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Mientras el Consejo General del INE validó por mayoría la elección judicial en México, las críticas sobre su legitimidad no han parado. Entre las voces más contundentes se encuentra la del abogado constitucionalista Francisco Burgoa, quien calificó el proceso como una “farsa” y advirtió sobre sus consecuencias jurídicas a nivel internacional, al mencionar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la posible condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su participación en MVS Noticias con Manuel López San Martín, Burgoa lamentó que la validación se haya dado pese a las numerosas irregularidades documentadas por consejeros del INE. “Es totalmente significativo que no haya habido una unanimidad de los 11 integrantes del Consejo General para validar la elección judicial”, subrayó, al referirse al apretado resultado de 6 votos contra 5. Para el especialista, este hecho refleja que el proceso no cumplió con los mínimos requisitos democráticos: “Los cinco consejeros que votaron en contra no solamente expresaron una opinión, documentaron y explicaron todas las irregularidades que hubo en esta elección judicial”, explicó Burgoa.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Neste episódio conversamos com Manuellita Hermes, procuradora federal da AGU, sobre o uso da ADPF como instrumento de controle de convencionalidade. A necessidade do Brasil se alinhar aos tratados internacionais de direitos humanos e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) decorre de compromissos assumidos voluntariamente pelo Estado brasileiro na esfera internacional. Ao reconhecer a jurisdição obrigatória e vinculante da CIDH em 1998, sujeitou-se à supervisão e controle internacionais sobre o cumprimento de tais normas. A materialização desse alinhamento se dá, fundamentalmente, por meio do controle de convencionalidade que realiza um processo lógico de verificação da compatibilidade vertical das normas nacionais com o arcabouço normativo e jurisprudencial interamericano. No Brasil, a aplicação do controle de convencionalidade já ocorre em diversos graus do Poder Judiciário, sendo que historicamente, o exercício desse controle passou por um desenvolvimento no âmbito do STF.  É nesse palco de controle concentrado de constitucionalidade que a ADPF surge com um potencial significativo. Sua natureza subsidiária e sua capacidade para abarcar a tutela de preceitos fundamentais, se configura como um instrumento poderoso para impulsionar o controle de convencionalidade. O momento e as condições necessárias para que o Estado exerça o Controle de Convencionalidade, a teoria da dupla compatibilidade vertical, a acusação de ativismo judiciário, a posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e a tipologia de utilização da ADPF são algumas questões em que nos aprofundamos neste episódio. Leitura indicada:A arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de controle de convencionalidade. / Manuellita Hermes. Suprema: revista de estudos constitucionais, Brasília, v. 2, n. 1, p. 445-477, jan./jun. 2022.Comentários e sugestões: julgadosecomentados@mppr.mp.br || Siga o MPPR nas redes sociais: Facebook: Ministério Público do Paraná, X: @mpparana, Instagram: @esmp_pr, YouTube: Escola Superior do MPPR e site da ESMP-PR: https://site.mppr.mp.br/escolasuperiorInstagram de Manuellita Hermes: @manuellita_hermesProdução: Fernanda Soares e Gabriel Oganauskas || Edição: Gabriel Oganauskas || Créditos: Aces High - KevinMacLeod  (⁠⁠incompetech.com⁠⁠), ⁠⁠CC BY 3.0 || Floating Whist by BlueDotSessions || In The Back Room by BlueDotSessions || The Stone Mansion by BlueDotSessions || Vienna Beat by BlueDotSessions || Jazzy Sax, Guitar, and Organ at the club - Admiral Bob feat. geoffpeters, CC BY 3.0

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu este ano os esforços do Brasil em assegurar os direitos das comunidades quilombolas de Alcântara. O caso foi citado como exemplo durante a assinatura de um acordo de cooperação entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) com o objetivo de promover o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e avançar na agenda hemisférica sobre o tema. Nessa produção você vai conferir os bastidores da cobertura com três profissionais que estiveram nessa parte do Maranhão.

Desde enero de 2025 la Constitución Federal establece la prisión preventiva oficiosa en los procedimientos penales por los delitos relacionados con falsos comprobantes fiscales y el contrabando.Esto significa que el juez dictará de manera automática esta medida cautelar en contra de las personas que estén siendo investigadas por la comisión de tales delitos, quienes deberán afrontar el procedimiento desde prisión.El texto constitucional dejó importantes temas sin definir, entre ellos, ¿en qué casos los CFDI o facturas que amparen operaciones inexistentes o simuladas podrán calificarse como “falsos comprobantes fiscales”?, ¿la prisión preventiva oficiosa aplica solo a las facturas emitidas por contribuyentes dentro del listado del artículo 69-B o también para aquellos que todavía no han sido incluidos?Un segundo reto de la reforma constitucional es conciliarla con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2022 condenó a México por considerar que la figura de prisión preventiva oficiosa es inconvencional.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En entrevista para MVS Noticias con Diana Alcaraz en ausencia de Luis Cárdenas, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 en Cd. Juárez, habló sobre que lleva a México ante la Corte Interamericana por el feminicidio de su hija que lleva 24 años impune. See omnystudio.com/listener for privacy information.

