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Ayer la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo del proyecto de jornadas laborales de 12 horas, impulsado por el candidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos. La propuesta establece que la implementación del modelo deberá someterse a votación secreta de los trabajadores en cada empresa. Además, también aprobó, en primer debate, una modificación al Presupuesto Nacional 2025 que destina ₡7.870 millones a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco. Sí, Cacco) dentro del terreno de La Reforma. Para terminar con el congreso: ayer rechazaron el veto presidencial a la ley que permite al OJI allanar a cualquier hora y cualquier día. 

Tuvimos un lunes inusualmente relajado, así que vamos con una entrega de breves y puntuales. 

Esta semana Diego comenta las secuelas del sondeo publicado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR y la importante diferencia entre un sondeo y una encuesta. Además, aborda el enfrentamiento entre el diputado Leslye Bojorges y el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, así como las dos pifias del oficialismo de cara a la campaña electoral.

El Gobierno de El Salvador celebró 1,000 días sin homicidios bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. Pero detrás de esa cifra oficial se esconde una realidad más compleja: feminicidios que no son reconocidos como tal, muertes en cárceles bajo el régimen de excepción, desapariciones ocultas tras el silencio de la Fiscalía y familias que buscan a sus seres queridos en fosas clandestinas.En este episodio escuchamos la voz de una madre, abogados y defensoras de derechos humanos que cuestionan las estadísticas oficiales y documentan la violencia que no aparece en los balances del Estado. Además, abordamos cómo la Procuraduría organizó una cumbre de derechos humanos sin convocar a las organizaciones que los defienden; la crisis financiera de los mercados municipales administrados por Simerca; y el nuevo endeudamiento aprobado por la Asamblea Legislativa, que ya supera el de todo 2024.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del pleito que se armó entre Leslye Bojorges y el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, así como del proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026 presentado por el Poder Ejecutivo, y la nueva ocurrencia de que Peñas Blancas se convierta en cantón. Además, contestamos las consultas de la audiencia y comentamos las mejores y peores propuestas de la semana.  01:43 Leslye Bojorges vs. PUSC12:54 Presupuesto Nacional 22:30 Más cantones ahora: Peñas Blancas28:00 Pregúntele a Lucho41:36 Las mejores y peores propuestas de la semana 52:22 La inmunidad de Chaves y Rodríguez 

El director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez, dijo ayer ante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad que desde hace 13 meses no ha logrado conversar con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, ni con el viceministro Manuel Jiménez Steller, sobre el traslado de la Academia de Quepos a Pococí, a 100 kilómetros del mar. Ayer un buen amigo me preguntó cómo los gringos no han saltado con todo esto. Francamente no tengo respuestas, me confunde tanto como a cualquiera. 

Varios frentes se movieron ayer pero hoy me interesa hablar de uno en particular porque no sé qué tienen que hacer los agricultores para que este país se los tome en serio. 

El Pdte. De la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Antonio Talamás, dijo en Erbol que Wálter Chávez, asesor del gobernador Luis Fernando Camacho, es el causante de la división de Creemos.

Al PUSC no le gustó que el PLN y Pueblo Soberano acapararan las congojas durante todo agosto y dijo “suave un toque, voy ahí”. 

Parece que el martes solo le dejó amarguras al PLN y al oficialismo pero no todo son malas noticias en sus respectivos campamentos. Les cuento que mientras en prensa pasan culpándose el uno al otro de todo en la Asamblea Legislativa más bien unen fuerzas para alcanzar conmovedores objetivos comunes. Palabra: ayer montaron yunta para archivar un proyecto que pretendía regular el lobby político. Mientras tanto, el ministro de Cultura y Juventud Jorge Rodríguez Vives anunció que él, a diferencia del presidente, sí renunciará de antemano a la famosa “inmunidad”. 

Usted puede tener una opinión favorable o desfavorable respecto de que se esté evaluando en la Asamblea Legislativa el posible levantamiento del fuero de improcedibilidad del presidente de la República. La cuestión es que independientemente de esa opinión, resulta importante entender cómo opera en la praxis cotidiana nuestro Estado de derecho, es decir, como funciona el sistema de frenos y contrapesos de unas instituciones respecto de las otras. Y no nos referimos solo a este caso, sino a cualquier circunstancia en la que un poder es evaluado en sus decisiones. Veamos por ejemplo como, recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones reprendió a la Asamblea Legislativa por la forma en que tramitó la renuncia al cargo del vicepresidente Estefan Brunner. Contar con un sistema de garantías procesales reales y efectivas es lo que da sustento a la Constitución Política y por ende a la convivencia de una democracia plena como la costarricense. Por supuesto no hay democracia perfecta y la nuestra tiene muchas áreas de mejora, pues padece, como la mayoría de las de su tipo, vulnerabilidades y desgastes; pero que estemos adelantando procesos partidarios en libertad y con reglas claras, nos obliga en un ejercicio de responsabilidad ciudadana a tomarnos tan en serio como nos sea posible, el entendimiento de nuestro sistema político. Para ampliar este contexto conversamos con el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli. 

En este Café para Tres Diego comenta los problemas del PLN para completar su asambleas cantonal en San Ramón, la nueva controversia en torno a Enjoy Hotels y su proyecto de Bahía Papagayo (que ahora involucra a Procomer y Minae), los problemas del Cementerio de Extranjeros en San José y lo más relevante de la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves en la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad por el caso BCIE. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la comparecencia de Rodrigo Chaves ante la comisión especial de la Asamblea que estudia el levantamiento de su inmunidad; de las novedades en el trámite del proyecto de jornadas de 12 horas, y de la condena del TSE al Congreso por retrasar la renuncia del exvicepresidente Brunner. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las nuevas propuestas de la semana. 00:01:57 Comparecencia de Chaves00:20:50 Jornadas de 12 horas00:40:41 TSE condena a la Asamblea00:43:43 Congresista de la semana00:45:20 Pregúntele a Lucho01:12:41 Las mejores  y peores propuestas de la semana

Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 37 años, era un hombre sano, sin tatuajes y sin rasguños, cuando ingresó a las bartolinas de la Policía en Ahuachapán. Así lo consigna la hoja de chequeo médico que elaboró el paramédico de la corporación policial, García Cortez, al final de la tarde del 30 de marzo de 2022: “Médico lo diagnostica paciente sano (...) apariencia general: consciente y tranquilo”.Apenas 72 horas después, el tres de abril de 2022, Walter era un cadáver con signos de tortura: tenía hematomas en los pies, brazos y hombros. Tenía las muñecas casi cortadas por la presión de las esposas. Walter murió por un trauma cerrado de tórax, según la esquela de Medicina Legal. Un trauma cerrado de tórax es una lesión en el pecho provocada por un impacto contundente. La familia cree que Walter murió por una golpiza y por eso desde abril de 2022 solicitó a Medicina Legal la autopsia, pero esta institución se ha negado a entregarles ese documento durante los últimos tres años.Walter es el primer fallecido del régimen de excepción, aprobado a finales de marzo de 2022, tras el fracaso de la negociación del Gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Durante los 40 meses de régimen, la Policía ha capturado a 86,400 personas, según la última prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele. Hasta el 17 de agosto de 2025, Socorro Jurídico Humanitario, una organización que asesora a víctimas de violaciones a los derechos humanos, reportó 435 muertes en las cárceles salvadoreñas. “Han muerto sin haber sido vencidos en juicio (...) 94% de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad”, informó en su cuenta de la red social X. Decenas de personas han sido capturadas por fichas que los policías armaron incluso después de la detención. En algunos expedientes de captura solo se dice, literalmente, que la persona mostró “nerviosismo”. Los testimonios de tortura sistemática ya se cuentan por docenas, en su gran mayoría de salvadoreños sobrevivientes a esas celdas, pero también de varios venezolanos que pasaron por el Cecot, la megacárcel que Nayib Bukele prestó a Donald Trump para enviar a cientos de venezolanos, muchos de ellos sin más falta que haber migrado de su dictadura hacia Estados Unidos. Algunos de los salvadoreños que sobrevivieron a ese encierro hablan de capturados que no sobrevivieron ni a la primera noche, tras la paliza de recibimiento propinada por los custodios.La razón por la que Walter fue detenido es ambigua. Dos policías, José Samuel Ramírez Martínez y Manuel Alfredo Martínez Escalante, consignaron en un acta que una persona, a quien no identifican aduciendo que temía a represalias, les informó que en la calle principal de la colonia San Alfonso, en Ahuachapán, se encontraba un grupo “al parecer miembros de pandillas, que estaban intimidando y exigiendo dinero a las personas que pasaban por el lugar”. En ese lugar era normal que hubiera un grupo de hombres, porque hay una cantina. Walter era un habitual, y para el día que se aprobó el régimen había consumido bebidas embriagantes sin interrupción durante ocho días.La familia dice que la captura de Walter ocurrió porque estaba a la hora y en un lugar equivocado. Ellos reconocen que vivían en una zona controlada por una pandilla, donde la Policía constantemente lanzaba operativos. Pero sus familiares aseguran que Walter no era pandillero y por eso nunca había sido capturado antes.

El director de la DIS, don Jorge Torres, asistió ayer a una comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Le fue como un quebrado, pero eso no es noticia. Lo que para mí sí es noticia es que diay, tenés el hombre ahí sentado ¿cómo no le preguntás por lo que le dijo Celso Gamboa al periodista de Repretel? ¿Cómo no le preguntás si su jefe fue Rodrigo Chaves o por el contrario le respondía a Natalia Díaz? Está bajo juramento. Está ahí sentado. Son las dos polémicas enormes en torno a él de la semana. ¿Mucho pedir? Mucho pedir. Eeeeen fin. La noticia pesada de hoy es que tenemos show esta mañana desde temprano, pues el presidente Chaves va para la Asamblea Legislativa a las 8:00 a.m.

¿Por dónde empezar? El país se siente como una olla de presión. 

Esta semana Diego comenta lo que dejó la comparecencia de Laura Chinchilla en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la contradicción de la mayoría del congreso al permanecer en silencio por el tema del embargo preventivo que aplicó Enjoy Hotels al creador de contenido Juan Bautista Alfaro, y al mismo tiempo oponerse a que la Fiscalía pueda aplicar una medida equivalente en casos de sospecha de legitimación de capitales.  

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la comparecencia de Laura Chinchilla en la Comisión de Seguridad, del rechazo al proyecto sobre capitales emergentes, y del proyecto de jornadas de 12 horas. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. 00:00:00 Intro00:01:51 Lucho también se equivoca00:03:25 Comparecencia de Laura Chinchilla00:16:12 Proyecto capitales emergentes00:25:40 Jornadas de 12 horas00:37:21 Pregúntele a Lucho01:04:07 Las mejores y peores propuestas de la semana

Este jueves fue una especie de “preferiado”, pues los frentes políticos estuvieron relativamente calmos. A fin de confirmar que nada se me había escapado del radar me tiré la edición vespertina de Noticias Repretely por Dios, qué desmoralizante. Resignado ante aquel bloque de sucesos cambié de canal y me pasé rápidamente a la Comisión de Seguridad, donde había sido citada en horas de la noche la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Por mucho gusto que dé escuchar a alguien hablando con claridad, capacidad y competencia en un recinto en el que se acostumbra todo lo contrario, debo aceptar que el mensaje inicial de Chinchilla flaco favor le hizo al ánimo con el que me dejó Repretel. 

In this episode, we dive into how weak institutions, social exclusion, and lack of opportunity drive violence and organized crime in the Americas and the Caribbean—and the critical role parliaments can play in tackling these challenges.You'll hear from Marcela Meléndez, Deputy Chief Economist for Latin America and the Caribbean at the World Bank; Beatriz Abizanda, Citizen Security Lead Specialist at the Inter-American Development Bank; and Jairo Acuña, Governance Team Leader for Latin America and the Caribbean at the UNDP, in a conversation moderated by His Honour Arthur E. Holder, Speaker of the House of Assembly of Barbados.Together, they unpack why quick fixes don't work—and why lasting security solutions must be integral, inclusive, and grounded in democratic governance.This bilingual episode—featuring contributions in both English and Spanish—was recorded during the session “Addressing the Structural Drivers of Insecurity”, part of the ParlAmericas Parliamentary Delegation to Washington, held from March 25 to 27, 2025, under the theme “Multidimensional Security and Regional Cooperation: Parliamentary Perspectives” , in preparation for the 10th Summit of the Americas.--En este episodio, analizamos cómo la debilidad institucional, la exclusión social y la falta de oportunidades alimentan la violencia y el crimen organizado en las Américas y el Caribe, y el papel clave que pueden desempeñar los parlamentos para enfrentar estos desafíos.Escucharán las intervenciones de Marcela Meléndez, economista en jefe adjunta para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial; Beatriz Abizanda, especialista líder en seguridad ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Jairo Acuña, líder del equipo de gobernanza para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en una conversación moderada por el Honorable Arthur E. Holder, presidente de la Asamblea Legislativa de Barbados.Las y los panelistas examinan por qué las soluciones reactivas  no funcionan y por qué lograr una seguridad duradera requiere respuestas integrales, inclusivas y basadas en la gobernanza democrática.Este episodio bilingüe —con intervenciones en inglés y en español— fue grabado durante la sesión “ Abordando los factores estructurales de la inseguridad”, parte de la Delegación Parlamentaria de ParlAmericas a Washington, realizada del 25 al 27 de marzo de 2025, bajo el tema “Seguridad multidimensional y cooperación regional: perspectivas parlamentarias”, en preparación para la 10ª Cumbre de las Américas.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del trámite que dio el Congreso a la renuncia de Stephan Brunner como vicepresidente de la república; de la terna de candidatos recomendados para ocupar la plaza vacante en la Sala Tercera, y de la comisión que analiza el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las nuevas iniciativas de la semana.00:00 Intro01:43 Renuncia de Stephan Brunner17:23 Nombramiento Sala III25:00 Comisión para levantar inmunidad26:30 Pregúntele a Lucho58:26 Las mejores y peores propuestas de la semana

