Noticias de América

RFI entrevistó a David Gudiño, actor y miembro del ‘Colectivo identidad marrón', ONG de descendientes de migrantes y de personas con rasgos indígenas que lucha contra el racismo en Argentina. Gudiño, realizador del cortometraje 'La Argentina no es blanca', reacciona favorablemente a las nuevas preguntas que incluyó el último censo.   En Argentina se realizó el miércoles el censo previsto cada 10 años. Pero en esta versión 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) incluyó algunas novedades. Además de las preguntas corrientes sobre las condiciones de trabajo, la cobertura de salud, el nivel educativo, por primera vez se les pidió a los argentinos datos sobre identidad de género y origen étnico. Estas preguntas contribuirán a reconocer la verdadera identidad de Argentina como Nación, según David Gudiño, actor y miembro del ‘Colectivo identidad marrón', realizador del cortometraje "La Argentina no es blanca", seleccionado en el festival de Cannes 2022 y que alcanzó 8 millones de vistas en las redes. "La pregunta 22 era si te reconocés integrante o descendiente de un pueblo originario y la 23, 'poné el nombre del pueblo originario al que pertenecés o al que pertenecieron tus ancestros'. La tercera pregunta tenía que ver con la afro-descendencia. De este modo, también los afro-argentinos podrían su ascendencia", explicó a RFI Gudiño. ¿Y cómo respondió Gudiño a esas preguntas? "Que sí, felizmente; respondí que sí. Yo reconozco mi ascendencia indígena y así contesté la pregunta 22. A la pregunta 23 me tocó escribir ‘pueblo ignorado' porque no sé a ciencia cierta a qué pueblo pertenezco. No tengo la certeza. Puede ser a la comunidad Qom, Wichi, Guaraní. Entonces lo que puse fue ‘ignorado'. Muchas personas, como yo, no saben a qué población indígena pertenecen porque no hay archivos de nuestros ancestros para poder determinarlo. Muchos de nuestros apellidos fueron cambiados, somos indocumentados. Nosotros, a diferencia de los que tienen ancestros que vienen de otros continentes, no tenemos acceso a esos archivos. Esto es un derecho, yo debería poder acceder a ellos, yo debería poder saber a qué pueblo indígena pertenezco". Preguntamos a David Gudiño por qué creía él que se están dando estos cambios precisamente en este momento. "Quizá en razón de lo que dijeron el presidente Fernández y su predecesor, Mauricio Macri. Ambos dijeron que los argentinos son todos europeos, que los argentinos bajaron de los barcos. Quizá esta combinación, la ignorancia de ambos mandatarios, hizo que haya que incluirnos a nosotros. Muchas personas (argentinas) comenzamos a decir:  ‘bueno, yo soy argentino y no soy blanco, tampoco soy afro-descendiente. ¿Qué soy, entonces? Soy marrón. ¿Y por qué soy marrón? Porque tengo ascendencia indígena. Me parece que este despertar poblacional de muchos de nosotros ha hecho que estas preguntas hayan sido incluidas (en el censo de 2022). Argentina desde un punto de vista históricamente, de sus aspiraciones, ha querido ser una nación blanca. Y bueno, eso, ahora, eso ahora ya no existe". En 2023 o 2024 se darán a conocer las conclusiones, pero el INDEC ya puede asegurar que los argentinos aumentaron su población en más de 7 millones en un lapso 12 años. Es decir que alcanzaron los 47.327407 individuos.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo que no le interesa participar de la Cumbre de las Américas que Estados Unidos acogerá en junio en Los Ángeles, luego de que el gobierno estadounidense sugiriera que no invitaría a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuál es el panorama para este importante encuentro? Washington, el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, dijo que Venezuela, Cuba y Nicaragua no serían invitados al encuentro. Uno de los motivos, según el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, es que estos tres países "no respetan" la Carta Democrática Interamericana de 2001. "Su presencia o ausencia no importan mucho" Ante estas declaraciones, la reacción del mandatario nicaragüense no se hizo esperar: "Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa (...). Esa cumbre no enaltece a nadie", afirmó Daniel Ortega. Para el excanciller de México Jorge Germán Castañeda, las declaraciones de Washington no son una sorpresa pues, según él, Nicaragua ya está muy aislada: "Hace mucho que Daniel Ortega no asiste a este tipo de reuniones, ni siquiera vino a la de la CELAC en México en septiembre del año pasado por motivos de salud. Entonces no extraña mucho que Ortega haya dicho que él no quiere ir igual, porque no iría donde no lo han invitado y en segundo lugar, porque su presencia o ausencia no importan mucho en una reunión de 35 países". "Es una cumbre de democracias" Castañeda estima que "es una lástima que no haya las condiciones políticas democráticas en Nicaragua para que su presidente pueda asistir a una reunión de ese tipo". Según él, lo que busca el presidente Joe Biden es respetar algunas reglas de la cumbre. “Como viene sucediendo desde hace 25 años por lo menos –la primera cumbre fue en 1994–, se han establecido ciertas reglas, que a veces se han respetado y a veces no. Es cierto que ha habido poca consistencia en el respeto de estas reglas, pero en principio, es una cumbre de democracias, sobre todo a partir de 2001 y la firma de la Carta Democrática Interamericana", explica el excanciller. Por lo tanto, "no es sencillo tener una reunión donde el tema de la democracia, del enfrentamiento entre las democracias del mundo y las autocracias del mundo es un tema central. ¿Cómo tener una reunión con por lo menos tres autócratas convencidos, dictadores represivos en sus países? ¿Cómo se hace eso? A menos de que se eviten todos los temas espinosos, tiene mucho sentido que no estén ahí presentes Cuba, Nicaragua y Venezuela", añade Castañeda. Tras la advertencia de Washington, los mandatarios Manuel López Obrador de México y Luis Arce de Bolivia anunciaron que su asistencia a la cumbre dependerá de que ningún país sea excluido.

Mientras los precios de las materias primas agrícolas se disparan como consecuencia de la guerra en Ucrania, Argentina se ilusiona con agro-dólares. El país es un gran exportador de soja, y necesita divisas extranjeras para enfrentar su deuda colosal. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, corazón productivo del país, los productores de soja temen no poder aprovechar esta oportunidad. Unas gallinas, una pareja de chanchos… “¡Tenemos de todo acá nosotros!”, se exclama Carlos Ferrari, productor agropecuario en la localidad de Pujato, a unos 35 kilómetros de Rosario, en la provincia de Santa Fe. “Mitad cosecha” “Acá en nuestro campo tenemos ganadería y una parte de agricultura”, añade. Carlos trabaja con su hermano Roberto. Recién terminaron la cosecha de soja, “hace diez días más o menos”, y están por sembrar el trigo. Pero a pesar del aumento de los precios provocado por la guerra en Ucrania, Carlos no tiene para alegrarse: “Los precios son buenos, pero este año fue malo en régimen de lluvia, así que calculamos acá en la zona: mitad cosecha. El precio ayudó. Si no fuera por el precio, estaríamos en bancarrota totalmente”, lamenta. A la sequía, hay que sumar la suba del costo de los insumos. Como para los cereales, los precios de los fertilizantes y del gasoil se fueron por las nubes como consecuencia del conflicto en Europa. Oportunidad desaprovechada Marcos Giacomoni es el responsable de la cooperativa a la cual pertenece Carlos Ferrari: “Muchos fertilizantes vienen de afuera. Acá hay una planta muy grande que es Profertil, pero qué pasa: por esta escasez de gas, tampoco va a poder proveer de todo lo que es urea a los productores. Entonces hay que traerlo de afuera”, comenta. Todos esos factores hacen que los productores de soja tengan un sentimiento de oportunidad desaprovechada. Encima, el gobierno decidió en marzo subir las retenciones sobre las exportaciones de harina y de aceite de soja. “Hoy Argentina está viviendo un caos bastante importante con el tema de la inflación. Y lamentablemente no hay dólares, entonces una forma paliativa de actuar en eso es sacarle un poco más al campo”, detalla Giacomoni. “Los productores lo terminan pagando” Para el gobierno, la medida no afecta a los productores, sino a los exportadores. Julio Calzada, director de Estudios en la bolsa de comercio de Rosario no comparte este análisis: “En los hechos, normalmente cuando hay un aumento de los derechos de exportación, los exportadores tienen una metodología de cálculo de costo y lo incorporan. Por lo tanto, los productores lo terminan de alguna forma pagando”. Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, por cada $100 de renta de una hectárea de soja, 70 se van en impuestos.

Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, cuatro indicadores claves del cambio climático batieron récords en 2021. Para el titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, este informe es una "sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos". Cuatro indicadores claves del cambio climático batieron récords en 2021, indicó la ONU, advirtiendo que el sistema energético mundial conduce a la humanidad a una catástrofe. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y la acidificación de los océanos "registraron valores sin precedentes" el año pasado, declaró la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su "Estado del clima mundial en 2021". "Catástrofe climática" El jefe de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de que el mundo se acerca cada vez más a una "catástrofe climática" a raíz de una "sistema energético mundial" que está roto, y reclamó la adopción de medidas urgentes para una transición hacia las energías renovables que es "fácil de lograr" y permita alejarse del "callejón sin salida" que representan los combustibles fósiles. La OMM declaró que la actividad humana provocó cambios a escala planetaria: en la tierra, en el océano y en la atmósfera, con ramificaciones nefastas y duraderas para los ecosistemas. El informe confirma que los últimos siete años (2015-2021) han sido los siete años más cálidos de los que se tiene constancia. "El calor retenido en la atmósfera a raíz de los gases de efecto invernadero de origen humano calentará el planeta durante muchas generaciones", aseguró Petteri Taalas, el jefe de la OMM. "Eventos absolutamente inéditos" Los fenómenos meteorológicos vinculadas a La Niña a principios y fines de 2021 tuvieron un efecto de enfriamiento de las temperaturas mundiales el año pasado. "Esta agua fría influyó en que el incremento de la temperatura global no sea como en los años anteriores. Pero eso de ninguna manera quita la tendencia que observamos en los últimos siete años de un ascenso prácticamente sostenido de la temperatura global", explica a RFI Rodney Martínez, el representante de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. El informe alerta también sobre el derretimiento glacial que se agrava, en particular en América del Norte, con "ondas de calor y eventos absolutamente inéditos", según Martínez: "Por ejemplo, en el caso de Canadá, en un parque glaciar de Columbia Británica, se llevó a marcar temperaturas de 49°C, 50°C. Es un fenómeno que se conoce como un ‘domo de calor': todo el calor se encerró, esa onda de calor estuvo estática sobre la población durante mucho tiempo lo que generó bastante pérdidas de vidas humanas", y "afectó bastante la capa glaciar". "A esto se suma el derretimiento que tenemos en las cumbres andinas, por ejemplo, que afecta las zonas cubiertas de nieve, los glaciares, y este derretimiento, este año, nuevamente continuará", concluye el experto. Con la AFP

La Convención constitucional chilena publicó un primer borrador de la Carta Fundamental de Chile. El texto considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y consagra un "catálogo de derechos sociales" ausentes en la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.   La Convención Constitucional entregó este lunes para su revisión la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que consagra un nuevo "catálogo de derechos sociales", en respuesta al reclamo de los chilenos por un país con mayor igualdad social. En su primer artículo, el proyecto de nueva Constitución señala: "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza". Tras meses de debate, el texto “va a ser sometido a tres filtros”, resume Marco Moreno, constitucionalista y profesor en la Universidad Central de Chile: “Una comisión de preámbulo va a redactar la introducción del texto constitucional. Una comisión de armonización para revisar que no haya normas que se repitan. Y por último una comisión transitoria va a permitir poner en marcha el texto constitucional con la actual institucionalidad”. “Y finalmente ese texto se le entrega al presidente de la república Gabriel Boric el 5 julio y pasa a ser un proyecto de Constitución, el que debe ser sometido al plebiscito programado para el 4 de septiembre donde las chilenas y chilenos debemos pronunciarnos con voto obligatorio sobre si aprobamos o rechazamos la propuesta”, detalla Moreno, entrevistado por RFI. La pregunta del referéndum ‘¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?' será la pregunta a la cual tendrán que responder el 4 de septiembre próximo cerca de 15 millones de chilenos. Sin embargo, algunos de los pedidos quedaron fuera de la nueva Carta Magna como el referéndum revocatorio o la nacionalización de la minería. Estos temas serán más bien tratados a modo de leyes en el marco de la nueva legislación, en caso de que se apruebe el nuevo texto de Constitución. “Cerca de 499 artículos, mientras que la actual Constitución tiene 146, sería uno de los textos más largos en el mundo. Se introdujeron muchas situaciones, muchos derechos para salvaguardarlos. Muchas de las demandas están cubiertas en el actual borrador. Todas las demandas más sentidas como el derecho al agua, la restitución de los derechos de los pueblos originarios, la paridad en todos los órganos del Estado... Creo que se logró incluir muchas, por no decir todas las demandas que estaban presentes”. Para Marco Moreno lo esencial figura en el texto (garantía de derechos sociales, de salud y educación y vivienda digna), así como un nuevo orden político y de justicia. Sobre todo, cumple con su objetivo de remplazar o de ofrecer una alternativa la constitución que data de la era de la dictadura de Augusto Pinochet.

