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El mismo presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de no permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, incluso reforzó su compromiso con el Acuerdo Climático de París. Por eso la decisión de su administración de aprobar el proyecto petrolífero Willow en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio, porque podría afectar el hábitat de las comunidades nativas, también opuestas al proyecto.  El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de que no iba a permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, además se comprometió con el Acuerdo Climático de París para luchar contra el cambio climático, por lo que la decisión de su administración de aprobar un proyecto petrolífero en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio. El proyecto Willow está situado en una zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo en tierras estatales, y podría afectar a las comunidades nativas que se oponen al proyecto. “Sabemos que el presidente Biden comprende la amenaza existencial del clima, sin embargo, está aprobando un proyecto que precisamente descarrila sus propios objetivos climáticos, es decir hay una gran contradicción en esta situación”, dice preocupado Robert Valencia, estratega de medios en español para la organización estadounidense Earthjustice. Legisladores de Alaska y patrocinadores del proyecto petrolífero, aseguran que Willow creará miles de empleos y contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos. Se prevé una producción máxima de 180.000 barriles de petróleo al día. No obstante, numeras organizaciones medioambientales y de las comunidades nativas se oponen vehemente.  De ser llevado acabo, el proyecto Willow será gestionado por ConocoPhillips, una multinacional estadounidense de extracción, transporte y transformación de petróleo. Se prevé tres áreas de perforación de las cinco solicitadas inicialmente por la empresa, con aproximadamente 219 pozos. El objetivo es producir 576 millones de barriles de petróleo en unos 30 años, según estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por su sigla en inglés). Y la emisión de 9,2 millones de toneladas de CO2 al año, que representa el 0,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos en 2019. Aprobado durante el gobierno de Donald Trump, el proyecto petrolífero Willow fue detenido temporalmente por un juez en 2021. Una nueva revisión por parte del gobierno de Joe Biden lo revivió. Ante la amenaza de su aplicación Earthjustice “está analizando los detalles de la decisión final, pues es posible que haya litigios ya que no parece que el Departamento del Interior haya solucionado la gran cantidad de fallas legales que nosotros y otros socios, hemos identificado para la agencia de hecho antes de esa decisión”, explica Robert Valencia y añade: “exactamente no podría dar detalles, pero si podría decir que la actividad preliminar de ConocoPhillips es increíblemente destructiva y dañina”. Earthjustice insiste: "dicho proyecto pondría en peligro el refugio de vida silvestre más grande que queda en la región polar. Willow es hogar de osos polares, bueyes almizcleros, cientos de miles de aves migratorias y una de las manadas de caribúes más grandes que quedan en el norte polar. Alteraría y dejaría estragos en el área no desarrollada más grande de los Estados Unidos”. Por otra parte, el gobierno de Biden pretende prohibir la perforación sobre una gran zona del Océano Ártico que bordea la Reserva Nacional de Petróleo.

El presidente de Chile Gabriel Boric cumple este 11 de marzo un año al frente del gobierno de Chile, con un duro revés en el Congreso tras el rechazo a su reforma tributaria, pero consolidando un repunte en las encuestas. Este sábado 11 de marzo se cumple el primer año de Gabriel Boric a la cabeza de Chile. Expertos aseguran que es un gobierno que se ha ido consolidando tras el inicio difícil, saliendo de la crisis sanitaria por la Covid-19 y del estallido social de 2019 y sus secuelas. El presidente chileno priorizó los problemas de seguridad ciudadana, el manejo de la inmigración, así como el crecimiento económico. Según las últimas encuestas, la aprobación de su gestión es cercana al 39%. “Apoyo progresista” “Ha tenido oposición crítica en el Parlamento, pero no ha tenido una oposición social como tuvo el gobierno de Sebastián Piñera de derecha, en sentido de una desorganización social y de la población crítica del gobierno, saliendo a la calle… Eso no ha pasado, ha sido un año bastante tranquilo socialmente”, explica a RFI el economistaAndrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), en Santiago de Chile. “Creo que refleja que es un gobierno de centroizquierda, que ha prometido transformaciones, entonces la población le ha dado cierto apoyo progresista, con una agenda de cambios limitada por la realidad chilena”, recalca el economista, agregando que los incendios de enero y febrero contribuyeron también a aumentar su popularidad. Rechazo de la reforma tributaria Este primer año ha sido marcado por el rechazo a una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, proyecto con el que el gobierno se había comprometido, y más recientemente, por el rechazo de la Cámara de Diputados a una reforma tributaria que buscaba financiar su ambicioso plan de reformas sociales. “Esta reforma tenía varios acápites. Le iba a subir los impuestos al ingreso, también fortalecía la atribución del servicio de renta y de impuestos internos en Chile. Con los recursos que se iban a recaudar, se iba a financiar la Pensión Garantizada Universal, que es una especie de pensión básica que, financiada con recursos del Estado, beneficiaría a las personas de menor renta y renta media. También se incluía un impuesto al patrimonio de las familias más ricas. Entonces el paquete tenía un contenido redistributivo, pero eso fue rechazado”, detalla Solimano. Según el economista, las motivaciones del rechazo“pueden ser desde obstruccionismo parlamentario hasta defensa de intereses de las personas de alta renta que tienen influencia en la acción legislativa de Chile”. “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están”, fustigó el mandatario la noche del miércoles. Muchos analistas destacan que Boric ha consentido algunas decisiones del Congreso, aunque se haya opuesto a ellas en la época como diputado, como la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico.

En el mundo se cuentan 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años, según un informe independiente llamado "Femmes à abattre" (mujeres a eliminar) y publicado este 8 de marzo. Uno de los paises más afectado por el fenómeno es Colombia, con 150 feminicidios en los últimos 10 años. El término "feminicidio político" existe desde hace varios años y ha sido utilizado por mujeres políticas, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet para denunciar los atropellos e impedimentos de los que fue víctima durante su mandato por ser mujer. También ha sido utilizado en todo el mundo por sociólogas, o periodistas expertas en derechos de la mujer. Sin embargo, este término no tiene valor jurídico y tampoco ha sido investigado o cuantificado, hasta que el colectivo Youpress Francia decida dedicarse a hacer un balance mundial de lo que considera un "feminicidio político", es decir, el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer y tener un rol en alguna causa política y social. Por su género y lucha El equipo de trabajo, constituido de mujeres periodistas independientes, llamó la investigación “Femmes à abattre” (mujeres a eliminar). En esta, aseguran que hubo 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años. Se trata de la primera investigación dedicada a ese fenómeno con el objetivo de que sea reconocido en las legislaciones. "El término feminicidio político significa que la activista fue asesinada tanto por su género que por su lucha. Nunca ha sido objeto de ninguna investigación. Tampoco este crimen está reconocido por ley en ninguna parte del mundo", explica Leïla Miñano, una de las autoras del informe. En Francia, "Vanesa Campos, una mujer trans trabajadora sexual de Perú, recibió varios disparos en el cuerpo en agosto de 2018 por parte de miembros de una banda que acosaban, violaban y robaban a ella y a sus compañeras. Vanesa fue identificada como la líder de la lucha contra esta banda, ya que se había organizado para defenderse. Los criminales actuaron para recuperar el control del territorio, acabando con su resistencia, según el fiscal en el juicio", recuerda Sophie Boutboul, otra de las autoras de la investigación. El caso de Colombia El informe explica que Colombia registra el mayor número de feminicidios políticos, unos 150 en total en los últimos 10 años. "En Colombia, el peligro es tan importante que hasta la vicepresidenta Francia Márquez y la consejera especial para los derechos de las mujeres Clemencia Carabalí han escapado a varios intentos de asesinato", afirma Leïla Miñano. "Hay un proverbio sudamericano que dice: 'querían enterrarnos pero no sabían que éramos semillas'. Este proverbio ha sido recogido en los movimientos feministas. Semillas es también el nombre que se han dado a sí mismas las herederas de Marielle Franco, asesinada en 2018 en Brasil. Nuestro trabajo es también sacar a la luz a todas las que siguen llevando la lucha de las que ya no están", agrega Sophie Boutboul, quien subraya que el feminicidio también incluye la intimidación con el fin de terminar con el rol político de la víctima. Según el documento publicado en París, entre los países más afectados están Irán, Irak, Kenia y Colombia, y existen zonas grises como Rusia y China, donde es imposible investigar acerca de los feminicidios .

RFI entrevistó al profesor Joseph Harold Pierre sobre la situación en Haití, donde están llegando armas de alto calibre de manera ilegal en cantidades cada vez mayores (ONU). En un país que sufre niveles de violencia sin precedentes en décadas, 'una intervención militar extranjera es necesaria', sostiene Pierre.  En Haití, pistolas y, en ocasiones, ametralladoras pesadas "se importan hoy clandestinamente, en un contexto de deterioro rápido y sin precedentes de la seguridad”, dice un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Para algunos, el primer paso para salir de esta crisis sería el reforzamiento de la policía para combatir a las bandas de delincuentes. El profesor Joseph Harold Pierre, consultor internacional en Puerto Príncipe, piensa sin embargo que hay un paso previo. "El fortalecimiento de la policía haitiana es necesario, pero no es el primer paso. No es la primera etapa. La primera etapa es una intervención militar para acabar con las bandas criminales. O tal vez las dos cosas podrían hacerse de manera conjunta". ¿Por qué?   "Porque la policía haitiana no tiene la experiencia ni los efectivos. Tampoco tiene las armas para luchar contra las bandas y el fortalecimiento institucional va a tomar mucho tiempo". ¿Cuántos policías hay en Haití? "Unos 13.000, pero menos de 10.000 están trabajando. Estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes. Es decir, tenemos en Haití menos de un policía por cada mil habitantes. Y en el caso haitiano, necesitaríamos como 10 o 15 por cada mil habitantes. La situación de seguridad en Haití es grave". ¿Considera usted viable esa intervención extranjera con el actual gobierno? "No, por la sencilla razón de que el gobierno no tiene la capacidad para ello. En particular, para orientar la misión. Pero se ve claramente que es necesaria una intervención militar en Haití porque la situación de violencia se ha ido agudizando. Hoy, salir a la calle en Haití es un acto muy intrépido para cualquier haitiano. Hay dos organismos multilaterales, la CELAC y la CARICOM, que tienen la voluntad para hacerlo, pero no tienen la capacidad. Por eso no se vislumbra por el momento una intervención militar extranjera, aunque sea necesaria. Algunos esperarían que esa intervención militar viniera del lado de Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué piensa usted? "Son, efectivamente, los dos países más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Y si consideramos las diásporas haitianas, la mayor parte de ellas se encuentran en Estados Unidos. Son los países que sí tienen, digamos, la capacidad (para conducir una intervención militar). Pero no solo eso, yo diría que tienen también la responsabilidad política de intervenir en Haití, pero esos países no están en eso". El año pasado la ONU registró 1359 secuestros y más de 2000 muertes en Haití, un tercio más que el año anterior.

La conferencia mundial sobre los océanos culminó en Panamá con 341 compromisos de gobiernos para proteger el ecosistema marino, que contemplan fondos por casi 20.000 millones de dólares. Al cierre de la conferencia el viernes, la canciller panameña, Janaina Tewaney, anunció que se sellaron "341 nuevos compromisos" para combatir la contaminación, la pesca ilegal y otras amenazas al mar, que implican fondos por 19.970 millones de dólares. En ese foro Francia anunció que se sumó al "corredor" de conservación en el Pacífico Tropical, creado por Estados Unidos, Panamá y Fiyi, para "ampliar la cooperación al servicio de la protección de los océanos y de la biodiversidad marina", según el secretario de Estado francés para el Mar, Hervé Berville. En diciembre, el conjunto de los gobiernos del mundo se comprometió a proteger el 30% de las tierras y océanos para 2030. Un desafío imposible sin incluir la altamar, de la que solo está protegida en torno al 1%. La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país. Pese a que representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta, ha sido ignorada durante mucho tiempo ya que la atención se ha centrado en las zonas costeras y las especies emblemáticas. Carrera contrarreloj en la ONU En paralelo, los países miembros de la ONU seguían trabajando el sábado por la mañana, tras una noche en vela, para intentar superar sus divisiones y alcanzar un tratado que proteja la altamar, un tesoro frágil y vital que abarca la mitad del planeta. Tras quince años de intercambios informales y formales, los negociadores sobrepasaron ya de varias horas las dos semanas de la tercera ronda de diálogos en menos de un año en Nueva York. Las negociaciones han sido una montaña rusa en los últimos días, y el sábado por la mañana los delegados seguían reunidos a puerta cerrada. "Todavía tenemos que aclarar algunas cuestiones, pero estamos avanzando y las delegaciones están mostrando flexibilidad", aseguró la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en una breve sesión plenaria celebrada hacia la 01H30 de la madrugada local.   El capítulo altamente político del reparto de los potenciales beneficios procedentes de los recursos marinos genéticos estaba ausente del último proyecto de texto. "Está claro que siguen intentando con todas sus fuerzas conseguir un tratado hoy, de lo contrario ya habrían tirado la toalla", estimó Nathalie Rey, de la Alianza de Alta Mar, que agrupa a unas cuarenta ONG.

