Puntos de vista

¿Las normas en la gestión de recursos públicos deben autorizar o disponer?El Contralor Nelson Shack considera que se debe asignar una proporción de los presupuestos institucionales de los tres niveles de gobierno para fortalecer el sistema de gestión de riesgos de desastres. De esta manera, el Sistema Nacional de Control podrá verificar el cumplimiento de la disposición e imputará las responsabilidades correspondientes.

El contralor Nelson Shack expresó que las obras por administración directa son alternativas legítimas para los gestores públicos, pero que esta modalidad no debe aplicarse para realizar obras como hospitales, colegios o importantes vías porque la gestión regional y local no cuentan con la capacidad logística ni profesional para hacerse cargo de esas intervenciones. Nelson Shack Yalta Contralor General de la República

El contralor Nelson Shack señalo que el país no está preparado para afrontar el fenómeno del Niño Global u otra emergencia porque las autoridades aún no concretan los planes para identificar y reducir los riesgos. Sin embargo, confía que se activen los planes para mitigar y enfrentar eficazmente todo aquello que pudiera afectar el bienestar del país.

El General Nelson Shack señaló que la labor de auditor requiere de profesionales altamente capaces y competentes, y con autonomía para señalar riesgos e identificar las responsabilidades por el perjuicio generado al país.

Contralor Nelson Shack reflexiona sobre la deficiente capacidad de respuesta del Estado en sus tres niveles de gobierno: sistemas de control interno que no funcionan y servidores públicos poco idóneos para gestionar y tomar decisiones que a pesar de las alertas de la Contraloría General, emitidas mediante nuestras intervenciones de control simultáneo, para que los errores detectados en obras, bienes y servicios se corrijan a tiempo, no lo hacen, dejando que los errores se conviertan en horrores irreparables, como la pérdida de una vida.

El contralor Nelson Shack sostuvo que no es momento de desviar la mirada de lo realmente importante para el país ante la inminencia del Niño Global. El Estado debe ser eficiente y estar preparado para evitar pérdidas humanas y millones de soles en infraestructura.

Contralor Nelson Shack analiza la problemática y aspectos revelados por el control gubernamental en relación a las contrataciones públicas en el país.

El contralor Nelson Shack advirtió que la indolencia de quienes, a pesar de contar con los recursos para prevenir y atender situaciones de emergencia, como la epidemia del dengue, mantienen las mismas condiciones de improvisación, nula prevención, desabastecimiento y falta de respuesta, a pesar de las constantes recomendaciones de la Contraloría.

La corrupción y la inconducta funcional nos robó a todos los peruanos y peruanas S/ 24 419 millones en el 2022, es decir, 156 millones de soles más, en comparación al 2021, de acuerdo a estimaciones de la Contraloría General.

El contralor Nelson Shack sostuvo que se requieren mayores incentivos, controles y sanciones para ejecutar los recursos públicos en beneficio de las personas con discapacidad en el país.

El contralor Nelson Shack sostuvo que el funcionario o autoridad que incumpla sus funciones en situaciones de emergencia, y deje de resolver los problemas de la ciudad o de atender a la población será sancionado ejemplarmente, ya que la Ley 31288, establece hasta la inhabilitación para ejercer en el Estado.

El contralor Nelson Shack sostuvo que la simplificación administrativa es un pilar del proceso de la calidad regulatoria, que se orienta a eliminar obstáculos y costos innecesarios para la sociedad derivados del inadecuado funcionamiento de la administración pública.

El fenómeno del Niño costero del 2017 ocasionó que 143 personas perdieran la vida; dejó más de 231 mil damnificados, 1 millón 129 mil afectados, y el colapso de 25 mil 700 viviendas, entre otros múltiples daños a la economía y al desarrollo no solo en 13 departamentos afectados directamente, sino en todo el país. Hoy, seis años después, nuevamente tenemos que lamentar la muerte de 67 peruanas y peruanos por una nueva temporada de lluvias, totalmente previsibles. ¿Podemos hablar de oportunidad o más bien es un nuevo fracaso del Estado en brindar obras de calidad en prevención a la ciudadanía?

El contralor Nelson Shack pide reflexionar sobre la necesidad de crear un Ministerio de Infraestructura que adopte decisiones al más alto nivel y que concentre competencias en diversas y amplias materias para resolver los problemas operacionales y que concrete con eficacia las inversiones públicas

El contralor Nelson Shack analiza las consecuencias de la corrupción y la inconducta funcional en el país, y advierte que nuestros hermanos del sur son los más afectados, perdiendo en términos monetarios, más que nuestros hermanos del norte y del centro.

El contralor Nelson Shack advirtió que sin autonomía, el trabajo de fiscalizar el uso de los recursos públicos se vuelve intrascendente pues no se podrá garantizar su objetividad ni imparcialidad y, por tanto, no será útil en la lucha contra la corrupción.

El contralor Nelson Shack advirtió que un tercio de las contrataciones públicas se realizan al margen de la Ley de Contrataciones, es decir, son contrataciones iguales o menores a las 8 UIT, que no tienen competencia, pluralidad de postores, transparencia ni publicidad.

El contralor Nelson Shack explica la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El contralor Nelson Shack afirma que el país necesita espacios de diálogo y concertación inclusivos, libres de ideologías políticas y de conflictos de interés, que conduzca a la gestión de medidas efectivas, por ello, el fortalecer el mecanismo de presupuesto participativo puede ser parte de una solución a la actual crisis.

La corrupción es el problema estructural más importante que tiene nuestro país y que se ha venido acumulando desde hace siglos. Está en la raíz de las crisis sociales y políticas que vivimos hoy en día.

La corrupción, pobreza y la ineficiencia en el gasto público por parte de las entidades son algunas de las causas del descontento social, y que es aprovechado por azuzadores para promover la violencia.

La preocupación de quién controla a la Contraloría ha sido una constante en la historia del control gubernamental. En el caso del Perú, quien controla a la máxima autoridad del sistema nacional de control es quien lo eligió: el Congreso de la República

La reforma estructural que iniciamos formalmente en 2018 terminará en los próximos dos años. Podemos asegurar que ahora el Perú cuenta con un sistema de control gubernamental más eficiente, eficaz y transparente, que genera resultados concretos, visibles y valorados por la ciudadanía. Un sistema de control capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción y la inconducta funcional.

¿Corrupción o ineficiencia? Ambos. Esa es la fatalidad del Estado peruano hoy en día. Si consideramos solo la corrupción proveniente de los procesos de contratación pública que generan una pérdida patrimonial de los recursos públicos, la relación entre ambos fenómenos es clara. Todo acto corrupto está directamente relacionado con la ineficiencia.

Después de casi 20 años de vigencia de la Ley de Presupuesto Participativo en el Perú, este proceso social y económico se ha deteriorado significativamente. Por ello, al iniciarse nuevas gestiones regionales y locales es prioritario emprender cambios sustanciales que garanticen efectividad a los mecanismos de participación ciudadana, pero también, de rendición de cuentas por parte de las autoridades, que contribuyan a recobrar nuestro tan golpeado Estado constitucional y democrático de derecho.

Ante esta crisis nacional, la Contraloría impulsa reuniones con las autoridades electas, para compartirles información relevante sobre el estado de las obras, inversiones y del control gubernamental en sus regiones, provincias y distritos, con la finalidad de que lleguen preparadas al 2023.

El Observatorio Nacional Anticorrupción está al servicio del país como una herramienta para el estudio y comprensión del comportamiento de la corrupción y la inconducta funcional, que contribuirá a la generación de reformas y políticas públicas para la lucha y prevención de este flagelo social.

