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El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades de Estado inauguraron el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El presidente Rodrigo Paz se apresta a firmar un acuerdo con la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada en 2008 por el presidente socialista de entonces, Evo Morales. "No venimos a generar violencia" aseguró  el ministro el interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el marco de su lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El ministro expresó su deseo de “sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta". Eso espera la dirigencia de las seis Federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder del Chapare Aquilardo Cari Cari. “No nos oponemos, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones del trópico de Cochabamba como indica la ley 906. Nosotros siempre hemos cooperado con la política de la racionalización de la hoja de coca”. Aquilardo espera que no se genere un conflicto entre el gobierno y la región porque la racionalización de la hoja implica la intervención en tierras de particulares. “Y ahí es importante la intervención del dirigente” para llegar a acuerdos, previno. Apoyo de la DEA  Con picas, palas y machetes, soldados bolivianos han empezado a erradicar los plantones de hoja de coca sembrados en zonas no autorizadas, mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales. ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA para luchar contra el narcotráfico. El presidente de ADEPCOCA, Daynor Choque, explicó que la hoja de coca está permitida en dos departamentos (La Paz y Cochabamba), pero en Bolivia los cultivos existen "en cinco departamentos, lo que hace notar que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico y mucho menos de políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales”. Choque calcula que en el país andino hay 31 000 hectáreas de coca, 9 000 más de lo que estipula la ley y cuyos cosechas serían utilizadas para la producción de la pasta base de la cocaína.  “Estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas”.  Las Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales -sobre quien pesa orden de captura por trata de personas a raíz de una relación con una menor de edad- temen que la presencia de la DEA en Bolivia sirva para que se le sumen cargos por narcotráfico y sea arrestado y extraditado a Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Los dirigentes iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto «Plan Z» gubernamental cuyo objetivo sería perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente de Morales.

En la recta final hacia las legislativas en Colombia del 8 de marzo, el presidente de izquierda Gustavo Petro y el Pacto Histórico, partido de gobierno, reiteran la falta de garantías del software privado que la Registraduría alquila para el conteo de votos y escrutinio. La denuncia del oficialismo se basa en la sentencia del Consejo de Estado que confirma que en las elecciones de 2014 el software electoral fue manipulado, alterando los resultados sin alertar las papeletas.  Los cuestionamientos del gobierno de Colombia al software de pre-conteo y escrutinio remontan a las legislativas del año 2014 cuando votos de la formación política Mira, que en la actualidad no es un partido de gobierno, fueron trasladados a otras formaciones políticas, explicó a Radio Francia Internacional la senadora oficialista María José Pizarro: “Ellos se presentaron a las elecciones de 2014 y lograron demostrar, después de un proceso que se adelantó por parte del Consejo de Estado, que les habían sido trasladados sus votos y no se les había permitido componer el Congreso de la República como les correspondía, en función de los votos que efectivamente habían recibido”.  La investigación del Consejo de Estado dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría delegaron la soberanía del conteo en empresas privadas que operan con algoritmos cerrados o “cajas negras”. Fue un "fraude técnico sin precedentes", según la sentencia del máximo tribunal administrativo.  María José Pizarro indicó que dicho fallo “conmina a las autoridades electorales a que desarrollen un software electoral propio, no como sucede desde ese entonces y hasta la fecha que es un software electoral para el escrutinio y el conteo final de los votos, tercerizado. ¿Esto qué quiere decir? Que está contratado a través de una empresa privada que se llama Thomas Greg & Sons”.  La historia se repitió en los comicios legislativos de 2022 con los votos del Pacto Histórico, explica la congresista miembro de ese partido de gobierno “Más de medio millón de votos que eran para el Pacto Histórico terminaron en otras fuerzas políticas, como lo acaba de reconocer hace pocos días el registrador nacional quien ha dicho que por el mal diseño del formulario E-14 se trasladaron votos del Pacto Histórico al Partido de la U. Y nosotros, después de una defensa jurídica de muchos meses, logramos recuperar esos 649.000 votos y, con esa recuperación, cuatro curules más para el Pacto Histórico. La senadora recalca la trascendencia que tiene esta irregularidad: "Es muy importante que la gente tenga claro que es un fraude al elector. El elector deposita su voto por el Pacto Histórico y resulta que ese voto no es contado para nosotros, sino que es contado y trasladado a otras fuerzas políticas”.  “El Estado no puede seguir alquilando el sistema que decide quién gobierna. La propiedad intelectual debe ser pública para permitir auditorías ciudadanas y forenses en tiempo real”, reza la sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018. “Desafortunadamente no se han acatado”, insistió Pizarro. “Es decir, hay un desacato al fallo del Consejo de Estado y, por otro lado, se mantiene la misma contratación con la misma empresa que ya ha presentado estos fallos”.  Leer también¿Qué se vota el 8M en Colombia?: el termómetro electoral en la recta final del mandato de Gustavo Petro A menos de una semana de la cita en las urnas, la Registraduría de Colombia aseguró haber demostrado, mediante una auditoría que duró tres días, que el software electoral sí es seguro. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el oficialismo cuestionan la profundidad de dicha revisión. “Claro, el registrador muestra el software y hace lo que a sus ojos es una auditoría. Y nosotros dejamos perfectamente claro que eso no es una auditoría al software; que no se ha permitido verificar el código fuente. Nosotros podríamos estar asistiendo a un escenario similar al que vivimos en el 2022 y, por lo tanto, hemos desarrollado toda una estrategia de testigos electorales", advirtió la senadora colombiana María José Pizarro.  "Tenemos más o menos 45.000 testigos electorales, pero se necesitan alrededor de 90.000 para poder cubrir el 100% de las mesas. También tenemos alrededor de 500 abogados escrutadores que, de manera voluntaria, estarán acompañando la revisión de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales”, concluyó. 

Esta semana el Gobierno cubano oficializó la asociación entre empresas públicas y privadas mediante un decreto que cambia el modelo económico de la isla. Un cambio histórico en Cuba. Teniendo como telón de fondo el bloqueo energético de facto que Estados Unidos impone a la isla, el Gobierno de Cuba autoriza, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa. “Es una medida que se tomó en un momento desesperado, pero es una buena medida. La palabra privada no existía en la prensa cubana y eso ha ido cambiando con el tiempo, a tal punto que en el año 2024, el 55% de las ventas de bienes y servicios en el país lo hizo el sector no estatal de la economía, por un tema, el tema de incentivos. Cuando tú trabajas para el Estado, los salarios son bajos, no permiten comprar bienes y servicios y entonces muchas personas estaban saliendo del sector estatal e incorporándose al sector privado. ¿Qué pasa? Que hemos llegado al último año donde la situación económica es tan tensa, la economía no crece, al contrario, decrece más de un 5% el año pasado y este año los primeros dos meses han sido fatales. Mucho, porque Estados Unidos realmente cerró la entrada de petróleo, iba a poner sanciones a los países que comerciaban petróleo con Cuba, ya después las quitó, pero en la práctica no ha llegado petróleo en Cuba”, explica Omar Everleny Pérez, economista cubano. Sobre la situación actual, el economista indica que “los apagones siguen, la libreta de abastecimiento casi ha desaparecido para no decirte que no existe y era una canasta que por lo menos le garantizaba a las personas de más bajos ingresos un alivio por lo menos 10 o 12 días. Entonces el Estado se ha visto en la necesidad de ver dónde está la reserva. Él ha visto que hay muchas empresas privadas que han tenido una mejoría extraordinaria. Entonces, entretener un restaurante que es estatal y no funciona y sin embargo al lado hay un paladar que funciona muy bien. El Estado tiene maquinaria, pero no tiene cemento, pero el privado podría comprar ese cemento en divisas. Y entonces el Estado ha tomado una política pragmática de decir ‘bueno, podemos asociarnos'”. Ahora Washington autoriza la venta de combustible a empresas privadas de la isla con la condición de que las transacciones no beneficien al Gobierno comunista cubano. Omar Everleny Pérez detalla las consecuencias de esta decisión: “El Estado necesita combustible para un hospital, necesita combustible para una escuela. Olvidándonos un poco de eso, yo creo que por lo menos el gobierno de Estados Unidos permita por ahí que una parte importante de la población pueda recibir algún beneficio porque se reanimen sectores privados. Ya se autorizó que un barco con combustible doméstico cargue en Venezuela para Cuba. Para el Estado, para las personas, porque han ido cambiando su posición en las últimas semanas. Ya no se dice cambio de régimen, ya no, eso no aparece. Entonces Marco Rubio ha ido cambiando la frase diciendo que Cuba tiene que hacer cambios económicos, pero ya eso es otra cosa de cambio de régimen”. Donald Trump declaró el viernes 27 de febrero que estaba considerando una “toma de control pacífica” de Cuba, sin precisar los detalles de dicha operación.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el gobierno del saliente Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable submarino chino. Boric aseguró que es "falso" que Kast no haya sido informado y dijo, incluso, que el 18 de febrero informó al mandatario electo que había recibido amenazas de EE. UU. por la tramitación de este proyecto de ruta digital que uniría a Hong Kong con Valparaíso. La construcción de un cable de fibra óptica que une a Asia con los países de América Latina a través de Chile se ha convertido en un nudo gordiano para el traspaso de mando del próximo 11 de marzo. Según Ignacio Walker, ex ministro de Exteriores de Chile, la idea de esta nueva ruta transpacífica para ampliar y diversificar la cobertura fue propuesta hace diez años por el gobierno de Michelle Bachelet a multinacionales chinas, pero desde entonces el cable se ha ido enredando. Walker recuerda que se trata de 19.000 kilómetros y de una inversión de unos 500 millones de dólares. “Esto se interrumpió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando la visita del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo a Chile, hizo ver el inconveniente desde el punto de vista de Estados Unidos de este cable submarino y se detuvo su tramitación”, explica. El proyecto volvió con el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Pero lo que ocurrió es que ahora, en noviembre, estas dos empresas chinas solicitan una concesión al Gobierno de Chile y en dos meses se firmó un decreto el 27 de enero otorgando esa concesión. Esto es el punto de partida, no es el punto final”. El ex ministro detalla que quedaban otros trámites legales y administrativos. “Pero fue muy extraño esta suerte de ‘fast track' que no se supo, que trascendió en un medio de prensa. Entonces, claramente ha habido un manejo poco prolijo de parte del gobierno del presidente Boric. No puede ser que en un proyecto de tanta envergadura exista esta suerte de ‘fast track', cuando el problema con los proyectos de inversión en Chile es al revés: el mucho tiempo que toma años y años aprobar proyectos por estudios de impacto ambiental”. Los gobiernos de Estados Unidos se han opuesto a este proyecto entre China y Chile. Según la administración Trump, se trata de un proyecto que socava la seguridad regional y bajo este argumento revocó en febrero, a pocos días del traspaso de mando, los visados de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. “Esto fue visto con malos ojos, con razón, por el gobierno del presidente Boric. El ministro de Transporte es muy respetado transversalmente. Por supuesto que hay una exageración de parte de Estados Unidos porque nunca ha podido señalar en qué consiste este detrimento de la seguridad regional. Chile es una economía abierta de mercado que no discrimina entre los inversionistas extranjeros. Entonces, esto demuestra que estamos geopolíticamente hablando en el mundo en una confrontación entre Estados Unidos y China y que en la era Trump tú o estás con ellos o estás con nosotros. Eso también le va a tocar al próximo gobierno”, asevera Walker. Cabe precisar que este proyecto de cable submarino a cargo de la multinacional china móvil todavía está en etapa de evaluación.

Esta semana comienza el ciclo lectivo 2026 en varios puntos de Argentina. El país, que supo tener altos niveles educativos para la región, atraviesa hace años dificultades que se reflejan en el aprendizaje y los resultados de pruebas estandarizadas que rinden los alumnos. En 3er grado de primaria, gran parte de los chicos no logra comprender lo que lee, y en secundaria los problemas persisten. Las provincias, que sostienen la mayor parte del financiamiento educativo, ajustan sus presupuestos. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Natalio Cosoy La docente Aluhe Alfonso está en el patio de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, en la que trabaja en el marco del programa “Grados de Nivelación”, destinado a estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas. “En el grado de nivelación lo primero que decimos es que la primera batalla es que vengan a la escuela, que asistan a la escuela”, cuenta la docente. Pero el desafío no es solo que los estudiantes estén presentes. Es también en qué condiciones se enseña, dice. “Cada vez los maestros y las maestras tenemos más trabajo relacionado a lo burocrático y no hay tiempo en la escuela para pensar en lo pedagógico o en la didáctica, es muy difícil sentarse a tener un espacio para eso”. También faltan recursos. En el sistema federal argentino, las provincias aportan cerca del 75% del financiamiento educativo. Según la ONG Argentinos por la Educación en 2024 el gasto educativo fue más bajo que en 2014 en 19 de las 24 jurisdicciones. Y los salarios docentes reales son más bajos que hace una década en 21 provincias. Hay otros desafíos para los procesos educativos, dice Marina Bertone, docente de primaria de un colegio privado en Lanús, al sur de la capital argentina. “Cómo las redes sociales atravesaron las relaciones de los chicos, cómo se comunican, cómo se dan los conflictos, cómo se reconocen, cómo se exponen. Eso es algo que me preocupa y mucho”. En tercer grado de la primaria, cuando tienen 8, 9 años, hay niños que apenas se inician en la lectura de textos simples y solo una minoría llega a comprensiones más complejas, según la evaluación oficial Aprender Alfabetización de 2024. Además, un informe de Argentinos por la Educación calcula que, de cada cien estudiantes que empezaron la primaria en 2013, apenas diez llegaron al final de la secundaria en 2024 “en tiempo y forma”. Sol Alzú es analista de datos de Argentinos por la Educación. “En la primaria, los resultados más antiguos que tenemos vienen de las pruebas de la Unesco que nos mostraban que en el año 1997, Argentina estaba segunda en la región en las evaluaciones de lectura, solamente por detrás de Cuba, mientras que hoy en día estamos en el puesto número 10”. Si bien hay discusiones sobre la relevancia de los métodos estandarizados de evaluación, el diagnóstico general no es optimista. Los números muestran que la escuela en Argentina logra retener a los estudiantes, pero tiene dificultades para que alcancen la formación esperada, con diferencias grandes entre distintos sectores socioeconómicos.

Gallo, de 33 años, fue liberado este domingo en Venezuela, llegó a Buenos Aires en un avión privado gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino. Cabo primero de la Gendarmería General, Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. La pesadilla para Nahuel Gallo concluía 448 días después de que el gendarme argentino fuese detenido en Venezuela cuando cruzaba la frontera por vía terrestre para encontrase con su esposa e hijo. Atrás quedan 14 meses de aislamiento total con sus familiares, quienes nunca cesaron de luchar junto a los principales organismos de derechos humanos de la región hasta que fue liberado. Para Carlos Varela Álvarez, abogado del cabo argentino, la contingencia familiar fue determinante para derivar en su excarcelación.  "La situación de Nahuel Gallo ha sido diferente de los otros ciudadanos argentinos que fueron secuestrados por el Gobierno de Venezuela. Su liberacion fue fruto de muchas presiones por parte de todos: su familia, fundamentalmente, su esposa, su madre, su suegra, una persona ya mayor, abogada que estaba en Venezuela y ha hecho una labor increible. Ese es el núcleo central. Luego, tambien el Gobierno argentino, seguramente también el de Estados Unidos y otras entidades, últimamente, la AFA. Nahuel Gallo ha sido una causa nacional". Gallo llegó a Buenos Aires de madrugada a través de un avión fletado por la AFA (Asociación de Futbol Argentino) y fue recibido por su esposa y su hijo de tres años. Ahora, la prioridad será su recuperación física y emocional tras estos meses de cautiverio. "Empieza una etapa lenta, sensible, de contención familiar y psicológica. Lo que mejor me parece es una etapa de silencio. Una persona que ha sido sometida a este tipo de presión no puede salir a la luz pública por el momento". De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. Se trata del abogado Germán Giuliani, quien permanece privado de su libertad desde mayo de 2025.    Leer tambiénEscalada diplomática entre Argentina y Venezuela por detención de gendarme

El 1 de marzo, centenares de campesinos y campesinas Lencas de Honduras celebraron la memoria de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa, mientras se oponía al concesionamiento de los ríos de su territorio. RFI viajó a La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, para asistir a las conmemoraciones. Estas fueron marcadas por los hallazgos de una investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la trama que financió el crimen. Nuestra corresponsal, Celia Pousset, entrevistó a Berta Zúñiga Cáceres, una de sus hijas y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Entre las montañas de la paz, el olor a pino y a copal, la voz de Berta Cáceres sigue resonando con fuerza. Incluso los jóvenes que no la conocieron, saben qué hizo para el territorio Lenca. Es el caso de Teo, de 24 años. "Berta para mí es una mujer luchadora. Nosotros, antes, no conocíamos lo que era defender los bosques, defender los ríos y todo eso. Berta lo que hizo en mi comunidad fue defender un río porque ahí querían hacer una represa, pero gracias a la lucha, al impulso que Berta hizo a las comunidades y a las personas, luchamos y ahora este río es libre, todas las personas pueden bañar, pueden pescar y todo ahí vivir bonito", agregó el jóven. 10 años después, 8 personas han sido encarceladas. Entre ellas, David Castillo, el entonces gerente de DESA, la empresa a la cual se enfrentó Berta Cáceres. Sin embargo, los dueños del conglomerado industrial no han sido acusados. Berta Zúñiga, hija de la defensora, apunta a la red de corrupción que pagó a los sicarios. "Se identifican a miembros de la familia Atala Zablah como personas que tenían el dominio y el control de todo lo que pasaba en la empresa DESA (administradora del proyecto de represa Agua Zarca), de sus decisiones, y también de varios delitos financieros encontrados. En la trazabilidad de los fondos resulta que estos provienen de bancos y fondos de desarrollo, con los cuales se financió el asesinato de mi madre", indicó. El FMO, banco de desarrollo de los Países Bajos, que el COPINH denunció formalmente por los hechos. El Banco Centroamericano de Integración Económica también está señalado. A pesar del dolor, la conmemoración no es un ritual de muerte, sino de vida y resistencia, recuerda Berta Zuniga. "Hace 10 años nosotros pusimos su cuerpo bajo la tierra, es una semilla que ha dado frutos y que se multiplica en distintos territorios. Nos vinculamos al sol, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra fuerza, levantamos nuestro movimiento rebelde, revolucionario y guerrero", señaló. En los últimos 10 años, 103 defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras.

