Noticias de América

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición.  Celia Pousset, desde El Salvador  En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional. Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia.  “Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país. “Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”. Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial.  “Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”. Control social Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social. “Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz. Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo. Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron. Leer tambiénEl Salvador opta por un juicio masivo contra las pandillas “Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.” Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad». El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.

El tema del aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso, que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar, ha reabierto el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres. "Escucha su corazón": así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena (seis diputados en total, cinco de extrema derecha y uno de la derecha tradicional) ha presentado recientemente en el Congreso. Propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, y si la mujer decide no hacerlo, el procedimiento no se realiza. Una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate, tanto dentro como fuera del país. “Desprecio enorme por las mujeres” Desde 2017, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres. “En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, Jaime Guzmán, planteaba que la mujer si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado”, explica Gonzalo Rubio, ginecólogo chileno. Además, agrega, “la ley también es bastante restringida: es una ley en donde los médicos siempre tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos”. El especialista subraya que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público: “Donde más se concentra el aborto por violación, es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida -estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o la ausencia de riñones- o el riesgo de vida de la madre son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultra derecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas y e incluso generar culpa”. Mercado negro Gonzalo Rubio fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile. Un hecho que lo puso en la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar del aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos. “El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros”, concluye. Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia. La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia. El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente.  "El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.   Garantías Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial.  En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”. Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población.  “Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%".  Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó. 

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta.  El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum. ¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal". Leer tambiénEstados Unidos: Suspensión de los controles de carretera de ICE tras dos muertes por disparos Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta" Leer tambiénPetro denuncia el "asesinato" de un colombiano a manos del ICE en EEUU "Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández.  Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.

Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país. "El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia", explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. "Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia", agrega.  "El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año", dice Daza. El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país. "Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos", dice.  "Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este". Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal. Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos. Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.   “Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros'. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal. La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población. “Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico. Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad. “Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura. El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye. Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Casi ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos, la justicia argentina dictó sentencia el miércoles 8 de julio sobre las causas del naufragio. El juicio dio una condena de tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos. La desaparición de la nave que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hacia la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los casos que más ha conmocionado al país en la última década. En 2026, las autoridades realizaron un juicio oral que duró poco más de cuatro meses para dictaminar quiénes eran los responsables del naufragio del submarino que fue localizado  un año después en el Golfo de San Jorge. Lo encontraron a unos 500 kilómetros de la costa patagónica y a más de 900 metros de profundidad. El fallo condenó a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes públicos. Fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa. La sentencia no convence a los familiares porque es “bastante contradictoria”  para lo que se estipula en las acusaciones, dijo a RFI Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas. Según él, los tres años sin prisión efectiva es una condena “irrisoria” frente a los cargos que enfrentó Villamide: además de ser responsable de “estrago culposo, que vendría a ser el hundimiento”, y que sería “agravado por la muerte de 44 personas”, tenía la “responsabilidad extra de cuidar a sus subordinados y las normativas de la institución”, explicó. En espera de justicia Luís, como otros familiares, insiste en que la única manera de hacer justicia es saber qué pasó aquel día bajo las aguas del Atlántico, puesto que a día de hoy, todavía existen múltiples incógnitas sobre la causa del accidente durante la misión de patrullaje del ARA San Juan. En el primer año “todo fue muy intenso", recordó. “Especulamos con encontrarlos con vida. Después por lo menos encontrar los restos del submarino. Cuando al final encontramos el resto del submarino esperábamos, y después pedimos y después exigimos, que se haga lo que se hace en cualquier investigación: hacer las pericias técnicas necesarias para tratar de saber qué es lo que ocurrió”, pero no se hizo por lo que decidieron llevar el caso ante los tribunales. Las autoridades hablan de accidente, mientras que la fiscalía sostiene que se trata de una “tragedia previsible”, ante fallas críticas de mantenimiento.  A pesar de las condenas, el tribunal todavía no ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que se conocerán a finales de agosto y será entonces cuando las familias confían en encontrar respuestas que les acerquen, al menos un poco más, a la justicia que llevan años reclamando.

Este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, una movilización sin precedentes que terminó con miles de detenciones y centenares de condenas. Cinco años después, ONG y organismos de derechos humanos aseguran que cientos de personas continúan encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones. Entrevista con Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en Cuba. Miles de personas salieron a las calles para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en la mayor ola de protestas registrada en la isla desde 1959. La respuesta de las autoridades fue una amplia operación policial que derivó en miles de detenciones y centenares de condenas. Algunos de los manifestantes siguen hoy, cinco años después, tras las rejas. "Todavía hay al menos 300 personas presas cumpliendo condenas relacionadas con el 11 de julio", explica a RFI Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional. "De las más de mil personas que fueron efectivamente procesadas, siguen encarceladas aquellas que recibieron las condenas más largas. Uno de los legados del 11 de julio fue precisamente el uso del derecho penal por parte del Estado de una manera bastante discrecional y ejemplarizante. Se impusieron penas muy elevadas a algunos manifestantes. Lamentablemente, permanecen en prisión personas condenadas a las penas más altas, que en algunos casos superan los 20 años. Fueron condenadas por delitos como sabotaje o sedición, los cargos más graves utilizados en estos procesos", añade. Las protestas disminuyeron en Cuba durante el año siguiente, en un contexto marcado por la represión. "En 2022 prácticamente no hubo protestas debido al efecto inhibidor de los miles de detenidos, los juicios constantes y los programas de televisión que recordaban las penas y las condenas. También mucha gente estaba saliendo del país, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a partir de entonces vuelve a crecer la protesta y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Evidentemente, a mayor contestación social, mayor represión", señala Cilanno. Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el perfil de los detenidos ha cambiado y cada vez es más frecuente encontrar entre ellos a jóvenes que se expresan a través de las redes sociales. "El perfil de estos jóvenes creadores de contenido e influencers es una novedad entre las personas encarceladas por razones políticas. Ya no se trata del opositor o del disidente tradicional. Son jóvenes que generan contenido y que, al analizar su actividad, muestran cómo se involucran progresivamente en otros temas, como la denuncia y la exigencia de derechos", afirma. Cinco años después, el eco del 11J sigue presente, mientras miles de cubanos luchan a diario por sobrevivir en una isla marcada por la escasez. La ONG Prisoners Defenders denunció recientemente un nuevo récord de represión, con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización.

Cuando se cumplen este miércoles dos semanas del doble terremoto que azotó Venezuela, principalmente La Guaira, los servicios de emergencia han pasado de la urgencia de rescatar sobrevivientes a la ayuda psicológica, entre otros, para los adolescentes y los rescatistas no profesionales, fuertemente impactados por la catástrofe natural. Entrevista con Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. Si los primeros días después del doble terremoto del 24 de junio la urgencia era encontrar sobrevivientes entre los escombros, al cabo de dos semanas los equipos de emergencia se concentran en una nueva fase: atender a los afectados. Venezuela centra ahora sus esfuerzos en la ayuda humanitaria para asistir, entre otros, a los más de 14.000 desplazados que se encuentran en 87 campamentos improvisados tras perderlo todo en el seísmo. “Vamos a realizar primero que todo un buen análisis de las necesidades junto con las autoridades y otras organizaciones”, explicó a RFI Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. “Vamos a evaluar lo que se necesita a nivel de servicios de salud, tanto en términos materiales como humanos, porque ha habido una pérdida importante de personal sanitario. Hemos desplegado brigadas móviles de atención que ofrecen, por un lado, atención médica, atención en enfermería y salud sexual y reproductiva, así como atención psicológica. Nos vamos a concentrar especialmente en la atención psicológica con dos ramas: una parte para el cuidado de intervinientes y de todas aquellas personas que han estado en primera línea, expuestas. Me refiero a rescatistas, voluntarios y personal de salud. Y, por otro lado, la atención psicológica individual”, precisa", dijo.  Salud mental, frente prioritario  Médicos del Mundo se muestra especialmente preocupado por la salud mental, un problema invisible que afecta a las personas que viven una catástrofe como la del doble terremoto en Venezuela, sobre todo a quienes participaron en las labores de rescate y emergencia. “Los rescatistas no profesionales son personas altamente afectadas. Protección Civil también es un colectivo muy afectado. El personal sanitario sufre un desgaste emocional por todo lo que ha tenido que ver operando en primera línea. También hay muchas personas que han sido afectadas por la catástrofe, pero que habían estado ocupadas buscando a sus familiares o intentando organizar espacios para acoger y cuidar a la gente que se quedó sin vivienda. Los adolescentes también se ven afectados, pues ahora deben lidiar, en medio de una edad compleja, con la pérdida de familiares y prácticamente de toda la vida que conocían hasta ahora.  Los adolescentes procesan las tragedias y las catástrofes de otra manera. Los efectos más visibles se notarán un poco más adelante, no tanto ahora, porque los adolescentes, al comienzo, muchas veces aportan incluso apoyo”. El seísmo que sufrió el país el pasado 24 de junio arrasó ciudades enteras, edificios, hospitales, comisarías y escuelas. En algunas zonas apenas queda nada en pie. Tras la salida de los rescatistas extranjeros, los voluntarios locales se apresuran a recuperar los cuerpos de miles de personas que permanecen bajo los escombros. En las últimas horas, las autoridades actualizaron la cifra oficial de fallecidos: más de 3.340 personas.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención. “El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump. Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos. “Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch. La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas. “No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade. El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas. La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno. Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó. Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”. Responsabilidad militar Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló. Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó. “Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados. Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó. En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

En Ecuador, la Fiscalía presentó pruebas acusatorias contra siete personas sospechosas de ser los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. El caso sacudió el país, cinco personas fueron condenadas por su implicación material en los hechos. El caso sin embargo ha sido rodeado de una fuerte politización y de muchos cuestionamientos. En un nuevo capítulo de la investigación judicial sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, la Fiscalía ecuatoriana señaló a siete personas como presuntos autores intelectuales del homicidio. “El denunciólogo” En la lista están tres cabecillas de bandas criminales, un exministro del gobierno de Rafael Correa, dos empresarios ligados a casos de corrupción y un exdiputado. Según la fiscal a cargo del caso, Villavicencio pagó con su vida sus denuncias anticorrupción. Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, explica que “hizo de la denuncia de la corrupción su lucha como periodista y después su lucha como asambleísta. De hecho, él tenía el apodo de ‘El denunciólogo'”. “La tesis principal que maneja la Fiscalía y también la parte acusatoria, que son las hijas de Fernando Villavicencio, es que son justamente las investigaciones de Villavicencio y el involucramiento que hacía a personas como Xavier Jordán y José Serrano lo que motivó el asesinato. Esta es como la tesis oficial. En cambio, los abogados de los acusados sostienen que no hay todavía ningún elemento probatorio contundente para hacer este involucramiento de estas personas”, detalla Álvarez. Politización del caso La experta en seguridad observa sin embargo una politización extrema del caso del asesinato del excandidato presidencial, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo, el correísmo, narcotraficantes y familiares de Villavicencio. “Creo que hay un intento de desprestigiar al bando correísta. Todavía no hay las pruebas necesarias y deben ser judicializados, es decir, un es un crimen que debe esclarecerse. Pero hay un uso político del crimen y esto se puede ver en las declaraciones de la viuda de Villavicencio en contra de la fiscal”, dice la especialista. A la politización del caso se suman serias falencias de las autoridades ecuatorianas. Varios sospechosos de haber participado al homicidio murieron, recuerda Carla Alvarez: “En el camino hemos perdido muchas pistas”. Antes de ingresar a la política, Villavicencio había publicado varias investigaciones en las que denunciaba casos de corrupción.

