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Seis exintegrantes del último Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc tendrán hasta el 21 de mayo para reconocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el reclutamiento forzado y utilización de menores de edad en el conflicto armado, informó el alto tribunal. See omnystudio.com/listener for privacy information.
El Secretario General condena el “abominable” y “espantoso” el desfile de cadáveres y la exhibición de los ataúdes de los rehenes entregados hoy por Hamás.ONU Derechos Humanos saludó la decisión tomada ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia de imputar a cuatro generales retirados del Ejército. El Secretario General propone que la ONU apoyará financieramente a la Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití. Al menos 35.000 personas han huido de la violencia en la república Democrática del Congo y se han trasladado a Burundi.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de Colombia anunciaron que encontraron los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín, la que se considera la fosa común urbana más grande del país, tras años de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado vivido entre 2001 y 2004 en el sector de la Comuna 13.See omnystudio.com/listener for privacy information.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. Los exlíderes señalados son alias 'Timochenko', alias 'El Médico', alias 'Joaquín Gómez', Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.See omnystudio.com/listener for privacy information.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene nuevo liderazgo: el magistrado Alejandro Ramelli ha asumido la Presidencia, reemplazando a Roberto Carlos Vidal, y estará acompañado por el magistrado José Miller Hormiga como vicepresidente, quien reemplaza a Belkis Florentina Izquierdo.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Ana Manuela Ochoa es abogada indígena del pueblo Kankuamo, en Colombia. Es, además, la primera magistrada indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia creado por el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Ana Manuela, al igual que su pueblo, ha sido víctima de la guerrilla; sin embargo, lucha no solo por alcanzar la paz y la justicia para las personas, sino también para los territorios y la naturaleza, bajo la convicción de que los territorios sienten y sufren tanto como los seres humanos.
Ana Manuela Ochoa es abogada indígena del pueblo Kankuamo, en Colombia. Es, además, la primera magistrada indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia creado por el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Ana Manuela, al igual que su pueblo, ha sido víctima de la guerrilla; sin embargo, lucha no solo por alcanzar la paz y la justicia para las personas, sino también para los territorios y la naturaleza, bajo la convicción de que los territorios sienten y sufren tanto como los seres humanos.
Los antiguos jefes de la guerrilla de las Farc acusaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de provocar "graves alteraciones" del acuerdo firmado en 2016 y de no cumplir lo pactado en materia de justicia, causando "el aumento de las filas de los grupos armados ilegales y la violencia".See omnystudio.com/listener for privacy information.
Los antiguos jefes de la guerrilla de las Farc acusaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de provocar "graves alteraciones" del acuerdo firmado en 2016 y de no cumplir lo pactado en materia de justicia, causando "el aumento de las filas de los grupos armados ilegales y la violencia".See omnystudio.com/listener for privacy information.
El escándalo de los 'falsos positivos' es uno de los episodios más traumáticos del conflicto en Colombia a inicios de los años 2000. El Ejército mató a miles de civiles inocentes: 6.402, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de ellos era Julián Oviedo Monroy. En Escala en París hablamos con su madre, Blanca Monroy, y con la psicóloga María Fernández Gómez Garrido, quienes viajaron a Francia para explicar el acompañamiento en el marco de la JEP a los familiares de las víctimas del conflicto.
El escándalo de los falsos positivos es uno de los episodios más traumáticos del conflicto en Colombia en los años 2000. El ejército mató a miles de civiles inocentes 6.402, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de ellos era Julián Oviedo Monroy, joven de Soacha. Hablamos con su madre, Blanca Monroy, y con la piscóloga María Fernández Gómez Garrido. Ambas viajaron a Francia para explicar el acompañamiento en el marco de la JEP a los familiares de las víctimas del conflicto. Durante los 2000, miembros del ejército asesinaron a miles de inocentes y los hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes con el objetivo de aumentar las cifras en los operativos militares y dar la impresión de que el gobierno de Álvaro Uribe estaba ganando el conflicto contra las guerrillas. Julián Oviedo Monroy, joven de Soacha, desapareció el 2 de marzo de 2008 cuando salió de su casa, en las afueras de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado seis meses después en una fosa común en Ocaña (Santander).Julián se fue a una presunta entrevista de trabajo, su madre nunca más lo volvió a ver. "Sale a las siete de la noche de la casa y me dice que le guarde comida porque él no se demora, pero salió y nunca más volvimos a saber absolutamente nada de él. A los seis meses empiezan rumores en el barrio sobre los jóvenes que estaban desaparecidos en Soacha. Yo no tenía la menor idea de que hubiera otros jóvenes desaparecidos, eran 19", explica Blanca Monroy, también miembro de la la organización de Madres de Falsos Positivos de Colombia. "Fue algo que nos tomó por sorpresa, puesto que cada mamá, cada familiar que iba a Ocaña, se iban enterando de que sus seres queridos habían supuestamente muerto en un combate con el ejército porque eran guerrilleros. A Julián lo acusan de ser integrante del ELN. Pero ¿en qué momento Julián va a ser integrante si él sale a las siete de la noche y al día siguiente lo llevan al lugar donde le quitan su vida? En ningún momento Julián podía haber sido un integrante de la guerrilla", denuncia su madre. La respuesta psicosocial, ante la pérdida violenta de un hijo en un contexto de conflicto Blanca Monroy viajó a Francia junto a la psicóloga María Fernanda Gómez Garrido, que ha acompañado a estas madres cuando han tenido encuentros con ex oficiales de las Fuerzas Armadas que han admitido haber participado en este asesinato de inocentes en el marco de la JEP. Ahora su experiencia la comparten en otras latitudes, en Francia fue en un coloquio organizado en octubre por la Casa de Izieu, en el este de este país, un espacio dedicado a las madres del holocausto de los judؙíos perpetrado por los nazis y que han querido conocer el caso colombiano. Un intercambio en el que se exploró la dolorosa cuestión de la pérdida de lo que una madre más quiere, que es un hijo en un contexto de genocidio, en el caso del Holocausto contra las judíos durante la II Guerra Mundial y en un contexto de conflicto armado, como el de Colombia."Este intercambio me pareció muy bonito pero, a la vez, fue muy triste ver allí las fotos de ese montón de niños que muy miserablemente asesinaron", comenta Blanca Monroy a quien le viene a la memoria su hijo de pequeño. 'Mi hijo terminó en manos de una red de asesinos'"Mi hijo terminó en manos de una red de asesinos. No tenía idea de que el Ejército de Colombia, que son los que nos cuidan, nos protegen, pudieran hacer esto", se lamenta Monroy. Ironías macabras de la vida, Julián, quien apenas tenía 19 años cuando lo desaparecen, tenía como objetivo integrar las Fuerzas Armadas colombianas.Las Madres de Soacha están siendo acompañadas en este largo proceso de duelo y búsqueda de justicia. No se trata de un proceso clínico, sino psicosocial. Una experiencia compartida ahora en Francia."No fue un proceso terapéutico sino que partimos de entender que todos los comportamientos, respuestas o manifestaciones de las víctimas, de alguna manera, son comportamientos o respuestas normales en contextos que son absolutamente anormales como guerras civiles, de opresión, de represión, de dictaduras", explica por su parte María Fernanda Gómez Garrido. Monroy, como muchos otros jóvenes asesinados, cayó en manos de la red de Alexander Carretero, quien desde Ocaña (Santander), a 14 horas de ruta de Bogotá, dirigía una red criminal para secuestrar civiles inocentes que luego entregaba a los militares para hacerlos pasar por guerrilleros. Aceptación de la JEP como parte de un proceso colectivo "Traje a inocentes de otras ciudades y los entregué al Ejército para que los asesinaran", reconoció el reclutador ante la JEP. Blanca Monroy señala que en un principio les resultó muy injusto que estos criminales hubieran negado su implicación en estos asesinatos en la justicia ordinaria pero sí lo admitireran ante la JEP. "Fue algo que nos indignó porque admiten los cargos al llegar a la JEP por los beneficios", explica Blanca quien, como otras madres ha hecho un proceso para aceptar esta jurisdicción especial. "Tenemos dos caminos: o irnos por la justicia tradicional, digamos, en donde los responsables o los victimarios pagan unas condenas pero no hay ningún tipo de aporte a la verdad y que nos quita la posibilidad de hacer un tránsito como sociedad o una justicia en la que hay posibilidad de aportar verdad y que las víctimas conozcan lo que pasó", explica Gómez Garrido. La psicóloga reconoce que hay beneficios para los victimarios, pero son beneficios "condicionados al aporte que hagan a las víctimas en términos de verdad y reconocimiento".'No es justo que el gobierno actual pida perdón por algo que no hizo'El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido perdón recientemente a las mamás de Soacha, pero ellas consideran que quién tendría que pedir perdón es el presidente de la época, Álvaro Uribe, y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos."Para Dios nada es imposible, la ilusión que nosotras tenemos, y como siempre lo hemos dicho, vamos por la cabeza, mayor. No era justo que el señor Petro estuviera allí parado pidiéndonos un perdón de lo que él no hizo. El que debía estar allí era el señor Álvaro Uribe. Yo tenía un sueño muy grande de que algún día Álvaro Uribe se parara de pronto ante mí, ante las otras mamás y dijera: mamás, sus hijos no eran unos guerrilleros, sus hijos no eran unos subversivos", cuenta Blanca. "Yo sé que el señor Álvaro Uribe, algún día, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Esa es la esperanza que nosotras todas tenemos", concluye Monroy. #EscalaenParís también está en redes socialesCoordinación editorial: Florencia Valdés y Paola Ariza. Realización: Hadrien Toureaud y Victor Hul.
