Podcasts about corte interamericana

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 19, Carlos Andreazza fala sobre decisão do ministro Flávio Dino, que proferiu despacho nesta terça-feira, 19, para esclarecer pontos da sua decisão sobre a impossibilidade de aplicar ordens estrangeiras no Brasil. De acordo com ele, a exigência de homologação para cumprir decisões de tribunais estrangeiros se limita a órgãos do Poder Judiciário, e não atinge tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assine por R$1,90/mês e tenha acesso ilimitado ao conteúdo do Estadão.Acesse: https://bit.ly/oferta-estadao O 'Estadão Analisa' é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7h, no Youtube e redes sociais do Estadão. Também disponível no agregador de podcasts de sua preferência. Apresentação: Carlos AndreazzaEdição/Produção: Jefferson PerlebergCoordenação: Manuella Menezes e Everton OliveiraSee omnystudio.com/listener for privacy information.

En #HoyEsRisco del martes 12 de agosto, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, habló sobre lo que es una de las últimas sesiones de la Corte ante la llegada del nuevo pleno, producto de la reforma judicial. Lo importante es recuperar las cortesías republicanas porque en los últimos años se han dado una serie de maltratos a los integrantes actuales del Poder Judicial. En el Meollo del Asunto con Olivia Zerón, se comentó sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo y consistente. Arte contemporáneo y arqueología, fue el tema de Amanda de la Garza, historiadora y curadora de arte, en su sección Hablarte. Finalmente de los deportes se comentó con Alfredo González sobre el regreso del técnico Diego Cocca al timonel del Atlas de Guadalajara.

No episódio 38 do podcast O Direito Pensa, debatemos a emergência climática e o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos diante desse desafio global. Com a mediação de Nathan Gonçalves e Lara Coelho, contamos com a participação especial da professora adjunta do Departamento de Direito Público da UEM, Adriana Biller Aparicio, doutora em Direito pela UFSC, que traz uma análise profundas sobre a emergência climática. Ouça agora e compreenda os caminhos para um futuro mais sustentável e justo!

11 08 2025 A LA GRAN 730 - Jueza Nancy Hernández López, Pdta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos by ABC Color

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y señaló que no solamente los terroristas acudieron a este organismo, sino también personas que habían sido falsamente acusadas. Noticias del Perú y actualidad, política.

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, cuestionó los pedidos de diversos políticos de que el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y señaló que solo los países donde hay presos políticos respaldan esta decisión. Noticias del Perú y actualidad, política.

El 2 de marzo de 1985, en Quetzaltenango, Joaquín Rodas Andrade fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y desaparecido. Era maestro, dirigente estudiantil y militante político. Su caso fue documentado en el Diario Militar y años más tarde llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por su desaparición forzada.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos.  Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona.  Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos.  Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona.  Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

Corte Interamericana emite resolución sobre caso del Campo Algodonero  Lluvias fuertes y cielo nublado para el Valle de México  Más de 60 muertos en Gaza por bombardeos recientes de Israel  Más información en nuestro podcast

Episódio 5 – O Brasil e os Direitos Humanos: da ONU à Corte Interamericana Apresentado por Luiza Bringel Menos de três semanas para o TPS — e agora é foco total! Neste episódio especial do Atualiza e Revisa, você vai revisar os principais fatos, conceitos e jurisprudência sobre a atuação do Brasil nos sistemas internacional e interamericano de proteção aos direitos humanos. Entenda como o país vota no CDH da ONU, o que está em jogo nas decisões da Corte IDH, e por que isso pode — e deve — cair na sua prova.

Greenpeace celebra la decisión Corte Interamericana que reconoce derechos humanos frente al cambio climático

