Noticias de América

Las autoridades mexicanas y asociaciones siguen investigando la ubicación de hornos crematorios en zonas rurales donde se han encontrado restos humanos calcinados, en especial en el estado de Jalisco, donde organizaciones civiles encontraron esta semana un centro de exterminio. En México, la fiscalía general y el gobierno federal investigarán los supuestos crematorios clandestinos localizados en una zona rural del Estado mexicano de Jalisco, municipio Teotitlán.No es la primera vez que se hacen este tipo de hallazgos en la zona. “Es una zona bajo control importante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, explica para RFI Andrés Sumano, profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Norte.“Ese corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta tiene niveles de gobernanza criminal muy importante. Decidieron instalar esos campos de entrenamiento y de exterminio”, explica.Leer tambiénHallan más restos óseos en supuestos crematorios clandestinos del oeste de MéxicoEn septiembre pasado, el lugar había sido allanado e inspeccionado por la fiscalía de Jalisco, pero sin hallar los restos óseos. El hallazgo se hizo apenas la semana pasada gracias a los colectivos de familiares de desaparecidos. Restos humanos, ropas y más de 200 pares de zapatos fueron localizados en el denominado rancho Izaguirre.  “No es el único que se ha encontrado en ese corredor”, asegura Sumano. “También se encontraron en Tala”, cerca de Teuchitlán.¿Por qué recurren las organizaciones criminales a estos métodos?El hallazgo de Jalisco “tenía doble función: entrenamiento y exterminio”. “Parte de los cuerpos corresponden a personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado. Participaron en el entrenamiento, pero no cumplieron con lo que se estaba pidiendo entonces las mataron”, detalla Andrés Sumano.Para desaparecer a estas personas, aseguran las organizaciones civiles, las bandas criminales las calcinan.“Hay otros campos que se han encontrado que servían exclusivamente como campo de exterminio”.Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15.000. Esta práctica se ha ido imponiendo entre las organizaciones criminales. “Ante la atención que ha generado en el gobierno el homicidio doloso, pues lo que a lo que han recurrido muchos de los grupos criminales es a la figura del desaparecido”, analiza Sumano.“Si no hay cuerpo no hay delito, ¿no?”

Ecuador se prepara para la segunda vuelta de elecciones presidenciales, marcadas por la fuerte violencia del narcotráfico, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, anunció que se apoyaría en Erik Prince, figura controversial de los servicios militares privados y fundador de la firma Blackwater, acusada de haber cometido una matanza en Irak. El próximo 13 de abril, Ecuador realizará la segunda vuelta de las elecciones entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González.En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema.Este martes 11 de marzo, el mandatario anunció una “alianza estratégica” para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prince, fundador de la firma Blackwater, la compañía de seguridad privada involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007.Noboa no proporcionó detalles sobre lo en qué consistía esa alianza estratégica. “En realidad el anuncio es de una primera reunión con Eric Prince. Estamos en medio de una campaña presidencial, entonces suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia para responder a una política de seguridad”, analiza Johanna Paulina Espín, docente de la escuela en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador."El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador", escribió Noboa en la red X."Alta tensión"Para Espín, falta por definirse en qué áreas se daría esta cooperación. “Si es un tema de asesoría técnica o de recursos. ¿Además, de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional?”.La empresa Blackwater ya no lleva ese nombre. La rebautizaron Academi y la absorbió Constellis en una fusión con una compañía rival.Leer tambiénSorpresa y empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González en las presidenciales de EcuadorLa campaña por la segunda vuelta en Ecuador sigue mostrando un empate técnico entre Noboa y González. “Se está en espera también de cuál va a ser el comportamiento de otros actores como es del movimiento indígena”, asegura el politólogo Julio Echeverría.“El debate presidencial previo va a ser muy importante. Estamos frente a un escenario enormemente polarizado en un contexto regional y global alborotado entonces el pronóstico es de alta tensión”, dice.En Ecuador, la tasa de homicidios escaló de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, con un récord histórico de 47 en 2023.

Este 12 de marzo se cumplen en El Salvador dos semanas de la ratificación por parte del Congreso de la polémica reforma que elimina los aportes del Estados a los partidos políticos. La reforma, que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, ha sido duramente criticada por la organización Acción Ciudadana.  En El Salvador, llaman “deuda política” al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores.“El 50% de sus ingresos o más”Hace dos semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña.Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explica a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir: “En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto en algunos casos y para algunos partidos ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral”. Democracia debilitadaSi esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave: la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar. “La reforma a la Constitución eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución de El Salvador y permitir que el Gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche”, señala. “Antes solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de dos legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En una hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran”, detalla Escobar. La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales. “Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, están encaminadas en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en un partido único, un partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo del PRI en México en el siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el partido Nuevas Ideas y el presidente”, denuncia el director de Acción Ciudadana. 

En un contexto en el que Estados Unidos pone en la agenda mundial la extracción de minerales raros, el Congreso estadounidense le pide a México que reconsidere el caso de la minera Calica, cerrada en 2022 por violar las leyes ambientales.  En pleno Caribe mexicano, muy cerca de los destinos turísticos mundialmente conocidos de Playa del Carmen y Cozumel, se extienden las 140 hectáreas de la Calica, la empresa estadounidense que comenzó a explotar desde 1986 piedra caliza y a llevarla a Estados Unidos para pavimentar las calles. “Una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos”Cuando aumentaron sus extracciones, también aumentaron sus ambiciones, como lo recuerda a RFI el abogado y defensor del medioambiente Quetzal Tzab: “Es una compañía muy fuerte, muy grande, en la cual estaban involucrados, por supuesto, muchos funcionarios políticos de aquel entonces. Y bueno, esa compañía, que fue pequeña, destruyó, y hoy en día es una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos”. Durante el sexenio del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a Calica se le retiraron los permisos, y clausuraron sus instalaciones porque comenzaron a extraer minerales en una zona restringida. Destruyó cenotes y acuíferos, y provocó un grave desequilibrio ecológico en la región, pero además de eso también sería la responsable de enfermedades respiratorias que aquejan a los lugareños.  “Una de las cosas más preocupantes y sobre la cual todavía no se ha hecho una investigación profunda es la problemática que hubo en los años de apogeo, que era el polvo que emitían al explotar las dinamitas. Es sabido que mucha gente de ahí sufre de asma. Mucha gente ha fallecido a causa de eso”, explica Quetzal Tzab. “Dicen basta”Del lado de Estados Unidos, la empresa demandó al Gobierno de México por 1.500 millones de dólares. Y del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum busca conciliación con los empresarios y con los congresistas estadounidenses que apoyan a la empresa, pero también los locales se organizan, porque de acuerdo con el abogado, no permitirían que la minera opere nuevamente. “Los actores principales, que vienen siendo los habitantes de las comunidades, ya dicen basta, basta ya sacaron suficiente, dicen no, ya no, que no se abra, porque se dan cuenta por las casas también dañadas que hubo durante las explosiones, y las enfermedades”, subraya Tzab. El argumento de Estados Unidos para defender a la minera es que se trató de una expropiación. Pero México afirma que el expresidente AMLO sólo decidió cambiar el uso de suelo a “Área natural protegida“, y que no se trató en ningún momento de expropiación: “No hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el ambiente”, dijo Sheinbaum.“Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas, afectando cenotes y acuíferos”, precisó la presidenta.

Estos datos constituyen la principal conclusión del informe ”Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing”. El documento indica que, pese a los importantes avances que se han logrado, en 2024 casi una cuarta parte de los gobiernos de todo el mundo informaron de un retroceso en los derechos de las mujeres. Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia. Esta es una de las conclusiones del último informe de ONU que manda un mensaje preocupante al mundo sobre el peligro cada vez más grande acerca del retroceso de los derechos de las mujeres en el mundo. En su último informe ONU Mujeres afirma que el retroceso en los derechos de las mujeres es notorio en uno de cada cuatro países en 2024.“Tenemos poderes judiciales que siguen reproduciendo la discriminación estructural, con aún más dificultades para las mujeres indígenas, rurales o en situación de movilidad. Y quizás uno de los grandes desafíos tiene que ver con el cruce de discriminaciones contra mujeres que son migrantes, refugiadas, desplazadas forzosas en relación al acceso a la justicia. Esta nueva dinámica de la movilidad en América Latina y el Caribe también está vinculada con que muchas mujeres migran por situaciones de violencia de género, pero muchas siguen enfrentando esa violencia de género en el tránsito de un país a otro”, explicó Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres en América latina y el Caribe.Los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores en todo el mundo, desde niveles más altos de discriminación hasta un menor financiamiento para los programas protegen a las mujeres.“Hay nuevas formas de feminicidios que están vinculadas con los grupos armados e ilegales, lo que se suman a los feminicidios por parejas, exparejas o familiares.En el último decenio, el mundo registró un perturbador aumento del 50% en el número de mujeres y niñas que viven en entornos de conflicto. Las recientes crisis mundiales -como la de COVID-19, la emergencia climática y el aumento de los precios de los combustibles y alimentos- han aumentado la necesidad urgente de respuesta.El informe agrega que, pese a que se han logrado avances importantes, solo 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer. La tecnología digital y la inteligencia artificial difunden estereotipos nocivos, al tiempo que la brecha de género en el ámbito digital limita las oportunidades de las mujeres.

En un contexto convulso para los migrantes en la frontera con Estados unidos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, asegura que más de 50 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo en México han podido ser apoyadas, ubicadas y han encontrado una vida estable en ese país latinoamericano.  Ciudadanos venezolanos, haitianos y cubanos, entre otros refugiados en el suelo mexicano han podido beneficiar de las ayudas del Gobierno y de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La agencia asegura que el país latinoamericano ha logrado la integración de 50 mil personas a través de su programa de integración local. Acompañamiento para el empleo, la vivienda, la salud“Comenzamos en el 2016, con un programa piloto que ahora es ya el programa de integración local, a reubicar a las personas que fueron reconocidas como refugiadas en el sur del país, reubicarlas a otras ciudades que tuvieran mayor capacidad de absorción y donde hubiera mayores posibilidades de empleo. Te hablo de ciudades del Bajío, del centro de México, algunas ciudades del norte donde hubiera las vacantes laborales para poder vincular a estas personas al empleo y acompañarlas para que puedan acceder a la vivienda, matricular a los hijos a la escuela, tener acceso a servicios de salud e integrarse en todos los sentidos, incluido también el acompañamiento para que puedan naturalizarse como ciudadanos mexicanos. Y hemos llegado ya a la cifra de 50 mil personas en el programa que han sido reubicadas y han accedido al empleo formal”, detalla para RFI Silvia Garduño, portavoz de ACNUR.  “Tenemos un número de vacantes importantes, sobre todo en las ciudades industriales de México, donde no están llenando esas vacantes. Y resulta atractivo también para las empresas poder disponer de esta mano de obra. Son personas refugiadas o personas que vienen huyendo, pero son personas que necesitan integrarse”, recalca. Un posible fenómeno de retornoEl desplazamiento forzado en las Américas, según ACNUR, está en niveles críticos, impulsado por la violencia, la persecución, las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad. Este balance se hace en momentos en que aumentan los deportados tras las medidas de la nueva administración estadounidense. ¿Existe un fenómeno de retorno?“Lo que sabemos es que hay personas que solicitan su retorno voluntario. ACNUR no está involucrado directamente, pero creo que es algo que estamos analizando a nivel de ACNUR Américas, estos movimientos al revés. Es pronto todavía para poder entender toda la reconfiguración de los flujos y es algo que vamos a seguir analizando. Sin duda es algo que se está empezando a ver. Todavía no tenemos mayor comentario para poder afirmar una tendencia”, responde Silvia Garduño. El programa de integración local de ACNUR se ampliará para apoyar a ciudadanos mexicanos deportados que, por razones de protección, no pueden retornar con seguridad a sus comunidades de origen. Según la ONU, a mediados del 2024, en las Américas había 20 millones de personas desplazadas por la fuerza o necesitando protección internacional y asistencia.

La Corte Suprema de Estados Un‪idos, de mayoría conservadora, rechazó este 5 de marzo una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2.000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional. Aunque no se trate de la decisión definitiva, podría ser un primer obstáculo para los proyectos de Trump y su aliado Elon Musk. Se trata del primer revés político para el presidente de Estados Unidos desde que asumió el poder en enero, y tras sus numerosos anuncios de medidas y reformas. La Corte Suprema emitió su primer fallo contrario a un decreto de Donald Trump, el de congelar el presupuesto dedicado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante 90 días. La Corte votó 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior, que exige a la Administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor. Donald Trump deberá desembolsar dos mil millones de dólares. “Dos mil millones de dólares de ayuda es mucho dinero. No es una ayuda que se da directamente, por ejemplo, a las personas de menores recursos a través de USAID. Son contratos con empresas contratantes. Cuando uno trabaja en una empresa, que le suspendan el flujo de ingresos puede ser fatal para la empresa. Entonces presentaron su caso a la Corte y la Corte dijo que efectivamente, el presidente no podía truncar una decisión que por ley ha sido dada en el Congreso, que son esos dos mil millones de ayuda que se tienen que desembolsar”, explica Adolfo Chiri, presidente de Cambridge Insight Consulting en Massachusetts, Estados Unidos.No es una decisión definitivaEsto podría ser un primer obstáculo para el proyecto de Donald Trump y de su aliado Elon Musk de recortar gastos para la ayuda Internacional. Sin embargo, el proceso no acaba con ese fallo de la Corte Suprema.“Esto ha llegado a la Corte Suprema y la Corte Suprema no ha decidido el caso, ¡ojo! Lo que han hecho es regresar el caso a una corte inferior, o sea de Columbia, para que ellos decidan y hagan las diligencias del caso, para que se decida cuál es la situación final. Pero eso no significa que se haya decidido definitivamente sobre la controversia. ¿Puede el presidente ejecutar el gasto o paralizar o congelar sobre un gasto acordado por el Congreso, sí o no?”, precisa el experto.Así como este fallo de la Corte Suprema, podría haber otros más, según Adolfo Chiri: “Esto va a ser un camino muy difícil, hacer todas las transformaciones que quieren en términos de presupuesto y de uso presupuestal. Pero lo que van a tener que hacer es, como tienen mayoría en las cámaras, en la próxima apropiación del presupuesto, sacar una ley donde se defina claramente cuáles son los roles y cuáles son las prerrogativas para evitar estas litigaciones. Porque ahora todo lo que está haciendo el presidente lo está haciendo generalmente a través de órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva es muy rápida para ejecutar, pero no necesariamente tiene la fuerza que tiene un dispositivo que sale a través del Congreso como ley”.Donald Trump ha dicho que USAID, que cuenta con programas sanitarios y de emergencia en más de 100 países, era una agencia "dirigida por lunáticos radicales", mientras que Elon Musk la ha calificado de "organización criminal".