La Asamblea Legislativa tiene entre manos dos retos jurídico-políticos de altísima responsabilidad que cumplir en estas semanas: por un lado, como se ha difundido ampliamente, debe decidir si levanta el fuero de improcedibilidad al presidente de la República y por otro, debe designar a un nuevo magistrado para completar la titularidad de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala que resuelve, entre otros asuntos, el juzgamiento a los miembros de los Supremos Poderes. Es decir, la Asamblea Legislativa debe mostrar la mayor solvencia y rigurosidad posible para dilucidar dos temas que, si bien son distintos, corren en líneas casi paralelas. Por la naturaleza siempre sensible y delicada de la selección de un nuevo magistrado penal, varias organizaciones de veeduría ciudadana pidieron a la Asamblea Legislativa que vigile con anticipación cualquier conflicto de interés que pudiera afectar ese proceso. En otras palabras, las organizaciones civiles pidieron expresamente a los diputados que estén enfrentando procesos de levantamiento de su propia inmunidad, que se abstengan tanto de seleccionar a los candidatos que conformarán la terna de finalistas, como de votar finalmente el nombramiento en el pleno legislativo. Tras cinco meses de trámite, la Comisión Especial Permanente de Nombramientos no ha concluido el proceso en el que participan seis aspirantes, todos hombres; es decir no hubo postulaciones de abogadas para el concurso, lo que obligó a aprobar una enmienda metodológica pues, inicialmente se había dispuesto que la recomendación final debía incluir profesionales de ambos sexos. Para poner en perspectiva este nombramiento conversamos con Evelyn Villareal del Estado de la Justicia y con Ronald Segura, miembro del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales. 

A poco menos de 60 días del inicio oficial del proceso electoral 2026, el entorno de lo político se va perfilando con mayor precisión. Movimientos internos, desgastes prematuros, anuncios que envían señales de división, renuncias en el Ejecutivo para aspirar a puestos en la próxima Asamblea Legislativa y situaciones inéditas que deben ser dilucidadas con reglamento y herramientas jurídicas en mano, como la dimisión del vicepresidente Stephan Brunner que el Tribunal Supremo de Elecciones confirmo que deberá verse este lunes en el pleno legislativo, luego de su anuncio el pasado miércoles. Hay, como siempre en todo juego político, disputas visibles y otras que se mueven por debajo de la mesa. Eso no tiene nada de novedoso. Lo que si parece resultar una novedad, habida cuenta de la inclinación ex profesa del mandatario de participar en asuntos político electorales será la dosis de polarización y acaso de agresividad que marcarán los próximos meses. Para las anotaciones coyunturales del momento conversaremos mañana con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Saltamos de bochorno en bochorno, sabrán disculpar que les amargue el café matutino. 1.  Enjoy Hotels, teniendo todos los recursos del mundo (y más) para pagar lo mejor en asesoría legal (BLP) y en relaciones públicas (Porter) decidió que la mejor manera de defender su proyecto en Bahía Papagayo era embargando la cuenta bancaria de un popular creador de contenido de Pérez Zeledón. 2. No sé cuántas semanas lleva la Asamblea Legislativa en modo “trabajar está sobrevalorado”. Que vacaciones, que mociones... que ausencias y carencias. Qué se yo, se volvieron más alérgicos al brete que nunca. 3.  Qué congoja con el PLN. 4. Cómo se goza con la jaguarada. 

Mientras la mayoría de salvadoreños se preparaba para las vacaciones, la Asamblea Legislativa aprobó sin mayor debate una reforma constitucional que habilita el camino para la reelección indefinida de Nayib Bukele. Esta decisión se suma a un paquete de cambios que eliminan la segunda vuelta electoral y recortan el actual período presidencial, consolidando aún más el poder del oficialismo.Esta misma semana los diputados también avalaron una de las exenciones fiscales más agresivas que ha tenido el país: inversiones de más de $2,000 millones estarán libres de impuestos. El economista José Luis Magaña nos ayuda a entender el impacto de este modelo.El periódico estatal Diario El Salvador, creado con fondos públicos, ha ocultado sus finanzas desde su fundación en el año 2020, según una investigación publicada por El Diario de Hoy. Aunque está legalmente obligado a presentar sus estados financieros ante el Centro Nacional de Registros, no ha entregado ninguno desde su inscripción. Mientras tanto, el clima para las organizaciones civiles y la prensa independiente continúa deteriorándose. Este 2025, El Salvador fue reincorporado por tercera vez desde 2022 a la Lista de Vigilancia de la alianza internacional CIVICUS. El país fue calificado como un espacio cívico “obstruido”, una categoría que implica restricciones severas a la libertad de expresión, reunión y asociación.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes La producción de sonido y música son de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 1 de agosto de 2025.

