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Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad.  "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura'  "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.

El Cono Sur está enfrentando una ola de frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en la Patagonia, un fenómenos al mismo tiempo intenso y excepcional, dijo a RFI el climatólogo chileno Raúl Cordero, profesor en la Universidad de Santiago. El país más afectado es Argentina, aunque el fenómeno también impacta a Chile y Uruguay. La causa es una masa de aire polar que se escapó desde la Antártica. "Esta ola de frío fue un escape de una masa desde los polos hacia latitudes medias, en este caso hacia el Cono Sur: Argentina, Chile, sur de Brasil. Como estamos en invierno austral, era esperable que este escape de masa de aire frío trajera temperaturas bajas, y en algunos casos fueron récords históricos. Así que se trató de un evento intenso. Lo usual es que las masas de aire cálido permanezcan 'atrapadas', confinadas al trópico, y las masas de aire frío permanezcan confinadas a los polos. Pero a veces se puede escapar una u otra", explica Raúl Cordero. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: olas de calor en Europa, de frío en el Cono Sur. ¿Qué tan preparados estaban los gobiernos para una situación así? "Desgraciadamente, al ser un evento récord, era poco esperable que los países estuvieran preparados", responde Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago. Hemisferio norte, el peor de los mundos  "En el hemisferio norte es otra historia, pero en el hemisferio sur las olas de frío van disminuyendo en frecuencia. Es decir, a pesar de que estamos en invierno austral, este es un evento extraordinariamente inusual. Es diferente a lo que pasa con las olas de calor, que van en aumento en frecuencia e intensidad en todo el mundo. Entonces, la gente está cada vez más 'preparada'. Por ejemplo, la ola de calor que golpeó a Francia estos días fue muy intensa, pero no va a causar, ni de cerca, los 70.000 muertos que provocó la ola de calor de agosto de 2003 en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época Francia, ni Europa, estaban habituadas o preparadas para eventos de calor como los de ahora. En cambio, hoy están mucho, mucho más preparados. Acá es la misma historia, pero con el frío. Cada vez hay más olas de calor, pero cada vez menos olas de frío. Este evento tomó por sorpresa a la población en ambos lados de la cordillera, en el Cono Sur". El climatólogo subraya también la desigualdad del impacto del cambio climático. "El vórtice polar, el vórtice ártico, se está debilitando, y los escapes de masas de aire frío en invierno en el hemisferio norte van al alza. Entonces, en el hemisferio norte es como 'el peor de los mundos', porque aumentan tanto las olas de calor como las olas de frío".

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Durante la cumbre semestral que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Mercosur anunció que concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones empezaron en 2017, pero no fue sino hasta este miércoles que el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dieron luz verde al acuerdo que permitirá la exportación e importación de bienes y servicios en una zona con casi 300 millones de personas. Energía renovable Henrique Choer Moraes, diplomático que representa a Brasil en las negociaciones del Mercosur, destacó la variedad de este acuerdo que va desde la agricultura hasta las centrales de datos. “Es muy amplio ese abanico, abarcando vinos, por ejemplo, pasando por la industria, pero también hay un compromiso muy importante que alcanzamos con la EFTA: nosotros introducimos este compromiso de que la exportación de servicios digitales está supeditada al hecho de que la matriz energética del país que exporta sea del 67% por lo menos de fuentes de energía renovable”, explica Henrique Choer Moraes. Es “un ejemplo para que otros países imiten, porque desde nuestro punto de vista, esto es un ejemplo concreto de algo que los europeos hablan mucho pero no hacen tanto como a nosotros nos gustaría, y es la interfase entre comercio y desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí de comercio, de servicios de una forma sostenible”, recalca. A la espera de la Unión Europea La Unión Europea ha sido todo un desafío para los socios del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia: en diciembre pasado y tras 25 años de negociaciones, firmaron un acuerdo que sigue sin ser ratificado y enfrenta una fuerte oposición de Francia. El representante de Brasil se muestra sin embargo optimista: “No sería la primera vez en Europa que un acuerdo va a ser sometido a un debate muy acalorado. Pero a pesar de todo eso, estamos confiados porque el contexto global ayuda cada vez más a confirmar la importancia, no solo económica pero estratégica, de que Europa pueda avanzar rumbo a la ratificación del acuerdo con Mercosur. El anuncio del acuerdo con EFTA tendrá también algún impacto en los debates, porque Europa está viendo que el Mercosur no está parado”, estima. Actualmente el Mercosur está en conversaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos y según el diplomático brasileño, Canadá y Japón son algunos de los futuros objetivos.

Hace menos de 50 dias, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.

Los delitos sexuales contra menores ya no prescribirán por lo civil en México, así lo decidió la Corte Suprema de ese país. Esta sentencia abre el camino a las víctimas de ese tipo de abusos para que obtengan justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción. La violencia sexual contra niños y adolescentes es "imprescriptible", así lo juzgó por unanimidad la Corte Suprema de México al fallar a favor de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos por parte de su ex productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años e integraba un famoso grupo musical. Este caso fue muy mediatizado por tratarse de dos personajes del ámbito artístico. Kendra Carrión Vivar, doctora en Ciencias Políticas y profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey de México, recalca la importancia de este dictamen. “Es un gran precedente para las víctimas de abuso sexual, no sólo para los menores actuales sino también para todas aquellas personas que siendo niñas pudieron ser víctimas de esos horrorosos delitos. Es importante saber que esta decisión se toma en el ámbito de lo civil y en México la imprescriptibilidad ya operaba en lo penal, pero en materia civil había plazos de dos a diez años, así que la víctima no acudía en estos plazos, ya no podía alegar daños morales”, explica a RIF Kendra Carrión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4,5 millones de menores afectados anualmente. Montserrat Villamar, coordinadora nacional de abogacía de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS México, informa sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano en el proceso de denuncia de casos de abuso sexual. “Este tipo de problemáticas está normalizado y el sistema de justicia en México puede ser ‘revictimizante' porque es un proceso muy largo y muy complejo. Inhiben más bien que las víctimas denuncien. Este precedente de la Corte Suprema ayuda y da certeza jurídica a las víctimas y a organizaciones”, asegura a RFI Villamar. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia mexicano condenó al ex productor de Sasha Sokol por daño moral, le ordenó disculparse con la cantante y pagar una indemnización por reparación del daño, la cual se fijaría posteriormente.

La Fiscalía de Colombia pidió esta semana una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia del país. Entrevistamos al senador Iván Cepeda sobre este caso. Desde hace más de un año, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es juzgado por supuestas presiones a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas. Cadena de falsos testimonios Este histórico proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por “buscar testimonios falsos” en cárceles para vincularlo con paramilitares. El senador, por su parte, acusa al expresidente de falsificar la verdad. “Uribe ha desplegado un inmenso esfuerzo por intentar eludir su responsabilidad penal, y el problema es que se ha desatado en cadena este intento de falsificar la verdad. Entonces se han ido acumulando los falsos testigos. Él tiene unos abogados oficiales, pero contrató unos abogados en la sombra. Personas que, francamente, han actuado de una manera delictiva. El abogado principal que utilizó Uribe para esa clase de manejos ilegales está hoy en juicio también, el señor Diego Cadena, que es un abogado que se hace llamar a sí mismo ‘abogánster'”, explica Cepeda. “Y hay otros intervinientes que han sido testigos o intermediarios de testigos que también están en juicio. Este juicio lo están afrontando también en otros escenarios, otras cinco personas. Y hay 19 de esos falsos testigos que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar. Entonces, el aparato que ha actuado está hoy seriamente interpelado por la justicia”, prosigue. “Está marcando un camino” La fiscal a cargo del caso, Marlene Orjuela, declaró en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son “concluyentes”. El juicio avanza contra reloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto. Sin embargo, el senador Cepeda se muestra optimista y recalca la importancia de este juicio. “En Colombia ha existido una especie de manto de impunidad, de escudo de impunidad, para proteger a quienes han ejercido las máximas responsabilidades y quienes tienen el mayor poder en la sociedad colombiana. Así que esto está marcando un camino. Y es que no solamente guerrilleros, paramilitares, militares, sino también civiles que tradicionalmente han escapado a la justicia, sean llamados a rendir cuentas”, estima. “Ahora bien, esto también puede, si se interpreta correctamente, ser un camino hacia la reconciliación, hacia la paz, porque el poder satisfacer la justicia y los derechos de las víctimas es una base sólida para la paz y para la democracia”, concluye. Desde el inicio del juicio, Álvaro Uribe ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos. Se espera que a finales de julio la jueza Sandra Heredia pueda emitir un fallo.

Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'. Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones. "Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene. Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones. En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia. El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico  "La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega. "Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.

Mafalda, la rebelde preguntona llegó a Estados Unidos de la mano de Elsewhere Editions por primera vez en más de 60 años de existencia, luego de estar traducida en unos 30 idiomas y ser un éxito internacional. Pero, ¿estarán preparados para la mirada ácida de la niña consentida de Quino? Mafalda, la niña que odiaba la sopa, pisa por primera vez suelo estadounidense en inglés, de la mano de la editorial Elsewhere Editions con una colección de cinco volúmenes lista para causar el furor que tuvo en América Latina y algunos países de Europa. La obra fue traducida incluso al mandarín, pero no al inglés. De hecho, en Estados Unidos es una casi desconocida. Kuki Miller, directora de Ediciones de La Flor, la casa editorial de Mafalda, y amiga de Joaquín Salvador, su autor, más conocido como Quino, se pregunta si Estados Unidos ahora sí estará preparado. “Me encanta que se haya concretado, por supuesto, porque nosotros mucho tiempo intentamos y contestaban que no era para Estados Unidos. Incluso una de las editoriales grandes: primero dijeron que sí, después que había ido a los subsectores y los lectores habían opinado que no era posible hacerlo. Te estoy hablando de hace muchos años”, recuerda Miller. Leer tambiénMafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump “Entonces, la mujer de Quino, que era la que tenía particular interés, y se le había expuesto que había que publicarlo en inglés. Ella no hablaba de Estados Unidos, sino del idioma, insistió con nosotros. Hasta que finalmente dijo: ‘Y si no se puede hacer afuera, lo hacemos aquí'. Entonces hicimos nosotros en la Argentina una edición en inglés, pero se vendía aquí en colegios de habla inglesa, a muchos turistas, con la curiosidad de saber qué era este personaje tan famoso preferían llevárselo en inglés. Obviamente se exportaba, pero es muy pequeñas cantidades. Así que si esto tiene éxito, me parecería fabuloso”, dice. Kuki Miller destaca los valores universales que hacen de Mafalda toda una sensación internacional.  “Es humanista, es pacifista en este momento y en cualquier otro. Realmente, los problemas continúan iguales. Le tapás Vietnam y le ponés Gaza, y sigue siendo el mismo problema, ¿no?, es la base del pensamiento de Mafalda”, opina. Personajes como Manolito, Susanita y Felipe representan las corrientes ideológicas y sociales que agitaron la política argentina e internacional en la década de los 60 y 70, pero que, a su vez, siguen vigentes, pues ya en los años 90 Quino atribuye el éxito de su obra a que la sociedad no ha cambiado. 

