en desafecto en los últimos años, producto de la polarización tóxica que tiene el Ecuador". Leer tambiénEcuador: Abultada victoria presidencial de Daniel Noboa pudo haberse beneficiado del aparato estatalEl fracaso en las urnas de la candidata González pudo haberse debido también a contradicciones y errores discursivos durante la campaña y la falta de una posición firme al respecto del gobierno Venezolano. Así lo ve el catedrático de la Universidad de los Hemisferios de Ecuador: :"El miedo a convertirse en Venezuela, el miedo al régimen de Maduro, también estuvo presente en esta campaña. Y lastimosamente de parte de la candidata González, nunca pudo tener una posición clara respecto al régimen de Maduro. Fue el expresidente Correa el que termina definiendo en otra locución, en otra entrevista, que finalmente iban a reconocer a Maduro". Leer tambiénCrimen y desempleo, desafío del próximo presidente de Ecuador El especialista termina advirtiendo que a pesar del respaldo en las urnas, el nuevo gobierno de Noboa tendrá que enfrentar un panorama político y social complejo: "Tendremos un poco una prolongación, yo diría, de un ciclo de inestabilidad institucional, de entrampamiento institucional, porque la Asamblea Nacional está dividida en dos"."Entonces, en el orden institucional habrá entrampamiento institucional, y en el orden social, yo diría conflictividad, por el enfoque económico muy fiscalista del presidente Novoa", concluye. Por el momento, Daniel Noboa disfruta de su contundente triunfo y recibe las felicitaciones de sus homologos, incluyendo un mensaje de la líder opositora  venezolana Corina Machado que decía: "Ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia".

El pasado 8 de abril, República Dominicana sufrió uno de los peores accidentes que se recuerdan de los últimos años. El techo de una conocida discoteca se desplomó dejando a más de 220 muertos bajo los escombros y cientos de heridos.  Era cerca de la 1 de la madrugada. La popular discoteca Jet Set de Santo Domingo, en República Dominicana, estaba llena de gente. Era el tradicional “Lunes bailable” pero, sobre todo, nadie quería perderse la actuación del rey del merengue, Rubby Pérez.  Pero el destino o un supuesto conjunto de negligencias tenían otros planes para este 8 de abril. El techo de la discoteca colapsó, desplomándose y sepultando entre los escombros a cientos de personas. En tan solo unos minutos la música dejó de sonar para dar paso a gritos de auxilio y gente corriendo desorientada.  Posible negligenciaEn el lugar de los hechos se encontraba Carwin, un percusionista que acompañaba aquella noche a su madre, fanática del artista, y a unas amigas: “Decidimos ir a la discoteca porque mi mamá es fanática de Rubby Pérez y como yo soy músico, pasamos de cortesía. No estábamos en la pista de baile, estábamos grabando al artista y no nos dio tiempo. O sea, a nosotros nos ocurrió todo, estábamos ahí. De hecho, los golpes que tenemos es porque nos cayeron escombros encima. Pero gracias a Dios estamos vivos”, cuenta el joven de 32 años. Carwin se enteró horas después de que su amiga Jessica había muerto en el accidente y aún hoy, con la conmoción por lo sucedido, señala una posible negligencia por parte de los dueños de la discoteca: “Lamentándolo mucho, perdí una amiga y una gran amiga y la hermana de ella también. Yo me entero que está fallecida desde el martes a las 8 de la noche. Ella estaba a escasos pasos de mí. Esto no fue un accidente. Se trata de negligencia porque esa discoteca había sufrido un incendio en el 2023 y se había mandado a demoler. Y no se hizo”, denuncia.“Pido disculpas”Este jueves, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, compareció ante los medios entre lágrimas para anunciar que los trabajos de rescate habían concluido tras sacar de los escombros a más de 220 víctimas mortales, entre ellas, el propio cantante Rubby Pérez o la gobernadora de la provincia Monte Cristi, Nelsy Cruz.  “Hoy concluimos en la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Pido disculpas”, dijo Méndez. El accidente ha conmocionado a toda República Dominicana, quien ahora se pregunta si esto podría haberse evitado. Mientras tanto, el Gobierno ya ha creado una comisión de expertos para determinar las causas del colapso de la discoteca. Aunque los primeros indicios apuntan como origen a una posible deficiente estructura del edificio. 

La IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, concluyó este 9 de abril en Tegucigalpa. Mandatarios y representantes de la región llamaron a fortalecer la integración regional en medio de la guerra arancelaria de Estados Unidos y China. "No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros": al entregar la presidencia pro tempore de la CELAC a Colombia para el proximo año, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llamó a Latinoamerica a unir fuerzas mientras al mismo tiempo, Donald Trump redibujaba una vez más el mapa comercial global, esta vez congelando las tarifas por 90 dias para todos menos para China.Divisiones internasLatinoamérica mira con incertidumbre a su vecino del norte que cada día impone nuevas reglas comerciales. Pero sobre todo, con preocupación por temas de migración y deportaciones. Y en este contexto geopolítico complejo, el bloque no se encuentra en su momento de mayor cohesión.De los 33 mandatarios convocados para la cumbre de la CELAC, solo 11 dieron el presente a la cita. Principalmente, dirigentes de izquierda como Lula, Petro, Díaz Canel, Orsi y Sheinbaum, mientras que otros países enviaron a cancilleres u otros funcionarios.La Doctora Daniela Castro Alquicira, secretaria académica del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica por qué aún cuestan los esfuerzos para lograr una postura regional sólida: “Esto tiene que ver, yo creo, con la división al interior de América Latina. Por un lado, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, como es el caso de México, de Honduras, de Brasil, de Colombia, pero también tenemos figuras como Bukele [El Salvador] y Milei, el presidente de Argentina, también el presidente de Panamá [José Raúl Mulino], que lo que han hecho es cooperar con Estados Unidos, especialmente con el tema de la migración. Entonces, sí, yo creo que esta poca asistencia por parte de los Estados también responde a diversas estrategias nacionales para enfrentar este tema de los aranceles y la migración”. Necesidad de integración económicaCastro Alquicira también resalta que, de todas formas, fue clave la presencia de pesos pesados de la región como México, Brasil y Colombia: “Creo que hay una conciencia crítica dentro de estos tres personajes, Claudia Sheinbaum, Lula y Gustavo Petro, del momento histórico en el que estamos viviendo y de la importancia de este tipo de reuniones. Claudia lleva una propuesta justamente para integrar económicamente la región, que creo que en estos momentos es clave”. “América Latina lleva mucho tiempo mirando al exterior. Diversos esfuerzos de integración económica latinoamericana han fracasado por esta visión siempre externa. Creo que es muy importante ahora empezar a mirar no solamente hacia el interior de los países, sino también al interior de nuestra propia región para salir de estos problemas”, concluye. Por otro lado, el bloque comunicó que el 9 y 10 de noviembre se celebrará la cuarta cumbre entre los dirigentes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 de la CELAC.