El 31 de julio de 2025 el congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida dejándole a Nayib Bukele el camino libre para perpetuarse al mando de este país de América Central. Las reformas constitucionales que le dan más poder serían “un quiebre definitivo para su democracia”, dijo a RFI Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En un trámite exprés, el jueves 31 de julio, los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños aprobaron las leyes que le permitirían al presidente Bukele seguir en el poder de manera indefinida. Al ritmo de fuegos pirotécnicos que estallaban en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, la capital, los legisladores ratificaban una serie de reformas constitucionales para que entraran en vigor la "reelección sin reservas", la ampliación del mandato de gobierno (de 5 a 6 años), y el desarrollo simultáneo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La reforma también le ponía fin a la segunda vuelta electoral. Leer tambiénBukele consigue luz verde para su reelección indefinida en El Salvador Para Juanita Goebertus, el poder que le dio el legislativo salvadoreño a su presidente es un ejemplo de cómo se forman los gobiernos totalitarios. La defensora de derechos humanos pidió a los latinoamericanos que estén atentos cuando alguien pretende implementar el modelo Buekele. “No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a coptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en le poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, dijo. Seguridad forzada Bukele, que ganó las elecciones de 2024 con un 85 % de los votos, alcanzó gran popularidad por su "guerra" contra las pandillas, reduciendo a mínimos históricos la violencia en el país. Aun así, Goebertus alerta del peligro que corre la población civil. “La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”. Para ella el caso de la represión en Venezuela es un ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades, donde "se traduce en represión del pueblo” y donde “ya no quedan controles para evitar que ese tipo de arbitrariedades se puedan dar”. Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. "Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacarcel que construyó para los pandilleros. [Con ello] Donald Trump ha provocado una valentonada de los distintos líderes autoritarios de la región”, dijo. Sin oposición Goebertus prevee un futuro incierto para El Salvador con un calendario hecho a la medida de las pretensiones de gobierno indefinido de Bukele. “Se anticipan las elecciones presidenciales dos años [serían en 2027, NDLR] para unificar el calendario electoral, lo cual significa que Bukele volverá en dos años a ser elegido, que controlará nuevamente la asamblea, que tendrá ahora un periodo más largo, de seis años”. “Seguramente para el momento en que haya nuevamente elecciones, la represión haya aumentado de tal manera que sea imposible cualquier tipo de alternancia”, lamentó. Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo incapié en que en los últimos tres años en estado de excepción, el Gobierno de Bukele ha encarcelado a 88 mil personas, muchos de ellos encarcelados de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.

El 31 de julio de 2025 el congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida dejándole a Nayib Bukele el camino libre para perpetuarse al mando de este país de América Central. Las reformas constitucionales que le dan más poder serían “un quiebre definitivo para su democracia”, dijo a RFI Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En un trámite exprés, el jueves 31 de julio, los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños aprobaron las leyes que le permitirían al presidente Bukele seguir en el poder de manera indefinida. Al ritmo de fuegos pirotécnicos que estallaban en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, la capital, los legisladores ratificaban una serie de reformas constitucionales para que entraran en vigor la "reelección sin reservas", la ampliación del mandato de gobierno (de 5 a 6 años), y el desarrollo simultáneo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La reforma también le ponía fin a la segunda vuelta electoral. Leer tambiénBukele consigue luz verde para su reelección indefinida en El Salvador Para Juanita Goebertus, el poder que le dio el legislativo salvadoreño a su presidente es un ejemplo de cómo se forman los gobiernos totalitarios. La defensora de derechos humanos pidió a los latinoamericanos que estén atentos cuando alguien pretende implementar el modelo Buekele. “No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a coptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en le poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, dijo. Seguridad forzada Bukele, que ganó las elecciones de 2024 con un 85 % de los votos, alcanzó gran popularidad por su "guerra" contra las pandillas, reduciendo a mínimos históricos la violencia en el país. Aun así, Goebertus alerta del peligro que corre la población civil. “La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”. Para ella el caso de la represión en Venezuela es un ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades, donde "se traduce en represión del pueblo” y donde “ya no quedan controles para evitar que ese tipo de arbitrariedades se puedan dar”. Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. "Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacarcel que construyó para los pandilleros. [Con ello] Donald Trump ha provocado una valentonada de los distintos líderes autoritarios de la región”, dijo. Sin oposición Goebertus prevee un futuro incierto para El Salvador con un calendario hecho a la medida de las pretensiones de gobierno indefinido de Bukele. “Se anticipan las elecciones presidenciales dos años [serían en 2027, NDLR] para unificar el calendario electoral, lo cual significa que Bukele volverá en dos años a ser elegido, que controlará nuevamente la asamblea, que tendrá ahora un periodo más largo, de seis años”. “Seguramente para el momento en que haya nuevamente elecciones, la represión haya aumentado de tal manera que sea imposible cualquier tipo de alternancia”, lamentó. Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo incapié en que en los últimos tres años en estado de excepción, el Gobierno de Bukele ha encarcelado a 88 mil personas, muchos de ellos encarcelados de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.

Costa Rica amanece hoy con una grata noticia: se acabó la incertidumbre en torno a quién nos iba a gobernar en pleno periodo electoral. Además, desde Cuesta de Moras la jornada estuvo más movida porque finalmente se determinó quiénes integrarán la comisión encargada de estudiar el expediente de Chaves y Jorge Rodríguez enviado por la Corte. 

El 16 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la transferencia de más de 55,000 metros cuadrados de terreno en la finca El Espino, considerado el último pulmón verde de San Salvador, para la construcción de un nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), como parte de un convenio de cooperación con China. La decisión conlleva la deforestación de nueve manzanas en una zona clave para la regulación climática y la recarga hídrica de la capital. Pese a su impacto ambiental, el proceso se realizó sin transparencia: no se hicieron públicos estudios técnicos ni se consultó a instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) o la OPAMSS. Líderes comunitarios y organizaciones sociales denuncian que estos megaproyectos provocan desplazamientos forzados, destrucción de ecosistemas y responden a una visión de desarrollo impuesta por el gobierno de Nayib Bukele.Los testimonios de torturaen el CECOT salieron a la luz tras la liberación de 252 venezolanos, parte de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. La Fiscalía venezolana ahora investiga a Bukele por los abusos cometidos contra sus ciudadanos en esa prisión.La Asamblea Legislativa aprobó la cesión de parte de la finca El Espino al CIFCO, en un proyecto vinculado a China y rodeado de reserva oficial. El traslado reaviva preocupaciones sobre el impacto ambiental y la falta de transparencia.Una empresa sin experiencia, Avalon Constructores, dejó a más de 3,800 estudiantes sin escuelas terminadas pese a contratos millonarios. Recibió múltiples prórrogas tras incumplir los plazos de obras adjudicadas por la DOM.Y más de la mitad de los partidos políticos salvadoreños no entregaron sus informes financieros de 2024, mientras el oficialismo eliminó el financiamiento público sin crear mecanismos para fiscalizar los fondos privados.El Resumen es un podcast original de El Faro. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnionn.Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la consulta del oficialismo a Servicios Técnicos sobre si podían renunciar al PPSD pero quedarse en la fracción; del tratado de extradición con Uruguay, y del entrabamiento que tiene el plenario. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana: 00:00 Intro 03:03 TSE cambia distribución de curules para 2026 09:17 Consulta del oficialismo 10:57 Tratado de extradición con Uruguay 13:37 Plenario sigue trabado 17:47 Pregúntele a lucho 28:29 Las mejores y peores propuestas de la semana 