Ottawa anunció que impondrá medidas de retorsión simultaneas a las tasas de EE.UU. por un valor superior a los 100.000 millones de dólares. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum advierte que la respuesta será arancelaria y no arancelaria. La guerra comercial lanzada  por Washington contra China, México y Canadá pasó de la retórica a lo concreto con la entrada en vigor de los impuestos este martes, un alza de 25% sobre las importaciones, que fueron seguidas de contraofensivas.La respuesta del primer ministro canadiense Justin Trudeau fue aumentar los impuestos a los productos importados de Estados Unidos del 25% sobre 155.000 millones de dólares en bienes estadounidenses. Esa represalia es contundente y también nacional, según Cristian Bravo, profesor de investigación económica y financiera de la Universidad de Ontario Occidental: “aquí tenemos provincias y las provincias tienen mucha autonomía, entonces la respuesta es tanto federal con las tarifas como provincial, con acciones directas, como sacar productos norteamericanos estadounidenses de los escaparates, por ejemplo, el alcohol”.Bravo explica que “existe una disposición política interna para responder con bastante fuerza a este evento de las tarifas que no ayudan a nadie, porque lo que hacen es eliminar ingresos que podrían estimular la economía y que ahora van a ser capturados por las tarifas”.Varias provincias canadienses como la de Ontario, retiraron de la venta productos alcohólicos estadounidenses.De acuerdo a Bravo, otros productos que van a tener un impacto inmediato: “por ejemplo el jugo de naranja que se hace en Florida, insumos terminados, automóviles, todos aquellos productos de consumidor final que tienen sustitutos en Canadá” aseguró, agregando que es posible que se importen productos de otras partes para escapar a los aranceles, “por ejemplo directamente de Europa, sin pasar por Estados Unidos”.Los mercados bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, acusan desde hace días el impacto de estas medidas proteccionistas con aranceles considerados como los más altos desde los años 40.En una Guerra comercial nadie gana, señala Cristian Bravo: “Esto se mantiene por una cantidad de varios meses. Ambos países, Canadá, México e incluso Estados Unidos mismo vamos a estar en recesión. La Reserva Federal de Atlanta tiene un indicador que se llama el GDPNOW, - que se refiere a- cómo están proyectando hoy el crecimiento dada la circunstancia y la actividad económica. Hoy día Estados Unidos está en menos 2,8%, ya está en una recesión, nosotros estamos esperando una recesión entorno al 2,5%. Si esto se mantiene por todo el 2025, va a a significar recesión en todo Norteamérica, si es que no todo El Mundo si esto se expande a Europa y se expande a otro lugar.Pekín también impactada por la guerra arancelaria de Donald Trump ha anunciado que impondrá gravámenes suplementarios del 10% y el 15% a varias importaciones alimentarias de Estados Unidos como la soja, el trigo o el pollo.

Tras la captura de Namoussi Mounir, conocido con el alias de Mou, uno de los enlaces del cartel de los Balcanes, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió al Congreso de su país la legalización de la marihuana, asegurando que su prohibición genera más violencia. Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera este domingo al Congreso colombiano vía la red social X que legalice la marihuana, ¿está el país sudamericano efectivamente más cerca de este cambio, o siquiera en el camino de hacerlo?“No han hecho nada como Gobierno”Según explica Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de la ONG colombiana DeJusticia, la regulación de la marihuana y de la hoja de coca hasta el momento ha sido sólo una intención del Gobierno, sin tomar mayores cartas en el asunto.“La regulación está dentro de la política nacional de drogas que adoptó el Gobierno Petro en 2023. Esa política nacional es una política decenal, y tiene ocho ejes, y uno de sus ejes es regulación justa y responsable. Lo paradójico es que a pesar de que Petro lo viene diciendo desde su campaña, lo dice en todos los discursos, lo incluye en su plan de Gobierno, en la política nacional de drogas, no han hecho nada ellos como Gobierno para que eso ocurra. Las iniciativas que se han llevado a Congreso no son de Gobierno”, detalla. “Es muy difícil que se pueda aprobar”En 2009, el expresidente Álvaro Uribe introdujo una reforma en la Constitución colombiana, bajo la cual se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, excepto para uso médico. Colombia legalizó el cannabis medicinal en 2016 sin necesidad de reformar la Carta Magna, pero existen posiciones encontradas sobre cuál es el recorrido legal adecuado para abordar la regulación de su uso adulto. Hay quienes plantean que alcanzaría con presentar un proyecto de ley; otros sostienen que es necesaria una presentación de acto legislativo para reformar el texto constitucional. Más allá del camino legal que se elija, para Pereira, el oficialismo no contaría hoy en día con un gran apoyo en el Parlamento: “Vamos entrando al tercer año de Gobierno con un deterioro de la coalición que había al inicio y que básicamente se desarmó, y con mucha oposición en este momento al Gobierno de Petro dentro del Congreso. Entonces, si ya en esas dos veces que había una coalición de Gobierno un poco más funcional no consiguieron los votos... De hecho, la vez que estuvo más cerca faltaron sólo dos votos, y uno de ellos fue de uno de los partidos del Gobierno Petro. Pues ahora que ya no tienen ese apoyo dentro del Congreso es muy difícil que se pueda aprobar”, subraya. Según opina Pereira, la ilegalidad del uso adulto del cannabis, como planteó el presidente Petro en la red social X, empodera a las mafias. Su regulación afectaría el negocio, aunque no lo desmantelaría por completo, ya que el crimen organizado lucra también con el tráfico de otras drogas o mismo, de migrantes.

Yamandú Orsi, del partido de izquierda Frente Amplio, asume este 1 de marzo como nuevo presidente de Uruguay para un mandato de cinco años, en los que enfrentará varios desafíos. Entre estos, la creciente inseguridad y el aumento de la pobreza. Uruguay inicia un nuevo Gobierno este sábado bajo el liderazgo de Yamandú Orsi, un profesor de historia del partido político de izquierda Frente Amplio, el mismo del exmandatario José “Pepe” Mujica. A pesar de la recuperación económica que vivió el país en 2024, el nuevo presidente enfrenta grandes desafíos.Seguridad ciudadana, economía y pobreza“El primero es en materia de seguridad ciudadana, también vinculada al aumento de la incidencia del narcotráfico en la criminalidad. Luego, Orsi tiene desafíos en el mundo económico. Hay problemas con el déficit fiscal y las cuentas públicas. Y el tercer dilema que enfrenta el gobierno de Orsi tiene que ver con la seguridad social. En el Gobierno de Lacalle Pou se elaboró una nueva Ley de Seguridad Social que impacta en el régimen de jubilaciones de los uruguayos, aumentando la edad de la jubilación. Orsi asumió con el compromiso de generar un diálogo social para modificar esa ley”, explica a RFI Camila Zeballos, politóloga e investigadora de la Universidad de la República.“Hay un cuarto desafío que tiene que ver con el aumento de la pobreza y sobre todo de la pobreza infantil. Uruguay está atravesando un problema bastante complejo en ese sentido y es un desafío que el Gobierno también se ha marcado”, prosigue.Por fin, habría un quinto desafío, que sería “cómo gobernar sin tener mayorías parlamentarias, algo que el Frente Amplio ha tenido en los 15 años que gobernó. En este momento, tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, no la tiene en la Cámara de Diputados y va a tener que negociar con alguno de los partidos que conforman la oposición”, señala Zeballos.  Integración regionalEn el plano internacional, el Gobierno de Orsi apostará por la integración regional. Así lo indica Pablo Álvarez, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio: “Hay un asunto que tiene que ver con la integración regional, porque tiene que ver con nuestra convicción de la integración latinoamericana, y además porque el mundo se está moviendo hacia la conformación de grandes bloques internacionales”. “Para eso el trabajo hacia el Mercosur y hacia la CELAC sin duda van a estar predominando en la agenda, y por lo tanto vamos a tener también una preocupación muy importante en que los mecanismos y los organismos multilaterales puedan tener un efectivo funcionamiento para un fiel cumplimiento de sus objetivos”, subraya. Orsi emprende su mandato con varios desafíos y no es para menos, pues este país de 3.388.000 habitantes, es considerado la democracia más sólida de América Latina. Según el último índice de democracia publicado por Economist Intelligence Unit, se ubica en el puesto número 15, incluso por encima de países como Francia o Estados Unidos. 

Se espera que este año el Carnaval de Río de Janeiro alcance un récord, con alrededor de 53 millones de visitantes en todo Brasil, un 8 % más que el año pasado. Este crecimiento se ve favorecido por el buen desempeño de la economía local, impulsada por el auge de las exportaciones de granos. Entrevista a Alex Agostini, economista jefe de la agencia de clasificación de riesgos Austin Rating. Este viernes comienza el famoso Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Serán días de samba, desfiles, alegría, baile y mucho color hasta el 8 de marzo. Este año, el carnaval promete ser uno de los más lucrativos de la última década, con una proyección de ingresos de 2.110 millones de dólares."El resultado del Carnaval en Río de Janeiro, así como el de otras regiones del país, depende del desempeño de la economía nacional el año anterior. Brasil ha experimentado una recuperación económica muy positiva desde la pos-pandemia. Entre 2021 y 2024, debe haber crecido más del 15 %, con un promedio del 3,5 % anual. Es un crecimiento económico muy sólido, lo que impulsará el carnaval”, señala Alex Agostini, economista jefe de la agencia de clasificación de riesgos Austin Rating.En el estado de Río, las autoridades esperan recibir a unos ocho millones de personas. Se estima que el impacto económico podría ascender a unos 1.000 millones de dólares."Estamos hablando de un impacto de alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto en el conjunto del país. Cuando nos referimos solo al estado de Río de Janeiro, el impacto es del 2 % del PIB, ya que genera recursos en el sector turístico, en los hoteles, el entretenimiento, la visita a las atracciones turísticas, así como en el transporte y la gastronomía. Es, por tanto, un impacto significativo en la economía. Pero su efecto es aún mayor en términos de promoción de la ciudad, fomentando un flujo continuo de turistas. Esto es más importante que el impacto directo del carnaval en sí; el carnaval actúa como una vitrina para atraer visitantes extranjeros”, concluye.Una vitrina no solo para Río de Janeiro, sino para todo el país, pues otros estados como Bahía, Pernambuco, Minas Gerais y São Paulo también tienen su propia programación.

El Banco Central de Brasil concluyó la primera fase de pruebas de su proyecto de moneda digital (Drex) y detectó que la tecnología todavía 'carece de madurez' y necesita superar varios 'desafíos' antes de convertirse en una realidad. RFI entrevistó a dos expertos sobre este proyecto con el que Brasilia aspira a convertirse en líder del blockchain en América Latina. El Banco Central de Brasil cerró la primera etapa de pruebas de su moneda digital, el Drex, una innovación dentro de su objetivo de posicionarse como uno de los líderes en activos blockchain controlados por los Estados.Pero el camino no parece tan sencillo. La entidad reconoció que al proyecto aún le "falta madurez" y que debe superar varios "desafíos" antes de materializarse. Entre los problemas detectados están las limitaciones en la capacidad de control de las autoridades, lo que podría dificultar, por ejemplo, la fiscalización de transferencias de fondos vinculadas a actividades ilícitas.'El Drex llegará tarde o temprano'Para Karla Cordoba, presidenta de la Asociación Blockchain Costa Rica, la llegada de esta moneda digital es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, también reconoce las críticas del sector financiero a las llamadas CBDC, o monedas digitales emitidas por bancos centrales, como es el Drex en Brasil."Existe la duda sobre cuánta transparencia habrá, hasta qué punto se limitará la libertad individual, cómo se controlarán los datos personales y si esto derivará en un mayor control por parte de los Estados. Esos son algunos de los desafíos y cuestionamientos dentro de la industria respecto a estas monedas digitales respaldadas por los bancos centrales", explica Cordoba.Pedro Gutiérrez, director para Latinoamérica del grupo asiático CoinEx, también considera que el camino aún presenta numerosos desafíos.Temor persistente a los ciberataques "El mayor reto para los blockchain es que todavía estamos ante una tecnología nueva, que está revolucionando el mundo y lo seguirá transformando, aunque aún falta adopción. Uno de los temores de los bancos centrales, y la razón por la que operan en sistemas cerrados, es la protección ante ciberataques. Si estos sistemas fueran completamente abiertos, siempre estaría el riesgo de que el sistema financiero nacional pudiera ser atacado desde el exterior, lo que se convierte en un asunto de seguridad nacional. Otro desafío crucial, que sigue sin resolverse, es encontrar una forma de implementación que garantice la privacidad de los usuarios", señala.Otra preocupación en torno a estas monedas es la falta de regulación. Aun así, Gutiérrez se muestra optimista y destaca el liderazgo de Brasil en el tema."Brasil vio una gran oportunidad para modernizar su sistema financiero a través de la tecnología blockchain con el lanzamiento de este cripto-activo. Uno de los principales objetivos del Drex es digitalizar el real brasileño con un activo seguro y regulado. Y, en este caso, ¿qué podría ser más seguro y regulado que el propio Banco Central del país?", se pregunta.Las CBDC o monedas digitales de bancos centrales están en plena expansión. Según el centro de estudios Atlantic Council, tres países ya las han lanzado (Jamaica, Bahamas y Nigeria), mientras que otros 44 están en fase de pruebas piloto, de un total de 106 que han desarrollado algún proyecto en la materia.

Para el investigador Oliver Santín Peña, especialista en los Estados Unidos de la UNAM en México, uno de los temas cruciales del debate interno del Partido Liberal este lunes, en el que participaron Chrystia Freeland, Karina Gould, Frank Baylis y Mark Carney, fue la capacidad que tendrá el futuro primer ministro canadiense para enfrentar al presidente Trump, quien ha sugerido a Canadá convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.  Este lunes se llevó a cabo el debate entre los candidatos del Partido Liberal, el partido del primer ministro Justin Trudeau, quien anunció en enero su dimisión al gobierno y a su partido. Durante el debate, los problemas locales quedaron relegados por una nueva preocupación que se posicionó como el tema principal de la noche: quién se enfrentará a su vecino, el presidente Donald Trump.Este lunes, los cuatro candidatos del Partido Liberal debatieron por primera vez en la interna de ese movimiento. Los candidatos que "han repuntado desde el inicio son Chrystia Freeland y Mark Carney", dice a RFI Oliver Santín Peña, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).'A Carney lo conocen todos los organismos internacionales' "Chrystia Freeland fue viceprimera ministra. Estuvo a la cabeza de las negociaciones para el T-MEC. Ha sido una figura muy cercana a Justin Trudeau. Incluso ha formado parte de su gobierno. Su problema es, justamente, esta cercanía. Ella ha buscado desmarcarse de las acciones del primer ministro. Pero, al hacerlo, ha demostrado poca seriedad. Chrystia Freeland no es bien recibida por Trump, quien la ha calificado de 'persona nociva'. Ellos dos no tienen una buena relación. Del otro lado surge la figura de Mark Carney, un tecnócrata muy conocido en todos los organismos monetarios internacionales", afirma Santín.'Yo fui capaz de enfrentar a Trump', dice Freeland Trudeau renunció por la falta de mayoría en el parlamento, lo que había paralizado al gobierno. Su popularidad había caído por problemas locales, entre otros, el aumento de los precios inmobiliarios. La llegada de Trump al poder con sus amenazas de aumentar los aranceles, así como la propuesta de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de los Estados Unidos, llevó a que los candidatos convirtieran al mandatario estadounidense en el punto central del debate."Por un lado, Trump está presionando con los aranceles. Está acusando que por el territorio canadiense están entrando drogas y muchos inmigrantes. Esto se ha convertido en el tema del debate del lunes. Específicamente, ¿quién tiene la fortaleza para enfrentar a Trump? Chrystia Freeland va a mantenerse con el discurso de que 'yo he sido capaz de enfrentarlo, yo he doblegado a Trump'; del otro lado, vamos a tener a Mark Carney que va a reafirmar su capacidad para negociar. Algunos analistas consideran que Carney sería un muy buen interlocutor con el gobierno de Estados Unidos", concluye Santín.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su anuncio de la “mayor deportación en la historia” de Estados Unidos, México empezó a organizarse para recibir a los migrantes deportados. Sin embargo, por el momento no han llegado tanto como se esperaba. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca frenó en seco el sueño americano para miles de migrantes que se quedaron varados en la frontera mexicana.Es el caso de Irene, quien está acompañada de su esposo y su hija tras un desplazamiento forzado en México. “Salí huyendo de allá, de Michoacán. La violencia está muy, muy fuerte. Pues uno aquí nomás parado. Los últimos que llegaron, unos venezolanos, se quedaron también estancados”, cuenta. En cuanto al futuro, dice que se van a “establecer aquí, en Tijuana. Tratar de salir adelante aquí, buscar otro círculo de vida. Tengo que salir a buscar una renta, dónde establecerme”.“No en la magnitud que se esperaba”El Gobierno mexicano dispuso albergues para recibir una supuesta oleada de migrantes deportados desde Estados Unidos. Pero lo más significativo es que tras el primer mes de mandato de Donald Trump, la mayoría de estos albergues se mantienen semivacíos a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense en expulsar a millones de migrantes indocumentados. “En el albergue que tenemos, vemos que no se cumplió con la deportación masiva de migrantes mexicanos que recibe Estados Unidos de forma irregular, algo que se sigue mencionando a la fecha pero que no se ha visibilizado o no se ha materializado con una deportación tan fuerte” como se había mencionado previo a la investidura de Donald Trump, comenta para RFI José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana. “Si bien han llegado deportados, no es en la magnitud que se esperaba”, recalca.  ¿Más adelante?“De sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado aquí en el albergue. Al contrario, ha disminuido la cantidad de inmigrantes actualmente en los albergues, están semivacíos”, precisa José María García.Según él, el hecho de que haya menos ayudas humanitarias puede explica que “la comunidad se mantenga ahora en pausa”, pero “quizás más adelante” sea diferente.Aunque no se han registrado oleadas de expulsiones, el Gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la “mayor deportación en la historia” de Estados Unidos, donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se llevó a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, Colombia pero que no logró concluirse con un acuerdo, volverá a reunirse del 25 al 27 de febrero de 2025 en Roma. Pero las autoridades colombianas llegarán a esta cita con malos resultados porque la deforestación reapareció como uno de sus más graves problemas ambientales.  No hace mucho, Colombia celebraba que en 2023 se había podido reducir la deforestación logrando unos resultados mínimos históricos, cerca de 79 000 hectáreas. Pero en el 2024, la destrucción de bosques y selvas volvió a dispararse, aumentando en un 35%, el equivalente a 107 mil hectáreas destruídas. Para darse una idea, es como si la superficie de Hong Kong hubiese desaparecido de la faz de la tierra. La deforestación es un problema que el gobierno no ha podido detener a pesar de que el presidente Gustavo Petro se presenta como uno de los mandatarios más radicales para proteger el medio ambiente.Al Director de la ONG Acción Verde, Juan Manuel Soto, le preocupa que nadie pueda parar esta tragedia en este país, el segundo más biodiverso del mundo: "Es un desconcierto de que el Gobierno que se propuso bajar la deforestación, no ha podido hacerlo, digamos que el descontrol sobre la deforestación es escalofriante, estamos hablando de 107 mil hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando y capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando, es un desastre."" Y ese aumento, obviamente, pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica, porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación...." relativiza Susana Muhamad, la Ministra colombiana de Medio Ambiente en unz rueda de prensa donde asegura que hay 5 puntos donde se disparó la deforestación: 2 en el sur, los parques de La Macarena y Tinigua, regiones controladas por disidentes de las FARC, donde las fuerzas del Estado no entran.Muhamad también indicó que el repunte se debe al acaparamiento de tierras. Juan Manuel Soto nos explica de qué se trata: ¿Qué sucede? digamos que los acaparadores de tierra, no son campesinos tratando de sobrevivir. Son empresas que contratan campesinos para deforestar, para después decir que esta tierra es de ellos y generalmente, un deforestador grande busca ganadería, a diferencia de la agricultura, porque la ganadería te permite tener un ganado en pie, ya que en el Amazonas tiene que ser extensivo,  porque el suelo no te aguanta una ganadería intensiva; entonces, primero es una vaca cada una hectárea, después es una vaca cada dos hectáreas, y así. O es un monocultivo agroindustrial, palma de aceite, soya, maíz, sorgo,  industrias alrededor de esto. O es un acaparador de tierras que la forma de controlar su territorio es, vacas."Colombia se puso el objetivo de llegar a 2030 con cero hectáreas deforestadas.