Con el argumento de reducir costos y simplificar el sistema político, el Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La propuesta plantea recortar en una cuarta parte el gasto del sistema, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos. Para el politólogo de la UNAM, Francisco Reveles, si se aprueba, la consecuencia práctica podría ser un “regreso” a la lógica del partido hegemónico que caracterizó al PRI durante décadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa así una reorganización del sistema electoral mediante un proyecto que ha generado polémica y que, según críticos, podría traducirse en una menor representación de la oposición en el Poder Legislativo. Desde su fundación en 1946 y hasta 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. No fue sino hasta 1977, con la creación de la representación proporcional —es decir, las curules asignadas según el porcentaje de votos obtenidos—, cuando la oposición comenzó a ganar una presencia más visible en el Congreso. Ese es, precisamente, uno de los mecanismos que la iniciativa de Sheinbaum busca modificar. Francisco Reveles, académico de la UNAM, advierte sobre las posibles efectos de este cambio. "Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Senadores, según la propuesta de reforma electoral, quienes llegarían al Congreso serían muy probablemente los legisladores de Morena. Son ellos quienes han ganado la mayoría de las entidades del país en las elecciones recientes. La propuesta reconoce 32 senadurías de primera minoría, pero esa primera minoría podría corresponder a un partido aliado de Morena, no a uno opositor. Eso nos regresaría al periodo del partido hegemónico, como ocurrió con el PRI, cuando prácticamente no existía competencia real. Y cuando comenzó a abrirse la representación, ingresaban uno u otro partido. Pero, francamente, el Senado es el órgano con menos pluralismo en toda la historia política de México", subraya. "Es una medida políticamente correcta"  La Cámara de Diputados conservaría sus 500 integrantes: 300 de mayoría relativa, como hasta ahora, aunque se plantean cambios en los 200 de representación proporcional, entre ellos la creación de ocho curules destinadas a mexicanos residentes en el extranjero. "Esa es una medida políticamente correcta, porque reconoce ese derecho, pero la verdad es que no ha tenido un impacto relevante. El activismo que pueden realizar los partidos fuera de México es limitado, y tampoco ha habido un gran interés de los mexicanos en el exterior por participar. Eso es lo que revelan los datos electorales", señala Reveles. El investigador considera, no obstante, que algunos puntos del proyecto podrían enfrentar obstáculos en el Congreso, ya que, además de la oposición, ciertos aliados de Morena han manifestado reservas. "En lo que se refiere a la integración del Congreso y al financiamiento público de los partidos, creo que esos dos temas no van a prosperar. Morena necesita el apoyo del PT y del Partido Verde, y esos grupos no están de acuerdo, porque serían los principales afectados", concluye. La propuesta, compuesta por diez puntos, será enviada al Congreso el próximo lunes 2 de marzo.

Archivos desclasificados en Estados Unidos vuelven a poner bajo la lupa una presunta red de abusos sexuales a menores y pornografía infantil con víctimas centroamericanas. En Honduras, autoridades y organizaciones civiles esperan que las revelaciones vinculadas al caso Epstein permitan esclarecer los hechos. La periodista de RFI Celia Pousset entrevistó en ese país a Dunia Orellana, de Reportar Sin Miedo, y al defensor de los Derechos de la Niñez, Wilmer Vásquez.  En 2019, un agente del FBI afirmó haber localizado en una bóveda en México unos 10.000 videos de pornografía infantil con menores de Guatemala, Honduras y México. El hallazgo se habría producido gracias a un informante vinculado al caso Epstein. Sin embargo, la denuncia no prosperó. Tras las recientes revelaciones en Estados Unidos sobre el pedocriminal, autoridades y ONG hondureñas se han movilizado. El informante del FBI, Kenneth Turner, sería la única persona que afirma haber visto físicamente los 10.000 videos. El material nunca fue incautado ni difundido públicamente. Pero Dunia Orellana, integrante de Reportar Sin Miedo, tuvo acceso a archivos vinculados a esas revelaciones, las cuales se remontan a 2019 y fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los documentos figuran correos electrónicos, testimonios y reportes del FBI. En algunos de esos documentos desclasificados se menciona a un exembajador, Anthony Wayne, señalado por haber embarazado a una niña de once años en una propiedad del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Los archivos también apuntan a la explotación y abuso de miles de niñas centroamericanas en el marco de una red transnacional de trata de menores. Desde una oficina en San Pedro Sula, Dunia Orellana pasó días revisando los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según explica, encontró 164 menciones a Honduras, además de varios reportes alarmantes. Miles de videos de abusos a menores y pornografía infantil  "En esos documentos figura uno de los correos del informante del FBI en el que habla de 10.000 videos de niñas de Guatemala, Honduras y México, posiblemente también de otros países de Sudamérica, todas ellas víctimas de trata de menores. Dice que hay imágenes literalmente de pornografía infantil en las que se muestran diferentes tipos de abusos. Jeffrey Epstein habría contratado a alguien para que obtuviera esas imágenes", explica Orellana. Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por la Niñez y Adolescencia, no se muestra sorprendido por estas revelaciones. "Quienes hemos trabajado el tema de la pornografía infantil no podemos pensar que se trate de una conspiración. Estamos ante hechos reales. Esto es un negocio. Cuando se trata de dinero y poder, se recurre a lo que sea necesario. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de los que no existe ningún registro. ¿Dónde están? ¿Con quién están? No lo sabemos", afirma Vásquez. Migrantes o no, secuestradas o explotadas, aún no se sabe cómo estos menores terminaron apareciendo en los videos. "Es probable que muchos de los videos hayan sido grabados en Honduras. Estamos hablando de una estructura criminal transnacional, de redes que operan en distintos países. No descartamos que muchas de estas niñas, niños y adolescentes hayan sido secuestrados con estos fines y aparezcan en esos materiales. Esta problemática la enfrentamos desde hace décadas. Uno de los principales riesgos para las personas migrantes es precisamente ese: ser secuestradas para la esclavitud laboral o la explotación sexual comercial, incluida la pornografía", subraya. Dunia Orellana asegura que continuará publicando investigaciones a partir de los archivos Epstein. El objetivo, dice, es no dejar en el olvido a las víctimas anónimas detrás de estos hallazgos. "Cuando te das cuenta de que en tu país utilizaron a muchas niñas para producir estos videos y que pudieron haber sido víctimas directas, sentís mucha pena, pero también mucha rabia", concluye. En 2025, el Ministerio Público hondureño registró 74 casos de trata en la modalidad de pornografía infantil.

La Corte Suprema de Brasil ha condenado a 76 años de prisión a los exparlamentarios Iquino y Domingos Brazao por ordenar el asesinato de la concejala y activista Marielle Franco en 2018. Este fallo histórico vuelve a exponer los nexos entre poder político y crimen organizado en Río de Janeiro. Ubaldo Bravo recogió la reacción de Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Con información de nuestro corresponsal en Río, Johan Royo. La Corte Suprema de Brasil condenó a 76 años de prisión a cada uno de los veteranos políticos de Río de Janeiro, los hermanos Iquino y Domingos Brazao, declarados culpables de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco. La sentencia, aprobada por unanimidad, incluye los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal. Además, deberán indemnizar a los familiares de la activista con 7 millones de reales, más de un millón de euros. Ambos —uno exdiputado federal y el otro juez del Tribunal de Cuentas de Río— formaban parte de las mafias que dominan amplias zonas de las barriadas cariocas, conocidas como "milicias". El activismo de Marielle Franco, recién llegada a la política, se había convertido en un obstáculo para sus intereses ilegales. En la misma sentencia fueron condenados dos expolicías que trabajaban junto a los Brazao y un personaje clave en toda la trama: el comisario Rivaldo Barbosa. Este último fue durante años el responsable de la investigación del caso, aunque con el tiempo se descubrió que actuaba a sueldo de los Brazao para obstaculizar las pesquisas y garantizarles impunidad. Barbosa fue condenado a 18 años de cárcel por obstrucción a la justicia. El asesinato de Marielle Franco conmocionó al país y se convirtió en símbolo de violencia política y resistencia para la izquierda brasileña. Los autores materiales del crimen —Roni Lessa y Elcio de Queiroz— fueron condenados en 2024 y cumplen penas de 78 y 59 años de prisión. Marielle Franco era concejala municipal de Río de Janeiro, activista negra y lesbiana, y una de sus principales luchas fue frenar la expansión de las milicias en las favelas. La sentencia fue recibida con una mezcla de emociones, tal como explicó a RFI Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos: Sentimientos encontrados  "Es una reacción un poco contradictoria porque, por un lado, vibramos, estamos muy felices por este resultado. La Corte Suprema ha reconocido que hubo un crimen muy serio y muy grave en el que estuvieron involucradas autoridades de alto rango. Por otro lado, constatamos con tristeza que este caso demuestra la relación muy integrada entre autoridades políticas, incluidas autoridades de investigación, con la delincuencia". Durante el juicio, el abogado de Chiquinho Brazao intentó relativizar la gravedad de los hechos afirmando: "Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra". La defensa reavivó así el debate sobre la penetración del crimen organizado en la vida política de la ciudad. Casi ocho años después del asesinato, la situación de Río de Janeiro continúa deteriorándose, según Carbonari: "Todo indica, por todo lo que hemos visto, incluyendo la masacre que ocurrió en octubre del año pasado [megaoperación policial en dos favelas de Rio que dejó entre 119 y 132 muertos, la más letal en la historia de Brasil], que esta situación no solo siguen, sino que empeorará mucho. Hay una relación cada vez más fuerte entre las autoridades y el crimen organizado, es decir, las milicias". El asesinato de Marielle Franco no es un caso asilado  Carbonari considera que "la triste, injusta y trágica historia de Marielle Franco" refleja la realidad de muchas otras personas en Brasil que alzan la voz contra la injusticia: "La muerte de Marielle Franco, así como el proceso judicial, demuestran que la agresión y la violencia en Río no golpean a todos por igual. Marielle era una mujer negra, pobre, que actuaba en favor de poblaciones de escasos recursos. Y cuando alguien, no solo por provenir de esas poblaciones, sino por defenderlas, es atacado, sufre la violencia. Lo que ocurrió a Marielle es, infelizmente, una práctica común para muchas personas defensoras de derechos humanos en el país". Los hermanos Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de un caso que sacudió a Brasil. Según la Corte, el asesinato de la concejala fue un “recado” dirigido a la clase política carioca. Al conocer la sentencia, los familiares de Marielle reaccionaron con llanto y abrazos al cierre del juicio, que comenzó el martes en Brasilia.

El embajador de Estados Unidos en Chile advirtió que su país podría revisar la exención de visado para ciudadanos chilenos tras revocar el beneficio a tres funcionarios vinculados al proyecto de cable interoceánico "Chile-China Express" para conectar a Valparaíso con Hong Kong. El analista Guillermo Holzmann no descarta que estas tensiones continúen tras la llegada de Katz al poder. La administración Trump volvió a subir el tono frente al saliente gobierno de Chile el lunes al anunciar, por boca de su embajador, que podría abrir la puerta a retirar la exención de visado a los chilenos para ingresar a Estados Unidos como turistas, en otras palabras, eliminar la "Visa Waiver". La causa de las tensiones se encuentra en un cable de fibra óptica que podría conectar Valparaíso con Hong Kong —el cable interoceánico "Chile-China Express"— y que, para el gobierno de Boric, está en etapa de "evaluación". Para Washington, el proyecto socava la seguridad regional. De hecho, tres funcionarios de la administración chilena vinculados al proyecto fueron sancionados con la revocación de su Visa Waiver. "El embajador de Estados Unidos en Chile hizo ver a la autoridad respectiva en diciembre y enero que hay un inconveniente. Según Estados Unidos, hay antecedentes suficientes en términos de lo que podría ser una eventual fuga de datos (a China) o la interferencia en el traslado de esa información y, en la práctica, de que esas interferencias lleguen directamente al gobierno chino. Esto podría constituir un riesgo y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también a la seguridad regional", dijo a RFI Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. El anuncio del embajador de Estados Unidos es una advertencia a Santiago que se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración actual, sostiene Holzmann. La Visa Waiver no corre riesgos a corto plazo  "Hay un aumento de tono de parte del embajador. Pero todo hace pensar que la Visa Waiver no corre riesgo en este momento, ya que ésta se maneja por otras instancias en términos del acceso a los datos. Pero es cierto que Estados Unidos la puede colocar sobre la mesa si efectivamente desea presionar al gobierno de Chile con respecto a cuál va a ser el estatus que va a mantener en su relación con Santiago, si es o no una relación normal en términos migratorios y de circulación de personas", apunta. El presidente electo de Chile, Antonio Kast, tomará posesión en marzo, pero el cambio de gobierno no es garantía de que las tensiones con Estados Unidos se reduzcan, estima el analista. "Lo más probable es que las dificultades se mantengan [cuando Kast llegue al poder]. Chile tendrá que ver cómo abre el espacio de diálogo y negociación. Hay que considerar la atención y la focalización que tiene Estados Unidos respecto a los intereses chinos en América Latina. Esto no es nuevo; también está lo que pasa con el Canal de Panamá", concluye. En diciembre, el presidente Donald Trump celebró la victoria de Antonio Kast y señaló que apoyó abiertamente al candidato de extrema derecha durante las elecciones.

La muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia coordinada en 20 de los 32 estados de México y abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la organización criminal. En medio del caos y del fuerte despliegue militar, la pregunta central gira en torno a quién ocupará el vacío de poder. RFI entrevistó a Salvador Maldonado, investigador del Colegio de Michoacán, para analizar el reacomodo interno que enfrenta el cártel. Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban retomar su cotidianidad con cautela: salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada de este lunes en la que murió el narco Nemesio Oseguera, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bloqueos de rutas, quema de vehículos, ataques a gasolineras, comercios y bancos, enfrentamientos con autoridades y miedo generalizado: el caos se vivió en varios lugares de México tras el anuncio de su muerte a manos del ejército. El gobierno desplegó aproximadamente 10.000 militares para proteger a la población, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país "está en paz, está en calma". La pregunta ahora es quién tomará las riendas de la poderosa organización criminal. Ante la ausencia de su líder, el cártel se enfrenta a varias hipótesis, explicó a RFI Salvador Maldonado, doctor en Antropología e investigador en el Colegio de Michoacán. "El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo bastante diferente porque el liderazgo de Nemesio mantuvo controlado y centralizado a gran parte de la organización. [con su desaparición ] se va a generar, a nivel de la dirección, un reajuste. Lo que me parece más importante son estos reajustes que la organización va a experimentar a nivel de alianzas regionales y locales. Esos reajustes van a ser lo más significativo en cuanto al sostenimiento de la estructura y eficacia de la red criminal, la cual se había sostenido con el liderazgo de El Mencho". Según Maldonado, el Cártel Jalisco Nueva Generación podría mantener sus operaciones intactas sin un claro cabecilla, aunque solo a corto plazo, ya que una organización de ese calibre necesita un líder sólido que maneje los aspectos económico, social y político que le permitan mantener su enorme infraestructura. "El CJNG está fracturado"  "A corto plazo es una organización que va a estar tratando de sobrevivir a la nueva realidad que está enfrentando. Pero en el mediano plazo es importantísimo recordar que estas organizaciones, en su propia configuración socio-histórica, siempre han requerido de la figura de un líder que medie entre los liderazgos emergentes, los nuevos liderazgos, entre las decisiones a las alianzas, y un líder que más o menos sea como el equilibrio en los arreglos a nivel económico, político y social. Creo que eso se va a ir definiendo quizás en el mediano plazo. Es importante recalcar que en este momento esa estructura está fracturada, pero no creo que el funcionamiento de la economía ilegal vaya a sufrir afectaciones. Éstas podrían llegar a partir del momento en que se empiecen a reacomodar las piezas. Es ahí cuando se va a ver hasta dónde están dispuestos a seguir sosteniendo una organización de este nivel". Para la mayoría de los analistas, la ausencia de El Mencho no significa el final del grupo delictivo. Candidatos para cubrir su puesto no faltan. El cártel enfrenta ahora un delicado proceso de reacomodo interno que podría derivar en disputas por el poder o incluso en la fragmentación de sus células regionales.

