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En la primera vuelta de las elecciones en Perú, varias mesas de votación tuvieron que postergar su apertura por falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución y logística. En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano. Mayor desconfianza en las instituciones “Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares.   “No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich. Tentación de “impugnar los resultados” Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral. Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”. “Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade. Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.

Venezuela está bajo tutela de Estados Unidos, pero el chavismo sigue presente y activo. Este viernes fue la juramentación de un fiscal general abiertamente afín al chavismo, y en la misma jornada fue aprobada una ley minera que abre el sector a capitales privados, un giro contrario al chavismo. Cuando se cumplen este lunes 100 días de la captura de Nicolás Maduro, hablamos de la situación en el país con Renata Segura, responsable de América Latina en el International Crisis Group. RFI: ¿Cómo describir el régimen que encabeza hoy la presidenta Delcy Rodríguez? Renata Segura: Los escenarios peores hacia futuro han sido evitados, pero lo que no hemos visto todavía es una materialización de los beneficios de la intervención para los venezolanos. Uno de los grandes riesgos que había era que se intentara hacer un cambio de régimen total por vía de la fuerza y que eso generara mucha violencia, incluso una guerra civil en Venezuela. Porque no hubo un cambio de régimen, digamos, ese riesgo se perdió. Y sí hemos visto de alguna manera una especie de apertura para la sociedad civil y para la oposición en Venezuela. Yo creo que no podemos decir que ha habido un cambio significativo. No creo que estamos viendo una transición hacia la democracia, pero creo que lo que muchos venezolanos están sintiendo es algo de optimismo sobre la posibilidad de que eso se dé. RFI: ¿Tienen algo que ver en este optimismo las liberaciones de presos políticos? Si bien permanecen en las cárceles venezolanas unos 500, casi 650 han sido liberados. Renata Segura: Sin duda alguna, la liberación de los presos políticos y el cierre de ciertas prisiones donde tradicionalmente había habido muchas torturas y violaciones de derechos humanos, como el Helicoide, es quizás, digamos, la muestra más importante de cambio en términos de represión, y no quiero quitarle para nada la importancia a eso. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el sistema represivo en sí mismo: sigue activo, digamos. No están reprimiendo a la gente de la manera como la estábamos viendo antes, pero sigue allí y pudiera activarse si fuera necesario. Entonces, en ese sentido, podemos ver algo positivo en que hay una modificación, digamos, de la posición política del gobierno, pero institucionalmente existe el régimen todavía de represión y podría usarse, si lo deseara el Gobierno.

Dominada por un discurso de mano dura, la campaña presidencial llega a su fin este domingo 12 de abril. Se trata de unos comicios donde no existen certezas única constante es que nadie sabe por quién votar. RFI recogió los testimonios de estudiantes, así como del representante del gremio de transportes, uno de los más afectados por las extorsiones que aquejan al país. La incertidumbre y la volatilidad son las características de estas elecciones en Perú. Las últimas encuestas señalan que el porcentaje más alto es el de blanco, viciado o el de los indecisos. Leonor, quien a sus 85 años nunca ha faltado a una elección, confiesa que ahora no tiene nada claro. "Estas elecciones, me parece como si fuera un mercado, que todo el mundo puede ir y comprar, pero a ninguno se le conoce un plan de trabajo. Yo quisiera votar por alguien que no le dé el voto a Keiko, esa mujer no tiene sangre en su cara", dice a RFI. Es un sentimiento que se comparte a todos los niveles. "Mi voto en realidad no vale mucho o no cambia tanto las cosas, que solamente sirve para mantener la idea de que tenemos todavía una democracia o una falsa democracia", expresa por su parte Penélope, quien votará por primera vez."Yo creo que últimamente hay esta campaña en redes sociales, en Instagram, donde dicen que nuestro voto vale, pero al final sabemos que pasan unos meses y todo vuelve lo mismo hasta que se llegue a una crisis o una vacancia. Da la sensación de que la presidencia o el gobernar se ha convertido más en algo temporal, en un show que es ser presidente por un día", detalla. Desde el gremio de transportistas, el más afectado por las extorsiones, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 70 empresas, tiene dos consignas muy claras. "Que no votemos por los mismos. Escoge tú a cualquiera que consideres, pero no por los mismos. Lo que a mí me queda claro es que todos los que están en el Congreso y que quieren repetir ahora no van a hacer nada. Tuvieron su oportunidad. No lo hicieron, no quisieron. Yo me he reunido como representante del gremio muchas veces, desde con un congresista hasta con el presidente del Congreso y hasta el presidente, y ninguno de ellos ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad, ni el liderazgo para combatir esto". Algo de esperanza Desde el gremio de los transportistas, ellos acudirán a las urnas con la decepción de los anteriores gobiernos, pero con esperanza frente a posibles cambios. "¿Si es que confiamos en los políticos? No, hemos perdido toda confianza. ¿Si tenemos fe de que esto se puede mejorar? Por supuesto que tenemos fe. En ese sentido, sí somos bastante optimistas de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien", resalta Vargas. La esperanza es lo último que se pierde también para Ana Cristina, un ama de casa, quien tampoco tiene nada claro. "Si bien es cierto todavía no tengo definido por quién voy a votar, pero sí tengo esperanza de una u otra manera. Dentro de todos los que están en campaña, dentro de todos los candidatos, sí hay una esperanza por ahí, pequeña", dice. Tarea complicada para los peruanos que con el retorno de la bicameralidad este 2026 tienen aún más opciones de donde elegir. 

Perú celebrará elecciones generales este domingo 12 de abril.  que reconfigurarán su sistema político. Además de reconfigurar el aparato legislativo, los peruanos elegirán a un presidente entre 35 candidatos. Nunca antes habían competido tantos candidatos. Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. El Parlamento destituyó a cuatro y a otros dos los empujó a la renuncia. Este domingo, 35 candidatos se presentan a las elecciones presidenciales. ¿Cómo interpretar esa cifra récord? ¿Es un síntoma de la buena salud en la que se encontraría, a pesar de todo, la democracia peruana? Para José Luis Ramos, profesor de Sociología en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la respuesta es clara. "En realidad es la evidencia de que el sistema político peruano ha colapsado. Parecería que a mayor cantidad de partidos políticos, mayor participación ciudadana. Pero no son partidos políticos, como lo ha dicho uno de los candidatos a la Presidencia, son 'emprendimientos'". Según Ramos, el uso de este vocabulario refleja que "la organización política se ha convertido en un elemento para acceder al poder y obtener beneficios del mismo. Por eso estas agrupaciones aparecen y desaparecen y también cambian su discurso de acuerdo al auditorio y al clima electoral". Carlos Álvarez es uno de los candidatos más opcionados, según las encuestas, además de imitador y comediante en la televisión. ¿Es un ejemplo de esos emprendedores? "Él responde a un grupo económico que lo ha fabricado. Este grupo tiene un monopolio de medios de comunicación. Lo presentan como el Bukele peruano. Había una campaña muy grande: No votes por los de siempre. Entonces era necesario crear un nuevo partido, un personaje que no estuviera vinculado a la política, y con cierta simpatía de la población por su trabajo como cómico y cierto manejo de escena", apunta Ramos. Keiko Fujimori, la hija del ex presidente peruano, al fin y al cabo, es quien lidera las encuestas. "Ya ha estado varias veces en segunda vuelta y allí siempre pierde, incluso cuando ha competido con candidatos que no tenían gran trayectoria y tenían muy graves cuestionamientos, como es el caso de Pedro Castillo. Así que en realidad todos los otros aspirantes su deseo es pasar a segunda vuelta con ella, porque es la que sería más fácil de vencerla", analiza el profesor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba. Algunas de ellas incluyen, retenciones de salarios, amenazas de cárcel para quienes las abandonen, inclusive para los familiares, y confiscación de pasaportes. El informe revela testimonios “desgarradores, dice Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, quien detalla a RFI algunas de las violaciones que cita el informe con base en 71 testimonios. “Básicamente lo que tenemos acá son remuneración insuficiente, retención de salarios, jornadas excesivas. Incluso hay tareas ajenas a la labor propiamente de médicos que tienen que ver con actividades políticas obligatorias fuera del horario de trabajo, así como una imposibilidad de moverse y de abandonar libremente la misión, porque eso básicamente los hace ser considerados traidores de la patria o desertores según el régimen comunista en la isla”, indicó Ralón. El informe denuncia además, trabajo forzoso ligado a las misiones médicas internacionales y la incapacidad de los médicos para vivir dignamente de su trabajo.  Ralón cuenta que hay una situación en la cual el médico se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, con condiciones, incluso de hacinamiento para evitar que alguien deserte. A eso se le agrega que  “la retribución no se les entrega, sino que el Estado la recibe y posteriormente la va entregando después con una serie de retenciones. Es por eso que esa situación donde no hay una retribución, ni condiciones  mínimas de un trabajo normal, hace que se documenten como elementos que configurarían un trabajo forzoso”, agregó. El informe cuenta que las retenciones pueden alcanzar entre el 65 y el 90% del salario del médico y la mayor parte de su salario se le entrega al Estado cubano. “El estado receptor de las misiones médicas cubanas firma un convenio con el Estado de Cuba. Ese convenio indica que básicamente es a la entidad firmante de Cuba a quien se le hace el pago por los servicios médicos. Es decir, que el Estado receptor no le paga directamente a los médicos. Es un monto significativo por el número de misiones médicas que Cuba tiene alrededor del mundo, ya que el informe habla de por lo menos 56 países que reciben estas misiones médicas cubanas”, señaló Ralón. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace la lista de esos 56 países y les hace un llamado a poner en marcha mecanismos para inspeccionar y verificar que se respetan los DD.HH.

El crecimiento de la derecha en América Latina, se ve hoy especialmente en el sur. Los presidentes de Chile y Argentina, José Antonio Kast y Javier Milei, se reunieron en Buenos Aires a principios de la semana para  consolidar un bloque de las derechas duras ante el liderazgo del izquierdista brasileño Lula Da Silva.  En el Cono Sur, la semana empezó con el encuentro entre los presidentes de Chile y Argentina. Es costumbre que la primera visita oficial del nuevo mandatario chileno a un país extranjero sea a la Argentina.  Antonio Kast, respetuoso de la tradición, visitó a Javier Milei. Los mandatarios acordaron avanzar en la integración comercial, turística y de seguridad. La pregunta es si estos representantes de las nuevas derechas duras puedan convertirse también en un contrapeso al izquierdista Lula. "Esta convergencia geopolítica o estratégica de la derecha más radical buscan contrapesar la influencia del poder que ejerce el gobierno de Brasil bajo Lula sobre toda la región, dado el tamaño de su economía", asegura Marcelo Mella, profesor del departamento de estudios políticos de la Universidad de Chile.  "Con estos dos presidentes, el presidente Trump sin duda tiene aliados que son muy poderosos en el Cono Sur para consolidar su tesis de la influencia regional o hemisférica de Estados Unidos sobre América del Sur", explica. Kast y Milei: ¿Un nuevo contrapeso estratégico en el Cono Sur? El Chile de Kast muy probablemente ya haya girado políticamente hacia Washington, pero la economía chilena depende en gran medida de sus exportaciones a China, rival comercial y político de Estados Unidos. En 2025, China representó alrededor de un tercio del intercambio comercial total de Chile con el mundo, consolidándose como su principal socio comercial. Esto es una razón adicional para que Kast estreche sus lazos comerciales con la Argentina de Milei según el analista Mella: "Chile y Argentina, que son países que tienen mucho en común, están desde el punto de vista de la integración comercial, están muy lejos todavía" y proyecta que si "los pasos fronterizos Chile-Argentina, si se hicieran efectivos, significaría un gran beneficio para todas las provincias del interior de Argentina".

El anuncio de la excarcelación de unos 2.000 presos comunes por parte del Gobierno cubano abre la esperanza para liberar a miles de presos políticos cuya salida reclaman Washington y organizaciones internacionales. Le preguntamos sobre este tema a Manuel Cuesta, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. RFI: ¿Puede ser esta la señal que reclamaba Donald Trump para rebajar la asfixia petrolera impuesta hace tres meses en la isla? Manuel Cuesta: Yo creo que busca enviar ese mensaje a Estados Unidos, y eso puede ser resultado de algún punto en esa negociación que desconocemos en su contenido. Pero de hecho, los Estados Unidos ya aligeraron la presión, sobre todo en términos de la asfixia, permitiendo que entraran barcos petroleros. En esa señal creo que va indicada esta liberación de los presos políticos. Que es desafortunada, porque lo que nosotros pretendemos es que haya una amnistía general y una despenalización del ejercicio de los derechos, para cerrar el ciclo de esa puerta giratoria que entran unos y salen otros y así nos mantenemos a lo largo de todos esos años. RFI: ¿Cree que en los próximos días se podrían realizar las reclamadas liberaciones de presos políticos que formarían parte del primer indulto castrista? Manuel Cuesta: Yo creo que sí. Yo creo que la movida del Gobierno va en la dirección de proteger su discurso y su imagen. Ellos no reconocen el presidio político en Cuba, por lo tanto no iban a estar liberando inmediata y primeramente a presos políticos, aunque semanas atrás había ocurrido una liberación de 51 personas entre las cuales ya había presos políticos. Pero yo creo que en las próximas semanas sí podemos ver que se van a ir liberando algunos otros presos políticos, de los que están en las listas de los grupos de derechos humanos, de la sociedad civil, de lo que está pidiendo la comunidad internacional. RFI: ¿De cuántos estaríamos hablando? Manuel Cuesta: Bueno, en prisión siempre las estadísticas según la organización oscilan, porque no todos manejan los mismos criterios, pero se cuentan entre 800 y 1.200 presos políticos. Y esperemos que el Gobierno empiece por el 11 J, una mayoría de jóvenes que salieron a ejercer sus derechos y punto. No son los presos más emblemáticos, el Gobierno desafortunadamente creo que va a manejar en un esquema usual y habitual para el gobierno de negociación, pero esperemos que empiecen esas liberaciones en las próximas semanas. Por el momento el régimen cubano no ha dado detalles específicos sobre estas excarcelaciones, aunque dejó entrever que se trata de un gesto humanitario por las celebraciones religiosas de Semana Santa. Queda por saber si están relacionadas con las negociaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos.

