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El Poder Ejecutivo defendió ayer en el Parlamento el proyecto de ley planteado como una salida a la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, argumentaron a favor de una iniciativa que el gobierno pretende se apruebe con plazos perentorios.  El informe que presentaron los representantes del gobierno intentó marcar las causas de la situación de crisis de la caja. Según lo indicado allí, "el origen del desequilibrio financiero está en el desbalance aportado durante la vida laboral y lo cobrado en la etapa pasiva".  Así, según el Poder Ejecutivo, el régimen que aplica para quienes se jubilan hoy por la Cjppu implica que cada afiliado recibe entre dos y tres veces lo que aportó a lo largo de su vida activa.  Según el informe, ese desbalance se explica por las condiciones diferenciales que existen en la caja para el cálculo jubilatorio en relación a otros subsistemas, además de que los pasivos profesionales representan un colectivo con una mayor longevidad promedio que la población en general.  Según el gobierno, la caja tiene un escenario de déficit pese a una favorable relación activo/pasivo, que es de tres a uno.  El gobierno pretende que sea ley antes del 30 de mayo. La razón: la caja está "al límite de su capacidad de cumplimiento de obligaciones previsionales".  ¿Cómo se está dando este tratamiento en el Parlamento? Conversamos En Perspectiva con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado y miembro de la comisión especial que tiene a estudio el proyecto.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (CJPPU) perdió US$ 108 millones en los últimos dos años, pero lleva ya un lustro con números en rojo. La situación es tan crítica que las autoridades de la Caja aseguran que a mediados de este año se quedarán sin fondos suficientes para cubrir las pasividades que debe abonar mes a mes. Con esa fecha límite en el horizonte cercano, el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto de ley de salvataje que ahora debe ser tratado de forma urgente en el Parlamento. La propuesta incluye un aumento en la tasa de aporte que ya realizan los trabajadores activos; una contribución de los jubilados y pensionistas, cuyo valor depende del monto que perciban; un cambio en el sistema de ajuste en el valor de los timbres profesionales, que provocará un aumento mayor al actual; entre otros puntos. Además, se plantea una reducción del directorio de la institución, que pasaría de siete a cinco miembros, tres de ellos electos y dos designados por el Poder Ejecutivo. Las autoridades de la Caja plantearon ya sus reparos. Este lunes, en la entrevista central de En Perspectiva, la vicepresidenta de la CJPPU, Virginia Romero, explicó los motivos del déficit y también criticó el apuro del gobierno. "-Mi pregunta es, ¿desde cuándo se dan estos fenómenos? ¿Por qué se reacciona ahora? ¿Por qué se reaccionó hace poco? -Bueno, los modelos actuariales siempre dieron que el problema venía 24, 25... o sea, esto se supo hace 15 años que se sabía". En el plano político, si bien el oficialismo quiere dar la discusión en forma inmediata y aprobar el proyecto rápido, desde la oposición ya se planteó que no quieren votar una ley exprés. Blancos y colorados también criticaron que el texto es “más duro”, en palabras del diputado colorado Conrado Rodríguez, que la iniciativa que impulsó el gobierno de Lacalle Pou en 2023 y que naufragó ante el rechazo del Frente Amplio. La Tertulia de los Miércoles con Martín Couto, Casilda Echevarría, Eleonora Navatta y María Eugenia Roselló.

La situación ya es insostenible. El tiempo pasa y apremia. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) arrastra desde hace varios años una crisis económico-financiera que llegó a un punto límite. El riesgo de quiebra es inminente. Según sus autoridades, en caso de que no se encuentre una solución y se tome una medida de shock, a partir de junio o julio la CJPPU no tendrá fondos para pagar las jubilaciones y pensiones de sus afiliados. Entre 2023 y 2024 tuvo un déficit acumulado de US$ 108 pero en total lleva un quinquenio con números en rojo. Aunque en el gobierno de Luis Lacalle Pou hubo un proyecto de “ley exprés” que buscaba equilibrar las cuentas de la caja, la iniciativa fracasó en el Parlamento. El jueves pasado el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi presentó una nueva propuesta, que fue comunicada a las autoridades de la CJPPU y remitida al Poder Legislativo. ¿En qué consiste esta solución que plantean las autoridades nacionales? ¿A quiénes afecta? ¿Es viable financieramente la Caja de Profesionales en el futuro? Para un primer enfoque sobre este tema conversamos En Perspectiva con la Cra. Virginia Romero, actual vicepresidenta de la institución.

El Senado aprobó ayer la venia para designar a Mario Layera, exdirector de Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La decisión salió adelante con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), pero con el rechazo del Partido Nacional (PN). Esta venia fue la única de las solicitadas por el Poder Ejecutivo para los cargos en entes autónomos y servicios descentralizados que no recibió el respaldo unánime de la oposición. Layera fue jefe de Policía de Montevideo durante el gobierno de José Mujica y el comienzo de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, ascendido luego a director de Policía Nacional debdio al fallecimiento de su antecesor, Julio Guarteche. ¿Cómo se llegó a este hecho político?

El Senado aprobó ayer la venia para designar a Mario Layera, exdirector de Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La decisión salió adelante con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC), pero con el rechazo del Partido Nacional (PN). Esta venia fue la única de las solicitadas por el Poder Ejecutivo para los cargos en entes autónomos y servicios descentralizados que no recibió el respaldo unánime de la oposición. El nombramiento requería apoyo de tres quintos de integrantes de la cámara, aunque si no se lograba esa mayoría especial podría haberse aprobado a los 60 días con mayoría simple, que el FA posee en el Senado. El senador Pedro Bordaberry fue el encargado de explicar la posición de los colorados: dijo que los senadores de su partido votaron la venia de Layera porque querían respetar el acuerdo multipartidario que existe para avalar todas las venias, aunque reconoció que no el paso que daban no era “una aprobación entusiasta” porque la gestión de Layera al frente de la Policía, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, había dado resultados “por lo menos discutibles”. Sin embargo, como Layera ya no está siendo investigado por la Justicia por la fuga de Rocco Morabito de la exCárcel Central y los traslados del narco mexicano Gerardo González Valencia, el senador colorado dijo que no había motivos jurídicos para negar el voto. "Y nos quedó solamente la opinión personal sobre la persona propuesta por otro partido en el uso de las facultades que habíamos acordado. Layera goza, como cualquier ciudadano, de la presunción de inocencia, y negar una venia por una sospecha sería hacer lo que la democracia no permite: castigar sin juicio. Nos guste o no nos guste la persona". Esos argumentos no fueron compartidos por los senadores nacionalistas, que mantuvieron su rechazo. La voz cantante de esta postura la llevó Javier García, quien afirmó que a pesar de que la Justicia archivó las investigaciones sobre Layera, los blancos consideraban que su nombramiento no cumplía con las “condiciones personales, funcionales y técnicas” que la Constitución exige. Consideró que por más que las acciones de Layera no hubieran constituido delitos, bajo su gestión ocurrieron hechos “muy graves”. "Eso no quiere decir, que no sean delitos, que esté habilitado para ocupar el cargo. Porque fueron hechos muy graves que expusieron al país a circunstancias de inseguridad como no se conocían en el Uruguay, vinculados al crimen organizado, fuga de Morabito, contactos entre narcotraficantes presos en reiteración real, que aún sin configurar delitos, la Justicia lo dijo, sí configuran una no capacidad técnica ni funcional ni personal para ejercer el cargo de director de inteligencia". Por el FA, quien presentó y defendió el nombre del Crio. (R) Mario Layera fue el senador Daniel Caggiani, quien mencionó su vasta trayectoria policial y las diferentes distinciones nacionales e internacionales que recibió por su trabajo. Luego de escuchar las exposiciones de los senadores de la oposición, Caggiani aclaró que la bancada del FA entendía que el nombramiento de Layera entraba dentro del acuerdo multipartidario que habían cerrado con la oposición para aprobar todas las venias, dando a entender de ese modo que el PN había incumplido aquel entendimiento. La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Martín Bueno, Pablo Díaz y Amira Fagúndez.

Buena parte del planeta sigue procesando hoy el terremoto comercial que provocó el presidente de Estados Unidos el miércoles pasado, cuando anunció aranceles para las importaciones de bienes procedentes de más de 180 países, con tasas adicionales que oscilan entre 10% y casi 50%. Acá en Uruguay, el gobierno realizó sus primeras consideraciones el viernes pasado. Luego de reunirse con la embajadora de Washington en Montevideo, el ministro de Economía Gabriel Oddone declaró en rueda de prensa que no debía leerse este giro como algo “pasajero”, atado a Trump, sino como una parte de un creciente movimiento proteccionista internacional. Oddone explicó que en el Poder Ejecutivo todavía están analizando el alcance del muevo escenario y qué consecuencias puede tener, pero agegó que, aunque el paquete resuelto por la Casa Blanca representa un “desafío”, en principio para Uruguay presenta también oportunidades. Recordemos que a nuestro país, igual que para nuestros socios en el Mercosur, se le aplica el nuevo arancel básico general de 10%, es decir que nuestros produstos quedaron en la franja de los menos impactados por la medida. "Eso supone que algunos de nuestros competidores, en diversos mercados, en Estados Unidos, vamos a poder tener un acceso probablemente más competitivo. Y como esto está provocando reacciones en terceros países, esto también abre oportunidades. Por eso es que creo que es un escenario, desde el punto de vista general, del interés general, creo que es negativo, pero desde el punto de vista de un país, mirado solamente desde nuestra perspectiva, puede haber algunas oportunidades que compensen los aspectos negativos". El ministro de Economía agregó que se está buscando “caminos” para que “restricción arancelaria no se convierta en una barrera infranqueable”. La Tertulia de los Lunes con Juan Erosa, Martín Moraes, Eleonora Navatta y Leonardo Costa.