Roberto Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y figura de la oposición en el exilio, fue asesinado a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. Medios y activistas nicaragüenses en el exilio sospechan que se trata de un nuevo caso de represión transfronteriza atribuible al régimen Ortega-Murillo. El crimen ha causado conmoción entre la comunidad nicaragüense exiliada, según advierte Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU). Samcam, quien integró el antiguo Ejército Popular Sandinista antes de pasar a la disidencia, era codirector del Grupo Patriótico de Militares Retirados, un colectivo abiertamente crítico del gobierno de Managua. Desde 2018 vivía exiliado junto a su esposa en Costa Rica. Su asesinato, ocurrido este jueves, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades exiliadas. Muchas miradas apuntan hacia el régimen nicaragüense, acusado de extender su política represiva más allá de sus fronteras. Jhoswel Antonio Martínez, también refugiado en Costa Rica, denuncia que no se trata de un caso aislado. Persecución a opositores nicaragüenses en Costa Rica  "Existe una represión transfronteriza por parte del régimen de Nicaragua hacia opositores. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos recibido amenazas y persecución desde que estamos en Costa Rica. Estas acciones incluyen tomas de fotografías al salir de casa o del trabajo, y mensajes en redes sociales desde cuentas falsas o bots que dicen: 'sabemos dónde estás', 'sabemos lo que haces'. Son advertencias para que uno deje de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Se conocen al menos cinco casos de atentados contra opositores que habían reportado amenazas previas y que, como Samcam, no necesariamente tenían un perfil alto", señala Martínez. Comunidad nicaragüense en el exilio está muy afectada  El impacto entre la diáspora nicaragüense es profundo, especialmente por la cercanía del asesinato de Samcam con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio. "Créeme que el impacto ha sido muy fuerte, tanto en la salud mental como en la percepción de seguridad. Este asesinato ocurre en torno a una de las fechas más sensibles para nosotros. Roberto Samcam era refugiado, tenía protección internacional. Su muerte nos afecta porque nos recuerda quiénes somos: personas que debimos huir. El temor se ha intensificado y hay riesgo real de que se desate una paranoia colectiva entre los opositores refugiados en Costa Rica", concluye Martínez.

En Argentina, decenas de miles de personas se manifestaron a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que vio ratificada su condena a 6 años de prisión domiciliaria y inhabilitación de por vida, por el caso de corrupción conocido como Causa Vialidad.  Los simpatizantes de la expresidenta se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas de Buenos Aires, con tambores y banderas nacionales.  A pesar de una condena de seis años por corrupción y su actual arresto domiciliario, la influencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibe el apoyo de una parte de los argentinos. Una masiva manifestación en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires ha dejado claro que su capital político no se ha extinguido, abriendo un intenso debate sobre el futuro del Kirchnerismo y quién podría tomar las riendas del movimiento. "¡Te amamos, Cristina!", "¡Vas a volver, Cristina!", gritaban la víspera simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner al pie de su balcón. El martes, la ex presidenta de Argentina comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.  Leer tambiénCristina Fernández cumplirá su condena por corrupción en prisión domiciliaria Para sus partidarios, la causa judicial no es más que una excusa. Como explica la abogada y periodista Lourdes Marchesse, la propia expresidenta enmarcó su situación ante la multitud como un intento de proscripción. "Ella misma planteó que no la quieren en las elecciones y que por eso la sacan de la cancha con esta condena", señala Marchesse, quien recuerda que, más allá de las percepciones políticas, el caso judicial fue un proceso extenso que duró 17 años. La gran pregunta que surge es si, a pesar del arresto domiciliario, Cristina Kirchner podrá seguir ejerciendo su liderazgo. La respuesta parece ser un rotundo sí, aunque de una manera diferente. "Primero y principal, Cristina ya no puede ejercer ningún cargo público", aclara Marchesse. "Ella puede ejercer un liderazgo desde atrás". Este poder intangible se fundamenta en una carrera política que la consolidó como una figura central en la historia reciente de Argentina. "Cristina te puede gustar o no como política, pero nadie puede negar que ella es una líder", afirma Marchesse. "Fue dos veces presidenta de la nación, antes había sido senadora, fue diputada. Entonces, tiene un gran liderazgo". ¿Quién Tomará las Riendas del Kirchnerismo? Con la líder principal legalmente inhabilitada para ocupar cargos, la mirada se dirige a sus posibles herederos políticos. El periodista y analista argentino Eduardo Aulicino destaca dos nombres que suenan con fuerza para tomar el control del movimiento: su hijo, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, para Aulicino, las balanzas se inclinan claramente hacia uno de ellos. "Yo creo que, por lo menos en esta primera etapa, Axel Kicillof por ahora asoma como el único integrante del Kirchnerismo con vocación de tener un proyecto presidencial dentro de dos años", analiza. En contraste, el rol de Máximo Kirchner parece estar más limitado al círculo interno del poder. "Máximo puede aparecer como principal operador, incluso ahora como voz autorizada de Cristina detenida, pero no tiene ascendentes fuera de la estructura kirchnerista", explica Aulicino. Agrega un dato contundente: "Es más, todos los estudios de opinión dicen que tiene una imagen muy, muy mala". En el caso Vialidad, Cristina Fernández fue declarada culpable por conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo durante su presidencia.

Sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas se unieron en una manifestación este martes en Río de Janeiro por la subasta del gobierno entre multinacionales extranjeras para hacer exploración petrolera cerca a la Amazonía. Ellos denuncian también la incoherencia en el discurso medioambiental de Lula Da Silva. El derecho de exploración petrolera fue adjudicado a dos consorcios. Uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC. Pagaron unos 153 millones de dólares por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas que fueron puestos en subasta en un hotel de Río de Janeiro, pese a las manifestaciones, en las que participó Leandro Lanfredi dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Río de Janeiro. "Se puso en venta un área equivalente al estado de Río de Janeiro y el estado de Espíritu Santo juntos. Es una área inmensa, de más del 1% del territorio nacional, la que se puso en subasta hoy. Se hacen esas ventas con licencias ambientales, en algunos casos con 20 años de antigüedad, que ya están sobrepasadas, para poner esos recursos en manos de petrolíferas privadas", explica Lanfredi a RFI. A su lado, también se encontraban grupos indígenas y ambientales que temen por sus territorios y el daño medioambiental, como cuenta Lanfredi: "Los pueblos indígenas denuncian que no fueron consultados. Según la ley brasileña, hay que consultarles para explotaciones minerales o de hidrocarburos en sus territorios o cercanas a sus territorios. No les consultaron. Se atropelló ahí el derecho de los pueblos indigenas". "Denuncian además que ponen en riesgo sus tierras ancestrales, porque también había una serie de bloques en una región que se llama Parecis, que está en el norte de Mato Grosso, que es la frontera sur de Amazonas. Ahí hay acuíferos y se puede poner en riesgo no solamente la región de la explotación, sino todo el suministro de agua", concluye.  Las diferentes organizaciones critican que, pese al discurso pro medioambiente del mandatario Lula da Silva, que prepara la COP30 en noviembre, acciones como esta subasta ponen en riesgo la Amazonía y la transición a energías renovables.

Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, advierte en esta entrevista para RFI sobre las redadas masivas de migrantes y el clima de asedio actual contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 'Lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea', denuncia.  Bajo el grito de "No existen las personas ilegales" y "Fuera el rey", miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las medidas antiinmigración. El gobierno respondió intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre otras, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En Los Ángeles, organizaciones como la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante no dan abasto para atender los numerosos casos que se están presentando. "Ya van más de 350 personas detenidas", cuenta a RFI Jorge Cabrera, jefe de prensa de esa ONG. "Eso significa 350 familias afectadas, ya que son separadas por estas crueles redadas. Hay comunidades enteras que están con ‘Ay, Dios mío' en la boca, porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, demasiada confusión y es, obviamente, muy cruel". La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California contra su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia. 'Quieren cambiar la faz de la sociedad estadounidense' "Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados, con los miembros de la Guardia Nacional que van bien armados, se crea una situación de guerra y de asedio. En todos los años que llevo trabajando en la defensa de los inmigrantes, esto no se había visto. Estoy hablando desde hace quizá 30 o 40 años", explica Cabrera, jefe de prensa de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles. Para Jorge Cabrera, los sucesos de los últimos días han sembrado el miedo en la comunidad latina. "La verdad es que no están yendo tras personas que son un peligro para la comunidad. Están yendo tras trabajadores o gente mayor, gente enferma, mujeres trabajadoras. Nosotros creemos que esto no es un plan solamente para deshacerse de inmigrantes que son peligrosos para la sociedad, sino más bien lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea". Varios líderes demócratas han alzado la voz contra esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con "armas de destrucción masiva". El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.

La crisis económica en Bolivia no para de aumentar. En la Paz, la población hace largas esperas desde la madrugada para obtener, con suerte, algunos de los alimentos de la canasta básica. En 2015, Bolivia empezó a sufrir un déficit causado por la escasez de dólares y la caída de exportaciones de gas, y el exceso de gasto público acabó con las reservas del Banco Central de Bolivia en 2023, lo que ha derivado en la situación actual. “El Banco Central se quedó sin reservas y se mantuvo financiando el déficit del gobierno. Pero ya no tenía suficientes reservas para recoger el exceso de liquidez. Hay un crecimiento de la emisión muy grande y eso está generando presiones inflacionarias. Pero por otro lado, al terminarse las reservas del Banco Central, el gobierno no pudo financiar las importaciones de hidrocarburos”, explicó a RFI Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia. En medio de este caos, los seguidores del expresidente Evo Morales han generado bloqueos en las carreteras, y reclaman la renuncia del presidente Luis Arce. Algo que ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos. “Tienen la posibilidad de bloquear una parte céntrica del país y con eso impedir el paso de productos. Los camiones cargados de alimentos que se producen en el oriente del país no llegan a los mercados del occidente”, agregó Jemio. Actualmente, la inflación alcanza el 18,4 % interanual, la cifra más alta en los últimos 17 años. Una situación que para el experto en economía, requiere medidas drásticas. “Hay que reducir el déficit fiscal.Lo que más está contribuyendo a ese déficit es el subsidio a los carburantes. Hay que quitar ese subsidio, pero eso tiene un costo social muy fuerte. Ese tipo de políticas crea mucho rechazo”, agregó el experto. Esta no es la primera vez que Bolivia hace frente a una crisis de esta magnitud. En los años 80, el país andino sufrió un colapso cambiario que desembocó en altas tasas de desempleo y una caída del 6,6 % del PIB. Una crisis que pasó a la historia como el primer caso de hiperinflación de América Latina.

Estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de Florida temen que las redadas de ICE lleguen al campus bajo bandera amiga. El campus ha sido escenario de protestas después de que los responsables de la universidad y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegasen a un acuerdo para que la policía universitaria del centro reciba la formación necesaria para realizar funciones propias de ICE, como la detención de estudiantes indocumentados. Aún no está implementado, pero el acuerdo perfilado entre la Universidad Internacional de Florida y ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha provocado una ola de indignación y preocupación en la entidad educativa.  Profesores y alumnos han protestado contra el convenio, con el que la policía universitaria recibiría formación y realizaría algunas de las tareas de ICE, incluyendo investigaciones y detenciones de indocumentados en el campus. De los 54.000 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, la FIU por sus siglas en inglés, más del 60% se considera hispano. "Más discriminación" Nacido en Estados Unidos pero con raíces guatemaltecas, Brandon Barrillas es el presidente del Sindicato de Estudiantes Latinos de la Universidad. "La Universidad Internacional de Florida es una escuela diversa con bastantes estudiantes de Latinoamérica, de Europa, de varias partes del mundo. El ambiente general es que varios estudiantes están preocupados, los que son de origen internacional", dice. "Varios con los que yo he podido hablar están preocupados porque con este acuerdo, no saben si les pueden quitar los documentos que tienen acá en el país, o si les pueden hacer un perfil de discriminación. No sabemos lo que va a suceder todavía. Entonces varios estudiantes están preocupados por lo que esto va a traer. Va a ser más discriminación y no va a traer nada bueno para la escuela", subraya. "Ya no es la universidad que amamos" Los profesores respaldan totalmente a los estudiantes. De origen cubano y llegada a Estados Unidos hace 27 años, Tania Cepero es docente en el centro y además, presidenta de la rama de la FIU del Sindicato de Profesores. No sólo lamenta el impacto en los estudiantes, sino en toda la comunidad. "Conlleva a la ruptura de relaciones de confianza mutua entre la comunidad y los alumnos, los profesores, los trabajadores de la comunidad académica, que es nuestra universidad. Además, se ha visto que donde quiera que se han implementado este tipo de acuerdos se encuentran más casos de perfil racial, que la policía empieza a hacer más acciones basadas en perfiles raciales", explica. "También conlleva a que la gente no reporte los crímenes. Las víctimas de crímenes empiezan a no reportarlo por miedo que si viene la policía lo que le van a preguntar es su estatus migratorio y van a terminar detenidos por problemas migratorios. Como que ya esta no es la universidad que nosotros amamos y hemos ayudado a construir", lamenta.

Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales, especialmente ligadas al narcotráfico. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que permite mantener al Ejército en las calles. La futura ley incluye entre otras cosas un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. “Indulto anticipado a los militares” Sin embargo, como explica a RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control. Según ella, cuando uno mira el texto, “de económico tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la Policía, para las Fuerzas Armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos, y autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial y a mí me parece súper grave”. “Es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado”, prosigue. “Hay muchas cosas por hacer” El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con carteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que, si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos. “No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer. Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales”, detalla. “Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones”, concluye la investigadora.

Siete personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones, atribuidos a guerrilleros en Cali. Esto ocurre apenas tres días después del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un ataque que ha conmocionado al país. Para Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica en Cali, entrevistado por RFI, el objetivo de estos ataques es “amplificar la zozobra y demostrar control territorial”. Apenas tres días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, Colombia fue escenario de otra serie de ataques —más de una veintena— esta vez en Cali, en otros puntos del Valle del Cauca y también en el Cauca, en el sureste del país. Es una de las peores arremetidas de grupos guerrilleros durante el gobierno de Petro. Los primeros indicios apuntan a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, como responsables de esta ola de violencia. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, señala que, teniendo en cuenta el lugar de los hechos y la brutalidad, el Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, podría estar detrás de los ataques. Su intención sería demostrar el dominio territorial que mantiene este grupo guerrillero frente a las arremetidas de las fuerzas del orden, pero también ante otros grupos criminales. "Este Frente Jaime Martínez realiza acciones delictivas. Gana dinero con el narcotráfico, el tráfico ilícito de cocaína, de marihuana y de ‘creepy'. Pero también hay otro tipo de delitos con los que obtienen control territorial. De alguna manera, el Frente Jaime Martínez se siente amenazado en su control. Se han dado cuenta de que hay otros actores que están tratando de sacarlos de sus zonas de injerencia. Está el Estado, por supuesto, a través del Ejército. Pero también hay otros grupos criminales que representan una amenaza para este frente de las disidencias de las FARC. El Frente Jaime Martínez está enfrentándose a la guerrilla del ELN. Está enfrentándose a la Segunda Marquetalia. Y tienen que demostrar que son más poderosos. Entonces, con este tipo de acciones, están mandando un mensaje: 'Oigan, conmigo no se metan, porque yo estoy fuerte aquí. Este territorio no lo voy a entregar. De aquí salgo, pero muerto'". El experto en seguridad Iván Carvajal destaca que la cercanía entre esta cadena de ataques y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay tiene un efecto amplificador sobre la tensión entre la población, especialmente en una Colombia en contexto preelectoral. "Con estos ataques hay una clara intención de causar terror en la gente. Esto es un acto terrorista puro, tal como lo define la clásica definición de terrorismo. ¿En qué momento puedo amplificar el terror con unas acciones concretas? ¿Cómo puedo ganar diez veces más de lo que usualmente logro, aprovechando una situación de tensión como la que vive el país? Lo que se han dicho es: ‘Aprovecho esa situación crítica del país y aplico una dosis de terrorismo para amplificar la zozobra y la incertidumbre'. Esto tiene réditos políticos. Pero, por ahora, genera una acción de miedo en la ciudadanía", concluye.

Calles destrozadas, coches incendiados y decenas de detenidos y heridos dejaron los violentos enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes en California, a raíz de la detención de 40 migrantes mexicanos por parte de la Policía Federal de Inmigración. Escuche el análisis de Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, y Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia. El presidente Trump ordenó ayer el envío de 700 marines y otros 2 000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a los disturbios generados por las protestas contra las redadas migratorias; el gobernador de California calificó la medida de intento de "generar caos".Se prevé que esta extraordinaria movilización de los marines y los miles de efectivos adicionales de la Guardia Nacional —que se suman a cientos ya desplegados— avive las tensiones en la ciudad, la segunda más poblada del país, con un gran porcentaje de población latina.En medio de las manifestaciones, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de apoyo a migrantes es conocer el número exacto de detenidos.No hay transparencia sobre las cifras "La cantidad de personas arrestadas es superior a 200. Pero no hay cifras claras porque a veces el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no es transparente. Lo que intentamos determinar es el número exacto. Nosotros lo estimamos a partir de las llamadas de las familias y allegados", dijo a RFI Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.Esta organización también denuncia la falta de transparencia de la Policía Federal, a la que acusa de no informar sobre el paradero de los detenidos."Las familias con las que hemos hablado nos han dicho que sus seres queridos ya les avisaron que están en el otro lado de la frontera. Ya los deportaron a Tijuana. Aunque nuestra organización (CHIRLA) no ha contactado directamente a esas personas, nos relatan lo que les dicen sus parientes", explica Flores Lagunas.Esta ley puede utilizarse mañana contra cualquiera El presidente Trump ha decidido enviar a centenares de miembros de la Guardia Nacional, a quienes se sumarán esta semana numerosos marines. El gobernador de California ha calificado este envío de "ilegal". Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia, nos cuenta la posición de su organización. "La ley que está empleando Trump, el Título 10 del Código de EE.UU., solo debe aplicarse en casos de rebelión. Además, el gobernador de California no solicitó este tipo de ayuda", dice la abogada, miembro del Centro Brennan por la Justicia, un centro de estudios y acción política con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU).La abogada también advierte sobre la gravedad de la situación:"No nos dejemos engañar por el término 'Ley de interrupción' con el que Trump ha autorizado el despliegue militar en cualquier parte del país. Esto representa una señal de alarma porque puede ser un paso hacia un marco de tiranía, algo que no se ha visto en este país. Y es importante que se mantenga la vigilancia: si hoy se usa para migrantes, mañana puede emplearse contra cualquiera', afirma.Tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos como los expertos legales coinciden en que Los Ángeles vive una situación sin precedentes, y el fiscal de California planea llevar el caso a los tribunales.

Mientras en las calles se cumplen cuatro días de protestas contra el presidente Arce por parte de partidarios del expresidente Morales, el gobierno boliviano denunció ante la fiscalía a Morales por terrorismo y otros siete delitos. RFI entrevistó a Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Durante estos cuatro días, los seguidores de Morales han paralizado las principales vías del centro de Bolivia, sobre todo en el departamento de Cochabamba, su bastión político. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones de agosto próximo.Todo esto ocurre en un contexto de confrontación política. El gobierno boliviano presentó la denuncia por terrorismo y otros siete delitos luego de que se difundiera un presunto audio en el que Morales ordenaría aislar La Paz con bloqueos de carreteras, según informó el ministro de Justicia. Además, los bolivianos sufren una escasez de combustible en medio de una aguda crisis económica.Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, explicó a RFI que es necesario diferenciar dos tipos de malestar social hoy en Bolivia."Junto con el desabastecimiento de combustibles se ha mezclado la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y el aumento de los precios de algunos productos de la canasta familiar. A esto también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para forzar a que se lo inscriba como candidato. Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos y, al mismo tiempo, un contexto de protestas sociales que tienen una clara connotación político-electoral".Morales está jugando dos cartas ¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política?"Está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que conduzca a la postergación de las elecciones del 17 de agosto, forzar la renuncia de Luis Arce y, de esta manera, poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral".Si ese plan no resulta, el profesor Arequipa estima que "Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, alejarse cada vez más de los centros urbanos de votación —es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo— y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia. De este modo, espera posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema".Jugando cualquiera de esas dos cartas, para este analista, "Evo Morales sigue teniendo vigencia en la política boliviana y por eso es muy probable que quien vaya a gobernar el país a partir del 17 de agosto no lo va a tener muy sencillo", concluye.

En El Salvador, se cerró este martes 3 de junio un caso que ocurrió 43 años atrás: el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados por militares en 1982 durante la guerra civil. Tres exjefes militares - un general exministro de Defensa, un exdirector de policía y un excomandate de brigada - fueron condenados a 15 años de prisión por asesinato. Cuatro décadas después de los hechos, se cierra finalmente el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador durante la guerra civil. Tres exmilitares de 85, 91 y 93 años de edad fueron sentenciados este martes a 15 años de cárcel por asesinato.  El Tribunal condenó además al Estado salvadoreño por la retardación de justicia y exigió al presidente Nayib Bukele que pida perdón en nombre de las Fuerzas Armadas.  Las familias de las víctimas tuvieron que esperar años para obtener justicia, según explicó a RFI Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y abogado de los familiares. “El estado de impunidad que vive El Salvador es el principal obstáculo para que las víctimas del conflicto pasado puedan garantizarse verdad y justicia en sus casos”, aseguró. “Primero fue una ley de amnistía que quería borrón y cuenta nueva, amnesia total sobre los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido. Y luego está la falta de voluntad política”. Los cuatro periodistas holandeses se encontraban en El Salvador documentando lo que era la guerra civil. Su reportaje consistía en “entrevistar a las familias del área rural de El Salvador para preguntarles cómo vivían en ese momento”, recordó Pérez.“Iban a responder que precisamente eran objeto de grave violación a los derechos humanos por los bombardeos, por los operativos, por las ametrallamientos que vivían diariamente por parte de la fuerza armada del Salvador”, detalló."Periodistas incómodos"Además, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen iban a entrevistar a entrevistar a dirigentes del FMNL. “Este tipo de reportajes molestaba al gobierno de turno, sobre todo gobernado por militares, y entonces fue así como decidieron que eran periodistas incómodos. Por lo tanto, planificaron la emboscada y los aniquilaron completamente”.  Óscar Pérez considera que todavía queda mucho por hacer para obtener justicia en otros casos de crímenes de lesa humanidad de la época de la guerra civil en El Salvador. “Hay más de 200 casos que exigen verdad y justicia y que están presentados ante la fiscalía General de la República de El Salvador, y yo creo que en ese sentido, este caso empuja esos casos”. 

