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Este jueves es el día internacional de las Manos Rojas, la iniciativa mundial de lucha contra el reclutamiento de menores en los conflictos armados. En Colombia, se ha disparado en la última década, y hoy más de 1.200 niños han sido incorporados a las filas de grupos armados, muchos de ellos atraídos mediante redes sociales. RFI entrevistó a dos líderes sociales colombianos, bajo condición de anonimato, acerca de este fenómeno en sus territorios. Con contenidos que mezclan música popular, emojis de ninjas e imágenes de motos, cultivos de coca y fiestas, decenas de cuentas de TikTok invitan a los jóvenes a sumarse a los rangos de grupos armados en Colombia, prometiendo gozar de mejor vida para cubrirse de dinero y gloria. Bajo anonimato, dos líderes sociales del departamento del Cauca, en la costa pacífica colombiana, luchan a diario para que niños no abandonen el colegio y su comunidad. Es una zona muy golpeada por el conflicto e “históricamente está habitada por comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas”. “El COVID 19 fue un hito”, asegura una líder de la comunidad indígena nasa. “Los niños empiezan a tener más acceso a las redes sociales. Tiktok es una red muy usual y se empieza a ver en él convocatorias. Ofrecen de dinero, ostentar elementos de alto valor y hasta cirugía plástica o ortodoncia a las niñas”. Los menores reclutados pueden tener 10 años, “en lugares donde el Gobierno no llega, donde no responde a estas necesidades básicas de las comunidades”. Crisis Group apunta que la firma de los acuerdos de paz en 2016 redujo a 100 el número de menores reclutados. Ahora serían 12 veces más según las cifras de UNICEF. “Se ha intensificado mucho más la presencia de diferentes actores armados, especialmente la disidencia de las Farc en nuestros territorios”, explica otro líder, que también prefiere no dar su identidad. “El menor armado es un combatiente más. Es utilizado también como escudos de protección, para que la Fuerza Pública no los pueda atacar teniendo menores en primera línea”. Los jóvenes, además, atraen a otros. “Pueden estar en los barrios y desde allí utilizados como campaneros, como portadores también de mensajes o informantes”. Violencia sexual Las niñas son atraídas con promesas de “procedimientos estéticos, arreglo de las cejas y del cabello y procedimientos de ortodoncia”, porque las niñas soldado son víctimas de violencia sexual. Se estima que entre 2019 y 2024 más de 1200 niños y niñas han sido utilizados para la guerra en Colombia, pero las cifras son sin duda más elevadas. “Detrás de este reclutamiento hay muchas más situaciones desplazamientos, amenazas, intimidación a las familias, lo cual permite que no tengamos conocimiento”, explica la lideresa del Norte del Cauca. “El actor armado no solamente se lleva a los niños, también tiene acciones sociales en el territorio: pavimenta las calles, ayuda a los enfermos y cosas por el estilo. Eso lo normaliza”, explica el líder residente de la zona pacífico. Ambos líderes sociales aseguran que más que el diálogo con los grupos armados, la clave son los programas de capacitación y la prevención pedagógica para no trivializar el reclutamiento.

En el atentado, padre e hijo se movilizaban en un carro hacia su finca ubicada en la vereda La Paz, cuando fue detonado el explosivo que les quitó la vida. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo del martes 16 de diciembre 8:00am.

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo del sábado 13 de diciembre.

Mientras la indecisión se enseñorea en las encuestas de cara a la decisiva primera ronda del primer domingo de febrero, empiezan a asomarse muestras explícitas de personas opositoras al Ejecutivo. Una de esas expresiones se produjo en la Conmemoración de la Abolición del Ejército en la Plaza de la Democracia. Un "fuera" interrumpió la arenga presidencial contra el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa y, desencajado por la sorpresa, solo acató a pedir ayuda a la Fuerza Pública. Respondió a ese agravio con una sorpresiva visita al Mercado Central capitalino el viernes; una acción típica de un candidato presidencial. Otra muestra de rechazo, con un poco más de volumen, se produjo en la segunda presentación del archifamoso Bad Bunny. En medio de la muchedumbre saliendo del Estadio Nacional, otro "fuera" se coreó muchas veces. ¿Quiénes entonan el "fuera Chaves"? Dado que son manifestaciones orgánicas, podríamos aventurarnos a sugerir que son personas sin filiación alguna o con filiaciones partidarias diversas. O simplemente potenciales votantes de ese inmenso contingente del 45% que la última encuesta del CIEP-UCR, recoge como indecisos. El gran cardumen. La pesca anhelada por todos los aspirantes. Hacemos repaso de coyuntura electoral y aprovechamos para conocer también el reporte #31 del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina que mide la conversación política en redes sociales. Con Cristian Bonilla y el politólogo Sergio Araya Alvarado.

