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Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Analizamos con Paul Ospital como funcionará la nueva Policía Nacional que comanda el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Justicia y Seguridad durante el último gobierno del FMLN, ha enfrentado un proceso judicial bajo la acusación de desviar $14 millones provenientes de las tiendas institucionales de los Centros Penales. Tras esta imputación, pasó casi tres años en prisión preventiva, tiempo en el que, según dijo en una entrevista con GatoEncerrado, enfrentó una serie de irregularidades. Entre ellas, la vulneración de sus garantías legales y la imposibilidad de defenderse adecuadamente tanto en los tribunales como en un proceso simultáneo de expulsión de la Policía. El juicio ya terminó, solo falta que este 25 de octubre el Tribunal Quinto de Sentencia anuncie su decisión de absolver o condenar a Ramírez Landaverde y otros nueve acusados.  //// Créditos Nota: Francisco Otero Audionota: Verónica Blanco Edición: Ezequiel Barrera

Un día de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Nayib Bukele cumpliera la mitad de su mandato, la Policía Nacional Civil generó un reporte que vinculaba a agentes policiales con el asesinato de 279 personas en los 33 meses transcurridos desde enero de 2019. Para entonces, la Fiscalía ya tenía años siguiendo la pista a una organización a la que se conoció como Los Exterminio, que había iniciado en 2015 a asesinar pandilleros, pero que después diversificó sus operaciones criminales y comenzó a asaltar todo tipo de negocios, a extorsionar, al sicariato y hasta a matar a policías sospechosos de estarles investigando.

Sheinbaum tendrá que lidiar con unas Fuerzas Armadas más empoderadas que nunca: Mesa MontessoriEnlace para apoyar vía Patreon:https://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Te invitamos a que visites nuestro perfil en Patreon. Solo da clic aquí Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

¿Qué se pretende cambiar de la Ley de la Policía Nacional Civil?

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, archivó este lunes la causa que investigaba la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, gestionado en 2021 mientras éste estaba preso en Dubai por usar un pasaporte paraguayo falso. En su escrito, de 103 páginas, el fiscal analiza nueve puntos clave del caso: el arresto de Marset en Emiratos Arabes Unidos, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para obtener un pasaporte uruguayo, el derecho a obtener un pasaporte de nuestro país, la incidencia de la futura entrega del pasaporte en el fallo de la Justicia emiratí que lo absolvió, el tiempo en que se procesó el trámite del pasaporte, la actuación del subdirector nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del documento pedido por Marset al abogado Carlos Balbi, los chats entre la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la reunión entre Alejandro Balbi y Ache en la oficina de esta última. En esos asuntos, a partir "de las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", sostiene el fiscal al final de su dictamen. Una de las conclusiones principales del fiscal Machado es que Marset cumplía con los requisitos exigidos por el decreto que regulaba el procedimiento para otorgar ese documento a uruguayos en el exterior. Otro punto analizado por el fiscal Machado fue si el proceso de impresión del pasaporte fue acelerado indebidamente por las gestiones del abogado Alejandro Balbi ante el subdirector de Identificación Nacional Civil, Alberto Lacoste, a quien conocía. Machado señala que el procedimiento para acelerar la expedición de un pasaporte permite adelantar el trámite de 48 a 24 horas y que es un procedimiento instalado desde hace años en esa oficina del Ministerio del Interior. Tras perder la valija diplomática para el envío del pasaporte a EAU, Balbi tramitó una nota para que Marset habilitara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar personalmente su pasaporte en la sede de la Cancillería. Machado sostiene que todos los declarantes coincidieron en que se trató de un procedimiento excepcional, pero señaló que, al estar Marset en prisión, “lógicamente se encontraba impedido de retirar él mismo dicho documento de viaje”. En cuanto a las conversaciones entre Ache y Maciel, en la que el subsecretario le advierte a Ache que Marset es “un narco peligroso y pesado”, Machado planteó que cuando se concretó ese diálogo en noviembre de 2021, Marset aún no había empezado gestionar su pasaporte y por eso que no hay referencias al trámite. Uno de los puntos que Machado no pudo esclarecer por completo fue el contenido de la reunión entre Alejandro Balbi y Carolina Ache el 24 de noviembre de 2021 en la oficina de la entonces subsecretaria, ya que ninguno de los dos quiso dar explicaciones al respecto y del relevamiento de sus teléfonos no surgieron elementos relevantes. Si bien el fiscal concluyó que no hay reproche penal posible sobre los imputados, en sus consideraciones finales afirmó que los ministros y subsecretarios “faltaron a la verdad” a la ciudadanía durante la interpelación celebrada el 22 de agosto de 2022, que disparó luego el inicio de la investigación penal. En otro expediente aparte, Machado indaga la maniobra que habría existido en el gobierno para ocultarle a la justicia un documento en el que constaban los chats entre Ache y Maciel. En esa maniobra aparece involucrado el ex asesor presidencial, Roberto Lafluf, que habría roto el documento, y el ex canciller Francisco Bustillo. La Tertulia de los Miércoles con Martín Bueno, Ana Laura Pérez, Oscar Sarlo y Fernanda Sfeir.

