Podcasts about corte interamericana

Una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado el cierre del Helicoide, lugar de reclusión de presos políticos en Venezuela y denunciado como centro de torturas.

Gibt es ein Menschenrecht­ auf Demokratie? So ungefähr lautet eine der Fragen, die Guatemala im Dezember 2024 dem Inter-Amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte v­orlegte und über die im März 2026 mündlich verhandelt wurde. Gemeinsam mit Vanessa Vanegas gehen wir in dieser Folge dem Phänomen des Autokratischen Legalismus in Lateinamerika auf den Grund. Wie reagierte der IAGMR in der Vergangenheit auf Prozesse demokratischen Rückschritts? Klar ist: „Democratic Backsliding“ ist ein weltweites Phänomen, wenngleich es in unterschiedlicher Intensität auftritt. Welche Lehren lassen sich aus dem Vorgehen Guatemalas und des IAGMR ziehen? Im Grundlagenteil gibt uns Marie Manke einen Überblick über die Intersektionen von Völkerrecht und Demokratie und erklärt, inwiefern das Völkerrecht die „Blackbox“ der innerstaatlichen Verfasstheit aufbricht.­ Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen! Lob, Anmerkungen und Kritik sind herzlich willkommen an ⁠podcast@voelkerrechtsblog.org⁠. Abonniert unseren Podcast ⁠via RSS⁠, über ⁠Spotify⁠ oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Es gibt die Möglichkeit, auf diesen Plattformen den Völkerrechtspodcast zu bewerten, wir freuen uns über 5 Sterne! Hintergrundinformationen:Die aktuelle⁠ Anfrage von Guatemala ⁠⁠OC-33/26 ⁠auf Englisch.Die Rechtsgutachten ⁠OC-26/20⁠ und ⁠OC-28/21⁠ sowie die Fälle ⁠Capriles vs. Venezuela⁠ und ⁠Gadea Mantilla vs. Nicaragua⁠ auf Englisch.Lucas Carlos Lima, ⁠Democracy before the Inter-American Court of Human Rights: From political rights to democratic backsliding⁠, QIL, Zoom-in 114 (2026) 27-50 (ein zusammenfassender Überblick).Rodrigo da Costa Sales, ⁠The Question of Democracy Before the Inter-American Court : Guatemala's Advisory Opinion Request and the Future of Democracy in the Americas⁠, Verfassungsblog, 20.04.2026.Philipp Rothkirch, Protecting Democracy Through International Law: Guatemala's request for an IACtHR Advisory Opinion on Democracy and Political Rights, Verfassungsblog, 16.03.2026.Verwandte Folgen:⁠Folge 13⁠: Regionaler Menschenrechtsschutz ⁠Folge 41⁠: Fortschritt durch europäische Menschenrechte?⁠Folge 33⁠: Advisory Opinions: High Politics vor Internationalen GerichtenModeration: ⁠⁠⁠Manuel Klein & ⁠⁠Daniela Rau⁠Grundlagen: ⁠⁠⁠⁠Marie-Christin MankeInterview: ⁠Vanessa Vanegas⁠ & Daniela RauSchnitt: Daniela Rau Credits:Audiencia Pública de la Opinión Consultiva sobre Democracia y su protección ante el SIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ⁠https://www.youtube.com/watch?v=3C1yX8CLqk8⁠ (53:03-53:30).

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

Indígenas de Topolobampo acudiremos a la Corte Interamericana para frenar a Mexinol: activistasEnlace para apoyar vía Patreon:https://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 23, Carlos Andreazza fala sobre a rede de consultorias e serviços que estruturaram as ações de Daniel Vorcaro no Banco Master. O colunista fala ainda, do voto do ministro Gilmar Mendes para manter a prisão preventiva de Vorcaro, dono do Master, custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde já deu início ao processo de delação premiada. Em um texto de 42 páginas, o decano deixou evidente que a prisão preventiva nem sempre é a melhor solução. Gilmar recorreu à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e “aos inúmeros casos que tratam de critérios e parâmetros que justificam a prisão preventiva dos investigados”. Em referência direta à decisão de seu colega, André Mendonça, que decretou a custódia preventiva do banqueiro no dia 4 de março, Gilmar enfatizou. “A meu ver, algumas das expressões usadas na decisão ora submetida a referendo são um retrato do que esses dispositivos buscam combater: o recurso a clichês que serviriam para justificar a prisão de qualquer pessoa que é acusada de um crime.” Acompanhe Estadão Analisa com o colunista Carlos Andreazza, de segunda a sexta-feira, o programa traz uma curadoria dos temas mais relevantes do noticiário, deixando de lado o que é espuma, para se aprofundar no que é relevante Assine por R$1,90/mês e tenha acesso ilimitado ao conteúdo do Estadão. Acesse: https://ofertas.estadao.com.br/_digital/ See omnystudio.com/listener for privacy information.