El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado el pasado fin de semana, ha suscitado las críticas de la disidencia y el activismo, que denuncian que asfixiará la protesta social y el periodismo independiente. Además de mantener los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición –por los que ya fueron castigados con hasta 30 años de cárcel algunos de los manifestantes del 11 de julio–, el gobierno cubano notifica en esta reforma la condena de cuatro a 10 años a periodistas –o representantes de ONG– que reciban fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. “Los afecta en su existencia misma” Un anuncio que fue duramente criticado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, por sus consecuencias sobre el periodismo independiente en la isla. “Habrá que ver cómo el gobierno cubano decide aplicar la norma. Generalmente, dictan estas normas que son claramente preocupantes y las van aplicando a discreción. Y si no, queda esa norma ahí, ejerciendo un evidente efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo, porque los medios y periodistas en Cuba saben que arriesgan ir a prisión por ejercer el periodismo, si están utilizando fondos extranjeros para poder subsistir. No hay otra opción para que operen, no hay fondos locales, no hay ningún tipo de apoyo para los medios en Cuba”, comenta su investigadora principal para Latinoamérica y el Caribe, Ana Cristina Núñez. Según ella, “esta nueva norma, de aplicarse, significaría el fin de un medio independiente porque afecta la subsistencia y la posibilidad de operar. Por eso realmente manifestamos alarmas. Cuba lleva ya, en los últimos años, dictando nuevas normas, que restringen el campo de actuación de los medios, pero esto realmente los afecta en su existencia misma”. “Limitar la información” Desde Cubalex, una de las organizaciones más experimentadas en promover reformas al sistema jurídico cubano, Laritza Diversent, la directora ejecutiva, muestra su preocupación por el nuevo código penal que limitará la información sobre lo que suceda en la isla. “Ya el Estado venía dando todo un sistema normativo, con una serie de normas complementarias que le permiten al Estado crear toda una infraestructura para poder perseguir a las personas que publiquen información sobre lo que está pasando dentro del país, ya sea a través de fotos, memes, videos… Sí, es provocante porque se va a limitar la información tanto desde el interior de la isla hacia afuera como viceversa. Esto es el objetivo principal que tiene todo este proceso de reformas legislativas que empezó con la reforma de la constitución en el 2019”, estima Diversent. Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cuba hay en la actualidad poco más de un centenar de periodistas no oficialistas, muchos de ellos jóvenes que intentan de ese modo expresar su reclamo contra el agobio de las presiones estatales. El nuevo Código Penal establece restricciones a lo que se pueda publicar en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.

Conmoción y repudio se vive en Chile tras la muerte de la periodista Francisca Sandoval, quien murió el pasado jueves, luego de haber recibido un disparo durante las manifestaciones del Primero de mayo. Varias organizaciones y autoridades políticas rechazaron el asesinato y exigen justicia En varios puntos de Santiago continúan las vigilias con velas y fotos de la periodista Francisca Sandoval, quien fue víctima de un disparo en la cabeza, mientras cubría una marcha del Día del Trabajador en Chile. El estado de Sandoval era grave desde el disparo, pero su muerte el pasado jueves aumentó el repudio y consternación de la sociedad chilena. El presidente del Colegio de periodistas de Chile, Danilo Ahumada, expresó la indignación de los comunicadores y responsabilizó a la fuerza pública por su falta de protección a los ciudadanos. "Veníamos saliendo de un episodio de estallido social en 2018 que es cuando tuvimos más de 300 casos de periodistas, camarógrafos, reporteros que fueron agredidos por fuerzas del estado pero ahora esta  situación nos coloca en otro plano porque ahora son civiles disparando en este caso a la prensa independiente, comunitaria, la más perjudicada en los últimos tiempos. No vivíamos algo así desde el 86 con el asesinado del periodista Pepe Carrasco. (...) Es un hecho grave. Exigimos responsabilidad política" dijo a RFI. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, resaltó la preocupante situación para los periodistas de la región e insto a que se haga justicia... Así lo dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP. "La situación que se vive en Chile se viene reiterando en varios países de Latinoamérica. Nos preocupa este clima de conflictividad creciente. En la última reunión hemos detectado casos similares en una decena de países de la región y cómo los periodistas acaban siendo víctimas de un lado u de otro, o de fuerzas del orden o de manifestantes que descargan su furia contra medios de comunicación y periodistas" dijo Carlos Jornet a RFI. Junto a Sandoval, otros dos civiles resultaron heridos el primero de mayo. El acusado de la muerte de Sandoval, Marcelo Naranjo, de 41 años, se encuentra en prisión preventiva bajo cargos de homicidio frustrado y porte ilegal de armas.

Los casos de tortura en Venezuela aumentaron un 148% durante 2021, según un informe presentado por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que cifró en 241 las presuntas víctimas. La organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció que son por lo menos 241 las presuntas víctimas de torturas en Venezuela en el 2021. Dos lugares Se trata de un aumento del 148% con respecto al año anterior, la cifra más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización, según dice Lissette González, la coordinadora de la investigación. También denuncia que el 60% de las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en algunos casos incluye violación. “Los responsables, los perpetradores son los oficiales de las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano, y habría que rescatar que el 45% de las denuncias se concentran en dos lugares: uno es el CICPC [Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas] en El Hatillo y otro es la DGCIM [Dirección General de Contrainteligencia Militar] en Boleíta. Entre ambos concentran casi la mitad de las denuncias del año 2021”, explica Lissette González a RFI. “Absoluta impunidad” La investigadora indica que el gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre esta investigación y resalta la importancia de poner fin a la impunidad. “Lo que sería importante y deseable es que ese memorándum de entendimiento que se firmó entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de verdad sirviera como marco para que se dé una reforma del sistema de justicia, para que sea más independiente y que todas estas situaciones puedan ser debidamente investigadas. Porque probablemente, la principal causa por la cual las fuerzas de seguridad cometen todos estos abusos es por la absoluta impunidad que ha habido hasta el momento en todos estos casos de denuncias”, comenta González. Añade que “esto que podía resultar esperanzador el año pasado en noviembre, cuando se anunció ese memorándum de entendimiento, parece que no va a ser tan fácil de lograr. El reciente nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia vuelve a mostrar un panorama donde todos los magistrados están vinculados al partido de gobierno, donde se incumplieron los plazos y los requisitos que habría que haber seguido para esos nombramientos. Entonces no sabemos, o tenemos dudas sobre qué tan genuina es la voluntad del Estado venezolano de lograr un sistema de justicia independiente y de que todas estas violaciones de derechos humanos sean investigadas. Con todas las implicaciones que eso tiene para cumplir con los estándares del derecho penal internacional”. Según la ONG, 1.414 personas fueron “asesinadas” por policías y militares en todo el país, 50% menos que en 2020.

El fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci fue asesinado este martes por pistoleros que llegaron en motos acuáticas hasta el sitio donde pasaba su luna de miel en el Caribe colombiano. El crimen deja en evidencia la transformación de Paraguay en un productor de cocaína y los nexos entre la clase política y el narcotráfico, según analista consultado por RFI. RFI: La investigación del fiscal Marcelo Pecci dio lugar hace un mes lugar al mega operativo “A Ultranza Py”, que llevó a la renuncia de varios políticos implicados en una estructura criminal de tráfico internacional de cocaína. Este caso arroja luz sobre lo que usted Carlos Aníbal Peris, politólogo experto en narcotráfico de la Universidad Católica de Asunción, denomina la narcopolítica en Paraguay… Carlos Aníbal Peris (CAP): Efectivamente, vemos que cada vez existen más lazos entre los sectores políticos, las campañas electorales y grupos narcotraficantes que operan en el Paraguay. Además también estamos viendo que esta operación de los grupos narcotraficantes, amparadas por muchos políticos zonales, está siendo cada vez más compleja en el sentido que Paraguay hace ya un buen tiempo dejó de ser un país productor de marihuana y solamente de paso para la cocaína, para ser un país que elabora cocaína a través de laboratorios clandestinos, principalmente en la zona del Chaco. Eso trae una mayor ganancia, más grupos disputando por este hampa del narcotráfico. Eso otra vez trae más violencia, entonces cada vez tenemos más políticos que se encuentran en la lógica de la narcopolítica. RFI: Usted habla de narcopolítica, y me hace pensar en fenómenos como la parapolítica colombiana, es decir este entramado de relaciones mafiosas entre los narcotraficantes, los políticos nacionales o regionales y empresarios o terratenientes. ¿Es un fenómeno similar en Paraguay? CAP: Asimismo, si bien es cierto de que siempre existieron ciertos lazos en lo que era la zona de Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, todo lo que podría ser esa frontera seca con Brasil. Por el año 2008 sale uno de los primeros casos que a nivel nacional. Ese caso fue el anticipo de lo que cada vez se está presentando más en el Paraguay. Los propios congresistas, entre ellos mismos, se acusan de  lazos con el narcotráfico, pero también se puede ver a través de estos operativos como “A Ultranza Py”, y la pregunta que nos tenemos que hacer por qué. Una de las principales conclusiones que sacamos es que la nueva ley electoral en el Paraguay ya no se hacen través de listas, sino que es nominal. Es decir, que cada candidato tiene que conseguir una cantidad mínima de votos para poder llegar a un cargo o para poder ingresar en el Congreso, y es ahí donde aparecen lazos con el narco que financian campañas de políticos emergentes o no emergentes para que en definitiva puedan conseguir los votos necesarios para llegar al cargo electivo que desea.

En la madrugada de este 10 de mayo finalizó en Colombia el paro armado decretado por el cartel del Clan del Golfo. En plena campaña para las presidenciales del próximo 29 de mayo, la oposición acusa al Gobierno de haber permitido la violencia paramilitar en zonas favorables al izquierdista Gustavo Petro, y con ello de desmovilizar al electorado. La semana pasada, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", desató una represalia inmediata por parte de su organización armada el Clan del Golfo, que decretó entonces "cuatro días de paro armado". Permisividad La captura de Otoniel llegó a ser comparada por el presidente Iván Duque con la caída del mismísimo Pablo Escobar. Pero lo cierto es que este cartel desafía hoy al Gobierno colombiano y ha paralizado el país a escasas tres semanas de las elecciones presidenciales.  A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Defensa movilizando hasta 52.000 efectivos en los últimos días, los diferentes partidos de la oposición acusan a Duque desde haber fracasado en su política, hasta ser permisivo con el terror paramilitar. Consuelo Ahumada es doctora en Ciencias Políticas, y ex candidata al Senado de la coalición Pacto Histórico, la lista que lidera todas las encuestas. En declaraciones a RFI, asegura que la desmovilización de estos días podría trasladarse a las urnas el próximo 29 de mayo: “En el fondo también lo que vemos es una campaña de intimidación a la población muy fuerte, en una zona que es muy favorable para el candidato Gustavo Petro y el Pacto Histórico”, lamenta. Arbitrariedad La oposición denuncia también una supuesta inanición del gobierno, en comparación con la represión en las manifestaciones universitarias. E incluso, arbitrariedades en el paro: “Lo que llama la atención es que las grandes superficies, muy ligadas a las políticas del gobierno, pudieron funcionar sin problema”, mientras los pequeños comerciantes no, recalca Ahumada. El paro armado fue desconvocado para la madrugada de este martes, aunque la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas se prevé lenta. Seis personas, entre civiles, policías y militares, han sido asesinadas durante este pulso al Gobierno.