El escándalo de los falsos positivos es uno de los episodios más traumáticos del conflicto en Colombia en los años 2000. El ejército mató a miles de civiles inocentes 6.402, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de ellos era Julián Oviedo Monroy, joven de Soacha. Hablamos con su madre, Blanca Monroy, y con la piscóloga María Fernández Gómez Garrido. Ambas viajaron a Francia para explicar el acompañamiento en el marco de la JEP a los familiares de las víctimas del conflicto. Durante los 2000, miembros del ejército asesinaron a miles de inocentes y los hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes con el objetivo de aumentar las cifras en los operativos militares y dar la impresión de que el gobierno de Álvaro Uribe estaba ganando el conflicto contra las guerrillas. Julián Oviedo Monroy, joven de Soacha, desapareció el 2 de marzo de 2008 cuando salió de su casa, en las afueras de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado seis meses después en una fosa común en Ocaña (Santander).Julián se fue a una presunta entrevista de trabajo, su madre nunca más lo volvió a ver. "Sale a las siete de la noche de la casa y me dice que le guarde comida porque él no se demora, pero salió y nunca más volvimos a saber absolutamente nada de él. A los seis meses empiezan rumores en el barrio sobre los jóvenes que estaban desaparecidos en Soacha. Yo no tenía la menor idea de que hubiera otros jóvenes desaparecidos, eran 19", explica Blanca Monroy, también miembro de la la organización de Madres de Falsos Positivos de Colombia. "Fue algo que nos tomó por sorpresa, puesto que cada mamá, cada familiar que iba a Ocaña, se iban enterando de que sus seres queridos habían supuestamente muerto en un combate con el ejército porque eran guerrilleros. A Julián lo acusan de ser integrante del ELN. Pero ¿en qué momento Julián va a ser integrante si él sale a las siete de la noche y al día siguiente lo llevan al lugar donde le quitan su vida? En ningún momento Julián podía haber sido un integrante de la guerrilla", denuncia su madre. La respuesta psicosocial, ante la pérdida violenta de un hijo en un contexto de conflicto Blanca Monroy viajó a Francia junto a la psicóloga María Fernanda Gómez Garrido, que ha acompañado a estas madres cuando han tenido encuentros con ex oficiales de las Fuerzas Armadas que han admitido haber participado en este asesinato de inocentes en el marco de la JEP. Ahora su experiencia la comparten en otras latitudes, en Francia fue en un coloquio organizado en octubre por la Casa de Izieu, en el este de este país, un espacio dedicado a las madres del holocausto de los judؙíos perpetrado por los nazis y que han querido conocer el caso colombiano. Un intercambio en el que se exploró la dolorosa cuestión de la pérdida de lo que una madre más quiere, que es un hijo en un contexto de genocidio, en el caso del Holocausto contra las judíos durante la II Guerra Mundial y en un contexto de conflicto armado, como el de Colombia."Este intercambio me pareció muy bonito pero, a la vez, fue muy triste ver allí las fotos de ese montón de niños que muy miserablemente asesinaron", comenta Blanca Monroy a quien le viene a la memoria su hijo de pequeño. 'Mi hijo terminó en manos de una red de asesinos'"Mi hijo terminó en manos de una red de asesinos. No tenía idea de que el Ejército de Colombia, que son los que nos cuidan, nos protegen, pudieran hacer esto", se lamenta Monroy. Ironías macabras de la vida, Julián, quien apenas tenía 19 años cuando lo desaparecen, tenía como objetivo integrar las Fuerzas Armadas colombianas.Las Madres de Soacha están siendo acompañadas en este largo proceso de duelo y búsqueda de justicia. No se trata de un proceso clínico, sino psicosocial. Una experiencia compartida ahora en Francia."No fue un proceso terapéutico sino que partimos de entender que todos los comportamientos, respuestas o manifestaciones de las víctimas, de alguna manera, son comportamientos o respuestas normales en contextos que son absolutamente anormales como guerras civiles, de opresión, de represión, de dictaduras", explica por su parte María Fernanda Gómez Garrido. Monroy, como muchos otros jóvenes asesinados, cayó en manos de la red de Alexander Carretero, quien desde Ocaña (Santander), a 14 horas de ruta de Bogotá, dirigía una red criminal para secuestrar civiles inocentes que luego entregaba a los militares para hacerlos pasar por guerrilleros. Aceptación de la JEP como parte de un proceso colectivo "Traje a inocentes de otras ciudades y los entregué al Ejército para que los asesinaran", reconoció el reclutador ante la JEP. Blanca Monroy señala que en un principio les resultó muy injusto que estos criminales hubieran negado su implicación en estos asesinatos en la justicia ordinaria pero sí lo admitireran ante la JEP. "Fue algo que nos indignó porque admiten los cargos al llegar a la JEP por los beneficios", explica Blanca quien, como otras madres ha hecho un proceso para aceptar esta jurisdicción especial. "Tenemos dos caminos: o irnos por la justicia tradicional, digamos, en donde los responsables o los victimarios pagan unas condenas pero no hay ningún tipo de aporte a la verdad y que nos quita la posibilidad de hacer un tránsito como sociedad o una justicia en la que hay posibilidad de aportar verdad y que las víctimas conozcan lo que pasó", explica Gómez Garrido. La psicóloga reconoce que hay beneficios para los victimarios, pero son beneficios "condicionados al aporte que hagan a las víctimas en términos de verdad y reconocimiento".'No es justo que el gobierno actual pida perdón por algo que no hizo'El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido perdón recientemente a las mamás de Soacha, pero ellas consideran que quién tendría que pedir perdón es el presidente de la época, Álvaro Uribe, y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos."Para Dios nada es imposible, la ilusión que nosotras tenemos, y como siempre lo hemos dicho, vamos por la cabeza, mayor. No era justo que el señor Petro estuviera allí parado pidiéndonos un perdón de lo que él no hizo. El que debía estar allí era el señor Álvaro Uribe. Yo tenía un sueño muy grande de que algún día Álvaro Uribe se parara de pronto ante mí, ante las otras mamás y dijera: mamás, sus hijos no eran unos guerrilleros, sus hijos no eran unos subversivos", cuenta Blanca. "Yo sé que el señor Álvaro Uribe, algún día, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Esa es la esperanza que nosotras todas tenemos", concluye Monroy. #EscalaenParís también está en redes socialesCoordinación editorial: Florencia Valdés y Paola Ariza. Realización: Hadrien Toureaud y Victor Hul.