En Ecuador, los electores irán a las urnas este 13 de abril para la segunda vuelta de la elección presidencial. Los candidatos son Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, el presidente que aspira a la reelección. Los comicios se realizarán en un contexto de violencia aguda por las guerras territoriales entre grupos de narcotraficantes. En la bahía de Guayaquil por ejemplo, la capital económica del país, los pescadores artesanales sobreviven acechados por el narcotráfico.  Por Raphael Moran, nuestro enviado especial a EcuadorEl año pasado, más de 300 millones de cajas de bananos salieron de los puertos ecuatorianos para ser exportadas. Un circuito comercial que los narcotraficantes aprovechan para exportar masivamente la cocaína colombiana a Europa.Secuestros y muertes Se estima que el 70% de esta droga colombiana transita justamente por los puertos ecuatorianos. Y en Guayaquil, los carteles libran una batalla feroz por el control de este trasiego. Una guerra que repercute en los pescadores artesanales de la bahía, epicentro de la violencia del país.“El tema de las extorsiones empezó ya hace dos años. Cada embarcación paga 20 dólares por semana. En todo el Golfo son más de 40 comunidades y toditas estamos pasando por esto. Pero el que no paga pues ya pasa de las amenazas, ya lo comienzan a secuestrar o ya ha habido compañeros que han fallecido porque no han querido pagar la vacuna. También hay personas que están desaparecidas”, cuenta un pescador.Este pescador de Guayaquil aceptó dar su testimonio al micrófono de RFI, pero debido a las múltiples amenazas en su contra, nos ha pedido no revelar su nombre. Él y sus colegas pescadores no se atreven a denunciar los hechos a las autoridades.Autoridades ausentes“Las autoridades saben, pero se hacen la vista gorda. No nos ayudan en nada, especialmente lo que es espacio acuático”, lamenta el hombre, que subraya que la cantidad de militares y policías desplegados en el país bajo el mandato de Noboa no ha tenido impacto.Ante las extorsiones, los asesinatos y los robos, algunas comunidades de pescadores de la bahía de Guayaquil se han visto obligadas a dejar sus casas.Hay una comunidad que ya va para un año que fue desplazada, pues tuvo dos intentos de robo. Ellos migraron a otras comunidades, ya no podían más tampoco con la intimidación y los robos. Ya no le quedó otra más que salir de su comunidad. Y hace poco cogieron a otra comunidad, así mismo también se metieron, le robaron. Me enteré que se le habían llevado 30 motores y además de eso se le metieron a las casas y se le llevaron lo poco que tenían los pescadores en sus casas. Con la pérdida de control de las cárceles, el auge del narcotráfico y la corrupción, en tan solo cuatro años, Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de Latinoamérica. La nación suramericana arrancó el año con una tasa de homicidios récord que supera los 50 asesinatos por 100 mil habitantes. 

Si por el momento 'no es claro qué beneficio ha podido sacar el gobierno argentino de la cercanía ideológica entre Milei y Trump', el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo a RFI que el mandatario argentino podría estar buscando 'algún tipo de ayuda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)'. El mundo reacciona desconfiado ante las jugadas comerciales del presidente Donald Trump que incluyen, entre otros, represalias, contra-aranceles, diplomacia, lo que sea necesario. Pero al sur del continente americano, la dirigencia argentina sonríe y aplaude entusiasmada al mandatario estadounidense y se alinea explícitamente a su ideología política y cultural, con la esperanza de recibir un buen gesto a cambio.¿Busca el presidente argentino Javier Milei sacar algún tipo de beneficio de su alineación con Donald Trump? ¿Puede este acercamiento ayudar a paliar la crisis económica argentina?  A juzgar por los aranceles estadounidenses que pusieron al mundo patas para arriba a comienzos de abril, con un casi modesto 10%, Argentina no ha salido ni más ni menos beneficiada que sus vecinos, entre ellos los países dirigidos por progresistas en antípodas ideológicas, como Lula y Boric.Para Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores Económicos, los efectos de las tarifas no generan un efecto macroeconomico directo en el país y, más bien, las expectativas de Milei se posan sobre el acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional."Milei tiene una afinidad ideológica con Trump. De hecho, se ha alineado en algunas cuestiones geopolíticas con el gobierno americano. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, así como en ciertas cuestiones que tienen que ver con Cuba. Ha habido un alineamiento. Obviamente, el gobierno argentino busca un beneficio de esto. ¿Ya ha recibido ese beneficio? No lo sé. Uno intuye que lo que está buscando el gobierno argentino, particularmente en razón de la situación argentina, es algún tipo de ayuda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayuda en el sentido de tratar de conseguir un monto grande, tal vez más de lo que el FMI naturalmente podría llegar a otorgar y, en las circunstancias en las que estamos, que sea acordado en un plazo rápido", dice. Tiscornia.Cercanos en lo cultural, alejados en economía  Trump y Milei son aliados en lo que algunos denominan la "guerra cultural" contra el wokismo y los progresismos. Milei también siguió a Trump en su salida de la Organización Mundial de la Salud y amenazó con abandonar el Tratado de París luego de que su contraparte lo hiciera.Resulta difícil, sin embargo, alinear a Trump y Milei en materia económica.Para el estadounidense, la prioridad es el proteccionismo y poner a Estados Unidos primero; para el argentino, el Estado es el enemigo y su aspiración es liberar los mercados. ¿Hasta donde puede Milei apoyar a Trump sin moverse de su propia doctrina económica?"Sí, obviamente que en ese punto sí hay una diferencia de visión. Trump tiene un nacionalismo y una especie de postura pro economía cerrada que Milei, definitivamente, no tiene. Pero yo no creo que eso vaya reñido con que Trump haga lo que esté haciendo en Estados Unidos y que Milei intente abrir la economía argentina aún más. De hecho, Milei quiere firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Puede llegar a darse una vocación política dentro de estas negociaciones con el tema de los aranceles. Me parece que Trump lo que está haciendo también es negociar o, en todo caso, redefinir las condiciones bajo las cuales se relaciona con otros países", concluye.El pasado fin de semana Milei viajo a Estados Unidos y participo de una gala en la que algunos esperaban un encuentro con Trump, sin embargo, el magnate nunca apareció y el argentino retornó sin la foto conjunta, aunque sí tuvo lugar para dar un discurso en el que se permitió decir “Hagamos a la Argentina grande de nuevo”.