El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades de Guatemala liberar al dueño de un periódico opositor arrestado en julio pasado y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio. El martes pasado, un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario opositor El Periódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021. Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala. "Impedir la crítica" El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades liberar a Zamora y frenar las investigaciones contra los comunicadores de ese medio.  La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones y las calificó como "un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión".  "Los periodistas en estos momentos sentimos que hay un acoso, un intento del poder público para impedir el libre ejercicio de la profesión, impedir la crítica. En el caso del periódico que dirigía el periodista José Rubén Zamora, quien está preso desde hace más de un año, supuestamente la acusación es de lavado de dinero, pero enseguida se iniciaron procedimientos penales en contra del personal del periódico, la administración, los financieros y últimamente los periodistas", detalla para RFI Byron Barrera, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). "Eso violenta el sistema legal, violenta el sistema democrático, porque existe un procedimiento de Tribunales de Imprenta, establecido por una Ley de Emisión del Pensamiento que tiene carácter constitucional, y los jueces y el Ministerio Público saben que el procedimiento establecido es de Tribunales de Imprenta especiales para juzgar situaciones de injuria, calumnia o difamación en que los periodistas se puedan ver envueltos. Sin embargo, ahora se están penalizando estas faltas y eso es lo grave, porque está causando la sensación en los medios de prensa, en los periodistas, de que existe una persecución de hecho", subraya Barrera. "Se ve como un castigo" Según el presidente de la APG, si el rotativo El Periódico está particularmente en la mira, es porque "hay un antes y un después de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que funcionó bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, la CICIG: cuando el gobierno anterior de Jimmy Morales expulsó a la CICIG, se inició una especie de venganza contra todas las personas que estuvieron apoyando la lucha contra la corrupción. Y una de ellas fue precisamente El Periódico, que siempre ha generado un espacio de investigación y de denuncia. Pues la percepción que hay es que efectivamente se trata de un caso de persecución". Además, si bien "ha habido muchos casos con acusaciones de mayor gravedad donde se le ha dado medida sustitutiva, arresto domiciliario a personajes de la política, en cambio, en el caso de José Rubén Zamora, lo tienen prisionero, incomunicado, en condiciones infrahumanas, y entonces esto se ve como un castigo a la labor que él hizo en favor de la lucha contra la corrupción", recalca. Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría. El periodista, de 66 años, se autocalifica como un "perseguido político" y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción. El gobierno estadounidense se dijo este jueves "preocupado" por las investigaciones contra los periodistas en Guatemala y estimó que "criminalizar" el trabajo de la prensa "socava las normas democráticas", afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price. Y con la AFP

Tesla construirá su primera fábrica de Latinoamérica en Monterrey, México. Será la más grande de la región y tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló con el magnate Elon Musk sobre el cuidado del agua que su empresa tendrá que tener ya que ésta escasea en el norte del país, así como de la posibilidad de venderle litio como materia prima para la fabricación de los autos eléctricos. Tesla busca fabricar 20 millones de vehículos eléctricos anuales para finales de esta década, por lo que su séptima fábrica, la primera que se situará en América Latina, será de gran importancia para alcanzar este objetivo. Estará en la ciudad de Monterrey, norte de México. Ventajas “Es bastante evidente que el norte del país, iniciando por la ubicación geográfica, tiene una ventaja bastante fuerte en términos económicos. Pero también sabemos que México como país tiene una ventaja en términos de la mano de obra calificada y no calificada, en términos de sueldos. En específico, [el estado] Nuevo León tiene características muy especiales para la inversión extranjera. Una de ellas creo que siempre ha sido la fortaleza de las instituciones que se tienen aquí”, explica Kelyna Siliceo, analista económica en Monterrey. Se desconoce la fecha en la que Tesla iniciará las operaciones, así como los empleos que generará: “Sabemos que en el caso de las plantas, como la de Tesla, se va a invertir una cantidad grande en infraestructuras y también en términos de empleo, se espera que eso sea un multiplicador del bienestar social”, subraya la analista. El sector automotriz representa un tercio de las exportaciones de México. En 2022, el país produjo 3,3 millones de vehículos y exportó 2,8 millones principalmente a Estados Unidos. Actualmente hay 39 plantas en territorio mexicano, y Tesla será la primera dedicada a producir solamente autos eléctricos, cuya demanda aumenta en América Latina. Reservas de litio “La principal ventaja al momento de generar la instalación es la cercanía con algunas de las fuentes de litio. Sabemos que en el país existe una buena fuente de recursos”, recalca Siliceo. México tiene importantes reservas de litio en el estado norteño de Sonora. Aunque el mineral se nacionalizó hace un año, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dijo por teléfono al dueño de Tesla, Elon Musk, estar abierto a una negociación. Lo expresó en su programa matutino: “El litio es de los mexicanos, pero si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, se llega a un acuerdo”. López Obrador también aseguró que le pidió al magnate estadounidense que se comprometiera a tener un plan de protección del agua en la planta de Monterrey, ya que hay escasez en la región y el año pasado hubo restricciones en el consumo.

La muestra de división en el gabinete de Gustavo Petro podría dificultar la legislatura, al primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. El cese de tres ministros de su gabinete pertenecientes a las carteras de educación, deporte y cultura llegaron luego que un medio local divulgara una carta dirigida al mandatario por estos ministros, donde cuestionaban los impactos fiscales y de presupuesto de un proyecto de ley que busca ampliar el papel del Estado en el sistema de salud. Sobre la agenda del legislativo aún quedan otras ambiciosas reformas como la de las pensiones, la agraria, o la laboral. Sin embargo, la reforma referida al sistema de salud, ha despertado las críticas de la oposición. El analista de riesgos políticos, Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis, conversó con RFI remarcando que esta fractura en el gobierno de Petro puede traer consecuencias. “Varios de los ministros en particular el ministro Gavidia, quien había sido ministro de salud han narrado que la reforma busca perseguir al privado que ofrece servicios de salud, y que la mayoría de colombianos encuestados por el mismo gobierno consideran muy buena la gestión de su actual empresa promotora de salud”. El especialista agrega que, con estos cambios, el gobierno de Petro quiere mostrar una voz unificada. “El gobierno está mandando un mensaje no solo a los que disienten al interior del gabinete, si no al público en general.  El gobierno quiere mostrar, una voz unificada. Una ruptura del gabinete es una muestra de inestabilidad, en otras reformas que el gobierno también planea presentar en el curso de la presente legislatura”.   La reforma de salud será limitada En la dificultad de aprobar el texto original de la reforma de salud coincide Consuelo Ahumada, profesora de ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia. “El servicio es muy deficiente con la gran mayoría de la gente, sobre todo con los de menores recursos, eso se vio en la pandemia. Se llaman aseguradoras, pero en realidad no aseguran nada”. Para Ahumada, los recursos de salud vienen del Estado y que las aseguradoras privadas lo que hacen es administrar esos recursos. “Si en todos los casos la reforma va salir, pero va hacer limitado. Los partidos fuertes que tienen senadores, van a pasar su propio modelo, comparar algunos controles, algunas medidas. No sé hasta qué punto le puedan quitar el negocio a estos privados”. El mandatario colombiano, por su parte, aseguro respetar la diversidad de opiniones en el seno de la coalición y hace gala de unidad con sus compañeros de centro, liberales y de la derecha moderada.

En Ecuador, Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), fue asesinado el 26 de febrero pasado. El rostro visible de la resistencia ante la explotación petrolera en la región de Dureno murió baleado pocas horas después de la ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo. La CONAIE responsabiliza al Gobierno de Guillermo Lasso, quien, por su parte, ha prometido justicia. Aunque no culpa directamente al Gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sí le responsabiliza del asesinato de su dirigente, Eduardo Mendúa. Otras asociaciones van más allá y apuntan también a la responsabilidad de la empresa pública Petroecuador.  El Ejecutivo, sin embargo, se mostró solidario con la familia y con la comunidad indígena: "Hemos dispuesto que se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia", expresó el mandatario Guillermo Lasso en las redes sociales. Enfrentamiento “por la presencia minera” “Hemos responsabilizado directamente al Gobierno nacional. Si bien es cierto que no podemos atribuirle el acto como crimen, el enfrentamiento entre comunidades es por la presencia minera, es porque el gobierno no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada en este nuevo proceso de apertura de los nuevos pozos petroleros”, explica para RFI Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. “Por ello generó un enfrentamiento interno, una presión de las petroleras que efectivamente acaban ahora con el asesinato del compañero Eduardo Mendúa. Vamos a seguir defendiendo y exigiendo en las calles. Prácticamente no volvemos a una mesa de diálogo donde no quieren implementar los acuerdos que fueron establecidos con antelación”, recalca. “Radicalizar la lucha” Sobre las acciones venideras, Leonidas Iza asegura que van “a radicalizar la lucha en los territorios. El 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, vamos a acompañar con una agenda de movilización y este mismo día vamos a poner la acción de inconstitucionalidad. No descartamos declararnos en movilización nacional de manera inmediata”. “No puede quedar en la impunidad. Aquí tiene que ver el Gobierno, el Estado. Posiblemente puede configurarse un crimen de Estado”, concluye el líder indígena. Desde las duras manifestaciones del pasado mes de junio, en las que murieron seis personas, la CONAIE denuncia amenazas y persecución a sus líderes. Esta organización indígena, que agrupa 18 pueblos y 14 nacionalidades de Ecuador, hizo caer con sus protestas a varios gobiernos en las últimas décadas.

El gobierno colombiano anunció que va a sumarse a Bolivia para pedir dentro de unas semanas a la ONU sacar de su lista de sustancias ilícitas la hoja de coca reafirmando así el giro de Bogotá a su política de drogas, tras décadas de represión de la producción y del consumo. Entrevista con el abogado Luis Felipe Cruz del centro de estudios Dejusticia.  Colombia se sumará a Bolivia para pedir en las próximas semanas retirar la hoja de coca de la lista roja de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. El anuncio lo hizo el miércoles 22 de febrero Laura Gil, viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales. La viceministra Gil declaró que su país quiere seguir el ejemplo de Bolivia, que está tratando de cambiar la percepción de la hoja de coca como "sustancia psicoactiva" a un "elemento de uso tradicional". "Bolivia emprendió hace más o menos diez años una iniciativa para lograr la legalización del uso tradicional de la coca. Lo que ellos hicieron fue denunciar ante la Convención de Estupefacientes", subrayó la viceministra a la prensa colombiana. La hoja de coca no ha sido retirada por solicitud de Bolivia de la Lista de Estupefacientes de la Convención Única de 1961 de la ONU, que es la lista de sustancias controladas por los tratados internacionales de drogas. Sin embargo, Bolivia presentó una reserva en 2013 a la Convención de 1961 que permite el masticado, la infusión y otros usos no ilegales de la hoja de coca en su territorio. La despenalización de la hoja de coca que hizo Morales a nivel nacional se concentró en la planta de uso ancestral en las comunidades andinas. Su comercialización en el exterior depende de la autorización de la ONU. El panorama es radicalmente distinto en Colombia, según Luis Felipe Cruz, abogado e investigador en política de drogas del Centro de Estudios Dejusticia. "En Bolivia, desde hace muchos años, hay una política de control social de los cultivos de coca. Que en Colombia podamos imitar esa política es una muy buena idea para darle a las comunidades la posibilidad de controlar la cantidad de hectáreas (de hoja de coca) que se cultivan. Las convenciones de drogas lo que permiten es usar las plantas o usar las sustancias para algunos usos permitidos, entre otros, los medicinales y los científicos. Este mercado podría beneficiar a las comunidades rurales y por esa vía se desviaría el mercado ilegal y se debilitarían las economías criminales", dice Cruz. En 2021, se batió el récord de cultivos de coca en Colombia. La ONU estimó que hubo un incremento del 43%. También notó un aumento de la producción potencial de cocaína del 14%. De ahí que este proyecto de legalización de la hoja de coca se haya vuelto muy espinoso para el presidente Petro, en particular, legalizar parcelas de pequeños cultivadores, disminuir las erradicaciones y regular sus derivados. "En Colombia no se ha hablado de regulación de la cocaína, que es un derivado psicoactivo de la hoja de coca. Aquí se ha hablado de los usos ‘alternos'. Esto es parte de la discusión, pero en últimas, alternos pueden ser los usos industriales, los usos alimenticios, los usos fitoterapéuticos, textiles, y eso es una diferencia clara que hay que hacer. El presidente Petro ha manifestado en algunos escenarios internacionales que la regulación debe proponerse, pero en este gobierno yo no veo posibilidades de que se regule el uso de la cocaína. De hecho, el gobierno ha tenido mucha cautela en plantear este tema", agrega este abogado de Dejusticia.   ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido la política que has estado vigente hasta ahora de erradicación sobre las personas que cultivan la hoja de coca? "Son impactos de violaciones de derechos humanos, campañas de violaciones al derecho a la salud, de vigorosas operaciones aéreas, violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay afectaciones al medio ambiente. En Colombia la dinámica de la guerra contra las drogas se articuló con la dinámica del conflicto armado. Entonces, muchas poblaciones campesinas son a la vez víctimas de las políticas de drogas y víctimas del conflicto armado o de los actores armados", concluye Cruz.