En 6AM, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, explicó la razón por la que se produjo el violento robo a una joyería en un centro comercial de Bucaramanga.

La Fiscalía General ordenó una investigación urgente tras los archivos incautados a las disidencias de las Farc, que apuntan a posibles nexos con miembros de la Fuerza Pública y presunta infiltración en el Gobierno. El general Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia Wilmar Mejía están entre los señalados. El presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones, aseguró que se trata de información falsa e insinuó injerencia de la CIA. Paralelamente, el Ejército abrió indagaciones internas, la Universidad Nacional aceptó la renuncia del rector Leopoldo Múnera y la Corte Constitucional dejó en manos de un conjuez la decisión sobre la reforma pensional.See omnystudio.com/listener for privacy information.

RESUMEN INFORMATIVO 

RESUMEN INFORMATIVO 

Las Altas Cortes adelantan esta semana homenajes, a propósito de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, perpetrado por la entonces guerrilla del M-19 y la retoma por cuenta de la Fuerza Pública; homenajes a los que no ha sido invitado el presidente Gustavo Petro, información que fue revelada por Mañanas Blu.See omnystudio.com/listener for privacy information.

NotiMundo Estelar - César Ricaurte, Paro nacional, ¿excesos de la fuerza pública contra la prensa? by FM Mundo 98.1

NotiMundo A La Carta - Juan Pablo Ruiz, Paro Nacional; Otavalo zona de conflicto entre la fuerza pública y manifestantes by FM Mundo 98.1

El miércoles el presidente Chaves le entregó a doña Eugenia Zamora la bandera de la Fuerza Pública. Menos de 24 horas después la Fuerza Pública publicó en sus redes sociales una imagen del presidente tapado con un letrero que decía “Cayó la mordaza”. Así estamos. No fue solo la Fuerza Pública. Por instrucción de Presidencia las redes sociales de buena parte del Ejecutivo se adornaron con la “provocadora” imagen. Pero oh, sorpresa: la movidita no rentó mucho. No habían dado ni las 9:00 a.m. y ya empezaban los despachos digitales, uno tras otro, a cambiar la fotico. 

 El día de ayer el Tribunal Supremo de Elecciones convocó formalmente a la ciudadanía a elecciones, dando inicio oficial a la temporada electoral.  El presidente Chaves asistió al evento y se comportó a la altura, incluso entregando con solemnidad la bandera de la Fuerza Pública a Eugenia Zamora, presidenta del TSE.  Horas después volvió a las andanzas usuales y dedicó media conferencia de prensa a cuestionar, atacar y desacreditar al órgano electoral. No voy a repetir todo lo que dijo pero ya se lo pueden imaginar. 

Yanino Riquelme, delegado presidencial de Valparaíso, explicó en Canal 24 Horas cómo será el proceso de demolición de la toma Calicheros de Quilpué.

NotiMundo A La Carta - Víctor Ormaza, Manifestantes y la fuerza pública se enfrentan en Imbabura by FM Mundo 98.1

Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país. Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron. Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. "La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas. La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación. "Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya. Ingrid Betancourt, humillada por decisión desconcertante La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla. Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye. La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos". La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad". El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.

Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país. Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron. Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. "La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas. La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación. "Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya. Ingrid Betancourt, humillada por decisión desconcertante La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla. Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye. La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos". La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad". El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.

Cifras incongruentes y negligencia estatal: se pagan hasta 14 veces más funerarios que muertes reales, mientras las familias de la Fuerza Pública esperan justicia y el Estado pierde $230.000 millones.

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Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo del sábado 06 de Septiembre a las 4 de la Tarde.

NotiMundo Estelar - Carolina Andrade, ‘Quito en Control'- operativos conjuntos con la fuerza pública by FM Mundo 98.1

El ministro Benedetti compartió información, basada en inteligencia militar, que sugiere que los ataques recientes en Cali fueron una represalia por los duros golpes que las fuerzas públicas han propinado a estas organizaciones.See omnystudio.com/listener for privacy information.