La actualidad nos lleva en primer lugar hasta Argentina, donde se ha iniciado la transición entre el Gobierno del actual mandatario, Alberto Fernández, y el presidente electo, Javier Milei. Nos detenemos también en Colombia donde el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, recluido desde hace dos años en un centro de retención de migrantes en Estados Unidos a la espera de su extradición, ha sido incluido bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya que ha considerado que sus revelaciones de Mancuso, sirvieron para construir la paz en el conflicto entre los paramilitares y las fuerzas del Estado. Conocemos también la iniciativa social de emprendimiento Enredadas en el cambio, ahora también en una exposición fotográfica, sobre siete mujeres de Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia y España que han superado muchas dificultades para formarse y tener una vida mejor. Escuchar audio
Salvatore Mancuso fue un temido y sangriento líder paramilitar que lleva años extraditado a Estados Unidos. El viernes se convirtió en el primer exjefe de las autodefensas en ser aceptado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que investiga a los militares y exguerrilleros de las Farc. Que llegara a esa instancia tiene que ver con que fue una bisagra entre los paramilitares y la Fuerza Pública en la guerra contra las guerrillas. Y que sus testimonios han salpicado desde expresidentes hasta militares y policías. En el episodio de hoy hablamos de las verdades que le faltan por decir a Mancuso, de quiénes se verían afectados y cuáles otros exparamilitares le piden pista a la JEP para contar su verdad.Para saber más puede leer y oír:Mancuso entra a la JEP por su verdad sobre militares, políticos y empresarios.Mancuso pone la lupa en la impunidad para aliados del paramilitarismo. Las 10 acusaciones más impactantes de Mancuso ante la JEP.La relación con el paramilitarismo: el fantasma que persigue a UribeHuevos Revueltos: el reto de tener a Mancuso como gestor de pazHuevos Revueltos con la herida paramilitar que reabre MancusoSi anda interesado en el Curso de Inmersión de 2024 de La Silla, acá encuentra toda la información.Elija ser Súperamigo. Puede ser parte de nuestra comunidad acá.Un espacio de cuña en Huevos Revueltos puede ser suyo, excepto para contenido político y electoral. Si tiene interés, escriba a socampo@lasillavacia.com. Chequeo de datos: Santiago Rodríguez, periodista de La Silla Vacía. Producción: Sergio García y Fernando Cruz, periodistas de La Silla Vacía.Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha encontrado relatos de presuntas víctimas que hablan de hechos ocurridos entre 2004 y 2016, en diferentes departamentos del país y que sucedieron en las filas del Ejército, la Policía y en la Armada.See omnystudio.com/listener for privacy information.
¿A qué nos referimos por justicia restaurativa? ¿Cuáles son los principios rectores de este modelo de justicia? ¿Cómo ha implementado la JEP esta aproximación a la justicia? Y, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la JEP en su labor de reconstruir el tejido social sin dejar de lado su función de impartir justicia? Gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el modelo de justicia restaurativa se ha desarrollado ampliamente en Colombia para abordar los casos relacionados con el conflicto interno del país. ¡Escucha nuestro podcast para conocer las respuestas a estos interrogantes de la mano de un especialista en la materia!Conduce Pedro Montaño en compañía de Sergio Rodríguez y Esteban Serrato
Hoy hablamos de la imputación de la Jurisdicción de Paz (JEP) a Mario Montoya, el primer comandante del Ejército (2006-2008) por ser autor de 130 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, cuando fue comandante. Tiene 30 días para reconocer o no la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Si no lo hace, irá a juicio. Hoy revisamos qué dijo la JEP, qué dicen las pruebas en su contra y por qué Montoya pedía “carrotancados de sangre” a sus soldados.Para saber más puede leer:“Barriles de sangre”: la JEP acorrala a Montoya por falsos positivos.Militares en la JEP derrotan el negacionismo de los falsos positivos. El general Montoya es mencionado 42 veces en el primer auto sobre falsos positivos.Viva en primera fila nuestro periodismo con una membresía a los Superamigos de La Silla. Puede ser parte de nuestra comunidad acá:Un espacio de cuña en Huevos Revueltos puede ser suyo, excepto para contenido político y electoral. Si tiene interés, escriba a socampo@lasillavacia.com. Chequeo de datos: Santiago Rodríguez, periodista de La Silla Vacía. Producción: Sergio García y Fernando Cruz, periodistas de La Silla Vacía.Foto de portada: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló en 6AM de cómo esperan resolver el reclamo de las víctimas de las Farc en los casos de secuestro y desaparición forzada
La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP ordenó este jueves arrestar por cinco días a Robinson Manosalva, alcalde del municipio de Aguachica, por incumplir la orden de trasladar y proteger los cuerpos recuperados en un cementerio que se creen que son de desaparecidos en el conflicto armado.See omnystudio.com/listener for privacy information.
El magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Justicia Especial de Paz (JEP), explicó en Mañanas Blu la recomendación de la jurisdicción de entre cinco y ocho años de sanciones para siete exjefes de las Farc que reconocieron su responsabilidad en los secuestros cometidos por la antigua guerrilla durante el conflicto armado y por los que fueron imputados por este tribunal.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Hoy hablamos de Juan Fernando Petro, el hermano menor del presidente que está impulsando un polémico proyecto de ley para aterrizar el perdón social, del que ya había hablado en campaña. Se trata de una reingeniería a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que incluya a exparamilitares y bandas criminales. El articulado va tan avanzado que será radicado esta semana y ya se conoce en cárceles y entre abogados. La duda es si el hermano de Juan Fernando, o sea, el presidente Gustavo Petro, apoyará esta iniciativa.Para saber más puede leer:El perdón social aterriza en el Congreso con la ayuda del hermano de Petrohttps://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-perdon-social-aterriza-en-el-congreso-con-la-ayuda-del-hermano-de-petro/Viva en primera fila nuestro periodismo con una membresía a los SuperAmigos de La Silla. Puede ser parte de nuestra comunidad acá https://www.lasillavacia.com/super-amigo/. Producción: Fernando Cruz, periodista de La Silla Vacía.Chequeo de datos: Santiago Rodríguez, periodista de La Silla Vacía.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en el departamento de Casanare, entre 2005 y 2008.
Arroz chino y un premio de 100.000 pesos: eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer "falso positivo" que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).See omnystudio.com/listener for privacy information.
Mientras la Justicia Especial para la Paz (JEP) adelanta las audiencias de reconocimiento en los macrocasos contra las exfarc —la última fue la del caso de secuestro que puso cara a cara a víctimas con victimarios— el país conocerá hoy el informe final de la Comisión de la Verdad, una instancia creada por el Acuerdo de Paz para conocer las causas del conflicto armado. Aunque el presidente electo, Gustavo Petro, dijo que acogería las recomendaciones que el informe contenga, dentro de la Comisión consideran que sería un fracaso si lo publicado no tiene un verdadero impacto político.Producción: Fernando Cruz, periodista de La Silla Vacía.Para saber más sobre este tema puede leer:
El grupo Las Madres de Soacha lleva adelante una infatigable lucha por la verdad y la justicia. Son los familiares de los llamados "falsos positivos", los miles de ejecutados ilegalmente por el Ejército con el objetivo de aumentar las cifras de la lucha contra la guerrilla. RFI habló con ellas en las afueras de Bogotá. Blanca Monroy es la madre de Julián, un joven de 19 años a quien su propio Estado mintió y asesinó. Soacha, 2 de marzo de 2008. Un recluta que regenta un pequeño comercio en este popular y humilde municipio en el extrarradio de Bogotá, capta a Julián con una falsa promesa de trabajo. Es a 600 kilómetros de su casa, en la localidad de Ocaña, próxima a la frontera con Venezuela. Otros tantos jóvenes de la localidad caen en la misma trampaen días sucesivos. Civiles engañados y llevados a zonas remotas de bosques para ser asesinados y después disfrazados de guerrilleros con el objetivo de inflar el número de guerrilleros eliminados. Un estratagema que a muchos soldados y altos mandos le sirvió para mostrar buenos resultados y obtener beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe en la década de los años 2000. Rubiela, otra madre de otro joven engañado y asesinado, nos cuenta el mismo modus operandi. Rubiela y Blanca han destinado desde entonces lo que les queda de vida a luchar por la justicia y memoria de sus hijos. Sumaron fuerzas creando la asociación de Las Madres de Soacha. Sus casos se enmarcan en lo que popularmente se ha ido conociendo como "falsos positivos", uno de los peores eufemismos en Colombia: ejecucciones extrajudiciales de civiles a manos de militares para mostrarlos como bajas de combate. La Jurisidicción Especial para la Paz (JEP), lleva este macrocaso y cifró el año pasado en más de 6.400 el número de víctimas. El abogado de derechos humanos Federico Andrew nos cuenta que aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia pueden remontarse a finales de los años 70, el grueso de ellos, se dio bajo el gobierno de Uribe. El contexto histórico de los "falsos positivos" En 2005 fue expedida la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, amparada en la política de Seguridad Democrática. Y en los primeros años de esta política insignia de Alvaro Uribe, se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En la directiva se combinaron los beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir las bajas de guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en el combate contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado, pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad. Los militares mataron civiles bajo dos modalidades distintas: una fue la ubicación de víctimas en el área de operaciones de los pelotones implicados usando informantes en el terreno. La segunda fue el uso de reclutadores que conducían a las víctimas mediante engaños a esos lugares en los que eran asesinados. Las madres de Soacha abrieron camino en la exigencia de que se llegue a la línea más alta de mando que para ellas está en la figura del expresidente Uribe.. El pasado mes de abril y por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables militares reconocieron sus crimines públicamente, ante la sociedad, las víctimas y la justicia. Fue en la audicencia de la JEP en la localidad de Ocaña, donde habían muerto 14 años antes, los hijos de Blanca y Rubiela. Ellas y su movimiento asociativo han servido para abrir camino a otros familiares de víctimas en Colombia. Los familiares de las víctimas del departamento de Huila, por ejemplo, apenas están recorriendo el camino de escucha y contratación de información entregada por los militares. Sus exigencias tienen el mismo espìritu pero aún no han avanzado tanto como las de Soacha.