No es un partido político nuevo ni pretende llegar a serlo. Se llama “Agenda Viva” y es una plataforma de encuentro, diálogo y propuestas para reconstruir Costa Rica. Convoca lo mejor de los valores costarricenses para combatir los discursos de odio, que intentan dividir y profundizar la polarización social. Desde la esperanza, la ilusión y la construcción colectiva, 120 personas de diversos pensamientos ideológicos, especialidades y edades conjuntaron 200 propuestas en nueve áreas prioritarias para el desarrollo nacional y en su lanzamiento este miércoles formularon un llamado a los partidos políticos y los liderazgos nacionales y sectoriales, para encauzar la discusión nacional y sumarse a las bases de un remozamiento del contrato social. “O nos unimos o nos destruimos”, sintetizó con este llamado a la acción conjunta la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doña Elizabeth Odio. Los planteamientos se construyeron en 10 mesas de trabajo, para dar integralidad a los desafíos nacionales en seguridad y violencia, educación, salud, igualdad de género, culturas, desarrollo económico y social, reformas electorales y de Estado, deporte y recreación, ambiente y desarrollo humano con el propósito de enfrentar la desigualdad social, la pobreza, el desempleo juvenil, la ola de violencia, la inseguridad, el empobrecimiento del campesinado y los desafíos del cambio climático, entre otros. Para conocer más de esta propuesta conversamos con la ex presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y el ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

Lunes 10 de marzo: La noche debe haber sido algo más tranquila para la ex ministra del Interior Carolina Tohá, que partió el fin de semana agredida por un grupo de manifestantes cerca de su casa el viernes en la noche.

La historia de vida de Jineth Bedoya Lima es excepcional. Entrelaza su valentía, su compromiso para con el ejercicio del periodismo libre y su poderosa sensibilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres ultrajadas sexualmente y violentadas de cualquier forma. Es, al mismo tiempo, una historia estremecedora, perturbadora y cruel, y por ello, cada vez que alza la voz para relatarla enfrenta con coraje la inevitable revictimización. Una y mil veces, sí, porque el punto de inflexión de su vida ocurrió el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada, torturada y violada. A ese ultraje se sumó el abandono de la justicia de su país Colombia, que a la fecha no ha llevado a juicio a los autores intelectuales de su secuestro a quienes ella conoce perfectamente por su trabajo periodístico. Ese hecho hilvana otro capítulo que se desarrolla a partir de su decisión de romper el silencio y hablar de la violación sexual de la que había sido víctima, lo que calló por nueve años. Eso le abre el camino al sistema interamericano de protección de derechos humanos y logra tras once años de esfuerzos en octubre 2021 un fallo histórico a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez establece el riesgo diferenciado mujeres periodistas y determina que la violencia sexual contra ellas es una práctica que subsiste para silenciar a la prensa. Jineth Bedoya, que decidió convertir su dolor personal en una lucha colectiva con su campaña “No es hora de callar” es hoy un referente continental y por ello ha sido merecedora de una enorme cantidad de premios y reconocimientos. “Mi tiempo se acaba”, nos dijo el martes, cuando grabamos esta conversación, tres horas antes de regresar a Bogotá donde de nuevo vive amenazada de muerte por negarse a guardar silencio. Su poderosa historia la compartimos gracias a su disposición y generosidad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Estamos en el 2001 en el epicentro del feminicidio en México: Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de dos pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rastros evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. Casi 25 años después y dos intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. La periodista Brigitte Leoni cuenta esta historia en el libro ‘Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra las violencias en México' publicado en la editorial l'Harmattan, y en un documental “Norma”.    Siendo reportera en México, Brigitte Leoni conoce a Norma Andrade en el 2001, cuando Ciudad Juárez, en el norte de México, se convierte en el escenario de asesinatos en serie de jóvenes mujeres trabajadoras. Desde entonces, la periodista ha seguido su combate, ya que su historia es “la historia de miles de madres que intentan saber lo que sucedió a sus hijas que fueron desaparecidas o matadas”. Según estadísticas oficiales, en México al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio en México cada día.Para la autora del documental ‘Norma' es fundamental hablar de estas madres porque si no “nadie las escucha” y nadie entiende la carga que llevan a cuestas porque “no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos y por muchas personas que no quieren que ellas sepan la verdad. Hay que hablar de estas mujeres porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas”. Lilia Alejandra, la hija de Norma Andrade, desaparece un 14 de febrero, sus familiares se movilizan en todo Juárez. En ese momento, esa ciudad fronteriza con Estados Unidos está viviendo una transformación con la masificación de las maquilas y el incremento de la actividad criminal.Tras varios días de búsqueda aparece el cuerpo de Lilia Alejandra, no muy lejos de un centro comercial. Ante la insistencia de la madre, la policía finge investigar hasta condenar a alguien que no tiene nada que ver con el caso. Pero gracias a su empecinamiento y a la ayuda de abogados se entera de que su hija estuvo viva durante varios días y la policía no la buscó.De víctima a activistaCon una familia en duelo, con dos nietos huérfanos a su cargo y un esposo sumido en la depresión, Norma Andrade crea una asociación de madres de víctimas, va a Estados Unidos y a Europa a denunciar su caso. Aprende a gritar. Norma pasa entonces de ser víctima a activista.Pero el precio del activismo es muy alto: amenazas, empobrecimiento, problemas de salud. En el 2011 sufre un atentado en su ciudad natal y se refugia en la capital mexicana, donde fue víctima de otro ataque en 2012. El Estado mexicano que le niega verdad y justicia también asegura su protección. Durante todos estos años varios países le han ofrecido asilo, pero nunca ha aceptado.A pesar del peligro, Norma Andrade continúa y obtiene evidencia contundente para saber por fin quién mató a su hija. Sus abogados “tomaron de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado, encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija y esta persona misma ya mató a cuatro personas más. Pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos y todavía no está permitido en su caso”, recuerda la autora de ‘Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra las violencias en México'.Desde ese 14 de febrero del 2001, Norma Andrade se ha topado contra una pared de impunidad. En el caso de los feminicidios de Juárez, la hipótesis sobre la identidad de los autores apunta a una colusión entre las autoridades locales, los poderosos de la ciudad y los narcos que van y vienen entre el norte y el sur “por diversión”.“Las matan porque pueden”, denuncia Norma Andrade en el documental que le dedica Brigitte Leoni. Otra hipótesis que fue muy cuestionada: el asesinato en serie. Todas las víctimas eran jovencitas, muchas veces menores de edad, con características físicas similares y trabajadoras de maquilas.México, pionero en la lucha contra los feminicidiosDesde entonces, México se ha dotado de instrumentos, mecanismos de alerta, de instituciones. Y todo esto surge precisamente con el caso del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, que significa es un antes y un después, inclusive en el caso de Norma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. “Es lo que permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México y eso fue algo muy importante”, recuerda Brigitte Leoni.Ahora Norma Andrade está a las puertas de otra decisión histórica: “Ha tenido que esperar como más de diez años solamente para que su caso vaya a la Corte Interamericana. Ella va a tener una audiencia en abril de este año y probablemente al final del año. El año próximo vamos a tener la sentencia y la sentencia va a condenar al Estado mexicano”.Lo que espera la activista es que también sus nietos reciban compensación y atención porque otro de los combates de Norma es el reconocimiento de las víctimas colaterales que son todos los huérfanos que dejan los feminicidios. #EscalaenParís también está en redes socialesUn programa coordinado por Ana María Ospina y Florencia Valdés. Realizado por Souheil Khedir y Vanessa Loiseau.