Venezuela está volviendo a impulsar el uso del bolívar tras varios años de dolarización de su economía. Su uso de facto aportó certidumbre a un país carcomido por la hiperinflación y las devaluaciones. Ahora que se está recuperando de la crisis, el gobierno busca fomentar la "desdolarización". Según el Banco Central de Venezuela, la inflación en 2021 fue casi del 700%. Comparado al 2018, cuando alcanzó el 130.000%, muchos sostienen que la dolarización de la economía venezolana a partir del 2019 ayudó a limitar el aumento de precios. El propio Nicolas Maduro acabó calificando su uso de facto de "válvula de escape", después de que durante 15 años se proscribiera el dólar.  "No fue una medida propiciada por el gobierno, sino al ver que la sociedad, de manera masiva, comenzó  a utilizar el dólar como referencia estable, lo permitió...", explica a RFI Henkel García, director de la consultora Econometría.  El pago en divisas superaba el 60% de las transacciones, y principalmente en efectivo, por lo que ahora el gobierno venezolano quiere revertir la tendencia, impulsando mayor uso del bolívar.  El objetivo es llevar los 3.000 millones de dólares que circulan en las calles al sistema financiero. Ha colocado un impuesto del 3% al 20% a intercambios en moneda extranjera. "Ahora que hay algo de estabilidad se proponen ir hacia un proceso de 'desdolarización'  que puede darles mayor margen de maniobra en política económica y recaudación fiscal". La consultora ha constatado que sí ha disminuido el pago en dólares. En marzo de 2022, la proporción de pagos en dólares fue del 44,7%, y en bolívares del 41,8%. Además de transacciones en pesos colombianos y en euros.  La "desdolarización" de Venezuela es un proceso "lento y progresivo", destaca García. Explica también que no podrá prosperar "si tenemos otro brote inflacionario": en ese caso las consecuencias serán similares a las de la crisis pasada, "donde los negocios van a tener dificultades para pagar y el consumidor una pérdida importante del poder de compra". 

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple este viernes 100 días en el poder. Sus esperanzadoras promesas de campaña se enfocaron en la lucha contra la corrupción y contra la pobreza y crearon mucha expectativa. La transparencia y la lucha contra la corrupción estuvieron omnipresentes en la campaña y en la toma de posesión de la presidenta hondureña Xiomara Castro hace 100 días. Uno de sus objetivos era derogar la llamada “ley de secretos”, una norma del expresidente Juan Orlando Hernández, que permitía clasificar documentos sobre el manejo de fondos públicos. Algo que el Congreso de Honduras logró en marzo pasado. “Generación de impunidad” Pero “todavía hay algunas disposiciones y normativas en Honduras que siguen limitando el acceso a la información”, explica César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción. En febrero fue promulgada una ley de amnistía para los exfuncionarios del gobierno Zelaya. Para Espinal, esto genera “impunidad en casos que seguramente algunos podrán tener su vinculo con temas de persecución política, pero muchos otros no. Y es ahí donde el CNA ha recalcado la preocupación en cuanto a la generación de impunidad en varias situaciones”. Esperando la CICIH Otra promesa pendiente es la creación de la famosa CICIH, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, que todavía está en proceso. A mediados de mayo, una misión de Naciones Unidas debe llegar a Honduras para impulsar su creación, con el objetivo de investigar los casos de corrupción en el pasado y presente gobierno.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comienza este 5 de mayo su primera gira por Centroamérica, después de cuatro años en el poder. El mandatario viajará por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba con la intención, dice, de estrechar lazos de cooperación regional. Su país tuvo en 2021 un flujo de migración indocumentada cinco veces superior al promedio de los últimos años y AMLO no oculta su intención de cortar el grifo. La víspera de su gira por Centroamérica, Andrés Manuel López Obrador anunció que reforzará su frontera sur para frenar la llegada masiva de indocumentados. “Nos hemos sincronizado a la política de seguridad de Estados Unidos” “Tenemos que proteger la frontera sur, para proteger a los migrantes. La travesía por el país es muy riesgosa”, dijo el presidente mexicano. Un mensaje a sus homólogos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que visitará, dice, con la intención de dar a conocer su política en materia de desarrollo y cooperación. “En la narrativa del gobierno mexicano, se pretende un cambio de visión, de lectura sobre la movida migratoria. Con eso hemos comenzado, la actual administración, y no hemos salido de la narrativa. En la práctica, más bien nos hemos sincronizado mucho a la política de seguridad, de los perímetros de seguridad de Estados Unidos, en la práctica de contención, represión o incluso clandestinización de los movimientos de migrantes, particularmente en el contexto de las caravanas. Entonces parece que vivimos en dos mundos paralelos”, analiza Javier Urbano, profesor especialista de migración en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. “Soluciones entre complejas e imposibles” Se espera que AMLO insista en implementar programas de creación de empleo como el que ya ha exportado a Honduras, Guatemala y El Salvador, que se llama “Sembrando Vida” y consiste en reforestar zonas a cambio de salario. “Pongamos un ejemplo: si yo doy 5.000 empleos en San Pedro Sula, y San Pedro Sula tiene un grave problema de inseguridad, de falta de productividad, de violencia continua, secuestros, extorsiones, y en donde es inestable prácticamente toda variable económica, evidentemente un empleo no puede ser permanente si es que no es alimentado por condiciones de estabilidad socioeconómica interna. Adentro del sistema estructural de la movida migratoria, no tiene ni posibilidades ni capacidades el gobierno mexicano para atenderlo. Requeriría un concierto muy amplio de naciones, entre ellas Estados Unidos, y como Estados Unidos no aparece en el diálogo en este momento, entonces ciertamente las soluciones para la región son entre complejas e imposibles en el plazo que le queda al gobierno mexicano”, explica Javier Urbano. México contabilizó en 2021 más de 300.000 ilegales y Estados Unidos arrestó a diario en la frontera a unas 8.000 personas. Un promedio cinco veces mayor al que se registraba en 2019.

El destino de millones de mujeres está en manos de la Corte Suprema estadounidense. La publicación de un borrador de un fallo de los jueces conservadores que componen el máximo tribunal ha causado gran conmoción, ya que invalidaría la ley Roe versus Wade que permite el aborto más allá de las 20 semanas de embarazo. Asociaciones y médicos temen que un fallo abra la puerta a la prohibición pura y sencilla del aborto en varios estados. La amenaza de un fallo de la Corte Suprema, que anularía la decisión en el caso “Roe versus Wade” de 1973, sacudió como un terremoto a Estados Unidos, empezando por las asociaciones de defensa de los derechos reproductivos. “Si pasa esta decisión de la Corte, que pone reversa a la protección que tenemos en la Constitución en este momento, actuarán rápidamente los estados para prohibir severamente el aborto. No esperamos a que la mitad de los estados de Estados Unidos creen más barreras o se muevan rápidamente para restringir el aborto por medio de leyes estatales”, afirma Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva. “Esto va a afectar a millones de mujeres, a personas de todo el país. Y ya vemos que las mujeres latinas son las más afectadas porque tenemos las tasas más bajas de acceso al cuidado médico en general, así como las tasas más bajas de acceso al seguro médico, que es como podemos acceder a estos cuidados, que incluye el acceso al aborto. Lo que esto va a hacer es crear aún más barreras de las que ya enfrentamos”, denuncia en diálogo con RFI. Lea también: Manifestaciones a favor y en contra del derecho al aborto frente a Corte Suprema Tras conocerse la filtración del borrador de la Corte Suprema, en Oklahoma se firmó una ley que restringe el derecho al aborto a las seis primeras semanas de gestación. Unos meses antes, Texas impuso la “ley del latido”. Al otro lado del país, médicos como el Dr. Amir Nasseri, de la clínica de aborto Her Choice, en Santa Anan California, vio los efectos: "Han acudido a nosotros muchas pacientes oriundas de estados restrictivos como Texas. Desde hace por lo menos 6 meses, cuando allí promulgaron la nueva ley en Texas”. “Ha llevado a muchas mujeres a viajar a otros estados para acceder a cuidados de aborto. Muchas han venido a California por tener mayor acceso que otros estados”, afirma. Hace un mes una mujer latina fue arrestada e imputada en Rio Grande Texas por el cargo de asesinato por un aborto autoinducido.

En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos y allanó el camino para enjuiciarlo. El Tribunal Superior de Bogotá deberá definir si la jueza Carmen Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Cuatro días tardó el expresidente colombiano Álvaro Uribe en reaccionar a la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos. El pasado miércoles, la jueza de Bogotá Carmen Ortiz allanó el camino para enjuiciar al exmandatario quien a través de una videoconferencia cuestionó su investigación penal. “Una decisión muy bien sustentada jurídicamente” “La respuesta del expresidente Álvaro Uribe no es una sorpresa. Él ha tenido practicas como denigrar, atacar, y hacer campañas de desprestigio contra los servidores de la justicia que lo investigan. Así lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia, y con cada uno de los funcionarios que han tenido que ver con procesos donde él es el investigado, o sus familiares, o sus allegados políticos”, explica Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, personaje clave en este proceso. “La decisión que tomó la jueza es una decisión muy bien sustentada jurídicamente, es una verdadera lección de derecho penal que se defiende por sí sola, y las palabras y respuestas del expresidente Álvaro Uribe en nada afectan la decisión de la señora jueza”, añade el abogado. El camino que llevó al expresidente a este punto se inició en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante. En eso momento Uribe pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Dos delitos Si finalmente el Tribunal Superior acoge el dictamen de la jueza, el expresidente y exsenador podría ser sentenciado por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel. “Lo primero es que la Fiscalía tendría que presentar el escrito de acusación ante el juez competente, para iniciar la etapa de juicio, y luego vendrá la decisión judicial que corresponda”, precisa Reinaldo Villalba. La decisión ahora será para el Tribunal Superior de Bogotá, que debería definir si la jueza Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Todo apunta a que la respuesta no se sabrá hasta finales de mayo, coincidiendo con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en este país.