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Mientras el Consejo General del INE validó por mayoría la elección judicial en México, las críticas sobre su legitimidad no han parado. Entre las voces más contundentes se encuentra la del abogado constitucionalista Francisco Burgoa, quien calificó el proceso como una “farsa” y advirtió sobre sus consecuencias jurídicas a nivel internacional, al mencionar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la posible condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su participación en MVS Noticias con Manuel López San Martín, Burgoa lamentó que la validación se haya dado pese a las numerosas irregularidades documentadas por consejeros del INE. “Es totalmente significativo que no haya habido una unanimidad de los 11 integrantes del Consejo General para validar la elección judicial”, subrayó, al referirse al apretado resultado de 6 votos contra 5. Para el especialista, este hecho refleja que el proceso no cumplió con los mínimos requisitos democráticos: “Los cinco consejeros que votaron en contra no solamente expresaron una opinión, documentaron y explicaron todas las irregularidades que hubo en esta elección judicial”, explicó Burgoa.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Neste episódio conversamos com Manuellita Hermes, procuradora federal da AGU, sobre o uso da ADPF como instrumento de controle de convencionalidade. A necessidade do Brasil se alinhar aos tratados internacionais de direitos humanos e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) decorre de compromissos assumidos voluntariamente pelo Estado brasileiro na esfera internacional. Ao reconhecer a jurisdição obrigatória e vinculante da CIDH em 1998, sujeitou-se à supervisão e controle internacionais sobre o cumprimento de tais normas. A materialização desse alinhamento se dá, fundamentalmente, por meio do controle de convencionalidade que realiza um processo lógico de verificação da compatibilidade vertical das normas nacionais com o arcabouço normativo e jurisprudencial interamericano. No Brasil, a aplicação do controle de convencionalidade já ocorre em diversos graus do Poder Judiciário, sendo que historicamente, o exercício desse controle passou por um desenvolvimento no âmbito do STF.  É nesse palco de controle concentrado de constitucionalidade que a ADPF surge com um potencial significativo. Sua natureza subsidiária e sua capacidade para abarcar a tutela de preceitos fundamentais, se configura como um instrumento poderoso para impulsionar o controle de convencionalidade. O momento e as condições necessárias para que o Estado exerça o Controle de Convencionalidade, a teoria da dupla compatibilidade vertical, a acusação de ativismo judiciário, a posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e a tipologia de utilização da ADPF são algumas questões em que nos aprofundamos neste episódio. Leitura indicada:A arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de controle de convencionalidade. / Manuellita Hermes. Suprema: revista de estudos constitucionais, Brasília, v. 2, n. 1, p. 445-477, jan./jun. 2022.Comentários e sugestões: julgadosecomentados@mppr.mp.br || Siga o MPPR nas redes sociais: Facebook: Ministério Público do Paraná, X: @mpparana, Instagram: @esmp_pr, YouTube: Escola Superior do MPPR e site da ESMP-PR: https://site.mppr.mp.br/escolasuperiorInstagram de Manuellita Hermes: @manuellita_hermesProdução: Fernanda Soares e Gabriel Oganauskas || Edição: Gabriel Oganauskas || Créditos: Aces High - KevinMacLeod  (⁠⁠incompetech.com⁠⁠), ⁠⁠CC BY 3.0 || Floating Whist by BlueDotSessions || In The Back Room by BlueDotSessions || The Stone Mansion by BlueDotSessions || Vienna Beat by BlueDotSessions || Jazzy Sax, Guitar, and Organ at the club - Admiral Bob feat. geoffpeters, CC BY 3.0

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu este ano os esforços do Brasil em assegurar os direitos das comunidades quilombolas de Alcântara. O caso foi citado como exemplo durante a assinatura de um acordo de cooperação entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) com o objetivo de promover o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e avançar na agenda hemisférica sobre o tema. Nessa produção você vai conferir os bastidores da cobertura com três profissionais que estiveram nessa parte do Maranhão.

Desde enero de 2025 la Constitución Federal establece la prisión preventiva oficiosa en los procedimientos penales por los delitos relacionados con falsos comprobantes fiscales y el contrabando.Esto significa que el juez dictará de manera automática esta medida cautelar en contra de las personas que estén siendo investigadas por la comisión de tales delitos, quienes deberán afrontar el procedimiento desde prisión.El texto constitucional dejó importantes temas sin definir, entre ellos, ¿en qué casos los CFDI o facturas que amparen operaciones inexistentes o simuladas podrán calificarse como “falsos comprobantes fiscales”?, ¿la prisión preventiva oficiosa aplica solo a las facturas emitidas por contribuyentes dentro del listado del artículo 69-B o también para aquellos que todavía no han sido incluidos?Un segundo reto de la reforma constitucional es conciliarla con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2022 condenó a México por considerar que la figura de prisión preventiva oficiosa es inconvencional.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En entrevista para MVS Noticias con Diana Alcaraz en ausencia de Luis Cárdenas, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 en Cd. Juárez, habló sobre que lleva a México ante la Corte Interamericana por el feminicidio de su hija que lleva 24 años impune. See omnystudio.com/listener for privacy information.