A partir de este viernes el mayor banco de Argentina se convierte en una sociedad anónima, según un decreto del presidente Javier Milei. Se trata de un primer paso hacia su privatización como pretende hacer con varias empresas del Estado desde su elección en 2024. En el inicio de su mandato, Javier Milei había incluido al Banco de la Nación en el listado de empresas a privatizar, pero el Congreso lo había excluido de dicha lista al rechazar la medida.  El mandatario argentino cambió de estrategia y ahora, la entidad controlada por el Estado, será transformada en sociedad anónima.El profesor de economía política en la Universidad Pública Argentina, Julio Gambina, explica que “al ser una sociedad anónima, se abre a la incorporación de inversores que quieran capitalizar al Banco de la Nación”.  Para él esto sería “el camino a iniciar una privatización con el ingreso de capitales suficientemente importantes, principalmente extranjeros”.Gambina recuerda que el país suramericano tiene una posición acreedora en el sistema mundial y el Estado tiene un déficit de divisas, “por lo cual necesita que ingresen divisas e imagina que la privatización de las empresas públicas que subsisten bajo gestión estatal es un mecanismo para invitar a capitales externos  a ingresar en Argentina”.  El señala que la propia Ley de bases aprobada el año pasado “involucra el régimen de inversiones de facilidades para inversores que se orienten a la producción primaria exportadora, especialmente la energía y por lo tanto, el Gobierno está haciendo todo lo posible para que ingresen inversiones externas”.Para el experto esta decisión sólo le servirá a "aquellos sectores del capital más concentrado, aquellos que son funcionales a la lógica monetario mercantil que impulsa el gobierno libertario de ultraderecha”.Gambina reconoce que  para la población Argentina el resultado será una línea del ajuste fiscal y de reestructuración regresiva que se planteó en el año de gestión de Javier Milei. Esto traduce  “menos jubilaciones, menos ingresos salariales, deterioro de los ingresos populares de la mayoría de la población de la Argentina, más de 11000 pequeñas y medianas empresas cerradas en el último año, recesión económica que afecta a la evolución del mercado interno; porque toda la apuesta es a una inserción subordinada que sea funcional a las demandas del capital externo”.Según el decreto, los accionistas del BNA serán el Estado, con 99,9% del capital social y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía. El 0,1% lo poseerá la Fundación Banco de la Nación.El BNA es la principal entidad financiera de Argentina. Tiene más de 20 millones de usuarios, 10 millones de clientes y 17 mil empleados.

En un informe publicado el 19 de febrero, Human Rights Watch concluye que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que "la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal". Hablamos con Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.  RFI: ¿Por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México? Tyler Mattiace: Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que sólo el 17% de todos los homicidios, desde 2010 a 2022, fueron esclarecidos, con un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea el 9%, llegaron a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanas y materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez. RFI: ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana? Tyler Mattiace: Uno de los retos mayores que enfrenta en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos, que nosotros documentamos en este informe, cayeron porque el testigo fue asesinado. RFI: ¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe? Tyler Mattiace: Concretamente, voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasa de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y una recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones. 

RFI entrevistó al profesor de la UNAM Javier Oliva Posada sobre el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que considera ampliar la demanda en curso contra armerías de Estados Unidos si ese país finalmente resuelve denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno mexicano advirtió el viernes que ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su presunto papel en el suministro de arsenal a los delincuentes en México, incluidos los cárteles del narcotráfico.El gobierno mexicano acusa a los fabricantes de armas de negligencia en la venta de armamento que termina en manos de los cárteles. Para la presidenta Sheinbaum, la querella podría incluir un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas."El 74 % de las armas utilizadas por grupos delincuenciales en México provienen de Estados Unidos", denunció la mandataria. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense en un informe sobre la circulación de armas dentro y fuera del país.El profesor Javier Oliva Posada, investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia, señala que la entrada de armas provenientes de Estados Unidos a México es "constante". Según este académico de la UNAM, "el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad calcula que, de cada diez armas incautadas en México, ocho fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de mil negocios de venta de armas. Es un flujo muy importante, sobre todo de fusiles de asalto y de alto poder, que llegan a manos de los delincuentes", sostiene Oliva.Más de 3.000 kilómetros de frontera común Los más de tres mil kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos facilitan el tráfico de armas, según el profesor de la UNAM."México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Además, hay 42 pasos fronterizos, es decir, cruces ferroviarios, de autotransporte y, por supuesto, peatonales. Otro dato importante: la frontera entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo, con un millón de cruces diarios y alrededor de 300.000 vehículos", explica.El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los principales compradores ilegales de armamento en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump solicitó a su gobierno que los declarara organizaciones terroristas, junto con otros tres cárteles. De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por "complicidad"."Si se venden armas que luego son incautadas en un escenario violento en México, la pregunta es: ¿se convierten esas personas en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos está permitida la venta de armas, esas mismas llegan a México para ser utilizadas por el crimen organizado. El gobierno mexicano tendría que diseñar una fórmula jurídica a nivel internacional que establezca ciertos requisitos para la venta de armas de alto poder que terminan en nuestro país", concluye Oliva.Por su parte, el secretario de Estado en la administración Trump, Marco Rubio, declaró en un programa de radio estadounidense que su país colabora con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Una noticia que fue recibida con alegría por diversos organismos en el país. Han pasado ya casi nueve años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados.  “No sabemos qué pueda pasar”Por ello, su hija Bertha Zúniga y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se congratuló después de que el Gobierno instalase un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para esclarecer el caso. “Es hasta que llega este Gobierno que retomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana”, expresó. “No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato. Pero sí, para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca”, recalcó Zúniga. Beneficios económicosLa medida no es sólo celebrada entre los familiares de Cáceres y el COPINH, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades?”, explica Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL.“Entonces, tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que esos seis meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias”, señala asimismo. Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente Donald Trump, de congelar la ayuda exterior de Estados Unidos, canalizada principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Diego Chávez, del Instituto de Política Migratoria. Desde Washington explicó a nuestra compañera Angélica Pérez cómo los gobiernos de América Latina conseguían elevadísimas cifras y que podrían desaparecer de sus presupuestos si Donald Trump desmantela esta institución. En Estados Unidos, el poder judicial arremete contra las órdenes del presidente Donald Trump que quiere desaparecer la USAID. Este viernes el juez federal Amir Ali contuvo la congelación de los fondos con los que la USAID sostiene cerca de 1300 proyectos en más de 40 países, así lo dijo a RFI el encargado para América Latina y Caribe de la Migration Policy Institute, Diego Chávez González. "USAID es la principal agencia que da este tipo de fondos. 1,9 billones a gobiernos en América Latina que quieren que les contraten consultores a ministerios o agencias y se lo piden a USAID".La decisión judicial indica que el Gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.Diego Chávez explica que la decisión puede afectar "a todos los países de la región y que ya hay programas ahora mismo que han cerrado en temas como el conflicto armado o la migración".  Poniendo ejemplos en concreto, en Guatemala por ejemplo, puede verse afectada por un programa de la USAID que significaba 150 millones de dólares. Guatemala es el quinto país a nivel regional que más fondos recibe. "Todavía hay incertidumbre por las órdenes ejecutivas y lo que pueden suponer. Los gobiernos locales no tienen muchas veces capacidad para responder a estos efectos" ha dicho Chávez en RFI.Siguiendo la orden emitida por Trump a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior, con excepción del apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema.La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando.Según la ONU, Estados Unidos es, de largo, el principal suministrador de ayuda exterior, con cerca de 72.000 millones de dólares invertidos durante 2023, lo que representa un 40 % de la ayuda humanitaria global.

Mientras Donald Trump amenaza al mundo con aranceles, Colombia le manda rosas, claveles y crisantemos. Para este 14 de febrero, Día de San Valentín, las exportaciones de flores colombianas aumentaron un 13% en comparación con el año pasado, pero si continúan los roces entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump, miles de parejas se quedarían sin rosas.  Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial y Estados Unidos es su primer cliente, quien le compra el 80% de su producción. No es casualidad tan elevada cifra porque en las tierras colombianas crece una variedad excepcional de rosas, crisantemos y otras flores.“Colombia cultiva alrededor de 60 especies y eso le ha permitido, para el mercado de Estados Unidos por la cercanía, elaborar los bouquets, o sea, los arreglos que ya van directo a los supermercados. Y se estima que el 80% de los bouquets que están en los supermercados estadounidenses son hechos en Colombia. Colombia puede hacer un bouquet de 5 dólares, de 10, 20, 30, 100 dólares, y con todas las mezclas que se pueda ocurrir al cliente o al mismo cultivador de flores”, detalla para RFI el presidente de Asocolflores, Augusto Solano. “Ambos países están ganando”Como el mercado estadounidense es vital para los productores colombianos, el líder del sector floricultor recuerda que su gremio pasó un mal momento cuando Gustavo Petro y Donald Trump se amenazaron con aumentar los aranceles.“Dado que Colombia exporta el 80% a Estados Unidos, eso habría sido sencillamente fatal, imposible de absorber, porque un arancel del 25% y 50% es imposible que lo asuman los floricultores. Afortunadamente se llegó a una solución y no tuvimos ningún inconveniente”, señala. “Ambos países están ganando. Aquí mandamos principalmente flores, café, pero Estados Unidos nos vende maíz, soya y somos de los tres primeros compradores del mundo de esos dos productos de Estados Unidos. Entonces estamos en una situación en que ambos ganamos”, recalca. Un ganar ganar que genera unos 200 mil empleos en Colombia y alegría en Estados Unidos: “Varios estudios han demostrado en universidades muy respetadas que el impacto emocional de las flores es muy grande y mucho más que otro tipo de regalos. Y es un impacto emocional no sólo para el que recibe las flores, sino para el que las regala”, subraya Augusto Solano. 

En 2024, América Latina recuperó sus niveles económicos que fueron perturbados por la pandemia, pero la generación de empleos no crece como la demanda. Esta es una de las principales conclusiones del último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también alertó de las preocupantes tasas de empleo informal y precariedad.  En Lima, la capital peruana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó su informe “Panorama Laboral 2024”. Desde allí, Gerson Martínez, quien coordinó este reporte, explica a RFI que en cuestiones laborales el panorama de América Latina y del Caribe se quedó congelado en el tiempo, como si estuviéramos en el año 2014.“Podemos decir que la recuperación del empleo, si bien ha sido positiva, aunque se ha desacelerado en los últimos años, aún es insuficiente para superar los niveles que teníamos hace 10 años”, señala.“Condiciones de precariedad laboral”Ante la falta de empleos formales y que además ofrezcan salarios que correspondan al costo de vida, millones de personas han encontrado una solución en el empleo informal, a tal punto que este tipo de trabajo forma parte de la economía de los países. Sin embargo, estas personas estarían expuestas a varios peligros e injusticias. “Esta característica estructural condiciona a las personas que están en esta situación a no tener acceso a la seguridad social. Normalmente están ocupadas en sectores de baja productividad y por ende baja remuneración, dado que están en condición de informalidad, no tienen un salario mínimo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la condición de informalidad resume en buena medida las condiciones de precariedad laboral que enfrentan las personas trabajadoras en esa condición”, detalla Martínez.Posibles deportaciones masivasEn Perú, la tasa de informalidad es del 72%, en Ecuador del 68%, en Paraguay del 67%, y más lejos con un 52% está México, país al que Estados Unidos amenaza con aumentarla los aranceles y donde quiere enviar a miles de migrantes irregulares. El panorama laboral entonces podría cambiar vertiginosamente, pero la OIT pide prudencia. “Definitivamente, si las medidas son profundas, de largo alcance y afectan a sectores estratégicos de la economía, particularmente aquellos que tienen mayor peso en la generación de empleo, el impacto en los mercados de trabajo seguramente será sensible, y esto podría derivar en varias cosas: un aumento del desempleo, un aumento de la informalidad laboral”, comenta Martínez.“¿Cuál podría ser el efecto que tendrían deportaciones masivas a los países de origen? De nuevo, esto va a depender de si efectivamente son masivas. Son anuncios aún recientes, y todavía estamos a la espera de ver cómo se consolidan y se llevan a cabo”, agrega. El informe también destaca que el 60% de los jóvenes no tienen trabajo, y que la brecha del desempleo entre hombres y mujeres se reduce lentamente, aunque aún hay 22 puntos que los separan.