Contralor Nelson Shack afirmó que las nuevas autoridades que asumen la gestión en los gobiernos regionales y municipalidades 2023-2026 deben ser gestores que dirijan la buena gobernanza y el desarrollo en sus jurisdicciones.

Contralor Nelson Shack invoca a los electores a informarse sobre los candidatos/as a las ERM 2022 antes de emitir su voto. "No es momento de improvisar ni de decidir sin analizar los factores que hacen a una o un candidato el más idóneo para gestionar los recursos de todos. El país nos demanda responsabilidad y compromiso. En nuestras manos está el futuro de las regiones y municipalidades del país por los próximos 4 años".

Tema: El costo de prometer

En estas elecciones, tú tienes el control Por Nelson Shack Yalta Contralor General de la República El próximo 2 de octubre, más de 24 millones de peruanos participaremos en los comicios electorales para el funcionamiento descentralizado del Estado en nuestras regiones, provincias y distritos, en los que elegiremos a las autoridades que administrarán los recursos públicos y gestionarán la provisión de bienes, servicio y obras los proyectos en obras y servicios por los próximos cuatro años. No hay que olvidar que de los más de 40 mil millones de soles que anualmente el Estado peruano gasta en inversiones, mas del 57%, es decir, más de 23 mil millones están a cargo de los gobiernos regionales y municipales. Debido a la reciente experiencia en nuestras localidades, es importante estar adecuadamente informados para emitir un voto responsable, sabiendo que de ello dependerá el futuro de las ciudades y comunidades donde vivimos. Si conocemos el perfil personal, profesional, los vínculos empresariales o incluso los antecedentes policiales y penales de un candidato, podemos tomar mejores decisiones. Y es que hoy en día el poder de la información está en nuestras manos. Con un solo clic accedemos a gran cantidad de información, incluso sistematizada. Porque cada vez es más frecuente hablar del big data, analytics business, artificial intelligence, el aprendizaje de las máquinas, entre otros sistemas que analizan, interpretan e integran información que es utilizada por instituciones y empresas, y que es puesta a disposición del ciudadano. Ahora, no tenemos excusa para decir que no pudimos informarnos a tiempo. En ese camino, para las próximas elecciones regionales y municipales de este octubre, la Contraloría General pone a disposición de los electores la plataforma informativa En estas elecciones, tú tienes el control, que es resultado de la sistematización y análisis de información que dispone esta entidad fiscalizadora superior, mediante la cual los convocamos a que se informen, alerten y se comprometan con el país. Infórmense porque tendrán acceso a las declaraciones juradas de los candidatos sobre sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros; y si fueron funcionarios públicos, podrán conocer sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas e incluso saber si fueron incluidos, como parte de una investigación, en algún informe de control. Alerten, porque cuando observe que una entidad o autoridad pública está destinando o haciendo uso incorrecto de los fondos públicos para fines electorales o en favor de algún candidato, la ciudadanía, a través de este portal, puede informarlo directamente a la Contraloría. Y a los funcionarios y servidores públicos les digo comproméntanse, porque al igual que la ciudadanía, todo trabajador del Estado debe proteger los principios que emanan del servicio público, por eso también impulsamos los tips de control electoral, que pueden devenir en alertas que promuevan los funcionarios y servidores cuando observen el mal uso de recursos y bienes públicos, con un propósito electoral. La plataforma En estas elecciones, tú tienes el control estará accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, no hay excusa para no estar conectados, informados y enlazados a las diversas plataformas públicas y privadas que promueven el voto informado. Deebemos ser responsables de a quien confiamos la representación y administración de nuestras provincias, distritos y regiones. Y como ciudadanos, además de votar, debemos permanecer vigilantes, ya que los recursos y bienes a cargo de cualquier entidad o servicio público, por ninguna razón, pueden impulsar o apoyar alguna candidatura o a las organizaciones políticas. Desde la Contraloría General, convocamos el compromiso de todas y todos los ciudadanos para informarse y alertarnos a través de esta plataforma informativa En estas Elecciones, tú tienes el control. No es

Transparencia y control social en las próximas elecciones Por Nelson Shack Yalta Contralor General de la República A tres meses de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales, en las que decidiremos a quienes confiamos la administración y gestión de nuestras 25 regiones, 196 provincias y 1694 distritos, los ciudadanos y ciudadanas de todo el país tienen que informarse apropiadamente sobre los postulantes de su preferencia para ejercer su voto de manera responsable, iniciando así la efervescencia electoral. Y es que el 2 de octubre, como todos sabemos, más de 24 millones de peruanas y peruanos tendremos el derecho y deber de elegir a más de 13 mil autoridades entre ellas: 25 gobernadores regionales; 25 vicegobernadores; 342 consejeros regionales; 1890 alcaldes provinciales y distritales y a sus 10 mil 750 regidores, quienes administrarán y gestionarán los recursos públicos destinados a obras y servicios que beneficien a nuestras ciudades y comunidades. Por lo tanto, es necesario para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, que todos estemos oportuna y correctamente informados sobre quiénes son los postulantes a las próximas elecciones; las cuales, por cierto, le costarán al presupuesto público casi mil millones de soles. Otra razón más para no despilfarrar estos recursos y emitir un voto informado, reflexivo y responsable. Estos comicios marcarán un hito en la historia de la república, ya que por primera vez las candidatas y candidatos válidamente inscritos deberán, de forma obligatoria, presentar su Declaración Jurada de Intereses de carácter preventivo, como establece la Ley 31227. Esta exigencia aboga a la transparencia y responsabilidad de quienes pretenden dirigir y gestionar los servicios públicos en sus territorios y jurisdicciones territoriales, ya que las y los postulantes deben informar sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros para que la ciudadanía participe del control social, y así evitar conflictos de intereses que pudieran afectar el desempeño de las próximas autoridades elegidas. Ante este nuevo mandato legal, la Contraloría General asume nuevamente el reto de recibir y transparentar las declaraciones juradas que se presenten. Por ello, a partir de agosto pondremos a disposición de las candidatas y candidatos inscritos formalmente, la plataforma virtual del Sistema de Declaraciones Juradas de Conflictos de Intereses en nuestro portal web, para que cumplan con esta importante responsabilidad ante el país, sus comunidades y, por su puesto, ante sus electores. El país, más que nunca, necesita transparencia e idoneidad de quienes buscan administrar los recursos de todas las peruanas y peruanos; por ello, la declaración oportuna de su información personal -para que los electores puedan conocer y, en base a ello, emitir un voto a conciencia-, demostrará la apertura a la transparencia, así como el respeto y el cumplimiento de las reglas electorales.