El próximo domingo, la oposición mexicana volverá a movilizarse en un centenar de localidades contra la reforma electoral validada este 22 de febrero por el Senado, y defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senado de México aprobó este miércoles una controvertida reforma de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denominada “Plan B”, que reduce el tamaño y presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que el presidente acusa de haber permitido fraudes pasados. La oposición, para quien se trata de un "atentado" contra la democracia, considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales. La bancada opositora anunció que demandará el articulado ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar además que daría ventajas al gobierno izquierdista en las elecciones generales previstas para mediados de 2024. “Desmembramiento del INE” Para José Woldenberg, politólogo y primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, predecesor del INE), “lo más grave es el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral”. “En su base tiene 300 juntas distritales, y en cada uno de sus distritos hay cinco funcionarios: uno que se encarga del registro, otro de la organización, otro en la capacitación de los funcionarios, hay un vocal, un presidente, y un secretario. Y bueno, ellos son los que realmente operan en el terreno las elecciones, los que las hacen posibles”, detalla. Pero, prosigue, “según esta ley, de los cinco funcionarios solamente quedaría uno. ¿Qué sucedería con eso? Que seguramente esa persona va a tener que contratar como se hacía antes funcionarios de temporal, funcionarios que no están adscritos y cuya lealtad no está fundamentalmente con el Instituto, sino eventualmente con los gobiernos de las diferentes entidades”. “Tener ventajas de arranque” El Gobierno también acusa al Instituto de haber permitido fraudes pasados, algo que José Woldenberg desmiente: “Desde hace muchos, muchos años, creo que desde 2006, en México no ha habido conflictos postelectorales. Si alguien se ha beneficiado del sistema electoral vigente, es precisamente el presidente López Obrador y su partido: en 20 de los 32 estados de la República gobiernan quienes fueron candidatos de Morena, el partido del presidente”, subraya. Entonces, cuando se acercan comicios regionales y nacionales, ¿por qué AMLO ha decidido impulsar ahora esta medida tan impopular? “Creo que él está pensando en tener ventajas de arranque en los procesos electorales. Y si algo ha demostrado con su actitud, es que no le gusta convivir con órganos autónomos del Estado, y él quisiera tener alineado al Instituto Nacional Electoral a los designios presidenciales”, concluye el expresidente del IFE.   La oposición ha convocado a una manifestación en Ciudad de México y otras localidades el próximo domingo para protestar contra esta reforma electoral bajo el lema #MiVotoNoSeToca. El pasado 13 de noviembre, cuando se discutía la propuesta de reforma constitucional, se realizó una multitudinaria protesta opositora en Ciudad de México. Y con AFP

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este 22 de febrero a un juez de California que revoque la libertad bajo fianza del expresidente peruano Alejandro Toledo para ejecutar su extradición a Perú decidida esta semana por Washington. "Dado que Toledo ha fallado en su intento de suspender el pedido de extradición, y su entrega fue autorizada, Toledo debe ser detenido para que el gobierno pueda entregarlo a las autoridades peruanas", dice un pedido consignado este miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos. El documento fue entregado ante el tribunal del distrito norte de California que debe responder en una audiencia el 9 de marzo. El caso Lava Jato Alejandro Toledo, de 76 años, es requerido por la justicia peruana por acusaciones de corrupción y lavado de activos. El exmandatario (2001-2006) fue detenido en 2019 en California, donde residía. Fue luego colocado en prisión domiciliaria en 2020, tras pagar una fianza, y desde entonces vive en su casa en San Francisco, vigilado con un grillete electrónico. “En el 2019, el señor Toledo fue detenido y apresado y enviado a un centro penitenciario en Estados Unidos. Esa condición cambió, se le revocó la orden de detención efectiva y pasó a tener una condición de detención domiciliaria. El gobierno estadounidense pidió que se revoque la fianza del señor Toledo y así poder ellos apresarlo y ponerlo a disposición del US Marshals, que es el servicio de policía en Estados Unidos y el órgano de justicia que coordina con la autoridad central peruana que está a cargo de la Fiscalía peruana, para que finalmente se produzca el traslado del señor Toledo. O sea, en los próximos días debemos tener ya la noticia del traslado del señor Toledo hacia nuestro país”, detalla para RFI Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato en Perú. Los fiscales peruanos piden una pena de 20 años y seis meses de cárcel para el expresidente, acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener licitaciones para obras públicas. El exmandatario niega las acusaciones e intentó varios recursos legales para bloquear el pedido de extradición que Perú busca desde 2018. “Evidencias sólidas” Sin embargo, la Fiscalía peruana afirma tener elementos suficientes para condenar a Toledo. Los testimonios de su excolaborador Josef Maiman, y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, fueron claves, con ambos afirmando que Toledo recibió sobornos de la gigante constructora brasileña. “La Fiscalía peruana tiene una acusación contra el señor Alejandro Toledo por los delitos de colusión agravada, también por el delito de lavado de activos. Hay evidencias sólidas en el caso, hay declaraciones de colaboradores de la empresa Odebrecht, así como del socio del señor Toledo, el señor Josef Maiman, que era un ciudadano israelí peruano que ya falleció, pero que fue colaborador de la justicia peruana y dio la información y los documentos que acreditaban que a través de sus cuentas se canalizaron todos los pagos de soborno que el señor Toledo recibió de parte de la empresa Odebrecht, con ocasión de este pacto colusorio que hubo respecto al proyecto Interoceánica. Nosotros estimamos que en los próximos meses el poder judicial inicie el juicio oral con el señor Toledo ya en nuestro país”, subraya Silvana Carrión. Además de Toledo, cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación al escándalo de Odebrecht. Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, que envió a decenas de políticos y empresarios tras las rejas. Y con AFP

Se inició este martes en la Corte Suprema de Estados Unidos un caso que podría cambiar el futuro de las redes sociales y las compañías tecnológicas. El tribunal examina el caso González versus Google para evaluar el cambio de una ley que data de 1996, y que otorga inmunidad legal a las plataformas sobre el contenido que difunden. Este caso se deriva de una denuncia contra la plataforma estadounidense por parte de familiares de una de las víctimas de los atentados terroristas en Francia en 2015. Nohemí González, estudiante mexicano-estadounidense, fue una de las víctimas de los atentados terroristas del 13 de noviembre del 2015 en París. Su familia puso una demanda contra Google, al considerar que su filial Youtube brindó apoyo material a los yihadistas de Estado Islámico al difundir sus videos con un mensaje terrorista. RFI conversó con Beatriz González madre de Nohemí, quien para ella esta primera audiencia en la Corte Suprema le deja una esperanza de que se inicie un cambio. “La esperanza es positiva de que se logren cambios en la manera como se mueven las redes sociales […]cuando se archivó este caso, nunca pensamos como familia que iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia, lo pusimos con la esperanza de que algo positivo ocurriera”, comenta González. La madre de Nohemí agrega que, según lo que ha escuchado en las alegaciones de las cortes, es posible eliminar contenidos y que incluso no se permiten en otros países. “Por ejemplo la pornografía infantil si lo pueden remover. Ellos lo pueden hacer, entonces porque no tomaron en cuenta todos estos artículos y videos que estaban moviendo los terroristas y que fueron creciendo, y promoviendo que creciera”.   Crear precedente La idea de reinterpretar la famosa sección 230, creada en los inicios de Internet preocupa a las empresas tecnológicas. Esta ley protege a estas empresas tecnológicas, considerando que no producen el contenido de terceros, solo lo difunden. La familia González por su parte alega que el algoritmo que usa Youtube recomendó videos yihadistas a usuarios radicales. El tribunal dictará la sentencia el próximo 30 de junio. Un fallo positivo sería para Beatriz González una forma de honrar la memoria de su hija. “Después del ataque que costó la vida de mi hija, queríamos sobrellevar la vida creando una asociación sin fines de lucro en su memoria. Ella estaría de acuerdo de que estemos en Washington tratando de hacer un gran cambio” Google argumenta que revisar la sección 230 pondría en riesgo la libertad de expresión. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230, que los políticos cuestionan cada vez más. Sin embargo, las divisiones entre demócratas y republicanos podrían obstaculizar que se pueda modificar. Al ser aceptado este recurso, cuando generalmente se desestima en la gran mayoría de los casos, el alto tribunal insinúa que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia. Una perspectiva que inquieta a los grandes grupos tecnológicos.

RFI entrevistó a un joven militante en Puno sobre la aparente calma de las protestas en el resto del Perú cuando están a punto de cumplirse tres meses desde el estallido de las revueltas sociales que comenzaron al sur del país. Puno es la única región que mantiene varias vías bloqueadas.  En Puno se reportan 35 puntos con tránsito interrumpido en nueve vías nacionales. Las protestas continúan en esa región contra el gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte. Este lunes fueron convocadas nuevas concentraciones y bloqueos. Así lo explica Nélson Calderón López, miembro de la Delegación agrupación de jóvenes de la provincia de Puno: "En realidad, las protestas aquí en Puno nunca han parado. Hubo dos días de tregua, pero nunca se paralizaron. Hoy se han dado cita en la capital de la región para seguir concientizando a las personas que aún no se han unido a la lucha. Si bien es cierto que hay muchas jurisdicciones que han paralizado, es porque muchos manifestantes viven del día a día. Entonces ellos mismos está dándose una tregua para poder reabastecerse y evitar una crisis económica. Es en parte por eso que se ha entibiado esto. Pero ahora se está reiniciando otra vez. Y ya tienen también planificado viajar otra vez para la capital". Mientras las manifestaciones persisten, la región se ahoga en problemas logísticos por culpa de los bloqueos en sus principales rutas. A la escasez de combustibles y al elevado precio en los alimentos se suma la falta de liquidez en los bancos. Según Nélson Calderón estos factores responden a la presión que ejerce el gobierno para que cesen las movilizaciones. "Básicamente, mi región se dedica a la agricultura y a la pecuaria. Desde ese punto de vista, mi pueblo casi no lo siente (el desabastecimiento). La gente no siente el hambre ni la crisis de la economía, ellos dicen ‘comida no nos falta y ya está'". Pero hay mucha gente que no puede recibir las pensiones porque no hay liquidez en los bancos. "Sí, estamos sopesando cada una de las dificultades. Mi pueblo está también un poco molesto porque el aeropuerto todavía está operativo, pero sin embargo al aeropuerto está llegando el abastecimiento para el personal policial y militar. Sin embargo, para las entidades como bancarias o de otra índole, no está llegando, o sea, nos da a entender que el gobierno está tratando de ahogar por todos los medios para que la población sufra y diga ya, mejor paremos las protestas". La actividad económica de Perú registra pérdidas de más de 500 millones de dólares como consecuencia de los bloqueos sistemáticos y los paros forzosos. Según la Cámara de Comercio de Lima más de un millón de puestos de trabajo, que equivalen al 27,8 % del empleo formal en Perú, están en riesgo de perderse por las protestas.

