Noticias de América

La policía peruana incautó la semana pasada cuatro toneladas de mercurio procedentes de México con destino a Bolivia. Esta operación representa un duro golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal de oro, las cuales utilizan el mercurio para separar el metal precioso de los sedimentos. El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de equipos tecnológicos especializados, los cuales permitieron corroborar que el mercurio se encontraba adherido en las 20 toneladas de piedra molida localizadas dentro de un contenedor en el puerto del Callao. Así lo comunicó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Luis Fernández, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, explica las razones por las cuales este metal tóxico es utilizado en la minería informal. Fernández explica que primero hay que entender que hay dos formas para refinar el oro. Las grandes empresas emplean procesos industriales que requieren el uso de cianuro. Esta sustancia química, que posee un rendimiento del 97 %, requiere muchos controles y un proceso muy complejo, ya que es mortal para el ser humano. En cambio, los grupos más pequeños que operan en la minería informal emplean el mercurio, que no necesita de procesos ni controles tan rigurosos. El especialista destaca que el rendimiento del mercurio también es más bajo, del 30 o 35 %, ya que estas personas emplean una tecnología de hasta 100 años de antigüedad. "Estos grupos pueden llegar a producir entre 10 y 100 gramos de mercurio al día, cuyo valor es muy alto", aclara Fernández. El mercurio es ampliamente utilizado por la minería ilegal. Pero está causando daños profundos en el medio ambiente y en la salud humana. El biólogo Luis Fernández, de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, considera que "es muy probable que estemos envenenando la biodiversidad amazónica. Estamos viendo concentraciones de mercurio en murciélagos, aves, tortugas, aire y agua. Estamos viendo que muchos pescados también están contaminaos, con efectos en el sistema nervioso de niños y mujeres embarazadas", que viven las ciudades amazónicas, constata Luis Fernández, que ha realizado estudios de monitoreo de la contaminación por mercurio. Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilícita con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Noam López Villanes, politólogo y profesor en la Universidad de Ingeniería en Lima, pone de ejemplo el caso de los "Pulpos", una banda criminal que fue contratada por la explotación minera de la Sierra de la libertad.  "Durante unos meses cumplió su rol, pero eran prácticamente criminales", explica el politólogo. Este cuenta que tras aprender el negocio, acabaron con la vida de quienes los contrataron para hacerse con el control. "Aprendieron bastante como para empezar a operar y llevar a cabo la extracción, el proceso de refinamiento y transporte, ya que conocen también el territorio", señala López Villanes. Las autoridades peruanas aseguran que esta incautación de mercurio permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de este metal que opera en México, Perú, Colombia y Bolivia.

En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país. El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia. Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló. Responsabilidad de orden Penal Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25'000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró.  La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia. El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó.  La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.

Venezuela recibe a migrantes liberados de la prisión de alta seguridad Cecot tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. Esta repatriación fue posible gracias a las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. El acuerdo incluyó la liberación y el viaje inmediato a Estados Unidos de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como la liberación de unos 80 presos venezolanos, según las versiones oficiales de Washington y Caracas. Andy Perozo, uno de los venezolanos liberados, comparte su testimonio sobre cómo llegó a esta prisión de alta seguridad. "Llegó un guardia y dos dijo: «Bienvenidos al Cecot, al infierno, de aquí nadie sale». Nos recibieron con golpes y cuando escuché eso yo dije: «De aquí solamente me saca Dios»", cuenta Perozo. Según su testimonio, les cortaron el cabello, les pusieron el uniforme de la prisión y los volvieron a esposar. "La gente se desmayaba, uno veía cuando la gente estaba sangrando porque lo golpeaban. Después de eso no volvimos a ver a los salvadoreños, todo eso pasó con nosotros, los venezolanos", explica Andy. Andy fue arrestado por no acatar una orden de expulsión de Estados Unidos y posteriormente fue acusado por las autoridades estadounidenses de formar parte de la organización criminal "Tren de Aragua", sin pruebas concluyentes. Como resultado, fue recluido en el Cecot. "Los soldados abrían la puerta del autobús antes de que lo hiciera el conductor, parecían zombis buscando agarrar personas", afirma Andy. Este declara que los golpearon al llegar al lugar donde les esperaba el director del centro, quien dijo: "Bienvenidos al Cecot, de aquí no saldrán nunca porque son miembros del tren de Aragua, y ustedes están condenados por terroristas".  "Me encargaré de que no vuelvan a comer nunca ni pollo ni carne", dijo el director les metieron en la celda, atestigua Andy. Andy concluye agradeciendo al gobierno venezolano por haber logrado lo que él consideraba casi imposible: ser liberado del Cecot.

La asociación afirma que desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, han sido asesinados 32 choferes, siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Para los conductores de transporte público en Perú, su trabajo se ha convertido en una fuente de angustia y peligro, ya que temen que en cualquier momento pueda subir a su vehículo un sicario con el objetivo de asesinarles debido a que su empresa no pagó un cupo. Dimitri Senmache, exministro del Interior de Perú y especialista en seguridad, ha alertado sobre la proliferación de organizaciones mafiosas. Presencia del tren de Aragua y los Choneros en Perú "Nosotros, desde hace tiempo, hemos estado vislumbrando el crecimiento de organizaciones criminales - principalmente vinculadas al narcotráfico - que han comenzado a abrir otros nódulos", explica Senmache. Este relaciona los hechos con la migración de criminales de Colombia y Venezuela que huyen de la ley en sus países de origen. El exministro del Interior asegura que miembros del tren de Aragua o los Choneros de ecuador están presentes en Perú; los cuales extorsionan a "pequeños transportistas, pero hoy ya están con transportes de mediana envergadura, y eso hace pensar que se están fortaleciendo más". División en el gremio de transportistas A pesar del peligro que representan estas acciones criminales, existe una fragmentación dentro del gremio de los transportistas, que no han logrado ponerse de acuerdo sobre la adhesión al paro. "Lo que sucede es que hay empresas que tienen mayor recaudo y que no les importa detener o parar; ya que no se ven afectados por ahora por la delincuencia", cuenta el experto en seguridad. Este contextualiza que la delincuencia afecta ahora a los pequeños y medianos empresarios, pero que en el futuro llegará a tomar espacio "en aquellos sectores de transporte de gran escala que todavía se sienten un poco seguros". Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que ningún gremio formal acatará ningún paro en lo que resta de julio. Sin embargo, la Alianza Nacional de Transportistas ha comunicado que están considerando acatar un nuevo paro que se realizaría durante las Fiestas por la Independencia de Perú, los días 27 y 28 de julio.

Tras las denuncias de decenas de mujeres que afirman haber trabajado en condiciones muy difíciles y sin sueldo para la institución católica Opus Dei, cinco responsables argentinos son señalados por la Justicia. Son 43 mujeres las que acusan a la institución conservadora católica Opus Dei de haberlas separado de sus familias para hacerlas trabajar como empleadas domésticas, sin ningún tipo de remuneración y en condiciones especialmente difíciles, entre 1974 y 2015. La Justicia argentina investigó durante varios meses antes de implicar a cuatro líderes argentinos de la orden en 2024. Pero el caso dio un nuevo giro hace poco, cuando se añadió un quinto nombre a la lista de personas que podrían ser imputadas. Esta vez se trataba de Mariano Fazio, número dos de la organización en Roma y ex vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014. “En todas partes del mundo” El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, entiende que se trata de una red de trata de seres humanos que está extendida por todo el mundo y que podría involucrar a dirigentes de primera importancia del Opus Dei. “Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma”, explica a RFI Sebastián Sal. “Hay casos similares en España, Italia, Inglaterra, en Irlanda hay una denuncia penal también realizada. En México se está empezando a gestar toda una situación como la que iniciaron estas 43. Y mismo en Estados Unidos. El Opus Dei no sólo lo hacía en Argentina o en Uruguay, Paraguay, sino que lo hacía como algo organizado en todas partes del mundo”, subraya. Víctimas que sufren secuelas Este caso es seguido de cerca por el Vaticano que ya impuso varias sanciones durante el pontificado del papa Francisco, señala asimismo el abogado: “Nosotros hemos hecho una denuncia también ante el Vaticano por este motivo. El papa Francisco en su momento tomó dos medidas importantes contra el Opus Dei. Le prohibió al prelado del Opus Dei que fuera obispo. De hecho, no puede ser más obispo el prelado del Opus Dei, cosa que antes sí lo era. Y la otra cosa es que los degradó y obligó al Opus Dei a presentar nuevos estatutos, que tengo entendido los presentaron hace poco con el nuevo papa”. Las denuncias se amontonan por todas partes del mundo, y en Sudamérica, las víctimas sufren las secuelas como consecuencia de este periodo: “A lo largo de los años, después de 10, 15 o 20 años de estar dentro del Opus Dei, consiguen algunas escaparse. Muchas de ellas se enferman, todas enfermedades psiquiátricas, algunas inclusive han intentado suicidarse. Pero bueno, llega un momento en que muchas de ellas consiguen escaparse, a través de alguna conocida, alguna amiga, y obviamente no tienen aportes sociales ni nada. No les pagaban sueldo, no conocían lo que era el dinero, mucho menos iban a tener cualquier tipo de aportes para poder acceder a la seguridad social”, comenta Sebastián Sal. Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales. El asunto envuelve en el escándalo a las más altas esferas de esta poderosa institución católica y se convierte potencialmente en uno de los primeros asuntos espinosos del pontificado de León XIV.

En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales. "Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele. Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel." La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba. Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse". Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele. Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.

Bajo la mirada de las víctimas de pederastia, Bolivia celebra un juicio sin precedentes contra la Compañía de Jesús. Dos ex jerarcas españoles de la orden, Ramón Alaix y Marcos Recolons, se sientan ante el tribunal, acusados de encubrir a un sacerdote que abusó de por lo menos 85 niños. Los dos acusados dirigían a los jesuitas en el país durante parte de los crímenes. El escándalo estalló en mayo de 2023. dos años después, esta es la única causa que avanza. Después de dos años paralizado el juicio contra dos ex altos cargos jesuitas por ocultar abusos en su congregación en Bolivia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de Ramón Aleix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles que encubrieron de manera sistemática las agresiones sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas durante casi tres décadas, Incluso tras conocer que había denuncias.  RFI habló con Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual y uno de los 18 denunciantes.  “Ante tanta prueba material y testifical que se ha presentado por el tema de encubrimiento por parte de estos dos jesuitas ex provinciales, realmente esperemos que la justicia boliviana obre cómo tiene que obrar”, dijo, asegurando que “es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático”.  Flores aseveró que Alfonso Pedrajas no es el único perpetrador. “Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos”.   El escándalo estalló en 2023 tras la difusión de un reportaje sobre el diario personal de Alfonso Pedrajas, conocido como El Padre Pica. En él, el sacerdote fallecido en 2009, confesaba haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y el año 2000, la mayoría en Cochabamba, donde se celebra el juicio.  Leer también'No puede volver a repetirse', denunciante de cura jesuita por pederastia, a horas del juicio Wilder Flores lamenta la protección que tuvo de su congregación, pero también cree que el Vaticano y las autoridades bolivianas no ponen de su parte, sino todo lo contrario.  “Aquí, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha citado para volver a tratar el convenio con la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia, donde claramente establece un camino de impunidad. La inviolabilidad de los documentos, de las curias, de las diferentes órdenes, que eso garantiza impunidad total y nos cierra las puertas a las víctimas para poder llegar a esclarecer la verdad”, puntualizó.  El juicio ha sido suspendido en otras dos oportunidades, la primera en enero porque los ex provinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.          