Diez militares retirados colombianos y un civil reconocieron en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008. Esta práctica se conoce en Colombia como "falsos positivos", de los que se estima que hay más de 6.400 casos en el país. En Conclusiones, el politólogo Rodrigo Pombo Cajiao analiza el tema. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad
Diez militares retirados colombianos y un civil reconocieron en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008. Esta práctica se conoce en Colombia como "falsos positivos", de los que se estima que hay más de 6.400 casos en el país. En Conclusiones, el politólogo Rodrigo Pombo Cajiao analiza el tema.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad
En Colombia, militares retirados llevaron a cabo un reconocimiento histórico este martes ante las familias de las víctimas, asegurando haber ejecutado extrajudicialmente a 120 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate en en la década del 2000, los llamados “falsos positivos”. Mataban a sangre fría a campesinos o a indígenas de la zona y los hacían pasar por guerrilleros para obtener ascensos o premios, bajo la presión de los mandos militares y del gobierno de Álvaro Uribe. 50 familiares de víctimas de los llamados "falsos positivos" se sentaron frente a una decena de exmilitares colombianos en una inédita audiencia judicial de dos días en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se trata de un cara a cara orquestado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y muy esperado por las familias de las víctimas. En la primera jornada, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres. “Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas: no más”, dijo el cabo retirado del ejército colombiano Néstor Gutiérrez. “Llegaban acá, a la ciudad de Ocaña, unos muchachos que veía que eran de bien, no eran delincuentes. Me acuerdo tanto de Luis Devia Gómez. Lo asesinaron, le colocaron un arma en sus manos y reportaron un combate. Al otro día, la noticia: un guerrillero, un paramilitar, un bandido dado de baja”. Esta audiencia se lleva a cabo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, instaurada con los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Quienes confiesen sus delitos podrán recibir penas reducidas o alternativas a la cárcel. En esta misma audiencia, un general admitió el carácter generalizado de la práctica macabra de los “falsos positivos”, denunciada desde hace muchos años por organismos de derechos humanos. El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos. Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo. A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló en su intervención la magistrada Catalina Díaz. “Que se limpie su nombre” “En la lucha que nosotros hemos liderado, este era uno de los objetivos: que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así como lo han reconocido y lo han dicho ellos, que no era ningunos guerrilleros. Eso está perfecto”, asegura Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, una de las víctimas de los falsos positivos y representante del colectivo Madres de víctimas de falsos positivos. “Pero son muchos, muchos casos en Colombia que todavía están en la impunidad. Si bien sabemos que hay 11 militares que están en este momento en la audiencia, la esperanza que nosotros teníamos era que esta audiencia de reconocimiento se hiciera desde los comandantes de las brigadas, por qué eran ellos los que ordenaban cometer estos crímenes”. El coronel Rubén Castro reconoció, por su parte, la existencia de una "banda criminal al interior" de sus hombres "creada con el único fin de incrementar" las bajas a "como diera lugar". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de "gente buena". El coronel Castro reconoció haberles transmitido a sus subalternos las "políticas" de "los diferentes escalones del mando", señalando al entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas "siempre fue repetitiva". Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna. La justicia colombiana admite la existencia de 6.402 civiles ejecutados por los militares entre 2002 y 2008. Según las ONG, sin embargo, la cifra podría ser de al menos 10.000 casos. Con AFP.
Un grupo de 11 militares colombianos reconoció su responsabilidad en los llamados "falsos positivos", uno de los capítulos más negros del conflicto armado, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que aseguraron que asesinaron a campesinos inocentes.
• Noticia 1: Alexander Dvornikov el general ruso conocido como “el carnicero de Siria” fue designado para la nueva fase de la invasión a Ucrania. Especialista invitado: Jesús Agreda Rudenko - Profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. • Noticia 2: Los icónicos anillos de Saturno, se desvanecen. Especialista invitado: Santiago Vargas - Astrofísico, profesor del Observatorio Astronómico Nacional, OAN, de la Universidad Nacional de Colombia. • Noticia 3: El Instituto Anticorrupción presentó una acción popular contra el presidente de Colombia, Iván Duque por su participación en política. Especialista invitado: Entrevista con Camilo Enciso - Abogado e internacionalista. Magíster en Leyes y Administración Pública. Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. • Noticia 4: La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP dejó en libertad a un primer militar por su aporte a la verdad. Especialista invitado: Boris Duarte Caviedes - Politólogo, docente y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). • Noticia 5: Gobierno Colombiano asegura sentirse satisfecho con la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el pleito con Nicaragua. Especialista invitado: Mauricio Jaramillo Jassir - Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I. Profesor de Estudios de América y Latina y el Caribe e Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Créditos: Locución: Eliana Escandón. Producción sonora: Edgar Guasca y Alejandra Carvajal. Investigación periodística: Ángela Sánchez, Jairo Currea, Eliana Escandón y Alexander Múnera. Web Máster: Carlos Fabian Rodríguez Navarrete
Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó en Mañanas BLU los fundamentos del Gobierno para pedir a la Justicia Especial de Paz (JEP) la apertura de un caso contra las Farc por daños ambientales. De acuerdo con la administración nacional, urge investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado.See omnystudio.com/listener for privacy information.
La tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el presidente Iván Duque y el resto del uribismo aumentó luego de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar la investigación preliminar sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Colombia.See omnystudio.com/listener for privacy information.
En el contexto del conflicto armado colombiano se ha venido dando unfenómeno silencioso pero atroz, las ejecuciones extrajudiciales. Según los últimosreportes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las cifras de ‘falsos positivos'asciende a más de 6.402 casos. Lo invitamos a que se conecte este miércoles conel episodio de Rutas del Conflicto Radio, ¿Quién dio la orden?. ¡No se lo pierdan!Conduce Juan Pablo Arcos junto a Katharina Danisch y Julián Cáceres
Sebastián Escobar Uribe, abogado de víctimas en algunos procesos que implican al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco , habló sobre la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) de aceptar su sometimiento. "Puede ayudar a esclarecer varios de los hechos puntuales por lo que se aceptó su sometimiento, pero sobre todo para establecer este patrón de relacionamiento y connivencia entre la fuerza pública, el Estado y grupos paramilitares. Es algo que se ha abordado, pero de alguna manera también requiere ser esclarecido a mayor profundidad" opinó el jurista. See omnystudio.com/listener for privacy information.
Hay una fuerte controversia jurídica en el caso del general (r) Mario Montoya sobre quién debe investigar los falsos positivos, si la justicia ordinaria o la Justicia Especial para la Paz (JEP). Por esta razón, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó al abogado penalista Jesús López González. See omnystudio.com/listener for privacy information.