La ONU encara este lunes la recta final de las negociaciones para dar a luz un tratado de protección del 60% de los océanos, específicamente la zona de altamar que no pertenece a ningún país. Entre las medidas, se busca un consenso internacional para proteger la biodiversidad de estas zonas, evitando la sobrepesca. Los países de la ONU llevan casi 15 años negociando un tratado internacional para proteger la altamar, esta zona ubicada más allá de las aguas territoriales de cada país. Una área que abarca más del 60% de los océanos con ecosistemas que sufren de varias amenazas. El abogado Diego Lillo, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) explicó a RFI en español cuál es el marco de los objetivos de la tercera ronda de negociaciones en la ONU: "Además de los grandes problemas de contaminación en las aguas internacionales, los grandes problemas son la sobrepesca y sobreexplotación de los recursos naturales. Tambien la regulación que va a conducir a la explotación minera de los fondos marinos". La nueva ronda de negociaciones podría llevar a un acuerdo con 3 grandes principios: un reparto justo entre países ricos y pobres de la riqueza marina identificada por las empresas farmacéuticas, por ejemplo, reglas comunes sobre la evaluación del impacto ambiental. Y lo más importante: la creación de áreas marinas protegidas que de momento conciernen principalmente las aguas nacionales. Maximiliano Bello de la ONG de protección marina Mission Blue le habló a RFI en español de varios buenos ejemplos latinoamericanos: "América Latina es el continente que va a la cabeza de la creación de areas marinas protegidas. Chile tiene un 43% de esas areas resguardadas, Ecuador un 15%, Panamá 30% mientras que Brasil se acerca a ese último nivel mientras que Colombia ya lo superó. Lamentablemente -agrega- otros países como Perú o Uruguay están aun muy lejos de esa meta: ni siquiera han alcanzado el 10% prometido hace un par de años." El futuro tratado podría ser una etapa clave para garantizar el objetivo internacional de proteger el 30% total de las tierras y los océanos de aquí a 2030 y así evitar el gravísimo declive de la biodiversidad. Cuando hablamos del mar, "es importante trabajar multilateralmente porque no basta que un país proteja los ecosistemas si el vecino no lo hace" al mismo tiempo, concluye Bello.

Esta semana concluyó un juicio histórico para México: el del ex secretario de seguridad publica Genaro García Luna, encargado de la lucha contra el narco entre 2006 y 2012. Fue procesado en un tribunal de Nueva York por tráfico de cocaína y decenas de testigos declararon en su contra, incluyendo ex narcotraficantes que afirman haberle pagado sobornos a cambio de protección de la policía. El ex secretario de seguridad pública de México recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa y era socio de esta organización narcotraficante, recordó la fiscal estadounidense en su alegato final esta semana en el juicio de Genaro García Luna. En total, fueron 26 testigos que declararon en el tribunal de Brooklyn, evidenciando la trama de corrupción al más alto nivel del estado mexicano entre 2006 y 2012 bajo la presidencia de Felipe Calderón. 9 de estos testigos eran ex narcotraficantes y aseguran haber pagado millones de dólares a García Luna a cambio de la protección de la Policía Federal. Para Carlos Antonio Flores, especialista en temas de seguridad en el Centro de Investigación, si estas concluye un juicio sin precedentes. “Es la primera ocasión que un funcionario de ese nivel mexicano, un funcionario que ocupó un cargo de gabinete presidencial, es enjuiciado por los estadounidenses por tráfico de drogas y por conspiración para traficar drogas”, apunta. Más de 20 testigos de la fiscalía desfilaron por la Corte. Algunos de ellos son ex narcotraficantes y afirman haber sobornado a García Luna con millones de dólares a cambio de protección. ¿Qué dicen estos testimonios sobre el poder del narcotráfico en México? “Lo que muestran es la articulación y operación de una corrupción sistémica para proteger actividades de delincuencia organizada, de alto interés, de alto impacto, como es justamente el trasiego transnacional de drogas. Por supuesto, todos hubiéramos deseado algún tipo de evidencia documental adicional, pero lo que hay que señalar es que un personaje con el poder que tuvo Genaro García Luna en este país, que inclusive si nosotros recordamos los procesos judiciales que él le imputó a gente que le hacía denuncias por corrupción en los tiempos en los que esto ocurría, era un personaje muy bien blindado por toda la estructura que él mismo controlaba y comandaba”, subraya el especialista en temas de seguridad en el Centro de Investigación. ¿En cuanto a cuál es el impacto de este juicio en México? “Hoy por hoy, toda esa estructura que se señala que existía no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal en distintas instituciones del país, no está del todo desmantelado. Uno de los señalados en este juicio era Ramón Pequeño, pues sigue prófugo de la justicia. La justicia mexicana no ha sido capaz de detenerlo”, recalca Carlos Antonio Flores. Durante las tres semanas que duró su juicio, García Luna guardó silencio. Su esposa fue el único testigo de la defensa y trató de justificar el origen de la fortuna amasada en México. Tras el fin de un proceso de cuatro semanas -la mitad del tiempo inicialmente previsto-, las deliberaciones para decidir si el acusado ayudó o no al cartel de Sinaloa a traficar toneladas de droga a Estados Unidos comenzarán este jueves en el tribunal de Brooklyn. El exfuncionario mexicano se expone a una pena que va de diez años de cárcel a la prisión perpetua.

La Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o el blanqueo de dinero. En dicha lista, que se revisa cada 6 meses, figuran 16 entidades, principales islas caribeñas y del Pacífico, y por primera vez, Costa Rica fue incluido en la lista.  La inclusión de Costa Rica en la lista de paraísos fiscales por parte de la Unión Europea, supone un golpe duro para la imagen del país, una de las naciones más estables políticamente y económicamente de Latinoamérica, pero que fue agregada este martes a dicha lista negra.   La decisión de Bruselas se debe a que Costa Rica, pese a una promesa de la administración  anterior, no reformó su ley tributaria que actualmente exonera a los costarricenses por las ganancias que obtengan en el exterior de ciertas inversiones. Figurar en esta lista, además del daño a nivel de su reputación, privará a Costa Rica a acceder a varios fondos europeos de desarrollo. Y las empresas extranjeras podrán ser sometidas a controles más estrictos, lo que podría desalentar ciertas inversiones, asegura Daniel Suchar Zomer, analista financiero y profesor universitario al micrófono RFI. “La noticia ha sentado como un balde de agua fría porque hay unos esfuerzos que se están haciendo a nivel fiscal y político  para hacer que haya mayor atracción de inversión extranjera directa y por supuesto entrar en la lista negra empezaría a alejar a las personas que están pensando en Costa Rica y las que ya están acá, podrían empezar a buscar algunas alternativas, si bien es muy prematuro, son cosas que ya se empiezan a ver en diferentes grupos y medios de comunicación, indicó.” Según el analista financiero, ahora es el turno del Gobierno costarricense de mantener una comunicacion estrecha con Bruselas "Ahora le toca hacer todos esos acercamientos políticos y diplomáticos para que la Unión Europea pueda ir considerando sacar a Costa Rica de la lista, porque el país está volcado a una mejora de sus finanzas públicas a través de políticas fiscales bastante importantes que están dando resultados e incluso el desarrollo de actividades como zona franca e inversión extranjera directa son parte fundamental de esa reactivación económica que tiene Costa Rica, por lo tanto, ir a la Unión Europea a explicar esto, van a hacer los siguientes pasos para que la nación pueda salir mejor parado de una decisión que este Gobierno no tomó". El Ejecutivo  de Costa Rica asegura que hará todo para que el país salga de la lista negra europea de los paraísos fiscales en el próximo mes de octubre cuando el bloque actualice dicha lista.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania el 24 de febrero de 2022, más de 10.000 rusas embarazadas entraron a Argentina para dar a luz, según datos oficiales. El Gobierno del país sudamericano sospecha que su objetivo es obtener una segunda nacionalidad para sus hijos.   En Argentina, donde han llegado en los últimos tres meses 5.819 mujeres rusas embarazadas, las autoridades migratorias argumentan que cerca del 70% de las que dieron a luz en el país sudamericano no permanecen en él más que unos meses, necesarios para obtener un pasaporte argentino para los bebés. Apatridia Ante la aceleración del fenómeno, Migraciones ha endurecido los controles y retuvo la semana pasada a seis mujeres en avanzado estado de gestación en el aeropuerto de Ezeiza. Para Christian Rubilar, el abogado quien se ha encargado de liberar a tres de ellas, esta dinámica obedece a los daños colaterales generados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Las sanciones que les están poniendo tanto Europa como el propio Gobierno ruso a sus propios ciudadanos, que no están de acuerdo con la guerra o que desertan, son situaciones que generan apatridia, o sea, pérdida de derecho de ciudadanía. Entonces es lógico que busquen la solución obvia, que es una nueva ciudadanía”, comenta Rubilar. Redes de tráfico El Gobierno argentino ha solicitado investigar a las bandas que se lucran con este nuevo negocio: “Lo que pasa y lo que se ha descubierto es que hay oportunistas que han montado grandes redes de tráfico de personas que organizan el traslado, cómo mentirles a Migraciones, que tienen el hospedaje y tienen una promesa falsa de que van a obtener la ciudadanía argentina de manera exprés, lo cual no es posible”, subraya el abogado. “Hay una que ofrece paquetes abiertamente de 5.000, creo que 7.500 y 15.000 dólares. Y hay otra que fue allanada en estos días, que yo estaba escandalizado porque pensaba que cobraba 15.000 dólares, y resulta que cobraba entre 30 y 50.000 $”, recalca. Christian Rubilar contradice la versión de la dirección de Migraciones que afirmó que las embarazadas rusas que entraron en Argentina disponen de un alto poder adquisitivo: “Hay de todo porque hay personas de alto nivel adquisitivo, pero lo que se demostró básicamente es que la falta de criterio de Migraciones hizo que arrestaron a las únicas cinco o seis que con seguridad no habían tenido ninguna asesoría ni habían contratado ningún servicio de tránsito internacional de migrantes. La chica que estuvo más días detenida y que más sufrió, el esposo es un albañil desertor, y ella vino sola porque el marido se escapó de Rusia”, detalla. Intimidación Según él, Rusia está al tanto de estos ingresos. En cuanto a saber si habrá represalias, “a mí no me gusta especular, pero lo que sí le puedo decir es que el cónsul ruso tuvo contacto con esta chica que estuvo varios días detenida y le hizo saber lo poco contento que estaba con la trascendencia que tuvo esto, con lo cual eso fue, creo, un claro acto de intimidación. Y si fue capaz de intimidar a una mujer embarazada en territorio argentino, es que son capaces en Rusia”. La obtención del pasaporte argentino habilita a viajar a 171 países sin visa, entre ellos destinos que hoy están vedados a los ciudadanos rusos debido a la guerra. Además, los recién nacidos adquieren la ciudadanía que luego pueden obtener los padres.

Nayib Bukele ha detenido a más de 60.000 integrantes de las pandillas bajo el estado de excepción, que permite arrestos sin orden judicial y que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos. ¿Ha conseguido Bukele acabar con el crimen en El Salvador? Le hicimos la pregunta al periodista salvadoreño, experto en crimen organizado, Héctor Silva Ávalos. Casi 63.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador en el marco de la "guerra" contra estas bandas lanzada hace 10 meses por el presidente Nayib Bukele, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Este mes, el presidente salvadoreño inauguró una nueva prisión, considerada la más grande de América, en la que planea encarcelar gran parte de los pandilleros detenidos. Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, aprobado por el Congreso a instancias de Bukele en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado. Según el medio digital "El Faro", ni la Mara Salvatrucha-13, ni las dos facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, ni otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, operan más en las calles de El Salvador de la forma en que lo hicieron durante décadas. Diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas de El Salvador, socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica. "Bukele hizo un pacto de gobernabilidad con las pandillas, hay líderes de la MS 13 que han sido protegidos.... las pandillas han sido remplazadas, ahora son uniformados. Hay noticias de que extorsionan y también trafican con drogas, además tienen la potestad del uso legal de la fuerza... no hay forma de determinar hasta qué punto la criminalidad ha bajado porque no hay datos. La narrativa del presidente genera una percepción de seguridad que la da una popularidad abrumadora que ya le ha asegurado la reelección." Detalla al periodista salvadoreño, experto en crimen organizado, Héctor Silva Ávalos al micrófono de RFI.    