En Venezuela, hay niños que piensan una y otra vez que la tierra vuelve a temblar. En el refugio del Parque del Oeste, donde llegaron damnificados de La Guaira, además de comida y ropa, se brinda ayuda para lidiar con la angustia. Los niños son testigos de excepción del devastador doble terremoto sufrido en Venezuela hace más de una semana. Sus relatos combinan inocencia y miedo. En los refugios de damnificados, algunos aún muestran shock por lo vivido y otros comparten su experiencia. Actividades recreativas y musicales “Mi mamá se echó a llorar, lloró de la felicidad porque salimos vivos. Si hay algún otro terremoto tírense al piso o váyanse a la calle”, cuenta Sofía Valentina. Otros han comenzado a canalizar todo ello a través de juegos, incluyendo los inventados donde muñecas que corren ante sismos, o escapan de escombros. Los adultos quieren cambiarles esa imagen mental que no cesa. Adriana Martínez, maestra de educación especial y voluntaria, explica que intenta “dar esa sonrisa que ahorita a los niños les hace bastante falta”. David Domínguez y Erick Sandoval organizan por separado grupos para atender a los más pequeños. “Estamos viniendo a hacer actividades recreativas y musicales en los refugios. Vemos mucha emotividad”, dice David. “La intención es mantener una agenda permanente e incorporar una parte formativa para mantenerlos ocupados en medio de esta situación”, subraya Erick. Alimentación y medicina Pero no todos son juegos. También se ha priorizado la atención de alimentación y revisiones médicas para los más pequeños, así como el apoyo psicológico. “Nos han presentado la ayuda muchos recreadores que han venido, comida, los han afeitado también, han llegado las ayudas y nos han ayudado a todos”, cuenta Elizabeth Galvis, madre de un niño menor de 10 años. Unicef estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace ocho días que ha dejado hasta ahora más de 2.200 personas muertas y 12 mil heridos.

Tras el doble terremoto, la destrucción de numerosas infraestructuras médicas plantea un desafío sin precedentes. En La Guaira el personal médico ha aprovechado edificios que aún permanecen en pie para instalar hospitales improvisados, como en un McDonald's donde estuvo nuestra enviada especial, Melissa Barra. En La Guaira, al norte de Caracas, la cocina y las fotografías de hamburguesas exhibidas sobre el mostrador es todo lo que los cirujanos voluntarios han conservado de un restaurante McDonald's transformado en hospital de emergencia. Las mesas, por supuesto, han sido retiradas. Enfrentados a un desafío de dimensiones inéditas después de que numerosas infraestructuras médicas fueran destruidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio, los profesionales sanitarios y los veterinarios voluntarios que han ocupado el local atienden allí a desplazados y equipos de rescate. El doctor Fernando Jaimes fue el que forzó la puerta del establecimiento de comida rápida, el cual quedó intacto tras la catástrofe. En este momento es el único lugar con aire acondicionado en varios kilómetros a la redonda. «Al entrar, enviamos un video a McDonald's para demostrar que no veníamos a saquear, sino a refugiarnos y recibir heridos. La dirección decidió entonces restablecer el suministro eléctrico. Así fue como comenzó todo», relata. Sala de triaje, farmacia improvisada, colchones Aunque no se realizan operaciones quirúrgicas en el local, sí se prestan allí los primeros auxilios. Se ha instalado una sala para evaluar la situación de las víctimas, una farmacia improvisada y colchones en la planta superior para acoger tanto a los pacientes como a 30 profesionales sanitarios durante la noche. "Recibimos pacientes con enfermedades crónicas o personas que se han lesionado mientras removían escombros", cuenta la doctora Melanie Martinez, miembro del equipo. "Ayer llegó un hombre que padecía Alzheimer y que estaba desaparecido. Su familia lo creía muerto. Logramos contactar con ellos y uno de sus familiares vino a recogerlo", añade. Más adelante, aunque forma parte del equipo de rescate, la veterinaria Layda García lleva una vía intravenosa en el brazo. «Todos los días salimos en busca de animales de compañía. Hace muchísimo calor y no me cuidé lo suficiente... Tuvieron que hidratarme», explica para justificar su situación.

La administración Trump declinó extender el tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. México y Canadá esperaban, en cambio, que se mantuviera intacto. Las nuevas negociaciones se anuncian arduas. El economista Adolfo Chiri explica por qué. Desde que nació en 2020 por iniciativa del presidente Donald Trump, el T-MEC ha permitido a Estados Unidos reducir la entrada de bienes chinos y mantener el enorme intercambio de bienes con Canadá y México. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó prorrogar el pacto comercial hasta 2042, como pedían canadienses y mexicanos. En cambio, optó por revisar algunos aspectos del texto. El economista Adolfo Chiri, presidente de la consultora Cambridge Insight, detalla cuáles. “Estados Unidos quiere tratar tres temas. Uno de ellos tiene que ver con las reglas de origen, porque hay muchos países, por ejemplo China, que estarían utilizando a México como plataforma para producir los automóviles que llegan a Estados Unidos con un alto componente chino. En la actualidad, el tratado establece que debe haber un 75 % de origen nacional. Lo que quisieran es elevar ese porcentaje al 100 %”, explica Chiri. La pregunta es cuánto se podría elevar ese porcentaje para evitar que China utilice a México o Canadá como puente para seguir entrando al mercado estadounidense, agrega el economista, quien destaca otro punto. “¿Quiénes se van a beneficiar de las empresas que hacen negocios utilizando el Tratado? Hay empresas de países con los que Estados Unidos no tiene una buena relación política, llámese China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Esos países podrían obtener beneficios, a través de terceras empresas, gracias a los negocios que hagan México y Canadá en Estados Unidos. Un tercer punto, polémico, es el salario mínimo. Quieren establecer un salario mínimo regional, por ejemplo en la industria automotriz, para evitar que haya empresas que se trasladen de Estados Unidos a Canadá o a México porque los salarios son más bajos”. México tratará de conservar las condiciones comerciales que le permitieron superar a China como principal exportador de bienes a Estados Unidos, observa Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Abandonados a su suerte desde el primer dia, números damnificados por el doble terremoto intentan desesperadamente recuperar los cuerpos de sus seres queridos y para ello se lanzan a remover los escombros por su propia cuenta. Melissa Barra, enviada especial de RFI a Caraballeda, en el estado La Guaira, recogió el testimonio de dos de ellos. Un reportaje con Jad El Khoury. Un hombre se acerca a un grupo de rescatistas franceses. Sin hablar su idioma, logra explicar que se llama Juan Rodríguez y está averiguando dónde está el campamento de los socorristas porque quiere avisarles en cuanto localice los restos de su hermana Dayana. "Ella estaba en el piso seis. Sacamos ya a diez familiares. Me falta solo ella. Nosotros estamos haciendo la búsqueda familiarmente. Una vez que tenemos a la persona visualizada,  intentamos sacarla. Pero cuando se nos pone complejo, necesitamos ayuda. Buscamos otros profesionales para que ellos nos ayuden, si no está en nuestras manos. La búsqueda la estamos haciendo con las manos y las uñas. Ya yo he traído tres maquinarias prestadas", dice. A unas calles de ahí, Valeria, una joven de Caracas, también suplica que la ayuden. Sabe exactamente dónde está su padre. Desde hace días, puede ver su cuerpo en medio de los escombros. Él se había mudado a Caraballeda dos días antes de los terremotos. Entierro digno  "Quisiéramos enterrarlo dignamente. O sea, recuperar lo que se pueda. Yo sé que mi papá ya no está ahí al 100%. Esto lo entiendo. Pero tampoco puedo dejarlo ahí como si fuese cualquier cosa. Yo compré, pedí prestado, o sea, me prestaron, una planta eléctrica. Tengo las palas, los picos, el esmeril. Compré los discos de corte, tengo un taladro eléctrico, también comprado. No necesito una cuadrilla gigantesca. Necesito tres o cuatro personas que me ayuden. Y eso no va a tomar más de medio día". La ONU estima que decenas de miles de personas están desaparecidas. A este ritmo, localizar y recuperar a todas las víctimas tomará semanas. 

A un mes de la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia, tras una ajustada victoria frente al izquierdista Roberto Sánchez, analizamos con el politólogo Fernando Tuesta las diferencias entre el liderazgo de la nueva mandataria y el de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. También evocamos las dificultades que enfrentará para gobernar teniendo en cuenta que la mitad del electorado no votó por ella y que su peso electoral es del 17%. Tras su cuarta candidatura presidencial, la derechista Keiko Fujimori se impuso en las elecciones peruanas. La líder de Fuerza Popular llegará al poder reivindicando el legado de su padre, Alberto Fujimori, a quien ha defendido de manera constante pese a que su gobierno estuvo marcado por graves violaciones de los derechos humanos y escándalos de corrupción. "Quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre: en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo su palabra", afirmó Keiko Fujimori durante la campaña. Sin embargo, las circunstancias que la llevaron a la presidencia son muy diferentes a las que impulsaron a Alberto Fujimori al poder en 1990, sostiene Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. "Lo primero que hay que decir es que Keiko no existiría políticamente sin Alberto Fujimori. Fuerza Popular es el fujimorismo y, en ese sentido, un partido dinástico. La diferencia es que Alberto Fujimori llegó al poder enfrentándose al establishment, mientras que Keiko ha sido la candidata del establishment", explica Tuesta. Según el analista, las diferencias van más allá de la coyuntura electoral. "Alberto Fujimori entendía la política de una manera distinta. Consideraba que la democracia representativa y los partidos políticos eran un obstáculo. Keiko, en cambio, ha construido una organización partidaria. Alberto Fujimori ejercía un liderazgo que yo calificaría como una derecha popular. Keiko Fujimori representa más bien una derecha de las élites. Además, Alberto tenía una enorme capacidad de atracción electoral. Keiko obtuvo alrededor del 17 % en la primera vuelta, que es su verdadero peso electoral", señala. Aunque Fuerza Popular contará con una posición favorable en el Senado, no dispone de mayoría en la Cámara de Diputados. Además, Keiko Fujimori asumirá la presidencia tras una victoria por menos de 50.000 votos, un margen que limitará su margen de maniobra política, advierte Tuesta. "Keiko Fujimori tendrá que responder ante un electorado profundamente dividido. Cerca de la mitad del país no votó por ella y, en algunas regiones, especialmente las más pobres, fue derrotada de manera contundente. Eso será un desafío importante y la obligará a atender las demandas de esos sectores. Además, son justamente las regiones que podrían verse más afectadas por el fenómeno de El Niño", afirma. El fenómeno climático, cuya intensidad ha sido estimada como fuerte y que ya está afectando al sector pesquero, figura entre los principales retos inmediatos del próximo gobierno. A ello se suman la lucha contra la extorsión y la reducción de la pobreza, un problema que golpea especialmente a las poblaciones rurales.

