Podcasts about seguridad democr

Distintos organismos de derechos humanos repudiaron la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una movilización popular el sábado. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, manifestaron que impedir el derecho a la protesta supone un grave retroceso para la democracia y se sumaron al repudio ante el vallado de la zona, la represión y detención de distintos dirigentes políticos. @pasadasporalto por @fmlatribu

El grupo Las Madres de Soacha lleva adelante una infatigable lucha por la verdad y la justicia. Son los familiares de los llamados "falsos positivos", los miles de ejecutados ilegalmente por el Ejército con el objetivo de aumentar las cifras de la lucha contra la guerrilla. RFI habló con ellas en las afueras de Bogotá. Blanca Monroy es la madre de Julián, un joven de 19 años a quien su propio Estado mintió y asesinó.  Soacha, 2 de marzo de 2008. Un recluta que regenta un pequeño comercio en este popular y humilde municipio en el extrarradio de Bogotá, capta a Julián con una falsa promesa de trabajo. Es a 600 kilómetros de su casa, en la localidad de Ocaña, próxima a la frontera con Venezuela. Otros tantos jóvenes de la localidad caen en la misma trampaen días sucesivos. Civiles engañados y llevados a zonas remotas de bosques para ser asesinados y después disfrazados de guerrilleros con el objetivo de inflar el número de guerrilleros eliminados. Un estratagema que a muchos soldados y altos mandos le sirvió  para mostrar buenos resultados y obtener beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe en la década de los años 2000. Rubiela, otra madre de otro joven engañado y asesinado, nos cuenta el mismo modus operandi. Rubiela y Blanca han destinado desde entonces lo que les queda de vida a luchar por la justicia y memoria de sus hijos. Sumaron fuerzas creando la asociación de Las Madres de Soacha. Sus casos se enmarcan en lo que popularmente se ha ido conociendo como "falsos positivos", uno de los peores eufemismos en Colombia: ejecucciones extrajudiciales de civiles a manos de militares para mostrarlos como bajas de combate. La Jurisidicción Especial para la Paz (JEP), lleva este macrocaso y cifró el año pasado en más de 6.400 el número de víctimas.  El abogado de derechos humanos Federico Andrew nos cuenta que aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia pueden remontarse a finales de los años 70, el grueso de ellos, se dio bajo el gobierno de Uribe. El contexto histórico de los "falsos positivos" En 2005 fue expedida la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, amparada en la política de Seguridad Democrática. Y en los primeros años de esta política insignia de Alvaro Uribe, se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En la directiva se combinaron los beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir las bajas de guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en el combate contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado, pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad. Los militares mataron civiles bajo dos modalidades distintas: una fue la ubicación de víctimas en el área de operaciones de los pelotones implicados usando informantes en el terreno. La segunda fue el uso de reclutadores que conducían a las víctimas mediante engaños a esos lugares en los que eran asesinados.  Las madres de Soacha abrieron camino en la exigencia de que se llegue a la línea más alta de mando que para ellas está en la figura del expresidente Uribe.. El pasado mes de abril y por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables militares reconocieron sus crimines públicamente, ante la sociedad, las víctimas y la justicia. Fue en la audicencia de la JEP en la localidad de Ocaña, donde habían muerto 14 años antes, los hijos de Blanca y Rubiela. Ellas y su movimiento asociativo han servido para abrir camino a otros familiares de víctimas en Colombia. Los familiares de las víctimas del departamento de Huila, por ejemplo, apenas están recorriendo el camino de escucha y contratación de información entregada por los militares. Sus exigencias tienen el mismo espìritu pero aún no han avanzado tanto como las de Soacha.

El pasado 13 de febrero, ocho jóvenes detenidos en el centro cerrado Virrey del Pino fueron violentamente reprimidos por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ante una pelea en el patio, los agentes les dispararon con postas de goma y los agredieron con golpes de puños y patadas. Luego les hicieron firmar sanciones de entre 4 y 10 días de aislamiento y a tres de ellos lo trasladaron a una unidad penal. En sanidad recién fueron asistidos por el enfermero luego de realizar acciones de reclamo, pero tuvieron que sacarse a sí mismos los perdigones y asistirse entre ellos.