Más de 200 opositores fueron liberados este 9 de febrero en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega, privados de sus derechos políticos, despojados de su nacionalidad y "deportados" hacia Estados Unidos. Liberados y desterrados: 222 presos políticos nicaragüenses ya se encuentran en Estados Unidos adonde viajaron después de ser liberados por el régimen de Daniel Ortega, pero también han sido declarados traidores y despojados de su nacionalidad a través de una reforma constitucional exprés. Atención médica y contactos “El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, y la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, muy querida por Nicaragua, al igual que su hermano Pedro Joaquín y su primo el señor Holman. Alegres porque salen de esas mazmorras, pero todavía tenemos una dictadura que está vivita y coleando y que sigue en el poder en nuestro país”, comenta Arturo McFields, exembajador de Ortega ante la OEA que fue destituido tras calificar a su país de dictadura y que ahora reside en Estados Unidos. McFields se reunirá con los expresos próximamente: “El primer paso es darles una atención médica, porque después de un año de estar bajo la opresión del régimen, ellos necesitan un chequeo médico, sobre todo gente que tiene enfermedades crónicas, personas que tienen cáncer, incluso estaban ahí presas”, explica. “La otra parte que se me dijo tratar de contactar a gente de la diáspora nicaragüense para de algún modo ayudarles en su incorporación a la vida acá en Estados Unidos, porque no todos tienen familia aquí”, agrega. “No aceptó el destierro” También han sido liberados la mujer, la hija y el yerno de Javier Álvarez, exiliado en Costa Rica. “Me siento sumamente feliz de saber que mi familia está ya liberada, obviamente. Pues yo voy a pedir que se vengan para donde estoy yo”, afirma.   No han viajado a Estados Unidos sin embargo, los sacerdotes, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez quien, según Javier Álvarez, “no aceptó el destierro porque lo que ha habido es un destierro, la Asamblea emitió una ley quitándole la ciudadanía a todos los presos”. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en un comunicado que esto abre una puerta al diálogo. “La dictadura de Nicaragua quiere buscar algún tipo de espacio para sacarle peso a la inconformidad que hay en Nicaragua y una manera de buscar un alivio económico, buscar un lavado de imagen”, dice al respecto Arturo McFields. Por su parte, Javier Álvarez piensa el tema de las sanciones han estado en el corazón de las negociaciones entre Washington y Managua: “Presumimos, pero no lo tenemos como una cosa muy clara, que puede hacer que no le apliquen la Nica Act, una ley promovida por el Congreso de Estados Unidos, que tenía abiertos todos los instrumentos para poder imponer sanciones al gobierno de Nicaragua”. Según Ortega, no hubo negociaciones con Estados Unidos. Afirmó que fue su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien contactó con la Embajada de EE.UU. en Managua para pedir la salida de los 222 presos políticos. Aún quedan detenidos en Nicaragua una veintena de presos políticos.    

Considerada como una crisis política en un inicio, los dos meses de manifestaciones continuas en Perú han dejado al descubierto la fragilidad de su democracia. El sur del Perú ha sido la región donde más manifestaciones se han registrado desde el día en que el país entró en una nueva crisis política, el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Poblaciones indígenas “Empezó cerca de Cusco, se extendió luego a Puno, y en general se ha ubicado en todo el sur peruano, coincidiendo con el territorio donde se han dado las reacciones más importantes de poblaciones indígenas que dijeron : ‘basta ya de ser considerados de segunda clase, queremos que nuestro voto, aunque no haya sido un buen gobierno, sea respetado, reconocido'”, explica a RFI Carlos Hertz, director del Centro Bartolomé de Las Casas, ubicado en Cusco. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha convocado a una nueva movilización nacional, al mismo tiempo los ronderos de La Libertad han viajado y dicen que van a bloquear una vez más en Lima. “Lima y el Perú están desbordados. El Perú está paralizado. Ha habido más de 120 puntos de bloqueos en todo el país, y eso tiene que ser entendido también por las autoridades gubernamentales. Es un mensaje muy político en el buen sentido de la palabra: queremos cambio de Gobierno, de régimen, de Parlamento, y queremos que las siguientes elecciones se generen bajo otras condiciones, en las que se escuche la voz de las poblaciones más marginales del país”, prosigue el director del Centro Bartolomé de Las Casas. Desafíos políticos Pedro Castillo duró menos de 18 meses en el gobierno, es el quinto presidente de Perú en seis años. Tres de ellos fueron destituidos por el Congreso, cuatro han sido perseguidos o procesados, y otro, Alan García, se suicidó en 2019, acusado de corrupción. “Necesitamos tener líderes diferentes, instituciones políticas y sociales diferentes, ése es el gran desafío a corto plazo. Pensemos también a mediano plazo y se suma un desafío que tenemos todos nosotros, que es recrear la vida política del país”, concluye Carlos Hertz.  

Además de elegir alcaldes y autoridades locales el pasado domingo, los ecuatorianos participaron en un referéndum que el presidente Guillermo Lasso sometió para definir acciones de su gobierno, principalmente la de legalizar la extradición de los narcotraficantes hacia países como los Estados Unidos. El resultado general ha sido un rotundo rechazo que deja debilitado al gobierno mientras los candidatos ligados al ex presidente Rafael Correa aumentan su presencia. Aún sin finalizar el cómputo de las elecciones y del referéndum del domingo pasado, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, reconoció este lunes que la mayoría de los votantes rechazaron sus propuestas, y de paso su gobierno. Este referéndum tenía el objetivo de someter a votación ocho propuestas para resolver problemas tan diversos que aquejan al país, relacionados con el medio ambiente, la reorganización de instituciones públicas y órganos de representación electoral, y la más polémica, la extradición de delincuentes relacionados con narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, y tráfico de migrantes. “La pregunta uno de la consulta lo que plantea es la posibilidad de extraditar ecuatorianos para crímenes trasnacionales como el narcotráfico, no para crímenes común. Entonces, no quiere decir que cualquier ecuatoriano que comete un crimen y es extraditable, sino cualquier ecuatoriano narcotraficante ganado por la justicia de otro país debido a la naturaleza transnacional del crimen de narcotráfico. Eso creo que no fue comprendido por la ciudadanía. Con una pregunta más apretada podía ganar el sí”, estima Sebastián Donoso Bustamante, académico en la Universidad de las Américas, en Ecuador. Con la extradición “realmente el tema de seguridad nacional no se soluciona, pero la idea del gobierno es que la pregunta sirva como una amenaza a una suerte de presión sobre los narcotraficantes. Hay varios narcotraficantes ecuatorianos están llamados por la justicia de los Estados Unidos. Entonces, la idea era que les sea más difícil para ellos sobornar a la justicia norteamericana, como lo hacen tan fácil con la justicia ecuatoriana”, recalca. Además del referéndum, los ecuatorianos eligieron a 5.700 autoridades locales. La ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que durante 31 años fue gobernada por el Partido Social Cristiano, ahora pasa a ser gobernada por el partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana. ¿Los ecuatorianos están regresando a la corriente política de Correa?    “En este momento, de alguna manera sí se puede ver un retorno de la izquierda, pero tampoco es un triunfo abrumador de la izquierda. El regreso de la izquierda triunfalista no está tan asegurado. El voto en el Ecuador es tremendamente volátil. Nadie tiene el voto asegurado y depende mucho de las coyunturas del momento. Entonces la gente busca una alternativa sólida y que tiene una buena estructura. El que tuvo en general una buena estructura de campaña y una buena estructura comunicacional, fue la del Partido Revolución Ciudadana, del cual está obviamente detrás la figura de Rafael Correa”, señala Sebastián Donoso Bustamante. Omar Menéndez, entonces candidato a la alcaldía de la población costera de Puerto López, fue asesinado durante la jornada electoral. Ultimado a balazos, el difunto resultó electo. El ex presidente Rafael Correa le dedicó el triunfo de su partido en estos comicios.  

RFI entrevistó al Teniente Coronel de la reserva activa en el ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica, estrategia y defensa, sobre el globo chino que ha sobrevolado territorio de al menos tres países latino-americanos.  ¿Por qué no se dio también la orden de derribarlo a su paso por Colombia como sí hizo Estados Unidos?  Tras el derribo de un globo espía chino en cielo norteamericano, el Pentágono ha revelado que otro globo sigue sobrevolando el territorio sudamericano. Los expertos analizan el propósito de esta nueva provocación china que ha tensado aún más las relaciones bilaterales entre las dos grandes potencias mundiales. "Los aviones comerciales vuelan entre 30.000, 40.000 pies de altura y estos globos, de acuerdo con la inteligencia que ha establecido Estados Unidos, estaban a 55.000 pies de altura, lo cual induce que estaban buscando pasar desapercibidos y trabajar más específicamente sobre focos con toma de imágenes y detección de mensajes", dice a RFI Luis Alberto Villamarín, Teniente Coronel de la reserva activa en el ejército de Colombia. ¿Por qué no hacerlo a través de los numerosos satélites que operan desde el espacio? "Lo que pasa es que los satélites no están dentro de la atmósfera, sino en la estratosfera, las condiciones son distintas. Además, porque la imagen que toma el satélite no es tan precisa como la del globo, que se puede quedar estático y que es más fácilmente manejable", precisa. Entretanto Pekín, que admitió ser el dueño de estos globos, agradecía a Colombia, Venezuela y Costa Rica porque no lo percibieron como una amenaza,  como sí fue el caso, al contrario, de Estados Unidos, que terminó derribándolo. "Colombia es, de esos tres países, el que mejor capacidad tiene para detectar uno de esos globos. Pero (la orden de derribarlo) es una decisión del gobierno y el señor Petro se inclina más bien del lado de China y de Rusia. Por ejemplo, la semana pasada dijo que no iba a enviar ningún arma de fabricación rusa (presente en Colombia) en apoyo a Ucrania. Se piensa que Petro dio la instrucción a la Fuerza Aérea de que no hiciera nada. Además, por tratarse de un objetivo de tanto nivel, la Fuerza Aérea tenía que consultarlo. Pero la Fuerza Aérea no va a salir a decir que fue Petro quien detuvo su incursión, ni Petro lo va a reconocer. Y de Venezuela, pues se presume que allí (China) tiene la complicidad para hacerlo". Mientras el segundo globo se pasea a sus anchas por cielo latinoamericano la vigilancia sigue siendo extrema y todo parece indicar que el objeto volador seguirá la dirección de la Ruta de la Seda con destino a Pekín. "Si usted mira la Ruta de la Seda, o 'el cinturón' que llaman ellos, comprende ya Eurasia y África, y les falta Latinoamérica y Estados Unidos. Y va a hacer el recorrido. Supongo que va a pasar por el sur de Europa y va a hacer el recorrido por el norte del África, porque China no tiene tan ocupada geopolíticamente esa parte. Entonces, ellos van a buscar que [el globo] pase por ahí porque están haciendo un reconocimiento de inteligencia superior al que tienen con los satélites', concluye Villamarín. Las autoridades chinas siguen negando en todo momento la versión del espionaje y defienden que los globos tienen fines científicos, principalmente para la investigación meteorológica.  

En Brasil, sigue la saga golpista. El juez del Tribunal supremo federal y presidente del Tribunal Electoral,  Alexandre de Moraes, confirmó el viernes haberse reunido con un senador que ha acusado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro de estar involucrado en un complot para impedir que Lula da Silva fuese juramentado como nuevo presidente del país. El juez de la más alta instancia judicial de Brasil explicó que durante la cita que sostuvo con el senador Marcos do Val, a pedido de este último, el legislador le habló de los planes golpistas del expresidente Jair Bolsonaro pero que, debido a que no quiso ponerlo por escrito, él no pudo actuar de inmediato. Los comentarios de De Moraes siguen a la publicación de un audio en la revista brasileña Veja en el que el senador do Val,  aliado del líder de ultraderecha durante  mandato, afirma que el entonces presidente de Brasil buscó ayuda para armar un complot con el fin anular las elecciones de octubre y mantenerse en el poder. Do val afirma que la idea se discutió en una reunión con Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira el 9 de diciembre en la residencia presidencial, solo tres semanas antes de que el Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el cargo. Y dice también que Bolsonaro le dio la "misión" de grabar a De Moraes para tratar de que el juez admitiera que se excedió en sus poderes. “Lamentablemente tenemos una parte de la élite que coqueteó con un golpe de Estado durante cuatro años y desde el año pasado financió esta intentona. “Todo esto está siendo investigado” aseguró, por su parte, el Juez de Moraes y agregó que “Lamentablemente tenemos una parte de la élite que coqueteó con un golpe de Estado durante cuatro años y desde el año pasado financió esta intentona. Las investigaciones están cada vez más cerca de esos financiadores y también de las autoridades públicas que cobardemente fueron negligentes o cómplices del intento de golpe. " Para el profesor de Relaciones Internacionales Universidad Federal del ABC, Gilberto Maringoni, la confesa historia del Golpe es una tramoya de Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha con la intención de crear confusión en el escenario político "Lo que pasa en Brasil es una confusión en el escenario político provocada por Jair Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha. Esta trampa del senador Marcos do Val —un hombre del aparato de seguridad aquí en Brasil, y posiblemente de milicias—, junto con Daniel Silveira, un marginal, lumpen y ex diputado junto a Bolsonaro; tiene el propósito de confundir para mantener la atención en la situación política y mantener al gobierno de Lula  en la defensiva. Porque un golpe de estado en un país del tamaño de Brasil, —una de las 12 mayores economías del mundo— no puede ser  tramaado por tres tipos en una noche. Como en una película sobre la Cosa Nostra, y la  mafia. La historia es tan fantástica y no se sostien que Marcos do Val la cambió cuatro veces en 24 horas, es pura fantasía para hacer más tumultuoso el proceso político." Explica Gilberto Maringoni, Jair Bolsonaro, sobre quien ce la sospecha de tener vínculos con el levantamiento que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero, permanece en Florida, Estados Unidos, desde fines de diciembre.         