En este episodio de Esquina Valderas, Oscar Valderas conversa con Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pieza clave en la histórica demanda de México contra las grandes armadoras estadounidenses. Juntos, analizamos el catálogo secreto de armas que EE. UU. comercializa y que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Desde empresas como Smith & Wesson, Beretta y Barrett, que han sido señaladas por prácticas comerciales negligentes, hasta la publicidad dirigida al narco y el diseño de armas con iconografía cultural mexicana. Celorio revela detalles inéditos sobre cómo la falta de trazabilidad y la venta sin restricciones de armas de guerra, como la Barrett .50 y los fusiles AK-47, alimentan el círculo vicioso de violencia en México. Además, exploramos la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marca un punto de inflexión en la lucha legal de México contra las armadoras. Un análisis profundo sobre la soberanía nacional, el derecho internacional y la estrategia diplomática para detener el flujo de armas que sigue desangrando al país. ¡Un episodio imprescindible! Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

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O procurador-geral de Justiça do Acre, Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto, propôs a criação de um Grupo de Atuação do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos durante a 2ª Reunião Ordinária do colegiado, que reúne os chefes dos Ministérios Públicos dos estados e da União. A iniciativa busca fortalecer o acompanhamento institucional das decisões do sistema interamericano e ampliar a participação do Ministério Público brasileiro no debate internacional sobre direitos humanos.

Corte Interamericana insta a regular venta de armasCine Cosmos cumple cinco años con más de 60 talleres gratuitosE U y Venezuela reanudan vínculos diplomáticos Más información en nuestro Podcast

Neste episódio do Julgados e Comentados, Fernanda Soares conversa com o promotor Rodrigo Brandalise sobre a evolução do poder investigatório do Ministério Público. Para além da já consolidada permissão constitucional, o debate foca na exigência internacional de evitar a proteção deficiente do Estado . Brandalise explora como o STF tem incorporado o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, posicionando a investigação como uma garantia da vítima ao esclarecimento dos fatos. A conversa também avança para os desafios práticos atuais, como o hiperformalismo processual e a necessária alfabetização digital dos membros do MP para lidar com cadeias de custódia e extração de dados .Você encontrará nesse episódio:Influência Internacional: A incorporação da jurisprudência da Corte IDH (Caso Favela Nova Brasília e Caso Honorato) nas decisões do STF .Legitimidade Normativa: O papel das Resoluções do CNMP na organização da investigação e a resposta às críticas de legislação em causa própria .Prova Digital: A distinção entre extração de dados e perícia, e a importância da cadeia de custódia em meios digitais.Política Criminal: O foco estratégico do MP em crimes contra a administração, organização criminosa e violações por forças de segurança, evitando o varejo criminal.Artigos mencionados:ESPELHAMENTO DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL E OS DESAFIOS DA CADEIA DE CUSTÓDIAhttps://apps.mppr.mp.br/openjournal/index.php/revistamppr/issue/view/RevistaJuridica20/RevistaJuridica20#MinistérioPúblico #DireitoPenal #ProcessoPenal #CorteIDH #InvestigaçãoCriminal #STF #ProvaDigital #CadeiaDeCustódia #JulgadoseComentados

En el episodio del 13/02/26 hablamos de: PAN termina en RIDÍCULO por "denuncia" en la CORTE INTERAMERICANA

