Podcasts about sala constitucional

No es un partido político nuevo ni pretende llegar a serlo. Se llama “Agenda Viva” y es una plataforma de encuentro, diálogo y propuestas para reconstruir Costa Rica. Convoca lo mejor de los valores costarricenses para combatir los discursos de odio, que intentan dividir y profundizar la polarización social. Desde la esperanza, la ilusión y la construcción colectiva, 120 personas de diversos pensamientos ideológicos, especialidades y edades conjuntaron 200 propuestas en nueve áreas prioritarias para el desarrollo nacional y en su lanzamiento este miércoles formularon un llamado a los partidos políticos y los liderazgos nacionales y sectoriales, para encauzar la discusión nacional y sumarse a las bases de un remozamiento del contrato social. “O nos unimos o nos destruimos”, sintetizó con este llamado a la acción conjunta la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doña Elizabeth Odio. Los planteamientos se construyeron en 10 mesas de trabajo, para dar integralidad a los desafíos nacionales en seguridad y violencia, educación, salud, igualdad de género, culturas, desarrollo económico y social, reformas electorales y de Estado, deporte y recreación, ambiente y desarrollo humano con el propósito de enfrentar la desigualdad social, la pobreza, el desempleo juvenil, la ola de violencia, la inseguridad, el empobrecimiento del campesinado y los desafíos del cambio climático, entre otros. Para conocer más de esta propuesta conversamos con la ex presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y el ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la protesta contra Carlo Díaz y sus repercusiones en el Congreso; de la interpelación al canciller Arnoldo André y de la resolución de la Sala IV sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y hablamos de la peor propuesta presentada esta semana.00:00 Intro02:05 La marcha contra Carlo Díaz 09:44 Interpelación al canciller  Arnoldo André19:46 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobrevive a la Sala32:17 Pregúntele a Lucho59:56 Las mejores y peores

A pesar de que ayer sintonizamos una nueva edición de la conferencia semanal del presidente lo cierto es que no fue un día particularmente movido así que pasemos a repasar varios temas breves.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que, con base en una resolución de la Sala Constitucional, la Policía y el Ministerio de Gobierno no deben exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación, garantizando el respeto a su derecho a la presunción de inocencia.

La deriva de la saga en torno a las posibles irregularidades y los seguros daños ambientales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo siguen tan vigentes como la comparecencia legislativa que tuvo este martes el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach. Y es que han pasado ya cinco años desde que de la Sala Constitucional ordenó delimitar de nuevo esta área protegida con el objetivo expreso de recuperar las 188 hectáreas en las que se flexibilizaron permisos para alterar la obligada protección estatal de la zona. Ni el MINAE como órgano rector, ni el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como dependencia responsable han cumplido con el fallo judicial. A falta de la solución, el jerarca se sacó un as de la manga en la comparecencia anunciando que decidió contratar una empresa privada para que realice un segundo estudio de delimitación del área, con lo cual, por un lado, desautoriza lo hecho por su misma cartera dado que estudio sí existe y por otro, hablando en términos populares, se tiraría la pelota para adelante sin cumplir con lo requerido por la Sala IV. ¿Para qué? Es una de las interrogantes en este complejo caso. En paralelo el control legislativo ha seguido su curso y el frenteamplista Ariel Robles decidió llevar el caso a estrado internacional denunciando al gobierno de Costa Rica ante la Convención Ramsar, máximo órgano mundial de protección de humedales, para que investigue la presunta degradación ecológica de Gandoca. Para ampliar sobre este tema conversaremos con los diputados Kattia Cambronero y Ariel Robles. 

En Venezuela se esperaban dos investiduras presidenciales el pasado 10 de enero. Finalmente, solo Nicolás Maduro asumió como el líder del país ante los miembros de la oficialista Asamblea Nacional. Su rival, Edmundo González, no entró a Caracas como había anunciado por problemas de seguridad, reveló la oposición. ¿Qué representa esta cuestionada asunción para Venezuela? Es el tema de El Debate. La polémica de la investidura en Venezuela radica en que el Consejo Nacional Electoral no divulgó las actas para comprobar que el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido.Mientras, la oposición asegura haber publicado el 85% de esas actas que, según ellos, demuestran que Edmundo González ganó los comicios del 28 de julio.La figura opositora más mediática, María Corina Machado, afirmó el lunes que vienen "nuevas acciones" y llamó a "todos" a estar "fuertes, listos, físicamente y mentalmente" para lo que llamó el "round ganador", para derrotar a Maduro.La lideresa dijo:Este régimen se quedó reducido a una cúpula criminal, un grupúsculo de corruptos que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeadosEstados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos ya negaron la legitimidad de la investidura de Maduro. Leer tambiénVenezuela: oposición rechaza la investidura de Maduro y denuncia "golpe de Estado""Nicolás Maduro celebró una ceremonia de investidura presidencial ilegítima en Venezuela en un intento desesperado por tomar el poder", expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.No obstante, a pesar de las condenas y anuncios, Venezuela tiene ahora solo un presidente posesionado: Nicolás Maduro.¿Venezuela "no se dejó imponer un gobierno por extranjeros", como dijo en su juramentación Maduro? ¿O es una "usurpación ilegal" del poder que representa un "golpe de Estado", como califica la oposición? Para analizar el tema participan en El Debate tres invitados.- En estudio, Carlos Andrés Arias Orjuela, docente en Comunicación Política de la Universidad Javeriana.- Desde Caracas, César Pérez Vivas, dirigente Nacional de la Democracia Cristiana y miembro del Comando Nacional Con Venezuela, plataforma política que respalda a la opositora María Corina Machado.- También desde la capital venezolana, Juan Carlos Valdez González, exmagistrado suplente de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, profesor de Economía Política  y exembajador de Venezuela en Barbados.Leer tambiénEconomía debilitada y duras sanciones: Maduro inicia su tercer mandato entre creciente presión 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del fallo de la Sala Constitucional que cierra la posibilidad de que se legalice el uso recreativo de cannabis en el país. Además, repasamos los principales proyectos aprobados, el cruce de comentarios entre Pilar Cisneros y Sofía Guillén, y los resultados de la más reciente encuesta del CIEP.(00:00:00) - Intro(00:02:10) - Fallo de la Sala IV sobre cannabis recreativo(00:05:16) - Fallo de Sala sobre vuelos baratos(00:07:47) - Proyecto sobre Cáncer de Cervix(00:10:55) - Presupuesto 2025 (00:15:32) - Discusión de Pilar y Sofía(00:20:26) - Encuesta del CIEP(00:28:13) - Pregúntele a Lucho(00:51:42) - Mejores y peores propuestas