La semana pasada, en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, estalló un motín protagonizado por más de un centenar de reclusos, motivado —según relatan ellos mismos— por el "hambre" y los "malos tratos". En conversación con RFI, Armando Labrador, fundador del Movimiento Cuba Primero, denuncia el secretismo oficial que rodea los hechos, en los que, al parecer, una persona habría muerto y al menos diez permanecen desaparecidas. De acuerdo con testimonios recogidos por las ONG Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), las fuerzas policiales habrían utilizado "balas de goma", "gas pimienta" y violencia física para controlar la revuelta. El episodio reaviva antiguas denuncias sobre las condiciones penitenciarias en la isla: hacinamiento, insalubridad, falta de atención médica, corrupción interna y prácticas represivas. Danibel Labrada, preso político cubano, envió desde la prisión de Canaleta el siguiente testimonio dirigido a Armando Labrador, fundador del Movimiento Cuba Primero: "Mi nombre es Danibel Labrada Morales. Me encuentro preso en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila (Canaleta). Pertenezco a la organización 'Cuba primero'. Fui trasladado el 18 de diciembre a esta prisión. Te felicito, Armando Labrador, por el buen trabajo que haces dentro de la prisión y fuera. En estos momentos, Armando, estamos pasando por una crisis muy grande en esta prisión. El hambre está doblegando a los hombres. Tenemos escasez de agua. El órgano represivo sigue torturando a los presos y dándoles grandes golpizas dentro de la celda como [lo hace] Noel Morales López. Te seguimos felicitando y vamos a vencer. Patria y vida y libertad".  "Ahí delante de todos, le dieron una golpiza" Desde Miami, a través del canal Cántalo TV, Armando Labrador ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos contra presos políticos en la isla. Sobre el amotinamiento del jueves pasado, de la Nuez, líder opositor y una de las pocas personas con contacto directo con los reclusos de Canaleta, explicó a RFI: "Danibel Labrada empezó a exigir atención médica y mejor alimentación. Cogió una sábana y escribió en ella: 'Suelten a los del cuartico, Cuba primero, patria y vida, libertad'. Cuando la guarnición vio la sábana, lo sacaron de la celda y ahí, delante de los presos, le dieron una golpiza. Esto provocó que los destacamentos 3 y 2 de la prisión de Canaleta empezaran a protestar y se amotinaron totalmente. Amarraron la puerta y la tumbaron. La guarnición no pudo sostener aquello y mandaron a buscar las brigadas antimotines. Éstas dieron una golpiza salvaje a todo el destacamento número 3, totalmente todos ellos, ciento y pico de personas fueron golpeadas".  Exigencia de transparencia Cinco días después del suceso, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo claridad al régimen cubano. Los familiares de muchos presos aún no han logrado comunicación alguna con ellos y se desconoce cuántos fallecidos dejó la represión. Labrador resume así la situación: "Hay un supuesto ahorcado. Se trata de una persona que había recibido una golpiza. Hay más de diez personas que están desaparecidas. Todos fueron golpeados, pero la guarnición no da información sobre su paradero. Las autoridades no esclarecen, dicen que van a haber traslados, que están en instrucción penal. Hay un secretismo muy grande", concluye.  Mientras tanto, continúan las denuncias internacionales sobre muertes por negligencia, malos tratos, problemas de salubridad y castigos en las cárceles cubanas. Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump tildó de "profundamente decepcionante" la decisión de la Corte Suprema contra su política arancelaria. Con seis votos frente a tres, la alta Corte dictaminó que el mandatario excedió su autoridad al aplicar su abanico de tarifa por todo el planeta sin fundamentos legales: no se trata de una emergencia nacional, como lo intentaba justificar el magnate estadounidense que ahora busca imponer un arancel global de 15% sin tratos preferenciales.   La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes por seis votos contra tres que Donald Trump se extralimitó en sus funciones al aplicar aranceles a casi todos sus socios comerciales. El mandatario se cobijaba detrás de una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas).  “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”, dijo Trump en comparecencia en la Casa Blanca tras la sentencia del viernes 20 de febrero. No obstante, la batalla económica del mandatario lanzada contra el mundo no se acaba aquí porque “si bien esto se ha vuelto para atrás, se ha dicho que igual va a usar otras alternativas" dijo en entrevista para RFI la investigadora María José Haro Sly. Al día siguiente,Trump anunció en su red social Truth Social que pondrá tarifas del 15% a todos los productos importados. “Estados Unidos ha venido imponiendo una serie de tarifas unilaterales. Algunas muy altas, otras más bajas, sin mucha referencia técnica, económica y muy vinculada a cuestiones políticas y geopolíticas” las cuales, de acuerdo con Haro Sly, le competen al poder legislativo y no al ejecutivo. “Esto va a generar muchísima incertidumbre porque no está muy claro hasta qué día van a regir una de las tarifas anteriores, hasta qué día van a empezar a usarse las posteriores”. Además, los constantes cambios de la política arancelaria de Trump alteraría aún más las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos “porque con muchos países ya se habían negociado otro tipo de tarifas y otros acuerdos económicos”. “Así que se va a generar bastante incertidumbre”. Tarifas especiales y tarifas normales Los efectos de este fallo se van a sentir a mediano plazo. Los mayores socios de Washington (México, Canadá y China)  tienen tarifas aduaneras especiales, pero que son modificadas constantemente tanto para ellos como para el resto del mundo con tal de subsanar un déficit fiscal de “casi 39 billones de dólares”, de acuerdo con que Haro Sly.  Por otro lado China “ha venido saliéndose “de los bonos del Tesoro norteamericano con lo cual expande el endeudamiento para financiar el déficit”. “Además, aclaremos que Estados Unidos está en este momento también en shutdown, justamente negociando en el Congreso el presupuesto y el aumento de la deuda, con lo cual este tema tarifario va a impactar muchísimo también en la negociación doméstica”, concluyó María José Haro Sly.  Leer tambiénAranceles: ¿qué consecuencias tiene la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos?

Las mujeres serán las primeras en pagar la factura de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, advierten colectivos feministas argentinos. Mientras el Congreso debate sobre la ley, se preparan las movilizaciones del 8 de marzo. Una nueva figura busca afirmarse en el 8M: las autodenominadas feministas mileistas.  "Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo" ha dicho Javier Milei sin ambages. El Aborto, pilar de la lucha feminista en todo en mundo, se legalizó en Argentina en 2020. Años después, ha surgido en el país una figura sui generis: militantes libertarias y mileistas, que se reivindican feministas. Escuchar aquí la entrevista completa: Dos investigadoras argentinas, Melina Vázquez y Carolina Spataro, autoras del libro Sin padre, sin marido y sin Estado,  disecaron para RFI estos perfiles para determinar si era algo más que un oxímoron: Melina Vázquez: "¿Quiénes eran? ¿por qué estaban ahí? si las figuras públicas del mileismo, como la actual vicepresidenta Victoria Villarruel o algunas de las diputadas que empezaron a surgir con mucha visibilidad pública, que tienen posiciones muy abiertamente antifeministas, expresaban la totalidad del activismo femenino". Carolina Spataro: "Sobre todo en la campaña presidencial de Javier Milei del 2023, bueno, que si había mujeres dentro del mileísmo iban a ser retratadas y o eran pensadas como mujeres tradicionales de su hogar, con muchos hijos y religiosas." La óptica de Javier Milei ha sido el desfinanciar programas sociales o de prevención reproductiva, y ayudas a las mujeres víctimas de violencia. Melina Vázquez: "Sobre el Aborto, ellas tienen posiciones muy desencontradas, algunas están a favor, otras están en contra. Algunas están en contra pero creen que debe ser una ley y también las posiciones que tienen sobre el aborto están muy permeadas, están más permeadas de alguna manera por la inscripción generacional. Carolina Spataro: "Otras en el extremo opuesto llevaron el pañuelo verde que es el símbolo de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina desde hace 20 años. Pero sin duda, en el caso por ejemplo de la violencia hacia las mujeres, en Argentina existe un sistema de atención telefónica que se llama el 144 y en el gobierno de Javier Milei ese programa tuvo recortes y se achicó, y algunas de ellas de todos modos siguen difundiendo esa línea de atención para, por ejemplo, el 8 de marzo." Sin fondos para políticas públicas feministas, ¿se puede hablar igual de feminismo? Fue una pregunta que se hicieron Melina Vásquez y Carolina Spataro. Carolina Spataro: "Sí militan porque las mujeres, en este caso en particular, puedan tener autonomía económica en su inserción en el mercado laboral privado, no en el Estado y que con ese dinero y con esa autonomía puedan resolverse los problemas que las aquejan. Melina Vázquez: "Bueno, reponer los términos en los cuales los actores, las actrices, los grupos se presentan públicamente y poner éso en discusión. El (nuestro) libro es una discusión sobre cuál es la frontera del feminismo, si este feminismo cae adentro, cae afuera. Entrevistadas: Melina Vázquez y Carolina Spataro, autoras de "Sin padre, sin marido y sin Estado: Feministas de las nuevas derechas", publicado por la Editorial Siglo XXI.

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en Colombia, ha surgido una candidatura inédita que competirá por un escaño en el Congreso. Gaitana es una inteligencia artificial. En el tarjetón, su candidatura aparecerá como independiente y con las siglas IA. Voz robótica y piel azul. Gaitana IA es candidata al Senado y a la Cámara de Representantes de Colombia, en la Circunscripción Especial Indígena. Su creador es Carlos Redondo, miembro de la comunidad zenú, en la costa caribe colombiana. “Buscando consenso” “En estas comunidades, el ego del líder, del personaje no existe. Cacique es este anciano que va de casa en casa, de familia en familia, buscando consenso, buscando poner a la gente de acuerdo. Nosotros empezamos a estudiar toda esta cosmovisión nuestra. Lo único que le faltaba era digitalizarlo”, nos cuenta Redondo. También explica que la plataforma es participativa: los usuarios le aportan temas, ella los sintetiza y luego va colectando las opiniones de los unos y los otros. En base a una mayoría, toma una decisión. Y así lo hará al votar leyes si es elegida. “Hay un proyecto de ley, Gaitana comparte esto, lo reduce. Si es una ley de 200 páginas, la reduce a cinco infografías, las comparte con toda la comunidad de Gaitana, que en este momento son más de 10.000 personas entre indígenas, afros, y estas personas entonces empiezan a opinar al respecto. Gaitana esta opinión la reduce a un sí o un no, empieza a hacer el conteo y el que tenga el 50% más uno logra consenso y esa es la decisión o el voto del congresista en la plenaria”, detalla Redondo. Propuesta antisistema No es legal registrar una IA como candidato, por lo que el Consejo Nacional Electoral autorizó a Redondo y a otro humano ocupar los escaños y repetir las directivas de consenso generadas por Gaitana. ¿Pero qué pasa si la mayoría de los usuarios son boicoteadores? “Si el mismo consenso decide que sí es lo correcto, ya nosotros como legisladores, como congresistas, tendremos que respetarlo. Pero en realidad es una posibilidad que eso pase, aunque tendría que ser una mayoría bastante interesante, tendrían que haber 6.000 personas intentando sabotear a Gaitana para que eso pase”, responde su creador. Con tres pequeños servidores, dice que el impacto ambiental de Gaitana será mínimo. Reconoce que la tecnología aún es limitada en materia de seguridad de datos y de cómo lidiará con un gran abanico de opiniones distintas. El proyecto es más que todo una propuesta antisistema. “Nosotros hemos analizado desde hace cuatro años todos los proyectos de ley que se han presentado en Colombia, y los más escandalosos son homenaje a la arepa con huevo. O sea, esto es una vergüenza la manera como esta gente legisla. Es que bien, deshumanizar esto y empezar a humanizar con datos. Dentro de la unidad de trabajo del congresista hay un equipo de trabajo que Gaitana no necesitará y desde ya lo metimos dentro de los estatutos que Gaitana renuncia a todos estos beneficios”, indica Redondo. Es difícil evaluar el alcance de esta figura apoyada por los jóvenes. Las encuestas muestran que solo 1 tercio de los menores de 24 años planean votar. e

Este jueves la Confederación Argentina de Trabajadores ha convocado a un paro nacional. Tras varias manifestaciones en el país contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y votada en el Senado, los diputados argentinos deben ahora discutir el proyecto. Una propuesta que, según abogados en derecho laboral, representa un retroceso legal. Rediseñar los tiempos de trabajo, reducir el costo de un despido para la empresa, restringir el alcance de los sindicatos... Estas y otras medidas están contempladas en la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei. Jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas, pérdida del poder de los sindicatos… “Para empezar, la creación del banco de horas, que va a implicar que los trabajadores puedan tener jornadas extendidas hasta 12 horas diarias. Estas horas se van a ir acumulando a un banco del cual va a poder disponer el empleador, de modo tal que no se supere un máximo mensual, y de modo también que dejan de existir las horas extras. Luego, en materia de indemnizaciones laborales, no va a ser el mejor sueldo, entonces las indemnizaciones se van a ver reducidas en cuanto a la base de cálculo y reducidas también en cuanto al monto”, explica para RFI la secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Romina Stampone. “El fraccionamiento de las vacaciones, lo que otorga es la facultad de poder fraccionarlas en periodos no inferiores a una semana: el empleador puede decidir darte una semana de vacaciones ahora, otra en octubre... Y por otro lado, le sumas a esto que va a haber una pérdida del poder real de los sindicatos porque se promueve la negociación colectiva a nivel de empresa, no en la totalidad de la actividad”, agrega. La semana pasada el Senado argentino aprobó el proyecto con 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora llega a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza asegura que conseguirá 140 votos sobre 257 diputados, entre los cuales 95 del oficialismo, apoyados por sectores de la llamada oposición dialoguista. La senadora oficialista Patricia Bullrich dijo haber negociado con la CGT. “Incumple con el principio de progresividad” Para Stampone, la reforma es contraproducente: “Se dice que la reforma se piensa con la finalidad de generar empleo, lo cual va a ser absolutamente falso. La reforma precariza e invita a un despido que además es absolutamente tarifado y calculado, mucho más de la tarifa que ya preveía nuestra ley, con lo cual no va a ser generador de empleo. Desde la Ley de Bases, la anterior reforma que entró en vigencia el 9 de julio del año 2024, se perdieron ya más de 250.000 puestos de trabajo. Cerraron una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. Hoy amanecimos con la noticia de que cierra sus puertas Fate, una empresa de neumáticos muy grande, muy conocida y que deja cerca de mil familias sin puesto de trabajo. Ese es la mayor preocupación”, lamenta. Según ella, no cuaja con los principios constitucionales. “La contrarreforma laboral que se está proponiendo es una reforma regresiva en materia normativa en nuestro país. Incumple de este modo con el principio de progresividad y no regresividad que nuestra Constitución nacional toma de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Legislar de este modo implica una violación para nuestro país de pactos internacionales que ya fueron asumidos con anterioridad”, subraya para concluir Stampone.

Hay menos combustible en Cuba y, poco a poco, muchos menos turistas. La isla presenta las peores cifras del sector turístico en varios decenios. Ya no viajan allá turistas de países como Canadá, Perú y Argentina, entre otros, mientras los precios de combustible se disparan.  Es febrero, la temporada alta en las playas cubanas. Los turistas, sin embargo, brillan por su ausencia. El mayor recurso económico del gobierno cubano se encuentra en números rojos. Hoteles semivacíos, transportes limitados y escasez de suministros. Son las consecuencias del bloqueo estadounidense. La falta de suministros de petróleo de Venezuela y México ha agudizado la crisis energética que arrastraba la isla. Todo esto hace que las anulaciones de viajes a la isla se multipliquen, como nos explicó Barbara Perez, directora de la agencia de viajes "Cuba Unique", con sede en España. "Evidentemente el turismo está en baja. Hay muchos menos turistas. Y también hay que tener en cuenta las aerolíneas, pues algunas ya han dicho que van a tener que cargar combustible en República Dominicana. Por el momento, no ha habido cancelaciones desde España, pero sí se han cancelado vuelos desde  otros países, Canadá y Perú, por ejemplo. Hasta este mes, nosotros en España hemos podido estar garantizando el combustible. Pero a partir del mes próximo probablemente vamos a dejar de viajar a Cuba porque no sabemos cómo va a suceder con las nuevas limitaciones de combustible. En todo caso, empieza a ser más complicada la realidad y a partir de cierto momento vamos a tener que dejar de ofrecer viajes a Cuba", explica Pérez. El transporte "lo ves y no lo ves" La crisis en el turismo ha afectado a numerosos gremios en Cuba. Los daños colaterales se hacen sentir en la restauración, los comercios y en los transportes. Yan Manuel Carrio lleva prácticamente toda su vida trabajando como chofer en un taxi que opera desde La Habana. "Esta situación es muy difícil sobre todo complicada para la gente de la ciudad. Para la gente que vive en los barrios el transporte es como un fantasma. Lo ves y no lo ves. Uno puede esperar tres o cuatro horas y no ves un transporte. Para los taxis se consigue gasolina, pero te la revenden por 4.000 o 4.500 pesos el litro. Normalmente el precio de eso era 600 pesos. Ahí puedes darte cuenta tú de la diferencia. Hemos tenido muchas anulaciones de turistas de Canadá, Reino Unido, Argentina. Antes hacíamos tres, cuatro viajes hasta Varadero por día. Ahora se hace uno solo. Es un poco duro porque no todo el mundo puede trabajar así", sostiene. Cuba recibió en 2025 escasamente 1,8 millones de turistas, uno de los niveles más bajos en décadas. La escasez de combustible y la cancelación de vuelos internacionales abren la incógnita de cómo evolucionará el sector durante este año que ya presenta las peores cifras de todos los tiempos.

Las movilizaciones para pedir la liberación de todos los presos políticos, incluidos los militares, se multiplican en Venezuela, entre otros, una huelga de hambre de presos y familiares del centro de detención Zona 7 (Caracas) desde hace cuatro días. El médico Rafael Arreaza, que vigila la salud de unos y otros, no descarta huelgas y marchas a nivel nacional para respaldar este reclamo, según dijo a RFI. Presos políticos venezolanos y sus familiares llevan este martes más de cuatro días en huelga de hambre frente a un centro de detención en Caracas conocido como Zona 7. Reclaman que se aceleren las excarcelaciones tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía. Melissa Barra entrevistó a  Rafael Arreaza, médico encargado de vigilar su estado de salud. Varios familiares de presos de esa cárcel duermen desde hace semanas en colchones en el suelo, frente a la entrada. Zona 7 es una prisión de la policía nacional en Caracas. Un puñado de madres y familiares decidieron, además, ponerse en huelga de hambre, tal como lo han hecho algunos presos. El doctor Arreaza, reconocida figura del sector salud, se muestra atento a la evolución de su estado físico. "La mayoría de los presos están desnutridos"  "Los familiares de los presos ya llevan cuatro días en huelga de hambre. A pesar de que cuentan con hidratación relativa, ya comienza a notarse el deterioro físico. Ya comenzaban a tener síntomas de deterioro, deshidratación, mareos, postramiento. Lamentablemente a mí no me permitieron evaluar ayer a los presos. Entendemos que no quieren que cualquier persona vea la situación que se está presentando adentro de las cárceles. La mayoría de los presos están desnutridos. En ocasiones ni siquiera comen una comida al día. La calidad del agua es pésima. Tienen que pasar el agua que le dan por las camisas". Presos y familiares empezaron la huelga de hambre el sábado. Ese día el gobierno anunció excarcelar a 17 detenidos políticos de Zona 7. Adentro hay unos 60. El doctor Arreaza, que trabaja desde hace años en las cárceles, teme que la situación empeore. "Como ya hemos tenido experiencia en Venezuela, sabemos que ha habido muertos en huelgas de hambre. Tenemos, por ejemplo, el caso del señor Franklin Brito, agricultor, a quien le quitaron sus tierras. Sabemos también, porque ya lo hemos visto, que cuando se desesperan intentan obligarlos a comer. Los obligan a comer, los maltratan y los torturan. Hoy cada vez más se está planteando que las huelgas van a ser a nivel nacional. No solo eso, sino que la sociedad civil se está planteando darle un ultimátum antes del 12 de marzo. No están todos los presos políticos libres, incluidos los militares. Vamos a salir a la calle, toda la sociedad civil", concluye. 