Desaguadero, ciudad boliviana fronteriza con Perú, está ahora totalmente vacía por el cierre de la frontera debido a las protestas en Perú. Ni un turista, ni un comercio abierto, los restaurantes y los alojamientos están vacíos. Habitualmente la ciudad vive del comercio, pero hoy en día es casi una ciudad fantasma. “Hemos pasado ilegalmente. Porque en el Perú hay muchos conflictos, todos los tramos están cerrados. Y la gente está entrando caminando porque no hay movilidad para poder ingresar. Nos quedamos un poco asombrados por este lugar que está un poco desolado, no hay comercio ni nada”, comenta para RFI un turista peruano en Desaguadero. Desde el 4 enero, para cruzar la frontera entre Bolivia y Perú, no hay otra opción: hay que pasar ilegalmente. Las oficinas de migración del lado peruano están cerradas. Pasar ilegalmente El puente peatonal está totalmente bloqueado, explica Marysol, que tiene un hotel a unos metros del paso fronterizo: “Incluso han puesto una reja. Una reja metálica han puesto. Más antes vendían comida a los que están bloqueando del otro lado. Vendían pan, alimentos les vendían por aquí. Ahora el alcalde lo ha cerrado todo porque la presidenta de Perú ha dicho que están pasando municiones de aquí entonces para evitar todo eso han preferido cerrar los puentes. No podemos pasar para nada del otro lado”. Además, los manifestantes peruanos vigilan el puente vial. “Hay que dialogar, bonito hablarles, explicarles como es, les contamos como estamos viniendo y nos dijeron ‘ya pasen no más'”, cuenta Luz. Pero no todos lo lograron como Luz. Los bloqueadores no dejan pasar tan fácilmente. Mary lo intentó: “Estoy viniendo de Buenos Aires y necesito ir para Perú, porque soy radicante de ahí. Yo regresé de ahí, ahora, del puente. Quise pasar y no se pudo, ¿viste?”, lamenta. Camiones bloqueados No solamente las personas no pasan, la mercancía tampoco. Hipólito es transportista y está bloqueado aquí desde el 5 de enero: “Se están haciendo muy largos los días. Más que todo para la alimentación. Pero ahora está mejor estar de este lado, del otro, está peor la situación”, explica. Cientos y cientos de camiones están parqueados los unos detrás de los otros, esperando, como Hipólito, que abra la frontera. Es toda una ciudad paralizada. Habitualmente aquí se vende de todo, contrabando más que nada. Pero ahora, las calles están desesperadamente vacías. “Las ferias estamos recayendo. Están funcionando al 10% los días viernes. Los pasajeros, incluso los hermanos turistas siempre generaban recursos”, dice René Luis Ticona Mamani, alcalde de Desaguadero. Desaguadero parece ahora un pueblo fantasma. Según el Instituto Boliviano del Comercio Exterior, las pérdidas económicas por el cierre de la frontera se estiman en seis millones de dólares diarios.

En Florida avanza un polémico proyecto de ley sobre armas impulsado por el gobernador republicano Ron DeSantis, que permite portar en público un arma de fuego sin necesidad de permiso, ni verificación de antecedentes, sin ningún entrenamiento y sin haber nunca disparado un arma. "Se trata de una ley que pondría en mayor riesgo a los floridanos", advierte Giffords, una ONG de prevención de la violencia con armas de fuego. Más de 3.000 personas murieron a causa de la violencia con armas de fuego en Florida durante el año 2021.  Samantha Barrios, directora de la ONG Giffords, explica el impacto del proyecto de ley del gobernador Ron DeSantis, que permitiría portar armas de fuego sin permisos ni requerimientos especiales. “Solamente el año pasado murieron 48.000 personas en Estados Unidos por la violencia con armas de fuego. Estamos a pocas semanas de celebrar el aniversario de la masacre en Parkland, en un estado donde hemos experimentado otras masacres como la de Pulse, en Orlando”, comenta Barrios. “Entonces sabemos que no vamos a estar los floridanos más seguros con esta ley que va a traer más tiroteos, fácil acceso a las armas para personas que no deben estar armadas, con la que cualquier persona va a poder obtener un arma de fuego sin tener permiso, licencia, y sin tener ningún tipo de entrenamiento”, agrega. “Muchos se oponen a esta legislación” Inmediatamente después de una semana devastadora de violencia con armas de fuego, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Paul Renner, anunció que los legisladores están "listos" para abordar el texto de su copartidario DeSantis. “Hoy en día la legislatura tiene una mayoría republicana, y desafortunadamente existen grandes probabilidades de que esto sea aprobado. Sin embargo, muchos en el estado de la Florida, líderes comunitarios, organizaciones, el ciudadano de a pie, están oponiéndose a esta legislación. Giffords hizo una encuesta a finales del ciclo electoral el año pasado en Miami, que demostró que más del 65% de los encuestados se oponían al porte de armas sin permiso. Inclusive cuando se le explicaba a profundidad esta legislación, estas cifras aumentaban hasta un 80%”, subraya Barrios. “Intereses de la industria de las armas” ¿Por qué si un número tan alto de votantes de Florida se opone a que cualquier persona porte un arma cargada en público, el gobernador del Estado persiste en su empeño? Según Barrios, “la Asociación Nacional de Rifles ha sido uno de los grandes contribuidores a la creación de esta ley. Sabemos que los cabilderos de las armas están empujando fuertemente dentro de la legislatura para que esta ley sea proclamada. Por lo tanto, sabemos que hay intereses de la industria de las armas detrás de esta ley, cosa que es bastante desafortunada para un gobernador que sabe que esta ley es tremendamente impopular en la Florida y que está cediendo ante los intereses de los cabilderos de las armas y de la Asociación Nacional de Rifles, la NRA”. Florida exige 1.200 horas de capacitación para obtener una licencia de peluquero, 500 horas para   una licencia de masajista y 240 para la de manicurista. Si este estado aprueba el porte de armas sin permiso, se requerirán cero horas de capacitación para llevar un arma de fuego cargada en público.  

El Estado colombiano es el “responsable” del "exterminio" de miles de militantes de izquierda en las décadas de 1980 y 1990, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinada este lunes, que también ordenó reabrir las investigaciones de esos crímenes. La decisión de la Corte IDH señala que "Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)”. La UP es un partido político colombiano que apareció en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero sus militantes quedaron a merced de grupos armados que se empeñaron en eliminarlos. Muchos de sus integrantes fueron asesinados y otros, condenados al exilio, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, exalcalde de Chirigodó, exiliado en Suiza, uno de los pocos supervivientes del “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que sus militantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” por más de dos décadas.  “He estado bastante conmovido por esta sentencia, ha sido bastante novedoso para nosotros los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en esta lucha, en estos ires y venires. Mucha gente nuestra ha muerto y (la sentencia) es algo reconfortante para quienes nos dejaron, (es una forma de decirles) que exaltaremos siempre su memoria” aseguró Pérez.  Algunas de las víctimas fueron el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien el 22 de marzo de 1990, fue asesinado a tiros en el aeropuerto internacional de Bogotá y el postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, quien también murió tras ser blanco de disparos, mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987. La Corte determinó que las investigaciones judiciales de los crímenes de los miles de militantes de la UP "no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad". En búsqueda de la paz Pese a la alegría que le produce esta decisión de la Corte, esperada por cerca de tres décadas, Carlos Andrés Pérez reconoció que aún falta mucho para verdaderamente vivir en paz. “Para estar en paz interior y total, todavía falta buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido, torturado o en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente un candidato o un presidente de la república, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir, pienso que se ha dado un paso importante a través de una sentencia significativa, que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente”. Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte IDH ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, por lo que el exalcalde explica que este caso no está totalmente cerrado: “se sigue continuando sobre este proceso, entendiéndose que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado  con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia”. Pérez, quien fue integrante de la UP, señaló que entes como la corporación Reiniciar y la Unión Patriótica, se han dedicado a coordinar procesos con las víctimas y agregó que actualmente se encuentran haciendo seguimiento a la sentencia, con lo que denominan “la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica”.   La reparación a las víctimas Como medidas de reparación, la Corte pidió, entre otras cosas, buscar a los desaparecidos, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas. El texto señala que como consecuencia del "rápido ascenso" de la UP en la política colombiana, "comenzaron los actos de violencia" por parte de "una alianza" entre paramilitares, políticos tradicionales, policías y empresarios. La violencia hacia los militantes de la UP "se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", detalló la Corte con sede en San José. Además indicó que se trató de "un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes", lo que constituye "un crimen de lesa humanidad". El partido de izquierda UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la administración del expresidente Belisario Betancur.     Con AFP

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la crisis política, económica y social que ha vivido Haití desde hace décadas se ha recrudecido. Especiamente en materia de seguridad, ya que  los secuestros y  homicidios se han vuelto moneda corriente. La población vive aterrorizada y las autoridades no logran frenar la violencia. La autoridad del gobierno transitorio, liderado por el primer ministro Ariel Henry, se ha visto sobrepasada por el incremento de bandas criminales que han tomado el control de varias zonas de Puerto Principe. Las pocas fuerzas policiales que intentan mantener el orden, levantaron su voz de protesta tras la muerte de 14 efectivos a manos de estas pandillas armadas. Los ciudadanos de la capital viven en un continuo sobresalto, con miedo a ser secuestrados o atacados. Radio Francia Internacional conversó con Oscar, ciudadano colombiano que vive desde hace varios años en Haití  - y que prefiere mantener su identidad en reserva  - comparte su experiencia: "Hay zonas específicas donde las bandas armadas controlan prácticamente todo. Si alguien va a pasar por esas zonas en un vehículo, esos grupos tienen puntos de seguridad donde se debe pagar para lo dejen pasar. También se desplazan ocasionalmente a otras zonas de la ciudad para secuestrar gente. Y no necesariamente gente que tenga mucho dinero sino empleados de una empresa. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, en el mes de noviembre secuestraron a dos de nuestros trabajadores. Así que yo, desde hace un año, yo lo que hago es salir para lo estrictamente necesario”. Para Diego Darín, consultor para América Latina de la organización Crisis Group, la crisis de seguridad también se ve acentuada por la falta de recursos para sostener una fuerza policial. Incluso algunos efectivos renuncian a sus puestos o se ven obligados a integrar estas bandas criminales. “Las fuerzas de seguridad locales tienen una gran pérdida de efectivos porque muchos terminan saliendo de la policía. Tienen malas condiciones de trabajo o están mal pagados. Muchos de los policías activos viven en las zonas controladas por las pandillas y se ven obligados a colaborar con ellas. Desde hace algunos meses, se han establecido ciertas unidades especiales anti-pandillas pero no son suficientes.” El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al Consejo de Seguridad enviar una fuerza armada internacional para poner fin a esta escalada de violencia. Según un reporte de esta organización, en el 2022 se registraron más de mil secuestros y dos mil asesinatos, un tercio más que en 2021.    

La presidente de Perú, Dina Boluarte, habría sopesado el pedido de la población de adelanto de elecciones generales para este 2023. Sin embargo, la lucha de poderes en el Congreso ensombrece esta posibilidad, porque el legislativo se mantiene firme en su idea de convocar comicios sólo en el 2024. La crisis política y social en Perú se agudiza con el paso de los días. El pedido de renuncia de la presidente Dina Boluarte y el llamado a nuevas elecciones para este 2023 son demandas que la población no piensa negociar. Algunos diarios locales informan que Boluarte estaría de acuerdo con el adelanto de los comicios, pero el Congreso peruano no estaría a favor. “Intereses muy personales” Según Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica de Lima y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los miembros del Congreso estarían sólo defendiendo intereses particulares. “Es un tema de voluntad política. El Congreso nunca quiso cortar el periodo de su mandato. La vez que votó por el adelanto de elecciones para abril del 2024, que fue el 20 de diciembre del año pasado, lo hizo por presión. Pero, como repito, son intereses muy personales, ni siquiera de bancadas. Todos quieren quedar. En el Perú además no hay reelección, entonces saben que, cortado el mandato, se tienen que ir a sus respectivas casas”, explica. Los rumores de un posible enfrentamiento de poderes entre Boluarte y su primer ministro por el adelanto de elecciones comienza a tomar fuerza, luego de que el funcionario se reuniera con el presidente del Congreso para compartir el nuevo pedido de la mandataria, sin ponerle, al parecer, mucho énfasis. “Hay que recordar que Dina Boluarte no es una persona que tenía una experiencia política. En cambio, Alberto Otálora tiene una mayor seguridad, además ha sido ministro, tiene más recorrido en el ámbito político, y parece ser que él tiene un poder que es real”, subraya el politólogo. “Es necesario que se hagan elecciones este año” Tuesta estima que el adelanto de elecciones para este año es factible, si el Congreso tiene real voluntad política. Sin embargo, de no conseguirse, la renuncia de Boluarte llevaría a una convocatoria de elecciones directa, sin negociaciones. “En el sentido político, es necesario que se hagan elecciones este año. La gente no da más, el país no da más. Esa es la salida política y constitucional posible. Si Boluarte renuncia, le sucede el presidente del Congreso, y la Constitución señala que asume el Gobierno y llama inmediatamente a elecciones. Vamos a ver si quiere, pero efectivamente eso sería una salida”, concluye.  La Comisión de Constitución aprobó adelantar la siguiente legislatura del 1 de marzo al 15 de febrero, pero esta decisión debe ser debatida en el Pleno en los próximos siete días hábiles.