El balotaje en Ecuador este 13 de abril entre el presidente saliente de derecha Daniel Noboa y la correísta Luisa Gonzalez se realizará en medio de una ola de violencia ligada al narcotráfico que ha puesto a Ecuador con la peor tasa de homicidios en América Latina. Nuestro enviado especial, Raphael Morán, estuvo en un barrio de Guayaquil donde tratan de prevenir con música el reclutamiento de jóvenes por las pandillas con 'La Batucada Popular'. Estamos en la azotea de una casa de la periferia pobre de Guayaquil donde resuena una marimba en el tejado. Es una casa refugio para familias desplazadas. En Guayaquil, la capital económica de país, decenas de familias han tenido que huir de los barrios por la violencia.Johanna Cheves, educadora y activista social, organiza talleres musicales para prevenir el reclutamiento de los jóvenes por las bandas criminales que han tomado el control de varios barrios."Estos menores de edad son blanco fácil para los grupos de delincuencia organizada a través de la persuasión, de darles dinero o incluso hasta inducirlos en el tema de consumo de drogas. Esto hace que los jóvenes encuentren en estas organizaciones escape. La disputa de territorios entre bandas hace que los jóvenes no puedan cruzar de un sector a otro porque temen ser asesinados, temen ser secuestrados. Aquí la violencia es extrema. Tan extrema, que existen los descuartizamientos. Entonces la Batucada Popular [iniciativa artística y social que utiliza la música como herramienta para transformar barrios vulnerables y promover la paz, la resiliencia y la expresión comunitaria] no tiene estas divisiones. Todos los participantes son de diferentes sectores y coincidimos mediante la muestra artística. Coincidimos y somos un solo puño", explica.Sin transporte ni servicios básicos ni educación ni empleo Desde hace un mes, la casa se ha convertido en un refugio temporal para adolescentes y niños de Socio Vivienda 2, un barrio marginado de Guayaquil donde 22 personas murieron en un enfrentamiento entre bandas rivales el 6 de marzo pasado.Evandro Moreno, vocero de la organización "Movimientos barrios en lucha", es uno de los desplazados de ese barrio."Nosotros tuvimos que salir del barrio tras la masacre del 6 de marzo. Salimos el 7 de marzo en la mañana por el tema de la violencia, que era ya insostenible en el sector", dice.  Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Ecuador estiman que miles de familias huyen de los tiroteos, las masacres y las extorsiones y piden un reconocimiento del Estado para atenderlas en calidad de desplazados forzados.Lo que denuncia Evandro Moreno es "que te discriminen, que en tu barrio no haya transporte, que no haya servicios básicos de calidad, que no puedas conseguir un trabajo, que tus hijos no puedan ir a ninguna escuela, que aun cuando estás en un desplazamiento forzoso y te toca salir a alquilar, las personas no te quieran alquilar por el solo hecho de decir que tú vienes de del Barrio Socio Vivienda 2".Este domingo, Evandro Moreno votará por la candidata de izquierda Luisa González con la esperanza de que atenderá la crisis de seguridad con medidas sociales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina informó el 31 de marzo que en el segundo semestre de 2024 la pobreza fue del 38.1% y la indigencia del 8.2%. Son caídas de 15 y casi 10 puntos, respectivamente, contra el primer semestre de ese año. Argentina ha vuelto a valores de pobreza cercanos a los del segundo semestre de 2022. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, entrevistó a Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales.  Desde el gobierno de Javier Milei celebraron la caída en las cifras de pobreza e indigencia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adjudicó el resultado a las políticas económicas del Ejecutivo: "No hay nada mejor para erradicar la pobreza que una economía ordenada, estable, sin déficit fiscal, sin emisión monetaria y con inflación a la baja. Si se pulveriza la inflación, se derrumba la pobreza".En diciembre de 2023, tras asumir Milei, una fuerte devaluación llevó la inflación a 25.5% mensual. Y en el primer semestre de 2024, la pobreza saltó al 52.9%. Luego, la inflación comenzó a bajar y hoy ronda el 2.5% mensual.La baja de la inflación fue clave en la caída de la pobreza y la indigencia, como explica Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, y especialista en el tema."Cuando se da una devaluación y un salto tan grande en la inflación, los salarios pierden mucho inicialmente y luego, como se van negociando en los meses subsiguientes, mirando esa inflación pasada, si la inflación mes a mes va cayendo, entonces se negocia mirando un valor más alto que el de la inflación del mes en que se está negociando. Eso permite ir recuperando en parte mes a mes la pérdida de poder adquisitivo que se dio anteriormente".Mediciones con una canasta de consumo de hace 20 añosAlgunos han cuestionado el hecho de que para las mediciones de pobreza e indigencia el gobierno argentino utilice una canasta de consumo de hace 20 años y no una más actual, de 2017-2018, pero Leopoldo Tornarolli relativiza el impacto."Si se hubiera aplicado esa canasta de 2017-2018, la caída quizás habría sido un punto menor a lo que fue, pero no mucho más. En realidad, esto no es un factor que haya contribuido decisivamente a los resultados que tuvimos la semana pasada", sostiene.No está claro qué ocurrirá con las cifras de pobreza e indigencia en los próximos meses, sobre todo en un contexto internacional que se ha vuelto especialmente inestable. Pero por lo pronto, el gobierno argentino puede mostrar que al menos ha vuelto a valores cercanos a los del segundo semestre de 2022.

En Colombia, el grupo Comuneros del Sur, disidencia del ELN presente en 10 municipios de la zona suroccidental, entregó 585 artefactos explosivos al ejército dentro del marco del proceso de paz del presidente Gustavo Petro. Un gesto de buena voluntad para poner fin a la lucha armada, según los miembros de la mesa de negociaciones, y que forma parte de un conjunto de acuerdos en favor de las víctimas, de fiscalizar la minería ilegal y acabar con miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Pero el cumplimiento de estos acuerdos es una tarea muy difícil para el Gobierno. El control de los territorios donde se lleva a cabo minería ilegal y cultivos ilícitos es clave para poner fin a la violencia que azota a Colombia desde hace décadas. Según cifras oficiales, solo en la región de Nariño se han producido más de 4.000 desapariciones y más de 44.000 muertes en los últimos 35 años. Presión de las comunidadesEstos son algunos de los factores que han propiciado que el grupo criminal Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presente en esta zona, decidiera comenzar el proceso de paz total con el Gobierno de Gustavo Petro.“Ante todo, la presión de las mismas comunidades. Casi el 90% de Comuneros del Sur, de los combatientes, tiene a sus familias en el territorio. Estos territorios ya están hartos de la violencia. Están hartos de poner muertos, lisiados en esta guerra”, explica Carlos Augusto Erazo Murcia, jefe del equipo negociador. A pesar de ello, Comuneros del Sur solo ha entregado parte de las armas. Y es que garantizar la transición y poner fin a la violencia en este territorio es una exigencia del grupo, y no es una tarea fácil para el Gobierno.“No es suficiente”“Uno de los problemas que surge aquí es precisamente, de cara al futuro, ¿cuáles van a ser las garantías de que, una vez que estos grupos se reincorporen en ese proceso, la toma del control del territorio por parte de otras estructuras no lleve a que aumenten los niveles de violencia en esos municipios donde hoy está esta organización?”, subraya Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga (ICP). Los grupos criminales, entre ellos el ELN o grupos disidentes de las FARC, tienen presencia en alrededor del 70% de Colombia. Un dato importante para entender la magnitud del trabajo que queda por hacer para alcanzar el proceso de paz total. “Relacionarse con un grupo con el que habría un proceso de reincorporación de 100 integrantes, de 5.000 hectáreas y de 500 armas, siendo, insisto, un paso necesario, no es suficiente, dado el actual contexto de criminalidad que sigue creciendo exponencialmente y que está generando unos graves riesgos para la población civil, que hoy enfrenta todo tipo de hostilidades, incluidos confinamientos forzados, secuestro…”, recalca Carlos Augusto Chacón. Las negociaciones con Comuneros del Sur continuarán en los próximos meses. Unas negociaciones que ahora dependen de cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno frente al grupo criminal. 