El Gobierno boliviano anunció la creación de una comisión especial para combatir la impunidad en delitos sexuales. Entre ellos, los casos vinculados a la Iglesia Católica. Con la misión de revisar denuncias, analizar expedientes y colaborar con el Ministerio Público en investigaciones referidas a abusos contra menores, incluso aquellos que hayan prescrito o que no hayan avanzado ante la justicia, el Gobierno de Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión para combatir la impunidad en abusos sexuales. “Hemos creado esta comisión mixta, en el sentido de que no vamos a generar un doble juzgamiento, sino que vamos a fiscalizar con las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea, departamento por departamento, ciudad por ciudad, contando con el apoyo de muchos abogados que existen y están registrados en el Registro Público de la Abogacía acá en Bolivia”, explicó a RFI Manolo Rojas, diputado del el Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido vencedor en las urnas hace tres meses. “Y vamos a ver el tema netamente técnico. Si han habido inconsistencias en algunos casos, seguramente encontraremos también corrupción, con la única finalidad de elaborar un informe, porque este informe nos va a servir como piedra fundamental para abrir la Constitución Política del Estado, generar el debate para ingresar a una cadena perpetua sobre los violadores de niños y niñas y los infanticidas”, precisó. Escuchar a las víctimas Entre tanto, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización de víctimas de abusos eclesiales que denunció en los tribunales los casos cometidos por la Compañía de Jesús boliviana, se muestra muy prudente ante la futura gestión de esta comisión creada por el Gobierno, luego de haberse quedado al margen tras no contar con el testimonio de sus víctimas. “Nosotros valoramos ese intento, pero lo que sí cuestionamos y vemos con mucha pena es que la Compañía de Jesús quiere invisibilizar a la organización existente. Una comisión de la verdad debería constituirse con las víctimas. Nosotros pacientemente vamos a esperar. Esperemos que ellos de su propia voluntad se comuniquen con nosotros para que podamos trabajar juntos. Nosotros por nuestro lado estamos trabajando”, nos comentó su presidente Wilder Flores. RFI preguntó directamente al diputado Manolo Rojas si la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes será escuchada y aportará ayuda en esta comisión contra la impunidad: “Va a ser parte importante. Lo primero es generar el aspecto técnico jurídico, y posteriormente vamos a tener unas reuniones donde vamos a escuchar las experiencias y vamos a hacer un realce sobre las causas o los motivos de por qué no han podido acceder a justicia”, aseguró. El trabajo de la comisión comenzará en marzo e incluirá la habilitación de una oficina para que los interesados puedan denunciar los casos en los que hubo impunidad o falta de celeridad por parte de la justicia.  

Un informe independiente alerta sobre varios centenares de municipios bajo violencia electoral en un país donde la ilegalidad está ganando cada vez más territorios. Más de 300 municipios colombianos, casi un tercio del territorio nacional, están bajo riesgo de violencia electoral de cara a los comicios del próximo 8 de marzo. La advertencia fue emitida por la Misión de Observación Electoral (MOE), una red ciudadana independiente encargada de velar por la transparencia de las elecciones en Colombia. Según el informe, 126 municipios se encuentran en “riesgo extremo” de violencia electoral, mientras otros 49 presentan alertas por posible fraude. “En Colombia siempre ha existido violencia electoral, esto no es nuevo. Pero nunca pensamos que el fenómeno iba a ser tan profundo, tan disperso en tantas regiones del país y que iba a tener este nivel de gravedad, como lo muestra el informe de la MOE”, aseguró politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, Óscar Palma, en entrevista con RFI. “En lugar de estar afianzando mas territorio para la democracia, lo que hay en Colombia son mas territorios en dominio de la ilegalidad”, concluye la MOE. “La falta de implementación de algunos elementos del plan de paz y la idea del gobierno actual de una paz negociada sin mayor estrategia, realmente permite a los grupos armados crecer significativamente, incrementar el reclutamiento de personas en diferentes regiones y afianzarse la estructuras criminales, de la mano del aumento del cultivo y la producción de cocaína. Lo que nos lleva a este escenario de peligro en la elecciones”, agregó Palma Una de las regiones con mayor riesgo es la frontera con Venezuela. En medio de este escenario, se ha mencionado incluso la posibilidad de operaciones conjuntas entre fuerzas colombianas y estadounidenses contra grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico, como el ELN.

El ex parlamentario venezolano Juan Pablo Guanipa, 61 años, fue excarcelado y vuelto a detener tras 12 horas de libertad. No puede hablar con la prensa, un papel que están desempeñando su hijo Ramón y su hermano Andrés. RFI se puso en contacto con este último en Miami. En la actualidad, Juan Pablo Guanipa se encuentra en arresto domiciliario. Este cercano aliado de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado fue detenido por manifestarse y pedir elecciones en el breve lapso en que estuvo libre. Andrés Guanipa nos contó cómo va su hermano Juan Pablo: “Juan Pablo está en su casa, en buen estado de salud, a pesar de haber estado todos estos 10 meses en la clandestinidad y casi un año preso. No pudieron doblegarlo y salió, gracias a Dios, con todas sus facultades psicológicas, mentales, bastante bien”. “Es el único a quien le tienen miedo” A la pregunta de por qué fue detenido, Andrés explicó que “fue a visitar a los familiares de los presos políticos que estaban apostados en El Helicoide y en Boleíta. Dio varias entrevistas, todo normal, pero al régimen no le gustó, le dio miedo que la gente saliera con él a acompañarlo, a hacer esas visitas. Le dio miedo todo lo que generó Juan Pablo en horas nada más, lo detuvieron de nuevo”. “Le comento que Juan Pablo hizo todo este recorrido con otros excarcelados, y los otros excarcelados también dieron declaraciones y algunos hasta declaraciones un poquito más fuertes, pero el único que detuvieron fue Juan Pablo, porque es el único a quien le tienen miedo, porque saben que Juan Pablo tiene un liderazgo muy sólido en Venezuela. Después de María Corina el liderazgo más importante de la oposición en Venezuela es el de Juan Pablo”, agregó. “El juego cambió por completo” Pero según él, tras 40 días de la captura de Nicolás Maduro, “seguimos en dictadura. Solo que, a partir del 3 de enero, con la intervención de Estados Unidos, el juego cambió por completo. Ellos están ahora viéndose obligados a hacer una serie de cambios tutelados. No son cambios que vienen porque ellos se dieron cuenta de que algo pasó, porque simple y llanamente ellos quieren cambiar, porque ya no son ellos dictadores, ni son corruptos, ni son ladrones, ni son asesinos. No, ellos siguen siendo corruptos, ladrones, asesinos”. En cuanto a Trump, Andrés dijo agradecerle “enormemente que haga lo que debió haber hecho la comunidad internacional, y es el único que de verdad ha ayudado a que Venezuela recupere la libertad después de 27 años. Entonces, como venezolano, obviamente le estoy eternamente agradecido porque de otra forma esto no lo estuviéramos viviendo”.

Apagones, largas filas delante de las farmacias, aviones sin combustible y la sensación de que lo peor está por venir: así se presenta la doble crisis energética y humanitaria en Cuba, país que está en la mira de Washington. La administración Trump planea un cambio en la isla y las negociaciones ya habrían empezado. Desde La Habana, una investigadora nos describe la crisis energética y sanitaria. Aprovechando que no había corte de electricidad, entrevistamos a una investigadora del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, la socióloga Mayra Paula Espinosa Prieto. Desde La Habana, da a RFI un panorama de la doble crisis energética y humanitaria que vive la isla. “El petróleo cubano no es de mucha calidad” “El petróleo cubano no es de mucha calidad, es un petróleo muy denso y se usa para generar energía, pero en realidad con ese petróleo digamos que se puede producir alrededor del 50% de la energía eléctrica que el país necesita. Conclusión, estamos en una situación bien complicada”, explica Espinosa Prieto a RFI. “Inmediatamente que Trump hizo el anuncio del peligro que significaba Cuba y las nuevas medidas, el precio del saco de carbón, hay muchas familias que cocinan con carbón, casi se duplicó de un día para otro. El cuadro de medicamentos básicos está en alrededor del 60%, es decir, que hay un 40% de medicamentos que están en falta. Entonces, cuando hay un sistema de racionamiento para enfermedades crónicas, la gente hace cola frente a las farmacias el día que llegan esos medicamentos”, agrega. “Entrampados entre esas dos corrientes” A la pregunta de por qué la crisis en Cuba se ha acelerado en los últimos tiempos, la socióloga cubana nos responde que “la crisis es larga, pero digamos, el post COVID ha sido una etapa muy dura, muy dura. El país no ha podido remontar todos los efectos de la pandemia sobre la economía y sobre la sociedad, entre otras cosas porque el hostigamiento norteamericano es muy fuerte, y porque, a mi modo de ver y de otros colegas que trabajan estos temas económicos y sociales, no se han impulsado realmente los cambios necesarios que permitirían reflotar la economía o al menos abrir nuevas opciones”. “Creo que hemos llegado a esta situación en una combinación muy complicada de una hostilidad extrema de los Estados Unidos que ha venido incrementándose, y fallas internas de política que no encontraron el rumbo ni dieron la dinámica necesaria para crear oportunidades para la sociedad cubana. Y ahora estamos como entrampados entre esas dos corrientes”, concluye.

Latam-GPT es un modelo de inteligencia artificial impulsado desde Chile para entrenar aplicaciones con datos de América Latina, reducir sesgos y ofrecer una representación más fiel de la región en un sector dominado por desarrollos estadounidenses.A LATAM GPT están actualmente vinculados 16 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.  Aunque su nombre nos remite a un chat interactivo, LATAM GPT es una gran base de datos que fue entrenada con información de América Latina y que permitirá el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. La iniciativa ha sido impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público. Además, ha contado con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina. RFI ha podido entrevistar al Ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, Aldo Valle Acevedo, explicó por qué es necesario este modelo de inteligencia artificial en la región. "Era necesario por razón de una soberanía tecnológica para nuestros países, para nuestra cultura, para nuestra identidad, para nuestras lenguas, porque en este caso hablamos también del portugués, sabemos que las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, representan también una amenaza si no incorporamos nuestro propio lenguaje, la cultura, el pasado de nuestros países, pero si no hacemos el esfuerzo nosotros por razón de una soberanía tecnológica, lo que está en riesgo es mucho más. Por efecto de las tecnologías, se va produciendo una cierta enajenación, que es la pérdida finalmente de la propia cultura y de la propia identidad, y por eso empleo la palabra enajenación. Entonces se trata de un proyecto articulador de capacidades, porque solos no lo podemos hacer" ha afirmado Valle Acevedo al micrófono de nuestro compañero Carlos Pizarro. A LATAM GPT están actualmente vinculados 16 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina. "No es para la competencia entre los países, es para la cooperación" ha sentenciado el ministro Valle Acevedo en RFI añadiendo que, aparte de los siete países adheridos al proyecto, "otros han firmado memorándum, porque también es necesario aclarar aquí, la verdad es que ya están trabajando instituciones de 16 países. No tiene un costo comercial, no llegamos todavía al nivel de la aplicación a la que puede acceder cualquier persona, pero en esta primera etapa, digamos, está disponible para las instituciones, para el Estado, En el estado vemos una gran oportunidad para mejorar las capacidades de respuesta del estado en todas sus prestaciones y esto bien tiene una urgencia, atendido a la velocidad con que esta tecnología se expande e inunda nuestro planeta".  Latam GPT es un bien público con la participación de sectores gubernamentales y privados, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y también Amazon Web Service, que contribuye con infraestructu

El diario The Washington Post vive una crisis histórica. El despido masivo de un tercio de su redacción bajo la gestión del magnate Jeff Bezos genera alarmas sobre el futuro de la libertad de expresión. The Washington Post, histórico periódico que destapó entre otros los casos de los papeles del Pentágono o el conocido Watergate que acabo con la dimisión del presidente Richand Nixon, vive sus momentos más críticos tras más de 150 años de historia. “Una auténtica institución para la democracia de Estados Unidos” Los despidos masivos que afectarían a un tercio de su redacción han despertado temores en Estados Unidos sobre el ocaso del periodismo y los riesgos que esto implica para la libertad de expresión. “Para un periódico como el Post, que ha tenido una cobertura internacional tan importante, quitar a los corresponsales es algo muy grave. Es un periódico que ha invertido mucho, por ejemplo, en la cobertura en América Latina, pero la cobertura de Europa es muy buena, la cobertura del Asia es muy buena, y naturalmente tienen mucha preocupación en ese sentido. El asunto de los deportes es una cosa grave”, explica a RFI el periodista colombiano Juan Carlos Iragorri, que conoce bien su redacción tras dirigir durante más de una década el podcast en español de este medio. “La idea del Post era que compitiera de cierta forma con The New York Times y The Wall Street Journal, que son los tres grandes periódicos estadounidenses. Pero entonces, al hacer todo esto, al tomar estas decisiones, en cierto modo es cortarle las alas a un periódico como el Washington Post. Y lo que hay es desazón, y desazón y tristeza en los lectores. Hay mucha tristeza entre los periodistas, y yo creo que los lectores han dejado clarísimo que les inquieta mucho lo que pasó, porque creo que es una auténtica institución para la democracia de Estados Unidos”, agrega. ¿Una capitulación ante Trump? El despido masivo de periodistas en The Washington Post ha estremecido a la mayoría de sus lectores que se preguntan si las razones detrás de esta drástica decisión de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos y fundador de Amazon, obedecen a una crisis financiera o una capitulación ante el poder de Donald Trump. “La gente lo que cuestiona es: Jeff Bezos, por una parte, tiene, según datos actualizados, casi 250 mil millones de dólares, y el periódico, lo compró en 250 millones de dólares, es decir, en una 1.000.ª del capital que tiene hoy en día. Pero por otro lado, Jeff Bezos en los últimos meses, ha financiado y pagó más de 70 millones de dólares por el documental Melania, la primera dama de Estados Unidos, y Jeff Bezos estuvo en la toma de posesión de Donald Trump. Mucha gente ha interpretado esto como el hecho de que Bezos es el que en cierto modo está liquidando el periódico”, señala Juan Carlos Iragorri. En 2025, el número de suscriptores en versión impresa del Post cayó por debajo de los 100.000 por primera vez en 55 años. Como empresa privada, no ha querido revelar su número de suscriptores, aunque se cree que ronda los dos millones (versión impresa y digital). El medio también se niega a revelar el número de personas en su nómina, lo que hace imposible estimar cuántas personas fueron despedidas.

Cuba está al borde del colapso, después de que el Gobierno de Estados Unidos le haya cortado el suministro de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro. Washington ha anunciado que enviará ayuda y culpa de la situación al régimen cubano. La oposición cubana denuncia una situación extrema que el Gobierno usa para acallar las críticas con una mayor represión. El líder opositor cubano Manuel Cuesta Morua vive en un barrio popular de La Habana, donde ve el día a día de la gente, que ya vivía en condiciones precarias y desde hace semanas trata de sobrevivir, entre cortes de luz y falta de alimentos. “Vivimos ahora en un puro sobresalto” “La situación es bastante difícil, bastante complicada realmente en este minuto para todos nosotros, para el pueblo cubano. Lo que ha sucedido en estos días es un recrudecimiento del colapso, y al mismo tiempo de la capacidad de la gente de darle cierta normalidad a la vida cotidiana”, explica a RFI. “Vivimos ahora en un puro sobresalto, tratando mucha gente de ver qué consigue para alimentarse al otro día, cómo puede llegar a su centro laboral. Es decir, es una situación estresante que se superpone a la situación realmente anormal de Cuba”, precisa Cuesta Morua. Estados Unidos cree que Cuba es una amenaza por ser aliada de China o Irán. La Habana acusa a Washington de querer asfixiar a los cubanos. Pero el opositor considera que “la gente está más enfadada con el régimen. No creo que a estas alturas estén tan enfadados con Estados Unidos, porque han pasado ya varios años en los que la gente ha venido despertando”. “Te pongo una fecha de julio de 2021. Hace cuatro años la gente se ha venido dando cuenta de que quien pone obstáculos en el camino del bienestar de los cubanos y de la posibilidad de los cubanos es fundamentalmente el mismo Gobierno. Los comentarios, por ejemplo, en la calle, se pueden resumir en una palabra, la que más yo he escuchado: es una vergüenza nacional este Gobierno”, agrega. “El Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento” Manuel Cuesta Morua denuncia que el régimen está aprovechando el momento para aumentar la represión e intimidar a los opositores: “La libertad que más me coartan es la libertad de movimiento. En alguna otra ocasión el Gobierno me detiene o sitia la casa, rodea la casa”, cuenta. “Pero no es sencillo para el Gobierno acallar una voz ya reconocida. Ellos ya le dan con mucha más fuerza a voces que comienzan a levantarse. No son totalmente reconocidas y el Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento. Justamente quienes más van a prisión no son activistas reconocidos de la sociedad civil, sino ciudadanos comunes que ejercen sus libertades de expresión”, subraya el opositor. Según él, podría haber pronto protestas extendidas a lo largo del país, como ya ocurrió en 2021.