El lunes de la semana pasada, cuando se cumplía un mes desde el comienzo del cuarto gobierno del Frente Amplio, el presidente Yamandú Orsi se reunió en la residencia oficial de la avenida Suárez a todos los diputados y senadores del Frente Amplio. En esa ocasión, según informó el jueves Búsqueda, varios parlamentarios se mostraron inquietos ante la cuatela con que se mueven las nuevas autoridades, y pidieron que el Poder Ejecutivo “se ponga en marcha” y anuncie planes concretos que tengan impacto en la vida de la gente. Este sábado, en La diaria del fin de semana, el politólogo Daniel Chasquetti observó que en el gobierno “están todos un poco esperando” que se aclare la situación financiera y señalaba esa actitud como una rareza: “Los gobiernos, desde 1985, cuando llegan, rápidamente explicitan los objetivos”, decía. En particular, Chasquetti hizo notar que en marzo el gobierno no aprobó ninguna ley propia. “Es ‘marzo cero ley'. Nunca había ocurrido”, agregó. A modo de comparación, el politólogo recordó cómo Lacalle Pou desembarcó con un borrador ya pronto de la Ley de Urgente Consideración que marcaría toda la gestión, y cómo Tabaré Vázquez debutó con “una cuestión programática muy fuerte”. Otros analistas y jerarcas, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, le quitan importancia a estas críticas y señalan que se explican por cierta “ansiedad” que es característica de estos tiempos. ¿Debe el gobierno apretar el acelerador, aunque sea desde lo discursivo? ¿Hay un riesgo en que se perciba que solo se va a aguantar o a administrar sin una agenda reformista? La Tertulia de los Lunes con Juan Erosa, Martín Moraes, Eleonora Navatta y Leonardo Costa.

Como bien sabemos, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de poderes y su correspondiente balance de pesos y contrapesos que permita controlar el ejercicio del poder. Es decir, aunque las elecciones sean libres y garantizadas (riquísimo elemental) ello no resulta suficiente para darle viabilidad al proyecto democrático. Ese equilibrio está hoy amenazado severamente en democracias asediadas por el ímpetu de la autocracia populista. Veamos el más reciente caso de los Estados Unidos: Donald Trump no solo está abiertamente enfrentado a jueces federales con algunas decisiones que desobedece, sino que con su mayoría en el Congreso, está desafiando el sistema de contrapesos como nunca antes en la historia de esa democracia, a decir de los expertos. Hay varios ejemplos que podríamos tomar: el del juez federal de Washington James E. Boasberg que prohibió la deportación de un grupo de venezolanos hacia El Salvador, el del juez Theodore Chuang, que ordenó paralizar el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID, la de jueza Ana Reyes que bloqueó la orden para prohibir a las personas transgénero servir en el Ejército, etc. Más allá de cada caso en particular, lo que está en el centro de la cuestión es un debate sustantivo respecto de, ¿sí los jueces deben poder limitar al Poder Ejecutivo o no? Por supuesto para Trump y su círculo de confianza la respuesta es negativa y a punta de exabruptos rechazan las órdenes que tratan de frenar los ímpetus de las arremetidas de la Casa Blanca. Que los jueces están "fuera de control" "desquiciados" que "no ganaron ninguna elección" para comportarse como se comportan, y en definitiva "no me importa lo que piensen los jueces" como dijo el zar de la frontera, Tom Homan. En otros contextos, los presidentes autocráticos o con tendencia manifiesta a serlo, tenían un poco más de contención a la hora de burlar los contrapesos al ejercicio de su poder. Incluso tenían preocupaciones de ser castigados en las urnas por hacerlo. El temor es que hoy no sea así, pues sus bases los aplauden por ser "fuertes" y enfrentarse al establecimiento político, digamos que a los "otros con corona". Tal vez por eso los autoritarios como Trump se pavonean caminando por los límites de sus competencias. Tanto que se atrevió a decir este fin de semana que no es ninguna broma que podría buscar un tercer mandato, cuando eso lo tiene abiertamente prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué riesgos corren las democracias con constantes los ataques al Poder Judicial? Para ampliarlo conversaremos con el constitucionalista, Marvin Carvajal.

Conversamos con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre los proyectos de ley impulsados desde el Gobierno y el destino de la Ley del DNI, declarada inconstitucional el año pasado. ¿Qué cambios vienen y cómo impactarán al país?

Víctor Basterra estaba en su casa con su esposa y la bebé de ambos. Era 1979 y el gobierno militar que de facto se había hecho cargo del Poder Ejecutivo argentino cometía aberrantes crímenes en la clandestinidad con la excusa de la lucha contra la subversión. Basterra es separado de su familia y brutalmente golpeado. En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue torturado y permaneció secuestrado hasta el final del régimen, en 1983, aunque continuó vigilado y amenazado hasta casi un año después. Obligado a trabajar para el régimen por sus conocimientos como obrero gráfico, Basterra estiró los límites de su seguridad (ya de por sí en peligro) en pos de registrar y archivar documentos, fotos y escritos que ayudaron a reconocer tanto a victimarios como a víctimas al regreso de la democracia. Su valioso testimonio ante el Juzgado de Instrucción N° 30 (que incluyó la documentación retirada de la ahora ex ESMA) se transformó en una publicación del CELS que, a 49 años del golpe, quisimos compartir en formato de audiolibro. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Pre producción y voz: CECILIA BONA Editó este episodio: DANY FERNÁNDEZ (@danyrap.f) para @activandoproducciones.proyecto ¡Ayudanos a crecer! Patrociná POR QUÉ LEER: https://porqueleer.com/patrocina Nuestras redes sociales: ⚡https://instagram.com/porqueleerok ⚡https://twitter.com/porqueleerok ⚡https://www.facebook.com/porqueleerok/

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó durante la apertura del 6° Foro de Inversiones & Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino y despejó dudas respecto al tipo de cambio: “¿Qué va a pasar con el tipo de cambio que se preguntan seguramente muchos? No va a pasar nada, no va a pasar nada con el tipo de cambio porque hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada, hoy la base monetaria amplia apenas no llega a 7 puntos de producto, 6,7. Qué les quiero decir con esto, vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo”.'Toto' Caputo negó los rumores sobre una devaluación: “Es cierto que hay algunos precios que hoy están caros en dólares, la solución no es devaluar entonces como se hizo durante 100 años y entonces que esos precios no parezcan tan caros en dólares, la solución es que esos precios bajen y eso como digo, bajan con menos impuestos y con más competencia. En ese camino de mayor competencia a algunos se les hará más difícil a otros menos, algunos estarán más dispuestos a invertir, otros menos y pasará como pasa en cualquier país, si lo hacen bien saldrán favorecidos y si no, no será el caso”.La vocera del FMI Juli Kozack explicó cómo continuan las negociaciones para un acuerdo con Argentina: “Por nuestra parte, como mencioné, las negociaciones continúan de manera constructiva. En cuanto al proceso por parte del FMI, una vez que las negociaciones se completen, como con cualquier programa del FMI o programa propuesto, el acuerdo final y los documentos requerirán la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, y proporcionaremos más actualizaciones a medida que las tengamos”. Martín Menem mencionó los beneficios de aprobar el decreto sobre el acuerdo con el FMI:  “Con este decreto y con este acuerdo, la Argentina va a ponerle punto final a la inflación y vamos a salir de ese cepo cambiario. En el tiempo. Son las expectativas que van a permitir que la economía crezca a un ritmo más sostenido y eso, en el tiempo, va a generar que la relación deuda-producto cada vez sea más amplia. O sea, la Argentina va a crecer. Estamos, creo, en una oportunidad histórica para avanzar en todo lo que hemos transmitido al votante en noviembre del 23”. Martín Menem mencionó el deseo de que el Senado ratifique la designación de Lijo: “También que ratifiquen la otra propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo tomaron que García Mancilla vote en contra de la licencia que pide el hijo? Nosotros no intervenimos en las decisiones judiciales. Creemos en la división de poderes y en la no politización de la justicia. Son decisiones del Poder Judicial. Punto. O sea, García Mancilla no le va a deber nada al gobierno. No es la idea que nadie, ningún juez le deba nada al gobierno. Que impartan justicia creemos en la división de poderes, somos republicanos en serio. Los senadores tienen la llave de sí o no. El generalismo le aprobaría el dictamen a García Mancilla para luego voltearlo. Para luego negarle el pliego. ¿Vos creés que podés ser capaz de eso? En el generalismo podemos esperar cualquier cosa”.Noticias del viernes 7 de marzo por María O'Donnell y el equipo de De Acá en Más por Urbana Play 104.3 FMSeguí a De Acá en Más en Instagram y XUrbana Play 104.3 FM. Somos la radio que ves. Suscribite a #Youtube. Seguí a la radio en Instagram y en XMandanos un whatsapp ➯ Acá¡Descargá nuestra #APP oficial! ➯ Android ➯ iOS