La corrupción no da tregua Por Nelson Shack Contralor General de la República Estamos llegando a niveles insostenibles de corrupción, con casos tan evidentes que no sienten vergüenza quienes los cometen. Corrupción es contratar a empresas de familiares y amigos para beneficiarlos con millonarios contratos; corrupción es recomendar a familiares aprovechando el cargo que se ocupa; corrupción es mirar a un costado cuando se conoce de una irregularidad en lugar de denunciarla. La corrupción se hace más fuerte cuando una autoridad o funcionario no sabe gestionar o no sabe tomar decisiones ni disponer acciones, y el país es quien sufre tremendamente las consecuencias. De acuerdo a Transparencia Internacional, en el 2021 subimos al puesto 105 en el índice de percepción de la corrupción de 180 países analizados en el mundo. Informe que también revela que la disminución en la lucha contra este flagelo, socava la democracia y permite que el autoritarismo avance. Nuestros reportes también evidencian esta problemática, ya que en el 2019 revelamos -tras un estudio realizado por primera vez en el país- que el Perú habría perdido por la corrupción y la inconducta funcional más de 23 mil millones de soles. En el 2020, en plena pandemia y cuando el país debía estar más unido que nunca para enfrentar una enfermedad que atacaba a todos por igual, sin distinguir raza, credo o condición social, la corrupción y la inconducta funcional no se amilanaron y causaron perjuicios por más de 22 mil millones de soles. Para entender mejor la magnitud de lo perdido y el daño ocasionado a toda la población peruana, podemos señalar que con el dinero que se pierde por la corrupción y la inconducta funcional se habría podido construir dos carreteras centrales, cada una de 4 carriles, con puentes, viaductos y úneles, similar al proyecto de la nueva carretera central o, alternativamente, se hubiera podido construir 50 hospitales totalmente equipados o más de 1600 nuevos colegios. Lamentablemente un nuevo estudio realizado confirma que en el año 2021 la pérdida ha crecido. Y es que, en dicho año y de acuerdo a nuestras estimaciones, el Perú habría perdido más de 25 mil millones de soles, siendo Huancavelica, Apurímac, Ucayali, Moquegua y Junín, las regiones perjudicadas que lideran este ranking nefasto; mientras que en términos absolutos -vale decir en millones de soles perdidos- Piura, Arequipa, Junín, Áncash y La Libertad, encabezan el ranking de regiones con mayor perjuicio económico extrapolado. Esta situación se refleja en los niveles de pobreza monetaria 2021, que revelan que un cuarto de la población del país es pobre. La corrupción lamentablemente nos está ganando la batalla, y la crisis política que estamos afrontado, con cinco presidentes de gobierno y 13 gabinetes ministeriales en solo seis años, profundiza aún más su crecimiento. A ello se suma que tenemos un país dividido, ya que vemos continuos conflictos sociales que se gestan principalmente en las provincias. En el 2021 se registraron 171 protestas y en lo que va del 2022 estas se han incrementado a 360. Quisiéramos tener la vacuna contra corrupción, la solución a esta enfermedad social, y poder darle la cura a nuestro querido Perú, sin embargo, no podemos solos. Esta lucha demanda el compromiso y la participación del Estado en su conjunto. Desde la Contraloría, planteamos constantemente nuevas estrategias anticorrupción, incluso con apoyo de la tecnología digital; buscamos y recibimos apoyo del control social; desplegamos megaoperativos de control con intervención simultánea y masiva de auditores en las entidades públicas de las regiones, de los tres niveles de gobierno; sin embargo, repito, no podemos solos. Por ello, es indispensable avanzar -además de la reforma del control gubernamental-, en aspectos fundamentales para el Estado como son las reformas: política, del sistema de justicia, del servicio civil y en la mejora de la calidad regulatoria y simplificac

¿Qué estamos haciendo para tener un país más limpio? La regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, expuesta por primera vez en el 2004 durante la Cumbre del G8, plantea desarrollar hábitos en la población para el consumo responsable y el manejo de residuos, que contribuyan a reducir los niveles de contaminación en el mundo. Pero ¿cuánto de estas prácticas han generado efectivamente políticas públicas en nuestro país? Parece que muy pocas. Actualmente el Perú genera más de 21 mil toneladas de residuos, siendo Lima el mayor generador de basura con más de 18 mil, que van a parar a los cuatro rellenos sanitarios formales que hay en la ciudad capital. En total, los 65 rellenos sanitarios existentes a nivel nacional captan solo el 45% de los residuos que se generan en todo nuestro territorio, el resto, es decir, un 55% de basura va a parar a los 1637 botaderos ilegales que aún siguen funcionando y contaminando nuestro país y el planeta, y esto incluye lagos, ríos y lagunas. Además de ello, preocupa saber que, de acuerdo al Minam, hay un déficit de 190 vertederos oficiales; solo como ejemplo, Arequipa y Tacna no cuenta con un relleno sanitario en pleno siglo XXI. Y estos botaderos han ocasionado la pérdida de 2191 hectáreas de terreno, que equivale aproximadamente al distrito de San Juan de Miraflores, y que hemos convertido en tierra infértil. Sin embargo, de acuerdo al Minam, 30 de los 1637 botaderos ilegales, aún pueden ser reconvertidos para tener un área de disposición final de residuos de manera formal. Ante esta problemática, y con las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, que darán paso a la renovación de 25 gobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1693 distritales, realizamos el operativo de control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, a fin de coadyuvar a que este servicio, que es esencial para las municipalidades, esté adecuadamente planificado para el año 2023, y así garantizar la sostenibilidad para el siguiente mandato regional o local. Los resultados de este megaoperativo nos dan una radiografía de la grave situación que enfrenta nuestro país a diario, evidenciando que casi 700 municipalidades presentan riesgos en el servicio de limpieza pública como: acumulación de basuras en las calles en 473 municipios; inexistencia de ordenanzas que regulen la supervisión de los residuos en 295 municipios; y se carecen de instrumentos o planes de gestión de los desechos en 265. Asimismo, más de la mitad de las municipalidades del país registran morosidad en el pago de los arbitrios del 2021, lo cual evidentemente limita el financiamiento, sostenibilidad y calidad del servicio de limpieza pública. Grave es también constatar que en el 71% de los gobiernos locales no se ha verificado que los obreros que brindan este servicio cumplan los exámenes médicos que garantice un buen estado de salud ante las enfermedades a las que están expuestos todos los días. En el 55% de municipios, los trabajadores no tienen vacuna antitetánica, mientras que en el 63.9% no cuentan con seguro complementario de trabajo de riesgo; y en el 12.8% de municipios, los obreros no han sido vacunados con la dosis completa contra la covid-19. También es preciso tomar en cuenta que la Ley 31254 que prohíbe la tercerización de trabajadores en la gestión de sus residuos sólidos en las municipalidades, regirá a partir del 8 de julio de este año, y ello obliga a las entidades locales a adecuarse y prepararse para antes de esta fecha. Tener un país limpio es tan importante como el acceso a agua potable. La contaminación afecta directamente nuestra salud física y mental y aumenta las tasas de mortalidad y la morbilidad de muchas enfermedades. Las elecciones regionales y municipales están a la vuelta de la esquina, por ello, debemos exigir a nuestras actuales autoridades garantizar la adecuada planificación del servicio para el 2023 fin de contribuir a tener un país limpio el siguiente año.