La magistrada considera que el traslado fue ‘ilegal' y exige el regreso del detenido, que está encarcelado en El Salvador. David Morales, representante jurídico de la ONG Cristos analiza el caso en la antena de RFI. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el Cecot, habría sufrido condiciones extremas de aislamiento al igual que otros migrantes Su nombre es de Kilmar Ábrego García, salvadoreño, vivía en Estados Unidos bajo el estatus legal de protección. En 2019 se le acusó de pertenecer a una pandilla, nunca se lo condenó un delito, al contrario, un juez prohibió su deportación por el peligro que podría sufrir en su país. No fue así, el pasado 15 de marzo lo expulsaron a El Salvador.Este fin de semana la justicia estadounidense ordenó la repatriación de Kilmar Ábrego García asegurando que su expulsión fue un error de la administración de Donald Trump. Debe regresar a más tardar este lunes 7 de abril. Para el representante jurídico de la ONG Cristosal, David Morales, "este caso ilustra que ni Estados Unidos ni El Salvador respetan las leyes de extradición".  Dice Morales que estamos "ante una situación que ha violentado los derechos humanos según los estándares internacionales, que obligan a los estados infractores a cesar la violación y restituir los derechos de la persona y , evidentemente, significaría garantizar la reunificación con su familia en EE.UU."La jueza federal Paula Xinis ordenó el regreso de Kilmar Ábrego García a los Estados Unidos pues su permanencia en El Salvador, por razones obvias, dijo, constituye un “daño irreparable”. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el Cecot, habría sufrido condiciones extremas de aislamiento al igual que otros migrantes, de acuerdo con David Morales."En el marco de la política antii inmigrante está siendo enviados a este penal de máxima seguridad en condiciones extremas de aislamiento" cuenta Morales a RFI. Además de violar los derechos humanos, El Salvador no estaría respetando ni sus leyes ni las leyes internacionales. "Hay una legislación  internacional que regula este tipo de situaciones, es la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas en el extranjero, de la cual EE.UU. y El Salvador  forman parte, pero no se están respetando esos estándares" zanja Morales en RFI.Abrego García fue detenido por los agentes del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) junto con otros tres hombres cuando esperaba un trabajo frente a una tienda de Home Depot. La agencia de inmigración alegó que pertenecía a la pandilla criminal MS-13, aunque nunca aportaron pruebas y no se presentaron cargos contra él. 

Las bolsas de valores no paran de agitarse desde que Donald Trump le declaró al mundo la guerra comercial. Este 3 de abril en Wall Street se desplomaron los principales índices, el Nasdaq retrocedió un 4,88%, mientras que las bolsas europeas registraron marcadas caídas. En este caos financiero los países del continente americano serían los menos afectados.  Esta vez Donald Trump no atacó a sus vecinos con nuevos aranceles. México y Canadá saldrían ilesos, por el momento, en esta guerra comercial que el presidente estadounidense declaró especialmente contra el continente asiático.  “Una reafirmación de América del Norte”“Todavía no sabemos, pero de acuerdo con lo que se va comprendiendo, es una reafirmación de América del Norte, porque a México y a Canadá, si bien los afectó, salieron fortalecidos respecto al resto del mundo. Por eso los mercados financieros se despertaron con un golpe muy contundente a la valuación de las empresas estadounidenses, pero el peso mexicano se apreció fuertemente. Los mercados mexicanos respondieron a contramano del resto de los mercados globales”, detalla Santiago Capraro, profesor de la UNAM. Este jueves por la tarde, un dólar estadounidense se compraba en 19,92 pesos mexicanos mientras que un día antes valía 20,21 pesos. En este contexto de caos financiero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le agradeció a Donald Trump su “voluntad de diálogo” para excluir a su país de los aranceles recíprocos. ¿Porque Estados Unidos trata de manera diferente a sus vecinos? “La industria de Estados Unidos depende fundamentalmente de la urdimbre de procesos que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, es muy complejo para las autoridades estadounidenses y para Donald Trump en particular, modificar las instituciones que enmarcan las relaciones comerciales”, responde el profesor de la UNAM. Decisiones cambiantesSubraya que, “si bien no sabemos qué va a ocurrir, por lo menos en los anuncios lo que surge es que es un fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero no se puede confiar de una persona que un día toma una decisión y al otro día otra”. Si se comparan las tarifas que Trump impuso por todo el mundo, América Latina también tendría un trato especial: “América Latina ha tenido un trato preferencial por parte de Estados Unidos, entonces ahí habría un reforzamiento de las relaciones continentales. Pero lo vuelvo a repetir, este beneficio proviene de una persona que un día toma una decisión y al otro día otra”, recalca Santiago Capraro. Donald Trump le impuso a Brasil el 10%, el porcentaje más bajo, y el mandatario brasileño Lula Da Silva dijo que su Gobierno tomará medidas para defenderse de estos aranceles.

Estados Unidos le retiró su visa al premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien también fue presidente de Costa Rica en dos ocasiones. En el correo que recibió esta semana, el Gobierno estadounidense le notificó que la cancelaban conforme a la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite revocar visas a discreción. RFI conversó directamente con Óscar Arias. Desde su casa en San José, capital de Costa Rica, Óscar Arias cuenta a RFI cómo reaccionó cuando se enteró de que Estados Unidos le habían cancelado su visa. “No me dicen la razón”“Yo no sé si es un castigo o es una condecoración. Fue una sorpresa muy incómoda porque recibí un correo muy escueto en que se me informa que han revocado mi visa según una ley que es citada en el correo, pero no me dicen la razón por la cual me revocan la visa”, explica.A Estados Unidos le sobran las razones para considerarlo un honorable ciudadano del mundo. Óscar Arias recibió el premio Nobel de la Paz en 1987 por su labor diplomática para acabar con las guerras civiles en América Central. “Yo he recibido 93 doctorados honoris causa y el 90% de esos doctorados son de universidades norteamericanas”, subraya. No habría entonces razones para que le revocaran su permiso de ingreso a Estados Unidos. No obstante, desde que Donald Trump inició su segundo mandato, Óscar Arias lo ha criticado varias veces, asegurando que su Gobierno tiene características de una autocracia. ¿Sería ésta la razón? “Francamente no lo sé, porque como le manifestaba anteriormente, recibí un correo muy escueto en que no se dice, no se justifica cuál es la razón por la cual me revocan la visa. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí nadie me va a silenciar. Yo soy ahora una persona ya de 84 años, todavía opino y escribo, y soy crítico porque soy un verdadero demócrata”, enfatiza.Importancia de la críticaÓscar Arias subraya la importancia de permitir la crítica cuando se es un régimen elegido por el pueblo, “la crítica honesta, reflexiva, sana”. “El demócrata más bien se siente halagado con la crítica porque nos fortalece y nos permite poder a veces rectificar si uno está equivocado. Pero el autócrata no, está acostumbrado a dar órdenes. Y en el caso de Estados Unidos, a dar órdenes al mundo entero. Y eso lo he criticado con el presidente Trump”, afirma. Óscar Arias reitera en todo caso que seguirá defendiendo la libertad de expresión y lamenta que el Gobierno de los Estados Unidos no acepte las críticas: “Me duele mucho que un gobierno no acepte la crítica, que no tolere la crítica, porque una democracia no existe sin crítica, sin libertad de expresión, sin libertad de opinión, sin libertad de prensa. Es inconcebible. Pero estoy especulando, porque no sé cuál es la verdadera razón para haberme revocado la visa”, dice.En la notificación que recibió este martes, el Gobierno estadounidense lo invitó a solicitar nuevamente la visa para ingresar a su territorio. El Premio Nobel de la Paz dijo que no le interesa.