Hoy comenzamos hablando sobre la insólita reunión que mantuvieron en público Donald Trump y Volodímir Zelenski. En pleno despacho oval de la Casa Blanca, con las cámaras grabando, mantuvieron una agria discusión llena de reproches en la que también participó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y el Secretario de Estado Marco Rubio, que no intervino. Mientras tanto la Unión Europea se encuentra dividida intentando responder a la reconfiguración de las relaciones internacionales que plantean desde Estados Unidos. También hablamos hoy sobre cómo las nuevas formaciones de derecha, desde Javier Milei en Argentina hasta el propio Trump, pasando por todos los partidos europeos que comparten ideología, pretenden desmontar las democracias actuales y avanzar hacia un nuevo modelo de Estado en el que el Poder Ejecutivo tenga mucho más peso y se implementen determinadas medidas de corte mucho más conservador. Con Pedro García-Bilbao, José Luís Carretero, Nacho Escursell y Andrea Benites-Dumont. Conduce Juan Carlos Barba. Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de los últimos vetos impuestos por el Poder Ejecutivo, del bloqueo en el que está sumido el plenario por varios proyectos de ley y del pleito ocurrido el miércoles; así como de la solicitud de renuncia a la ministra de la Mujer y de la próxima interpelación al canciller. También evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos los proyectos presentados durante la semana.Intro - (00:00:00) Vetos - (00:02:07)Pleito en Plenario (Proyectos bloqueados) - (00:15:41)Piden la renuncia de Cindy Quesada - (00:24:39)Próxima interpelación - (00:30:57)Pregúntele a Lucho - (00:37:46)

El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, prevé enviar próximamente al Parlamento un proyecto de ley para reinstalar la representación docente en el gobierno de los distintos niveles de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Según informó el viernes el diario El Observador, Mahía se lo hizo saber al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, a quien el Frente Amplio buscará converncer para que apoye esa iniciativa en la cámara bajam, donde el nuevo oficialismo no tendrá mayoría automática. El Observador recordó que “Mahía planteó hace semanas que reinstalar la participación docente a través de los consejos en la ANEP ‘es una forma muy efectiva de involucrarlos en la gestión'.” Y agregó: “No me imagino ningún cambio de fondo en la educación si no lográs un involucramiento de los actores educativos; si no se lograra, que yo aspiro a que se forme, habrá que buscar otras formas de pensar la participación“. Recordemos que una de las disposiciopnes de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio de 2020 y ratificada en el referéndum de marzo de 2022, modificó la forma en que se gobiernan las de la educación: Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación en Educación. Hasta ese momento cada una de esas ramas era dirigida por un “consejo” integrado por tres personas, una de las cuales era elegida por los docentes. La LUC, sin embargo, creó “Direcciones”, que son lideradas por una sola persona, en su carácter de Director o Directora, elegida por el Poder Ejecutivo. Los docentes quedaron integrados solamente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, donde hay dos representantes, entre cinco consejeros. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Gonzalo Baroni, Eleonora Navatta y Desirée Pagliarini.

Ya está instalado el Parlamento elegido por la población en los comicios nacionales de octubre. Incluso ya se han dado algunos debates propios de la actividad legislativa, luego de meses de bastante calma por el verano y anteriormente por la campaña electoral. Ya están nombrados prácticamente todos los jerarcas principales del gobierno: ayer un ministerio que faltaba, el de Trabajo y Seguridad Social, presentó a quienes estarán al frente de sus direcciones. Ya se están armando acá en la Plaza Independencia el escenario para el acto de traspaso de la banda presidencial que tendrá lugar el 1º de marzo. Estamos a poco más de una semana de la instalación del nuevo Poder Ejecutivo. Miremos, entonces, para adelante: ¿qué esperan los tertulianos del próximo gobierno, qué expectativas tienen? ¿Qué los dejaría satisfechos? La Tertulia de los Jueves con Martín Bueno, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle.

La distribución del nuevo Parlamento, el que acaba de instalarse este sábado, es inédita en el Uruguay de las últimas décadas. El Frente Amplio, que será el partido de gobierno a partir del 1° de marzo, tiene mayoría absoluta en el Senado pero no en la Cámara de Representantes donde tampoco la tiene mayoría propia la Coalición Republicana, debido al ingreso a esa rama legislativa de un partido nuevo: Identidad Soberana, de Gustavo Salle, que logró dos bancas. Ese escenario, donde a priori el Poder Ejecutivo podrá aprobar proyectos negociando solo dentro del oficialismo, estuvo latente en la ceremonia de inauguración de la 50ª legislatura. Fuera de la sala, Andrés Ojeda, quien asumió como senador colorado, dijo en rueda de prensa que apuntaba a ser “la oposición más fuerte de este siglo”. "Esta es la primera oposición que, si se junta toda, tiene más votos que el oficialismo, ¿no? Entonces, para empezar, es el primer oficialismo del siglo XXI que no tiene mayoría propia en el Parlamento. O sea, que si todos los que no estamos en el Gobierno nos ponemos de acuerdo, este Parlamento vota otras cosas. Eso no quiere decir que sea que no a todo y tranquemos todo, ni mucho menos. Quiere decir que la incidencia parlamentaria va a ser muchísimo mayor. Esta es la oposición más fuerte del siglo XXI. Y hay que tomarse esa responsabilidad como lo que es: una gran responsabilidad a la hora de construir". Por otro lado, en el discurso que pronunció el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, que fue electo como presidente de la Cámara Baja durante el primer año, el legislador del MPP hizo referencia a lo importante que será el diálogo en este quinquenio y llamó a evitar la descalificación de los contrarios. "Es necesario bajar un poco la pelota al piso. Y en lo que al Parlamento le corresponde, recuperar una convivencia política que asegure que esta casa sea el espacio en el cual se encuentran todas las miradas, opciones y preferencias de la sociedad uruguaya. No hay otra forma de cuidar la convivencia democrática que no sea a través del diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas, dentro de los valores democráticos y republicanos, que muchas veces no pueden, o tal vez no coincidan circunstancialmente con las nuestras. El debate político que se da en esta casa será como siempre lo ha sido, intenso y sostenido. Nuestro compromiso y responsabilidad como representantes electos por la ciudadanía deberá ser mantener alejado de este recinto aquellas posturas y posiciones políticas que intentan anular o suprimir las visiones de los que no piensan como uno". Para dar más fuerza a su planteo, en su alocución Valdomir leyó un fragmento del discurso del nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz cuando asumió como presidente de esa cámara en febrero de 1972 e invitó a repasar la obra del colorado Manuel Flores Mora, disponible en el acervo del Palacio Legislativo. ¿Cómo se vienen preparando los jugadores clave de estos diálogos, conversaciones y negociaciones, es decir los propios diputados? Conversamos En Perspectiva con tres de ellos: Mariano Tucci, del MPP, quien se desempeñará como coordinador de bancada del Frente Amplio; Rodrigo Goñi del Partido Nacional, integrante del sector blanco mayoritario en la cámara, Alianza País; y Conrado Rodríguez, colorado, del sector Vamos Uruguay.

La 50 ª legislatura quedó oficialmente inaugurada el sábado pasado y de ese modo entró en la recta final el largo período de transición de gobierno. Con la instalación de las dos cámaras quedó a la vista una primera foto de la configuración que tendrá este nuevo Parlamento, que presenta una renovación importante, con casi dos tercios de debutantes. De todos modos, esos números pueden cambiar porque no todos los nombres que asumieron este fin de semana se mantendrán en sus bancas: varios de ellos pasarán a ocupar a partir de marzo cargos en el Poder Ejecutivo y otros organismos del Estado. Algo de esa fugacidad quedó reflejado en el acto protocolar de despedida de Alejandro Sánchez, que ejerció brevemente como presidente del Senado para tomar juramento a los otros miembros de la cámara alta y luego presentó su renuncia dado que será el próximo secretario de la Presidencia de la República. "Sepan que ha sido un honor ser parte de esta casa con todos los aprendizajes a lo largo de estos años, gracias a todos mis compañeros, a los funcionarios y a todos los legisladores de la legislatura anterior, y desearles el mejor de los éxitos a todos los legisladores en esta nueva legislatura. Gracias por el aprendizaje". En este nuevo Poder Legislativo se da una distribución de fuerzas inédita, al menos en el pasado reciente: en el Senado el oficialismo tendrá mayoría absoluta, con 17 bancas, mientras en la Cámara de Diputados ninguno de los dos bloques principales alcanzan los 50 votos necesarios para aprobar proyectos, debido al ingreso de un nuevo partido, Identidad Soberana, que no integra ni el FA ni la CR. A ese primer pantallazo se le agregan varias incógnitas: cómo se manejará dentro del Frente Amplio el Movimiento de Participación Popular, que reúne la bancada más grande de un solo sector desde el regreso de la democracia; de qué manera se plantará Cabildo Abierto, que tiene dos diputados que dicen que no se sienten atado a la CR; y, sobre todo, cómo jugarán Gustavo y Nicolle Salle, los representantes de Identidad Soberana. En un breve discurso luego de votar por Sebastián Valdomir como presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Salle ya dejó en claro cuáles siguen siendo sus prioridades. "Ese es el gran desafío que tiene este parlamento, que el Uruguay se anteponga, dando ejemplo en el mundo, a la extorsión de la cleptocorporatocracia internacional". ¿Cómo ven ustedes esta configuración del Poder Legislativo y sus desafíos? La Mesa de Análisis Político con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Ernesto Nieto y Camila Zeballos.