El calentamiento del planeta aumentará el número de muertes en América Latina, así lo asegura el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago. En su último reporte este laboratorio concluye que el cambio climático provocará hasta diez veces más muertes en los países pobres en comparación con los países ricos. Varios países de América Latina están en la lista de los más vulnerables.    Además de ser uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad, el actual calentamiento del planeta está expandiendo la brecha de las desigualdades entre los países ricos y pobres. En su reporte publicado el pasado 25 de marzo, el Climate Impact Lab estima que el 90% de las muertes relacionadas con el cambio climático sucederán en países de ingresos medios y bajos.  “Los resultados varían en los países de América del Sur y Centroamérica. Las zonas más afectadas van a estar en Bolivia, Paraguay o el norte de México. En estos ligares va a haber entre 20 y 40 muertos más por cada 100 mil personas. Y estas muertes a causa del clima son tan numerosas como las causadas por los accidentes de tránsito. Chile, Argentina o Perú han registrado una disminución de esta tasa”, explicó a RFI la encargada de la comunicación del Climate Impact Lab, Claudia Gemmel. El trabajo del Climate Impact Lab fue titánico; durante 10 años recopilaron datos de 25 000 regiones del mundo. Sus resultados contribuyen ahora a evidenciar aún más lo que algunos economistas consideran como una de las mayores injusticias de nuestro tiempo: que los países pobres, que son los que menos contribuyen al cambio climático, son los más afectados.  “En general, a los países mas ricos les va a ir mejor que a los pobres, porque tienen más capacidad para adaptarse al calentamiento global. La mayoría de países de América del Sur y Central, son de ingresos medios o altos, aunque algunos tienen crecimiento bajo, como Bolivia, Nicaragua o Honduras. La riqueza hará que muchas zonas de la región sean menos sensibles al aumento del calor, si lo comparamos con zonas que no tienen tanto crecimiento económico”, detalló Gemmel.  En Haití, el país más pobre del continente, luchar contra el cambio climático es una cuestión de supervivencia. El gobierno asegura que sus efectos, como sequías prolongadas o tormentas arrasadoras, están deteriorando las infraestructuras y los cultivos. 

Bolivia anunció que la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ya está colaborando con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz para luchar contra el narcotráfico. Por el momento sólo intercambian información, aunque el gobierno boliviano desea que tengan una oficina en el terreno como sucedía hasta antes de 2008, cuando el ex presidente Evo Morales la cerró asegurando que la DEA apoyó revueltas contra él. Para el gobierno de Rodrigo Paz, la participación de la DEA es una pieza clave en su plan de lucha contra el narcotráfico. Quiere agentes en su país. “Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica”, expresó al respecto Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social y responsable de la política antidrogas. Una participación importante Omar Durán, abogado y militar experto en temas de seguridad, da a RFI su opinión sobre cómo podría ayudar la DEA al gobierno boliviano para combatir el crimen organizado: “La DEA tiene los elementos necesarios que Bolivia no tiene. La DEA tiene participación en efectivos, porque acá últimamente los narcotraficantes tienen mejores medios en armamento y en tecnología que los mismos bolivianos, y si bien tenemos en Bolivia 32.500 miembros que podrían ser suficientes para realizar el control, no es menos cierto que la gran mayoría de los miembros han sido comprados por los narcotraficantes, por los grupos de poder, y la participación de la DEA va a ser fundamental para poder luchar contra esos grupos, no solamente de narcotraficantes, sino esos grupos dedicados al sicariato que van de la mano”. El abogado también considera que las investigaciones de la DEA serán importantes para la resolución de casos ante los tribunales, incluidos aquellos en los que estaría vinculado el ex presidente Evo Morales: “La participación de la DEA va a ser muy, muy fundamental para que Evo Morales les dé a conocer todas las irregularidades que ha marcado en territorio nacional. Y serán pues los jueces que dirán si tiene una sentencia condenatoria o absolutoria”, explica. ¿Cambios insuficientes? Aunque al nuevo gobierno de Rodrigo Paz se le atribuye un rotundo cambio en la dirección del país, para Omar Durán, el único cambio en temas de seguridad es el regreso de la DEA. “Lo único que podemos atribuir de éxito a este gobierno es la incursión de la DEA. Pero después no hay ningún cambio y seguimos con el mismo fiscal general, con los mismos jueces que en un momento determinado han liberado bienes incautados en millones de millones. Pero son los mismos, o sea, acá lo único que ha cambiado es la figura del presidente, que tal vez pueda tener muy buena voluntad, pero tiene colaboradores que se dedican a temas ilegales”, concluye Omar Durán. Los detectores de mentiras que actualmente son aplicados a los policías de la agencia antinarcóticos de Bolivia son proporcionados por la DEA.  

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias. "No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar. Esperanzas frustradas "Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector. Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración. "Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega. "Que lo piensen bien" Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo. Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice. De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

La Corte Suprema de Estados se mostró escéptica este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump, quien asistió a la presentación de los argumentos durante cerca de 90 minutos, había presentado una orden ejecutiva al empezar su segundo mandato en la que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Y con informaciones de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez La Corte, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos que ponen a prueba uno de los pilares de la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, incluso los jueces conservadores puestos en el cargo por Donald Trump cuestionaron fuertemente al abogado que defendía a la administración, con preguntas sobre los fundamentos jurídicos y las aplicaciones prácticas de la directiva que busca cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La cuestión ante el Tribunal Supremo en este caso conocido como “Trump contra Barbara”, es si la directiva cumple con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y una ley de inmigración de 1952. Dicha enmienda dice que “todas las personas nacidas [...] en Estados Unidos [...] son ciudadanas de ese país”, una ley que no es válida para Trump: desde su regreso a la Casa Blanca, busca imponer un nuevo razonamiento jurídico. “La administración Trump está argumentando que los indocumentados no son sujetos a las leyes del país porque son indocumentados. Eso hasta ahora los jueces han dicho que no, que eso no tiene sentido, que los indocumentados igual son sujetos a las leyes del país. Pero vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Yo creo que van a fallar igual que las cortes inferiores, pero no sabemos. Hay mayoría de jueces, de magistrados, que son nombrados por presidentes republicanos, han fallado en otros casos a favor del presidente, pero no en todos. Entonces vamos a ver qué dicen al final, creo que van a fallar lo mismo que las cortes inferiores, pero no lo tomaría como un hecho”, indica a RFI el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee. La pregunta “¿quién es ciudadano estadounidense?” ha tenido respuestas diferentes según la época: “El tema de la ciudadanía por nacimiento ha sido un ancla de la política pública en Estados Unidos desde el nacimiento del país. Se expandió con una enmienda a la Constitución hace 150 años, más o menos, pero existía al principio, nada más que no estaban incluidos los indígenas, no estaban incluidos los afroamericanos, los que eran esclavos, había algunas excepciones. Lo que se concretizó después de la enmienda era el derecho para todos, sin excepciones. Entonces también esto ha sido un ancla de la ciudadanía y la identidad en este país”, subraya Selee. Trump también asegura que existen familias que van a Estados Unidos únicamente para que nazcan sus hijos, una acción que él llama turismo de natalidad. “Hay algo pequeño de verdad en lo que dijo. Hay un cierto número de personas que nacen cada año por turismo de ciudadanía. En general son personas muy ricas. No son muchos, son contados. Y el argumento real de ellos es que es un imán para gente más pobre que quiere vivir a Estados Unidos y saben que aunque van a ser indocumentados, sus hijos van a nacer y ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ellos creen que al quitar ese derecho, muchos indocumentados se van a ir porque sus hijos no pueden aspirar a ser parte del país”, explica el presidente del Migration Policy Institute. La decisión final será conocida a finales de junio o principios de julio de este año.

La ONG Défenseur Plus asegura que 70 personas, y no 16 como afirman las autoridades, habrían sido asesinadas en la masacre ocurrida el domingo en el departamento de Artibonite. Entrevista con el encargado de asuntos jurídicos de la ONG, Ulrick Tintin. Al otro lado del teléfono, desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, responde Ulrick Tintin, de la ONG Défenseur Plus, el colectivo que dio a conocer cifras que cuadruplican las reportadas por las autoridades sobre la masacre del pasado fin de semana. La organización ha llegado a estas estimaciones gracias a informaciones de primera mano recabadas por observadores presentes en la zona del crimen colectivo, la comuna de Petite Rivière. "El balance podría aumentar en los próximos días, según lo que reporten nuestros observadores, que están sobre el terreno. Contabilizamos 70 muertos, 30 personas heridas, 50 casas incendiadas y 6.000 desplazados que huyen de la violencia de los grupos armados. Antes de la masacre ya se registraban enfrentamientos entre bandas criminales y una coalición local. Sin embargo, desconozco las razones por las que los bandidos perpetraron estos asesinatos. La población civil no pudo defenderse. El Estado haitiano fue incapaz de intervenir. La gente lo perdió todo". Esperando la Fuerza de Represión de las Pandillas (ONU) La prensa local atribuye los asesinatos a la pandilla Gran Grif, la misma que en 2024 mató a 180 personas en la capital. Francia y la ONU condenaron la masacre. Un cuerpo especial de seguridad de la ONU para Haití comenzará sus operaciones en abril. Se trata de una fuerza multinacional, denominada "Fuerza de Represión de las Pandillas". "Se ha decidido reemplazar el dispositivo anterior en la fase de supresión. Saludamos esta decisión de la ONU. Las fuerzas militares de Kenia, lamentablemente, no fueron suficientes. No se observó ningún progreso en la seguridad del país; todo lo contrario. Por ello, esperamos con impaciencia la llegada de esta nueva fuerza y que contribuya a mejorar la situación. Confiamos en que las operaciones que se lleven a cabo respeten las leyes de Haití y, sobre todo, los derechos humanos". Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh). Las primeras tropas llegarán desde Chad, país africano que prepara el despliegue de 750 soldados. La Fuerza de Represión de las Pandillas estará conformada por un total de 5.500 efectivos.

En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país. Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric. “La migración le está aportando al país el 10% del PIB” “Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante. “Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza. Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país. “Un fenómeno muy particular” “Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza. “Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye. Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial? A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia. “Todos esos casos van a quedar en la impunidad” “Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional. “Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción. Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta. El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos. “Ellos van a buscar cuidarse” “Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes. Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza. “Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa). En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.   Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.   “El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.   El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.   Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.   “Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.   Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación, como para la salud o los transportes. Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento. Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Nicolás Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025. Un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba. “El 80% de la producción agrícola necesita combustible” En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana: “La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad. En cuanto a la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego, todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tienen todo el tema de transporte de los bienes y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados”, nos explica Étienne Labande, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba. Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética, y permitir la importación de combustible destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla. “Sin combustible la operación está en pausa” “Es decir, que hablamos de un volumen de entre cuatro y cinco millones de litros de diésel, hasta el fin del año, porque este es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa o por lo menos muy lenta y muy compleja”, subraya Labande. Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas.

Además del petróleo y el gas, otro rubro que ha sido fuertemente impactado por la guerra en Oriente Medio es el de los fertilizantes, cuyo coste se dispara y amenaza con provocar una fuerte subida en el precio de los alimentos. Brasil es uno de los países afectados. La guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde también circula un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendrían un efecto devastador en la economía global, especialmente en Asia y Europa, han alertado algunos analistas. Sus efectos podrían ser similares a los ocurridos durante la pandemia del Covid-19 y en América Latina, algunos países ya lo están sintiendo, como en el caso de Brasil, país que importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según un informe de la Confederación Nacional de la Industria. La urea, por ejemplo, clave para el maíz, ha registrado incrementos de más del 50% en lo que va del año. “Los exportadores para Brasil son Omán, el propio Irán. Pero el estrecho es un cuarto de la exportación de fertilizantes del mundo. Son 40% de urea para Brasil que pasan por el estrecho. Brasil es el primero con 45 millones de toneladas, Argentina, el segundo con seis millones, creo que México es el tercero con dos millones, y Colombia con casi dos”, explica a RFI Maciel Silva, director técnico adjunto de la Confederación de Agricultura de Brasil. China también limita las exportaciones Debido a su dependencia de importaciones de fertilizantes, el gigante suramericano ha buscado otras opciones, pero estas también se están viendo truncadas: “En los últimos dos o tres años aumentamos la importación de Nigeria, por ejemplo, para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo ampliamos las importaciones de China. Pero es un país que por las próximas dos o tres semanas necesitamos monitorear cómo están las exportaciones. Las últimas informaciones son que China también ha limitado las exportaciones de fertilizante para los otros países”, detalla Silva. En efecto, China se ha consolidado como el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, con una participación del 9.6% del mercado global según el Observatorio de Complejidad Económica, pero su decisión de suspender las exportaciones de este rubro por la guerra en Irán, hace temer un sacudón inflacionario en clientes como Brasil.

La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de "insuficiente y excluyente". Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos. La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros).  Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática. El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas. Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento. Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI. "Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero. El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos" Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor.  "Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta. Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales. "Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma. Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".

El 21 de noviembre de 1977, 20 meses después del Golpe de Estado, 17 mujeres ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza se reúnen por primera vez en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar la desaparición de sus hijos y buscar a sus nietos y nietas. Así nacía la asociación "Abuelas de la Plaza de Mayo", símbolo de lucha y resistencia de la dictadura que este martes cumple su 50 aniversario. Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos: en principio bebés y niños/as y, luego, jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad. "Es un aniversario muy importante para nosotros", dice Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. "Argentina lleva muchos años consiguiendo muchos logros en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Sobre todo, de justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, estamos viviendo un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas respecto a lo que sucedió durante la dictadura. Ese gobierno lleva dos años desmantelando muchas de las políticas que fueron un orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y un ejemplo para el resto del mundo". "Si dudas de tu identidad..."  Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a una multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos. En principio, bebés y niños, niñas y luego jóvenes y adultos. Se han utilizado, entre otros, anuncios en medios que dicen: "Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 43840983 o ingresa en abuelas punto org punto ar". Además, la organización ha impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad. La estrategia ha cambiado con mucha creatividad  "La estrategia de las Abuelas ha cambiado con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura, de si sabemos quiénes somos. Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes, porque ha pasado el tiempo y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad", sostiene.  De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina se han recuperado restos o se ha hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las Abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400 robados.

