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El rector advierte que la crisis superó cualquier debate académico y pide recuperar la institucionalidad.
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“Españoles, Franco ha muerto”: el 20 de noviembre de 1975, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba en la televisión la muerte del dictador español Francisco Franco. España inició entonces un difícil camino para recuperar la democracia, un camino que para parte de la población aún está incompleto. Reportaje desde Madrid. La plaza de la Puerta del Sol es la más céntrica de Madrid, también de España, porque allí se sitúa el kilómetro cero de todas las carreteras del país. Justo en la entrada de la Real Casa de Correos, el edificio que sobresale con su reloj en este bullicioso enclave comercial y turístico. En frente de la Real Casa de Correos, siempre hay visitantes extranjeros con guías que narran en varios idiomas la historia del edificio construido en el siglo 18. Pero casi ninguno cuenta que hasta hace pocas décadas, el edificio era la sede de la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba a opositores a la dictadura de Francisco Franco. “Amenazarte continuamente” Entre ellos estaban Rosa García Alcón y Julio Pacheco. “Los calabozos eran muy pequeños”, cuenta Rosa. “Yo me acuerdo de una celda muy oscura, una celda muy pequeña”, prosigue Julio, a lo que Rosa añade: “Nos daban una manta que estaba asquerosísima. Por cierto, la manta era una cosa espantosa”. Aquello ocurrió en el verano de 1975, hace 50 años, cuando Julio y Rosa eran unos jovencísimos estudiantes y fueron detenidos por su implicación en una organización universitaria que luchaba por la democracia. “Amenazas constantes, torturas…”, recuerda Julio. “Pues eso, amenazarte continuamente. O te vamos a tirar por la ventana, o te vamos a tirar por las escaleras. Yo decía bueno, pues tiradme porque así se acaba esto. O sea que al final acabas deseando morirte. Primero acabas deseando perder el conocimiento, pero no lo pierdes. Y luego dices bueno, pues mira, así se termina esta tortura”, detalla Rosa. Uno de los pocos que en la Puerta del Sol recuerda que allí se torturaba a gente durante la dictadura es el periodista y sociólogo Emilio Silva, que recorre el centro de Madrid con un grupo de jóvenes, la mayoría estadounidenses de la Universidad de Nueva York. Rescatar la memoria Frente a la Real Casa de Correos, les explica en inglés que en España existe la tradición de recibir el nuevo año comiendo uvas frente al televisor, al compás que marcan las campanas del reloj del edificio de la Puerta del Sol. Durante unos años esa fiesta se producía mientras en los sótanos había gente golpeada y privada de libertad, algo que ha marcado a Emilio Silva: “Debajo de ese reloj donde estábamos todos emocionados mirando, pidiéndole deseos al Año Nuevo, y había gente torturada unos metros más abajo. Esa imagen de esa España que esconde, que está aquí celebrando un año nuevo, pero a la vez era un año viejo, ¿no? Porque era un año con dictadura, con represión”, dice. Silva preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una organización que en los últimos 25 años ha logrado rescatar los cuerpos de 1.700 hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Franco y enterrados en fosas comunes donde pasaron décadas en el olvido, entre ellos su abuelo, Emilio Silva Fava. “Mi abuelo era un hombre de El Bierzo, una comarca en el noreste de España. Había sido emigrante en Argentina y Estados Unidos, y cuando se proclamó la República empezó a militar en un partido que se llamaba Izquierda Republicana. Hoy pensaríamos que era un partido moderado. Era un hombre bastante culto que alguna vez se enfrentó en un periódico local a un aristócrata, de allí que escribía artículos burlándose de las personas que pedían la igualdad”, cuenta. Cuando ocurrió “el golpe de Estado, su pueblo cayó muy rápido en manos de los golpistas. Le empezaron a sacar dinero y un día lo detuvieron en el ayuntamiento y a la mañana siguiente ya no estaba allí. Lo asesinaron con otras 13 personas a 33 kilómetros, y estuvo 64 años desaparecido en una fosa común, hasta que yo en el año 2000 di con ese lugar y conseguí que se exhumara la fosa, que él fuera identificado genéticamente y que se enterraran sus restos con los de mi abuela, que había muerto tres años antes de la exhumación”. “Creo que hay mucho olvido” Las rutas guiadas que ofrece Emilio Silva a estudiantes descubren rincones de Madrid en los que sobrevive simbología de la dictadura, y señalan también lugares en los que el ejército de Franco, con el apoyo de la aviación alemana de Adolf Hitler, bombardeaba a la población civil durante la guerra que lo llevó a convertirse en caudillo de España. “Era muy interesante porque para mí, antes de llegar a España, ni sabía quién era Franco, nunca escuché su nombre. Pero yo creo que se debe a mi ignorancia”, cuenta un joven extranjero. Junto a los estadounidenses hay una