Congresista de Colombia por el Centro Democrático, una trabajadora incansable por los derechos y el bienestar de los niños, el emprendimiento y las víctimas.
Uno de los grandes avances democráticos incorporados en la Constitución de 1991 fue el capítulo dedicado a los mecanismos de participación ciudadana, diseñados y promovidos -sea es la ocasión para rendirle un homenaje póstumo- por Carlos Holmes Trujillo. Gracias a esos mecanismos, los ciudadanos, en su condición de Constituyentes Primarios, tienen el poder de tomar decisiones en todo sentido. Además de poder introducir modificaciones puntuales a la Carta, de participar en cabildos abiertos y de seleccionar en consultas populares a los candidatos de los diferentes partidos, pueden revocar el mandato de los alcaldes y gobernadores que, en el ejercicio de sus cargos, incumplan su programa de gobierno.
Escribo estas líneas con el alma hecha pedazos al ver el dolor que embarga a mi amigo, a mi compañero, a mi copartidario Gabriel Jaime Vallejo cuyo hermano fue brutalmente asesinado en Bogotá mientras cumplía con sus deberes como oficial de la Policía Nacional.
Los problemas de Medellín no se solucionan con una “mano de pinturita”. La ciudad está despedazada. En menos de dos años de administración, el alcalde Daniel Quintero Calle llevó a la capital antioqueña hasta el borde del abismo.
No quiero adentrarme en el debate respecto del tipo penal que debía serle imputado a Enrique Vives Caballero quien, en absoluto estado de embriaguez arrolló y mató a 6 personas, dos de ellas menores de edad. Si se trató de un homicidio culposo, porque así lo indican las normas vigentes, pues que sea por ese delito el que el imputado responsa y pague la sanción que le sea impuesta por la justicia que, espero, sea la más rigurosa posible.
La teoría dice que todos los colombianos somos iguales ante la ley. Que nadie está por encima de ella. Así mismo, en las facultades de derecho, inculcan que a iguales hechos, iguales derechos.
Era una práctica sistemática y generalizada. Los primeros casos, según se ha podido establecer, ocurrieron en la década de los años 60 del siglo pasado, casi que de manera concomitante al nacimiento de ese grupo armado ilegal.
Se ha conmemorado el aniversario 211 de nuestro Ejército, sin lugar a dudas una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos.
Durante esto días en los que el país ha podido conocer la totalidad de las pruebas recaudadas con ocasión de la investigación que la Corte Suprema adelantó en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez, hemos podidos confirmar que siempre se ha buscado, por parte del expresidente y sus abogados, que se conozca la verdad.
No puedo dejar de expresar mi dolor por los recientes episodios que se han registrado en el Congreso de la República, donde los símbolos patrios han sido pisoteados y maltratados, todo en el marco de una cadena inaceptable de ataques contra monumentos que hacen parte de la historia nacional.
Si pudiera definirse al presidente Uribe con una sola palabra, ésta es la de servidor. Esa ha sido, desde siempre, su esencia. Se formó para ello. Los cargos que ha ocupado, los dedicó a cumplirle a la comunidad. Desde concejal hasta presidente de la República.
Las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos de inteligencia trabajan a marcha redoblada para dar con los autores del atetando terrorista contra el presidente Duque en la ciudad de Cúcuta.
A pesar del talante del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, de su nefasto gobierno, de su terrible forma de administrar, la capital de Antioquia sigue mirando hacia el futuro, consolidándose como la ciudad vanguardista de Colombia.
A comienzos del siglo pasado, el senador republicano estadounidense Hiram Johnson pronunció una frase que se ha convertido de uso común: “Cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad”.
El discurso de odio que le oímos a Gustavo Petro y a sus compañeros ideológicos ha tenido un efecto demoledor en toda nuestra sociedad. Nunca antes, los colombianos habíamos registrado tal nivel de intolerancia y de rabia de unos hacia otros.
El gobierno, pero sobre todo la Fuerza Pública, están sufriendo un ataque desmedido, por todos los frentes y de todos los niveles. Se ha enervado una narrativa que parte de una premisa falsa: que las Fuerzas Militares y la Policía atentan contra los derechos humanos de los manifestantes.