La Santa Sede impulsó el viernes 20 de marzo una iniciativa que llama a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero para privilegiar sectores éticos en materia de impacto ambiental.    En 2023, las autoridades canadienses registraron los numerosos casos de contaminación ambiental y violaciones de los derechos humanos derivados de la explotación de la mina Marlín en Guatemala, propiedad de la empresa Gotcorp. El cardenal de la Iglesia Católica, Álvaro Ramazzini, quien vivió esta problemática en primera persona, expuso este ejemplo frente a la presentación de la plataforma de desinversión en la industria minera en el Vaticano. El padre Darío Bossi, misionero comboniano y coordinador de esta iniciativa, explica sus objetivos:  “Una de las estrategias para denunciar y también para fragilizar la minería que mata es exactamente atacarla desde el lado financiero, del lado de los que financian, que invierten en este tipo de minería. Con respecto a esta iniciativa de desinversión, sí tenemos el objetivo que las organizaciones religiosas reflexionen sobre sus inversiones y se comprometan a no invertir en la minería que mata”, asegura Bossi.  Por el momento, la iniciativa aún tiene que determinar cuántas instituciones de la Iglesia poseen dinero en fondos y en bancos que invierten en esta problemática, muy presente en América Latina, pero que afecta a varias regiones de todo el mundo. Una tarea difícil, explica el padre Darío.  “No es tan fácil lograrlo, porque justamente las instituciones religiosas tienen también su privacidad, su derecho de administrar los fondos, y no necesariamente con la obligación de declarar a dónde están invirtiendo. Por tanto, no tenemos elementos concretos cuantificados”.  Una solución que plantea la iniciativa es redirigir todos estos fondos a bancos éticos, algo que ya hacen los misioneros de verbitas o los misioneros claretianos. El siguiente paso es convencer al resto de la Iglesia.  “Depende mucho de la disponibilidad, del interés, de la fuerza que también nosotros tengamos de consolidar esta plataforma. La plataforma se ha lanzado en dos momentos, en enero de este año en Bogotá y, ahora, en la Sala Estampa del Vaticano y en un seminario que estamos haciendo por tres días con 40 organizaciones que están evaluando la posibilidad de participar. Entonces, un poco el resultado de esta animación, de este movimiento que estamos promoviendo ahora, definirá los posibles alcances”, agrega.  En muchas ocasiones, la explotación de minas deriva en graves casos de violencia contra las poblaciones indígenas y en la destrucción de ecosistemas. Por lo que esta iniciativa deja claro que el reto es hacer entender a los empresarios, a los gobiernos y a la Iglesia que no siempre lo legal responde a la justicia. 

Tres embarcaciones partirán este viernes desde México rumbo a Cuba con 40 toneladas de ayuda humanitaria, en un intento por aliviar la crisis que atraviesa la isla —inflación superior al 10 %, apagones de hasta 18 horas, cortes prolongados de agua y escasez de alimentos— en medio de la presión de Estados Unidos. Hablamos con la activista Nikky León, de la Internacional Progresista, coalición global de movimientos y colectivos de izquierdas.  La Internacional Progresista junto con varias organizaciones mexicanas y voluntarios de todo el mundo, impulsa una iniciativa para paliar la crisis humanitaria que vive Cuba en medio de las tensiones y el bloqueo de Estados Unidos. La activista ecuatoriana Nikky León lleva un mes coordinando el envío por mar de 40 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, alimentos, paneles solares y baterías. La principal dificultad ha sido, dice, conseguir los barcos. "Yo llegué a territorio cubano hace dos semanas. Con un compañero hemos estado organizando activamente toda la ayuda. Encontramos los barcos para alquilar porque, preciso, son barcos alquilados. Nos enfrentamos a que había gente que no nos los quería alquilar, no porque no hubiera, sino por el miedo a sanciones y represalias, especialmente de Estados Unidos. Pero bueno, lo logramos. Esto nos da una lección: cuando nos organizamos y persistimos, todavía existe la solidaridad internacionalista". Un "secuestro de barco" como en Gaza parece improbable Esta semana, la Internacional Progresista consiguió enviar un avión a La Habana con unas cinco toneladas de ayuda humanitaria. Los tres barcos tienen previsto zarpar este viernes desde distintos puntos de México para llegar a Cuba el 21 de marzo. Una vez allí, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —organismo estatal de diplomacia solidaria y relaciones internacionales pueblo a pueblo— se encargará de distribuir la ayuda. La activista espera que en esta ocasión no ocurra un "secuestro" de la embarcación, como sucedió con el convoy que enviaron a Palestina a mediados de 2025. "Las posibilidades de un secuestro, como pasó con el que iba a Palestina, que nos interceptaron en aguas internacionales, están ahí, pero no a gran escala. No creemos que sea una misión especialmente riesgosa, pero en estas misiones siempre hay riesgos, y más cuando te enfrentas a un poder que lleva 60 años bloqueando y amenazando a la isla. Ese miedo o esa precaución existen, hay que tenerlos en cuenta, pero no por eso vamos a dejar de actuar", concluye.

Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador mantuvieron una reunión virtual en medio de la crisis diplomática desatada por el hallazgo de una bomba en zona fronteriza. El encuentro virtual fue calificado como "productivo" y derivó en el anuncio de una comisión técnica binacional para investigar lo ocurrido. Entrevista con Virgilio Hernández, representante de Ecuador en el Parlamento Andino. En plena guerra arancelaria entre países vecinos, las tensiones escalaron tras un cruce de acusaciones entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y su par ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, por un presunto bombardeo. Según Bogotá, Ecuador lanzó un artefacto explosivo desde un avión que cayó de su lado de la frontera, mientras Noboa tacha de "falsas" estas acusaciones. En un intento por desactivar el conflicto, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvieron una conversación virtual de 90 minutos sobre lo ocurrido, de acuerdo con ambas carteras. "La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano", escribió Sánchez en X y anunció el envío de una “comisión técnica binacional” al sitio para investigar. La cartera de Loffredo indicó que la operación fue "legítima" y "realizada sobre territorio ecuatoriano". Petro: "No son los grupos armados"  Guiados por campesinos colombianos, periodistas del diario estadounidense New York Times encontraron la bomba sin estallar cerca de la frontera con Ecuador. Tras alertar al gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro lo comentó en la televisión nacional: "Han aparecido bombas. Hay que investigar bien porque nos están bombardeando desde el Ecuador y no son los grupos armados". El mandatario no aportó pruebas de esa afirmación. Por su parte, su homólogo ecuatoriano utilizó las redes sociales para negarlo. Estas tensiones ocurren después de dos meses de tire y afloje tras el aumento de aranceles, una guerra comercial iniciada por Ecuador, que le reprocha a Colombia no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas en esa frontera común. Esta situación debe resolverse por la vía diplomática, dijo a RFI Virgilio Hernández, el representante de Ecuador en el Parlamento Andino (órgano consultivo que reúne a los países andinos). "La canciller ecuatoriana ha respondido que se contestará en términos técnicos. También ha dejado ver la posibilidad de una apertura al diálogo en el marco de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que debió haber sido el camino que se debió haber elegido desde el primer minuto que se presentaron las tensiones comerciales y ahora tensiones de esta naturaleza". La situación ocurre en momentos en que Ecuador lanzó, con el respaldo de Estados Unidos, una operación de dos semanas en cuatro provincias para luchar contra narcotraficantes y bandas armadas. Unos 75.000 militares y policías participan. Quito se ha incorporado al denominado "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Trump que busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar amenazas comunes y mejorar la seguridad en la región. A ese organismo no ha sido admitida Colombia, al igual que otros países gobernados por la izquierda. "Ecuador viene buscando desarrollar una política absolutamente subordinada con la embajada norteamericana y por ello precisamente ha buscado propiciar un ambiente de tensión con Colombia, fundamentalmente con el presidente Petro. Es importante señalar que Ecuador mantenga una postura de respeto respecto de los procesos democráticos de Colombia y no seguir con estas acciones que pueden afectar aún más el escenario tenso entre nuestras dos repúblicas". El presidente Petro también señaló que le pidió al presidente Trump que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".

En Ecuador, las prolongadas lluvias con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras y andinas. El Gobierno declaró la emergencia nacional para "responder" a los "impactos negativos" de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia. Las lluvias también han dejado desde enero a dos personas desaparecidas, más de 24 heridos, unas 80 casas destruidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente. Hablamos con Vladimir Arreaga, director de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, INAMHI. RFI: El periodo de lluvias en Ecuador se espera cada año entre enero y abril, ¿por qué en este 2026 se ve una intensificación de las precipitaciones especialmente en el litoral? Vladimir Arreaga: Durante este año 2026 estamos teniendo ciertas características peculiares que han originado que la temporada de lluvias se torne bastante activa en gran parte del territorio nacional, pero especialmente a partir del mes de febrero, hemos tenido una intensificación bastante importante de lluvias en la región litoral, en la región costera que está próxima al Océano Pacífico. Y tenemos una condición especial y es que, frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, hemos tenido un incremento de la temperatura de la superficie de mar. Esto justamente está asociado al arribo de aguas cálidas que provienen desde la parte del Pacífico occidental, transitan por el Pacífico central y llegan hasta la costa de Sudamérica. Y cuando nosotros tenemos esta condición, tenemos un escenario ideal justamente para que tengamos una mayor producción de lluvias. Las aguas cálidas originan que tengamos un entorno más inestable, una evaporación bastante importante, una formación de nubes permanente. Y sobre todo tenemos la intensificación de un sistema atmosférico que en la meteorología lo conocemos como zona de convergencia intertropical. Este sistema se ha fortalecido y es responsable de generar lluvias intensas en la costa ecuatoriana, dejando precipitaciones de mucha consideración en varios sectores del Ecuador. RFI: El 13 de marzo el Gobierno ecuatoriano declaró la emergencia nacional por 60 días, basados en los pronósticos del INAMHI. ¿Hasta cuándo podría prolongarse este periodo de lluvias intensas? Vladimir Arreaga: Nosotros también hemos emitido comunicados oficiales puestos a disposición para la población del país, donde se menciona justamente que la temporada de lluvias continuará durante el mes de marzo y posiblemente se extienda hasta inicios incluso del mes de mayo. Obviamente vamos a tener algunos cortos periodos donde tengamos una reducción de lluvias, sin embargo, lo más probable es que tengamos una frecuencia importante de precipitaciones y es lo que estamos atravesando actualmente acá en el país. RFI: Las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, así como las provincias andinas Loja y Chimborazo son las más afectadas hasta ahora. ¿Qué mensaje les envía a esas poblaciones? Vladimir Arreaga: La población que vive en zonas susceptibles de inundaciones y movimientos en masa hay que justamente estar comunicada, saber cuáles son las acciones que se deben ejecutar en estas zonas propensas.  No debemos transitar justamente por zonas cercanas a ríos, a cuerpos hídricos, porque han existido incrementos de caudales, de niveles que han originado lamentablemente impactos muy significativos en el territorio nacional. Hay que cuidarnos de las tormentas eléctricas. También es normal que se activen los accidentes de tránsito. Así que circulemos con precaución porque la calzada mojada y la presencia de niebla justamente origina que tengamos una reducción de visibilidad y es un fenómeno que hay que tener alta relevancia.

El rey de España, Felipe VI, ha reconocido los abusos cometidos durante la conquista de América y los años posteriores. Unas declaraciones que tuvieron lugar en Madrid frente al embajador mexicano y que sientan las bases de la reconciliación con el país americano. “Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos desde nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no, no pueden hacernos sentirnos orgullosos”: con estas declaraciones, el rey de España, Felipe VI, reconoció los abusos cometidos durante la colonización de América. “Son declaraciones que se esperaban” Las declaraciones tuvieron lugar durante la visita al Museo Nacional de Arqueología de Madrid frente al embajador de México. Este gesto del monarca busca arreglar las relaciones diplomáticas con México, después de que en 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a España que pidiera perdón por la conquista.  Patricia Galeana, historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analiza el discurso: “Ha sido muy bien recibido este comentario del rey, y ayuda a sanar este desencuentro que se dio hace siete años, cuando hubo declaraciones de muchos personajes de la política española que fueron muy hirientes”, estima. El rey Felipe VI afirmó que, durante la conquista, ocurrieron cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos. Algo evidente para María Alba Pastor, también historiadora de la UNAM, que asegura que no existe guerra o conquista sin excesos: “Creo que son declaraciones que se esperaban porque hay miles de fuentes que comprueban que la conquista no fue una pacificación, que fue una conquista violenta y que se cometieron, ciertamente, como dice el rey de España, abusos”. “Tenemos que volver a hacer la historia” Pastor explica que el enfado diplomático tuvo lugar en un periodo en el que varios países pidieron disculpas por los crímenes cometidos durante la época colonial. Ejemplo de ello fue el presidente francés Emmanuel Macron en 2018, quien pidió disculpas por las torturas cometidas en la guerra en Argelia; o el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que en 2019 reconoció el genocidio cometido contra mujeres indígenas.  “Creo que tiene que ser un punto de inicio porque tenemos que volver a hacer la historia. La historia ha sido muy sesgada. Tenemos que volver al estudio de las fuentes con ojos menos prejuiciados, menos sesgados. Y a partir de eso, en términos culturales, pues las relaciones serán vivas y seguirán siendo muy buenas. En términos económicos, pues la cosa marcha, la cosa no ha dejado de marchar”, subraya Pastor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quién no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión por esta polémica, reconoció que este gesto es un "un primer paso" para retomar la normalidad institucional.