Los problemas para la industria del acero latinoamericano datan de mucho antes de la reelección de Trump, explicó a RFI Jorge Berríos, director del Programa de Finanzas de la Universidad de Chile. Para este especialista en relaciones financieras internacionales la gran dificultad para las industrias del acero de la región es el acero barato chino en razón de los bajos costos de la mano de obra en China.  Trump revelará este miércoles una serie de nuevos aranceles que podrían desatar una guerra comercial impactando industrias en América Latina. Algunas industrias de metales clave latinoamericanas como la del acero, sin embargo, ya vieron aumentar sus aranceles para entrar en los Estados Unidos desde el pasado 12 de marzo y en Latinoamérica, estos no hicieron más que sumar dolores de cabeza a un sector que ya venía en su tercer año consecutivo de caída.Para el acero latinoamericano, el gran problema viene desde mucho antes que Trump. En el año 2.000 China exportaba a América Latina menos de 100.000 toneladas anuales de acero y hoy se estima que la cifra ronda los 14 millones. En Chile, por ejemplo, en 2.024, las puertas de Huachipato, su mayor acería, tuvieron que cerrar debido a su incapacidad de competir con el acero barato proveniente del gigante asiático."En Latinoamérica el sector productivo del acero yo lo veo con perspectivas negativas, pero no tanto por los aranceles, sino por la competencia china", explica Jorge Berríos, director del Programa de Finanzas de la Universidad de Chile.Un costo de mano de obra imbatible  "Nosotros lo vivimos en Chile en carne propia con Huachipato. Por eso, entendemos que no es un problema de aranceles, sino de la competencia del acero chino. China tiene un costo de mano de obra muy bajo. Ese costo es imposible que los países latinoamericanos, con todas las restricciones y con el costo de mano de obra que tengamos, podamos llegar a alcanzar esos niveles con los que ellos llegan, en términos de colocación de precio, a los mercados locales", explica este especialista en relaciones financieras internacionales."Hay una discusión que se está dando a nivel académico y a nivel productivo. Constatamos que muchos países de Latinoamérica estamos perdiendo las capacidades de autoproducción y estamos teniendo una auto-dependencia muy grande en ciertas áreas con países que están fuera de Latinoamérica, principalmente una auto-dependencia de China", subraya Berríos.Ahora bien, ¿cuáles son los interrogantes que suman los aranceles del 25% impuestos por Trump a esta industria para Berríos? Hoy la pelota está en la cancha de los consumidores de Estados Unidos, país que importa 25 millones de toneladas anuales del metal, principalmente de Canadá, México y Brasil."¿Hasta qué punto el consumidor norteamericano está dispuesto a comprar determinados materiales considerando esta alza de precio? ¿Y cuál va a ser el problema? Que si compran a ese precio y nosotros después compramos material fabricado con cobre, acero, aluminio o lo que sea, ¿cuál va a ser el precio con el que nos van a vender a nosotros? Porque lógicamente el peso se va a traspasar a costo. Aquí, la verdad, vamos a tener una lucha. ¿Hasta dónde los productores norteamericanos están dispuestos a comprar materias primas al valor considerando los aranceles?", se pregunta Berríos.A pesar de la incertidumbre generalizada, el especialista afirma que los efectos más concretos de los nuevos aranceles a la industria del acero se verán recién en los próximos seis meses.

Apawki Castro, coordinador del Movimiento Indígena Pachakutik en la provincia de Cotopaxi, explicó a RFI por qué su organización, a pesar de haber acusado durante diez años al gobierno del ex presidente Correa de haberlos sometido a una fuerte represión, ha decidido apoyar ahora la candidata del correísmo, Luisa González para el balotaje frente al presidente saliente de derecha Daniel Noboa. A tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales en Ecuador, el movimiento indígena más importante del  Ecuador formalizó su respaldo a la candidatura de la izquierdista Luisa González a la presidencia, lo que marca un giro repentino del grupo Pachakutik.Este apoyo podría ser clave para una eventual victoria de González frente al presidente saliente de derecha Daniel Novoa. En la primera vuelta, en febrero pasado, el mandatario saliente obtuvo una ajustada victoria con un escaso margen de 0.17%.Ecuador, un país con una fuerte presencia de pueblos indígenas, vio como éstos sufrieron una fuerte represión durante la década que duró el gobierno del expresidente Rafael Correa. Varios líderes comunitarios fueron encarcelados y se criminalizaron numerosas protestas pacíficas.Es por esto que ha causado sorpresa y debate este acuerdo de la candidata correísta Luisa González y el Movimiento Indígena Pachakutik. Apawki Castro, coordinador del movimiento en el Cotopaxi, nos explica los motivos de esta decisión."Estamos viviendo una realidad muy compleja. No podemos seguir dejando que la derecha acabe con el país, a pesar de la arremetida que hayamos sufrido [los indígenas] durante los diez años del correísmo. En esta ocasión [el balotaje] no podemos, por odio, permitir que la derecha continúe acabando con el país. Es por eso que se ha decidido apoyar la candidatura de Luisa González", dice Castro.Un acuerdo con 25 puntos Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la más importante del país, firmó el acuerdo tras exigir a la candidata de izquierda cumplir con 25 puntos. Apawki Castro evocó algunos de ellos."Uno de los puntos centrales es la moratoria y auditoría a la empresa minera y petrolera. No estamos de acuerdo, obviamente, con el extractivismo. Exigimos el respeto de las consultas populares. Chocó Andino [reserva de biósfera] y Yasuní [el parque nacional en la Amazonía] ya ganaron en anteriores procesos. Hemos pedido asimismo la autonomía e independencia sobre el tema de la educación intercultural bilingüe, la reducción del IVA. Para nosotros es, sobre todo, indispensable que se mantenga la Constitución actual", precisa.Aunque González haya conseguido el apoyo del principal bloque indígena, algunos líderes de pueblos originarios han decidido apoyar al actual presidente, Daniel Noboa. ¿Qué diferencia a los grupos que han decido tender la mano a González?'El movimiento indígena es diverso' "El movimiento indígena del Ecuador es diverso. Por ejemplo, nosotros, la nacionalidad quichua, a veces nos plegamos a esta visión netamente étnica, donde se dice que no existe la izquierda ni la derecha. Pero hay otro sector que defiende una conciencia no solo étnica, sino también de clase. Este sector sabe y reconoce las condiciones humanas, materiales, en las que estamos viviendo y por eso se oponen a quienes están acumulando la riqueza del pueblo ecuatoriano", subraya.Luisa González y Daniel Noboa se verán las caras en la segunda vuelta de unas elecciones altamente polarizadas. El ganador del balotaje tendrá que hacer frente a un país asolado por una ola de violencia sin precedentes generada por grupos narcotraficantes.