Nuestro histórico y siempre cercano vínculo con los Estados Unidos está estrenando nuevos derroteros. Más allá de la incertidumbre arancelaria con nuestro primer socio comercial, por donde pasan también estratégicas decisiones como las de las inversiones en telecomunicaciones (por citar solo un área sensible) ahora enfrentamos, como otras naciones el posible peso de las sanciones, que por el momento lo son únicamente individuales, habida cuenta del retiro de visas que ha ido concretándose contra una decena de cargos públicos, casi todos ellos de alta connotación política. La vicepresidenta del Congreso Vanessa Castro, una de las primeras "dadas de baja" dio a conocer que de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, la información de nuestro gobierno que sustentó el retiro de su visa, argumentaba que ella tiene nexos con el partido comunista chino. Por ahora es la única que tiene alguna información sobre el castigo. Ninguno otro sabe a ciencia cierta que factura pagan. Aunque lo intuyan. Lo cierto es que sin demérito que en la lista estén el expresidente y premio Nobel de la Paz y cinco legisladores incluyendo al Presidente de la Asamblea Legislativa, la sanción contra el magistrado constitucional Paul Rueda Leal, es probablemente la de mayor calado político institucional. La otra nueva deriva de nuestra relación con los EE. UU. obviamente tiene que ver con la ejecución en puertas de las primeras extradiciones de nacionales; la de Celso Gamboa en primerísimo plano por su otrora destacado paso en la función pública y por su actual función como jefe de una importante estructura narco, según la DEA. De ambos temas observamos las aristas jurídicas, con Marvin Carvajal, constitucionalista y Gerardo Huertas, penalista.

"El expediente 19,630: la selección de Celso Gamboa Sánchez. El novel magistrado llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2016 sin pasar por un debate sobre su idoneidad... En retrospectiva sabemos que Gamboa Sánchez cosechó apoyo en todas las fracciones legislativas y que él mismo fue tejedor de sus respaldos... En abril del 2018 contra Gamboa existían al menos 13 causas abiertas por la supuesta comisión de quince delitos de tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, cohecho. La última fue el intento de boicotear el cuórum en el Plenario Legislativo el día en el que se decidía su destitución. La votación a favor de la destitución se decidió por 39 votos, los justos, apenas cuatro menos de los que lo eligieron" Extraemos estos párrafos de "Consensos Nebulosos", el capítulo III de la muy recientemente publicada obra del sociólogo Manuel Solís Avendaño titulada ¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática. Este trabajo académico, rigurosamente asentado en informes del Estado de la Justicia, además de sesiones y actas de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, entre otras fuentes, da minuciosa cuenta del ascenso y caída de Celso Gamboa Sánchez en la meteórica carrera que por casi una década lo convirtió en destacado funcionario público en los poderes Ejecutivo y Judicial y con indiscutible influencia en el Legislativo. Este miércoles hacemos un primer acercamiento a este libro, hoy infaltable, no solo para entender el caso puntual, sino los desafíos que tienen los tomadores de decisiones políticas del país para (acaso) terminar por fin de afinar los mecanismos de selección y designación de los magistrados de la República. Con Manuel Solís Avendaño conversamos en Hablando Claro.

En el programa de hoy Diego analiza el más reciente mensaje de la diputada Pilar Cisneros, aborda la polémica con Manuel Morales y la DIS y el pleito en la Asamblea Legislativa por la convocatoria del Ejecutivo a las reservas.

“Inéditos ataques políticos y criminales asedian al Poder Judicial en detrimento de la calidad de la democracia”. La contundente conclusión del Quinto Informe del Estado de la Justicia de Costa Rica indica que esos embates provienen, en gran medida, del gobierno de Rodrigo Chaves y evidencia una táctica de debilitar las instituciones. Esto es un asunto serio, que nos convoca a una reflexión profunda y con argumentos para lograr desentrañar las intenciones que un clima de hostilidad sistemático provoca, no solo con los perjuicios directos, sino con las afectaciones que nos impactarán como ciudadanía. Bajo ataque, pero resistiendo dada su solvencia probada de años. Sin ser aún un problema estructural, la desconfianza hacia sus funciones ha ido en aumento, tomando como referencia la posición que tenía hace tres años, fecha del informe anterior. Hoy 2 de cada 3 ciudadanos afirman que hay lentitud en su trabajo, pero a pesar de esto se continúa con una cultura permanente de judicializar muchos asuntos. Uno de los puntos fuertes es que recupera y crece su presupuesto, pero debe mejorar su distribución, ya que es desigual dada la sobrecarga en materia penal, delincuencia organizada, y delitos contra la vida que se duplicaron. Ante el aumento de criminalidad y violencia homicida, la Asamblea Legislativa le ha asignado más competencias, pero sin nuevos recursos económicos en temas de seguridad. Es necesario, se señala, que trabaje en coordinación con otras entidades y más de cerca de las personas. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reconoció la objetividad e independencia del estudio, al reconocer que señalan adelantos y desafíos y enfatiza en avances en acceso, eficiencia y legitimidad. Hacemos una revisión de algunos aspectos relevantes del informe, con la coordinadora de este informe, Evelyn Villarreal.