Estamos en el 2001 en el epicentro del feminicidio en México: Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de dos pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rastros evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. Casi 25 años después y dos intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. La periodista Brigitte Leoni cuenta esta historia en el libro ‘Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra las violencias en México' publicado en la editorial l'Harmattan, y en un documental “Norma”.    Siendo reportera en México, Brigitte Leoni conoce a Norma Andrade en el 2001, cuando Ciudad Juárez, en el norte de México, se convierte en el escenario de asesinatos en serie de jóvenes mujeres trabajadoras. Desde entonces, la periodista ha seguido su combate, ya que su historia es “la historia de miles de madres que intentan saber lo que sucedió a sus hijas que fueron desaparecidas o matadas”. Según estadísticas oficiales, en México al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio en México cada día.Para la autora del documental ‘Norma' es fundamental hablar de estas madres porque si no “nadie las escucha” y nadie entiende la carga que llevan a cuestas porque “no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos y por muchas personas que no quieren que ellas sepan la verdad. Hay que hablar de estas mujeres porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas”. Lilia Alejandra, la hija de Norma Andrade, desaparece un 14 de febrero, sus familiares se movilizan en todo Juárez. En ese momento, esa ciudad fronteriza con Estados Unidos está viviendo una transformación con la masificación de las maquilas y el incremento de la actividad criminal.Tras varios días de búsqueda aparece el cuerpo de Lilia Alejandra, no muy lejos de un centro comercial. Ante la insistencia de la madre, la policía finge investigar hasta condenar a alguien que no tiene nada que ver con el caso. Pero gracias a su empecinamiento y a la ayuda de abogados se entera de que su hija estuvo viva durante varios días y la policía no la buscó.De víctima a activistaCon una familia en duelo, con dos nietos huérfanos a su cargo y un esposo sumido en la depresión, Norma Andrade crea una asociación de madres de víctimas, va a Estados Unidos y a Europa a denunciar su caso. Aprende a gritar. Norma pasa entonces de ser víctima a activista.Pero el precio del activismo es muy alto: amenazas, empobrecimiento, problemas de salud. En el 2011 sufre un atentado en su ciudad natal y se refugia en la capital mexicana, donde fue víctima de otro ataque en 2012. El Estado mexicano que le niega verdad y justicia también asegura su protección. Durante todos estos años varios países le han ofrecido asilo, pero nunca ha aceptado.A pesar del peligro, Norma Andrade continúa y obtiene evidencia contundente para saber por fin quién mató a su hija. Sus abogados “tomaron de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado, encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija y esta persona misma ya mató a cuatro personas más. Pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos y todavía no está permitido en su caso”, recuerda la autora de ‘Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra las violencias en México'.Desde ese 14 de febrero del 2001, Norma Andrade se ha topado contra una pared de impunidad. En el caso de los feminicidios de Juárez, la hipótesis sobre la identidad de los autores apunta a una colusión entre las autoridades locales, los poderosos de la ciudad y los narcos que van y vienen entre el norte y el sur “por diversión”.“Las matan porque pueden”, denuncia Norma Andrade en el documental que le dedica Brigitte Leoni. Otra hipótesis que fue muy cuestionada: el asesinato en serie. Todas las víctimas eran jovencitas, muchas veces menores de edad, con características físicas similares y trabajadoras de maquilas.México, pionero en la lucha contra los feminicidiosDesde entonces, México se ha dotado de instrumentos, mecanismos de alerta, de instituciones. Y todo esto surge precisamente con el caso del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, que significa es un antes y un después, inclusive en el caso de Norma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. “Es lo que permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México y eso fue algo muy importante”, recuerda Brigitte Leoni.Ahora Norma Andrade está a las puertas de otra decisión histórica: “Ha tenido que esperar como más de diez años solamente para que su caso vaya a la Corte Interamericana. Ella va a tener una audiencia en abril de este año y probablemente al final del año. El año próximo vamos a tener la sentencia y la sentencia va a condenar al Estado mexicano”.Lo que espera la activista es que también sus nietos reciban compensación y atención porque otro de los combates de Norma es el reconocimiento de las víctimas colaterales que son todos los huérfanos que dejan los feminicidios. #EscalaenParís también está en redes socialesUn programa coordinado por Ana María Ospina y Florencia Valdés. Realizado por Souheil Khedir y Vanessa Loiseau.