joven española, Ainara, que estudia periodismo en una universidad pública madrileña en la que echa en falta este tipo de ejercicios de memoria democrática: “Yo creo que hay mucho silencio, mucho olvido. No se quiere hablar de la realidad. Y yo, por ejemplo, en toda mi formación académica he tenido obviamente la formación de lo que fue la dictadura, pero desde muy por encima y siendo más un contexto histórico, sin explicarte bien en profundidad lo que sucedió”, lamenta. Ainara cree que ese silencio y olvido sobre la historia reciente de España contribuye al auge de los postulados ultraderechistas en jóvenes de su generación: “Yo creo que todos los ideales de la ultraderecha están calando un montón en nuestras edades, y yo cada vez noto más auge”. Actualmente en España, el 20% de la población siente nostalgia por los viejos himnos del pasado. También los jóvenes: uno de cada cinco de los nacidos en democracia, una generación que no vivió la dictadura, valora positivamente los casi 40 años del régimen de Francisco Franco. Represión “implacable” en la guerra y posguerra “Franco ha sido una figura fundamental en la historia de España porque dirigió la dictadura más larga, más sanguinaria y más terrible en todos los aspectos que nos podamos imaginar en España”, analiza Ainhoa Campos, doctora en Historia, especializada en la Guerra Civil española y en el franquismo. “Franco formaba parte de un grupo de generales que dieron un golpe de Estado en julio de 1936 para acabar con el régimen de la República (un régimen democrático que se había instaurado en 1931) y tuvo la habilidad y la suerte de conseguir colocarse como el único que podía acceder al poder absoluto de ese grupo de generales”, explica. Franco ganó la guerra con la ayuda de las tropas italianas de Mussolini y de la aviación nazi, responsable de matanzas de población civil y desarmada, como la que el pintor Pablo Picasso retrató en su obra Guernica. No fue suficiente para Franco, que después de la guerra siguió ejecutando durante años a decenas de miles de españoles. “La represión después de la guerra, la que protagonizó la dictadura de Franco, fue absolutamente implacable con el enemigo. Él quería aplastar cualquier intento de ponerle coto a su poder o de poner en cuestión el régimen que él había construido. Entonces, ya durante la guerra, todos aquellos que hubieran estado relacionados con la República, con algunos de los elementos más característicos de la República, como la educación, por ejemplo, los maestros, fueron implacablemente perseguidos, detenidos, forzados al exilio interior o asesinados, ejecutados”, prosigue Campos. “Las cifras son desoladoras. Casi medio millón de personas tuvieron que irse al exilio. También se calcula que casi medio millón de personas fueron encarceladas al final de la guerra, y se calcula que entre 140 y 150.000 personas fueron ejecutadas en esta represión que tuvo lugar en la posguerra”, recalca. La muerte de Franco, “una gran alegría” La España franquista no participó en la Segunda Guerra Mundial y quedó aislada internacionalmente tras la derrota de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que le ayudaron a acabar con la democracia en España. Aunque años después, en el contexto de la Guerra Fría, el dictador español se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Con el apoyo de la gran potencia, Franco pudo prolongar su régimen hasta el mismo día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. “Yo me enteré por una gran algarabía que hubo en el patio de los presos sociales, a los presos comunes los hacían formar para el recuento en un patio que estaba aledaño a nuestras celdas. Y entonces al cerrar la formación, hubo un griterío y en ese momento supimos que Franco había muerto. Como te puedes suponer, fue una gran alegría para para todos”, recuerda Pablo Mayoral. Mayoral estaba en la cárcel ese día porque el dictador murió matando. Dos meses antes, autorizó el fusilamiento de cinco militantes antifranquistas de organizaciones que habían emprendido la lucha armada contra el régimen. Dos pertenecían a ETA, organización separatista vasca, y tres al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), en el que participaba Mayoral, que fue juzgado en un consejo de guerra en septiembre de 1975, junto a sus compañeros. “Cuando el abogado te dice que te piden la pena de muerte, se te viene el mundo encima, aunque estás preparado y sabes que puede pasar”, cuenta. Pablo Mayoral esquivó la pena de muerte y fue condenado a 30 años de prisión, no así tres de sus compañeros del FRAP. Paca Sauquillo es una de las abogadas que intentaron salvar la vida de los procesados: “Sabíamos que les podían pedir pena de muerte y yo, contra la pena de muerte, podían acusarme de terrorista o acusarme de lo que quisieran o meterme en la cárcel. Pero había que luchar contra la pena de muerte”, explica. Sauquillo consiguió evitar el fusilamiento de una de las procesadas por estar embarazada, en un juicio militar repleto de irregularidades: “No nos dejaron hacer nada porque desde que los cogieron hasta que les ejecutaron, no pasó ni un mes, y no pudimos ni estudiar el sumario ni verlo porque no pudimos aportar pruebas. Fue increíble”, afirma. Una ley de amnistía dolorosa Pablo Mayoral no pudo salir de prisión hasta finales de 1977, cuando España avanzaba hacia la democracia y se promulgó una ley de amnistía que borraba todos los delitos de los presos antifranquistas, pero también los crímenes de la dictadura. Para algunos fue un necesario gesto de reconciliación, para otros un pacto de silencio que consagraba la impunidad, equiparando a víctimas y victimarios. Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “el verdadero problema ya no es solo la impunidad jurídica. No es que no podamos ver un juicio a estos crímenes, sino que el hábito de la impunidad se ha convertido en una cultura política, y está por muchos sitios corrompiendo nuestra democracia y debilitándola. Y eso es muy grave, porque si uno ha amnistiado los mayores crímenes que se pueden cometer contra miles de seres humanos, pues hay muchas cosas que están por debajo de eso y que han vivido también alejadas de los juzgados”. En 2023, Julio Pacheco se convirtió en el primer español que pudo contar en un juzgado de su país las torturas a las que lo sometieron los policías franquistas: “Fue una alegría enorme. Fue la primera vez que unos querellantes o unos torturados -no nos gusta decir víctimas- del franquismo pudimos declarar ante una sede judicial: ‘Yo fui torturado por esta persona, ahí está'”, dice. La querella por torturas que presentó Julio Pacheco aprovechó una rendija abierta por la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite investigar delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista, al menos en teoría, porque un año después la Justicia archivó la causa. Julio Pacheco ha recurrido y no pierde la esperanza de conseguir romper el muro de la impunidad.
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En Honduras, el próximo 30 de noviembre, se renovarán el Legislativo y la Presidencia. Por un lado, el oficialismo y los opositores se acusan mutuamente de preparar un fraude electoral, y por el otro, la Fiscalía le está quitando autonomía a los órganos electorales. Este ambiente, dice la misión de observación de la OEA, está desestabilizando el proceso electoral y el personal encargado corre peligro. El frágil proceso electoral en Honduras se agravó a finales de octubre con la revelación de audios en los que la consejera del órgano electoral, Cossette López, y el diputado Tomás Zambrano, traman un supuesto fraude electoral. Misión de observación de la OEA Los opositores a su vez señalan a la candidata Rixi Moncada, del partido en el poder, de buscar un fraude electoral. En esta confusión, la Fiscalía se posicionó del lado de la presidenta Xiomara Castro, lo que preocupa a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La misión será clave en este proceso electoral, considera Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “Es bueno que al menos la misión de observación electoral de la OEA ya esté en el país. Puede jugar un rol importante en que, si sigue a tan pocos días de las elecciones habiendo falta de consensos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), pueden instar a que ellos puedan ser como una especie de mediadores para desentrampar todas las cuestiones administrativas”. “En última instancia, ¿utilizar el Consejo Permanente, como se hizo en el caso de Guatemala, no? Que al final fue lo que logró que hubiese una transición pacífica para la toma de posesión de Bernardo Arévalo”, agrega. Amenazas al proceso La misión de la OEA, que lidera el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, llamó a la justicia hondureña a garantizar “la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada de sus funciones”, una acción que sería difícil de cumplir, estima Méndez-Dardón, por vicios al interior de las instituciones hondureñas. “Hay entre siete y 10 denuncias activas en el Ministerio Público que tienen que ver con el proceso electoral. Unas son contra consejeras del Consejo Nacional Electoral, otras son contra incluso miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces es delicado, digamos, que estas denuncias puedan avanzar y que en algún momento puedan incluso entorpecer el proceso”, explica. “Otra amenaza es el mismo Congreso Nacional: la Comisión Permanente del Congreso Nacional tendría un rol activo, lo cual anula un poco ese rol rector y garante que tiene el CNE. Entonces, son muchas las amenazas, pero yo creo que sí hay herramientas diplomáticas, tanto técnicas, por medio de las misiones, pero también políticas, por medio de otros órganos multilaterales”, subraya asimismo. Según las encuestas, hay un empate técnico entre tres candidatos: Rixi Moncada, del oficialismo, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
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CHILE amenazas graves