La Fiscalía de Brasil pide condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado al tratar de mantenerse en el poder pese a su derrota frente a Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras una larga investigación, la fiscalía ha presentado audios, mensajes y testimonios que así lo demostrarían. La Fiscalía de Brasil considera que hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado junto con otros cuatro cargos más, a saber "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático", "violencia grave" y "deterioro del patrimonio protegido", cuyas penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de cárcel. Tambíen pide que se condene a otros siete integrantes destacados de la trama, entre ellos exministros y altos cargos del ejército. El objetivo final de dicha trama, que resultó en la vandalización de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023 por parte de miles de simpatizantes de Bolsonaro, era aferrarse al poder y revocar la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en  2022. "Hay información y grabaciones, pero también el testimonio del coronel Mauro Cid, que era la persona más cercana a Bolsonaro". Marcos Cordeiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, estima que la petición de la fiscalía cuenta con una base sólida. "No se trata solamente lo que dice un testigo, sino que a partir de su testimonio se va tejiendo una red donde se van juntando los hechos. Por ejemplo, existe el testimonio de un general de la fuerza aérea y de otro general del ejército, quienes confirmaron que Bolsonaro presentó un borrador del golpe. No hay que subestimar la cantidad de información que se ha ido recopilando en este proceso", señala el académico. La investigación se vio no obstante sacudida por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, aliado ideológico de Bolsonaro. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil si la Fiscalía seguía adelante con la investigación, que calificó de "caza de brujas". Sin embargo, el apoyo de Washington a Bolsonaro ha tenido el efecto contrario al esperado. "El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump creó un tsunami en la política de Brasil porque muchos de los empresarios que apoyaban a Bolsonaro tenían mucho recelo de que sus negocios fuesen perjudicados", explica Cordeiro. "Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene una gran producción de café, y el mayor mercado de Brasil es Estados Unidos. En la ultima semana, la asociación de los aranceles con Bolsonaro ha creado una conmoción en el país en la que se le considera un traidor de la patria". El actual presidente brasileño Lula da Silva ha declarado que tratará de negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero ha prometido responder con tasas equivalentes si estos llegan a entrar en vigor. Además, el mandatario ha condenado la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña.

Los actores de doblaje y otros trabajadores de empresas artísticas y de entretenimiento en México salieron a las calles el 13 de julio para protestar contra la falta de regulación a las inteligencias artificiales y exigir una mejor protección de los derechos laborales y creativos. “Gracias por salir a votar, porque tu presencia, tu voto, tu decisión, cuentan”: la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat (2018), recreada por la inteligencia artificial en un spot del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se agradecía a la ciudadanía por participar en las elecciones del Poder Judicial, fue la gota que rebosó el vaso. “La IA no reemplaza” Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC) ya venía denunciando la apropiación de voces, coincidiendo con el descenso de demanda en este gremio artístico. El pasado fin de semana, intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores, presentadores se congregaron en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, bajo el lema “La IA no reemplaza”, para defender el derecho a que sus imágenes, voces y obras no sean replicadas sin autorización. Leer tambiénVIDA EN EL PLANETA: El español y su infinidad de acentos “No, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa y nos ayuda en algunos procesos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea un reemplazo del humano. Queremos que sea un acompañante, pero no que nos quite trabajos, no que desaparezca a las personas que se han dedicado a esta industria durante toda su vida, que además de robarnos la voz, la pongan en donde ellos quieren y suplanten nuestra identidad para quedarse con todo el crédito”, explica a RFI Lili Barba, la presidenta de AMELOC. “Debemos estar súper unidos, necesitamos que las leyes ahora sí nos protejan desde derechos de autor, desde protección de datos personales, la ley de cinematografía, la ley de radio y televisión. Justo hablan de proteger a este gremio y ojalá, de verdad, ojalá que pase esta ley”, subraya. “Profesión muy importante” Tras las protestas, el caso escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también condenó el uso de la IA para replicar la voz del actor sin consentimiento, abriendo un fuerte debate sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y ética en el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas. “Es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años y hay que proteger su trabajo, pero también su voz”, expresó la presidenta mexicana. De momento, parece ser que la lucha de las voces profesionales mexicanas no fue en vano y como en la mayoría de los dibujos animados, podría contar con un final feliz.

La residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, del 11 de julio al 14 de septiembre, tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos, según datos de la alcaldía de San Juan. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios a la organización de recorridos por su municipio natal. Más allá de una gira que promete ser histórica, "Debí Tirar Más Fotos" es una reivindicación de la cultura puertorriqueña. El rapero Bad Bunny revoluciona Puerto Rico con una residencia artística de 30 conciertos en el Coliseo. Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida, destaca la importancia de este acontecimiento en la antena de RFI: "Tiene un mensaje eminentemente político. Bad Bunny da un ejemplo de cómo puede usarse el arte con el fin de hacer una inyección económica pero también es una inyección de orgullo y de fortalecimiento a los puertorriqueños". Varios estudios afirman que los conciertos supondrán un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares y generarán más de 3000 mil empleos. Pero también hay que considerar estas funciones como un homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York."Entiendo que Bad Bunny está dando un ejemplo de la fortaleza cultura que recae en los puertorriqueños y que, a pesar de todas las violencias que hemos históricamente recibido, somos profundamente fuertes y talentosos" dice Sheilla Rodríguez en RFI.  La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios relacionados con Bad Bunny como la tradicional pava (sombrero de paja), a la organización de recorridos por su municipio natal y las publicaciones de un diccionario para entender sus letras y un estudio científico sobre su música. El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, que se llevarán a cabo todos los fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Benito ha usado su música para abordar la lucha contra la gentrificación, la privatización de los recursos naturales o los cortes de energía. "El contenido de las canciones es una denuncia. Utilicemos la música para resistir" sentencia Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida. Esta residencia artística ha batido todos los records: vendió 400.000 boletos en tan solo 4 horas y supera las noches de conciertos consecutivas de otras leyendas del reggaeton como Daddy Yanki o Wisin y Yandel. Sin duda, un evento que Puerto Rico nunca va a olvidar.   Influencia hasta en la lingüística  Al generar tanta expectación la residencia, han surgido en el último mes varias iniciativas curiosas para explicar las letras de Bad Bunny y para estudiar el impacto de su música en la química cerebral. La lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz creó el diccionario ‘El ABC de DtMF', que define el vocabulario puertorriqueño y referencias culturales como lugares, nombres de personas y menciones musicales con ejemplos tomados de las 17 canciones del álbum. Por su parte, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó un análisis en el que asegura que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores, como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad.

El presidente de los Estados Unidos asesta un nuevo golpe en su guerra comercial e impone un arancel adicional del 50% a Brasil. Un ataque que llega después de una jornada marcada por las tensiones diplomáticas entre ambos países debido al apoyo que Trump expresó por el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Brasil por su parte, prometió reciprocidad arancelaria si estas amenazas llegaran a cumplirse. "Brasil no ha sido nada bueno con nosotros", dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50 % de aranceles sobre todos los productos brasileños. La medida, llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero Roberto Goulart, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que el hecho está relacionado con las relaciones que Brasil tiene con China: “Trump tienta afectar todos los países que tienen relaciones estrechas con China, Brasil es uno de esos países. Entonces Trump en vez de hablar directamente a Brasil, utiliza un instrumento de política comercial para intentar convencer a la fuerza de que Brasil no tiene que tener relaciones con China”. Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. Goulart asegura que es una medida desproporcionada. “Estas medidas son casi un enfrentamiento al gobierno Lula y toda la industria brasileña, entonces en este momento Trump anuncia una tarifa que prácticamente puede paralizar el comercio entre Brasil y Estados Unidos”. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China; que su país "no quiere un emperador". Aun así, hay que plantearse que rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos. “Creo que Brasil no tiene otro camino, sino seguir negociando, seguir insistiendo en que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a un resultado, muchas veces con diálogo o utilización de instrumentos coercitivos. Entonces, pero Brasil no puede ceder a las voluntades personales de Donald Trump”, agregó el analista. Posible reciprocidad arancelaria Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este miércoles que Brasil puede actuar en "reciprocidad" si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles de 50% a los productos brasileños. Lula indicó que el proceso en la Corte Suprema contra Bolsonaro, un ultraderechista que gobernó desde 2019 a 2022, "es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza". Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable de liderar una "organización criminal" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales. Este texto fue aprobado luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países. Vinícius Rodrigues Vieira, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo explica que la ley de reciprocidad fue una iniciativa aprobada hace pocos meses, incluyendo el apoyo de  parte de la derecha, más no la derecha que es muy aliada del agronegocio de los agroexportadores, que no tienen en los Estados Unidos su mayor mercado, sino en China". Para él, uno de los rubros más afectados sería  el café, "es algo que aún exportamos a los Estados Unidos, entonces lo que pasará es que habrá una reciprocidad y eso todavía no quiere decir que Lula va a aplicar tarifas de 50% a los Estados Unidos. La reciprocidad puede darse en otros frentes, como por ejemplo, el comercio de servicios o más tasas”.   De su lado, Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.