En Costa Rica hay 4.8 millones de cuentas activas en diferentes plataformas digitales, que usan a diario personas de 18 a 44 años, siendo las preferidas las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y la de mensajería WhatsApp. Por estos canales se difunden y comparten todo tipo de contenidos incluidos los políticos, que en una clara y efectiva estrategia ha usado la administración Chaves Robles desde el inicio, para colocar mensajes, expandir choques contra las instituciones y conducir los ataques a personas y sectores. De allí que seguir el pulso a la conversación digital es un ejercicio necesario, como lo hace el Observatorio de Comunicación Digital (OCD) de la Universidad Latina, que presentó el informe 28, que analiza la gestión gubernamental, la investigación del caso Pista Oscura, las denuncias por presunto acoso sexual del exministro Mauricio Batalla y el inicio del ciclo electoral con las candidaturas ya definidas de Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Natalia Díaz y Claudio Alpízar. Hay casi un empate, respecto de los comentarios positivos (41,6%) con los negativos (39,1%) en relación con el presidente; respecto a la gestión gubernamental los negativos son de 53,5% contra los positivos 25,1%, siendo el caso de la pista del Aeropuerto de Liberia y las acusaciones contra el ex jerarca del MOPT, las que sustentan la mayor cantidad de menciones adversas. El estudio sigue mostrando el gran espacio, que, en lo digital, hay para el ataque sistemático contra la Fiscalía General, la Asamblea Legislativa y medios de comunicación, con el mayor volumen de sentimiento negativo, al que se unen las constantes arremetidas cargadas de violencia política en especial contra las mujeres. Este tipo de análisis nos permiten configurar los extremos en que se moverá el proceso electoral. Para profundizar en la capacidad de amplificación que tiene en el debate nacional conversaremos con Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la U Latina y con el politólogo, Gustavo Araya.

Noticia: en un plenario legislativo con enormes dificultades para avanzar en sesiones extraordinarias, dada la impericia del Ejecutivo para articular negociaciones, este jueves los diputados aprobaron en primer debate una autorización al Ministerio de Hacienda para colocar $2,000 millones de deuda en eurobonos. El trámite se concretó luego de varias desconvocatorias de la agenda por parte del mismo Poder Ejecutivo. ¿La piedra en el zapato de Zapote? El proyecto de vuelos baratos para viajar a Centroamérica y República Dominicana y el rechazo visceral del oficialismo a esa eventual legislación. Este es un ejemplo más del mal manejo de los tiempos que lleva la administración Chaves Robles -que sigue negándose a designar ministro/a de la Presidencia- en el periodo en el que tiene la prerrogativa y consecuentemente la responsabilidad de conducir la agenda. El resultado ha sido una escasa cosecha de leyes. Los datos duros de las tres legislaturas cumplidas de esta administración demuestran la poca productividad cuando el Ejecutivo tiene el timón: 117 leyes aprobadas en los periodos de extraordinarias versus 347 en las ordinarias. Según el Observatorio del de la Política Nacional (OPNA UCR), el punto es que la conflictividad y la creciente ruptura de canales de negociación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se sigue profundizando. Y si por la víspera se saca el día, con la campaña electoral encima, y la bancada oficialista desconcentrada, las negociaciones serán aún más difíciles. Todo lleva a concluir que Pueblo Soberano sería -a decir de la poderosa jefe oficialista- el finalista para ir a los comicios y no son pocos los que hacen méritos para abordar el vehículo, hasta el punto de dejar la seguridad de plazas en propiedad en el sector público estatal, para granjearse cargos en una eventual futura administración chavista. Para hacer revisión de coyuntura política local conversamos con el investigador principal del OPNA UCR, Alejandro Molina.

Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura. ¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio. Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos. Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido. El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono. Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

No cabe duda: Nayib Bukele ha terminado de mudar la piel. Y es "cada vez menos cool y más autoritario", tal cual lo describe Daniel Zovatto, experto internacional en política electoral. Solo en los últimos días la deriva totalitaria de quien ejerce el control de todos los poderes del estado salvadoreño ha mostrado sus ímpetus persecutorios sin disimulos para acallar las disidencias de cualquier tipo, utilizando para ello a entidades como la policía militar, la fiscalía general y el Congreso. En cuanto a las herramientas ya en uso desde hace mucho tiempo, se hace "común" el espionaje telefónico y los ataques digitales. Veamos algunos de los últimos hechos: el domingo pasado fue arrestada la reconocida activista de Derechos Humanos Ruth López con una burda acusación de peculado. López fue destacada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influentes del 2024. Ella es jefa de la unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal y una crítica acérrima contra la corrupción en la gestión del presidente salvadoreño. Seis días antes, el 12 de mayo la policía militar dispersó por la fuerza una manifestación de humildes parceleros de la Cooperativa El Bosque quienes solo fueron a pedir en las cercanías de la lujosa residencia presidencial, que el mandatario interviniera para que no los desalojaran de su propiedad por un caso judicializado dos décadas atrás. El presidente y el abogado de la cooperativa fueron arrestados. Organizaciones ambientales y de derechos humanos reclamaron estas detenciones arbitrarias y Bukele les respondió enviando a la Asamblea Legislativa una "Ley de Agentes Extranjeros" que en definitiva impone un gravamen del 30% a las ONG para intentar ahogarlas financieramente. Y solo otro ejemplo más: una publicación del periódico El Faro (el medio más inaceptable, por independiente, para Bukele) difundió recientemente declaraciones sorprendentes de dos líderes de la banda Barrio 18 Revolucionarios, quienes precisaron detalles sobre las negociaciones que mantuvieron en su día para apoyar el proyecto político de Bukele cuando llegó a la Presidencia, cómo acordaron con el gobierno la administración de los homicidios, las extorsiones y hasta el encierro de los ciudadanos durante la pandemia y cómo, finalmente, los sacaron del país, cuando terminó la tregua pactada. Días después, de esas revelaciones, Carlos Dada, Director de El Faro denunció que recibió una alerta de posibles órdenes de captura contra siete periodistas. Varios salieron del país como medida de protección y precisamente con uno de ellos, Oscar Martínez, conversamos en Hablando Claro.