Estados Unidos se prepara ante un aumento de migrantes desde la frontera con México. El tema fue abordado por los presidente Joe Biden y Manuel López  Obrador el viernes 29 de abril. Ya se registra un aumento notable de las llegadas de migrantes indocumentados en la zona fronteriza y podrían aumentar aún más si Washington pone fin al Título 42, una norma sanitaria instaurada al inicio de la pandemia y que permite a la patrulla fronteriza expulsar a los migrantes. La administracion de Joe Biden prevé un aumento significativo del número de migrantes si se levanta próximamente el Título 42, una restricción sanitaria instaurada bajo el gobierno de  DonaldTrump en marzo de 2020 y que permite la expulsión de casi todos los migrantes indocumentados. El gobierno de Joe Biden ha mantenido esta medida transitoria para contener la ola migratoria que inició con el mandato del presidente demócrata, pero podría levantarla próximamente. Pedro Río, activista que defiende los derechos de los migrantes en San Diego, estima que el Título 42 fue un pretexto para impedir el asilo y que las causas de la migración siguen intactas. Escuche aquí la entrevista de Pedro Río con RFI:   Sobre el mismo tema: Joe Biden y AMLO buscan coordinarse ante la crisis migratoria en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este 28 de abril al Congreso 33.000 millones de dólares más para armar y apoyar a Ucrania y dijo que "ceder" ante Rusia no es una opción para Occidente. ¿Qué tan significativa es esta ayuda militar? El presidente estadounidense Joe Biden pidió este jueves al Congreso la aprobación de una ayuda militar de 33.000 millones de dólares para Ucrania. Representa el doble del paquete de ayuda que Washington desbloqueó en marzo y que ya fue gastado. El mandatario precisó que también pedirá al Congreso una ley para usar los bienes de lujo confiscados a los oligarcas rusos bajo sanciones para ayudar a Ucrania. Oportunidad para debilitar a Rusia El nuevo plan de ayuda de Washington a Ucrania para defenderse de la agresión rusa incluye 20.000 millones de dólares de asistencia militar. Estados Unidos ha entregado a Ucrania un arsenal que va desde fusiles hasta drones, sistemas antitanques y helicópteros. El nuevo paquete incluirá también programas de ayuda humanitaria y una ayuda económica directa de 8.500 millones de dólares. Andrés Serbin, experto en conflictos y director del centro de investigación CRIES en Buenos Aires, explica a RFI que “33 mil millones sería similar al presupuesto total de defensa de las fuerzas armadas australianas y sería más o menos la mitad del presupuesto militar ruso. Es un involucramiento mayor por parte de la gestión de Biden. Creo que buena parte de su administración, pero también sectores dentro del partido republicano, entienden que esto es una oportunidad bastante única para que Estados Unidos debilite militarmente a Rusia sin tener que entrar en conflicto directamente”. “No se va a abandonar a Ucrania” Gonzalo Paz, doctor en Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Georgetown en Washington DC, subraya que la ayuda militar viene completando un primer paquete de 13.000 millones de dólares que ya fue gastado en el esfuerzo de guerra: “Se calcula que este plan alcanzaría para apoyar por lo menos unos cinco meses más el esfuerzo, hasta septiembre/octubre. Entonces es un doble mensaje: que se están preparando para una guerra muy larga, y que no se va a abandonar a Ucrania bajo ningún concepto. Los montos que están disponibles en este momento ya son muy bajos, se han usado prácticamente todos, y de allí el pedido del presidente al Congreso por este nuevo paquete”. "Con respecto a la infraestructura de Ucrania, el grado de destrucción es realmente impresionante. El Banco Mundial ha estimado que ya harían falta unos 60.000 millones de dólares para recontruir los edificios y la estructura que se ha dañada hasta este momento", agrega Gonzalo Paz. El apoyo a Ucrania consiguió lo imposible: aunar voluntades en las dos bancadas del Congreso. Pero la implementación de la ayuda será más problemática, porque el partido del presidente quiere incluir el rescate a otra partida económica encaminada a combatir el coronavirus y que la oposición ve con reticencia, informa nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilà. Los republicanos prefieren incluir la ayuda a Ucrania en una bolsa de dinero que comprenda mantener medidas contra la inmigración ilegal. Según Biden, este paquete económico demuestra el compromiso estadounidense con Ucrania y la determinación en afrontar lo que se considera una agresión rusa sin precedentes. Entre bastidores la administración reconoce que duplicar la última ayuda económica que se mandó responde al convencimiento aquí de que Ucrania no sólo puede contener al ejército ruso, sino que puede también ganarlo sobre el terreno.

En Estados Unidos, el gigante del comercio en línea Amazon se tambalea ante el auge del sindicalismo. Hace un mes, miles de trabajadores de un almacén de Nueva York votaron a favor de la creación de un sindicato independiente, el Amazon Labor Union. Otra votación del mismo tipo está en curso esta semana en un almacén vecino, llamado LDJ5, donde trabajan 1.800 empleados. Muchos de ellos denuncian cadencias laborales abusivas y bajos sueldos. “Hay mucha participación, pero también hay que seguir motivando a esos trabajadores que aún no han votado, que salgan a votar”: Jason Anthony es un empleado de Amazon en Nueva York. Es además uno de los organizadores del nuevo sindicato independiente Amazon Labor Union (ALU) que nació en el JFK8, un almacén del gigante del comercio en línea tras un voto de miles de trabajadores el mes pasado. Una hazaña en una empresa que desde su creación en 1994 ha hecho todo por impedir la creación de sindicatos. Pero desde el lunes 25 de abril, trabajadores de un almacén vecino, el LDJ5, se pronuncian a su vez sobre la creación de un sindicato. Mientras la empresa generó ganancias récord durante la pandemia, los empleados denuncian largas jornadas laborales y contratos de tiempo parcial y mal pagados. “La paga no es suficiente para el costo de vida que tenemos ahora mismo, por ejemplo acá en la ciudad de Nueva York, la paga inicial es a 18 dólares la hora, y nosotros estamos pidiendo una paga inicial de 30 dólares”, explica Anthony. Pese a que a finales de marzo se aprobó formalmente la creación de un sindicato en el almacén JFK8, la dirección de Amazon no parece dispuesta a ceder. “Desde el anuncio del voto el pasado primero de abril, Amazon sometió alrededor de 25 disputas ante la Junta Nacional Laboral, e hicieron reuniones antisindicales justo antes de las elecciones, enviaron correspondencia por correo, mensajes de texto, e incluso hicieron llamadas telefónicas, diciendo ‘este es tu lugar de trabajo, no dejes que Amazon Labor Union opine por ti, vota no'. Ellos crearon una página de Facebook presionando a empleados para que voten no”, denuncia Anthony. En otras empresas como Starbucks o Apple también han surgido iniciativas similares para la creación de sindicatos. Un auge sin precedentes en un país donde la tasa de sindicalización ronda el 10% de los empleados.

En Colombia, militares retirados llevaron a cabo un reconocimiento histórico este martes ante las familias de las víctimas, asegurando haber ejecutado extrajudicialmente a 120 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate en en la década del 2000, los llamados “falsos positivos”. Mataban a sangre fría a campesinos o a indígenas de la zona y los hacían pasar por guerrilleros para obtener ascensos o premios, bajo la presión de los mandos militares y del gobierno de Álvaro Uribe.   50 familiares de víctimas de los llamados "falsos positivos" se sentaron frente a una decena de exmilitares colombianos en una inédita audiencia judicial de dos días en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se trata de un cara a cara orquestado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y muy esperado por las familias de las víctimas. En la primera jornada, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.  “Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas: no más”, dijo el cabo retirado del ejército colombiano Néstor Gutiérrez. “Llegaban acá, a la ciudad de Ocaña, unos muchachos que veía que eran de bien, no eran delincuentes. Me acuerdo tanto de Luis Devia Gómez. Lo asesinaron, le colocaron un arma en sus manos y reportaron un combate. Al otro día, la noticia: un guerrillero, un paramilitar, un bandido dado de baja”.   Esta audiencia se lleva a cabo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, instaurada con los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Quienes confiesen sus delitos podrán recibir penas reducidas o alternativas a la cárcel. En esta misma audiencia, un general admitió el carácter generalizado de la práctica macabra de los “falsos positivos”, denunciada desde hace muchos años por organismos de derechos humanos.   El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos. Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.  A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló en su intervención la magistrada Catalina Díaz.  “Que se limpie su nombre”  “En la lucha que nosotros hemos liderado, este era uno de los objetivos: que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así como lo han reconocido y lo han dicho ellos, que no era ningunos guerrilleros. Eso está perfecto”, asegura Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, una de las víctimas de los falsos positivos y representante del colectivo Madres de víctimas de falsos positivos. “Pero son muchos, muchos casos en Colombia que todavía están en la impunidad. Si bien sabemos que hay 11 militares que están en este momento en la audiencia, la esperanza que nosotros teníamos era que esta audiencia de reconocimiento se hiciera desde los comandantes de las brigadas, por qué eran ellos los que ordenaban cometer estos crímenes”.  El coronel Rubén Castro reconoció, por su parte, la existencia de una "banda criminal al interior" de sus hombres "creada con el único fin de incrementar" las bajas a "como diera lugar". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de "gente buena".  El coronel Castro reconoció haberles transmitido a sus subalternos las "políticas" de "los diferentes escalones del mando", señalando al entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas "siempre fue repetitiva". Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna.  La justicia colombiana admite la existencia de 6.402 civiles ejecutados por los militares entre 2002 y 2008. Según las ONG, sin embargo, la cifra podría ser de al menos 10.000 casos.  Con AFP.

Uno de cada cuatro niños de América Latina y el Caribe no tienen la pauta completa de vacunación, lo que les hace vulnerables a enfermedades peligrosas en una región donde hay un descenso "alarmante" de menores vacunados, advirtió la Unicef este 25 de abril. A pesar de que es muy difícil, según la Unicef, determinar todas las causas de este descenso en las vacunaciones completas para los niños de la región, hay bases concretas que justifican la alarma lanzada por el organismo internacional. “Podemos decir que hemos tenido un cambio en la región con una población que se está moviendo del ambiente rural al ambiente urbano, entonces esto cambia el contexto y hay otro tipo de estrategia para tener acceso a este nuevo grupo de población que se está poniendo en diferentes partes del ambiente urbano”, explica a RFI Ralph Midy, especialista regional de Salud Materna e Infantil para Unicef de América Latina y el Caribe. Por otra parte, “la región ha sido victima de su propio éxito: en el pasado hemos tenido una cobertura muy alta de vacunas, hasta el 95%, entonces se baja un poco el interés y la prioridad”, añade. La Covid-19 agravó la situación Igualmente, hubo factores externos que precipitaron la caída en los índices de vacunación, como las pandemias que sufrió particularmente la región a la que habría que sumar la planetaria y global por Covid-19. Los confinamientos por la pandemia de Covid-19 agravaron la situación, estima Ralph Midy: “Con las medidas de lock-down, el personal de salud no ha podido ir a los centros de salud, la población estaba limitada también, y el acceso a los servicios estaba un poco reducido. También lo que ha pasado es que son las mismas personas que están dando las vacunas de rutina que fueron responsables de la vacuna contra la Covid”. Según datos aportados por la Unicef, Haití y Surinam, con sólo la mitad de los niños vacunados contra la difteria, el tétanos y la tosferina, presentan los porcentajes de cobertura más bajos de la región contra esas enfermedades. Les siguen Venezuela, con el 60%, Bolivia, con el 68%, y Ecuador con el 70%. En Suramérica, Uruguay, con el 92%, presenta los mejores registros.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que se han detenido a más de 15.000 pandilleros en un mes. Detenciones que intervienen después de la ola de violencia que se vivio en el pais a finales de marzo con decenas de asesinatos imputados a las pandillas. Desde finales de marzo, El Salvador vive en un régimen de excepción, decretado después de una ola excepcional de violencia ocurrida entre el 25 y el 27 de marzo, período en el que fueron asesinadas más de 170 personas. Un pico que hacía mucho tiempo que no se registraba. Evaluamos el plan de Bukele para luchar con la violencia de las maras con la investigadora Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, localifica de opaco y de inconstitucional Para escuchar esta entrevista haga clic en la flecha del audio. ¿Cómo se explica este estadillo de violencia? Investigaciones periodísticas apuntan a que gobierno y pandillas negociaron para bajar la criminalidad pero alguien no cumplió con sus compromisos. A pesar de los riesgos que supone para el respeto de los derechos humanos, la estrategia de Bukele contra las pandillas es apoyada por el 78% de la población salvadoreña, según una encuesta publicada el jueves.