RFI entrevistó a Mario Moreno Cepeda, exjefe de gabinete de control de drogas en la Casa Blanca y exfuncionario de la administración Biden, sobre las nuevas políticas de la administración Trump hacia México, las cuales incluyen la amenaza de imponer aranceles para abordar la crisis del fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. El pasado 1° de febrero, Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25 % a las importaciones procedentes de México y Canadá. Tras una llamada telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum dos días después, acordó suspender los aranceles a México por un mes. Como parte del acuerdo, México se comprometió a desplegar 10.000 soldados en la frontera con EE. UU. para combatir el narcotráfico y reducir la presión de Washington.Sheinbaum declaró que las tropas también reforzarían las operaciones de seguridad en la región fronteriza norte. El martes 4 de febrero, comenzó el despliegue de los militares.Imponer aranceles es contraproducenteRecurrir a las amenazas de aumentar los aranceles no es nuevo para México con Trump, pues ya lo hizo durante su primer mandato. Lo novedoso es utilizarlas para enfrentar el problema del fentanilo."La imposición de aranceles a México por parte de su administración es una estrategia netamente política. Trump busca un culpable para un problema de adicción y salud pública que tenemos aquí en Estados Unidos", explica sostiene este ex funcionario de la administración demócrata.La administración republicana sostiene, sin embargo, que México no está haciendo lo suficiente y acusa al gobierno de Sheinbaum de mantener una "alianza intolerable" con los cárteles del narcotráfico, principales traficantes de fentanilo.¿Qué opina Moreno Cepeda sobre la estrategia de la nueva administración? "Es una forma de presionar a México, pero esto tiene sus límites. Trabajar con México como socio puede dar mejores resultados que estas amenazas. Para abordar el problema del fentanilo se necesitan varias herramientas. Lo preocupante es que la administración Trump presenta esta medida como la única solución a un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", opina. .Moreno también advierte sobre el énfasis de Trump en tratar la crisis del fentanilo solo como un problema de seguridad, sin considerar estrategias previas que lograron avances.Presionar es la única estrategia "En 2023, durante la administración Biden, llegamos a 110.000 muertos por sobredosis en un año. Esa cifra se ha reducido a 89.000 gracias a políticas que combinaban seguridad y salud pública. Estas políticas no solo se promovieron, sino que se implementaron, y ahí está el resultado", sostiene.Para él, centrarse únicamente en seguridad no es el camino para abordar eficazmente un problema de salud pública."Si esta administración sigue enfocada solo en seguridad, ese declive no será sostenible. Lo preocupante es que amenazar a México no es productivo y que esta presión se presenta como la única solución para un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", concluye.

Los incendios forestales que arden en múltiples focos en la Patagonia argentina desde diciembre han consumido más de 36.000 hectáreas hasta este jueves y han movilizado a cientos de bomberos. RFI entrevistó a María Vergara, damnificada de un paraje rural en la provincia de Río Negro y a Manuel de Lucía, brigadista voluntario, de la agrupación Mallín Ambiental.  Desde diciembre, la Patagonia argentina arde sin control. En los últimos días, el fuego se ha intensificado. Bomberos y habitantes apenas tienen descanso."Es un incendio de dimensiones extraordinarias. Empezó muy cerca de mi casa. Ya pasó, pero no quedó nada. Tenía dos casitas y cuatro 'dormís' [habitaciones de alquiler]. Todo quedó en cenizas. Y del bosque, ni hablar", dice María Vergara, habitante del paraje rural Mallín Ahogado, en el municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina.Vergara relata el momento en que advirtió el peligro:"Estaba a punto de salir de mi casa cuando me preguntaron: 'María, ¿es esto normal?'. Miré por la ventana y vi una columna de humo tremenda, con una fuerza espantosa. Le respondí: 'No, eso es un incendio. Busquen sus cosas. Esto se viene. ¡Rápido, rápido, rápido!'. En menos de una hora tuvimos que evacuar. Yo salí solo con lo que llevaba puesto', relata. Los brigadistas voluntarios, como Manuel de Lucía, coordinador de la agrupación Mallín Ambiental, explican que enfrentan las llamas con recursos limitados.Recursos limitados para enfrentar el voraz incendio "El fuego aún no está controlado y sigue avanzando. En un principio, trabajamos con herramientas manuales. También usamos cursos de agua, como ríos y arroyos, para enfriar el terreno y sofocar las llamas. En las zonas de difícil acceso, trasladamos agua en camionetas particulares de familias de pequeños productores. Utilizamos bidones de hasta 1.000 litros con motobombas portátiles para abastecer a las cuadrillas y extinguir los focos de una sola vez. De lo contrario, tendríamos que regresar con herramientas manuales, lo que hace más lento el trabajo", explica De Lucía.La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado mantiene a la región en la incertidumbre. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta identificar a los responsables de los incendios, la demanda desde el terreno es clara."Pedimos medidas urgentes para evitar que más viviendas sean arrasadas y que no haya más víctimas fatales. Esta es una zona de producción agroecológica. Necesitamos preservar la tierra en buen estado. También exigimos que no se nos desplace para favorecer negocios inmobiliarios. No olvidemos que esta es una región turística muy codiciada", advierte un residente.Más allá del esfuerzo de brigadistas y organizaciones no gubernamentales, el fuego sigue fuera de control al otro lado de la frontera con Chile. La situación es alarmante: hay 78 focos activos, 35 de ellos en la región de La Araucanía, fronteriza con la provincia argentina de Neuquén.

Tras 14 meses y medio de gobierno de Daniel Noboa, los ecuatorianos votan este domingo en medio de una crisis multidimensional que abarca la economía, el sistema energético, la institucionalidad y la seguridad. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en índice de homicidios.  La violencia que el país andino arrastra hace un lustro se arreció en 2024, segundo año consecutivo más violento en la historia de Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos, según datos de la Policía Nacional. Incluso en las elecciones anteriores fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las matanzas en las cárceles son moneda corriente. Enero de 2025 es el mes más violento de los últimos tres años, con un asesinato cada hora.  “¿Cómo llegamos a esto? Si tuvimos ya unos niveles super reducidos de violencia, ¿qué pasó?”, se pregunta Carla Álvarez, investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experta en seguridad."Hubo una desinstitucionalización del país y del campo de la seguridad. Teníamos un Estado mucho más fuerte en el campo de la seguridad y, de repente, se dio una reducción del tamaño estatal, una reducción de todas las instituciones, de su presupuesto, de funcionarios y funciones", explica a RFI. Eso provocó que hubiera "espacios fuera de control y los espacios que están controlados, se debilitan al mínimo, dejas que la tecnología se pudra", denuncia la investigadora. Y esto afectó, afirma, a cárceles, puertos, aeropuertos y carreteras. "El Ecuador se convierte es un territorio baldío. Una autopista genial para sacar droga hacia el mundo, donde nadie controla, nadie ve y nadie dice nada", agrega. ¿Cuando ocurrió este desmonte del Estado?  "A partir del 2017, claramente. Nosotros veníamos de un modelo de desarrollo de tipo nacionalista y desarrollista que creía y confiaba mucho en la planificación estatal centralizada. Esto significaba que el Estado debía ser grande para poder controlar los espacios y los asuntos estratégicos", recuerda. "Viene un nuevo gobernante, Lenín Moreno, que dice ‘no, así no funcionan las finanzas públicas, estamos muy endeudados y no podemos asumir este gasto estatal. Hay que cortar al Estado'. A partir del 2017 todos los gobiernos han seguido la misma política", afirma a RFI."El crimen organizado encontró a Ecuador con los pantalones abajo""Noboa no es el culpable de todo porque los anteriores gobiernos no habían invertido en nada, y eso en un contexto de pandemia que debilitó muchísimo a la sociedad, fuimos el segundo país con más mortalidad.  Además, hay un escenario o unas condiciones apropiadas para el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Pero, lo que pasa es que al Ecuador lo encuentra con los pantalones abajo."Cuando el joven Noboa llega al poder se encuentra con un gobierno muy nuevo que tenía que sostener en popularidad si quería proyectarse para un siguiente mandato. Y dice voy a tomar acciones de mano dura para posicionar su imagen como una persona, no que obtiene resultados, sino que sí se preocupa. Entonces, empieza a tomar  medidas sobre la marcha y declara el 'conflicto armado intern'o, saca a los militares a las calles, pide una reforma constitucional para prohibir la prisión preventiva, aunque eso viola los derechos humanos, los principios legales y el Estado de Derecho e Invade la Embajada de México para coger al ex vicepresidente Jorge Glas. Todo esto para mostrarse como un actor, un hacedor, un hombre de acción".Violaciones de los derechos humanos de parte de las Fuerzas ArmadasDaniel Noboa llevaba menos de dos meses en el cargo, cuando delincuentes armados irrumpieron en el estudio de una cadena de televisión estatal durante una transmisión en directo. El presidente declaró, entonces, en "conflicto armado interno” al país y emitió un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio para “neutralizar grupos terroristas”.El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia violación de derechos humanos de parte de las  Fuerzas Armadas ecuatorianas en el marco del estado de excepción. En su último informe reporta  a 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, crimen de lesa humanidad,  en la zonas costeras del pais. Nueve de ellas son menores de edad. Las víctimas son civiles pobres, afrodescendientes, campesinos y sin prontuario delictivo, aseguró a Radio Francia Internacional el responsable legal del organismo de defensa de DDHH, Fernando Bastias. 

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marcos Rubio, afirmó que respeta el marco legal de Panamá y los procedimientos que rigen el Canal, aunque le parece “absurdo” que su país tenga que pagar cuotas para transitar “una zona” que tiene la obligación de proteger en momentos de conflicto. Rubio eludió reconocer que el departamento de Estado mintió al asegurar, durante su vista al país centroamericano, que los barcos de guerra estadounidense habían sido exonerados de pagar peaje al pasar por el Canal de Panamá.  Al parecer, las falsedades, contradicciones y desmentidos son el sello del segundo corto mandato de Donald Trump. Esta vez, la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá desató el fuego cruzado de declaraciones mentirosas e impugnaciones.El Departamento de Estado estadounidense aseguró el miércoles 5 de febrero que sus embarcaciones militares ya pueden transitar sin pagar tarifas por el Canal de Panamá. Con celeridad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) negó que el país centroamericano haya aceptado eximir del pago a embarcaciones de guerra estadounidenses.“Ningún cambio a sus tarifas de peaje”“La Autoridad del Canal de Panamá emitió un comunicado de prensa donde indica que ellos no han realizado ningún cambio a sus tarifas de peaje. Atribuciones que le corresponde a través de la Constitución de la República de Panamá”, comenta Erving Vargas, experto en seguridad portuaria y marítima y director del Centro tecnológico de cooperación marítima para Latinoamérica.“Lo que sí comunicaron es que están en comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir las futuras medidas para agilizar el paso de las embarcaciones de guerra de Estados Unidos”, agrega.“Con absoluta responsabilidad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país”, destacó la ACP en un comunicado.La noticia de que embarcaciones militares de Estados Unidos no pagarían peajes por transitar por el Canal de Panamá venia tomando fuerza antes de la vista de Rubio. Interrogada por la Agencia Bloomberg, la ACP respondió que “la estructura de peajes vigente en el Canal de Panamá se mantiene igual para todos los usuarios y se calcula de acuerdo con el tipo de buque y carga que transporten. En el caso de los buques de guerra, tanto de Estados Unidos como de cualquier otro país, el cobro de peaje se calcula en función de las toneladas de desplazamiento y los servicios marítimos que se requieran”.“La autoridad del Canal de Panamá fija los peajes”Las falsedades de Washington también desatoraron el rechazo y la cólera del presidente panameño José Raúl Mulino. “Tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado porque está basado sobre una falsedad. Y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia”, afirmó el mandatario.Mulino reveló que conversó con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a quien le explicó la “imposibilidad” constitucional de modificar los peajes del Canal de Panamá. “El presidente no tiene esa potestad”, subrayó el mandatario. Además, recordó que el artículo 319 de la Constitución Política señala que es la Junta Directiva de la ACP la que fija los peajes, con la aprobación final del Consejo de Gabinete. “Para que tengamos en claro la autoridad del Canal de Panamá fija los peajes, las tasas y los derechos para uso del Canal y los servicios conexos que el Canal da. El Canal de Panamá hace una evaluación de sus gastos operativos para ver si el incremento puede darse o ajustes al mismo. Y eso se presenta ante el Consejo de Gabinete para su ratificación. El Consejo de Gabinete solamente verifica que se cumpla con lo que se dice en la Constitución en ese punto específico. Todo esto está establecido dentro de la política de Estado que tiene Panamá para que el Canal se maneje de una forma autónoma dentro del país o dentro de la República de Panamá”, detalla el experto Erving Vargas.Tras su visita a las esclusas de Miraflores, en el Canal de Panamá, el secretario de Estado Marcos Rubio dijo: “Cuando estuve allí ayer (domingo 2 de febrero), el barco detrás de mí, justo sobre mi hombro, era un buque de carga de Hong Kong, por lo que su presencia, no solo en el Canal, sino en todo Panamá, es muy preocupante”. Sin embargo, el barco al que se refiere Rubio que pasaba no era de Hong Kong. Se trataba del buque GAS Ares, de bandera panameña, perteneciente a una empresa de Corea del Sur. La embarcación partió de un puerto en Texas, Estados Unidos, con rumbo a la ciudad costera surcoreana de Yeosu.Finalizada la reunión entre el secretario de Estado y el presidente de Panamá, Washington anunció que Panamá congeló un acuerdo con China conocido como la Ruta de la Seda y abrió la puerta para que la empresa china Hutchison Ports deje de operar los puertos vecinos al Canal.

En su último informe “Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador”, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recoge una serie de casos de personas detenidas desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el contexto de la militarización decretada por el Gobierno.  Los casos suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, en la costa del país. Nueve de ellas son menores de edad.  En respuesta a la violencia criminal que campea en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en “conflicto armado interno” al país y en enero de 2024 emitió un decreto ejecutivo proclamando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio. Se promovió el uso de la fuerza letal contra la población para “neutralizar grupos terroristas”. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, alertaron el sobre el riesgo que esta medida implica para la vida y la integridad ciudadana. “No existe tal conflicto armado”“Desde el primer día, nosotros alertamos de que esta militarización de la seguridad ciudadana iba a poner en riesgo a la población civil. Los militares no están capacitados para atender tareas de seguridad ciudadana, porque su formación está enfocada en la erradicación del ‘enemigo'. Y esto se agudizó a partir de la declaratoria política del ‘conflicto armado interno'. Digo política porque en la realidad no existe tal conflicto armado interno. Existe una diferencia abismal entre crisis de inseguridad y un contexto de conflicto armado interno”, explica para RFI Fernando Bastias, experto legal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Eso fortaleció la tesis del ataque contra la población civil, bajo el discurso del uso letal de la fuerza contra ‘terroristas' y eso ocasionó los primeros casos reportados de tortura, luego, las detenciones arbitrarias y, progresivamente, se fueron sumando las desapariciones forzadas que hasta la fecha se suman 27 víctimas, incluyendo adolescentes y niños”, subraya.  “Perfilamiento racial”En cuanto a los perfiles de las personas desaparecidas, Bastias precisa que “en primer lugar, las desapariciones iniciaron con una detención ilegal arbitraria y se mantuvo con una incomunicación. No hay víctimas directas, resultado de una selección o de una política de terror; pero sí es el resultado de un comportamiento de las Fuerzas Armadas en aplicar el perfilamiento racial. Y también en hacer un uso indiscriminado de su capacidad de ejercer la fuerza estatal”. “Son las personas de barrios empobrecidos, personas afroecuatorianas y en contexto rural las principales víctimas de desaparición porque cumplen los estereotipos. El presidente ha promovido en redes sociales contra quienes debe ir la mano dura: contra la gente pobre, no contra las megas estructuras financieras que existen en el país”, indica.“Civiles comunes y corrientes”Según el experto, “los índices de violencia del crimen organizado no han cambiado. De los casos que nosotros tenemos a la mano, ninguno tiene indicios de antecedentes penales o de haber participado en algún delito o de formar parte de algún grupo de delincuencia organizada. Más bien, eran civiles comunes y corrientes”.“Ese es el riesgo. Cuando tú normalizas que Fuerzas Armadas ejecute operativos sin ningún tipo de control, que las personas que no tienen nada que ver sean víctimas de crímenes también cometidos por ellos. Y aunque hubieran tenido antecedentes, hay un procedimiento que seguir”, recalca. El tener un prontuario delictivo no justificaría el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada. Asimismo, defensores de derechos humanos señalan que la situación en Ecuador no cumple con los requisitos establecidos para declarar un “conflicto armado interno”. Estas organizaciones alertaron de que la movilización de las Fuerzas Armadas es una medida mediática que refuerza un enfoque “securitista y punitivista” y pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales. Estiman que lo que el país necesita es una política pública con medidas efectivas, integrales, estratégicas, técnicas y profesionales, de mediano y largo plazo que aborde los factores que inciden en el aumento y proliferación del crimen organizado.