Las autoridades cubanas confirmaron que sostienen un diálogo con la administración de Donald Trump, que hasta ahora ha aplicado una política de presión máxima sobre el régimen castrista. Un reviro observa el profesor de relaciones internacionale de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra ha atendido a RFI. Cuba confirmó este viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.  Esas conversaciones buscan "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", precisó Díaz-Canel. La isla está sumida en una grave crisis de abastecimiento de combustible desde que no puede contar con el envío de petróleo de Venezuela, pero en el caso de Cuba, la administración republicana evitó la vía militar  y privilegia el diálogo. Un "reviro" observa el profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra  quien ha atendido a RFI. "Los republicanos históricamente llamaban a todos aquellos que buscaban el diálogo con Cuba hacia una transición. Los denominaban despectivamente como dialogueros, inclusive si nos acordamos, esos diálogos llevaron a un acuerdo entre la administración del presidente Obama y el régimen de Cuba. El contenido de los diálogos no lo sabemos en detalle, más allá de lo que Estados Unidos nos ha dicho, que es que el diálogo está encaminado a un cambio económico para de alguna manera levantar algunas de las sanciones" dice Gamarra.  Aún ignoramos los detalles de estos diálogos, pero La Habana inició la excarcelación de presos políticos y anunció la liberación de 51 de ellos. ¿Qué concesiones podría hacer el gobierno cubano? Responde Eduardo Gamarra. "No sabemos exactamente cuántos presos políticos hay en Cuba, pero se supone que son más de 1000. Se anunció que 56 creo que han sido liberados. Una señal de parte de Cuba, la señal positiva sería la liberación de los presos políticos, número uno. Número 2, pero que quizás número uno es el cambio económico, no la apertura de Cuba a reformas económicas. y sobre todo la presencia de Estados Unidos en el ámbito económico. Esa es la dimensión que es más importante en este momento para Washington. Los cambios políticos como tales. Si el modelo del CI es el modelo que están intentando perseguir, entonces no sabemos pues quién es el Del CI o la Del CI de Cuba, pero estarán buscando a alguien con quien entablar ese diálogo. El diálogo hasta ahora, Lo que nos han dicho públicamente es que ha sido con el nieto de Raúl Castro. Yo no tengo pues la información desde adentro, pero me imagino que Estados Unidos está buscando alguien con quien cogobernar Cuba en un proceso de transición" dice Gamarra en RFI.   Según Díaz-Canel, los intercambios con Estados Unidos fueron facilitados por "factores internacionales", que no precisó.    El jueves, su gobierno había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.    Las primeras excarcelaciones tuvieron lugar este viernes. La AFP asistió a la llegada a su casa de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13.  También a la de Ronald García Sánchez, de 33 años, sentenciado a 14 años, y vecino de Díaz, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital. Ambos participaron en las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021.Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo. "Ya te tengo aquí, se acabó el sufrimiento", le dijo al abrazarlo su madre Ivón Díaz.

En México, el gobierno considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales, muy críticadas por sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Australia es el primera país en haber prohibido totalmente el acceso a aplicaciones como Facebook Snapchat o Tiktok para los menores de 16 años, mientras que otros países como Francia  o España se encaminan a tomar medidas similares. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad. Diversos estudios han demostrado los impacto negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes tales como la alteración del ciclo de sueño, de alimentación, además de efectos en la salud mental. El secretario mexicano de Educación Pública Mario Delgado indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida drástica que tomó recientemente Australia. Una mala idea, según Juan Martin Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia. Pérez considera que la prohibición de las redes aisla socialmente a los jóvenes y aboga más bien por una mayor responsabilidad de las empresas. “Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, que son perfilados. Porque si vemos es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales. Porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas”. El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes: “El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas”, indicó. Pérez explicó que ya hay muchas recomendaciones, incluso en Estados Unidos que están cuestionando el scroll infinito. “Esto de que nunca terminas de ver contenido atrapa el cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo, no sabemos cómo se está diseñando cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expande es el odio. Tercer tema y muy importante, es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio”, aseguró. En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad. Una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso.

El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos. Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable. Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista.  Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero', ‘por 40 lo haría' o ‘la decisión depende de allá arriba'. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”. “La reparación exige medidas estructurales” Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca. “La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz. El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó. Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.

El ultraderechista José Antonio Kast se posesiona este miércoles marcando un cambio político drástico con relación al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric. Entre las primeras medidas que planea tomar Kast figura aplicar una política de mano dura contra la migración irregular que ofrezca resultados rápidos, una iniciativa que analizó para RFI Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. La militarización de la frontera norte será uno de los primeros gestos de Kast como nuevo presidente para combatir la migración irregular. El mandatario prometió la construcción de vallas, zanjas y muros de varios metros en las fronteras del país, junto con el uso de drones y cercos electrificados. Hace unas semanas, este admirador del exdictador Augusto Pinochet lanzó un llamado a los 300.000 migrantes indocumentados: “Les hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a partir de hoy, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”. Sin embargo, expulsar masivamente a los migrantes en situación irregular parece poco realista, indica Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile: "Me parece que esto va a ser un proceso mucho más largo de lo señalado por Kast cuando era candidato. Él aseguraba que en unos tres meses tendrían solucionado el problema de la inmigración. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de personas indocumentadas —más de 300.000—, uno se pregunta qué mecanismos se pondrán en marcha para que esas personas abandonen el país. A partir de la petición del nuevo presidente, es casi inviable porque estas personas no tienen recursos. También me parece importante señalar, en especial en el caso venezolano, que en ese país todavía no ha cambiado nada [tras la operación de captura de Macuro]. Entonces, las personas no saldrán de Chile si no ven modificaciones, por ejemplo, en su país de origen". ¿Será posible limitar los servicios de salud a los migrantes?  Kast propone también que los migrantes indocumentados tengan acceso limitado a los servicios de salud, una medida que esta especialista observa con preocupación. "Sería un retroceso respecto de lo que señala nuestra legislación, que garantiza la posibilidad de acceso de la población migrante a la atención pública. Me parece que, para llevar a cabo lo que propone Kast, sería necesaria una modificación de la ley con un enfoque más autoritario. No sé si un decreto presidencial permitiría hacerlo", puntualiza Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó además que su gobierno sancionará a las ONG que, según él, fomenten la migración irregular, así como a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados. ¿Obtendrá el gobierno de Kast la mayoría necesaria para reformar las leyes migratorias y tipificar como delito el ingreso irregular al territorio chileno? "La composición de ambas cámaras quedó algo más cargada hacia los sectores conservadores. Hay grupos que pueden inclinar la balanza hacia la criminalización de la inmigración irregular, pero también existen otros que se oponen", concluye Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó también que su gobierno sancionará a las ONG que fomenten la migración irregular y a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.

Tras superar los 100 dólares por barril por el temor a interrupciones en el suministro, el petróleo registró una fuerte caída después de que Trump afirmara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. Aun así, la volatilidad continúa y el impacto podría sentirse de manera desigual en América Latina: Brasil podría salir beneficiado, pero otros países, perjudicados. Análisis de Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas dispararon el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los mercados reaccionaron con una fuerte caída tras unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que la guerra podría estar "prácticamente terminada". Una afirmación que, por ahora, sigue sin confirmarse. En este contexto de gran incertidumbre en la economía mundial, surgen varias preguntas: ¿qué impacto puede tener la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en América Latina? ¿Podrían algunos países de la región salir beneficiados? Planteamos estas cuestiones a Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. Brasil, potencia petrolera en América latina  "Brasil, que es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina y produce actualmente alrededor de cuatro millones de barriles diarios, se beneficiaría de un precio elevado del barril. Brasil es hoy un exportador neto no solo de petróleo, sino también de etanol producido a partir de la caña de azúcar, que se utiliza como combustible. Creo que el principal país que se beneficiará será Brasil". En el extremo opuesto se encuentran los países del Caribe, que sí se verían perjudicados por esta situación. La razón es sencilla: no producen petróleo crudo y dependen casi por completo de la importación de combustibles refinados. ¿Y qué ocurre con los países andinos? "Para algunos países, principalmente en la zona andina, como Ecuador, Perú y Colombia, que exportan petróleo crudo, pero, desafortunadamente, también importan productos refinados como gasolina y diésel, es una navaja de doble filo. Por un lado, recibirán un mayor precio por el petróleo que exportan, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más por la gasolina y el diésel que importan. Esto se debe a la falta de capacidad de refinación que tienen", subraya Piñón. La actual crisis energética también ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura en algunos países para responder a la demanda interna, como ocurre en México o en Venezuela. Dos retos para América Latina  Sin embargo, según el experto, también hay economías de la región mejor preparadas para aprovechar el contexto. "Brasil, la propia Argentina —que ahora está exportando gas natural licuado— o Trinidad y Tobago, cuyas exportaciones de gas natural licuado son muy importantes. En realidad, América Latina está en una posición logística preferencial. Brasil, por ejemplo, tiene una larga historia como exportador de petróleo crudo hacia el mercado asiático del Pacífico", explica. La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta y, por lo tanto, también lo es la evolución de esta crisis energética. Pero, sea cual sea su duración, el desafío para América Latina parece claro: optimizar sus exportaciones de petróleo crudo y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles refinados.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades de Estado inauguraron el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El presidente Rodrigo Paz se apresta a firmar un acuerdo con la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada en 2008 por el presidente socialista de entonces, Evo Morales. "No venimos a generar violencia" aseguró  el ministro el interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el marco de su lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El ministro expresó su deseo de “sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta". Eso espera la dirigencia de las seis Federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder del Chapare Aquilardo Cari Cari. “No nos oponemos, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones del trópico de Cochabamba como indica la ley 906. Nosotros siempre hemos cooperado con la política de la racionalización de la hoja de coca”. Aquilardo espera que no se genere un conflicto entre el gobierno y la región porque la racionalización de la hoja implica la intervención en tierras de particulares. “Y ahí es importante la intervención del dirigente” para llegar a acuerdos, previno. Apoyo de la DEA  Con picas, palas y machetes, soldados bolivianos han empezado a erradicar los plantones de hoja de coca sembrados en zonas no autorizadas, mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales. ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA para luchar contra el narcotráfico. El presidente de ADEPCOCA, Daynor Choque, explicó que la hoja de coca está permitida en dos departamentos (La Paz y Cochabamba), pero en Bolivia los cultivos existen "en cinco departamentos, lo que hace notar que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico y mucho menos de políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales”. Choque calcula que en el país andino hay 31 000 hectáreas de coca, 9 000 más de lo que estipula la ley y cuyos cosechas serían utilizadas para la producción de la pasta base de la cocaína.  “Estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas”.  Las Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales -sobre quien pesa orden de captura por trata de personas a raíz de una relación con una menor de edad- temen que la presencia de la DEA en Bolivia sirva para que se le sumen cargos por narcotráfico y sea arrestado y extraditado a Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Los dirigentes iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto «Plan Z» gubernamental cuyo objetivo sería perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente de Morales.

En la recta final hacia las legislativas en Colombia del 8 de marzo, el presidente de izquierda Gustavo Petro y el Pacto Histórico, partido de gobierno, reiteran la falta de garantías del software privado que la Registraduría alquila para el conteo de votos y escrutinio. La denuncia del oficialismo se basa en la sentencia del Consejo de Estado que confirma que en las elecciones de 2014 el software electoral fue manipulado, alterando los resultados sin alertar las papeletas.  Los cuestionamientos del gobierno de Colombia al software de pre-conteo y escrutinio remontan a las legislativas del año 2014 cuando votos de la formación política Mira, que en la actualidad no es un partido de gobierno, fueron trasladados a otras formaciones políticas, explicó a Radio Francia Internacional la senadora oficialista María José Pizarro: “Ellos se presentaron a las elecciones de 2014 y lograron demostrar, después de un proceso que se adelantó por parte del Consejo de Estado, que les habían sido trasladados sus votos y no se les había permitido componer el Congreso de la República como les correspondía, en función de los votos que efectivamente habían recibido”.  La investigación del Consejo de Estado dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría delegaron la soberanía del conteo en empresas privadas que operan con algoritmos cerrados o “cajas negras”. Fue un "fraude técnico sin precedentes", según la sentencia del máximo tribunal administrativo.  María José Pizarro indicó que dicho fallo “conmina a las autoridades electorales a que desarrollen un software electoral propio, no como sucede desde ese entonces y hasta la fecha que es un software electoral para el escrutinio y el conteo final de los votos, tercerizado. ¿Esto qué quiere decir? Que está contratado a través de una empresa privada que se llama Thomas Greg & Sons”.  La historia se repitió en los comicios legislativos de 2022 con los votos del Pacto Histórico, explica la congresista miembro de ese partido de gobierno “Más de medio millón de votos que eran para el Pacto Histórico terminaron en otras fuerzas políticas, como lo acaba de reconocer hace pocos días el registrador nacional quien ha dicho que por el mal diseño del formulario E-14 se trasladaron votos del Pacto Histórico al Partido de la U. Y nosotros, después de una defensa jurídica de muchos meses, logramos recuperar esos 649.000 votos y, con esa recuperación, cuatro curules más para el Pacto Histórico. La senadora recalca la trascendencia que tiene esta irregularidad: "Es muy importante que la gente tenga claro que es un fraude al elector. El elector deposita su voto por el Pacto Histórico y resulta que ese voto no es contado para nosotros, sino que es contado y trasladado a otras fuerzas políticas”.  “El Estado no puede seguir alquilando el sistema que decide quién gobierna. La propiedad intelectual debe ser pública para permitir auditorías ciudadanas y forenses en tiempo real”, reza la sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018. “Desafortunadamente no se han acatado”, insistió Pizarro. “Es decir, hay un desacato al fallo del Consejo de Estado y, por otro lado, se mantiene la misma contratación con la misma empresa que ya ha presentado estos fallos”.  Leer también¿Qué se vota el 8M en Colombia?: el termómetro electoral en la recta final del mandato de Gustavo Petro A menos de una semana de la cita en las urnas, la Registraduría de Colombia aseguró haber demostrado, mediante una auditoría que duró tres días, que el software electoral sí es seguro. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el oficialismo cuestionan la profundidad de dicha revisión. “Claro, el registrador muestra el software y hace lo que a sus ojos es una auditoría. Y nosotros dejamos perfectamente claro que eso no es una auditoría al software; que no se ha permitido verificar el código fuente. Nosotros podríamos estar asistiendo a un escenario similar al que vivimos en el 2022 y, por lo tanto, hemos desarrollado toda una estrategia de testigos electorales", advirtió la senadora colombiana María José Pizarro.  "Tenemos más o menos 45.000 testigos electorales, pero se necesitan alrededor de 90.000 para poder cubrir el 100% de las mesas. También tenemos alrededor de 500 abogados escrutadores que, de manera voluntaria, estarán acompañando la revisión de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales”, concluyó. 