Hace dos años, el 15 de marzo del 2020, en el Perú se dispuso el estado de emergencia por el inicio de la pandemia, y pese a las medidas de aislamiento social obligatorias, los contagios masivos no pudieron evitarse, causando a la fecha más de 212 mil muertos y más de 3 millones y medio de personas contagiadas con la covid-19. Al día de hoy, lejos de lo que pensábamos, la pandemia no ha terminado. Recientemente, China dispuso el confinamiento de la ciudad de Shanghái de 25 millones de habitantes, muy cercana al número poblacional del Perú. Así, podemos ver que no estamos libres de contagiarnos y que no es posible determinar en qué porcentaje nuestro cuerpo resistirá la enfermedad; por ello, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Nuestro país ha invertido millonarios presupuestos en la compra y disposición de vacunas. Al inicio era evidente el interés y el compromiso de la población por inocularse para protegerse del coronavirus, y ese mismo propósito lo compartían los medios de comunicación, la sociedad civil y especialmente las entidades públicas, cuyas estrategias llamaban a la ciudadanía a cuidarse y proteger a los suyos del covid-19. Ahora, tras dos años de pandemia se ha dispuesto por fin la flexibilización en el uso de mascarillas, el retorno presencial a las oficinas de los trabajadores vacunados; y los colegios ya pueden operar con aforo al 100%. Estas son medidas positivas para retornar a la normalidad, pero vemos con preocupación que las estrategias de sensibilización y la repuesta de la población por vacunarse se han desacelerado paulatinamente. De acuerdo a los registros del Minsa, a marzo de este año, de los 32 millones de personas que deben inmunizarse en el Perú, el 86.9% ha recibido la primera dosis. Esta cifra baja a 78.4% en la segunda dosis, y solo el 36.3% cuenta con la tercera dosis. Adicionalmente a esta problemática, y como resultado de nuestras acciones de control, evidenciamos que las vacunas se mantenían en los almacenes o eran distribuidas a las sedes de salud faltando pocos días para su vencimiento, ocasionando que miles de vacunas fueron desechadas sin ser inoculadas a la población de San Martín, Tacna y Madre de Dios. De igual forma, alertamos que más de cuatro millones de vacunas iban a vencer el 31 de marzo y el 30 de abril sin usarse, por lo cual recomendamos inmediatas medidas correctivas para evitar la pérdida. No cabe duda que pronto retornaremos a la normalidad, y por ello, es de prioridad que el Estado y todos los actores involucrados, asumamos con interés y compromiso el proceso de vacunación de toda la población del país. Ello demanda no solo el esfuerzo del sector Salud, sino de la propia población a lo largo de todo el territorio nacional. No vacunarse en tiempos de pandemia es sinónimo de enfermedad y muerte, y reitero no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. La pandemia no ha terminado.

El mito y la realidad de la fiscalización de consejeros y regidores

Dos años han tenido los responsables de la educación pública para preparar el regreso seguro y provechoso de nuestros niños a clases. Tiempo suficiente para diagnosticar, dimensionar y solucionar los graves problemas de infraestructura y los servicios básicos de las escuelas del país ; para capacitar a nuestros maestros; así como para preparar y disponer de material educativo, de plataformas y servicios de comunicación ; pero también para adoptar las medidas de bioseguridad contra la Covid-19. Aspectos esenciales que las autoridades y los gestores públicos debieron garantizar a los más de 6 millones de escolares que dependen de lo que la educación pública pueda brindarles. Regresar a clases para muchos no será motivador, será más bien una desilusión y la impresión de que el coronavirus no solo les arrebató a sus seres queridos o los alejó de sus compañeros y maestros, y que fue además un huracán que terminó por deteriorar sus ya limitados salones, carpetas, bibliotecas, talleres de trabajo y más. Esta es una de las conclusiones a la que hemos llegado esta semana que presentamos los resultados del operativo “Buen inicio del Año Escolar 2022 ”, realizado a nivel nacional con el concurso de más de 1400 auditores y monitores ciudadanos de control, cuyos hallazgos son la radiografía educativa del país, revelando el gran problema que padecerán nuestros escolares y docentes ante el reinicio de clases presenciales luego de dos años de ausencia , ya que más del 50% de instituciones educativas públicas presentan deficiencias de infraestructura y carencia de servicios tan básicos como luz, agua potable, alcantarillado e internet. Cómo no indignarse cuando más del 50% de instituciones educativas presenten mal estado de los techos, paredes, ventanas, puertas, pisos, lavaderos y retretes, losas deportivas y los cercos perimétricos, cuya función es la de precisamente proteger a los escolares y evitar el acceso de extraños. Peor aún, que las instituciones educativas carezcan de cuadernos de trabajo en un 77%, falta de docentes en un 38%, o que no se disponga de psicólogos en un 85% de los colegios del país, afectando la prevención y tratamiento ante la ansiedad y depresión que pueden afrontar miles de menores luego de dos años de pandemia, o por casos de violencia y acoso entre estudiantes . Lo revelado en este estudio ratifica que los dos años de pandemia no ha merecido la adecuada atención de los responsables de los tres gobiernos que tuvieron la posibilidad de responder a la necesidad de nuestros alumnos. Tiempo en el que paradójicamente se ha gastado el presupuesto público para mantenimiento que hoy no se ve. Reducir la brecha era un mandato, pero al parecer el daño ha sido mayor. No se trata solo de cuestiones materiales sino también del aprendizaje de los alumnos para evitar que estos sean dos años perdidos afectando a toda una generación, condenándolos de por vida. Estos dos años no volverán . Pongamos la mirada en la educación. No olvidemos que los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país, no son menos por no votar en las elecciones o por no marchar o por no participar en el debate político. Ellos son quienes construirán nuestra historia, nuestra identidad porque representan la senda del desarrollo y de nuestro futuro.

Para hacer hay que saber Nelson Shack Contralor General de la República Nadie puede decir que la gestión pública es tarea fácil. Al contrario, está llena de dificultades, de condiciones laborales y profesionales adversas, y contra lo que se piensa, requiere de quienes la ejercen con un sacrificio diario que no es proporcional al reconocimiento que muchas veces se recibe. Pero nadie puede dudar tampoco de su capital importancia para que el Estado cumpla con atender las necesidades de todos los ciudadanos. Toda gestión en el Estado, y concretamente de los fondos del presupuesto público, requiere del cumplimiento de tres condiciones centrales: contar con la capacidad necesaria para su adecuado ejercicio; ser transparentes en todas las actuaciones; y, rendir cuentas sobre metas concretas que permitan medir el impacto de las decisiones y sus beneficios. La legislación -y el sentido común- nos dicen que para desempeñar honestamente una función pública, el primer requisito es tener las capacidades suficientes y adecuadas, de lo contrario, el costo del aprendizaje se lo estaremos cargando a los contribuyentes, y mientras tanto, los servicios del Estado verán mermada su calidad y afectada su oportunidad. Adicionalmente a la capacidad objetiva, está la idoneidad para el cargo, y que está vinculada a las necesarias características éticas y morales de quien lo ocupa. Esta idoneidad será siempre más difícil de medir y calificar, pero no imposible. La falta de compromiso con los principios éticos y valores democráticos, el abuso y agresión a mujeres, el incumplimiento de los deberes de paternidad o profesar credos políticos antidemocráticos son solo algunos temas que no pueden soslayarse al evaluar la pertinencia de una designación. Esta evaluación subjetiva corresponde también al control ciudadano, mientras que la relacionada al cumplimiento de requisitos formales establecidos en los perfiles de puesto y demás normas aplicables corresponde a la Contraloría General de la República. Así, las metas específicas representan para una gestión una manera de comprometerse con la adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía y permiten que todos puedan evaluar el desempeño de los funcionarios y definir las oportunidades de mejora y eventualmente su continuidad. Metas bien definidas permiten medir el valor que se agrega a la gestión pública y representan un ejercicio de honestidad profesional y una muestra de la vocación de servicio. Sin preparación y sin metas se terminará incumpliendo las obligaciones y se incurrirá en falta de transparencia, que es antesala de la corrupción que priva a los peruanos de ver atendidas sus necesidades, ocasionando perversos efectos económicos, sociales y políticos. La gestión del presupuesto y la cosa pública seguirán siendo difícil, pero incumplirá sus metas esenciales si no empezamos seria y decididamente a contar con los profesionales adecuados y un norte definido sobre lo que se debe hacer.