1. Confirmado lo que todos sabíamos: la gobernadora y Tommy están en “non speaking terms”. 2. Todo indica que la “generación de emergencia” nos subirá la factura de la luz. 3. Increíble, gobernadora NO había leído la importante carta de New Fortress. 4. Y New Fortress eleva su argumento ante el Departamento de Energía federal y la junta de control fiscal 5. Y hablando de procesos de subastas y cabilderos, Jenniffer se distancia de la controversial subasta de seguridad en el departamento de Educación. 6. Luego que la Policía llevara un mega operativo contra motoras ilegales, fourtracks, etc., en el fin de semana, la gobernadora firma otra orden ejecutivo, creando OTRO COMITÉ, para legalizar que estos vehículos transiten por nuestras carretera. 7. Converso con Carla Minet, del Centro de Periodismo Investigativo, sobre nuevo atentado legislativo contra el derecho de acceso a información pública 8. Josué Colón dice en vistas ante la Cámara que el contrato de LUMA se va a cancelar este año 2025 9. Confirmado: fondos federales para paneles solares se usarán para otros propósitos energéticos 10. Alcaldes levanta su voz fuerte: “estamos en coma”. 11. Confirmado, gobernadora cambia de opinión y ahora dice que va a la Asamblea Legislativa antes de que termine mayo para dar el Mensaje de Estado. 12. Evidenciado: Bad Bunny promotor del turismo para Puerto Rico 13. Converso con el licenciado Rene Arrillaga sobre su nuevo libro, “1936: antecedentes y juicios a los nacionalistas y a Albizu Campos”.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Sedición = llamado al alzamiento público y violento contra la autoridad, para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos. Es el significado de este término, que no había sido propio de nuestro vocabulario, sino hasta recientemente. Y es que en la evolución de su discurso confrontativo el presidente de la República acumula varios llamados, que rozarían la sedición. Independientemente que este delito no esté tipificado en nuestro país, dado el giro de la dialéctica presidencial, algunos especialistas estiman que sí cabrían posibles delitos de intimidación pública e instigación pública contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero esta no es una discusión jurídica, o al menos, no únicamente jurídica. Se trata de asunto sociopolítico. Ya desde el 2 de mayo del año pasado en su informe ante la Asamblea Legislativa cuando anunció la fallida ley jaguar, Chaves pidió a la ciudadanía que se hiciera oír “cuando los depredadores intenten mantener sus privilegios y, griten más duro”. En setiembre, tras los allanamientos por la investigación judicial del caso Barrenador, vociferó: “estén listos, porque Dios no quiera, pueda llegar el momento de actuar como sociedad… estén listos, que vivan el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados” En giras por el país y otros actos públicos siguió reproduciendo esos llamados y la semana pasada, también irritado por los allanamientos por Pista Oscura, otro presunto caso de corrupción, sentenció, "… Yo les advierto: en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé". Ese mismo día vetó la ley para que los cuerpos policiales puedan hacer allanamientos 24/7 y adelantó además que vetará también la legislación contra capitales emergentes. Ya convertido el gobierno actual en el que más vetos ha decretado en la historia reciente, el mandatario también había rechazado la reforma legal que permitiría una pensión anticipada a investigadores del OIJ que trabajan en jornadas extraordinarias de 12 horas al día, e insinuó una confrontación entre cuerpos policiales, lo que generó un rechazo conjunto de oficiales de Seguridad Pública y OIJ rechazando narrativas divisorias entre los encargados de cuidar el orden público. Los puentes entre Zapote y Cuesta de Moras están destruidos. También los pasos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y no pareciera haber forma de restablecerlos en medio de los altisonantes micrófonos de la Casa Presidencial. Del ambiente imperante, conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales.“Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones”Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.“Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica.“Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González.Detenciones “arbitrarias”Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.“El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma.“De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca.Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Al revisar el programa de gobierno de Rodrigo Chaves no se encuentra ninguna alusión respecto del tema carcelario o sobre política penitenciaria. Es ya cuando han transcurrido dos años de la gestión y la realidad del hacinamiento y en general del deterioro de las condiciones carcelarias ejercen mayor presión, cuando saltan ideas para enfrentar la situación de alguno modo. Es así como en julio pasado se conoce la iniciativa para habilitar cárceles en carpas. Gerald Campos, jerarca de Justicia, defendió la idea como una solución segura y menos onerosa por supuesto, pues costaría (₡2.684 mills) nueve veces menos que una prisión de máxima seguridad. Las opiniones expertas así como las dudas sobre la transparencia de las gestiones que se habían adelantado, obligaron al Ejecutivo a sepultar el proyecto. Cuatro meses después, durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el artífice de la cárcel más grande del mundo, se empieza a dar forma a la idea hacer más restrictivas las condiciones para los privados de libertad y de ahí se pasa a la gran idea de hacer también una megacárcel en Costa Rica. Así, hace pocas semanas se anunciaron restricciones: se cerraron las pulperías habilitadas en algunos centros, se redujeron las visitas familiares y los encuentros conyugales, se limitaron llamadas telefónicas y se redujeron los ingresos de alimentos y artículos de aseo personal, todo en consonancia con la nueva política de que los privados de libertad deben tener menos derechos. Por otro lado, el ministro de Justicia hizo la ahora obligada visita de funcionarios de toda América para observar la “proeza” carcelaria salvadoreña trayendo la promesa de obsequio de los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, cuyo valor, asegura Campos, es de $25 millones. Y como el proyecto total -según dijo- sería de $60 millones, los $35 millones restantes saldrían del presupuesto ordinario de la República. Es decir que estamos tan bien, pero tan bien en las arcas públicas que (al tiempo que reducimos la inversión social) tendríamos sin necesidad de empréstito alguno, disponibles $35 millones contantes y sonantes para construir una mega cárcel. Pero por ahora, todo son expectativas. Al gobierno le quedan 12 meses de gestión. Los “acuerdos” con el gobierno salvadoreño son únicamente verbales, los recursos aunque fuesen ordinarios deben aprobarse en un presupuesto que pase por la Asamblea Legislativa. Pero no solo eso, la Contraloría General de la República tendría que cumplir su papel fiscalizador de la licitación o del mecanismo que se escoja para la ejecución del proyecto, por lo cual el ministro Campos adelantó, desde ya, que si no se llega a construir, la culpa sería del ente contralor. Así tal cual. Entonces, ¿en un año de campaña, la mega cárcel es un proyecto real del Ejecutivo o es una promesa para alentar la bolsa de ofrecimientos del gobierno para su apuesta electoral 2026-2030, con el atractivo discurso de mano dura contra los privados de libertad? Sobre estos ejes conversamos con Guillermo Arroyo, especialista y ex director de Adaptación Social.