El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción. Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado.En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez."Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado.Más depuración institucional"La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra."Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye.La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en República Democrática del Congo es de las Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares están preocupados. RFI habló de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados a los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados.  Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro: es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados.“Es hora de que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad”, explica a RFI la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.Condiciones de seguridadLos soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios.“El propio contrato con la misión expresa que, por la vía de excepción, quienes tengan problemas sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y se hace cargo Naciones Unidas. Quienes no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso”, precisa Lazo.Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad. Pero por el momento, no hay ninguna fecha acordada. “Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos”, indica la ministra.El conflicto, que empezó hace más de tres años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.

Los arqueólogos han bautizado como ‘Los Abuelos' a la ciudad maya que acaban de descubrir en Guatemala. Podría tratarse de un importante centro político y ceremonial de comienzos de la cultura maya asentada en lo que hoy es el norte del territorio del país centroamericano. RFI habló con la codirectora del equipo. “Encontramos un sitio de características muy tempranas o antiguas de alrededor del 800 años antes de Cristo”, dice a Radio Francia Internacional, Dora García, codirectora del proyecto arqueológico regional Uaxactún que logró el importante hallazgo en el departamento guatemalteco del Petén, cerca de México.La arqueóloga detalla, como parte de este descubrimiento, varios monumentos esculpidos con rasgos de inicio de la cultura maya en el Petén, y un centro monumental que sería la primera ciudad en esta región. Pero, subraya, lo más importante del descubrimiento fueron ‘Los Abuelos'.‘Sobre una plataforma, en el área central del sitio, se identificaron dos esculturas, una masculina y una femenina, de aproximadamente más de un metro de altura. Una es la escultura de una viejita sentada que nosotros hemos denominado ‘La abuela' y el masculino, por ende, le hemos denominado “El abuelo' porque hacen referencia a los ancestros. Y la gente local, espontáneamente, empezó a llamar al sitio ‘a donde están los abuelos', cuenta la experta.Figuras similares a los abuelos han sido encontradas en otros descubrimientos arqueológicos del pasado, como una viejita en La Venta del área Olmeca (considerada la primera civilización del continente americano, dada su antigüedad de más de 3000 años).“Hay otra pareja de esculturas en Uaxactún, en un área que también fue dedicada a ceremonias por las evidencias de vasijas quebradas y otras ofrendas que se encontraron al pie de las esculturas. También los estamos relacionando con el Popol Vuh, donde hay una pareja de abuelos originarios, precisamente de ancestros”.El estudio comparado de las esculturas de “Los abuelos' de Petén con estos hallazgos anteriores es clave para la investigación del equipo que lidera la antropóloga.“Estamos investigando estas dos esculturas como parte de un ritual, resalta García, un área ritual asociada precisamente al culto a los ancestros, a los progenitores del inicio del linaje de este sitio. Es un hallazgo muy importante porque estamos hablando de que pudo ser un centro político y ceremonial de inicios de la cultura maya en esta área.”Y cuando le preguntamos sobre lo que más la sorprende de este último hallazgo, nos dice: “Lo que se puede comparar con otras regiones, por ejemplo, la iconografía de los monumentos con imágenes grabadas. Los signos y los símbolos grabados son muy similares, por ejemplo, a los que encontramos en Kaminaljuyú, en Naranjo, en el altiplano de Guatemala. Las estelas de ranas encontradas, unos las asocian con los altares de ranas de piedra halladas en la región de la Costa y en Kaminaljuyú. Encontrar este tipo de cosas en el Petén me llama mucho la atención para establecer relaciones a nivel regional, es decir, que durante la misma época estaban produciendo el mismo tipo de esculturas, las mismas ideas en cuanto a iconografía”.Los Mayas fueron una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de América, se expandieron en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2.000 A.C. Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica. Crearon también un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos. Y nos legaron el cultivo del maíz y del cacao.Un 42% de los 18 millones de guatemaltecos pertenecen a las etnias que existen en el país de origen maya y muchos viven bajo condiciones de pobreza.

La guerra comercial se pelea en los tribunales estadounidenses. Un tribunal federal de apelaciones acordó preservar temporalmente muchos de los severos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a China y otros socios comerciales, congelando así el fallo emitido la víspera por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloqueaba el arma más poderosa de la guerra comercial del republicano. Compás de espera, mientras el tribunal de apelaciones analiza los argumentos, incluyendo la solicitud del Gobierno de una prórroga. 24 horas duró apenas el bloqueo que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso a los draconianos aranceles de Donald Trump dirigidos contra una serie de países, incluida la Unión Europea, China, India y sus vecinos, México y Canadá. Este fallo del miércoles respondía a la demanda de una docena de estados del país que denuncian haber sufrido directamente perjuicios financieros por la inflación que ha generado el aumento de impuestos a bienes importados.“Incluso las grandes potencias están sujetas a reglas”Para Nelson Espinal Báez, abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard, la decisión de la Corte de Comercio Internacional estadounidense, adscrita al Sistema de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al creciente uso del proteccionismo”.El presidente Trump hace una nueva interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que data de 1977 para imponer los gravámenes radicales que han puesto patas arriba al comercio mundial.  Pero la Corte de Comercio Internacional de su país dictaminó que la legislación no le otorgaba autoridad ilimitada al mandatario republicano para promulgar aranceles.“Tras examinar las medidas, la Corte determinó que el argumento de seguridad nacional fue usado de manera desproporcionada y contraria a las normas del comercio internacional”, explicó Espinal Báez a Radio Francia Internacional (RFI).Para el experto en disputas públicas de Harvard, el fallo de la Corte “es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén de agendas nacionales ni populistas”.Consecuencias importantesEl abogado adscrito al programa MIT Harvard destaca tres consecuencias importantes derivados de este fallo que bloqueó durante un día los aranceles impuestos por Trump: “Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en reglas está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales, sin consecuencias diplomáticas ni legales. Y tercero, marca un precedente para otros países que han sufrido medidas similares y que ahora podrían sentirse legitimados en tomar acciones y represalias legales”.La Corte de Comercio Internacional estadounidense tampoco aceptó el argumento del tráfico ilícito en la frontera mexicana que ha utilizado la administración Trump para justificar su amenaza de aranceles por las nubes promulgados unilateralmente por el presidente Trump y sin la aprobación del Congreso.Sobre este punto, Báez precisa que “se puede perfectamente   interactuar con el país vecino, llámese México o el que sea, para contrarrestar ese contrabando o ese trasiego de comercio ilegal. Es decir, manejarlo directamente de manera bilateral con ese país, pero no afectando el comercio global”.La sentencia emitida el miércoles por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaraba ilegales gran parte de los aranceles de Trump, tras entrar en el fondo del asunto. La nueva resolución del tribunal federal de apelaciones no revoca esta sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación de forma cautelar mientras se examina el caso. Tal vez no sea una victoria para el presidente de Estados Unidos, pero si una batalla ganada en su guerra comercial.

Promesa del presidente chileno Gabriel Boriç, el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación fue presentado por el gobierno al Congreso. La iniciativa llega a un legislativo donde el mandatario no tiene la mayoría y la oposición rechaza férreamente ampliar el derecho al aborto. RFI entrevistó a Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas que defiende el aborto como un derecho humano.  En Chile el aborto es un delito y, según cifras del Ministerio de Salud, cada año se producen en el país cuatro muertes por abortos clandestinos e inseguros y más de 33.000 mujeres ingresan al hospital por complicaciones derivadas de las condiciones que genera la ilegalidad.Pero hay que recordar que durante más de un siglo el aborto terapéutico fue legal. Su criminalización total es una herencia de la dictadura.Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas, explica el camino y los tropiezos que ha tenido esta bandera de feministas y activistas. "Antiguamente existía la penalización del aborto, que hoy continúa, pero había una norma excepcional en el Código Sanitario que permitía de forma amplia el aborto terapéutico cuando la vida de la madre estaba en peligro. Y en 1989 el dictador Pinochet derogó esta norma del aborto terapéutico y quedamos nuevamente en una prohibición total del aborto en Chile hasta el año 2017 que se promulgó la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación".Hace un año, en la rendición de cuentas al país, el presidente Gabriel Boriç prometió el proyecto que este miércoles fue presentado al Legislativo y que establece la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.'Salirle al paso a los objetores de conciencia' "Más que una despenalización se podría decir que es un aborto por plazo", explica la abogada. Y precisa que se establecen dos plazos: "Uno de 14 semanas, y otro de 12 semanas. Se hace la distinción que yo encuentro muy interesante, y es que estaría permitido hasta las 12 semanas el aborto en los consultorios, que sería una prestación de salud mucho más accesible para las mujeres en atención primaria de salud, porque se podría otorgar de forma ambulatoria en establecimientos de salud comunitarios".De esta forma, el proyecto de ley del Gobierno pretende salirle al paso a los médicos e instituciones que, al amparo de la ley, se declaran "objetores de conciencia" por razones religiosas y se niegan a practicar los abortos en las tres causales permitidas."Sobre todo en la causal de violación que presenta una alta tasa de objetores de conciencia", subraya Bartolotti. "No poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual".