Por claridad y transparencia para con nuestra audiencia les contamos que mañana nuestro espacio será patrocinado por la empresa Dekra. Bajo el formato de nuestra entrevista habitual, haremos consultas sin restricción alguna y, por supuesto, sin haberse pactado preguntas previas. Tampoco una conversación anticipada. La intención es conocer los argumentos de Dekra, con relación a la controversia suscitada en torno al nuevo contrato de prestación del servicio de la revisión técnica vehicular en Costa Rica. El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) preseleccionó para prestar este servicio público a las empresas Consorcio Applus CR (antigua Riteve) y al Grupo TÜV Rheinland. Dekra ha apelado en dos ocasiones la precalificación de las dos compañías al fundamentar que esa decisión es contraria a los argumentos de la Contraloría General de la República que anuló esa medida a finales de año pasado. Estiman, por tanto, que viola principios fundamentales de la Ley de Contratación Pública. Como se recordará, el Poder Ejecutivo otorgó un permiso de uso en precario para que la empresa alemana prestara el servicio desde octubre del 2022 hasta octubre 2024. Y en ese punto nos encontramos aún en este momento. En su momento, la administración Chaves publicitó esto como un gran logro, pero ahora no explican nada acerca de lo que está sucediendo. Toda una maraña jurídica en la que están atrapadas las empresas interesadas en un negocio que a no dudarlo es atractivo dado el crecimiento inmenso de la flota vehicular del país. Para ampliar acerca de este tema acordamos este espacio patrocinado por lo cual conversaremos con el gerente de Dekra, Julio Rodríguez Obaldía.

Durante esta semana la política colombiana ha estado marcada, por la decisión del Presidente de transmitir por televisión el Consejo de Ministros, como una estrategia de contener las diferencias internas. Sin embargo, este cálculo resultó en un lamentable contencioso televisado del gabinete de Petro, pues sus ministros no desaprovecharon la ocasión para ventilar sus diferencias. Discrepancias provocadas principalmente por el controversial nombramiento deArmando Benedetti como Jefe del Gabinete.Figura polémica implicada en casos de corrupción, tráfico de influencia y hasta demandas porviolencia intrafamiliar. Lo cual supuso reacciones y hasta renuncias de varios ministros, como el caso de Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el ministro de cultura Juan David Correa. Un nombramiento que el propio Petro defiende, ya que cree que su figura pudiera conseguir consensos con segmentos conservadores en el Congreso. Sin embargo, esta decisión ha erosionado la cohesión del Pacto HistóricoLas seis horas que duró el encuentro, no se mostraron logros sino principalmente las fisuras internas del Poder Ejecutivo colombiano y en buena medida la precaria capacidad de consolidar un equipo de gobierno. Hay que tener presente que en 29 meses de gestión se han dado 42 cambios de ministros, una inocultable anomalía en la historia política colombiana. En este contexto, cabría preguntarse ¿cuál será el alcance de estas fisuras en el Pacto Histórico? ¿cómo podrá Petro justificar que sí tiene capacidad para gobernar en Colombia? y en especial ¿cómo hacer creíble un ambicioso proyecto político con tan notoria falta de resultados?

Oficialismo y oposición chocaron ayer en la Cámara de Senadores por la aprobación de tres proyectos de ley a pocos días de que asuma el gobierno electo en los comicios del año pasado. La cámara alta sesionó ayer de forma extraordinaria para tratar tres iniciativas: una sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales –la única que contaba con media sanción de Diputados–, otra sobre los deudores del Banco Hipotecario y la tercera sobre exoneraciones para las empresas que contraten a exprivados de libertad. El Frente Amplio (FA) pidió el levantamiento de la sesión, en el entendido de que “no se debió haber convocado ni realizado”. El senador Daniel Caggiani sostuvo que la convocatoria “no tenía legitimidad política” ya que ninguno de los proyectos de ley que iban a tratarse fueron discutidos con los parlamentarios de la “fuerza política que va a gobernar a partir del 1º de marzo”. Caggiani aseguró que luego del balotaje de 2019, cuando el FA perdió las elecciones, “no hubo ni un solo proyecto de ley aprobado por el Parlamento sin que tuviera acuerdo del conjunto de los partidos políticos”. "Creo que no es lo que corresponde para el buen relacionamiento del sistema político uruguayo. No es lo que ha antecedido. En el 2019 perdimos las elecciones, la ciudadanía eligió un nuevo Parlamento y luego del balotaje hasta el 28 de febrero no hubo ningún proyecto de ley aprobado por el parlamento sin que tuviera acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso fue porque iba a existir un nuevo gobierno surgido del mandato popular, que tenía mayorías claramente expresadas. Lamentablemente, tozudamente, sin entrar en razón seguimos degradando el buen relacionamiento que deben tener los integrantes de esta cámara". El senador nacionalista Jorge Gandini respondió que Caggiani “faltó a la verdad” porque luego del balotaje de 2019 “se aprobaron 17 proyectos de ley”, algunos por unanimidad y otros sólo con la mayoría del FA. “Quiere decir que estamos legitimados por el derecho, por los hechos y por los antecedentes”, enfatizó. Luego el senador frenteamplista Sebastián Sabini sostuvo que “esos 17 proyectos que se aprobaron [a fines de 2019] fueron en su mayoría con la participación de la oposición, cosa que aquí no ocurre”. Sabini agregó que es normal que el Parlamento siga funcionando en diciembre, pero no “a nueve días de terminar la legislatura”. “Nos meten de pesados una sesión, así que nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a ir”, anunció. Luego de un cuarto intermedio, los proyectos fueron aprobados solo con la presencia de los legisladores oficialistas en sala. El que regula el trabajo en plataformas digitales pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación y los otros dos fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Posteriormente ingresó a sala un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para extender el seguro de paro a los trabajadores de Schneck. El proyecto llegó caratulado como carácter de grave y urgente. Para aprobar ese tratamiento se requerían 21 votos. Tres legisladores del Frente Amplio ingresaron a sala para votar el proyecto. Sin embargo, sólo se llegó a 19 votos porque al oficialismo le faltaron dos legisladores, Luis Alberto Heber, y Guido Manini Ríos que ya se habían retirado de sala. De esta forma, el proyecto quedó por el camino y los trabajadores no tendrán la extensión del seguro de paro. La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez.

En Uruguay cada año se diagnostican 17.000 nuevos casos de cáncer y hay unos 8.000 fallecidos por esta enfermedad. Con esas cifras, el cáncer queda como la segunda causa de muerte en nuestro país. Más del 40% de los casos puede prevenirse, mediante prácticas de vida saludable y diagnóstico temprano. Pero qué pasa con quienes deben pasar por un tratamiento oncológico. ¿Qué posibilidades tiene de curarse? ¿El sistema de salud está poniendo a disposición de los pacientes, las mejores terapias y tecnologías? En 2022 la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), hizo un diagnóstico en Uruguay de toda el área oncológica. El reporte constató que había equipamientos y terapias vetustos, falta de mantenimiento, déficit en la preparación de recursos humanos, entre otros déficit. Aquel informe sirvió para que el Poder Ejecutivo implementara mejoras en el área. De hecho, ayer en el Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud Pública presentó una rendición de lo hecho hasta ahora en esta materia. Pero, ¿cuánto se logró avanzar? ¿Qué cuentas pendientes quedan? Conversamos En Perspectiva con el Dr. en Física Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, el organismo encargado de fiscalizar a las instituciones que hacen estos tratamientos.

Ernesto Nuñez, explicador político

Ejecutivos de la empresa de autopartes japonesa, Yazaki, confirmaron el viernes al Poder Ejecutivo que el cierre de las actividades en nuestro país es una resolución “irreversible”. La firma había comunicado el jueves que bajaba la cortina de sus dos plantas, ubicadas en Las Piedras y Colonia, una medida que deja sin empleo a entre mil y dos mil trabajadores Los representantes de la compañía se reunieron el jueves con la ministra de Industria, Elisa Fasio y el viernes con el ministro de Trabajo Mario Arizti. Hablando en rueda de prensa, Arizti explicó que, según se le había informado, la decisión de Yazaki se tomó en la casa y no tiene marcha atrás. "Ellos alegan costco de producción altos. Y una empresa que es un multinacional con plantas en diferentes países de la región hace sus cuentas y le resulta más atractivo otro país". Arizti dijo que el ministerio buscará instalar una “mesa de negociación” para que se “mejoren las liquidaciones” por despido de los trabajadores y buscar “soluciones” que les permitan a los cesantes “reubicarse” en el mercado laboral. Para eso Arizti, pidió a los sindicatos que no ocupen las plantas. Yazaki estaba en el país desde 2007. En un comunicado, la firma anunció que el cierre “se debe a los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectan significativamente las posibilidades de la empresa de competir en los mercados globales, y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes”. La producción que Yazaki venía realizando en Uruguay será derivada a plantas que la multinacional tiene en Argentina y Paraguay. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Teresa Herrera y Martín Moraes.

El gobierno saliente firmó el jueves de la semana pasada el contrato para la construcción y mantenimiento de la nueva planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí, San José, destinada a reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana. La decisión molestó al equipo del presidente electo, Yamandú Orsi, pese a que el documento incluye un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar". El contrato se formalizó el jueves 19 a mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del Poder Ejecutivo y OSE, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra. A través de un comunicado, Presidencia valoró que el contrato permite poner en marcha un proyecto que supone “la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable”. Las autoridades destacaron que Arazatí sumará “una fuente alternativa” al sistema de agua potable en el área metropolitana “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos” que puedan ocurrir, y aseguraron que en todo este tiempo “se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental”. El mismo jueves el presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar ese contrato. Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde, cuando reveló sus contactos con el presidente. Admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el acuerdo se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno. “Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado: cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo. El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno el memorandum anexo al contrato aunque, agregó, a primera vista “no es mucho lo que se modifica”. A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”. Ortuño aseguró que el proyecto “deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua y de saneamiento en todo el país y de realizar obras estratégicas como Casupá". La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Teresa Herrera, Diego Irazábal y Gabriel Mazzarovich.