Mientras Washington afirma que las conversaciones con La Habana ya han comenzado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos. Sin embargo, el investigador Sebastián Arcos advierte que, lejos de abrir una auténtica vía de negociación, el régimen cubano se estaría exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos viene diciendo que las conversaciones con Cuba ya empezaron, el presidente Díaz-Canel anunció la víspera la disposición de su país a dialogar con Washington. Desde La Florida, el investigador Sebastián Arcos dijo a RFI que el régimen cubano "se expone a una intervención militar como la que terminó con la captura de Maduro el 3 de enero". Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el flujo de dinero de Caracas hacia la isla, el presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana. El presidente cubano admite que la isla atraviesa una crisis económica y energética, lo que obligará a aplicar ajustes y racionamiento a una población ya golpeada por los apagones y la falta de agua y alimentos. Aunque Washington sostiene que las conversaciones con La Habana ya comenzaron, Díaz-Canel dijo la víspera que estaba a favor de un diálogo con Estados Unidos "sin presiones ni injerencias". Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de La Florida, se muestra escéptico frente a esa posibilidad de diálogo. "Es falso que La Habana quiera dialogar" "Que ellos [las autoridades cubanas] digan que están dispuestos a dialogar, eso es falso. Ellos quieren únicamente que [los Estados Unidos] les hagan concesiones, que les levanten las sanciones económicas y que los dejen tranquilos, que los dejen violar los derechos humanos de la población cubana, que los dejen robarse todo el dinero que le corresponde a los cubanos", dice Arcos. La situación en Cuba ha empeorado tras la caída de la ayuda de Venezuela, un aliado estratégico para La Habana que, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Caracas. La isla se encuentra al borde del colapso humanitario, según la ONU. "Ahora el que tiene la sartén por el mango es Estados Unidos, no el régimen cubano. Si los cubanos deciden no sentarse a conversar en serio con Estados Unidos, dentro de cuatro semanas se quedan sin combustible y el país se apaga. Cuba no es Irán, un país que se encuentra del otro lado del planeta. Cuba está a escasas 90 millas de Estados Unidos. Hay una flota estadounidense ahora en Irán dispuesta a castigar a Irán por haber matado a más de 10.000 personas, casi todos muchachos jóvenes, incluso de 17 años. Eso podría suceder mañana en Cuba. Y la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente [en Cuba] sería irresistible". "Cuba está llamando a una intervención militar"  Donald Trump ha intensificado sus amenazas contra Cuba tras la caída de Nicolás Maduro y ha reiterado que podría imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla. Para Arcos, La Habana se está colocando en una situación similar a la que precedió la intervención en Venezuela. "Si Estados Unidos considera que el régimen cubano no se está moviendo en la dirección en la que tiene que moverse, tal vez ese país tenga que hacer un recordatorio como el que ocurrió en Venezuela el 3 de enero. Si mañana el pueblo de Cuba se tira a las calles a pedir cambio de régimen y el régimen decide matar a los manifestantes, se está exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos. De hecho, Cuba está llamando a una intervención militar de los Estados Unidos. La salida es precisamente que el régimen cubano reconozca que está en un callejón sin salida y empiece un diálogo franco con Estados Unidos, sin condiciones, sobre un proceso de transición del actual régimen a un régimen", concluye. 

Este viernes es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Según cifras de UNICEF más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo son sobrevivientes de esta práctica que no logra ser erradicada. Colombia, es el único país latinoamericano en donde se sigue registrando casos. Colombia ostenta un triste récord: es el único país de América Latina donde aún se registra la práctica de la mutilación genital femenina (MGF). Esta intervención, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas por motivos no médicos, ha generado un intenso debate entre la autonomía de los pueblos indígenas y la garantía de los derechos humanos y la integridad de las mujeres. En entrevista para Radio Francia Internacional, Alexandra Vásquez, Representante a la Cámara por Cundinamarca (Colombia Humana - Pacto Histórico), explicó la complejidad detrás de esta realidad y los avances del proyecto de ley "Niñas sin ablación". Erradicar la ablación en Colombia no es solo una cuestión de leyes, sino de romper barreras culturales profundas. Según Vásquez, la resistencia de algunas comunidades a la intervención del Estado ha sido el principal obstáculo: "Colombia es el único país que asume la responsabilidad de que existe mutilación genital femenina. Las dificultades son varias. Se habla de las prácticas culturales; la mutilación genital femenina en muchas comunidades indígenas se ha adoptado como una práctica cultural que dificulta obviamente que estas comunidades puedan asumir que la mutilación no se debe realizar. Existe una resistencia cultural en algunas comunidades, pues tienden a rechazar también la intervención del Estado. Y dentro de esas discusiones argumentan el respeto y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos". Uno de los mayores desafíos es la falta de datos exactos. Al ser una práctica que ocurre en la intimidad de los resguardos, el Estado solo se entera cuando las niñas llegan a los centros asistenciales con complicaciones de salud. La congresista detalla la gravedad de la situación: "En Colombia es difícil tener un registro como tal. Los casos que se han venido dando es porque se detectan principalmente en hospitales o en algunas zonas del país. Se estima que para el 2023 hubo 90 casos. Es un subregistro. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre el 2013 y 2014, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, se presentaron 46 registros, de los cuales el 70% de los casos son niñas menores de un año. También se identificaron 45 niñas menores de cinco años y un adolescente de 17. Entonces, mientras estas prácticas se sigan manteniendo dentro de las comunidades indígenas, es muy difícil poder hacer un registro” Un proyecto de ley que no castiga, sino que construye Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación". Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación". A diferencia de otras leyes que buscan la prohibición a través de penas de cárcel, este apuesta por un modelo pedagógico e intercultural. El objetivo es crear un consenso entre el Estado y las autoridades indígenas para que la práctica se abandone por convicción y no por miedo a la ley. "No es una ley punitiva, sino que las comunidades puedan reflexionar sobre la situación. Se busca la creación de un comité para la erradicación de la mutilación genital femenina entre el Estado, la sociedad civil, el ICBF y, por supuesto, las comunidades, que son lo más importante para poder establecer estos planes y estas estrategias de prevención. Esto va alrededor de rutas de atención, capacitación, monitoreo y el enfoque intercultural, que es lo más importante". Tras haber superado con éxito sus primeros debates en la Cámara de Representantes en abril de 2025, el proyecto se prepara ahora para su tercer trámite en la Comisión Primera del Senado. El reto actual es que la iniciativa mantenga su prioridad en la agenda legislativa y cuente con el respaldo de la comunidad internacional para convertirse, finalmente, en Ley de la República. La voz de las mujeres Emberá El corazón del proyecto ha sido la participación de las propias mujeres indígenas, específicamente de la comunidad Emberá, quienes han decidido romper el silencio generacional para proteger a sus hijas. Alexandra Vásquez destaca este vínculo como el motor del cambio: "Yo creo que lo más bonito del proyecto de ley que hemos venido trabajando desde el Congreso de la República es la vinculación de las mujeres de la gran nación Emberá, quienes han sido las que nos han dicho: 'no queremos que a nuestras niñas les pase lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotras hemos vivido'. Una lideresa de la comunidad Emberá nos decía en el Congreso: 'No se trata de imponer, sino de caminar juntos'".

La filial de una compañía de Hong Kong, que operaba dos puertos del canal de Panamá, anunció que activará un arbitraje judicial, luego de que el gobierno panameño anulara los contratos de concesión. La decisión provocó una airada reacción de China, que advirtió que Panamá pagaría un alto precio por la medida. Por su parte, Estados Unidos aplaudió la decisión, en medio de la disputa entre ambas potencias por el control de esta vía estratégica para el comercio. Panama Ports Company sucursal de CK Hutchison Holdings va a impugnar la decisión de la justicia panameña y acusa al país de causarles grandes daños económicos y, al igual que China, de haber tomado una decisión política. “Hay cuatro contratos de concesiones portuarias, todos ellos contemplan una cláusula de arbitraje. Una cláusula que establece que el arbitraje se llevará a cabo según las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio. Lo importante en el caso de Panamá es que luego del fallo de la Corte, dado que los puertos de Balboa y Cristóbal son importantes en el movimiento portuario en Panamá se haga una coordinación, una transición que cause el menor perjuicio a los clientes”, afirma Rommel Troesch, que fue presidente de la Cámara Marítima de Panamá durante la expansión del canal. El arbitraje puede tardar años en resolverse y esto puede alterar el tránsito en un punto estratégico para el comercio mundial, y con Estados Unidos y China como principales clientes     “El tema es tan complicado por el impacto que tiene cualquier caída en la productividad de Balboa y de Cristóbal y no está del todo claro porque el Estado no ha aclarado si ya se llegó a un acuerdo con la compra del equipo móvil portuario porque frente a la declaración de inconstitucionalidad, la infraestructura física pasa al país que empieza a administrarlo. Pero el Estado no tiene equipos portuarios, un puerto no es nada más un muelle, si no se tiene el equipo móvil que mueve la carga y la descarga de los barcos, el puerto se convierte en una facilidad inerte”, teme Rommel Troesch. Por los puertos de Panamá se movieron 9,9 millones de contendores en 2025, un máximo histórico. Es el centro de trasbordo más grande de América Latina y un eje logístico vital. “Hay un golpe a la seguridad jurídica de los inversionistas y esto va a tener un impacto internacional porque todo aquél que quiera firmar contratos con el Estado tiene que meditar que esto está ocurriendo, para Panamá lo más importante es mitigar el impacto en la actividad portuaria. Balboa y Cristóbal se van a volver a licitar, es una oportunidad para un reordenamiento y hacer una oferta diferente al mercado”, insiste el ex presidente de la Cámara Marítima de Panamá. El gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reunieron la víspera por primera vez desde que Trump llegó a la Casa Blanca, tras un año de reproches mutuos y enfrentamientos. La cita se produjo un mes después de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y con temas prioritarios como el petróleo y la lucha contra el narcotráfico. Dada la historia de desencuentros y reproches mutuos, el encuentro entre Trump y Petro puede abrir la puerta para reconfigurar la relación bilateral. Isaac Morales, analista y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que esto es fruto del trabajo del equipo colombiano, que trata de mostrar los avances del país en la lucha contra el narcotráfico. "Esta reunión de Petro con el presidente Trump es importante porque es el culmen de una agenda que han tenido los equipos del Gobierno de Colombia. Al gobierno de Estados Unidos le interesa muchísimo el avance en la lucha contra las drogas, por el hecho de que Colombia para ellos sigue siendo el segundo mayor productor de cocaína en el mundo; de hecho, lo es. También ha habido unos esfuerzos institucionales bastante grandes para poder orientar la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos. Ir a Washington a vender una agenda de lucha contra las drogas implica también mostrar los avances en el programa de erradicación de cultivos, así como las incautaciones que ha habido recientemente", dice Morales. Segundo mayor productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo de coca. La lucha contra el tráfico de drogas es una de las prioridades de Trump. El petróleo es otro de los temas clave en las relaciones bilaterales que se construyan a partir de ahora. ¿Qué puede ofrecer Colombia a Estados Unidos?  "También creo que es importante lo que Colombia le puede ofrecer a Estados Unidos, sobre todo en esta dinámica de acceso a materias primas y recursos naturales, lo cual interesa al Gobierno del presidente Trump. Colombia no puede llegar al nivel de lo que puede ofrecer Venezuela en cuanto a reservas de petróleo, pues Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Colombia tiene reservas, pero no al mismo nivel. Esto va muy asociado a esos dos temas: la agenda contra las drogas y la posibilidad de obtener materias primas y recursos naturales". La cita Trump-Petro tuvo lugar cuando a Gustavo Petro le quedan solo un par de meses en el poder. ¿Qué impacto puede tener esta reunión antes de esas elecciones en las que la izquierda es favorita? "Al presidente Petro le quedan seis meses de gobierno. Si es una persona inteligente y capaz de pensar en este país como representante de este país, también podría encontrar la forma en la que podría dejar abierta la puerta para una eventual relación del gobierno Trump con el nuevo gobierno que salga elegido. En cuanto a una posible intervención en las elecciones en Colombia, no creo que sea un tema que se toque directamente diciendo que el Gobierno colombiano preferiría que no hubiera intervención. No necesariamente una intervención directa, pero sí una influencia. El tema electoral seguramente también es una preocupación de la agenda colombiana", concluye Morales. 

Con ocasión del primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, preguntamos a dos especialistas si la administración Trump está logrando las etapas que había detallado el secretario de Estado Marco Rubio para la era pos-Maduro: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Entrevistados: Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, y el diplomático Víctor Rodríguez Cedeño. El tema de la transición en Venezuela fue abordado por la jefa de la misión estadounidense en Caracas, Laura Dogu, en la reunión que sostuvo la víspera con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En una publicación en X, la embajadora Laura Dogu indicó que presentó las fases que diseñó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, para Venezuela: "estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición". Maduro fue depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses, que bombardearon la capital venezolana y regiones vecinas el pasado 3 de enero. Un mes después, ¿se puede decir que se empiezan a observar cambios estructurales hacia la transición democrática del país? Las etapas señaladas por Rubio están teniendo "una suerte dispar", según Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Dudas sobre la transición   "La estabilidad, por ahora, se ha logrado. Por ahora se ha evitado una campaña de terrorismo por parte de los criminales, los cuales podrían temer perder sus posiciones. En cuanto a la reactivación, yo creo que estamos haciendo lo fácil, es decir, entregas de petróleo, operaciones que requieren una inversión limitada, operaciones menores, etc. Vamos a ver que se realizan ciertas cosas fáciles, lo que da una apertura limitada. Pero no van a regresar los 9 millones de venezolanos, ni van a reactivar la economía, ni vamos a restaurar los 8 millones de barriles de petróleo al día prometidos por Hugo Chávez. Y en cuanto a esa tercera parte, transición, creo que esto es quizás lo más improbable. Creo que vamos a volver al juego que Jorge Rodríguez y otros ya jugaron con la administración Biden, con Juan González [principal asesor del presidente Biden para América Latina], con muchas otras personas antes, y esto desde siempre. Yo tengo mis dudas sobre hasta cuándo vamos a llegar en esta transición, lo cual es una etapa muy importante para los venezolanos". En cuanto al impacto en la región, el diplomático Víctor Rodríguez Cedeño (exrepresentante de Venezuela ante la ONU) afirma que la extracción de Maduro viene a destapar que la situación venezolana no era un problema exclusivo de los venezolanos. También ha demostrado que tiene un impacto hemisférico-regional en materia de seguridad, migración y economía. Posible impacto en Cuba y Nicaragua  "Hemos visto cómo en el proceso de democratización de la región Venezuela juega un papel importante. Ahí tenemos ya, por ejemplo, los anuncios políticos en relación con Cuba y Nicaragua. Creo que ha habido un avance importante también [con esos países]. Eso es lo que ha permitido incluso que algunos gobiernos de países como Brasil y Colombia, por ejemplo, que han sido muy radicales a favor de Maduro, no hayan sido tan críticos extremos con la posición de los Estados Unidos, la cual ha sido totalmente novedosa con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Es la primera transición, un proceso de transición inédito en el sentido de que las partes trabajan, pero es un proceso impuesto más bien por un actor externo". Desde el pasado 3 de enero, Venezuela apunta a un horizonte incierto en mitad de una fase intermedia, abierta y dependiente de los Estados Unidos. Mientras, millones de venezolanos que migraron dudan en regresar al país, planteándose si esta nueva etapa atiende realmente a una transición democrática o a una reconfiguración del poder interno.

En una entrevista con Radio Francia Internacional, el ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal de Paraguay, detalla los alcances de la nueva Ley 7513/25. Con ella se "establecen los mecanismos para promover el bienestar de los animales y el marco jurídico para su protección integral". Esta legislación no sólo endurece las penas de cárcel para los agresores, sino que cambia el estatus jurídico de los animales que dejan de ser objetos para convertirse en "seres sintientes". Con la promulgación de la Ley 7513/25 Paraguay se alinea con las tendencias globales de derecho animal al reconocer legalmente que los animales no son cosas, sino individuos con capacidad de sentir. El ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, explica que este logro es el resultado de un intenso trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, legisladores y organizaciones civiles. Sin embargo, el camino no fue sencillo, especialmente al intentar introducir el concepto de "sintiencia" en el debate legislativo. Uno de los pilares de esta ley es la declaración de los animales como seres "sintientes", un término que enfrentó resistencia inicial en el Congreso. Según explica Rubín, este cambio terminológico tiene implicaciones legales profundas: "En la primera propuesta que hicimos nosotros en la dirección pusimos 'seres sintientes' y se nos pidió poner realmente luego 'seres vivos a los cuales hay que proteger del dolor', porque no querían en principio poner seres sintientes. Por fin logramos que en la ley sean declarados así. Esto en un estatus jurídico transforma a los animales: en lugar de objetos, son sujetos de derecho. Por ejemplo, a la hora de un maltrato, no solo tenemos en cuenta el daño físico, sino también valoramos el terror que pueden haber pasado, la ansiedad prolongada y el hecho de que son conscientes de su entorno. Seres sintientes significa que se valora si tienen el hábitat correcto, si pueden respirar, que no estén atados bajo el sol, la lluvia o el frío. No estamos 'humanizando', estamos reconociendo algo que es real y está comprobado: sienten, padecen, sufren y tienen ansiedad". La nueva legislación paraguaya establece una estructura de sanciones que distingue entre faltas administrativas y delitos penales. Mientras que la Dirección Nacional se encarga de las multas en casos leves, los episodios de crueldad extrema o muerte ya son competencia de la justicia penal, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. "Esta Ley 7513/25 es como si estuviera dividida en dos partes. En las sanciones leves o menos graves, nosotros como dirección aplicamos directamente el expediente sancionador con multas administrativas. Cuando hablamos de crueldad extrema o gravedad, donde termina falleciendo el animalito, ya pasa al Ministerio Público. La Fiscalía asume el rol de ordenar detención, imputación y pedir elevar a juicio. En este momento, está estipulado que hay diferentes penas: dos años, cuatro años con agravantes y, con la muerte del animalito, son seis años de cárcel. Lo que nosotros demandamos ahora es ver efectivamente en la cárcel a los maltratadores y asesinos; eso todavía es una deuda pendiente". Registro de agresores y educación obligatoria Más allá del castigo, en Paraguay se busca prevenir la violencia. Se ha creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, basándose en la premisa de que quien maltrata a un animal es un peligro potencial para la sociedad en general. Además, la normativa obliga a incluir el bienestar animal en el sistema educativo nacional. "Hemos creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, donde van a parar todas las personas que hayan sido sentenciadas o sancionadas. Buscamos prevención y control; el que maltrata a un animal está a un paso, si no lo hizo ya, de maltratar en el entorno familiar o social. No se puede separar el maltrato animal del maltrato general. Además, hemos logrado que en el artículo cinco de nuestra ley sea obligatorio hablar y poner como materia el bienestar animal en toda la extensión educativa del Paraguay. Toda la malla curricular paraguaya, ya se está trabajando con el ministerio de educación, tiene que incluir el bienestar animal desde los niños hasta los más adultos". Bienestar en animales de consumo y el fin de los espectáculos crueles La ley no se limita a perros y gatos. Aunque existe otra institución para el ganado, la Dirección de Bienestar Animal ahora tiene el mandato de vigilar que los animales de producción sean tratados con dignidad, incluso en el transporte y el sacrificio. Por otro lado, el ministro Rubín fue enfático en su postura contra las tradiciones que implican sufrimiento, como las corridas de toros o las peleas de gallos, las cuales espera que sean prohibidas bajo el amparo de esta nueva visión legal: "Nosotros creemos realmente que todo lo que tenga que ver con la corrida de toros es maltrato. Si estás declarando a los animales seres sintientes, la diversión de los humanos no quiere decir que ellos se diviertan. Para nosotros, ellos pasan estrés, sufrimiento y miedo. Estamos luchando fervientemente para que lo que ya existe hoy en día sea derogado. No somos partidarios de que los animales sean utilizados en espectáculos públicos. Eso de que no sufren no lo creo; no hay casi ningún veterinario que certifique eso. Nuestros veterinarios han documentado cómo pasan terror ante estos espectáculos". Conozca la ley 7512/25 de Paraguay: 