Siguen moviéndose las aguas electorales. Empezamos con tres datos rápidos. Además, diputaciones del oficialismo y de Nueva República acudieron a la Sala Constitucional para solicitar que se eliminen del Presupuesto Nacional 2025 los aumentos en cultura, educación y seguridad que se aprobaron (polémica de por medio) vía mociones semanas atrás en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 

El título de diputado congoja de la semana que hasta ayer ostentaba Diego Vargas Rodríguez (PLP) ha dejado de ser suyo y ahora se lo disputan dos que, encima, se imaginan a sí mismos como candidatos a la presidencia. Ay Tiquicia, ¡cómo dolés! Mientras tanto... me parece simpático que ayer hablé del salario de doña Marta Esquivel Rodríguez y la dejé como la reina de la decencia, incapaz de pelear lo que no corresponde pelear pues ella misma, jurista como lo es, sabe que no corresponde pelearlo. Pues bien, por querer hacer una gracia me salió una morisqueta: ayer mismo trascendió que la señora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que le sigan pagando los 5 millones y medio mientras disfruta de las vacaciones forzadas en casa. 

Nos dijeron que esta comisión no sería un circo político pero precisamente el diputado que debería estar más empapado en el tema no maneja un dato básico del Caso Barrenador que fue noticia en toda la prensa nacional... ¡Me ahuevás! 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la denegatoria de solicitud de referéndum a la Ley Jaguar por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, del conflicto entre Asamblea y Ejecutivo por el ingreso de militares salvadoreños al país, sobre los resultados del Informe Estado de la Nación en materia legislativa, y de la decisión de la Comisión Especial de la Caja de retractarse de convocar a audiencia a Rodrigo Chaves. Asimismo, evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores ideas de la semana: (00:00:00) - Intro (00:02:01) - TSE no autoriza recolección de firmas para llevar referendo la ley Jaguar(00:07:49) - Nuevo conflicto de Poderes (00:27:28) - Informe de la Nación(00:34:46) - Comisión echa para atras convocatoria a Chaves(00:37:55) - Pregúntele a Lucho(00:47:29) - Las mejores y peores propuestas de la semana

La Constitución Política establece los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado y de estos con la ciudadanía; es, por tanto, el marco que delimita la convivencia en nuestro Estado de derecho con garantías claras y precisas. La actual, que nos rige desde 1949, es la décima quinta en la historia de Costa Rica y la que tiene mayor cantidad de años de vigencia en la toda región centroamericana. En estos 75 años, la Carta Magna ha mantenido y ampliado los derechos y garantías individuales, sociales y políticos. Se le han hecho 62 reformas incorporando significativas mejoras como la gratuidad de la educación general básica y diversificada, la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las universidades públicas, el derecho al voto de las mujeres, la creación de la Sala Constitucional, el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, el derecho del pueblo a legislar por la vía del referéndum y el derecho humano al agua, entre otras. En tiempos de turbulencia y desilusión acerca de la eficacia de la democracia es vital comprender el valor de la Constitución Política para no caer presas de cantos de sirena que surgen cada tanto, reclamando la supuesta urgencia de cambiarla por completo, sin saber de ulteriores intenciones que podrían ocasionarnos un costo altísimo como una sociedad acostumbrada a gozar de preciados derechos y garantías. Para discutir acerca de las fortalezas constitucionales y de cómo enfrentar las circunstancias actuales, conversamos con el especialista en derecho constitucional Rubén Hernández Valle.

Controlado pelo regime de Nicolás Maduro, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela negou recursos de dois ex-candidatos que pediam uma análise das atas oficiais da fraude eleitoral no país. Isso significa que o caso foi encerrado e os documentos não serão divulgados pelo regime chavista.A Corte afirmou que certificou de "maneira inquestionável" e "categoricamente" os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral na madrugada de 29 de julho. A Sala Constitucional do TSJ, contudo, não divulgou os argumentos usados para tomar suas decisões.Felipe Moura Brasil e Duda Teixeira comentam:Você também pode assistir ao Papo Antagonista com a apresentação de Felipe Moura Brasil na BM&C, nos canais de TV 579 da Vivo, ou 547 da Claro, além do SKY+.   Apoie o jornalismo Vigilante: 10% de desconto para audiência do Papo Antagonista    https://bit.ly/papoantagonista    Siga O Antagonista no X, nos ajude a chegar nos 2 milhões de seguidores!    https://x.com/o_antagonista    Acompanhe O Antagonista no canal do WhatsApp.   Boletins diários, conteúdos exclusivos em vídeo e muito mais.     https://whatsapp.com/channel/0029Va2S...     Ouça O Antagonista | Crusoé quando quiser nos principais aplicativos de podcast.    Leia mais em www.oantagonista.com.br | www.crusoe.com.br 