La ira desatada por la ofensiva de Donald Trump contra los inmigrantes se siente en las calles de EEUU. Desde el domingo pasado cientos de miles de personas manifiestan contra el aumento de redadas y deportaciones puestas en marcha por el republicano desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Trabajadores de origen latinoamericano y negociantes se sumaron este lunes al llamado en redes a los migrantes a no asistir al trabajo con el fin de demostrar lo esenciales que son para la economía estadounidense. Según Los Angeles Times unos 250 negocios en todo el país no abrieron ese día por seguir la protesta o porque no tenían personal suficiente.Nueva York, Saint Louis, Atlanta, Dallas, Los Ángeles… en varias ciudades el paro fue acompañado por una ola de inmigrantes y estadounidenses que ondearon banderas de países latinoamericanos y lanzaron consignas en contra de las medidas racistas del presidente republicano."Son manifestaciones orgánicas más que nada de jóvenes", explica a RFI Francisco Moreno, director de la ONG Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) con sede en Los Ángeles.Nuestros padres vinieron a luchar por nosotros en este país, ahora nosotros estamos luchando por ellos"Llegaron solitos a través de las redes sociales y han estado llegando por miles y miles aquí al centro de Los Ángeles -continúa Francisco Moreno-. Hay muchas pancartas que dicen "Nuestros padres vinieron a luchar por nosotros en este país, ahora nosotros estamos luchando por ellos". Es su grito de guerra contra estas políticas racistas del presidente Donald Trump. Hay gente que está poniendo en inmigración. Vemos con mucho miedo que este Gobierno está haciendo compuesto, pues por gente vamos lo diciendo fascistas". Los arrestos en todo el país de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) aumentaron la última semana con cerca de 900 a 1.200 personas detenidas por día, según la agencia. El promedio en 2024 fue de 311 detenciones diariasLeer tambiénEn Chicago, una iglesia brinda asilo a los migrantes y desafía al ICE"Son operativos ya muy establecidos contra cierta persona. Vienen buscando a criminales, según ellos. Aquí en Estados Unidos un criminal es aquella persona, por ejemplo, que tuvo faltas de tráfico y que no fue a corte, personas que tuvieron violencia doméstica que manejaron bajo la influencia de drogas  o alcohol. Todos para ellos aquí somos criminales, se nos llama criminales", explica sobre las detenciones."A estas personas y más que nada y más que nada, las personas que han tenido una orden de deportación anterior o que fueron deportados y que volvieron a entrar a Estados Unidos, son un objetivo para venir a detenerlos, ya sea afuera de sus casas o en sus trabajos. Es lo que estamos viendo hasta ahorita", concluye. “In the schools, NO ICE! (Fuera ICE de las escuelas)” consigna de la manifestación en Nueva York en rechazo a la presencia de la policía de inmigración en los centros escolares. La Administración Trump ha facultado nuevamente a los agentes federales a hacer operativos prácticamente en todo lugar.

En menos de una semana, los ecuatorianos volverán a elegir al mandatario de Estado en unas elecciones presidenciales donde toman ventaja el actual mandatario, Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del grupo político afín al expresidente Rafael Correa. Todas las encuestas apuntan a unas elecciones muy polarizadas y reñidas entre el actual presidente Daniel Noboa del partido Acción Democrática Nacional y la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana.Shila Vilker, consultora política y directora ejecutiva de la encuestadora Trespuntozero, indica que el escenario político es de hiperpolarización. “Estos dos grandes candidatos que llevan la delantera, retienen un porcentaje muy importante, muy intenso de los votos.  Es una escena competitiva. Nosotros encontramos a Luisa González por arriba de Noboa, con más o menos 4 puntos de diferencia. Es una escena muy polarizada y por supuesto, a costa de las otras figuras de la campaña, que en este caso es una oferta muy importante”, señaló Vilker agregando que hace un mes la diferencia entre ambos era más grande con González liderando el voto.Cabe destacar que los ecuatorianos votaron por las presidenciales hace tan solo un año y dos meses, poco antes de que Noboa disolviese la Asamblea Nacional y concluyera el periodo constitucional de Guillermo Lasso, por lo que según analistas, los ciudadanos tienen mayor claridad al votar en esta ronda.Para Vilker el contexto se da entre dos caras: “Lo primero es que la elección que enfrenta Noboa es una elección con un candidato que está en ejercicio del poder.  Pero, el otro elemento novedoso de la escena es que en las últimas elecciones, Revolución Ciudadana tenía alrededor de 34 o 35 puntos y en esta elección está llegando con más de 40 puntos ---.--según sondeos-. Ahí hay que hablar no únicamente de Revolución Ciudadana, sino de la figura de Luisa González, que ha tenido capacidad para ampliar el espectro de gente a la que se interpela”, señaló.El próximo domingo también se elegirán a 151 diputados, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 del extranjero para conformar la Asamblea Nacional. Igualmente polarizada. En la que Acción Democrática Nacional y  Revolución Ciudadana se convertirán en las grandes mayorías.

Se cumplen dos años de la apertura de la cárcel más grande de América Latina. El centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Con capacidad para 40.000 personas, se ha convertido en símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que suma  ya más de 80.000 arrestos en el marco de un régimen de excepción declarado en marzo de 2022 y fuertemente criticado por ONG y agencias internacionales. El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, punta de lanza de la guerra del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador cumple dos años.Esta prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 reos y escenario de impactantes imágenes de reclusos hacinados con la cabeza afeitada, fue presentada el 31 de enero de 2023 y puesta en marcha a principios de febrero de ese mismo año.Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, experto en seguridad, este centro, además de ser una cárcel, sirve para lanzar un mensaje."Es CECOT es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructuras de las pandillas criminales de alta peligrosidad. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados, lo que les espera al ser condenados", dijo a Radio Francia Internacional.El CECOT es el complemento del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, con el que ya se han detenido a más de 80.000 personas.Ricardo Sosa estima que aunque no se ha ganado la guerra, las pandillas, como la Mara Salvatrucha, se han visto fuertemente golpeadas: "Las pandillas criminales en El Salvador, como fueron conocidas antes del 2022, ya no tienen la misma capacidad de operación, ya no tienen el mismo impacto criminal y ya no controlan parte del territorio salvadoreño". Leer tambiénDenuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos en El SalvadorSin embargo, la rigidez del régimen de excepción de Bukele también despierta recelo. Agencias internacionales, ONG y grupos ciudadanos han denunciado que atenta contra los derechos humanos. Un ejemplo es el MOVIR, el Mivimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Denuncian detenciones arbitrarias: 8.000 de los presos han tenido que ser liberados, y falta de acceso a los reos y a la información.Samuel Ramirez, su coordinador, habla con RFI: "Ese número de 80000 lo logró en poco tiempo. El presidente quería números. No hay acceso a la información. El mismo régimen de excepción le permite mantener en reserva toda la información que tiene que ver con el régimen. No permiten las visitas familiares, no se permite saber las causas de las muertes en las cárceles. No podemos saber cómo van los procesos judiciales". El 27 de marzo el régimen de excepción cumplirá 3 años en el Salvador. 

En medio de la polémica ligada al Canal de Panamá llegará este 1 de febrero el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al país centroamericano. Donald Trump no descartó una acción militar para retomar el control de la infraestructura, que tacha de controlada por China. ¿Qué busca Washington con el viaje oficial del jefe de su diplomacia?  Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, llega este sábado a Panamá en su primer viaje oficial al extranjero. En el país centroamericano esperan una visita complicada.El “Gran Garrote”“A mí me parece que la visita del secretario Rubio viene con normas muy claras. Creo que estamos reviviendo la política del ‘Big Stick', el ‘Gran Garrote'. El gobierno tiene que asumir una posición de negociación, pero hacerlo también con prudencia, porque sabemos que viene con el garrote. Ya tenemos claro lo que sucedió en Colombia y además sabemos que viene con una línea agresiva”, estima Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y experto en las relaciones entre ambos países. Donald Trump ha declarado varias veces su deseo de recuperar el control del Canal de Panamá, llegando a no descartar la fuerza militar. El presidente de Estados Unidos asegura que está controlado por China, lo que es sería una amenaza para Washington. Empresas chinas controlan dos puertos de cincoDos empresas ligadas a Pekín controlan dos puertos de los cinco existentes: el de Balboa, del lado del Pacífico, y el de Cristóbal, en el Atlántico. Juntos triplican la capacidad del de Manzanillo, el único controlado por Estados Unidos. Sin embargo, revertir esa situación se antoja imposible para Franco Muñoz.“Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del Gobierno chino. Me parece que hay más que nada una negociación. Lo más probable es que vaya a pedir algo con relación a los puertos. Panamá hizo una negociación, una apertura de una licitación, que los puertos fueron ganados por los chinos. Se renovó. Pareciera que una de ellas sí tiene algo que no está muy claro, pero es una cosa que la tiene que resolver el Gobierno de Panamá y nosotros los panameños ver cómo resolvemos este asunto. Tenemos un contrato con los chinos que está vigente, con la empresa china, y que si Panamá incumple la cosa o le quita la concesión que fue cedida a los chinos, vamos a tener que ir a un arbitraje y lo más seguro es que va a ser un precio muy alto para Panamá”, explica. Otros interesesFranco Muñoz descarta también cualquier uso de la fuerza militar, pero entiende que Trump podría usar esa amenaza para negociar otros intereses estadounidenses en Panamá: “Yo tengo la impresión de que amenaza militar como tal no, pero sí le gusta jugar duro y está amenazando. En los mentideros políticos se habla también de la posibilidad que pida una base militar en la zona de Darién, que es una preocupación que tienen ellos con el tema del tránsito de los indocumentados que están pasando por allí”. “Y muy probablemente lo primero que planteó también, que no lo trajo en la última, pero que puede decirlo, es que quiere que Panamá reciba gente que no son de nacionalidad panameña y que no pueden ser recibidos en sus países”, añade el experto.

Las nuevas medidas contra la inmigración de la segunda administración Trump han puesto en alerta a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. En muchos lugares se organizan para compartir información sobre sus derechos y ayudarse, como ocurre en Chicago, donde una iglesia y su pastor se han convertido en ejemplo.  El pastor Marvin del Ríos, de la iglesia comunitaria Starting Point de Chicago, es claro. Cumplirá con la ley, pero no facilitará el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), es decir la policía de inmigración, si se plantan en la puerta de su congregación.“Una fuente de ayuda”“Con las órdenes de deportación, sí, sabemos que hay reglas y hay leyes. Si ellos vienen a tocar a las puertas de la iglesia, podemos tener una conversación. Pero si ellos no tienen un orden judicial firmado por un juez, específicamente con nombres de personas, no pueden entrar en la propiedad para ver o hablar con la gente”, explica el pastor a RFI. En sus instalaciones acoge como huéspedes actualmente a 17 inmigrantes latinoamericanos. Su iglesia se ha convertido en un primer punto de apoyo tras su llegada a Estados Unidos, mientras se instalan y completan su papeleo ante las autoridades. “Aquí estamos dando esa oportunidad de hospedaje, de prepararse, de guardar un poquito de dinero para hacer una transición de aquí hacia su propio apartamento, su propio hogar. Y queremos ser por lo menos una fuente de ayuda para aquellos que lo necesitan”, subraya Marvin del Ríos. “Mucho temor”Precisa además que “la mayoría de nosotros tiene sus documentos y permisos de trabajo de Estados Unidos; los otros están esperando sus documentos, ya pusieron su solicitud y están en espera para recibir esos documentos”. No obstante, a pesar de la ayuda entre sus miembros, las recientes medidas de la administración Trump, así como ciertas noticias publicadas como las relativas a cuotas obligatorias de detenciones impuestas a la policía de inmigración, mantienen en constante tensión a la comunidad latinoamericana de la ciudad, sobre todo a “aquellos que no tienen sus documentos en orden o están todavía en trámite”. “Ha habido mucho temor. Algunos no están mandando sus hijos a la escuela, otros están quedándose en su casa y no están yendo al trabajo. Lamentablemente hemos visto y hemos escuchado de la vida siendo un poquito difícil en este momento para salir”, señala el pastor. 

RFI entrevistó a Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico, sobre el proyecto argentino de construcción de una valla en Aguas Blancas, localidad situada en la porosa frontera norte con Bolivia. Se trata de un alambrado de apenas 200 metros con el que el gobierno de Javier Milei planea combatir el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías, lo que ha suscitado protestas del gobierno boliviano. Doscientos metros de alambrado en el pueblo fronterizo argentino de Aguas Blancas han desatado la polémica entre Buenos Aires y La Paz.El alcalde de la localidad lanzó la licitación para la construcción de la valla dentro del llamado "Plan Güemes", con el que el gobierno de Milei busca combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera de Salta, en el norte del país.Aguas Blancas se ubica a orillas del río Bermejo, considerado parte de la "Ruta de la Droga" por el Ministerio de Seguridad argentino. La pequeña localidad se ha convertido en un importante punto de paso. Pero ¿pueden apenas 200 metros de alambrado marcar una diferencia?Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico, responde:"Estos 200 metros [de alambrado] solamente lo que hacen, en principio, es ordenar un lugar que es muy complicado. Esto va obligar a toda la gente que llegue a la terminal de buses a desplazarse hacia el lugar de migraciones donde hay control fronterizo, migratorio y de aduana. Inclusive controles del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Porque si no la gente que llegaba a ese lugar utilizaba directamente los pasos que hay a través del río Bermejo, que es el límite internacional entre Argentina y Bolivia. La gente se subía a una de esas tarimas de madera, que ni siquiera son botes. Son una especie de tarimas de madera con flotadores que cruzan todo el día el río de un lado hacia el otro, llevando y trayendo cajas y bolsas, sin saber lo que hay dentro de ellas", explica Vidal.Para este especialista, el problema de la frontera en Aguas Blancas no es solo el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas y el contrabando de todo tipo de mercancías."La cuestión entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y los demás países limítrofes, radica en que, cuando el cambio del peso en relación al dólar nos favorece, los argentinos salen a comprar mucho a los países limítrofes. Y, cuando es al revés, de los países limítrofes, llámese Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y algo de Brasil, la gente viene a la Argentina en gran cantidad a comprar desde combustible hasta alimentos, así como un montón de otras cosas. Es muy común que todo eso se contrabandee a diario. Si hay mucha interacción entre Bolivia y Argentina, es a causa, justamente, de estas fronteras tan permeables que tenemos".El gobierno de Bolivia protestó, argumentando que las medidas fronterizas deben tratarse de manera bilateral. Sin embargo, Vidal sostiene que la instalación se encuentra completamente dentro del territorio argentino y que no supone el cierre del paso fronterizo, por lo que las personas con la documentación en regla pueden seguir cruzando.

