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La discusión de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales es, de hecho, la primera gran experiencia de negociación en el nuevo Parlamento, donde el gobierno no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados. ¿Qué aprendizaje deja este intercambio largo y trabajoso entre el oficialismo y la oposicón? ¿Cómo será de ahora en adelante el trámite de las iniciativas del Poder Ejecutivo para que no se bloqueen? Conversamos En Perspectiva con el diputado del MPP Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes.

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle. La exministra de Economía Azucena Arbeleche envió una carta al directorio del Partido Nacional donde critica la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas del año 2024 que el Poder Ejecutivo de Yamandú Orsi remitió al Parlamento el mes pasado. Uno de los principales puntos de discrepancia con el actual equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone refiere a la caracterización del gasto público y el déficit fiscal durante el período 2020-2024. Mientras el Frente Amplio señaló que hubo un “carnaval electoral” en el último año de gobierno de Luis Lacalle Pou, Arbeleche aseguró que “el gasto se mantuvo controlado, fue aprobado con anterioridad y que su aumento se debió principalmente a una inflación más baja de lo previsto”. La exministra defendió en la misiva la gestión de la deuda pública y rebatió la acusación de haber dejado para este año “compromisos ocultos” o irregularidades en el manejo de pagos asociados a obras como el Ferrocarril Central. Según detalló Arbeleche, “las decisiones tomadas fueron registradas adecuadamente y se ajustaron al criterio de caja, el estándar fiscal utilizado tradicionalmente en la contabilidad pública del país”. ¿Qué análisis hacen los tertulianos de los cuestionamientos de la exministra?

Profesionales del derecho advirtieron que el informe que rendirá la comisión técnica designada por el Poder Ejecutivo sobre el derrumbe del Jet Set, no debería ser tomado en cuenta por el Ministerio Público porque, a su juicio, podría comprometer la independencia de la investigación judicial.

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Casilda Echevarría, Miguel Fernández Galeano y Teresa Herrera. *** El gobierno del presidente Yamandú Orsi acaba de llegar a sus primeros cien días. Desde la oposición la mayoría de los dirigentes señalan que en la nueva administración falta un rumbo claro y que hasta ahora ha habido pocas medidas concretas. En cambio, durante el fin de semana el Poder Ejecutivo difundió un comunicado bajo el lema “gobernamos, avanzamos, transformamos”, en el que se destaca más de 40 medidas que ya se adoptaron o están en proceso de elaboración en áreas como salud, educación, economía y desarrollo social. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué deja hasta ahora el cuarto gobierno del Frente Amplio? ¿Qué se puede esperar de él en los próximos meses, cuando se discuta, entre otras cosas, la ley de Presupuesto?

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la aprobación en primer debate del proyecto para reformar la autorización de eurobonos, de las acciones legislativas por el cobro que el AyA hace a la Municipalidad de Paraíso, de los candidatos para la plaza vacante en la Sala Tercera, el nuevo bochorno del diputado Leslye Bojorges, y del manejo de las sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo. Asimsimo, evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las propuestas nuevas de esta semana. 00:00 Intro01:55 Avanza Eurobonos07:38 Problemas de agua en Paraíso 13:16 Candidatos a la Sala III18:17 Nuevos bochornos20:29 La agenda de extraordinarias23:32 Pregúntele a Lucho35:51 Las mejores y peores propuestas de la semana

Noticia: en un plenario legislativo con enormes dificultades para avanzar en sesiones extraordinarias, dada la impericia del Ejecutivo para articular negociaciones, este jueves los diputados aprobaron en primer debate una autorización al Ministerio de Hacienda para colocar $2,000 millones de deuda en eurobonos. El trámite se concretó luego de varias desconvocatorias de la agenda por parte del mismo Poder Ejecutivo. ¿La piedra en el zapato de Zapote? El proyecto de vuelos baratos para viajar a Centroamérica y República Dominicana y el rechazo visceral del oficialismo a esa eventual legislación. Este es un ejemplo más del mal manejo de los tiempos que lleva la administración Chaves Robles -que sigue negándose a designar ministro/a de la Presidencia- en el periodo en el que tiene la prerrogativa y consecuentemente la responsabilidad de conducir la agenda. El resultado ha sido una escasa cosecha de leyes. Los datos duros de las tres legislaturas cumplidas de esta administración demuestran la poca productividad cuando el Ejecutivo tiene el timón: 117 leyes aprobadas en los periodos de extraordinarias versus 347 en las ordinarias. Según el Observatorio del de la Política Nacional (OPNA UCR), el punto es que la conflictividad y la creciente ruptura de canales de negociación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se sigue profundizando. Y si por la víspera se saca el día, con la campaña electoral encima, y la bancada oficialista desconcentrada, las negociaciones serán aún más difíciles. Todo lleva a concluir que Pueblo Soberano sería -a decir de la poderosa jefe oficialista- el finalista para ir a los comicios y no son pocos los que hacen méritos para abordar el vehículo, hasta el punto de dejar la seguridad de plazas en propiedad en el sector público estatal, para granjearse cargos en una eventual futura administración chavista. Para hacer revisión de coyuntura política local conversamos con el investigador principal del OPNA UCR, Alejandro Molina.

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer cinco medidas para atender la situación de los comercios que desarrollan su actividad en los departamentos fronterizos de Brasil. Conversamos En Perspectiva con el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Gustavo Laclau. Hablando en un acto organizado por la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) en Artigas, el ministro Gabriel Oddone adelantó que las medidas sirven para amortiguar la difícil situación en esas zonas del país, pero que no son una solución final. “Los anuncios que vamos a hacer ahora no pretenden resolver todos los problemas, ni pretenden ser una solución que de alguna manera despeje todos los dilemas que la políticas públicas tienen, pero sí pretenden ser el inicio de un proceso de aproximación de parte del Poder Ejecutivo para atacar los problemas de la frontera”.  En primer término, se exonerará en su totalidad el IVA mínimo a los pequeños contribuyentes y se reducirá un 50% de la tasa básica de ese tributo (es decir, se la llevará del 22% al 11%). La medida incluirá a las compras en comercios minoristas de ramos generales que estén localizados a menos de 20 km de un Paso de Frontera (PdeF) y se implementará mediante compras con tarjeta de débito. En segundo lugar, se dará una nueva extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de las terminales de POS para monotributistas y contribuyentes Literal E. La tercera medida consta de una ampliación de la reducción del IMESI de 24% a 32% en la frontera con Brasil. Actualmente rige la rebaja, pero se aumentará en 8 puntos porcentuales la reducción del IMESI, pasando de 24% a 32% del precio de venta al público, cuando el pago se realice con un medio electrónico. En cuarto orden, se determinó “un régimen simplificado de importación” para el que se brindará exoneración total de tributos a la importación de determinados productos. Podrán hacer uso de este régimen especial los comercios minoristas, de ramos generales, ubicados a menos de 60 km de la frontera. El objetivo es que puedan importar libres de todo tributo productos que componen la canasta básica. Por último, habrá una reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos empleos formales que generen las empresas ubicadas a menos de 60 km de un Paso de Frontera en los próximos 12 meses, es decir en el próximo año. La medida se aplicará en los rubros: Industria manufacturera; comercio minorista; alojamiento y servicios de comida; actividades administrativas y de apoyo; artes y entretenimiento y otras actividades de servicio. El costo estimado de este paquete para el Estado es de unos U$S 3 millones al año.

Esta tertulia fue emitida originalmente el 03 de junio de 2005, con Carmen Tornaría, Carlos Maggi y José Claudio Williman y Daniel Buquet, conducida por Emiliano Cotelo. En esta edición el primer tema que se analizó fueron los decretos del Poder Ejecutivo en la lucha antitabaco.

Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria. El Gobierno anticipó el veto a la suba de jubilaciones, así lo decía Guillermo Francos: “Una cosa importante para clarificar es que ninguna ley que salga del Congreso para el Poder Ejecutivo puede generar un impacto fiscal que haga perder el equilibrio. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar”.“Hoy también está todo muy mezclado con una organización política que hay detrás de cada uno de los miércoles. Nosotros tenemos unas imágenes terribles de cómo le pegan a las fuerzas de seguridad y ahora estaba recién mirando una publicación que ellos mismos hacen donde dicen que van a ir como con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas de seguridad. Este es un nivel de preparación y de provocación muy fuerte. El nivel de violencia de estos grupos, todos anarquistas, kirchneristas, todo eso mezclado genera un nivel de violencia enorme”, agregó Bullrich.Lilia Lemoine afirmó: “Que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vos estudias y elegís una carrera tenés beneficios y tenés perjuicios. Si yo estudié una carrera con una salida laboral rápida, ¿era la que yo soñaba? No, no lo era. Pero entonces vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo y la tenés que enfrentarte a la realidad, no a tus sueños o lo que tenés idealizado”.La diputada Nadia Márquez le respondió a Florencia Carignano en la sesión de Diputados: “Hartas estamos ¡Hartas! No tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de la libertad avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato, déjense de joder, loco”.Noticias del jueves 5 de junio por María O'Donnell y equipo de De Acá en Más por Urbana Play 104.3 FMPatricia Bullrich dijo: “Hay un grupo de gente que está con los temas de toda la limpieza y que se está haciendo en torno a las falsas discapacidades, no a aquellos que tienen una discapacidad. Estos son los que están manifestando por el tema de las pensiones de discapacidad. Tienen que quedarse tranquilos porque toda aquella persona que tiene una discapacidad va a tener su pensión, pero se han encontrado muchas cosas totalmente fuera de lugar, que no corresponde, que los ciudadanos paguen a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad”.

El Ministerio de Salud Pública anunció ayer la derogación de dos decretos del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que flexibilizaban las políticas anti-tabaco impulsadas inicialmente por el ex presidente Tabaré Vázquez, hace 20 años. Por uno de esos decretos, el Poder Ejecutivo anterior había habilitado la importación de dispositivos que calientan tabaco seco (2021) y por el otro había introducido modificaciones en el empaquetado neutro de cigarrillos (2022). De todos modos, en este último caso la aplicación del decreto estaba en suspenso por un recurso de amparo que presentó la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) y que regía a la espera del pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Con las resoluciones comunicadas este martes las dos medidas quedan sin efecto y las autoridades reivindicaron que “el gobierno retomó el rumbo histórico de Uruguay en la estrategia de control de consumo de tabaco”. Profundizamos En Perspectiva sobre las razones que llevaron a derogar las normas con la Dra. Laura Llambí, profesora grado 5 y Coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco.

La Mesa Especial de Análisis Político con Antonio Cardarello, Daniel Chasquetti, Mariana Pomiés y Camila Zeballos. *** Desde su llegada al Poder Ejecutivo, el gobierno de Yamandú Orsi impuso un estilo diferente en cuanto a la comunicación. Durante la transición, por ejemplo, los ministros designados fueron presentando en conferencias de prensa a los equipos que los acompañarían, publicando además en redes sociales los detalles, con información y fotos tomadas profesionalmente de cada uno de los jerarcas. Luego, algunas autoridades asumieron sus cargos en lugares como el Auditorio Nacional del Sodre, la plaza Huelga General de Flor de Maroñas o, el caso más llamativo, la entonces flamante ministra de Vivienda Cecilia Cairo, que tomó posesión en el asentamiento Campo Galusso. Sin embargo, a medida que pasaron los meses surgieron críticas a Orsi y su equipo de gobierno debido a la forma en que se hicieron algunos anuncios y manejaron situaciones. Un ejemplo se dio con la compra de una estancia en Florida por el Instituto Nacional de Colonización, que fue comunicada por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, durante el pasaje del cortejo fúnebre del expresidente José Mujica frente a la sede del MPP. Otro caso, más reciente, fue el cierre de la Biblioteca Nacional para el acceso al público, que fue informado por la directora de la institución en el marco del Día Nacional del Libro. El politólogo Gerardo Caetano lo analizó de esta manera en una entrevista con La Diaria: "A Orsi le está faltando claridad. Orsi tiene muchas virtudes, pero la comunicación política no es una de ellas. Tiene que trabajar mucho en eso, es muy importante. Cuando el presidente habla está gobernando. Han habido falta de sintonía entre él y algunos de sus ministros". ¿Los politólogos perciben un deterioro en la comunicación del gobierno? ¿Por qué es importante para Orsi dar mensajes claros?

La Mesa Especial de Análisis Político con Antonio Cardarello, Daniel Chasquetti, Mariana Pomiés y Camila Zeballos. *** Desde la asunción del presidente Yamandú Orsi, el 1 de marzo pasado, el vínculo entre el gobierno del Frente Amplio y la oposición ha estado marcado por tensiones y rispideces. A pesar de las intenciones iniciales de establecer un diálogo constructivo, las diferencias ideológicas y las estrategias políticas han dificultado una relación fluida entre ambas partes. Un ejemplo fue la controversia en torno a la situación financiera de Ancap, donde la oposición cuestionó el anuncio del gobierno, interpretándolo como un indicio de un ajuste fiscal encubierto. Una vez más, se dio una discusión en la que se enfrentaron dos relatos. Además, la compra de un campo de 4.404 hectáreas en Florida por el Instituto Nacional de Colonización (INC) desató una nueva controversia. Fue el propio presidente Yamandú Orsi que defendió esa decisión y respondió a las críticas de blancos y colorados. “Honestamente la oposición, o quienes siempre estuvieron en contra de Colonización, van a buscar toda la vuelta para que esto caiga. Esta discusión es larga, es larguísima. Esto surge a partir de una compra… demasiada casualidad. Lo que quiero decir que está instalada la discusión, como hace 75 años, en la defensa por un lado y el combate a Colonización” Otro tema, más reciente, fue la decisión del Poder Ejecutivo de designar como embajadoras a Beatriz Argimón y Carolina Ache, la primera ante la Unesco y Ache en Portugal. Esto generó críticas de dirigentes del Partido Nacional y Colorado, no solo al gobierno, sino a las dirigentes seleccionadas. Ya parece haber quedado muy lejos el ambiente en que se dieron las negociaciones por los cargos que la oposición tendría a su disposición en directorios de organismos estatales, que culminaron con éxito en el mes de abril. ¿Podrán calmarse las aguas? ¿La discusión presupuestal tendrá esta tónica?

Eduardo Viera, que el jueves pasado anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización (INC), se reunió al día siguiente con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz. Según consignó el portal de Presidencia, en la reunión Orsi le manifestó a Viera todo su apoyo y le informó que se continuará con las líneas de trabajo que estaban siendo implementadas en INC hasta ahora, incluida la compra de la estancia María Dolored, de 4.404 hectáreas, ubicada en Florida. En la conferencia de prensa donde comunicó su resolución de dar un paso al costado, Viera había dicho: “Yo no me llamo presidente de Colonización. No voy a cambiar ser colono porque es de los orgullos más grandes”. “Esta decisión la tomo para beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta Colonización y para facilitarle al gobierno que tome adelante las decisiones que tenga que tomar, con la importancia que tienen y que no desvíen el rumbo. Y que sigan teniendo siempre presente la importancia que es el instituto”. El nombre de quién sustituirá a Viera en la presidencia del INC será anunciado en las próximas horas por el Poder Ejecutivo. De todos modos, el ex jerarca deberá comparecer hoy junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en la comisión especializada del Senado. Viera y Fratti fueron citados por miembros de la oposición para que den explicaciones por la adquisición del campo ubicado en Florida por el cual se pagó US$ 32,5 millones, lo que disparó las controversias en torno al instituto. El senador nacionalista Sebastián Da Silva había asegurado que el llamado sería “de urgencia”, con el objetivo de esclarecer la calidad de colono de Viera, y si es oportuna la adquisición de las 4.404 hectáreas que componen la estancia. ¿Queda laudada la polémica con la renuncia de Viera? ¿Fue una buena señal que Orsi expresara su apoyo a un jerarca que tuvo que dimitir?

Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura. ¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio. Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos. Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido. El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono. Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la subsecretaria, Valeria Csukasi, anunciarán hoy los nombres de una serie de embajadores a designar en los correspondientes destinos diplomáticos. Según trascendió ayer, en la lista figuran Carolina Ache, ex número dos de la Cancillería en el gobierno pasado, y la exvicepresidenta Beatriz Argimón. A Ache el Poder Ejecutivo la propone como representante diplomática de Uruguay en Portugal, según informó el semanario Búsqueda y confirmó En Perspectiva. Por su parte, el cargo previsto para Argimón es embajadora ante la UNESCO, con sede en París, según consignó La Diaria. La noticia generó sorpresa en dirigentes de varios partidos políticos. Según las consultas realizadas por En Perspectiva, legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y hasta del Frente Amplio desconocían esta decisión del gobierno. A través de sus redes sociales, el diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó que “la supuesta designación de Ache como embajadora ha tenido la capacidad de enojar a militantes de todos los partidos, en estos Díaz”. Y escribió esta última palabra en mayúscula, aludiendo – sin mencionarlo- la prosecrtario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien fue el abogado de Ache. Gurméndez agregó: “frenteamplistas engañados. Todos los demás, atónitos”. Ache renunció a su cargo en diciembre del 2022 durante la crisis política que se precipitó a raíz de la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Un año más tarde, la exjerarca denunció en Fiscalía que la cúpula del Poder Ejecutivo, liderada por Luis Lacalle Pou, la presionó para que ocultara información sobre ese tema que debía entregarse a la Justicia. ¿Cómo pueden interpretan estas propuestas de designación? ¿Se trata de una jugada política del gobierno?

La justicia acabará debilitada. Los jueces serán, en este comienzo del siglo XXI, instrumentos del Poder Ejecutivo, como lo fueron al final del siglo XIX.

Este miércoles, la Cámara de Diputados tiene previsto aprobar en general el proyecto de ley que busca garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, después de que se aprobara en la Comisión Especial un texto modificado con respecto al que envió el Poder Ejecutivo. En medio de este escenario incierto sobre una solución para la caja paraestatal, en En Perspectiva conversamos con el diputado del Movimiento de Participación Popular Joaquín Garlo, quien presidió la Comisión Especial y llevó adelante las negociaciones con la oposición. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se preparan para votar juntos el proyecto en general en el pleno, pero no hay acuerdo sobre la propuesta del oficialismo que plantea aumentar la la tasa de aportes de los profesionales activos y la creación de una prestación pecuniaria por parte de los pasivos.

Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica. Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben. Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada. Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo. Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga. Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses. El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Manuel Adorni anunció los detalles del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", el plan para incentivar el uso de dólares no declarados: “El presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para brindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro. frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada cuatro años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión”.“Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras, no vamos a retroceder ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley", agregó el vocero presidencial Adorni.El titular de ARCA, Juan Pazo, dijo: “Hasta 50 millones de pesos por mes, no va a haber intercambio de información con ARCA. ARCA no va a tener intercambio de información. Primero, no vas a tener la información, los umbrales de información subieron, con lo cual ARCA no va a tener tus consumos personales, porque no va a tener intercambio de información con la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales y las tarjetas de débito, y después porque vamos a subir los umbrales de información, donde nos informan a nosotros los consumos cuando superan 50 palos. Ese es un punto. Pero también estamos cambiando y generando un nuevo régimen. Ese nuevo régimen es un régimen simplificado de ganancias donde no te vamos a mirar más ni los consumos ni el incremento patrimonial. Nos vamos a enfocar en la facturación y en los gastos deducibles”.La vocera del FMI, Julie Cozack, señaló: “Las autoridades se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización. Por lo tanto, cualquier nueva medida, incluidas aquellas que puedan estar destinadas a incentivar el uso de activos no declarados, debe ser, por supuesto, coherente con estos importantes compromisos”.Noticias del viernes 23 de mayo por María O'Donnell y equipo de De Acá en Más por Urbana Play 104.3 FMSeguí a De Acá en Más en Instagram y XUrbana Play 104.3 FM. Somos la radio que ves.Suscribite a #Youtube. Seguí a la radio en Instagram y en XMandanos un whatsapp ➯ Acá¡Descargá nuestra #APP oficial! ➯  https://scnv.io/m8Gr Urbana Play 104.3 FM. Somos la radio que ves.

El proyecto de ley sobre expresión y medios audiovisuales, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, ha provocado un intenso debate en la sociedad dominicana. Algunos lo ven como un paso hacia la modernización legal, mientras otros alertan sobre posibles amenazas a la libertad de expresión. Para analizar sus avances, riesgos y vacíos legales, conversamos con el abogado Francisco Álvarez, quien ofrece una lectura crítica y contextualizada de la propuesta.

El Poder Ejecutivo defendió ayer en el Parlamento el proyecto de ley planteado como una salida a la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, argumentaron a favor de una iniciativa que el gobierno pretende se apruebe con plazos perentorios.  El informe que presentaron los representantes del gobierno intentó marcar las causas de la situación de crisis de la caja. Según lo indicado allí, "el origen del desequilibrio financiero está en el desbalance aportado durante la vida laboral y lo cobrado en la etapa pasiva".  Así, según el Poder Ejecutivo, el régimen que aplica para quienes se jubilan hoy por la Cjppu implica que cada afiliado recibe entre dos y tres veces lo que aportó a lo largo de su vida activa.  Según el informe, ese desbalance se explica por las condiciones diferenciales que existen en la caja para el cálculo jubilatorio en relación a otros subsistemas, además de que los pasivos profesionales representan un colectivo con una mayor longevidad promedio que la población en general.  Según el gobierno, la caja tiene un escenario de déficit pese a una favorable relación activo/pasivo, que es de tres a uno.  El gobierno pretende que sea ley antes del 30 de mayo. La razón: la caja está "al límite de su capacidad de cumplimiento de obligaciones previsionales".  ¿Cómo se está dando este tratamiento en el Parlamento? Conversamos En Perspectiva con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado y miembro de la comisión especial que tiene a estudio el proyecto.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (CJPPU) perdió US$ 108 millones en los últimos dos años, pero lleva ya un lustro con números en rojo. La situación es tan crítica que las autoridades de la Caja aseguran que a mediados de este año se quedarán sin fondos suficientes para cubrir las pasividades que debe abonar mes a mes. Con esa fecha límite en el horizonte cercano, el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto de ley de salvataje que ahora debe ser tratado de forma urgente en el Parlamento. La propuesta incluye un aumento en la tasa de aporte que ya realizan los trabajadores activos; una contribución de los jubilados y pensionistas, cuyo valor depende del monto que perciban; un cambio en el sistema de ajuste en el valor de los timbres profesionales, que provocará un aumento mayor al actual; entre otros puntos. Además, se plantea una reducción del directorio de la institución, que pasaría de siete a cinco miembros, tres de ellos electos y dos designados por el Poder Ejecutivo. Las autoridades de la Caja plantearon ya sus reparos. Este lunes, en la entrevista central de En Perspectiva, la vicepresidenta de la CJPPU, Virginia Romero, explicó los motivos del déficit y también criticó el apuro del gobierno. "-Mi pregunta es, ¿desde cuándo se dan estos fenómenos? ¿Por qué se reacciona ahora? ¿Por qué se reaccionó hace poco? -Bueno, los modelos actuariales siempre dieron que el problema venía 24, 25... o sea, esto se supo hace 15 años que se sabía". En el plano político, si bien el oficialismo quiere dar la discusión en forma inmediata y aprobar el proyecto rápido, desde la oposición ya se planteó que no quieren votar una ley exprés. Blancos y colorados también criticaron que el texto es “más duro”, en palabras del diputado colorado Conrado Rodríguez, que la iniciativa que impulsó el gobierno de Lacalle Pou en 2023 y que naufragó ante el rechazo del Frente Amplio. La Tertulia de los Miércoles con Martín Couto, Casilda Echevarría, Eleonora Navatta y María Eugenia Roselló.

La situación ya es insostenible. El tiempo pasa y apremia. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) arrastra desde hace varios años una crisis económico-financiera que llegó a un punto límite. El riesgo de quiebra es inminente. Según sus autoridades, en caso de que no se encuentre una solución y se tome una medida de shock, a partir de junio o julio la CJPPU no tendrá fondos para pagar las jubilaciones y pensiones de sus afiliados. Entre 2023 y 2024 tuvo un déficit acumulado de US$ 108 pero en total lleva un quinquenio con números en rojo. Aunque en el gobierno de Luis Lacalle Pou hubo un proyecto de “ley exprés” que buscaba equilibrar las cuentas de la caja, la iniciativa fracasó en el Parlamento. El jueves pasado el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi presentó una nueva propuesta, que fue comunicada a las autoridades de la CJPPU y remitida al Poder Legislativo. ¿En qué consiste esta solución que plantean las autoridades nacionales? ¿A quiénes afecta? ¿Es viable financieramente la Caja de Profesionales en el futuro? Para un primer enfoque sobre este tema conversamos En Perspectiva con la Cra. Virginia Romero, actual vicepresidenta de la institución.