No es un partido político nuevo ni pretende llegar a serlo. Se llama “Agenda Viva” y es una plataforma de encuentro, diálogo y propuestas para reconstruir Costa Rica. Convoca lo mejor de los valores costarricenses para combatir los discursos de odio, que intentan dividir y profundizar la polarización social. Desde la esperanza, la ilusión y la construcción colectiva, 120 personas de diversos pensamientos ideológicos, especialidades y edades conjuntaron 200 propuestas en nueve áreas prioritarias para el desarrollo nacional y en su lanzamiento este miércoles formularon un llamado a los partidos políticos y los liderazgos nacionales y sectoriales, para encauzar la discusión nacional y sumarse a las bases de un remozamiento del contrato social. “O nos unimos o nos destruimos”, sintetizó con este llamado a la acción conjunta la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doña Elizabeth Odio. Los planteamientos se construyeron en 10 mesas de trabajo, para dar integralidad a los desafíos nacionales en seguridad y violencia, educación, salud, igualdad de género, culturas, desarrollo económico y social, reformas electorales y de Estado, deporte y recreación, ambiente y desarrollo humano con el propósito de enfrentar la desigualdad social, la pobreza, el desempleo juvenil, la ola de violencia, la inseguridad, el empobrecimiento del campesinado y los desafíos del cambio climático, entre otros. Para conocer más de esta propuesta conversamos con la ex presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y el ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

La historia de vida de Jineth Bedoya Lima es excepcional. Entrelaza su valentía, su compromiso para con el ejercicio del periodismo libre y su poderosa sensibilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres ultrajadas sexualmente y violentadas de cualquier forma. Es, al mismo tiempo, una historia estremecedora, perturbadora y cruel, y por ello, cada vez que alza la voz para relatarla enfrenta con coraje la inevitable revictimización. Una y mil veces, sí, porque el punto de inflexión de su vida ocurrió el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada, torturada y violada. A ese ultraje se sumó el abandono de la justicia de su país Colombia, que a la fecha no ha llevado a juicio a los autores intelectuales de su secuestro a quienes ella conoce perfectamente por su trabajo periodístico. Ese hecho hilvana otro capítulo que se desarrolla a partir de su decisión de romper el silencio y hablar de la violación sexual de la que había sido víctima, lo que calló por nueve años. Eso le abre el camino al sistema interamericano de protección de derechos humanos y logra tras once años de esfuerzos en octubre 2021 un fallo histórico a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez establece el riesgo diferenciado mujeres periodistas y determina que la violencia sexual contra ellas es una práctica que subsiste para silenciar a la prensa. Jineth Bedoya, que decidió convertir su dolor personal en una lucha colectiva con su campaña “No es hora de callar” es hoy un referente continental y por ello ha sido merecedora de una enorme cantidad de premios y reconocimientos. “Mi tiempo se acaba”, nos dijo el martes, cuando grabamos esta conversación, tres horas antes de regresar a Bogotá donde de nuevo vive amenazada de muerte por negarse a guardar silencio. Su poderosa historia la compartimos gracias a su disposición y generosidad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

+ El Papa Francisco denuncia la muerte de niños en los bombardeos de Gaza y las prohibiciones al Patriarca de Jerusalén. + Caso Beatriz: Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende la vida en un histórico fallo provida + Comentario al artículo “La Puerta del Tiempo” para felicitar la Navidad + Preguntas de los oyentes.