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Prezydent Chile Sebastián Piñera ogłosił we wtorek pakiet pomocowy o wartości 7 mld dolarów, który przedłuży bezpośrednie transfery do rodzin o kolejne dwa miesiące i sfinansuje nowe subsydia na zatrudnienie w celu walki z pandemią. Z pomocy korzysta prawie 15 mln osób z 19 mln mieszkańców kraju. Z tym, że 10 proc. gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, tzn. powyżej 800 tysięcy peso, czyli około tysiąca dolarów na osobę, zostanie z niego wykluczonych Chilijskie państwo dopłaca także do pensji pracowników. Ambicją chilijskiej głowy państwa jest stworzenie pół miliona nowych formalnych miejsc pracy. W tym momencie parlament zajmuje się również inną sprawą finansową, a mianowicie ustawą, która pozwoliłaby wycofanie pieniędzy z funduszy emerytalnych. Po raz czwarty Chilijczycy mogliby wypłacić 10 proc. zgromadzonych środków. Przeciwnicy tej inicjatywy na czele z rządem twierdzą, że pozwolenie ludziom na wypłacanie pieniędzy z funduszy emerytalnych pozostawi ich bez środków na emeryturę. W Chile panuje poważna susza. Poza kwestiami finansowymi Chilijczyków zajmują problemy klimatycznej. Ich kraj notuje bowiem znaczący spadek opadów. Niski jest poziom zbiorników wodnych, a pola uprawne wyschły. 400 tys. mieszkańców wsi otrzymuje wodę w beczkowozach. W sąsiadującym z Chile Peru trwają protesty antyrządowe. Peruwiańczycy protestują przeciwko obecnej ekipie rządowej na czele której stoi Guido Bellido. Przeciwko premierowi toczy się postępowanie ws. usprawiedliwiania terroryzmu. Z opublikowanego w piątek sondażu wynika, że 41 proc. Peruwiańczyków nie aprobuje pracy Castillo. 76 proc. odrzuca szefa rządu. Tymczasem sąsiednia Kolumbia rozlicza się ze swoją przeszłością. Zbigniew Dąbrowski wyjaśnia, że Justicia Especial para la Paz (JEP) został powołany w 2016 roku, by zajmować się zbrodniami wojska i organizacji paramilitarnych- tak anty- jak i prorządowych. JEP ogłosił w czwartek, że będzie prowadził śledztwo przeciwko FARC. Lewackiej partyzantce zarzuca się rekrutację 18 667 niepełnoletnich, z czego 5 691 dzieci do lat 14, w ciągu pięciu dekad walk. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radiownet/message
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz reveló que al menos 6.402 civiles fueron ejecutados por militares entre 2002 y 2008 en lo que se conoció como los casos de “falsos positivos”. Eran jóvenes pobres, campesinos, indígenas, ciudadanos comunes y corrientes que fueron víctimas de una práctica macabra del Ejército colombiano conocida como “falsos positivos”. En el marco del conflicto armado, los militares asesinaron a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros caídos en combates, incluso disfrazando sus cuerpos. Vea también: Guylaine Roujol Pérez cuenta la macabra historia de los "falsos positivos" en la voz de un cabo La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establecida a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, reveló este jueves que por lo menos 6.402 personas murieron a manos del Ejército entre 2002 y 2008, es decir tres veces más de lo que se estimaba hasta ahora. Para la JEP, se trata de un “fenómeno macrocriminal”. Jacqueline Castillo, directora del Colectivo MAFAPO (Madres Falsos Positivos) de Soacha, reconoce que la justicia dio un paso más hacia la verdad: “Aunque no es una noticia sorprendente, porque sabemos por organizaciones de Derechos Humanos que son más de 10.000 casos, es gratificante conocer esta cifra y que se haya publicado, porque con esto se demuestra que el número de víctimas aumentó en los periodos de Álvaro Uribe Vélez”. Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un "body count", un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna. Hasta el año pasado, la Fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales. Castillo subraya que estos resultados fueron logrados gracias al trabajo de la JEP, a lo que contaron algunos militares sobre dónde fueron sepultadas las víctimas, y las fosas comunes nuevas que fueron encontradas mostrando que “son casos de ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, según ella, “el camino aún está muy largo, ya son 13 años de esta larga lucha, aún no tenemos condenados, fueron destituidos algunos generales de este periodo, pero no han sido condenados”. Todo indica que esta práctica obedecía a ordenes de la cúpula militar: “Fue realmente una política de Estado, se incrementaron porque había presión por las bajas, a los militares los calificaban de acuerdo a las bajas, sus ascensos eran de acuerdo a los resultados”, explica Jacqueline Castillo. El expresidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un "atropello" en su intento por "desacreditar" a su gobierno.
El regreso al país del exjefe paramilitar ‘Jorge 40', sumado a los anuncios de contar “los secretos” de su accionar delictivo por parte de alias ‘Macaco' y ‘Martín Llanos', así como Carlos Moreno Tuberquia alias ‘Nicolás' del Clan del Golfo, ponen a pensar sobre qué les espera a estos exdelincuentes en su retorno a Colombia. ¿Podrían entrar estos procesados a la Justicia Especial de Paz (JEP)? Los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, junto al senador Roy Barreras, hablaron sobre los distintos escenarios jurídicos que plantea el regreso de exjefes paramilitares al país. See omnystudio.com/listener for privacy information.
La magistrada Patricia Linares de la Justicia Especial de Paz (JEP) habló en Mañanas BLU sobre la decisión de hacer públicas las audiencias sobre reclutamiento infantil en los procesos que la jurisdicción adelanta contra máximos responsables de las Farc. See omnystudio.com/listener for privacy information.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), termina sus tres años de presidencia de esa justicia en noviembre próximo. Linares, habla sobre la polémica negación de reclutamiento de menores por parte de líderes de las Farc y los aportes de verdad de excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado.
Con el comienzo de las declaraciones de 15 exjefes de las Farc dentro del proceso que lleva la Justicia Especial de Paz (JEP) sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano, los reflectores apuntan nuevamente sobre el tema. En Mañanas BLU 10:30 cuando Colombia está al aire, una víctima de reclutamiento forzado confrontó al exjefe guerrillero Pastor Alape. Joshua Mitrotti, exdirector de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), también se refirió a la problemática. See omnystudio.com/listener for privacy information.
Colombia 2020, de El Espectador, publicó un reportaje en el que evidencia que desde hace al menos 10 meses se está ejecutando una campaña de desinformación contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reportaje que se hizo de la mano de un grupo de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Esta investigación hizo que nos preguntáramos sobre bots, impacto en la discusión democrática y libertad de expresión. Es un episodio más académico de lo normal, pero igual creemos que puede ser valioso para aportar a esta discusión. Produce: Sara Trejos Análisis: Carolina Botero de Fundación Karisma, María Paula Martinez, y Santiago Rivas Pre y Postproducción: Loro Podcast (Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez) ¡Gracias a los patrons que hacen posible esta conversación! Si quieres ser parte de nuestra comunidad ingresa a www.presuntopodcast.com
Comenzamos el análisis semanal de la actualidad en Colombia, donde en diciembre pasado comenzaron las excavaciones en el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba, en el Departamento de Antioquia, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibiera las declaraciones de exmilitares que reconocieron haber participado en ejecuciones de civiles, los llamados "falsos positivos", e indicaron el lugar de las fosas en las que fueron sepultados. Hasta el momento han sido exhumados 54 cuerpos, algunos de ellos de mujeres y de dos menores. Nos detenemos también en Bolivia, donde un tercio de los candidatos a los comicios generales del próximo 3 de mayo, incluido el expresidente Evo Morales, quedó inhabilitado por impugnaciones o incumplimiento de los requisitos fijados en el reglamento electoral; y también en los disturbios de los últimos días en Haití y Chile. Repasamos también la asamblea anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y nos despedimos con el artista mexicano Alejandro Fernández y su nuevo disco Hecho en México. Escuchar audio
La justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales y políticas que generalmente ha sido utilizada en diferentes lugares del mundo como una forma de reparar las violaciones a los derechos humanos. Con la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), diferentes actores del conflicto han podido participar de este extenso y complejo proceso que en la actualidad Colombia implementa. Hoy el Doctor Luis Eduardo Sandoval nos cuenta sobre su investigación recientemente publicada en los Cuadernos de Economía un artículo que habla sobre la percepción de la justicia especial para la paz por parte de los integrantes de las Fuerzas Militares que se encuentran detenidos. Season number --- Send in a voice message: https://anchor.fm/memoriahistorica/message
En el programa de hoy estableceremos el impacto de las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) respecto a los derechos de verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado interno. En este programa nos acompaña el Constitucionalista Juan Manuel Charry y el Senador por el partido de las FARC, Carlos Antonio Lozada. Dirige Luis Alfonso Fajardo, acompañado por la periodista María Camila Idrobo. En el máster Andrés Rocha.
Fernando Carrillo mostró su postura en Mesa BLU sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP).See omnystudio.com/listener for privacy information.