El Senado aprobó ayer la venia para designar a Mario Layera, exdirector de Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La decisión salió adelante con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), pero con el rechazo del Partido Nacional (PN). Esta venia fue la única de las solicitadas por el Poder Ejecutivo para los cargos en entes autónomos y servicios descentralizados que no recibió el respaldo unánime de la oposición. El nombramiento requería apoyo de tres quintos de integrantes de la cámara, aunque si no se lograba esa mayoría especial podría haberse aprobado a los 60 días con mayoría simple, que el FA posee en el Senado. El senador Pedro Bordaberry fue el encargado de explicar la posición de los colorados: dijo que los senadores de su partido votaron la venia de Layera porque querían respetar el acuerdo multipartidario que existe para avalar todas las venias, aunque reconoció que no el paso que daban no era “una aprobación entusiasta” porque la gestión de Layera al frente de la Policía, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, había dado resultados “por lo menos discutibles”. Sin embargo, como Layera ya no está siendo investigado por la Justicia por la fuga de Rocco Morabito de la exCárcel Central y los traslados del narco mexicano Gerardo González Valencia, el senador colorado dijo que no había motivos jurídicos para negar el voto. "Y nos quedó solamente la opinión personal sobre la persona propuesta por otro partido en el uso de las facultades que habíamos acordado. Layera goza, como cualquier ciudadano, de la presunción de inocencia, y negar una venia por una sospecha sería hacer lo que la democracia no permite: castigar sin juicio. Nos guste o no nos guste la persona". Esos argumentos no fueron compartidos por los senadores nacionalistas, que mantuvieron su rechazo. La voz cantante de esta postura la llevó Javier García, quien afirmó que a pesar de que la Justicia archivó las investigaciones sobre Layera, los blancos consideraban que su nombramiento no cumplía con las “condiciones personales, funcionales y técnicas” que la Constitución exige. Consideró que por más que las acciones de Layera no hubieran constituido delitos, bajo su gestión ocurrieron hechos “muy graves”. "Eso no quiere decir, que no sean delitos, que esté habilitado para ocupar el cargo. Porque fueron hechos muy graves que expusieron al país a circunstancias de inseguridad como no se conocían en el Uruguay, vinculados al crimen organizado, fuga de Morabito, contactos entre narcotraficantes presos en reiteración real, que aún sin configurar delitos, la Justicia lo dijo, sí configuran una no capacidad técnica ni funcional ni personal para ejercer el cargo de director de inteligencia". Por el FA, quien presentó y defendió el nombre del Crio. (R) Mario Layera fue el senador Daniel Caggiani, quien mencionó su vasta trayectoria policial y las diferentes distinciones nacionales e internacionales que recibió por su trabajo. Luego de escuchar las exposiciones de los senadores de la oposición, Caggiani aclaró que la bancada del FA entendía que el nombramiento de Layera entraba dentro del acuerdo multipartidario que habían cerrado con la oposición para aprobar todas las venias, dando a entender de ese modo que el PN había incumplido aquel entendimiento. La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Martín Bueno, Pablo Díaz y Amira Fagúndez.

El Senado aprobó ayer la venia para designar a Mario Layera, exdirector de Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La decisión salió adelante con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), pero con el rechazo del Partido Nacional (PN). Esta venia fue la única de las solicitadas por el Poder Ejecutivo para los cargos en entes autónomos y servicios descentralizados que no recibió el respaldo unánime de la oposición. Layera fue jefe de Policía de Montevideo durante el gobierno de José Mujica y el comienzo de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, ascendido luego a director de Policía Nacional debdio al fallecimiento de su antecesor, Julio Guarteche. ¿Cómo se llegó a este hecho político?

Buena parte del planeta sigue procesando hoy el terremoto comercial que provocó el presidente de Estados Unidos el miércoles pasado, cuando anunció aranceles para las importaciones de bienes procedentes de más de 180 países, con tasas adicionales que oscilan entre 10% y casi 50%. Acá en Uruguay, el gobierno realizó sus primeras consideraciones el viernes pasado. Luego de reunirse con la embajadora de Washington en Montevideo, el ministro de Economía Gabriel Oddone declaró en rueda de prensa que no debía leerse este giro como algo “pasajero”, atado a Trump, sino como una parte de un creciente movimiento proteccionista internacional. Oddone explicó que en el Poder Ejecutivo todavía están analizando el alcance del muevo escenario y qué consecuencias puede tener, pero agegó que, aunque el paquete resuelto por la Casa Blanca representa un “desafío”, en principio para Uruguay presenta también oportunidades. Recordemos que a nuestro país, igual que para nuestros socios en el Mercosur, se le aplica el nuevo arancel básico general de 10%, es decir que nuestros produstos quedaron en la franja de los menos impactados por la medida. "Eso supone que algunos de nuestros competidores, en diversos mercados, en Estados Unidos, vamos a poder tener un acceso probablemente más competitivo. Y como esto está provocando reacciones en terceros países, esto también abre oportunidades. Por eso es que creo que es un escenario, desde el punto de vista general, del interés general, creo que es negativo, pero desde el punto de vista de un país, mirado solamente desde nuestra perspectiva, puede haber algunas oportunidades que compensen los aspectos negativos". El ministro de Economía agregó que se está buscando “caminos” para que “restricción arancelaria no se convierta en una barrera infranqueable”. La Tertulia de los Lunes con Juan Erosa, Martín Moraes, Eleonora Navatta y Leonardo Costa.

El lunes de la semana pasada, cuando se cumplía un mes desde el comienzo del cuarto gobierno del Frente Amplio, el presidente Yamandú Orsi se reunió en la residencia oficial de la avenida Suárez a todos los diputados y senadores del Frente Amplio. En esa ocasión, según informó el jueves Búsqueda, varios parlamentarios se mostraron inquietos ante la cuatela con que se mueven las nuevas autoridades, y pidieron que el Poder Ejecutivo “se ponga en marcha” y anuncie planes concretos que tengan impacto en la vida de la gente. Este sábado, en La diaria del fin de semana, el politólogo Daniel Chasquetti observó que en el gobierno “están todos un poco esperando” que se aclare la situación financiera y señalaba esa actitud como una rareza: “Los gobiernos, desde 1985, cuando llegan, rápidamente explicitan los objetivos”, decía. En particular, Chasquetti hizo notar que en marzo el gobierno no aprobó ninguna ley propia. “Es ‘marzo cero ley'. Nunca había ocurrido”, agregó. A modo de comparación, el politólogo recordó cómo Lacalle Pou desembarcó con un borrador ya pronto de la Ley de Urgente Consideración que marcaría toda la gestión, y cómo Tabaré Vázquez debutó con “una cuestión programática muy fuerte”. Otros analistas y jerarcas, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, le quitan importancia a estas críticas y señalan que se explican por cierta “ansiedad” que es característica de estos tiempos. ¿Debe el gobierno apretar el acelerador, aunque sea desde lo discursivo? ¿Hay un riesgo en que se perciba que solo se va a aguantar o a administrar sin una agenda reformista? La Tertulia de los Lunes con Juan Erosa, Martín Moraes, Eleonora Navatta y Leonardo Costa.