La Corte Suprema de Estados Unidos amplió este lunes las facultades del presidente Donald Trump para destituir a directivos de agencias federales independientes, con la excepción de la Reserva Federal. Dos sentencias dictadas en una semana decisiva para la Corte Suprema redefinieron los límites del poder presidencial. El tribunal resolvió que Donald Trump no puede destituir "por cualquier motivo o sin motivo alguno" a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. En cambio, dio luz verde al despido de Rebecca Slaughter, miembro demócrata de una Comisión que regula el comercio. “Trump no espera, avanza” Fernando Pedrosa, historiador y politólogo de la Universidad de Buenos Aires, analiza el alcance de estas dos decisiones: “La Corte Suprema vino a discutir con dos casos. El de Rebecca Slaughter, el primero, que fue un miembro de una agencia de estas independientes que el presidente echó sin causa, y el segundo, el de Cook, que es un miembro del directorio de la Reserva Federal, a la que Trump echó con una causa, pero que no está probada que sea así. Entonces ahí lo que hace Trump, como hace en general, no espera, avanza y dice ‘bueno, yo puedo echar a estos agentes intermedios', y echa primero a la de la oficina comercial y después a la de la reserva”. “Y la Corte saca dos fallos al respecto que van por un camino intermedio. Por un lado, autoriza echar a la primera y le niega expulsar a la segunda, diciendo que la Reserva Federal es una agencia muy especial que necesita mucha independencia porque lleva la política monetaria y que ahí necesita una causa probada que aún no está”, prosigue. La Reserva Federal “tiene que seguir siendo independiente” El analista explica la importancia de la Reserva Federal y por qué esta decisión del tribunal marca un límite del poder que está dispuesto a conceder al presidente: “Yo creo que si el Poder Ejecutivo pudiese dominar la Reserva, me parece que sería un muy mal mensaje para los mercados, caería mucho la credibilidad de la política monetaria norteamericana". Además, añade Pedrosa, “recordemos que Trump ha venido criticando mucho al presidente, que ya no lo es, de la Reserva. Ahora hay otro que es más proclive a Trump. La discusión está en torno a si las tasas de interés deben bajar o no, y Trump quiere inmiscuirse, quiere decidir él. Y hasta ahora la Reserva Federal, gran parte de su prestigio, está en que los presidentes no afectan sus políticas, sino que toman políticas basadas en cuestiones técnicas, y si le conviene al país hacer tal cosa o hacer otra. Como la Corte dijo, los gobernadores están exentos de esta acción de Trump entonces, de algún modo dio un mensaje muy claro de que tienen que seguir siendo independientes”. Por su parte, el presidente estadounidense celebró en Truth Social el fallo que le dio la razón en el caso de la comisionada demócrata, pero lanzó una amenaza a la gobernadora de la Reserva Federal, al afirmar que tomará "las medidas apropiadas" en su contra, sin ofrecer más detalles.

Tras el doble terremoto que vivió Venezuela hace algunos días, la cuestión de los cuerpos se vuelve esencial. El dolor de las familias sigue persistiendo mientras que las organizaciones intentan gestionar la identificación de los muertos y su restitución a los familiares.  Las morgues en Caracas y La Guaira han sido sobrepasadas. La cantidad de cadáveres en la zona cero de la tragedia por el doble terremoto ha obligado a las autoridades a habilitar una morgue improvisada donde agrupar cuerpos a la espera de entregarlos a familiares.  Una espera larga, dolorosa y sin respuestas  En el piso, tapados con sábanas, bolsas plásticas o cualquier alternativa están algunos de los cuerpos que ya fueron identificados. Sus familiares esperan bajo el sol a que las empresas funerarias completen los trámites para trasladarlos a los cementerios o crematorios.   Una espera que duele tanto como se alarga, en el caso de Alvi Jiménez que nos cuenta: “Aquí estoy para reconocer y retirar cadáveres de mi familia, de cinco miembros de mi familia. Entró a la morgue del seguro, fui y no está allí. Lo trajeron a los silos del puerto. Allí se llenaron varias planillas para poder entrar y no he podido. Ya tengo dos días en esto”.   “Los cuerpos están en extremo estado de descomposición”   En la principal morgue del país, en Caracas, grupos de personas llegan buscando información, queriendo ubicar a alguien, como Greta Torres: “Ha sido demasiado tedioso conseguir a nuestros familiares. Aquí en Bello Monte tenemos ya cuatro días pernoctando acá buscando respuestas. Por tanto, tiempo que se ha perdido, dicen que los cuerpos están en extremo estado de descomposición, es imposible velarlos y van directo a cremación”, afirma.  Y como otros procesos burocráticos, han surgido denuncias de cobros indebidos por trámites acelerados: “Es increíble que nosotros no tengamos solo que lidiar con la tragedia en Venezuela sino también con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público”, comenta Torres.  Mientras las familias lidian con los papeles, el sol y la paciencia, la cifra de muertos sigue subiendo. El número oficial por ahora alcanza las 1.719 víctimas, y contando. 

Venezuela busca a contrarreloj a los miles de desaparecidos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el miércoles pasado. La cifra de muertos sigue subiendo y las esperanzas de encontrar a gente con vida disminuyen. En Venezuela, los rescatistas internacionales se afanan en auxiliar a las víctimas del doble terremoto en la zona cero del desastre. Fachadas de edificios colapsados comienzan a ser marcadas con la letra D por equipos de inspección. Ese símbolo significa que allí ya no hay nadie vivo a quien buscar. Equipos internacionales El sábado cerró la ventana de 72 horas que los expertos consideran clave para hallar sobrevivientes luego de un terremoto. Pero en La Guaira, los rescatistas aún salvan a personas, incluso luego de excavaciones que pueden durar hasta 11 horas. Equipos de Colombia, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Ecuador y de otra decena de países han protagonizado rescates que se celebraron con aplausos: un niño de tres años, un menor de 11, dos mujeres mayores que permanecieron atrapadas más de 60 y 86 horas respectivamente. Pero no todas las historias tienen final feliz. En Catia La Mar, Mari Delgado espera el cuerpo de su hijo: "Yo sé que está por aquí. Ese instinto de mamá me dice que está por aquí. Yo sé que está muerto porque ya hemos llevado cinco días y hoy fue que llegaron las maquinarias que nosotros necesitamos", afirma. "Siempre voy a tener esperanza" El bombero Oswaldo Guédez fue sacado de las ruinas por sus compañeros: "Fui rescatado después de 30 horas de ardua labor, lamentablemente mi esposa no corrió la misma suerte y en este momento mis compañeros están recuperando su cuerpo", cuenta. No muy lejos de allí, Jennifer se niega a pensar que ya no hay más nada que hacer por sus hijos: "Siempre voy a tener esperanza, no la voy a perder. La cuestión es que estamos parados porque dependemos de unos perros. Si los perros llegan y no detectan, para ellos no hay nada y se van y les dan prioridades a otras cosas", dice. El balance oficial, presentado este domingo por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habla de 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 damnificados… pero no se sabe cuántos rescates van. Entretanto, Venezuela comienza una semana sin normalidad. Las clases han sido suspendidas mientras muchos aún no saben cómo ni cuándo podrán tener de nuevo un techo seguro bajo el cual dormir.

Tres candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York ganaron las primarias demócratas para la Cámara de Representantes. Estas victorias ponen de manifiesto dos cosas, el auge de la izquierda en la política estadounidense y un hartazgo con la cúpula demócrata.  Darializa Ávila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander. Estos son los tres candidatos de izquierdas, respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, que han arrasado en las primarias demócratas. Para Eric Sigmon, analista político y exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, estas victorias son prueba de una nueva ola de pensamiento progresista presente en el partido demócrata. Eric Sigmon: Lo que hemos visto ayer en las primarias de Nueva York es una victoria contundente para el ala progresista, impulsada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es un líder joven con bastante apoyo de la gente joven y progresista en Nueva York. Y sus candidatos ganaron sus respectivas elecciones y lo importante es que se logró respaldar a figuras establecidas a pesar de que ellos tenían el apoyo de líderes del partido como Hakeem Jeffries. Estas victorias ocurren en un momento de agitación en el Partido Demócrata, y según Sigmon, podrían repetirse en otras ciudades importantes del país, como Los Ángeles o Washington. Eric Sigmon: En New York ha sido un estado muy clave para mandar un mensaje a los partidos nacionales como demócratas y republicanos, porque Nueva York es un estado muy grande, la ciudad de New York sigue siendo la ciudad más importante del país y si lo pensamos bien, nos damos cuenta que los líderes de los demócratas ahora en día vienen de Nueva York, el líder de los demócratas en el Senado es Chuck Schumer, viene de Nueva York, tanto como el líder de los demócratas en la cámara baja es Hakeem Jeffries. El experto también alerta de que el partido republicano aprovechará temas más controvertidos, como la vivienda o la guerra en Oriente Medio, para generar polémica en estados más moderados y distritos clave. Eric Sigmon: Los republicanos van a utilizar estas victorias en Nueva York para pintar el Partido Demócrata como un partido que está como fuera del contacto con el votante medio. Así que la prueba de fuego para los demócratas será evitar que esa imagen se pegue en los estados péndulo. Sigmon concluye en que el partido demócrata afronta el reto de integrar esta nueva corriente progresista en medio de la carrera por el control del Capitolio en las elecciones de mitad de mandato de noviembre y con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

El número de muertos por los terremotos de Venezuela supera el centenar, pero las consecuencias podrían ser más abrumadoras. La maginitud de la tatástrofe encierra varios factores que se combinaron de forma inusual, como suelos no consolidados o temblores casi simultáneos, como explicó a RFI un experto.  Los terremotos en Venezuela pasarán a la historia no solo por sus devastadores efectos, sino porque son un fenómeno inusual. Este miércoles, la región norte del país sufrió un temblor de magnitud 7,2, y, tras solo 39 segundos, ocurrió otro más potente, de magnitud 7,5. Los expertos denominan este suceso como doblete sísmico. Marcelo Lagos López, profesor del Instituto de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Chile, explica a RFI: "Ocurren dos terremotos casi simultáneamente porque ambos están localizados en la misma traza de una falla activa. Entonces, el primero, 7,2 sería el terremoto precursor, y el 7,5, posterior, 39 segundos después, sería el evento principal. Ambos son parte de una gran secuencia. "Si lo ponemos todo en cámara rápida, hasta parece un solo evento a ojos de la comunidad que experimentó el gran movimiento del suelo", continúa.  Leer tambiénVenezuela: "Todavía se escuchan personas atrapadas bajo los escombros" Para Lagos López, es importante recalcar que el terreno donde ocurrieron los terremotos también explica su gravedad: "Estamos hablando de una zona de valles, una zona donde hay ríos y predominan suelos de origen aluvial y coluvial. Son suelos, en general, menos consolidados. Y cuando tenemos suelos poco consolidados, generalmente en ese tipo de ambientes es donde las ondas sísmicas se amplifican. Puedes recordar los terremotos de 2017 en México: claramente un sector de Ciudad de México, que fue ampliamente afectado, está construido sobre un antiguo lago desecado por los aztecas. Es un suelo claramente poco consolidado donde las ondas sísmicas se concentran, se amplifican y son más peligrosas." Por el momento, la cifra de fallecidos ya supera el centenar, pero esta no para de aumentar. Según la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podrían haber entre 10.000 y 100.000 muertos. No puedo afirmar en este minuto que vayan a ser miles, pero diría que van a ser centenas "Es un modelo. Y como todo modelo, es una simplificación de la realidad. Eso no quiere decir que el cálculo esté errado, pero hay que entenderlo como una aproximación y no como valores absolutos. No sé la estadística en este minuto, pero yo diría que van a ser centenas. No puedo afirmar en este minuto, ciertamente, que vayan a ser miles, pero hay que entender que lo que hace el USGS es una estimación de acuerdo a la intensidad, los datos históricos y la realidad política, social y cultural de cada país.", concluye Lagos López, que no descarta que estos terremotos liberen tensión en otras regiones, por lo que la amenaza sísmica en Venezuela sería inevitable.