Las objeciones del presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) desencadenaron, como era de esperarse, uno de los debates políticos y jurídicos más intensos de este 2019. La controversia a alineado en diferentes orillas a protagonistas como el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien respalda las objeciones, mientras que el procurador general, Fernando Carrillo, las rechaza y señala que Duque no tenía competencia para tomar la decisión que anunció al país la noche del domingo. La discusión se concentra ahora en cómo se realizará el trámite legislativo de las objeciones en el Congreso. Para algunos analistas, el camino es tan incierto como complejo ya que, por ejemplo, hay posturas que afirman que si una de las dos cámaras rechaza las objeciones de Duque, su pretensión de que se modifique la ley quedará sin sustento legal, mientras que otros juristas sostienen que solo basta con que una sola cámara avale los reparos del Presidente para poder incorporar esos ajustes a la norma. Escuche el análisis en este podcast en una conversación con los editores Marisol Gómez y Edulfo Peña. También en este episodio de ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, ¿por qué Venezuela no ha podido superar el apagón de energía eléctrica más largo de su historia y que ya ha provocado escenas de asonadas y saqueos en algunas ciudades de ese país?, qué viene para el ex director técnico de las selección Colombia Sub 17 de fútbol femenino luego que la Fiscalía la imputó cargos por un caso de presunto acoso y cómo se conservará el legado de Gloria Zea, el gran motor del arte moderno y la ópera en Colombia, luego de su fallecimiento.
El Presidente Iván Duque anunció este domingo que presentará al Congreso de la República un acto legislativo de reforma constitucional enfocado en tres aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que es necesario para el país. Bogotá, 10 de marzo de 2019 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/presidenciadelarepublica/message
Luego de más de 24 horas de un fulminante apagón energético en Venezuela, la electricidad empezó a regresar, con intermitencias, a algunas zonas del país. El impacto de esta interrupción del servicio, la más larga en la historia reciente de ese país, ha servido para que desde el gobierno de Nicolás Maduro se esgrima la tesis de que hay una guerra energética desatada contra los venezolanos. En todo caso, la parálisis que vivieron los venezolanos no solo afectó el sistema de metro de Caracas, sino que puso en riesgo la vida de decenas de personas en los hospitales. La situación se presentó horas antes de las marchas convocadas por el presidente interino Juan Guaidó, por un lado, y por los seguidores de Maduro, por el otro, con el fin de medir fuerzas en las calles este sábado. Escuche además en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, qué pronósticos hay en relación con la decisión inminente del presidente Iván Duque sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Duque debe decidir si la objeta o no, y todo indica que se decantaría por objeciones parciales. ¿Cuál es el impacto de la revelación de un comprobante de consignación que, según una jugadora de fútbol, es la prueba de que un directivo pedía pagos para obtener un cupo en la selección femenina? y cuál es la visión de Ethan Cohen, el laureado director de cine, quien es el invitado especial al Festival de Cartagena.
El Congreso de la República fue el escenario de un inédito acuerdo entre las orillas de la derecha y la izquierda que se enfrentaron de manera intensa en las pasadas elecciones. El uribismo, encabezado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, logró una fórmula con los movimientos liderados por figuras como Gustavo Petro o Iván Cepeda para resolver las diferencias sobre el intento de reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa salida consiste en el nombramiento de 14 nuevos magistrados para la JEP con el fin de que se encarguen de llevar procesos que tienen que ver con los militares sindicados de haber cometido delitos graves en el marco del conflicto armado. De este modo, se descarta la idea de crear una nueva sala, lo cual cambiaba la arquitectura de ese organismo, pero se ofrece una nueva garantía para los uniformados. ¿Se abre así una ventana de diálogo para el futuro entre estos dos sectores políticos? Escuche el análisis con los editores Jhon Torres y Edulfo Peña. Además, en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, ¿qué nuevos detalles se conocen del texto final del proyecto de Ley de Financiamiento que busca aplicar una reforma tributaria para garantizar el recaudo de 19 millones de pesos para las finanzas públicas?, por qué las razones de la debacle económica de Venezuela es uno de los temas más leídos en la versión digital de EL TIEMPO y ¿qué pronósticos hay para el Junior, el otro equipo colombiano que podría convertirse mañana en semifinalista de la Copa Sudamericana, al igual que el Santa Fe, que ya clasificó a esa instancia?
La decisión de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que decidieron pedirle a Estados Unidos que les envíe pruebas de caso por las presuntas relaciones de Jesus Santrich con el narcotráfico, se convirtió en el primer eje de controversia entre estos jueces. Dos de los miembros del tribunal se apartaron de la decisión tomada por la mayoría, con lo cual se hace evidente la diferencia de conceptos frente al espinoso tema de la solicitud de extradición de ese jefe de la Farc. La JEP estableció un plazo de 40 días para obtener respuesta y definir si extradita o no a Santrich. Escuche el análisis con Marisol Gomez, editora de Justicia.También en este episodio del Podcast, ¿cómo le fue al presidente Ivan Duque en la mas reciente encuesta de Gallup sobre la opinión publica en el país?, la controversia por las reacciones a una decisión de la Corte Constitucional, que le impediría posesionarse en cargos de elección popular y ¿qué se viene en los próximos días para los amantes de las artes plásticas con el evento de la Feria Internacional de Arte de Bogotá?
Además, en el podcast ‘Al Cierre’, el récord de Nairo Quintana, la llegada de audio a Twitter y el mes del jazz en Colombia. Este 7 de septiembre, la Fiscalía General anunció que está investigando presuntos fraudes de funcionarios de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habrían tenido como objetivo encubrir la salida de exguerrilleros de las Farc de las zonas de reincorporación. Sin embargo, esta información no aclara si se trata de los jefes de los que no se tiene información desde hace semanas. Milena Sarralde, redactora de la sección Justicia, aclara los alcances que tendría esta situación tan polémica en el proceso regular de la JEP. En lo más leído hoy en Eltiempo.com se encuentra el récord que el pedalista Nairo Quintana logró en el ascenso a La Camperona, en la Vuelta a España, lo que habla del buen nivel con el cual el boyacense espera conquistar este fin de semana un mejor lugar en el podio y volver a encender la esperanza de sus seguidores colombianos. Felipe Villamizar, redactor de Deportes, nos cuenta qué podemos esperar del ciclista en su desempeño en la carrera este fin de semana. Twitter estaría a punto de anunciar una nueva plataforma que permitirá al usuario subir audios de 280 segundos, es decir, más de cuatro minutos, lo que significa un visto bueno a la cultura del podcast. Así lo ve Wilson Vega, editor de Tecnósfera. En lo que viene, comienza la temporada de jazz en varias ciudades del país, con figuras y proyectos en diferentes terrenos de este género musical. De la sección Cultura, Yhonatan Loaiza cuenta cómo programarse para las actividades que se vivirán en torno al jazz en el país desde este fin de semana.
Además, información de servicio: que el calendario de declaración de renta no lo agarre por sorpresa; Nairo Quintana y sus esperanzas en el Tour de Francia y, en lo que viene, el cine colombiano de miras a los Goya y los Óscar. En esta edición del podcast ‘Al cierre’, de EL TIEMPO, una mirada a los temas más comentados del día. La clave hoy gira en torno a los ‘falsos positivos’ como el tercer caso que estudia ante la Jurisdiscción Especial para la Paz (JEP). Hace tan solo unos días, el general ( r) Mario Montoya se acogió por su propia voluntad ante esta instancia, lo que transmitió un mensaje de confianza en los procesos de la JEP, que han sido tan discutido por el Centro Democrático con miras a la transición de gobierno. Jhon Torres, editor de Justicia de EL TIEMPO, analiza el panorama de los llamados ‘falsos positivos’ en este proceso. El pedalista Nairo Quintana sorprendió a todos los periodistas que lo entrevistaron este lunes con unas declaraciones que giraron entre la esperanza y lo anecdótico. Hoy, en lo más leído en Eltiempo.com, la expectativa del boyacense y las posibilidades matemáticas frente a ediciones pasadas de esta competencia. A partir de la próxima semana comienza el calendario de declaración de renta en Colombia, en el que 2,6 millones de declarantes aportarán al país más de 2 billones de pesos. Mauricio Galindo, editor económico, nos cuenta qué hay que tener en cuenta y cuáles son las modificaciones que hay que revisar antes de hacer el formulario. Son 11 las películas colombianas preseleccionadas en Colombia para ser presentadas ante los jurados de las nominaciones de los Premios Goya (de España) y los Premios Óscar. La lista se dio a conocer este lunes y representa un panorama de en qué está el cine nacional este año. Sofía Gómez, de la redacción de Cultura de EL TIEMPO, analiza el panorama y el calendario a tener en cuenta para posibles buenas noticias del cine colombiano.