Responsabilidades vs. Sanciones

El último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2021 revela el escaso o nulo progreso en la lucha contra este flagelo en el Perú y a nivel mundial que afecta seriamente la administración pública de los Estados de todos los continentes en plena pandemia por la covid-19, y en el cual nuestro país -como resultado del análisis de 180 naciones del mundo- ha obtenido una puntuación de 36 sobre 100 puntos, lo que refleja que aún persiste una alta sensación de corrupción. La corrupción ha afectado gravemente los cimientos de las instituciones en los tres niveles de gobierno en el Perú, y le ha quitado por décadas muchas oportunidades a nuestras comunidades porque los fondos que deberían usarse para garantizar servicios y bienes a la ciudadanía, terminan en los bolsillos de personas inescrupulosas. Ello hemos podido concluir de las estimaciones realizadas por la Contraloría sobre los perjuicios económicos causados al país por la corrupción y la inconducta funcional del 2020, en el cual el país habría perdido más de 22 mil millones de soles. Además, casos como el revelado por la Contraloría sobre “transferencias fantasmas” nos ha ratificado que existen comportamientos ilegales sostenidos que suscriben funcionarios y servidores públicos y que han permitido la transferencia irregular de más de 35 millones de soles en algunos gobiernos regionales y municipalidades de distintas partes del país a cuentas de personas sin vínculo o servicio brindado al Estado. Otra estadística preocupante es que en los últimos 3 años se ha detectado que, de un total de más de 21 mil funcionarios y servidores públicos con responsabilidad civil, penal y administrativa, a 8 mil se les ha identificado presunta responsabilidad penal, y deberían estar siendo ya juzgados a nivel fiscal y judicial. Esta dramática realidad arrastra el deterioro en la credibilidad y confianza en las instituciones y de quienes la conforman, sumado a la impunidad evidente en muchos casos. La solución a este fenómeno necesita no solo de compromisos sino de medidas concretas que contribuyan a identificar, sustentar y garantizar la sanción de los funcionarios corruptos, y esa línea, respaldamos la iniciativa de reforma constitucional para que la Contraloría, y otras entidades, tenga la facultad de pedir que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios que estamos investigando en los servicios de control. Iniciativa que se da en un escenario en el que necesitamos empezar a ver y analizar a las personas -a los funcionarios, servidores públicos y a su entorno- con evidente participación en casos de corrupción e irregularidades en el manejo de los fondos del Estado. Y para ello, es acertado acceder a información que nos permita calcular el desbalance patrimonial y conocer a dónde se va el dinero perdido y la coima producto del mal uso de fondos públicos. No se trata de acceder a información de cualquier ciudadano, sino únicamente de quienes administren fondos públicos y que estén inmersos en una acción de control. Y esta facultad no debe hacer temer al funcionario honesto y competente, que cumple las normas vigentes para la buena y eficiente administración y gestión de fondos públicos. Porque quien nada debe, nada teme. Recientemente el Pleno del Congreso aprobó en primera votación esta relevante reforma constitucional, y confiamos en que la representación parlamentaria compartirá el sentir de la ciudadanía y reconfirmará también en una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, su apoyo a este mecanismo que permitirá enfrentar y luchar de manera eficaz contra la corrupción y la inconducta funcional.

Hay un tema en el que todos debemos coincidir y trabajar de manera prioritaria: el retorno presencial y seguro de alumnos y docentes a las aulas escolares que el Ministerio de Educación ha anunciado será a fines del mes de marzo. Tras dos años de una ausencia irreparable e irrecuperable en aspectos de aprendizajes, volver a los colegios -y también a las universidades- se hace indispensable si queremos evitar que las nuevas generaciones de jóvenes y adultos tengan menos oportunidades en el futuro y se acreciente aún más las brechas de desigualdad que tiene nuestro país. Según el MINEDU, 245 mil escolares de primaria y secundaria de colegios públicos y privados abandonaron las aulas en el 2020, y de este total, solo el 38.7% se reincorporó en el 2021. Para el 2022, se corre el riesgo que más de 369 mil menores interrumpan sus estudios nuevamente. Por su parte, el Banco Mundial ha advertido que el Perú enfrenta la “peor crisis de educación de los últimos cien años”, y el impacto se verá a futuro, ya que lamentablemente la productividad de los jóvenes disminuirá hasta en un 15%, en comparación con las generaciones que siguen y las anteriores. A nivel mundial, se estima que el porcentaje de niños de 10 años que no pueda leer un texto básico podría llegar al 70% en el caso de los países de ingreso bajo y medio, debido al prolongado cierre de escuelas producto de la pandemia, pero también como consecuencia en nuestro caso de una deficiente gestión educativa que arrastramos hace décadas. Un reciente estudio de alcance nacional que hicimos aquí en la Contraloría General de la República que evaluó el desempeño de la estrategia Aprendo en Casa -en el que participaron más de 125 mil estudiantes de secundaria y docentes de nuestro programa Auditores Juveniles como resultado de veedurías escolares - ratifica las serias falencias y las limitaciones para acceder a la educación estatal en pandemia, incluso advertidas desde el 2020. Así, el último estudio revela que el 56.5% de docentes usarían la aplicación Whatsapp para impartir las clases virtuales, sin embargo, el 44% de los estudiantes encuestados considera que dicho medio le resulta insuficiente para alcanzar un aprendizaje adecuado y, en un 36.9% expresan que sus maestros solo dedican entre 2 a 4 horas al día en brindar clases en vivo a través de la estrategia virtual. Por otro lado, el 44.5% de los docentes encuestados calificó como “regular” el aprendizaje alcanzado por los alumnos. Sumado a ello, las fallas y limitaciones del internet, el principal medio de comunicación para acceder al programa Aprendo en casa, sigue siendo un problema fundamental a enfrentar por los alumnos. La enseñanza virtual o remota seguirá vigente, y los gestores de educación deben mantener el esfuerzo por aminorar las brechas de acceso y deficiencias que su diseño y despliegue han evidenciado estos dos años de pandemia. No debemos renunciar a hacer todo el esfuerzo necesario para fortalecer este tipo de programas, no solo en zonas urbanas sino, sobre todo, en las zonas rurales de todo el país. Los gestores públicos deben tomar con especial atención estas alertas y actuar para reducir la brecha educativa. Hemos perdido dos años, y si bien es indispensable regresar a las clases presenciales y semipresenciales, antes debemos asegurar un retorno eficiente y seguro. Por ejemplo, los colegios tienen que estar adecuadamente dispuestos, no solo en protocolos de bioseguridad, sino en términos de infraestructura, de gestión y planificación educativa; los maestros tienen que estar disponibles y capacitados; el material y equipo educativo también tiene que estar disponible, el mobiliario y los servicios básicos garantizados. Han sido dos años en que la atención en educación ha estado enfocada en la enseñanza virtual, pero también durante los cuales los proyectos de mejora de infraestructura y servicios educativos han debido concretarse para asegurar el retorno adecuado de los escolares.