Esta semana el Gobierno cubano oficializó la asociación entre empresas públicas y privadas mediante un decreto que cambia el modelo económico de la isla. Un cambio histórico en Cuba. Teniendo como telón de fondo el bloqueo energético de facto que Estados Unidos impone a la isla, el Gobierno de Cuba autoriza, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa. “Es una medida que se tomó en un momento desesperado, pero es una buena medida. La palabra privada no existía en la prensa cubana y eso ha ido cambiando con el tiempo, a tal punto que en el año 2024, el 55% de las ventas de bienes y servicios en el país lo hizo el sector no estatal de la economía, por un tema, el tema de incentivos. Cuando tú trabajas para el Estado, los salarios son bajos, no permiten comprar bienes y servicios y entonces muchas personas estaban saliendo del sector estatal e incorporándose al sector privado. ¿Qué pasa? Que hemos llegado al último año donde la situación económica es tan tensa, la economía no crece, al contrario, decrece más de un 5% el año pasado y este año los primeros dos meses han sido fatales. Mucho, porque Estados Unidos realmente cerró la entrada de petróleo, iba a poner sanciones a los países que comerciaban petróleo con Cuba, ya después las quitó, pero en la práctica no ha llegado petróleo en Cuba”, explica Omar Everleny Pérez, economista cubano. Sobre la situación actual, el economista indica que “los apagones siguen, la libreta de abastecimiento casi ha desaparecido para no decirte que no existe y era una canasta que por lo menos le garantizaba a las personas de más bajos ingresos un alivio por lo menos 10 o 12 días. Entonces el Estado se ha visto en la necesidad de ver dónde está la reserva. Él ha visto que hay muchas empresas privadas que han tenido una mejoría extraordinaria. Entonces, entretener un restaurante que es estatal y no funciona y sin embargo al lado hay un paladar que funciona muy bien. El Estado tiene maquinaria, pero no tiene cemento, pero el privado podría comprar ese cemento en divisas. Y entonces el Estado ha tomado una política pragmática de decir ‘bueno, podemos asociarnos'”. Ahora Washington autoriza la venta de combustible a empresas privadas de la isla con la condición de que las transacciones no beneficien al Gobierno comunista cubano. Omar Everleny Pérez detalla las consecuencias de esta decisión: “El Estado necesita combustible para un hospital, necesita combustible para una escuela. Olvidándonos un poco de eso, yo creo que por lo menos el gobierno de Estados Unidos permita por ahí que una parte importante de la población pueda recibir algún beneficio porque se reanimen sectores privados. Ya se autorizó que un barco con combustible doméstico cargue en Venezuela para Cuba. Para el Estado, para las personas, porque han ido cambiando su posición en las últimas semanas. Ya no se dice cambio de régimen, ya no, eso no aparece. Entonces Marco Rubio ha ido cambiando la frase diciendo que Cuba tiene que hacer cambios económicos, pero ya eso es otra cosa de cambio de régimen”. Donald Trump declaró el viernes 27 de febrero que estaba considerando una “toma de control pacífica” de Cuba, sin precisar los detalles de dicha operación.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el gobierno del saliente Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable submarino chino. Boric aseguró que es "falso" que Kast no haya sido informado y dijo, incluso, que el 18 de febrero informó al mandatario electo que había recibido amenazas de EE. UU. por la tramitación de este proyecto de ruta digital que uniría a Hong Kong con Valparaíso. La construcción de un cable de fibra óptica que une a Asia con los países de América Latina a través de Chile se ha convertido en un nudo gordiano para el traspaso de mando del próximo 11 de marzo. Según Ignacio Walker, ex ministro de Exteriores de Chile, la idea de esta nueva ruta transpacífica para ampliar y diversificar la cobertura fue propuesta hace diez años por el gobierno de Michelle Bachelet a multinacionales chinas, pero desde entonces el cable se ha ido enredando. Walker recuerda que se trata de 19.000 kilómetros y de una inversión de unos 500 millones de dólares. “Esto se interrumpió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando la visita del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo a Chile, hizo ver el inconveniente desde el punto de vista de Estados Unidos de este cable submarino y se detuvo su tramitación”, explica. El proyecto volvió con el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Pero lo que ocurrió es que ahora, en noviembre, estas dos empresas chinas solicitan una concesión al Gobierno de Chile y en dos meses se firmó un decreto el 27 de enero otorgando esa concesión. Esto es el punto de partida, no es el punto final”. El ex ministro detalla que quedaban otros trámites legales y administrativos. “Pero fue muy extraño esta suerte de ‘fast track' que no se supo, que trascendió en un medio de prensa. Entonces, claramente ha habido un manejo poco prolijo de parte del gobierno del presidente Boric. No puede ser que en un proyecto de tanta envergadura exista esta suerte de ‘fast track', cuando el problema con los proyectos de inversión en Chile es al revés: el mucho tiempo que toma años y años aprobar proyectos por estudios de impacto ambiental”. Los gobiernos de Estados Unidos se han opuesto a este proyecto entre China y Chile. Según la administración Trump, se trata de un proyecto que socava la seguridad regional y bajo este argumento revocó en febrero, a pocos días del traspaso de mando, los visados de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. “Esto fue visto con malos ojos, con razón, por el gobierno del presidente Boric. El ministro de Transporte es muy respetado transversalmente. Por supuesto que hay una exageración de parte de Estados Unidos porque nunca ha podido señalar en qué consiste este detrimento de la seguridad regional. Chile es una economía abierta de mercado que no discrimina entre los inversionistas extranjeros. Entonces, esto demuestra que estamos geopolíticamente hablando en el mundo en una confrontación entre Estados Unidos y China y que en la era Trump tú o estás con ellos o estás con nosotros. Eso también le va a tocar al próximo gobierno”, asevera Walker. Cabe precisar que este proyecto de cable submarino a cargo de la multinacional china móvil todavía está en etapa de evaluación.

Esta semana comienza el ciclo lectivo 2026 en varios puntos de Argentina. El país, que supo tener altos niveles educativos para la región, atraviesa hace años dificultades que se reflejan en el aprendizaje y los resultados de pruebas estandarizadas que rinden los alumnos. En 3er grado de primaria, gran parte de los chicos no logra comprender lo que lee, y en secundaria los problemas persisten. Las provincias, que sostienen la mayor parte del financiamiento educativo, ajustan sus presupuestos. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Natalio Cosoy La docente Aluhe Alfonso está en el patio de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, en la que trabaja en el marco del programa “Grados de Nivelación”, destinado a estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas. “En el grado de nivelación lo primero que decimos es que la primera batalla es que vengan a la escuela, que asistan a la escuela”, cuenta la docente. Pero el desafío no es solo que los estudiantes estén presentes. Es también en qué condiciones se enseña, dice. “Cada vez los maestros y las maestras tenemos más trabajo relacionado a lo burocrático y no hay tiempo en la escuela para pensar en lo pedagógico o en la didáctica, es muy difícil sentarse a tener un espacio para eso”. También faltan recursos. En el sistema federal argentino, las provincias aportan cerca del 75% del financiamiento educativo. Según la ONG Argentinos por la Educación en 2024 el gasto educativo fue más bajo que en 2014 en 19 de las 24 jurisdicciones. Y los salarios docentes reales son más bajos que hace una década en 21 provincias. Hay otros desafíos para los procesos educativos, dice Marina Bertone, docente de primaria de un colegio privado en Lanús, al sur de la capital argentina. “Cómo las redes sociales atravesaron las relaciones de los chicos, cómo se comunican, cómo se dan los conflictos, cómo se reconocen, cómo se exponen. Eso es algo que me preocupa y mucho”. En tercer grado de la primaria, cuando tienen 8, 9 años, hay niños que apenas se inician en la lectura de textos simples y solo una minoría llega a comprensiones más complejas, según la evaluación oficial Aprender Alfabetización de 2024. Además, un informe de Argentinos por la Educación calcula que, de cada cien estudiantes que empezaron la primaria en 2013, apenas diez llegaron al final de la secundaria en 2024 “en tiempo y forma”. Sol Alzú es analista de datos de Argentinos por la Educación. “En la primaria, los resultados más antiguos que tenemos vienen de las pruebas de la Unesco que nos mostraban que en el año 1997, Argentina estaba segunda en la región en las evaluaciones de lectura, solamente por detrás de Cuba, mientras que hoy en día estamos en el puesto número 10”. Si bien hay discusiones sobre la relevancia de los métodos estandarizados de evaluación, el diagnóstico general no es optimista. Los números muestran que la escuela en Argentina logra retener a los estudiantes, pero tiene dificultades para que alcancen la formación esperada, con diferencias grandes entre distintos sectores socioeconómicos.

Gallo, de 33 años, fue liberado este domingo en Venezuela, llegó a Buenos Aires en un avión privado gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino. Cabo primero de la Gendarmería General, Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. La pesadilla para Nahuel Gallo concluía 448 días después de que el gendarme argentino fuese detenido en Venezuela cuando cruzaba la frontera por vía terrestre para encontrase con su esposa e hijo. Atrás quedan 14 meses de aislamiento total con sus familiares, quienes nunca cesaron de luchar junto a los principales organismos de derechos humanos de la región hasta que fue liberado. Para Carlos Varela Álvarez, abogado del cabo argentino, la contingencia familiar fue determinante para derivar en su excarcelación.  "La situación de Nahuel Gallo ha sido diferente de los otros ciudadanos argentinos que fueron secuestrados por el Gobierno de Venezuela. Su liberacion fue fruto de muchas presiones por parte de todos: su familia, fundamentalmente, su esposa, su madre, su suegra, una persona ya mayor, abogada que estaba en Venezuela y ha hecho una labor increible. Ese es el núcleo central. Luego, tambien el Gobierno argentino, seguramente también el de Estados Unidos y otras entidades, últimamente, la AFA. Nahuel Gallo ha sido una causa nacional". Gallo llegó a Buenos Aires de madrugada a través de un avión fletado por la AFA (Asociación de Futbol Argentino) y fue recibido por su esposa y su hijo de tres años. Ahora, la prioridad será su recuperación física y emocional tras estos meses de cautiverio. "Empieza una etapa lenta, sensible, de contención familiar y psicológica. Lo que mejor me parece es una etapa de silencio. Una persona que ha sido sometida a este tipo de presión no puede salir a la luz pública por el momento". De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. Se trata del abogado Germán Giuliani, quien permanece privado de su libertad desde mayo de 2025.    Leer tambiénEscalada diplomática entre Argentina y Venezuela por detención de gendarme

El 1 de marzo, centenares de campesinos y campesinas Lencas de Honduras celebraron la memoria de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa, mientras se oponía al concesionamiento de los ríos de su territorio. RFI viajó a La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, para asistir a las conmemoraciones. Estas fueron marcadas por los hallazgos de una investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la trama que financió el crimen. Nuestra corresponsal, Celia Pousset, entrevistó a Berta Zúñiga Cáceres, una de sus hijas y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Entre las montañas de la paz, el olor a pino y a copal, la voz de Berta Cáceres sigue resonando con fuerza. Incluso los jóvenes que no la conocieron, saben qué hizo para el territorio Lenca. Es el caso de Teo, de 24 años. "Berta para mí es una mujer luchadora. Nosotros, antes, no conocíamos lo que era defender los bosques, defender los ríos y todo eso. Berta lo que hizo en mi comunidad fue defender un río porque ahí querían hacer una represa, pero gracias a la lucha, al impulso que Berta hizo a las comunidades y a las personas, luchamos y ahora este río es libre, todas las personas pueden bañar, pueden pescar y todo ahí vivir bonito", agregó el jóven. 10 años después, 8 personas han sido encarceladas. Entre ellas, David Castillo, el entonces gerente de DESA, la empresa a la cual se enfrentó Berta Cáceres. Sin embargo, los dueños del conglomerado industrial no han sido acusados. Berta Zúñiga, hija de la defensora, apunta a la red de corrupción que pagó a los sicarios. "Se identifican a miembros de la familia Atala Zablah como personas que tenían el dominio y el control de todo lo que pasaba en la empresa DESA (administradora del proyecto de represa Agua Zarca), de sus decisiones, y también de varios delitos financieros encontrados. En la trazabilidad de los fondos resulta que estos provienen de bancos y fondos de desarrollo, con los cuales se financió el asesinato de mi madre", indicó. El FMO, banco de desarrollo de los Países Bajos, que el COPINH denunció formalmente por los hechos. El Banco Centroamericano de Integración Económica también está señalado. A pesar del dolor, la conmemoración no es un ritual de muerte, sino de vida y resistencia, recuerda Berta Zuniga. "Hace 10 años nosotros pusimos su cuerpo bajo la tierra, es una semilla que ha dado frutos y que se multiplica en distintos territorios. Nos vinculamos al sol, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra fuerza, levantamos nuestro movimiento rebelde, revolucionario y guerrero", señaló. En los últimos 10 años, 103 defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras.