Como no podía ser de otra manera, la controvertida situación de la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) terminó en una comisión legislativa especial de la Asamblea Legislativa. Con el caso Barrenador como estandarte, pero con otras porta banderas no menores, como el portafolio de inversiones (hospital de Cartago en primer plano) y la tremenda inestabilidad de la propia Junta Directiva. La reciente separación, por seis meses de la presidenta ejecutiva junto a otros tres directivos, se suman a los 22 cambios que ha tenido este órgano en tan solo dos años. Once renuncias, dos salidas ordenadas por la Sala Constitucional y una destitución, hacen que solo cuatro designados permanezcan en sus puestos, sin que haya entonces el necesario quorum estructural darle continuidad a las funciones que le competen a ese órgano colegiado. Hasta ahora el Poder Ejecutivo no menciona la posibilidad designar a una persona en sustitución de doña Marta Esquivel, una de las piezas del círculo de confianza del presidente Chaves. Tampoco se sabe nada acerca del nombramiento de la gerencia general, también acéfalo con el conjunto de altos cargos en indagación judicial por el contrato de servicios tercerizados para 138 EBAIS del área metropolitana. Bajo el aguacero un pequeño grupo de cartagos recordaron que no se piensan rendir. Están apegados al criterio emitido por la Dirección Jurídica de la propia Caja para empujar que no se anule el proceso de licitación de su tan anhelado y necesario nuevo hospital. Para poner en perspectiva toda la situación conversamos este miércoles con la ex directiva de la CCSS, Marielos Alfaro.

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios. Los ánimos venían caldeados hace días. Pero fue en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde el choque terminó de elevar el tono el jueves con las revelaciones del Fiscal General que llegó a la sesión sin convocatoria; es decir, por su expresa voluntad. Carlo Díaz decidió refutar en la sede del Congreso los señalamientos continuos del oficialismo sobre su labor y en síntesis soltó tres perlas: una, que es objeto de seguimientos extraños con vehículos incautados a narcotraficantes y que están bajo control de la policía de Casa Presidencial. Dos, que desconocidos pagaron 350 mil dólares en Bitcoins para hacer campaña de desprestigio en redes sociales en su contra y también en contra de la Sala Constitucional y, por último, (a quien le cayera el guante que se lo plantara) que sentiría vergüenza si no hubiera sido invitado en días pasados (junto con Director del OIJ) al seminario de la oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en Atenas, Grecia. Este fue el preámbulo de la sesión legislativa que, esa misma tarde si logró lo que el oficialismo había alcanzado a posponer el miércoles: la aprobación (38 votos contra 6) precisamente de la investigación de los posibles vínculos de la administración Chaves con grupos ligados al narco. En ambas jornadas deliberativas hubo insultos y tonos elevados y fuera de micrófono, denunciaron legisladores de oposición, los gobiernistas Barrantes y Cisneros amenazaron con posteriores vendettas, "les van a pasar factura" sin decir cómo o quiénes la pasarían. El gobierno en respuesta al sainete acudió a un expediente inédito: el viernes emitió un video con los jefes policiales de todo el país atacando a los diputados de oposición. La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó frente al inusual desplante, "si Costa Rica tuviera fuerzas armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas", en una clara alusión al hecho de que los policías no deben inmiscuirse en asuntos de política de acuerdo con lo que reza nuestra Constitución Política. Sobre la configuración de esta nueva narrativa política que está llenando de toxicidad el debate público, conversamos mañana con los analistas Mario Quirós y Daniel Calvo.

Normalmente las decisiones del Ejecutivo tienen sentido desde un punto de vista de impacto mediático. Una y otra vez han forjado una narrativa que logra calar con “el pueblo”, que en realidad es su forma de llamar al electorado, pues evidentemente esta administración nunca abandonó la campaña política. Es por ese motivo que resulta difícil de entender la insistencia con este tema de la ley jaguar, porque por popular que sea Chaves hasta su base más dura podrá notar que este asunto ya raya en la testarudez. 