La candidata favorita para las presidenciales de este domingo en Costa Rica, Laura Fernández, inquieta a ciertos sectores de la sociedad por el carácter populista de su campaña, centrada en la seguridad, la Iglesia y la familia, si bien numerosos electores están de acuerdo con la "mano dura" que propone, en particular, su proyecto de megacárcel. Informe desde Costa Rica de Marie-Aimée Copleutre, corresponsal regional de RFI. Costa Rica acude a las urnas este domingo. Un total de 3,7 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir presidente y a los 57 diputados del Poder Legislativo. En la contienda participan 20 candidatos, entre ellos la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, representante de la derecha conservadora y favorita en los sondeos. Es considerada como la heredera política del presidente saliente, Rodrigo Chaves. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Laura Fernández lidera la intención de voto con un 43,8 %. Aunque no se descarta una victoria en primera vuelta, la elección sigue abierta y el país aparece dividido en torno a su candidatura. Además, algunos sondeos advierten sobre una posible alta abstención. Hace cuatro años, esta alcanzó el 43 %, una cifra histórica en el país. Se trata, por tanto, de una elección marcada por la incertidumbre, con cerca del 30 % del electorado aún indeciso. En las calles de San José, algunos capitalinos aseguran que votarán por la candidata oficialista. Es el caso de Bryan. "Lo que he escuchado es que es la candidata que más promete. Y sí, yo siento que hace falta un cambio, porque vamos de mal en peor". El modelo Bukele se mete en la campaña  Cada vez más costarricenses denuncian el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la violencia. En seis años, la tasa de homicidios pasó de 11 a 17 por cada 100.000 habitantes. En este contexto, la candidata oficialista apuesta por replicar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, incluida la construcción de una megacárcel. Una postura que cuenta con el respaldo de parte de la población, como Patricia: "Todos estamos de acuerdo en que se haga [la megacárcel]. Lo que queremos es que se ponga mano dura. Hay que hacer algo". Este posible giro político genera preocupación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en particular los movimientos LGBTIQ+, que denuncian un clima de opresión bajo el actual gobierno. Francisco Madrigal Ballesteros, director del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ+ para Centroamérica, explicó a RFI: "Los gays y las lesbianas en Costa Rica hemos sentido en estos cuatro años, siendo costarricenses, un deterioro muy agresivo. Hay mucha violencia contra las poblaciones LGBT y esa violencia se ha incrementado. El odio, la discriminación y la xenofobia han aumentado en Costa Rica paralelamente al auge de estos discursos de odio". El sector turístico, que representa cerca del 8 % del PIB, también se mantiene en alerta. Para Eric Gómez, gerente de una empresa turística familiar, Laura Fernández carece de un plan sólido para esta actividad clave de la economía. "Laura Fernández, desde el oficialismo, habla de que va a ayudar mucho al turismo, pero en este gobierno eso no se refleja. Nosotros no vemos esa ayuda y esto nos está perjudicando mucho. Antes teníamos dos o tres personas más trabajando con nosotros. Hoy estamos obligados a hacerlo todo y no podemos pagar un salario más, porque el dólar ha bajado mucho. Hemos perdido alrededor de un 30 % del valor del dólar frente al colón y eso nos afecta gravemente", concluye.

La candidata oficialista de derecha Laura Fernández, apoyada por el presidente costarricense Rodrigo Chaves, es la favorita para imponerse en las presidenciales del domingo 1° de febrero, una elección marcada por los temas de seguridad y violencia. Fernández podría ganar en primera vuelta, aunque nuestros entrevistados, los politólogos Ilka Treminios y Ronald Alfaro, estiman que nada está escrito.  Este domingo Costa Rica celebra comicios para elegir presidente y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa. Hay un abanico de 20 candidatos, pero la favorita según las encuestas es la candidata oficialista Laura Fernández, que registra un 43,8 % de intención de voto, según una reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Ese dato es monumental para un país de 5,2 millones de habitantes, donde con una mayoría relativa del 40 % en las urnas se puede acceder a la presidencia. La analista política Ilka Treminios, profesora de la Universidad de Costa Rica, estima que el rol del presidente saliente Rodrigo Chaves en la popularidad de Fernández explica en buena medida ese favoritismo. Fernández, arrastrada por la popularidad de Chaves  "Laura Fernández tiene la ventaja de que el presidente Chaves está cerrando el periodo de gobierno con una popularidad elevadísima, prácticamente nunca vista. Además, tiene una ventaja adicional: la Presidencia ha puesto a disposición [de ella] recursos tanto del poder como institucionales a favor de la campaña. [Ha habido] apariciones públicas de respaldo del presidente, así como de otras figuras clave de este Gobierno, que también gozan de mucha popularidad. Adicionalmente, hay un llamado de parte del Ejecutivo desde hace muchos meses para que las personas voten y elijan 40 diputados afines. Se busca crear un efecto arrastre, un escenario de mayoría legislativa, que en el caso costarricense hace muchísimos años no tenemos, pues siempre contamos con una Asamblea muy fragmentada", concluye Treminios. La candidata de derecha Fernández ha prometido mano dura en materia de seguridad, pero no es la única. La lucha contra la violencia y el crimen organizado ha sido el eje principal de esta campaña. Costa Rica, que fue durante años uno de los países más seguros de Latinoamérica, registra ahora una media de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras cercanas a las de Guatemala o Brasil. El investigador y politólogo Ronald Alfaro destaca el rol del narcotráfico en este giro para la nación centroamericana. Costa Rica vive una crisis de violencia e inseguridad  "Costa Rica enfrenta actualmente una crisis de violencia e inseguridad que se refleja, sobre todo, en el aumento de homicidios. A esto se suma la presencia creciente del crimen organizado y el trasiego de drogas, fenómenos que antes no tenían el peso que tienen hoy en el país. En el pasado existía principalmente un mercado local, pero ahora Costa Rica no solo funciona como punto de tránsito para el narcotráfico internacional, sino que también se ha convertido en territorio donde se mueve y distribuye droga. Esta situación ha puesto en serios aprietos a las autoridades. El Gobierno no ha logrado articular una estrategia efectiva para enfrentarlo, aunque sí ha mostrado habilidad para desviar la atención pública hacia otros temas, especialmente de cara a las próximas elecciones".  Una continuidad que parece posible según las encuestas, pues detrás de Fernández hay candidatos con apenas un 5 % y un 8 % de intención de voto. No obstante, ambos analistas coinciden en que nada está dicho y que el porcentaje de indecisos, estimado en un 30 %, aún podría hacer la diferencia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo una audiencia en el Senado este miércoles para brindar declaraciones sobre Venezuela tras la intervención del pasado 3 de enero. El republicano aseguró que los planes en el país hacia una transición democrática iban más rápido de lo esperado, aunque algunos analistas se muestran escépticos. El plan de Estados Unidos para Venezuela está claro, según las palabras del secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado. Washington permitirá que el país sudamericano venda pronto petróleo y esos ingresos estarían dedicados a cubrir los costos de la policía, atención médica y otros servicios. Eso sí, bajo la supervisión del Gobierno estadounidense, que además controlaría a corto plazo los fondos para garantizar la estabilización del país. “No hay interés de empujar esta transición” En poco tiempo “estamos más avanzados de lo que esperábamos”, señaló Rubio al mostrar una confianza total en dicho plan. Pero analistas geopolíticos, como Solange Márquez, profesora de la UNAM de México, aseguran que esta transición hacia la democracia aún está lejos. “Creo que no está en las prioridades de Estados Unidos hoy la transición a la democracia en Venezuela. Y creo que el hecho de que Estados Unidos haya precisamente priorizado el mantener a este gobierno interino y la relación económica y energética con Venezuela, nos da precisamente esa pauta. Creo que no hay interés, por lo menos en el mediano plazo, de empujar esta transición”, estima Márquez. En efecto, el llamado gobierno interino de Venezuela es el mismo de Nicolás Maduro, acusado de fraude en las pasadas elecciones. “Hoy vemos que no hay justificación” De momento, se ven avances en la liberación de presos políticos y poco más, indica Márquez, quien recuerda que la intervención estadounidense en Venezuela es inédita no solo por la operación en sí, sino por su mecanismo de control. “Sí, ha habido control por parte del Gobierno de Estados Unidos en ciertas intervenciones que se han dado, Afganistán, por ejemplo, Irak también. Sin embargo, no de una manera tan abierta, no de manera tan tácita. Cambia la narrativa de parte del Gobierno de Estados Unidos: en los otros momentos históricos que hemos vivido de intervención de Estados Unidos, ha tenido en muchos casos resultados desastrosos, pero ha tenido una cierta justificación”, considera la analista. “Hoy vemos algo muy distinto, hoy vemos que no hay justificación, pero tampoco hay un interés de parte del Gobierno de Estados Unidos de justificar esta intervención y, muy por el contrario, de sí establecer claramente que ellos son los que están mandando, especialmente por parte del propio presidente Donald Trump”, subraya Márquez. Los demócratas y algunos republicanos presionaron a Rubio para obtener más respuestas sobre el manejo del crudo venezolano, temiendo que dicha política esté condenada al fracaso. Mientras tanto, Rubio descartó otro tipo de intervención, destacando las buenas relaciones con la exvicepresidenta de Nicolás Maduro.

El político de derecha apoyado por Donald Trump, Nasry Asfura, asumió este 27 de enero como presidente de Honduras. Se comprometió a reactivar la economía con austeridad y combatir la inseguridad, aunque no mencionó ni la lucha anticorrupción ni el narcotráfico. Dos grandes lastres que enfrenta la nación centroamericana. Honduras se encuentra en la lista de países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 23 por cada 100.000 habitantes. Aunque es baja en relación a las registradas en años anteriores, la nación sigue sumergida en una ola de violencia con bandas criminales y extorsiones. Ganar la confianza de los hondureños Al asumir, Nasry Asfura prometió seguridad, pero no mencionó dos ámbitos claves: la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Una corrupción que sacudió por años su partido político, por lo que ganar la confianza de los hondureños será clave. “Recordemos que el proceso electoral no fue lo mejor. Fue un proceso precario en la seguridad del manejo de los resultados, de los datos, pues se ha creado un ambiente no bastante positivo, diría, para el electorado, cuestionado por el Partido Liberal en sus resultados. Yo creo que el presidente va a tener que crear confianza rápidamente”, señala el economista y político José Luis Moncada. Según se lee en la posesión de Asfura, su principal objetivo es mejorar la economía con austeridad, empleo y atrayendo la inversión, indica el analista político Sergio Vélez: “La condición con la cual está iniciando es trabajo, trabajo y más trabajo. Buscar un impulso en cuanto a las situaciones del turismo, traer inversión extranjera, llevar el proceso de devolverle a ese grupo necesitado, como son los jóvenes, la oportunidad de un empleo digno, y buscar en alguna medida depurar el Estado”. “Un nuevo bipartidismo” Aunque el aliado de Trump ganó los comicios con una débil mayoría legislativa, una alianza con el Partido Liberal de su excontrincante Salvador Nasralla parece que le asegurará gobernabilidad: “La elección del presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue el resultado de una negociación con el Partido Liberal, que tiene 41 diputados. Ellos tienen 49. Esto suma en 90 votos que hacen una mayoría simple para poder aprobar muchos decretos”, precisa Moncada, que también pertenece a este partido. “Depende de la agenda que se tome. Yo diría que se va a tener que mantener un diálogo permanente, a ver cuánto dura la luna de miel y esperamos que realmente haya una madurez política entre lo que yo llamo un nuevo bipartidismo”, agrega. Asfura gobernará Honduras hasta 2030 y son muchos los retos, pero de momento parece que se concentrará en la recuperación económica y en ganar la confianza, tras unos comicios llenos de acusaciones. 

El presidente estadounidense Donald Trump bajó el tono este 26 de enero ante la tensa situación en el estado de Minesota, y aseguró que no quiere gente "herida o muerta" durante las protestas, aunque pidió que cesen "la resistencia y el caos". Con la AFP y entrevistas de Carlos Pizarro Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, Trump anunció en su plataforma Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minesota, Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y prometió diálogo. "Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", dijo en alusión al gobernador. Trump también anunció el envío de su "zar" contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación. Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunirá el martes con el alcalde de Mineápolis, Jacob Lawrence Frey, explicó Trump. El presidente no quiere ver gente "herida o muerta en las calles de Estados Unidos" aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Al mismo tiempo, Trump quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país.Salida de agentes "Estamos exigiendo al alcalde de Mineápolis, al gobernador y a todos los líderes, que lo que tiene que irse y la violencia que se tiene que parar es la violencia que está causando el Estado y que está causando la migra. Porque cuando el pueblo está viendo la violencia, estamos saliendo y estamos exigiendo acciones reales de nuestros líderes en contra de la violencia que está perpetuando el Gobierno federal. Y que entiendan que no pueden solo salir de acá para repetir la misma violencia en otros estados y ciudades", dice a RFI Erika Zurawski, cofundadora del Comité de Acción de Derechos para Inmigrantes de Minnesota. Frey anunció el lunes que "algunos agentes federales" se irán este martes de Mineápolis. "Seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación", escribió. El funcionario informó más temprano que habló con Trump y que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar". Según medios de comunicación estadounidenses, el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonará Mineápolis, pero el Gobierno desmintió esas versiones de prensa. Bovino "no ha sido relevado de sus funciones", dijo en X la portavoz del DHS Tricia McLaughlin. Rechazo en el Partido Republicano Los asesinatos ocurridos en Mineápolis han encendido un fuerte rechazo dentro del Partido Republicano y han fragmentado a los aliados independientes que tenía Trump para afrontar las elecciones de medio término. "Sí existe esta posible ruptura. Las acciones que está tomando el presidente Trump son extremadamente polarizantes. Lo que está pasando aquí es que la coalición política que llevó al presidente Trump a ganar esta última elección está siendo fracturada por muchos frentes. Y aunado a esto, tenemos que el Partido Republicano en el Congreso y obviamente el Congreso está totalmente inactivo, inexistente, sin hacer absolutamente nada en cuestiones legislativas", explica a RFI el politólogo de la Universidad de Houston, Jeronimo Cortina. La lucha contra la inmigración ilegal fue una promesa central de la campaña de Donald Trump, pero las encuestas muestran un creciente rechazo público en la forma en la que se está implementando esta política. En la última encuesta realizada el pasado fin de semana por Reuters Ipsos, solo el 39% de los estadounidenses aprobaban la labor de Trump en materia de inmigración, mientras que el 53% la desaprueba, según el sondeo.

El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. RFI analiza la situación con Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime. La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. "Lo que hemos visto en el último año es un repunte claro de la violencia, tanto entre pandillas rivales como en su confrontación directa con el Estado. Las pandillas han protagonizado motines y fugas carcelarias, sobre todo como respuesta a los intentos del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de aislar a sus líderes, que en su mayoría están presos" ha afirmado Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime, en la antena de RFI  El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo, caracterizada inicialmente por un perfil moderado, ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. Este cambio de rumbo pone a Guatemala en una tendencia latinoamericana de políticas de control estricto, cuyo impacto a largo plazo sigue siendo objeto de análisis debido a los precedentes en países vecinos.  "Guatemala empieza a transitar una ruta que ya han seguido otros gobiernos de la región apostando por  las políticas de mano dura para intentar reducir la violencia interna" dice Alex Papado Basilakis en RFI añadiendo que "es una estrategia que ha tenido resultados desiguales y cuyo impacto real depende de cuánto tiempo se mantenga y de qué controles se establezcan. En su país vecino, El Salvador, ha habido muchos señalamientos de infracciones en los derechos humanos de las personas capturadas, así que también hay cuestiones sobre la viabilidad de esas políticas en el largo plazo" Actualmente, Organismos internacionales mantienen bajo observación las denuncias por violaciones a derechos humanos registradas en El Salvador bajo regímenes similares, mientras que el gobierno guatemalteco busca  aislar a los líderes de las pandillas recluidos en los centros penales del país.  La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno. Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.