Como bien sabemos, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de poderes y su correspondiente balance de pesos y contrapesos que permita controlar el ejercicio del poder. Es decir, aunque las elecciones sean libres y garantizadas (riquísimo elemental) ello no resulta suficiente para darle viabilidad al proyecto democrático. Ese equilibrio está hoy amenazado severamente en democracias asediadas por el ímpetu de la autocracia populista. Veamos el más reciente caso de los Estados Unidos: Donald Trump no solo está abiertamente enfrentado a jueces federales con algunas decisiones que desobedece, sino que con su mayoría en el Congreso, está desafiando el sistema de contrapesos como nunca antes en la historia de esa democracia, a decir de los expertos. Hay varios ejemplos que podríamos tomar: el del juez federal de Washington James E. Boasberg que prohibió la deportación de un grupo de venezolanos hacia El Salvador, el del juez Theodore Chuang, que ordenó paralizar el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID, la de jueza Ana Reyes que bloqueó la orden para prohibir a las personas transgénero servir en el Ejército, etc. Más allá de cada caso en particular, lo que está en el centro de la cuestión es un debate sustantivo respecto de, ¿sí los jueces deben poder limitar al Poder Ejecutivo o no? Por supuesto para Trump y su círculo de confianza la respuesta es negativa y a punta de exabruptos rechazan las órdenes que tratan de frenar los ímpetus de las arremetidas de la Casa Blanca. Que los jueces están "fuera de control" "desquiciados" que "no ganaron ninguna elección" para comportarse como se comportan, y en definitiva "no me importa lo que piensen los jueces" como dijo el zar de la frontera, Tom Homan. En otros contextos, los presidentes autocráticos o con tendencia manifiesta a serlo, tenían un poco más de contención a la hora de burlar los contrapesos al ejercicio de su poder. Incluso tenían preocupaciones de ser castigados en las urnas por hacerlo. El temor es que hoy no sea así, pues sus bases los aplauden por ser "fuertes" y enfrentarse al establecimiento político, digamos que a los "otros con corona". Tal vez por eso los autoritarios como Trump se pavonean caminando por los límites de sus competencias. Tanto que se atrevió a decir este fin de semana que no es ninguna broma que podría buscar un tercer mandato, cuando eso lo tiene abiertamente prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué riesgos corren las democracias con constantes los ataques al Poder Judicial? Para ampliarlo conversaremos con el constitucionalista, Marvin Carvajal.

Conversamos con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre los proyectos de ley impulsados desde el Gobierno y el destino de la Ley del DNI, declarada inconstitucional el año pasado. ¿Qué cambios vienen y cómo impactarán al país?

Víctor Basterra estaba en su casa con su esposa y la bebé de ambos. Era 1979 y el gobierno militar que de facto se había hecho cargo del Poder Ejecutivo argentino cometía aberrantes crímenes en la clandestinidad con la excusa de la lucha contra la subversión. Basterra es separado de su familia y brutalmente golpeado. En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue torturado y permaneció secuestrado hasta el final del régimen, en 1983, aunque continuó vigilado y amenazado hasta casi un año después. Obligado a trabajar para el régimen por sus conocimientos como obrero gráfico, Basterra estiró los límites de su seguridad (ya de por sí en peligro) en pos de registrar y archivar documentos, fotos y escritos que ayudaron a reconocer tanto a victimarios como a víctimas al regreso de la democracia. Su valioso testimonio ante el Juzgado de Instrucción N° 30 (que incluyó la documentación retirada de la ahora ex ESMA) se transformó en una publicación del CELS que, a 49 años del golpe, quisimos compartir en formato de audiolibro. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Pre producción y voz: CECILIA BONA Editó este episodio: DANY FERNÁNDEZ (@danyrap.f) para @activandoproducciones.proyecto ¡Ayudanos a crecer! Patrociná POR QUÉ LEER: https://porqueleer.com/patrocina Nuestras redes sociales: ⚡https://instagram.com/porqueleerok ⚡https://twitter.com/porqueleerok ⚡https://www.facebook.com/porqueleerok/

Hoy comenzamos hablando sobre la insólita reunión que mantuvieron en público Donald Trump y Volodímir Zelenski. En pleno despacho oval de la Casa Blanca, con las cámaras grabando, mantuvieron una agria discusión llena de reproches en la que también participó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y el Secretario de Estado Marco Rubio, que no intervino. Mientras tanto la Unión Europea se encuentra dividida intentando responder a la reconfiguración de las relaciones internacionales que plantean desde Estados Unidos. También hablamos hoy sobre cómo las nuevas formaciones de derecha, desde Javier Milei en Argentina hasta el propio Trump, pasando por todos los partidos europeos que comparten ideología, pretenden desmontar las democracias actuales y avanzar hacia un nuevo modelo de Estado en el que el Poder Ejecutivo tenga mucho más peso y se implementen determinadas medidas de corte mucho más conservador. Con Pedro García-Bilbao, José Luís Carretero, Nacho Escursell y Andrea Benites-Dumont. Conduce Juan Carlos Barba. Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals

El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, prevé enviar próximamente al Parlamento un proyecto de ley para reinstalar la representación docente en el gobierno de los distintos niveles de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Según informó el viernes el diario El Observador, Mahía se lo hizo saber al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, a quien el Frente Amplio buscará converncer para que apoye esa iniciativa en la cámara bajam, donde el nuevo oficialismo no tendrá mayoría automática. El Observador recordó que “Mahía planteó hace semanas que reinstalar la participación docente a través de los consejos en la ANEP ‘es una forma muy efectiva de involucrarlos en la gestión'.” Y agregó: “No me imagino ningún cambio de fondo en la educación si no lográs un involucramiento de los actores educativos; si no se lograra, que yo aspiro a que se forme, habrá que buscar otras formas de pensar la participación“. Recordemos que una de las disposiciopnes de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio de 2020 y ratificada en el referéndum de marzo de 2022, modificó la forma en que se gobiernan las de la educación: Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación en Educación. Hasta ese momento cada una de esas ramas era dirigida por un “consejo” integrado por tres personas, una de las cuales era elegida por los docentes. La LUC, sin embargo, creó “Direcciones”, que son lideradas por una sola persona, en su carácter de Director o Directora, elegida por el Poder Ejecutivo. Los docentes quedaron integrados solamente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, donde hay dos representantes, entre cinco consejeros. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Gonzalo Baroni, Eleonora Navatta y Desirée Pagliarini.

Ya está instalado el Parlamento elegido por la población en los comicios nacionales de octubre. Incluso ya se han dado algunos debates propios de la actividad legislativa, luego de meses de bastante calma por el verano y anteriormente por la campaña electoral. Ya están nombrados prácticamente todos los jerarcas principales del gobierno: ayer un ministerio que faltaba, el de Trabajo y Seguridad Social, presentó a quienes estarán al frente de sus direcciones. Ya se están armando acá en la Plaza Independencia el escenario para el acto de traspaso de la banda presidencial que tendrá lugar el 1º de marzo. Estamos a poco más de una semana de la instalación del nuevo Poder Ejecutivo. Miremos, entonces, para adelante: ¿qué esperan los tertulianos del próximo gobierno, qué expectativas tienen? ¿Qué los dejaría satisfechos? La Tertulia de los Jueves con Martín Bueno, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle.

La distribución del nuevo Parlamento, el que acaba de instalarse este sábado, es inédita en el Uruguay de las últimas décadas. El Frente Amplio, que será el partido de gobierno a partir del 1° de marzo, tiene mayoría absoluta en el Senado pero no en la Cámara de Representantes donde tampoco la tiene mayoría propia la Coalición Republicana, debido al ingreso a esa rama legislativa de un partido nuevo: Identidad Soberana, de Gustavo Salle, que logró dos bancas. Ese escenario, donde a priori el Poder Ejecutivo podrá aprobar proyectos negociando solo dentro del oficialismo, estuvo latente en la ceremonia de inauguración de la 50ª legislatura. Fuera de la sala, Andrés Ojeda, quien asumió como senador colorado, dijo en rueda de prensa que apuntaba a ser “la oposición más fuerte de este siglo”. "Esta es la primera oposición que, si se junta toda, tiene más votos que el oficialismo, ¿no? Entonces, para empezar, es el primer oficialismo del siglo XXI que no tiene mayoría propia en el Parlamento. O sea, que si todos los que no estamos en el Gobierno nos ponemos de acuerdo, este Parlamento vota otras cosas. Eso no quiere decir que sea que no a todo y tranquemos todo, ni mucho menos. Quiere decir que la incidencia parlamentaria va a ser muchísimo mayor. Esta es la oposición más fuerte del siglo XXI. Y hay que tomarse esa responsabilidad como lo que es: una gran responsabilidad a la hora de construir". Por otro lado, en el discurso que pronunció el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, que fue electo como presidente de la Cámara Baja durante el primer año, el legislador del MPP hizo referencia a lo importante que será el diálogo en este quinquenio y llamó a evitar la descalificación de los contrarios. "Es necesario bajar un poco la pelota al piso. Y en lo que al Parlamento le corresponde, recuperar una convivencia política que asegure que esta casa sea el espacio en el cual se encuentran todas las miradas, opciones y preferencias de la sociedad uruguaya. No hay otra forma de cuidar la convivencia democrática que no sea a través del diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas, dentro de los valores democráticos y republicanos, que muchas veces no pueden, o tal vez no coincidan circunstancialmente con las nuestras. El debate político que se da en esta casa será como siempre lo ha sido, intenso y sostenido. Nuestro compromiso y responsabilidad como representantes electos por la ciudadanía deberá ser mantener alejado de este recinto aquellas posturas y posiciones políticas que intentan anular o suprimir las visiones de los que no piensan como uno". Para dar más fuerza a su planteo, en su alocución Valdomir leyó un fragmento del discurso del nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz cuando asumió como presidente de esa cámara en febrero de 1972 e invitó a repasar la obra del colorado Manuel Flores Mora, disponible en el acervo del Palacio Legislativo. ¿Cómo se vienen preparando los jugadores clave de estos diálogos, conversaciones y negociaciones, es decir los propios diputados? Conversamos En Perspectiva con tres de ellos: Mariano Tucci, del MPP, quien se desempeñará como coordinador de bancada del Frente Amplio; Rodrigo Goñi del Partido Nacional, integrante del sector blanco mayoritario en la cámara, Alianza País; y Conrado Rodríguez, colorado, del sector Vamos Uruguay.