Alba tiene 28 años de edad, es madre de un niño y en noviembre del 2022 vivía en casa de sus padres a quienes, junto a un hermano, ayudaba con los gastos del hogar. Había aplicado a un programa de visas del Ministerio de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos y había sido seleccionada para ir a trabajar a principios del 2023. Luego vivió lo que ella describe como “un secuestro”.  El 11 de noviembre del 2022, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa y la capturaron frente a su madre y su hijo. No hubo argumentos, no hubo evidencia, no hubo nada más que una orden: “te mandan a llamar. Te vas a ir con nosotros”. La casa de la familia de Alba estaba en una zona que había permanecido bajo el dominio de la Mara Salvatrucha-13. Alba dice que ellos son víctimas de las maras y no colaboradores. Asegura que la clica que controlaba la zona asesinó a uno de sus hermanos. Sin embargo, ese viernes 11, los policías la acusaron de ser pareja de un marero.  Desde entonces, Alba estuvo seis meses presa. Con el paso del tiempo, el juzgado le dio libertad condicional y ella aún enfrenta un proceso basado en pruebas en su contra que aún desconoce. Todos los juicios de las más de 80,000 personas capturadas por el régimen desde marzo de 2022 son secretos, según decreto judicial. Es imposible acceder a información sobre ellos, al menos de forma oficial. Alba, como decenas de miles de salvadoreños, es procesada lejos del escrutinio público.  En las cárceles del régimen no hay comunicación alguna con ningún familiar que esté en libertad: no hay visitas ni correspondencia. Por eso fue hasta salir de prisión que Alba se enteró de que su padre y su hermano habían sido capturados por el régimen de excepción. Que su madre y su hijo vivían en desplazamiento forzado debido al acoso de la Policía. Y que a cada trabajo al que quiere aplicar le piden sus antecedentes penales. Ella sigue desempleada.  Un informe presentado recientemente por la organización Cristosal plantea la ausencia de una mínima perspectiva de género en la gestión penitenciaria del régimen, lo que deriva en condiciones adversas para las mujeres. Alba vivió esas condiciones desde el día de su captura. Fue obligada a desnudarse frente a diez hombres policías, para ver si tenía tatuajes. El día que fue enviada al penal de Apanteos pasó revisión física ante otro hombre. Padeció una hemorragia en la que, por falta de toallas sanitarias, tuvo que usar su propia camisa. Tuvo que comer acostada. Estuvo al lado de mujeres embarazadas. Dice que a una de ellas “le sacaron al bebé”.

Entre la diagonal 6 y 19 calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, está la estación 13-2 de la Policía Nacional Civil. En los ochenta, esta era la sede del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, una estructura contrainsurgente, creada en el gobierno de José Efraín Ríos Montt, que funcionaba como una policía secreta. Se dedicaba a perseguir y asesinar a opositores políticos.

Documentos y correos oficiales revelan que la Policía Nacional Civil de El Salvador adquirió equipo y software para espiar a ciudadanos y que abre la oportunidad de hacerlo al margen del control judicial. El proveedor de estos productos es una empresa que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele. Los registros fueron obtenidos por la organización DDoSecrets, a través del grupo de hackers Guacamaya, y compartidos con El Faro.

Human Rights Watch (HRW) y Cristosal presentaron un informe en el que recomendaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suspenda todo préstamo otorgado para financiar instituciones del área de Seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. Las organizaciones recomiendan que no se conceda fondos a entidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Centros Penales ni la Fiscalía General de la República mientras estén implicadas directamente en “violaciones masivas” de derechos humanos. HRW y Cristosal también solicitaron el cese del Régimen de Excepción, que ya acumula más 59 mil personas detenidas en 8 meses.

En El Salvador, el uso de redes sociales para compartir chismes ha incrementado el número de arrestos.Esto viene por la implementación de una propuesta del presidente Nayib Bukele para que los ciudadanos se involucren al reportar a personas sospechosas de cometer un crimen. La Policía Nacional Civil abrió una línea pública para recibir estos tips. De acuerdo con un reporte por Rest of the World, organismos de derechos humanos están preocupados por que el personal a cargo de estas líneas no ha sido debidamente capacitado para identificar la veracidad de estas acusaciones. Algunas denuncias incluso se han hecho vía Twitter en donde hay solicitudes tan genéricas como pedir “revisar a todos los panaderos que conducen en moto”, ya que además de pan venden droga, según este tipo de denuncias.Para esta y más noticias busca el podcast de Noticias de Tecnología Express.Disponible en Spotifyhttps://open.spotify.com/show/2BHTUlynDLqEE2UhdIYfMaen Apple Podcastshttps://podcasts.apple.com/us/podcast/noticias-de-tecnolog%C3%ADa-express/id1553334024

Documentos oficiales obtenidos por El Faro a través de Guacamaya Leaks demuestran no sólo que Élmer Canales Rivera, “Crook”, fue liberado el 18 de noviembre de 2021, sino que su liberación quedó constatada en correos electrónicos, fichas policiales y otros informes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estos documentos revelan, además, que horas antes de su liberación, un equipo policial llegó al centro penal de Zacatecoluca para notificarle de otra acusación penal en su contra, pero un miembro de esa unidad de la Policía afirmó a El Faro que las autoridades penitenciarias no les permitieron entrar. A pesar de que fue liberado por esta Administación, la Policía ha solicitado cooperación extranjera para su recaptura.

29 de marzo | San Juan, ArgentinaHola, maricoper. La temporada otoñal ya está mostrando sus primeros indicios en San Juan. Las manzanas son una fantasía de sabor y las temperaturas no sobrepasan los 34 grados centígrados. Me hace falta un buen soundtrack otoñal para no recaer en Taylor Swift. ¿Sugerencias?Bienvenido a La Wikly, una columna de actualidad y dos titulares rápidos para pasar el resto del día bien informado. Si quieres comentar estas noticias en nuestra comunidad de Discord, puedes unirte con este enlace.Si te han mandado esta newsletter, suscríbete para recibir más entregas de La Wikly:Leer esta newsletter te llevará 4 minutos y 36 segundos.Ojalá ver LOS WHATSAPPS. Bienvenido a La Wikly.

En el episodio 26 con @CeSaints y @Gabboggie decidimos abordar un tema siempre sensible: la política, pero ahora enfocado en el ambiente digital. El domingo 09 de feb El Salvador vivió un acontecimiento inquietante cuando el Presidente  Nayib Bukele ingresó con un grupo de Militares y la Policía Nacional Civil a la Asamblea Legislativa causando un impacto a nivel nacional e internacional. Esto tuvo eco durante muchos días en Twitter y en otras redes sociales, creando en menos de 24 horas  que un grupo de sociedad civil se organizara ,bajo el hashtag #PazSinDictadura, para hacer una convocatoria y reunirse en una de las principales plazas del país, a exigir la desmilitarización y para hablar sobre todo esto, nos acompañó Margarita Marroquín Parducci, lexicógrafa y comunicadora digital. Síguenos en Instagram como @Vozde2 y en Facebook como @Vozde2Podcast | Publicamos nuevos episodios todos los miércoles. Suscríbete a nuestros capítulos vía Spotify, Google Podcast, Anchor.fm; Apple Podcast, TuneIn o Stitcher. Compártenos tus comentarios por medio de notas de voz en este link: --- Send in a voice message: https://anchor.fm/vozde2/message

Este día conversamos en nuestro estudio con el director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Howard Cotto, sobre el trabajo y estadísticas de la institución policial.