El próximo 1° de junio marca una jornada electoral inédita en México: las primeras elecciones por voto popular del Poder Judicial. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cargos de impartición de justicia en posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal de Disciplina Judicial. RFI entrevistó a Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH, sobre este hecho histórico.  Serán unas elecciones históricas y, además, las más grandes de la historia de México. El 1 de junio, se elegirán por voto popular 881 cargos, resultado de una reforma a la justicia aprobada por el Congreso.  Es una reforma constitucional "necesaria en aras de tener jueces para la democracia y no corruptos", defiende el gobierno. Sectores detractores alegan, sin embargo, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia caerán presa de la politiquería electoral.En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH explica los pasos del mecanismo de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha legitimado este proceso electoral.RFI: ¿Qué tipo de criterios y filtros se usaron en esta selección? ¿Y cuáles organismos o instituciones se encargaron de ese proceso?    Adrián Ramírez: Contrariamente a lo que fue la reforma de Ernesto Zedillo, que jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eligió ministros a su modo, hoy se abrió la posibilidad de un proceso de participación electoral en el que las personas en funciones y candidatos que quisieran aspirar pudieran, primero, participar en un proceso de selección por competencias y, luego, desde las tres instancias del poder público, es decir, el judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron las entrevistas y verificación de los datos para que los candidatos pudieran registrarse.A pesar de eso, hubo casos en los que personas que podían estar cuestionadas en su probidad pasaron a la siguiente parte de las listas. Pero ha habido un proceso de impugnaciones. Los partidos políticos no tienen cabida y se ha generado un mecanismo de regulado por el INE, el Instituto Nacional Electoral.RFI: Visto así, estamos hablando de un grupo de candidatos selecto por sus calidades, porque serían idóneos después de pasar por este colador. ¿Pero cómo se hizo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber por quién vota? Porque es un abanico muy grande de candidatos. Son 881.Adrián Ramírez: Esos 881 candidatos no van a ser votados por cada persona, sino que de ellos vamos a elegir algunos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese número es reducido. Luego tenemos otro número también reducido de magistrados. Y el número más amplio es el que constituye los cargos de los jueces de las diferentes instancias. Pero de acuerdo a la entidad federativa y a la sección distrital que cada persona tiene en su credencial de elector, el número se reduce significativamente.Se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que se conozcan los currículos de cada candidato. El INE tiene en su página entrevistas y perfiles, los diferentes factores de la vida pública, opinólogos, expertos, medios de comunicación e incluso personas con tintes partidistas, han sacado a la luz las bondades y los defectos de cada uno de los candidatos desde su óptica y, de alguna manera, esto puede formar el criterio.RFI:  En una elección tan suis generis, ¿en qué consiste la campaña de un juez o de un candidato a magistrado o a ministro de la Corte Suprema de Justicia?Adrián Ramírez: Nada está escrito. Hay desde quien exalta su físico o  su territorio diciendo "Ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo", etc.  Incluso hay candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales a repartirlas y ofrecer a la gente que, si votan por ellos, de alguna manera, se beneficiará. Pero también hay quienes hacen propuestas claras de planes de trabajo o se presentan diciendo 'mis fallos se han orientado en esto, se han tratado tales y tales asuntos y los he resuelto de tal o cual manera'. Hay una diversidad de propuestas. La misma forma en que las personas se presentan como candidatos ya les está calificando de antemano.RFI:  Algunos sectores descontentos han llamado a boicotear las primeras elecciones judiciales en México.Adrián Ramírez: Primero, el papel que el Poder Judicial tuvo respecto a estar boicoteando el proceso. Finalmente, a regañadientes, llegó muy tarde e hizo una lista sumamente rasurada. Prácticamente lo hizo porque no tenía otra opción. Pero son los partidos políticos y los grupos de interés manifiestamente beneficiados de la libre empresa, de los más poderosos, los que están llamando a boicotear la elección haciendo creer que la disminución de la participación será un rechazo a este proceso.Pero este proceso no se legitima por el número de participantes o de abstenciones, sino por los resultados de quienes pasaron por un proceso de selección, luego pasar un proceso de insaculación [selección aleatoria de personas] . Y tercero, van a pasar por un proceso de elección. Es ahí que apenas empieza el proceso para lograr tener jueces para la democracia."Hay deseos de participar", ha dicho la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. La mandataria mexicana cuestionó también las ironías del Financial Times, que en un editorial consideró que México iba a un experimento kafkiano. La Presidenta subrayó que en Estados Unidos los ciudadanos eligen jueces y en algunos estados los de las Cortes estatales, aunque no a los integrantes de la Corte Suprema estadounidense.

La cooperación internacional es clave para resolver los numerosos retos que enfrentan algunos países latinoamericanos en materia educativa, pero 'lamentablemente esta no ha sido muy generosa con América Latina, la prioridad fuerte es África', dijo a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO. Durante la Semana de América Latina y el Caribe en París, que tiene lugar en este momento y está dedicada a la educación sostenible, Martín Benavides explicó cómo las estrategias públicas en favor de la infancia pueden mejorar también la calidad educativa.Para ello, evocó un caso que se remonta a 2004. Ese año, el gobierno peruano declaró que el bajo rendimiento escolar estaba directamente relacionado con la anemia, una afección que entonces afectaba a más del 50 % de los niños menores de seis años, según datos del Instituto Nacional de Estadística del país. Para 2020, Perú logró reducir esa cifra en 15 puntos porcentuales gracias a la aplicación de estrategias dirigidas a la infancia y la educación.En 2025, el acento sigue puesto en estrategias de este tipo, explicó a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO."Ahora hay un esfuerzo muy grande para tratar de adelantarse, por ejemplo, a los potenciales impactos del cambio climático en la educación. Nosotros, en la UNESCO, estamos trabajando mucho para ayudar a los países a tener una buena planificación en frentes que parecen muy operativos; por ejemplo, dónde se construyen las escuelas para que se vean menos impactadas por el cambio climático en los territorios', señaló Benavides.Numerosas escuelas no cuentan con conexión InternetOtro de los temas abordados en esta reunión ha sido la implementación de nuevas tecnologías en las aulas, algo que plantea otros retos. Así lo explica Andrés Delich, director adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación.'Hay países como Uruguay y Chile que claramente tienen un recorrido mucho más importante en términos de digitalización y de utilización de computadoras. Argentina y Brasil, en menor medida; mientras que hay otros que están mucho más rezagados, como los países centroamericanos, porque no tienen todavía infraestructuras de digitalización, ya que muchas veces las escuelas no cuentan aún con conexión a Internet', precisa Delich.Este encuentro tiene como objetivo presentar estrategias que aborden estas problemáticas y fortalecer la cooperación entre los países participantes. Pero Benavides reconoce que, aunque la mayoría de las naciones están de acuerdo con estas medidas, sigue siendo difícil llevarlas a cabo.'Todo depende, finalmente, de los recursos. Lamentablemente, la cooperación en términos de financiamiento no ha sido muy generosa con América Latina. África siempre ha sido una prioridad fuerte de la cooperación. Hay sectores dentro de países latinoamericanos que tienen situaciones bastante desventajosas en materia de educación y que también podrían ameritar recibir más fondos', añade.Olivier Brandouy, director general de la organización Francia Educación Internacional, concluyó la reunión asegurando que la cooperación es la clave no solo para resolver estos retos, sino también para aprender de cómo América Latina innova en materia educativa.

Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace? RFI entrevista a dos analistas que nos apuntan las razones de los ataques del republicano que han elevado la tensión al máximo con instituciones históricas como Harvard. El gobierno de Donald Trump tiene a varios centros educativos estadounidenses, por considerar, en el caso de Harvard de no hacer lo suficiente por evitar manifestaciones de activistas pro-palestinos y de "fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus".  En el caso de Columbia de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar "una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judíos". Por su parte Harvard ha dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad. Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace?Gabriel Cifuentes, analista político y hace parte de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard (HCSS) explica las razones en entrevista con RFI: "Las élites académicas han sido siempre consideradas como libres pensadores. Es decir, dentro de la academia siempre hay como una sensación de que hay un grado de liberalidad mucho más grande de lo que muchos gobiernos tienen. Hay profesores que son críticos. Los estudiantes han hecho manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Trump. Entonces puede ser un factor incómodo, sobre todo frente a universidades que tienen nombre, tienen peso, tienen canales internacionales en el sentido que tienen acceso. Una cosa es que Harvard diga esta política de Trump es absolutamente inconstitucional o va en contra de la libertad de expresión y otra cosa es que lo diga un think tank que nadie conoce. Yo sí creo que se está tratando de neutralizar un foco de de oposición intelectual de peso frente a medidas no solo estas que está tomando con las universidades, sino en general".Desde el inicio de su segundo mandato, Trump tiene en la mira a los científicos y centros educativos. Miembros de las academias estadounidenses denuncian pérdida de subvenciones y despidos ideológicos. con respecto a las universidades, por ejemplo a la de Columbia y a la de Harvard. Las considera foco de antisemitismo y de ideas progresistas. Ambas intentan recuperar los fondos públicos cancelados recientemente. En el caso de Harvard, la Administración pretende prohibirle que matricule estudiantes extranjeros tras rechazar el pedido de supervisión en materia de admisiones y contrataciones.  Para esta institución, estas medidas son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad.Gabriel Cifuentes subraya en nuestra antena: "Yo creo que él puede anticipar que los centros académicos y las universidades van a hacerle resistencia a su gobierno y a sus políticas. Y eso también se mezcla dentro de una lógica nacionalista en donde Estados Unidos está primero. Los intereses de Estados Unidos están primero y cualquier ruido que se pueda generar frente a las políticas migratorias, frente a las sanciones económicas a otros países, frente a la posición que está asumiendo Estados Unidos con la guerra en Ucrania, en la Franja de Gaza, pues pueden generar ruido, incomodidad para la administración Trump. Sin lugar a dudas".Aunque un juez federal bloqueó este viernes de manera temporal, la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, el gobierno de Trump espera que con esa posibilidad Harvard se vea obligada a entregarle los datos que les exigen:  grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. Harvard se niega y defiende su independencia. Sobre las implicancias de esta medida de Trump; el analista Juan Falkonerth, en RFI:  "Las medidas más fuertes significativas hasta ahora se han dado con la Universidad de Harvard, pero el Presidente puede estarlos utilizando como una medida ejemplar para que los otros centros educativos se den cuenta de lo que podrían enfrentarse si no colaboran con la administración del presidente Trump. Y es que hay un tema que se ha discutido mucho, que tiene que ver que los centros educativos de alguna manera están promoviendo movimientos comunistas, o quienes son pro de muchas causas internacionales, como la causa palestina, entre otras, que le generan ruido al presidente estadounidense".