"... Hay disonancia, entre las voces satisfechas de Monterán y el murmullo de desconcierto de Purral". Así iniciaba la réplica obligada del Presidente del Congreso al mensaje del mandatario Rodrigo Chaves dimensionando las vulneraciones de un contrato social asediado por números macroeconómicos satisfactorios y finanzas sanas, pero contrastantes con durísimos recortes en inversión social durante la actual administración. Sus "olvidos destilan indiferencia" recriminó Arias, que para no dejar lugar a dudas le dijo que había preferido "ser contador (antes) que gobernante". Arias hizo su propio recuento de esas "indiferencias" recriminando, entre otros, el mayor aumento en mortalidad infantil en dos décadas, el decepcionante rezago de construcción de viviendas y el aumento disparado de viviendas en precario de 44%, así como la tragedia de las listas de espera irresueltas que según dijo "de ser inadmisibles han pasado a ser insoportables". Privó en esa respuesta, también, la obligación política del líder del Primer Poder de plantar cara a las diatribas de la polarización que alimenta la narrativa de la discordia y el clima de exaltación electoral de Zapote que -como no podía ser de otra manera- fue el tono imperante del tercer mensaje a la Nación que escuchamos este lunes. Chaves pidió "al menos 38 diputados" para su proyecto político futuro, paso de largo respecto de cualquier esperanza de diálogo y negociación en el presente para hacer de la última legislatura, una productiva. Por ello, sobre el tema de mayor congoja nacional (la narcoactividad) Arias Sánchez le recordó tres veces al Presidente aquella frase de "si saben contar, no cuenten conmigo" cuando "de forma estridente" abandonó el foro de diálogo de los tres Poderes, lo que calificó como una "inaceptable negligencia" vista la contundencia de 2,500 homicidios en tres años de la presente administración. Apesar de todo cerró su disertación reiterando su disposición "a construir, no polarizar; solucionar, no dividir; resolver, no acusar". Con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa conversamos en Hablando Claro.

En una escenificación de tres tiempos y cinco videos el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, presentó su tercer informe a la nación ante la Asamblea Legislativa. Primer acto: “El preocupante pasado”. Aquí acudió al ya habitual expediente de la captura de las instituciones por parte de las “élites” que las usaron para cometer actos de corrupción, también al archivo del abandono de acciones de los gobiernos anteriores, al descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General y al desprestigio de los partidos políticos. Segundo acto: “El pujante presente por el que hemos trabajado muy duro y sin tregua”. En esta parte se adjudicó obras públicas iniciadas y muy avanzadas por otras administraciones como la culminación de la Circunvalación Norte, el Hospital de Puntarenas, la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, la ruta 32, y obviamente, eso sí, la mejora de los datos macroeconómicos y los resultados fiscales, consecuencia de la reforma fiscal que el país enfrentó en el 2018. Chaves presentó su valoración de una situación nacional en la que “la justicia social dejó de ser un discurso” y aseguró que “la calidad de vida de hoy era imposible de alcanzar” de modo que enmarcó lo que valoró como increíbles e históricos logros en, salud, educación, infraestructura, economía y hasta en seguridad ciudadana. Tercer acto: “Quiero hablar del futuro de esta Patria” Aquí aprovechó para afirmar nuevamente sus ya conocidas intenciones para alcanzar la continuidad de su proyecto político con al menos 38 diputados en la próxima administración. Según dijo, ya no se trata de rescatar las instituciones, que han fallado, sino de rescatar al pueblo que ayude a enmendar y corregir el rumbo del país, para acabar con una Fiscalía corrupta, una Contraloría obstruccionista y los otros dos poderes de la República “repudiados y responsables de una poderosa red de cuido”. Para poner en perspectiva este informe conversamos con el politólogo, Sergio Araya.

Analizamos lo acontecido este 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.

Junto con la celebración del Día Internacional del Trabajo el próximo jueves 1 de mayo, la Asamblea Legislativa definirá la elección del último directorio del actual período constitucional. Todo apunta a que el liberacionista Rodrigo Arias Sánchez, será el presidente por cuarto año consecutivo, al haber amarrado los votos necesarios. Ello solo reforzará la gestión de ataques y descalificaciones por parte del Ejecutivo y su bancada que ya adelantó que dará los ocho votos que le quedan para su propio candidato. A esa agria confrontación hemos de adicionar la campaña que ha decidido emprender de nueva cuenta el mandatario contra el Tribunal Supremo de Elecciones, acaso para ir sembrando desde ya dudas acerca del papel que desempeña el colegiado electoral y, consecuentemente, sobre la transparencia del proceso. Se avecina, pues una legislatura particular que podría incluso llegar a dirimir si levanta o no la inmunidad al presidente Chaves Robles, debido al proceso recientemente iniciado por la Fiscalía General de la República, aunque para que el legajo llegue a Cuesta de Moras, la decisión pasará primero por la Corte Plena del Judicial. En medio de estos fragores se definirá también el destino de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa, tales como armonización del sector eléctrico, las jornadas laborales, la reforma a la contratación pública y los pendientes de seguridad. Para ampliar en estos escenarios de la política local conversamos con Claudio Alpízar Otoya, ahora en su doble condición de politólogo y aspirante presidencial del recientemente creado Partido Esperanza Nacional.

Día de planillas. La gobernadora sí rindió, aunque su portavoz, Secretario de Asuntos Públicos dijo ayer en la mañana que había pedido prórroga. Ni dar días libre saben cómo hacerlo. revolú por decreto de la gobernadora dando libre a empleados públicos la Semana Santa. Gobierno gasta fondos públicos en campaña publicitaria promoviendo los “logros” de la gobernadora en los primeros 100 días, que incluye página web. Millonaria demanda contra el gobierno de la familia Ivette Joan Meléndez, mujer asesinada por el preso Hermes Ávila, que no debía salir de la cárcel. Asamblea Legislativa evalúa como enfrentar en el presupuesto recortes de fondos federales impuestos por Trump. Municipio de Carolina tuvo que demandar a LUMA para no perder fondos federales. Federación LGBTQ* declara a la gobernadora “enemiga de la equidad” por convertir en ley proyecto que abre las puertas al discrimen. Converso con Ramón Luis Nieves sobre los temas de energía- Reclamo de bonistas Trump y su cómplice Bukele se niegan a cumplir con orden de los tribunales de traer de regreso a EE.UU. al salvadoreño que fue ilegalmente deportado y encarcelado en El Salvador. Harvard la hace frente a las políticas discriminatorias de Trump y le congelan más de dos mil millones de dólares. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Sigue la incertidumbre y temor ante despidos y recortes de Trump Gobernadora se burla del presidente del Colegio de Médicos y sigue en el aire la confirmación del secretario de Salud en el Senado La gobernadora insiste en exigir a GENERA que repare las unidades eléctricas antes del verano Defienden contratación de firma por $1 millón al mes para asesorar en proceso de mediación de la quiebra de la AEE Presentarán ante Asamblea Legislativa el proyecto de ley para sacar La Policía del DSP Sigue la pérdida de población. Solo 6 pueblos ganaron población Jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara See omnystudio.com/listener for privacy information.