En este programa de Análisis Ciudadano, contamos con la presencia de Fernando Girón Soto, analista político y asesor de proyectos en Fundación Myrna Mack, para conversar sobre la militarización y presencia militar en las manifestaciones de los últimos días. "El Estado de Derecho, las garantías constitucionales y los derechos humanos no deben verse vulnerados o amedrentados por símbolos de militarización" Fernando nos compartió la importancia de no caer en el juego psicológico o el miedo que los símbolos que apelan a la época del Conflicto Armado Interno intentan imponer.  Recalcó la importancia de recuperar la institucionalidad perdida en la Policía Nacional Civil, la necesidad de cumplir con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera y la importancia de permanecer organizados como sociedad.

En este programa de Análisis Ciudadano, conversamos con el Lic. Oswaldo Samayoa miembro del Foro de Organización Sociales Especializadas en Seguridad, sobre “Seguridad Ciudadana y gestión del Ministro de Gobernación Enrique Degenhart” Oswaldo comentó con preocupación el desmantelamiento de unidades antisecuestro, así como los grandes retrocesos que se viven en la Policía Nacional Civil, a partir de la remoción de la cúpula policial. A la vez hizo un llamado a la ciudadanía a castigar con el voto a funcionarios públicos que atentan contra la institucionalidad y profesionalización de entidades dedicadas a la seguridad ciudadana.

Conversamos en nuestro estudio con el director general de la Policía Nacional Civil, sobre el trabajo de institución y los pormenores del caso de Carla Ayala.

Conversamos en nuestro estudio con Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil y conocer sobre el trabajo que realiza la PNC en el combate a la criminalidad en el país.

Conversamos con el Comisionado Gabriel Antonio Mayorga, Jefe del Centro de Información y Control Operativo Policial (COP) y su nuevo sistema el cual concentrará la información de las delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales a nivel nacional.

Conversamos en nuestro estudio con los Ex Directores de La Policía Nacional Civil: José Luis Tobar Prieto (2008-2009) y Rodrigo Ávila (1994-1999) y (2005-2008) sobre cómo está la institución en los casi 25 años de ser fundada con los acuerdos de paz.

Conversamos en el estudio con Comisionado Howard Cotto, Director de la Policía Nacional Civil sobre el balance que hace del trabajo realizado por la PNC en el año 2016 e información de actualidad.

Conversamos en el estudio con Douglas Cartagena Tomasino Subinspector de la Policía Nacional Civil, Carlos Fuentes Socorrista de Comandos de Salvamento y Francisco Zeceña de Bomberos de El Salvador para conversar de su noble labor en días de fiesta.

Conversamos en nuestro estudio con Howard Cotto director de la Policía Nacional Civil de su trabajo dentro de esta institución a pocas semanas de haber sido designado en ese cargo.

Conversamos en el estudio con el Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde y la Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias de la Insectoría General, Lic. Sonia Anabella Manzano de Retana.

Conversamos con el subdirector de la Policía Nacional Civil sobre seguridad y las nuevas disposiciones que ha implementado el gobierno para el combate de la inseguridad.

En la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer declarado por la ONU conversamos con la Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta y la Comisionada Verónica Uriarte, jefa Regional Paracentral de la Policía Nacional Civil

En la entrevista conversamos con el Subcomisionado Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, sobre la narco actividad en el país y también de cómo está recluido en sus instalaciones Francisco Flores.

Conversamos con Héctor Silva Ávalos, Periodista, Diplomático, Académico y autor del libro “Los Infiltrados” el cual habla sobre los problemas internos que enfrenta la Policía Nacional Civil.

Conversamos sobre la estructura al interior de la PNC, las reglas a cumplir, los castigos por delitos a los agentes, la ley disciplinaria interna, la inclusión de mujeres en la seguridad ciudadana y la labor loable de la corporación policial.