En Honduras, nueve organizaciones humanitarias anunciaron esta semana que buscarán "asegurar" investigaciones "independientes" sobre el asesinato de dos ambientalistas, ocurrido el 12 de enero en el noreste del país. Los familiares piden justicia. Defender el medio ambiente en Honduras de actividades que ponen en riesgo el ecosistema y en consecuencia la subsistencia de los pueblos, se ha convertido en una causa que puede costar la vida y la libertad. Desde el 2012 más de 100 ambientalistas han encontrado la muerte en el país. Hipótesis oficial rechazada Diversas organizaciones humanitarias levantaron esta semana su voz de protesta, tras la muerte el 12 de enero pasado de dos defensores ambientales, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, y que según hipótesis de la policía se debe a un intento de robo. Reynaldo Domínguez, hermano de una de las víctimas y miembro de la junta de defensa del agua en la comunidad de Guapinol, no cree en la versión de la policía y pide justicia y una investigación justa: “No compartimos esa hipótesis porque cuando es un asalto, a las víctimas las doblegan mientras se despojan. Algunos logran sobrevivir, pero ellos fueron rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Entonces esa hipótesis es muy adelantada, muy apresurada, de parte de la policía y el Ministerio Público. El Ministerio Público ha tenido presos a ocho compañeros y nos ha arrimado delitos que no hemos cometido”. “Complicidad con el gobierno hondureño” Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señala que el desarrollo de actividades mineras que no respetan los estándares mínimos de protección ambiental son parte del problema que, sumado a la poca fiscalización de los organismos públicos, ocasiona que no se respeten los derechos de las poblaciones que ven disminuida su calidad de vida. “Estamos frente a un contexto que ya ha sido reconocido por múltiples organismos, también por muchos estudios en la materia, que son empresas mineras, hidroeléctricas, que mantienen una operación en el país sin que esté apegada a los estándares internacionales y pasando por encima de cualquier control de calidad, sin transparencia, con mucha opacidad en sus operaciones, que dan cuenta que hay una dinámica de complicidad con el gobierno hondureño y que esto no ha sido subsanado de ninguna manera por la actual administración”, denuncia Caballero. Mientras se realizan las investigaciones, Reynaldo Domínguez señala que los defensores ambientalistas y todo aquel que se atreva a ponerse en frente de estas grandes mineras corren un gran riesgo, pero el miedo no hará que dejen de defender su derecho a una vida de calidad.  

La muerte de 99 niños yanomamis en Brasil el año pasado hizo sonar las alarmas del gobierno brasileño sobre las amenazas contra este pueblo autóchtono. El ministro de Justicia ordenó una investigación sobre las omisiones en materia de protección de la salud de los Yanomamis. Entre los estados de Roraima y Amazonas se extiende la tierra del pueblo indígena Yanomami, hogar de 30 mil indígenas, repartidos en un total de 350 comunidades. Con el avance de la minería ilegal y la deforestación se han visto en los últimos años seriamente en peligro por la malaria y la desnutrición, entre otras amenazas. Sumado a la carencia de protección contra aquellos dirigentes indígenas que elevan su voz de protesta contra los llamados crimines ambientales dentro de su territorio. La situación se ha tornado sumamente crítica y la vida de estas poblaciones se encuentra totalmente desprotegida. A tal punto que el ministro de justicia brasileño Flavio Dino anunció la apertura de una investigación policial por “genocidio” contra el pueblo Yanomami. El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva reveló el sábado que 99 yanomamis menores de 5 años murieron el año pasado en la mayor reserva indígena de Brasil por desnutrición, neumonía y malaria, entre otras causas. “Hoy lo que sucede en la tierra indígena Yanomami, que tiene casi 30.000 indígenas, es una de las mayores tragedias en Brasil. Tiene como principal vector, la invasión de la minería ilegal y la desestructuración del sistema de atención de salud en el territorio”, señala Manuela Otero Sturlini, asesora de campo del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, una ONG de defensa de los pueblos indígenas. Sturlini denuncia los “3000 casos de niños con déficit nutricional y 20.000 casos de malaria al año y muertes evitables”. Para la especialista, el abandono a estas comunidades es una historia conocida, pero afirma que el gobierno saliente de Jair Bolsonaro se ha caracterizado por desmantelar las pocas políticas de protección en materias de salud y protección territorial que ya existían. “La situación evolucionó de manera peligrosa en los últimos 4 años con el gobierno de Bolsonaro con la desestructuración de los órganos de fiscalización de la minería ilegal lo que dio la sensación que era una actividad regularizada y que impulsó la invasión de estos territorios protegidos”, detalla la investigadora. Si bien la visita del relecto presidente Lula Da Silva, pone el foco a este abandono, lo inmediato según Otero Sturlini, es retirar del territorio Yanomami a las mineras ilegales y devolverle así a la población, el derecho de desarrollarse en un territorio libre de peligros. La investigación, que apunta a acciones y omisiones de funcionarios públicos y exjerarcas de la salud en tierras yanomamis, también abarcará supuestos crímenes ambientales y desvío de recursos públicos. Manuela Otero Sturlini fue entrevistada por Marylin Lavado.

Este martes se abre en Buenos Aires la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que agrupa a todos los países del continente, salvo Canadá y Estados Unidos. Se espera que se reimpulse esta instancia regional, ya que Brasil recién reintegró el conjunto. El expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro se había salido de la CELAC pero Lula decidió revertir esta decisión. Originalmente, la CELAC fue creada en 2010 para incluir a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, a diferencia de Unasur, que no incluye a México, y frente a la OEA, fuertemente influenciada por Estados Unidos. “Coincidía con una situación de creciente atención de Estados Unidos, en aquel momento, en la guerra contra el terrorismo, con un debilitamiento notorio de la OEA y con una fuerte erosión de las instituciones interamericanas”, explica Juan Gabriel Tokatlian, vicerrector de la Universidad Torcuato di Tella, en Buenos Aires. La organización se convirtió rápidamente en un interlocutor importante de la Unión Europea e incluso de China, por ejemplo, en negociaciones económicas. Pero luego, sufrió por la crisis del multilateralismo en la región, explica el doctor en relaciones internacionales. “Los desafíos económicos de una región que lleva casi una década sin crecer sostenidamente hacen que ahora, con el regreso de Brasil y la capacidad de desideologizarse, esto es, sentar las bases de un diálogo en las diferencias, una unidad en la diversidad y una capacidad de interlocución se refuercen. Por eso el regreso de Brasil es tan importante”, analiza Tokatlian. A su juicio, la CELAC aprendió las lecciones de divisiones pasadas en el continente y probablemente no caerá en ideologización tal y como ocurrió con otras instancias. Protestas contra Cuba y Venezuela Para Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, las protestas de la oposición en Argentina contra de la presencia de Cuba y Venezuela en la cumbre, a pesar de las violaciones a los derechos humanos en ambos países, no son relevantes para analizar el futuro de la CELAC. “Va a haber este año elecciones presidenciales en Argentina y me parece que estas críticas tienen que ver exclusivamente con la política argentina. Ni siquiera uno podría argumentar ni una mirada regional o de alineamiento con Estados Unidos porque la política de la Administración Biden con Venezuela cambió después de la guerra en Ucrania, hubo un acercamiento”, explica Frenkel. Ambos académicos señalan que, además de la economía y de los efectos de la guerra en Ucrania sobre la región, la salud y el medio ambiente serán algunos de los temas de debate más importantes durante esta cumbre.

Este viernes se cierra el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde se juntan las más grandes empresas y los lideres políticos más influyentes del planeta. Pero además de la política y de los negocios, el foro también premia la innovación social. Este año, la ONG internacional Glasswing, fundada en El Salvador, recibió un premio por sus iniciativas para mejorar la salud mental frente a la violencia en Centroamérica. La ONG Glasswing fue premiada en el Foro Económico Mundial de Davos especialmente por un programa de psicoeducación que está implementando con cerca de 100.000 funcionarios públicos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Colombia. “Si llega un paciente con un balazo, lo sacan, lo desinfectan y le hacen el proceso quirúrgico. Luego esa persona se va y como consecuencia, probablemente puede tener ansiedad, pánico, le puede costar dormir. Puede ser que uno entre en depresión. Entonces hay muchos impactos de este tipo de violencia”, explica desde Davos Celina de Sola, presidenta de esta ONG. Las consecuencias del trauma, si no se tratan correctamente, pueden aumentar el riesgo de que un paciente sea nuevamente víctima de violencia, o incluso que él mismo comita violencia. Pero la capacitación a trabajadores de la salud brindada por la ONG permite reducir este riesgo, subraya la presidenta de Glasswing: “Hicimos un estudio con el Banco Mundial. Que ellos vuelvan a llegar al hospital con otra lesión reduce esa probabilidad por 30%, que obviamente a nivel humano es mucho impacto y también tiene implicaciones económicas para el sistema de salud”. “Consecuencia de un estímulo” Para policías, la capacitación apunta a bajar la probabilidad de que los funcionarios puedan cometer violencia en su trabajo o en su vida personal en reacción a un trauma. Y en el caso de profesores, la ONG busca ayudarles a entender qué puede llevar a un niño o una niña a tener problemas en la escuela. Según Celina de Sola, “lo que nos dicen también quienes participan es que entiendes el impacto. Entiendes que el comportamiento es consecuencia de un estímulo. No es que tú eres una mala persona por algo que haces. Entonces te permite cambiar porque entiendes que son consecuencia de algo”. De forma más general, la ONG busca también luchar contra los prejuicios, entregando herramientas a trabajadores públicos para enfrentar parte de los problemas de salud mental: “La verdad es que la evidencia le apunta a que, si no tienes una base de bienestar, de salud mental, difícilmente logras objetivos de educación o salud. O sea, si un chico o una chica viene de contexto muy adverso en su hogar y no hay un sistema de apoyo para que ese chico o chica pueda entender y manejar el estrés o el trauma que enfrenta, no va a poder aprender matemática”, indica De Sola. Glasswing hoy está presente en 14 países de toda América y tiene más de 600 empleados.

Entre el 2010 y el 2021, Honduras ha perdido un 10% de sus bosques debido a la deforestación. Esto fue lo que anunció este fin de semana la presidenta del país, Xiomara Castro. Junto a África, América latina es la región del mundo más afectada por la destrucción de los bosques. En Honduras, el gobierno actual atribuye la deforestación a la ganadería, la agricultura y a la sequía. Pero estas son solamente algunas de las razones de la desaparición paulatina de los bosques. Por Justine Fontaine Este sábado, la presidenta de honduras, Xiomara Castro, anunció un programa de reforestación para el país y denunció la destrucción de los bosques, en especial después del golpe de Estado del 2009, y hasta que ella llego al poder a fines del año 2021. “Cada año se pierden más de 100.000 hectáreas de bosque en Honduras, especialmente por la intervención de la ganadería extensiva y la agricultura migratoria”, sostuvo la mandataria. Sin embargo, estas no son las únicas razones de la deforestación. Gustavo Cabrera es biólogo, director general de la ONG Oficina Cuerpos de Conservación de OMOA (CCO), cerca de la frontera con Guatemala. Explica que, en los últimos años, las autoridades han tardado en responder ante una plaga, el descortezador del pino, que ha ido destruyendo esta especie de árboles. A esto hay que agregarle el hecho de que muchos árboles nativos han sido reemplazados por monocultivos de exportación. Se trata de “cultivos, por ejemplo, como la palma aceitera, como el pin grass para producir energía, biomasa, cardamomo y otros tipos de cultivos que han sido incentivados por el gobierno”, dice Cabrera. Además, explica que a estas prácticas se le agregan actividades de narcotraficantes en el país. “Estas personas utilizan el territorio para lavar dinero porque lo hacen a través de la ganadería. Entonces su forma de lavar el dinero es teniendo grandes predios de terreno. El gobierno, en vez de cuidar el bosque en aquel tiempo, permitió que esta gente deforestara y creara las grandes parcelas de pasto para ganado”. En este contexto, los defensores de los bosques y del medio ambiente en Honduras han recibido amenazas graves por parte de personas que deforestaran e incluso por autoridades públicas, asegura Gustavo Cabrera. El ambientalista dice que la situación ha mejorado un poco desde la llegada al poder de Xiomara Castro. Sin embargo, no lo convence del todo el plan de reforestación anunciado por el Gobierno. “Va en un buen sentido. El problema es si se puede contar con los recursos para poder llevarlo a cabo, porque tanto ha sido el daño que ha habido a nuestro bosque que para poderlo recuperar se necesita una buena inversión de dinero, principalmente el trabajo con las comunidades”. Son comunidades que en su opinión han sido abandonadas por el Estado y que, por falta de recursos, terminan destruyendo el bosque para sobrevivir.