Este 2025 será el tercer año de gestión de Gustavo Petro al frente del Poder Ejecutivo en Colombia y en el centro de su gestión la estrategia de la Paz Total vive sus horas más aciagas, después de los violentos enfrentamientos armados el pasado 15 de enero, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en la zona fronteriza colombo-venezolana del Catatumbo. Un nuevo hecho de sangre que deja a la fecha más de 80 muertos, secuestrados y una creciente cifra de desplazados que supera de 30.000. Lo cual ha producido una nueva suspensión de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla en activa más grande del país el ELN. Ataques que han hecho que el gobierno nacional declarara el estado de conmoción interior y de emergencia económica, para intentar abordar una situación que una vez más pone en entredicho las capacidades gubernamentales y la propia disposición de los grupos irregulares a abandonar las armas. Y es que el propio Petro ha reconocido públicamente que "la situación del Catatumbo es un fracaso de la nación" lo cual para muchos resultaría una capitulación de su gobierno para atender la crisis humanitaria y la trágica permanencia de la violencia que vive aún Colombia. Paradójicamente hablamos de una región con grandes recursos energéticos y naturales, pero que vive azotada por la violencia guerrillera, el narcotráfico, el tráfico de personas y la precariedad socioeconómica de sus comunidades por años y que con la actual gestión gubernamental no han podido conseguir mejores circunstancias. En este difícil contexto cabría preguntarnos ¿será capaz el gobierno de Petro de controlar la región y forzar a una nueva ronda de diálogos? ¿cuál será la posición de Bogotá con el gobierno de Nicolás Maduro, conociendo que estos grupos armados tienen durante años en el territorio venezolano un santuario para sus actividades ilícitas? Analistas: Manuel Alcántara Sáez Edición y Conducción: María Puerta Riera Xavier Rodríguez Franco

El presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí, San José.  El contrato se firmó ayer al mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del gobierno, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra.  Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde y reveló su comunicación con el presidente. El mandatario electo admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el contrato se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno.  “Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo.  El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. El contrato firmado ayer incluye un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar". Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno lo firmado ayer y sostuvo que, a primera vista, “no es mucho lo que se modifica”.  A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”.  A través de un comunicado, el Poder Ejecutivo valoró que la firma del contrato permitirá iniciar las obras de un proyecto que supone “la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable”.  Para el gobierno, Arazatí sumará “una fuente alternativa” al sistema de agua potable en el área metropolitana “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos” que puedan ocurrir, y aseguró que en todo este tiempo “se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental”.  Conversamos En Perspectiva con Robert Bouvier, ministro de Ambiente.

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Roberto Gil Zuarth, aspirante a ministro, habló sobre cómo se lleva a cabo el proceso de la selección de Ministros de la Corte. "Efectivamente en el Comité Judicial hay una crisis constitucional, hay por un lado una resolución de un juez de amparo, por otro lado una resolución del Tribunal Electoral, y ahora una solicitud a la corte para que resuelva cuál de las dos debe de prevalecer", dijo.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Para dar servicio de taxi de plataforma en el AICM hay que tener permiso  Por falta de apoyos más de 100 mil tiendas de barrio cierran cada año  Juzgado de Michoacán multa a integrantes de los Comités del Poder Ejecutivo y Legislativo por continuar con elección judicial  Más información en nuestro podcast

Rafa Latorre reflexiona en La Brújula sobre la estrategia del PSOE de cara a las elecciones autonómicas de 2027. 

En entrevista para MVS Noticias con Óscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, habló sobre que Morena busca más reformas: electoral, vivienda, atención médica y más. ¿Se trata de abuso en reformas constitucionales? "Indudablemente Morena ha establecido un récord de reformas constitucionales en un periodo ordinario de sesiones del Congreso y sobretodo en la transición de la salida del entonces presidente López Obrador y ya la llegada de la primera mujer presidenta de nuestro país", dijo. Comentó que muchas reformas pueden, para los simpatizantes de Morena y sus militantes, ser motivo de orgullo por la cantidad que se ha aprobado. Sin embargo, afirmó que las reformas están cambiando sustancialmente a la Constitución y se debilita la división de poderes, el equilibrio entre estos; además de que acercan a fortalecer el interpresidencialismo, concentrando el poder en la titular del Poder Ejecutivo.See omnystudio.com/listener for privacy information.

La renuncia el jueves pasado del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por diferencias con el Poder Ejecutivo, sigue despertando algunas preguntas. Un breve repaso. Este viernes 27 de diciembre, Alcoholes del Uruguay (ALUR) tiene previsto firmar un Acuerdo de Implementación con la empresa HIF Global. Esto para seguir avanzando con un proyecto de inversión de esa compañía de capitales chilenos en Paysandú, para instalar una planta que utilizará CO2 generado por ALUR e hidrógeno verde para producir combustibles sintéticos. Recordemos que, de concretarse, la planta de HIF supondría la mayor inversión en la historia del país: US$ 6.000 millones. El Acuerdo de Implementación debe firmarse antes de fin de año por una cuestión de plazos estipulados en el memorándum de entendimiento que se firmó con HIF en febrero, pero la decisión final sobre el proyecto se tomaría recién en mayo de 2026. Ahí se espera que el negocio en torno a este proyecto esté más claro, dado que hoy no existe demanda de combustible sintético.  ¿Por qué entonces tanta polémica ahora? Entre el presidente saliente del ente, Alejandro Stipanicic, y el Poder Ejecutivo, se abrió una diferencia referente a una cláusula del Acuerdo de Implementación, que le daba a Ancap la opción de participación a futuro en el proyecto. Cuando se tome la decisión final sobre la planta de HIF, Ancap podría tomar una participación hasta del 30% del negocio. Y si allí decidiera no participar, no tendría que pagar ninguna penalización. Stipanicic consideraba que era importante dejar esa opción abierta. Sin embargo, el Poder Ejecutivo exhortó al Directorio de Ancap a eliminar la cláusula en cuestión, y Stipanicic decidió renunciar a su cargo argumentando que no existía “ninguna razón técnica, económica ni jurídica” para seguir el camino ordenado por el gobierno. El sábado, en su cuenta de la red social X, el canciller Omar Paganini, quien fuera previamente ministro de Industria, publicó un texto afirmando que el gobierno pretende que la inversión de HIF siga adelante y la calificó como “una gran oportunidad para el país”. Pero aclaró que Ancap participa como proveedor de CO2 y no como inversor. “El proyecto de HIF no depende de que Ancap invierta. Cuenta con socios de Chile, EEUU, Alemania y Japón. Ellos están asumiendo la inversión y el riesgo, y Ancap obtendrá beneficios rentabilizando un subproducto. Es una situación de ganar-ganar”, escribió Paganini. El jerarca dijo que el monto de la inversión es demasiado alto, y el negocio demasiado incierto, como para que Ancap corra el riesgo. Recordó entonces los casos de Pluna y de la regasificadora, “que costaron muchos millones a los uruguayos”. “Los proyectos de Hidrógeno Verde no deberían ser otra regasificadora”, escribió Paganini. Continuó: “Una cosa es un proyecto con beneficios para Ancap y para los privados, y otra muy diferente es invertir fortunas de los contribuyentes y que por añadidura el Estado salga de garantía”. El canciller cerró diciendo que debe haber una “adecuada asignación de riesgos entre el Estado y los privados” y que “otra cosa son las aventuras con el dinero de todos”. Profundizamos En Perspectiva sore este tema con la actual ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Elisa Facio.

¿Cómo está marchando la transición entre el gobierno saliente y el entrante? El sábado, el presidente electo Yamandú Orsi reunió a su futuro gabinete, en una bodega ubicada en el Municipio de Salinas, cerca de donde él tiene su casa, en el departamento de Canelones. Allí sostuvo que por el momento “no hay sorpresas” en la información brindada por las autoridades salientes. De todos, modos se han producido algunos ruidos en la relación entre las dos partes a raíz de decisiones tomadas por esta administración en los últimos días. Por ejemplo, el gobierno electo cuestionó que, a instancias del Poder Ejecutivo, Ancap haya rechazado la opción de participar como socio en el proyecto de combustibles sintéticos promovido por la empresa HIF Global, una decisión que motivó la renuncia del presidente del ente Alejandro Stipanicic. En diálogo con La Diaria, el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que en las reuniones de transición hubo un pedido específico del gobierno entrante de “no innovar”. A su modo de ver, la resolución sobre el proyecto HiF Global representa una “innovación” dado que, expresó, quien en su momento tendrá que tomar la decisión de participar o no en el capital accionario del emprendimiento será el nuevo gobierno. Por su lado, el canciller Omar Paganini, ex ministro de industria, explicó en su cuenta de X que el gobierno decidió que Ancap no asumiera el rol de inversor porque el mercado de combustibles sintéticos está en desarrollo y por ende presenta grandes riesgos. “Si Ancap integra hasta el 30% del capital, eso implica una enorme suma de dinero (hasta US$ 1.800 millones), pero implica también -directa o indirectamente- la garantía soberana del Estado". En ese punto Paganini recordó casos similares que terminaron mal en adminsitracion frenteamplista. "En el caso de Pluna, el Estado garantizó a privados la compra de los aviones y terminó pagando un monto enorme. También vivimos situaciones así en Ancap, que costaron muchos millones a los uruguayos, como la regasificadora y el negocio del pórtland y la cal”, aseguró. En su opinión, “los proyectos de Hidrógeno Verde no deberían ser otra regasificadora”. El otro gran asunto que está causando diferencias es el proyecto Neptuno, para el que ya existe la autorización ambiental previa, aprobada a mediados de este mes por el Poder Ejecutivo. Sánchez sostuvo que ahora “se está discutiendo si se modifica o no el proyecto y de qué manera”. Y agregó: “Nosotros estamos a la espera de que se nos informe cuál sería la modificación, si la hubiera, y qué características tendría la firma de ese contrato. El gobierno actual, ¿qué quiere? En boxeo hay una expresión, clinch, que es abrazar. Te quiere abrazar para que vos no lo puedas golpear. Eso es lo que está intentando el actual gobierno” dijo Sánchez, en una entrevista que publicó este sábado La Diaria. La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Tomás Casaretto y Julieta Sierra.

La exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales, avanzó en el proceso de selección para participar en la elección del Poder Judicial. Sin embargo, la exfuncionaria ya ha sido sujeta a críticas debido a su trabajo en el calderonismo. Morales asegura que estos comentarios son descalificaciones infundadas y pidió confiar en el proceso y la reforma judicial.La violencia en Sinaloa trajo consigo un aumento en la ola de secuestros. Sólo en noviembre, el estado acumuló 127 de estos delitos, lo equivale al 70.7 por ciento de los secuestros en el país. A la lista se suman Veracruz, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México, de acuerdo con las cifras de la organización ‘Alto al Secuestro'.Roberto Gil avanzó en la primera de las cinco etapas para ser parte de los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular. Pero, a diferencia de otros aspirantes, el exsenador del PAN pide ser escuchado por el comité de selección y de manera pública tal y como lo hizo el exministro Arturo Zaldívar cuando aplicó para ser parte de la Corte. Gil Zuarth asegura que todavía tiene que pasar por el proceso de idoneidad, la tómbola, la selección de parte de dos terceras partes del Congreso y finalmente las urnas.Serán alrededor de 11 mil perfiles lo que revisará el comité de evaluación del Poder Ejecutivo integrado entre otras personas por el exministro Arturo Zaldívar. Asegura que trabajan 24/7 para lograr que la lista capaz de resistir cualquier análisis y que sea integrada por las mejores personas sin tener vetados ni favoritos. Zaldívar considera que en este proceso se juegan el éxito de la reforma judicial.A pesar de la extinción del INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia se mantiene en el limbo. La comisionada Julieta del Río asegura que todos los días se hacen respaldo de los datos públicos y hay peticiones de parte de universidades para el resguardo de la información. La comisionada asegura que hasta que no se aprueben las reformas secundarias, el INAI resguardará los datos.El gobierno federal quiere reparar el desastre ocurrido en el sexenio anterior ante el desabasto de medicamentos. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, asegura que esta licitación será la más grande de la historia y el costó oscilará en 400 mil millones de pesos para surtir mil 733 claves.Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

El presidente electo Yamandú Orsi presentó ayer a los ministros y subsecretarios que desde el 1º de marzo próximo estarán al frente de las 14 carteras que integran el Poder Ejecutivo. La comunicación tuvo lugar en un acto en los salones del Radisson Victoria Plaza Hotel, donde Orsi se limitó a ir nombrando a cada uno de los jerarcas designados mientras ellos iban subiendo al escenario para participar al final de la foto colectiva y oficial del equipo. Hablando con los periodistas, el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó algunas de las cualidades, que a su juicio tiene el grupo de ministros que acompañarán al presidente Orsi en el comienzo de su gestión. "Logramos conformar un gran equipo. Un gabinete de renovación con experencia en varias áreas, con mucha solvencia técnica y liderazgo político. Un gabinete que va a trabajar en conjunto para afrontar los desafíos. Así que muy contento. Es el gabinete de mayor representación femenina en la historia del país, y además es un gabinete con un promedio de edad más bajo que lo que se ha conocido históricamente". ¿Qué dicen los tertulianos sobre los criterios de armado del gabinete? Los designados son: Ministerio de Economía y Finanzas: ministro, Gabriel Oddone; como subsecretario, Martín Vallcorba. Ministerio del Interior: ministro, Carlos Negro; subsecretaria, Gabriela Valverde. Ministerio de Relaciones Exteriores: ministro, Mario Lubetkin; subsecretaria, Valeria Csukasi. Ministerio de Defensa: ministra, Sandra Lazo; subsecretario, Joel Rodríguez. Ministerio de Transporte y Obras Públicas: ministra, Lucía Etcheverry; subsecretaria, Claudia Peris. Ministerio de Ambiente: ministro, Edgardo Ortuño; subsecretario, Leonardo Herou. Ministerio de Salud Pública: ministra, Cristina Lustemberg; subsecretario Leonel Briozzo. Ministerio de Educación y Cultura: ministro, José Carlos Mahía; subsecretaria, Gabriela Verde. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial: ministra, Cecilia Cairo; subsecretario, Christian Di Candia. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: ministro, Alfredo Fratti; subsecretario Matías Carámbula. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: ministro, Juan Castillo; subsecretario, Hugo Barreto. Ministerio de Desarrollo Social: ministro, Gonzalo Civila; subsecretario, Federico Graña. Ministerio de Turismo: ministro, Pablo Menoni; subsecretaria, Ana Claudia Caram. Ministerio de Industria, Energía y Minería: ministra, Fernanda Cardona; subsecretaria, Eugenia Villar. Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Director, Rodrigo Arim. Subdirector: Jorge Polgar. La Tertulia de los Martes con Leonardo Costa, Bruno Gili, Eleonora Navatta y Daniel Supervielle.

Mientras que el Poder Ejecutivo y el Judicial lograron concluir con la revisión de los miles de perfiles para lograr tener las listas de aspirantes a la elección de jueces, magistrados y ministros, el Legislativo simplemente no concluyó. Y es que durante la reforma impulsada por López Obrador y seguida por el actual gobierno, las fechas de revisión estaban establecidas en la Constitución, por lo que todo indica que son los propios diputados y senadores quienes están violando sus propias reglas.El Club América se convirtió en el primer equipo en lograr el tricampeonato en torneos cortos en México tras vencer al Monterrey. La exigencia de ‘el ave' es muy alta con una mentalidad de “ganar o fracasar” así lo revela el presidente y director del equipo, Emilio Azcárraga. Asegura que enfrentarán cualquier competencia con seriedad y esperaría que otros planteles pensaran igual que ellos. Azcárraga y el ‘Ame' no sólo buscarán el cuarto título sino trascender para seguir siendo el equipo de futbol más grande de las Américas.Emilio Azcárraga dijo que prevén entregar las obras de remodelación en el estadio Azteca a finales de 2025. Con esto, también adelantó que el Club América volverá al ‘Coloso' de Santa Úrsula para el torneo de 2026.Santiago Taboada termina sus participaciones como colaborador de 'Por la Mañana' y aprovecha su intervención para señalar que la violencia en Sinaloa no terminó desde que inició sus comentarios hasta este 16 de diciembre.La reunión entre la oposición y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue duramente criticada por Ciro Gómez Leyva. Santiago Taboada trató de justificarla como una "cortesía parlamentaria" que no los transforma ni evitará los señalamientos en seguridad al gobierno de Claudia Sheinbaum. El periodista insistió en que los panistas regalaron una foto de democracia al oficialismo cuando en los hechos dista mucho de esa realidad.Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que “no le va a poner un freno de mano” al proyecto Neptuno y que buscará llegar a un “punto intermedio” en las conversaciones con el mandatario electo, Yamandú Orsi. Lacalle Pou participó ayer en la inauguración del puente ubicado sobre el arroyo Solís Grande, en el límite entre los departamentos de Lavalleja y Canelones. Durante su discurso, aseguró que para reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana, en el año 1997 se presentó un “primer proyecto” basado en instalar una toma de agua del río de la Plata en la zona de Arazatí, San José. Sin embargo, agregó, desde entonces “nadie hizo absolutamente nada”. Luego resaltó que esta administración aprobó una iniciativa privada en esta materia, puego llamó a licitación, más tarde otorgó la concesión y finalmente, este lunes, aprobó la Autorización Ambiental Previa. "¿Cuál es el deber del presidente de la república si dijo que iba a gobernar desde el 1º de marzo de 2020 al primero de marzo de 2025. ¿Poner freno de mano? Si viene una sequía, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A los que vienen o al que se fue, que no hizo las cosas? Eso no quiere decir que no conversemos. Nos hemos pasado conversando. Porque es obvio que tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de 80 y pico de días. Pero viene otro gobierno. ¿Y qué hablamos con el otro gobierno? Fue a modo de consulta/información. Y lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que hacerlo, para ver cómo en este proyecto, que ya decidimos hacer porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde todos quedemos satisfechos". Lacalle Pou dijo que el Poder Ejecutivo saliente no tiene obligación legal de acordar con la administración entrante, pero, agregó que él como gobernante “siente que debe hacerlo” porque no le “quiere dejar un problema al próximo gobierno si no una solución”. El presidente electo Yamandú Orsi, y el Frente Amplio tienen reparos con el proyecto, entre otras cosas porque varios científicos han alertado que el punto elegido para instalar la toma de agua en el Río de la Plata tiene demasiados episodios de salinidad a lo largo del año. Ayer Orsi dijo que las “decisiones las tiene que tomar el gobierno que está” y que va a seguir conversando con el presidente sobre el tema. "Evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. He recibido otros que vienen de la academia, de la Universidad de la República que son críticos. El presidente sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolver mejor. El se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión. No se cual va el resultado. Pero no va a ser sin la información. Capaz que hay acuerdo y capaz que hay desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa". La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Teresa Herrera y Gabriel Mazzarovich.