El presidente argentino Javier Milei, mediante un decreto, ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad pública responsable de administrar, ejecutar y supervisar obras viales a nivel nacional. En su lugar, se creará la 'Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte' para fiscalizar las concesiones viales.  La medida del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad se tomó antes de que venciesen los 'superpoderes' que el Congreso otorgó al presidente argentino Javier Milei por un año para ejercer ciertas funciones del Poder Legislativo. Germán Galarza, analista político, comenta las razones detrás de este decreto: "Hay que decir que la gestión de Milei ya venía anticipando que Vialidad era uno de los apuntados para cerrar,  entendiendo que había desmanejos, que se podía -lo dice el Gobierno- ahorrar muchísimo dinero y entendiendo que no cumplía sus funciones". Galarza considera que el momento del anuncio no es casualidad: "Obviamente que la 'causa Vialidad' es el resultado del juicio por el que hoy está cumpliendo una condena Cristina Fernández de Kirchner. Fue el detonante tamibén, porque porque estamos muy, pero muy cerca, de tiempos electorales importantes, cruciales, para el gobierno nacional". "Son dos puntuales. Uno en septiembre, en un distrito importante para la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires, y en el mes de octubre las elecciones nacionales a cargos por escaños en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados", prosigue. "Es un mensaje claro a ese electorado, que hoy lo acompaña en proyecciones en más del 30%. Entonces, no es casualidad, obviamente. Lo venía anticipando el Gobierno nacional, pero lo hace en este tiempo, entendiendo que es un tiempo también estratégico en términos electorales", mantiene al respecto el analista Germán Galarza.   Leer tambiénLa Corte Suprema confirma la condena de Cristina Kirchner y su inhabilitación por corrupción "Argentina está implementando uno de los programas de estabilización más ambiciosos en la historia reciente de los mercados emergentes". Así comienza un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, la principal institución global en este sector. Sin embargo, las reformas en áreas estratégicas generan alarma y preocupación, según afirma Marcelo Torres exdiputado y exsubsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista: "Estamos en una situación muy grave, muy compleja. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad tiene 5.500 empleados, trabajadores que tienen especializaciones muy específicas, agrimensores, ingenieros, que vienen hace muchos años trabajando en un país muy extenso". "Solamente el 10% de las rutas nacionales son autovías en Argentina, el resto están a cargo del mantenimiento del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto realmente va generar una tragedia para los ciudadanos de nuestro país", concluye.  Por su parte, la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos mas grandes en Argentina, advirtio que el cierre del organismo de Vialidad, así como el de las otras entidades ligadas a Seguridad Vial, pondrán en peligro a millones de personas que transitan por las rutas nacionales.

Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad.  "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura'  "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.

El Cono Sur está enfrentando una ola de frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en la Patagonia, un fenómenos al mismo tiempo intenso y excepcional, dijo a RFI el climatólogo chileno Raúl Cordero, profesor en la Universidad de Santiago. El país más afectado es Argentina, aunque el fenómeno también impacta a Chile y Uruguay. La causa es una masa de aire polar que se escapó desde la Antártica. "Esta ola de frío fue un escape de una masa desde los polos hacia latitudes medias, en este caso hacia el Cono Sur: Argentina, Chile, sur de Brasil. Como estamos en invierno austral, era esperable que este escape de masa de aire frío trajera temperaturas bajas, y en algunos casos fueron récords históricos. Así que se trató de un evento intenso. Lo usual es que las masas de aire cálido permanezcan 'atrapadas', confinadas al trópico, y las masas de aire frío permanezcan confinadas a los polos. Pero a veces se puede escapar una u otra", explica Raúl Cordero. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: olas de calor en Europa, de frío en el Cono Sur. ¿Qué tan preparados estaban los gobiernos para una situación así? "Desgraciadamente, al ser un evento récord, era poco esperable que los países estuvieran preparados", responde Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago. Hemisferio norte, el peor de los mundos  "En el hemisferio norte es otra historia, pero en el hemisferio sur las olas de frío van disminuyendo en frecuencia. Es decir, a pesar de que estamos en invierno austral, este es un evento extraordinariamente inusual. Es diferente a lo que pasa con las olas de calor, que van en aumento en frecuencia e intensidad en todo el mundo. Entonces, la gente está cada vez más 'preparada'. Por ejemplo, la ola de calor que golpeó a Francia estos días fue muy intensa, pero no va a causar, ni de cerca, los 70.000 muertos que provocó la ola de calor de agosto de 2003 en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época Francia, ni Europa, estaban habituadas o preparadas para eventos de calor como los de ahora. En cambio, hoy están mucho, mucho más preparados. Acá es la misma historia, pero con el frío. Cada vez hay más olas de calor, pero cada vez menos olas de frío. Este evento tomó por sorpresa a la población en ambos lados de la cordillera, en el Cono Sur". El climatólogo subraya también la desigualdad del impacto del cambio climático. "El vórtice polar, el vórtice ártico, se está debilitando, y los escapes de masas de aire frío en invierno en el hemisferio norte van al alza. Entonces, en el hemisferio norte es como 'el peor de los mundos', porque aumentan tanto las olas de calor como las olas de frío".

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Durante la cumbre semestral que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Mercosur anunció que concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones empezaron en 2017, pero no fue sino hasta este miércoles que el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dieron luz verde al acuerdo que permitirá la exportación e importación de bienes y servicios en una zona con casi 300 millones de personas. Energía renovable Henrique Choer Moraes, diplomático que representa a Brasil en las negociaciones del Mercosur, destacó la variedad de este acuerdo que va desde la agricultura hasta las centrales de datos. “Es muy amplio ese abanico, abarcando vinos, por ejemplo, pasando por la industria, pero también hay un compromiso muy importante que alcanzamos con la EFTA: nosotros introducimos este compromiso de que la exportación de servicios digitales está supeditada al hecho de que la matriz energética del país que exporta sea del 67% por lo menos de fuentes de energía renovable”, explica Henrique Choer Moraes. Es “un ejemplo para que otros países imiten, porque desde nuestro punto de vista, esto es un ejemplo concreto de algo que los europeos hablan mucho pero no hacen tanto como a nosotros nos gustaría, y es la interfase entre comercio y desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí de comercio, de servicios de una forma sostenible”, recalca. A la espera de la Unión Europea La Unión Europea ha sido todo un desafío para los socios del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia: en diciembre pasado y tras 25 años de negociaciones, firmaron un acuerdo que sigue sin ser ratificado y enfrenta una fuerte oposición de Francia. El representante de Brasil se muestra sin embargo optimista: “No sería la primera vez en Europa que un acuerdo va a ser sometido a un debate muy acalorado. Pero a pesar de todo eso, estamos confiados porque el contexto global ayuda cada vez más a confirmar la importancia, no solo económica pero estratégica, de que Europa pueda avanzar rumbo a la ratificación del acuerdo con Mercosur. El anuncio del acuerdo con EFTA tendrá también algún impacto en los debates, porque Europa está viendo que el Mercosur no está parado”, estima. Actualmente el Mercosur está en conversaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos y según el diplomático brasileño, Canadá y Japón son algunos de los futuros objetivos.

Hace menos de 50 dias, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.

Los delitos sexuales contra menores ya no prescribirán por lo civil en México, así lo decidió la Corte Suprema de ese país. Esta sentencia abre el camino a las víctimas de ese tipo de abusos para que obtengan justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción. La violencia sexual contra niños y adolescentes es "imprescriptible", así lo juzgó por unanimidad la Corte Suprema de México al fallar a favor de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos por parte de su ex productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años e integraba un famoso grupo musical. Este caso fue muy mediatizado por tratarse de dos personajes del ámbito artístico. Kendra Carrión Vivar, doctora en Ciencias Políticas y profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey de México, recalca la importancia de este dictamen. “Es un gran precedente para las víctimas de abuso sexual, no sólo para los menores actuales sino también para todas aquellas personas que siendo niñas pudieron ser víctimas de esos horrorosos delitos. Es importante saber que esta decisión se toma en el ámbito de lo civil y en México la imprescriptibilidad ya operaba en lo penal, pero en materia civil había plazos de dos a diez años, así que la víctima no acudía en estos plazos, ya no podía alegar daños morales”, explica a RIF Kendra Carrión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4,5 millones de menores afectados anualmente. Montserrat Villamar, coordinadora nacional de abogacía de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS México, informa sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano en el proceso de denuncia de casos de abuso sexual. “Este tipo de problemáticas está normalizado y el sistema de justicia en México puede ser ‘revictimizante' porque es un proceso muy largo y muy complejo. Inhiben más bien que las víctimas denuncien. Este precedente de la Corte Suprema ayuda y da certeza jurídica a las víctimas y a organizaciones”, asegura a RFI Villamar. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia mexicano condenó al ex productor de Sasha Sokol por daño moral, le ordenó disculparse con la cantante y pagar una indemnización por reparación del daño, la cual se fijaría posteriormente.

La Fiscalía de Colombia pidió esta semana una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia del país. Entrevistamos al senador Iván Cepeda sobre este caso. Desde hace más de un año, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es juzgado por supuestas presiones a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas. Cadena de falsos testimonios Este histórico proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por “buscar testimonios falsos” en cárceles para vincularlo con paramilitares. El senador, por su parte, acusa al expresidente de falsificar la verdad. “Uribe ha desplegado un inmenso esfuerzo por intentar eludir su responsabilidad penal, y el problema es que se ha desatado en cadena este intento de falsificar la verdad. Entonces se han ido acumulando los falsos testigos. Él tiene unos abogados oficiales, pero contrató unos abogados en la sombra. Personas que, francamente, han actuado de una manera delictiva. El abogado principal que utilizó Uribe para esa clase de manejos ilegales está hoy en juicio también, el señor Diego Cadena, que es un abogado que se hace llamar a sí mismo ‘abogánster'”, explica Cepeda. “Y hay otros intervinientes que han sido testigos o intermediarios de testigos que también están en juicio. Este juicio lo están afrontando también en otros escenarios, otras cinco personas. Y hay 19 de esos falsos testigos que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar. Entonces, el aparato que ha actuado está hoy seriamente interpelado por la justicia”, prosigue. “Está marcando un camino” La fiscal a cargo del caso, Marlene Orjuela, declaró en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son “concluyentes”. El juicio avanza contra reloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto. Sin embargo, el senador Cepeda se muestra optimista y recalca la importancia de este juicio. “En Colombia ha existido una especie de manto de impunidad, de escudo de impunidad, para proteger a quienes han ejercido las máximas responsabilidades y quienes tienen el mayor poder en la sociedad colombiana. Así que esto está marcando un camino. Y es que no solamente guerrilleros, paramilitares, militares, sino también civiles que tradicionalmente han escapado a la justicia, sean llamados a rendir cuentas”, estima. “Ahora bien, esto también puede, si se interpreta correctamente, ser un camino hacia la reconciliación, hacia la paz, porque el poder satisfacer la justicia y los derechos de las víctimas es una base sólida para la paz y para la democracia”, concluye. Desde el inicio del juicio, Álvaro Uribe ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos. Se espera que a finales de julio la jueza Sandra Heredia pueda emitir un fallo.

Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'. Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones. "Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene. Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones. En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia. El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico  "La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega. "Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.