Sentencia de Corte Interamericana es positiva para víctimas de contrainsurgencia en México: Fraybahttps://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Te invitamos a que visites nuestro perfil en Patreon. Solo da clic aquí Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Conclusão do acordo UE-Mercosul 'está à vista', diz presidente da Comissão Europeia. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena estado brasileiro pelo desaparecimento de 11 jovens na Favela de Acari. Soldado da PM flagrado jogando homem de ponte em SP é preso após prestar depoimento. O que acontece com o corpo quando paramos de comer açúcar?. Quem são os 10 youtubers que mais cresceram no Brasil em 2024.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, David Peña Rodríguez, abogado defensor de Derechos Humanos, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y colitigante en el caso de Daniel García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que ampliar de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa va en contra de sentencias internacionales.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Este 14 de noviembre Jorge Romero será el nuevo presidente del PAN a nivel nacional y ya trae un pleito directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Asegura que si cada quien ya se autorretrató él espera que desde la denuncia pública se denuncie lo ocurrido en el sexenio pasado como las las casas de Bartlett, el desvío de Segalmex o la seguridad pública. Asegura que cree en la unidad de México y por eso ofreció diálogo pues considera que la presidenta debe estar por encima de los partidos políticos. Se acabaron los tiempos en los que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entraba palacio nacional como si estuviera en su casa. De manera directa criticó la estrategia de ‘abrazos no balazos' de AMLO en pleno día de su cumpleaños. El gobierno de Claudia Sheinbaum pronunció un extrañamiento a través de la cancillería sin recibir respuesta de la oficina estadounidense. La austeridad republicana no es algo que aplique para todos y menos si te apellidas Monreal. El coordinador de los diputados de Morena fue visto subiendo a un helicóptero desde las inmediaciones de el palacio legislativo de San Lázaro acompañado de un empresario. El vuelvo habría ocurrido en septiembre. El morenista no sólo no negó que hace uso de este servicio de manera frecuente y desde hace años sino que no lo hace con dinero del erario público. La crónica de Maru Rojas. Luego de que Ricardo Monreal fuera captado de viajar en un helicóptero privado, el diputado Germán Martínez calificó de simulación su austeridad republicana. Calificó de soberbia las respuestas del coordinador de los diputados de Morena y demuestra las contradicciones dentro de la 4T. La Comisión de Orden de Acción Nacional finalmente expulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. La decisión, de acuerdo con el comunicado difundido por el PAN, se basa en la necesidad de mantener la integridad y los valores del partido. La expulsión de ambos panistas se da a dos meses después de que votaran a favor de la reforma judicial en el Senado. La Comisión de Orden de Acción Nacional finalmente expulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. La decisión, de acuerdo con el comunicado difundido por el PAN, se basa en la necesidad de mantener la integridad y los valores del partido. La expulsión de ambos panistas se da a dos meses después de que votaran a favor de la reforma judicial en el Senado. La polémica generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el fracaso de la estrategia de seguridad de AMLO, hizo que el diputado Germán Martínez respondiera. Asegura que México es un país soberano y no aceptará instrucciones de ningún embajador. Insistió en que debe haber un tratado trilateral de seguridad entre México, Canada y Estados Unidos para que no ocurran casos como el de Ismael ‘el Mayo' Zambada y se pidan cuentas a quienes distribuyen drogas en el vecino del norte. Luego de la difusión de un video donde Ricardo Monreal subió a un helicóptero privado en las afueras del palacio legislativo, el diputado Pedro Haces –quien también se presume iba an ese vuelo– se tomó a bula las preguntas de los reporteros y dijo que el viaje no fue con recursos del erario público. Para Germán Martínez la cobardía tiene muchas caras y hoy en día lo responsable es ser oposición. Aplaudió la lucha que están dando jueces y magistrados en la Corte Interamericana de Derechos Humano y dijo que si el gobierno se monta en una falso nacionalismo y soberanía, sufrirá por no cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Todo esto y más en Ciro Gómez Leyva por la Mañana. Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

Llegaron los apoyos para Petro a la U Nacional en Bogotá Junta Directiva de Ecopetrol mantiene en la presidencia de la compañía a Ricardo RoaDefensa del Pte Uribe pide sacar interceptaciones por ilegales del proceso “Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder” dice PetroAd Portas de enfrentar falta de gasLa defensa del presidente Petro ya radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara la solicitud para que se levante la reservaProponen investigar a los magistrados del CNEGobierno acude ante la Corte Interamericana tras decisión del CNE de investigar a PetroClaudia Sheinbaum se solidariza y envía un mensaje de apoyo a Petro

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede. Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática. Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro.

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.  Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