Diariamente la sociedad peruana reflexiona y cuestiona por qué la corrupción y la inconducta funcional persisten en nuestro país. Se revelan los hechos e identifican a los responsables, pero la respuesta del Estado sigue sin satisfacer a la ciudadanía, sin revertir la sensación de impunidad y más bien terminamos en un inacabable círculo vicioso, en el mismo punto de partida y reflexión. La corrupción es un problema estructural que venimos enfrentando durante décadas, que persiste y daña la confianza, afectando así nuestras perspectivas de desarrollo país. Un actor estratégico para enfrentarla es la Contraloría General, que tiene la responsabilidad de supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Pero no es el único actor llamado a responder con proactividad y firmeza, al estar en juego el bien común y futuro de nuestro país, pues este mal compromete la relación, respuesta colectiva y simultánea de distintos actores de nuestra sociedad. La corrupción no es un problema que toca enfrentar únicamente al gobierno de turno, ni siquiera del Estado en su conjunto, sino de toda la sociedad. Como lo he señalado en diversos foros, únicamente encontraremos una vacuna efectiva contra este virus estructural, que socava los cimientos de nuestra nación, en la medida que impulsemos el ecosistema de control en la sociedad. Un ecosistema integrado por actores enfocados en cuidar y brindar las garantías para enfrenar la corrupción, que funcione de forma cohesionada y simultánea como tal, y no como un ecosistema (débil e individual) que nos llevará a la impunidad. Para hacerlo viable, debemos convocar e impulsar la activación integral del control público que compromete, además de la Contraloría General, al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a los Gobiernos Regionales y Locales, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, así como a la Procuraduría General del Estado; pero también a la sociedad civil, al “compliance” en el sector privado, la academia y los medios de comunicación. Todos debemos asumir esta tarea de largo aliento de manera comprometida, siguiendo valores y objetivos esenciales como lo es hoy la lucha contra la corrupción. El Ecosistema de Control somos todos, solo firmes y unidos pondremos fin al virus de la corrupción. Se revelan los hechos de corrupción e identifican a los responsables, pero la respuesta del Estado sigue sin satisfacer a la ciudadanía La corrupción es un problema estructural que venimos enfrentando durante décadas, que persiste y daña la confianza La Contraloría tiene la responsabilidad de supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Encontraremos una vacuna efectiva contra el virus de la corrupción en la medida que impulsemos el Ecosistema de Control en la sociedad Debemos impulsar la activación integral del control público que compromete, además de la Contraloría General, a otras instituciones del Estado y la sociedad civil.

Hace pocos días conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción, que por su carácter transnacional no es ajeno nuestro país, y ha ocasionado una larga historia de efectos nocivos que han afectado a numerosas generaciones. La corrupción es un fenómeno nocivo que evoluciona significativamente no solo porque coexistimos en una sociedad en donde hay leyes vigentes pero que no funcionan como corresponde, y más bien le siguen dando acceso “exclusivo” a este fenómeno que cada día debilita y empobrece al país. Coexistir en ese círculo no es nuestra opción , y por eso creemos que impulsar el trabajo coordinado y cohesionado del Ecosistema de Control, en donde el Estado, los políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil trabajen de manera organizada, es un paso sustancial. Existen otras políticas y mecanismos vigentes que sirven para responder de manera integral al problema de la corrupción: la integridad y transparencia, como medidas de prevención y disuasivas que contribuyen con efectividad a fortalecer los controles y la vigilancia pública y ciudadana. En la Contraloría General hemos asumido el firme compromiso de impulsar políticas de Gestión Antisoborno y de Integridad y Etica Pública con carácter institucional para fortalecer el control interno, así como vigilar y garantizar el comportamiento ético de todos quienes conformamos el Sistema Nacional de Control. Estas políticas que comprometen a algunas entidades públicas también deben ser la prioridad de todo el aparato estatal en su conjunto y no solo comprometer a autoridades, sino también a funcionarios y servidores en todo nivel de decisión e intervención. Otro aspecto medular para enfrentar la corrupción es la transparencia y acceso a la información en el Estado, como mecanismo estratégico de buen gobierno al alcance de la población para la fortalecer su información, la formación de opinión y la vigilancia ciudadana. Buenas prácticas que se suman a develar y fortalecer el control público y social, que desde la Contraloría impulsamos y seguiremos ampliando y perfeccionando son: las plataformas de información disponibles los 365 días del año que trasnparentan el 100% de los resultados del control; las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas; y a partir de este año las Declaraciones de Conflictos de Intereses que involucran a funcionarios y servidores públicos, que hoy sirven de fuente de consulta e investigación tanto para actores públicos y privados para así responder de manera integral al problema de la corrupción. La integridad y la transparencia en la gestión pública también son herramientas fundamentales para enfrentar, de manera integral, el problema de la corrupción; ello en tanto valoremos la importancia de la confianza y la credibilidad en las instituciones, así como del conocimiento y la información para impulsar el buen gobierno y responder de manera integral a esta problemática. La lucha contra la corrupción continua en nuestro país, y debemos seguir firmes en asumir esta labor con integridad y transparencia si queremos evitar que los peruanos del futuro vean frustradas sus aspiraciones de tener un país desarrollado, que garantice una mejor calidad de vida. No bajemos la guardia.

El control social como aliado del control gubernamental El mes pasado la contraloría recibió con orgullo y satisfacción el Premio Creatividad Empresarial en las categorías de Gestión Pública Nacional e Innovación en Procesos, ambos por el Programa Monitores Ciudadanos de Control, un programa de participación ciudadana para el control gubernamental que creamos en el 2018 para supervisar pequeñas obras en el marco del proceso de reconstrucción con cambios dados los efectos del fenómeno del Niño Costero del 2017 que afectó a decenas de miles de ciudadanos en 13 regiones del país. Los buenos resultados de este programa nos han permitido extenderlo a nivel nacional, y hoy por hoy constituye un eje fundamental del control social con la participación comprometida de más de 16 mil ciudadanos que han sido capacitados previamente en nuestra Escuela Nacional de Control en temas de gestión pública y control gubernamental, como paso previo a la acreditación de la Contraloría General para que conjuntamente con nuestros auditores controlen el correcto uso de los fondos públicos en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Gracias a este programa de voluntariado hemos podido concretar, por citar solo algunos ejemplos, el control a los portales de transparencia y acceso a la información de más de 1500 entidades públicas, comprobando en el 95% de ellas diversos incumplimientos; lo mismo durante la supervisión a la ejecución de obras de mantenimiento de caminos vecinales; así como también en la implementación de medidas de prevención y bioseguridad para evitar el contagio de servidores públicos en sus sedes de trabajo ante la pandemia por la COVID-19. Los resultados de estas intervenciones han sido notificados y publicados en el portal web institucional de la Contraloría General. Los Monitores Ciudadanos de Control, conjuntamente con otros programas institucionales como las Audiencias Públicas “la Contraloría te escucha”, los cursos virtuales “Tú tienes el control”, y el Programa de Auditores Juveniles, promueven la participación ciudadana y el aprovechamiento de esa inteligencia colectiva que existe en la sociedad para juntos trabajar decididamente contra la corrupción y la inconducta funcional, no solo presentando alertas y denuncias, sino trabajando coordinadamente en cada una de las fases del ciclo del control gubernamental. La corrupción no es un problema del gobierno, ni siquiera del Estado sino de toda la sociedad. Únicamente encontraremos una vacuna efectiva contra este virus estructural que socava los cimientos de nuestra nación desde hace décadas y siglos, en la medida que el ecosistema de control en la sociedad funcione, y ello implica que el control público (que incluye el control gubernamental y otros tipos de control como el jurisdiccional, político y demás) haga lo suyo, y que el “compliance” en el sector privado, hago lo mismo y sin duda que el control social se expanda y consolide, fortaleciendo una mayor conciencia ciudadana democrática y menos tolerante con la corrupción. Iniciativas como el programa Monitores Ciudadanos de Control demuestran el compromiso de ciudadanos presentes en las 25 regiones del país, hoy en 192 provincias y 1112 distritos. Para el 2023 confiamos en contar con monitores en los 1678 distritos del país, ciudadanos formados e informados que luchen con nosotros contra la corrupción y la inconducta funcional en sus propias localidades, para bien de sus familias, de sus comunidades y nuestro querido país.