Este martes 17 de enero comenzará en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano durante el periodo del expresidente Felipe Calderón. García Luna es acusado de beneficiar al Cártel de Sinaloa, liderado entonces, por el narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”. El proceso judicial podría durar unas ocho semanas y su condena se estima entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua. El exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, que lideró la guerra que aún hoy el Estado mantiene contra el narcotráfico, será juzgado desde este martes en Nueva York acusado de haber ayudado al cártel de Joaquín "Chapo" Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Es el funcionario mexicano de más alto rango que se sienta en un banquillo de la justicia estadounidense. La Fiscalía lo acusa de conspirar con miembros del Cártel de Sinaloa para exportar y distribuir droga en Estados Unidos entre 2001 y 2012, así como de mentir cuando en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense. “Favorecimiento de una empresa criminal continua” “Señor Presidente, la Policía Federal ha detenido a más de 90.000 presuntos responsables de diversos delitos. Destacan 2.720 vinculados con estructura de mando del narcotráfico”: así fue como Genaro García Luna concluyó sus funciones, en 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio de Felipe Calderón. Detenido el 4 de diciembre de 2019 en el sur de Estado Unidos, es, para México, el primer exfuncionario público con una importante responsabilidad nacional enjuiciado en el extranjero. Pero ¿de qué le acusa la justicia norteamericana? “Son cargos muy dedicados a la conspiración y haber cometido actos en favorecimiento de una empresa criminal continua. Este cargo significa llevar a cabo actos que permiten que una empresa criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa, se desarrolle y continúe llevando a cabo sus actividades delictivas. Además de la conspiración, está el cargo de pertenecer a la empresa criminal continua, y de llevar a cabo actos que son agravantes de la conducta para que esta empresa criminal continua continuara operando de forma impune y de forma lucrativa y de forma violenta en el país”, explica el abogado David Peña Guzmán, maestro en Derecho Internacional y abogado especialista en extradiciones. “Múltiples testimonios” El hecho de que sostuvo reuniones de trabajo con el gobierno estadounidense ¿podría ser un argumento de defensa? “Al contrario, porque nunca actuó de forma conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no tenía a un infiltrado en el cártel, sino lo contrario, el cártel tenía a un infiltrado en el gobierno mexicano, aprovechándose de la confianza, utilizando su puesto. Tenía acceso a información y tenía acceso a una serie de medios que un funcionario común y corriente no tendría”, detalla Peña Guzmán. Información que probablemente transmitía al Cártel de Sinaloa: “Existen múltiples testimonios de testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, según los que ellos fueron físicamente quienes entregaron millones y millones de dólares al ex secretario de Seguridad Pública a cambio de inmunidad. E incluso no sabemos, porque no hemos escuchado el testimonio de viva voz, pero lo escucharemos en los próximos días, si aparte de esto, las funciones en donde hay policía federal o de gabinete utilizaban o estaban al servicio del cártel, lo cual sería muy delicado y triste”, subraya el abogado. La justicia estadounidense alega que a partir de enero de 2001 se "convirtió en miembro de la conspiración del Cártel de Sinaloa", ayudándolo para no interferir en el tráfico de droga, informándole de operaciones policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder. A cambio, recibió "millones de dólares", asegura.   Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas (sur), García Luna se ha declarado no culpable de los cargos que podrían acarrearle una condena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Y con la AFP

En Santa Marta, líderes sociales aseguran que el estado de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele, ha fomentado las detenciones arbitrarias por parte de la policía y erosionado los derechos humanos de los salvadoreños. La comunidad Santa Marta ubicada en el departamento de Cabañas, en el noreste de El Salvador, es un reconocido foco de movilización social y ambiental. En los años 80, sus pobladores de refugiaron en Honduras, para huir de la represión militar durante la guerra civil. Este año conmemoran el aniversario de los acuerdos de paz, denunciando el proceder de las autoridades. “En la madrugada de este 11 de enero, nos sorprendió enormemente que la Fiscalía y efectivos de la policía nacional civil, irrumpieron en tres hogares de la comunidad. Y fueron capturados compañeros que tienen una vida activa en la lucha contra la minería en el departamento de Cabañas. Dijeron que esto se debía a sucesos ocurridos durante la guerra. Nos sorprendió porque en todos estos años en los que se ha estado exigiendo justicia y verdad, nunca habían querido actuar. Y cuando presentan un caso judicializado, resulta que es en contra del liderazgo de la misma comunidad”, declaro el vocero de la comunidad Santa Marta, Leonel Rivas, en entrevista para RFI. En esa zona, se cometió una matanza en la que murieron más 200 personas a manos del ejército, y que nunca fue investigada. La comunidad no entiende, entonces, por qué fueron detenidos los líderes de la comunidad, acusados de haber asesinado a una mujer en 1989. “También dijeron que estaba el delito de asociación de agrupaciones ilícitas. Es el delito que están usando para procesar a mucha gente durante este periodo del régimen de excepción. Es preocupante porque cualquier hecho puede ser utilizado para procesar a cualquier persona con vínculos de ese pasado histórico, aunque también con las actuales luchas que se libran en El Salvador”, agregó Rivas. Para la comunidad de Santa Marta, el gobierno de Nayib Bukele ha prolongado el estado de excepción para seguir amordazando a los movimientos sociales. “Creemos que este gobierno está retrocediendo en materia de derechos humanos. Aquí no se respeta el debido proceso, ni las garantías constitucionales. Porque son el Estado y el gobierno, los primeros violadores de las Constituciones y de los procesos. Es una situación muy penosa”, concluyó Leonel Rivas.

El Departamento de Justicia estadounidense nombró este 12 de enero a un fiscal especial para investigar acerca de los documentos clasificados encontrados en una residencia y en una oficina de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se encuentra ahora involucrado en un caso curiosamente semejante al de su predecesor Donald Trump. ¿Enfrentan ambos el mismo destino judicial? Documentos clasificados provenientes de la Casa Blanca fueron encontrados en la residencia y en una oficina del mandatario estadounidense Joe Biden. La historia se repite a pocos meses de diferencia, puesto que algo parecido ya ocurrió con su predecesor Donald Trump. Diferencias entre Trump y Biden “Hay diferencias importantes en los dos casos, en cómo salieron a la luz los documentos, su volumen y, lo más importante, cómo respondieron por un lado Trump y por otro lado, Biden. En el caso de Trump, él y sus ayudantes resistieron los repetidos esfuerzos del gobierno para recuperar los documentos que fueron señalados por los archivos nacionales. En el caso de Biden, fueron sus abogados que encontraron los documentos y que informaron a los archivos nacionales”, detalla para RFI Reed Brody, ex fiscal adjunto del estado de Nueva York. Según él, “esas diferencias pueden tener implicaciones legales importantes, porque la Ley de Espionaje, por ejemplo, tipifica como delito que alguien sin autorización deliberadamente retenga un secreto de seguridad nacional o que no lo entregue a pedido”. Robert K. Hur, consejero especial El fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland, citando “circunstancias extraordinarias”, nombró a un consejero especial para investigar el manejo de estos documentos clasificados. Garland nombró a Robert K. Hur, ex fiscal federal en Maryland que se desempeñó como alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración Trump: “Firmé una orden designando a Robert Hur como consejero especial para el tema que acabo de mencionar. El documento lo autoriza para investigar si ‘alguna persona o entidad violó la ley en relación con este asunto'”, declaró. “Para el interés público, era importante dar un paso más y nombrar a un fiscal que tiene más autonomía cotidiana que los fiscales del Departamento de Justicia, que pueden ser destituidos solamente por mala conducta, pero no son totalmente independientes. Conociendo al fiscal general Merrick Garland, él es muy by the book con las reglas. Nombró a un republicano, y yo creo que harán todo para que no aparezca ningún signo de política partidaria”, comenta Reed Brody. En última instancia, explica el ex fiscal adjunto, el ministro de la Justicia es quien validará alguna imputación. Si decide oponerse, corre el riesgo de una guerra política. Karine Jean-Pierre, la jefa de prensa de Joe Biden, dijo que la Casa Blanca seguirá cooperando con el Departamento de Justicia y con el consejero especial para demostrar que estos documentos fueron puestos en estos lugares de forma inadvertida. Estos descubrimientos se conocen semanas después de que Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos nombrara a Jack Smith consejero especial para llevar a cabo una investigación sobre el mal manejo de cientos de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago después de que Trump terminó su presidencia.

El gobierno de Panamá está librando batalla contra la compañía canadiense que lleva años operando la mayor mina de cobre de Centroamérica. Ambas partes están renegociando las condiciones en las que First Quantum Minerals explota este recurso que, aunque corresponde al 75% de los bienes que exporta Panamá, aporta muy pocos ingresos según el Estado. El gobierno de Panamá negó este martes estar cerca de un acuerdo con la canadiense First Quantum Minerals para seguir operando la mayor mina de cobre de América Central, como había señalado horas antes la compañía norteamericana. A mediados de diciembre, el presidente, Laurentino Cortizo, había ordenado la paralización de las operaciones. El grupo canadiense indicó que está listo para aceptar, e incluso superar, las demandas del gobierno panameño presentadas en enero de 2022 en materia de regalías, protección ambiental y normas laborales. El contrato que tiene actualmente la minera canadiense en Panamá tiene una regalía del 2% sobre las ventas, y Panamá quiere que se aumente al menos al 12%. Negociaciones en curso Pero según el comunicado del gobierno, la minera "ha presentado propuestas que le ofrecen más beneficios a la empresa en escenarios favorables, cuando el precio del cobre es alto, y no sólo protecciones en escenarios desfavorables, cuando el precio del cobre baja". Como explica el abogado ambientalista Rodrigo Noriega, la compañía empezó a operar la mayor mina de cobre de América Central en condiciones muy distintas a las de hoy en día: “En 1997, Panamá firmó una ley que permite la explotación minera a cielo abierto. Se estableció esa legislación minera tan baja, pensando que la inversión extranjera generaría empleo y esto resolvería los principales problemas del país”. “En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley del año 1997 y se pusieron algunos recursos judiciales, pero finalmente, en el año 2021 se resolvió el último recurso en contra de la explotación minera. Y eso es lo que provoca la crisis que obliga a las dos partes, al Estado panameño y a la minera, a negociar. El Estado panameño quiere que pague del 12 al 16% de regalías y que pague impuesto sobre la renta y otros impuestos más, lo que produciría 375 millones de dólares al año para el Estado panameño como mínimo. Sin embargo, la minera canadiense First Quantum Minerals se niega a ese compromiso porque ellos alegan que el precio del cobre varía porque hay otras condiciones, otros gastos. Ellos tienen que amortizar sus inversiones o préstamos y demás”, explica Noriega. El tema ambiental en la mesa Más allá de los ingresos para el Estado, está el tema ambiental porque, si bien Panamá no exporta muchos bienes, el cobre cuenta por tres cuartas partes de sus exportaciones. “El recurso que más consume la mina es agua, el agua de los ríos y eso pues le quita agua a los campesinos. Segundo, al ser un país tropical, Panamá es el quinto país donde más llueve por metro cuadrado en el mundo, entonces eso tiene un riesgo de desborde, de inundaciones. Lamentablemente, es una zona del Caribe panameño, la zona más boscosa de Panamá, con más intensidad de la biodiversidad panameña, y ahí se estableció la mina en el centro del corazón de esta zona boscosa que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano de Panamá. Se devastó 13.600 hectáreas de bosque la empresa minera que encima ha ocupado otras 7.500 hectáreas de bosque para ampliar sus operaciones de forma ilegal. Eso es otra disputa que tiene con el Estado panameño”, detalla el abogado ambientalista. La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. First Quantum, que cotiza en la Bolsa de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.