A pesar de que se resolviera la controversia que estalló entre Gustavo Petro y Donald Trump, por la negación del presidente colombiano a plegarse a la política antiinmigración de su par estadounidense y recibir a sus compatriotas deportados, el incidente podría suponer un antes y un después en las relaciones bilaterales entre ambos países. Tras aliviarse la crisis diplomática que se desató el pasado fin de semana luego del rechazo del Gobierno de Gustavo Petro a la política de repatriación de Donald Trump, Colombia quedó advertida de las firmes intenciones de Estados Unidos. La controversia había estallado después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negara el ingreso al país sudamericano de vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados. “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”, justificó el presidente en X.“Estados Unidos sigue siendo la potencia”El experto en geopolítica Luis Alberto Villamarín, teniente coronel en la reserva activa del ejército colombiano, tiene una opinión muy marcada al respecto. Según él, Petro tenía un objetivo preciso al que Trump puso un freno: “No sólo que marca un antes y un después, sino que es un mensaje directo de triunfo y derrota. Triunfo para Trump que le envía un mensaje fuerte a Latinoamérica. Porque es evidente que el viaje de Petro a Haití había sido para preparar un conciliábulo, de negar la entrada de deportados a Latinoamérica y generarle una especie de crisis humanitaria al Gobierno estadounidense”, considera el militar, que añade que “la respuesta de Trump fue contundente y categórica: desarmó el plan (…) y demostró que Estados Unidos sigue siendo la potencia”. De hecho, Estados Unidos impuso de inmediato importantes aranceles a los productos colombianos, una medida a la que Bogotá respondió con órdenes equivalentes. Washington suspendió además la expedición de visas en su embajada en Bogotá. Poco más tarde, la Casa Blanca anunció que dio marcha atrás a las medidas luego de que Bogotá aceptara los términos de su política de deportaciones.Economía colombiana impactadaNo sólo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos sufrieron tensiones. La economía colombiana quedó impactada ante las amenazas de la administración Trump en imponer aranceles a largo plazo del 50%, lo que hubiera supuesto una ruina con su principal socio comercial. “Ha sido sin duda un momento muy inquietante, por decir lo menos, porque durante varias horas tuvimos la noticia de que Colombia iba a perder el acceso al principal mercado, el que hemos construido por 200 años, lo cual tenía inmensas implicaciones sobre nuestra economía”, explica Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).Esto, detalla, “no solamente porque afectaba a cerca de 14 mil millones de dólares, que son cerca del 25% de nuestras exportaciones y por lo tanto de nuestras divisas, sino porque adicionalmente se comenzó a escalar el tema hasta el punto de que Colombia anunció retaliación, y eso significaba entonces que íbamos a tener una inmensa inflación en Colombia y el acceso a los mercados de capitales se nos iba a complejizar”.  “De manera que sí, sin duda fue un momento muy complejo. Yo creo que nos quedan lecciones, lecciones especialmente para el Gobierno, que entendió finalmente, y probablemente a regañadientes, cuál era la importancia relativa de la economía norteamericana para Colombia”, concluye Bruce Mac Master. Las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, con quien se había pactado el envío de dos vuelos con deportados colombianos, también se aplica a otros países de la región, que han desaprobado los procedimientos en la que, según Trump, será la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos.

A principios de enero, China anunció haber descubierto reservas de 20 millones de toneladas de cobre, en cuatro bases de recursos ubicados en el altiplano tibetano. La información ha generado cierta preocupación en Chile, país que produce el 40% del cobre mundial.  China dijo haber hallado cuatro grandes yacimientos de cobre en la meseta Tibetana-Qinghai, en el norte del país - una región apodada el techo del mundo, con una altitud de 4500 metros. Se estima que ahí hay las reservas de 20 millones de toneladas, que podrían incluso alcanzar los 150 millones de toneladas, y competir con Chile, el mayor exportador de cobre del mundo. Andrés Solimano es economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, explica a RFI que, no obstante, el impacto en el mercado no tiene que ser inmediato: "Una cosa es encontrar los recursos y después otra es construir las capacidades para extraerlo. Requiere inversiones que toman tiempo. Entonces puede que el efecto no sea inmediato. Depende de la tecnología que estén utilizando. Puede tomar cinco años o una década empezar a explotar". Solimano recuerda que de materializarse la competencia china, no sería la primera vez que Chile se enfrenta a una situación similar: Chile ya tuvo una experiencia 90 años atrás, casi 100 años, con el salitre. Chile estaba especializado en la producción de salitre. Después, Alemania descubrió el salitre sintético y desarrolló el salitre sintético, que provocó una crisis importante económica en Chile"."Hay antecedentes históricos que muestran la vulnerabilidad que tiene depender de los recursos naturales para desarrollarse económicamente. En la medida que haya más productores internacionales de cobre, la posibilidad de que aumente la oferta es mayor y eso puede tener un efecto depresivo sobre el precio del cobre en los mercados internacionales y afectar a Chile", concluye en este apartado.  Leer también'Escondida', la mayor mina de cobre del mundo en ChileChina de hecho es uno de los principales compradores de cobre. Con este hallazgo se volvió a plantear el debate sobre la diversificación de la economía chilena, y se ha insistido en reforzar la industria y no solo la extracción.Así lo explica el economista: "Chile ha sido una estrategia muy dependiente de extraer el material en bruto y exportarlo más que de refinarlo y aumentar más el valor agregado, comprando tubos de cobre que están manufacturados en China. Le vende a China el cobre en bruto, China lo manufactura y Chile compra manufactura de cobre. Va y vuelve, pero el valor agregado se realiza en China, por ejemplo, o en otros países. Chile compra ya el producto con mayor valor agregado, pero que tiene que pagar mayor precio".  

En Colombia, ante la escalada de violencia entre guerrilleros y narcos en la región del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro declaró el "estado de conmoción interior" que le permite liberar recursos y limitar los movimientos. Hablamos con dos politólogos sobre la situación y el futuro de la "paz total". Tras el estado de conmoción y el estado de alerta económico impuestos por Gustavo Petro en Colombia ante la crisis de violencia que vive la región del Catatumbo, una zona que se ha convertido en un escenario de guerra entre ELN y disidentes de las FARC por hacerse con el control del segundo enclave cocalero más grande del país, dos grandes preguntas quedan en el aire. ¿Por qué no se reaccionó ante los avisos de la escalada de violencia de la delegación del Gobierno en esa zona desde noviembre pasado? Y ¿cómo queda ahora el proceso de paz total, donde el ELN es una de las patas que sustentan esta mesa de diálogo? Egoitz Gago Antón, politólogo internacional y experto en el conflicto interno colombiano, respondió a estas preguntas.El Gobierno "ha confiado demasiado en sus capacidades negociadoras""Hay que entender un poquito la situación de la región. Los informes de Defensoría no son nuevos, en el sentido que el Catatumbo ha sido siempre una zona que ha estado durante muchos años bajo el efecto de los grupos armados. Siempre ha sido una de las zonas calientes del país. Por lo tanto, los informes que hablen de este tipo de procesos no son novedosos", subraya el experto. Leer también'Que nos dejen sacar a los heridos y muertos': una semana de calvario en el CatatumboSegún él, "el Gobierno Petro ha confiado demasiado en sus capacidades negociadoras con el ELN y ha tratado estos informes como informes anteriores: va a haber combates pero no combates fuertes. Y esperaba terminar un poco con la actividad de la organización a través del proceso negociador, que fracasó. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que esto ha explotado y es cuando el Gobierno de Gustavo Petro ha decidido decretar el estado de conmoción interior". "Hay que tomar un punto de vista más práctico"En cuanto al futuro de las negociaciones, Egoitz Gago Antón estima que "el Gobierno de Gustavo Petro no debería perder los canales de comunicación con el ELN. Ahora bien, para mí esa mesa hace tiempo que ya no está previsto que dé los resultados necesarios. Yo creo que el enfoque del Gobierno tiene que cambiar. Gustavo Petro llegó al Gobierno con una idea de paz total, muy rápida, acuerdos en menos de un año, con todos los grupos armados, incluidos grupos armados antiguos paramilitares, organizaciones criminales y demás. Esto desde un principio, desde grupos de personas que hemos trabajado este tema, ya se avisó que esto no era tan fácil y que era muy difícil, muy improbable, y se ha visto que ha fallado". "Yo creo que en cuanto a la paz total de Petro, hay que tomar un punto de vista más práctico, hacer una negociación que sea más a nivel del frente, y no a nivel del comando central del ELN. Yo creo que ha sido un error. El ELN siempre ha sido una organización que está muy fragmentada, nunca ha sido vertical como las FARC, y eso ha fallado. Entonces yo creo que para que se mantenga debe de cambiar la estrategia, porque tal y como está no le veo futuro", concluye el politólogo. El miércoles, la ONU condenó esta violencia e instó al Gobierno colombiano a seguir haciendo todo lo posible para preservar el acuerdo de paz. 

El departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó este miércoles a las autoridades locales y estatales con investigaciones si estos no cumplen con la política de deportaciones de Donald Trump. Los trabajadores del sector agrícola pueden ser los más afectados por estas medidas, ya que en ciertos estados como California los indocumentados representan tres cuartas partes de la mano de obra. Donald Trump regresó a la Casa Blanca con promesas de frenar la inmigración y en sus primeros días, sus primeros decretos y leyes fueron encaminados a frenar la llegada de migrantes indocumentados, pedro también a facilitar las deportaciones.¿Qué hacer en caso de toparse con oficiales de inmigración y no tener papeles? El Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño es una ONG que se encarga de aportar asesoría a la comunidad indocumentada que trabaja en el sector agrícola del Valle Central de California. Lo hace en español, pero también en lenguas indígenas. Sarait Martínez es su directora y explicó a RFI su labor: "La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada, porque ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos. Tienen su derecho a permanecer callado, que no puedan firmar ningún documento, porque hemos visto que muchas personas, por miedo tal vez, están, firmando papeles que los autodeportan, y a pedir que se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar, dependiendo su situación".La organización trabaja a menudo sobre el terreno: "Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir a donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las Tarjetas Rojas, que se le llaman así, con sus derechos -prosigue Sarait Martínez-. Nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también vamos a los campos a dar esta información. De esa forma trabajamos con los empleadores ahí, pues esa empatía de los trabajadores de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos". Leer tambiénEl temor de los trabajadores indocumentados tras el regreso de TrumpRedadas sorpresivas como la que ocurrió en el condado de Kern, a principios de enero, dejó campos enteros de frutas sin cosechar y decenas de arrestos. Según la Universidad de California-Merced, el 75% de la mano de obra agrícola del estado es indocumentada. Y California produce los tres cuartos de las frutas y los dos tercios de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos.Sarait Martínez explica a RFI como en muchas ocasiones los migrantes en peligro llevan tiempo en Estados Unidos y no han podido regularizar su situación: "Hay familias que han estado aquí por muchísimos años, que ya tienen a sus niños, que ya están grandes. Nosotros trabajamos con comunidades, que son hijos nacidos aquí, que ahora son trilingües, que hablan inglés, español y su lengua materna y los procesos migratorios tardan muchísimos años. No es como 'apúntate y te puedes arreglar papeles luego'. Hay procesos, hay leyes que no permiten que las comunidades puedan arreglar de la noche a la mañana y que tarden años"Leer tambiénUna gran incertidumbre reina en la frontera mexicana tras anuncios de TrumpAdemás, la responsable de la ONG cree que el sistema económico favorece y se beneficia de los trabajadores indocumentados: "Vivimos en un sistema capitalista donde, en realidad, muchas de estas producciones, especialmente en la industria agrícola, se basan una fuerza laboral a la que puedan pagar menos, que haya violaciones de derechos, que haya robo de salario El mismo sistema se beneficia de la mano de obra más barata y es por eso existe esta demanda de trabajadores". Sarait Martínez insiste igualmente en que muchas personas evitan acudir al trabajo por temor a las redadas.

Desde el pasado 16 de enero, en la región colombiana del Catatumbo, en el nororiente del país, se vienen registrando cruentos enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y grupos disidentes de las FARC que han causado al menos 80 muertos y unos 32.000 desplazados. La líder social Marli Acosta, directora de la Fundación Mujer Popular, hace un llamado para 'poder sacar de ese territorio a los heridos y a los muertos'.  Marli Acosta recibe a menudo videos de habitantes atrapados en zonas del Catatumbo colombiano done tienen lugar desde mediados de enero los cruentes enfrentamientos entre grupos guerrilleros. Ella intenta brindar asistencia."El llamado que hacemos a estos grupos [armados] es que nos dejen entrar a recoger a los heridos. La gente está confinada, la gente está gritando que, por favor, la saquen del territorio. Estamos pidiendo que los líderes, la Defensoría del Pueblo y otros entes y organismos de derechos humanos, puedan entrar al territorio a sacar a los heridos. No se ha podido entrar a recogerlos porque no hay permiso para que entren las ambulancias. Los muertos están en las carreteras, botados en las veredas. Estamos pidiendo que, por favor, las familias puedan enterrar a sus muertos. El Ejército sí ha estado colaborando, ha estado sacando firmantes [de los Acuerdos de Paz] y ha estado sacando combatientes que se están entregando. Han estado sacando algunas mujeres líderes sociales que están todavía en el territorio, que siguen resistiendo. Nosotros lo que pedimos es que esa gente que está escondida en las montañas se puedan sacar a un casco urbano".Marli Acosta se reunió con la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín. Acosta reclama que el gobierno organice la ayuda humanitaria para los miles de desplazados.'Ni el gobierno ni las alcaldías están ayudando a la gente' "Yo no he podido dormir desde hace seis días", comenta Acosta. "En este momento tengo 50 familiares de firmantes de paz en una casa que les pude conseguir. Tengo casi 80 personas, vinieron sin absolutamente nada, ni zapatos ni chancletas. Vienen 16 niños con ellos. Yo acabo de llegar de un albergue que está aquí en Ocaña. La situación ahí es inhumana. Como las personas están sentadas en el piso, no tienen dónde dormir, los niños están tirados en el piso. Para esta gente desplazada del Catatumbo algunos buenos corazones y algunos amigos que tengo como lideresa social me han colaborado con mercados, me han colaborado con algunas cobijas y algunas verduras. Es lo que he conseguido para que no aguanten hambre. Es muy duro verlos durmiendo en el piso, no hay colchonetas, los niños no tienen cobijas. Hay gente enferma, no hay la ayuda humanitaria para esta gente que está enferma. Y el gobierno nacional, las alcaldías locales, no están ayudando a la gente, la están dejando botada prácticamente".'Llevan dos años preparándose para esta guerra' Marli Acosta fue secuestrada hace un año y sigue bajo amenaza por parte de los grupos armados que operan en esta región del nororiente de Colombia."Nosotros nos sentimos a veces frustrados. Nosotros no hacemos absolutamente nada malo. Nosotros lo que hacemos es ser la voz de esas personas que no tienen voz en el territorio para denunciar todas estas atrocidades que están pasando. Nosotros aproximadamente hace dos años, como líderes sociales, veníamos informando que iba a pasar esto, se estaban dando señales, entre otras, de reclutamiento de menores. Fue mucho el reclutamiento que hubo, trajeron muchachos de Arauca y del sur de Bolívar para el Catatumbo, había corredores con niños y gente armada para el Catatumbo porque se estaban preparando para una guerra".

Desde hace semanas, las redadas en Los Ángeles no han dejado de sucederse ante la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Las organizaciones denuncian que en muchos casos se tratan de migrantes legales que sufren detenciones arbitrarias. “Primero declaro el estado de emergencia en la frontera del sur de Estados Unidos”, ha dicho Donald Trump nada más ser investido. La llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca ha despertado viejos fantasmas entre la población más vulnerable, los inmigrantes latinos, quienes desde hace semanas y ante los crecientes rumores sobre deportaciones masivas, han dejado de salir a las calles y de ir a trabajar por miedo a ser detenidos.  “Esto aterrorizó a la comunidad”Maibe Alonzo, miembro de comunicación de la UFW Foundation, una organización de abogados que defiende a los trabajadores migrantes agrícolas, nos cuenta como están siendo las últimas semanas en Los Ángeles, motor agrícola de Estados Unidos: “Hace dos semanas empezamos a ver presencia de efectivos federales de inmigración en el condado de Kern, en California. Es donde la mayoría de los campesinos trabajan y manejan. Ahí hubo fuerte presencia de las agencias federales que se encargan de inmigración. Esto aterrorizó a la comunidad”. “Mucha gente no fue a trabajar. La gente no quería salir a las calles porque se estaban haciendo redadas y de hecho se llevaron a muchas personas. Nosotros manejamos números de casi 200 personas. Sin embargo, el número oficial que las agencias federales están dando es cerca de 80 personas. Pero la gente ya se ha estado preparando y claro que tiene miedo. Las redadas existen”, afirma asimismo. Leer tambiénApenas investido, Donald Trump firma un aluvión de decretos para su vuelta al poderLa construcción o el campo son sectores que más albergan a migrantes irregulares. Las autoridades lo saben y ahí es donde realizan más redadas. En las últimas semanas, unos 78 campesinos fueron detenidos. Las organizaciones como UFW denuncian prácticas abusivas. “No son criminales, son simplemente campesinos, personas trabajadoras del campo. Los pararon y se fueron a restaurantes, a gasolineras donde se encontraban todas estas personas que puedes detener haciendo perfil racial. Sabemos que la mayoría de la gente que estaban deteniendo no eran necesariamente criminales”, subraya Alonzo.  Desinformación y alarmismoInternet, las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de fake news, desinformación y alarmismo ante la llegada de Donald Trump al poder. Un alarmismo a veces motivado con razón por los discursos de Trump, aunque desde esta organización de abogados piden calma.  Leer tambiénEn Estados Unidos, la protesta anti-Trump palidece ante la ola MAGA“Hay mucha desinformación, hay muchos rumores. Infórmese bien si va a venir a Estados Unidos, que vea bien cuáles son sus derechos, que vea bien si usted tiene sus papeles en orden para venir”, aconseja Alonzo.Pero las primeras palabras del 47° presidente estadounidense no ayudan. Este lunes se ha dirigido a los millones de migrantes irregulares que viven en el país, diciendo entre aplausos que volverá “a instaurar la política de ‘Quédate en México'”.