Verdad de progrullo: la reactivación económica requiere de la constante evolución de políticas públicas en apoyos diversos a los emprendimientos de mipymes. El objetivo, claro está, se orienta a que esas medidas generen empleos, formalidad y encadenamientos. Pero no todos los caminos conducen a Roma y lo que puede parecer lleno sentido común, no siempre encuentra tierra fértil para concretarse en buena cosecha. Para ir al grano, llaman la atención dos hechos que, pretenden favorecer estos apoyos, pero que enfrentan rechazo del gobierno de la República. El primero tiene relación con el proyecto del diputado, Eliécer Feinzaig de rebajar el precio de los boletos aéreos, tanto en impuestos como en tarifas aeroportuarias, en los viajes que se realicen a Centroamérica y República Dominicana, siempre y cuando se hagan dentro de la región, el otro país mantenga igualmente costos bajos y el boleto no supere los $126 ida y vuelta. Desde el inicio el Ejecutivo adversa la iniciativa y para torpedearla la fracción oficialista llenó de mociones la discusión argumentando que los turistas que viajen a Costa Rica disminuirían su actual estancia promedio de 13 días para ir a conocer los otros destinos de la región aprovechando esos vuelos baratos. De acuerdo con las proyecciones del oficialismo, hasta 170 mil familias encadenadas a la actividad turística se podrían ver afectadas. Organizaciones como la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo apoyan esa tesis. El segundo proyecto que adversa categóricamente Hacienda (tanto que el ministro ya anunció que si se aprueba en segundo debate lo vetará) es la rebaja del pago del impuesto de renta para trabajadores independientes. Por ahora la iniciativa está suspendida, pues los oficialistas, con apoyo de dos diputados del PUSC, la enviaron a consulta a la Sala Constitucional. La iniciativa del Frente Amplio aumenta la base para que estén exentos quienes generen ingresos mensuales hasta por ₡520 mil, ya que a hoy la tasa afecta a quienes logran ingresos de apenas ₡348 mil al mes. Según el jerarca hacendario, los frenteamplistas obviaron un preacuerdo de compensar, por otro lado, los 7 mil millones que se dejarían de recaudar anualmente al favorecer a los trabajadores independientes más pobres. Para ampliar sobre ambos temas conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Doña Marta Acosta Zúñiga, ayer la Contraloría General de la República emitió un comunicado de prensa en el que anunció que recibió con “plena satisfacción” lo resuelto por la Sala Constitucional con respecto a la Jaguar 2.0. Doña Marta dijo que la sentencia: "de manera contundente reitera la imposibilidad de limitar nuestras competencias constitucionales y de inobservar el principio de licitación para la construcción de obras públicas”. Por su lado, desde Ejecutivo no profundizaron en el asunto. El presidente Rodrigo Chaves Robles del todo no aludió a lo resuelto por la Sala pero sí mantuvo su tono usual cuando tomó el micrófono para dirigirse a la ciudadanía: "Cuando uno prende la luz... en una bodega abandonada... las ratas y cucarachas se sienten ofendidas”.

Para sorpresa de absolutamente nadie la Sala Constitucional determinó que la secuela de la Ley Jaguar Reloaded es inconstitucional. 

 Bueno, qué semanita... y apenas llevamos dos días.  A ver, vamos por partes... 

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.  Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del dictamen al proyecto para romper parcialmente el monopolio de Fanal; del rechazo a darle dispensa de trámites al proyecto para reducir la deuda política; del primer debate al proyecto sobre prisión preventiva y sobre el visto bueno de la Sala IV a la reforma constitucional sobre extradición. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las nuevas iniciativas de la semana:(00:00:00) - Intro(00:01:43) - Proyecto Fanal (00:06:23) - Deuda Política (00:16:41) - Prisión Preventiva(00:22:36) - Pregúntele a Lucho(00:44:09) - Las mejores y peores propuestas de la semana

Ayer les dije que esta sería una semanita movida para el medio ambiente pero jamás me imaginé que el propio martes los sismos se iban a registrar por todo lado, desde Manuel Antonio hasta Abangares hasta Gandoca Manzanillo. 

Lucho publicó en Delfino.CR una nota titulada “Sala Constitucional al borde del colapso por falta de solución a listas de espera en la CCSS”.a Faltaba más, el desastre que tenemos en la institución más importante del país ya no solo se está llevando en banda la salud de Costa Rica (todos hemos padecido historias de terror con las listas de espera) sino que, encima, le está generando otra presa más al país pero esta vez en la Sala Constitucional, nada menos. 

 Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la consulta de constitucionalidad al proyecto de Ley Jaguar 2.0 presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones, de la aprobación en primer debate de primera legislatura a la reforma constitucional para la extradición de nacionales; de la aprobación en segundo debate al proyecto para anular la naturalización de costarricenses condenados por delitos dolosos, así como de la aprobación de las leyes para permitir la adopción antes del nacimiento y para crear un fondo de pago por protección de los mares del país. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana: (00:02:28) - Consulta de constitucionalidad a Jaguar 2.0 (00:10:42) - Proyectos aprobados(00:26:56) - Pregúntele a Lucho(00:41:02) - Las mejores y peores propuestas de la semana

Tres hechos relevantes nos permiten poner en perspectiva cómo fluyen los hechos políticos en el arranque del octavo mes del año. La intempestiva presentación de una nueva versión del proyecto de ley que se impulsa llevar por la vía del referéndum. Apenas vio la luz y ya arrastra cuestionamientos. El segundo es otro fallo de la Sala Constitucional ordenando al Ministerio de Hacienda reintegrar ₡62 mil millones al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). El ministro de Hacienda reaccionó anunciando que para honrar esa deuda rebajará los presupuestos de varios ministerios. Ambos asuntos llegaron a una Asamblea Legislativa que culminó el jueves con una trifulca de reclamos y endosos de culpas por los raquíticos resultados de otro periodo perdido de sesiones extraordinarias, responsabilidad de la administración Chaves Robles. Los enfrentamientos dejaron en claro que ya la mayoría de la oposición perdió el temor a la retórica de Zapote y acusan no poco hartazgo. Así condimentadas continúan las agrias relaciones entre los dos poderes de la República, en tanto, se sigue agudizando la crisis de violencia criminal junto a otros desafíos nacionales. Para poner en coyuntura el inicio de agosto conversaremos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la resolución de la Sala Constitucional sobre la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Jaguar y la presentación de su nueva versión por parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, repasamos lo hecho durante el periodo de sesiones extraordinarias que ya terminó; y hablamos de la sentencia de la Sala IV ordenando a Hacienda presupuestar el monto de ley a Fodesaf tras un recurso de amparo del Frente Amplio. Finalmente, evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. (00:00:00) -Intro.(00:01:52) -El fallo de la Sala sobre el proyecto de Ley Jaguar y el nuevo Jaguar 2.0(00:24:37) -El balance de las extraordinarias(00:33:15) -Amparo Presupuesto Fodesaf(00:37:39) -Preguntele a Lucho(00:53:34) -Las mejores y peores propuestas