La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas'. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina.  En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades.La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte.El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición."Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek.A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes.Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país."A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal.Costa Rica, reputación en juegoMientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas"."En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek.Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica".Informe:https://www.hrw.org/es/report/2025/05/22/la-estrategia-es-doblegarnos/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises-desde

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

La politóloga Ana Lucía Velasco estima que las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto en Bolivia, cuya campaña electoral acaba de empezar, se desarrollan en un momento difícil para el país, marcado por largas filas para comprar gasolina, la disparada del dólar en el mercado negro y el agotamiento del electorado. Esta especialista subraya el agotamiento de numerosos electores con el MAS, sin que el triunfo de la derecha esté garantizado.  Con la inscripción, en principio definitiva, de los diez partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de Bolivia para el periodo 2025-2030, se inicia la carrera electoral. La politóloga boliviana Ana Lucía Velasco destaca a cuatro candidatos con posibilidades de ganar."En el bloque más o menos de centro y de derecha, yo diría que están —con posibilidades de ganar— Samuel Doria Medina con la Alianza de Unidad y tal vez Jorge Tuto Quiroga. A la izquierda estaría Eduardo del Castillo, que es el candidato del MAS, con el respaldo del presidente saliente, el cual también se ha inscrito en las listas como primer senador. Y si Andrónico Rodríguez —actual presidente del Senado— logra que se registre su postulación, tendríamos tres frentes de izquierda que podrían pugnarse el voto entre ellos".Andrónico Rodríguez, inscrito por el Frente Alianza Popular, es un líder cocalero apadrinado políticamente en sus inicios por el expresidente Evo Morales, que está por fuera de esta contienda electoral. Con respecto a la situación del candidato Rodríguez, el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso el análisis de su candidatura hasta que la justicia resuelva si cumplió normas partidarias. Como en las últimas dos décadas, un candidato de la izquierda podría llegar al poder.Ana Lucía Velasco, experta también en psicología electoral, indica sin embargo que los candidatos de la derecha están tomando impulso, si bien no convencen del todo al electorado.Ausencia de un bloque único anti-MAS "La gente que vota por opciones de derecha, más que ser de derecha, son fundamentalmente personas que están en contra del actual gobierno y del Movimiento al Socialismo [MAS]. Creo que esas personas han experimentado en las últimas semanas una especie de desilusión y desesperanza porque la apuesta era que se generara un bloque único que pudiera acumular todo el voto anti-MAS para tener de esta manera una clara posibilidad de ganar. Eso nunca se logró y al final están yendo todos por separado", apunta.Algo similar ocurre con los votantes de la izquierda, dadas las peleas y diferencias internas, especialmente dentro del MAS."Es probable que el bloque de izquierda pueda acumular el voto de una manera más vertical, más orgánica, más sencilla. Pero yo diría que la campaña electoral acaba de comenzar con la etapa de propuestas electorales. El electorado boliviano experimenta un gran agotamiento. Y si a eso le sumamos que el tema económico en Bolivia está realmente difícil, las filas para comprar gasolina son gigantescas, el dólar en el mercado negro se ha disparado... entonces yo creo que el electorado boliviano está sometido a varias presiones psicológicas. Nunca hemos vivido una elección tan, tan fuerte como esta", concluye.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país.“Poder ser escuchados es importante”“Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI.“Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue.La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia.“La búsqueda de las Abuelas continúa aún”“En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete.“Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega.Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad.Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

El gobierno de Honduras confirmó que aterrizarán este lunes 19 de mayo 18 hondureños que aceptaron “autodeportarse” de los Estados Unidos utilizando el programa CPB One Home, la aplicación con la que Donald Trump busca reducir los gastos de expulsión hasta en un 70%. Honduras estaría cooperando con los Estados Unidos para que no intervengan en las elecciones del país centroamericano previstas a finales de 2025, estimó Lester Ramírez, de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Honduras, “a pesar de que con Joe Biden tuvo un discurso muy agresivo, contestatario e incluso irrespetuoso, está colaborando bastante con Trump, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela, para que hagan escala aquí y luego ir a Venezuela” porque, según Ramírez, “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales”.Las elecciones generales en Honduras se realizarán el 30 de noviembre de 2025 para renovar la Presidencia de la República, 128 diputados y 298 alcaldes.Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería hondureña, explicó a la prensa local que la administración de Donald Trump facilitaría a los migrantes regresar de forma voluntaria y “con dignidad, sin enfrentar procesos de detención ni deportación forzosa”.Leer también'Madres deportadas con sus hijos tienen el apoyo del gobierno', dice vicecanciller a RFIEl pasado 9 de mayo el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse” ofreciéndoles vuelos gratuitos. “Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. El 5 de mayo el gobierno estadounidense informó que los migrantes que aceptaran autodeportarse recibirían 1 000 dólares. EconomíaEn lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados (de los cuales 3 375 de Estados Unidos), lo que podría afectar directamente la economía del país, debido a la importancia que tienen las remesas. En 2024 se registró un ingreso de 9,740 millones de dólares por remesas, cifra que la coloca como principal fuente de divisas para este país de cerca de 10 millones de habitantes y que ocupa el segundo lugar en pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Aunque su reintegración podría representar un gasto adicional para el Estado, Lester Ramírez considera que los deportados no agravarían la economía nacional, pues la mayoría de los trabajos se sostienen de la informalidad, pero sí la inseguridad.  “Las redes familiares, las redes de apoyo van a ayudar de alguna manera a mitigar el impacto [económico], pero de lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales, y eso no se está registrando, la policía no está haciendo un esfuerzo para poder darle seguimiento”, consideró.“Ya se dieron casos en los que personas que han sido deportadas, a los pocos días de su regreso, o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Más que económico, el problema va a ser de seguridad”, dijo.A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, en el primer mes de su gobierno fueron deportadas 37,000 personas, 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Este 14 de mayo, en Bolivia, comenzó el registro de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Los analistas piden prudencia por los cambios de último momento, como la sorpresa que dio el presidente Luis Arce que desistió de la contienda electoral. En Bolivia corre reloj para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y también a los diputados y senadores. Carolina Floru, analista y experta del sistema de partidos políticos de ese país, explicó a RFI que aún están en negociaciones los posibles candidatos del oficialismo y de la oposición.La figura de Andrónico RodríguezSe trata de discusiones complejas, empezando por el movimiento del exmandatario Evo Morales, quien no puede participar por cuestiones legales: “El expresidente Evo Morales no tiene posibilidades de ser candidato. El tema ya ha sido saldado por la Justicia. Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre del 2023 y esa decisión le impide la reelección indefinida, a no ser por un mal comportamiento del sistema judicial, porque la Constitución política del Estado boliviano es absolutamente clara e impide su candidatura y el Tribunal Constitucional y las normas internacionales ya se han pronunciado al respecto”, afirma Floru.Y luego está el oficialismo que lideraba Luis Arce, pero que al renunciar porque las encuestas no le ayudaban -tenía el 1% de las preferencias electorales según la consultora Captura- le pasó el relevo al senador Andrónico Rodríguez.“Andrónico Rodríguez representa un ala renovadora dentro del oficialismo. Además, Andrónico ha demostrado que ya ha podido condensar la participación de varias organizaciones sociales, que son básicamente las que han dado siempre el apoyo a la corriente de Evo Morales”, explica Floru.Fragmentación en la derechaPero si bien hay fragmentaciones en la izquierda, también es el caso en la derecha: “Lastimosamente también están fragmentados y creo que el reloj está ya sonando para la oposición y exigiendo que tome algunas decisiones con respecto a cómo quiere abordar este nuevo escenario”, “un escenario en el cual el oficialismo iría junto, digamos, condensado a la contienda electoral”, considera Floru.“Y esto pone la oposición en una situación crítica, porque si va dividida en varias instancias como hasta ahora lo está demostrando, lo que tendríamos es un Congreso con cinco o seis fuerzas y que obviamente no permitiría una adecuada gobernabilidad para el escenario que tenemos después del 2026”, detalla la analista.El tablero político tomará forma una vez que las agrupaciones políticas concluyan el registro que cierra este 19 de mayo.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.Capítulo IV BGuatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.Pero sigue la necesidad de un monitoreoPero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Antes de convertirse en el papa León XIV y cuando oficiaba como  obispo en Perú, Robert Prevost fue acusado de encubrimiento de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes bajo su jurisdicción en el caso de abusos del Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, investigaciones independientes y periodistas han afirmado que dichas alegaciones contra Prevost fueron "absolutamente falsas" y surgieron como parte de una campaña de desprestigio impulsada por el propio Sodalicio. Entre quienes defienden la labor de Prevost se encuentra José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del escándalo. El cónclave en Roma hizo saltar las acusaciones en Lima: se decía que Prevost había encubierto a los curas detrás del grupo religioso Sodalicio, cuya plana mayor es acusada de pederastia y violación sistemática de los derechos humanos contra sus miembros (según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002). Todo era para impedir que llegara a ser papa, responde desde Perú José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes de Sodalicio y fundador de esta red de sobrevivientes.“Estas denuncias que aparecieron fueron inicialmente una sorpresa, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de dónde venía esto”, explica José Enrique Escardó a RFI. “Lo que había sucedido es que él como perfecto del Dicasterio de los obispos, había sido el que tomó la decisión luego de las investigaciones hechas por [el arzobispo de Malta, Charles] Scicluna, y [el sacerdote español Jordi] Bertomeu, que vinieron a investigar al Sodalicio en Perú. Prevost tuvo que tomar la decisión de sacar o pedirle su renuncia anticipada a José Antonio Euguren, que era arzobispo de Piura y Tumbes. Y esa decisión, obviamente firmada por el papa, es la que significó el primer golpe fuerte al Sodalicio en el Perú: sacar a este arzobispo”, subraya.En una de sus últimas acciones, el papa Francisco disolvió al Sodalicio en enero de 2025. Un año antes, José Enroque Escardó llegaba a Roma para hablar con Francisco de los abusos de la comunidad. Allí fue recibido por el ahora León XIV.“Yo estuve con él en el Vaticano cuando fui en enero de 2024 a reunirme con el papa Francisco y, saliendo de la de la reunión con el papa Francisco, me fui a hablar con el cardenal Prevost, a quien ya conocía yo de varios años aquí en Perú. Él tenía toda la disposición de continuar con el trabajo, estaba totalmente de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo en tema de abusos dentro de la Iglesia con el papa Francisco y también con los sobrevivientes”, sostiene Escardó. Prevost se puso en los zapatos de las víctimas, las mismas que piensan volver ahora con sus demandas ante el Vaticano.“Ahora, con la elección del papa León XIV me quedo con la tranquilidad de que podemos tener a una persona que puede continuar las reformas que había estado haciendo el papa Francisco y que además va a ser cercano a nuestro país, y específicamente cercano a la red de sobrevivientes Perú, de los sobrevivientes del Sodalicio. Eso me ha generado una emoción tremenda, pero obviamente lo que tenemos que esperar como siempre es ver cuáles van a ser las acciones que van a realizar más allá de las palabras, que es lo mismo que le dije al papa Francisco y espero que vayamos en el mismo camino para poder resolver estos temas que son tan urgentes”, dice con esperanza Escardó. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en las últimas horas a varios presidentes latinoamericanos que estarán presentes en las celebraciones de este 9 de mayo, conmemoración de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. A la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela y Díaz Canel de Cuba, se suma la de Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien se reunirá con el presidente ruso este mismo viernes. La presencia de Lula ha generado fuertes críticas pues se interpreta como un espaldarazo a Putin en medio de la guerra en Ucrania. Lula se reunirá este viernes en Moscú con Putin y asistirá a un desfile militar en la Plaza Roja en memoria de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas.Cerca de una treintena de mandatarios han confirmado su presencia a la principal conmemoración histórica de Rusia, entre ellos los de Cuba y Venezuela, países cuyos regímenes están lejos de ser democráticos. De hecho, Lula es uno de los pocos líderes democráticos invitados, señaló un observador.La presencia del presidente brasileño en el evento más simbólico del calendario nacional ruso, en plena guerra en Ucrania y teniendo en cuenta las peligrosas ambiciones expansionistas de Moscú, interroga.Para el analista Leonardo Paz, del Centro de Prospectiva e Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas. Sin embargo, las críticas están en realidad marcadas por el prisma ideológico de cada uno: “Si eres una persona de derecha, que sea de oposición del gobierno, no puedes creer que Lula va a ofrecer a Putin una plataforma política viajando a Moscú. Si eres aliado de Lula, vas a decir que es normal que vaya ya que Rusia es un país con buenas relaciones con Brasil como miembros de los BRICS y que una visita a Moscú no es necesariamente un apoyo a Rusia en su guerra con Ucrania”.Lo que el gobierno del presidente Lula ha buscado es el equilibrio, estima el analista Leonardo Paz. “El presidente Lula ha intentado hacer una política de equilibrio entre los países occidentales. Brasil fue hace poco a Japón, a Vietnam y no visitó China en ese momento, a penas la va visitar ahora. En el 2024 Brasil fue a la reunión del G7. Brasil también intenta aproximarse cada vez más del occidente, de los Estados Unidos y de los europeos. Hay un esfuerzo muy grande de Brasil para hacer parte del acuerdo Mercosur Unión Europea”, recuerda el analista Leonardo Paz.  