Con el argumento de reducir costos y simplificar el sistema político, el Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La propuesta plantea recortar en una cuarta parte el gasto del sistema, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos. Para el politólogo de la UNAM, Francisco Reveles, si se aprueba, la consecuencia práctica podría ser un “regreso” a la lógica del partido hegemónico que caracterizó al PRI durante décadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa así una reorganización del sistema electoral mediante un proyecto que ha generado polémica y que, según críticos, podría traducirse en una menor representación de la oposición en el Poder Legislativo. Desde su fundación en 1946 y hasta 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. No fue sino hasta 1977, con la creación de la representación proporcional —es decir, las curules asignadas según el porcentaje de votos obtenidos—, cuando la oposición comenzó a ganar una presencia más visible en el Congreso. Ese es, precisamente, uno de los mecanismos que la iniciativa de Sheinbaum busca modificar. Francisco Reveles, académico de la UNAM, advierte sobre las posibles efectos de este cambio. "Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Senadores, según la propuesta de reforma electoral, quienes llegarían al Congreso serían muy probablemente los legisladores de Morena. Son ellos quienes han ganado la mayoría de las entidades del país en las elecciones recientes. La propuesta reconoce 32 senadurías de primera minoría, pero esa primera minoría podría corresponder a un partido aliado de Morena, no a uno opositor. Eso nos regresaría al periodo del partido hegemónico, como ocurrió con el PRI, cuando prácticamente no existía competencia real. Y cuando comenzó a abrirse la representación, ingresaban uno u otro partido. Pero, francamente, el Senado es el órgano con menos pluralismo en toda la historia política de México", subraya. "Es una medida políticamente correcta"  La Cámara de Diputados conservaría sus 500 integrantes: 300 de mayoría relativa, como hasta ahora, aunque se plantean cambios en los 200 de representación proporcional, entre ellos la creación de ocho curules destinadas a mexicanos residentes en el extranjero. "Esa es una medida políticamente correcta, porque reconoce ese derecho, pero la verdad es que no ha tenido un impacto relevante. El activismo que pueden realizar los partidos fuera de México es limitado, y tampoco ha habido un gran interés de los mexicanos en el exterior por participar. Eso es lo que revelan los datos electorales", señala Reveles. El investigador considera, no obstante, que algunos puntos del proyecto podrían enfrentar obstáculos en el Congreso, ya que, además de la oposición, ciertos aliados de Morena han manifestado reservas. "En lo que se refiere a la integración del Congreso y al financiamiento público de los partidos, creo que esos dos temas no van a prosperar. Morena necesita el apoyo del PT y del Partido Verde, y esos grupos no están de acuerdo, porque serían los principales afectados", concluye. La propuesta, compuesta por diez puntos, será enviada al Congreso el próximo lunes 2 de marzo.

Archivos desclasificados en Estados Unidos vuelven a poner bajo la lupa una presunta red de abusos sexuales a menores y pornografía infantil con víctimas centroamericanas. En Honduras, autoridades y organizaciones civiles esperan que las revelaciones vinculadas al caso Epstein permitan esclarecer los hechos. La periodista de RFI Celia Pousset entrevistó en ese país a Dunia Orellana, de Reportar Sin Miedo, y al defensor de los Derechos de la Niñez, Wilmer Vásquez.  En 2019, un agente del FBI afirmó haber localizado en una bóveda en México unos 10.000 videos de pornografía infantil con menores de Guatemala, Honduras y México. El hallazgo se habría producido gracias a un informante vinculado al caso Epstein. Sin embargo, la denuncia no prosperó. Tras las recientes revelaciones en Estados Unidos sobre el pedocriminal, autoridades y ONG hondureñas se han movilizado. El informante del FBI, Kenneth Turner, sería la única persona que afirma haber visto físicamente los 10.000 videos. El material nunca fue incautado ni difundido públicamente. Pero Dunia Orellana, integrante de Reportar Sin Miedo, tuvo acceso a archivos vinculados a esas revelaciones, las cuales se remontan a 2019 y fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los documentos figuran correos electrónicos, testimonios y reportes del FBI. En algunos de esos documentos desclasificados se menciona a un exembajador, Anthony Wayne, señalado por haber embarazado a una niña de once años en una propiedad del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Los archivos también apuntan a la explotación y abuso de miles de niñas centroamericanas en el marco de una red transnacional de trata de menores. Desde una oficina en San Pedro Sula, Dunia Orellana pasó días revisando los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según explica, encontró 164 menciones a Honduras, además de varios reportes alarmantes. Miles de videos de abusos a menores y pornografía infantil  "En esos documentos figura uno de los correos del informante del FBI en el que habla de 10.000 videos de niñas de Guatemala, Honduras y México, posiblemente también de otros países de Sudamérica, todas ellas víctimas de trata de menores. Dice que hay imágenes literalmente de pornografía infantil en las que se muestran diferentes tipos de abusos. Jeffrey Epstein habría contratado a alguien para que obtuviera esas imágenes", explica Orellana. Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por la Niñez y Adolescencia, no se muestra sorprendido por estas revelaciones. "Quienes hemos trabajado el tema de la pornografía infantil no podemos pensar que se trate de una conspiración. Estamos ante hechos reales. Esto es un negocio. Cuando se trata de dinero y poder, se recurre a lo que sea necesario. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de los que no existe ningún registro. ¿Dónde están? ¿Con quién están? No lo sabemos", afirma Vásquez. Migrantes o no, secuestradas o explotadas, aún no se sabe cómo estos menores terminaron apareciendo en los videos. "Es probable que muchos de los videos hayan sido grabados en Honduras. Estamos hablando de una estructura criminal transnacional, de redes que operan en distintos países. No descartamos que muchas de estas niñas, niños y adolescentes hayan sido secuestrados con estos fines y aparezcan en esos materiales. Esta problemática la enfrentamos desde hace décadas. Uno de los principales riesgos para las personas migrantes es precisamente ese: ser secuestradas para la esclavitud laboral o la explotación sexual comercial, incluida la pornografía", subraya. Dunia Orellana asegura que continuará publicando investigaciones a partir de los archivos Epstein. El objetivo, dice, es no dejar en el olvido a las víctimas anónimas detrás de estos hallazgos. "Cuando te das cuenta de que en tu país utilizaron a muchas niñas para producir estos videos y que pudieron haber sido víctimas directas, sentís mucha pena, pero también mucha rabia", concluye. En 2025, el Ministerio Público hondureño registró 74 casos de trata en la modalidad de pornografía infantil.

La Corte Suprema de Brasil ha condenado a 76 años de prisión a los exparlamentarios Iquino y Domingos Brazao por ordenar el asesinato de la concejala y activista Marielle Franco en 2018. Este fallo histórico vuelve a exponer los nexos entre poder político y crimen organizado en Río de Janeiro. Ubaldo Bravo recogió la reacción de Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Con información de nuestro corresponsal en Río, Johan Royo. La Corte Suprema de Brasil condenó a 76 años de prisión a cada uno de los veteranos políticos de Río de Janeiro, los hermanos Iquino y Domingos Brazao, declarados culpables de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco. La sentencia, aprobada por unanimidad, incluye los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal. Además, deberán indemnizar a los familiares de la activista con 7 millones de reales, más de un millón de euros. Ambos —uno exdiputado federal y el otro juez del Tribunal de Cuentas de Río— formaban parte de las mafias que dominan amplias zonas de las barriadas cariocas, conocidas como "milicias". El activismo de Marielle Franco, recién llegada a la política, se había convertido en un obstáculo para sus intereses ilegales. En la misma sentencia fueron condenados dos expolicías que trabajaban junto a los Brazao y un personaje clave en toda la trama: el comisario Rivaldo Barbosa. Este último fue durante años el responsable de la investigación del caso, aunque con el tiempo se descubrió que actuaba a sueldo de los Brazao para obstaculizar las pesquisas y garantizarles impunidad. Barbosa fue condenado a 18 años de cárcel por obstrucción a la justicia. El asesinato de Marielle Franco conmocionó al país y se convirtió en símbolo de violencia política y resistencia para la izquierda brasileña. Los autores materiales del crimen —Roni Lessa y Elcio de Queiroz— fueron condenados en 2024 y cumplen penas de 78 y 59 años de prisión. Marielle Franco era concejala municipal de Río de Janeiro, activista negra y lesbiana, y una de sus principales luchas fue frenar la expansión de las milicias en las favelas. La sentencia fue recibida con una mezcla de emociones, tal como explicó a RFI Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos: Sentimientos encontrados  "Es una reacción un poco contradictoria porque, por un lado, vibramos, estamos muy felices por este resultado. La Corte Suprema ha reconocido que hubo un crimen muy serio y muy grave en el que estuvieron involucradas autoridades de alto rango. Por otro lado, constatamos con tristeza que este caso demuestra la relación muy integrada entre autoridades políticas, incluidas autoridades de investigación, con la delincuencia". Durante el juicio, el abogado de Chiquinho Brazao intentó relativizar la gravedad de los hechos afirmando: "Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra". La defensa reavivó así el debate sobre la penetración del crimen organizado en la vida política de la ciudad. Casi ocho años después del asesinato, la situación de Río de Janeiro continúa deteriorándose, según Carbonari: "Todo indica, por todo lo que hemos visto, incluyendo la masacre que ocurrió en octubre del año pasado [megaoperación policial en dos favelas de Rio que dejó entre 119 y 132 muertos, la más letal en la historia de Brasil], que esta situación no solo siguen, sino que empeorará mucho. Hay una relación cada vez más fuerte entre las autoridades y el crimen organizado, es decir, las milicias". El asesinato de Marielle Franco no es un caso asilado  Carbonari considera que "la triste, injusta y trágica historia de Marielle Franco" refleja la realidad de muchas otras personas en Brasil que alzan la voz contra la injusticia: "La muerte de Marielle Franco, así como el proceso judicial, demuestran que la agresión y la violencia en Río no golpean a todos por igual. Marielle era una mujer negra, pobre, que actuaba en favor de poblaciones de escasos recursos. Y cuando alguien, no solo por provenir de esas poblaciones, sino por defenderlas, es atacado, sufre la violencia. Lo que ocurrió a Marielle es, infelizmente, una práctica común para muchas personas defensoras de derechos humanos en el país". Los hermanos Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de un caso que sacudió a Brasil. Según la Corte, el asesinato de la concejala fue un “recado” dirigido a la clase política carioca. Al conocer la sentencia, los familiares de Marielle reaccionaron con llanto y abrazos al cierre del juicio, que comenzó el martes en Brasilia.

El embajador de Estados Unidos en Chile advirtió que su país podría revisar la exención de visado para ciudadanos chilenos tras revocar el beneficio a tres funcionarios vinculados al proyecto de cable interoceánico "Chile-China Express" para conectar a Valparaíso con Hong Kong. El analista Guillermo Holzmann no descarta que estas tensiones continúen tras la llegada de Katz al poder. La administración Trump volvió a subir el tono frente al saliente gobierno de Chile el lunes al anunciar, por boca de su embajador, que podría abrir la puerta a retirar la exención de visado a los chilenos para ingresar a Estados Unidos como turistas, en otras palabras, eliminar la "Visa Waiver". La causa de las tensiones se encuentra en un cable de fibra óptica que podría conectar Valparaíso con Hong Kong —el cable interoceánico "Chile-China Express"— y que, para el gobierno de Boric, está en etapa de "evaluación". Para Washington, el proyecto socava la seguridad regional. De hecho, tres funcionarios de la administración chilena vinculados al proyecto fueron sancionados con la revocación de su Visa Waiver. "El embajador de Estados Unidos en Chile hizo ver a la autoridad respectiva en diciembre y enero que hay un inconveniente. Según Estados Unidos, hay antecedentes suficientes en términos de lo que podría ser una eventual fuga de datos (a China) o la interferencia en el traslado de esa información y, en la práctica, de que esas interferencias lleguen directamente al gobierno chino. Esto podría constituir un riesgo y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también a la seguridad regional", dijo a RFI Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. El anuncio del embajador de Estados Unidos es una advertencia a Santiago que se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración actual, sostiene Holzmann. La Visa Waiver no corre riesgos a corto plazo  "Hay un aumento de tono de parte del embajador. Pero todo hace pensar que la Visa Waiver no corre riesgo en este momento, ya que ésta se maneja por otras instancias en términos del acceso a los datos. Pero es cierto que Estados Unidos la puede colocar sobre la mesa si efectivamente desea presionar al gobierno de Chile con respecto a cuál va a ser el estatus que va a mantener en su relación con Santiago, si es o no una relación normal en términos migratorios y de circulación de personas", apunta. El presidente electo de Chile, Antonio Kast, tomará posesión en marzo, pero el cambio de gobierno no es garantía de que las tensiones con Estados Unidos se reduzcan, estima el analista. "Lo más probable es que las dificultades se mantengan [cuando Kast llegue al poder]. Chile tendrá que ver cómo abre el espacio de diálogo y negociación. Hay que considerar la atención y la focalización que tiene Estados Unidos respecto a los intereses chinos en América Latina. Esto no es nuevo; también está lo que pasa con el Canal de Panamá", concluye. En diciembre, el presidente Donald Trump celebró la victoria de Antonio Kast y señaló que apoyó abiertamente al candidato de extrema derecha durante las elecciones.

La muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia coordinada en 20 de los 32 estados de México y abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la organización criminal. En medio del caos y del fuerte despliegue militar, la pregunta central gira en torno a quién ocupará el vacío de poder. RFI entrevistó a Salvador Maldonado, investigador del Colegio de Michoacán, para analizar el reacomodo interno que enfrenta el cártel. Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban retomar su cotidianidad con cautela: salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada de este lunes en la que murió el narco Nemesio Oseguera, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bloqueos de rutas, quema de vehículos, ataques a gasolineras, comercios y bancos, enfrentamientos con autoridades y miedo generalizado: el caos se vivió en varios lugares de México tras el anuncio de su muerte a manos del ejército. El gobierno desplegó aproximadamente 10.000 militares para proteger a la población, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país "está en paz, está en calma". La pregunta ahora es quién tomará las riendas de la poderosa organización criminal. Ante la ausencia de su líder, el cártel se enfrenta a varias hipótesis, explicó a RFI Salvador Maldonado, doctor en Antropología e investigador en el Colegio de Michoacán. "El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo bastante diferente porque el liderazgo de Nemesio mantuvo controlado y centralizado a gran parte de la organización. [con su desaparición ] se va a generar, a nivel de la dirección, un reajuste. Lo que me parece más importante son estos reajustes que la organización va a experimentar a nivel de alianzas regionales y locales. Esos reajustes van a ser lo más significativo en cuanto al sostenimiento de la estructura y eficacia de la red criminal, la cual se había sostenido con el liderazgo de El Mencho". Según Maldonado, el Cártel Jalisco Nueva Generación podría mantener sus operaciones intactas sin un claro cabecilla, aunque solo a corto plazo, ya que una organización de ese calibre necesita un líder sólido que maneje los aspectos económico, social y político que le permitan mantener su enorme infraestructura. "El CJNG está fracturado"  "A corto plazo es una organización que va a estar tratando de sobrevivir a la nueva realidad que está enfrentando. Pero en el mediano plazo es importantísimo recordar que estas organizaciones, en su propia configuración socio-histórica, siempre han requerido de la figura de un líder que medie entre los liderazgos emergentes, los nuevos liderazgos, entre las decisiones a las alianzas, y un líder que más o menos sea como el equilibrio en los arreglos a nivel económico, político y social. Creo que eso se va a ir definiendo quizás en el mediano plazo. Es importante recalcar que en este momento esa estructura está fracturada, pero no creo que el funcionamiento de la economía ilegal vaya a sufrir afectaciones. Éstas podrían llegar a partir del momento en que se empiecen a reacomodar las piezas. Es ahí cuando se va a ver hasta dónde están dispuestos a seguir sosteniendo una organización de este nivel". Para la mayoría de los analistas, la ausencia de El Mencho no significa el final del grupo delictivo. Candidatos para cubrir su puesto no faltan. El cártel enfrenta ahora un delicado proceso de reacomodo interno que podría derivar en disputas por el poder o incluso en la fragmentación de sus células regionales.