O novo episódio do podcast STJ No Seu Dia já está no ar e traz um bate-papo sobre os reflexos dos julgamentos da Corte Interamericana de Direito Humanos (Corte IDH) nas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ).O redator do portal de notícias do STJ Rodrigo Lopes lembra que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a justiça é citada logo na primeira frase do preâmbulo e se espalha por vários artigos do documento. Ele destaca que nele constam garantias como o acesso aos tribunais no caso de violação de direitos, o julgamento por juiz imparcial e independente e a presunção de inocência. Na conversa, Rodrigo faz um resgate de casos marcantes que passaram pelo STJ sobre o assunto.STJ No Seu Dia  O podcast traz, semanalmente, um bate-papo com o redator de uma reportagem especial sobre a jurisprudência da corte. As matérias são publicadas todo domingo no site do STJ, abordando questões institucionais ou jurisprudenciais.  Produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do tribunal, o STJ No Seu Dia é veiculado às sextas-feiras, às 21h30, na Rádio Justiça (104,7 FM – Brasília). Também está disponível no Spotify e nas principais plataformas de áudio. 

Eugenio Raúl Zaffaroni fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Josué Chávez y yo conversamos con él sobre su relación con México, su experiencia como ministro y sus reflexiones en torno a la composición actual de la Corte Suprema de Argentina y algunos de los retos que enfrenta este Tribunal Constitucional.

+ El Papa Francisco denuncia la muerte de niños en los bombardeos de Gaza y las prohibiciones al Patriarca de Jerusalén. + Caso Beatriz: Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende la vida en un histórico fallo provida + Comentario al artículo “La Puerta del Tiempo” para felicitar la Navidad + Preguntas de los oyentes.

Caso Beatríz: Corte Interamericana de Derechos Humanos no impone el aborto en Latinoamérica. Encuesta de Forsa en Alemania: desplome de la confianza en la «Iglesia» protestante; aún menos en la Iglesia Católica. El arzobispo Fisichella, Pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, defiende la peregrinación LGTB del Jubileo. El último viaje de Biden, como presidente, será al Vaticano para reunirse con el Papa. Cardenal Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos: «En la Iglesia ha vuelto el espíritu de Arrio». Trump nombra como embajador ante la Santa Sede a Brian Burch, presidente de CatholicVote, firme defensor de los principios no negociables. La editorial Voz de Papel lanza chatbot que debate sobre la existencia de Dios.