Mafalda, la rebelde preguntona llegó a Estados Unidos de la mano de Elsewhere Editions por primera vez en más de 60 años de existencia, luego de estar traducida en unos 30 idiomas y ser un éxito internacional. Pero, ¿estarán preparados para la mirada ácida de la niña consentida de Quino? Mafalda, la niña que odiaba la sopa, pisa por primera vez suelo estadounidense en inglés, de la mano de la editorial Elsewhere Editions con una colección de cinco volúmenes lista para causar el furor que tuvo en América Latina y algunos países de Europa. La obra fue traducida incluso al mandarín, pero no al inglés. De hecho, en Estados Unidos es una casi desconocida. Kuki Miller, directora de Ediciones de La Flor, la casa editorial de Mafalda, y amiga de Joaquín Salvador, su autor, más conocido como Quino, se pregunta si Estados Unidos ahora sí estará preparado. “Me encanta que se haya concretado, por supuesto, porque nosotros mucho tiempo intentamos y contestaban que no era para Estados Unidos. Incluso una de las editoriales grandes: primero dijeron que sí, después que había ido a los subsectores y los lectores habían opinado que no era posible hacerlo. Te estoy hablando de hace muchos años”, recuerda Miller. Leer tambiénMafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump “Entonces, la mujer de Quino, que era la que tenía particular interés, y se le había expuesto que había que publicarlo en inglés. Ella no hablaba de Estados Unidos, sino del idioma, insistió con nosotros. Hasta que finalmente dijo: ‘Y si no se puede hacer afuera, lo hacemos aquí'. Entonces hicimos nosotros en la Argentina una edición en inglés, pero se vendía aquí en colegios de habla inglesa, a muchos turistas, con la curiosidad de saber qué era este personaje tan famoso preferían llevárselo en inglés. Obviamente se exportaba, pero es muy pequeñas cantidades. Así que si esto tiene éxito, me parecería fabuloso”, dice. Kuki Miller destaca los valores universales que hacen de Mafalda toda una sensación internacional.  “Es humanista, es pacifista en este momento y en cualquier otro. Realmente, los problemas continúan iguales. Le tapás Vietnam y le ponés Gaza, y sigue siendo el mismo problema, ¿no?, es la base del pensamiento de Mafalda”, opina. Personajes como Manolito, Susanita y Felipe representan las corrientes ideológicas y sociales que agitaron la política argentina e internacional en la década de los 60 y 70, pero que, a su vez, siguen vigentes, pues ya en los años 90 Quino atribuye el éxito de su obra a que la sociedad no ha cambiado. 

Roberto Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y figura de la oposición en el exilio, fue asesinado a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. Medios y activistas nicaragüenses en el exilio sospechan que se trata de un nuevo caso de represión transfronteriza atribuible al régimen Ortega-Murillo. El crimen ha causado conmoción entre la comunidad nicaragüense exiliada, según advierte Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU). Samcam, quien integró el antiguo Ejército Popular Sandinista antes de pasar a la disidencia, era codirector del Grupo Patriótico de Militares Retirados, un colectivo abiertamente crítico del gobierno de Managua. Desde 2018 vivía exiliado junto a su esposa en Costa Rica. Su asesinato, ocurrido este jueves, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades exiliadas. Muchas miradas apuntan hacia el régimen nicaragüense, acusado de extender su política represiva más allá de sus fronteras. Jhoswel Antonio Martínez, también refugiado en Costa Rica, denuncia que no se trata de un caso aislado. Persecución a opositores nicaragüenses en Costa Rica  "Existe una represión transfronteriza por parte del régimen de Nicaragua hacia opositores. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos recibido amenazas y persecución desde que estamos en Costa Rica. Estas acciones incluyen tomas de fotografías al salir de casa o del trabajo, y mensajes en redes sociales desde cuentas falsas o bots que dicen: 'sabemos dónde estás', 'sabemos lo que haces'. Son advertencias para que uno deje de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Se conocen al menos cinco casos de atentados contra opositores que habían reportado amenazas previas y que, como Samcam, no necesariamente tenían un perfil alto", señala Martínez. Comunidad nicaragüense en el exilio está muy afectada  El impacto entre la diáspora nicaragüense es profundo, especialmente por la cercanía del asesinato de Samcam con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio. "Créeme que el impacto ha sido muy fuerte, tanto en la salud mental como en la percepción de seguridad. Este asesinato ocurre en torno a una de las fechas más sensibles para nosotros. Roberto Samcam era refugiado, tenía protección internacional. Su muerte nos afecta porque nos recuerda quiénes somos: personas que debimos huir. El temor se ha intensificado y hay riesgo real de que se desate una paranoia colectiva entre los opositores refugiados en Costa Rica", concluye Martínez.

En Argentina, decenas de miles de personas se manifestaron a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que vio ratificada su condena a 6 años de prisión domiciliaria y inhabilitación de por vida, por el caso de corrupción conocido como Causa Vialidad.  Los simpatizantes de la expresidenta se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas de Buenos Aires, con tambores y banderas nacionales.  A pesar de una condena de seis años por corrupción y su actual arresto domiciliario, la influencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibe el apoyo de una parte de los argentinos. Una masiva manifestación en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires ha dejado claro que su capital político no se ha extinguido, abriendo un intenso debate sobre el futuro del Kirchnerismo y quién podría tomar las riendas del movimiento. "¡Te amamos, Cristina!", "¡Vas a volver, Cristina!", gritaban la víspera simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner al pie de su balcón. El martes, la ex presidenta de Argentina comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.  Leer tambiénCristina Fernández cumplirá su condena por corrupción en prisión domiciliaria Para sus partidarios, la causa judicial no es más que una excusa. Como explica la abogada y periodista Lourdes Marchesse, la propia expresidenta enmarcó su situación ante la multitud como un intento de proscripción. "Ella misma planteó que no la quieren en las elecciones y que por eso la sacan de la cancha con esta condena", señala Marchesse, quien recuerda que, más allá de las percepciones políticas, el caso judicial fue un proceso extenso que duró 17 años. La gran pregunta que surge es si, a pesar del arresto domiciliario, Cristina Kirchner podrá seguir ejerciendo su liderazgo. La respuesta parece ser un rotundo sí, aunque de una manera diferente. "Primero y principal, Cristina ya no puede ejercer ningún cargo público", aclara Marchesse. "Ella puede ejercer un liderazgo desde atrás". Este poder intangible se fundamenta en una carrera política que la consolidó como una figura central en la historia reciente de Argentina. "Cristina te puede gustar o no como política, pero nadie puede negar que ella es una líder", afirma Marchesse. "Fue dos veces presidenta de la nación, antes había sido senadora, fue diputada. Entonces, tiene un gran liderazgo". ¿Quién Tomará las Riendas del Kirchnerismo? Con la líder principal legalmente inhabilitada para ocupar cargos, la mirada se dirige a sus posibles herederos políticos. El periodista y analista argentino Eduardo Aulicino destaca dos nombres que suenan con fuerza para tomar el control del movimiento: su hijo, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, para Aulicino, las balanzas se inclinan claramente hacia uno de ellos. "Yo creo que, por lo menos en esta primera etapa, Axel Kicillof por ahora asoma como el único integrante del Kirchnerismo con vocación de tener un proyecto presidencial dentro de dos años", analiza. En contraste, el rol de Máximo Kirchner parece estar más limitado al círculo interno del poder. "Máximo puede aparecer como principal operador, incluso ahora como voz autorizada de Cristina detenida, pero no tiene ascendentes fuera de la estructura kirchnerista", explica Aulicino. Agrega un dato contundente: "Es más, todos los estudios de opinión dicen que tiene una imagen muy, muy mala". En el caso Vialidad, Cristina Fernández fue declarada culpable por conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo durante su presidencia.

Sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas se unieron en una manifestación este martes en Río de Janeiro por la subasta del gobierno entre multinacionales extranjeras para hacer exploración petrolera cerca a la Amazonía. Ellos denuncian también la incoherencia en el discurso medioambiental de Lula Da Silva. El derecho de exploración petrolera fue adjudicado a dos consorcios. Uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC. Pagaron unos 153 millones de dólares por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas que fueron puestos en subasta en un hotel de Río de Janeiro, pese a las manifestaciones, en las que participó Leandro Lanfredi dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Río de Janeiro. "Se puso en venta un área equivalente al estado de Río de Janeiro y el estado de Espíritu Santo juntos. Es una área inmensa, de más del 1% del territorio nacional, la que se puso en subasta hoy. Se hacen esas ventas con licencias ambientales, en algunos casos con 20 años de antigüedad, que ya están sobrepasadas, para poner esos recursos en manos de petrolíferas privadas", explica Lanfredi a RFI. A su lado, también se encontraban grupos indígenas y ambientales que temen por sus territorios y el daño medioambiental, como cuenta Lanfredi: "Los pueblos indígenas denuncian que no fueron consultados. Según la ley brasileña, hay que consultarles para explotaciones minerales o de hidrocarburos en sus territorios o cercanas a sus territorios. No les consultaron. Se atropelló ahí el derecho de los pueblos indigenas". "Denuncian además que ponen en riesgo sus tierras ancestrales, porque también había una serie de bloques en una región que se llama Parecis, que está en el norte de Mato Grosso, que es la frontera sur de Amazonas. Ahí hay acuíferos y se puede poner en riesgo no solamente la región de la explotación, sino todo el suministro de agua", concluye.  Las diferentes organizaciones critican que, pese al discurso pro medioambiente del mandatario Lula da Silva, que prepara la COP30 en noviembre, acciones como esta subasta ponen en riesgo la Amazonía y la transición a energías renovables.

Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, advierte en esta entrevista para RFI sobre las redadas masivas de migrantes y el clima de asedio actual contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 'Lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea', denuncia.  Bajo el grito de "No existen las personas ilegales" y "Fuera el rey", miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las medidas antiinmigración. El gobierno respondió intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre otras, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En Los Ángeles, organizaciones como la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante no dan abasto para atender los numerosos casos que se están presentando. "Ya van más de 350 personas detenidas", cuenta a RFI Jorge Cabrera, jefe de prensa de esa ONG. "Eso significa 350 familias afectadas, ya que son separadas por estas crueles redadas. Hay comunidades enteras que están con ‘Ay, Dios mío' en la boca, porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, demasiada confusión y es, obviamente, muy cruel". La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California contra su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia. 'Quieren cambiar la faz de la sociedad estadounidense' "Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados, con los miembros de la Guardia Nacional que van bien armados, se crea una situación de guerra y de asedio. En todos los años que llevo trabajando en la defensa de los inmigrantes, esto no se había visto. Estoy hablando desde hace quizá 30 o 40 años", explica Cabrera, jefe de prensa de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles. Para Jorge Cabrera, los sucesos de los últimos días han sembrado el miedo en la comunidad latina. "La verdad es que no están yendo tras personas que son un peligro para la comunidad. Están yendo tras trabajadores o gente mayor, gente enferma, mujeres trabajadoras. Nosotros creemos que esto no es un plan solamente para deshacerse de inmigrantes que son peligrosos para la sociedad, sino más bien lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea". Varios líderes demócratas han alzado la voz contra esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con "armas de destrucción masiva". El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.