A pesar de la contaminación masiva de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, un tribunal de arbitraje falló a favor de la petrolera. El Estado ecuatoriano se ve incluso obligado a pagarle a la transnacional una indemnización por los gastos judiciales. Descubra cómo el gigante de los hidrocarburos pasó de victimario a víctima. El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos en la selva tropical, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana. Y a pesar de dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil Amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial: ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. La noticia causó la indignación de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante del colectivo, “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”, se pregunta. Escuche este episodio de Vida en el planeta para entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables: Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación medioambiental, y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una multa de 9500 millones de dólares. Pero Chevron nunca pagó esta cantidad. Y tres décadas después, la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Así lo contó a RFI Natali Casigña, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, en el norte del país.  Casigña lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Casigña cuenta como esta industria ha moldeado el paisaje con fugas recurrentes de petróleo, un olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado. “Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”, cuenta a RFI. Y cuenta llueve abundantemente, “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega. Por su parte, la empresa Chevron-Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo caso judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas en una corte estadounidense. “Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en corte de Sucumbíos donde Chevron operó y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda el abogado. Chevron pide una indemnización por daño a su imagen Y a pesar de las impugnaciones de la transnacional en instancias superiores, la condena fue ratificada tres veces. “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”, subraya Fajardo. A pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya y logró revertir la situación y presentarse como víctima del estado ecuatoriano que fue condenado a pagarle 220 millones de dólares. En 2018, el panel de arbitrajes emitió un laudo arbitral que dispone al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso de Lago Agrio considerando que el país suramericano había violado un tratado bilateral de inversión con EE.UU al condenar a Chevron-Texaco. Una decisión que el jurista tilda de “insulto al derecho”.  “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”, denuncia Pablo Fajardo. En noviembre de 2025, el panel de arbitraje impuso al Estado ecuatoriano que le pague a Chevron “las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio”, analiza Pablo Fajardo. “Esos 220 millones es, en teoría, lo que ha gastado Chevron en su defensa”. Tras alegrarse inicialmente porque la multa “solo” será de 220 millones de dólares, lejos de los 3300 millones que reclamaba Chevron Texaco, a principios de enero de 2026, el procurador general del Estado ecuatoriano Juan Carlos Larrea, cambió de tono e indicó que el gobierno entablará un trámite para reducir el monto a pagar. Los argumentos de Chevron que convencieron a los árbitros judiciales A lo largo de los años, para justificar su negativa en cumplir las sentencias de la justicia ecuatoriana, la empresa ha argumentado que el Estado de Ecuador la había liberado de sus obligaciones de remediación ambiental. Efectivamente, “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, recuerda Pablo Fajardo. “Texaco ‘invirtió' 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”, insiste el abogado de los damnificados. Los tribunales de arbitraje, arma judicial de los inversionistas La condena del estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo. En un informe de 2025, el centro de análisis Transnational Institute con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con indemnización millonarias, o al cabo de un acuerdo de partes. El documento recalca también que el 85% de las demandas fueron iniciadas por empresas estadounidenses, canadienses o europeas y que las empresas de gas, petróleo y de minería representan el 23% de los litigios. Fue para evitar precisamente esta desventaja que desde 2008, Ecuador prohíbe -en su Constitución- a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitrajes. Es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas extranjeras en los países del sur global. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión. han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones de extranjeras”, denuncia el exministro de Energía de Ecuador Alberto Acosta. “Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene algún diferendo con un estado de algún país del Sur Global, pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, insiste Acosta, quien también presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna del 2008. A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron.

Convidado: Dr. Guilherme Carneiro de Rezende, Promotor de Justiça do MPPR e autor da obra "A tutela dos grupos vulneráveis pelas obrigações processuais positivas".Neste episódio do Julgados e Comentados, Fernanda Soares recebe o Dr. Guilherme Carneiro de Rezende para um debate essencial sobre o abismo entre as promessas constitucionais de igualdade e a realidade do sistema de justiça criminal brasileiro. Falaremos da necessidade de romper com a visão de um processo penal neutro e autorreferenciado, incorporando padrões do Direito Internacional dos Direitos Humanos para proteger efetivamente as vítimas.Discutiremos como o reconhecimento do racismo estrutural pelo STF (ADPF 973) e a adoção de protocolos de julgamento com perspectiva de gênero e raça são passos vitais para combater a vulnerabilidade sistêmica. O episódio também aborda o delicado equilíbrio entre a proteção necessária e o risco do populismo penal legislativo.Tópicos abordados:A tensão entre imparcialidade judicial e desigualdade social.ADPF 973 e o reconhecimento do racismo estrutural no sistema de justiça.Protocolos de Julgamento do CNJ/STF (Perspectiva de Gênero e Raça).Obrigações Processuais Positivas vs. Populismo Penal.A Lei Maria da Penha como microssistema modelo para outros grupos vulneráveis.A responsabilidade do Estado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.#DireitoProcessualPenal #DireitosHumanos #GruposVulneráveis #MPPR #ADPF973 #ObrigaçõesProcessuaisPositivas #JustiçaCriminal