Sentencia de Corte Interamericana es positiva para víctimas de contrainsurgencia en México: Fraybahttps://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Te invitamos a que visites nuestro perfil en Patreon. Solo da clic aquí Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Conclusão do acordo UE-Mercosul 'está à vista', diz presidente da Comissão Europeia. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena estado brasileiro pelo desaparecimento de 11 jovens na Favela de Acari. Soldado da PM flagrado jogando homem de ponte em SP é preso após prestar depoimento. O que acontece com o corpo quando paramos de comer açúcar?. Quem são os 10 youtubers que mais cresceram no Brasil em 2024.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, David Peña Rodríguez, abogado defensor de Derechos Humanos, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y colitigante en el caso de Daniel García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que ampliar de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa va en contra de sentencias internacionales.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Este 14 de noviembre Jorge Romero será el nuevo presidente del PAN a nivel nacional y ya trae un pleito directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Asegura que si cada quien ya se autorretrató él espera que desde la denuncia pública se denuncie lo ocurrido en el sexenio pasado como las las casas de Bartlett, el desvío de Segalmex o la seguridad pública. Asegura que cree en la unidad de México y por eso ofreció diálogo pues considera que la presidenta debe estar por encima de los partidos políticos. Se acabaron los tiempos en los que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entraba palacio nacional como si estuviera en su casa. De manera directa criticó la estrategia de ‘abrazos no balazos' de AMLO en pleno día de su cumpleaños. El gobierno de Claudia Sheinbaum pronunció un extrañamiento a través de la cancillería sin recibir respuesta de la oficina estadounidense. La austeridad republicana no es algo que aplique para todos y menos si te apellidas Monreal. El coordinador de los diputados de Morena fue visto subiendo a un helicóptero desde las inmediaciones de el palacio legislativo de San Lázaro acompañado de un empresario. El vuelvo habría ocurrido en septiembre. El morenista no sólo no negó que hace uso de este servicio de manera frecuente y desde hace años sino que no lo hace con dinero del erario público. La crónica de Maru Rojas. Luego de que Ricardo Monreal fuera captado de viajar en un helicóptero privado, el diputado Germán Martínez calificó de simulación su austeridad republicana. Calificó de soberbia las respuestas del coordinador de los diputados de Morena y demuestra las contradicciones dentro de la 4T. La Comisión de Orden de Acción Nacional finalmente expulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. La decisión, de acuerdo con el comunicado difundido por el PAN, se basa en la necesidad de mantener la integridad y los valores del partido. La expulsión de ambos panistas se da a dos meses después de que votaran a favor de la reforma judicial en el Senado. La Comisión de Orden de Acción Nacional finalmente expulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. La decisión, de acuerdo con el comunicado difundido por el PAN, se basa en la necesidad de mantener la integridad y los valores del partido. La expulsión de ambos panistas se da a dos meses después de que votaran a favor de la reforma judicial en el Senado. La polémica generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el fracaso de la estrategia de seguridad de AMLO, hizo que el diputado Germán Martínez respondiera. Asegura que México es un país soberano y no aceptará instrucciones de ningún embajador. Insistió en que debe haber un tratado trilateral de seguridad entre México, Canada y Estados Unidos para que no ocurran casos como el de Ismael ‘el Mayo' Zambada y se pidan cuentas a quienes distribuyen drogas en el vecino del norte. Luego de la difusión de un video donde Ricardo Monreal subió a un helicóptero privado en las afueras del palacio legislativo, el diputado Pedro Haces –quien también se presume iba an ese vuelo– se tomó a bula las preguntas de los reporteros y dijo que el viaje no fue con recursos del erario público. Para Germán Martínez la cobardía tiene muchas caras y hoy en día lo responsable es ser oposición. Aplaudió la lucha que están dando jueces y magistrados en la Corte Interamericana de Derechos Humano y dijo que si el gobierno se monta en una falso nacionalismo y soberanía, sufrirá por no cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Todo esto y más en Ciro Gómez Leyva por la Mañana. Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

Llegaron los apoyos para Petro a la U Nacional en Bogotá Junta Directiva de Ecopetrol mantiene en la presidencia de la compañía a Ricardo RoaDefensa del Pte Uribe pide sacar interceptaciones por ilegales del proceso “Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder” dice PetroAd Portas de enfrentar falta de gasLa defensa del presidente Petro ya radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara la solicitud para que se levante la reservaProponen investigar a los magistrados del CNEGobierno acude ante la Corte Interamericana tras decisión del CNE de investigar a PetroClaudia Sheinbaum se solidariza y envía un mensaje de apoyo a Petro

El recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue entrevistado por Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, donde abordó temas clave para su gestión. En una conversación que giró en torno a la autonomía de la Procuraduría, la independencia frente a las ramas del poder, y el polémico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eljach dejó clara su posición frente a la aplicación de sanciones a funcionarios elegidos por voto popular y su compromiso con el fortalecimiento de la institución.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede. Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática. Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro.

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.  Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