Oscar Iván Zuluaga es el primer candidato presidencial que habla de tecnología y digitalización sin necesidad de preguntarle. De hecho la digitalización está presente en los tres pilares de su propuesta de gobierno. Seguridad Democrática 2.0 Ataque a la corrupción Oportunidades para todos Conversamos con Óscar Iván Zuluaga sobre las noticias del día, los temas de coyuntura y su propuesta de gobierno para Colombia en este LIVE de Libreta de Apuntes Noticias con los candidatos a la Presidencia de la República. Bienvenidos. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ricardogalan/message

El asesinato de Lucas González no es un caso aislado. En 2020, 25 personas murieron en hechos de violencia con participación de funcionarios de la Policía de la Ciudad. Y entre enero y agosto de 2021, hubo 16 muertos más. Para entender mejor qué es el gatillo fácil, hablamos con Agustina Lloret del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Cinco Minutos Más es un podcast diario original de Posta. Conducción: Sofi Carmona. Producción: Eugenia Mariluz. Guión: Lucía Cholakian Herrera y Tamara Talesnik. Coordinación de producción: Lucila Lopardo. Edición: Leo Fernández. Producción ejecutiva: Luciano Banchero y Diego Dell' Agostino.

Es del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

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Valeria Sampedro y Marcela Ojeda abordan un tema delicado y cada vez más preocupante que tiene que ver con la inoperancia del Estado en todos sus estamentos, para abordar con eficacia y responsabilidad el tema de los femicidios que en lo que va del año ha provocado la muerte de una mujer cada 24 horas. Y para ello conversan con Juliana Miranda Investigadora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. "La violencia de género y la violencia institucional tiene algunos puntos en común y el caso Úrsula nos muestra claramente todas las fallas del sistema, y cómo cuando se toman medidas, llegan tarde; no sirve crear protocolos, áreas de trabajo u otras herramientas, si no llegan efectivamente a lo que pasa en la calle". Miranda reiteró en varias oportunidades la importancia de que haya accesibilidad a la información pública en materia de femicidios, a la cual calificó de incompleta y no confiable. En la segunda parte del programa Valeria y Marcela conversaron con Silvia Ferreyra, Coordinadora Nacional de Mumalá. "Lo que nos interpela del caso Úrsula es la importante falla del Estado en materia de prevención en los casos de femicidio; buscamos poner en evidencia esas fallas para que el Gobierno pueda actuar con mayor eficacia". "Necesitamos que la burocracia del Estado se corra de lado y entiendan que hay que salvar la vida de estas mujeres".

Esta semana en @calledelbrunch: (1) ¿Qué hacer con la violencia del suroccidente del país?, (2) ‘Dejad que los niños vengan a mi', censura y pederastia, y (3) La polémica del pago para evitar Pico y Placa.

La región de Montes de María, al norte de Colombia, fue uno de los laboratorios de la política de Seguridad Democrática, que llegó con “mano dura” a hacerle frente a las guerrillas cuando comenzaba el milenio. En ese afán estatal de mostrar resultados, se volvieron comunes las detenciones masivas de hombres y mujeres acusados de un mismo delito: Rebelión. Años después, Relatos Anfibios reúne las historias de quienes vieron su nombre manchado injustamente como resultado colateral de una política de Estado.

La semana pasada el presidente Iván Duque lanzó su política de seguridad y defensa, que se aleja de la de Santos en muchos aspectos y que, luego del atentado del ELN, cobró otras dimensiones. Al lanzarla en Tolemaida, Duque dijo “este gobierno cree profundamente en la seguridad como vehículo para la construcción de paz en Colombia”. Para entender esa noción y lo que implica para el país invitamos a nuestro podcast a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, y al General (R) Jairo Delgado Mora, analista en temas de seguridad y estrategia.