La semana pasada, en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, estalló un motín protagonizado por más de un centenar de reclusos, motivado —según relatan ellos mismos— por el "hambre" y los "malos tratos". En conversación con RFI, Armando Labrador, fundador del Movimiento Cuba Primero, denuncia el secretismo oficial que rodea los hechos, en los que, al parecer, una persona habría muerto y al menos diez permanecen desaparecidas. De acuerdo con testimonios recogidos por las ONG Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), las fuerzas policiales habrían utilizado "balas de goma", "gas pimienta" y violencia física para controlar la revuelta. El episodio reaviva antiguas denuncias sobre las condiciones penitenciarias en la isla: hacinamiento, insalubridad, falta de atención médica, corrupción interna y prácticas represivas. Danibel Labrada, preso político cubano, envió desde la prisión de Canaleta el siguiente testimonio dirigido a Armando Labrador, fundador del Movimiento Cuba Primero: "Mi nombre es Danibel Labrada Morales. Me encuentro preso en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila (Canaleta). Pertenezco a la organización 'Cuba primero'. Fui trasladado el 18 de diciembre a esta prisión. Te felicito, Armando Labrador, por el buen trabajo que haces dentro de la prisión y fuera. En estos momentos, Armando, estamos pasando por una crisis muy grande en esta prisión. El hambre está doblegando a los hombres. Tenemos escasez de agua. El órgano represivo sigue torturando a los presos y dándoles grandes golpizas dentro de la celda como [lo hace] Noel Morales López. Te seguimos felicitando y vamos a vencer. Patria y vida y libertad".  "Ahí delante de todos, le dieron una golpiza" Desde Miami, a través del canal Cántalo TV, Armando Labrador ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos contra presos políticos en la isla. Sobre el amotinamiento del jueves pasado, de la Nuez, líder opositor y una de las pocas personas con contacto directo con los reclusos de Canaleta, explicó a RFI: "Danibel Labrada empezó a exigir atención médica y mejor alimentación. Cogió una sábana y escribió en ella: 'Suelten a los del cuartico, Cuba primero, patria y vida, libertad'. Cuando la guarnición vio la sábana, lo sacaron de la celda y ahí, delante de los presos, le dieron una golpiza. Esto provocó que los destacamentos 3 y 2 de la prisión de Canaleta empezaran a protestar y se amotinaron totalmente. Amarraron la puerta y la tumbaron. La guarnición no pudo sostener aquello y mandaron a buscar las brigadas antimotines. Éstas dieron una golpiza salvaje a todo el destacamento número 3, totalmente todos ellos, ciento y pico de personas fueron golpeadas".  Exigencia de transparencia Cinco días después del suceso, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo claridad al régimen cubano. Los familiares de muchos presos aún no han logrado comunicación alguna con ellos y se desconoce cuántos fallecidos dejó la represión. Labrador resume así la situación: "Hay un supuesto ahorcado. Se trata de una persona que había recibido una golpiza. Hay más de diez personas que están desaparecidas. Todos fueron golpeados, pero la guarnición no da información sobre su paradero. Las autoridades no esclarecen, dicen que van a haber traslados, que están en instrucción penal. Hay un secretismo muy grande", concluye.  Mientras tanto, continúan las denuncias internacionales sobre muertes por negligencia, malos tratos, problemas de salubridad y castigos en las cárceles cubanas. Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump tildó de "profundamente decepcionante" la decisión de la Corte Suprema contra su política arancelaria. Con seis votos frente a tres, la alta Corte dictaminó que el mandatario excedió su autoridad al aplicar su abanico de tarifa por todo el planeta sin fundamentos legales: no se trata de una emergencia nacional, como lo intentaba justificar el magnate estadounidense que ahora busca imponer un arancel global de 15% sin tratos preferenciales.   La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes por seis votos contra tres que Donald Trump se extralimitó en sus funciones al aplicar aranceles a casi todos sus socios comerciales. El mandatario se cobijaba detrás de una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas).  “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”, dijo Trump en comparecencia en la Casa Blanca tras la sentencia del viernes 20 de febrero. No obstante, la batalla económica del mandatario lanzada contra el mundo no se acaba aquí porque “si bien esto se ha vuelto para atrás, se ha dicho que igual va a usar otras alternativas" dijo en entrevista para RFI la investigadora María José Haro Sly. Al día siguiente,Trump anunció en su red social Truth Social que pondrá tarifas del 15% a todos los productos importados. “Estados Unidos ha venido imponiendo una serie de tarifas unilaterales. Algunas muy altas, otras más bajas, sin mucha referencia técnica, económica y muy vinculada a cuestiones políticas y geopolíticas” las cuales, de acuerdo con Haro Sly, le competen al poder legislativo y no al ejecutivo. “Esto va a generar muchísima incertidumbre porque no está muy claro hasta qué día van a regir una de las tarifas anteriores, hasta qué día van a empezar a usarse las posteriores”. Además, los constantes cambios de la política arancelaria de Trump alteraría aún más las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos “porque con muchos países ya se habían negociado otro tipo de tarifas y otros acuerdos económicos”. “Así que se va a generar bastante incertidumbre”. Tarifas especiales y tarifas normales Los efectos de este fallo se van a sentir a mediano plazo. Los mayores socios de Washington (México, Canadá y China)  tienen tarifas aduaneras especiales, pero que son modificadas constantemente tanto para ellos como para el resto del mundo con tal de subsanar un déficit fiscal de “casi 39 billones de dólares”, de acuerdo con que Haro Sly.  Por otro lado China “ha venido saliéndose “de los bonos del Tesoro norteamericano con lo cual expande el endeudamiento para financiar el déficit”. “Además, aclaremos que Estados Unidos está en este momento también en shutdown, justamente negociando en el Congreso el presupuesto y el aumento de la deuda, con lo cual este tema tarifario va a impactar muchísimo también en la negociación doméstica”, concluyó María José Haro Sly.  Leer tambiénAranceles: ¿qué consecuencias tiene la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos?

Las mujeres serán las primeras en pagar la factura de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, advierten colectivos feministas argentinos. Mientras el Congreso debate sobre la ley, se preparan las movilizaciones del 8 de marzo. Una nueva figura busca afirmarse en el 8M: las autodenominadas feministas mileistas.  "Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo" ha dicho Javier Milei sin ambages. El Aborto, pilar de la lucha feminista en todo en mundo, se legalizó en Argentina en 2020. Años después, ha surgido en el país una figura sui generis: militantes libertarias y mileistas, que se reivindican feministas. Escuchar aquí la entrevista completa: Dos investigadoras argentinas, Melina Vázquez y Carolina Spataro, autoras del libro Sin padre, sin marido y sin Estado,  disecaron para RFI estos perfiles para determinar si era algo más que un oxímoron: Melina Vázquez: "¿Quiénes eran? ¿por qué estaban ahí? si las figuras públicas del mileismo, como la actual vicepresidenta Victoria Villarruel o algunas de las diputadas que empezaron a surgir con mucha visibilidad pública, que tienen posiciones muy abiertamente antifeministas, expresaban la totalidad del activismo femenino". Carolina Spataro: "Sobre todo en la campaña presidencial de Javier Milei del 2023, bueno, que si había mujeres dentro del mileísmo iban a ser retratadas y o eran pensadas como mujeres tradicionales de su hogar, con muchos hijos y religiosas." La óptica de Javier Milei ha sido el desfinanciar programas sociales o de prevención reproductiva, y ayudas a las mujeres víctimas de violencia. Melina Vázquez: "Sobre el Aborto, ellas tienen posiciones muy desencontradas, algunas están a favor, otras están en contra. Algunas están en contra pero creen que debe ser una ley y también las posiciones que tienen sobre el aborto están muy permeadas, están más permeadas de alguna manera por la inscripción generacional. Carolina Spataro: "Otras en el extremo opuesto llevaron el pañuelo verde que es el símbolo de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina desde hace 20 años. Pero sin duda, en el caso por ejemplo de la violencia hacia las mujeres, en Argentina existe un sistema de atención telefónica que se llama el 144 y en el gobierno de Javier Milei ese programa tuvo recortes y se achicó, y algunas de ellas de todos modos siguen difundiendo esa línea de atención para, por ejemplo, el 8 de marzo." Sin fondos para políticas públicas feministas, ¿se puede hablar igual de feminismo? Fue una pregunta que se hicieron Melina Vásquez y Carolina Spataro. Carolina Spataro: "Sí militan porque las mujeres, en este caso en particular, puedan tener autonomía económica en su inserción en el mercado laboral privado, no en el Estado y que con ese dinero y con esa autonomía puedan resolverse los problemas que las aquejan. Melina Vázquez: "Bueno, reponer los términos en los cuales los actores, las actrices, los grupos se presentan públicamente y poner éso en discusión. El (nuestro) libro es una discusión sobre cuál es la frontera del feminismo, si este feminismo cae adentro, cae afuera. Entrevistadas: Melina Vázquez y Carolina Spataro, autoras de "Sin padre, sin marido y sin Estado: Feministas de las nuevas derechas", publicado por la Editorial Siglo XXI.

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en Colombia, ha surgido una candidatura inédita que competirá por un escaño en el Congreso. Gaitana es una inteligencia artificial. En el tarjetón, su candidatura aparecerá como independiente y con las siglas IA. Voz robótica y piel azul. Gaitana IA es candidata al Senado y a la Cámara de Representantes de Colombia, en la Circunscripción Especial Indígena. Su creador es Carlos Redondo, miembro de la comunidad zenú, en la costa caribe colombiana. “Buscando consenso” “En estas comunidades, el ego del líder, del personaje no existe. Cacique es este anciano que va de casa en casa, de familia en familia, buscando consenso, buscando poner a la gente de acuerdo. Nosotros empezamos a estudiar toda esta cosmovisión nuestra. Lo único que le faltaba era digitalizarlo”, nos cuenta Redondo. También explica que la plataforma es participativa: los usuarios le aportan temas, ella los sintetiza y luego va colectando las opiniones de los unos y los otros. En base a una mayoría, toma una decisión. Y así lo hará al votar leyes si es elegida. “Hay un proyecto de ley, Gaitana comparte esto, lo reduce. Si es una ley de 200 páginas, la reduce a cinco infografías, las comparte con toda la comunidad de Gaitana, que en este momento son más de 10.000 personas entre indígenas, afros, y estas personas entonces empiezan a opinar al respecto. Gaitana esta opinión la reduce a un sí o un no, empieza a hacer el conteo y el que tenga el 50% más uno logra consenso y esa es la decisión o el voto del congresista en la plenaria”, detalla Redondo. Propuesta antisistema No es legal registrar una IA como candidato, por lo que el Consejo Nacional Electoral autorizó a Redondo y a otro humano ocupar los escaños y repetir las directivas de consenso generadas por Gaitana. ¿Pero qué pasa si la mayoría de los usuarios son boicoteadores? “Si el mismo consenso decide que sí es lo correcto, ya nosotros como legisladores, como congresistas, tendremos que respetarlo. Pero en realidad es una posibilidad que eso pase, aunque tendría que ser una mayoría bastante interesante, tendrían que haber 6.000 personas intentando sabotear a Gaitana para que eso pase”, responde su creador. Con tres pequeños servidores, dice que el impacto ambiental de Gaitana será mínimo. Reconoce que la tecnología aún es limitada en materia de seguridad de datos y de cómo lidiará con un gran abanico de opiniones distintas. El proyecto es más que todo una propuesta antisistema. “Nosotros hemos analizado desde hace cuatro años todos los proyectos de ley que se han presentado en Colombia, y los más escandalosos son homenaje a la arepa con huevo. O sea, esto es una vergüenza la manera como esta gente legisla. Es que bien, deshumanizar esto y empezar a humanizar con datos. Dentro de la unidad de trabajo del congresista hay un equipo de trabajo que Gaitana no necesitará y desde ya lo metimos dentro de los estatutos que Gaitana renuncia a todos estos beneficios”, indica Redondo. Es difícil evaluar el alcance de esta figura apoyada por los jóvenes. Las encuestas muestran que solo 1 tercio de los menores de 24 años planean votar. e

Este jueves la Confederación Argentina de Trabajadores ha convocado a un paro nacional. Tras varias manifestaciones en el país contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y votada en el Senado, los diputados argentinos deben ahora discutir el proyecto. Una propuesta que, según abogados en derecho laboral, representa un retroceso legal. Rediseñar los tiempos de trabajo, reducir el costo de un despido para la empresa, restringir el alcance de los sindicatos... Estas y otras medidas están contempladas en la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei. Jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas, pérdida del poder de los sindicatos… “Para empezar, la creación del banco de horas, que va a implicar que los trabajadores puedan tener jornadas extendidas hasta 12 horas diarias. Estas horas se van a ir acumulando a un banco del cual va a poder disponer el empleador, de modo tal que no se supere un máximo mensual, y de modo también que dejan de existir las horas extras. Luego, en materia de indemnizaciones laborales, no va a ser el mejor sueldo, entonces las indemnizaciones se van a ver reducidas en cuanto a la base de cálculo y reducidas también en cuanto al monto”, explica para RFI la secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Romina Stampone. “El fraccionamiento de las vacaciones, lo que otorga es la facultad de poder fraccionarlas en periodos no inferiores a una semana: el empleador puede decidir darte una semana de vacaciones ahora, otra en octubre... Y por otro lado, le sumas a esto que va a haber una pérdida del poder real de los sindicatos porque se promueve la negociación colectiva a nivel de empresa, no en la totalidad de la actividad”, agrega. La semana pasada el Senado argentino aprobó el proyecto con 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora llega a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza asegura que conseguirá 140 votos sobre 257 diputados, entre los cuales 95 del oficialismo, apoyados por sectores de la llamada oposición dialoguista. La senadora oficialista Patricia Bullrich dijo haber negociado con la CGT. “Incumple con el principio de progresividad” Para Stampone, la reforma es contraproducente: “Se dice que la reforma se piensa con la finalidad de generar empleo, lo cual va a ser absolutamente falso. La reforma precariza e invita a un despido que además es absolutamente tarifado y calculado, mucho más de la tarifa que ya preveía nuestra ley, con lo cual no va a ser generador de empleo. Desde la Ley de Bases, la anterior reforma que entró en vigencia el 9 de julio del año 2024, se perdieron ya más de 250.000 puestos de trabajo. Cerraron una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. Hoy amanecimos con la noticia de que cierra sus puertas Fate, una empresa de neumáticos muy grande, muy conocida y que deja cerca de mil familias sin puesto de trabajo. Ese es la mayor preocupación”, lamenta. Según ella, no cuaja con los principios constitucionales. “La contrarreforma laboral que se está proponiendo es una reforma regresiva en materia normativa en nuestro país. Incumple de este modo con el principio de progresividad y no regresividad que nuestra Constitución nacional toma de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Legislar de este modo implica una violación para nuestro país de pactos internacionales que ya fueron asumidos con anterioridad”, subraya para concluir Stampone.