Con tristeza, vemos cómo se ha fracturado nuestra sociedad por la desgraciada lucha de clases que poco a poco ha ido enervándose en el alma de muchos de nuestros jóvenes que han visto en el anarquismo y el desorden un estilo de vida.
Vayamos directo al grano: los incitadores de la violencia, Petro y sus compañeros -que actúan como secuaces- son los responsables de los ataques contra la población civil y contra los miembros de la Fuerza Pública que han resultado muertos o heridos durante estos días de terror.
Colombia está en la mira del terrorismo y del vandalismo. No hacemos frente a una legítima protesta social, sino a un inaudito rebrote de violencia estimulada desde los cuarteles de la extrema izquierda revoltosa que le apuesta a la destrucción total de nuestro Estado.
Le asiste toda la razón a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum cuando afirma que las tales disidencias de las Farc deben ser catalogadas como un incumplimiento por parte de la guerrilla al acuerdo de paz firmado por Santos.
Para analizar el proceso de vacunación en nuestro país, debemos darle una mirada global al asunto, despojándonos -si es que aquello es posible- de los apasionamientos políticos.
En una decisión involutiva, la corte constitucional le solicitó al congreso de la República que discutiera la aprobación de una ley que regule la eutanasia.
Estaba reducida a su mínima expresión. La acción implacable de la Fuerza Pública en su contra, llevó a sus hombres hasta el borde de su desaparición.
No es la primera vez que el jefe de la extrema izquierda es pescado por fuera del país. Los parlamentarios no estamos impedidos para viajar al exterior. Podemos hacerlo, como cualquier otro colombiano, eso sí, haciendo el previo aviso ante nuestro empleador, es decir el congreso de la República.
No viene al caso repetir los argumentos que son ampliamente conocidos y que están a punto de convertirse en lugares comunes, lo que no significa que no sean ciertos. Tampoco es menester insistir en lo nefasta que ha resultado la herencia que nos dejó el gobierno anterior, porque los efectos de ese legado los estamos padeciendo día a día.
Conmueve el alma que niños que han sido reclutados forzosamente pierdan la vida en acciones armadas emprendidas por la Fuerza Pública. Por supuesto que la vida y derechos de los menores, que gozan de protección constitucional especial, deben ser protegidos con especial celo.
El país no soporta una reforma tributaria más; por eso es nuestro deber el redoblar esfuerzos para que el país no claudique ante el encanto perverso del discurso socialista del SXXI.
Sus amenazas contra el presidente Duque son inaceptables. Pero además de la indignación que ellas producen, son la evidencia incontrastable de que Venezuela debe ser sancionada internacionalmente por ser un Estado protector del terrorismo.
Preguntémonos, con la mano en el corazón, qué hemos ganado con la supuesta desmovilización de las Farc. La violencia terrorista continúa, ahora con un brazalete distinto.
La estabilidad y el futuro de las EPM están en gravísimo riesgo. La junta directiva está cooptada por Quintero. Muchos de sus integrantes no son de nuestra región y, lo que es realmente delicado, parecen estar casados con los intereses particulares del alcalde y no con los de las emblemáticas Empresas Públicas de Medellín.
Entiendo que la paz obliga a ceder en materia de aplicación de justicia... ... pero algo va de una disminución de una condena, a nada de castigo penal.
Uno de los aspectos que más ha indignado del acuerdo Santos- Farc, fue la falta de sanciones frente al reclutamiento de niños. Con la llegada del presidente Duque, esta asociación criminal, entre el ejecutivo y los grupos armados, llegó a su fin.
Tengo el propósito de trabajar a brazo partido para impulsar la revocatoria del alcalde Daniel Quintero quien, como señaló el presidente Uribe recientemente, es un alcalde improvisado. Yo le sumaría que, además de ello, es rencoroso. En vez de hacer tanta politiquería “alternativa” y de perder el tiempo insultando a sus opositores, debería dedicarse a gobernar para evitar que la ciudad siga en caída libre.
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