Guatemala vive desde el principio de la semana bajo estado de sitio, que fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas tras el asesinato de 10 policías y motines en las cárceles. Pero lo que parece una guerra contra el crimen organizado tiene un trasfondo mucho más complejo. Militares armados patrullan los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala, como respuesta directa al asesinato de 10 policías a manos de la pandilla Barrio 18. Una masacre que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio. “Pacto de corruptos” “Esta situación que se está enfrentando en Guatemala la leemos como una situación no solamente de acciones de las maras, ahora llamadas terroristas por una ley que acaba de aprobar el Congreso, sino también por el hecho de que es una acción política en el contexto de que en este momento Guatemala está entrando en el proceso de cambio de las direcciones de las instituciones que son el Ministerio Público, que son la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Y estas tres que son fundamentales, están ahora tomadas por lo que llamamos el ‘Pacto de corruptos'”, explica a RFI Sandra Morán, ex diputada de la Comisión de Derechos Humanos (2016-2020) y una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. El Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta en efecto una estructura que los analistas llaman el “Pacto de corruptos”, un modelo de corrupción con varios integrantes que involucra a diversos sectores de la sociedad. En el centro de la polémica está la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha intentado bloquear al mandatario desde su llagada al poder. “Una acción política” “Lo leemos como una acción no solo delictiva, sino también política, por las relaciones que han tenido las maras con las redes político-económicas, que en Guatemala han estado moviendo las elecciones y que el Gobierno de Arévalo se enfrentó a ello y se sigue enfrentando porque son quienes lo han estado atacando desde que ganó en 2023”, comenta Sandra Morán.  El despliegue militar busca capturar a los responsables de los ataques del fin de semana, ocurridos en represalia por la retoma de tres cárceles. Mientras los soldados montan puestos de control en la periferia norte de la ciudad, el Congreso ha ratificado la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, permitiendo detenciones sin orden judicial. Para Morán, la violencia es el síntoma de una disputa feroz entre dos modelos de país: “Creemos que esta disputa que hay de poder entre la gente como nosotros, que queremos procesos democráticos, justicia, acabar con la impunidad, y los que han estado sosteniendo y manteniendo la criminalización, la impunidad y la corrupción, esta disputa que está bien clara, es lo que da el marco para esta acción delictiva de las maras”, estima. Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anunció la captura de 23 pandilleros pertenecientes a la mara Salvatrucha y al Barrio 18.

Energía eléctrica, medicamentos, maquillaje y cuidado de la piel, son algunos de los productos que más exporta Colombia hacia Ecuador y que tendrán un arancel del 30% a partir del 1 de febrero. Desde Davos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que todas las exportaciones desde el vecino país tendrán esa tasa porque considera insuficiente el compromiso de Colombia con la cooperación bilateral en materia de seguridad. Colombia es el tercer país que más exporta productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano, detrás de China y Estados Unidos. Si el arancel del 30% a todos los productos colombianos entra en vigor el 1 de febrero, como lo anunció el presidente Daniel Noboa, varios políticos ecuatorianos temen que en realidad su país sea el más afectado.   “Puede ser muy grave” “Ojalá Colombia no tome la misma medida, que es lo que se acostumbra en estos casos, porque sería una situación mucho más perjudicial para el Ecuador. Hay que ver qué es lo que nosotros vendemos y qué es lo que ellos venden. Nosotros vendemos barcos, vendemos madera, vendemos preparados de pescado y ellos, en cambio nos venden productos farmacéuticos, medicinas, plásticos, es decir, productos terminados. Si Colombia toma una medida similar, pueden encarecerse”, explica a RFI el parlamentario andino Virgilio Hernández. ACTUALIZACIÓN: Leer tambiénLa guerra comercial entre Ecuador y Colombia se profundiza con nuevos aranceles y medidas “Además, Colombia nos ha vendido en los momentos más difíciles energía. Nos ha llegado a vender hasta 450 megavatios de energía y en estas últimas semanas precisamente Colombia estaba trabajando en un reglamento que permita que las operadoras privadas vendan energía a Ecuador. Es una energía que además no ha podido ser reemplazada porque el Ecuador no ha generado en estos últimos meses ni en estos últimos años energía termoeléctrica ni de ninguna otra naturaleza. Por lo tanto, esto puede ser muy grave lo que puede suceder en esa materia”, indica.  Comunidad Andina Para Hernández, hay otra vía más diplomática para solicitarle al Gobierno colombiano que aumente su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad: “El presidente Daniel Noboa es presidente pro tempore en este momento de la Comunidad Andina de Naciones. Lo que debía haber hecho es convocar a una reunión de emergencia del Consejo Presidencial Andino e incluso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar de forma inmediata y poder llegar a acuerdos”, estima. La seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador enfrenta una crisis creciente debido a la actividad de disidencias de las FARC, como los "Comandos de la Frontera", a quienes se atribuye el tráfico recurrente de grandes cargamentos de droga. La amenaza también incluye ataques contra la fuerza pública, destacando el asesinato reciente de 11 militares ecuatorianos en operativos contra la minería ilegal en la Amazonía. Los 10 productos que más exporta Colombia a Ecuador son: energía eléctrica; medicamentos dosificados; insecticidas, raticidas y antirroedores; vehículos para transporte de mercancías; hilos, cables y conductores aislados para electricidad; productos para el cabello; productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel; azúcar de caña; aceites de petróleo; agentes de superficie orgánicos (utilizados para crear productos de cuidado personal, agricultura o industria textil). Otros productos son café, artículos plásticos para envasado o vehículos para turismo.

Un especialista explicó a RFI por qué los incendios forestales en el sur de Chile se han propagado con tanta rapidez, en una emergencia que ha dejado al menos una veintena de muertos y ha devastado casi 50.000 hectáreas de bosque. Entrevista a Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción. Damnificados claman en Chile por ayuda entre las ruinas que dejan los voraces incendios forestales en el sur del país, que han causado hasta ahora 20 muertos, mientras el gobierno considera que algunos podrían tener origen intencional. Las altas temperaturas cedieron el martes y dieron un respiro a los bomberos que luchan por sofocar las llamas. Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. En particular, en la Región del Biobío vuelve a ponerse el foco sobre la vulnerabilidad de este territorio. ¿Por qué el fuego se ha propagado con tal ferocidad? Varios analistas advierten que no se trata solo del clima, sino también de un tipo de paisaje que se ha convertido en una trampa. Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción, explicó a Pauline Gleize, periodista de RFI, que casi la mitad de la región del Biobío está cubierta por plantaciones industriales. Esta situación, sumada a otras condiciones como la megasequía que afecta desde hace más de una década al centro y sur de Chile, facilita la propagación del fuego. "En nuestra región del Biobío tenemos aproximadamente el 40% de la superficie total cubierta por monocultivo forestal, es decir, pino radiata y eucaliptus globulus. Son vastas extensiones de territorio donde existe una continuidad del combustible, el cual se encuentra estresado por condiciones asociadas a la crisis climática. También hay un trasfondo ligado a la megasequía y al descenso de la humedad, lo que hace que el combustible esté más estresado y que, cuando se produce una ignición, el incendio se propague de forma vertiginosa", señala. El mayor problema es el monocultivo forestal  El geógrafo indicó que el problema de base en la región es el dominio abrumador del monocultivo forestal. "En condiciones de continuidad horizontal y vertical, y sin un manejo adecuado de las plantaciones de monocultivo forestal, la ignición pasa rápidamente desde el suelo a las copas de los árboles y, desde ahí, se extiende de manera horizontal a lo largo de cientos de miles de hectáreas", subraya. Félez-Bernal explica que las masas de bosque nativo también se queman, pero lo hacen de una manera diferente, ya que no arden con una intensidad tan elevada. "Tenemos muchos tipos y subtipos de bosque nativo. Existen formaciones forestales esclerófilas que están, en cierta forma, más adaptadas a sufrir estas condiciones de estrés en verano y, por lo tanto, son proclives a frenar en cierta medida el avance de los incendios, porque en esa estación están más latentes. También está el caso de las formaciones asociadas a la Araucaria araucana, la especie más emblemática de esta parte del país, que ha sido capaz de evolucionar con el fuego para tratar de frenar el avance de las llamas". Según cálculos iniciales basados en FIRMS —el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos, un sitio web gratuito de cartografía de incendios ofrecido por la NASA y citado por Jorge Félez-Bernal—, el 80% de la superficie quemada corresponde a monocultivo forestal y cerca del 8% a bosque nativo. El propio geógrafo advirtió, no obstante, que no se trata de cifras exactas.

A un año del inicio del nuevo mandato de Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan una etapa de fuerte deterioro, marcada por presiones en materia de seguridad, comercio y migración, así como por amenazas inéditas desde Washington, advierte un especialista de la UNAM. En medio de múltiples amenazas estadounidenses, incluida una posible operación militar en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, México y Estados Unidos atraviesan un “momento diplomático muy difícil”, dijo a RFI Javier Rosiles Salas, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de un año de negociaciones en materia de seguridad, comercio y migración, México sigue siendo un vecino incómodo para la administración Trump. En los últimos días, Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que permita a fuerzas militares atacar laboratorios de fentanilo.La próxima reunión entre ambos países tendrá lugar el próximo mes en Washington, cuando el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se entreviste con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de seguir implementando acciones que fortalezcan la cooperación en seguridad y de obtener resultados significativos en el combate a los cárteles. Las relaciones bilaterales se han deteriorado de manera considerable, estima Javier Rosiles Salas. "Las relaciones entre México y Estados Unidos están quizá en uno de sus peores momentos. Hay muchas amenazas provenientes de Estados Unidos. El asunto es que algunas de esas amenazas, que no se habían cumplido, como en el caso de Venezuela, ahora hemos visto que sí se cumplen. Esto suscita bastante incertidumbre para un gobierno que está al frente de un país muy complejo, con muchos problemas, como es México, cuyos principales desafíos son la inseguridad y la desigualdad. Un gobierno que está interesado en combatir esos problemas ahora tiene que enfrentarse a un gobierno como el de Trump, que es bastante agresivo tratándose de un país vecino como México", explica. Ahora bien, ¿hay razones para considerar que, en el caso de México, también se materialicen las amenazas de intervención? El especialista se muestra reservado. ¿Una intervención de Estados Unidos en México?  "México es clave para Estados Unidos y por eso pienso que las amenazas de intervención no serán efectivas. Pero sí hay presión. Yo diría que hay dos temas: uno es, ciertamente, la amenaza que deriva de los grupos del crimen organizado, pero también existen otras amenazas, quizá menos visibles. Me refiero a las dirigidas contra políticos de Morena, el oficialismo. En el caso de México ha habido algunas entregas de capos del narcotráfico, y se está pensando en que haya entregas también de políticos del oficialismo. Ésa es una amenaza que considero incluso más preocupante que esta narrativa del narcotráfico", subraya. Pese a las amenazas y presiones impuestas por Trump, ambos países están condenados a entenderse en los próximos meses debido a dos eventos de gran relevancia: uno deportivo y otro comercial. "Aunque existe una desigualdad muy clara entre México y Estados Unidos, México sigue siendo un país estratégico. Hay que tener en mente que se aproximan varios eventos importantes y habrá que ver cómo se desarrollan. Uno de ellos es el Mundial de Fútbol y otro, también muy importante para nosotros, es el T-MEC, el tratado de libre comercio. No sé si las amenazas de Trump también tengan que ver con ese proceso de negociación. Hay que estar atentos", concluye.

El número de ingresos de inmigrantes a Estados Unidos cayó masivamente con cifras negativas que alcanzan hasta menos 300.000 personas. Es la primera vez en 50 años que se registra una cifra de esa magnitud, según un estudio de la Brookings Institution publicado la semana pasada.  Cuando era candidato, Donald Trump pregonaba que llevaría a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos". Desde su regreso a la Casa Blanca implementó drásticas, polémicas y violentas medidas con tal de lograrlo y que incluso han provocado muertes. Efectivamente, en 2025 sí bajó el flujo migratorio con cifras récord, según una investigación de Brookings Institution. Stan Veuger es economista en American Enterprise Institute y uno de los autores del informe. “Para el año 2025 lo que estimamos es que el número de inmigrantes netos, entre los que llegaron y salieron del país, es negativo, entre menos 10.000 y menos 300.000 inmigrantes. Es la primera vez que ocurre desde hace 50 años”, resalta Veuger a RFI. La tendencia negativa también podría continuar en 2026, e incluso aumentar. “Para este año hay más incertidumbre, pero lo más probable es que será otro año con inmigración neta negativa, entre menos 900.000 y menos 200.000”, explica el experto. Y estas cifras y proyecciones tienen un impacto en la economía de Estados Unidos. “En los últimos años el crecimiento de la fuerza laboral ha sido del 80% gracias a la inmigración, esta reducción tiene implicaciones macroeconómicas. En el 2025 la tasa de crecimiento del PIB se redujo en un 0,2%, que es importante”, afirma Veuger. Y todos los sectores de la economía se ven afectados, según el estudio, como “la vivienda, la ropa, los electrodomésticos, los servicios de salud porque los inmigrantes consumen como los demás residentes del país”, concluye el economista. El Departamento de seguridad nacional estadounidense tiene datos muy diferentes al de este estudio. Las autoridades reportan que en 2025 el flujo migratorio fue de menos 2 millones y medio de personas, una cifra que Stan Veuger considera “absurda y sin bases en la realidad”. 

El presidente salvadoreño participó en la inauguración de las obras de una cárcel en Costa Rica inspirada en su megaprisión, proyecto con el que la candidata oficialista Laura Fernández, favorita en los sondeos, espera ganar votos para las elecciones del 1° de febrero. Preguntamos a Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica, si la visita de Bukele pudo haber beneficiado a Fernández. Esta semana el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, visitó Costa Rica, donde el próximo 1° de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales. Los opositores dicen que el presidente Rodrigo Chaves orquestó el viaje con fines propagandísticos a favor de Laura Fernández, la candidata del oficialismo, en un contexto en el que la seguridad es el principal tema de campaña. Los presidentes Bukele y Chaves pusieron la primera piedra de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la represión y la tortura en El Salvador. Desde 2023 el tema de la inseguridad sobresale como el principal problema de Costa Rica. En ese año se registró la cifra más alta de homicidios en su historia: 905. Para el año 2025 fueron 873, la tercera más alta desde que se tienen registros. Para responder a esta problemática, el mandatario saliente costarricense ha recurrido al modelo de seguridad de Nayib Bukele, quien dijo, justamente, que “Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida”. Así habló Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), aún en construcción, pero inaugurado en la recta final de las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026. Costa Rica, campaña atípica "Esta campaña electoral en Costa Rica ha sido muy atípica por un fuerte activismo del Poder Ejecutivo. Bukele ha tenido un papel protagónico, como nunca en la historia de la Segunda República en Costa Rica. Esta visita se enmarca dentro de esa dinámica", analiza Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Cuando ocurrió la visita, a principios de la semana, se reveló un presunto plan para asesinar al presidente Chaves en Costa Rica. Sobre el impacto de este anuncio, Alfaro estima que "hubo un despliegue no solo de seguridad sino también mediático. ¿En qué medida se trataba realmente de un plan o fue algo que ya estaba orquestado…? No se sabe. Pero quiero recalcar que este fenómeno en buena medida opacó la visita del presidente Bukele a Costa Rica". La candidata oficialista Laura Fernández ya lideraba las encuestas antes de estos eventos. Preguntamos a este politólogo si la visita de Bukele la impulsará aún más en los sondeos. "Todavía algunas de las encuestas se han hecho en el campo y aún no hay resultados que de alguna forma contemplen o midan el efecto que la visita de Bukele pudiera haber tenido, si fue grande o pequeño, hacia qué lado. Todavía hay un porcentaje de personas que se reportan como indecisas, el 40%. Estas son personas que están decididas a votar, pero que aún no han decidido por quién", concluye. En Costa Rica, para ser electo a la presidencia se necesita obtener más del 40% de los votos; de lo contrario, se pasa a balotaje. La encuestadora CID Gallup proyecta que Laura Fernández ganaría en primera ronda.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum propuso que México sea un intermediario entre Estados Unidos y Cuba, en momentos en que Donald Trump cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, presionándola con hacer un trato “antes de que sea demasiado tarde”. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump también tiene en la mira a Cuba a la que ha presionado en los últimos días con hacer acuerdos, pero sin precisar qué desea negociar con este país donde escasean los alimentos y el combustible, y donde el 89% de la población vive en extrema pobreza. Varias opciones En este contexto, ¿qué podría hacer México por Cuba, si llegara a ser un intermediario? “Cuba y Estados Unidos empezaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas en 2014, pero este avance bilateral se vio definitivamente interrumpido por Donald Trump y ahora que ha vuelto al Gobierno, ha incrementado el bloqueo económico contra Cuba. Entonces, en una relación donde no hay ningún tipo de comunicación entre ambos gobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovecha y propone al Gobierno de México como un vehículo”, explica a RFI Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. “Puede ser que México solamente preste ayuda, que los ponga de acuerdo y que México preste el territorio para que ambas partes puedan conversar en una zona neutral como sería México. Puede ser que México sea un intermediario, que vaya y pregunte a Estados Unidos, que vaya y pregunte a Cuba. O simplemente puede ser que México los llamen a la negociación y que ellos acepten reunirse en cualquier lugar”, subraya. “Somos un país soberano” Mientras Estados Unidos bloqueó el petróleo de Venezuela hacia la isla, México continúa suministrando el combustible por razones humanitarias, pero también, dice el analista, para demostrar su soberanía ante la influencia de Estados Unidos.  Según Domínguez, “puede ser que el Gobierno de los Estados Unidos presione para que México corte todo envío de petróleo a Cuba. Eso no es nuevo, lo ha estado haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, e incluso en septiembre del 94 Estados Unidos torpedeó un acuerdo de cooperación entre CUPET, la empresa cubana de petróleo, y PEMEX”. “Pero lo más importante, me parece a mí, es la actitud que ha tenido el Gobierno mexicano, esta vez en el sentido de señalar que somos un país soberano y que no estamos dependiendo de la autorización o no de Estados Unidos. El Gobierno mexicano tiene la capacidad, la soberanía suficiente como para mandar petróleo a Cuba”, concluye el investigador.