La presentación histórica de los integrantes del desaparecido Secretariado de las Farc ante el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), prevista para mañana, no solo marca el inicio del primer proceso judicial contra los exjefes guerrilleros, sino que también se convertirá en el primer termómetro de la actitud que tendrán sus integrantes ante los compromisos de decir la verdad y de aceptar las decisiones de la justicia. Hay expectativa sobre cuántos de ellos se presentarán personalmente y cuántos enviarán sus abogados, alegando la falta de condiciones de seguridad. Escuche el análisis de Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz. Además, en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, ¿qué se busca con el nuevo modelo de pasaporte que empezará a expedir la cancillería de Colombia desde este 15 de julio?, qué explica la reducción del área glaciar de los nevados del país, la cual sufrió una reducción del 5,8 por ciento en dos años, de acuerdo con un informe revelado hoy por el Ideam y ¿cuáles son los ingredientes que hacen atractiva para el público familiar la nueva saga de la película de Marvel con el personaje de Ant Man?
Un plan de choque, integrado por ocho nuevas medidas encaminadas a frenar la ola de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, es la principal conclusión de una gran cumbre de entidades y autoridades convocada por la Presidencia para enfrentar este preocupante fenómeno. Una de las medidas adoptadas consiste en poner en marcha un sistema de recompensas que promueva la delación no solo de los autores materiales, sino también de los responsables intelectuales de estos crímenes. Escuche el contexto y el análisis de esta situación en una conversación con el editor de Política, Edulfo Peña. Además, en este episodio de ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, qué lecciones deja la primera audiencia de sometimiento de un general retirado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la cual Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI del Ejército, se declaró inocente de señalamientos de falsos positivos, ¿cómo finalizó la valiente operación de rescate de los niños que estaban atrapados con su entrenador, desde el pasado 23 de junio, en una cueva de Tailandia y cuyo regreso a la superficie finalizó esta mañana? y qué viene para el ciclista colombiano Fernando Gaviria luego de ganar su segunda etapa en el Tour de Francia.
La aprobación del código de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pasó finalmente en la plenaria del Senado luego de varios días de incertidumbre, dejó en claro el poder que desde ya ejerce la coalición que liderará el Centro Democrático de cara al nuevo Congreso, que se posesiona el próximo 20 de julio, y abrió un nuevo escenario jurídico para los militares que tengan que responder por delitos graves cometidos durante el conflicto armado. Qué deberá pasar en los próximos meses para poner en práctica los cambios introducidos a la JEP y que discusiones jurídicas y constitucionales vendrán por cuenta de estos ajustes. Escuche el análisis de los editores Marisol Gómez y Edulfo Peña. También en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’ ¿qué consecuencias tendrá para el líder del partido Farc Jesús Santrich el fallo de la Corte Constitucional sobre las competencias de los magistrados de la JEP en el proceso de extradición que se surte en contra del exjefe guerrillero?, cuáles son las cifras de la ofensiva de embargos que adelantará la Dian para garantizar que los morosos en el pago de impuestos evadan el pago de sus obligaciones con el Estado y ¿cuáles son las cuentas con las que mañana llega Colombia a su partido clave contra Senegal, en el Mundial de Rusia, para clasificar a la siguiente ronda?
El último round que sostendrán mañana los sectores políticos enfrentados por el futuro de la ley que da vida al código de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) no solo definirá si esta iniciativa avanza o se hunde en medio de la controversia, sino que también servirá de termómetro para establecer cómo se configura el nuevo mapa político en el Congreso tras la victoria del presidente electo, Iván Duque. En primer lugar, la plenaria del Senado, que fue citada para votar el proyecto, llega sin un consenso de la comisión accidental, que fue creada para buscar un acuerdo con la bancada uribista, la cual ha expresado su interés de introducir cambios con el fin de crear una sala especial para miembros de la Fuerza Pública. Escuche el análisis del editor Jhon Torres y el subeditor Jorge Meléndez, de las secciones de Justicia y Política, de EL TIEMPO. Así mismo, en ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’ ¿Qué efecto tendrá la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el cual decidió avalar la polémica medida del presidente Donald Trump, conocida como el veto migratorio para frenar la entrada a su país de ciudadanos de varias naciones?, y qué lecciones en relación con el emprendimiento deja el protagonista de uno de los relatos más leídos en nuestra versión digital y ¿qué viene en la intensa jornada del Mundial que se juega mañana, en la que entran en escena Brasil, Alemania y México?
La revelación del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron la cifra de 209.000 hectáreas, 11 por ciento más que el 2016, abrió de nuevo la discusión sobre cuál será el futuro de la estrategia antidrogas y cuál será el papel que asumirá la administración de Donald Trump en caso de que no se logre controlar esta situación. La controversia llega en medio de la transición que hay entre el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, y el presidente electo, Iván Duque, quien se posesionará el próximo 7 de agosto y de quien Washington espera la aplicación de una política de mano dura para frenar el avance de la coca. Escuche el análisis de Jhon Torres y Alicia Méndez, de la sección de Justicia. También en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’ ¿cuál es el camino que le espera a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, en donde las discusiones entre uribistas y oficialistas parecen estar lejos de un consenso?, por qué es clave la disputa jurídica que la aplicación de transporte Uber decidió enfrentar en Londres, en donde se ha puesto en juicio las garantías que esta empresa puede ofrecer a los usuarios de sus vehículos y ¿qué se juega mañana Lionel Messi, cuando Argentina, bajo la más alta presión, se enfrente a Nigeria?
El esperado encuentro entre el presidente entrante, Iván Duque, y el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, previsto inicialmente para tratar temas del empalme relacionados con las finanzas públicas, la seguridad y el acuerdo de paz tendrá un ingrediente adicional por cuenta del pulso que libran el Congreso los oficialistas y los uribistas para decidir la suerte de la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Mientras en el Senado, donde la influencia de Duque se ha hecho sentir, han frenado el avance del proyecto con el fin de que sea postergado para ser analizado por el nuevo congreso, que se posesiona el próximo 20 de julio, en la Cámara la gestión del gobierno logró la aprobación de la norma. Las distancias ideológicas de Santos y Duque saltan a la vista en esta puja que está como para alquilar balcón. Escuche el análisis del editor Edulfo Peña y del subeditor Jorge Meléndez, de la sección Política. Además, en este episodio de ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’ ¿qué otras lecciones deja el caso de los colombianos sancionados en el Mundial de Rusia por sus comportamientos reprochables que se hicieron virales a través de las redes sociales?, qué viene en la discusión para solucionar el grave problema de las 180.000 hectáreas de coca, las cuales representan un factor creciente de inseguridad en varias regiones del país y ¿qué hizo Colombia un día después de su derrota ante Japón y cómo se prepara para encarar el próximo juego?
Luego de la captura del jefe de las Farc Jesús Santrich, detenido bajo cargos de narcotráfico por solicitud de una corte de Estados Unidos, la controversia sobre su futuro jurídico se ha concentrado en la posibilidad de que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encarguen de procesarlo antes de definir si debe ser extraditado a ese país. Bajo este sistema de justicia transicional, creado como parte de la negociación de paz con las Farc, los magistrados deben establecer si el crimen del cual se le acusa fue cometido luego de la firma de los acuerdos con esa guerrilla, hecho que lo haría perder los beneficios y lo dejaría bajo el poder de la justicia ordinaria, y si las pruebas son suficientes para que lo juzgue la justicia estadounidense. Escuche el análisis de Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz de EL TIEMPO. Así mismo, en este nuevo episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, ¿cuál es el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les envía a los países de Latinoamérica con la decisión de cancelar su viaje a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima esta semana, y de paso suspender su primera visita oficial a Colombia?, qué significa el recaudo de 38 billones de pesos en impuestos que se registró en el país entre enero y marzo de este año, y ¿qué se espera en los partidos de la Champions de este miércoles (Bayern-Sevilla y Real Madrid-Juventus) luego del resultado sorpresivo de la eliminación del Barcelona ante Roma?