El presidente peruano Pedro Castillo presentó un proyecto de ley para castrar a los violadores de menores de edad. Se anunció la medida después de un caso que ha conmocionado al país: el secuestro y la violación de una niña de tres años, y éste no es un caso aislado. Cada año en Perú, se registran hasta 5.000 denuncias de violaciones sexuales a menores. La violación es la segunda causa de prisión en el país. También es la primera en el caso de los hombres mayores de 60 años, según los datos del Centro para la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de Perú (Promsex).   El gobierno ha propuesto un proyecto de ley para castrar químicamente a los violadores de menores. La directora del Promsex, Susana Chávez, considera que la medida servirá para poco. “No es ni castración - porque se trata de un efecto médico que reduce la líbido y la actividad sexual – y tampoco es tan química porque en realidad se trata de insumos usados para otros fines, cuyo efecto colateral actúa sobre la sexualidad”, detalla para RFI.   Embarazos precoces Más allá de la efectividad del proceso, Chávez apunta que se quiere aplicar “al término de la pena”, sabiendo que en Perú ya existen “penas bastante altas”.   ¿Qué se tiene que hacer para luchar contra estos crímenes? La intervención preventiva juega un papel importante. “Los agresores van a actuar en la medida que haya un niño o una niña desprotegidos”, dice Chávez.   Atender a las víctimas es otro punto. “Es muy poco lo que se ha avanzado para la recuperación de las víctimas”. Una muestra, dice la directora del Promsex, es la cantidad de menores de 15 años embarazadas.   71% de los presos salen de la cárcel en un año “En Perú hemos avanzado muchísimo con el tema de la persecución”, dice y da el ejemplo de la pena para violaciones de menores de 7 años que es de cadena perpetua. “El problema es el cumplimiento de las penas. El 71% de los presos por violación tienen menos de un año de cárcel”, concluye.   Hay otros países donde existe la castración química: son Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como algunos estados en Estados Unidos. 

El Acuerdo de Escazú, único tratado ambiental de América Latina, inauguró este 20 de abril en Santiago de Chile su primera reunión para diseñar en conjunto soluciones para enfrentar la crisis climática. Este 20 de abril, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reunieron organizaciones sociales, ambientalistas y representantes de los países firmantes del Acuerdo de Escazú, pionero en estipular la protección de los defensores del medio ambiente. Aprobado en 2018 tras seis años de negociación, el tratado se llama oficialmente “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Representantes de la sociedad civil Los Estados firmantes del acuerdo establecieron un sistema para elegir a seis representantes de la sociedad civil para que estén presentes en la primera reunión del tratado medioambiental, pero entre ellos no quedó ningún indígena, por lo que los pueblos originarios esperan que sus propuestas estén presentadas por este mismo grupo. Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana-AIDESEP, viajó hasta Santiago de Chile: “Sin pueblos indígenas no hay Acuerdo de Escazú. Los líderes indígenas están siendo asesinados por defender sus tierras, sus bosques, pero no hay justicia. Los casos están siendo archivados, no hay ningún castigo ejemplar, entonces nos preocupa muchísimo esta situación, y el Acuerdo de Escazú ayudaría mucho en fortalecer el trabajo que estamos haciendo, puesto que tiene tres componentes importantes para nosotros: acceso a la información, a la participación, y el tema de la justicia ambiental”, explica. 24 países Hasta el momento, Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado por 12 de ellos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Chile firmó la adhesión en la primera semana del gobierno de Gabriel Boric, pero necesita la aprobación del Congreso Nacional. Otros países, deplora Guimaraes, parecen no tener el Acuerdo de Escazú como prioridad en su agenda: “Pedimos a los países que lo puedan, ratificar estos acuerdos. No es un retroceso: con este mecanismo se va a fortalecer el trabajo de las empresas, del Estado y de las propias organizaciones indígenas”, recalca. “Lamentamos mucho que las muertes de los defensores y defensoras del medio ambiente sean simplemente estadísticas. Creemos que es importante tener un mecanismo como el Acuerdo de Escazú que nos permita fortalecer el trabajo de manera visible. Nosotros los pueblos indígenas a nivel global estamos aportando a la mitigación del cambio climático. El trabajo que hacemos no sólo va a beneficiar a los pueblos indígenas, sino a nivel del mundo”, enfatiza. Además de proteger a los defensores ambientales, el acuerdo pretende salvaguardar la biodiversidad en momentos en que arrecia el cambio climático. Con la AFP

El rechazo el pasado domingo a la ambiciosa reforma energética en México no ha frenado los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador para las reservas de Litio. El mandatario mexicano pretende nacionalizar este metal, cada vez más preciado y clave en la transición energética. Lo encontramos en baterías, en coches eléctricos y juega un papel fundamental para almacenar las energías renovables. El litio es el nuevo "petróleo blanco". Regiones de México como Sonora son ricas en este preciado metal, que ya ha desatado una nueva guerra de recursos. La intención del mandatario Andrés Manuel López Obrador es otorgar su explotación exclusiva al Estado. Esto deja en el limbo jurídico a empresas privadas que ya operan en yacimientos del país. Además, podría violar tratados internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá. “Hay más tintes ideológicos y políticos que fundamentos técnicos. Los bienes nacionales como el petróleo y el gas deben ser resguardados por los gobiernos. En todo el mundo hay restricciones al respecto”, apunta para RFI Francisco Ortiz, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Panamericana. El economista afirma que una sobrerregulación podría llevar a repetir errores del pasado, como la "maldición" de PEMEX, Petróleos Mexicanos. “Lo más sensato sería tener una regulación que permita dar concesiones a empresas privadas nacionales y extranjeras”, agrega. El antecedente de Uramex Según las primeras estimaciones, el territorio mexicano podría atesorar el 2% de las reservas mundiales de litio. Una cifra considerable, aunque muy por detrás del triángulo Argentina-Chile-Bolivia, que acapararía el 20%. Son cifras estimativas y aún por investigar en el caso de México. “Cuando quede claro lo que se quiere hacer con el litio, hay que ver si la inversión enorme que se quiere realizar en esa nueva industria”, precisa la Marina Rincón, del Instituto de Energías Renovables. Rincón apunta el error que se cometió con Uramex. “Se invirtió mucho dinero para crear una industria y aprovechar del uranio. Y resultó que eso no prosperó”. La guerra en Ucrania, o la demanda china de cada vez más litio, son una oportunidad económica para México. Sin embargo, muchas voces resaltan a los efectos negativos, como la sobreexplotación minera.

En el cuarto aniversario de las protestas de abril de 2018, Nicaragua recordó este lunes aquellas jornadas en las que murieron más de 350 manifestantes, víctimas de la represión del gobierno de Daniel Ortega. Desde entonces, el país sigue sumergido en una profunda crisis política y social, que podrían hacer caer al régimen. Decenas de opositores y ciudadanos continúan encarcelados, a pesar de las presiones de la comunidad internacional. Hace cuatro años, nada invitaba a imaginar que lo que empezó como una protesta en contra de la reforma del sistema de salud nicaragüense, dejaría un saldo de 355 manifestantes fallecidos y un país paralizado durante meses. Desde entonces, diferentes organismos cifran en más de 170 los opositores encarcelados. Las penas llegan hasta los 13 años por supuestos delitos de conspiración. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ya advirtió en los últimos días de una nueva ola de detenciones ilegales, como la del cantautor Josué Monroy, y del recrudecimiento de la represión. Muchas voces advierten del riesgo de implosión del actual gobierno. Para Eliseo Fabio Núñez, analista político y ex diputado opositor nicaragüense, la falta de paz social desatada hace ahora cuatro años ha debilitado al régimen orteguista. Para Núñez, otra consecuencia de la represión, y quizás más silenciada, es el éxodo masivo de la clase media. Un éxodo que el régimen trata de impedir privando de pasaporte a muchos disidentes nicaragüenses.

En Florida, en el sureste de Estados Unidos, las mujeres ya no podrán abortar a partir de 15 semanas de gestación. Las únicas excepciones contempladas son si el aborto es necesario para salvar la vida de la madre o si el feto tiene una anomalía mortal. Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, en Estados Unidos, firmó este 14 de abril una ley que reduce el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo de 24 a 15 semanas. El texto, aprobado por el Parlamento de mayoría republicana, entrará en vigor el 1 de julio. "Hoy estamos aquí para defender a quienes no pueden defenderse por sí solos", dijo DeSantis antes de firmar la ley, durante un acto con personas opuestas al aborto. "Esto representará la mayor protección para la vida promulgada en este estado en una generación", añadió. Comunidades vulnerables Durante el debate parlamentario, la oposición demócrata trató, sin éxito, de incluir excepciones en caso de violación, incesto o tráfico humano. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los derechos de la mujer denuncian una violación a las libertades más fundamentales que afectará principalmente a las comunidades más vulnerables y excluidas. "Tendrá mayor impacto en las comunidades latinas, inmigrantes, personas de bajos ingresos, personas negras o indígenas, especialmente para las personas que no tienen documentación, cuyo acceso al aborto, a la salud reproductiva, ya está severamente limitada. En estas comunidades, por las inequidades sistémicas de este país, la gente no tiene el mismo acceso a un cuidado de niños, a un seguro médico, a trabajos que paguen un sueldo justo, a tomar días libres…", detalla Rosa Valderrama, asociada superior de Asuntos Públicos y Comunicaciones del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva (Latina Institute). El estado de Florida tenía tradicionalmente una postura más flexible sobre el aborto que los otros estados del sur, lo que ha convertido a Florida en un destino para las mujeres que buscaran atención médica: "Florida tiene el mayor número de clínicas en toda esta región del sureste, entonces muchas personas de estados como Georgia, Alabama, Tennessee, a lo largo del sureste, han viajado a Florida para recibir los servicios de aborto. Ahora estas personas tendrán menos posibilidades de conseguir un aborto", lamenta Valderrama. Roe contra Wade Varios estados gobernados por los republicanos esperan aprovechar el nuevo equilibrio de la Corte Suprema –seis jueces conservadores contra tres progresistas– para restringir o revertir la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 estableció el aborto como un derecho constitucional hasta entre 22 y 24 semanas de embarazo. El caso más polémico fue el de Texas, donde en septiembre se votó a favor de prohibir el aborto una vez que se detecten los latidos del corazón del feto, es decir, tras unas seis semanas de gestación. En ese periodo, la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas. En Florida, y en estados como Arizona y Virginia Occidental, los republicanos optaron por seguir la ley aprobada en Misisipi como una alternativa menos extrema que la de Texas.

El comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas publicó este martes un informe en el que pide a México que tome "medidas inmediatas" para poner fin a "la alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas", incluso de menores. Del lado del gobierno mexicano, no se ha recibido con satisfacción el informe, mientras que las asociaciones de víctimas siguen pidiendo justicia. "Ya no es el tiempo de antes, en que se usaba al ejército para reprimir o para desaparecer personas. Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados", expresó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matinal del miércoles 13 de abril. Fue su respuesta a una periodista sobre las recomendaciones del informe de la ONU para poner fin al fenómeno de las desapariciones forzadas. Una de ellas pide el abandono inmediato de la militarización como política de seguridad pública. “No se le está sentando en el banquillo de los acusados”, apunta Lucia Díaz, del colectivo de búsqueda de desaparecidos Solecito de Veracruz, que ha colaborado en la investigación de la ONU. “Se le está diciendo donde están sus errores, cuales son los problemas de esta catástrofe humanitaria. Lo que debería decir el gobierno es: ‘Sí, está bien, ayúdenos y díganos de qué manera pueden apoyarnos para ir implementando todo esto'”, dice a RFI. Según ella, un país que tiene seguridad no requiere militarización. “Esos militares tienen un coto poder ahora enorme y quitárselo es complicado, especialmente cuando el gobierno ya se está recargando mucho en ellos para mantener un atisbo de seguridad”, detalla. La búsqueda inmediata no se ha implementado El informe de la ONU habla también de la impunidad como un fenómeno estructural que favorece la reproducción y encubrimiento de las desapariciones forzadas. Su erradicación “va a requerir mucho dinero, gente preparada, funcionarios que no sean corruptos. Desde el 2017 tenemos leyes sobre desaparición forzada y todavía siguen sin implementar la búsqueda inmediata”, denuncia Díaz. "El gobierno tiene un reto monumental".  La Ley de Desaparición Forzada plantea la búsqueda inmediata. La activista explica que aún se esperan 72 horas antes de buscar activamente a un desaparecido. El comité de desapariciones forzadas de la ONU insta además al ejecutivo mexicano a mejorar los servicios forenses, para poder identificar los más de 52.000 cuerpos que esperan en las morgues.