El expresidente peruano Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre en Lima. Muy popular para una gran parte de la población y de la clase política, la muerte del exmandatario acaba con las esperanzas de justicia para víctimas del conflicto armado, como lo explica la antropóloga Valerie Robin Azevedo, autora de "Los Silencios de la Guerra". RFI: Alberto Fujimori falleció este miércoles en su casa en Lima, donde se han concentrado sus partidarios. El gobierno ha decretado tres días de duelo nacional. ¿Cómo queda la imagen del expresidente en el Perú de hoy?Valerie Robin Azevedo: La imagen de Fujimori está bien dividida entre sus partidarios y los que consideran que en realidad quien ha muerto es un exdictador, responsables de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones de derechos humanos y de corrupción.RFI: ¿Cómo explicar la fascinación no que hay en la población por su política autoritaria?Valerie Robin Azevedo: Luego de su autogolpe en el año 1992, en el cual él disuelve todos los poderes legislativos, judicial y toma el control también de la prensa, justifica la mano dura justificado en ese entonces como una manera de poder pacificar. El país estaba viviendo el conflicto armado interno de forma muy fuerte con atentados en Lima.Se captura a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, ese año. Eso ofreció a Fujimori la oportunidad de encarnar esa política de madura, mientras que en realidad quien logró la captura del líder guerrillero fue la Policía Nacional, mientras Fujimori estaba pescando en la Amazonía.La narrativa del éxito del fujimorismo y del éxito del Gobierno de Fujimori va a girar en torno a la pacificación y la estabilidad que él supuestamente habría logrado. Pero es más que todo una ficción, porque en realidad ahí lo que él impone es también la creación de un escuadrón de la muerte del Ejército: el grupo Colina. Entonces él fue destrozando las instituciones democráticas.RFI: ¿El gobierno actual es un respaldo al fujimorismo?Valerie Robin Azevedo: El gobierno actual es un gobierno casi fantoche, ya que está totalmente controlado por el Congreso que está mayormente a favor por el fujimorismo. Más allá de un tema de ideología, el fujimorismo hoy en día es ante todo un sistema de corrupción generalizada. Es una de de sus herencias más fuertes. Estamos hoy en día con un Congreso donde en realidad ya no hablamos realmente de ideología, sino de grupos de intereses, de tipo mafioso. Ahí el fujimorismo ha tenido un papel clave desde el año 2016. La declaración de los tres días de duelo de parte del Gobierno de Dina Boluarte tiene su lógica porque apoya al Congreso, que tiene un peso sobre su mantenimiento en el poder.RFI: Fujimori murió en casa beneficiado por un indulto. No cumplió los 25 años de sentencia por corrupción y violación de derechos humanos. ¿Qué juicios quedaron en el aire?Valerie Robin Azevedo: Había pendiente un juicio oral en contra de Fujimori por ejemplo por la matanza de los campesinos de Pativilca en el año 1992, precisamente a manos del grupo Colina.Al indultarlo y excarcelarlo, el Estado peruano desacató el fallo y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ordenando esta excarcelación.  Recordemos que en los casos por los cuales Fujimori fue condenado lo fue como autor mediato de crímenes. En el caso de Barrios Altos, hubo una matanza de 15 personas, incluyendo un niño de 8 años. También hubo el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.La muerte del exmandatario es un paso en toda la impunidad que consistió en liberarlo. El indulto se había intentado en el año 2017. Luego a finales de 2023. Me imagino la frustración de las víctimas ante la imposibilidad de juzgarlo. En estas últimas semanas también el Congreso y luego la presidenta Dina Boluarte han promulgado una ley de amnistía.  Además, el Congreso había votado escandalosamente una pensión vitalicia a Fujimori hace unas semanas cuando en realidad él tiene una deuda millonaria a favor del Estado peruano, precisamente a raíz de su juicio, que lo condenó a 25 años de cárcel.RFI: ¿Podría desbaratarse el clan Fujimori, es decir, tras la muerte del patriarca, los procesos de la hija Keiko y las guerras también fratricidas que ha tenido con su hermano Kenji?Valerie Robin Azevedo: Su hija está investigada por lavado de activos. Pretende postular a la presidencia, probablemente en el año 2026. La verdad es que la situación democrática en el Perú es muy preocupante en realidad. La alianza, digamos este que hay entre el fujimorismo en el Congreso y el gobierno actual de Dina Boluarte no deja dudas en que logre salvarse probablemente.El clan, pese a las desuniones, el clan Fujimori no parece ahora presentar quiebres internos. Es cierto que Alberto Fujimori lo que le otorgaba también su legitimidad. Ahora que ya no está, no sé cómo las cosas puedan evolucionar en las semanas siguientes.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Daniel García, promotor y defensor de Derechos Humanos y víctima en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro vs. México habló del avance de la iniciativa para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.See omnystudio.com/listener for privacy information.

En este episodio tuve el gusto de conversar con Edward Perez sobre las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas al cambio climático; VereinKlimaSeniorinnen Schweiz and Others v Switzerland (SUIZA), el caso de  Duarte Agostinho and Others v Portugal and 32 Other States, y el caso de Damien Carême contra Francia.  A través del episodio Edward nos comenta sobre los litigios climáticos en general y los aspectos factuales y jurídicos específicos más relevantes de las tres sentencias del Tribunal Europeo. Destaca los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y sus aportaciones a los litigios climáticos. Desarrolla sobre aspectos de admisibilidad, la competencia extraterritorial, el locus standi, el actio populares y más. Reflexiona sobre los posibles impactos de estas sentencias en los procesos de opinión consultiva del cambio climático que actualmente están pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Membresía del Podcast - https://www.hablemosdi.com/contenido-premiumAcerca de Edward Pérez Abogado venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en derecho internacional por la Universidad de Cambridge y maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Es actualmente candidato doctoral en University College of London, donde investiga  sobre el alcance, legitimidad y efectividad de las reparaciones estructurales dictadas por tribunales internacionales de protección de derechos humanos.  Previamente ejerció como abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, director de proyectos del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y como asesor legal senior del Programa para América Latina y Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Support the Show.Adquiere aquí el nuevo libro " Hablemos de Derecho Internacional Volumen II" https://www.hablemosdi.com/libros

Adrián Simons Pino, ex agente del estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también consideró un exceso el pedido del tribunal hemisférico para que el Estado peruano tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.

Leticia Bonifaz, Especialista en género y discriminación

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicitaron a la CIP que abra una investigación por el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Ambas organizaciones denuncian también el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción endémica y la captura de las instituciones. Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.RFI ¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.¿Quiénes son los victimarios?“Desde la Presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue ascendido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al tratar de proteger a las personas que estaban involucradas”.Ustedes también denuncian un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?“Hay un pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la Nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo es acatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han dejado en libertad a Alberto Fujimori y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más”.La confianza de la ciudadanía hacia sus representantes también se ha desplomado. Una encuesta reciente realizada por DATUM, revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte. Y, según IPSOS. un 91% de la población rechaza el desempeño del congreso peruano.