En este podcast escuche un análisis del editor y la subeditora Internacional de EL TIEMPO, Eduard Soto y Sandra Ramírez, sobre cuáles son los riesgos de que se presente un estallido de violencia en Oriente Próximo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su gobierno reconocerá en adelante a Jerusalén como la capital de Israel. Esta determinación rompe con una línea diplomática de su país y de la comunidad internacional, que por décadas habían apostado a esperar el resultado de las conversaciones sobre el futuro de esta ciudad que se disputan judíos y palestinos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para intentar frenar un agravamiento de este conflicto, que es punto neurálgico de las relaciones entre Occidente y el mundo islámico? Además, en este episodio de ‘Al Cierre, con Andrés Mompotes’, ¿qué implica la designación de 14 juristas extranjeros que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se encargará de juzgar a los miembros de las Farc que hayan cometidos delitos graves en el marco del conflicto?, hacia dónde va la guerra contra los cultivos ilícitos luego de que el Ministerio de Defensa anunció que cumplió la meta de eliminar 50 mil hectáreas de coca mediante el sistema de erradicación forzada y qué sigue para los cánticos de la vaquería, la centenaria expresión cultural de los Llanos Orientales que fue declarada por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La captura de Cecilia Rueda Bossa, señalada por la Fiscalía de estar detrás del asesinato de su esposo, Jhonny Orjuela, dueño de la cadena de comercio de alimentos Surtifruver, le dio un giro a esta investigación por este crimen, que sacudió a los bogotanos en octubre del año pasado. Inicialmente, las evidencias señalaban como responsable a Mauricio Parra, socio de la víctima, pero luego las indagaciones terminaron por enredar también a la mujer, quien habría tomado la decisión de asesinar a su esposo porque este planeaba separarse para formalizar la relación sentimental que sostenía hace varios años con una de las empleadas de su empresa. Ahora no se descarta que otra persona allegada a este entorno también sea involucrada en el caso. ¿Qué condena podría afrontar Cecilia Rueda en caso de ser hallada culpable? Además, en esta edición de ‘Al Cierre’, con Andrés Mompotes, cuál es el impacto del artículo que envía a la justicia ordinaria todos los casos de delitos sexuales en los cuales hayan incurrido los miembros de las Farc, el cual fue aprobado en el último debate de la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), qué trae el nuevo episodio del podcast ‘La Grabadora’, realizado para reconstruir los dramáticos hechos que hace un año terminaron con el accidente del avión que transportaba al equipo de fútbol Chapecoense, en Antioquia, y ¿Cuáles son las apuestas musicales sobre los ganadores del premio Grammy anglo luego de conocerse los nominados, entre los cuales están varios artistas colombianos?
La confesión del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol ante una corte federal de Estados Unidos no solo terminó por enredar a los expresidentes de las federaciones de Perú, Manuel Burge, y de Paraguay, Juan Ángel Napout, en presuntos hechos de corrupción y supuesto lavado de activos, sino que abrió nuevos frentes de investigación. Bedoya señaló también que los organizadores de la candidatura para el mundial de Qatar 2022 les ofrecieron entre 10 y 15 millones de dólares a él, a Luis Chiriboga, de la federación ecuatoriana, y a un tercer dirigente a cambio de su apoyo. Además, denunció que una multinacional de ropa deportiva le ofreció un soborno para quedarse con el patrocinio de la selección Colombia, lo que no se concretó nunca. Esa firma nunca entró a ser patrocinador del equipo. Qué pasará con los nuevos mencionados. Además en esta edición del podcast ‘Al Cierre’, con Andrés Mompotes, ¿Cuál es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 3 días de que finalice la vigencia del Fast Track en el Congreso?, cómo ponerse al día con la Dian si usted no presentó a tiempo su declaración de renta y en el segmento final, Lo Que Viene, qué sedes está buscando la selección Colombia en Rusia para afrontar el mundial del 2018 y cuáles son los últimos detalles de preparación para el sorteo de los grupos, el cual se realizará el próximo viernes a las 10 de la mañana.
Un nuevo sacudón político se desató en el país por cuenta de que la Fiscalía General de la Nación decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que evalúe al material probatorio que salpica a otros tres congresistas en el caso Odebrecht: Armando Benedetti y Musa Besaile, que según los testimonios y pruebas documentales habrían favorecido a Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica del año 2012, y Álvaro Ashton por la adjudicación del contrato de adición de la vía Ocaña-Gamarra. En el primero de estos dos casos, en los cuales se indaga por un presunto pago de 2 millones de dólares a miembros del Congreso, también fueron mencionados los congresistas Bernardo Elías y Antonio Guerra. La Corte debe evaluar ahora las pruebas y decidir si toma decisiones contra estos políticos justo en la antesala del inicio de la campaña electoral para el Congreso del 2018. ¿Cuál es el efecto jurídico y político de esta decisión de la Fiscalía? Además, en esta edición de ‘Al Cierre, con Andrés Mompotes’, ¿Qué expectativas se abren para la economía colombiana luego de conocerse el dato de que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2 por ciento en el tercer trimestre?, qué consecuencias tuvo en el Congreso, donde se realizan las votaciones para reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fallo de la Corte Constitucional que dio su aval a la ley que da vida a ese sistema excepcional que servirá para juzgar a los miembros de las Farc desmovilizados, y definidos todos los equipos que asistirán al Mundial de Rusia en el 2018, qué viene para la selección Colombia en el sorteo de los grupos de la primera ronda ¿Cuáles son las posibilidades de la selección nacional ahora que no será cabeza de grupo, como lo fue hace cuatro años en el Mundial de Brasil?
La fórmula de acuerdo a la que llegaron el Gobierno y la bancada conservadora en el Senado para destrabar la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó a generar discusión sobre si los tiempos previstos en la iniciativa alcanzarán para que los jefes del partido Farc que resulten elegidos, en las próximas elecciones parlamentarias, empiecen a ser procesados por los jueces antes de posesionarse el 20 de julio del 2018. El artículo pactado con los conservadores, sin cuyos votos era poco factible sacar adelante el proyecto de ley, dada la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical, establece que los excombatientes se pueden presentar a las elecciones del 11 de marzo próximo y que luego de ser electos deben esperar a que se conformen los tribunales de la JEP, ante los cuales deben comparecer antes de posesionarse. ¿Se logrará que los tribunales estén funcionando a tiempo para poder procesarlos? ¿Esta fórmula resuelve las quejas de que los exguerrilleros llegan a ejercer la política sin pasar por la Justicia? Además, en esta edición de ‘Al Cierre, con Andrés Mompotes’, ¿Qué impacto tiene la teoría de Stephen Hawking sobre el hecho de que La Tierra sería inhabitable en 600 años?, cuál es la importancia de la elección de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, cuya conformación ha generado malestar entre los militares retirados, y ¿cuál será la estrategia de Néstor Pékerman, el técnico de la selección Colombia, en el partido de mañana contra Corea del Sur, el cual le permitirá ensayar una nueva estrategia de cara al Mundial de Rusia el próximo año?
Conozca la voz detrás de este especial periodístico que pone la lupa sobre la historia de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc), un grupo paramilitar que después de dejar miles de víctimas no se acogió al proceso de Justicia y Paz con los demás grupos ‘paras', y hoy, 12 años después, pide ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las Acc, también conocidas como ‘Los Buitragueños', delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz. La JEP puede ser una oportunidad para que cientos de familias de víctimas de desaparición forzada en Casanare, puedan por fin saber la verdad.Conduce Juan Gómez. Coordina Oscar Parra
El regreso de los actos de terror a suelo estadounidense dispararon las alarmas de ese país, que intentan confirmar si hay extremistas islamistas detrás de lo ocurrido en Nueva York, donde un conductor arremetió con una camioneta contra ciclistas y peatones, dejando un saldo de ocho personas muertas y alrededor de 15 lesionadas. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que se trata de un acto cobarde de terror y ahora la pregunta es qué consecuencias tendrá sobre las medidas de seguridad de este metropolí que simboliza el poder económico de Estados Unidos. Además, en esta edición de ‘Al Cierre, con Andrés Mompotes’, por qué se viene un camino tortuoso en el Congreso para el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerado el punto clave de las reformas que se deben aplicar tras los acuerdos de paz con las Farc, ¿Qué le espera a alias Karina, la temida jefe de la guerrilla, para alcanzar su libertad definitiva tras cumplir su condena en prisión? Y qué novedades trae la nueva versión del Apple Watch, que está próximo a llegar a las tiendas colombianas.
Hoy en CAP Radio, analizamos la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz y los sucesos en torno al reciente atentado que sucedió el lunes 2 de Octubre en las Vegas, Nevada donde resultaron al menos 59 muertos.
El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, reiteró que es cierto que las Farc vetaron al senador Germán Varón Cotrino para que no sea ponente del Proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).See omnystudio.com/listener for privacy information.