La crisis económica en Bolivia no para de aumentar. En la Paz, la población hace largas esperas desde la madrugada para obtener, con suerte, algunos de los alimentos de la canasta básica. En 2015, Bolivia empezó a sufrir un déficit causado por la escasez de dólares y la caída de exportaciones de gas, y el exceso de gasto público acabó con las reservas del Banco Central de Bolivia en 2023, lo que ha derivado en la situación actual. “El Banco Central se quedó sin reservas y se mantuvo financiando el déficit del gobierno. Pero ya no tenía suficientes reservas para recoger el exceso de liquidez. Hay un crecimiento de la emisión muy grande y eso está generando presiones inflacionarias. Pero por otro lado, al terminarse las reservas del Banco Central, el gobierno no pudo financiar las importaciones de hidrocarburos”, explicó a RFI Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia. En medio de este caos, los seguidores del expresidente Evo Morales han generado bloqueos en las carreteras, y reclaman la renuncia del presidente Luis Arce. Algo que ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos. “Tienen la posibilidad de bloquear una parte céntrica del país y con eso impedir el paso de productos. Los camiones cargados de alimentos que se producen en el oriente del país no llegan a los mercados del occidente”, agregó Jemio. Actualmente, la inflación alcanza el 18,4 % interanual, la cifra más alta en los últimos 17 años. Una situación que para el experto en economía, requiere medidas drásticas. “Hay que reducir el déficit fiscal.Lo que más está contribuyendo a ese déficit es el subsidio a los carburantes. Hay que quitar ese subsidio, pero eso tiene un costo social muy fuerte. Ese tipo de políticas crea mucho rechazo”, agregó el experto. Esta no es la primera vez que Bolivia hace frente a una crisis de esta magnitud. En los años 80, el país andino sufrió un colapso cambiario que desembocó en altas tasas de desempleo y una caída del 6,6 % del PIB. Una crisis que pasó a la historia como el primer caso de hiperinflación de América Latina.

Estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de Florida temen que las redadas de ICE lleguen al campus bajo bandera amiga. El campus ha sido escenario de protestas después de que los responsables de la universidad y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegasen a un acuerdo para que la policía universitaria del centro reciba la formación necesaria para realizar funciones propias de ICE, como la detención de estudiantes indocumentados. Aún no está implementado, pero el acuerdo perfilado entre la Universidad Internacional de Florida y ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha provocado una ola de indignación y preocupación en la entidad educativa.  Profesores y alumnos han protestado contra el convenio, con el que la policía universitaria recibiría formación y realizaría algunas de las tareas de ICE, incluyendo investigaciones y detenciones de indocumentados en el campus. De los 54.000 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, la FIU por sus siglas en inglés, más del 60% se considera hispano. "Más discriminación" Nacido en Estados Unidos pero con raíces guatemaltecas, Brandon Barrillas es el presidente del Sindicato de Estudiantes Latinos de la Universidad. "La Universidad Internacional de Florida es una escuela diversa con bastantes estudiantes de Latinoamérica, de Europa, de varias partes del mundo. El ambiente general es que varios estudiantes están preocupados, los que son de origen internacional", dice. "Varios con los que yo he podido hablar están preocupados porque con este acuerdo, no saben si les pueden quitar los documentos que tienen acá en el país, o si les pueden hacer un perfil de discriminación. No sabemos lo que va a suceder todavía. Entonces varios estudiantes están preocupados por lo que esto va a traer. Va a ser más discriminación y no va a traer nada bueno para la escuela", subraya. "Ya no es la universidad que amamos" Los profesores respaldan totalmente a los estudiantes. De origen cubano y llegada a Estados Unidos hace 27 años, Tania Cepero es docente en el centro y además, presidenta de la rama de la FIU del Sindicato de Profesores. No sólo lamenta el impacto en los estudiantes, sino en toda la comunidad. "Conlleva a la ruptura de relaciones de confianza mutua entre la comunidad y los alumnos, los profesores, los trabajadores de la comunidad académica, que es nuestra universidad. Además, se ha visto que donde quiera que se han implementado este tipo de acuerdos se encuentran más casos de perfil racial, que la policía empieza a hacer más acciones basadas en perfiles raciales", explica. "También conlleva a que la gente no reporte los crímenes. Las víctimas de crímenes empiezan a no reportarlo por miedo que si viene la policía lo que le van a preguntar es su estatus migratorio y van a terminar detenidos por problemas migratorios. Como que ya esta no es la universidad que nosotros amamos y hemos ayudado a construir", lamenta.

Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales, especialmente ligadas al narcotráfico. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que permite mantener al Ejército en las calles. La futura ley incluye entre otras cosas un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. “Indulto anticipado a los militares” Sin embargo, como explica a RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control. Según ella, cuando uno mira el texto, “de económico tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la Policía, para las Fuerzas Armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos, y autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial y a mí me parece súper grave”. “Es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado”, prosigue. “Hay muchas cosas por hacer” El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con carteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que, si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos. “No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer. Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales”, detalla. “Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones”, concluye la investigadora.

Siete personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones, atribuidos a guerrilleros en Cali. Esto ocurre apenas tres días después del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un ataque que ha conmocionado al país. Para Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica en Cali, entrevistado por RFI, el objetivo de estos ataques es “amplificar la zozobra y demostrar control territorial”. Apenas tres días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, Colombia fue escenario de otra serie de ataques —más de una veintena— esta vez en Cali, en otros puntos del Valle del Cauca y también en el Cauca, en el sureste del país. Es una de las peores arremetidas de grupos guerrilleros durante el gobierno de Petro. Los primeros indicios apuntan a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, como responsables de esta ola de violencia. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, señala que, teniendo en cuenta el lugar de los hechos y la brutalidad, el Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, podría estar detrás de los ataques. Su intención sería demostrar el dominio territorial que mantiene este grupo guerrillero frente a las arremetidas de las fuerzas del orden, pero también ante otros grupos criminales. "Este Frente Jaime Martínez realiza acciones delictivas. Gana dinero con el narcotráfico, el tráfico ilícito de cocaína, de marihuana y de ‘creepy'. Pero también hay otro tipo de delitos con los que obtienen control territorial. De alguna manera, el Frente Jaime Martínez se siente amenazado en su control. Se han dado cuenta de que hay otros actores que están tratando de sacarlos de sus zonas de injerencia. Está el Estado, por supuesto, a través del Ejército. Pero también hay otros grupos criminales que representan una amenaza para este frente de las disidencias de las FARC. El Frente Jaime Martínez está enfrentándose a la guerrilla del ELN. Está enfrentándose a la Segunda Marquetalia. Y tienen que demostrar que son más poderosos. Entonces, con este tipo de acciones, están mandando un mensaje: 'Oigan, conmigo no se metan, porque yo estoy fuerte aquí. Este territorio no lo voy a entregar. De aquí salgo, pero muerto'". El experto en seguridad Iván Carvajal destaca que la cercanía entre esta cadena de ataques y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay tiene un efecto amplificador sobre la tensión entre la población, especialmente en una Colombia en contexto preelectoral. "Con estos ataques hay una clara intención de causar terror en la gente. Esto es un acto terrorista puro, tal como lo define la clásica definición de terrorismo. ¿En qué momento puedo amplificar el terror con unas acciones concretas? ¿Cómo puedo ganar diez veces más de lo que usualmente logro, aprovechando una situación de tensión como la que vive el país? Lo que se han dicho es: ‘Aprovecho esa situación crítica del país y aplico una dosis de terrorismo para amplificar la zozobra y la incertidumbre'. Esto tiene réditos políticos. Pero, por ahora, genera una acción de miedo en la ciudadanía", concluye.

Calles destrozadas, coches incendiados y decenas de detenidos y heridos dejaron los violentos enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes en California, a raíz de la detención de 40 migrantes mexicanos por parte de la Policía Federal de Inmigración. Escuche el análisis de Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, y Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia. El presidente Trump ordenó ayer el envío de 700 marines y otros 2 000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a los disturbios generados por las protestas contra las redadas migratorias; el gobernador de California calificó la medida de intento de "generar caos".Se prevé que esta extraordinaria movilización de los marines y los miles de efectivos adicionales de la Guardia Nacional —que se suman a cientos ya desplegados— avive las tensiones en la ciudad, la segunda más poblada del país, con un gran porcentaje de población latina.En medio de las manifestaciones, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de apoyo a migrantes es conocer el número exacto de detenidos.No hay transparencia sobre las cifras "La cantidad de personas arrestadas es superior a 200. Pero no hay cifras claras porque a veces el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no es transparente. Lo que intentamos determinar es el número exacto. Nosotros lo estimamos a partir de las llamadas de las familias y allegados", dijo a RFI Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.Esta organización también denuncia la falta de transparencia de la Policía Federal, a la que acusa de no informar sobre el paradero de los detenidos."Las familias con las que hemos hablado nos han dicho que sus seres queridos ya les avisaron que están en el otro lado de la frontera. Ya los deportaron a Tijuana. Aunque nuestra organización (CHIRLA) no ha contactado directamente a esas personas, nos relatan lo que les dicen sus parientes", explica Flores Lagunas.Esta ley puede utilizarse mañana contra cualquiera El presidente Trump ha decidido enviar a centenares de miembros de la Guardia Nacional, a quienes se sumarán esta semana numerosos marines. El gobernador de California ha calificado este envío de "ilegal". Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia, nos cuenta la posición de su organización. "La ley que está empleando Trump, el Título 10 del Código de EE.UU., solo debe aplicarse en casos de rebelión. Además, el gobernador de California no solicitó este tipo de ayuda", dice la abogada, miembro del Centro Brennan por la Justicia, un centro de estudios y acción política con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU).La abogada también advierte sobre la gravedad de la situación:"No nos dejemos engañar por el término 'Ley de interrupción' con el que Trump ha autorizado el despliegue militar en cualquier parte del país. Esto representa una señal de alarma porque puede ser un paso hacia un marco de tiranía, algo que no se ha visto en este país. Y es importante que se mantenga la vigilancia: si hoy se usa para migrantes, mañana puede emplearse contra cualquiera', afirma.Tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos como los expertos legales coinciden en que Los Ángeles vive una situación sin precedentes, y el fiscal de California planea llevar el caso a los tribunales.