La candidata de derecha a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, está a las puertas de la victoria electoral. Con una ventaja de cerca de 44.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez y con el 99,87 % de las actas escrutadas, el resultado parece ya definitivo. La situación se consolidó después de que las autoridades electorales rechazaran un recurso presentado por Roberto Sánchez para anular la votación en el exterior, una medida que podría haber cambiado el desenlace de la elección. “Quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero” Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, analiza lo que implica este resultado y cómo podría ser el próximo gobierno de Keiko Fujimori: “Los 100 primeros días del futuro gobierno de Keiko Fujimori posiblemente sean muy difíciles para ella, debido a que, por primera vez en la historia del país, al menos desde el retorno de la democracia, quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero, porque ha pasado un fenómeno curioso: en el territorio nacional, en Perú el candidato ganador ha sido Roberto Sánchez por 40.000 votos, pero esa ventaja se revirtió con el voto extranjero”. “Entonces, lo que encuentra la señora Fujimori es un país profundamente fracturado, en el cual el sur y las zonas andinas han votado mayoritariamente por Sánchez y posiblemente vayan a haber protestas en contra del resultado electoral, como ya va indicando Sánchez”, añade Carbajal. Vacancia más difícil Perú lleva años sumido en una inestabilidad política crónica. El país ha tenido ocho presidentes en la última década y, entre destituciones, renuncias y vacancias, pocos han logrado completar su mandato. Sin embargo, Keiko Fujimori podría contar con una ventaja que sus predecesores no tuvieron: “El Congreso peruano ha sido reformado en el último año a un congreso bicameral, lo cual de alguna manera dificulta más el poder vacar a los presidentes. Ahora la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es la que hace el juicio político, y la Cámara Alta es la que finalmente emite la opinión final. Y para que se emita una eventual vacancia presidencial requiere de dos tercios del número de senadores, es decir 40”, explica Manuel Valega Mires, politólogo y abogado. “Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, con Renovación Popular, que es el otro partido de derecha del ex candidato Rafael López Aliaga, suman 30. El resto de los partidos, la izquierda, con algunas facciones de izquierda más, llegarán a 23 votos aproximadamente. Y hay un partido, el Partido del Buen Gobierno, que de alguna manera podría inclinar la balanza. Entonces es bastante complejo ver una vacancia para Keiko, no imposible, pero por lo menos más difícil que con los últimos presidentes que hemos tenido”, detalla. Keiko Fujimori ya se asume como presidenta electa, este miércoles en una rueda de prensa, aseguró que su primer Consejo de Ministros estará integrado por diversas figuras políticas, con el objetivo de poner en marcha las propuestas contempladas en su plan de gobierno.

En medio de un clima de crisis económica y tensión social, el grupo de oposición Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció la detención y tortura de su presidente Manuel Cuesta Morúa. En RFI hemos entrevistado al activista Cuesta Morúa, quien nos relató cómo se produjo la detención y los motivos que hay detrás. El ruido de las caceroladas es habitual durante las noches en La Habana, Cuba. La gente protesta por los cortes de luz y la escasez de combustible tras cinco meses de bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. En este contexto, la organización opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que la policía secuestró y torturó a su líder, Manuel Cuesta Morúa. “Recibiría un tiro en la cabeza” “Me condujeron hacia otra provincia contigua que se llama Artemisa y en un lugar descampado, luego de horas de tortura dentro de la patrulla, con todos los cristales cerrados y esposado en las espaldas, y luego de haber recibido algunos golpes, me amenazaron de muerte, definitivamente, la frase fue repetida de que si Estados Unidos de alguna manera invadía Cuba, pues yo, y no solo yo, han amenazado también a otros activistas, recibiría un tiro en la cabeza”, cuenta a RFI el activista. La policía acusó a Cuesta Morúa de "incitar a la ciudadanía a manifestarse el 11 de julio", pero este señala que se trata de una estrategia para acallar a las masas. “Nosotros, el Consejo para la Transición Democrática, y yo personalmente he venido ofreciendo solidaridad y apoyo a ese movimiento nacional que se ha ido articulando de cacerolazos a lo largo y ancho del país, para expresar el aquí y el ahora de las necesidades urgentes y emergentes de la sociedad cubana, y que se van a profundizar. Y por supuesto, el Gobierno cubano teme justamente algún liderazgo de la sociedad civil en relación con esta protesta en un momento que toma medidas que están pensadas para el 1%”, explica. “Un proceso liderado por los cubanos” En marzo de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que Cuba sufriría una intervención como la que llevó a cabo en Venezuela y que desembocó en la captura del expresidente Nicolás Maduro. Ahora, parece que el eco de las palabras de Trump resuena más fuerte que nunca. “Desde el día 1 que esta alternativa se presentó como posible, nos opusimos a una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, como todas las naciones democráticas del mundo, debe apoyar un proceso de cambio en el país, debe apoyar un proceso de transición. Pero esto tiene que ser un proceso liderado por los cubanos, apoyado por la comunidad internacional, eso incluye a Estados Unidos, pero liderado por los cubanos. Nos hemos opuesto a la salida venezolana. Cuesta Morúa señala que la situación en Cuba es insostenible, y que el Gobierno teme unas protestas como las del 11 de julio de 2021, las más grandes desde la Revolución Cubana, y que dejaron un muerto, múltiples heridos y más de mil detenidos.

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. Unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En los últimos años, Managua ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa LGBT. El informe realizado por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de opositores. Lo explica para RFI Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU: "A mí me parece que hay 2 puntos que son esenciales, uno es el reprimir. a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas".  Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. "Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual y estas prácticas buscaron humillar y castigar. Por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales" dice Peralta en RFI.  En los últimos años, el Gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. "Muchas de estas organziaciones brindaban  servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual, reproductiva. Y esto afecta de manera  desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ" dice Peralta.  Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlos. De acuerdo con oenegés y medios críticos, la represión ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

La Fiscalía de Chile va a investigar un posible caso de tráfico de niños y adolescentes procedentes de Haití que llegaron a Chile en 2025, supuestamente dentro un proceso de reagrupación familiar, pero que iban acompañados de adultos que no eran sus familiares y cuya entrada en el país no cumplía con las normas del sistema de migración y extranjería. El Ministerio Público indaga el paradero de esos niños, que se desconoce. La Fiscalía chilena ha decidido investigar después de que Radio Bío-Bío desvelara un informe de la Contraloría, el organismo encargado de auditar, en el que se revelaban irregularidades en el proceso de entrada de al menos 486 menores de edad entre 2024 y 2025. ¿Dónde están los menores? “La Contraloría comienza esta investigación a raíz de las denuncias, y observa que tanto el visado de reunificación como los viajes de los menores no cumplían ciertos protocolos establecidos dentro del margen que ordena administrativamente la ley. Por ejemplo, las visas que se estaban entregando, había una flexibilización, es decir, documentos que eran fotocopias y que no había un registro concreto de que ese documento corresponda al niño que se estaba identificando en ese momento con la fotografía y con su huella dactilar”, detalla a RFI Néstor Aburto, el periodista que revelo la investigación. A partir de 2014, Chile empezó a recibir una ola de inmigración haitiana y estos vuelos con menores se justificaban porque supuestamente iban a reunirse con sus familias. De momento se desconoce el paradero de la mayor parte de los niños. “La investigación apunta a poder establecer dónde están los menores. Se calcula que eran cerca de 400 niños que la Contraloría tiene acreditados, pero lo que sabemos hasta ahora es que hay que ampliar el radio del tiempo en que niños viajaron solos desde Haití, que correspondería a fines del año 2022 hasta el año 2025”, precisa Aburto. ¿Quién está detrás de estos vuelos? La Fiscalía investiga quién o quiénes eran las personas que iban a bordo de los aviones con los niños. Se trata además, indica el periodista, de “saber quién pagó los aviones que salieron, que en un año aproximadamente fueron 11 aviones. Estamos hablando de un vuelo que cuesta entre 150, 180.000 dólares. La pregunta es: ¿cómo se financiaron estos vuelos? ¿Quién estuvo detrás de la contratación de estas aerolíneas para hacer estos viajes chárter? Y lo más importante, ¿quiénes eran los adultos que traían a estos niños y dónde se legalizaron los supuestos permisos?”. “Se ha transformado en una de las investigaciones más sensibles probablemente que hemos visto de los estamentos públicos en Chile, luego de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet”, concluye Néstor Aburto. La Fiscalía ha decidido que este asunto merece una investigación aparte, para despejar si hubo delito o no en el traslado de estos menores, algo que han denunciado también organizaciones como UNICEF.

Colombia elige a su próximo presidente este domingo entre dos versiones opuestas, en unas elecciones muy reñidas. El candidato de izquierda Iván Cepeda se enfrenta al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien según las últimas encuestas se perfila como favorito. Polarización y división es lo que se respira en estos días pre-electorales en Colombia. En la primera vuelta, la diferencia entre ambos candidatos fue tan solo de un 2,8%, con el ultraderechista Abelardo de la Espriella a la cabeza. Conflicto armado y seguridad Ambos candidatos representan ideas totalmente opuestas que responden a la dinámica del conflicto armado, asegura la profesora de ciencias políticas y estudios globales de la Universidad de los Andes, Sandra Borda. Leer tambiénElecciones Colombia: propuestas opuestas para luchar contra la inseguridad urbana “Venimos de cuatro años de un gobierno que intentó una salida negociada al conflicto armado con varios grupos, disidencias de guerrillas y además organizaciones criminales. Ese intento de paz y ese intento de negociación no funcionó. No hay un solo grupo desmovilizado y, al contrario, lo que sí pasó es que esos grupos terminaron por fortalecerse, aprovechar que hubo un intento de paz sin estar acompañado de una política de seguridad”, explica la profesora. “Normalmente en Colombia cuando pasa eso, lo que sigue es una elección que busca que haya una mano dura frente al conflicto armado, porque la gente se cansa, se agota de la falta de voluntad de paz de esos grupos. Eso ha pasado muchas veces en otros ciclos electorales anteriores y está pasando nuevamente. Pero creo que el tema fundamental en este instante es el tema de la seguridad”, subraya asimismo Borda. Quienes votan por De la Espriella tienen un objetivo principal: sentirse seguros y acabar con los grupos armados. “Lo que él nos promete es que va a darle duro duro al tema de la seguridad y la verdad, yo le tengo fe que quiere hacer las cosas bien”, dice William. “Porque estamos cansados de tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta inseguridad, tanta violencia. O por lo menos yo que viví el secuestro hace muchos años, y veo uno que vuelve y pasa lo mismo, es lo que no queremos y no queremos que siga gobernando el partido que está gobernando”, recalca Martha. Leer tambiénColombia: La crisis del sistema de salud, un desafío para el próximo mandatario Avance hacia la igualdad Pero hay otra mirada, la de aquellos que con el partido oficialista de Iván Cepeda sienten un avance hacia la igualdad y ven esta como una solución a la violencia. Para Freddy por ejemplo, votar por Cepeda permitiría “que continúen los cambios sociales que ha venido desarrollando la izquierda en Colombia desde hace cuatro años, las políticas sociales, el respaldo al medioambiente”. Camilo subraya por su parte que para los jóvenes, la izquierda ha significado “tener más ingresos y mejor estabilidad económica”. Leer tambiénCómo es vivir en el Cauca, en medio del fuego cruzado de los grupos armados colombianos Incertidumbre, es lo que dicen sentir los colombianos frente al domingo. Pues sea quien sea el próximo presidente, tendrá que lidiar con una fuerte oposición y un país fragmentado.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, atraviesa una de las mayores crisis de su gestión, acorralado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y la creciente presión política. No obstante, anoche consiguió ganar tiempo: la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró sumar apoyos suficientes para postergar hasta la próxima semana la sesión en la que se iba a debatir su interpelación y una eventual moción de censura para apartarlo del cargo. Manuel Adorni, el jefe de Gabinete argentino, enfrenta una creciente presión política y judicial tras reconocer que omitió declarar aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Mientras la oposición y sectores de su propio espacio político impulsan una moción de censura para apartarlo del cargo, la polémica continúa dominando el debate público. “Estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura” Gonzalo Ruanova, exlegislador bonaerense del Partido Justicialista, analiza las claves de este escándalo político: “La situación de Adorni tomó una dinámica mucho más fuerte en esta última semana a partir de sus últimas declaraciones. Sus explicaciones en las declaraciones periodísticas fueron insuficientes y generaron que el tema vuelva a tener un debate intenso en lo público”. Además, “por lo que uno percibe y las declaraciones de los parlamentarios, estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura, no solo por las declaraciones de la oposición, sino incluso de aliados del Gobierno que mencionan la posibilidad de acompañar esta moción de censura, si el jefe de Gabinete no presenta la renuncia antes de la sesión. Me parece que está corriendo un reloj importante para el jefe de Gabinete y para el Gobierno mismo”, agrega Ruanova. Apoyo de Milei Desde que estalló el escándalo, el presidente Javier Milei ha respaldado a Manuel Adorni con firmeza, incluso a costa de su propio capital político. Luis Lázaro, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda, nos explica los posibles motivos de este apoyo: “Yo diría por un par de razones. En principio, el hecho de entregar esa presa política de parte del presidente lo pondría en un lugar de debilidad, que no solo afecta al discurso, las narrativas, sino que afecta su propia capacidad de disputar lo que queda de su mandato con una aspiración cierta en términos de la reelección”. “Y además”, prosigue el profesor, “han aparecido algunas cuestiones vinculadas con los casos de corrupción que se ventilan en Argentina por estos tiempos. Me refiero específicamente al escándalo con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que involucró de manera directa y personal al presidente Milei, donde también ha estado Adorni involucrado, y empiezan a aparecer en el expediente judicial que investiga esa estafa, algunas líneas que conducen directamente a los subalternos del presidente y también al propio Milei. También una manera de desactivar esa conexión en algún momento puede ser el despido de Manuel Adorni como jefe de Gabinete”. Mientras tanto, el fiscal a cargo de la causa solicitó información adicional sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, con el fin de profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.