En entrevista para MVS Noticias con Diana Alcaraz en ausencia de Luis Cárdenas, Carmen Herrera, asociada en Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, habló sobre Corte Interamericana exige justicia por abuso a Ernestina Ascencio.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ucrania ante Bruselas: ¿la presión europea abre la puerta a la paz o agrava el conflicto?, Corte Interamericana exige justicia por abuso a Ernestina Ascencio : ¿Fin de la impunidad?See omnystudio.com/listener for privacy information.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Carmen Herrera, abogada del caso explicó cómo el Estado Mexicano fue responsable de la violación, lesiones y muerte de Ernestina Ascencio Rosario de la Corte IDH.See omnystudio.com/listener for privacy information.

En SAGA Noticias con Kim Armengol te presentamos un resumen completo de los hechos más importantes en México y el mundo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario; la polémica por presuntos actos de tortura en Michoacán; avances en seguridad en Chiapas; detenciones y sentencias de miembros de la delincuencia organizada; temas legales y financieros de empresarios; accidentes y rescates en Toluca y el Pico de Orizaba; medidas de salud por influenza H3N2; nombramientos en el IMSS; la “cuesta de enero” y economía; política internacional con Chile, Venezuela y Estados Unidos; así como sucesos insólitos y curiosidades en México. Toda la información con el análisis y el estilo de SAGA Noticias. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

En SAGA Noticias con Kim Armengol te presentamos un resumen completo de los hechos más importantes en México y el mundo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario; la polémica por presuntos actos de tortura en Michoacán; avances en seguridad en Chiapas; detenciones y sentencias de miembros de la delincuencia organizada; temas legales y financieros de empresarios; accidentes y rescates en Toluca y el Pico de Orizaba; medidas de salud por influenza H3N2; nombramientos en el IMSS; la “cuesta de enero” y economía; política internacional con Chile, Venezuela y Estados Unidos; así como sucesos insólitos y curiosidades en México. Toda la información con el análisis y el estilo de SAGA Noticias. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Trump acorrala vía marítima a Venezuela y Sheinbaum critica falta de acción de la ONU; coche bomba en Michoacán fue activado a distancia, el CJNG sería responsable; 18 años después, la Corte Interamericana condena a México por caso Ernestina Ascencio.

SICT atiende más de 372 mil baches en carreteras federales Corte Interamericana condena a México por caso Ernestina AscencioIncendio forestal mantiene Alerta Roja en ChileMás información en nuestro podcast

No Fio da Meada de hoje, Adler Silva puxa um fio que começa no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, passa pela Convenção Americana (Pacto de San José da Costa Rica) e chega às grandes dinâmicas contemporâneas de migração forçada, refúgio e conflitos internacionais. O episódio explica, com calma e método, como funciona o sistema regional da OEA, suas bases jurídicas e institucionais, e as diferenças fundamentais entre a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos — sempre com atenção especial aos pontos que mais aparecem no CACD. Ao longo do caminho, o fio conecta casos emblemáticos, como Maria da Penha vs. Estado Brasileiro, às responsabilidades dos Estados soberanos em matéria de direitos humanos, ao princípio da subsidiariedade e aos limites da jurisdição internacional. Mas o fio não para aí. A discussão avança para o fenômeno das migrações forçadas, diferenciando refugiados e deslocados internos, analisando dados recentes do ACNUR e aterrissando no marco jurídico brasileiro, com destaque para a Lei nº 9.474/1997 e a Declaração de Cartagena. Por fim, o episódio amplia o olhar para a História Internacional, revisitando as causas estruturais da Primeira Guerra Mundial: a ascensão da Alemanha unificada, a Weltpolitik de Guilherme II, a corrida armamentista, o sistema de alianças e o encadeamento diplomático que levou a Europa à Grande Guerra — numa leitura clássica, ancorada em Henry Kissinger.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