Estados Unidos ha aumentado considerablemente el número de ucranianos admitidos en el país por la frontera mexicana. En plena política de restricciones por causas sanitarias y con la frontera sur cerrada para los inmigrantes, Washington anuncia que recibirá a 100 mil personas venidas de Ucrania.  Tijuana se ha convertido repentinamente en una parada final para los ucranianos que huyen de la invasión rusa y llegan a la misma ciudad mexicana que miles de otros migrantes, en su mayoría centroamericanos que piden ser tratados igual que los ucranianos que atraviesan la frontera. “No veo a mi hija de cinco años. Entré a Estados Unidos por Texas hace seis meses. Luego, me subieron a un avión, me mandaron a San Diego y de allí a Tijuana, sin ninguna explicación”, cuenta Guadalupe Amaya Amaya. Es una salvadoreña que huyó de la violencia de las pandillas. Expulsada por las autoridades estadounidenses, ahora engrosa las filas de migrantes centroamericanos que esperan en Tijuana el fin de las restricciones para poder cruzar hacia EEUU. Desde hace unas semanas, ve a los ucranianos pasar masivamente la frontera abierta solo para ellos.    “Los ucranianos pasan rápido, tiene la facilidad. Y aunque la situación de ellos es muy difícil, igual la de nosotros. Si van a pasar ucranianos, a lo mejor también centroamericanos. Que sea igual la manera de tratar”, pide. Debido a la guerra en su país, los ucranianos tienen un permiso humanitario especial para entrar a EEUU. Washington anunció que recibirá hasta 100 mil refugiados venidos de Ucrania. “Los están procesando con todas las facilidades del mundo”, apunta Soraya Vásquez, abogada y subdirectora de la organización binacional Al Otro lado que brinda ayuda legal a los inmigrantes, incluidos los cerca de 10.000 ucranianos que ha llegado desde  Tijuana. “Les están entregando lo que es un parón humanitario para que puedan ingresar de manera legal a Estados Unidos y permanecer ahí hasta por un año. Ellos ya estando en Estados Unidos tendrán que decidir si quieren quedarse así, pedir asilo o algún otro tipo de visa”, explica. Con el pretexto de la emergencia sanitaria por la covid-19, la administración Trump puso en operación el titulo 42 para expulsar expeditamente a inmigrantes venidos del sur. Bajo el gobierno de Biden esta política ha continuado. Pero para los ucranianos se ha aplicado un régimen de excepción. “Lo que observamos es que hay una política selectiva, y que también estas medidas por las que cerraron la frontera y que tiene que ver con un tema de salud pública es una simulación. Antes de la pandemia había alrededor de 9.000 personas anotadas en esa famosa lista esperando cruzar a EEUU. Esas personas están aquí desde entonces, y no se les permite el ingreso a EEUU con esa justificación por un tema de contagios. Y llegan todas estas personas que, efectivamente, están huyendo de una guerra y tienen el derecho, pero para ellos no aplica esta norma de salud pública, entonces sí vemos una cuestión racista”, denuncia.

Walter Gutiérrez, Defensor del pueblo en Perú desde hace más de cinco años, está a punto de dejar su cargo. Un periodo turbulento en el que ha visto a cinco presidentes, una pandemia de coronavirus y una crisis social acuciante. RFI le entrevistó a pocos días de su salida.   Para escuchar la entrevista íntegra, haga clic en el play, encima de la foto. “La Defensoría del pueblo es un ente incómodo para cualquier institución estatal, y en particular para el Gobierno”. En esos términos entiende su función Walter Gutiérrez, que defiende los derechos de los peruanos desde septiembre de 2016. Está a punto de abandonar el cargo, no sin antes haber pedido al actual presidente, Pedro Castillo, que dimita.   Un llamado explosivo que le ha acarreado fuertes críticas, en particular en las redes sociales. “Nosotros consideramos que no es nuestro papel ha estado y está dentro del marco de la de la Constitución", apunta Walter Gutiérrez sobre su pedido de renuncia a Castillo. "Nadie debe sentirse amenazado por eso ni creer que estamos tras él distorsionando nuestra labor. El presidente ha transgredido recurrentemente la Constitución. Yo diría incluso contumazmente la Constitución. Él es parte del problema y por eso tiene que irse, si es que es leal con la Constitución y leal con el mandato que se le dio en las urnas", se reafirma el defensor del pueblo. Con la salida de Walter Gutiérrez de la Defensoría, el partido gobernante, Perú Libre, podría tener el camino un poco más fácil para modificar la Constitución, tal y como prometió el presidente Castillo. Gutiérrez espera que la institución, aunque su sucesora queda como interina en el cargo, “mantenga su fortaleza para continuar en la misma línea”.  El defensor del pueblo se va “preocupado” por la crisis política que atraviesa el país y “con cosas en el tintero, con algunas insatisfacciones, pero, dentro de las limitaciones, que no son pocas, yo he hecho mi mayor mi mejor esfuerzo y me voy con satisfacción también,” dijo Gutiérrez a RFI. 

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, insistió en la necesidad de reforzar y adaptar la reglamentación frente a las criptomonedas. En nuestro espacio Noticias de América, interrogamos a dos expertos sobre el tema. "A medida que los bancos y otras sociedades financieras tradicionales se involucren cada vez más en los mercados de activos digitales, los marcos de regulación deberán reflejar de manera apropiada los riesgos de estas nuevas actividades", sostuvo Yellen en un discurso en la American University de Washington. Yellen resaltó además que los "nuevos tipos de intermediarios (...) deberían ser sometidos a formas de vigilancia apropiadas". "Cuando las nuevas tecnologías permiten nuevas actividades y nuevos productos y servicios, los reglamentos financieros deben adaptarse", agregó la secretaria del Tesoro. Otto Mora, gerente senior de tecnologías blockchain para la firma EY explicó a RFI que el principal temor se debe a que el bitcoin no está controlado necesariamente por un banco central. “El bitcoin se ha convertido en una especie de activo de reserva de valor. Muchas personas lo consideran como un oro digital, lo que podría generar tensiones al dólar, que es la principal moneda de reserva, ya que el bitcoin no está controlado por ningún banco central. Es decir que la principal competencia para el dólar y la Reserva Federal estadounidense no es otro banco central sino una red de computadoras”, explicó Mora. Por su parte, la investigadora y economista salvadoreña Tatiana Marroquín se refirió a la importancia de regular la moneda digital y criticó la decisión de su país de invertir fondos públicos en bitcoins. “El Salvador necesitaría un poco más de racionalidad en su política pública. El uso de fondos públicos para comprar bitcoins está deteriorando no solo la imagen financiera de El Salvador sino sus finanzas públicas. Y esto está en total discordancia con las necesidades de la colectividad salvadoreña”, aseveró Marroquín. La moneda digital es un debate que crece en naciones como Estados Unidos, que desde hace varios años estudia la posibilidad de crear un dólar digital Si este proyecto sale adelante, podría revolucionar las finanzas mundiales, en las que hasta ahora sigue reinando el dólar. 

Este domingo México hará por primera vez en su historia una consulta en la cual preguntará a sus ciudadanos si desean que su presidente continúe en el poder. Esta consulta de revocación de mandato fue impulsada por el mismo Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos deberán elegir este domingo entre dos opciones: “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza" al mandatario Andrés Manuel López Obrador, o "que siga en la Presidencia de la República" hasta el fin de su mandato en 2024. Varios analistas coinciden en que, debido a la popularidad del mandatario, AMLO no tendría ningún riesgo de perder la presidencia, por lo que la verdadera campaña en las calles mexicanas se ha centrado entre votar para apoyar al presidente o abstenerse. El analista político José Luis Valdés, investigador del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, estima que esta consulta no es un referendo revocatorio sino una campaña electoral. “Este referéndum no se lo pidió nadie al presidente. El presidente se lo sacó de la manga, como decimos en México, por su propia cuenta, y sin necesidades de que la gente se lo pidiera. No es en realidad un referéndum revocatorio, es un referéndum confirmatorio, con el objetivo de lograr que la gente se pronuncie con relación a su presidencia, y como digo y repito, con esta medida saber hasta donde las estrategias para mantenerse el poder son o no las más adecuadas, con miras a [las elecciones de] 2024. Pero peligro de que sea retirado del poder el presidente, no tiene ninguno”, explica el politólogo. En cambio, espera una abstención generalizada, ya que en México, según él, hay un sector muy amplio de poblaciones que “están prefiriendo abstenerse de la votación que legitimar la misma con su presencia en las urnas”. Valdés también se refiere al costo de la consulta y al manejo que ha tenido el gobierno en relación al Instituto Nacional Electoral: “Cuesta muchísimo dinero, pero además hay una contradicción: en la última decisión de la cámara de diputados, que es una cámara que responde a los lineamientos de López Obrador, le redujeron el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), y luego le exigen que se despliegue prácticamente en todo el territorio nacional como si tuviera el mismo presupuesto de antes, para poder hacer la consulta”. Valdés opina que después del fracaso anunciado del referéndum, se culpará “al INE de no haber hecho lo suficiente, y está muy claro que quiere apoderarse del INE por la vía de una consulta popular, para que los consejeros del INE sean electos a mano alzada, y no nombrados por una Cámara de Diputados democrática”. Para que el resultado del referendo sea vinculante, es necesario que participen al menos el 40% del electorado, pero hay dudas al respecto, ya que en la consulta del año pasado que tenía como fin investigar a expresidentes, la votación fue alrededor del 7%.

El Congreso de El Salvador aprobó esta semana, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Para algunas organizaciones, se trata de censura. Hay polémica en El Salvador tras la aprobación del Congreso, a petición del presidente Nayib Bukele, de una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. El texto de la reforma establece sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes “reproduzcan y transmitan mensajes originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”. También se dirige contra aquellos que “marquen” sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. “No se puede combatir algo que no se conoce” La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) calificó estas reformas como un atentado contra la libertad de expresión: “La verdadera intención es callar a cualquiera que reporte sobre lo que está pasando en el país y sobre las pandillas. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, las pandillas, que han pactado con el gobierno decidieran hacer públicas las condiciones de ese pacto? Nosotros como periodistas estamos obligados a reportar esa y otra versión. Quiere decir que si yo, como periodista, reporto eso, que es algo que evidentemente le importa a la ciudadanía, ¿me van a meter preso? ¿Quién pone el límite? ¿Quién dice que estoy cometiendo un delito?”, comenta su presidente, César Fogoaga. “El periodismo ha tenido mucho que ver en el combate a las pandillas, al contar esa realidad. No se puede combatir algo que no se conoce. Incluso si no las nombráramos a las pandillas, no van a desaparecer. Estamos en un momento donde la separación de poderes en El Salvador es inexistente, donde no hay garantías constitucionales, y que determinar el límite depende de funcionarios que están apoderados ante la casa presidencial salvadoreña”, agrega. “Proteger los derechos de la población” Según una diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, se tuvo en cuenta la libertad de expresión en la reforma: “Nosotros hacemos referencia al artículo de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión. La ley en ningún momento habla acerca de prohibir hablar sobre la realidad. Nosotros estamos buscando proteger los derechos de la población, y a qué me refiero. Por ejemplo, un medio de comunicación viene, y trasmite un mensaje de difusión atemorizando a la población, y dice que este mensaje de difusión fue originado por un pandillero en determinado municipio. No sólo vulnera y da terror al país entero sino que también vulnera los derechos sociales de todo ese municipio, al no hacer la labor periodística que le corresponde”, detalló. La reforma se suma a una serie de cambios al código penal salvadoreño aprobados por el Congreso, bajo control del oficialismo, para hacer frente a las bandas delictivas, consideradas "terroristas". El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.