A pocos días del balotaje en Colombia, el tema del sistema de salud está en boca de todos. Un sistema público-privado que deja a muchos sin cobertura cuando más lo necesita. Reportaje desde Bogotá, con nuestra enviada especial Paola Ariza. La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada. “Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga. “Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica. “Esto es un negocio” “En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez. Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice. Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

Una fiscal de Manta, Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros junto a su hermana el domingo. El hecho constituye el tercer ataque contra funcionarios vinculados a la Fiscalía de esta ciudad costera en tres años, en un contexto de violencia asociada al crimen organizado. Especialistas denuncian la falta de protección para la rama judicial y señalan sospechas incluso en los niveles más altos del Estado. En medio de la conmoción causada en Ecuador por el asesinato de la fiscal y su hermana, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. El 1° de junio había finalizado un estado de excepción de 60 días, durante el cual el mandatario también impuso toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico. El doble crimen se suma a una cadena de ataques contra operadores de justicia que ya deja varias decenas de funcionarios muertos, según explicó a RFI Carla Álvarez, politóloga del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito. "Hay una fuerte desprotección de los operadores de justicia. Esa violencia se ha cobrado la vida de aproximadamente 40 servidores judiciales en los últimos seis años. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en la región costera de Ecuador, la más violenta del país, porque allí se encuentran las infraestructuras logísticas necesarias para la exportación vía marítima, en contenedores, de mercadería contaminada con cocaína. Esos productos llegan a los puertos de los grandes países consumidores", explicó Álvarez. José Ruiz, director del Observatorio de Finanzas y Clima, señaló la dificultad del gobierno ecuatoriano para controlar la expansión del narcotráfico, así como las sospechas que pesan en los niveles más altos del Estado, incluido el propio presidente. "La cocaína no sale de las aduanas que controlan puertos públicos, sino de puertos privados que están bajo la propiedad de grandes grupos económicos. Además, se exporta en contenedores que suelen llevar mercancía legal. El banano es la principal mercancía bajo la cual se oculta la cocaína. Hay un dato preocupante que concierne al presidente del Ecuador: proviene del principal grupo económico del país, que controla alrededor de cinco puertos. Es la principal empresa bananera donde se ha decomisado cocaína. Cuando los buques llegan a Europa, son detenidos y allí se realizan incautaciones. Luego se informa a las autoridades ecuatorianas y los medios suelen publicar que se ha encontrado cocaína en embarcaciones del presidente. Esto ha generado desconfianza sobre el grado de conocimiento que tendría el mandatario sobre estas exportaciones ilegales", afirmó Ruiz. Tras el asesinato de la fiscal y su hermana, abogados y colegas exigieron al Gobierno reforzar la seguridad del personal judicial. La mañana del ataque, la funcionaria no contaba con la protección policial que tenía asignada.

A menos de una semana del balotaje, Colombia vive con intensidad el pulso entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Según las últimas encuestas, los comicios están muy reñidos, tal como ocurrió en la primera vuelta: de la Espriella aventaja por apenas tres puntos a Cepeda. Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la inseguridad en las grandes ciudades. Informe de nuestra enviada especial, Paola Ariza. En la ruidosa Bogotá, la capital colombiana que reúne a unos ocho millones de habitantes, varias personas expresan incertidumbre de cara a los comicios del domingo, especialmente por el tema de la inseguridad. El país se ha visto sacudido por una fuerte ola de violencia que no solo afecta al campo, con ataques de grupos armados, sino también a las ciudades, con el aumento de la delincuencia común. Norma, vendedora ambulante en el parque de Lourdes, cerca del centro de la ciudad, asegura que la presencia policial ha aumentado en los últimos meses. "Por aquí en el parque de Lourdes robaban seguido a la gente, pero ya como que está más calmado". Manuel trabaja en un banco y no comparte esa visión. Según él, el responsable de la situación es el gobierno de izquierda saliente, cuyo partido apoya a Cepeda. "Esto está súper peligroso. Hay mucha inseguridad. Creo que desde hace como cuatro años se incrementó el tema en Bogotá. Antes no era así, ¿sabes? Yo creo que esto ocurre porque el gobierno no apoya a las alcaldías locales, no les da la capacidad policial que necesitan. Y también, obviamente, porque las autoridades son muy benevolentes a la hora de castigar a los delincuentes. Eso hace que haya mucha más delincuencia", sostiene. A unas calles, Camilo, un estudiante de 20 años, reconoce la necesidad de actuar contra la violencia, pero desde una perspectiva social. "El candidato Abelardo de la Espriella promueve mucho la seguridad, pero una seguridad inmediata. Y esa seguridad inmediata puede llevar, no sé si recuerdan, a casos como los 'falsos positivos' en la época de Álvaro Uribe [ejecuciones extrajudiciales de civiles, asesinados por el Ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, que ocurrieron masivamente durante la presidencia Uribe entre 2002 y 2008]. En Bogotá podría pasar algo así, que de la Espriella quiera resultados ya, pero sin que existan la infraestructura ni los medios para lograrlos. Iván Cepeda, en cambio, propone una seguridad basada en oportunidades: más universidades, para que la gente no robe sino que vaya a estudiar". Tanto el candidato de izquierda, Cepeda, como el de ultraderecha, de la Espriella, coinciden en la necesidad de enfrentar la violencia que azota al país, pero difieren en las fórmulas. De la Espriella apuesta por la mano dura y el fortalecimiento de las fuerzas del orden; Cepeda, por mejorar las oportunidades, especialmente para los jóvenes.

Los colombianos van a las urnas este domingo 21 con dos opciones, votar al ultraderechista Abelardo de la Espriella o al candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. Ambos llegan al balotaje tras una campaña minada por un aumento de la violencia de los grupos armados que ha colocado el tema en el centro del debate. ¿Cómo combatirla, con mano dura o con diálogo? Lo cierto es que la ola de criminalidad se ha vuelto un calvario en departamentos como la del Cauca. RFI viajó a la zona de Popayán, la capital, para hablar con los habitantes de comunidades que viven en medio de un verdadero fuego cruzado. El departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, lleva décadas marcado por el conflicto armado. Su geografía de difícil acceso ha favorecido tanto el cultivo de coca como la presencia de grupos armados y distintas disputas territoriales, en un contexto de histórico abandono estatal. El pasado abril, la región registró 24 hechos violentos en una sola semana, con muertos y heridos, lo que aumentó el temor entre la población. En la región de Popayán, la capital del departamento, María describe el impacto cotidiano de esa violencia en la vida de las comunidades. “Trasladarse de un lugar a otro implica correr el riesgo de que algo ocurra, de que les pase algo a nuestros hijos, por ejemplo, cuando salen a estudiar. Uno teme que estalle una bomba o que suceda cualquier cosa. Eso genera pánico en toda la comunidad, porque ya ha pasado en muchos lugares”. Las comunidades intentan resistir a la violencia, aunque también conviven con la sensación de abandono institucional, señala Julián. “En el Cauca se usa mucho una frase: ‘no pasa nada'. Si aparece un cilindro, se dice: ‘no pasa nada'. Si ocurre una masacre a 20 minutos de nuestro colegio, se dice: ‘no pasa nada'. Si matan al señor de la carne, también: ‘no pasa nada'. No es que seamos indolentes; es que, como no tenemos otra cosa que hacer, terminamos normalizándolo. Y ese es el riesgo: que lo veamos tan normal, tan cotidiano, que deje de sorprendernos”. Sandra Ortiz, integrante de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca, reconoce que esta región ha sido históricamente víctima de la guerra, pero asegura que, tras los diálogos de paz, hace diez años, la dinámica del conflicto ha cambiado. “Ahora son otros grupos, enfocados en los cultivos y en la minería ilegal, con un propósito de control y destrucción de esa economía. Podríamos decir que hay cinco grupos principales: la Dabo, la Jaime, la 57, el ELN y la Carlos Patiño. A partir de ellos se desencadenan otros grupos más pequeños o comandos”. Ortiz añade que estas estructuras armadas se han fortalecido desde la pandemia de COVID-19, con un aumento del reclutamiento. A comienzos de 2026, sumaban más de 27.000 integrantes, según la Fundación Ideas para la Paz, un 23% más que un año antes.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad".  “Cerca de 1.5 millones de desplazados internos” Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”. “Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez. “La ONU es como una persona non grata en Haití” Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados. Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia. Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció reformas destinadas a liberalizar la economía de la isla, en una medida que podría marcar un punto de inflexión para el modelo político y económico cubano. El anuncio llega en un contexto de fuerte presión sobre la economía del país, duramente afectada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde comienzos de año, que ha agravado la crisis energética y económica que atraviesa la isla. El mandatario aseguró que el gobierno agilizará y descentralizará la aprobación de nuevos emprendimientos privados, con el objetivo de estimular la producción y dinamizar una economía golpeada por la escasez de combustible y las sanciones estadounidenses. Sin embargo, Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, expresa sus dudas sobre el alcance real de estas medidas. “Yo creo que son cambios menores. El tiempo lo dirá”, afirma el profesor. “Este anuncio es muy nuevo, pero hemos visto en la historia del gobierno cubano que cuando ha hecho aperturas similares, pequeñas, modestas, ha dado ciertos espacios para los cubanos, a ciertos negocios, a ciertas empresas y después viene, cuando ya van teniendo éxito, y elimina esa apertura, elimina lo que ha ganado cubanos que han participado de esas aperturas y vuelve a lo mismo”, afirma Daniel Pedreira mostrando su escepticismo. “Por el momento yo sospecho que puede ser otro mecanismo de este gobierno de intentar ganar tiempo, ganar apoyo sin de verdad implementar cambios estructurales significativos al sistema económico”, concluye. Por su parte, el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda analiza las razones de la persistente falta de inversión extranjera en la isla. “No hay capital ruso o chino que vaya a sustituir a las empresas españolas y aquí están apostando por un capital cubano emigrado, exiliado, al que se le ha privado hasta muy recientemente, salvo en algunos casos de empresarios vinculados a la élite”, explica el politólogo. “Los cubanos para invertir tienen que tener garantías jurídicas, porque a esos mismos cubanos les han negado una serie de derechos por el hecho de emigrar. Ahora, a la carrera, el gobierno quiere convencer a aquella gente a la que ha despreciado, de la que ha querido los dólares, pero no la ha devuelto derechos, que sean inversores en una operación de altísimo riesgo”, afirma. Además de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, Washington ha limitado el acceso del país a la banca internacional, provocando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Esta estrategia buscaría debilitar al conglomerado militar GAESA, que según expertos, controla el 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.