La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar su último informe sobre el Estado del clima en América Latina y el Caribe, y los resultados no son buenos. "Ya no da ni para esperar ni para ignorar", afirma experto a RFI.  En los últimos años, la temperatura del agua que rodea a los latinoamericanos ha subido 1 grado, provocando consecuencias devastadoras, como el aumento de tormentas, huracanes o inundaciones, como las del Rio Grande do Sul. Periodos de sequía e incendios en el Amazonas, o peor aún, la desaparición del glaciar venezolano Humboldt."La naturaleza está mostrando sus garras, o sea, la tendencia del calentamiento global más intensos y más extremos es ya una realidad. Los datos científicos, los satélites, todos lo muestran. Los gobiernos tienen que comenzar a actuar, no esperar, con políticas públicas de adaptación, de reducción de riesgo de desastres, ya no da ni para esperar ni para ignorar", afirma José Antonio Marengo, uno de los investigadores que ha participado en este informe. Si miramos a la Latinoamérica actual, con la aceleración del cambio climático, no sólo cambiará el clima de los países, sino también el mapa. Las zonas costeras quedarán inundadas. Aquellos pueblos construidos, donde anteriormente había agua, podrían verse arrasados por lluvias torrenciales, o incluso, aquellos que viven en zonas frescas deberán migrar ante el aumento de las temperaturas. "Toda América central es muy vulnerable, está identificada como una de las áreas más vulnerables del mundo. Otra zona sería la región andina donde están los glaciares, hay personas viviendo ahí y si esos glaciares desparecen, se acabó el agua para Lima, Quito y Bogotá. Otras áreas afectadas son también las más próximas a la Amazonía", nos explica Marengo. A pesar de todos estos datos y las decenas de voces de expertos como la Jose Antonio, la llegada de escépticos del cambio climático a los gobiernos no ayuda para nada en esta lucha y preocupa a los científicos. "Hay muchos de esos expertos que hacen lobby para las compañías de petróleo, son personas que simplemente están buscando popularidad", advierte Marengo. Así las cosas, los científicos insisten en que se puede desacelerar el ritmo del cambio climático, siempre y cuando los gobiernos y los ciudadanos se pongan manos a la obra. Además, el informe da una buena noticia, en 2024, las energías renovables en América Latina supusieron el 69 % de la energía generada en la región.

El sector de la pesca artesanal de Chile está en pie de guerra con su Gobierno. Esta semana se han vivido importantes protestas con motivo de la nueva Ley de Fraccionamiento donde se establecen nuevas cuotas para la pesca artesanal e industrial en especies de alta demanda. Su aprobación se está retrasando en el Senado, y sobre todo, en esta cámara se están realizando cambios a favor de la pesca masiva. Las recientes protestas, saldadas incluso con heridos, muestran el descontento de los pescadores artesanales de Chile con su Gobierno. En el foco, la nueva ley de fraccionamiento, que establece las cuotas de pesca que les corresponden a ellos y a la pesca industrial. Los pescadores acusan al Senado de retrasar su aprobación y realizar cambios que benefician a la pesca masiva. El mayor ejemplo es la merluza. En la Cámara de los Diputados se estableció que un 70% correspondiese a la pesca artesanal y un 30% a la industria. Sin embargo, el Senado modificó el texto, rebajando hasta el 43 su cuota y dando a la gran empresa un 57%. La jibia y otras pesquerías están sufriendo modificaciones en el mismo sentido.“No es real lo que están transmitiendo”RFI habló con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que estima que el Senado está cediendo a las presiones de la industria, que, a su vez, usa maneras poco éticas.“La industria manda a sus trabajadores a presionar. ¿Qué es lo que dice la comisión de pesca del Senado? Que ellos visitaron las plantas pesqueras, donde la mayor parte de la mano de obra, que trabaja en la merluza común, son mujeres. Son mujeres jefas de hogar, madres solas... Por lo tanto, ellos no van a dejar a las mujeres sin trabajo”, explica. “¿Qué es lo que dice la industria? Que si esta pesquería pasa a manos de la pesca artesanal, ellos se verían muy perjudicados en el tema laboral. Tendrían que cerrar las empresas, pero el esfuerzo también lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hay un sesgo, no es real lo que están transmitiendo”, lamenta. El problema de la licitaciónZoila Bustamante explica además que al Gobierno le conviene una mayor cuota de pesca dedicada a la industria, porque esta se licita y con ello las arcas públicas obtienen ingresos del pago de las licitaciones. “Sólo se licita lo que es destinado a la pesca industrial: algo que siempre estuvo en contra la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que yo represento, es las licitaciones. Hoy en día el Gobierno está promoviendo la licitación. La pesca artesanal tiene 0% posibilidad de licitar, porque no tenemos la capacidad económica de poder licitar”, subraya. “Se supone que estas licitaciones lo hacen para que haya más actores, y eso es una mentira porque no puede haber más actores si se concentra en un par de los que tienen la plata. Por lo tanto, están concentrando el dinero para que el Gobierno tenga nuevas entradas. Son miles de millones de pesos que van a entrar por la licitación, y la pesca artesanal tiene cero posibilidad de licitar”, denuncia Zoila Bustamante.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro se sentará en el banquillo de los acusados. El político ultraderechista será juzgado por liderar una conspiración para realizar un golpe de estado con el que perpetrarse en el poder y evitar la el regreso a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Se enfrenta a penas superiores a los 40 años. Jair Bolsonaro será juzgado por encabezar un intento de golpe de estado con el que revertir la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil de 2022. Junto a él serán procesados siete miembros del Ejército, seis de ellos exministros.El Tribunal Supremo ha aceptado la denuncia y las pruebas de la fiscalía, por hechos que comenzaron en 2021. Según la acusación, los golpistas contemplaron incluso el asesinato del presidente Lula y de su vicepresidente, además del juez instructor del caso, quien se valió de un vídeo del ataque a las sedes de los tres poderes de enero 2023 para demostrar intenciones violentas. Entrevistado por RFI, Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que hay pruebas e indicios suficientes y que el intento de golpe de Bolsonaro no empezó el 8 de enero.“Por ejemplo, recuerdo que en 2019, cuando empieza la política de armar la población, Bolsonaro hablaba de que quería crear un ejército civil para garantizar sus ideas, sus gobiernos, en contra de los comunistas. Yo creo que a partir de ahí hubo muchas declaraciones y acciones de Bolsonaro rumbo a esta decisión”. Cordeiro espera que ahora Bolsonaro movilice a sus seguidores y afines en el plano social y político, pero también a nivel internacional.Intentará “organizar a sus seguidores acá” ya que está prevista una manifestación a su favor en abril en Sao Paulo. “La otra cuestión es la acción de la bancada de diputados y senadores que intentarán aprobar una ley de amnistía y por fin, la estrategia de crear entre las derechas en lo internacional, una versión que podría decir que nosotros en Brasil estamos viviendo una dictadura de un gobierno de izquierda. Incluso, por ejemplo, si miras la gente de la derecha de Estados Unidos no habla, por ejemplo, de un gobierno Lula se empieza a hablar de un régimen Lula, como se habla por ejemplo de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y otros”, asegura el profesor Marcos Cordeiro Pires.La intención es que el juicio se celebre este año para no interferir en las presidenciales de 2026, aunque Bolsonaro está actualmente inhabilitado políticamente por difundir información falsa.