Hay menos combustible en Cuba y, poco a poco, muchos menos turistas. La isla presenta las peores cifras del sector turístico en varios decenios. Ya no viajan allá turistas de países como Canadá, Perú y Argentina, entre otros, mientras los precios de combustible se disparan.  Es febrero, la temporada alta en las playas cubanas. Los turistas, sin embargo, brillan por su ausencia. El mayor recurso económico del gobierno cubano se encuentra en números rojos. Hoteles semivacíos, transportes limitados y escasez de suministros. Son las consecuencias del bloqueo estadounidense. La falta de suministros de petróleo de Venezuela y México ha agudizado la crisis energética que arrastraba la isla. Todo esto hace que las anulaciones de viajes a la isla se multipliquen, como nos explicó Barbara Perez, directora de la agencia de viajes "Cuba Unique", con sede en España. "Evidentemente el turismo está en baja. Hay muchos menos turistas. Y también hay que tener en cuenta las aerolíneas, pues algunas ya han dicho que van a tener que cargar combustible en República Dominicana. Por el momento, no ha habido cancelaciones desde España, pero sí se han cancelado vuelos desde  otros países, Canadá y Perú, por ejemplo. Hasta este mes, nosotros en España hemos podido estar garantizando el combustible. Pero a partir del mes próximo probablemente vamos a dejar de viajar a Cuba porque no sabemos cómo va a suceder con las nuevas limitaciones de combustible. En todo caso, empieza a ser más complicada la realidad y a partir de cierto momento vamos a tener que dejar de ofrecer viajes a Cuba", explica Pérez. El transporte "lo ves y no lo ves" La crisis en el turismo ha afectado a numerosos gremios en Cuba. Los daños colaterales se hacen sentir en la restauración, los comercios y en los transportes. Yan Manuel Carrio lleva prácticamente toda su vida trabajando como chofer en un taxi que opera desde La Habana. "Esta situación es muy difícil sobre todo complicada para la gente de la ciudad. Para la gente que vive en los barrios el transporte es como un fantasma. Lo ves y no lo ves. Uno puede esperar tres o cuatro horas y no ves un transporte. Para los taxis se consigue gasolina, pero te la revenden por 4.000 o 4.500 pesos el litro. Normalmente el precio de eso era 600 pesos. Ahí puedes darte cuenta tú de la diferencia. Hemos tenido muchas anulaciones de turistas de Canadá, Reino Unido, Argentina. Antes hacíamos tres, cuatro viajes hasta Varadero por día. Ahora se hace uno solo. Es un poco duro porque no todo el mundo puede trabajar así", sostiene. Cuba recibió en 2025 escasamente 1,8 millones de turistas, uno de los niveles más bajos en décadas. La escasez de combustible y la cancelación de vuelos internacionales abren la incógnita de cómo evolucionará el sector durante este año que ya presenta las peores cifras de todos los tiempos.

Las movilizaciones para pedir la liberación de todos los presos políticos, incluidos los militares, se multiplican en Venezuela, entre otros, una huelga de hambre de presos y familiares del centro de detención Zona 7 (Caracas) desde hace cuatro días. El médico Rafael Arreaza, que vigila la salud de unos y otros, no descarta huelgas y marchas a nivel nacional para respaldar este reclamo, según dijo a RFI. Presos políticos venezolanos y sus familiares llevan este martes más de cuatro días en huelga de hambre frente a un centro de detención en Caracas conocido como Zona 7. Reclaman que se aceleren las excarcelaciones tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía. Melissa Barra entrevistó a  Rafael Arreaza, médico encargado de vigilar su estado de salud. Varios familiares de presos de esa cárcel duermen desde hace semanas en colchones en el suelo, frente a la entrada. Zona 7 es una prisión de la policía nacional en Caracas. Un puñado de madres y familiares decidieron, además, ponerse en huelga de hambre, tal como lo han hecho algunos presos. El doctor Arreaza, reconocida figura del sector salud, se muestra atento a la evolución de su estado físico. "La mayoría de los presos están desnutridos"  "Los familiares de los presos ya llevan cuatro días en huelga de hambre. A pesar de que cuentan con hidratación relativa, ya comienza a notarse el deterioro físico. Ya comenzaban a tener síntomas de deterioro, deshidratación, mareos, postramiento. Lamentablemente a mí no me permitieron evaluar ayer a los presos. Entendemos que no quieren que cualquier persona vea la situación que se está presentando adentro de las cárceles. La mayoría de los presos están desnutridos. En ocasiones ni siquiera comen una comida al día. La calidad del agua es pésima. Tienen que pasar el agua que le dan por las camisas". Presos y familiares empezaron la huelga de hambre el sábado. Ese día el gobierno anunció excarcelar a 17 detenidos políticos de Zona 7. Adentro hay unos 60. El doctor Arreaza, que trabaja desde hace años en las cárceles, teme que la situación empeore. "Como ya hemos tenido experiencia en Venezuela, sabemos que ha habido muertos en huelgas de hambre. Tenemos, por ejemplo, el caso del señor Franklin Brito, agricultor, a quien le quitaron sus tierras. Sabemos también, porque ya lo hemos visto, que cuando se desesperan intentan obligarlos a comer. Los obligan a comer, los maltratan y los torturan. Hoy cada vez más se está planteando que las huelgas van a ser a nivel nacional. No solo eso, sino que la sociedad civil se está planteando darle un ultimátum antes del 12 de marzo. No están todos los presos políticos libres, incluidos los militares. Vamos a salir a la calle, toda la sociedad civil", concluye. 

El Gobierno boliviano anunció la creación de una comisión especial para combatir la impunidad en delitos sexuales. Entre ellos, los casos vinculados a la Iglesia Católica. Con la misión de revisar denuncias, analizar expedientes y colaborar con el Ministerio Público en investigaciones referidas a abusos contra menores, incluso aquellos que hayan prescrito o que no hayan avanzado ante la justicia, el Gobierno de Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión para combatir la impunidad en abusos sexuales. “Hemos creado esta comisión mixta, en el sentido de que no vamos a generar un doble juzgamiento, sino que vamos a fiscalizar con las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea, departamento por departamento, ciudad por ciudad, contando con el apoyo de muchos abogados que existen y están registrados en el Registro Público de la Abogacía acá en Bolivia”, explicó a RFI Manolo Rojas, diputado del el Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido vencedor en las urnas hace tres meses. “Y vamos a ver el tema netamente técnico. Si han habido inconsistencias en algunos casos, seguramente encontraremos también corrupción, con la única finalidad de elaborar un informe, porque este informe nos va a servir como piedra fundamental para abrir la Constitución Política del Estado, generar el debate para ingresar a una cadena perpetua sobre los violadores de niños y niñas y los infanticidas”, precisó. Escuchar a las víctimas Entre tanto, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización de víctimas de abusos eclesiales que denunció en los tribunales los casos cometidos por la Compañía de Jesús boliviana, se muestra muy prudente ante la futura gestión de esta comisión creada por el Gobierno, luego de haberse quedado al margen tras no contar con el testimonio de sus víctimas. “Nosotros valoramos ese intento, pero lo que sí cuestionamos y vemos con mucha pena es que la Compañía de Jesús quiere invisibilizar a la organización existente. Una comisión de la verdad debería constituirse con las víctimas. Nosotros pacientemente vamos a esperar. Esperemos que ellos de su propia voluntad se comuniquen con nosotros para que podamos trabajar juntos. Nosotros por nuestro lado estamos trabajando”, nos comentó su presidente Wilder Flores. RFI preguntó directamente al diputado Manolo Rojas si la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes será escuchada y aportará ayuda en esta comisión contra la impunidad: “Va a ser parte importante. Lo primero es generar el aspecto técnico jurídico, y posteriormente vamos a tener unas reuniones donde vamos a escuchar las experiencias y vamos a hacer un realce sobre las causas o los motivos de por qué no han podido acceder a justicia”, aseguró. El trabajo de la comisión comenzará en marzo e incluirá la habilitación de una oficina para que los interesados puedan denunciar los casos en los que hubo impunidad o falta de celeridad por parte de la justicia.  

Un informe independiente alerta sobre varios centenares de municipios bajo violencia electoral en un país donde la ilegalidad está ganando cada vez más territorios. Más de 300 municipios colombianos, casi un tercio del territorio nacional, están bajo riesgo de violencia electoral de cara a los comicios del próximo 8 de marzo. La advertencia fue emitida por la Misión de Observación Electoral (MOE), una red ciudadana independiente encargada de velar por la transparencia de las elecciones en Colombia. Según el informe, 126 municipios se encuentran en “riesgo extremo” de violencia electoral, mientras otros 49 presentan alertas por posible fraude. “En Colombia siempre ha existido violencia electoral, esto no es nuevo. Pero nunca pensamos que el fenómeno iba a ser tan profundo, tan disperso en tantas regiones del país y que iba a tener este nivel de gravedad, como lo muestra el informe de la MOE”, aseguró politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, Óscar Palma, en entrevista con RFI. “En lugar de estar afianzando mas territorio para la democracia, lo que hay en Colombia son mas territorios en dominio de la ilegalidad”, concluye la MOE. “La falta de implementación de algunos elementos del plan de paz y la idea del gobierno actual de una paz negociada sin mayor estrategia, realmente permite a los grupos armados crecer significativamente, incrementar el reclutamiento de personas en diferentes regiones y afianzarse la estructuras criminales, de la mano del aumento del cultivo y la producción de cocaína. Lo que nos lleva a este escenario de peligro en la elecciones”, agregó Palma Una de las regiones con mayor riesgo es la frontera con Venezuela. En medio de este escenario, se ha mencionado incluso la posibilidad de operaciones conjuntas entre fuerzas colombianas y estadounidenses contra grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico, como el ELN.

El ex parlamentario venezolano Juan Pablo Guanipa, 61 años, fue excarcelado y vuelto a detener tras 12 horas de libertad. No puede hablar con la prensa, un papel que están desempeñando su hijo Ramón y su hermano Andrés. RFI se puso en contacto con este último en Miami. En la actualidad, Juan Pablo Guanipa se encuentra en arresto domiciliario. Este cercano aliado de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado fue detenido por manifestarse y pedir elecciones en el breve lapso en que estuvo libre. Andrés Guanipa nos contó cómo va su hermano Juan Pablo: “Juan Pablo está en su casa, en buen estado de salud, a pesar de haber estado todos estos 10 meses en la clandestinidad y casi un año preso. No pudieron doblegarlo y salió, gracias a Dios, con todas sus facultades psicológicas, mentales, bastante bien”. “Es el único a quien le tienen miedo” A la pregunta de por qué fue detenido, Andrés explicó que “fue a visitar a los familiares de los presos políticos que estaban apostados en El Helicoide y en Boleíta. Dio varias entrevistas, todo normal, pero al régimen no le gustó, le dio miedo que la gente saliera con él a acompañarlo, a hacer esas visitas. Le dio miedo todo lo que generó Juan Pablo en horas nada más, lo detuvieron de nuevo”. “Le comento que Juan Pablo hizo todo este recorrido con otros excarcelados, y los otros excarcelados también dieron declaraciones y algunos hasta declaraciones un poquito más fuertes, pero el único que detuvieron fue Juan Pablo, porque es el único a quien le tienen miedo, porque saben que Juan Pablo tiene un liderazgo muy sólido en Venezuela. Después de María Corina el liderazgo más importante de la oposición en Venezuela es el de Juan Pablo”, agregó. “El juego cambió por completo” Pero según él, tras 40 días de la captura de Nicolás Maduro, “seguimos en dictadura. Solo que, a partir del 3 de enero, con la intervención de Estados Unidos, el juego cambió por completo. Ellos están ahora viéndose obligados a hacer una serie de cambios tutelados. No son cambios que vienen porque ellos se dieron cuenta de que algo pasó, porque simple y llanamente ellos quieren cambiar, porque ya no son ellos dictadores, ni son corruptos, ni son ladrones, ni son asesinos. No, ellos siguen siendo corruptos, ladrones, asesinos”. En cuanto a Trump, Andrés dijo agradecerle “enormemente que haga lo que debió haber hecho la comunidad internacional, y es el único que de verdad ha ayudado a que Venezuela recupere la libertad después de 27 años. Entonces, como venezolano, obviamente le estoy eternamente agradecido porque de otra forma esto no lo estuviéramos viviendo”.