Prevenir mejor que lamentar Por Nelson Shack, Contralor General Hace pocos días el Congreso aprobó la ley que permite expandir el control concurrente a nivel nacional, confiando en que su aplicación contribuirá a mejorar la gestión de proyectos e intervenciones públicas en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Hay suficiente evidencia empírica para afirmar que el control concurrente funciona y es muy rentable social y económicamente. Por eso, hemos impulsado esta iniciativa y saludo la decisión que ha tomado el Congreso de la República. Y otras más podrían ser las razones por las que en el Perú es necesario replantear los enfoques de control, activando lo preventivo como complemento a lo punitivo, vale decir, lo concurrente y no solo lo posterior, cuando el daño ya está hecho. Un reciente informe del INEI sobre la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones públicas 2020 nos muestra que el nivel más bajo de confianza ciudadana está en los gobiernos regionales (10,7%); las municipalidades provinciales (14%) y distritales (14,8%). Precisamente sobre estas instituciones, la Contraloría detecta y recibe los mayores reclamos por obras mal diseñadas, inconclusas y hasta abandonadas, por servicios deficientes en salud, transportes y comunicación, educación, entre otros, que finalmente no cumplen los objetivos para los que fueron realizados, y que, como consecuencia, no terminan de resolver las necesidades ciudadanas, generando más desconfianza y frustración. Se preguntarán, qué utilidad podría tener, en los actuales escenarios que vive el país, el control concurrente. La respuesta es que su fortaleza radica en el acompañamiento simultáneo, preventivo, multidisciplinario, oportuno y célere al gestor público y a la sociedad durante los distintos momentos clave de la contratación y ejecución de un bien, servicio u obra pública. Prevenir es siempre mejor que lamentar. En la práctica, lo que permite el control concurrente es la asignación de un equipo de control que, de manera sostenida, alerta oportunamente sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control, y compromete a los gestores públicos a que adopten las medidas correctivas inmediatas. No se toman decisiones por el funcionario, sino que se le orienta que haga mejor su trabajo. Como resultado, se evita que los funcionarios y funcionarias incurran en irregularidades -que son precisamente las que afectan o perjudican la finalidad de la intervención pública- y se generen posteriormente perjuicios al Estado y graves afectaciones al servicio público con las consiguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales. Aquí dos claros ejemplos de sus beneficios: En el 2020, y en plena pandemia por la Covid19, a la compra y distribución de más de 1 millón de tabletas y contratación del servicio de internet para escolares y docentes del programa Aprendo en casa, cuya inversión ascendía a 930 millones de soles. El control concurrente alertó oportunamente el incumplimiento de los plazos al omitir el MINEDU las condiciones del mercado que se reflejaban en las propuestas y que el postor calificado incumplía la exigencia de la versión requerida en el procesador de las tabletas, además de presentar la propuesta con un plan de datos que no consideraba el compromiso de los operadores de telecomunicaciones para garantizar la conectividad. Así también, este modelo acompañó las obras de infraestructura deportiva que fueron habilitadas con altas exigencias en el cumplimiento de los plazos y efectividad de los servicios contratados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. ¿De qué depende el éxito de la aplicación de la ley que expande el control concurrente aprobada por el Congreso? Del compromiso y la colaboración de todos, particularmente de los gestores públicos para atender y cumplir las recomendaciones que realicen los auditores de la Contraloría respecto a los rie

El “servicio público” está ligado a garantizar la atención de las necesidades de la ciudadanía, y cuando es bien asumido por sus responsables sirve al bien común de todas y todos los peruanos. En la Contraloría venimos impulsando diversos programas de participación ciudadana que aportan a ello, permitiéndonos ampliar el panorama de aspectos neurálgicos para la ciudadanía que también deben captar la atención y respuesta de la administración pública, del control gubernamental. Uno de ellos son las Audiencias Públicas “La Contraloría te escucha” - muy activa por cierto en plena pandemia por la Covid-19 - que ha convocado a cerca de 30 mil participantes en los últimos tres años. Ciudadanos que no solo expresan reclamos y preocupaciones por obras inconclusas, servicios deficientes en salud y educación, entre otras, sino también propuestas y oportunidades de mejora para su localidad. Son espacios necesarios que la administración pública -respetando nuestra función y especialidad- debiera promover para alentar la expresión de la ciudadanía y reconocer con humildad qué aspectos son de interés y necesarios de impulsar desde sus propias canteras por el bien común de todos. Las audiencias públicas y las jornadas de supervisión que realizamos sostenidamente a las distintas provincias del país, han permitido fortalecer el binomio: control gubernamental y control social, que impulsa iniciativas como la realización de los “Megaoperativos de Control”, que son intervenciones integrales y con enfoque territorial de la Contraloría. Es así que mediante este mecanismo se compromete el despliegue masivo y simultáneo de auditores de distintas partes del país que concentran sus esfuerzos en una sola región y en un período determinado, usualmente 4 meses, para identificar no solo irregularidades y a quienes resulten responsables, sino también para compartir oportunidades de mejora para que los gestores públicos garanticen intervenciones de calidad en beneficio de la población, porque también trasladan en sus componentes el control concurrente y de integridad con el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y gestión en gestores y ciudadanía. Así, en el año 2020 se realizaron cinco Megaoperativos de Control en Cajamarca, Tumbes, Callao, Ucayali y Áncash en los que la participación de la sociedad civil ha estado activa. Como resultado, se concluyeron más de 3 mil servicios de control simultáneo y posterior producto de estas intervenciones, en donde se auditaron más de S/ 9500 millones del presupuesto público ejecutados en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), y se evidenciaron, entre otros aspectos, numerosos hechos irregulares y la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de 1144 funcionarios y servidores públicos, además de las situaciones de riesgo, recomendaciones y los consecuentes perjuicios económicos revelados. En el segundo semestre del 2021, se han iniciado nueve Megaoperativos de Control en: Ica, Piura, Huánuco, Loreto, La Libertad, Ayacucho, Amazonas, Puno y Lambayeque. Para el 2022 los megaoperativos se habrán concretado en todas las regiones del país, con una intervención que compromete la presencia, investigación y resultados del control en las 196 provincias del Perú. A nivel de la historia del control gubernamental en el país, los Megaoperativos de Control son una experiencia inédita, un nuevo modelo de control territorial con la participación ciudadana continua y sostenida, que fortalece y garantiza la presencia del control gubernamental no solo en la capital de las regiones, sino en las provincias y distritos del Perú profundo, a donde ahora se extiende progresivamente el control gubernamental. Para el año 2022 la meta es poder llegar con algún servicio de control a todos y cada uno de los 1678 distritos de nuestro país.

Tema: La incapacidad de gestión tan perjudicial como la corrupción.