El Mundial 2026 ha comenzado. Junto con la fiesta y la emoción que despierta este tipo de certámenes deportivos, también aparece la sombra de lo que se conoce en inglés como sportswashing. Es decir, una estrategia con la cual algunos gobiernos buscan mejorar su reputación a través del deporte. Canadá, Estados Unidos y México son los países anfitriones de este Mundial 2026. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en el centro de la atención debido a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en sus territorios y documentadas por diversas ONG. "Violación sistemática de derechos humanos" Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lamenta la situación interna que atraviesa Estados Unidos: "Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las tres sedes, pues se esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades migrantes, muchas de las cuales han sido detenidas arbitrariamente, deportadas abusivamente en violación de sus derechos", dice a RFI. Asimismo, subraya que este certamen debería servir como un catalizador para que la comunidad internacional ejerza presión sobre el Gobierno mexicano con el fin de resolver y prevenir las desapariciones forzadas de personas: "Debería ser una oportunidad para que los distintos países del mundo se unieran en torno al llamado, para que las autoridades mexicanas desplieguen muchísimos más esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva", afirma Goebertus. "Querer lavar la imagen" Fernando Segura Trejo, doctor en Sociología, analiza los antecedentes históricos del sportswashing y cómo esta práctica se repite en diferentes países a través del tiempo: "Hay reiterados ejemplos, desde la Alemania nazi, podemos ir a la Argentina dictatorial de 1978 con el Mundial, podemos ir a las críticas que se le hicieron a Catar, un país con leyes tan severas y con tradiciones tan diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente", detalla. "En México tenemos un antecedente muy triste también, que fueron las Olimpiadas de 1968. Unas semanas antes hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, donde se mataron vilmente a estudiantes que protestaban, y las Olimpiadas sirvieron justamente para mostrar una imagen de un México en paz y en orden, cuando hubo una matanza de cientos de estudiantes unas semanas antes", recuerda asimismo. "En este momento se está volviendo a repetir una situación de querer lavar la imagen. Se repite en México y se repite en Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos, yo diría que ni siquiera hay un esfuerzo por lavar la imagen. Es decir, es tan descarado la política migratoria, los abusos", denuncia. El especialista concluye afirmando  que la sociedad mexicana es consciente del uso político que se le da a este tipo de acontecimientos, y que a pesar de que la población celebra el Mundial, muchos ciudadanos consideran que no era el momento para que el país acogiera este torneo.

En Estados Unidos, el Mundial no es festejo sino miedo para las comunidades de migrantes. En estados como Florida, donde jugarán tres naciones latinoamericanas (Brasil, Uruguay y Colombia), la policía local tiene las mismas facultades que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas. Una situación que también podría afectar a los turistas. La política migratoria de Estados Unidos está generando tensiones de cara al Mundial, tanto que la ONU le pidió que revise sus leyes porque considera que van en contra de los derechos humanos y la dignidad humana. El acuerdo 287(g) Florida es uno de los 40 estados donde se aplica el acuerdo 287 (g), ley que permite a los elementos de seguridad locales actuar con las competencias de los federales en cuestiones migratorias. “Con este acuerdo 287(g), entiéndase que un alguacil local puede entonces decir ‘ahora todos mis agentes van a hacer trabajo de inmigración federal también'. Tampoco les están dando el entrenamiento que alguien que va a hacer un trabajo de ley federal necesita. Eso es un peligro”, nos explica Adriana Rivera, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Rivera estima que, en Florida, donde hay una vida turística muy activa por las playas de Miami y los parques de diversión, los turistas son vulnerables a las detenciones en carretera. “La agencia número uno en el estado de Florida que arresta a más personas para inmigración no son agentes federales, son agentes de las carreteras. Eso es un peligro porque sabemos que, al venir familias o personas a ver los juegos del Mundial, tenemos personas que pueden encontrarse en Miami”, irse para Orlando, para los parques, “y pueden encontrarse con una situación bastante incómoda donde un agente de la patrulla de autopistas empiece a hacer algún tipo de trabajo de inmigración con ellos”. “Raíz xenofóbica y racista” La activista lamenta el silencio de la FIFA ante estos peligros. “Nosotros en la Coalición de Inmigrantes de Florida llevamos desde el año pasado hablando y trabajando con la FIFA en Miami, y no hemos llegado verdaderamente a nada porque no nos han querido escuchar. Nosotros hemos intentado de que pongan una moratoria al 287(g) mientras se juegan los partidos del Mundial. Es algo que no han querido hacer y eso es algo que sería sencillo, una moratoria a los agentes”, señala. “Sabemos que es una administración que ha sido sumamente xenofóbica y estamos viendo lo que está pasando hoy día con el equipo iraní, con el equipo de Irak, con el árbitro de Somalia. No vemos el mismo escrutinio con equipos, por ejemplo, de Europa. Entonces vemos que esto sí tiene una raíz xenofóbica y una raíz racista. Por más que ellos quieran negarlo, los datos están ahí”, subraya Adriana Rivera. Esta semana, el gobierno aprobó 70.000 millones de dólares más para la política antinmigración de Donald Trump con la que pretende, según sus palabras, conseguir “la mayor deportación de la historia”.

Al cabo de cinco meses de la captura de Maduro, ¿cuál es la situación política de la oposición venezolana? El politólogo Juan Manuel Trak estima en esta entrevista a RFI que la administración Trump "no necesita un gobierno de la oposición" y por esa razón su líder, María Corina Machado, "no aparece en los planes de Trump ni de Rubio". A finales de mayo, María Corina Machado y varios opositores venezolanos firmaron en Panamá una hoja de ruta para negociar el proceso electoral con la mandataria interina de Venezuela Delcy Rodríguez, la tercera fase que Donald Trump planteó tras la captura y extracción de Nicolás Maduro. No obstante, el gobierno venezolano rechaza hablar de una transición. Según el politólogo Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, ésta ya no sería necesaria porque Estados Unidos ha conseguido sus objetivos sin tener que cambiar el gobierno. "La estrategia de los Estados Unidos fue garantizar una estabilidad que no derivara en un conflicto interno a manos de diferentes facciones. La única manera que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos logró alcanzar ese objetivo fue capturar a Maduro y controlar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de esta manera garantizar la cooperación con los objetivos e intereses de la administración de la Casa Blanca. Esto lo vimos casi inmediatamente con la aprobación en primer término de la Ley de Hidrocarburos a finales de enero. Ni siquiera habían pasado cuatro semanas de la extracción de Maduro cuando se hizo la reforma que permitía la participación de las empresas norteamericanas y las inversiones extranjeras en el negocio petrolero venezolano". Estados Unidos apoyó en 2024 a María Corina Machado, pero hoy le da la espalda, estima Trak. "La administración de Trump no necesita de un gobierno opositor. De hecho, considera que un gobierno de la oposición no tendría las herramientas para garantizar la gobernabilidad para cumplimiento de los intereses de los Estados Unidos. María Corina Machado no aparece en los planes de Marco Rubio ni del presidente Trump. Evidentemente, aun cuando ella trate de mostrarse como indispensable, no lo es", sostiene.  A pesar de ello, María Corina Machado continúa liderando la oposición en Venezuela. "Hay una 'oposición simbólica', vamos a llamarla así, que está representada por Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonski, pero es minúscula. Son personas que no cuentan con la simpatía del electorado. Machado sigue siendo la líder que tiene mayor apoyo en las encuestas con 55%, según la encuestadora Atlas".

México está a punto de inaugurar el Mundial 2026 en el estadio Azteca de capital del país para este evento internacional. El Gobierno ha preparado el “plan Kukulcán”, un operativo de seguridad sin precedentes, para prevenir la amenaza de narcoterrorismo y contener a los miles de manifestantes que van a salir a marchar el día de la inauguración. En el centro histórico de la Ciudad de Mexico, intentar llegar al Zócalo se asemeja a estar en un laberinto. Las calles que rodean la plaza capitalina están cerradas, y se esperan casi 3.500 policías para vigilar el Fan Fest, donde llegaran 60.000 personas cada día para ver los partidos. Dulce Chacón es vendedora aquí desde niña. “El centro histórico es muy bonito, aquí lo que pasa es que ahorita si está muy caótico y hay muchísima gente. Y para mí se me hace muy inseguro, porque además los policías no nos ayudaran mucho”, asegura. Además de los sistemas antidrones, helicópteros y otros vehículos de combate, el llamado plan Kukulcán contempla un despliegue de más de 11.000 agentes en las tres sedes del Mundial, de los cuales el 60% estará movilizado alrededor del estadio Azteca. “Cuando llegas a un kilómetro y medio del estadio, inicia el perímetro por los elementos de seguridad, te exigen mostrar una acreditación oficial de la FIFA, o que vives dentro del perímetro. Y una vez pasas el perímetro, sigue habiendo muchísimos más elementos en puntos clave para estar haciendo distintas verificaciones dentro del perímetro”, explica Jeshua Campesino, que vive en el centro y trabaja en el estadio. Este operativo, llamado Última Milla, estará activo durante los días de partido. Sólo cuatro se jugarán en Ciudad de Mexico, y 13 en total en el país.