En Perú, Alberto Fujimori espera una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un posible indulto. Y lo hace cuando se cumplen justo 30 años de su autogolpe del 5 abril de 1992. La efeméride coincide también con el toque de queda decretado este martes, en un país que no ha sabido encontrar su estabilidad política desde la fuga del exmandatario en el año 2000. Tres décadas cumple el discurso televisado del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, quien espera ahora un veredicto para una salida anticipada, o no, de prisión. Un golpe de Estado, el del 5 de abril de 1992, que hizo de la inestabilidad política una norma en el Perú. Imágenes de archivo del anuncio del golpe en la televisión peruana: Desde 1985, todos los exmandatarios, excepto Valentín Paniagua, han tenido problemas con la justicia. Pero es que, además, solo en los últimos cinco años, el país ha conocido 5 presidentes. El mandato del actual presidente, Pedro Castillo, se ve marcado por las protestas de los últimos días. Un toque de queda de 24 horas siguió a las protestas del lunes en varias zonas de Perú por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos. En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles (277 dólares) a partir del 1ro de mayo. Pero la central sindical CGTP, la principal del país consideró insuficiente el aumento y llamó a sus afiliados a marchar el jueves. A esta situación social explosiva se suma una alta tasa de desaprobación, y también denuncias de corrupción, sin que Castillo haya cumplido su primer año en el poder. “Tanto Alberto Fujimori en 1990 y Pedro Castillo en 2021 asumen la presidencia provenientes del sector anti establishment. No venían de partidos políticos tradicionales. Hoy en día en el Perú, 30 años después, tenemos un novato nuevamente, mucho más anti establishment que Alberto Fujimori. Es un estilo de gobierno con mucha ingenuidad e indecisión. Eso ha llevado a escalar una crisis que la vemos en su punto máximo ahora”, observa el profesor de ciencias políticas de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez, entrevistado por Pablo Martínez Vega de RFI. El catedrático estima además que el autogolpe del 5 de abril cambió la cultura política peruana. “El 5 de abril de 1992 generó un impacto generacional en la política peruana que es ‘si el Congreso no te gusta, lo puedes cerrar'. Se legitimó el cierre del Congreso como parte de una regla de juego. Se ha establecido en la cultura política no solamente de la clase política sino también de los peruanos, la idea de que las medidas extraordinarias o extraordinarias como una disolución congresal o una destitución presidencial, son parte de las reglas normales de la democracia peruana. La ciudadanía, si no le gusta un presidente a los 8 meses, puede exigir elecciones generales y no esperar los 5 años que según la Constitución lo ameritan”, constata Meléndez. Para Meléndez, el veredicto del indulto, o no, de Fujimori contribuirá a "martirizar" al Fujimorismo, y a alimentar su marca política, en un país donde los partidos tienen una corta esperanza de vida. Con informaciones de AFP.

Las matanzas entre presos de Ecuador comienzan a banalizarse tras una espiral de violencia que no hace más que aumentar en los últimos años. Esta vez, la crisis carcelaria de este país sumó un nuevo episodio sangriento tras el registro de 20 asesinatos en una prisión de la ciudad sureña de Cuenca, este fin de semana. En Ecuador, un enfrentamiento entre presos dejó este 3 de abril en Cuenca al menos 20 muertos, y cinco de ellos fueron mutilados. El gobierno ha retomado el control de la prisión pero reconoce que todavía hay reos armados en las celdas. “Falta de política pública” Una escalada de violencia que de momento no tiene freno ni limite, según el criminólogo y profesor en la Universidad Católica de Ecuador, Santiago Arguello Mejías: “Esto no va a parar, y no va a parar si no se toman medidas apropiadas, profundas respecto de la crisis. Yo creo que el gobierno o los gobiernos se equivocan cuando ponen en manos de los militares y de los policías el sistema penitenciario. Eso hace que esa gente, que no ha estado nunca en una cárcel, las esté dirigiendo con un elemento suplementario que es la espiral de violencia. (…) Sin duda la falta de política pública en materia de justicia penal y en el tema penitenciario nos está atacando tremendamente y nos está dando estos resultados”, estima. En el informe del año pasado se registraron al menos 316 fallecimientos de presos, debidos, según el Gobierno, a enfrentamientos entre bandas de narcotráfico rivales presuntamente vinculadas con los carteles mexicanos. Pero, comenta Arguello Mejías, “lo que no se ha estudiado y no se ha profundizado es que también la ‘Ndrangheta está en Ecuador, también hay mafia italiana, también hay situaciones que tienen que ver con la creación interna de situaciones de violencia con grupos criminales que se van especializando en el interior del Ecuador. Entonces cuando la explicación es exclusivamente de la droga, yo digo que no. La penetración de estos grupos criminales es evidente. Y lo más importante es lo que se haga desde la perspectiva de inteligencia estratégica, que no se ha hecho absolutamente nada”. “Transformar, dignificar y humanizar el sistema de rehabilitación” Una opinión que no comparte el general Pablo Ramírez, jefe del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI): “Es un conflicto entre bandas, es una acción irracional, producto de que estamos en combate a la delincuencia, al narcotráfico específicamente. Todo lo que sucede en las ciudades también tiene una repercusión dentro de los centros de rehabilitación, por eso es importante saber que estamos ya con un plan estratégico del sistema de rehabilitación, que empezó el 3 de diciembre de 2021”. Según el general, el plan ya está en marcha: “En estos tres meses hemos generado varias evaluaciones tendientes a cumplir con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , la CIDH, que ya se implementaron en algunos casos de manera anticipada. También tenemos recomendaciones de Naciones Unidas que ya están en implementación y de esta manera ya estamos articulando con diferentes instituciones, como la Corte Nacional de Justicia con la Defensoría pública, para ir reduciendo todos aquellos trámites, para evitar la burocracia y la corrupción”. “Los hechos lamentables que ocurrieron el 3 de abril hacen que reforcemos cada una de las intervenciones que teníamos planificadas, porque es importante determinar que todas las acciones que juntemos van a tener el único objetivo de transformar, dignificar y humanizar el sistema de rehabilitación”, concluye el general Pablo Ramírez. La Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) se pronunció hace tan solo un par de semanas al respecto, denunciando el abandono de años que sufren las prisiones de Ecuador, abogando por nuevas políticas carcelaria y criminal en ese país.

Con más del 53% de los votos, el conservador Rodrigo Chaves será el próximo presidente de Costa Rica. El economista de 60 años arrastra denuncias de acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial. Derrotó al ex presidente José María Figueres. Por la enviada especial de RFI a San José José María Figueres reconoció la victoria de su rival, poniendo fin a una campaña electoral manchada por ataques verbales cruzados y acusaciones de corrupción o de acoso sexual. Rodrigo Chaves se presentaba anoche como un ‘outsider' salvador de este país de Centroamérica que atraviesa una profunda crisis institucional, política y económica. Los partidarios del próximo presidente de Costa Rica invadieron el paseo Colón, en el centro de la capital San José, para celebrar la victoria de quien pretende encarar la crisis costarricense. “Que traigan empresarios para dar trabajo en el país, que está muy urgido”, expresaba en medios de bocinazos Mariza, una mujer entre los simpatizantes de Chaves.   Las acusaciones de acoso sexual y conductas impropias por parte de dos colaboradoras cuando trabajaba en el Banco Mundial, no fueron un obstáculo para su victoria. “¿Que Chaves es un acosador? Las mujeres vivimos día a día con eso. Siempre hay un acosador en la calle que te dice cosas. Uno no puede decir que por ser un acosador no voy a votar por esa persona”, relativiza Mirna, camarera en uno de los casinos del centro de San José. Sin embargo para quienes votaron por José María Figueres, como Angie, los derechos de las mujeres están en peligro: “Un acosador a mí no me representa, ni a mí, ni el día de mañana a mis hijos, ni a mi familia”, asegura. Esta opinión es compartida por la analista y periodista de Informa-Tico.com, Ana Isabel Chacón. “Nos va a llevar a una desintegración de la democracia, de las organizaciones sociales y sindicales, del sistema nacional de áreas protegidas, y también un retroceso en lo que son los derechos de las mujeres”, afirma. Rodrigo Chaves prometió “limpiar la casa”, en referencia a los escándalos en contrataciones de infraestructuras públicas, pero no la tendrá facil puesto que deberá lidiar con un Parlamento donde no tiene mayoría propia y donde estará obligado a mostrar su capacidad política para generar alianzas. Con solo 10 diputados de su partido de un total de 57 que tiene el Parlamento, Chaves "rogó humildemente" a Figueres del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), con 19 escaños, trabajar juntos para lograr el "milagro costarricense". Asimismo, el gobernante saliente, Carlos Alvarado, felicitó a Chaves. Tras vencer con su novel Partido Progreso Social Democrático, gobernará la nación del 2022 al 2026.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió evitar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori, y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009. RFI entrevistó a Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó en audiencia pública el caso del ex presidente Alberto Fujimori en presencia de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta así como representantes del Estado peruano y de la CIDH. Durante el encuentro, la CIDH remarcó una vez más al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, el cual considera la liberación del ex mandatario. Esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú, destacó a RFI que el pedido de la Corte Constitucional exhorta a los órganos de justicia peruanos estar alineados con la resolución de mayo de 2018 y que se haga participe en el proceso a los familiares de las víctimas. "Ha quedado claro que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las medidas provisionales que han solicitado, pero también en una audiencia de supervisión de la sentencia. Eso es lo que se espera de la CIDH", explico Navarra a RFI. "Mientras tanto, hay esta otra medida de que no se puede poner en libertad hasta que la CIDH lo resuelva. En caso de que el señor Fujimori tuviera realmente una situación de salud que pudiera agravarse por estar en prisión, eso tendría que verse con un informe médico. Se tomarían entonces las medidas humanitarias, las cuales no tienen que ver necesariamente con un indulto humanitario, para que se preserve su derecho a la vida y a la integridad", agregó. Para Carmen Amaro, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, es importante que luego de esta audiencia la Corte Constitucional exprese pronto un fallo contundente que resguarde el derecho de las familias a obtener una justicia que es legítima y que no obedece a ningún juego político o sed de venganza. "Nosotros albergamos la esperanza de que la CIDH puede emitir un fallo firme. Sobre todo que prevalezca el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Seguiremos levantando nuestra voz de protesta y seguiremos insistiendo para que ese indulto sea revertido y Alberto Fujimori cumpla la pena de 25 años de prisión. Ha sido una larga lucha. En el caso de la Cantuta llevamos casi 30 años y lo que nos ha motivado es el amor, el cariño a cada una de las víctimas, y nuestra apuesta como familiares es que estos hechos dolorosos no se vuelvan a repetir en el país", dijo Amaro a RFI. El gobienro peruano aseguró el viernes que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si el expresidente Alberto Fujimori debe continuar en prisión, pese a una resolución judicial que permite su excarcelación.  "La decisión que tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", dijo el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano. Con AFP

Este viernes, Chile y Bolivia se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el río Silala. Un afluente internacional para los chilenos, pero para los bolivianos, unas aguas que nacen de manantiales de su propiedad. La disputa empezó en 2016 cuando Chile presentó una demanda por estas aguas. En el año 2016, Chile presentó sorpresivamente una demanda por las aguas del Silala, en medio de otro pleito entre ambos países en la Corte Internacional de Justicia, en el que Bolivia pidió obligar a su vecino a negociar una salida soberana al mar, lo que fue rechazado por el tribunal de La Haya en octubre de 2018. Río internacional La demanda por el río Silala se dio después de que Chile aceptara el pago del 50% del uso de las aguas en un preacuerdo alcanzando con Bolivia en mayo de 2009. Pero Bolivia planteó dos años después que el pago debía ser desde la concesión de las aguas a Chile a principios del siglo 20, reconociendo así una deuda histórica. Heraldo Muñoz, quien era canciller en 2016, cuando Chile presentó su demanda, asegura que su país tiene argumentos sólidos en este proceso: “Bolivia aceptaba que éste era un río internacional y que Chile tenía derechos al uso de las aguas. Y eso cambió, pese a que había declaraciones de la Cancillería boliviana, del Gobierno boliviano, estableciendo claramente que éste era un río internacional”. “Pese a que Chile buscó una negociación con Bolivia, lamentablemente eso no ocurrió, y estamos entonces en esta situación en que Bolivia, bajo el Gobierno de Evo Morales, amenazó a Chile con cortar el flujo y además manifestó que Chile estaba robando esas aguas”, detalla el excanciller. Uso de las aguas y prevención de los daños Como consecuencia, “Chile pide básicamente que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declare, primero que es un río internacional, segundo que le corresponde a Chile el derecho de un país ribereño a un uso razonable y equitativo de esas aguas”, prosigue Muñoz. Además, “se le pide a la CIJ que Bolivia realice acciones de prevención de cualquier daño a la cantidad o a la calidad de las aguas que fluyen hacia nuestro país, y finalmente que Bolivia informe y colabore con las medidas que permitan evitar, prevenir cualquier daño a las aguas del río Silala”, concluye. El Silala tiene una extensión de 10 kilómetros, seis de los cuales cruzan a territorio chileno. Este país usa el 37% de las aguas del Silala, para abastecer la ciudad de Antofagasta, y el resto lo usa en la minería del cobre, metal del que es el principal productor mundial.