El 16 de marzo llegaron en tres aviones a El Salvador 238 venezolanos señalados por Estados Unidos de integrar la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua y 23 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Familiares de los venezolanos y el gobierno de Caracas afirman que eran migrantes, como Yurliana Chacin, hermana de uno de los detenidos. Yurliana Chacin es una inmigrante venezolana que reside en Dallas, metrópolis del estado de Texas. Su hermano, Jhon Chacín fue deportado hace dos semanas hacia El Salvador, señalado por Estados Unidos de integrar la banda criminal Tren de Aragua.Actualmente está preso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros y donde en las últimas semanas también han retenido a más de 230 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos, tras la reciente inovación de la ley migratoria de Trump. Leer tambiénFin de 'Parole in Place' pone en riesgo de deportación a 500.000 migrantesYurliana Chacin habló con RFI sobre la situación de su familiar.RFI. ¿Tiene noticias de su hermano a través de algún organismo o algún abogado que se encuentre en El Salvador? .Yurliana Chacin. No, no tengo ningún contacto, no sé nada de mi hermano porque desde que se lo llevaron el 14 de marzo, que se lo llevaron injustamente para allá y engañado también, no tengo ningún tipo de contacto con él. Los seis meses que estuvo detenido bajo custodia del ICE sí tenía comunicación con él mediante una aplicación. El abogado me dice que realmente mi hermano está en el limbo porque no tiene ningún caso abierto acá en Estados Unidos, no aparece en el sistema del ICE y mucho menos aparece en El Salvador.¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hermano?El 14 de marzo, a las cuatro de la tarde. Él me contó que lo iban a deportar a Venezuela el sábado. Para nosotros fue una sorpresa el domingo encontrarnos con esa noticia de que habían llegado dos aviones a la cárcel de El Salvador y inmediatamente empecé a sospechar de que mi hermano había sido trasladado para allá y empecé a ver noticias, videos de lo que estaban publicando y logré el lunes identificar a mi hermano por un video. Pude identificarlo por unas gafas que tenía puestas y la posición como estaba sentado. Y un tatuaje.¿Qué le comentó en aquella ocasión, cuando le dijo que iba a ser deportado a Venezuela?Solo de que sentía mucho miedo, pero que estaba muy angustiado, de que lo fueran a llevar a otro lugar que sea Venezuela. Yo lo tranquilicé un poco y le dije que efectivamente habían noticias de que estaban esperando los aviones hacia Venezuela y pues se puso un poco triste porque él quería estar acá con nosotros, con su familia, pero los decisiones de Dios fueron otras y pues no le dio, no le dieron la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Él no hizo vida acá. Él desde el momento en que se presentó a su cita el 8 de octubre de 2024, lo dejan detenido bajo custodia por investigaciones, por los tatuajes que tenía en su piel.¿En algún momento su hermano le habló de que tuviera alguna vinculación con alguna pandilla? Él nunca había estado involucrado en nada de esto. Nunca había estado detenido en ninguna cárcel. Nunca se ha involucrado, ni ha tenido ni siquiera amistades con ninguna banda criminal como lo están señalando.¿Nunca salió el tema del tren de Aragua tampoco?No. Primero nosotros somos de Zulia, de Maracaibo. (El Tren de Aragua es una banda venezolana originaria del estado homónimo Aragua). Y segundo, desde que tengo memoria mi hermano tatúa, hace tatuajes, es un artista. Pero él no pertenece a ninguna banda. Lo pueden investigar, pueden mirar sus antecedentes en Colombia, que fue su país de residencia, también en Venezuela, que es su país natal, y acá en Estados Unidos, pues él nunca entró, él no hizo vida.¿Nunca llegó a tener ningún antecedente criminal?No, nunca ha tenido ningún antecedente criminal. De hecho, nunca había estado detenido en una cárcel. Él aguantó mucho, detenido bajo un bajo custodia del ICE, por el simple hecho de que quería estar acá con nosotros. Usted me ha comentado hace un momento que su hermano se dedicaba a realizar tatuajes. Tiene más de 15 años haciendo tatuajes, es tatuador profesional. Por eso es que él tiene tatuajes en su piel.A su hermano probablemente lo detuvieron por tener tatuajes. ¿Qué tipo de tatuajes llevaba en el cuerpo?Él tiene muchos minimalistas. Tiene un búho, tiene un reloj, tiene flores, tiene los nombres de mis papás. Tiene bastantes tatuajes, pero ningún tatuaje de los que le están indicando pertenece a ninguna banda. No se los hizo porque él pertenece a algo criminal ni nada, simplemente se los hizo porque era su hobby.En estos momentos imagino que usted trata de ponerse en contacto con alguno de los abogados que están allí en El Salvador o tener algún puente.Ahora mismo tengo un contacto con un abogado de acá de Estados Unidos, pero me dice que no puede hacer nada porque él no aparece acá en las datas de Estados Unidos. Ahorita estamos viendo cómo poder acceder a un abogado en El Salvador a ver que nos comunica, porque la última vez sí nos dijeron que estaba como en el limbo.¿Sabe usted que el gobierno venezolano ha puesto en servicio a dos abogados salvadoreños para defender este caso?Sí, escuché también las noticias. Estamos aferrados a la fe de Dios y ante todo a las personas que puedan pues meter la mano por esas personas inocentes.Leer tambiénLos inmigrantes de Estados Unidos tiran la toalla del "sueño americano"