Las repercusiones políticas, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad ante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, de la primera versión del proyecto de ley que se impulsa llevar a referéndum, siguen agriando y agitando el debate nacional. De inmediato el Poder Ejecutivo, sin siquiera conocer el fallo en su totalidad y lo que debería resolver la Sala Constitucional acerca de dos acciones pendientes, vuelve a polarizar el tema entre buenos y malos; seguidores y detractores, lo cual sigue abonando a una narrativa que sigue deteriorando la confianza en el papel de las instituciones en su labor de fortalecer la convivencia democrática. Enmarcado este como un tema distractor de la discusión de otros desafíos que se dejan de lado y seguir una orquestación que desde el Poder Ejecutivo se impone. Ya varias de las fracciones legislativas, exceptuando la oficialista, señalan con diferentes matices que la segunda versión de la denominada ley jaguar mantiene vicios de inconstitucionalidad, lo cual sigue abonando al enfrentamiento. En el otro lado la ciudadanía recibiendo diferentes versiones, alejando a importantes sectores de la discusión con argumentos y obtener elementos para conocer tener los verdaderos objetivos de seguir inflamando la crispación social y la desinformación. Para analizar estas repercusiones conversaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Dijimos que nuestra mayor felicidad estaría en una Asamblea Legislativa competente, capaz de proponer alternativas viables para Ciudad Gobierno y la Marina de Limón sin necesidad de saltarse a la Contraloría y sin necesidad de someter a un país entero a meses de drama, desgaste, retórica explosiva y pleito insensato. Dijimos.... Pero obvio, Costa Rica no hizo por dónde y aquí estamos: de vuelta al punto cero. El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, lejos de resignarse tras la inconstitucionalidad de su proyecto de “Ley Jaguar”, decidió no perder un solo día y ayer mismo sacó la #1 de la agenda legislativa y presentó un nuevo texto 

Todos los artículos consultados son inconstitucionales. Esta es la síntesis del fallo de la Sala Cuarta, ante la consulta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el proyecto de la Ley Jaguar. Las razones de este fallo fueron justificadas por el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, al indicar que el proyecto de ley afecta las atribuciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República y le quita herramientas importantes para que este órgano ejerza las funciones que le atribuye la Constitución Política. El TSE solo consultó 5 de los 9 artículos, no obstante, un grupo de diputados presentó otra consulta con la totalidad del proyecto, aún pendiente de resolución. Ahora los magistrados electorales deberán revisar el fallo completo. Para ahondar en esta decisión conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Para sorpresa de nadie (incluyendo al Poder Ejecutivo) la Sala Constitucional declaró este lunes que todos los artículos (2, 3, 4 y 5) de la “Ley jaguar” consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contienen vicios de inconstitucionalidad. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del proyecto de ley para destinar a obra pública el dinero que el BCIE le dio al país para un fondo de avales durante la pandemia, y de la gira gubernamental a Guanacaste por el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana: (00:00:00) -Intro(00:01:42) -Proyecto para usar fondo de avales(00:07:30) -Resumen gira Guanacaste(00:31:12) -Preguntele a Lucho(00:43:31) -Las mejores y peores propuestas de la semana

Acerca del tema del referéndum todos estamos aprendiendo, ya que a pesar de tener 18 años la vigencia de la ley que lo regula, solo en una oportunidad se ha hecho efectiva. Por esa razón tenemos poca experiencia y en la práctica, vacíos acerca de cómo asumir partes del proceso. Eso es lo que nos está pasando en este momento, ya que la rápida resolución de la Sala Constitucional a la consulta de 22 legisladores nos colocó en el terreno de la incertidumbre. ¿Qué deben hacer los diputados con el proyecto de ley presentado por el gobierno? ¿Se debe votar antes del receso legislativo en puertas? ¿O deben los diputados esperar a que la Sala IV entregue el fallo completo y no solo el por tanto de la resolución en la que rechazó la consulta? ¿Cuáles son las salidas jurídicas ante este momento que experimentamos? ¿Será la nueva consulta que termina de afinar la fracción del Partido Liberal Progresista la que nos permita clarificar el procedimiento con orientación de los magistrados constitucionales? La Asamblea Legislativa debate acerca de estas dudas, en las que se mezclan efectivamente argumentos estrictamente legales y procedimentales, con los intereses políticos. Para entender los pasos que siguen conversaremos con el politólogo especialista en temas legislativos, Daniel Calvo.

Fue la crónica de una renuncia muy anunciada. Casa Presidencial primero la negó y una semana después la oficializó. No hubo despedida, ni agradecimiento del mandatario respecto de la salida de su (en teoría) mano derecha. Pero muestra clara de que estaba muy decidida la jugada, fue que en el mismo boletín de la dimisión de Natalia Díaz, se anunció a Laura Fernández como nueva Ministra de la Presidencia; lo que tampoco generó sorpresa alguna. Aún resuenan las especulaciones sobre los motivos del cambio: que el bajo perfil de su gestión en la Asamblea Legislativa, que el desaguisado del comité asesor de la ley para impulsar el polémico referéndum, que el anuncio de su eventual candidatura presidencial… Acaso solo el tiempo nos permitirá tener la respuesta. Analizamos la coyuntura política de una semana pasada en la que también abandonaron el barco, la jerarca del INAMU y la de DINADECO. Todo aderezado con la decisión de la Sala Constitucional de rechazar por la forma la consulta de 22 legisladores, en torno al proyecto de la denominada ley jaguar, lo que dejó abiertas otras opciones para clarificar el camino. Y, en el telón de fondo, la inquietante noticia el viernes del estado de salud del Presidente del Primer Poder de la República, Rodrigo Arias Sánchez, pivote de la estabilidad de las relaciones institucionales democráticas, quien permanece hospitalizado por un episodio de influenza. Para medir el clima de esta lluviosa temporada política conversaremos con el analista, Iván Barrantes.