Este lunes, Donald Trump regresará a la Casa Blanca. El control migratorio es una de las obsesiones del presidente electo, y en especial en la extensa frontera con el vecino mexicano. “Vamos a cambiarle el nombre al Golfo de México. Ahora se llamará Golfo de America”, decía Donald Trump hace algunos días. No sería la primera, ni la última vez que se refería a su vecino, con quien comparte frontera, pero diferendos como la migración.“Ciertamente tenemos antecedentes, durante su primer mandato, como para saber que Trump tiene una manera muy transaccional de ver la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Ya sabemos que los temas centrales para él serán el control migratorio y que México bloquee el paso a las personas migrantes”, explicó a RFI Stephanie Brewer, la directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).La experta recordó así mismo que otro tema prioritario es el flujo de las drogas, y en particular, el fentanilo. “Con mucha preocupación hemos visto acciones militares de Estados Unidos en México. Y en el tema del comercio, ya hemos visto amenazas de nuevos aranceles. Así que sí es un momento tenso”, agregó Brewer.México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, exportándole unos 362 mil millones de dólares. Pero también es paso obligado de los migrantes que buscan entrar ilegalmente por sus fronteras. Trump también los acusa de ser la puerta de entrada del fentanilo, la droga que gangrena a los jóvenes estadounidenses. En ese contexto, ¿las amenazas del nuevo inquilino de la Casa Blanca pueden hacerse realidad?“Lo que hace falta justamente es coordinación y cooperación enfocadas en mejorar problemas estructurales que existen en México, en términos de impunidad, de deficiencias institucionales, de corrupción. Entonces, lo que hace falta es un trabajado coordinado y mejor enfocado, para mejorar el tema de seguridad”, concluyó Stephanie Brewer.La presidenta de México, Claudia Sheinbaun, dice que buscará un diálogo de alto nivel nada más Trump llegue al poder. Aunque paralelamente busca reforzar sus nexos comerciales con Europa y China y busca dar una solución autónoma al tema migratorio y de seguridad. Sin embargo, los dos gigantes norteamericanos no podrán obviarse. La mandataria mexicana será una de las grandes ausentes este lunes en la investidura de Donald Trump.

El disidente cubano y activista de Derechos Humanos José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado este jueves como parte del plan negociado con el Vaticano para liberar gradualmente a más de 500 presos, y después de que Estados Unidos retirara al país de su lista de Estados patrocinadores del terrorismo. RFI pudo hablar con él. RFI: ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la reacción tras estas primeras horas de liberación? José Daniel Ferrer: Me empiezo a sentir ya un poco agotado porque he tenido varias horas ya bastante agitadas, pero todavía con energía para poder conversar con usted. La liberación no se puede llamar liberación en realidad, porque tuve una fuerte discusión en la prisión con los que me notificaron de que me iban a liberar porque me dijeron que era libertad condicional. Y yo no acepto libertad condicional por una sencilla razón: yo nunca delinquí, yo no cometí ninguno de los delitos que me fabricaron y me dijeron que me iban a hacer una advertencia, y es que yo iba a salir de prisión de toda manera, y que si no acataba los términos, si no me circunscribía a llevar una vida dentro de las normas de la legalidad socialista, me iban a encarcelar de nuevo. Les dije bueno, ahorrémonos el tiempo, no me liberen, déjenme en prisión, fabriquen otro delito cuando se termine el tiempo que ahora me impusieron y déjenme preso hasta que caiga la tiranía. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no acepto condiciones de ningún tipo. Me sacaron de allí, me dijeron que me debía ir, que mi mujer y mi hijo me esperaban afuera y no me dejaron recoger ni mis libros, ni las fotos familiares, ni mis medicinas, nada de lo que tenía en la prisión. Dicen que me lo van a mandar. Pienso que eso es para apropiarse de mis escritos.RFI: Usted tal vez es uno de los presos más emblemáticos que hasta el momento estaba detenido en Cuba. ¿Qué significa, a su juicio, el que usted haya dejado la cárcel, y también de cara a la oposición cubana?José Daniel Ferrer: El hecho de que esté ya con mi familia para mí es algo muy satisfactorio, es algo que produce una alegría enorme, pero mi alegría no es completa mientras Cuba siga viviendo en la situación en que por desgracia continuamos: sin derechos, sin libertad, miseria por todos lados, opresión, terrorismo de Estado, de corte psicológico, principalmente para tener al pueblo siempre atemorizado, siempre asustado con ir a prisión ante la más mínima muestra de disidencia. Y al decirme que estoy bajo libertad condicional, me están diciendo de que, si yo no cumplo con una serie de reglas como ir a un tribunal a depositar mensualmente mi firma, cosa que no voy a hacer en ningún momento, o presentarme al tribunal para que me pongan a realizar cualquier trabajo que ellos estimen conveniente... Yo me niego a trabajarle al Estado por una sencilla razón: mi tiempo, mi espacio sólo lo quiero y sólo lo voy a utilizar en la lucha no violenta por la democratización de mi país. 

El gobierno cubano comenzó este 15 de enero a liberar a presos políticos como parte del compromiso con Estados Unidos, luego de que Washington sacara a la Habana de la lista de los países que financian al terrorismo. “¿Cómo cree que me voy a sentir? Salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija, tranquilo. Me siento contento”, fueron las primeras palabras de Dariel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, la capital de Cuba, tras ser liberado temprano este miércoles. Alegría mesuradaCruz es uno de los 553 presos que el régimen cubano liberará tras una mediación del Vaticano que terminó con un inesperado cambio en la política del mandatario estadounidense Joe Biden hacia la isla. Familiares de los excarcelados indican que recibieron muy temprano una llamada telefónica para anunciarles su salida de la cárcel. “Ellos no van a ser puestos en libertad totalmente. Ellos van a salir con libertad condicional, con licencia extrapenal y con sanciones subsidiarias. Y muchos de ellos ya estaban próximos a cumplir su condena. Por ejemplo, hoy hablé con tres y les quedaban dos o tres meses para extinguir la sanción”, reacciona el opositor Librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), liberado en 2011 tras ocho años de prisión. “De cualquier manera, yo siento mucha alegría. Yo fui un preso político y también fui puesto en libertad. Y esa sensación de estar en la calle, por supuesto, da alegría”, añade.Amnistiar y pedir perdónLas autoridades cubanas no han dado mayores precisiones sobre el supuesto acuerdo para la liberación de estos presos. Desde la oposición piden dejar de usar a los detenidos como moneda de cambio. Leer tambiénBiden da un giro en su política hacia Cuba y la isla anuncia la liberación de 553 presos políticosSegún Librado Linares García, “Cuba lo que necesita no es un indulto selectivo de 553 presos políticos, hay 1.161. Lo que se necesita es una amnistía. Amnistía significa el perdón. Las causas por las cuales fueron puestos en libertad deben ser retiradas del Código Penal y, en consecuencia, pedirles perdón a esas personas, porque ellos lo único que hicieron fue ejercer los derechos: derecho de manifestación, de protesta pública pacífica, de reunión, de asociación. A veces lo enmascaran con otros delitos, pero en la esencia del problema está eso”. “Hay un descontento muy grande”Una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.  “Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe, como fue a raíz de las protestas, quizás no llamen tanto la atención, pero sí el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos”, subraya el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión.“Hay un Estado policiaco, hay un conjunto de factores y situaciones que se dan en un régimen totalitario. En alguna medida han contenido las protestas, pero sí hay un descontento muy grande”, concluye.La Habana no reconoce la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de Estados Unidos. 

Joe Biden decidió sacar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo, una decisión de última hora de la actual administración estadunidense que se había comprometido a no cambiar su política sobre la isla. Biden pisa el acelerador a fondo en su última semana en la Casa Blanca y entre sus múltiples anuncios dio un giro en su política hacia Cuba, al retirarla de la lista de países que financian al terrorismo.Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida indica que esta decisión de Biden “no refleja lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba durante los últimos cuatro años, pero sí refleja una continuidad con lo que era la política del presidente Barack Obama de hace ocho años, cuando se reanudaron las relaciones con Cuba y se marchaba en la dirección de una liberalización en las relaciones con Cuba”. Gamarra explica que “a la vez no ha habido una decisión por parte de esta administración de tratar de buscar la liberación de presos políticos en Cuba y en teoría esta es la idea, se saca a Cuba de esta lista a cambio de que Cuba libere a los presos políticos, que son muchos”. Por su parte, La Habana anunció que libera a 553 presos políticos en respuesta a la decisión de Biden, que calificaron como "la dirección correcta", aunque lamentaron que el embargo que Washington impuso a la isla en 1962 permanezca.  El analista político señala que esta decisión del presidente Biden podría ser fácilmente rescindida la próxima semana cuando asuma el poder Donald Trump. “Creo que va a ser una posición muy clara, entonces la decisión es interesante, pero más allá de esta semana no creo que dure”. Cabe destacar que fue el mismo Trump el que al final de su primer mandato incluyó a Cuba en la mencionada lista. A eso se suma que en su futura administración habrá figuras como el canciller Marco rubio, que apuestan por una mano dura con el gobierno cubano.En ese sentido, Gamarra recuerda que el senador Rubio ha sido uno de los más acérrimos críticos de la liberalización de relaciones con Cuba. “La presión de la comunidad cubana en Miami del liderazgo cubano conservador ha sido muy importante en la victoria de Donald Trump, particularmente en el estado de la Florida. Esta comunidad es una comunidad que espera mucha dureza, mucha firmeza con Cuba. El presidente Trump también es una persona extraordinariamente transaccional, Entonces es difícil al final predecir cuál será el comportamiento específico hacía Cuba en la próxima administración”, añadió. Washington también ha decidido que rescindirá un memorando promulgado en junio de 2017 en virtud del cual una lista de entidades cubanas tienen prohibidas algunas transacciones financieras.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, convocó a sus simpatizantes este 12 de enero en Ciudad de México para celebrar sus primeros 100 días en el poder, marcados por las amenazas del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, la violencia interna y las reformas constitucionales. Aclamada por cerca de 350.000 personas en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó sobre sus primeros 100 días de mandato. Un periodo en el que aún no tuvo tiempo para dejar su impronta, pero que dejó entrever la dirección que tomará su gestión.“Administrando los problemas”“Yo diría que en este momento no está gobernando, sino que solamente está administrando los problemas. Ante esta sombra de un líder carismático muy fuerte como lo fue Andrés Manuel López Obrador, de pronto es difícil desmarcarse de este liderazgo”, estima el politólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Rosiles.Leer tambiénLos primeros 100 días de Gobierno de Claudia Sheinbaum y las expectivas frente a TrumpSegún el académico, Claudia Sheinbaum tiene que atender tres asuntos: “El primero es una violencia imparable en todo el país. El otro tema, evidentemente, tiene que ver con Donald Trump. Esa parte me parece que le va a restar mucha energía a la presidenta, y también eso no le permite marcar directrices muy claras. Y el tercero: una etapa de ingobernabilidad normativa. Este sexenio está comenzando con muchas reformas y muchas de ellas reformas constitucionales. Y en este momento el ciudadano no tiene claridad plena sobre estas reformas, sobre sus implicaciones y ni siquiera sobre lo que dicen los textos”. Dos grandes amenazasEl primer gran examen para Claudia Sheinbaum va a llegar cuando Donald Trump asuma el cargo de presidente de Estados Unidos, en unos días. ¿Cómo enfrentará las posibles deportaciones que lleguen desde el país vecino? ¿Y cómo gestionará la lucha contra los grupos narcotraficantes? En “el tema de las deportaciones masivas, me parece que México ha quedado a deber y creo que la defensa que tendrá que hacer ahora de quienes son deportados va a complicar muchísimo más el panorama. Tenemos noticia de que algunos municipios fronterizos van a habilitar, por ejemplo, estadios. Entonces uno puede imaginarse estadios completos, naves industriales llenos de personas y me parece que eso va a ser un problema bastante, bastante grave”, analiza Rosiles. “Y el otro tema es el de la seguridad. Es innegable que en México hay grupos del crimen organizado que dominan amplias zonas del país, pero me parece que están en riesgo dos cosas: las energías que tendrán que utilizar la presidenta y su equipo para atenuar estas amenazas, y también que le puede restar popularidad”, concluye el politólogo.Previo a finalizar su informe por los 100 días de su gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo recordó la relación cordial que existe entre México y Estados Unidos, y dejó claro que siempre será en el marco del respeto y el diálogo.

En Los Ángeles, los bomberos siguen luchando para contener los incendios que han arrasado los suburbios de la ciudad y que han provocado ya diez muertos. El fuego ha quemado ya 145 kilómetros cuadrados y se calcula que las pérdidas alcanzan los 150.000 millones de dólares. ¿Cómo se originaron y por qué cuesta tanto apagar el fuego en una zona urbana? El análisis de un especialista. Según el más reciente balance de las autoridades, 11 personas han fallecido por los incendios, que ya han destrozado más de 10.000 edificaciones. Además, han quemado hasta ahora más de 14.000 hectáreas, informó la agencia contra incendios de California. Una de las preguntas que surgen es: ¿cuáles son las dificultades que han tenido los bomberos para controlar estos incendios ?“Primero, encontrar el origen, o sea: dónde estuvo aquel foco o aquellos focos que dan origen finalmente al incendio. Es un fenómeno que las autoridades locales deberán investigar, pero es altamente probable que aquel fenómeno haya sido producido por un ser humano, independiente de que haya habido o no alguna intención de provocarlos”, estima Gerardo Soto, ingeniero forestal del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile.“La simultaneidad, si bien no lo puedo asegurar -pero por algunas experiencias que han existido en países del hemisferio sur, como en Chile, - dio lugar a una investigación que hace muy poco descubrió que los incendios que hubo en el pasado y que arrasaron un conjunto de hectáreas habían sido intencionales. El incidente del ser humano es la chispa inicial”, apunta Soto.Leer tambiénUna decena de muertos en ‘los incendios más violentos de la historia de California'“Lo segundo son las condiciones ambientales que llevan a que la propagación sean muy agresivas y para eso se requieren varias condiciones, elementos que puedan ser inflamables en los entornos urbanos norteamericanos. Las casas necesitan otro tipo de condiciones, como de aislación térmica específica y esos materiales son altamente ignífugos. Se incendian con mucha facilidad, vegetación que no es mucha porque es un entorno urbano, el suelo muy seco. El entorno urbano tiene un material propio de la ciudad muy inflamable. Además, están el fenómeno de la Niña y el fenómeno climático, que aporta también vientos. Entonces se dan los elementos para una tormenta perfecta, que es lo que está ocurriendo”. En cuanto a las dificultades que han tenido los bomberos para controlar estos incendios, las edificaciones son una parte significativa del problema. “Es llegar a un sitio urbano y no poder decir: ‘Mira estas casas echémoslas todas abajo y cortamos la continuidad del combustible, y el incendio no sigue avanzando'. Entonces el ataque solamente se hace vía aérea intentando no sólo con el agua, sino que con aditivos para frenar el desarrollo del combustible”, señala el ingeniero forestal.El especialista afirma que lo que debería llamar también la atención es que incendios de esta magnitud ocurran en el hemisferio norte durante los meses de invierno, lo que significa que no solamente los periodos estivales están llegando más calientes y secos, si no que ese fenómeno se está extendiendo al periodo invernal.