En Perú, el izquierdista Roberto Sánchez lidera de momento los resultados de las elecciones presidenciales delante de Keiko Fujimori, con una diferencia mínima y un conteo no finalizado. Como la victoria será por pocos votos, los analistas consideran que el ganador o la ganadora tendrá que escuchar seriamente a los que votaron por el otro bando para romper el ciclo de la crisis política.   Para el politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, el conteo de votos de la elección de 2026 le recuerda a la de 2021, cuando un porcentaje de décimas (0.6%) separaba al izquierdista y ganador Pedro Castillo, de Keiko Fujimori. “Tener mucho tacto político” El gobierno de Castillo, hoy en prisión, estuvo marcado por la inestabilidad, que habría podido evitarse, según el politólogo, si hubiera tenido tacto político para escuchar al segundo lugar. “El primer mensaje que deben en realidad enarbolar son las banderas de la gobernabilidad, tener mucho tacto político, porque estamos acostumbrados a dejar de lado al segundo lugar, y esto es algo que en el 2021 no se hizo en ningún momento: se mantuvo aislado a las fuerzas políticas que también compitieron, y no fueron parte del gobierno, y terminó acentuando más la crisis política”, analiza. “Entonces, sea Roberto Sánchez, o sea Keiko Fujimori, tiene una labor de autocrítica, pero también pensando en lo que la ciudadanía exige, que es hacer política, negociar, transar con esas fuerzas, pero también tener un gobierno de ancha base, donde se convoque al que quedó en segundo lugar, porque de alguna manera representa las preferencias electorales de un sector de la población que también quiere ciertos cambios y que deben ser incorporados en la agenda pública”, continúa Mejía. Relación con el Congreso La búsqueda de la estabilidad política también dependerá de la relación que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez pueden encontrar una buena relación con los legisladores, según el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent. “El candidato Sánchez tiene un número alto de congresistas y tiene posibles aliados que creo le permiten vetar unas vacancias fáciles, pero en la dinámica de desgaste de conflicto tiene mayor peligro, y además, diría, le va a costar más mantener su coalición. Keiko Fujimori tiene más control sobre el Congreso, tiene más número de congresistas, y diría que también más presencia en las instituciones que controlan al Ejecutivo y al Congreso. Entonces no necesariamente es algo bueno, si es que se puede convertir en abusos o persecución de oponentes. Depende cómo uno lo mire”, detalla Dargent. Hoy el izquierdista Roberto Sánchez aventaja a la derechista Keiko Fujimori, con poco más del 95% de las actas escrutadas tras las elecciones presidenciales del domingo. Según la ley, el próximo presidente de Perú deberá asumir el cargo el próximo 28 de julio.

México, país de amantes del fútbol, organiza su tercera Copa del Mundo, pero millones de mexicanos tendrán que resignarse a ver los partidos por televisión, ya que el precio de una sola entrada ha alcanzado los 35.000 pesos en un país donde el salario mínimo no llega a los 10.000. Marine Lebegue, periodista de RFI, conversó con varios mexicanos sobre esta situación. México está a punto de inaugurar su tercer Mundial de fútbol, un momento muy emocionante para los mexicanos, pero también frustrante, porque muchos de ellos no podrán asistir a los partidos en el histórico estadio Azteca. Los precios de los boletos superan por más del doble a los de la última edición en Qatar. Este Mundial de 2026 ya es oficialmente la Copa del Mundo más cara de la historia. En un barrio popular del centro de la Ciudad de México, los niños corren sobre el asfalto delante de los edificios. Tienen entre 3 y 15 años y se disputan la pelota de fútbol bajo el ojo atento del entrenador. A un lado, los padres, sentados en sillas de plástico, observan el partido. "Tengo un año viniendo a estas clases, mi niño tiene 9 años, el otro 7", dice Jacinta Hernández, quien trae a sus hijos todas las tardes a este entrenamiento gratuito. Jesús juega desde hace dos años. Cuando uno le pregunta si le gusta el fútbol: "Demasiado. De hecho, es mi deporte favorito". Cuando el niño supo que su país iba a ser sede de la Copa del Mundo, fue una gran noticia para él, cuenta su mamá. "Estábamos emocionados, contentos, pero, al mismo tiempo, un poquito tristes porque nosotros solo lo podremos ver por la televisión, pues los boletos son muy caros". Según la FIFA, las entradas más baratas se vendieron a 1.100 pesos mexicanos, unos 60 dólares. Pero los precios subieron rápidamente. En este momento hay que pagar 35.000 pesos, casi 2.000 dólares, para ver el partido de inauguración en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encarecimiento se debe al sistema de precios dinámicos, que aumentan automáticamente con la demanda. Son precios demenciales para el mexicano promedio, cuyo salario mínimo es de 9.500 pesos al mes. "El fútbol en México es muy pasional", dice Diego González, entrenador de jóvenes jugadores. Este mexicano de 25 años vive del fútbol y para el fútbol, pues ha dedicado su vida a enseñar este deporte. "Al saber que iba a haber un Mundial aquí en mi país me emocioné porque no viví el Mundial del 86 con Argentina o Brasil en el 70. Estamos haciendo historia: México es el primer país en albergar tres Mundiales. Es algo muy especial. Solo nosotros los mexicanos vamos a tener este lujo de decirlo y de presumirlo".Apenas se enteró de la noticia, Diego González empezó a soñar con poder llevar a su hermano a ver un partido. Pero cuando descubrió los precios de los boletos, llegó la desilusión. "Si compráramos los boletos ahora apuntando a lo más económico, yéndonos a lo más básico, gastando lo menos posible, incluso en el transporte, serían unos 30.000 pesos, es decir, aproximadamente cuatro meses de trabajo. Eso significaba no comer durante cuatro meses, no pagar la electricidad ni el internet ni el gas ni el agua con tal de darte este lujo".

Trump sigue haciendo y deshaciendo candidaturas en el Partido Republicano: candidato que él endosa, muy probablemente gana; candidato al que le quita su respaldo por rebelde, pierde. Analizamos el control que sigue ejerciendo el mandatario en su partido con la internacionalista Alana Moceri y el presidente de la Fundación Chase en Virginia, Alex Chafuen. El presidente Trump sigue ganando elecciones, no a nivel nacional, que por lo general pierde, sino a nivel local: las primarias de su partido, que por lo general gana a través de los candidatos que endosa. "Trump sigue teniendo mucho poder y mucho dinero. Controla muchísimo dinero y puede ayudar mucho", explica Alana Moceri, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Instituto Empresa, en Madrid. "En estas campañas ha sido muy notable derrotar a John Cornyn, el senador de Texas de toda la vida. Ken Paxton, que ha sido apoyado por Trump, es otro caso. Paxton es un hombre que tiene también muchos escándalos en su pasado. Su influencia ha permitido derrotar a Thomas Massie, Bill Cassidy, que son senadores, congresistas desde hace muchos años. Pero bueno, tampoco han sido todos éxitos para Trump. Ha sufrido derrotas en Iowa, en North Carolina. Pero en general han sido triunfos. Creo que ha apoyado a unos 100 candidatos y ha tenido un gran éxito con ellos. De modo que sí, sigue controlando el partido, pero puede ser que encuentre pronto sus límites", afirma Moceri. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de tantas dificultades —entre otras, la inflación, las redadas antiinmigrantes de ICE, la guerra en Oriente Medio—, Trump sigue controlando el Partido Republicano? Alex Chafuen es presidente de la Fundación Chase, de Virginia, explica que "en las encuestas dicen que el elector republicano está descontento con el Congreso y los republicanos en general, pero odia y tiene terror a la agenda demócrata. La razón básicamente es esa. Hay un grupo muy sólido de apoyo a Trump, que sigue batiendo récords en cuanto a apoyar a candidatos que terminan ganando. Ningún presidente ha tenido ese récord. Es tanto el terror que se le tiene a la agenda demócrata que eso hace que Trump sea como el gran luchador contra esa agenda. La verdad es que, pese al descontento que existe con ciertas políticas de Trump, a este señor, al presidente de Estados Unidos, los republicanos lo ven como la única figura que puede, por ahora, enfrentarse a los demócratas".

Colombia, Honduras y Ecuador están atravesando crisis de desplazamiento de población que se encuentran entre las más importantes del mundo. Además, son consideradas "crisis olvidadas", denuncia el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en su informe anual. Entrevistamos a Stine Paus, directora regional para América Latina de esta ONG. La lista de crisis de desplazamiento a nivel mundial está encabezada por dos países africanos: Sudán y la República Democrática del Congo. A continuación se ubican Colombia, Honduras y Ecuador. ¿Cuál es la situación específica en América Latina? "Estamos hablando de más de 10 millones de personas desplazadas en las Américas, una cifra elevada a nivel global que incluye refugiados y desplazados internos", dice Stine Paus, directora regional para América Latina del NRC a RFI. "Colombia presenta las cifras más altas de la región. En 2025, alrededor de 1.6 millones de personas se vieron afectadas por el conflicto en ese país. Con los datos que tenemos, se puede afirmar que al menos 300,000 personas han sido desplazadas en Ecuador en los últimos años. En Honduras, más de 400,000 personas han sido desplazadas en algún momento de sus vidas debido a la violencia. Estas cifras son, sin duda, muy alarmantes", agrega.  Según el Consejo Noruego para los Refugiados, el crimen organizado y los grupos armados explican gran parte de este fenómeno. Las poblaciones son víctimas de amenazas, reclutamiento forzado y violencia. Sin embargo, estas crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador figuran entre "las más olvidadas" del mundo, denuncia el NRC. "Son crisis olvidadas en el sentido de que reciben muy poca atención mediática, así como escasa atención internacional, política y financiera. Se requiere apoyo internacional para atender las necesidades humanitarias resultantes del desplazamiento, y esta financiación es actualmente muy baja. El promedio de financiamiento para estos tres países es solo del 15% de lo que se necesita", subraya. A nivel global, la financiación para enfrentar crisis humanitarias está disminuyendo. Sin embargo, esta ONG advierte que la distribución de recursos no está necesariamente basada en las necesidades, sino en intereses políticos. Por ello, buscan visibilizar las crisis que requieren atención urgente, pero que no reciben suficiente cobertura. Stine Paus menciona el caso de Ecuador. "Los países europeos han dirigido una parte significativa del apoyo hacia las crisis más cercanas geográficamente. Esto, combinado con la reducción de fondos de los Estados Unidos, tiene como efecto que las crisis en América Latina sean menos atendidas. En la región, Ecuador es un caso importante. Este país no ha sido priorizado últimamente por los fondos humanitarios de Estados Unidos, a pesar de que las necesidades humanitarias están aumentando", concluye.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, parte como favorito para vencer al izquierdista Iván Cepeda en el balotaje, según una encuesta de Atlas Intel, la primera tras los comicios: 50.3% contra 42.6% para Cepeda. Además, Trump ofreció su respaldo a De la Espriella, un pronunciamiento que analizamos con Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos, y Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. Trump ofreció este martes su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio, frente al izquierdista Iván Cepeda. El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, denunció este miércoles un intento "injerencista" para la segunda vuelta.  Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, también estima efectivamente que esto "es una injerencia indebida en procesos internos en Colombia bajo los estándares de cualquier medición de política internacional". Para este politólogo en Medellín, ese pronunciamiento es "inadecuado", pero parece no sorprenderlo porque, según él, "corresponde con lo que ya se ha venido haciendo en relación con otros actores importantes de la política de Estados Unidos, como María Elvira Salazar [congresista republicana por Florida], el propio Marco Rubio [secretario de Estado de Estados Unidos] y otros líderes políticos de la derecha estadounidense, así como otros líderes de derecha en América Latina, como el presidente Noboa de Ecuador. Se hace público lo que ya se sabía, es decir, un alineamiento de fuerzas políticas de la derecha que, en general, también están muy alineadas con cierta erosión de los derechos y de las garantías democráticas en el subcontinente", subraya. El futuro de las relaciones Colombia - EE.UU.  Al dar su apoyo a Abelardo de la Espriella, Trump mencionó que los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, explica por qué el respaldo de Trump puede resonar en el electorado de derecha. "Estados Unidos es, de lejos, la alianza económica más importante para Colombia. Es en ese país a donde van la mayor parte de sus exportaciones internacionales. También hay una inversión estadounidense en Colombia que es muy significativa. Existe una diáspora en Estados Unidos y muchas conexiones, mucho intercambio cultural y, obviamente, la alianza en temas de seguridad, sobre todo en la política contra las drogas, es muy importante para ambos países. Tener la capacidad de compartir, por ejemplo, datos de inteligencia, armar operaciones con información entre ambos, contar con capacidades para realizarlas, el apoyo financiero y también material. Por esta razón, yo sí creo que la importancia de manejar la relación con Estados Unidos tiene un peso con los votantes colombianos, y eso es algo que hay que tener en cuenta", concluye.