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Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar aseguró en 6AM que la Fuerza Pública no tiene órdenes de confrontar a los grupos armados, que tienen desbordada la violencia en la región.

RESUMEN INFORMATIVO 

Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica. Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben. Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada. Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo. Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga. Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses. El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Pedro Sánchez, ministro de defensa, habló en 6AM sobre la percepción de seguridad que se tiene actualmente en el país por el ‘Plan pistola' del Clan del Golfo contra policías y militares. 

Escuche esta y más noticias de LA PATRIA Radio de lunes a viernes por los 1540 AM de Radio Cóndor en Manizales y en www.lapatria.com, encuentre videos de las transmisiones en nuestro Facebook Live: www.facebook.com/lapatria.manizales/videos

RESUMEN DE NOTICIAS 

La advertencia del senador Rick Scoott El escándalo crece en el tema de la UNGRDsuspensión del crédito flexible a Colombia por parte del FMILos trinos delirantes de Petro el sábadoEscalada terrorista contra la Fuerza Pública. Armando Benedetti habla de sus adicciones. Ese es el Ministro del Interior de PetroIndígenas viviendo en la U Nacional y haciendo daños Se vota hoy en senado proyecto de acto legislativo que habilita el transfuguismo Director de Codechocó secuestrado. Denuncia la gobernadora de ese departamento 

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo del lunes 28 de Abril de 2025 a las tres de la tarde.

RESUMEN DE NOTICIAS

RESUMEN DE NOTICIAS

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia del viernes 7 de marzo 8:00am

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia del viernes 7 de marzo 11:00am

NotiMundo al Día - Luis Altamirano - Atentados contra la fuerza pública by FM Mundo 98.1

Escándalo por USAID. Varias ONG en Colombia sin plataNo hay plata. No hay aeronaves para la Fuerza Pública Docentes sin salud. Álvaro Leyva se distancia de Petro? Dice mindefensa que no les faltará recursos Hay acuerdo con Israel para los aviones Kfir Trump no reconocerá a MaduroEEUU le ganó el pulso a China en Panamá 

Escuche el programa de este lunes 03 de febrero. La Luciérnaga, un espacio de humor y opinión de Caracol Radio que desde hace 31 años acompaña a sus oyentes en su regreso casa.

Ante el deterioro de los servicios de salud y la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana hay que plantearse, con total responsabilidad, si estamos haciendo bien en privilegiar únicamente la estabilidad fiscal o si debemos obligarnos también a buscar soluciones para resolver el problema de los salarios de sectores esenciales del funcionariado. Es el caso de la renuncia de especialistas médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la dimisión de policías (tanto del Ministerio de Seguridad como del OIJ) que no logran resolver la aplicación de las normas de transición del salario compuesto al salario global. El asunto es complejo. Hay que analizar los desafíos de la Ley Marco de Empleo Público que buscaba (y busca) equiparar los salarios del sector para frenar el crecimiento de los más onerosos que acumulaban anualidades y otras previsiones, con la necesidad de contratar nuevos empleados con un salario competitivo. Pero en el proceso quedaron en entredicho segmentos de funcionarios a quienes se les congeló el estipendio con lo que en la práctica se produjo una discriminación entre las personas que ingresan a trabajar bajo el esquema de salario global respecto de otros que quedaron ganando salarios con el viejo esquema de compensación. La renuncia de médicos especialistas, para ser recontratados un mes después por la Caja, no tiene asomo de solución, con lo cual se agrava la atención de servicios de salud en todo el país. Por su parte, los médicos forenses del Poder Judicial declinaron trabajar horas extras y aunque depusieron su movimiento de protesta no han llegado a un arreglo, de modo que aún se podrían complicar las autopsias y labores periciales que son de su exclusiva responsabilidad. Por otro lado, no resultó suficiente el aumento a los cuerpos policiales de la Fuerza Pública para detener la renuncia de casi 800 oficiales (entre enero 2023 y agosto 2024). Igualmente, se retiraron en el 2023 más de 300 oficiales experimentados por las mismas razones. Para profundizar al respecto conversaremos mañana con el economista José Luis Arce.

El concejal de Bogotá habló en La FM de RCN sobre la disminución de las capacidades operativas de la Policía Nacional de Colombia. 

El senador Iván Cepeda, habló en 6AM de qué puede venir para este grupo criminal y sobre las cifras fallecidas en los enfrentamientos