El nuevo reporte de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, afirma que el gobierno venezolano ha realizado “prácticas de terrorismo de Estado”. RFI conversó con Gloria De Mees, relatora de la organización, acerca de este informe. La CIDH denuncia la falta de transparencia en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, y pide acciones internacionales para restaurar el Estado de derecho en el país. Gloria De Mees, relatora de la organización, nos explicó cómo se realizó este reporte. Leer tambiénVenezuela, en vilo en vísperas de una investidura reivindicada por Maduro y González Urrutia"Falta de transparencia electoral" y "ausencia de Estado de derecho"“En el informe, estudiamos lo que sucedió antes de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, también durante el proceso electoral, y como última etapa, lo que ocurrió luego, en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos. Ello nos permitió constatar tres cosas: la falta de transparencia electoral, y la restricción de los derechos políticos, lo que resta legitimidad a estas elecciones. También la ausencia de Estado de derecho y de separación e independencia de los poderes públicos, que es el gran obstáculo que impide que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Por último, realizamos nuestras recomendaciones para restablecer el orden constitucional y permitir y garantizar una sucesión constitucional exitosa en Venezuela”, detalló.Leer tambiénLos venezolanos, en la incertidumbre ante una posesión presidencial muy disputadaLa comisionada contó asimismo por qué la CIDH decidió hacer público este reporte, faltando pocos días para que se lleve a cabo la toma de posesión presidencial en Venezuela: “Es importante tener en cuenta que durante años y en particular luego de las últimas elecciones presidenciales, la Comisión se ha pronunciado sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en particular los arrestos arbitrarios que se extienden a niños, jóvenes y personas con discapacidades. Este reporte no es un documento aislado, sino que es parte de un monitoreo constante de lo que pasa en Venezuela al respecto de los derechos humanos”, afirmó. Leer tambiénConfusión en Venezuela tras breve detención de María Corina Machado a horas de la investidura presidencial"Medidas represivas que toma este régimen auroritario"“El término de práctica de terrorismo de Estado que utilizamos en el reporte para describir este régimen es debido a las medidas represivas que toma este régimen autoritario observadas por la Comisión desde 2017. También por la instauración del terror con miras de perpetuarse en el poder y la utilización de fuerzas de Estado para ejecutar ese terror, ayudadas por fuerzas no estatales como los Colectivos”, precisó. Leer también'Las fuerzas militares están claras con este proceso histórico', opositora venezolanaGloria de Mees hizo un llamado a la comunidad extranjera para evitar que lo que ocurrió en Venezuela se normalice, e instó a que se continúe realizando esfuerzos diplomáticos para que se pueda llevar a cabo una transición democrática pacífica. Finalizó prometiendo al pueblo venezolano que la Comisión seguirá monitoreando y solidarizándose con ellos.

Mientras en Francia las autoridades francesas y la revista Charlie Hebdo recuerdan los atentados yihadistas que causaron una docena de muertos hace diez años, el mundo de los caricaturistas y de la sátira política hace un balance de la evolución de ese género y de la liberta de expresión. El 7 de enero de 2015 Francia fue golpeada por el asesinato de ocho personas de la redacción Charlie Hebdo situada en Paris; tras un atentado de los hermanos Kouachi en nombre de la organización Estado Islámico.  Una ola de apoyo a los caricaturistas se levantó. El caricaturista cubano residente en Chile, Alen Lauzan recuerda que en ese momento él y sus colegas llegaron a la conclusión “del nivel de violencia con que la gente puede actuar contra el humor grave”.Charlie  Hebdo, símbolo de la lucha por la libertad de expresión público un número especial para los 10 años con el título "¡inquebrantable!". Sin embargo, para el caricaturista ecuatoriano Bonil, el balance de estos últimos años para el género y la libertad de expresión no es tan alentador. “En ese momento, todas las sociedades occidentales blindaron y cerraron filas en torno a este valor de la democracia, que es la libertad de expresión, pero parecería que luego de 10 años esta libertad de expresión está más en riesgo y no por la censura de organismos gubernamentales oficiales, sino por la sociedad misma, la irreverencia. La sátira mordaz quizás se ha trasladado a las redes sociales, aunque no necesariamente en forma de caricaturas”, agregó.Por su parte, el dibujante cubano Alen Lauzan recuerda que trabajó en un medio que prefería llenar una página de memes y no de caricaturas. “No estoy en contra de los memes, ojo, -lo que pasa es que- salía gratis en comparación a tener un caricaturista que hacía una cosa exclusiva. Cada vez más desaparece el humor. En mi caso, yo me he visto afectado también, por eso necesitamos ir un poco en contra de cualquier tipo de poder o de fanatismo”, indicó. Desde que la revista de tono ácrata publicó caricaturas del profeta Mahoma en 2006, Charlie Hebdo vivió bajo la amenaza islamista, hasta que sucedió el atentado en el que murieron su emblemático director, el dibujante Charb, así como dos leyendas de la caricatura en Francia, Cabu y Wolinski.Para Bonil, del diario El Universo en Ecuador, poco importa el tema. Más allá de la religión, es el género que está en peligro. “Bueno yo en lo personal que ya llevo más de casi 35 años en este oficio, un tema que yo no dibujaría o que tendría mucho cuidado es satirizar a narcotraficantes con nombre y apellido, cosa que sí puedo hacer con respecto a los actores políticos” confesó.Charly Hebdo sigue publicando decenas de miles de ejemplares semanalmente. Su sede es secreta, y sus dibujantes y periodistas viven bajo extraordinarias medidas de seguridad.

Mientras en Francia las autoridades francesas y la revista Charlie Hebdo recuerdan los atentados yihadistas que causaron una docena de muertos hace diez años, el mundo de los caricaturistas y de la sátira política hace un balance de la evolución de ese género y de la liberta de expresión. El 7 de enero de 2015 Francia fue golpeada por el asesinato de ocho personas de la redacción Charlie Hebdo situada en Paris; tras un atentado de los hermanos Kouachi en nombre de la organización Estado Islámico.  Una ola de apoyo a los caricaturistas se levantó. El caricaturista cubano residente en Chile, Alen Lauzan recuerda que en ese momento él y sus colegas llegaron a la conclusión “del nivel de violencia con que la gente puede actuar contra el humor grave”.Charlie  Hebdo, símbolo de la lucha por la libertad de expresión público un número especial para los 10 años con el título "¡inquebrantable!". Sin embargo, para el caricaturista ecuatoriano Bonil, el balance de estos últimos años para el género y la libertad de expresión no es tan alentador. “En ese momento, todas las sociedades occidentales blindaron y cerraron filas en torno a este valor de la democracia, que es la libertad de expresión, pero parecería que luego de 10 años esta libertad de expresión está más en riesgo y no por la censura de organismos gubernamentales oficiales, sino por la sociedad misma, la irreverencia. La sátira mordaz quizás se ha trasladado a las redes sociales, aunque no necesariamente en forma de caricaturas”, agregó.Por su parte, el dibujante cubano Alen Lauzan recuerda que trabajó en un medio que prefería llenar una página de memes y no de caricaturas. “No estoy en contra de los memes, ojo, -lo que pasa es que- salía gratis en comparación a tener un caricaturista que hacía una cosa exclusiva. Cada vez más desaparece el humor. En mi caso, yo me he visto afectado también, por eso necesitamos ir un poco en contra de cualquier tipo de poder o de fanatismo”, indicó. Desde que la revista de tono ácrata publicó caricaturas del profeta Mahoma en 2006, Charlie Hebdo vivió bajo la amenaza islamista, hasta que sucedió el atentado en el que murieron su emblemático director, el dibujante Charb, así como dos leyendas de la caricatura en Francia, Cabu y Wolinski.Para Bonil, del diario El Universo en Ecuador, poco importa el tema. Más allá de la religión, es el género que está en peligro. “Bueno yo en lo personal que ya llevo más de casi 35 años en este oficio, un tema que yo no dibujaría o que tendría mucho cuidado es satirizar a narcotraficantes con nombre y apellido, cosa que sí puedo hacer con respecto a los actores políticos” confesó.Charly Hebdo sigue publicando decenas de miles de ejemplares semanalmente. Su sede es secreta, y sus dibujantes y periodistas viven bajo extraordinarias medidas de seguridad.

Justin Trudeau, primer ministro canadiense desde 2015, anunció su dimisión el lunes 6 de enero. Enfrentado a dificultades en las últimas semanas, minoritario en el Parlamento, también abandonó el cargo de líder del Partido Liberal de Canadá. Trudeau seguirá siendo primer ministro hasta que se nombre a un sucesor.  “Tengo la intención de renunciar a mi puesto de jefe del Partido Liberal de Canadá y de primer ministro”: de este modo Justin Trudeau anunciaba la crónica de una dimisión mascada. El primer ministro canadiense no pudo más ante la presión ejercida por sus propios compañeros en el Partido Liberal y sobre todo tras el resquebrajamiento de la alianza que mantenía con los sociales demócratas para mantenerse al mando del gobierno. Esta renuncia no fue una sorpresa: “No fue una sorpresa la dimisión del primer ministro porque el gobierno liberal de Justin Trudeau era un gobierno minoritario: no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y necesitaba del apoyo de otro partido, el Nuevo Partido Democrático, que es el partido socialdemócrata. Lo apoyó durante varios años pero en el otoño del 2024 anunció que se rompía la alianza formal entre este partido y el Partido Liberal. Así que fue una cuestión de semanas o de meses para que cayera el gobierno”, confirma el politólogo de la Universidad de Quebec en Outaouais, Thomas Collombat.La dimisión de la vice primera ministra Chrystia Freeland por desacuerdos con Trudeau hace tres semanas precipitó la dimisión del primer ministro: “Hizo que la contestación, la oposición interna a Trudeau se exprimiera de manera pública, y empezó con grupos regionales adentro del partido, y fue una presión muy fuerte”, detalla el politólogo. ¿Elecciones generales pronto?Para Frédéric Boily, profesor de política canadiense y quebequense en la Universidad de Alberta, Justin Trudeau parecía últimamente muy alejado de la imagen del joven líder que llegó al cargo en 2015: “Las intenciones de voto desde hace casi dos años muestran que los conservadores gozan del favor del electorado canadiense, y no solo por unos pocos puntos. Las últimas encuestas muestran que los márgenes entre el Partido Conservador y el Partido Liberal son de más de 20 puntos de diferencia, e incluso de 25 puntos”.¿Cómo se divisa ahora el futuro inmediato político de Canadá? Según explica Collombat, “el primer ministro pidió a la gobernadora general suspender el trabajo del Parlamento hasta el 24 de marzo. El 24 de marzo el Parlamento va a reunirse de nuevo. Probablemente, la oposición va a pedir un voto de confianza y el gobierno va a perder este voto de manera segura porque todos los partidos de oposición quieren que este gobierno caiga. Así que vamos a tener elecciones generales en la primavera del 2025”. Trudeau, de 53 años, llegó al poder en 2015 después de 10 años de gobierno del Partido Conservador, e inicialmente fue aclamado por devolver al país a su pasado liberal. Pero se volvió profundamente impopular entre los votantes en los últimos años por una serie de cuestiones, incluyendo el aumento del costo de los alimentos y la vivienda, y el aumento de la inmigración.

Perú cierra el 2024,con una  altísima tasa de criminalidad; según un reporte del Sistema de Información de Defunciones, se registraron en el país más de 2000 homicidios, lo que representa un incremento del 34% respecto al 2023. Altas cifras de criminalidad se registraron en el 2024 en Perú. Este fenómeno puede explicarse por diferentes factores, como explicó a RFI Dimitri Senmanche, exministro del interior y especialista en seguridad: “El problema de la inseguridad es la suma de la migración ilegal que no ha sido adecuadamente controlada;  también es la suma de instituciones que no están operando como deben, es decir, el Ministerio público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Instituto nacional penitenciario, la suma de la corrupción."Entonces cuando hay impunidad, cuando no hay acceso a la justicia, lo que aumenta es la violencia y lo que aumenta,  son los delitos. Si yo sé que voy a cometer un delito y no me va a pasar nada, no solamente lo sigo cometiendo, sino que aumenta”.Estado de emergenciaPara intentar frenar la criminalidad, la presidenta de Perú Dina Boluarte a finales de noviembre del año pasado, extendió por 45 días más el estado de emergencia en 14 distritos en Lima Metropolitana y Callao.Pero esta medida tendría un alcance limitado, según Dimitri Senmanche: “Se utilizan herramientas como el estado de emergencia, que es la suspensión de derechos constitucionales. Se cree que solamente por la declaración de la emergencia va a disminuir el delito y no se dan cuenta de que la declaración es una herramienta que funciona si funciona el sistema, pero si el sistema no funciona, de nada sirve."La policía tiene la capacidad de ingresar a una vivienda sin esperar una orden judicial, pero no lo hace porque no sabe qué vivienda, no tiene información de inteligencia. Los sistemas de inteligencia no funcionan adecuadamente. Además, si lo hace y desbarata una organización criminal como pasó hace ya unos 6 o 7 meses, en Ica desbarataron a un grupo de 40 y tantas personas, el 90% extranjeros con armas, con drogas en menos de 24 horas fueron dados en libertad por el Ministerio público. ¿Entonces de qué sirvió que la policía hiciera ese  operativo?”El gobierno peruano ha dicho que la cifra de homicidios compartida por el Sistema de Información de Defunciones es errónea y aseguró que los porcentajes reales de homicidios en 2024 solamente incrementaron entre 7 y 8% según reportes de la Policía Nacional del Perú.

La presidenta de Honduras Xiomara Castro advirtió esta semana que cerrará las bases militares de Estados Unidos en el país si el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo. “Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio”, advirtió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.“Un acuerdo de cooperación”Una advertencia dirigida al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a la política de inmigración que, según ha declarado, desea llevar a cabo cuando asuma el cargo este 20 de enero.El Historiador y politólogo Ezel Hernández Gamero explica la importancia de esta base militar para Estados Unidos y para Honduras: “Honduras precisamente tiene una posición geográfica muy privilegiada dentro de Centroamérica. Es, digamos, el paso obligatorio de personas, de comercio, en todo sentido. En Honduras, tenemos la base José Enrique Soto Cano que se instaló a inicios de la década de 1980. Honduras se veía beneficiado con asistencias técnicas, con asistencias militares, hubo mucho apoyo con brigadas médicas al país que se desplegaron desde esta base. Es un acuerdo de cooperación, por esa razón es que Estados Unidos no hace un pago por tener la base militar en Honduras”, detalla.En busca de negociaciónLa presidenta hondureña decidió transmitir este mensaje en un momento clave para ambos países, según Lester Ramírez, analista político y director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa.“Esto huele a una jugada política del gobierno de Xiomara Castro, que busca empezar a negociar con la nueva administración de Trump, pero también busca quedar bien con los más de dos millones de hondureños en la diáspora hondureña. Estamos hablando de prácticamente el 20% de la población, donde hay mucha preocupación detrás de estos mensajes de deportaciones masivas. No sé si realmente va a calar positivamente con la diáspora. Creo que es una jugada política que ha sorprendido a muchos en Honduras”, comenta el analista. “Pero bueno”, añade, “sabemos también que Trump es reconocido por ser un negociador y su administración anterior fue basada en la negociación, especialmente en temas migratorios. Entonces, yo creo que esa es la línea que se está manejando, creo que esas van a ser las reglas del juego, siempre la negociación, la transacción”.Lester Ramírez advierte que por el momento la diáspora hondureña en Estados Unidos, que es más de derecha, no está de acuerdo con la posición de confrontación que ha tomado su presidenta.