Tres cadenas hoteleras se han retirado esta semana de Cuba: las españolas Meliá e Iberostar y la canadiense Blue Diamon. Las empresas extranjeras instaladas en la isla caribeña tienen hasta el 5 de junio para cortar sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington. ¿Por qué si cae Gaesa la economía cubana podría derrumbarse? Explicaciones con el politólogo cubano Oscar Grandio Moráguez.  Para operar en Cuba, toda empresa extranjera tiene que pasar por Gaesa, un conglomerado empresarial vinculado a las fuerzas armadas. Creado en los 90 tras la caída de la Unión Soviética, tiene una particularidad: no rendir cuentas, según explica a RFI el politólogo Oscar Grandio.  "A pesar de ser estatal, las cuentas de Gaesa siempre han estado exentas de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Es un blindaje político que permite que los ingresos de este conglomerado todopoderoso no sean redistribuidos a través del presupuesto del Estado —y aquí está el problema—, sino retenidos bajo un control privado de una familia y del Ejército", detalla. Leer tambiénCuba: un apagón masivo en el este de la isla afecta a siete de 15 provincias En ese sentido, añade que el presupuesto formal y el Estado cubano es simplemente un "cascarón vacío". Gaesa fue sancionada en mayo por la administración Trump, lo que hace correr riesgos a las empresas extranjeras instaladas en la isla. Para Grandio, estas sanciones exponen la profunda influencia de Gaesa en casi todos los sectores de la economía cubana y suponen una presión importante para las compañías privadas, ya que convierten cualquier vínculo con Cuba en una "posible responsabilidad". "Esto crea lo que yo llamo un riesgo de contaminación para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba. Estas sanciones amenazan con afectar el modelo de negocio no solamente de Gaesa, sino de cualquier empresa que trabaje con este conglomerado, que repito son todas las empresas que trabajan con Cuba ahora" - Oscar Grandio Moráguez, politólogo cubano A su juicio, estas normativas tendrán un efecto catastrófico que "ya se está viendo", con una retirada masiva de firmas. El autor del libro “Mejor no me callo: Notas ante una transición en Cuba” indicó que primero se retiró la minera canadiense Sherritt y luego las navieras anunciaron la suspensión de operaciones con la isla caribeña porque sus partners son precisamente empresas de Gaesa. Poniendo al conglomerado económico-militar como el principal objetivo de las sanciones, Washington espera poner de rodillas al sistema cubano, sostiene el especialista. "El gobierno norteamericano se da cuenta de que, efectivamente, el control de la economía cubana es de Gaesa, no es el Estado cubano como tal", subraya. Según el politólogo cubano, esto implica también la reducción de la entrada de divisas por la caída de la producción de níquel y cobalto que están bajo control de Gaesa, tras la salida de la canadiense Sherritt. En la misma línea, añade, que el sector de importación de petróleo está en manos del conglomerado. "Hay un efecto disuasorio con estas sanciones, que va a alejar a los pocos inversores extranjeros que aúb operan en la isla. Entonces, si tú sancionas a Gaesa y a los empresarios extranjeros que operan con ella, que son prácticamente todos los que trabajan con Cuba, evidentemente el colapso va a ser mayúsculo", concluye.

Argentina, Panamá y Ecuador figuran entre los diez peores países del mundo para los trabajadores compartiendo la lista con Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía, entre otros,  según la última edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Aunque la legislación de estos países pueda reconocer determinados derechos laborales, en la práctica los trabajadores carecen de un acceso efectivo a ellos. Para Argentina es el segundo año consecutivo. Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría “5", señala el informe elaborado por la CSI desde 2014 y que clasifica a 151 naciones sobre la base de 97 indicadores apoyándose en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.  Para Argentina, se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación, y se debe a los cambios en las leyes que el presidente Javier Milei realizó desde su llegada al poder en 2023 instaurando “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”, de acuerdo con el abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia. El también profesor universitario recordó que la primera reforma que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura. “Después en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral. Y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales tanto individuales como colectivos”. La reforma de Milei derogó las multas de la ley general de empleos, es decir que cualquier trabajador que realice sus tareas sin registro, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. “Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales” y facilitar “las inversiones”, explicó Arabia. “Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros “el sistema protectorio jurídico del trabajador”, subrayó. Amenazas indirectas  Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina. “El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión”. Baradel evocó el caso de un gremio que llevó adelante un paro  convocado por tres centrales sindicales, al cual le aplicaron una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12 500 millones de euros). El gobierno “establece parámetros en contra de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, en el tema del derecho a huelga. [En Argentina] prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”.    Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas, consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores, contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que, pese a avances y retrocesos, se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores.

El alto nivel de violencia criminal que se registra en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se ha convertido en un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, según un informe publicado este viernes en el país andino. La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual; impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Joselyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil. "Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud", explica. En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil a ejercer sus derechos reproductivos, asegura Pispira:  "Una de las cosas que siempre se identifican en estos temas, por ejemplo, es como las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto. Cuando se pregunta con relación al aborto, al acceso al aborto". La investigadora también recalca que hay sectores más afectados: "Son las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas. Lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios". El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud. "La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, que no hay garantías en los protocolos de seguridad, en los centros de atención, por ejemplo. Y te menciono algo vas al trabajo sin saber si vas a regresar. Consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes. Es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud, circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos", apunta. El informe también revela la escasez de anticonceptivos para las mujeres, y recalca que es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud.

Nueva jornada de protestas exigiendo la renuncia del presidente, pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenarlas. Desde hace casi un tienen lugar bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas, que piden medidas contra la crisis económica. El dirigente gremial Toño Siñani explicó a RFI por qué pide el fin de las protestas. El politólogo José Orlando Peralta observa una "narrativa más radicalizada". Se agrava la tensión en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz advierte a los manifestantes: "sto está llegando al límite". El país está atravesando la peor crisis económica en cuatro décadas. La declaración se produce después de que el Congreso boliviano eliminara ayer una norma que imponía límites al presidente para decretar estados de excepción. La medida le permite ahora recurrir al ejercito para contener las protestas y restringir las libertades de reunión y circulación. Los bloqueos de rutas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz mantienen paralizado el tránsito de camiones en varias regiones del país. La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas, que están provocando escasez de alimentos, medicinas y combustible. José Orlando Peralta, politólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, comenta el clima político que existe actualmente en el país. "Narrativa radicalizada"  "En este momento ya hay más de 150 bloqueos. Hoy se ha aprobado una nueva ley, la ley de excepción y se ha aprobado otra nueva ley que le da un poder para establecer el estado de excepción. De esta manera puede tener mando sobre las fuerzas públicas. La reacción ha sido una narrativa más radicalizada de los actores de la que ha incentivado estas movilizaciones. El diputado Milton Condori ha dicho que como efecto de esta nueva ley del Estado de excepción va a darse una guerra civil. Él está pronosticando un derramamiento de sangre porque la gente va a tensionar. Por tanto, hay tambores de guerra. Esta forma de reaccionar es la de los sectores radicalizados que solamente quieren la renuncia de Rodrigo, no quieren otra cosa. No quieren sentarse en las mesas de diálogo". Sin embargo, un sector de los manifestantes considera que sus reclamos ya fueron escuchados y pide el fin de las protestas. Toño Siñani, dirigente gremial de la Central de Trabajadores de Bolivia, explica sus motivos. "Las protestas que han salido de distintas organizaciones estaban reivindicativas pidiendo la anulación de una ley 1720 que afectaba a los compañeros campesinos. También han pedido la reducción de salarios, lo que ya lo hizo el presidente. Y a pesar de ello hoy en día hay personas que siguen bloqueando. Pedir la renuncia del presidente es solamente política. Nosotros, en cambio, ya no queremos más bloqueos porque hay mucha gente que está sufriendo, el pueblo alteño. Por eso hemos pedido que pueda haber un diálogo. Nosotros entendemos una cosa aquí en Bolivia el 85% es cuenta-propia. ¿Quiénes son cuenta-propia? [son personas que generan su ingreso de forma independiente, sin empleo formal ni salario fijo ] son los gremiales, los campesinos, los transportistas, los conamype, los constructores, todos, porque no nos dan economía, ni el Estado ni nadie, ya que no trabajamos al día, no llevamos economía de esa manera. Hemos dicho que de una vez el gobierno dé solución a la crisis que estamos atravesando en la ciudad de El Alto". Mientras tanto, el presidente y su vicepresidente encabezaron hoy dos mesas de negociación con representantes políticos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las consecuencias económicas de las protestas.

Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países.  y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega. Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos. “Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus. Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia. “El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”. Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos, sin aportar pruebas y señalándolas de tener vínculos al narcotráfico, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar estos hechos sin precedentes que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar.  La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo, en Manta, ya cuenta dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses. Así lo describe Cheo, a quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda.  "Yo estaba picando un ceviche y cuando saqué un pie afuera de la cocina, a los pocos segundos: '¡Pum!' Me voló con puerta y todo encima de la cocina. Cuando pegó el otro bombazo, también, la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné, cuando boté sangre por la boca y ahí todos los muchachos (flameaban) un trapo hacía el barco de los Estados Unidos para que no lo atacaran (...)  Arriba había otro dron con una granada, no sé si era como un cohete. (...) Nos apuntaron con todito: la metralleta, pistola... dijeron que nos subiéramos uno por uno al barco y ahí lo hacemos. Uno por uno, nos pusieron como esposas o algo así, capucha... se veía clarito cómo se quedaba así quemado el barco". Cheo, lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. "Por el momento no hemos vuelto a pescar, por lo que nos pasó, porque da miedo, pero si quisiéramos salir nuevamente a trabajar, porque eso es lo que conocemos, la pesca", indicó.  Tras el ataque, Cheo recuerda que los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos, sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a la de los tripulantes de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero.  "Estábamos reunidos en San Mateo, con la embarcación Fiorella y la Negra Duarte que también fueron atacados, pero el Fiorella sí sigue desaparecido. Llegan las esposas de ellos a pedir justicia por ellos, porque nadie dice nada. Tal vez a ellos si los volaron con todo, porque ellos nunca aparecieron", señaló el pescador.  "Es el equivalente a disparar contra alguien no armado" Adam Isaacson, de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos.  "Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio porque no tiene ninguna justificación de autodefensa". El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras ya van más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo, temen salir a trabajar. 

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma a la ley electoral para incluir investigaciones a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado. Según el Gobierno, el proyecto busca mayor transparencia y se hace en vísperas de las elecciones de medio mandato de 2027. En medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha, del partido oficialista Morena y acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar a candidatos con miras a las elecciones de medio término. Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no. “Secuestran a familiares de candidatos” Javier Oliva Posada, profesor de ciencias políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico. “Se van a votar 17 gubernaturas, México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños, y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso, y tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley”, detalla el analista. “Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos obligándolos a renunciar a su campaña, y en automático gana el otro, el que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el estado de México donde la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena precisamente”, prosigue. Una ley rápidamente aprobada El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia. “La Constitución de México, para modificarla, necesitas tres cuartas partes del Congreso, eso lo tienen haciendo sus alianzas con otros partidos políticos. Pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno, cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores”, explica Javier Oliva Posada. Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana las autoridades anunciaron la detención de seis políticos locales.