La Unión Europea se dispone a firmar en Paraguay el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, en un contexto de fuerte rechazo en Francia, donde grandes cadenas de supermercados anunciaron un boicot a productos sudamericanos y los ganaderos denuncian una competencia desleal. Dos representantes del sector ganadero argentino refutan esas críticas y explican por qué defienden el acuerdo. En Francia, las grandes cadenas de supermercados han decidido boicotear la venta de productos sudamericanos. Mientras tanto, agricultores y ganaderos franceses siguen en las calles, sobre todo en los Campos Elíseos de París, denunciando una competencia desleal. Según ellos, la carne bovina procedente de Sudamérica no cumple con los mismos estándares sanitarios y ambientales a los que están sujetos los productores europeos. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, defiende, sin embargo, la producción de carne argentina. "Si hay un país que produce carne de forma natural es Argentina. Yo invito a cualquier ganadero francés a recorrer nuestro país, que es muy extenso, para comprobar que los animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, caminando por los campos, comiendo pasto y tomando agua", sostiene Herrera. Incluso el proceso final de engorde, según él, está lejos de la idea que pueden hacerse en Francia, ya que se realiza en "feedlots, pero que no son estabulados ni confinados. En Argentina están prohibidas las sustancias reguladoras del crecimiento, como hormonas y anabólicos, así que podemos garantizar que es un 100 % sano", precisa. "¿Por qué no atacan la presión impositiva doméstica?"  Por eso, para él, los argumentos de los ganaderos franceses "no son una buena excusa para estar en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur" y sugiere otras razones, de carácter interno, que considera más legítimas. "Yo lo que entiendo es que los agricultores y los productores franceses sienten que tienen mucha presión impositiva por parte de su gobierno. Están en su derecho de que no les guste esa presión, pero no por eso tienen que atacar a la carne argentina. Insisto: no es cierto lo que están manifestando". Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, señala que, a pesar de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, aún falta camino por recorrer. "Todavía falta materializar este acuerdo. Esto es recién una primera firma de un acuerdo que sí llevó mucho tiempo concretar. Pero ahora hay que hacerlo realidad país por país. Cada una de las producciones locales está o con una cuota o con alguna salvaguarda de precios. De esta manera se puede garantizar a los países de Europa que esto no es una apertura al Mercosur sin ningún tipo de control. Hay toneladas con cuotas, hay precios, hay salvaguardas que, si se cumplen, los pueden dejar tranquilos. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuánto vamos a aportar? Eso ya va a depender de cómo esté preparado cada uno de los países del Mercosur para hacerlo", subraya. Este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será histórico: representará la integración de más de 700 millones de personas, el 35 % del comercio global y más del 30 % del PIB mundial, lo que lo convertiría en el bloque comercial más importante del mundo.

El número de familiares de presos políticos venezolanos no deja de aumentar en las puertas de las diferentes cárceles donde están arrestados. La angustia por la incertidumbre ha incrementado desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciase la liberación de "un número importante de personas venezolanas y extranjeras". “La situación real es que hay un nivel de expectativa muy grande, de esperanza muy grande en los familiares. Son cientos de víctimas que están afuera de los centros de reclusión para esperar a su ser querido”, explica a RFI Andreina Baduel, hermana del recluso venezolano Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. “Nos mueve el amor” Van varios días que los familiares esperan en la entrada de las cárceles. “Estos cuatro días de presencia constante de los familiares en los centros de reclusión por supuesto que ha generado un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental en ellos. Sin embargo, nos mueve el amor, nos mueve la fe, nos sostiene Dios. Y estamos convencidos de que esta es la única manera de presionar para que nos entreguen a nuestros presos políticos”, prosigue Baduel. El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció que ya hubo 116 excarcelados desde la captura de Maduro, aunque la cifra no fue validada por fuentes independientes. Una cantidad muy alejada de las expectativas para los familiares de los presos políticos. “Por supuesto que genera muchísima angustia porque fue un anuncio que ya tiene cinco días de haberse suscitado y que hasta la fecha las excarcelaciones no superan un 5% del grueso de los presos políticos, que son más de 1.000”, comenta la hermana de Josnars Baduel. Dudas sobre las intenciones del Gobierno El número limitado de excarcelados hasta ahora ha generado dudas sobre las intenciones del Gobierno entre los familiares. La falta de información sigue generando mucha ansiedad. “Dudas tenemos profundamente de quienes todavía están en el poder, porque si algo los ha caracterizado es que mienten, es que persiguen, es que criminalizan. No hemos dejado de decir que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, que sigue habiendo detenciones arbitrarias, que sigue habiendo persecución, y que sobre todo este anuncio de excarcelaciones no se ha materializado con transparencia ni con celeridad. Si de verdad están excarcelando a todos los presos políticos como ellos lo han dicho, porque ellos no han publicado las listas de excarcelaciones…”, denuncia Baduel. “Y esa es una de las cosas que hemos estado pidiendo desde el Comité, que este proceso se maneje con transparencia y que se publiquen constantemente las actualizaciones de las listas de los excarcelados”, concluye. Mientras Venezuela intenta volver a la normalidad, centenares de familiares de presos políticos siguen aferrándose a la fe, exigiendo la libertad plena para poder abrazar a sus seres queridos en medio de un clima marcado por el desasosiego.  

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebran la aprobación en el Consejo de la Unión Europea del Acuerdo Mercosur-UE, el cual crea la mayor zona de libre comercio del mundo eliminando aranceles a más del 90% del comercio bilateral. "Es un gran paso porque traerá progreso para las dos regiones y por lo que representa en el contexto internacional actual", dijo a RFI Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay y ex negociador del acuerdo. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen firmará en Paraguay el acuerdo comercial que vinculará al bloque con los cuatro países del Mercosur. Tras un cuarto de siglo de complicadas negociaciones, marcadas por diferencias políticas y comerciales que amenazaban con hacerlo naufragar, el Acuerdo de Mercosur-UE recibió la luz verde de Bruselas. Radio Francia Internacional entrevistó a Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay que estuvo al frente de la fase de conclusión del Acuerdo en diciembre de 2024. RFI: ¿Cuál es la dimensión de este acuerdo entre los dos bloques de lado y lado del Atlántico y que estuvo a punto de no ver la luz? Estamos hablando del acuerdo más grande del mundo que abarca 700 millones de personas. No hay otro acuerdo de esta magnitud en el mundo. Hay que destacar al mismo tiempo su "regionalidad". Porque si bien Europa ha negociado acuerdos importantes con otros países, todavía no lo había hecho con una región como es el Mercosur, la cual abarca aproximadamente el 80% en todos los datos del PIB o del comercio de la región. Al hablar del 90% de apertura, esto significa que se abren más mercados. También es verdad que Mercosur tiene menos experiencia negociadora y es solo un bloque de cuatro países mientras que del otro lado estamos hablando de 27 socios que tienen una apertura más transversal entre ellos. Sí se va a tener que generar una lógica de mayor competencia, que es una experiencia a la que no se había enfrentado en esta magnitud. En el corto plazo va a haber más apertura de alimentos hacia Europa y más apertura de una industria europea hacia Mercosur.  Creo que en el mediano plazo va a ser positivo. Y habrá que enfrentarse a la competencia, que no es negativa por sí misma, en todos los rubros de las economías de ambas partes”. Además, va a tener un impacto absolutamente transversal que es difícil medir solamente en términos comerciales. Este acuerdo incluye cooperación, inversiones, también valores políticos que unían a las dos regiones. RFI: Numerosos agricultores europeos, especialmente los de Francia y Polonia, son reacios a esta firma e intentaron impedirla. Para convencerlos, los gobiernos de la Unión Europea respaldaron establecer cláusulas de salvaguarda en favor de ellos que permitirán al bloque reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado que pueda causar justamente el aumento de importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. ¿Cuáles eran los principales temores en el Mercosur? Sobre los hechos ocurrido sen las últimas semanas, creo que el temor más grande era que no avanzara el acuerdo. Y es cierto que todas estas salvaguardas no eran el escenario ideal, pero en estos casos hay que ver el bien mayor y el bien mayor es tener un acuerdo. Y, en estos tiempos que vive el mundo, más allá de las razones netamente comerciales, esta es una inmensa señal geoeconómica. Porque también podría ser a la inversa. Es decir que, si esto no avanzaba, sería una señal geopolítica muy negativa. Por eso yo creo que pasada la firma, que era el hito técnico importante para concretarse, la política europea tiene que dar ahora una señal al mundo diciendo: "Señores, estamos para negociar, para avanzar y para acercarnos a una región complementaria y emergente como es América Latina".

La intervención estadounidense en Venezuela ha vuelto a poner el foco en la violencia que golpea la frontera colombo-venezolana, en la que operan grupos armados y crimen organizado. En el lado colombiano, la región fronteriza del Catatumbo, los enfrentamientos entre guerrillas están desplazando hacia Cúcuta miles de personas. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Marine de la Moissonière fueron a su encuentro. María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Cúcuta. No tiene cómo darle tetero. Su familia huyó sin pertenencias de su vereda cerca del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander: el corazón del Catatumbo. Los niños están atemorizados. Han visto actuar a los grupos armados que utilizan uniformes militares. “Ella mira a alguien uniformado y le da miedo. Los niños de 14 y de 8 años también han visto muertos allá. El día que nos fuimos también había”, dice María a RFI. 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas dos semanas, al menos las que logran extraerse. “El niño de 8 años tenía una fiebre que no se le quitaba. Y ella, con esa tos que no se le quita. Nos tocó salir con mi marido en una moto. No nos querían dejar pasar. Miraron al niño enfermo y los dos grupos que se estaban enfrentando nos dejaron pasar”, recuerda del pasado 25 de diciembre. “Me da cosa decir sus nombres”, responde María a la pregunta: “¿Qué grupos?”. Aquí no hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial en el Catatumbo, y ahora con drones. La guerra empezó hace un año con miles de desplazados. Los civiles se vuelven carne de cañón; los líderes de las comunidades, un blanco. "Que me tienen que matar" Los líderes sociales desplazados se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. En el celular tienen videos en los que aparecen guerrilleros citando nombres de presidentes de asociaciones de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones comunitarias locales, acusándolos de ser “instigadores”. “Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las FARC, me expone, me visibiliza. Directamente tengo amenazas. Él está pagando para saber dónde está mi ubicación. Porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, asegura uno de ellos. Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en el Catatumbo, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a la población. No es sencillo, explica Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis de Tibú desde hace cuatro años. “Se activó con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la ONU y de la Iglesia, una comisión humanitaria en estos casos de retención de personas, de situaciones muy concretas de firmantes de paz, de dificultades que se han presentado para las comunidades”, explica a RFI. “Los dos grupos dicen que ellos no reclutan menores, pero uno sí ve muchas caras jóvenes, de 14 años”, dice. “Después, también cuando estos jóvenes desean salirse, hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de las filas”. Hace parte de su misión. Presencia militar La ausencia del Estado está en boca de todos. “Cuando uno dice estas cosas, pues todo el mundo piensa que mayor presencia del Estado significa llenar de militares el territorio”, rechaza monseñor Bravo. Educación, salud, infraestructuras y proyectos para la sustitución de cultivos es lo que reclama. “El Catatumbo tiene más o menos 50.000 hectáreas de coca. Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo, pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales; cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, deplora el obispo. Leer tambiénColombia: Cúcuta militarizada y 30.000 militares desplegados Tras la extracción de Maduro, muchos temen que el Estado descuide el Catatumbo, distraído por Estados Unidos y Venezuela. El gobierno anunció 30.000 soldados en la frontera colombo-venezolana, pero desde la región constatan poca presencia militar en las veredas atacadas.

Estados Unidos sigue en estado de shock por la muerte de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años, que fue matada a tiros por un agente de ICE, la policía migratoria, en Mineápolis. Cientos de personas salieron a las calles para pedir que ICE abandone la ciudad y detenga estos procedimientos. Conversamos con Carolina Ortiz, directora asociada de la organización COPAL, quien fue testigo de lo que ocurrió. RFI: Usted presenció lo que pasó. ¿Qué sucedió? Carolina Ortiz: Un poquito antes de las 09 de la mañana empezamos a recibir reportes, llamadas de personas que estaban viendo vehículos no identificados y lo que pensaban que era ICE. Unos 10 minutos después pudieron confirmar que habían llegado vehículos adicionales, confirmado que era ICE. Pudimos llevar a parte el equipo que estuviera allí, apoyando a la comunidad, grabando, documentando, y algunos minutos después es cuando disparan al vehículo. En ese momento yo estoy en la calle también apoyando el equipo y la gente se empieza a frustrar porque lo que ellos están pidiendo es que le den ayuda médica. De hecho había un doctor allí. El gritaba y pedía que lo dejaran arrimarse para poder ayudar a la víctima y no lo dejan. Pasan un poquito más de 15 minutos cuando por fin llegan los paramédicos, pero se llevan el cuerpo hasta la esquina. Ahí le tratan de dar apoyo, pero desafortunadamente en ese momento ya no tenía vida. Leer tambiénDos personas heridas en Portland, EEUU, por tiros de agentes federales RFI: Las autoridades estadounidenses están diciendo que la víctima de 37 años trató de embestir a uno de los agentes del ICE. ¿Qué pudieron ver ustedes, ustedes refutan esa teoría? Carolina Ortiz: No fue lo que pasó. Ahora podemos confirmar que ella vivía en esa calle. Ella estaba tratando de salir porque el carro estaba estacionado allí. No hay nada que ella estuviera haciendo para ser violenta, para provocar algún tipo de violencia, sino que simplemente estaba sacando el auto para poder salir. No es que está obstruyendo el paso. De hecho, también ella saca su mano para que un carro pase, porque hay suficiente espacio para que ellos pasen. Entonces la narrativa de que estaba tratando de bloquear, de que estaba tratando de provocar o de ser violenta, no es lo que vimos. RFI: Cerca de unos 2.000 agentes del ICE se han desplegado en Mineápolis. ¿Cómo ha vivido la ciudad este último tiempo con el ICE desplegado, buscando hacer deportaciones? Carolina Ortiz: Estas últimas semanas han sido muy tristes, llenas de mucho miedo, de mucha ansiedad. Muchas de las familias no están trabajando. Muchas no están mandando a los niños a la escuela e incluso para salir a comprar las necesidades básicas. Estamos apoyando con otras personas para poder llevar esa comida. No es que se están llevando a los criminales como dicen, sino que están atacando a la comunidad simplemente por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Han ido incluso a las áreas donde están trabajando en la construcción. Ha habido ocasiones donde van y simplemente los recogen de la calle, como si fuera un secuestro. Incluso han sido ciudadanos que han tenido algún tipo de estatus, pero es como si fuera un secuestro, pasan por la calle y se los llevan. Ya han visto también en los videos como se cubren la cara. Sí, hay mucho miedo, pero al mismo tiempo hay una indignación tan grande que nos mueve a poner el miedo a un lado para poder actuar y poder movernos.

Sobre las protestas contra el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles en Bolivia, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, estima en  entrevista con RFI que "todo el mundo era consciente de que el país necesitaba levantar la subvención", pero critica que el presidente Paz no haya sometido la medida a referendo. También cuestiona que no se exceptue de la quita de subvención a los vehículos de transporte público, mientras se elimina el impuesto a las grandes fortunas.  ►►Para escuchar la entrevista completa, hacer click en el ícono play►► Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, entre otras medidas. Los manifestantes exigen la anulación del decreto, pues temen un incremento en el costo de vida. Desde su aprobación en diciembre, el precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados. Y empezaron las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato obrero del país. El lunes, el gobierno de Paz abrió un diálogo con los lideres de los trabajadores quienes terminaron por abandonar la mesa y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial. El mandatario boliviano dijo en diciembre, al anunciar el decreto en el marco de su declaratoria de emergencia económica, que Bolivia no podía "seguir funcionando con las normas de saqueo de los últimos 20 años". "Me parece innecesario criminalizar 20 años que seguramente han tenido sus luces y sus sombras, como todos los procesos políticos" afirma Hugo Moldiz, exministro de Gobierno durante el tercer mandato del presidente de izquierda Evo Morales. Moldiz, también abogado internacionalista, reconoce, sin embargo, que Bolivia "sí necesitaba levantar la subvención. Creo que todo el mundo está consciente".Pero critica el método del mandatario: "Rodrigo Paz tomó esta decisión sin consultarle a los sectores sociales y, mucho menos, al país. Y la única manera de hacerlo era a través de un referéndum". El segundo  elemento de crítica, en el juicio de Moldiz, es el 'cómo' lo hizo . "La subvención se podía quitar para todos los vehículos particulares, salvo para los del servicio público por el impacto de la medida en la población más pobre y vulnerable". No obstante, explica el ex ministro de gobierno boliviano, bajo un pretendido "principio de igualdad", la subvención  se levantó para todo el mundo  afectando a  todos los sectores de la sociedad boliviana en la que "unos ganan mucho y otros ganan muy poco". Los primeros seguirán viviendo holgadamente, pero los segundos se verán muy afetados con esta supresión, afirma. "Y, contradictoriamente, se le ha retirado el impuesto a las grandes fortunas", subraya.  Un riesgo de regreso del neoliberalismo RFI: Usted ha afirmado que a este decreto subyace la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz sea la continuación de la crisis y de una transición no resuelta en Bolivia o el inicio de una nueva era estatal. ¿Por qué? "Porque no medir en su exacta dimensión la relación de fuerzas, no tener en cuenta lo que se está jugando en el trasfondo del decreto, puede conducir al movimiento sindical, a sus dirigentes, a cometer errores, y esto puede tener efectos estratégicos. Una derrota sería el camino pavimentado para que se reinstale de manera plena el neoliberalismo en Bolivia. Eso lo tienen que entender los sindicatos.Lo tiene que entender sus líderes. Al mismo tiempo, el gobierno  tiene que valorar en su jsuta medida cuál es su nivel de fortaleza política. Tiene muchas contradicciones internas, la contradicción entre el presidente y el vicepresidente ya es una expresión de ellas. También tiene contradicciones al interior de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y ni qué decir la ausencia de influencia en el movimiento social boliviano, y el movimiento social boliviano es muy fuerte. No creo que en este momento el todo o el nada, ya sea para los movimientos sociales o el todo o nada para el gobierno, sea el escenario aconsejable".