Apenas presentados el proyecto de ley y el proceso de iniciativa popular para el referéndum, promovido por la administración Chaves Robles, afloraron las dudas y los señalamientos. Y si bien es cierto existe una opinión muy generalizada respecto de no cuestionar el referéndum como instrumento válido de la democracia directa, tras recordar que desde 1998 la Sala Constitucional sentenció que no se pueden limitar las competencias de la Contraloría General de la República, ha cambiado mucho el giro del análisis respecto de la viabilidad de esta consulta en particular. En el telón de fondo, la discusión hoy es respecto de la verdadera intención del Ejecutivo de plantear una consulta que sabía de antemano que no tendría posibilidades de avance, pero que si podría generar réditos al proyecto político personalista y de paso profundizaría la campaña de desprestigio contra la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, lo que nos seguiría colocando en los extremos de la polarización. Para analizar este tópico y otros pendientes en materia electoral conversaremos con el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

PODCAST del Domingo 24 de Marzo de 2024. 1ra Hora 1. La Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, por Alfa y Omega. 2. Marcos Cap. 7 Lo que contamina al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. 3. Rollo: Y VINO EL TENTADOR. 4. Rollo: EL CEREBRO HUMANO. 5. Sala Constitucional repone a Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia. 2da Hora 6. Todos los Rollos marcan Perú, por Alfa y Omega. 7. Marcos Cap. 8 Alimentación de los cuatro mil. 8. Rollo: EL CEREBRO SE COMPORTA COMO UN SOL. 9. Rollo: EL NUMERO 318. 10. AMLO lee el Cuento: La Camisa del Hombre Feliz de Leon Tolstoi. 3ra Hora 11. Las tendencias. Los Platillos Voladores. Los Dibujos Celestes, por Alfa y Omega. 12. Marcos Cap. 9 La transfiguración. El que no es contra nosotros, por nosotros es. 13. Rollo: EL SISTEMA ENDURECIÓ LA INOCENCIA. 14. Rollo: EL HOMBRE JAMAS PUDO CREAR VIDA. 15. El Norte y el Oriente se unifican.

El expresidente de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez rechazó las extradiciones de opositores nicaragüenses a Nicaragua y llamó a las autoridades de su país a no ser cómplices con la dictadura Ortega Murillo En un artículo de opinión publicado en el diario Extra que reproduce CONFIDENCIAL, Rodríguez le pide a la Corte Suprema de Justicia de su país que otorgue protección a los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Nicaragua. Organizaciones de exiliados nicaragüenses advirtieron a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, que el régimen de Daniel Ortega se ha dado a la tarea de realizar gestiones internacionales de extradición ante el Gobierno costarricense, "que están siendo utilizados para encarcelar a nicaragüenses por razones políticas". En otras noticias: - Nicaragua sigue sin embajador en Estados Unidos, por primera vez en 15 años. - Honduras eliminará prechequeo para nicaragüenses, según diputada oficialista. - Inhabilitan a Ricardo Martinelli para nueva carrera presidencial en Panamá. - Chavismo convoca a elecciones presidenciales con María Corina Machado inhibida.

La seria crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua con un hidrocarburo aún no determinado no se resuelve con haber encontrado la aparente fuente en la Quebrada Honda 2 en Coronado, tal como lo anunció la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive. Ahora debe establecerse el elemento contaminante, lo cual puede aclararse pronto dado el trabajo que realiza el Laboratorio en Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) de la UCR, para tener la información técnica y adoptar las medidas correctivas en relación con la seguridad y la salud de las personas y familias. El problema persiste, ya que las 107 mil personas siguen severamente afectadas. De igual manera, la operación establecida para la entrega de agua por cisterna sigue siendo criticada en las comunidades y se llega al décimo día del problema, que ahora se agrava y se extiende con el desabastecimiento del líquido en otras comunidades metropolitanas, para atender el suministro mínimo en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, donde la población sigue manifestando su legítima inconformidad, exigiendo respuestas y pronta solución. Incluso la Sala Constitucional recibió varios recursos de amparo, que deberá resolver en próximas horas. Pero el foco debe abrirse para entender esta situación, desde las acciones y seguimiento a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Para seguir aportando elementos conversaremos mañana con la expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y con el coordinador del Celeq UCR, Dr. Roberto Urcuyo.

La jueza Nancy Hernández López será la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir del primero de enero próximo. Un honor que Costa Rica asume siendo ella la tercera mujer en ocupar esta prestigiosa posición desde que el organismo fue creado en 1969. La CorteIDH es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José y con sede en nuestra capital. Su amplia trayectoria de más de tres décadas en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos la ha llevado a desempeñarse en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, donde fue magistrada de la Sala Constitucional. Asumió como jueza de la CorteIDH tras la salida de la también connotada jurista costarricense de talla internacional Elizabeth Odio Benito, que la presidió en el periodo 2020-2022. Entre sus sentencias comprometidas con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, figuran la del matrimonio igualitario, la de paridad horizontal a favor de los derechos políticos de las mujeres, así como otras relevantes en materia de tortura y abuso policial de detenidos. Para ampliar acerca de su período como presidenta 2024-2025 y sobre los inmensos desafíos de la protección de los Derechos Humanos en nuestro continente conversamos con la jueza Hernández López.