Quince años atrás, durante los años 2002 y 2003, la Comuna 13 de Medellín fue víctima de los excesos de la Fuerza Pública, que en su afán por expulsar las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo y cumplir con la llamada Seguridad Democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desarrollaron la Operación Orión. Esta operación precisamente, es por la que el Estado colombiano fue condenado el pasado 22 de noviembre del 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar a las defensoras de derechos humanos Myriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas quienes fueron amenazadas, hostigadas y sufrieron allanamientos en sus viviendas en el marco de esta acción militar, Mery del Socorro Naranjo Jiménez y María del Socorro Mosquera Londoño que fueron privadas arbitrariamente de su libertad y de Ana Teresa Yarce quien no solo fue privada de su libertad sino que tras denunciar el actuar de grupos paramilitares en complicidad con la Fuerza Pública, fue asesinada el 6 de octubre de 2004. Luego de estos ataques, Rúa, Ospina, Naranjo y Mosquera fueron desplazadas. Es importante señalar, que después de recibir este caso en el año 2014 y hacer el análisis del mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez, utiliza la convención de Belém do Pará con la que analiza las posibles violaciones a las defensoras y lideresas de derechos humanos. Para hablar de esta sentencia, en Derechos Humanos nos acompaña la doctora María Victoria Fallon defensora de derechos humanos y directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, retomamos la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica el 26 de junio del 2015 y contamos con la periodista María Camila Idrobo, bajo la dirección del doctor Luis Alfonso Fajardo Sánchez. En el sonido los acompaña Andrés Rocha.

En este segundo programa profundizamos en el libro «Del hecho nacional a la conciencia de España o El discurso de la república» (1994) , en su primer capítulo sobre la realidad nacional, en lo referido a la denuncia que hace Antonio García-Trevijano, de cómo la comunidad política integrada en el estado se convierte en enemigo de la idea nacional, y de la conciencia de nación. Se resalta la vigencia y actualidad del texto en la realidad política española e hispanoamericana. A partir de estas reflexiones se establece conversación telefónica con el senador de la República de Colombia José Obdulio Gaviria Vélez. Creador del centro de pensamiento Primero Colombia, uno de los think tank más importantes de Iberoamérica, además del pensador e ideólogo político más influyente e importante del S.XXI en Colombia, como diseñador de la política de Seguridad Democrática , y como asesor presidencial principal en los gobiernos de la presidencia Uribe. El senador es uno de los principales críticos del llamado Proceso de Paz, y del intento de crear un consenso en torno a los partidos de la Unidad Nacional , y del establecimiento de un nuevo orden estatal.

En este segundo programa profundizamos en el texto de "El Discurso de la República", en su primer capítulo sobre la realidad nacional, en lo referido a la denuncia que hace don Antonio, de cómo la comunidad política integrada en el estado se convierte en enemigo de la idea nacional, y de la conciencia de nación. Se resalta la vigencia y actualidad del texto en la realidad política española e hispanoamericana. A partir de estas reflexiones se establece conversación telefónica con el senador de la República de Colombia José Obdulio Gaviria Vélez. Creador del centro de pensamiento Primero Colombia, uno de los think tank más importantes de Iberoamérica, además del pensador e ideólogo político más influyente e importante del S.XXI en Colombia, como diseñador de la política de Seguridad Democrática , y como asesor presidencial principal en los gobiernos de la presidencia Uribe. El senador es uno de los principales críticos del llamado Proceso de Paz, y del intento de crear un consenso en torno a los partidos de la Unidad Nacional , y del establecimiento de un nuevo orden estatal.