La 50 ª legislatura quedó oficialmente inaugurada el sábado pasado y de ese modo entró en la recta final el largo período de transición de gobierno. Con la instalación de las dos cámaras quedó a la vista una primera foto de la configuración que tendrá este nuevo Parlamento, que presenta una renovación importante, con casi dos tercios de debutantes. De todos modos, esos números pueden cambiar porque no todos los nombres que asumieron este fin de semana se mantendrán en sus bancas: varios de ellos pasarán a ocupar a partir de marzo cargos en el Poder Ejecutivo y otros organismos del Estado. Algo de esa fugacidad quedó reflejado en el acto protocolar de despedida de Alejandro Sánchez, que ejerció brevemente como presidente del Senado para tomar juramento a los otros miembros de la cámara alta y luego presentó su renuncia dado que será el próximo secretario de la Presidencia de la República. "Sepan que ha sido un honor ser parte de esta casa con todos los aprendizajes a lo largo de estos años, gracias a todos mis compañeros, a los funcionarios y a todos los legisladores de la legislatura anterior, y desearles el mejor de los éxitos a todos los legisladores en esta nueva legislatura. Gracias por el aprendizaje". En este nuevo Poder Legislativo se da una distribución de fuerzas inédita, al menos en el pasado reciente: en el Senado el oficialismo tendrá mayoría absoluta, con 17 bancas, mientras en la Cámara de Diputados ninguno de los dos bloques principales alcanzan los 50 votos necesarios para aprobar proyectos, debido al ingreso de un nuevo partido, Identidad Soberana, que no integra ni el FA ni la CR. A ese primer pantallazo se le agregan varias incógnitas: cómo se manejará dentro del Frente Amplio el Movimiento de Participación Popular, que reúne la bancada más grande de un solo sector desde el regreso de la democracia; de qué manera se plantará Cabildo Abierto, que tiene dos diputados que dicen que no se sienten atado a la CR; y, sobre todo, cómo jugarán Gustavo y Nicolle Salle, los representantes de Identidad Soberana. En un breve discurso luego de votar por Sebastián Valdomir como presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Salle ya dejó en claro cuáles siguen siendo sus prioridades. "Ese es el gran desafío que tiene este parlamento, que el Uruguay se anteponga, dando ejemplo en el mundo, a la extorsión de la cleptocorporatocracia internacional". ¿Cómo ven ustedes esta configuración del Poder Legislativo y sus desafíos? La Mesa de Análisis Político con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Ernesto Nieto y Camila Zeballos.

Por claridad y transparencia para con nuestra audiencia les contamos que mañana nuestro espacio será patrocinado por la empresa Dekra. Bajo el formato de nuestra entrevista habitual, haremos consultas sin restricción alguna y, por supuesto, sin haberse pactado preguntas previas. Tampoco una conversación anticipada. La intención es conocer los argumentos de Dekra, con relación a la controversia suscitada en torno al nuevo contrato de prestación del servicio de la revisión técnica vehicular en Costa Rica. El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) preseleccionó para prestar este servicio público a las empresas Consorcio Applus CR (antigua Riteve) y al Grupo TÜV Rheinland. Dekra ha apelado en dos ocasiones la precalificación de las dos compañías al fundamentar que esa decisión es contraria a los argumentos de la Contraloría General de la República que anuló esa medida a finales de año pasado. Estiman, por tanto, que viola principios fundamentales de la Ley de Contratación Pública. Como se recordará, el Poder Ejecutivo otorgó un permiso de uso en precario para que la empresa alemana prestara el servicio desde octubre del 2022 hasta octubre 2024. Y en ese punto nos encontramos aún en este momento. En su momento, la administración Chaves publicitó esto como un gran logro, pero ahora no explican nada acerca de lo que está sucediendo. Toda una maraña jurídica en la que están atrapadas las empresas interesadas en un negocio que a no dudarlo es atractivo dado el crecimiento inmenso de la flota vehicular del país. Para ampliar acerca de este tema acordamos este espacio patrocinado por lo cual conversaremos con el gerente de Dekra, Julio Rodríguez Obaldía.

Durante esta semana la política colombiana ha estado marcada, por la decisión del Presidente de transmitir por televisión el Consejo de Ministros, como una estrategia de contener las diferencias internas. Sin embargo, este cálculo resultó en un lamentable contencioso televisado del gabinete de Petro, pues sus ministros no desaprovecharon la ocasión para ventilar sus diferencias. Discrepancias provocadas principalmente por el controversial nombramiento deArmando Benedetti como Jefe del Gabinete.Figura polémica implicada en casos de corrupción, tráfico de influencia y hasta demandas porviolencia intrafamiliar. Lo cual supuso reacciones y hasta renuncias de varios ministros, como el caso de Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el ministro de cultura Juan David Correa. Un nombramiento que el propio Petro defiende, ya que cree que su figura pudiera conseguir consensos con segmentos conservadores en el Congreso. Sin embargo, esta decisión ha erosionado la cohesión del Pacto HistóricoLas seis horas que duró el encuentro, no se mostraron logros sino principalmente las fisuras internas del Poder Ejecutivo colombiano y en buena medida la precaria capacidad de consolidar un equipo de gobierno. Hay que tener presente que en 29 meses de gestión se han dado 42 cambios de ministros, una inocultable anomalía en la historia política colombiana. En este contexto, cabría preguntarse ¿cuál será el alcance de estas fisuras en el Pacto Histórico? ¿cómo podrá Petro justificar que sí tiene capacidad para gobernar en Colombia? y en especial ¿cómo hacer creíble un ambicioso proyecto político con tan notoria falta de resultados?