El expresidente peruano Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre en Lima. Muy popular para una gran parte de la población y de la clase política, la muerte del exmandatario acaba con las esperanzas de justicia para víctimas del conflicto armado, como lo explica la antropóloga Valerie Robin Azevedo, autora de "Los Silencios de la Guerra". RFI: Alberto Fujimori falleció este miércoles en su casa en Lima, donde se han concentrado sus partidarios. El gobierno ha decretado tres días de duelo nacional. ¿Cómo queda la imagen del expresidente en el Perú de hoy?Valerie Robin Azevedo: La imagen de Fujimori está bien dividida entre sus partidarios y los que consideran que en realidad quien ha muerto es un exdictador, responsables de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones de derechos humanos y de corrupción.RFI: ¿Cómo explicar la fascinación no que hay en la población por su política autoritaria?Valerie Robin Azevedo: Luego de su autogolpe en el año 1992, en el cual él disuelve todos los poderes legislativos, judicial y toma el control también de la prensa, justifica la mano dura justificado en ese entonces como una manera de poder pacificar. El país estaba viviendo el conflicto armado interno de forma muy fuerte con atentados en Lima.Se captura a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, ese año. Eso ofreció a Fujimori la oportunidad de encarnar esa política de madura, mientras que en realidad quien logró la captura del líder guerrillero fue la Policía Nacional, mientras Fujimori estaba pescando en la Amazonía.La narrativa del éxito del fujimorismo y del éxito del Gobierno de Fujimori va a girar en torno a la pacificación y la estabilidad que él supuestamente habría logrado. Pero es más que todo una ficción, porque en realidad ahí lo que él impone es también la creación de un escuadrón de la muerte del Ejército: el grupo Colina. Entonces él fue destrozando las instituciones democráticas.RFI: ¿El gobierno actual es un respaldo al fujimorismo?Valerie Robin Azevedo: El gobierno actual es un gobierno casi fantoche, ya que está totalmente controlado por el Congreso que está mayormente a favor por el fujimorismo. Más allá de un tema de ideología, el fujimorismo hoy en día es ante todo un sistema de corrupción generalizada. Es una de de sus herencias más fuertes. Estamos hoy en día con un Congreso donde en realidad ya no hablamos realmente de ideología, sino de grupos de intereses, de tipo mafioso. Ahí el fujimorismo ha tenido un papel clave desde el año 2016. La declaración de los tres días de duelo de parte del Gobierno de Dina Boluarte tiene su lógica porque apoya al Congreso, que tiene un peso sobre su mantenimiento en el poder.RFI: Fujimori murió en casa beneficiado por un indulto. No cumplió los 25 años de sentencia por corrupción y violación de derechos humanos. ¿Qué juicios quedaron en el aire?Valerie Robin Azevedo: Había pendiente un juicio oral en contra de Fujimori por ejemplo por la matanza de los campesinos de Pativilca en el año 1992, precisamente a manos del grupo Colina.Al indultarlo y excarcelarlo, el Estado peruano desacató el fallo y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ordenando esta excarcelación.  Recordemos que en los casos por los cuales Fujimori fue condenado lo fue como autor mediato de crímenes. En el caso de Barrios Altos, hubo una matanza de 15 personas, incluyendo un niño de 8 años. También hubo el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.La muerte del exmandatario es un paso en toda la impunidad que consistió en liberarlo. El indulto se había intentado en el año 2017. Luego a finales de 2023. Me imagino la frustración de las víctimas ante la imposibilidad de juzgarlo. En estas últimas semanas también el Congreso y luego la presidenta Dina Boluarte han promulgado una ley de amnistía.  Además, el Congreso había votado escandalosamente una pensión vitalicia a Fujimori hace unas semanas cuando en realidad él tiene una deuda millonaria a favor del Estado peruano, precisamente a raíz de su juicio, que lo condenó a 25 años de cárcel.RFI: ¿Podría desbaratarse el clan Fujimori, es decir, tras la muerte del patriarca, los procesos de la hija Keiko y las guerras también fratricidas que ha tenido con su hermano Kenji?Valerie Robin Azevedo: Su hija está investigada por lavado de activos. Pretende postular a la presidencia, probablemente en el año 2026. La verdad es que la situación democrática en el Perú es muy preocupante en realidad. La alianza, digamos este que hay entre el fujimorismo en el Congreso y el gobierno actual de Dina Boluarte no deja dudas en que logre salvarse probablemente.El clan, pese a las desuniones, el clan Fujimori no parece ahora presentar quiebres internos. Es cierto que Alberto Fujimori lo que le otorgaba también su legitimidad. Ahora que ya no está, no sé cómo las cosas puedan evolucionar en las semanas siguientes.