Ecuador entró en campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril entre el mandatario Daniel Noboa y la opositora de izquierda Luisa González, con la violencia narco como telón de fondo. Después del encendido debate del domingo, lleno de acusaciones entre los dos candidatos oficiales a ocupar la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González, la campaña para la segunda vuelta de las elecciones generales arrancó oficialmente.“Muy pocas cosas nuevas”Los comicios se siguen presentando muy polarizadas, tras un virtual empate técnico en la primera fase. Un factor que, para el politólogo de la Universidad Andina Hernán Reyes, refleja una crisis profunda en el sistema de los partidos políticos del país, incapaz de representar la diversidad de posturas que existen en la sociedad ecuatoriana.“Si no hubiera sido por un tercer lugar, con algo más del 5% de apoyo del candidato del movimiento indígena Leonidas Iza, quizá hubiera podido resolverse en esta primera vuelta electoral las elecciones y no haber necesidad de un balotaje para la segunda vuelta”, comenta. “Yo diría que hay un cierre de las dos candidaturas, que ambas muestran limitaciones, pero al mismo tiempo están buscando desesperadamente esos votos indecisos. Y para ello habrá que ver, y tengo muy poca esperanza, si es que en este inicio de campaña electoral para la segunda vuelta hay algo nuevo que decir bajo el sol. Porque en realidad en el debate se vieron muy pocas cosas nuevas y el debate se limitó a ataques fundamentalmente entre ambos candidatos, porque el formato del debate no permitía otra cosa”, lamenta Reyes.“Habrá que ver el nivel también de ausentismo”Precisamente, la clave de esta segunda vuelta se centrará en los ciudadanos indecisos, teniendo en cuenta la fidelidad que ejercen los votantes de González y Noboa. “Es muy difícil. Me parece que los altísimos niveles que lograron en primera vuelta ambas candidaturas convierten en una cuesta arriba el poder captar a esos votos indecisos. Y por supuesto, habrá que ver el nivel también de ausentismo que puede haber en esta segunda vuelta electoral, que puede marcar una diferencia final en cuanto a los votos válidos, sobre todo en relación a la grave situación que vive la costa y la Amazonía ecuatoriana, por la temporada invernal y las graves inundaciones que han afectado y afectan infraestructura básica, y seguramente hará que una parte de la población tenga reparos en acudir a la votación próxima”, analiza Hernán Reyes.El domingo 13 de abril, más de 13,7 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2025-2029.

La semana pasada, un grupo de medios nicaragüenses en línea quedaron bloqueados después de que quedaran inhabilitados sus nombres de dominio. La Asociación de Periodistas Independientes denunció una nueva censura del gobierno de Daniel Ortega ante la audiencia creciente de estos sitios de información.  Onda Local, La Prensa, Confidencial, 100% Noticias....Las páginas de estos medios de comunicación, cuya dirección online acababa hasta hace poco en .com.ni, dejaron de funcionar de la noche a la mañana.Ese dominio, que acaba en ".ni", explica Víctor Manuel Pérez, tesorero de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua, lo manejan desde la Universidad Nacional de Ingeniería: "Se desconoce quién fue el que, o la que dio la orden, pero es una clara evidencia de que fue planificado, esto es una clara violación a la libertad de prensa y expresión,  pues básicamente lo que se busca es que las personas nicaragüenses no se informen con medios de comunicación independientes y esto es una estrategia que ya es planificada, no  es que se la sacaran de la manga; desde que aprobaron  a finales del año pasado, la reforma al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, en Nicaragua, ya era una evidente amenaza, una clara amenaza de que esto iba a suceder porque lo que andan buscando es controlar el internet por donde ha sido el mecanismo que ha tenido la población nicaragüense para seguirse informando y fíjate que ya hemos estado conversando con sus directores y ya era, como ya era de esperarse, lo que iba a suceder,  ya los medios de comunicación se habían preparado con medios alternativos, con sitios web alternativos o que nosotros  en la jerga le llamamos de “espejo” que han cambiado al .com o al .net  y el .net sólo servía de espejo."Víctor Pérez, que desde el exilio tiene un portal de información llamado Intertextual, ha notado que la prensa online tiene mayor audiencia que los medios oficialistas:"En los medios independientes, por un tema de seguridad o al menos las caras visibles de los medios de comunicación, estamos en el exilio operando desde el exilio. Costa Rica ha sido una muy buena plataforma y es una firme convicción que tengo y esto lo digo desde mi planteamiento, que la población en Nicaragua y la diáspora nicaragüense que nos sigue consumiendo, tiene una credibilidad enorme en nosotras y en nosotros. Una comparativa o análisis de medios de comunicación oficiales con medios de comunicación independientes y en las redes sociales es evidente el tráfico que tiene nuestro sitio web, de gente que nos está leyendo. Creo que la población, aparte de que apoyó a los medios de comunicación en el bloqueo de sus páginas web y se fueron a informarse en las nuevas páginas web porque sólo evidenció 100% noticia que el tráfico subió casi el triple, sabe que el único bastión para seguir informándose y tener clara información de lo que sucede en Nicaragua;  (por ende), la dictadura, pues creo que está apuntando a la censura del internet."Sin embargo, la Asociación de Periodistas Independientes teme que los medios audiovisuales tradicionales estén en mayor peligro:"Porque en este año se supone que se tienen que cancelar las frecuencias de radio que le pertenecen al estado y eso evidentemente va a afectar a algunas pequeñas radios que a pesar de que han tenido censura o autocensura quitando noticieros y que se han quedado sólo con programación, música o que se han tenido que apegar al discurso oficial, pues se van a ver afectados y Nicaragua va a quedar en un completo apagón."Entrevistado: Víctor Manuel Pérez de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua.  

En el sistema federal de Estados Unidos, el Departamento de Educación tiene menor control sobre las instituciones académicas y las escuelas que los estados que componen el país - por lo que, en caso de que ese departamento desapareciera, no quedarían sin manejo. Pero algunos estados dependen al menos en un 20% de las subvenciones del gobierno federal para que sus escuelas puedan funcionar. Laura Rodríguez vicepresidenta principal del Centro para el Progreso Estadounidense, organización que promueve una mayor inversión en la educación pública, subraya la importancia del Departamento de Educación en las zonas más pobres del país."El Congreso le da los fondos al Departamento de Educación y el Departamento de Educación les da los fondos a todos los estados. Los estados deciden cómo usar esos fondos", explica Rodríguez. Para ella, hay un punto muy importante relacionado con las competencias que no tiene el Departamento de Educación. "El Departamento de Educación no tienen el mandato de desarrollar currículo para los estados", subraya.Otro punto que aclara Laura Rodríguez es que Trump "no puede eliminar el Departamento de Educación por orden ejecutiva. Eso no es legal. Eso se tiene que hacer a través del Congreso", apunta. "Pero supongamos que el Congreso quiere, efectivamente, eliminar el Departamento de Educación. Si se hace, se reduciría la calidad de la educación y el acceso a las oportunidades educativas en todo el país, para los latinos, para la gente que vive en áreas rurales, la gente de bajos recursos en todo el país", sostiene.El Departamento de Educación fue creado en 1980 y funge más que todo como garantía de equidad en el sector educativo, el cual está dominado por instituciones privadas. Laura Rodríguez resalta varias funciones clave que desempeña ese Departamento."Ofrece apoyo a las personas de bajos recursos para facilitar su acceso a la universidad, proporcionando préstamos y becas que les permitan continuar con sus estudios. En segundo lugar, establece normativas para los estudiantes con discapacidad, asegurando que cuenten con todo lo necesario en las instituciones públicas y escuelas. En tercer lugar, lleva a cabo investigaciones cuando surgen problemas relacionados con derechos civiles, ya sea por parte de un profesor o un padre de familia. Esta es una función increíblemente importante del Departamento de Educación, porque ellos se encargan de asegurarse de que no hay discriminación por el color de la piel, la religión o cualquier otra razón", concluye.El Gobierno anunció ya el despido de 1300 personas. No ha dejado claro cómo se mantendrían estas ayudas sin el Ministerio.