Oficialismo y oposición chocaron ayer en la Cámara de Senadores por la aprobación de tres proyectos de ley a pocos días de que asuma el gobierno electo en los comicios del año pasado. La cámara alta sesionó ayer de forma extraordinaria para tratar tres iniciativas: una sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales –la única que contaba con media sanción de Diputados–, otra sobre los deudores del Banco Hipotecario y la tercera sobre exoneraciones para las empresas que contraten a exprivados de libertad. El Frente Amplio (FA) pidió el levantamiento de la sesión, en el entendido de que “no se debió haber convocado ni realizado”. El senador Daniel Caggiani sostuvo que la convocatoria “no tenía legitimidad política” ya que ninguno de los proyectos de ley que iban a tratarse fueron discutidos con los parlamentarios de la “fuerza política que va a gobernar a partir del 1º de marzo”. Caggiani aseguró que luego del balotaje de 2019, cuando el FA perdió las elecciones, “no hubo ni un solo proyecto de ley aprobado por el Parlamento sin que tuviera acuerdo del conjunto de los partidos políticos”. "Creo que no es lo que corresponde para el buen relacionamiento del sistema político uruguayo. No es lo que ha antecedido. En el 2019 perdimos las elecciones, la ciudadanía eligió un nuevo Parlamento y luego del balotaje hasta el 28 de febrero no hubo ningún proyecto de ley aprobado por el parlamento sin que tuviera acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso fue porque iba a existir un nuevo gobierno surgido del mandato popular, que tenía mayorías claramente expresadas. Lamentablemente, tozudamente, sin entrar en razón seguimos degradando el buen relacionamiento que deben tener los integrantes de esta cámara". El senador nacionalista Jorge Gandini respondió que Caggiani “faltó a la verdad” porque luego del balotaje de 2019 “se aprobaron 17 proyectos de ley”, algunos por unanimidad y otros sólo con la mayoría del FA. “Quiere decir que estamos legitimados por el derecho, por los hechos y por los antecedentes”, enfatizó. Luego el senador frenteamplista Sebastián Sabini sostuvo que “esos 17 proyectos que se aprobaron [a fines de 2019] fueron en su mayoría con la participación de la oposición, cosa que aquí no ocurre”. Sabini agregó que es normal que el Parlamento siga funcionando en diciembre, pero no “a nueve días de terminar la legislatura”. “Nos meten de pesados una sesión, así que nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a ir”, anunció. Luego de un cuarto intermedio, los proyectos fueron aprobados solo con la presencia de los legisladores oficialistas en sala. El que regula el trabajo en plataformas digitales pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación y los otros dos fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Posteriormente ingresó a sala un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para extender el seguro de paro a los trabajadores de Schneck. El proyecto llegó caratulado como carácter de grave y urgente. Para aprobar ese tratamiento se requerían 21 votos. Tres legisladores del Frente Amplio ingresaron a sala para votar el proyecto. Sin embargo, sólo se llegó a 19 votos porque al oficialismo le faltaron dos legisladores, Luis Alberto Heber, y Guido Manini Ríos que ya se habían retirado de sala. De esta forma, el proyecto quedó por el camino y los trabajadores no tendrán la extensión del seguro de paro. La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez.

En Uruguay cada año se diagnostican 17.000 nuevos casos de cáncer y hay unos 8.000 fallecidos por esta enfermedad. Con esas cifras, el cáncer queda como la segunda causa de muerte en nuestro país. Más del 40% de los casos puede prevenirse, mediante prácticas de vida saludable y diagnóstico temprano. Pero qué pasa con quienes deben pasar por un tratamiento oncológico. ¿Qué posibilidades tiene de curarse? ¿El sistema de salud está poniendo a disposición de los pacientes, las mejores terapias y tecnologías? En 2022 la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), hizo un diagnóstico en Uruguay de toda el área oncológica. El reporte constató que había equipamientos y terapias vetustos, falta de mantenimiento, déficit en la preparación de recursos humanos, entre otros déficit. Aquel informe sirvió para que el Poder Ejecutivo implementara mejoras en el área. De hecho, ayer en el Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud Pública presentó una rendición de lo hecho hasta ahora en esta materia. Pero, ¿cuánto se logró avanzar? ¿Qué cuentas pendientes quedan? Conversamos En Perspectiva con el Dr. en Física Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, el organismo encargado de fiscalizar a las instituciones que hacen estos tratamientos.

Ernesto Nuñez, explicador político

Ejecutivos de la empresa de autopartes japonesa, Yazaki, confirmaron el viernes al Poder Ejecutivo que el cierre de las actividades en nuestro país es una resolución “irreversible”. La firma había comunicado el jueves que bajaba la cortina de sus dos plantas, ubicadas en Las Piedras y Colonia, una medida que deja sin empleo a entre mil y dos mil trabajadores Los representantes de la compañía se reunieron el jueves con la ministra de Industria, Elisa Fasio y el viernes con el ministro de Trabajo Mario Arizti. Hablando en rueda de prensa, Arizti explicó que, según se le había informado, la decisión de Yazaki se tomó en la casa y no tiene marcha atrás. "Ellos alegan costco de producción altos. Y una empresa que es un multinacional con plantas en diferentes países de la región hace sus cuentas y le resulta más atractivo otro país". Arizti dijo que el ministerio buscará instalar una “mesa de negociación” para que se “mejoren las liquidaciones” por despido de los trabajadores y buscar “soluciones” que les permitan a los cesantes “reubicarse” en el mercado laboral. Para eso Arizti, pidió a los sindicatos que no ocupen las plantas. Yazaki estaba en el país desde 2007. En un comunicado, la firma anunció que el cierre “se debe a los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectan significativamente las posibilidades de la empresa de competir en los mercados globales, y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes”. La producción que Yazaki venía realizando en Uruguay será derivada a plantas que la multinacional tiene en Argentina y Paraguay. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Teresa Herrera y Martín Moraes.

El gobierno saliente firmó el jueves de la semana pasada el contrato para la construcción y mantenimiento de la nueva planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí, San José, destinada a reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana. La decisión molestó al equipo del presidente electo, Yamandú Orsi, pese a que el documento incluye un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar". El contrato se formalizó el jueves 19 a mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del Poder Ejecutivo y OSE, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra. A través de un comunicado, Presidencia valoró que el contrato permite poner en marcha un proyecto que supone “la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable”. Las autoridades destacaron que Arazatí sumará “una fuente alternativa” al sistema de agua potable en el área metropolitana “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos” que puedan ocurrir, y aseguraron que en todo este tiempo “se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental”. El mismo jueves el presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar ese contrato. Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde, cuando reveló sus contactos con el presidente. Admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el acuerdo se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno. “Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado: cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo. El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno el memorandum anexo al contrato aunque, agregó, a primera vista “no es mucho lo que se modifica”. A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”. Ortuño aseguró que el proyecto “deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua y de saneamiento en todo el país y de realizar obras estratégicas como Casupá". La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Teresa Herrera, Diego Irazábal y Gabriel Mazzarovich.

El presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí, San José.  El contrato se firmó ayer al mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del gobierno, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra.  Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde y reveló su comunicación con el presidente. El mandatario electo admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el contrato se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno.  “Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo.  El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. El contrato firmado ayer incluye un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar". Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno lo firmado ayer y sostuvo que, a primera vista, “no es mucho lo que se modifica”.  A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”.  A través de un comunicado, el Poder Ejecutivo valoró que la firma del contrato permitirá iniciar las obras de un proyecto que supone “la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable”.  Para el gobierno, Arazatí sumará “una fuente alternativa” al sistema de agua potable en el área metropolitana “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos” que puedan ocurrir, y aseguró que en todo este tiempo “se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental”.  Conversamos En Perspectiva con Robert Bouvier, ministro de Ambiente.

Para dar servicio de taxi de plataforma en el AICM hay que tener permiso  Por falta de apoyos más de 100 mil tiendas de barrio cierran cada año  Juzgado de Michoacán multa a integrantes de los Comités del Poder Ejecutivo y Legislativo por continuar con elección judicial  Más información en nuestro podcast

Rafa Latorre reflexiona en La Brújula sobre la estrategia del PSOE de cara a las elecciones autonómicas de 2027. 

La renuncia el jueves pasado del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por diferencias con el Poder Ejecutivo, sigue despertando algunas preguntas. Un breve repaso. Este viernes 27 de diciembre, Alcoholes del Uruguay (ALUR) tiene previsto firmar un Acuerdo de Implementación con la empresa HIF Global. Esto para seguir avanzando con un proyecto de inversión de esa compañía de capitales chilenos en Paysandú, para instalar una planta que utilizará CO2 generado por ALUR e hidrógeno verde para producir combustibles sintéticos. Recordemos que, de concretarse, la planta de HIF supondría la mayor inversión en la historia del país: US$ 6.000 millones. El Acuerdo de Implementación debe firmarse antes de fin de año por una cuestión de plazos estipulados en el memorándum de entendimiento que se firmó con HIF en febrero, pero la decisión final sobre el proyecto se tomaría recién en mayo de 2026. Ahí se espera que el negocio en torno a este proyecto esté más claro, dado que hoy no existe demanda de combustible sintético.  ¿Por qué entonces tanta polémica ahora? Entre el presidente saliente del ente, Alejandro Stipanicic, y el Poder Ejecutivo, se abrió una diferencia referente a una cláusula del Acuerdo de Implementación, que le daba a Ancap la opción de participación a futuro en el proyecto. Cuando se tome la decisión final sobre la planta de HIF, Ancap podría tomar una participación hasta del 30% del negocio. Y si allí decidiera no participar, no tendría que pagar ninguna penalización. Stipanicic consideraba que era importante dejar esa opción abierta. Sin embargo, el Poder Ejecutivo exhortó al Directorio de Ancap a eliminar la cláusula en cuestión, y Stipanicic decidió renunciar a su cargo argumentando que no existía “ninguna razón técnica, económica ni jurídica” para seguir el camino ordenado por el gobierno. El sábado, en su cuenta de la red social X, el canciller Omar Paganini, quien fuera previamente ministro de Industria, publicó un texto afirmando que el gobierno pretende que la inversión de HIF siga adelante y la calificó como “una gran oportunidad para el país”. Pero aclaró que Ancap participa como proveedor de CO2 y no como inversor. “El proyecto de HIF no depende de que Ancap invierta. Cuenta con socios de Chile, EEUU, Alemania y Japón. Ellos están asumiendo la inversión y el riesgo, y Ancap obtendrá beneficios rentabilizando un subproducto. Es una situación de ganar-ganar”, escribió Paganini. El jerarca dijo que el monto de la inversión es demasiado alto, y el negocio demasiado incierto, como para que Ancap corra el riesgo. Recordó entonces los casos de Pluna y de la regasificadora, “que costaron muchos millones a los uruguayos”. “Los proyectos de Hidrógeno Verde no deberían ser otra regasificadora”, escribió Paganini. Continuó: “Una cosa es un proyecto con beneficios para Ancap y para los privados, y otra muy diferente es invertir fortunas de los contribuyentes y que por añadidura el Estado salga de garantía”. El canciller cerró diciendo que debe haber una “adecuada asignación de riesgos entre el Estado y los privados” y que “otra cosa son las aventuras con el dinero de todos”. Profundizamos En Perspectiva sore este tema con la actual ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Elisa Facio.