Por si no lo viste en otro lado: los agentes del Estado peruano hicieron un papelón en la audiencia de la Corte Interamericana tratando de defender la nueva Ley de Amnistía. MIENTRAS TANTO: "Expreso" descubre las conspiración alien-caviares o algo así. ADEMÁS: No solo Miki Torres; El Comercio e Intercorp también se ganaron con la rezonificación de Martha Moyano y Norma Yarrow. Y... Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún responde al gobierno, que ayer volvió a insistir en que las violaciones son "prácticas culturales" **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? SUSCRÍBETE en http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros GRUPOS EXCLUSIVOS de Telegram y WhatsApp. También puedes hacerte MIEMBRO de nuestro canal de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Únete a nuestro CANAL de WhatsApp aquí https://whatsapp.com/channel/0029VaAgBeN6RGJLubpqyw29 **** Para más información legal: http://laencerrona.pe

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA.La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”.También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.”Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto.“Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”.Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

O 167º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), realizado em Brasília, é um dos destaques do episódio #116 do podcast Supremo na Semana. O STF sediou, em 20/5 a sessão de abertura da Corte IDH e o seminário internacional "Desafios e impacto da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos". O episódio também trata do lançamento do mais recente volume da coleção “Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: concretizando Direitos Humanos”, que aborda o direito das pessoas privadas de liberdade. Além disso, é tema do podcast o evento promovido pelo STF em parceria com o TikTok “A Justiça falando a sua língua”. Ouça também sobre duas decisões do Plenário que são analisadas no novo episódio do programa: o reconhecimento como assédio judicial do ajuizamento de ações simultâneas sobre os mesmos fatos, em locais diferentes, para constranger jornalistas ou órgãos de imprensa, com o propósito de dificultar ou encarecer a defesa; e a inconstitucionalidade da prática de questionar a vida sexual ou o modo de vida da vítima na apuração e no julgamento de crimes de violência contra mulheres. Esta edição do Supremo na Semana é apresentada por Alessandra Castro, editora-chefe na Rádio e TV Justiça, e por Gisele Reis, consultora jurídica das emissoras.

El expresidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, consideró que si la Corte Suprema falla por la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino podría hacer un segundo fallo para reparar la situación. El jurista explica que si se le impide competir, el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al voto de algunos ciudadanos. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

El abogado de la organización Memoria Activa Rodrigo Borda dijo que el fallo de este jueves en Argentina sobre la masacre de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) puede servir para exigir justicia en instancias internacional. Explica que ahora aguardan el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperan que dé a las familias de las víctimas “la justicia que se les ha negado”. Dijo que buscan una condena contra el Estado argentino porque, en su análisis, la masacre se pudo haber prevenido. Además, Laura Ginsberg, familiar de una víctima del atentado contra la AMIA e integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), dijo que el fallo judicial que responsabiliza a Hezbollah y a Irán por el atentado a la mutual israelita AMIA en 1994 no hace justicia. Asegura que, con esta decisión, se exculpa al Estado de argentino de "su responsabilidad encubridora" y subraya que el fallo "es bochornoso" porque “no ha habido una investigación”. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

México pidió este 11 de abril la suspensión de Ecuador de la ONU, por el asalto de su embajada en Quito. Esta demanda en la Corte Internacional de Justicia no es el único frente diplomático y legal abierto para Ecuador, que afronta una condena internacional casi unánime, y una cascada de sanciones. Desde el asalto policial a la Embajada de México, la presión sobre Ecuador aumenta en todos los foros internacionales. Al pedir este jueves la suspensión del país sudamericano de la ONU a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México se muestra optimista y confiado en tener a su favor el derecho internacional, algo en lo que parecen coincidir todos los analistas. Un proceso largoLa politóloga ecuatoriana Valeria Argüello explica a RFI que, si bien es posible que sea admitida la denuncia, al estar México en un proceso electoral, algunos candidatos podrían retirarla. En todo caso, afirma, “es un proceso que va a tomar mucho tiempo en la CIJ. Hay otros foros que ya van a encontrarse ahora mismo, Mercosur, CELAC, pero cuando ya tenemos un antecedente no sancionatorio, en que no se suspendió la participación de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), porque eso podía haber pasado. La resolución también muestra en cierta medida como los Estados condenan a Ecuador, pero al mismo tiempo recuerdan otros artículos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas”.La OEA ha aprobado este miércoles una resolución para condenar el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.¿Sanciones múltiples?Entonces, ¿se da por hecho en Ecuador que habrá sanción por parte de La Haya? “Ecuador debería ser sentenciado, porque no solamente es la violación de la sede, sino la violación de la dignidad del funcionario, que también tiene inmunidad. Eso es lo que nos podría llevar no solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino nos va a llevar primero a la CIDH y nos va a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso va a representar para el Estado ecuatoriano una sentencia pecuniaria y no sabemos a cuánto podría elevarse”, responde la politóloga.Lo cierto es que existen pocos precedentes en la región como este caso. Salvo en contadas ocasiones, ni siquiera en las férreas dictaduras militares latinoamericanas de los sesenta y setenta se permitió el asalto a embajadas. Por eso resulta complicado prever qué sanciones podría enfrentar Ecuador.“Hay varias sanciones que pueden ser tomadas de manera unilateral por México. La ruptura de relaciones diplomáticas que ya es una realidad, puede significar sanciones para los inmigrantes ecuatorianos. Tiene que ver con el sistema de visas, porque los ecuatorianos necesitan visa, así sea para ir como turistas a México. Puede haber repercusiones para los estudiantes ecuatorianos que están estudiando en México, puede haber sanciones comerciales por parte de México”, subraya Alexis Medina, historiador y profesor de Asuntos Latinoamericanos en la Universidad de Besançon.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con celeridad. La admisión a trámite de esta denuncia puede demorarse entre cuatro y ocho meses.