En esta emisión de Saga Noticias con Max Espejel y Kim Armengol, revisamos una jornada intensa en la política nacional: Claudia Sheinbaum envía una terna integrada solo por mujeres para la titularidad de la FGR, marcada por la polémica comparecencia de Ernestina Godoy y el cuestionamiento directo de Lilly Téllez. Además, seguimos las protestas de productores por la Ley de Aguas y el acelerado debate legislativo en San Lázaro; el anuncio del aumento al salario mínimo para 2026; la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones; y el reportaje especial sobre las declaraciones de Zoé Robledo respecto al desabasto del IMSS. También revisamos la denuncia de Germán Martínez ante la Corte Interamericana, detenciones relevantes en Baja California y Oaxaca, la cobertura especial desde la FIL Guadalajara, y los mejores momentos de Palabras más, palabras menos. En lo internacional, destacamos las amenazas de Donald Trump, su encuentro con Putin, un tiroteo en Washington D.C., la sentencia relacionada con la muerte de Matthew Perry, la cooperación criminal entre Brasil y EE.UU., y la millonaria inversión de TikTok en un centro de datos. Cerramos con una noticia que encanta a los fans de Michael Jackson: su familia abrirá un museo en Mónaco. Quédate con nosotros en La Saga. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

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Este miércoles 3 de diciembre en Me lo Dijo Adela comenzamos el día con la información más relevante de México y el mundo: conversamos con el diputado Germán Martínez sobre la denuncia que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Reforma Judicial y con el diputado Federico Döring sobre el proceso para elegir a la próxima Fiscal General de la República, donde todo apunta a Ernestina Godoy como favorita del oficialismo. Además, el doctor Rogelio Domínguez Moreno, especialista en Neurología del Hospital Ángeles Pedregal, nos explica cómo identificar y tratar las migrañas, que afectan a millones de mexicanos. Como cada miércoles, Verónica Garay nos trae las novedades de TVNotas, Gus Prado adelanta lo mejor de las tendencias de fin de año y Juan Carlos Díaz Murrieta informa sobre deportes. Acompáñanos para comenzar tu mañana con entrevistas, análisis y toda la información que necesitas. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

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Ignorante pataleta para “alargar” litigio: Salinas Pliego irá a Corte Interamericana de DD HHEnlace para apoyar vía Patreon:https://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 19, Carlos Andreazza fala sobre decisão do ministro Flávio Dino, que proferiu despacho nesta terça-feira, 19, para esclarecer pontos da sua decisão sobre a impossibilidade de aplicar ordens estrangeiras no Brasil. De acordo com ele, a exigência de homologação para cumprir decisões de tribunais estrangeiros se limita a órgãos do Poder Judiciário, e não atinge tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assine por R$1,90/mês e tenha acesso ilimitado ao conteúdo do Estadão.Acesse: https://bit.ly/oferta-estadao O 'Estadão Analisa' é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7h, no Youtube e redes sociais do Estadão. Também disponível no agregador de podcasts de sua preferência. Apresentação: Carlos AndreazzaEdição/Produção: Jefferson PerlebergCoordenação: Manuella Menezes e Everton OliveiraSee omnystudio.com/listener for privacy information.

En #HoyEsRisco del martes 12 de agosto, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, habló sobre lo que es una de las últimas sesiones de la Corte ante la llegada del nuevo pleno, producto de la reforma judicial. Lo importante es recuperar las cortesías republicanas porque en los últimos años se han dado una serie de maltratos a los integrantes actuales del Poder Judicial. En el Meollo del Asunto con Olivia Zerón, se comentó sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo y consistente. Arte contemporáneo y arqueología, fue el tema de Amanda de la Garza, historiadora y curadora de arte, en su sección Hablarte. Finalmente de los deportes se comentó con Alfredo González sobre el regreso del técnico Diego Cocca al timonel del Atlas de Guadalajara.

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y señaló que no solamente los terroristas acudieron a este organismo, sino también personas que habían sido falsamente acusadas. Noticias del Perú y actualidad, política.

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, cuestionó los pedidos de diversos políticos de que el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y señaló que solo los países donde hay presos políticos respaldan esta decisión. Noticias del Perú y actualidad, política.