Por los últimos 20 años, ha sido costumbre que el gobernador o gobernadora saliente convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para "atender cualquier última preocupación" con respecto a su administración, un tipo de cierre. La realidad es que han servido para atornillar personas de sus administraciones en el gobierno. Independientemente de cuál sea el caso, es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo, según nuestra Constitución pero a Jenniffer González, gobernadora electa, no le gusta lo que Pedro Pierluisi, gobernador saliente, está haciendo. En este episodio, discutimos los proyectos que se quieren atender y la guerra en el PNP que esto ha provocado. - - - - ¿Te gusta nuestro contenido? Apóyanos convirtiéndote en un #Patreon y tendrás acceso a contenido EXCLUSIVO para ti y otros beneficios. Accede a www.patreon.com/elresaltadordelarealidad o en la app como El Resaltador de la Realidad #podcast #podcastenespañol #podcastpuertorico #podcastpuertorriqueño #contenidopr #política #sátirapolítica #cómics #blog #blogenespañol #podcastdepolítica #historia #historiadepuertorico #puertorico #gaming #TVseries #cine #movies #peliculas #popculture

A menos de dos meses de que el presidente electo Donald Trump acceda a la Casa Blanca, asociaciones que acompañan a los migrantes en Estados Unidos temen que cumpla su promesa de campaña de erradicar el 'permiso humanitario', un dispositivo que cobija a decenas de miles de latinoamericanos. No es asilo, pero es algo parecido. La existencia del permiso humanitario, conocido en Estados Unidos como "humanitarian parole", está en juego con el regreso de Donald Trump al poder. Rubén Hernández, profesor de sociología y director del Instituto latinoamericano en la Universidad de California (UCLA), explica que este es “una especie de programa que depende del Poder Ejecutivo en Estados Unidos y busca darle protección temporal a personas que vienen huyendo, podríamos decir escapando de persecución o crisis en sus países de origen”.Hernández indicó que el “Ejecutivo puede ampliar o reducir -este permiso- y puede además identificar a países específicos. Se ha usado mucho en la administración del presidente Joe Biden. Se ha usado también en administraciones anteriores, en este periodo presidencial han sido cientos de miles de personas las que se han acogido a esta especie de programa o beneficio, por las distintas crisis en Venezuela para empezar, en Cuba, en Haití, en Nicaragua. Como sabemos en el caso del presidente Trump, reducir el número de migrantes que están llegando a Estados Unidos ha sido una promesa de campaña”.El futuro del permiso humanitario es tan incierto como las posibles alternativas que tendrían los beneficiarios. Trump ha declarado que su prioridad será la deportación masiva. Al respecto Hernández señala que “los permisos con los que cuentan las personas que se han acogido a este programa son permisos temporales, no son estatus permanentes”, por lo que es posible que algunas personas opten por salir de Estados Unidos. “Es probable que otras personas también esperen y vean si es que el presidente Trump va a cumplir su promesa y cómo la va a cumplir, con qué rapidez, con qué celeridad, como sabemos el Estado tiene también una capacidad limitada para emprender distintos tipos de acciones, es decir, un programa de deportación masivo no se lleva a cabo de la noche a la mañana”, agregó Hernández, recordando el alto costo que requiere tal medida: “requiere una infraestructura no solamente de dinero, sino material, de personal. Se va a tardar en ser implementado” señaló.

Vanessa Romero, Abogada y analista política. integrante del Comité Evaluador del Poder Ejecutivo

Casi por arte de magia, en dos días se superaron y con creces –en el Poder Ejecutivo y Legislativo– los registros de los aspirantes a la elección del Poder Judicial de 2025. El Ejecutivo cerró con más de 18 mil cuando apenas el viernes no superaban los 3 mil registros. Mientras que el Legislativo acumuló más de 11 mil registros cuando el mismo 22 de noviembre no juntaba más de mil 500 aspirantes. El único que se quedó rezagado fue el Poder Judicial que no logró los 5 mil registros y sólo obtuvo 3 mil 805. El registró concluyó el último minuto del domingo 24 de noviembre. Las tres movilizaciones entre 2022 y 2024 de la Marea Rosa permitieron que este movimiento aspira a ser partido político. De acuerdo con Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, no se sienten representados con el PAN y el PRI y por ello es que inician la ruta para convertirse en una organización política que le pelee a Morena cargos en 2027. Asegura que buscarán integrar un padrón con aspirantes menores de 35 años y un total de 520 mil registros pese a que para armar un partido se necesitan 260 mil. Avendaño explica que se está intentando mezclar lo mejor de la experiencia política con lo mejor la participación ciudadana. Tardaron 10 años en detener a Alejandro ‘el Cholo' Palacios, identificado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. De cara a la primera reunión con la presidenta Sheinbaum, Vidulfo Rosales pide a las autoridades que trabajen para que esta persona aporte información privilegiada sobre el paradero de los normalistas. El abogado de los padres de familia considera que en esta primera reunión se logre delinear una nueva metodología y ruta ya que desde 2022 se descompuso el diálogo con el gobierno de López Obrador. Los mexicanos palomean primeros días de Claudia Sheinbaum, así lo refleja la encuesta de El Universal donde suma 74 por ciento de aprobación. En esta medición sólo el 12 por ciento de los encuestados la reprueban. Los detenidos en el llamado 'Operativo Enjambre' en el Estado de México fueron trasladados a penales estatales, donde enfrentarán cargos por delitos como homicidio, secuestro y extorsión.Hasta el momento, se han cumplido siete órdenes que derivaron en las detenciones de varias personas, incluyendo a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, acusada de homicidio. Entre los detenidos también se encuentran Omar Leyva Montalvo, subdirector de Seguridad de Naucalpan, por extorsión, y Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, presidente honorífico del DIF en Tonatico, señalado por secuestro.Además, el director de seguridad de Texcaltitlán optó por quitarse la vida al momento de ser rodeado por las fuerzas policiales. El ataque por un grupo armado al interior del DBar –que dejó seis muertos y diez heridos– y el asesinato de una persona en plena boda, son sólo una muestra de cómo se ha recrudecido la violencia. Pese a la negativa de la Fiscalía sobre el posible vínculo de ambos sucesos con el crimen organizado, de acuerdo con Viviann Grape, jefa de información en Tabasco Hoy Radio, la violencia se ha desatado no por las acciones de las autoridades contra el crimen organizado, sino por la disputa y el control de la plaza de parte de los cárteles....Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

En lo que va del año los penales de Aguascalientes han reportado 84 suicidios y sólo en en noviembre van cuatro. Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, explica que esto habla del descontrol que hay en las cárceles del estado y que esas víctimas pueden ser resultado de conflictos por el control de los Ceresos. Niño de Rivera denunció que hay mujeres que están siendo víctimas de trata al interior de los penales y pide cuentas a la gobernadora Teresa Jiménez. A más de 70 días de la violencia desatada por el enfrentamiento al interior del Cártel de Sinaloa, la sociedad de Culiacán se levanta e intenta tomar las calles en medio de la violencia. ‘Jalemos con la Banda' es el festival culinario y musical para dar un empujón anímico y económico a más de 800 familias que se han visto lastimadas. El chef Miguel Taniyama asegura que este 21 de noviembre más 300 músicos sinaloenses tocarán al unísono y más de 150 cocineros participarán para hacer agua chile y activar la economía. Tres meses es el plazo extra que pide el INE al Congreso para organizar la elección del Poder Judicial. La presidenta del órgano, Guadalupe Taddei, aclara que esto se debe al tiempo que los procesos que se consumieron durante las pugnas entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Taddei asegura que la elección saldrá con o sin prórroga y que no influye en los costos de la misma. Durante días, el INE ha solicitado 13 mil 200 millones de pesos para organizar la elección y la respuesta de parte de la Presidencia ha sido negativa, por lo que lo que el Instituto tuvo que ajustar a 8 mil millones, lo cual cambiaría de 172 il casillas a 80 mil centros de votación. De lograrse esta prórroga, se tendría que hacer una nueva reforma constitucional debido a que los plazos están establecidos en la Carta Magna. La Cámara de Diputados votó con 347 a favor y 148 en contra la desaparición de siete organismos autónomos entre ellos la Cofece, el Coneval y el INAI. Una de las discusiones es sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y quien se encargaría los millones de datos que contiene. Julieta del Río, comisionada del INAI, asegura que al Ejecutivo federal le entregarán sólo los datos que le corresponden pero no tienen intenciones de entregar toda la información porque se incluyen datos personales y de otras entidades que no dependen de Presidencia. Grupo Fórmula #AbriendoLaConversación

Este lunes, 25 de noviembre, se cumplirán 40 años de las elecciones de 1984, unos comicios históricos que marcaron el retorno a la democracia luego de una década de dictadura militar. A inicios de la década de 1980, y con una creciente presión tanto interna como internacional, los militares y la sociedad uruguaya comenzaron a dialogar sobre una transición hacia un régimen democrático. En ese contexto en julio de 1984, se celebró el pacto del Club Naval, donde se establecieron las bases para la convocatoria de elecciones nacionales que iban a tener lugar en noviembre de ese año. Ese acuerdo incluyó condiciones importantes que limitaron la participación de algunos actores políticos fundamentales. Se prohibió la candidatura a la Presidencia de la República de Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Nacional (que estaba preso desde un mes antes), de Líber Serengni del Frente Amplio (que había sido liberado de la cárcel en marzo de ese año) y de Jorge Batlle, del Partido Colorado, que no estuvo preso pero sí proscripto durante varios años; de todos modos, a Batlle se le permitió ser candidato a senador. En las elecciones de noviembre participaron varias fórmulas por partido. En el Partido Colorado, la más destacada fue la de Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo. En el Partido Nacional, la formula favorita era la integrada por Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre. En el Frente Amplio, hubo una fórmula única, compuesta por el médico Juan José Crottogini y el dirigente sindical José D'Elía. Finalmente ganó la fórmula Sanguinetti-Tarigo que había hecho campaña con la consigna “Por Un Cambio en Paz”. "No hay ninguna duda que este pueblo uruguayo, que tuvo a lo largo de estos años conductas cívicas de tan elevada e histórica resonancia, como el plebiscito del 80 o las elecciones internas del 82, escribe ahora en esta historia cívica otra página memorable al lograr luego de 11 años de dictadura, de desgarramiento y enfrentamiento, que en más de un momento invadieron de escepticismo a un país que no vislumbraba el camino de su salida pacifica, escribe hoy esta historia y a través de una elección clara y limpia. Salimos en paz hacia la democracia. Desde hoy tendremos proclamados un Poder Ejecutivo y un Parlamento emanados de la soberanía popular". ¿Cómo recuerdan aquellas elecciones? ¿Qué destacan sobre su relevancia? La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Gustavo Calvo, Juan Grompone y María Josefina Plá.