Mientras en las calles se cumplen cuatro días de protestas contra el presidente Arce por parte de partidarios del expresidente Morales, el gobierno boliviano denunció ante la fiscalía a Morales por terrorismo y otros siete delitos. RFI entrevistó a Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Durante estos cuatro días, los seguidores de Morales han paralizado las principales vías del centro de Bolivia, sobre todo en el departamento de Cochabamba, su bastión político. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones de agosto próximo.Todo esto ocurre en un contexto de confrontación política. El gobierno boliviano presentó la denuncia por terrorismo y otros siete delitos luego de que se difundiera un presunto audio en el que Morales ordenaría aislar La Paz con bloqueos de carreteras, según informó el ministro de Justicia. Además, los bolivianos sufren una escasez de combustible en medio de una aguda crisis económica.Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, explicó a RFI que es necesario diferenciar dos tipos de malestar social hoy en Bolivia."Junto con el desabastecimiento de combustibles se ha mezclado la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y el aumento de los precios de algunos productos de la canasta familiar. A esto también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para forzar a que se lo inscriba como candidato. Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos y, al mismo tiempo, un contexto de protestas sociales que tienen una clara connotación político-electoral".Morales está jugando dos cartas ¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política?"Está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que conduzca a la postergación de las elecciones del 17 de agosto, forzar la renuncia de Luis Arce y, de esta manera, poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral".Si ese plan no resulta, el profesor Arequipa estima que "Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, alejarse cada vez más de los centros urbanos de votación —es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo— y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia. De este modo, espera posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema".Jugando cualquiera de esas dos cartas, para este analista, "Evo Morales sigue teniendo vigencia en la política boliviana y por eso es muy probable que quien vaya a gobernar el país a partir del 17 de agosto no lo va a tener muy sencillo", concluye.

En El Salvador, se cerró este martes 3 de junio un caso que ocurrió 43 años atrás: el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados por militares en 1982 durante la guerra civil. Tres exjefes militares - un general exministro de Defensa, un exdirector de policía y un excomandate de brigada - fueron condenados a 15 años de prisión por asesinato. Cuatro décadas después de los hechos, se cierra finalmente el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador durante la guerra civil. Tres exmilitares de 85, 91 y 93 años de edad fueron sentenciados este martes a 15 años de cárcel por asesinato.  El Tribunal condenó además al Estado salvadoreño por la retardación de justicia y exigió al presidente Nayib Bukele que pida perdón en nombre de las Fuerzas Armadas.  Las familias de las víctimas tuvieron que esperar años para obtener justicia, según explicó a RFI Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y abogado de los familiares. “El estado de impunidad que vive El Salvador es el principal obstáculo para que las víctimas del conflicto pasado puedan garantizarse verdad y justicia en sus casos”, aseguró. “Primero fue una ley de amnistía que quería borrón y cuenta nueva, amnesia total sobre los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido. Y luego está la falta de voluntad política”. Los cuatro periodistas holandeses se encontraban en El Salvador documentando lo que era la guerra civil. Su reportaje consistía en “entrevistar a las familias del área rural de El Salvador para preguntarles cómo vivían en ese momento”, recordó Pérez.“Iban a responder que precisamente eran objeto de grave violación a los derechos humanos por los bombardeos, por los operativos, por las ametrallamientos que vivían diariamente por parte de la fuerza armada del Salvador”, detalló."Periodistas incómodos"Además, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen iban a entrevistar a entrevistar a dirigentes del FMNL. “Este tipo de reportajes molestaba al gobierno de turno, sobre todo gobernado por militares, y entonces fue así como decidieron que eran periodistas incómodos. Por lo tanto, planificaron la emboscada y los aniquilaron completamente”.  Óscar Pérez considera que todavía queda mucho por hacer para obtener justicia en otros casos de crímenes de lesa humanidad de la época de la guerra civil en El Salvador. “Hay más de 200 casos que exigen verdad y justicia y que están presentados ante la fiscalía General de la República de El Salvador, y yo creo que en ese sentido, este caso empuja esos casos”. 

El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción. Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado.En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez."Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado.Más depuración institucional"La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra."Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye.La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en República Democrática del Congo es de las Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares están preocupados. RFI habló de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados a los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados.  Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro: es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados.“Es hora de que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad”, explica a RFI la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.Condiciones de seguridadLos soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios.“El propio contrato con la misión expresa que, por la vía de excepción, quienes tengan problemas sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y se hace cargo Naciones Unidas. Quienes no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso”, precisa Lazo.Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad. Pero por el momento, no hay ninguna fecha acordada. “Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos”, indica la ministra.El conflicto, que empezó hace más de tres años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.

Los arqueólogos han bautizado como ‘Los Abuelos' a la ciudad maya que acaban de descubrir en Guatemala. Podría tratarse de un importante centro político y ceremonial de comienzos de la cultura maya asentada en lo que hoy es el norte del territorio del país centroamericano. RFI habló con la codirectora del equipo. “Encontramos un sitio de características muy tempranas o antiguas de alrededor del 800 años antes de Cristo”, dice a Radio Francia Internacional, Dora García, codirectora del proyecto arqueológico regional Uaxactún que logró el importante hallazgo en el departamento guatemalteco del Petén, cerca de México.La arqueóloga detalla, como parte de este descubrimiento, varios monumentos esculpidos con rasgos de inicio de la cultura maya en el Petén, y un centro monumental que sería la primera ciudad en esta región. Pero, subraya, lo más importante del descubrimiento fueron ‘Los Abuelos'.‘Sobre una plataforma, en el área central del sitio, se identificaron dos esculturas, una masculina y una femenina, de aproximadamente más de un metro de altura. Una es la escultura de una viejita sentada que nosotros hemos denominado ‘La abuela' y el masculino, por ende, le hemos denominado “El abuelo' porque hacen referencia a los ancestros. Y la gente local, espontáneamente, empezó a llamar al sitio ‘a donde están los abuelos', cuenta la experta.Figuras similares a los abuelos han sido encontradas en otros descubrimientos arqueológicos del pasado, como una viejita en La Venta del área Olmeca (considerada la primera civilización del continente americano, dada su antigüedad de más de 3000 años).“Hay otra pareja de esculturas en Uaxactún, en un área que también fue dedicada a ceremonias por las evidencias de vasijas quebradas y otras ofrendas que se encontraron al pie de las esculturas. También los estamos relacionando con el Popol Vuh, donde hay una pareja de abuelos originarios, precisamente de ancestros”.El estudio comparado de las esculturas de “Los abuelos' de Petén con estos hallazgos anteriores es clave para la investigación del equipo que lidera la antropóloga.“Estamos investigando estas dos esculturas como parte de un ritual, resalta García, un área ritual asociada precisamente al culto a los ancestros, a los progenitores del inicio del linaje de este sitio. Es un hallazgo muy importante porque estamos hablando de que pudo ser un centro político y ceremonial de inicios de la cultura maya en esta área.”Y cuando le preguntamos sobre lo que más la sorprende de este último hallazgo, nos dice: “Lo que se puede comparar con otras regiones, por ejemplo, la iconografía de los monumentos con imágenes grabadas. Los signos y los símbolos grabados son muy similares, por ejemplo, a los que encontramos en Kaminaljuyú, en Naranjo, en el altiplano de Guatemala. Las estelas de ranas encontradas, unos las asocian con los altares de ranas de piedra halladas en la región de la Costa y en Kaminaljuyú. Encontrar este tipo de cosas en el Petén me llama mucho la atención para establecer relaciones a nivel regional, es decir, que durante la misma época estaban produciendo el mismo tipo de esculturas, las mismas ideas en cuanto a iconografía”.Los Mayas fueron una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de América, se expandieron en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2.000 A.C. Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica. Crearon también un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos. Y nos legaron el cultivo del maíz y del cacao.Un 42% de los 18 millones de guatemaltecos pertenecen a las etnias que existen en el país de origen maya y muchos viven bajo condiciones de pobreza.

La guerra comercial se pelea en los tribunales estadounidenses. Un tribunal federal de apelaciones acordó preservar temporalmente muchos de los severos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a China y otros socios comerciales, congelando así el fallo emitido la víspera por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloqueaba el arma más poderosa de la guerra comercial del republicano. Compás de espera, mientras el tribunal de apelaciones analiza los argumentos, incluyendo la solicitud del Gobierno de una prórroga. 24 horas duró apenas el bloqueo que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso a los draconianos aranceles de Donald Trump dirigidos contra una serie de países, incluida la Unión Europea, China, India y sus vecinos, México y Canadá. Este fallo del miércoles respondía a la demanda de una docena de estados del país que denuncian haber sufrido directamente perjuicios financieros por la inflación que ha generado el aumento de impuestos a bienes importados.“Incluso las grandes potencias están sujetas a reglas”Para Nelson Espinal Báez, abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard, la decisión de la Corte de Comercio Internacional estadounidense, adscrita al Sistema de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al creciente uso del proteccionismo”.El presidente Trump hace una nueva interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que data de 1977 para imponer los gravámenes radicales que han puesto patas arriba al comercio mundial.  Pero la Corte de Comercio Internacional de su país dictaminó que la legislación no le otorgaba autoridad ilimitada al mandatario republicano para promulgar aranceles.“Tras examinar las medidas, la Corte determinó que el argumento de seguridad nacional fue usado de manera desproporcionada y contraria a las normas del comercio internacional”, explicó Espinal Báez a Radio Francia Internacional (RFI).Para el experto en disputas públicas de Harvard, el fallo de la Corte “es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén de agendas nacionales ni populistas”.Consecuencias importantesEl abogado adscrito al programa MIT Harvard destaca tres consecuencias importantes derivados de este fallo que bloqueó durante un día los aranceles impuestos por Trump: “Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en reglas está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales, sin consecuencias diplomáticas ni legales. Y tercero, marca un precedente para otros países que han sufrido medidas similares y que ahora podrían sentirse legitimados en tomar acciones y represalias legales”.La Corte de Comercio Internacional estadounidense tampoco aceptó el argumento del tráfico ilícito en la frontera mexicana que ha utilizado la administración Trump para justificar su amenaza de aranceles por las nubes promulgados unilateralmente por el presidente Trump y sin la aprobación del Congreso.Sobre este punto, Báez precisa que “se puede perfectamente   interactuar con el país vecino, llámese México o el que sea, para contrarrestar ese contrabando o ese trasiego de comercio ilegal. Es decir, manejarlo directamente de manera bilateral con ese país, pero no afectando el comercio global”.La sentencia emitida el miércoles por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaraba ilegales gran parte de los aranceles de Trump, tras entrar en el fondo del asunto. La nueva resolución del tribunal federal de apelaciones no revoca esta sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación de forma cautelar mientras se examina el caso. Tal vez no sea una victoria para el presidente de Estados Unidos, pero si una batalla ganada en su guerra comercial.