Deterioro de la credibilidad presupuestaria El presupuesto público es la herramienta por la que podemos saber de cuánto dinero dispone el estado para atender las necesidades de todos los ciudadanos, conocer, por ejemplo, cuáles son sus ingresos reales y cómo enfrentar las obligaciones dentro y fuera del país. Por su trascendencia, lo aprueba el congreso de la república a través de una ley y lo ejecutan los responsables del gobierno nacional, regional y local. Sin embargo, el presupuesto aprobado por ley es muchas veces modificado por mecanismos normativos de menor rango generando así que al final termine ejecutándose algo distinto de lo aprobado inicialmente. Evidentemente si esta diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado es significativa entonces habrá problemas en las capacidades de planeamiento, programación y ejecución del gasto público, y que en última instancia se van a traducir en una menor calidad y cantidad en la provisión de bienes, servicios y obras para la población. Esto sin duda alguna afecta el desempeño fiscal y, por consiguiente, la credibilidad del presupuesto. En el año fiscal 2020, a nivel del gobierno nacional donde operan 154 pliegos presupuestarios y 368 unidades ejecutoras, se hicieron más de 122 mil modificaciones presupuestarias, por más de 172 mil millones de soles, es decir, el equivalente al 164% del presupuesto originalmente aprobado. En el caso de los 26 gobiernos regionales y sus 553 unidades ejecutoras la cantidad ascendió a 109 mil por casi 28 mil millones de soles, equivalente a 89% del presupuesto originalmente aprobado. Y en el caso de los 1874 gobiernos locales las cifras son 474 mil modificaciones por 44 mil millones de soles, equivalentes al 220% del presupuesto inicial aprobado. Esto significa que en promedio en el Estado peruano una unidad ejecutora hace una modificación a su presupuesto cada día laborable del año. ¿Se pueden imaginar tanto cambio? Si bien se trataba del primer año de la pandemia por la COVID-19, situación no prevista cuando se aprobó el presupuesto para ese año fiscal, la pandemia en realidad, no alcanza a explicar tanto cambio e improvisación. De hecho, si hacemos este mismo ejercicio para el año fiscal del 2019, la situación no es muy diferente. Por ejemplo, si solo consideramos al gobierno nacional, en el presupuesto del sector público 2019 se hicieron 152 mil modificaciones presupuestarias por más de 86 mil millones de soles, equivalente al 87% del presupuesto originalmente aprobado, es decir, prácticamente otro presupuesto. En el de 2018 se hicieron más de 120 mil modificaciones y en el 2017 fueron más 123 mil cambios. Si queremos mejorar en realidad la capacidad de ejecución de la inversión pública y evitar que el estado peruano siga siendo incapaz de gastar no más de dos terceras partes del presupuesto originalmente aprobado y que se concreten los gastos e inversiones para los cuales se asignaron los recursos, claro está con pocas desviaciones coyunturales, se requiere entonces ordenar mejor la programación presupuestaria y limitar la amplia capacidad que se tiene de hacer estos cambios en el presupuesto. Mejorar esta situación es tarea del Congreso que ahora discutiendo la Ley de Presupuesto para el Año 2022. Tenemos que asegurar que las obras en ejecución no se detengan por falta de presupuesto, producto de modificaciones presupuestarias efectuadas.

El Estado moderno existe para promover y asegurar el bienestar general de los ciudadanos. Para eso dicta las reglas de juego al que se someten las empresas y las personas y, además, presta servicios que son esenciales para el bienestar de la sociedad. En el Perú, si bien en las últimas décadas hemos visto el emprendimiento de importantes reformas legales, de mayor crecimiento económico y un mayor gasto público, aún no conseguimos que el Estado funcione como los ciudadanos quisiéramos. Al 2020, aún tenemos un 15% de viviendas urbanas expuestas a inundaciones, cerca del 5% de la población sin acceso a agua por red pública, 23% sin acceso al servicio de alcantarillado y un 14% ha sido víctima de un delito en el último año, entre otros datos preocupantes. La debilidad no solo refleja la falta de efectividad gubernamental. Los datos confirman que la negligencia y corrupción son parte de la explicación. La Contraloría ha identificado que alrededor del 12.6% del gasto se pierde por esas razones. La ineficiencia del Estado produce además un grave daño en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Si queremos un Estado orientado al bienestar ciudadano tenemos que promover su mejor funcionamiento, reducir el comportamiento oportunista y negligente de funcionarios y servidores públicos y, por supuesto, atacar la corrupción. La corrupción y la impunidad desaniman además la participación ciudadana en la política y en la fiscalización del accionar de las entidades públicas. La ausencia de la vigilancia ciudadana facilita el desarrollo de actividades delictivas y la creación de estructuras que terminan dificultando el funcionamiento adecuado de la democracia. ¿Por qué? Porque el desinterés y la falta de ciudadanos informados induce a que los malos funcionarios públicos y las malas autoridades electas por voto popular, continúen delinquiendo sin que recibir el rechazo ciudadano. Y cuando una democracia se deteriora, es casi seguro que aumente la corrupción debido al debilitamiento de los controles y contrapesos institucionales, la independencia del sistema de justicia y la restricción de espacios para que la sociedad civil pueda fiscalizar. La corrupción, no solo hace menos eficiente la provisión de bienes y servicios públicos, al inflar los precios o al cobrar sobornos, sino que, además, la necesidad del secretismo de los actos de corrupción induce a crear procedimientos complejos que generan ineficiencias en todo el sistema público, provocando un daño incluso más perjudicial que el soborno mismo. La impunidad es tal vez uno de los factores que más contribuyen a perpetuar los niveles de corrupción e ineficiencia que se observan en la administración pública. La Contraloría, en los últimos 4 años, ha redoblado su presencia a nivel nacional y, aún con la pandemia, produce la mayor cantidad de servicios de control que nunca en su historia (cerca de 27 000 en 2020). Sin embargo, de los 13 262 funcionarios denunciados ante el Ministerio Público por esta Entidad Fiscalizadora Superior entre 2009 y julio 2021, sólo el 4.6% de ellos tienen sentencia, y de este grupo, solo 84 una condena efectiva. Ahora, con la recuperación de la capacidad sancionadora de la Contraloría, nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad se fortalece, ese es nuestro compromiso.

El otoronguismo administrativo Ningún esfuerzo en la lucha contra la corrupción será efectivo y sostenible si hay impunidad, es decir, si no hay sanción ejemplar a los corruptos, tanto en la vía administrativa, civil y penal. La implementación de procesos disciplinarios dentro del sistema de gestión de recursos humanos en el Estado no ha llevado a la sanción ejemplar de malos funcionarios que cometieron graves inconductas funcionales generando perjuicios económicos a la nación, con graves afectaciones al servicio público. Y es que también persiste el “otoronguismo administrativo”, especialmente cuando tanto los “jefes” como los “subalternos” pertenecen a la organización delictiva que está detrás del acto de corrupción y por tanto no existe incentivo alguno a que los primeros sancionen adecuadamente a los segundos. La reciente recuperación de la capacidad sancionadora por parte de la Contraloría es un paso en la dirección correcta, porque reducirá significativamente la impunidad en los casos de corrupción administrativa develados en nuestros informes de control. La escasa efectividad en las sanciones civiles y penales es preocupante porque genera incentivos perversos que conllevan al incremento racional de casos de corrupción. Durante los últimos doce años, en el periodo que va del 2009 a junio del 2021, considerando solo los casos que ha enviado el Sistema Nacional de Control al Sistema de Justicia, como resultado de servicios de control posterior, se ha imputado presunta responsabilidad civil y penal a más de 20,600 funcionarios públicos generando más de 3400 procesos judiciales. Asimismo, se ha postulado la recuperación de los perjuicios económicos sufridos por el Estado, por medio de demandas civiles y reparaciones civiles contenidas en las denuncias penales por casi 5000 millones de soles. ¿Cuántos procesos han concluido? Sólo 396. A nivel de individuos, de los 13,100 imputados en materia penal solo fueron condenados con prisión efectiva 83, de los cuales la mitad está prófugo. Y en materia de reparaciones civiles, los montos sentenciados a favor del Estado en los procesos civiles y penales alcanzan a 84 millones, de los casi 5 mil millones de soles requeridos al sistema de justicia. Así como los recientes avances en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la inconducta funcional, particularmente en el ámbito administrativo, se fundamentan en una profunda reforma estructural del Sistema Nacional de Control, no podemos dejar de mencionar que la reforma del Sistema Nacional de Justicia es un imperativo sin el cuál los esfuerzos en esta lucha no serán sostenibles.

Tema: Respetar los fueros, trabajar en conjunto