Hoy es un día muy relevante porque la Suprema Corte discutirá y votará la propuesta del ministro González Alcántara que, digamos, es una suerte de mal arreglo antes que un buen pleito con el Poder Ejecutivo. Además, EE.UU. decide entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Y cómo vamos en economía? Hablemos de eso y más.

Con Evo Morales en huelga de hambre, rutas cortadas por campesinos manifestantes, y grupos paramilitares tomando cuarteles por asalto, la tensión sociopolítica en Bolivia parece estar tomando un cariz peligroso. Morales y el presidente Luis Arce, quien fue su ministro de Economía entre 2006 y 2019, y que supo ser su delfín político, ya venían fuertemente distanciados. Pero el enfrentamiento se disparó a principios de octubre, cuando el exmandatario fue acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en 2016, cuando todavía ejercía el poder. Desde el primer momento Morales aseguró ser víctima de una persecución política, por lo que sus seguidores comenzaron a movilizarse con bloqueos de carreteras que han puesto en jaque el abastecimiento de alimentos y combustible. Han amenazado con “incendiar el país” si Morales es detenido. La semana pasada, la situación escaló: Morales denunció que el auto en el que se desplazaba había sido atacado a balazos en la ciudad de Cochabamba, mientras que el gobierno lo calificó de “mentiroso”; en cambio aseguró que el equipo del expresidente no quiso frenar en un control rutinario y que disparó contra la policía. Lo último ocurrió este fin de semana: el viernes, el presidente Arce denunció que grupos armados afines a Morales habían tomado tres cuarteles militares en la región del Trópico de Cochabamba. Según Arce, estos grupos retuvieron a más de 200 militares y robaron armamento y municiones. El mismo día, Morales anunció que comenzaría una huelga de hambre hasta que se pudiera instalar un diálogo con el Poder Ejecutivo, con la participación de la comunidad internacional. Y volvió a hablar de “lawfare”, con el agregado de acusar también al gobierno de Javier Milei en Argentina de estar coordinado en su contra. Profundizamos En Perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, y qué deriva puede tener, con el politólogo Marcelo Arequipa, docente en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Regional La Paz.

¿Quién es el más apto para llegar a acuerdos con la oposición en el próximo período de gobierno? En estos días los dos candidatos que van al balotaje, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, destacan sus credenciales para el diálogo. En entrevista con Subrayado, Orsi destacó este martes que el Frente Amplio contará con mayoría propia en el Senado una herramienta clave para la gobernabilidad” con la cual no cuenta su contrincante. Además, en una crítica implícita a Delgado, recordó que en este período no se logró ningún acuerdo que requiriera de mayorías especiales, por ejemplo para la integración del Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la designación del nuevo fiscal general de la Nación. En cambio, Orsi reivindicó que, durante su gestión en la intendencia de Canelones, mediante el diálogo sí logró contar con las mayorías especiales requeridas para aprobar inversiones. "La realidad marca cómo actúa cada uno. Cuando en Canelones teníamos un acuerdo con el resto de los partidos para firmar un fideicomiso , porque hay alcaldes del Partido Nacional, vino la orden del Poder Ejecutivo de no votar y no acordar. A la hora de la llave de la gobernabilidad, no solo cuenta el discurso, sino la experiencia y la actitudes y lo que la realidad demuestra cuando nos tocó gobernar". Por su lado, Delgado, viene insistiendo en que ninguno de los dos bloques tiene mayoría, en la medida que el Frente Amplio la logró solo en el Senado y no en Diputados. Según Delgado, ante un escenario político de ese tipo la “gente elige al más preparado para hacer acuerdos”. "Me siento preparado para ir a buscar esos encuentros que se necesitan cuando hay que votar leyes para avanzar. Creo que la experiencia de todos estos años de ser un articulador, de generar esa confianza de ir a la Asociación Rural, al PIT CNT o reunirme con los actores sociales, me da credibilidad para decirle a la gente que esté tranquila. Entendimos el mensaje y nos vamos a poner de acuerdo". Delgado dijo que si gana va a instaurar mesas de diálogo con el Frente Amplio para acordar lineas estratégicas en temas donde no hay dos visiones. El martes en Telemundo, dijo que en esa política de acuerdos, una posibilidad es incorporar a “personas idóneas” en algunos temas. Mencionó como ejemplo a la senadora electa del Frente Amplio, Cristina Lustemberg, para coordinar acciones en primera infancia, y al ex ministro de Salud Pública Daniel Salinas en lo relacionado con salud mental. Lustemberg respondió de inmediato: "Me tendrán siempre del lado de los acuerdos, pero no en forma de maniobra y/o demagogia", escribió en sus redes sociales. “Está mal mezclar en lo electoral a los niños y niñas, las buenas prácticas se aplican no se anuncian”, agregó. ¿Cómo ven esta competencia por demostrar quién es "más dialoguista”? La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Diego Irazabal, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

Como no podía ser de otra manera, la controvertida situación de la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) terminó en una comisión legislativa especial de la Asamblea Legislativa. Con el caso Barrenador como estandarte, pero con otras porta banderas no menores, como el portafolio de inversiones (hospital de Cartago en primer plano) y la tremenda inestabilidad de la propia Junta Directiva. La reciente separación, por seis meses de la presidenta ejecutiva junto a otros tres directivos, se suman a los 22 cambios que ha tenido este órgano en tan solo dos años. Once renuncias, dos salidas ordenadas por la Sala Constitucional y una destitución, hacen que solo cuatro designados permanezcan en sus puestos, sin que haya entonces el necesario quorum estructural darle continuidad a las funciones que le competen a ese órgano colegiado. Hasta ahora el Poder Ejecutivo no menciona la posibilidad designar a una persona en sustitución de doña Marta Esquivel, una de las piezas del círculo de confianza del presidente Chaves. Tampoco se sabe nada acerca del nombramiento de la gerencia general, también acéfalo con el conjunto de altos cargos en indagación judicial por el contrato de servicios tercerizados para 138 EBAIS del área metropolitana. Bajo el aguacero un pequeño grupo de cartagos recordaron que no se piensan rendir. Están apegados al criterio emitido por la Dirección Jurídica de la propia Caja para empujar que no se anule el proceso de licitación de su tan anhelado y necesario nuevo hospital. Para poner en perspectiva toda la situación conversamos este miércoles con la ex directiva de la CCSS, Marielos Alfaro.

Juan Carlos Castro indicó que se debe avanzar en la aprobación de una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), proyecto que elabora el Poder Ejecutivo.

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios. Los ánimos venían caldeados hace días. Pero fue en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde el choque terminó de elevar el tono el jueves con las revelaciones del Fiscal General que llegó a la sesión sin convocatoria; es decir, por su expresa voluntad. Carlo Díaz decidió refutar en la sede del Congreso los señalamientos continuos del oficialismo sobre su labor y en síntesis soltó tres perlas: una, que es objeto de seguimientos extraños con vehículos incautados a narcotraficantes y que están bajo control de la policía de Casa Presidencial. Dos, que desconocidos pagaron 350 mil dólares en Bitcoins para hacer campaña de desprestigio en redes sociales en su contra y también en contra de la Sala Constitucional y, por último, (a quien le cayera el guante que se lo plantara) que sentiría vergüenza si no hubiera sido invitado en días pasados (junto con Director del OIJ) al seminario de la oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en Atenas, Grecia. Este fue el preámbulo de la sesión legislativa que, esa misma tarde si logró lo que el oficialismo había alcanzado a posponer el miércoles: la aprobación (38 votos contra 6) precisamente de la investigación de los posibles vínculos de la administración Chaves con grupos ligados al narco. En ambas jornadas deliberativas hubo insultos y tonos elevados y fuera de micrófono, denunciaron legisladores de oposición, los gobiernistas Barrantes y Cisneros amenazaron con posteriores vendettas, "les van a pasar factura" sin decir cómo o quiénes la pasarían. El gobierno en respuesta al sainete acudió a un expediente inédito: el viernes emitió un video con los jefes policiales de todo el país atacando a los diputados de oposición. La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó frente al inusual desplante, "si Costa Rica tuviera fuerzas armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas", en una clara alusión al hecho de que los policías no deben inmiscuirse en asuntos de política de acuerdo con lo que reza nuestra Constitución Política. Sobre la configuración de esta nueva narrativa política que está llenando de toxicidad el debate público, conversamos mañana con los analistas Mario Quirós y Daniel Calvo.

Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia. Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende. Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política. Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”. Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución. Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall'Anese.

La comisión bicameral inicia hoy las reuniones sobre la controversial reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader. En este primer encuentro, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, abordará las inquietudes y explicará el impacto de esta reforma. En nuestro podcast, conversamos con el abogado y experto en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez, quien desvela los verdaderos alcances y posibles implicaciones de estos cambios. ¿Qué nos está escondiendo el gobierno? ¡Descúbrelo ahora!