¿Cómo está marchando la transición entre el gobierno saliente y el entrante? El sábado, el presidente electo Yamandú Orsi reunió a su futuro gabinete, en una bodega ubicada en el Municipio de Salinas, cerca de donde él tiene su casa, en el departamento de Canelones. Allí sostuvo que por el momento “no hay sorpresas” en la información brindada por las autoridades salientes. De todos, modos se han producido algunos ruidos en la relación entre las dos partes a raíz de decisiones tomadas por esta administración en los últimos días. Por ejemplo, el gobierno electo cuestionó que, a instancias del Poder Ejecutivo, Ancap haya rechazado la opción de participar como socio en el proyecto de combustibles sintéticos promovido por la empresa HIF Global, una decisión que motivó la renuncia del presidente del ente Alejandro Stipanicic. En diálogo con La Diaria, el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que en las reuniones de transición hubo un pedido específico del gobierno entrante de “no innovar”. A su modo de ver, la resolución sobre el proyecto HiF Global representa una “innovación” dado que, expresó, quien en su momento tendrá que tomar la decisión de participar o no en el capital accionario del emprendimiento será el nuevo gobierno. Por su lado, el canciller Omar Paganini, ex ministro de industria, explicó en su cuenta de X que el gobierno decidió que Ancap no asumiera el rol de inversor porque el mercado de combustibles sintéticos está en desarrollo y por ende presenta grandes riesgos. “Si Ancap integra hasta el 30% del capital, eso implica una enorme suma de dinero (hasta US$ 1.800 millones), pero implica también -directa o indirectamente- la garantía soberana del Estado". En ese punto Paganini recordó casos similares que terminaron mal en adminsitracion frenteamplista. "En el caso de Pluna, el Estado garantizó a privados la compra de los aviones y terminó pagando un monto enorme. También vivimos situaciones así en Ancap, que costaron muchos millones a los uruguayos, como la regasificadora y el negocio del pórtland y la cal”, aseguró. En su opinión, “los proyectos de Hidrógeno Verde no deberían ser otra regasificadora”. El otro gran asunto que está causando diferencias es el proyecto Neptuno, para el que ya existe la autorización ambiental previa, aprobada a mediados de este mes por el Poder Ejecutivo. Sánchez sostuvo que ahora “se está discutiendo si se modifica o no el proyecto y de qué manera”. Y agregó: “Nosotros estamos a la espera de que se nos informe cuál sería la modificación, si la hubiera, y qué características tendría la firma de ese contrato. El gobierno actual, ¿qué quiere? En boxeo hay una expresión, clinch, que es abrazar. Te quiere abrazar para que vos no lo puedas golpear. Eso es lo que está intentando el actual gobierno” dijo Sánchez, en una entrevista que publicó este sábado La Diaria. La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Tomás Casaretto y Julieta Sierra.

La exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales, avanzó en el proceso de selección para participar en la elección del Poder Judicial. Sin embargo, la exfuncionaria ya ha sido sujeta a críticas debido a su trabajo en el calderonismo. Morales asegura que estos comentarios son descalificaciones infundadas y pidió confiar en el proceso y la reforma judicial.La violencia en Sinaloa trajo consigo un aumento en la ola de secuestros. Sólo en noviembre, el estado acumuló 127 de estos delitos, lo equivale al 70.7 por ciento de los secuestros en el país. A la lista se suman Veracruz, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México, de acuerdo con las cifras de la organización ‘Alto al Secuestro'.Roberto Gil avanzó en la primera de las cinco etapas para ser parte de los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular. Pero, a diferencia de otros aspirantes, el exsenador del PAN pide ser escuchado por el comité de selección y de manera pública tal y como lo hizo el exministro Arturo Zaldívar cuando aplicó para ser parte de la Corte. Gil Zuarth asegura que todavía tiene que pasar por el proceso de idoneidad, la tómbola, la selección de parte de dos terceras partes del Congreso y finalmente las urnas.Serán alrededor de 11 mil perfiles lo que revisará el comité de evaluación del Poder Ejecutivo integrado entre otras personas por el exministro Arturo Zaldívar. Asegura que trabajan 24/7 para lograr que la lista capaz de resistir cualquier análisis y que sea integrada por las mejores personas sin tener vetados ni favoritos. Zaldívar considera que en este proceso se juegan el éxito de la reforma judicial.A pesar de la extinción del INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia se mantiene en el limbo. La comisionada Julieta del Río asegura que todos los días se hacen respaldo de los datos públicos y hay peticiones de parte de universidades para el resguardo de la información. La comisionada asegura que hasta que no se aprueben las reformas secundarias, el INAI resguardará los datos.El gobierno federal quiere reparar el desastre ocurrido en el sexenio anterior ante el desabasto de medicamentos. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, asegura que esta licitación será la más grande de la historia y el costó oscilará en 400 mil millones de pesos para surtir mil 733 claves.Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

Mientras que el Poder Ejecutivo y el Judicial lograron concluir con la revisión de los miles de perfiles para lograr tener las listas de aspirantes a la elección de jueces, magistrados y ministros, el Legislativo simplemente no concluyó. Y es que durante la reforma impulsada por López Obrador y seguida por el actual gobierno, las fechas de revisión estaban establecidas en la Constitución, por lo que todo indica que son los propios diputados y senadores quienes están violando sus propias reglas.El Club América se convirtió en el primer equipo en lograr el tricampeonato en torneos cortos en México tras vencer al Monterrey. La exigencia de ‘el ave' es muy alta con una mentalidad de “ganar o fracasar” así lo revela el presidente y director del equipo, Emilio Azcárraga. Asegura que enfrentarán cualquier competencia con seriedad y esperaría que otros planteles pensaran igual que ellos. Azcárraga y el ‘Ame' no sólo buscarán el cuarto título sino trascender para seguir siendo el equipo de futbol más grande de las Américas.Emilio Azcárraga dijo que prevén entregar las obras de remodelación en el estadio Azteca a finales de 2025. Con esto, también adelantó que el Club América volverá al ‘Coloso' de Santa Úrsula para el torneo de 2026.Santiago Taboada termina sus participaciones como colaborador de 'Por la Mañana' y aprovecha su intervención para señalar que la violencia en Sinaloa no terminó desde que inició sus comentarios hasta este 16 de diciembre.La reunión entre la oposición y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue duramente criticada por Ciro Gómez Leyva. Santiago Taboada trató de justificarla como una "cortesía parlamentaria" que no los transforma ni evitará los señalamientos en seguridad al gobierno de Claudia Sheinbaum. El periodista insistió en que los panistas regalaron una foto de democracia al oficialismo cuando en los hechos dista mucho de esa realidad.Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

Vanessa Romero, Abogada y analista política. integrante del Comité Evaluador del Poder Ejecutivo