El 2 de marzo de 1985, en Quetzaltenango, Joaquín Rodas Andrade fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y desaparecido. Era maestro, dirigente estudiantil y militante político. Su caso fue documentado en el Diario Militar y años más tarde llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por su desaparición forzada.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos.  Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona.  Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

Corte Interamericana emite resolución sobre caso del Campo Algodonero  Lluvias fuertes y cielo nublado para el Valle de México  Más de 60 muertos en Gaza por bombardeos recientes de Israel  Más información en nuestro podcast

Episódio 5 – O Brasil e os Direitos Humanos: da ONU à Corte Interamericana Apresentado por Luiza Bringel Menos de três semanas para o TPS — e agora é foco total! Neste episódio especial do Atualiza e Revisa, você vai revisar os principais fatos, conceitos e jurisprudência sobre a atuação do Brasil nos sistemas internacional e interamericano de proteção aos direitos humanos. Entenda como o país vota no CDH da ONU, o que está em jogo nas decisões da Corte IDH, e por que isso pode — e deve — cair na sua prova.

Greenpeace celebra la decisión Corte Interamericana que reconoce derechos humanos frente al cambio climático

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos'. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación.    Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar.  Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI.Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”.Crímenes de lesa humanidadAdemás, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada.Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron.“Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez.El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  “Hemos decidido pedir asilo político”Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.Más de 500 muertes documentadasIvania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En entrevista para MVS Noticias con Diana Alcaraz en ausencia de Luis Cárdenas, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 en Cd. Juárez, habló sobre que lleva a México ante la Corte Interamericana por el feminicidio de su hija que lleva 24 años impune. See omnystudio.com/listener for privacy information.

No es un partido político nuevo ni pretende llegar a serlo. Se llama “Agenda Viva” y es una plataforma de encuentro, diálogo y propuestas para reconstruir Costa Rica. Convoca lo mejor de los valores costarricenses para combatir los discursos de odio, que intentan dividir y profundizar la polarización social. Desde la esperanza, la ilusión y la construcción colectiva, 120 personas de diversos pensamientos ideológicos, especialidades y edades conjuntaron 200 propuestas en nueve áreas prioritarias para el desarrollo nacional y en su lanzamiento este miércoles formularon un llamado a los partidos políticos y los liderazgos nacionales y sectoriales, para encauzar la discusión nacional y sumarse a las bases de un remozamiento del contrato social. “O nos unimos o nos destruimos”, sintetizó con este llamado a la acción conjunta la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doña Elizabeth Odio. Los planteamientos se construyeron en 10 mesas de trabajo, para dar integralidad a los desafíos nacionales en seguridad y violencia, educación, salud, igualdad de género, culturas, desarrollo económico y social, reformas electorales y de Estado, deporte y recreación, ambiente y desarrollo humano con el propósito de enfrentar la desigualdad social, la pobreza, el desempleo juvenil, la ola de violencia, la inseguridad, el empobrecimiento del campesinado y los desafíos del cambio climático, entre otros. Para conocer más de esta propuesta conversamos con la ex presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y el ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

La historia de vida de Jineth Bedoya Lima es excepcional. Entrelaza su valentía, su compromiso para con el ejercicio del periodismo libre y su poderosa sensibilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres ultrajadas sexualmente y violentadas de cualquier forma. Es, al mismo tiempo, una historia estremecedora, perturbadora y cruel, y por ello, cada vez que alza la voz para relatarla enfrenta con coraje la inevitable revictimización. Una y mil veces, sí, porque el punto de inflexión de su vida ocurrió el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada, torturada y violada. A ese ultraje se sumó el abandono de la justicia de su país Colombia, que a la fecha no ha llevado a juicio a los autores intelectuales de su secuestro a quienes ella conoce perfectamente por su trabajo periodístico. Ese hecho hilvana otro capítulo que se desarrolla a partir de su decisión de romper el silencio y hablar de la violación sexual de la que había sido víctima, lo que calló por nueve años. Eso le abre el camino al sistema interamericano de protección de derechos humanos y logra tras once años de esfuerzos en octubre 2021 un fallo histórico a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez establece el riesgo diferenciado mujeres periodistas y determina que la violencia sexual contra ellas es una práctica que subsiste para silenciar a la prensa. Jineth Bedoya, que decidió convertir su dolor personal en una lucha colectiva con su campaña “No es hora de callar” es hoy un referente continental y por ello ha sido merecedora de una enorme cantidad de premios y reconocimientos. “Mi tiempo se acaba”, nos dijo el martes, cuando grabamos esta conversación, tres horas antes de regresar a Bogotá donde de nuevo vive amenazada de muerte por negarse a guardar silencio. Su poderosa historia la compartimos gracias a su disposición y generosidad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.