David Howard (Lecturer in Sustainable Urban Development, University of Oxford) looks at larger concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice. Abstract: Recent urban policy initiatives in the Caribbean have shifted from producing material infrastructural change to a greater emphasis on confronting 'civil disorder' via new forms of policing and surveillance. Just as development policy witnessed a 'cultural turn' during the 1990s, so too have sustainable development initiatives at local and international scales recognised and revised attention on forms of social sustainability. Increasing levels of violent crime over the last decade across the Caribbean, one of the most urbanised regions in the world, has placed particular focus on the economic and social vulnerabilities of urban populations. Recent UN and World Bank reports indicate that urban violence is the singular greatest hindrance to economic development in the region. The paper will draw on recent fieldwork in the Dominican Republic, most notably concerning the government's Plan de Seguridad Democrática. A key component is the Barrio Seguro ('Safe Neighbourhood') project, which relies on 'zero tolerance' policing and prolonged militarised intervention in demarcated neighbourhoods to 'secure' the city and its citizens. Such policies raise concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice.

David Howard (Lecturer in Sustainable Urban Development, University of Oxford) looks at larger concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice. Abstract: Recent urban policy initiatives in the Caribbean have shifted from producing material infrastructural change to a greater emphasis on confronting 'civil disorder' via new forms of policing and surveillance. Just as development policy witnessed a 'cultural turn' during the 1990s, so too have sustainable development initiatives at local and international scales recognised and revised attention on forms of social sustainability. Increasing levels of violent crime over the last decade across the Caribbean, one of the most urbanised regions in the world, has placed particular focus on the economic and social vulnerabilities of urban populations. Recent UN and World Bank reports indicate that urban violence is the singular greatest hindrance to economic development in the region. The paper will draw on recent fieldwork in the Dominican Republic, most notably concerning the government's Plan de Seguridad Democrática. A key component is the Barrio Seguro ('Safe Neighbourhood') project, which relies on 'zero tolerance' policing and prolonged militarised intervention in demarcated neighbourhoods to 'secure' the city and its citizens. Such policies raise concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice.

David Howard (Lecturer in Sustainable Urban Development, University of Oxford) looks at larger concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice. Abstract: Recent urban policy initiatives in the Caribbean have shifted from producing material infrastructural change to a greater emphasis on confronting 'civil disorder' via new forms of policing and surveillance. Just as development policy witnessed a 'cultural turn' during the 1990s, so too have sustainable development initiatives at local and international scales recognised and revised attention on forms of social sustainability. Increasing levels of violent crime over the last decade across the Caribbean, one of the most urbanised regions in the world, has placed particular focus on the economic and social vulnerabilities of urban populations. Recent UN and World Bank reports indicate that urban violence is the singular greatest hindrance to economic development in the region. The paper will draw on recent fieldwork in the Dominican Republic, most notably concerning the government's Plan de Seguridad Democrática. A key component is the Barrio Seguro ('Safe Neighbourhood') project, which relies on 'zero tolerance' policing and prolonged militarised intervention in demarcated neighbourhoods to 'secure' the city and its citizens. Such policies raise concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice.

David Howard (Lecturer in Sustainable Urban Development, University of Oxford) looks at larger concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice. Abstract: Recent urban policy initiatives in the Caribbean have shifted from producing material infrastructural change to a greater emphasis on confronting 'civil disorder' via new forms of policing and surveillance. Just as development policy witnessed a 'cultural turn' during the 1990s, so too have sustainable development initiatives at local and international scales recognised and revised attention on forms of social sustainability. Increasing levels of violent crime over the last decade across the Caribbean, one of the most urbanised regions in the world, has placed particular focus on the economic and social vulnerabilities of urban populations. Recent UN and World Bank reports indicate that urban violence is the singular greatest hindrance to economic development in the region. The paper will draw on recent fieldwork in the Dominican Republic, most notably concerning the government's Plan de Seguridad Democrática. A key component is the Barrio Seguro ('Safe Neighbourhood') project, which relies on 'zero tolerance' policing and prolonged militarised intervention in demarcated neighbourhoods to 'secure' the city and its citizens. Such policies raise concerns over social and spatial equity, conceptual approaches to sovereignty and the practical interpretation of sustainable forms of justice.