Promesa del presidente chileno Gabriel Boriç, el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación fue presentado por el gobierno al Congreso. La iniciativa llega a un legislativo donde el mandatario no tiene la mayoría y la oposición rechaza férreamente ampliar el derecho al aborto. RFI entrevistó a Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas que defiende el aborto como un derecho humano.  En Chile el aborto es un delito y, según cifras del Ministerio de Salud, cada año se producen en el país cuatro muertes por abortos clandestinos e inseguros y más de 33.000 mujeres ingresan al hospital por complicaciones derivadas de las condiciones que genera la ilegalidad.Pero hay que recordar que durante más de un siglo el aborto terapéutico fue legal. Su criminalización total es una herencia de la dictadura.Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas, explica el camino y los tropiezos que ha tenido esta bandera de feministas y activistas. "Antiguamente existía la penalización del aborto, que hoy continúa, pero había una norma excepcional en el Código Sanitario que permitía de forma amplia el aborto terapéutico cuando la vida de la madre estaba en peligro. Y en 1989 el dictador Pinochet derogó esta norma del aborto terapéutico y quedamos nuevamente en una prohibición total del aborto en Chile hasta el año 2017 que se promulgó la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación".Hace un año, en la rendición de cuentas al país, el presidente Gabriel Boriç prometió el proyecto que este miércoles fue presentado al Legislativo y que establece la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.'Salirle al paso a los objetores de conciencia' "Más que una despenalización se podría decir que es un aborto por plazo", explica la abogada. Y precisa que se establecen dos plazos: "Uno de 14 semanas, y otro de 12 semanas. Se hace la distinción que yo encuentro muy interesante, y es que estaría permitido hasta las 12 semanas el aborto en los consultorios, que sería una prestación de salud mucho más accesible para las mujeres en atención primaria de salud, porque se podría otorgar de forma ambulatoria en establecimientos de salud comunitarios".De esta forma, el proyecto de ley del Gobierno pretende salirle al paso a los médicos e instituciones que, al amparo de la ley, se declaran "objetores de conciencia" por razones religiosas y se niegan a practicar los abortos en las tres causales permitidas."Sobre todo en la causal de violación que presenta una alta tasa de objetores de conciencia", subraya Bartolotti. "No poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual".

El próximo 1° de junio marca una jornada electoral inédita en México: las primeras elecciones por voto popular del Poder Judicial. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cargos de impartición de justicia en posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal de Disciplina Judicial. RFI entrevistó a Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH, sobre este hecho histórico.  Serán unas elecciones históricas y, además, las más grandes de la historia de México. El 1 de junio, se elegirán por voto popular 881 cargos, resultado de una reforma a la justicia aprobada por el Congreso.  Es una reforma constitucional "necesaria en aras de tener jueces para la democracia y no corruptos", defiende el gobierno. Sectores detractores alegan, sin embargo, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia caerán presa de la politiquería electoral.En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH explica los pasos del mecanismo de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha legitimado este proceso electoral.RFI: ¿Qué tipo de criterios y filtros se usaron en esta selección? ¿Y cuáles organismos o instituciones se encargaron de ese proceso?    Adrián Ramírez: Contrariamente a lo que fue la reforma de Ernesto Zedillo, que jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eligió ministros a su modo, hoy se abrió la posibilidad de un proceso de participación electoral en el que las personas en funciones y candidatos que quisieran aspirar pudieran, primero, participar en un proceso de selección por competencias y, luego, desde las tres instancias del poder público, es decir, el judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron las entrevistas y verificación de los datos para que los candidatos pudieran registrarse.A pesar de eso, hubo casos en los que personas que podían estar cuestionadas en su probidad pasaron a la siguiente parte de las listas. Pero ha habido un proceso de impugnaciones. Los partidos políticos no tienen cabida y se ha generado un mecanismo de regulado por el INE, el Instituto Nacional Electoral.RFI: Visto así, estamos hablando de un grupo de candidatos selecto por sus calidades, porque serían idóneos después de pasar por este colador. ¿Pero cómo se hizo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber por quién vota? Porque es un abanico muy grande de candidatos. Son 881.Adrián Ramírez: Esos 881 candidatos no van a ser votados por cada persona, sino que de ellos vamos a elegir algunos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese número es reducido. Luego tenemos otro número también reducido de magistrados. Y el número más amplio es el que constituye los cargos de los jueces de las diferentes instancias. Pero de acuerdo a la entidad federativa y a la sección distrital que cada persona tiene en su credencial de elector, el número se reduce significativamente.Se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que se conozcan los currículos de cada candidato. El INE tiene en su página entrevistas y perfiles, los diferentes factores de la vida pública, opinólogos, expertos, medios de comunicación e incluso personas con tintes partidistas, han sacado a la luz las bondades y los defectos de cada uno de los candidatos desde su óptica y, de alguna manera, esto puede formar el criterio.RFI:  En una elección tan suis generis, ¿en qué consiste la campaña de un juez o de un candidato a magistrado o a ministro de la Corte Suprema de Justicia?Adrián Ramírez: Nada está escrito. Hay desde quien exalta su físico o  su territorio diciendo "Ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo", etc.  Incluso hay candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales a repartirlas y ofrecer a la gente que, si votan por ellos, de alguna manera, se beneficiará. Pero también hay quienes hacen propuestas claras de planes de trabajo o se presentan diciendo 'mis fallos se han orientado en esto, se han tratado tales y tales asuntos y los he resuelto de tal o cual manera'. Hay una diversidad de propuestas. La misma forma en que las personas se presentan como candidatos ya les está calificando de antemano.RFI:  Algunos sectores descontentos han llamado a boicotear las primeras elecciones judiciales en México.Adrián Ramírez: Primero, el papel que el Poder Judicial tuvo respecto a estar boicoteando el proceso. Finalmente, a regañadientes, llegó muy tarde e hizo una lista sumamente rasurada. Prácticamente lo hizo porque no tenía otra opción. Pero son los partidos políticos y los grupos de interés manifiestamente beneficiados de la libre empresa, de los más poderosos, los que están llamando a boicotear la elección haciendo creer que la disminución de la participación será un rechazo a este proceso.Pero este proceso no se legitima por el número de participantes o de abstenciones, sino por los resultados de quienes pasaron por un proceso de selección, luego pasar un proceso de insaculación [selección aleatoria de personas] . Y tercero, van a pasar por un proceso de elección. Es ahí que apenas empieza el proceso para lograr tener jueces para la democracia."Hay deseos de participar", ha dicho la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. La mandataria mexicana cuestionó también las ironías del Financial Times, que en un editorial consideró que México iba a un experimento kafkiano. La Presidenta subrayó que en Estados Unidos los ciudadanos eligen jueces y en algunos estados los de las Cortes estatales, aunque no a los integrantes de la Corte Suprema estadounidense.

La cooperación internacional es clave para resolver los numerosos retos que enfrentan algunos países latinoamericanos en materia educativa, pero 'lamentablemente esta no ha sido muy generosa con América Latina, la prioridad fuerte es África', dijo a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO. Durante la Semana de América Latina y el Caribe en París, que tiene lugar en este momento y está dedicada a la educación sostenible, Martín Benavides explicó cómo las estrategias públicas en favor de la infancia pueden mejorar también la calidad educativa.Para ello, evocó un caso que se remonta a 2004. Ese año, el gobierno peruano declaró que el bajo rendimiento escolar estaba directamente relacionado con la anemia, una afección que entonces afectaba a más del 50 % de los niños menores de seis años, según datos del Instituto Nacional de Estadística del país. Para 2020, Perú logró reducir esa cifra en 15 puntos porcentuales gracias a la aplicación de estrategias dirigidas a la infancia y la educación.En 2025, el acento sigue puesto en estrategias de este tipo, explicó a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO."Ahora hay un esfuerzo muy grande para tratar de adelantarse, por ejemplo, a los potenciales impactos del cambio climático en la educación. Nosotros, en la UNESCO, estamos trabajando mucho para ayudar a los países a tener una buena planificación en frentes que parecen muy operativos; por ejemplo, dónde se construyen las escuelas para que se vean menos impactadas por el cambio climático en los territorios', señaló Benavides.Numerosas escuelas no cuentan con conexión InternetOtro de los temas abordados en esta reunión ha sido la implementación de nuevas tecnologías en las aulas, algo que plantea otros retos. Así lo explica Andrés Delich, director adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación.'Hay países como Uruguay y Chile que claramente tienen un recorrido mucho más importante en términos de digitalización y de utilización de computadoras. Argentina y Brasil, en menor medida; mientras que hay otros que están mucho más rezagados, como los países centroamericanos, porque no tienen todavía infraestructuras de digitalización, ya que muchas veces las escuelas no cuentan aún con conexión a Internet', precisa Delich.Este encuentro tiene como objetivo presentar estrategias que aborden estas problemáticas y fortalecer la cooperación entre los países participantes. Pero Benavides reconoce que, aunque la mayoría de las naciones están de acuerdo con estas medidas, sigue siendo difícil llevarlas a cabo.'Todo depende, finalmente, de los recursos. Lamentablemente, la cooperación en términos de financiamiento no ha sido muy generosa con América Latina. África siempre ha sido una prioridad fuerte de la cooperación. Hay sectores dentro de países latinoamericanos que tienen situaciones bastante desventajosas en materia de educación y que también podrían ameritar recibir más fondos', añade.Olivier Brandouy, director general de la organización Francia Educación Internacional, concluyó la reunión asegurando que la cooperación es la clave no solo para resolver estos retos, sino también para aprender de cómo América Latina innova en materia educativa.

Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace? RFI entrevista a dos analistas que nos apuntan las razones de los ataques del republicano que han elevado la tensión al máximo con instituciones históricas como Harvard. El gobierno de Donald Trump tiene a varios centros educativos estadounidenses, por considerar, en el caso de Harvard de no hacer lo suficiente por evitar manifestaciones de activistas pro-palestinos y de "fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus".  En el caso de Columbia de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar "una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judíos". Por su parte Harvard ha dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad. Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace?Gabriel Cifuentes, analista político y hace parte de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard (HCSS) explica las razones en entrevista con RFI: "Las élites académicas han sido siempre consideradas como libres pensadores. Es decir, dentro de la academia siempre hay como una sensación de que hay un grado de liberalidad mucho más grande de lo que muchos gobiernos tienen. Hay profesores que son críticos. Los estudiantes han hecho manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Trump. Entonces puede ser un factor incómodo, sobre todo frente a universidades que tienen nombre, tienen peso, tienen canales internacionales en el sentido que tienen acceso. Una cosa es que Harvard diga esta política de Trump es absolutamente inconstitucional o va en contra de la libertad de expresión y otra cosa es que lo diga un think tank que nadie conoce. Yo sí creo que se está tratando de neutralizar un foco de de oposición intelectual de peso frente a medidas no solo estas que está tomando con las universidades, sino en general".Desde el inicio de su segundo mandato, Trump tiene en la mira a los científicos y centros educativos. Miembros de las academias estadounidenses denuncian pérdida de subvenciones y despidos ideológicos. con respecto a las universidades, por ejemplo a la de Columbia y a la de Harvard. Las considera foco de antisemitismo y de ideas progresistas. Ambas intentan recuperar los fondos públicos cancelados recientemente. En el caso de Harvard, la Administración pretende prohibirle que matricule estudiantes extranjeros tras rechazar el pedido de supervisión en materia de admisiones y contrataciones.  Para esta institución, estas medidas son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad.Gabriel Cifuentes subraya en nuestra antena: "Yo creo que él puede anticipar que los centros académicos y las universidades van a hacerle resistencia a su gobierno y a sus políticas. Y eso también se mezcla dentro de una lógica nacionalista en donde Estados Unidos está primero. Los intereses de Estados Unidos están primero y cualquier ruido que se pueda generar frente a las políticas migratorias, frente a las sanciones económicas a otros países, frente a la posición que está asumiendo Estados Unidos con la guerra en Ucrania, en la Franja de Gaza, pues pueden generar ruido, incomodidad para la administración Trump. Sin lugar a dudas".Aunque un juez federal bloqueó este viernes de manera temporal, la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, el gobierno de Trump espera que con esa posibilidad Harvard se vea obligada a entregarle los datos que les exigen:  grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. Harvard se niega y defiende su independencia. Sobre las implicancias de esta medida de Trump; el analista Juan Falkonerth, en RFI:  "Las medidas más fuertes significativas hasta ahora se han dado con la Universidad de Harvard, pero el Presidente puede estarlos utilizando como una medida ejemplar para que los otros centros educativos se den cuenta de lo que podrían enfrentarse si no colaboran con la administración del presidente Trump. Y es que hay un tema que se ha discutido mucho, que tiene que ver que los centros educativos de alguna manera están promoviendo movimientos comunistas, o quienes son pro de muchas causas internacionales, como la causa palestina, entre otras, que le generan ruido al presidente estadounidense".

La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas'. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina.  En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades.La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte.El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición."Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek.A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes.Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país."A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal.Costa Rica, reputación en juegoMientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas"."En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek.Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica".Informe:https://www.hrw.org/es/report/2025/05/22/la-estrategia-es-doblegarnos/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises-desde

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

La politóloga Ana Lucía Velasco estima que las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto en Bolivia, cuya campaña electoral acaba de empezar, se desarrollan en un momento difícil para el país, marcado por largas filas para comprar gasolina, la disparada del dólar en el mercado negro y el agotamiento del electorado. Esta especialista subraya el agotamiento de numerosos electores con el MAS, sin que el triunfo de la derecha esté garantizado.  Con la inscripción, en principio definitiva, de los diez partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de Bolivia para el periodo 2025-2030, se inicia la carrera electoral. La politóloga boliviana Ana Lucía Velasco destaca a cuatro candidatos con posibilidades de ganar."En el bloque más o menos de centro y de derecha, yo diría que están —con posibilidades de ganar— Samuel Doria Medina con la Alianza de Unidad y tal vez Jorge Tuto Quiroga. A la izquierda estaría Eduardo del Castillo, que es el candidato del MAS, con el respaldo del presidente saliente, el cual también se ha inscrito en las listas como primer senador. Y si Andrónico Rodríguez —actual presidente del Senado— logra que se registre su postulación, tendríamos tres frentes de izquierda que podrían pugnarse el voto entre ellos".Andrónico Rodríguez, inscrito por el Frente Alianza Popular, es un líder cocalero apadrinado políticamente en sus inicios por el expresidente Evo Morales, que está por fuera de esta contienda electoral. Con respecto a la situación del candidato Rodríguez, el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso el análisis de su candidatura hasta que la justicia resuelva si cumplió normas partidarias. Como en las últimas dos décadas, un candidato de la izquierda podría llegar al poder.Ana Lucía Velasco, experta también en psicología electoral, indica sin embargo que los candidatos de la derecha están tomando impulso, si bien no convencen del todo al electorado.Ausencia de un bloque único anti-MAS "La gente que vota por opciones de derecha, más que ser de derecha, son fundamentalmente personas que están en contra del actual gobierno y del Movimiento al Socialismo [MAS]. Creo que esas personas han experimentado en las últimas semanas una especie de desilusión y desesperanza porque la apuesta era que se generara un bloque único que pudiera acumular todo el voto anti-MAS para tener de esta manera una clara posibilidad de ganar. Eso nunca se logró y al final están yendo todos por separado", apunta.Algo similar ocurre con los votantes de la izquierda, dadas las peleas y diferencias internas, especialmente dentro del MAS."Es probable que el bloque de izquierda pueda acumular el voto de una manera más vertical, más orgánica, más sencilla. Pero yo diría que la campaña electoral acaba de comenzar con la etapa de propuestas electorales. El electorado boliviano experimenta un gran agotamiento. Y si a eso le sumamos que el tema económico en Bolivia está realmente difícil, las filas para comprar gasolina son gigantescas, el dólar en el mercado negro se ha disparado... entonces yo creo que el electorado boliviano está sometido a varias presiones psicológicas. Nunca hemos vivido una elección tan, tan fuerte como esta", concluye.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país.“Poder ser escuchados es importante”“Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI.“Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue.La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia.“La búsqueda de las Abuelas continúa aún”“En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete.“Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega.Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad.Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

El gobierno de Honduras confirmó que aterrizarán este lunes 19 de mayo 18 hondureños que aceptaron “autodeportarse” de los Estados Unidos utilizando el programa CPB One Home, la aplicación con la que Donald Trump busca reducir los gastos de expulsión hasta en un 70%. Honduras estaría cooperando con los Estados Unidos para que no intervengan en las elecciones del país centroamericano previstas a finales de 2025, estimó Lester Ramírez, de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Honduras, “a pesar de que con Joe Biden tuvo un discurso muy agresivo, contestatario e incluso irrespetuoso, está colaborando bastante con Trump, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela, para que hagan escala aquí y luego ir a Venezuela” porque, según Ramírez, “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales”.Las elecciones generales en Honduras se realizarán el 30 de noviembre de 2025 para renovar la Presidencia de la República, 128 diputados y 298 alcaldes.Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería hondureña, explicó a la prensa local que la administración de Donald Trump facilitaría a los migrantes regresar de forma voluntaria y “con dignidad, sin enfrentar procesos de detención ni deportación forzosa”.Leer también'Madres deportadas con sus hijos tienen el apoyo del gobierno', dice vicecanciller a RFIEl pasado 9 de mayo el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse” ofreciéndoles vuelos gratuitos. “Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. El 5 de mayo el gobierno estadounidense informó que los migrantes que aceptaran autodeportarse recibirían 1 000 dólares. EconomíaEn lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados (de los cuales 3 375 de Estados Unidos), lo que podría afectar directamente la economía del país, debido a la importancia que tienen las remesas. En 2024 se registró un ingreso de 9,740 millones de dólares por remesas, cifra que la coloca como principal fuente de divisas para este país de cerca de 10 millones de habitantes y que ocupa el segundo lugar en pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Aunque su reintegración podría representar un gasto adicional para el Estado, Lester Ramírez considera que los deportados no agravarían la economía nacional, pues la mayoría de los trabajos se sostienen de la informalidad, pero sí la inseguridad.  “Las redes familiares, las redes de apoyo van a ayudar de alguna manera a mitigar el impacto [económico], pero de lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales, y eso no se está registrando, la policía no está haciendo un esfuerzo para poder darle seguimiento”, consideró.“Ya se dieron casos en los que personas que han sido deportadas, a los pocos días de su regreso, o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Más que económico, el problema va a ser de seguridad”, dijo.A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, en el primer mes de su gobierno fueron deportadas 37,000 personas, 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Este 14 de mayo, en Bolivia, comenzó el registro de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Los analistas piden prudencia por los cambios de último momento, como la sorpresa que dio el presidente Luis Arce que desistió de la contienda electoral. En Bolivia corre reloj para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y también a los diputados y senadores. Carolina Floru, analista y experta del sistema de partidos políticos de ese país, explicó a RFI que aún están en negociaciones los posibles candidatos del oficialismo y de la oposición.La figura de Andrónico RodríguezSe trata de discusiones complejas, empezando por el movimiento del exmandatario Evo Morales, quien no puede participar por cuestiones legales: “El expresidente Evo Morales no tiene posibilidades de ser candidato. El tema ya ha sido saldado por la Justicia. Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre del 2023 y esa decisión le impide la reelección indefinida, a no ser por un mal comportamiento del sistema judicial, porque la Constitución política del Estado boliviano es absolutamente clara e impide su candidatura y el Tribunal Constitucional y las normas internacionales ya se han pronunciado al respecto”, afirma Floru.Y luego está el oficialismo que lideraba Luis Arce, pero que al renunciar porque las encuestas no le ayudaban -tenía el 1% de las preferencias electorales según la consultora Captura- le pasó el relevo al senador Andrónico Rodríguez.“Andrónico Rodríguez representa un ala renovadora dentro del oficialismo. Además, Andrónico ha demostrado que ya ha podido condensar la participación de varias organizaciones sociales, que son básicamente las que han dado siempre el apoyo a la corriente de Evo Morales”, explica Floru.Fragmentación en la derechaPero si bien hay fragmentaciones en la izquierda, también es el caso en la derecha: “Lastimosamente también están fragmentados y creo que el reloj está ya sonando para la oposición y exigiendo que tome algunas decisiones con respecto a cómo quiere abordar este nuevo escenario”, “un escenario en el cual el oficialismo iría junto, digamos, condensado a la contienda electoral”, considera Floru.“Y esto pone la oposición en una situación crítica, porque si va dividida en varias instancias como hasta ahora lo está demostrando, lo que tendríamos es un Congreso con cinco o seis fuerzas y que obviamente no permitiría una adecuada gobernabilidad para el escenario que tenemos después del 2026”, detalla la analista.El tablero político tomará forma una vez que las agrupaciones políticas concluyan el registro que cierra este 19 de mayo.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.