Cuando se hubiera podido esperar prudencia, el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha rechazado la decisión judicial y responsabiliza a la Sala Constitucional “de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones”.

Cuando se hubiera podido esperar prudencia, el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha rechazado la decisión judicial y responsabiliza a la Sala Constitucional “de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones”.

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial. Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad. Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en contra del programa y su directora. Tanto así que ya había un antecedente probatorio que ahora también quedó reconfirmado y es que el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión motivó a la periodista a acudir a la Sala IV, por primera vez en sus 40 años de ejercicio profesional. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que “no había sido una instrucción formal”, solo porque se había girado vía WhatsApp. Ciertamente, el caso de Hablando Claro no es único, ya que otros colegas y medios de comunicación también han sido víctimas de acciones de amedrentamiento para intentar callarlos y desalentar su ejercicio profesional independiente y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente, para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado. En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos, y por ello este jueves conversamos de las acciones en curso y sus resultados con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y la Presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera.

La temperatura política se ha venido calentando, al igual que la respuesta narrativa del gobierno ha subido algunos grados. Estos días han salido chispas de las comisiones legislativas en que personas cercanas a la administración Chaves Robles evidencian diferencias, develan decisiones que no se sostienen y señalan responsabilidades, en decisiones sensibles, del mismo presidente. Calixto Chaves desde su comparecencia en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos dijo, con claridad, que sigue asesorando al mandatario desde una oficina en Zapote. Eso si, dijo que no tiene relación alguna con la diputada Pilar Cisneros y el asesor, Federico Cruz. Dos personas del entorno más cercano al gobierno. Marta Esquivel salió señalada al no dar respuestas contundentes, ante la comisión legislativa Cartago, por la negativa a la construcción del hospital. Luego insistió que si se investiga más la compra y licitación nos llevaremos sorpresas, en su afán de denunciar sin dar pruebas. Esmeralda Britton en la comisión que investiga el Sinart señaló al gobernante, como la persona que dio indicaciones acerca de la pauta publicitaria y dio la orden de trasladar, a canal 13, el programa La Rueda de la Fortuna, pese a estar en contra de criterios técnicos que a él le fueron presentados. Como bálsamo, a pesar de que algunas diputaciones pretendieron, en su momento, iniciar de cero el proceso de nombramiento para la Sala Constitucional, el plenario eligió a la magistrada, Ingrid Hess. Para analizar la coyuntura del arranque de esta semana conversaremos con el politólogo, Daniel Calvo.

RFI entrevistó al periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero sobre el anuncio que hizo el presidente Bukele de que aspiraría a su reelección, lo que va en contravía de la Constitución de El Salvador.  El presidente Bukele confirmó que se presentará a la reelección como presidente de El Salvador. Algunos índices le dan un apoyo en la población de hasta el 90% gracias, principalmente, a una dura política contra las pandillas, amparada en un estado de excepción que tras su declaración en 2022 ha sumado 72.000 presos en las cárceles nacionales.Sus detractores defienden que la Constitución no permite la reelección continuada. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que el propio Bukele había cambiado a cinco magistrados previamente, hizo una nueva interpretación del texto que sí le habilita para presentarse en los comicios de 2024. RFI habló al respecto con el periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero.“El tema de popularidad es indiscutible. Definitivamente el presidente tiene un apoyo mayoritario en El Salvador. El punto específico es la legalidad o la constitucionalidad de ese acto de buscar una presidencia por aclamación popular. Para eso existe también en la Constitución salvadoreña un artículo según el cual el poder emana del pueblo. El pueblo tiene el poder de poner y quitar gobernantes, pero ese mismo artículo te dice, atención, que, aunque el poder emana del pueblo, ese poder que emana del pueblo estará limitado por esa misma Constitución”.Bukele llegaría a las elecciones de 2024 con la victoria prácticamente garantizada, muy por encima de los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, los cuales se han quedado con un peso político minoritario.El periodista Fernando Romero considera que estas formaciones han tenido su responsabilidad en la ostentación de poder indiscutible que tiene actualmente el presidente. Sobre la responsabilidad de la popularidad de Bukele, Romero considera que “es culpa 100% de los partidos que ahora son oposición, los cuales en su momento fueron gobierno. No hubo mejoras en lo social, no hubo mejoras en infraestructura y lo que más le ha dolido al ciudadano salvadoreño es haber sabido, en la década anterior, a través de investigaciones periodísticas logramos contarle a la gente que estos partidos, cada cual por su lado, buscaron el apoyo de las pandillas para tener apoyo político”.De hecho, el propio periodista de investigación considera que Nuevas Ideas el partido del presidente ganará los próximos comicios de manera clara, se presente o no Bukele como cabeza de cartel.

Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago. La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales. En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades. Los análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en conjunto con Acueductos y Alcantarillados expusieron concentraciones del clorotalonil que superaron en 240 veces lo permitido para consumo humano. Unas 10 mil personas están afectadas de manera directa, por lo que han tenido que recibir el líquido por medio de cisternas. Pero el problema no se encapsula allí, los daños podrían extenderse a otros cientos de miles de habitantes más de distritos y cantones cercanos y, por supuesto, también a todos aquellos que consumen productos de la zona. Para ampliar acerca de las implicaciones y vías de solución conversamos con el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, el ingeniero Daniel Coto, también del municipio y el salubrista ambiental de AyA, Carlos Ramírez Vallina.