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

RFI entrevistó a Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, a raíz de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano por violar el derecho a un 'medio ambiente sano' de los habitantes de esa población minera, un fallo 'histórico' que servirá de precedente en todo el continente, según esta defensora de los familias que presentaron la demanda.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes al estado peruano "por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso", en referencia a quienes presentaron la demanda.La ciudad minera de La Oroya, a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, fue catalogada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados, una actividad iniciada en 1922.En esa ciudad, un complejo metalúrgico de fundición de metales pesados envenena desde hace varias décadas la sangre de la población con plomo. En 2005, tras realizar estudios en la sangre de niños de La Oroya en los Andes peruanos, un equipo de la Universidad de San Luis de Misuri reveló que el 100% de estos niños sufrían intoxicación con niveles de plomo hasta seis veces por encima de los límites fijados por la OMS."Las comunidades y las víctimas llevan esta lucha desde finales de los 90, cuando empezaron a darse cuenta de que las emisiones que salían del complejo metalúrgico, en razón del refinamiento de metales pesados, estaban afectando su salud", dijo a RFI la abogada Rosa Peña de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, defensora de las víctimas de La Oroya. "A las mujeres les empezó a ocasionar problemas de salud ginecológica. Hubo situaciones de aborto. Generaba también situaciones de mucho cansancio, poca capacidad pulmonar", agrega.Fallo histórico Este 22 de marzo, las familias ganaron una batalla ante la justicia interamericana porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado peruano por violar el derecho a un ambiente sano y a la salud. Este fallo podría sentar precedentes, según la abogada."Lo que hace [el fallo de la CIDH] es reconocer la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la vida, al ambiente sano, al acceso a la información y establece unas medidas de reparación que están encaminadas, por ejemplo, a generar un diagnóstico y unas medidas de restauración efectiva, a dar tratamiento médico especializado a las víctimas", subraya.Un punto particularmente importante según esta abogada es el hecho de que la sentencia no se limitó a hablar de las víctimas, sino que se refirió también a la comunidad de La Oroya en general."La Corte dejó abierta la posibilidad para que las personas que tal vez no forman parte del caso, pero cuya salud se está viendo afectada con ocasión de estos pasivos ambientales, también puedan acceder a tratamiento médico. La Corte habló de la necesidad de un acto público de reconocimiento y perdón por parte del Estado. Estableció asimismo unas medidas de indemnización monetaria para las víctimas, si bien éstas terminan siendo un poco más simbólicas en relación con lo vivido. En todo caso sí es la primera sentencia en el sistema interamericano que se refiere a la violación directa del derecho al ambiente sano. Por eso sí es un avance para la justicia ambiental en América Latina, pues de alguna manera genera un precedente que puede ser aplicable en otros casos de la región", concluye la abogada Rosa Peña.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante lo que percibe como el “hostigamiento” y “acoso” que sufren estos profesionales de parte del sistema político. La decisión fue anunciada a raíz de los comentarios que provocó la semana pasada el archivo de la investigación por el proyecto del Antel Arena impulsado en los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, que dispuso el fiscal Alejandro Machado. Entre otros dirigentes del oficialismo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi expresó que “la fiscalía es una construcción de la izquierda para asegurar la impunidad” y que “desmantelar ese centro de poder se va a lograr, pero lleva tiempo”. La demanda fue anunciada por el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, que cuestionó que se efectúen “acusaciones temerarias sólo para desprestigiar a las instituciones; sobre todo si quienes lo hacen tienen cargos de responsabilidad”. Al respecto, señaló que de 25 mil denuncias que llegan por mes, 23 mil se descartan o no llegan a ningún resultado, por lo que “el archivo es algo común en una investigación”. Rosa dijo esperar que la “mirada internacional” sirva para que los magistrados encargados de la persecución penal “puedan trabajar en condiciones adecuadas”. La Tertulia de los Miércoles con Pablo Díaz, Bruno Gili y Eleonora Navatta.

¿El gobierno está maquillando las cifras para endeudarse más? Un debate entre el Consejo Fiscal y el MEF que puede golpear la economía de todos. Lo explica Roxana Barrantes. MIENTRAS TANTO: El Perú se encuentra oficialmente en "desacato" ante la Corte Interamericana, que informará a la OEA. En respuesta, el fujimorismo vuelve a amenazar a la JNJ. ADEMÁS: Mensaje para fonavistas. Y... ¿Buscas regalos de último minuto? Aquí algunas sugerencias con DESCUENTOS de nuestros emprendedores para el público encerroner. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? SUSCRÍBETE en http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros GRUPOS EXCLUSIVOS de Telegram y WhatsApp. También puedes hacerte MIEMBRO de nuestro canal de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Únete a nuestro CANAL de WhatsApp aquí https://whatsapp.com/channel/0029VaAgBeN6RGJLubpqyw29

🏝HOY en Pequeñas Islas: ¿Qué hizo que Alberto Fujimori sea liberado? ¿A qué nos recuerda que el Ministerio Público esté tomado por una presunta organización criminal? ¿El fujimorismo debió ser proscrito en el 2000? ¿Vamos a salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Intentamos responder estas y otras preguntas con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez y el politólogo José Alejandro Godoy.

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. El abogado constitucionalista Luciano López analiza el enfrentamiento legal entre el Tribunal Constitucional de Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la revisión a la resolución respecto al indulto a Fujimori.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad