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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció reformas destinadas a liberalizar la economía de la isla, en una medida que podría marcar un punto de inflexión para el modelo político y económico cubano. El anuncio llega en un contexto de fuerte presión sobre la economía del país, duramente afectada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde comienzos de año, que ha agravado la crisis energética y económica que atraviesa la isla. El mandatario aseguró que el gobierno agilizará y descentralizará la aprobación de nuevos emprendimientos privados, con el objetivo de estimular la producción y dinamizar una economía golpeada por la escasez de combustible y las sanciones estadounidenses. Sin embargo, Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, expresa sus dudas sobre el alcance real de estas medidas. “Yo creo que son cambios menores. El tiempo lo dirá”, afirma el profesor. “Este anuncio es muy nuevo, pero hemos visto en la historia del gobierno cubano que cuando ha hecho aperturas similares, pequeñas, modestas, ha dado ciertos espacios para los cubanos, a ciertos negocios, a ciertas empresas y después viene, cuando ya van teniendo éxito, y elimina esa apertura, elimina lo que ha ganado cubanos que han participado de esas aperturas y vuelve a lo mismo”, afirma Daniel Pedreira mostrando su escepticismo. “Por el momento yo sospecho que puede ser otro mecanismo de este gobierno de intentar ganar tiempo, ganar apoyo sin de verdad implementar cambios estructurales significativos al sistema económico”, concluye. Por su parte, el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda analiza las razones de la persistente falta de inversión extranjera en la isla. “No hay capital ruso o chino que vaya a sustituir a las empresas españolas y aquí están apostando por un capital cubano emigrado, exiliado, al que se le ha privado hasta muy recientemente, salvo en algunos casos de empresarios vinculados a la élite”, explica el politólogo. “Los cubanos para invertir tienen que tener garantías jurídicas, porque a esos mismos cubanos les han negado una serie de derechos por el hecho de emigrar. Ahora, a la carrera, el gobierno quiere convencer a aquella gente a la que ha despreciado, de la que ha querido los dólares, pero no la ha devuelto derechos, que sean inversores en una operación de altísimo riesgo”, afirma. Además de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, Washington ha limitado el acceso del país a la banca internacional, provocando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Esta estrategia buscaría debilitar al conglomerado militar GAESA, que según expertos, controla el 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.

El Mundial 2026 ha comenzado. Junto con la fiesta y la emoción que despierta este tipo de certámenes deportivos, también aparece la sombra de lo que se conoce en inglés como sportswashing. Es decir, una estrategia con la cual algunos gobiernos buscan mejorar su reputación a través del deporte. Canadá, Estados Unidos y México son los países anfitriones de este Mundial 2026. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en el centro de la atención debido a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en sus territorios y documentadas por diversas ONG. "Violación sistemática de derechos humanos" Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lamenta la situación interna que atraviesa Estados Unidos: "Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las tres sedes, pues se esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades migrantes, muchas de las cuales han sido detenidas arbitrariamente, deportadas abusivamente en violación de sus derechos", dice a RFI. Asimismo, subraya que este certamen debería servir como un catalizador para que la comunidad internacional ejerza presión sobre el Gobierno mexicano con el fin de resolver y prevenir las desapariciones forzadas de personas: "Debería ser una oportunidad para que los distintos países del mundo se unieran en torno al llamado, para que las autoridades mexicanas desplieguen muchísimos más esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva", afirma Goebertus. "Querer lavar la imagen" Fernando Segura Trejo, doctor en Sociología, analiza los antecedentes históricos del sportswashing y cómo esta práctica se repite en diferentes países a través del tiempo: "Hay reiterados ejemplos, desde la Alemania nazi, podemos ir a la Argentina dictatorial de 1978 con el Mundial, podemos ir a las críticas que se le hicieron a Catar, un país con leyes tan severas y con tradiciones tan diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente", detalla. "En México tenemos un antecedente muy triste también, que fueron las Olimpiadas de 1968. Unas semanas antes hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, donde se mataron vilmente a estudiantes que protestaban, y las Olimpiadas sirvieron justamente para mostrar una imagen de un México en paz y en orden, cuando hubo una matanza de cientos de estudiantes unas semanas antes", recuerda asimismo. "En este momento se está volviendo a repetir una situación de querer lavar la imagen. Se repite en México y se repite en Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos, yo diría que ni siquiera hay un esfuerzo por lavar la imagen. Es decir, es tan descarado la política migratoria, los abusos", denuncia. El especialista concluye afirmando  que la sociedad mexicana es consciente del uso político que se le da a este tipo de acontecimientos, y que a pesar de que la población celebra el Mundial, muchos ciudadanos consideran que no era el momento para que el país acogiera este torneo.

En Estados Unidos, el Mundial no es festejo sino miedo para las comunidades de migrantes. En estados como Florida, donde jugarán tres naciones latinoamericanas (Brasil, Uruguay y Colombia), la policía local tiene las mismas facultades que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas. Una situación que también podría afectar a los turistas. La política migratoria de Estados Unidos está generando tensiones de cara al Mundial, tanto que la ONU le pidió que revise sus leyes porque considera que van en contra de los derechos humanos y la dignidad humana. El acuerdo 287(g) Florida es uno de los 40 estados donde se aplica el acuerdo 287 (g), ley que permite a los elementos de seguridad locales actuar con las competencias de los federales en cuestiones migratorias. “Con este acuerdo 287(g), entiéndase que un alguacil local puede entonces decir ‘ahora todos mis agentes van a hacer trabajo de inmigración federal también'. Tampoco les están dando el entrenamiento que alguien que va a hacer un trabajo de ley federal necesita. Eso es un peligro”, nos explica Adriana Rivera, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Rivera estima que, en Florida, donde hay una vida turística muy activa por las playas de Miami y los parques de diversión, los turistas son vulnerables a las detenciones en carretera. “La agencia número uno en el estado de Florida que arresta a más personas para inmigración no son agentes federales, son agentes de las carreteras. Eso es un peligro porque sabemos que, al venir familias o personas a ver los juegos del Mundial, tenemos personas que pueden encontrarse en Miami”, irse para Orlando, para los parques, “y pueden encontrarse con una situación bastante incómoda donde un agente de la patrulla de autopistas empiece a hacer algún tipo de trabajo de inmigración con ellos”. “Raíz xenofóbica y racista” La activista lamenta el silencio de la FIFA ante estos peligros. “Nosotros en la Coalición de Inmigrantes de Florida llevamos desde el año pasado hablando y trabajando con la FIFA en Miami, y no hemos llegado verdaderamente a nada porque no nos han querido escuchar. Nosotros hemos intentado de que pongan una moratoria al 287(g) mientras se juegan los partidos del Mundial. Es algo que no han querido hacer y eso es algo que sería sencillo, una moratoria a los agentes”, señala. “Sabemos que es una administración que ha sido sumamente xenofóbica y estamos viendo lo que está pasando hoy día con el equipo iraní, con el equipo de Irak, con el árbitro de Somalia. No vemos el mismo escrutinio con equipos, por ejemplo, de Europa. Entonces vemos que esto sí tiene una raíz xenofóbica y una raíz racista. Por más que ellos quieran negarlo, los datos están ahí”, subraya Adriana Rivera. Esta semana, el gobierno aprobó 70.000 millones de dólares más para la política antinmigración de Donald Trump con la que pretende, según sus palabras, conseguir “la mayor deportación de la historia”.

Al cabo de cinco meses de la captura de Maduro, ¿cuál es la situación política de la oposición venezolana? El politólogo Juan Manuel Trak estima en esta entrevista a RFI que la administración Trump "no necesita un gobierno de la oposición" y por esa razón su líder, María Corina Machado, "no aparece en los planes de Trump ni de Rubio". A finales de mayo, María Corina Machado y varios opositores venezolanos firmaron en Panamá una hoja de ruta para negociar el proceso electoral con la mandataria interina de Venezuela Delcy Rodríguez, la tercera fase que Donald Trump planteó tras la captura y extracción de Nicolás Maduro. No obstante, el gobierno venezolano rechaza hablar de una transición. Según el politólogo Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, ésta ya no sería necesaria porque Estados Unidos ha conseguido sus objetivos sin tener que cambiar el gobierno. "La estrategia de los Estados Unidos fue garantizar una estabilidad que no derivara en un conflicto interno a manos de diferentes facciones. La única manera que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos logró alcanzar ese objetivo fue capturar a Maduro y controlar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de esta manera garantizar la cooperación con los objetivos e intereses de la administración de la Casa Blanca. Esto lo vimos casi inmediatamente con la aprobación en primer término de la Ley de Hidrocarburos a finales de enero. Ni siquiera habían pasado cuatro semanas de la extracción de Maduro cuando se hizo la reforma que permitía la participación de las empresas norteamericanas y las inversiones extranjeras en el negocio petrolero venezolano". Estados Unidos apoyó en 2024 a María Corina Machado, pero hoy le da la espalda, estima Trak. "La administración de Trump no necesita de un gobierno opositor. De hecho, considera que un gobierno de la oposición no tendría las herramientas para garantizar la gobernabilidad para cumplimiento de los intereses de los Estados Unidos. María Corina Machado no aparece en los planes de Marco Rubio ni del presidente Trump. Evidentemente, aun cuando ella trate de mostrarse como indispensable, no lo es", sostiene.  A pesar de ello, María Corina Machado continúa liderando la oposición en Venezuela. "Hay una 'oposición simbólica', vamos a llamarla así, que está representada por Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonski, pero es minúscula. Son personas que no cuentan con la simpatía del electorado. Machado sigue siendo la líder que tiene mayor apoyo en las encuestas con 55%, según la encuestadora Atlas".

México está a punto de inaugurar el Mundial 2026 en el estadio Azteca de capital del país para este evento internacional. El Gobierno ha preparado el “plan Kukulcán”, un operativo de seguridad sin precedentes, para prevenir la amenaza de narcoterrorismo y contener a los miles de manifestantes que van a salir a marchar el día de la inauguración. En el centro histórico de la Ciudad de Mexico, intentar llegar al Zócalo se asemeja a estar en un laberinto. Las calles que rodean la plaza capitalina están cerradas, y se esperan casi 3.500 policías para vigilar el Fan Fest, donde llegaran 60.000 personas cada día para ver los partidos. Dulce Chacón es vendedora aquí desde niña. “El centro histórico es muy bonito, aquí lo que pasa es que ahorita si está muy caótico y hay muchísima gente. Y para mí se me hace muy inseguro, porque además los policías no nos ayudaran mucho”, asegura. Además de los sistemas antidrones, helicópteros y otros vehículos de combate, el llamado plan Kukulcán contempla un despliegue de más de 11.000 agentes en las tres sedes del Mundial, de los cuales el 60% estará movilizado alrededor del estadio Azteca. “Cuando llegas a un kilómetro y medio del estadio, inicia el perímetro por los elementos de seguridad, te exigen mostrar una acreditación oficial de la FIFA, o que vives dentro del perímetro. Y una vez pasas el perímetro, sigue habiendo muchísimos más elementos en puntos clave para estar haciendo distintas verificaciones dentro del perímetro”, explica Jeshua Campesino, que vive en el centro y trabaja en el estadio. Este operativo, llamado Última Milla, estará activo durante los días de partido. Sólo cuatro se jugarán en Ciudad de Mexico, y 13 en total en el país.

En Perú, el izquierdista Roberto Sánchez lidera de momento los resultados de las elecciones presidenciales delante de Keiko Fujimori, con una diferencia mínima y un conteo no finalizado. Como la victoria será por pocos votos, los analistas consideran que el ganador o la ganadora tendrá que escuchar seriamente a los que votaron por el otro bando para romper el ciclo de la crisis política.   Para el politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, el conteo de votos de la elección de 2026 le recuerda a la de 2021, cuando un porcentaje de décimas (0.6%) separaba al izquierdista y ganador Pedro Castillo, de Keiko Fujimori. “Tener mucho tacto político” El gobierno de Castillo, hoy en prisión, estuvo marcado por la inestabilidad, que habría podido evitarse, según el politólogo, si hubiera tenido tacto político para escuchar al segundo lugar. “El primer mensaje que deben en realidad enarbolar son las banderas de la gobernabilidad, tener mucho tacto político, porque estamos acostumbrados a dejar de lado al segundo lugar, y esto es algo que en el 2021 no se hizo en ningún momento: se mantuvo aislado a las fuerzas políticas que también compitieron, y no fueron parte del gobierno, y terminó acentuando más la crisis política”, analiza. “Entonces, sea Roberto Sánchez, o sea Keiko Fujimori, tiene una labor de autocrítica, pero también pensando en lo que la ciudadanía exige, que es hacer política, negociar, transar con esas fuerzas, pero también tener un gobierno de ancha base, donde se convoque al que quedó en segundo lugar, porque de alguna manera representa las preferencias electorales de un sector de la población que también quiere ciertos cambios y que deben ser incorporados en la agenda pública”, continúa Mejía. Relación con el Congreso La búsqueda de la estabilidad política también dependerá de la relación que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez pueden encontrar una buena relación con los legisladores, según el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent. “El candidato Sánchez tiene un número alto de congresistas y tiene posibles aliados que creo le permiten vetar unas vacancias fáciles, pero en la dinámica de desgaste de conflicto tiene mayor peligro, y además, diría, le va a costar más mantener su coalición. Keiko Fujimori tiene más control sobre el Congreso, tiene más número de congresistas, y diría que también más presencia en las instituciones que controlan al Ejecutivo y al Congreso. Entonces no necesariamente es algo bueno, si es que se puede convertir en abusos o persecución de oponentes. Depende cómo uno lo mire”, detalla Dargent. Hoy el izquierdista Roberto Sánchez aventaja a la derechista Keiko Fujimori, con poco más del 95% de las actas escrutadas tras las elecciones presidenciales del domingo. Según la ley, el próximo presidente de Perú deberá asumir el cargo el próximo 28 de julio.

México, país de amantes del fútbol, organiza su tercera Copa del Mundo, pero millones de mexicanos tendrán que resignarse a ver los partidos por televisión, ya que el precio de una sola entrada ha alcanzado los 35.000 pesos en un país donde el salario mínimo no llega a los 10.000. Marine Lebegue, periodista de RFI, conversó con varios mexicanos sobre esta situación. México está a punto de inaugurar su tercer Mundial de fútbol, un momento muy emocionante para los mexicanos, pero también frustrante, porque muchos de ellos no podrán asistir a los partidos en el histórico estadio Azteca. Los precios de los boletos superan por más del doble a los de la última edición en Qatar. Este Mundial de 2026 ya es oficialmente la Copa del Mundo más cara de la historia. En un barrio popular del centro de la Ciudad de México, los niños corren sobre el asfalto delante de los edificios. Tienen entre 3 y 15 años y se disputan la pelota de fútbol bajo el ojo atento del entrenador. A un lado, los padres, sentados en sillas de plástico, observan el partido. "Tengo un año viniendo a estas clases, mi niño tiene 9 años, el otro 7", dice Jacinta Hernández, quien trae a sus hijos todas las tardes a este entrenamiento gratuito. Jesús juega desde hace dos años. Cuando uno le pregunta si le gusta el fútbol: "Demasiado. De hecho, es mi deporte favorito". Cuando el niño supo que su país iba a ser sede de la Copa del Mundo, fue una gran noticia para él, cuenta su mamá. "Estábamos emocionados, contentos, pero, al mismo tiempo, un poquito tristes porque nosotros solo lo podremos ver por la televisión, pues los boletos son muy caros". Según la FIFA, las entradas más baratas se vendieron a 1.100 pesos mexicanos, unos 60 dólares. Pero los precios subieron rápidamente. En este momento hay que pagar 35.000 pesos, casi 2.000 dólares, para ver el partido de inauguración en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encarecimiento se debe al sistema de precios dinámicos, que aumentan automáticamente con la demanda. Son precios demenciales para el mexicano promedio, cuyo salario mínimo es de 9.500 pesos al mes. "El fútbol en México es muy pasional", dice Diego González, entrenador de jóvenes jugadores. Este mexicano de 25 años vive del fútbol y para el fútbol, pues ha dedicado su vida a enseñar este deporte. "Al saber que iba a haber un Mundial aquí en mi país me emocioné porque no viví el Mundial del 86 con Argentina o Brasil en el 70. Estamos haciendo historia: México es el primer país en albergar tres Mundiales. Es algo muy especial. Solo nosotros los mexicanos vamos a tener este lujo de decirlo y de presumirlo".Apenas se enteró de la noticia, Diego González empezó a soñar con poder llevar a su hermano a ver un partido. Pero cuando descubrió los precios de los boletos, llegó la desilusión. "Si compráramos los boletos ahora apuntando a lo más económico, yéndonos a lo más básico, gastando lo menos posible, incluso en el transporte, serían unos 30.000 pesos, es decir, aproximadamente cuatro meses de trabajo. Eso significaba no comer durante cuatro meses, no pagar la electricidad ni el internet ni el gas ni el agua con tal de darte este lujo".

Trump sigue haciendo y deshaciendo candidaturas en el Partido Republicano: candidato que él endosa, muy probablemente gana; candidato al que le quita su respaldo por rebelde, pierde. Analizamos el control que sigue ejerciendo el mandatario en su partido con la internacionalista Alana Moceri y el presidente de la Fundación Chase en Virginia, Alex Chafuen. El presidente Trump sigue ganando elecciones, no a nivel nacional, que por lo general pierde, sino a nivel local: las primarias de su partido, que por lo general gana a través de los candidatos que endosa. "Trump sigue teniendo mucho poder y mucho dinero. Controla muchísimo dinero y puede ayudar mucho", explica Alana Moceri, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Instituto Empresa, en Madrid. "En estas campañas ha sido muy notable derrotar a John Cornyn, el senador de Texas de toda la vida. Ken Paxton, que ha sido apoyado por Trump, es otro caso. Paxton es un hombre que tiene también muchos escándalos en su pasado. Su influencia ha permitido derrotar a Thomas Massie, Bill Cassidy, que son senadores, congresistas desde hace muchos años. Pero bueno, tampoco han sido todos éxitos para Trump. Ha sufrido derrotas en Iowa, en North Carolina. Pero en general han sido triunfos. Creo que ha apoyado a unos 100 candidatos y ha tenido un gran éxito con ellos. De modo que sí, sigue controlando el partido, pero puede ser que encuentre pronto sus límites", afirma Moceri. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de tantas dificultades —entre otras, la inflación, las redadas antiinmigrantes de ICE, la guerra en Oriente Medio—, Trump sigue controlando el Partido Republicano? Alex Chafuen es presidente de la Fundación Chase, de Virginia, explica que "en las encuestas dicen que el elector republicano está descontento con el Congreso y los republicanos en general, pero odia y tiene terror a la agenda demócrata. La razón básicamente es esa. Hay un grupo muy sólido de apoyo a Trump, que sigue batiendo récords en cuanto a apoyar a candidatos que terminan ganando. Ningún presidente ha tenido ese récord. Es tanto el terror que se le tiene a la agenda demócrata que eso hace que Trump sea como el gran luchador contra esa agenda. La verdad es que, pese al descontento que existe con ciertas políticas de Trump, a este señor, al presidente de Estados Unidos, los republicanos lo ven como la única figura que puede, por ahora, enfrentarse a los demócratas".

Colombia, Honduras y Ecuador están atravesando crisis de desplazamiento de población que se encuentran entre las más importantes del mundo. Además, son consideradas "crisis olvidadas", denuncia el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en su informe anual. Entrevistamos a Stine Paus, directora regional para América Latina de esta ONG. La lista de crisis de desplazamiento a nivel mundial está encabezada por dos países africanos: Sudán y la República Democrática del Congo. A continuación se ubican Colombia, Honduras y Ecuador. ¿Cuál es la situación específica en América Latina? "Estamos hablando de más de 10 millones de personas desplazadas en las Américas, una cifra elevada a nivel global que incluye refugiados y desplazados internos", dice Stine Paus, directora regional para América Latina del NRC a RFI. "Colombia presenta las cifras más altas de la región. En 2025, alrededor de 1.6 millones de personas se vieron afectadas por el conflicto en ese país. Con los datos que tenemos, se puede afirmar que al menos 300,000 personas han sido desplazadas en Ecuador en los últimos años. En Honduras, más de 400,000 personas han sido desplazadas en algún momento de sus vidas debido a la violencia. Estas cifras son, sin duda, muy alarmantes", agrega.  Según el Consejo Noruego para los Refugiados, el crimen organizado y los grupos armados explican gran parte de este fenómeno. Las poblaciones son víctimas de amenazas, reclutamiento forzado y violencia. Sin embargo, estas crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador figuran entre "las más olvidadas" del mundo, denuncia el NRC. "Son crisis olvidadas en el sentido de que reciben muy poca atención mediática, así como escasa atención internacional, política y financiera. Se requiere apoyo internacional para atender las necesidades humanitarias resultantes del desplazamiento, y esta financiación es actualmente muy baja. El promedio de financiamiento para estos tres países es solo del 15% de lo que se necesita", subraya. A nivel global, la financiación para enfrentar crisis humanitarias está disminuyendo. Sin embargo, esta ONG advierte que la distribución de recursos no está necesariamente basada en las necesidades, sino en intereses políticos. Por ello, buscan visibilizar las crisis que requieren atención urgente, pero que no reciben suficiente cobertura. Stine Paus menciona el caso de Ecuador. "Los países europeos han dirigido una parte significativa del apoyo hacia las crisis más cercanas geográficamente. Esto, combinado con la reducción de fondos de los Estados Unidos, tiene como efecto que las crisis en América Latina sean menos atendidas. En la región, Ecuador es un caso importante. Este país no ha sido priorizado últimamente por los fondos humanitarios de Estados Unidos, a pesar de que las necesidades humanitarias están aumentando", concluye.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, parte como favorito para vencer al izquierdista Iván Cepeda en el balotaje, según una encuesta de Atlas Intel, la primera tras los comicios: 50.3% contra 42.6% para Cepeda. Además, Trump ofreció su respaldo a De la Espriella, un pronunciamiento que analizamos con Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos, y Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. Trump ofreció este martes su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio, frente al izquierdista Iván Cepeda. El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, denunció este miércoles un intento "injerencista" para la segunda vuelta.  Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, también estima efectivamente que esto "es una injerencia indebida en procesos internos en Colombia bajo los estándares de cualquier medición de política internacional". Para este politólogo en Medellín, ese pronunciamiento es "inadecuado", pero parece no sorprenderlo porque, según él, "corresponde con lo que ya se ha venido haciendo en relación con otros actores importantes de la política de Estados Unidos, como María Elvira Salazar [congresista republicana por Florida], el propio Marco Rubio [secretario de Estado de Estados Unidos] y otros líderes políticos de la derecha estadounidense, así como otros líderes de derecha en América Latina, como el presidente Noboa de Ecuador. Se hace público lo que ya se sabía, es decir, un alineamiento de fuerzas políticas de la derecha que, en general, también están muy alineadas con cierta erosión de los derechos y de las garantías democráticas en el subcontinente", subraya. El futuro de las relaciones Colombia - EE.UU.  Al dar su apoyo a Abelardo de la Espriella, Trump mencionó que los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, explica por qué el respaldo de Trump puede resonar en el electorado de derecha. "Estados Unidos es, de lejos, la alianza económica más importante para Colombia. Es en ese país a donde van la mayor parte de sus exportaciones internacionales. También hay una inversión estadounidense en Colombia que es muy significativa. Existe una diáspora en Estados Unidos y muchas conexiones, mucho intercambio cultural y, obviamente, la alianza en temas de seguridad, sobre todo en la política contra las drogas, es muy importante para ambos países. Tener la capacidad de compartir, por ejemplo, datos de inteligencia, armar operaciones con información entre ambos, contar con capacidades para realizarlas, el apoyo financiero y también material. Por esta razón, yo sí creo que la importancia de manejar la relación con Estados Unidos tiene un peso con los votantes colombianos, y eso es algo que hay que tener en cuenta", concluye.

Tres cadenas hoteleras se han retirado esta semana de Cuba: las españolas Meliá e Iberostar y la canadiense Blue Diamon. Las empresas extranjeras instaladas en la isla caribeña tienen hasta el 5 de junio para cortar sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington. ¿Por qué si cae Gaesa la economía cubana podría derrumbarse? Explicaciones con el politólogo cubano Oscar Grandio Moráguez.  Para operar en Cuba, toda empresa extranjera tiene que pasar por Gaesa, un conglomerado empresarial vinculado a las fuerzas armadas. Creado en los 90 tras la caída de la Unión Soviética, tiene una particularidad: no rendir cuentas, según explica a RFI el politólogo Oscar Grandio.  "A pesar de ser estatal, las cuentas de Gaesa siempre han estado exentas de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Es un blindaje político que permite que los ingresos de este conglomerado todopoderoso no sean redistribuidos a través del presupuesto del Estado —y aquí está el problema—, sino retenidos bajo un control privado de una familia y del Ejército", detalla. Leer tambiénCuba: un apagón masivo en el este de la isla afecta a siete de 15 provincias En ese sentido, añade que el presupuesto formal y el Estado cubano es simplemente un "cascarón vacío". Gaesa fue sancionada en mayo por la administración Trump, lo que hace correr riesgos a las empresas extranjeras instaladas en la isla. Para Grandio, estas sanciones exponen la profunda influencia de Gaesa en casi todos los sectores de la economía cubana y suponen una presión importante para las compañías privadas, ya que convierten cualquier vínculo con Cuba en una "posible responsabilidad". "Esto crea lo que yo llamo un riesgo de contaminación para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba. Estas sanciones amenazan con afectar el modelo de negocio no solamente de Gaesa, sino de cualquier empresa que trabaje con este conglomerado, que repito son todas las empresas que trabajan con Cuba ahora" - Oscar Grandio Moráguez, politólogo cubano A su juicio, estas normativas tendrán un efecto catastrófico que "ya se está viendo", con una retirada masiva de firmas. El autor del libro “Mejor no me callo: Notas ante una transición en Cuba” indicó que primero se retiró la minera canadiense Sherritt y luego las navieras anunciaron la suspensión de operaciones con la isla caribeña porque sus partners son precisamente empresas de Gaesa. Poniendo al conglomerado económico-militar como el principal objetivo de las sanciones, Washington espera poner de rodillas al sistema cubano, sostiene el especialista. "El gobierno norteamericano se da cuenta de que, efectivamente, el control de la economía cubana es de Gaesa, no es el Estado cubano como tal", subraya. Según el politólogo cubano, esto implica también la reducción de la entrada de divisas por la caída de la producción de níquel y cobalto que están bajo control de Gaesa, tras la salida de la canadiense Sherritt. En la misma línea, añade, que el sector de importación de petróleo está en manos del conglomerado. "Hay un efecto disuasorio con estas sanciones, que va a alejar a los pocos inversores extranjeros que aúb operan en la isla. Entonces, si tú sancionas a Gaesa y a los empresarios extranjeros que operan con ella, que son prácticamente todos los que trabajan con Cuba, evidentemente el colapso va a ser mayúsculo", concluye.

Argentina, Panamá y Ecuador figuran entre los diez peores países del mundo para los trabajadores compartiendo la lista con Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía, entre otros,  según la última edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Aunque la legislación de estos países pueda reconocer determinados derechos laborales, en la práctica los trabajadores carecen de un acceso efectivo a ellos. Para Argentina es el segundo año consecutivo. Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría “5", señala el informe elaborado por la CSI desde 2014 y que clasifica a 151 naciones sobre la base de 97 indicadores apoyándose en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.  Para Argentina, se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación, y se debe a los cambios en las leyes que el presidente Javier Milei realizó desde su llegada al poder en 2023 instaurando “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”, de acuerdo con el abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia. El también profesor universitario recordó que la primera reforma que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura. “Después en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral. Y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales tanto individuales como colectivos”. La reforma de Milei derogó las multas de la ley general de empleos, es decir que cualquier trabajador que realice sus tareas sin registro, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. “Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales” y facilitar “las inversiones”, explicó Arabia. “Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros “el sistema protectorio jurídico del trabajador”, subrayó. Amenazas indirectas  Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina. “El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión”. Baradel evocó el caso de un gremio que llevó adelante un paro  convocado por tres centrales sindicales, al cual le aplicaron una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12 500 millones de euros). El gobierno “establece parámetros en contra de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, en el tema del derecho a huelga. [En Argentina] prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”.    Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas, consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores, contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que, pese a avances y retrocesos, se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores.

El alto nivel de violencia criminal que se registra en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se ha convertido en un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, según un informe publicado este viernes en el país andino. La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual; impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Joselyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil. "Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud", explica. En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil a ejercer sus derechos reproductivos, asegura Pispira:  "Una de las cosas que siempre se identifican en estos temas, por ejemplo, es como las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto. Cuando se pregunta con relación al aborto, al acceso al aborto". La investigadora también recalca que hay sectores más afectados: "Son las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas. Lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios". El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud. "La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, que no hay garantías en los protocolos de seguridad, en los centros de atención, por ejemplo. Y te menciono algo vas al trabajo sin saber si vas a regresar. Consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes. Es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud, circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos", apunta. El informe también revela la escasez de anticonceptivos para las mujeres, y recalca que es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud.

Nueva jornada de protestas exigiendo la renuncia del presidente, pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenarlas. Desde hace casi un tienen lugar bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas, que piden medidas contra la crisis económica. El dirigente gremial Toño Siñani explicó a RFI por qué pide el fin de las protestas. El politólogo José Orlando Peralta observa una "narrativa más radicalizada". Se agrava la tensión en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz advierte a los manifestantes: "sto está llegando al límite". El país está atravesando la peor crisis económica en cuatro décadas. La declaración se produce después de que el Congreso boliviano eliminara ayer una norma que imponía límites al presidente para decretar estados de excepción. La medida le permite ahora recurrir al ejercito para contener las protestas y restringir las libertades de reunión y circulación. Los bloqueos de rutas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz mantienen paralizado el tránsito de camiones en varias regiones del país. La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas, que están provocando escasez de alimentos, medicinas y combustible. José Orlando Peralta, politólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, comenta el clima político que existe actualmente en el país. "Narrativa radicalizada"  "En este momento ya hay más de 150 bloqueos. Hoy se ha aprobado una nueva ley, la ley de excepción y se ha aprobado otra nueva ley que le da un poder para establecer el estado de excepción. De esta manera puede tener mando sobre las fuerzas públicas. La reacción ha sido una narrativa más radicalizada de los actores de la que ha incentivado estas movilizaciones. El diputado Milton Condori ha dicho que como efecto de esta nueva ley del Estado de excepción va a darse una guerra civil. Él está pronosticando un derramamiento de sangre porque la gente va a tensionar. Por tanto, hay tambores de guerra. Esta forma de reaccionar es la de los sectores radicalizados que solamente quieren la renuncia de Rodrigo, no quieren otra cosa. No quieren sentarse en las mesas de diálogo". Sin embargo, un sector de los manifestantes considera que sus reclamos ya fueron escuchados y pide el fin de las protestas. Toño Siñani, dirigente gremial de la Central de Trabajadores de Bolivia, explica sus motivos. "Las protestas que han salido de distintas organizaciones estaban reivindicativas pidiendo la anulación de una ley 1720 que afectaba a los compañeros campesinos. También han pedido la reducción de salarios, lo que ya lo hizo el presidente. Y a pesar de ello hoy en día hay personas que siguen bloqueando. Pedir la renuncia del presidente es solamente política. Nosotros, en cambio, ya no queremos más bloqueos porque hay mucha gente que está sufriendo, el pueblo alteño. Por eso hemos pedido que pueda haber un diálogo. Nosotros entendemos una cosa aquí en Bolivia el 85% es cuenta-propia. ¿Quiénes son cuenta-propia? [son personas que generan su ingreso de forma independiente, sin empleo formal ni salario fijo ] son los gremiales, los campesinos, los transportistas, los conamype, los constructores, todos, porque no nos dan economía, ni el Estado ni nadie, ya que no trabajamos al día, no llevamos economía de esa manera. Hemos dicho que de una vez el gobierno dé solución a la crisis que estamos atravesando en la ciudad de El Alto". Mientras tanto, el presidente y su vicepresidente encabezaron hoy dos mesas de negociación con representantes políticos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las consecuencias económicas de las protestas.

Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países.  y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega. Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos. “Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus. Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia. “El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”. Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos, sin aportar pruebas y señalándolas de tener vínculos al narcotráfico, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar estos hechos sin precedentes que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar.  La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo, en Manta, ya cuenta dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses. Así lo describe Cheo, a quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda.  "Yo estaba picando un ceviche y cuando saqué un pie afuera de la cocina, a los pocos segundos: '¡Pum!' Me voló con puerta y todo encima de la cocina. Cuando pegó el otro bombazo, también, la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné, cuando boté sangre por la boca y ahí todos los muchachos (flameaban) un trapo hacía el barco de los Estados Unidos para que no lo atacaran (...)  Arriba había otro dron con una granada, no sé si era como un cohete. (...) Nos apuntaron con todito: la metralleta, pistola... dijeron que nos subiéramos uno por uno al barco y ahí lo hacemos. Uno por uno, nos pusieron como esposas o algo así, capucha... se veía clarito cómo se quedaba así quemado el barco". Cheo, lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. "Por el momento no hemos vuelto a pescar, por lo que nos pasó, porque da miedo, pero si quisiéramos salir nuevamente a trabajar, porque eso es lo que conocemos, la pesca", indicó.  Tras el ataque, Cheo recuerda que los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos, sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a la de los tripulantes de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero.  "Estábamos reunidos en San Mateo, con la embarcación Fiorella y la Negra Duarte que también fueron atacados, pero el Fiorella sí sigue desaparecido. Llegan las esposas de ellos a pedir justicia por ellos, porque nadie dice nada. Tal vez a ellos si los volaron con todo, porque ellos nunca aparecieron", señaló el pescador.  "Es el equivalente a disparar contra alguien no armado" Adam Isaacson, de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos.  "Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio porque no tiene ninguna justificación de autodefensa". El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras ya van más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo, temen salir a trabajar. 

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma a la ley electoral para incluir investigaciones a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado. Según el Gobierno, el proyecto busca mayor transparencia y se hace en vísperas de las elecciones de medio mandato de 2027. En medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha, del partido oficialista Morena y acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar a candidatos con miras a las elecciones de medio término. Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no. “Secuestran a familiares de candidatos” Javier Oliva Posada, profesor de ciencias políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico. “Se van a votar 17 gubernaturas, México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños, y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso, y tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley”, detalla el analista. “Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos obligándolos a renunciar a su campaña, y en automático gana el otro, el que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el estado de México donde la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena precisamente”, prosigue. Una ley rápidamente aprobada El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia. “La Constitución de México, para modificarla, necesitas tres cuartas partes del Congreso, eso lo tienen haciendo sus alianzas con otros partidos políticos. Pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno, cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores”, explica Javier Oliva Posada. Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana las autoridades anunciaron la detención de seis políticos locales. 

Washington inculpa a Raúl Castro de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996. Entonces, el hermano de Fidel Castro era ministro de Defensa. Es la primera vez que un alto cargo del país comunista es acusado ante la justicia estadounidense. Este acto jurídico también es visto como un acto político y deja muchas preguntas y temores ante las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump. El caso de las avionetas “Hermanos al Rescate" ha sido perseguido con tenacidad por la comunidad cubano estadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Como lo indica Eloy Viera, jurista y coordinador del medio El Toque, quien calificó la inculpación de Castro como simbólica.  "Desde hace 20 años ha sido parte de los esfuerzos de un sector importante de familiares, amigos, conocidos, colaboradores de los cuatro cubanos fallecidos. Simbólicamente estamos ante un paso más hacia la búsqueda de justicia. Un sector importantísimo de la nación cubana ve en la figura de Raúl Castro no sólo como responsable por esas cuatro muertes, sino también responsable de otros muchísimos actos de lesa humanidad", asegura a RFI, Eloy Viera. Sin embargo, algunos analistas como el también cubano Arturo López Levy señalan que la decisión es una escalada más en las presión de Washington sobre la isla. "Es una política irresponsable porque, por una parte dice que la amenaza más grande que puede venir de Cuba es una estampida migratoria, pero lo que hace es mantener un bloqueo petrolero que está creando una crisis humanitaria de manera tal que justifique una acción dirigida contra el gobierno cubano. Más bien lo que están preparando es una acción militar", explica López Levy. Para el jurista David Peña Guzmán, la inculpación es legítima a nivel interno en Estados Unidos, pero a nivel internacional no es tan clara, sobretodo si se tiene en cuenta el precedente con Nicolás Maduro en Venezuela.  "A nivel internacional debemos de responder dos estándares. El primero, la acusación es válida en el país en donde se originó y la respuesta es que sí lo es. Y la segunda es ver, una vez que se tiene esa acusación válida, cómo reaccionan el resto de los países o la comunidad internacional ante la existencia de esta acusación válida", explica el jurista. "¿Qué pasaría si Cuba hace exactamente lo mismo y formula una acusación en contra de el presidente de los Estados Unidos? Si lo hace, tienen a nivel internacional exactamente la misma validez ambas y ambas deben de ser atendidas y respetadas por la comunidad internacional. Tenemos el precedente que vivimos con Maduro en Venezuela y que trae como consecuencia una serie de preguntas", agrega David Peña Guzmán.  Dicha inculpación trae muchos interrogantes, pues el gobierno de Trump amenazó con una intervención en Cuba, justo después de su operación en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro que actualmente está encarcelado en un centro de detención en Nueva York.  

El gobierno del presidente Kast se ha visto sacudido por la polémica medida que busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes irregulares. La iniciativa, aún en discusión parlamentaria, genera tensiones dentro del propio gobierno y críticas de expertos y organismos por su posible impacto en el acceso a derechos básicos y la cohesión social. Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades". La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti. "Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene. El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.

Tras el anuncio de los resultados definitivos de la primera vuelta, Perú se apronta para una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Reflexionamos con el analista Mirko Lauer sobre lo que podría pasar en esta contienda electoral. Tras el minucioso recuento de votos en la primera vuelta, Perú afronta la recta final de sus elecciones generales con dos candidatos con puntos de vista ideológicos muy diferentes. “Dos partidos caudillistas” Se puede pensar que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dará lugar a una contienda que dirija al país en direcciones muy opuestas, pero también existe una similitud bien marcada, según el afamado escritor y analista político Mirko Lauer. “Cualquiera de los dos resultados se va a parecer mucho al otro resultado, porque no estamos realmente ante un izquierdista chocando contra una derechista. Lo que estamos es ante dos partidos caudillistas tratando de llegar al poder, pero nada más. Basta mirar los planes de gobierno de las dos agrupaciones para darse cuenta que de ahí no sale mucho”, explica Lauer. ¿Podría ganar Sánchez? Después de cuatro semanas de incertidumbre hay un factor que se antoja determinante: el modo in extremis de conseguir el balotaje suficiente para entrar en la segunda vuelta, ¿en que beneficiaría o perjudicaría a Sánchez a la hora de afrontar a Fujimori? “Yo creo que podría beneficiar un poquito a Sánchez, porque, por último, Sánchez es una especie de candidato de la revancha, que ha obtenido una buena parte de sus votos de los resentidos por lo que sienten que le ha sucedido a Pedro Castillo. Y entonces, de alguna manera, el dificultoso recuento se parece un poco a eso y podría ganarle algunos votantes”, estima Lauer. Pero, matiza el analista, “hay un dato importante aquí que es un dato de tipo, vamos a llamarlo ideológico. Nadie que ha votado por Rafael López Aliaga va a votar por Roberto Sánchez, ni de bromas. Y yo creo que nadie que ha votado por el señor Jorge Nieto tampoco va a votar por Roberto Sánchez. Esas son barreras ideológicas muy fuertes que yo creo que le van a impedir a Sánchez ganar”. Jorge Nieto, un hombre clave Para Lauer, el árbitro de la contienda electoral tiene un nombre propio: Jorge Nieto. “Jorge Nieto es un político de centro que ha logrado en un Senado muy poderoso con 30 personas, seis o siete senadores. Podría ser el hombre clave, definitivamente. Tanto si hace alianzas estables con Keiko Fujimori, como si hace alianzas esporádicas para temas puntuales”, subraya. Proclamados los resultados de las elecciones del 12 de abril, los peruanos están llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial el domingo 7 de junio.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo". Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego. Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes. "No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego. Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar. "Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó. Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas". El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La tregua, que llega en un momento marcado por altos índices de violencia, durará desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. La violencia armada es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados siguió siendo crítico, provocando cientos de miles de desplazados en todo el país. “Ha estado muy golpeado” En medio de esta crisis, el guerrillero más buscado de Colombia y líder de la disidencia de las extintas FARC, Iván Mordisco, anunció un cese al fuego para brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”. Un motivo que Leonardo González, director de Indepaz, pone en duda: “Lo que hoy se entiende es como este alto el fuego, entre otras cosas, puede ser en el movimiento que tiene en estos momentos Mordisco por el departamento del Cauca. Mordisco ha estado muy golpeado hacia la zona del Guaviare, incluso se dice que está herido y que se ha estado resguardando al otro lado del país en el departamento del Cauca. Entonces es una especie de distractor para una tregua”. Según datos de Cruz Roja Colombia, más de 250 mil personas abandonaron sus hogares por culpa de la violencia armada y al menos 965 personas fueron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos. “Pérdida de libertad para elegir” Para González, esta tregua supone un respiro para algunas regiones, pero no significa que la población esté a salvo durante las elecciones: “Aquí la principal afectación que tiene la población civil en cuanto a elecciones es la pérdida de libertad para elegir por quien ellos quieran votar. En las anteriores elecciones, en diferentes zonas se ha presentado la denuncia de cómo son obligados a votar por determinado candidato y eso es lo que hoy está en juego, está en riesgo, y es que no sean libres las elecciones, no que no haya elecciones, sino que no haya libertad para elegir por parte de los votantes”, explica. El director de Indepaz también recalca que este es un cese al fuego contra la fuerza pública y no contra las disputas territoriales entre guerrillas: “En la costa norte hay conflictos territoriales entre los Gaitanistas y los de la Sierra Nevada, y en Antioquia, los de las disidencias contra los Gaitanistas y el ELN, por lo que tenemos son conflictos entre ellos. No existe una guerrilla en estos momentos que se esté disputando el poder contra el Estado o que tenga un alzamiento para pretender una toma del poder y por lo tanto, la gran mayoría de los enfrentamientos y combates se dan entre los grupos armados ilegales”, precisa González. En agosto pasado murió en un atentado el senador Miguel Uribe, aspirante a ser el candidato de la oposición. Actualmente, los tres aspirantes a la Presidencia han denunciado amenazas intimidatorias o de muerte.

En medio de apagones generalizados causados por un asfixiante bloqueo que impide la importación de petróleo y el fin del suministro venezolano, Cuba aparece, gracias a China, como un ejemplo insólito de desarrollo de energías renovables, que aportan cerca del 10 % de la electricidad generada en la isla. Sin embargo, el desarrollo a mediano plazo de este tipo de energía parece muy difícil, según Jorge Piñón, colaborador sénior de investigación en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Gracias al financiamiento de China, se han implantado más de 50 parques solares en Cuba. La producción de energías renovables registró un aumento considerable entre 2024 y 2025, pasando de un 3 % a casi el 10 %. ¿Pero por qué el gigante asiático financia las energías renovables en la isla? "Esto forma parte de la política china", dice Jorge Piñón, colaborador sénior de investigación en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Ese país "también ha hecho este tipo de inversiones en África, contribuyendo a la expansión de la infraestructura de países en transición económica y política. Es una manera de establecer buenas relaciones, lo que tiene un valor político a largo plazo. China lo está haciendo en Cuba y en otros lugares porque lo necesita. Es una manera de demostrar al resto de la región la contribución económica y humanitaria que puede ofrecer", indica. Un desarrollo que no es suficiente para evitar los apagones actuales en casi todo el país. El último dejó al 65 % del territorio cubano con cortes simultáneos. El ministro de Energía y Minas anunció que las reservas de combustible están agotadas. Piñón subraya que las dificultades van más allá de la escasez de petróleo. "El problema de Cuba no es solamente la generación de energía, sino las líneas de transmisión, que tienen más de 30 años sin mejoras ni mantenimiento de fondo. Esto es un problema porque se puede tener toda la generación de energía necesaria, pero si no existen líneas para llevar la electricidad a los consumidores, esos parques solares no aportan ningún beneficio". Los beneficios de la energía solar en Cuba son hoy, por ello, casi imperceptibles para la mayor parte de la sociedad. De ahí que el objetivo de emplear únicamente energías verdes para 2050 parezca inalcanzable. "Sin las sanciones de Estados Unidos en el marco del embargo petrolero, esa meta ya era extremadamente difícil de alcanzar para Cuba. En realidad, la energía solar es la única que parece que llegará a los 1.000 megavatios. La energía eólica no llegará; será cero. La biomasa, también cero, al igual que la sustitución de combustibles fósiles, como el petróleo crudo que están quemando. Se planeaba cambiar a gas natural licuado, como lo tienen Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, pero tampoco. Estas metas cubanas son muy difíciles de alcanzar", concluye. Piñón recalca que el desarrollo de las energías renovables es algo positivo, pero depende de una financiación que Cuba no posee. Según un análisis del Proyecto de Seguridad para la Transición (TSP), un grupo de expertos vinculado al centro británico Common Wealth, a Cuba le costaría 8.000 millones de dólares generar alrededor del 93 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, y un sistema eléctrico 100 % renovable tendría un costo de 19.000 millones de dólares.

En un contexto de tensión en los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio y la caída a un ritmo acelerado de las reservas, Venezuela reaparece como un proveedor útil para Estados Unidos. Aunque su peso global sigue siendo limitado, su papel gana relevancia por su valor estratégico y geopolítico, explica el analista José Enrique Arrioja. En medio de la subida de los precios del crudo a causa de la guerra en Oriente Medio y la reducción récord de las reservas de petróleo, el aporte de Venezuela como país productor, aunque menor, resulta particularmente beneficioso para Estados Unidos, afirma José Enrique Arrioja, analista económico del Centro de Expertos del Consejo de las Américas. Cuando se cumplen ya más de diez semanas de guerra en Oriente Medio, las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo récord debido a las interrupciones del flujo a través del estrecho de Ormuz, que siguen restringiendo la oferta, informó este miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según la AIE, el mercado del petróleo seguirá previsiblemente en déficit hasta el último trimestre del año, mientras las interrupciones en el estrecho de Ormuz limitan la oferta y aumentan el riesgo de una nueva volatilidad de los precios. En este contexto de crisis en torno a la producción de crudo, Venezuela es un jugador menor, pero desempeña un papel significativo. Desde la detención de Nicolás Maduro en enero por Washington, la producción de barriles ha aumentado en ese país en un 22,9 %, cifra inédita desde 2019. Para José Enrique Arrioja, analista económico del Centro de Expertos del Consejo de las Américas, Venezuela se ha vuelto bastante útil para Estados Unidos. Venezuela, segundo proveedor de crudo a Estados Unidos  "En estos instantes, Venezuela se ha convertido en el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos después de Canadá. En el equilibrio energético global, la cifra todavía tiene poco peso, sobre todo si se contrasta con las producciones que tienen otros países de la OPEP. Pero hay detrás de la interpretación de estos números fríos y escuetos un simbolismo y un valor estratégico y geopolítico, que es lo que históricamente le ha dado realce e importancia a la producción petrolera venezolana", explica. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018 y 2019, Venezuela vendía la gran mayoría de su crudo a Asia, sobre todo a China. Pero parte del plan de Washington también es influir en este mercado. "En este mes de mayo, prácticamente 600.000 barriles de petróleo se están vendiendo a Estados Unidos. El resto de las exportaciones siguen yendo a destinos en el mercado asiático, pero definitivamente la presión de Estados Unidos sobre el gobierno liderado por Delcy Rodríguez para cortar relaciones con China está generando una recomposición en las ventas de Petróleos de Venezuela, haciendo que estas tiendan cada vez más a irse hacia Estados Unidos en lugar de dirigirse a los mercados asiáticos". Venezuela, importancia estratégica Estados Unidos tiene especial interés en el crudo de Venezuela, ya que sus refinerías pueden adaptarse al petróleo pesado que produce el país caribeño. Es por ello que se espera que la producción continúe aumentando y generando crecimiento. Se espera una revitalización de la contratación de mano de obra. Compañías al estilo de BP, Repsol, ENI están ya firmando acuerdos importantes para reactivar o retomar presencia. Se tuvo en Venezuela, en el caso de Repsol, la intención de triplicar la producción que tiene hoy en día la compañía en ese país, pasando de unos 45.000 barriles por día a 150.000 barriles por día en los próximos tres años. Arrioja concluye afirmando que el conflicto en Oriente Medio no convierte a Venezuela en una amenaza económica para el resto de los países de la OPEP, pero pone de manifiesto la importancia geoestratégica de este país en el panorama internacional.

La presidenta Sheinbaum reaccionó este martes a los comentarios que hizo a comienzos de mayo , durante su visita a Méxicola presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la Conquista española, en particular, rendir homenaje a Hernán Cortés. La historiadora Patricia Galeana, catedrática de la UNAM, explicó a RFI por qué esas declaraciones han suscitado polémica nacional. El pasado 4 de mayo, Ayuso participó en un homenaje a Hernán Cortés e Isabel la Católica junto a conservadores del Partido Acción Nacional. La controversia obligó a suspender su gira, prevista para durar una decena de días. Sheinbaum criticó este martes el homenaje: "Estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Cuestionó el acto como intromisión de "la derecha internacional" para dividir, acusando a Ayuso de imperialismo en su programa televisivo. También señaló al PAN de promover ideas ligadas al "racismo" y la "discriminación" actuales. Patricia Galeana explica por qué el legado de Hernán Cortés desata controversias en México: "Heroificar de esta manera la memoria de Hernán Cortés genera rechazo en la población porque [la Conquista] fue un proceso doloroso. Hubo gran mortandad indígena no solo por la conquista misma, sino por enfermedades europeas ante las que la población originaria carecía de defensas". En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a España por crímenes coloniales. Felipe VI reconoció abusos, sin disculpa oficial. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez criticó a Ayuso: "En cuanto a la las relaciones México-España no ha habido repercusiones porque Sánchez hizo declaraciones muy fuertes, muy contundentes, en contra de Ayuso. En su discurso envió un abrazo al pueblo mexicano", dice Galeana. La experta concluye que esta polémica consolida la polarización de la sociedad y la política mexicanas. "Lo que se puede ver desde aquí [México] es que Ayuso representa la derecha dentro de la derecha del PP. O sea, casi, casi está con Vox. En ese escenario, creo que al partido mexicano Acción Nacional le va a dar un dividendo negativo por haberse ido hacia la extrema derecha. Por otra parte, al partido de pseudoizquierda, que yo no lo considero realmente como tal, va a capitalizar estos hechos", concluye la historiadora. La presidenta de la comunidad de Madrid acusó a Sheinbaum de boicotear su visita y al Gobierno español, de no proporcionarle seguridad. Ambos han negado las acusaciones y, por el momento, Ayuso no ha mostrado pruebas. 

El juicio contra el expresidente Evo Morales por trata agravada de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a que el acusado no asistió, y se renovó la orden de captura en su contra. RFI habló con su abogado Wilfredo Chávez. En enero de 2025, la justicia declaraba en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. En esta ocasión, una vez reactivado el caso bajo la figura penal de trata de personas agravada, Morales no se presentó al tribunal que lo citó ya que, según su abogado, Wilfredo Chávez, no fue notificado personalmente sino a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos. “No se ha cumplido con la notificación personal y ellos han optado más bien por hacer una notificación por edicto. La notificación por edicto es una notificación que se realiza cuando no se conoce el domicilio de la persona o no se conoce el paradero de la persona. Ninguna de las dos hipótesis que he mencionado converge con la situación del presidente Evo, porque todos saben donde vive, con una actitud, digamos, desleal con la justicia”, explica el abogado. “Pero ¿cómo podía estar presente si no ha sido notificado? Mientras no se cumpla ese procedimiento legal a objeto de organizar la defensa, él no puede presentarse bajo ninguna circunstancia ante el órgano judicial”, agrega. “Eso no va a prosperar” La defensa de Morales rechaza los cargos contra su cliente abogando que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019 y que se archivó un año después. Según Chávez, el caso no prosperará por varios argumentos: “Nuestra estrategia es acudir también a organismos internacionales de que se pide información del por qué en el caso de Evo Morales no le notifican y lo enjuician solo con un tema político, cuando sabemos que eso no va a prosperar para nada, primero porque no tiene sentido ese juicio y porque no tiene víctima, y segundo porque en realidad el juicio se suspende”. “El presidente Evo Morales va a estar siempre al servicio del país. Se ha presentado un memorial de parte de la señorita Cindy Sarahí Vargas, que es la supuesta víctima, y ella ha aclarado al tribunal que no ha sido objeto de los delitos que se sindicarían a Evo Morales, ninguno de ellos. Y ella ha aclarado más bien que eso no tiene ningún sentido. Ha aclarado su situación en un extenso escrito, y si ese memorial se considerara por el Tribunal de Sentencia, debería exonerar de inmediato al expresidente Evo Morales”, subraya el abogado. El juicio contra Evo Morales quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o que la Policía ejecute la orden de captura en su contra, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca. El líder indígena, de 66 años, se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, para evitar una orden de captura.

En Colombia se despliega estos días la misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El equipo europeo velará por que la campaña pueda hacerse en las mejores condiciones, en medio de una ola de violencia por parte de grupos armados que tratan de influir en el proceso electoral. En las últimas semanas, los grupos armados colombianos han desatado una campaña de terror con ataques, en los que han muerto una veintena de personas, entre ellas civiles, líderes locales o periodistas, según denuncia la Misión de Observadores electorales de la Unión Europea en Colombia.  Esta extorsión es una forma de ejercer el control territorial de cara a las elecciones, sobre todo en las zonas rurales y poco pobladas del país, como explica José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión. “Por desgracia, la violencia está presente en las elecciones colombianas desde hace décadas. No es un fenómeno de este proceso, ni del anterior. En este sentido, es indudable que tiene un impacto porque en algunas zonas del país hay una multiplicidad de grupos armados de distinto origen, de distinta genealogía y que básicamente están centrados en la explotación de tráficos ilegales, la droga, la extorsión, la minería ilegal del oro y ejercen control territorial en las zonas rurales y eso impacta en las elecciones”, denuncia Gabriel. No solo tratan de influir en la libertad de voto de la población, sino que se impide a los candidatos hacer campaña libremente en las zonas más aisladas. “Todos los ámbitos del espectro político, de izquierda y derecha, han denunciado que en algunos lugares no han tenido acceso a las comunidades para hacer campaña,” explica el jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE. La violencia impacta en todos los ámbitos, sobre todo en las zonas donde están presentes estos grupos, que ahora utilizan drones comerciales cargados de explosivos y operados a control remoto. “Es un problema que desborda el ámbito electoral y que está basado, evidentemente, en unas economías ilegales enormes y la permanencia de grupos armados que han transformado su sentido, ahora sólo se dedican a los tráficos ilícitos”, afirma Gabriel. El presidente, Gustavo Petro, intentó sin éxito negociar con los guerrilleros disidentes de las FARC, que han fortalecido sus filas en los últimos años. Iván Cepeda, su discípulo, parte favorito en las encuestas.

Las autoridades de Venezuela exhumaron esta semana el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que fue detenido hace más de un año y murió el pasado julio, pero cuyo fallecimiento lo han reconocido ahora las autoridades, tras meses de silencio oficial. Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Stefania Migliorini, abogada de la ONG Foro penal, que la ha acompañado en este proceso. “Ella tenía más de un año buscando a su hijo y siempre tenía la esperanza de poder volver a verlo, decía que estaba muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Recorrió muchos centros policiales y penitenciarios sobre todo en Caracas, también fue al ministerio de Asuntos Penitenciarios donde allí tampoco le dieron respuesta acerca de su paradero”, apunta la abogada. Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y muerte. La exhumación fue ordenada por la fiscalía. El ministerio penitenciario admitió que Víctor Hugo murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al Hospital de Caracas. “Nosotros no entendemos por qué tardaron tanto en darle una respuesta a Carmen, una señora de 82 años que estaba agotada”, dice a RFI Stefania Migliorini Es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. “El fiscal general realizó un comunicado donde informaba de la apertura de una investigación y la exhumación de sus restos para verificar que sea él. Se tiene que hacer justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo”, reclama la abogada. Desde 2014 ha muerto 19 presos políticos bajo custodia del estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.

El presidente brasileño Lula da Silva se reunió ayer con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: un encuentro de dos horas que incluyó un almuerzo, del que ambos se mostraron satisfechos. Los mandatarios han tenido una relación irregular, pero más allá de las diferencias ideológicas, ambos países tienen importantes intereses comerciales en juego. La reunión entre Lula y Trump estaba prevista a principios de año, pero se pospuso tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los dos han tenido una relación de altibajos. Entre los temas a tratar, además de las tasas arancelarias, estaba el interés de Estados Unidos en los yacimientos de tierras raras de Brasil. Leonardo Paz Neves, de la Unidad de Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas, explica a RFI que “Brasil no es como los chinos u otros que tienen leyes súper restrictivas o proteccionistas de los metales críticos”. “Una compañía norteamericana, hace un mes, dos meses creo, ha comprado una compañía brasileña que hace minería de metales críticos. Entonces ya tienen empresas norteamericanas explotando minería crítica en Brasil, que ya está abierto para la competición normal, liberal”, precisa. El narcotráfico, un tema espinoso Otro de los temas críticos es el narcotráfico, puesto que Trump pretende designar a dos grupos criminales brasileños como terroristas, algo que rechaza el Gobierno de Lula. “A Brasil le gustaría hacer una cooperación con Estados Unidos para intercambiar informaciones de pandillas criminales, de narcotráfico. Los norteamericanos están intentando clasificar dos grupos muy importantes de narcotráfico aquí en Brasil, como narcoterroristas, como hizo con grupos venezolanos, colombianos. Para nosotros eso es muy malo. Entonces Brasil está intentando mostrar a Trump que vamos a hacer una ley, vamos a hacer una política muy dura contra el narcotráfico, los crímenes, pero no necesitamos que los conviertan en narcoterroristas”, comenta al respecto Leonardo Paz Neves. Lula, que está en plena campaña de reelección, señaló tras el encuentro que el presidente norteamericano no ejercerá ninguna influencia en las elecciones. Según el experto, “para Lula, lo mejor sería que todas esas cuestiones sean tratadas en un nivel técnico y a nivel de ministerios o secretarías, de instituciones públicas y no a nivel político. Los bolsonaristas quieren que todo sea contaminado, que sea una relación muy tensa: van a decir que Lula no consigue hacer nada con Estados Unidos, que no tenemos una buena relación con Estados Unidos, que no vamos a conseguir desarrollarnos o solucionar nuestros problemas. Entonces Lula quiere que los temas vayan a nivel técnico, mientras los bolsonaristas quieren contaminar y fomentar la tensión entre Brasil y Estados Unidos”.

El papa León XIV recibe este jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente Donald Trump. Esta visita a Roma y el Vaticano se lee como un intento de descongelar las frías relaciones entre la administración Trump y el sumo pontífice. León XIV fue elegido papa hace justo un año, y en lo que lleva de pontificado se ha caracterizado por el choque frontal con el Gobierno de Donald Trump. El pontífice estadounidense dijo que la amenaza de Trump de destruir Irán era inaceptable, Trump respondió que no era fan de León XIV y lo calificó de débil y terrible. Marco Rubio es católico así que la visita puede tender puentes, analiza Manuel Camilo González Vides, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá: “Los interlocutores son muy cercanos. Marco Rubio es católico y esto permitiría un acercamiento mucho más próximo, mucho más cálido, después del conflicto que se ha tenido”. “Obviamente creo que la parte difícil de la conversación puede ser hasta qué punto el Vaticano puede alinearse con las políticas de Washington. Creo que eso puede ser una línea roja que seguramente tendrán que superar ambas partes para restablecer la relación”, prosigue el especialista. ¿Posturas irreconciliables? Las posturas parecen irreconciliables también en otros puntos, puesto que el papa ha sido muy crítico con las políticas migratorias del presidente: “Creo que hay dos situaciones que están muy hiladas: una es la propia experiencia personal del papa antes de ser papa, y es que ciertamente el cardenal Prevost en ese entonces tuvo mucho contacto con comunidades indígenas, que han sufrido marginalización y violencia, y que por obvias razones se han visto obligadas a migrar. Eso lo acerca mucho a la experiencia del migrante y del acompañamiento de la Iglesia católica en este tema, que es un tema muy espinoso. Creo que se mantienen esas líneas de oposición a las políticas muy autoritarias en términos de migración que ha colocado el presidente Donald Trump”, explica asimismo el profesor de Relaciones Internacionales. Marco Rubio pidió también verse con Giorgia Meloni, aunque a Trump no le gustó que la primera ministra italiana saliera en defensa del papa tras sus ataques. “Marco Rubio va a jugar un poco a decir ‘bueno, nosotros ya hemos desistido de aniquilar toda una civilización', como dijo Trump, pero buscará tratar el entendimiento de que efectivamente lo que sucede en el estrecho de Ormuz es un asunto global, que tiene implicaciones globales, y seguramente será la línea que tratará de enfocar hacia el Papa León XIV, no tanto como líder espiritual, sino como jefe de Estado”, concluye González Vides.

Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a comienzos de la semana para exigir al gobierno la anulación de una ley que consideran lesiva para sus territorios ancestrales. La nueva normativa sería contraria a la Constitución y benéfica para los grandes propietarios, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero. Transportistas paralizaron la víspera el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles. El lunes, además, después de 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, manifestantes —en su gran mayoría indígenas amazónicos— llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. La normativa, según denuncian, afecta sus territorios ancestrales, favorece a los grandes propietarios y abre la puerta a la expansión y la concentración de la tierra. "Es una ley inconstitucional porque colisiona frontalmente con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. Si analizamos la situación en Bolivia, el gobierno es tan débil que no puede plantearse un proceso de reforma parcial de la Constitución. Si bien el Gobierno es, digamos, la expresión de la clase dominante, no tiene la suficiente legitimidad para encarar un proceso de reforma parcial. Por lo tanto, lo que ha hecho es emprender un proceso para sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley". Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley. "Durante el proceso de saneamiento, una cantidad de grandes propietarios utilizó el proceso de regularización de derechos propietarios implementado en el país para subdividir sus propiedades y, de este modo, camuflarse como pequeños propietarios. Al hacerlo, han evitado una serie de pagos que debían realizar como grandes propietarios: el costo del saneamiento, las tasas, el pago de impuestos, etc. Lo que están haciendo ahora es intentar blanquear y transparentar esta situación, pero de una manera que los libera de los compromisos y obligaciones que tienen como grandes propietarios. Estamos hablando de parcelas de 200 o 300 hectáreas en las que se cultiva soya y cuyos terrenos pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios pretenden que no se verifique la función económico-social en estas propiedades. Esto es, claramente, una cuestión de desigualdad, inequidad e injusticia en la cuestión agraria", concluye. Esta protesta campesina se suma a otras contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon este martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.

Perú volverá a contar con un Congreso bicameral tras más de tres décadas de sistema unicameral. La reforma, aprobada por el Parlamento en 2024, busca fortalecer el equilibrio de poderes y mejorar la representación política en un país marcado por una fuerte inestabilidad institucional. En los últimos 10 años, Perú ha tenido nueve presidentes, seis de ellos con mandatos interrumpidos. En las polémicas elecciones del pasado 12 de abril, cuyo conteo de votos aún continúa y en las que todavía no se sabe con certeza quién pasará al balotaje junto a la candidata Keiko Fujimori, los peruanos también eligieron a los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso. Santiago Bedoya, analista político del Centro Wiñaq, nos explica el impacto que podría tener este nuevo sistema legislativo: “Con la creación o el regreso, en todo caso, al sistema con un Senado como Cámara Alta, lo que se garantiza es establecer algunos checks y balances al sistema. Claro, todavía existe la posibilidad de esta famosa figura de la vacancia presidencial, la forma en la que se ha logrado remover del cargo a diversos presidentes desde 2016. Sin embargo, ahora, para que se dé este proceso, no solamente tiene que pasar por una cámara: luego de pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser presentada ante el Senado de la República y es el Senado que tiene que tomar el voto final al respecto, con un umbral de votos mucho más alto. Y viendo los resultados de este proceso electoral celebrado el 12 de abril, no pinta a que ni la derecha parlamentaria ni la izquierda parlamentaria pudiese llevar a cabo una medida de tal envergadura”. “Ciclo de inestabilidad” Sin embargo, existen dudas sobre las razones por las cuales los congresistas han impulsado el retorno al sistema bicameral. Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, considera que “en el caso de que gane Keiko, es más posible que exista mayor estabilidad debido a su fuerza parlamentaria, sobre todo en el Senado. Si gana Sánchez, me temo que este ciclo de inestabilidad continuará, debido a que no cuenta con una mayoría o ni siquiera con una minoría suficiente que le permita sobrevivir a una institución en ninguna cámara, ni siquiera aliándose con bancadas ideológicamente afines como Ahora Nación. Por otro lado, bancadas como Buen Gobierno y OBRAS permanecen una incógnita, por lo cual no se sabe exactamente el destino que tomarán una vez en el Congreso, debido a la variopinta composición de las bancadas”. Los nuevos senadores tendrán un papel decisivo en los procesos de vacancia presidencial: una moción iniciada por la Cámara de Diputados solo prosperaría si obtiene mayorías calificadas en ambas cámaras. Además, el Senado tendrá la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central y a otras altas autoridades.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación.  "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.''   Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro.   Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.

Este 1° de mayo entra en vigor el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de dos décadas de negociación. En Uruguay el pacto abre expectativas en sectores clave como la carne, el arroz y los lácteos. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (Montevideo) analizó para RFI los beneficios potenciales y los desafíos que plantea este acuerdo histórico para ese país. El acuerdo UE‑Mercosur eliminará o reducirá gradualmente los aranceles para la gran mayoría de los productos de ambos bloques: el 95% de los bienes del Mercosur y el 91% de la Unión Europea, en un plazo de entre 12 y 15 años. El sector automotriz queda fuera de este cronograma y tendrá un período de desgravación de hasta 30 años. En el caso específico de Uruguay, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, señala que las exportaciones al bloque europeo están concentradas “en pocos productos, entre otros, la pasta de celulosa”, lo que explica que las oportunidades se focalicen en sectores muy concretos. “Uruguay tiene beneficios concretos en la carne, que es donde más paga aranceles para ingresar a la Unión Europea. También va a tener beneficios en el arroz, la miel, los productos de madera, los lácteos —en este último hay beneficios y competencias—, en los cítricos y en muchos otros alimentos procesados”, explicó el especialista. Los beneficios no se limitan a las exportaciones. Según Bartesaghi, también hay impactos del lado de las importaciones. “Para algunas de ellas van a bajar los aranceles, lo que permite que el consumidor se vea beneficiado. Y, por supuesto, no hay que descartar el potencial que estos acuerdos tienen en aspectos más dinámicos del comercio internacional, como la posibilidad de captar inversiones o de mejorar el entorno de negocios a partir del cumplimiento de las normas que impone la Unión Europea, de altos estándares, así como también el comercio de servicios”. La entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur —Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay— y los 27 Estados miembros de la Unión Europea coincide con el Día del Trabajo. Consultado sobre el impacto en el empleo, Bartesaghi señaló que las proyecciones para Uruguay son positivas. “Las estimaciones indican que el crecimiento del producto puede ser, una vez plenamente implementado el acuerdo, de casi dos puntos. Hay crecimiento del empleo e incluso una proyección de baja de la pobreza. Los estudios son favorables para todos los países del Mercosur. Algunos ganan más, otros ganan menos. Estas proyecciones son difíciles de cumplir al 100%, porque dependen de cómo implemente el acuerdo cada país y de qué haga en términos de política pública para potenciar sus beneficios. Un comercio internacional más libre ofrece más oportunidades a las empresas y a los operadores de negocios, y eso tiene, sin lugar a dudas, repercusiones en la generación de empleo, algo muy positivo en países que aún están en proceso de desarrollo”. El acuerdo de asociación, negociado durante más de 25 años y concluido en enero, entra en vigor de forma provisional. Su implementación definitiva todavía depende de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine su compatibilidad con la legislación vigente.

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la alta demanda y la escasez de cupos han disparado los precios de tránsito de los buques por el Canal de Panamá, los cuales son asignados mediante un sistema de subasta. En entrevista con RFI, Yumiko Casiano, supervisora de gestión de ingresos del Canal, descarta cualquier especulación. Durante el primer semestre del año fiscal 2026 se registraron 6.288 tránsitos por el Canal de Panamá, lo que representa un aumento del 3,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior. "La capacidad diaria del Canal de Panamá oscila entre 34 y 36 tránsitos. Sin embargo, debido a la actual coyuntura, hemos tomado medidas para atender esta demanda creciente y ampliado la capacidad a entre 38 y 41 buques diarios. Eso es lo que estamos movilizando en este momento. También hay buques que arriban a aguas del Canal, pero que no tienen intención de transitar, sino que están ahí para realizar operaciones, ya sea de bunkering [suministro de combustible] o portuarias", explica Casiano. Los barcos que llegan al Canal sin haber reservado su tránsito participan en una subasta para poder cruzarlo. Esta se habilita entre siete y tres días antes de la fecha prevista y, por lo general, se ofrece un cupo por categoría de tamaño: uno para "Súper", uno para "Regular" y uno para "Neopanamax". La supervisora detalla cómo se determinan los precios. "Lo único que nosotros ponemos para la subasta es un precio base, establecido en 2024. A partir de ahí, el precio final lo determina el mercado, en función de la demanda. Las subastas que ofrecemos son de tipo 'puja y repuja': compiten varios participantes y van indicando, en múltiplos de miles, cuánto están dispuestos a pagar por un cupo de reserva". Las autoridades panameñas estudian además la posibilidad de aumentar la capacidad del Canal. "No solo se trata de recursos y remolcadores, sino también del agua. Actualmente estamos desarrollando el proyecto de Río Indio, que nos permitirá contar con suficiente agua para mantener los tránsitos y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Panamá", señala Casiano. Voceros del Canal indican que, desde el inicio de la crisis en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha incrementado el tráfico de buques tanqueros, que transportan derivados del petróleo, así como el de buques portacontenedores y graneleros [buques de carga de granos].

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga.  ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército.  Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado.  "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer.  La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

Tras la reciente muerte de dos agentes de la CIA en México, el académico Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, señala que la falta de coordinación entre las instituciones mexicanas y el impacto de la corrupción han llevado a algunos funcionarios locales a confiar más en la protección del gobierno de Estados Unidos que en la de su propio gobierno. ¿Es posible que Claudia Sheinbaum no esté al tanto de los operativos antidrogas lanzados por autoridades locales, como sugiere el reciente caso de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente de tránsito en México cuando regresaban de un operativo anti-drogas en Chihuahua? El profesor Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, no descarta que el gobierno mexicano pueda desconocer algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en colaboración con fuerzas locales mexicanas en su territorio. Según el académico, en un “Estado fallido” como el de México, “las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales, y éstas no saben lo que hacen las municipales, debido a la tremenda corrupción ‘pirañesca” [sistémica que ha capturado a políticos mexicanos”. Esta situación explica por qué la presidenta podría no estar enterada de que la gobernadora de Chihuahua colabora con autoridades estadounidenses. Buscaglia menciona que, en países en los que él ha trabajado, como Afganistán, Yemen o Pakistán, los funcionarios confiaban más en la protección de las autoridades norteamericanas que en la de sus propios gobiernos. García Luna, ejemplo emblemático de infiltración El especialista afirma que esto es lo que está ocurriendo en México. “Una gobernadora en México puede sentir que ella y su familia están más protegidas cooperando con Estados Unidos en la frontera que esperando protección del gobierno federal mexicano”. Buscaglia recuerda que el gobierno federal ha sido infiltrado por delincuencia organizada, señalando casos de senadores, diputados y ministros implicados. Un ejemplo relevante es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Sobre la muerte de los agentes de la CIA que regresaban de un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de evitar un conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá la administración mexicana eludir la confrontación con el actual gobierno estadounidense? Buscaglia sostiene que “es muy difícil que no haya conflicto”. Según él, “Trump enfrenta elecciones intermedias en noviembre, donde podría perder las mayorías republicanas en el Congreso. El mandatario necesita presentar triunfos contundentes en un contexto de fracasos en su administración: mayor inflación, tensiones con Irán y la situación en Israel. Necesita demostrar a su base electoral que controla la frontera, mostrando ejemplos claros de que es un presidente fuerte, capaz de evitar el ingreso ilegal de fentanilo, drogas y migrantes. En este escenario, y ante un Trump desesperado por mostrar logros antes de noviembre, es probable que continúen los conflictos políticos con el gobierno mexicano”. Buscaglia incluso anticipa, como primicia, que “el gobierno estadounidense planea activar causas en contra de políticos de primer nivel en México”.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril la primera conferencia internacional dedicada a la salida de los combustibles fósiles. Colombia es una de las naciones más ricas del mundo en recursos hídricos. El país produce más del 70 % de su electricidad gracias a sus represas hidroeléctricas- una realidad poco conocida, que sitúa a este país entre los campeones mundiales de la energía limpia... sin hacer mucho ruido al respecto. En un momento en que el mundo debate la salida de los combustibles fósiles, acudimos al encuentro de la energía hidráulica. RFI visitó una de las grandes represas de producción hidroeléctrica en el departamento de Antioquia para entender cómo funciona esta máquina de luz. Para llegar a esta represa, hay que atravesar túneles que fueron excavados en la montaña principal a más de 200 metros de profundidad. La represa Hidroituango es una obra colosal lanzada hace más de veinte años. Desde 2022, cuatro de sus generadores están en funcionamiento. Cuando se termine, será la represa más grande de Colombia, capaz de cubrir hasta el 30% de las necesidades energéticas del país, hacia finales de 2027 o principios de 2028. “Primero, tomamos el agua del embalse. Allí tenemos una tubería y la llevamos directamente al distribuidor de la máquina. Y esa agua debe ser evacuada nuevamente una vez utilizada. Tras haber sido turbinada, llega aquí, a este lugar que llamamos la almenara, que es el pozo final. Y luego continúa su recorrido hacia el río, explica Jorge Rodríguez, ingeniero electromecánico encargado de operaciones en la represa de Ituango. Además de la producción de energía hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene unas plantas de paneles solares. De hecho, el año pasado, por primera vez, Colombia produjo más electricidad a partir del sol que a partir del carbón, según la Unidad de Planeación Minero Energética, la UPME. Un avance histórico, pero que deberá amplificarse. Alberto Mejía Reyes dirige la producción de energía para EPM lo explica: “En Colombia tenemos una gran ventaja. Nuestra matriz de generación es aproximadamente un 80 % de fuente renovable, que es la hidroeléctrica. Pero recurrimos a la energía térmica durante los períodos de fenómenos climáticos difíciles como el del Niño. EPM hoy alcanza cerca del 30 % de la demanda del país con sus centros de generación. En este momento, según los análisis realizados por el operador del sector eléctrico, el déficit de energía firme que tendremos para los próximos años equivale aproximadamente a una planta térmica de 500 megawattos.Aunque los avances son sin precedentes, la urgencia es tal que parecen insuficientes. Más que nunca, se imponen decisiones políticas. La cumbre de Santa Marta es el nuevo desafío, para Colombia, y para el mundo.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH.  "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI.  En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.  Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En el marco de esta reunión en la que participan representantes de varios gobiernos y pueblos indígenas, RFI viajó a la ciudad de Maicao en donde están emergiendo granjas solares. Najet Benrabaa, enviada especial a Maicao, Colombia. La Guajira es la paradoja colombiana por excelencia: el departamento más soleado del país, uno de los más pobres, y uno de los peor abastecidos de electricidad. Durante décadas, las comunidades wayuu vivieron en la oscuridad a pocos kilómetros de un sol implacable — 300 días de insolación al año, un recurso colosal que se evaporaba sin ser aprovechado. Eso está cambiando. En Maicao, en la frontera venezolana, varias granjas solares fueron instaladas. Y en las rancherías aisladas alrededor de Riohacha, paneles solares comienzan a aparecer sobre los techos de paja de las casas wayuu — llevando por primera vez la luz eléctrica a familias que cocinaban a la luz de las velas. Oleimys Barbosa es responsable de la granja de paneles solares de la ciudad de Maicao, en el barrio Parrantial. Una granja solar que cuenta con 1.792 paneles instalados. Produce una potencia de 1.000 vatios, 1.000 megavatios, para beneficiar a 500 familias de los estratos 1 y 2. “Lo último que falta es conectar directamente a la red eléctrica de la ciudad”, explica Barbosa. Instalada por la organización Fecode con el apoyo del gobierno colombiano, esta granja solar hace parte de un programa social de acceso a la energía para las poblaciones vulnerables de Maicao. Luz Molina será una de sus beneficiarias: “Mi comunidad vive en el barrio Nueva Esperanza, compuesta por familias bastante vulnerables, y por los altos costos de la energía, en mi casa, por lo general, recibo una factura de 200.000 pesos (aproximadamente 48 euros) o más. Entonces con esta granja solar vamos a reducir un 30 % de nuestro consumo”, explica. Luz trabaja en una pequeña casa hecha de acero, como una tienda transportable. Está ubicada frente a la alcaldía, que es el centro administrativo de Maicao, lo que le permite trabajar allí todos los días ofreciendo impresiones de documentos, conexiones a internet y otros servicios. Es lo que se conoce como un punto de venta informal.Pero otras comunidades ya tienen acceso a esta energía solar. Es el caso de la comunidad Yutao del pueblo indígena Wayuu, cerca de Maicao. Viven principalmente en rancherías — casas construidas en pleno desierto, hechas frecuentemente de barro y madera. Mimi Barrios es lideresa de la comunidad: “el beneficio aquí fue algo maravilloso, porque los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas en el computador. Aquí, en la comunidad, las artesanas pueden hacer las hamacas hasta tarde en la noche”. Un nuevo gran proyecto de granja solar fue firmado a pocos kilómetros de Maicao: el proyecto Chivo Mono.

Un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, el primer macro juicio bajo la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, que tiene una particularidad: no se juzga a los detenidos por sus cargos individuales, sino que se les responsabiliza de manera colectiva, al considerarlos miembros de una empresa criminal donde todos tienen responsabilidad. Esta semana, la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macro juicio contra pandilleros. En total, serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos, 29,000 homicidios, pero hay cargos de extorsión, narcotráfico o tráfico de armas. Entre los procesados hay altos cargos y cargos intermedios, pero se juzgará a los pandilleros como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva. "Hay un claro mensaje categórico y contundente que se le envía a las estructuras de las pandillas criminales y el crimen organizado en El Salvador y es sobre la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado salvadoreño", explica a Radio Francia Internacional Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad nacional. "Las reformas al código penal y ley contra el crimen organizado buscan que la pertenencia a una pandilla criminal por sí sola sea motivo de una condena prolongada en el sistema penitenciario. Esto lo que hace es que es tratada como una corporación criminal delictiva, donde la responsabilidad no es sólo individual, sino por la pertenencia al grupo criminal.", concluye. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial, que pretende acelerar los plazos judiciales. “Si se hace caso por caso estaríamos de años en juicios. Son las mismas personas las que tomaban las decisiones, las que daban las órdenes, incluso las que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros. Ellas participaban”, declara por su parte a RFI Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en Ciencias Sociales. “De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia. Las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas”, asegura. Sin embargo, este modelo para ahorrar tiempo, despierta recelos en organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando no presenten vínculos previos con las pandillas. Antonio Palacios es uno de sus fundadores, y explica que al no revisar los casos individualmente, se puede condenar a personas que considera inocentes, como los llamados colaborades forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros. “A muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas”, dice Palacios. “La figura del colaborador tiene dos caras: está el colaborador voluntario y el colaborador forzado. Actualmente, cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si a un taxista lo coerce un pandillero para llevarlo a algún sitio y lo amenaza de muerte, lo convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país“. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.

Naciones Unidas comienza la carrera para elegir quién sucederá al portugués Antonio Guterres. Cuatro candidatos, una chilena, un argentino, una costarricense y un senegalés, comienzan el proceso que definirá a su próximo secretario o su primera secretaria general en la historia del organismo.... ¿Podría el liderazgo femenino ser el volantazo que la ONU necesita en tiempos de crisis?  Es en Nueva York donde esta semana se llevarán a cabo las primeras audiciones públicas con los cuatro candidatos que aspiran al máximo cargo diplomático del planeta. Los cuatro candidatos son la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el senegalés Macky Sall, ex presidente y primer ministro del país. Estas audiencias públicas son una etapa preliminar del proceso para designar al líder de la organización. Se someterán durante tres horas cada uno a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil. Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia. En sus 80 años, nunca ha habido una mujer al frente del organismo. Si Bachelet o Grynspan se imponen, una latinoamericana sería la primera secretaria general en la historia de la ONU. Hace 10 años, cuando fue elegido Antonio Guterres, seis hombres y siete mujeres pelearon por el cargo, entre ellas, otra latinoamericana, Susana Malcorra, excanciller argentina, ex jefa del gabinete de Ban Ki Moon y cofundadora de GWL Voices. "En 2016 había siete candidatas mujeres y seis candidatos hombres. Cuando uno analiza las candidatas que éramos, uno puede encontrar representados allí todos los perfiles a los cuales se pueden aspirar. Desde desde ex primeras ministras, como fue el caso de Helen Clark, a este ministras y ex ministras. Entre el grupo había muchas, había muchas de nosotras que aparte también teníamos una experiencia amplia en el sistema. Había algunas de nosotras que tenía experiencia en el sector privado que le agregaba otra perspectiva", dice Malcorra a RFI. "Entonces, si uno quería filtrar por un cierto criterio las candidaturas, yo diría que siempre había una candidata como mínimo que cuadraba con ese criterio y ninguna de nosotras estuvo a la altura. Entonces a mí me cuesta mucho creer, viendo la fortaleza del grupo de mujeres que nos presentamos, que no hubiera una sola mujer que pudiera este cubrir los requisitos. Yo estoy convencida de que cuando se toman las decisiones a puerta cerrada, las cuestiones de los sesgos tienen su importancia. Y creo que eso fue lo que pasó", señala Malcorra.  Malcorra analiza que, con el multilateralismo en crisis, la ONU atraviesa un momento bajo y el liderazgo femenino podría ser el volantazo que se necesita para revivir el espíritu del organismo.  "Estamos conformes que haya dos latinoaméricanas que sean candidatas y por supuesto nos gustaría ver que haya aún más. Este es un momento que pide una renovación profunda de las Naciones Unidas, que reclama un restablecimiento de la confianza en las Naciones Unidas, una energía nueva en las Naciones Unidas y a mí se me ocurren pocas cosas tan impactantes como que de repente que sea una mujer quien lidere". "Sólo pensar cuánto interés va a provocar en la prensa, cuánto interés va a provocar en la gente común, cuánto va a significar para los jóvenes y, sobre todo, las jóvenes como símbolo de que es posible. Yo creo que las mujeres traemos una perspectiva distinta en la conducción de las organizaciones, en la resolución de los problemas, a la hora de tender  puentes y encontrar ángulos distintos Me parece que eso es fundamental, sobre todo en el momento en el que está el mundo y el sistema mismo. Por eso creo que es tan importante que una mujer sea considerada y que una mujer finalmente llegue a la posición de secretaria general". El Consejo de Seguridad se reunirá a finales de julio para discutir a puertas cerradas las candidaturas.

El gobierno chileno busca restablecer relaciones con Venezuela como un paso necesario para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una promesa de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Una decisión que mezcla "realismo" y "pragmatismo", según Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile. Kast había prometido durante la campaña mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país. Un mes después, su gobierno tiende la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación. Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países fueron rotas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. ¿Por qué este intento por restablecer relaciones con Caracas? "Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela", analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile. Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba. "Este proceso está sujeto a la legislación vigente en Chile. La migración irregular es una falta, no un delito. Existe un proyecto de ley que propone transformarla en delito y, de concretarse, podría implicar una gestión diferente, por ejemplo, más expedita. Por ahora, es necesario saber quiénes son y dónde están", añade Aranda. Y si Venezuela se niega a colaborar, ¿qué alternativas tendría Chile? Para el especialista, es necesario considerar "lo ocurrido el año pasado entre Chile y Venezuela, con todos los elementos arrastrados desde 2024”. Advierte que existe un riesgo "al escalar el reclamo en todos los niveles", ya que se podrían "romper los puentes con Venezuela". "El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana", concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.

Se darán a conocer este lunes en Guatemala los seis candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General, hoy en manos de Consuelo Porras. Su eventual reelección genera una fuerte controversia: el presidente Arévalo rechaza su candidatura, mientras que Estados Unidos y la UE la han sancionado por presunta corrupción. "La OEA podría desempeñar un rol clave si el proceso se entrampara", dice Ana María Méndez Dardón, encargada para América Latina del centro de estudios WOLA (Washington). La inclusión de Consuelo Porras entre las mejor calificadas reaviva el pulso entre el Gobierno de Bernardo Arévalo, las redes de poder y la comunidad internacional. El comité de postulación le otorgó una de las calificaciones más altas del proceso —92,33 sobre 100—, lo que ha despertado interrogantes sobre la independencia y transparencia del mecanismo de selección. La analista Ana María Méndez Dardón, responsable para América Latina de la organización Washington Office on Latin America, ofrece una lectura crítica de esta aparente contradicción: "Las redes del crimen organizado, las redes de corrupción, de narcotráfico, han penetrado varias esferas del Estado. Pese a que Bernardo Arévalo llegó al poder y ha querido hacer una depuración del sistema, estas redes, que son muy sofisticadas, encuentran la forma de intervenir en procesos como éste, especialmente en la Comisión de Postulación. Esta comisión está integrada en su mayoría por personajes que son cuestionados. En teoría son académicos, pero son académicos que responden a los intereses de estas redes corruptas, de las cuales Consuelo Porras forma parte". El historial reciente añade tensión al proceso. Durante las elecciones de 2023, Porras intentó frenar la llegada al poder de Arévalo, sin éxito. Ahora, la decisión final recae precisamente en el mandatario, quien ya ha adelantado que no contempla su continuidad en el cargo. Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. No se descarta que la actual fiscal general impugne el proceso, lo que podría abrir una nueva fase de incertidumbre institucional. "El proceso en sí ya está impugnado legalmente. Varios candidatos lo han impugnado porque no se les ha hecho la evaluación correspondiente. Entonces, el escenario que podría darse en Guatemala hoy día es que no se pueda cumplir el plazo y que se genere una incertidumbre en torno a lo que podría pasar. Probablemente la Fiscal General saliente estaría buscando permanecer en el cargo. Y estas redes lo que estarían buscando es bloquear la facultad legal que tiene el presidente Arévalo de nombrar al nuevo Fiscal General de su país", subraya Méndez. Si el proceso se entrampa...  En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos podría resultar determinante, tal como ocurrió durante la crisis política de 2023. "Si se concretara el escenario que yo mencionaba, es decir, que el proceso se entrampe, se requeriría que el Consejo Permanente de la OEA, como un órgano político de ese organismo, actúe como lo hizo en el 2023, cuando estas mismas redes estaban buscando bloquear la transición del poder del presidente Bernardo Arévalo. Esta ruta internacional va a ser crucial e importante ante estos escenarios que son muy probables dado el contexto actual", concluye la investigadora. Según la legislación vigente, el presidente Arévalo tiene hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo Fiscal General, en un proceso que se perfila como una prueba clave para la institucionalidad democrática del país.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evaluar los pros y contras del fracking ha reactivado el debate en México. Mientras el gobierno defiende esta técnica para reducir la dependencia energética de Estados Unidos, expertos y ambientalistas advierten de sus riesgos. El geólogo Luca Ferrari, investigador de la UNAM, analiza las implicaciones económicas, ambientales y políticas de esta decisión. Entre 2012 y 2015, la empresa estatal Pemex intentó extraer gas natural mediante fracking, un método que consiste en fracturar la tierra utilizando enormes cantidades de agua mezcladas con sustancias altamente tóxicas. El resultado, sin embargo, no fue el esperado, sobre todo en el ámbito económico, dice el geólogo Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM. "Fue bastante desastroso desde el punto de vista económico. El costo no valía lo que se estaba extrayendo. Las poblaciones ahí están completamente en contra [del fracking] porque evidentemente han visto en carne propia lo que significa", dice Ferrari.  A pesar de esa experiencia, el gobierno mexicano estima que el fracking es necesario para reducir su dependencia de Estados Unidos, país al que le compra el 75% del gas natural que consume. No obstante, para Luca Ferrari, el argumento de la soberanía es un árbol que oculta otro problema: México no tiene las tecnologías para extraer esa energía fósil. ¿Decisión para defender la soberanía?  "Si la extracción se hace en la zona noreste de México, solo las compañías de Texas lo podrán hacer. Como allá ya está empezando a llegar al máximo la extracción, puede ser que esas compañías estadounidenses consideren más atractivo venir a México. En este sentido, no creo que sea una decisión muy soberana por parte del gobierno mexicano. Incluso creo que puede haber una presión por parte de Estados Unidos dentro de la negociación del T-MEC para que México abra el fracking y permita a las empresas americanas operar en el país. A Estados Unidos le conviene más exportar gas a Europa como gas licuado. En Europa, sobre todo ahora con la guerra, pero también antes con el sabotaje del Nord Stream, el gasoducto que venía de Rusia, se han visto obligados a comprar gas estadounidense, que es muchísimo más caro: hasta cinco veces más que lo que se vende aquí". La búsqueda de soberanía energética por parte de México, añade el investigador, requiere una reflexión profunda sobre el modelo económico del país. "Si queremos importar menos energía, tenemos que rediscutir para qué usamos la energía. En la actualidad, México utiliza una gran cantidad de electricidad y gas en el sector industrial. Importamos energía de Estados Unidos para producir bienes aquí, porque la mano de obra es más barata y la legislación ambiental no es tan estricta como, por ejemplo, en California. Luego exportamos esos productos a Estados Unidos. Este modelo no puede funcionar, no es sostenible".

Buenas noticias para el medioambiente y para Uruguay: la UNESCO reconoció este miércoles el sitio Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este nombramiento queda protegida una importante fuente de agua de Uruguay, país azotado frecuentemente por sequías.   Uruguay cuenta con dos geoparques reconocidos por la UNESCO, el primero fue Grutas del Palacio y ahora Manantiales Serranos. Aurora Fernández es la directora de Ambiente de la Intendencia del Departamento de Lavalleja, donde se encuentra este paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados, clave para el abastecimiento de agua y para la memoria del planeta. “En realidad, Manantiales Serranos tiene este nombre porque aquí se encuentran las nacientes de dos grandes cuencas: la cuenca del río Santa Lucía, que es uno de los ríos más importantes que tenemos y que alimenta de agua potable a más del 60% de la población del Uruguay, y también la cuenca de la laguna Merín”, explica. Sequías repetidas “Y además también es una referencia geológica a la formación del Océano Atlántico. En algunos de los geositios, se marca la separación de Pangea y el nacimiento del Océano Atlántico. Entonces venimos con una historia de reconocimiento del agua en todas sus formas en este territorio”, añade. Viviana Pritsch, directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, señala que “es un llamado justamente a eso, a la geoconservación, y esta crisis hídrica que cada vez se repite más seguido y que está golpeando en este caso particular a Uruguay”. En 2023, el 60% de la población de Uruguay sufrió las consecuencias de la sequía, pero sobre todo los habitantes de la capital Montevideo, forzados a consumir el agua dulce mezclada con sal que venía del Río de la Plata. Un llamado a Argentina Aurora Fernández espera precisamente que ese reconocimiento de la UNESCO tenga efectos del otro lado del río, que anime a sus vecinos argentinos a luchar contra el escepticismo de Javier Milei, quien niega el cambio climático y quien busca con su polémica Ley de Glaciares que las mineras usen el agua de las cuencas congeladas. “Nos pone en el compromiso, en nuestra América del Sur, en ser ejemplo de trabajo, en la conservación y en la valorización del agua como un recurso vital para la vida. Y ojalá seamos un buen ejemplo para que nuestros hermanos argentinos cambien un poco este rumbo de escepticismo con respecto al cambio climático y se den cuenta de que la ciencia nos llama a trabajar fuertemente. El geoparque tiene este elemento, de ayudarnos a promover la investigación científica como parte de las tareas de geoconservación”, analiza. Con el reconocimiento de la UNESCO, Manantiales Serranos busca traer un turismo interesado en la historia de la formación del planeta y su conservación.

Tras la captura de Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero, la administración Trump ha ido normalizando relaciones con Caracas y fomentando inversiones en el sector de hidrocarburos. ¿Qué tan rápido se verán los efectos en la economía venezolana? El análisis de los economistas Giorgio Cunto y Francisco Rodríguez. Con la nueva Licencia 57 de la Oficina Estadounidense de Control de Bienes Extranjeros se autoriza de ahora en adelante las transacciones y servicios financieros no solo con el Banco Central de Venezuela, sino también con otras tres entidades del sistema bancario de ese país. La administración de Donald Trump emitió esa licencia después de que Chevron firmara nuevos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez para ampliar su participación en la producción de petróleo. Esta medida no sorprende a Giorgio Cunto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. "Se esperaba este tipo de medidas, especialmente porque antes había una limitante del Banco Central al flujo de divisas. Al permitir los contratos y la realización de mayores operaciones, se pone en marcha el acople, la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, el cual estaba por debajo del alcance del sistema financiero estadounidense, pues no podía interactuar con Venezuela directamente". El levantamiento de esta sanción constituye una etapa clave para la economía venezolana, agrega por su lado Francisco Rodríguez, del Centro para la Investigación Económica en Washington. "Las exportaciones petroleras de Venezuela pasan por el Banco Central antes de entrar a la economía. La economía venezolana funciona exportando petróleo y recibiendo dólares por ellas. Eso es algo muy difícil de hacer cuando el Banco Central está sancionado, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene acceso a las cuentas para recibir ni para desembolsar esas divisas. El proceso tiene que ver con la capacidad del estado de la economía venezolana para captar el dinero que se genera por venta de petróleo". La pregunta ahora es qué tan inmediatos pueden ser los efectos en la inflación. La respuesta de Francisco Rodríguez. "La inflación está determinada por un déficit fiscal muy alto y por la decisión del gobierno de imprimir dinero para cubrirlo. Pero el déficit fiscal tiene que ver también con los ingresos petroleros y con la capacidad de tener acceso a esos ingresos petroleros. Además, la inflación sí se puede atender en el corto plazo, en particular a través de una política de lo que se llama ‘anclaje cambiario', que consiste en estabilizar las variaciones en el tipo de cambio. Pero para eso también se necesita acceso a divisas, acceso a dólares. El Banco Central cumple un rol fundamental en los dos frentes para estabilizar la inflación". Las sanciones contra el Banco Central de Venezuela remontan a 2019 durante la primera administración de Trump.

En la primera vuelta de las elecciones en Perú, varias mesas de votación tuvieron que postergar su apertura por falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución y logística. En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano. Mayor desconfianza en las instituciones “Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares.   “No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich. Tentación de “impugnar los resultados” Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral. Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”. “Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade. Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.

Venezuela está bajo tutela de Estados Unidos, pero el chavismo sigue presente y activo. Este viernes fue la juramentación de un fiscal general abiertamente afín al chavismo, y en la misma jornada fue aprobada una ley minera que abre el sector a capitales privados, un giro contrario al chavismo. Cuando se cumplen este lunes 100 días de la captura de Nicolás Maduro, hablamos de la situación en el país con Renata Segura, responsable de América Latina en el International Crisis Group. RFI: ¿Cómo describir el régimen que encabeza hoy la presidenta Delcy Rodríguez? Renata Segura: Los escenarios peores hacia futuro han sido evitados, pero lo que no hemos visto todavía es una materialización de los beneficios de la intervención para los venezolanos. Uno de los grandes riesgos que había era que se intentara hacer un cambio de régimen total por vía de la fuerza y que eso generara mucha violencia, incluso una guerra civil en Venezuela. Porque no hubo un cambio de régimen, digamos, ese riesgo se perdió. Y sí hemos visto de alguna manera una especie de apertura para la sociedad civil y para la oposición en Venezuela. Yo creo que no podemos decir que ha habido un cambio significativo. No creo que estamos viendo una transición hacia la democracia, pero creo que lo que muchos venezolanos están sintiendo es algo de optimismo sobre la posibilidad de que eso se dé. RFI: ¿Tienen algo que ver en este optimismo las liberaciones de presos políticos? Si bien permanecen en las cárceles venezolanas unos 500, casi 650 han sido liberados. Renata Segura: Sin duda alguna, la liberación de los presos políticos y el cierre de ciertas prisiones donde tradicionalmente había habido muchas torturas y violaciones de derechos humanos, como el Helicoide, es quizás, digamos, la muestra más importante de cambio en términos de represión, y no quiero quitarle para nada la importancia a eso. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el sistema represivo en sí mismo: sigue activo, digamos. No están reprimiendo a la gente de la manera como la estábamos viendo antes, pero sigue allí y pudiera activarse si fuera necesario. Entonces, en ese sentido, podemos ver algo positivo en que hay una modificación, digamos, de la posición política del gobierno, pero institucionalmente existe el régimen todavía de represión y podría usarse, si lo deseara el Gobierno.

Dominada por un discurso de mano dura, la campaña presidencial llega a su fin este domingo 12 de abril. Se trata de unos comicios donde no existen certezas única constante es que nadie sabe por quién votar. RFI recogió los testimonios de estudiantes, así como del representante del gremio de transportes, uno de los más afectados por las extorsiones que aquejan al país. La incertidumbre y la volatilidad son las características de estas elecciones en Perú. Las últimas encuestas señalan que el porcentaje más alto es el de blanco, viciado o el de los indecisos. Leonor, quien a sus 85 años nunca ha faltado a una elección, confiesa que ahora no tiene nada claro. "Estas elecciones, me parece como si fuera un mercado, que todo el mundo puede ir y comprar, pero a ninguno se le conoce un plan de trabajo. Yo quisiera votar por alguien que no le dé el voto a Keiko, esa mujer no tiene sangre en su cara", dice a RFI. Es un sentimiento que se comparte a todos los niveles. "Mi voto en realidad no vale mucho o no cambia tanto las cosas, que solamente sirve para mantener la idea de que tenemos todavía una democracia o una falsa democracia", expresa por su parte Penélope, quien votará por primera vez."Yo creo que últimamente hay esta campaña en redes sociales, en Instagram, donde dicen que nuestro voto vale, pero al final sabemos que pasan unos meses y todo vuelve lo mismo hasta que se llegue a una crisis o una vacancia. Da la sensación de que la presidencia o el gobernar se ha convertido más en algo temporal, en un show que es ser presidente por un día", detalla. Desde el gremio de transportistas, el más afectado por las extorsiones, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 70 empresas, tiene dos consignas muy claras. "Que no votemos por los mismos. Escoge tú a cualquiera que consideres, pero no por los mismos. Lo que a mí me queda claro es que todos los que están en el Congreso y que quieren repetir ahora no van a hacer nada. Tuvieron su oportunidad. No lo hicieron, no quisieron. Yo me he reunido como representante del gremio muchas veces, desde con un congresista hasta con el presidente del Congreso y hasta el presidente, y ninguno de ellos ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad, ni el liderazgo para combatir esto". Algo de esperanza Desde el gremio de los transportistas, ellos acudirán a las urnas con la decepción de los anteriores gobiernos, pero con esperanza frente a posibles cambios. "¿Si es que confiamos en los políticos? No, hemos perdido toda confianza. ¿Si tenemos fe de que esto se puede mejorar? Por supuesto que tenemos fe. En ese sentido, sí somos bastante optimistas de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien", resalta Vargas. La esperanza es lo último que se pierde también para Ana Cristina, un ama de casa, quien tampoco tiene nada claro. "Si bien es cierto todavía no tengo definido por quién voy a votar, pero sí tengo esperanza de una u otra manera. Dentro de todos los que están en campaña, dentro de todos los candidatos, sí hay una esperanza por ahí, pequeña", dice. Tarea complicada para los peruanos que con el retorno de la bicameralidad este 2026 tienen aún más opciones de donde elegir.