Vivimos tiempos convulsos en nuestra región que obligan a una permanente vigilancia y defensa de las libertades personales y colectivas. Tiempos que nos retan a seguir fortaleciendo la defensa de los derechos humanos y con ello posibilitar la promoción del sistema de garantías establecidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el también conocido “Pacto de San José”, que signamos hace ya cinco décadas. Ningún país puede declararse hoy a salvo de los vientos tempestuosos del autoritarismo, la desinformación y los populismos que amenazan la convivencia pacífica, de modo que los retos del siglo pasado, encuentran plena vigencia con nuevas modalidades de vulneración de los derechos que tanto nos ha costado enarbolar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, le da vigor y operatividad a la Convención para que los Estados parte hagan efectivo el respeto de esos derechos. Para ampliar acerca de sentencias, tales como la muy reciente en defensa del “Obispo del Pueblo” Monseñor Álvarez, encarcelado arbitrariamente por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conversamos con la jueza de la CIDH, Nancy Hernández López, cuya plaza en la Sala Constitucional -por cierto- tras un año y siete meses de vacancia, aún no ha sido llenada por la Asamblea Legislativa.

Este lunes, por orden de la Sala Constitucional, fueron restituidos en sus cargos en la Junta Directiva de la CCSS, Marta Rodríguez y José Luis Loría, depuestos de manera anómala por el Consejo de Gobierno en diciembre pasado. Ahora, los también destituidos Maritza Jiménez y Carlos Salazar persiguen el mismo objetivo y para ello recurrieron ya al órgano constitucional. El papel medular de la presidencia ejecutiva de la Caja (cuya jerarca, dicho sea de paso, no se ha pronunciado sobre el tema una semana después del fallo constitucional) se ejerce en el marco de un equipo directivo que goza de doble autonomía y representa al gobierno, los patronos y los trabajadores; un triunvirato con el que se busca equilibro en las decisiones con miras a fortalecer al motor principal de la seguridad social de Costa Rica. Se trata de un trabajo arduo, de coordinación, de planes de corto, mediano y largo plazo para garantizar servicios de salud, sistema de pensiones e inversiones en infraestructura y equipamiento sostenibles. Para seguir aportando perspectivas al tema conversamos con la Dra. María del Rocío Saénz, ex presidenta de la Caja (2014-2017).

El fallo de la Sala Constitucional es claro, contundente y de acatado cumplimiento: se debe restituir inmediatamente en sus puestos como directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social a Martha Rodríguez González (representante del sindicalismo) y José Luis Loría Chaves (delegado del cooperativismo) quienes fueron separados por el Consejo de Gobierno de la Administración Chaves Robles y al mismo tiempo queda nulo el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, designados para sustituir a los despedidos anómalamente. Una vez más en Costa Rica el sistema de pesos y contrapesos se muestra vigoroso, como cabe esperar en una democracia en la que se atemperan las actuaciones de los poderes del Estado para que no traspasen sus linderos. Por mayoría de cinco de sus siete integrantes, la Sala declaró con lugar el amparo presentado por un colectivo de organizaciones sindicales. De acuerdo con el por tanto “se anula la medida cautelar acordada por el Consejo de Gobierno y se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento al fallo”. Esto abre nuevas perspectivas de análisis y de lo que deberá corregirse y actuarse de ahora en adelante en esta institución autónoma insigne. Para profundizar en este esperado fallo conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Como un balde de agua fría. Así se puede describir la fuerte caída de Costa Rica de 15 escalones en el reputado ranking de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, que se dio a conocer este miércoles en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es que luego de ocupar el quinto lugar en el año 2021 y el octavo en el 2022, hoy descendimos al sitial 23. De hecho, desde el 2016 nuestro país había ingresado a formar parte del destacado club de los 10 primeros países del mundo en ese listado que evalúa a 180 naciones del planeta en aspectos políticos, social, económico, legislativo y de seguridad, relacionados todos ellos con las posibilidades del ejercicio libre de la prensa De acuerdo con el informe, nuestra caída obedeció fundamentalmente a la baja en la calificación del factor político (pasamos de 81.62 a un 65,94) dado que “ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el Ejecutivo restringió el acceso a la información pública”. Por suerte, el documento también resaltó que "a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia ni encarcelaciones. El periodismo está protegido por la legislación del país y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia" Para poner en perspectiva la nueva calificación conversamos con la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera.

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José condenó por el delito de difamación al periodista Marlon Mora, ex director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y abrió con esa decisión una peligrosa vertiente de amenaza contra libertades fundamentales en una democracia sólida y solvente como la costarricense. Expertos señalan que esta resolución incumple con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juicio fue interpuesto por Juan Diego Castro, al sentirse ofendido por expresiones emitidas en un programa de la Radio UCR, cuando fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional, a pesar de que las expresiones de los funcionarios públicos y de aspirantes a cargos públicos están sometidos a la crítica y el escrutinio con total amplitud, según la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, esta sanción penal entraña graves consecuencias que implicarían la aceptación de mecanismos de censura previa, de autocensura, de control de los temas de interés público y, por tanto, afecta el derecho humano de la libertad de expresión. El caso, por supuesto, está aún lejos de terminar, pues el periodista apelará la sentencia, que en esta primera instancia lo condenó a publicar la extensa sentencia en un medio de circulación nacional, las costas del juicio y una indemnización de ₡15 millones. Profundizaremos este caso con Marlon Mora y con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.