En este episodio tuve el gusto de conversar con Edward Perez sobre las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas al cambio climático; VereinKlimaSeniorinnen Schweiz and Others v Switzerland (SUIZA), el caso de  Duarte Agostinho and Others v Portugal and 32 Other States, y el caso de Damien Carême contra Francia.  A través del episodio Edward nos comenta sobre los litigios climáticos en general y los aspectos factuales y jurídicos específicos más relevantes de las tres sentencias del Tribunal Europeo. Destaca los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y sus aportaciones a los litigios climáticos. Desarrolla sobre aspectos de admisibilidad, la competencia extraterritorial, el locus standi, el actio populares y más. Reflexiona sobre los posibles impactos de estas sentencias en los procesos de opinión consultiva del cambio climático que actualmente están pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Membresía del Podcast - https://www.hablemosdi.com/contenido-premiumAcerca de Edward Pérez Abogado venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en derecho internacional por la Universidad de Cambridge y maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Es actualmente candidato doctoral en University College of London, donde investiga  sobre el alcance, legitimidad y efectividad de las reparaciones estructurales dictadas por tribunales internacionales de protección de derechos humanos.  Previamente ejerció como abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, director de proyectos del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y como asesor legal senior del Programa para América Latina y Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Support the Show.Adquiere aquí el nuevo libro " Hablemos de Derecho Internacional Volumen II" https://www.hablemosdi.com/libros

Adrián Simons Pino, ex agente del estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también consideró un exceso el pedido del tribunal hemisférico para que el Estado peruano tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.

Leticia Bonifaz, Especialista en género y discriminación

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicitaron a la CIP que abra una investigación por el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Ambas organizaciones denuncian también el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción endémica y la captura de las instituciones. Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.RFI ¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.¿Quiénes son los victimarios?“Desde la Presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue ascendido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al tratar de proteger a las personas que estaban involucradas”.Ustedes también denuncian un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?“Hay un pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la Nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo es acatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han dejado en libertad a Alberto Fujimori y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más”.La confianza de la ciudadanía hacia sus representantes también se ha desplomado. Una encuesta reciente realizada por DATUM, revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte. Y, según IPSOS. un 91% de la población rechaza el desempeño del congreso peruano.

Por si no lo viste en otro lado: los agentes del Estado peruano hicieron un papelón en la audiencia de la Corte Interamericana tratando de defender la nueva Ley de Amnistía. MIENTRAS TANTO: "Expreso" descubre las conspiración alien-caviares o algo así. ADEMÁS: No solo Miki Torres; El Comercio e Intercorp también se ganaron con la rezonificación de Martha Moyano y Norma Yarrow. Y... Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún responde al gobierno, que ayer volvió a insistir en que las violaciones son "prácticas culturales" **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? SUSCRÍBETE en http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros GRUPOS EXCLUSIVOS de Telegram y WhatsApp. También puedes hacerte MIEMBRO de nuestro canal de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Únete a nuestro CANAL de WhatsApp aquí https://whatsapp.com/channel/0029VaAgBeN6RGJLubpqyw29 **** Para más información legal: http://laencerrona.pe

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA.La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”.También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.”Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto.“Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”.Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

El expresidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, consideró que si la Corte Suprema falla por la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino podría hacer un segundo fallo para reparar la situación. El jurista explica que si se le impide competir, el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al voto de algunos ciudadanos. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

El abogado de la organización Memoria Activa Rodrigo Borda dijo que el fallo de este jueves en Argentina sobre la masacre de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) puede servir para exigir justicia en instancias internacional. Explica que ahora aguardan el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperan que dé a las familias de las víctimas “la justicia que se les ha negado”. Dijo que buscan una condena contra el Estado argentino porque, en su análisis, la masacre se pudo haber prevenido. Además, Laura Ginsberg, familiar de una víctima del atentado contra la AMIA e integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), dijo que el fallo judicial que responsabiliza a Hezbollah y a Irán por el atentado a la mutual israelita AMIA en 1994 no hace justicia. Asegura que, con esta decisión, se exculpa al Estado de argentino de "su responsabilidad encubridora" y subraya que el fallo "es bochornoso" porque “no ha habido una investigación”. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

¿El gobierno está maquillando las cifras para endeudarse más? Un debate entre el Consejo Fiscal y el MEF que puede golpear la economía de todos. Lo explica Roxana Barrantes. MIENTRAS TANTO: El Perú se encuentra oficialmente en "desacato" ante la Corte Interamericana, que informará a la OEA. En respuesta, el fujimorismo vuelve a amenazar a la JNJ. ADEMÁS: Mensaje para fonavistas. Y... ¿Buscas regalos de último minuto? Aquí algunas sugerencias con DESCUENTOS de nuestros emprendedores para el público encerroner. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? SUSCRÍBETE en http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros GRUPOS EXCLUSIVOS de Telegram y WhatsApp. También puedes hacerte MIEMBRO de nuestro canal de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Únete a nuestro CANAL de WhatsApp aquí https://whatsapp.com/channel/0029VaAgBeN6RGJLubpqyw29