El Gobierno colombiano anunció este martes la captura de más de dos centenares de miembros del Clan del Golfo desde mediados de abril, en respuesta a la ofensiva violenta de esa banda narcotraficante conocida como “plan pistola”.  Para algunos analistas, este es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país suramericano por, entre otras cosas, las fallas de los diálogos de paz. Desde el 15 de abril los ataques de los grupos ilegales y rebeldes se han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, según el Gobierno. Esto es casi un asesinato de un miembro de la fuerza pública por día. Los crímenes son atribuidos principalmente al Clan del Golfo en el marco del denominado “plan pistola”. En respuesta a esta ofensiva, las autoridades han capturado a 217 miembros de ese grupo armado en las últimas tres semanas. Oscar Palma, especialista en seguridad y defensa y profesor en la Universidad del Rosario explica que “el clan del Golfo es una organización de sombrilla, como una especie de federación que incluye alianzas con organizaciones menores, con otra serie de grupos asociados a la estructura como tal y el plan pistola que el clan del Golfo está realizando actualmente se da justamente por la captura de uno de los miembros de su Estado Mayor, por así decirlo”.El Plan Pistola recuerda una célebre táctica que ya había utilizado el mismo Clan del Golfo en 2022, pero también, en los años 90, el narcotraficante Pablo Escobar.“Muchas veces, incluso estos asesinatos suceden cuando los miembros de las instituciones están por fuera de su actividad, es decir, no están en una operación específica de combate, pueden incluso estar de civil y sin embargo, son víctimas de este tipo de asesinatos. Es exactamente lo que estamos viendo hoy, particularmente en cabeza del clan del Golfo”, señala Palma.Para este especialista en seguridad y defensa en Bogotá, “el plan pistola” es una ilustración más de la degradación de la situación de orden público en Colombia. “Estamos viendo dinámicas que no veíamos desde hace muchos años, antes incluso del proceso de paz”.Para él, la crisis es consecuencia de procesos de paz que han fracasado, pero también de “unas fuerzas militares que han recibido la orden de no operar en contra de algunos grupos con los cuales supuestamente se tienen unas conversaciones de paz, pero que no han rendido frutos”. A esto, se le suma, según Palma, el aumento de la producción de cocaína en el País. “Es un momento muy gris en términos de seguridad, en términos de paz, en muchos de los territorios más remotos de Colombia. Y esta idea del plan pistola no es más, sino otro de los síntomas”, concluyó.

El periódico nicaragüense La Prensa ha ganado el Premio UNESCO-Guillermo Cano a la Libertad de Prensa 2025, galardón que reconoce cada año a medios y periodistas que llevan a cabo su tarea informativa en contextos de riesgo y ataques a su seguridad. Postulados por la Sociedad Interamericana de Prensa, los periodistas de La Prensa fueron forzados al exilio entre 2021 y 2022 y, desde allí, continúan reportando. El diario nicaragüense La Prensa tiene 99 años de vida y casi cuatro reportando desde el exilio. En 2022, tras cubrir la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad, sus dirigentes y periodistas fueron perseguidos, algunos encarcelados y su redacción, cerrada.Tal es el caso de su director general y editor Juan Lorenzo Holmann, quien cuenta que pasó 555 días secuestrado. Holmann logro más tarde cruzar la frontera, al igual que otra decena de colegas, que encontraron refugio en países como Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Hoy desde su redacción virtual en el exilio, informan a Nicaragua y al mundo sobre qué sucede en su país.“La parte más extenuante es mantener el vínculo con la sociedad dentro. En Nicaragua no existe el periodismo libre o independiente del todo. Entonces, la voz de los que están en Nicaragua somos los que estamos afuera”, explica Juan Lorenzo Holmann. “¿Cómo mantenemos ese vínculo? Teniendo a nuestras fuentes resguardadas y dándoles la seguridad de que su identidad va a ser protegida. Nosotros recibimos información dentro de Nicaragua, de informantes, de fuentes, pero esas informaciones que nos envían las tenemos que verificar. Es decir, nosotros no publicamos absolutamente nada que no haya sido verificado, porque muchas veces hay fuentes que quieren dar información que no es correcta para hacerlo quedar mal ante nuestra audiencia”, asegura.Holmann comenta que el 65% del tráfico en su sitio web viene de Nicaragua. Sin embargo, su audiencia es silenciosa: casi no reciben “Me gusta” ni respuestas de compatriotas porque cuenta que allí el consumo de medios independientes puede traer represalias. Hoy se financian con la venta de suscripciones.“El que sigue haciendo periodismo en Nicaragua, lo hace porque se ha convertido en un apostolado. Yo los llamo los apóstoles de la libertad de prensa, porque por el gobierno los ha sido perseguido, criminalizado a tal punto que la gente ha tenido que abandonar Nicaragua para poder resguardar su integridad. Nosotros pensamos que si la llamada de la libertad de prensa se apaga, quedamos todos a oscuras, y no sólo quedamos a oscuras, sino que entonces la narrativa impuesta por el régimen, por la dictadura, toma mayor fortaleza y es lo único que se vería hoy día. El tema de combatir la censura o luchar en contra de la censura no es sólo porque queremos decir, sino que también porque queremos desvirtuar la falsa verdad que quiere imponer el régimen”, sostiene Juan Lorenzo Holmann.Holmann cruza los dedos para que el reconocimiento de la UNESCO sacuda a la comunidad internacional y los ojos se posen sobre Nicaragua, país que, según Reporteros Sin Fronteras saca la peor nota en libertad de expresión de Latinoamérica.

Según un tratado de 1944 entre México y Estados Unidos sobre el suministro mutuo de agua, ambos países deben compartir las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Trump ha asegurado que México le debía agua a su país. Para saldar esa deuda, México se comprometió a realizar entregas inmediatas de agua a su vecino. Para el profesor de hidrología Alfredo Granados Olivas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entrevistado por RFI, el hecho de que no se haya renegociado ese Tratado 'es un éxito de la negociación'.  México adeuda el 70 % de los 2.156,6 millones de metros cúbicos que está obligado a entregar en ciclos de cinco años, argumentando largos períodos de sequía que afectan a la cuenca del río Bravo (conocido como "río Grande" en Estados Unidos). El actual ciclo vence el próximo 24 de octubre.Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó: "En el caso de la entrega de agua, esto tiene que ver con su disponibilidad; si hay una cantidad de millones de metros cúbicos de agua que se puedan entregar. Pero, si no hay agua, ¿cómo la entregas?", se preguntó esta semana.México confirmó que realizará entregas inmediatas de agua a Estados Unidos para saldar su deuda o, en términos del comunicado de la Cancillería mexicana, "mitigar el potencial faltante". Todo esto bajo las reglas del tratado de 1944 y de acuerdo con un procedimiento que se mantendrá durante la próxima temporada de lluvias.El 'éxito' de la negociación Ambos países coincidieron en que "no se considera necesaria" la renegociación del tratado de 1944, según la Cancillería mexicana. Un punto que destaca Alfredo Granados Olivas, profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez."Lo primero que debemos tener en cuenta, como un éxito de esta negociación, es que ambos países acuerdan que el Tratado de 1944 no está sujeto a revisión. Es decir, no hubo incumplimiento ni se requiere modificar ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que permite flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, es posible enfocarse en la flexibilidad del tratado", explica Granados.El profesor subraya otro aspecto del acuerdo: la cantidad de agua que asignará el gobierno mexicano dependerá del próximo período de lluvias."Según otro de los puntos del acuerdo, a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que será en octubre de 2025, México deberá entregar o asignar volúmenes de agua a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500 millones de metros cúbicos, casi 520 millones, para poder cumplir con la entrega".La flexibilidad de este tratado permite el diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar."Quisiera resaltar un factor importante: el tratado, y por eso es valioso, permite hacer derivaciones futuras de volúmenes pendientes de un ciclo a otro. Es decir, si en un ciclo anterior de cinco años no se logró cumplir con las entregas de 2.200 millones de metros cúbicos de agua, o un valor cercano, esa volumetría pendiente se puede trasladar a otro ciclo. El tratado permite considerar el factor tiempo gracias a su flexibilidad y así alcanzar acuerdos, sin que se bloqueen las negociaciones", concluye Alfredo Granados Olivas.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI,  'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'.  Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington.Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca.No hay un análisis caso por caso "El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma.El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo?"Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli.El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante:“Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

Donald Trump cumple 100 días en la presidencia, un inicio de mandato en el que la lucha contra la inmigración se ha convertido en su caballo de batalla. Para lograr expulsiones masivas, ha desplegado grandes medios militares y financieros así como redadas destinadas a reducir el número de migrantes indocumentados en suelo estadounidense. Reportaje desde Ciudad Juárez (México) de la enviada especial Natalia Olivares.  A pocos metros de Texas (Estados Unidos), pero del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez (México), muchos migrantes se han quedado varados tras meses de travesía por varios países latinoamericanos. Algunos incluso tenían cita para obtener la protección de los asilados, el CBP One. Entre ellos, una familia que tuvo la mala suerte de ver cancelada su cita con las autoridades después de un periplo por siete países. La cita estaba prevista el mismo día en que asumió Donald Trump. "Nos vinimos por la selva el Darién. Desde Venezuela recorrimos todos los países de país en país, nos íbamos quedando y ya íbamos juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula fuimos a Migración, nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de de enero", explica esta mujer desde la Casa del Migrante que prefiere mantener el anonimato. Esta Casa del Migrante se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Financiada por la comunidad católica de la región, esta organización recibía durante la administración anterior a unos 1.500 migrantes de Centroamérica por día. Hoy a penas hay 50 por día.Esta mujer, que ayuda en la cocina, lleva cuatro meses en la Casa del Migrante a la que llegó con su marido y sus dos hijas de ocho y dos años. "Tal y como está la situación, ya me voy a devolver (Trump) es muy racista, no quiere a los migrantes", se lamenta. Además tiene miedo de ser encarcelada si cruza la frontera. "Llevo tatuajes, pero yo nunca he bebido, nunca me he fumado un cigarro. Si voy a Estados Unidos y él me quiere meter presa, yo voy a ir presa solo por los tatuajes que tengo", afirma. En los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad y desde aquí esperan ser reenviados a su país o intentar el cruce nuevamente."Mi hijo emprendió el viaje del 2023 a finales de septiembre, era menor de edad, tenía 16 años. Le pasó un incidente en el camino, una persecución por parte del ejército y una balacera aquí en Chihuahua. Le fracturaron la tibia y peroné, le explotaron con un disparo", explica por su parte Isaías García, guatemalteco de 47 años, también hospedado en la Casa del Migrante. Gracias a la ayuda humanitaria, Isaías pudo viajar hasta aquí para reunirse con su hijo. Lleva un año y cuatro meses y ya quiere regresar a Guatemala pero su hijo insiste en continuar con el objetivo de entrar en Estados Unidos. "Mi hijo sigue con la idea de irse para los Estados Unidos y yo como padre quisiera que regresara conmigo para Guatemala", afirma. Son sólo dos de las miles de historias que se cruzan en esta Casa del Migrante, una antesala incierta para el regreso o el camino, cada vez más complicado, hacia el norte. 

Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, entrevistó a dos académicos en Estados Unidos que temen ser deportados, a pesar de residir legalmente en el país, debido a la agresiva política antiinmigrante de la administración Trump que podría desatar una inédita 'fuga de cerebros' en ese país.  Durante décadas, Estados Unidos recibió a los mejores académicos del mundo, muchos de ellos huyendo de la censura y las dictaduras. Ese aporte internacional consolidó el liderazgo científico del país. Hoy, ese centro de conocimiento global está en riesgo por los ataques de la administración Trump.El 75 % de los científicos en Estados Unidos ha considerado dejar el país por la persecución académica que ejerce el gobierno de Trump contra docentes y estudiantes, según una encuesta de la revista Nature realizada a más de 1.600 académicos e investigadores."Si queremos alcanzar lo que buscamos para nuestro país y sus ciudadanos, tenemos que, de manera honesta pero también agresiva, atacar las universidades. Los profesores son el enemigo", dijo el vicepresidente JD Vance en un evento de campaña cuando aún era senador.El gobierno de Trump está recortando miles de millones de dólares en fondos para las universidades, vigilando y censurando contenidos académicos, y deteniendo o deportando a profesores de forma arbitraria.'Claro que me gustaría irme de Estados Unidos'Kwame Otu, profesor de la Universidad de Georgetown, habló con RFI sobre estas nuevas condiciones que impulsan la fuga de cerebros."Claro que me gustaría irme del país, pero no sé a dónde. Tal vez a Ghana o a otro lugar, no sé. Pero sí, claro que he considerado la idea de irme de aquí", sostiene.El profesor Otu es ciudadano estadounidense, pero afirma que ni siquiera con ese estatus se siente seguro."A pesar de tener un pasaporte estadounidense y ser ciudadano, tengo miedo de que amañen la ley para justificar una revocación de mi ciudadanía", dice.Para los profesores de origen extranjero que no tienen la ciudadanía, hablar de sus condiciones resulta aún más riesgoso. Una profesora en Washington, que pidió el anonimato, asegura que hoy hay temas que ya no se pueden abordar en las universidades.Es prudente no irse de vacaciones "Hay ataques puntuales a las conversaciones sobre diversidad y equidad. Hay palabras como discriminación, mujer o género que ni siquiera se pueden mencionar, o que no tienen cabida en solicitudes para fondos del gobierno federal o para programas específicos en las universidades. Creo que todo esto está afectando gravemente a la universidad como institución", afirma.Según ella, muchos colegas ya tienen un plan B, y si salen del país es probable que no regresen."De hecho, las universidades nos han enviado correos oficiales sugiriendo que quienes tenemos visa H1B (visa temporal de trabajo) o Green Card (residencia permanente), no salgamos del país por miedo a que, al regresar, no nos permitan entrar", subraya.Canadá, Europa e incluso China se están beneficiando de esta fuga de cerebros. La universidad francesa Aix-Marseille ha creado un nuevo programa llamado 'Un espacio seguro para la ciencia'. Desde marzo, más de medio centenar de científicos estadounidenses han postulado.

Uno de los problemas más urgentes en América Latina y el Caribe es 'la lucha contra el crimen organizado', entre otras razones porque 'frena el crecimiento económico', señaló el Banco Mundial en un informe. Las tasas de homicidio en la región 'superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo', agregó el organismo. Entrevista con David Barrios, investigador de la UNAM y doctor en Estudios Latinoamericanos. El Banco Mundial advierte que el crimen organizado está frenando la economía y que la región podría quedar atrapada "en un crecimiento anual mediocre". Se estima que la economía crecerá 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que convierte a América Latina en la zona de menor crecimiento a nivel mundial, lo cual resulta paradójico, considerando su riqueza en recursos naturales.En el informe publicado este lunes, el Banco Mundial sostiene que el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico e impone, mediante la violencia, sus propias reglas comerciales."Uno de los puntos significativos del informe del Banco Mundial es que reconoce el control territorial que tienen los grupos [del crimen organizado]. En términos cotidianos, esto implica una expoliación constante de la población a partir de rentas ilegales diversas, como las extorsiones, así como la instauración de una especie de 'impuestos' sobre determinados servicios y productos. Incluso llegan a ejercer un monopolio sobre esos servicios y productos', explica David Barrios, investigador de la UNAM, adscrito al área de Economía del Conocimiento y Desarrollo.América Latina es una región de 'baja productividad, pobre y con altos niveles de desigualdad', según el Banco Mundial. A esto se suma que el crimen organizado estaría presente en todos los rincones de la economía: desde los pequeños comercios en barrios y colonias hasta las industrias más sofisticadas.'Por ejemplo, hay empresas [ilegales] que se dedican a actividades extractivas. También hemos observado en algunas regiones del continente que los grupos [de crimen organizado] reorientan las actividades productivas, por ejemplo, hacia el agronegocio. Entonces sí, el crimen organizado tiene una gran capacidad de incidencia en distintas escalas del territorio", señala Barrios.El crimen organizado se adapta rápidamente  Las actividades económicas del crimen organizado se están adaptando al contexto internacional actual, marcado por la incertidumbre que generan figuras como Donald Trump y su guerra comercial. En ese marco, recurren —por ejemplo— a tecnologías de geolocalización avanzadas para mejorar su logística."La economía criminal funciona como un espejo de la economía formal. Si el crimen organizado estima que habrá determinadas áreas afectadas por la imposición de aranceles, las identifican de inmediato y las incorporan a su portafolio de actividades", afirma Barrios.En el contexto mexicano, el investigador menciona varios ejemplos que ilustran esta capacidad de adaptación."Un caso es la explotación ilegal de acero, que luego se exporta —también de manera ilegal— hacia ciertas regiones del continente asiático. También hay materias primas vinculadas al agronegocio y a los hidrocarburos fósiles. Incluso ocurre lo mismo con el agua potable, que se revende a las poblaciones más vulnerables", agrega Barrios.Según el investigador, el crimen organizado también estaría apropiándose de las últimas tecnologías de geolocalización para mejorar su logística.Por su parte, el Banco Mundial reconoce que no es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región. Sin embargo, identifica algunos factores: la reorganización de los grupos criminales tras las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y el uso intensivo de tecnologías de punta.

Al frente de la presidencia rotativa de los BRICS, cuya reunión de cancilleres se inició la víspera en Río de Janeiro, Brasil impulsa el multilateralismo como vía para resolver los conflictos en Ucrania y Gaza. Sin embargo, según la politóloga Miriam Gomes Saraiva, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, esta postura 'obviamente beneficiaría más a Rusia que a Ucrania''. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, inauguró la reunión de cancilleres de los BRICS en Río de Janeiro con un discurso en el que afirmó que el bloque "está en una posición única para promover la paz y la estabilidad a través del diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral".Brasil aboga por el multilateralismo como solución a los principales conflictos internacionales, incluidos los de Ucrania y Gaza. Pero ¿en qué consiste exactamente el multilateralismo que propone Brasil?"El multilateralismo supone que participan no solamente los países directamente implicados, sino también otros actores que podrían ejercer una función más equilibrada, más neutral", dice a RFI la politóloga Miriam Gomes Saraiva, experta en geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.Priorizar el fin de la guerra a costa de las pérdidas para UcraniaSin embargo, en el contexto actual de guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania y las ambiciones territoriales expansionistas de Moscú, ¿a quién podría beneficiar esta postura?  "Para Rusia es mejor porque este grupo [de los BRICS] va a darle prioridad a terminar la guerra, aunque eso pueda acarrear problemas y pérdidas para Ucrania. En el fondo, esta posición obviamente da más beneficios a Rusia que a Ucrania", dice.Uno de los temas clave de la reunión fue también la respuesta del bloque a la nueva guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, lo que dejó en evidencia las divergencias entre los once países que integran los BRICS, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Evitar la confrontación con WashingtonMientras China aboga por una respuesta firme ante el aumento del 125 % en los aranceles a sus productos, otros miembros prefieren evitar una confrontación directa con Washington."Para Rusia en este momento no sería ideal que el BRICS se fuera directamente en contra de Estados Unidos con mucha fuerza porque de una u otra manera la solución del problema en Ucrania está en las manos de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal suministrador de armas para Ucrania. Así que no sería el ideal [para Moscú]", concluye.El primer día de reuniones concluyó sin una declaración final sobre los temas en agenda, reflejando las tensiones internas del bloque, que también incluye a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudita.

El presidente colombiano se prepara para someter a votación su reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que se vio rechazado por el legislativo, órgano al que Petro acusa de obstruir sus proyectos de ley. El presidente Gustavo Petro eligió el 1° de mayo, Día internacional de los trabajadores, para radicar ante el Congreso la consulta popular que busca reformar el sistema laboral. El mandatario colombiano decidió poner su proyecto de ley ante las urnas, luego de que este fuera rechazado por segunda vez en el Congreso, en marzo pasado.Ahora, además del Legislativo, el gobierno es objeto de críticas por parte de los empresarios que temen el impacto económico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en el país.En entrevista con RFI la economista Diana Salcedo, subdirectora de empleo y seguridad social del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que los que se oponen son quienes sacan ventaja del sistema.“Si le preguntamos a los colombianos de a pie  si están de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo ocho horas, que el día termine a las 6 de la tarde, que se les pague con un recargo del 100% en un día festivo, o que los aprendices tenga un contrato laboral, por supuesto que van a decir que sí. Donde se ha generado la mayor oposición es en los sectores que tradicionalmente han estado interesados en retirar derechos a los trabajadores para abaratar los costos de producción y tener más ganancias”, aseveró Salcedo.La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco advierte que este sector enfrentaría sobrecostos laborales de hasta 30% y califica dicha reforma de inconstitucional por, por ejemplo, no contar con un análisis fiscal. Pero el desafío del gobierno no es solamente en el Congreso o con los empresarios, sino también con la participación electoral que ha sido históricamente baja. “Colombia históricamente es un país que ha sufrido mucho por el tema del abstencionismo. Entonces nos corresponde invitar a la población a que tengan una participación alta en las consultas. El reto es enorme, pero no es la primera vez que Colombia enfrenta este tipo de desafíos” agregó la economista.Para que una consulta sea válida en Colombia se debe contar, como mínimo, con la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, es decir, 13,6 millones de personas.