Líderes de las comunidades de la Amazonía colombiana denunciaron este 30 de marzo que un gobernador indígena y tres civiles, incluido un adolescente, están entre los 11 muertos que el ejército presentó como guerrilleros caídos en combate durante un reciente operativo en la frontera de Colombia con Perú y Ecuador. Mientras el gobierno niega las acusaciones, diferentes organizaciones exigen el esclarecimiento de los hechos. Grupos de derechos humanos y pobladores denunciaron este miércoles que un gobernador indígena y tres civiles murieron en Colombia a manos de militares colombianos y fueron presentados como caídos en combate en una operación realizada cerca de la frontera con Ecuador y Perú. En la acción murieron en total 11 personas que el ejército asegura eran rebeldes de una facción disidente de las extintas FARC, versión que respaldó el gobierno pese a los reclamos de autoridades indígenas y de derechos humanos. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció lo ocurrido. Las comunidades exigieron aclarar los hechos y a este pedido se sumaron otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, entidad que vela por los derechos humanos en el país. Falsos positivos Según la denuncia, entre las víctimas están el gobernador kitcwhwa Pablo Panduro, el líder comunitario Divier Hernández y su esposa, cuya identidad no ha sido revelada. La Defensoría del Pueblo también reportó la muerte de un adolescente de 16 años y exigió el "rápido esclarecimiento de los hechos". Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos y Paz de OPIAC, asegura que las muertes son “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de sangre en la historia de las fuerzas militares de Colombia. “De manera criminal, de manera violenta se llevó a cabo esta masacre por parte de las fuerzas públicas. Se están dando ejecuciones extrajudiciales y se están dando ‘falsos positivos' como los llamamos en Colombia”, denuncia al micrófono de RFI. Pedido de transparencia OPIAC pide ahora un “manejo de la escena de la manera más transparente, un manejo de las diferentes pruebas como los cuerpos, porque incluso en el levantamiento del cuerpo, ni siquiera hubo presencia de la Fiscalía”, prosigue Daza. Por su parte, Human Rights Watch dijo haber confirmado que "durante el operativo del Ejército murieron" el gobernador indígena, el líder social y su esposa. "Urge aclarar los hechos", señaló Juan Pappier, investigador senior para las Américas de la ONG. A pesar de las denuncias, el gobierno insistió en que se trató de una operación legal dirigida contra la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, que retomó las armas después de renunciar al acuerdo de paz.

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, previstas el domingo que viene, la educación está en el centro del debate. Profesores, alumnos y gremios piden una intervención urgente para salvar la educación pública, como barrera a la pobreza. Si bien ambos candidatos, el liberal Rodrigo Chaves y el conservador José María Figueres, están de acuerdo en reconocer esa emergencia nacional tras su elección, en el terreno existen muchas dudas.  De nuestra enviada especial a Costa Rica  En la escuela Casa Iloria, que actúa como ONG de apoyo escolar y psicosocial para alumnos con pocos recursos, la ausencia del Estado en temas educativos y más aún en poblaciones como La Carpio, marginada social y económicamente, obliga a encontrar fondos donde se pueda.  La educación, para la directora Ercy Méndez Trejos, nunca ha sido y no será una prioridad sea quien sea el futuro presidente. Nos abrió las puertas de su escuela que busca la excelencia escolar contra la violencia social.  “Estoy haciendo una redacción, estamos hablando sobre política, ahora hay  problemas con la política, muchos pleitos sobre los presidentes”, explica a RFI Ashley, alumna de 12 años y de origen hondureño. El profesor de español, Gabriel Flores, busca la excelencia entre sus alumnos aunque reconoce que estos alumnos tienen también otros desafíos. “Tienen entre 12 y 13 años y tienen obstáculos sobre lo que vamos a comer hoy o lo que vamos a hacer el día de mañana. Les vengo comentado la situación política para que ellos sepan un poco sobre la pandemia, la situación económica, el cambio climático, y la situación educativa, que por cierto no es una prioridad”, lamenta el profesor.  

Este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno oculte información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en 2014, como lo señala un grupo independiente que investiga el caso y familiares de las víctimas.  López Obrador deslindó la responsabilidad de su gobierno el mismo día que Amnistía Internacional denunciaba que en México prevalece la impunidad en las más de 97.000 desapariciones registradas desde 1964, y una identificación muy complicada por varios factores. "Se está entregando toda la información (...), se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada", dijo el mandatario izquierdista sobre las pesquisas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos, previo a unas manifestaciones estudiantiles en el municipio de Iguala (estado Guerrero, sur).  La abogada Claudia Paz, integrante de este grupo de expertos señaló a RFI que los investigadores han pedido informes de inteligencia que no han sido entregados y se refirió a la manipulación de los hechos. “Un hallazgo que es muy grave y muy importante es que encontramos un video en el que autoridades de la Marina estuvieron en el basurero de Cocula el 27 de octubre sin que hubiera ninguna otra autoridad ministerial”, estima la letrada.   “Es una cuestión muy seria. Ellos están ahí, casi durante una hora y media, haciendo todas esas manipulaciones en soledad. Posteriormente sí llegan autoridades ministeriales, pero también ellos vulneran todas las reglas del protocolo de trabajo en escena de crimen y los estándares internacionales. Prácticamente hasta el mediodía, que es cuando llega el equipo de antropología forense, que son los peritos de los padres y madres,” concluye Claudia Paz.  Por su parte James Cavallaro, profesor de la universidad de Yale y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las autoridades mexicanas deben responder las preguntas sobre la desaparición de los estudiantes. “En vez de entrar en afirmaciones sobre la confianza o falta de confianza que podría tener el señor presidente López Obrador en las Fuerzas Armadas, trabajemos en función de hechos”, estima Cavallaro.   “Ahora tenemos hechos. Ahora sabemos que las fuerzas militares estaban acompañando a los normalistas. Ahora sabemos que estaban hasta grabando, investigando y acompañando desde días antes, y que saben mucho más de lo que han admitido sobre lo qué pasó con los 43. Pasemos a las respuestas en la justicia. Todas las personas en la cadena de mando [de entonces], todas deberían estar respondiendo a la justicia mexicana,” apunta el experto en derechos humanos.  Los 43 jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero). Uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, en el cual solo han sido identificados los restos de tres víctimas.  Con AFP.

El Salvador está en estado de emergencia desde el domingo tras generarse el día más sangriento en el país desde el final de la guerra civil hace 30 años. Esta medida fue tomada por el gobierno después de que las pandillas del país participaran en una matanza el sábado, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado. En menos de 24 horas, el gobierno salvadoreño detuvo a más de 600 pandilleros como respuesta al atroz fin de semana donde se llegaron a reportar 87 asesinatos. Mientras el gobierno de Bukele despliega el estado de emergencia con capturas, patrullajes y allanamientos a los pandilleros, la población se sigue preguntando a qué se debe tanta violencia puntual. “Esto se debe exclusivamente al accionar de las pandillas y este es el tercer repunte de la Administración Bukele, el primero fue en abril del 2020, el otro al final del 2021. Hay que entenderlos como en el marco de las negociaciones y acuerdos (sobre reducción de homicidios) que han estado produciéndose en el transcurso de su gobierno”, dice a RFI Juan José Martínez D'Aubuisson, antropólogo en la Universidad de El Salvador y uno de los más reconocidos investigadores sobre las maras y pandillas en el país centroamericano.  “Para poder gobernar hay que sentarse con las pandillas, pero lo han hecho de las peores formas y de espaldas a la población”, asegura a RFI el experto. 

Este lunes 28 de marzo se inaugura en Quito la 37° Conferencia Regional de la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación. El organismo ha declarado "no descartar una crisis alimentaria" en América Latina y el Caribe, como producto de la guerra en Ucrania. Uno de los países que más preocupa es Haití, donde el hambre ya se ha venido agravando en los últimos años.  Es un efecto mariposa que podría golpear a Latinoamérica y el Caribe. Ya lo han advertido líderes del mundo: la guerra en Ucrania está causando una escasez de productos básicos como el trigo, los aceites y los fertilizantes, que se producen en gran parte en Europa del Este.  “No descartamos que la región pueda entrar en una crisis alimentaria”, indica Julio Berdegué, delegado de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de cara a la 37 Conferencia Regional que se celebra en Quito del 28 de marzo al 1° de abril.  “Tampoco sabemos cuál va a ser la duración de la guerra, qué tanto de su superficie va a poder sembrar Ucrania en la temporada que viene ni qué tanto de la producción de Rusia de fertilizantes y alimentos va a poder exportarse, por las sanciones que están en vigor”, añade. Una inflación de la canasta básica "Lo que se está proyectando es que todos los precios en los mercados mundiales van a aumentar", detalla por su parte para RFI el representante de la FAO en Haití, José Luis Fernández: "porque, al haber menos abastecimiento de la parte de Ucrania y de Rusia, en los mercados internacionales, entonces, los otros países exportadores van a aumentar los precios y en algunos de ellos, van a impedir las exportaciones, las cantidades que se estaban exportando hasta ahora." Para 2022, las simulaciones de la FAO proyectan dos escenarios. El primero prevé un aumento del precio del trigo en un 8%. El segundo, el más severo, implica que los precios de los cereales aumenten en un 21% y que dejen a 13 millones de personas más en condiciones de hambruna en América Latina. "Tenemos dos años de pandemia, tenemos una exposición  -sobre todo en los países del Caribe y de Centroamérica-  a los cambios climáticos, huracanes, sequías, etc; tenemos actualmente 267 millones de personas que están en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, por lo cual, más factores agravantes de la situación como ahora la crisis ucraniana, pueden tener un impacto muy importante", agrega José Luis Fernández. La seguridad alimentaria en Haití en peligro Todas las miradas se focalizan en Haití, donde 4,5 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria y donde el Programa Mundial de Alimentos alertó sobre una grave crisis alimentaria por una combinación de factores. "Tenemos actualmente el 45 % de la población del país que se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria grave o severa. Haití está ahora mismo importando más del 70 % del consumo interior de cerales. Esto, no solamente viene de Ucrania, viene de varios países y como saben, hay un conflicto con una actividad criminal por marte de gangs que paraliza la economía del país (y que) influye en los precios del mercado. Por otro lado, Haití es un país que está expuesto a todo tipo de desastres naturales. Por otro lado, tenemos también el problema de la inflación. Esto es particularmente grave para las familias que se encuentran en un nivel de pobreza bastante elevado", concluye el representante de la FAO en ese país.  Haití necesitará más de 51 millones de dólares suplementarios para enfrentar estos desafíos. En la Conferencia Regional de la FAO los 33 países participantes deberán proponer formas de agricultura sostenible y resiliente para los próximos dos años. Sobre el mismo tema: Europa 2050: hacia un modelo agroalimentario orgánico sostenible