Noticias de América

La presión de Washington sobre Caracas continúa intensificándose, pese a los llamados a la mediación de México y Brasil. El reciente bloqueo de buques petroleros que salen o se dirigen a Venezuela eleva la tensión en la región y reabre el debate sobre los verdaderos objetivos de la estrategia estadounidense. Mientras la Casa Blanca insiste en la lucha contra el narcotráfico, varios analistas señalan posibles intereses energéticos detrás de esta escalada.  Trump no descarta una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Para llevar a cabo ataques en ese país, en todo caso, el mandatario no se siente obligado a informar al Congreso. La cuestión del petróleo Desde hace un poco más de una semana, además, Estados Unidos aplica un bloqueo total contra “petroleros sancionados” que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país. En Caracas, mientras tanto, Maduro se pregunta cuáles son los otros intereses que tiene Washington con estas operaciones, fuera de derrocarlo.  Para el International Crisis Group, el argumento energético toma cada vez una mayor relevancia: “El tema del petróleo es un tema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo, en el que Trump en un momento dado tuvo una política un poco más pragmática, tratando de renovar algunas de las licencias. Por eso Chevron está todavía sacando petróleo de Venezuela”, explica a RFI Renata Segura, directora en Nueva York del programa para América Latina y el Caribe de ese grupo de reflexión.  “Pero estas últimas declaraciones del presidente Trump indican que hay quizás un interés más grande de entrar y recuperar control de la industria petrolera en Venezuela. Yo creo que hay una confluencia entre la remoción de Maduro del poder y la cuestión del petróleo. Entonces sí, estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que haya una intervención mayor en las semanas que vienen”, alerta la analista. “Al presidente Trump le gustan las acciones espectaculares” La otra pregunta es si habrá o no intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y qué modalidad tomaría. Según Renata Segura, “las posibilidades de que bombardeen algo son bastante altas. Para Estados Unidos, sería difícil retirarse sin tener como una especie de éxito de algún tipo. Realmente empoderaría a Maduro, que podría salir a decir: ‘El imperio vino a atacarme, lo enfrentamos y ganamos'. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a darle, digamos, ese triunfo político a Maduro”. “Entonces, yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela, sea alguna infraestructura involucrada en la producción de drogas o más un ataque a las Fuerzas Militares, no es menor. La verdad es que al presidente Trump le gustan las acciones que son como espectaculares y yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela en las próximas semanas es bastante alta”, concluye la experta.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes 19 de diciembre que había atacado otras dos lanchas en el Pacífico, abatiendo a cinco personas que, según las declaraciones estadounidenses, eran narcotraficantes. El balance de estas operaciones asciende a más de 100 muertos. Impactan especialmente a Venezuela, país que sin embargo no produce fentanilo, la droga que se ha convertido en el mayor problema en Estados Unidos. ¿A qué se deben los operativos ordenados por Donald Trump? Trump firmó esta semana un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó recomendándole mirar más bien las causas sociales del consumo. Washington acusa a los cárteles mexicanos de llevar esa droga a Estados Unidos y al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para impedirlo.  Pero según Michel Gandilhon, investigador del Observatorio francés de drogas y toxicomanías (OFDT), “el gran país productor de fentanilo es China". China abastece a México, explica. "Ahí, el fentanilo se fabrica a partir de precursores. También, en algunos casos, llega directamente ya como fentanilo. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la producción y el tráfico de fentanilo". Costa Pacífico Para Gandihon, si Trump quiere ser eficaz contra el tráfico de fentanilo, debería enfrentarse a China. "Solo que China es evidentemente un actor demasiado poderoso para que Estados Unidos se enfrente a él. Por eso hoy resulta más fácil incriminar a Venezuela", asegura. Enfocarse en Caracas y en la cocaína parece más un discurso de los años 80. Al mismo tiempo, el despliegue militar en el mar Caribe con el que Washington amenaza a Caracas es novedoso. ¿Por qué Washington pone la mira en Venezuela? "Una pequeña parte de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por la costa del Pacífico, a partir de los puertos colombianos y del puerto ecuatoriano de Guayaquil", afirma el investigador, agregando que una pequeña parte pasa por el mar Caribe occidental. Un pretexto "Venezuela es, en realidad, una zona muy poco importante en términos de tránsito de cocaína. Cuando se observa la evaluación de la amenaza en materia de drogas que realiza la DEA cada año, se ve que en 2024 esa agencia no cita nunca a Venezuela. En cambio, los países más citados son México y China", dice Gandilhon. Caracas no sería más que un pretexto de la administración Trump. "El verdadero objetivo es China más que Venezuela. Los estadounidenses, desde Obama, están preocupados por el desarrollo de la influencia de China en la región. Quieren hacer retroceder esa influencia, que se ha desarrollado mucho en términos políticos y económicos en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de una especie de reactivación de la doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que hacía de América Latina una especie de coto reservado de los estadounidenses. Así que la cuestión venezolana es evidentemente solo un pretexto: el objetivo no es poner fin al tráfico de drogas, sino eventualmente ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela y, eventualmente, derrocarlo".

Las protestas contra los métodos de los agentes de la inmigración ICE se multiplican en Estados Unidos. Este martes se llevó a cabo una muy original lanzando bloques del hielo en el puerto de Boston. Y si bien las manifestaciones toman diversas formas, los abusos que denuncian son similares en todo el país. Para entender la protesta simbólica arrojando hielo al mar de este martes en Boston contra los agentes del servicio de control de inmigración, aduanas de Estados Unidos, conocido por su sigla ICE, se debe evocar el periodo de 1773. Ese año, los colonos tiraron cajas de té al puerto de Boston para protestar contra el poder arbitrario de la corona británica. Hoy “el que actúa como un monarca es Trump”, dicen los militantes, agregando que Ice es el instrumento de la opresión actual. De ahí que reproduzcan el gesto de arrojar algo al mar como acto de desobediencia simbólica. En este caso bloques de hielo, ice en inglés. El hielo representa las detenciones, deportaciones y el clima de miedo que se atribuye a ICE, indican los manifestantes. “Por ejemplo, tuvo retenido un niño creo que de 5 años, lo tuvo retenido afuera de la casa donde vive para que los padres pudieran salir por él y poder arrestarlos. Ellos tenían un proceso de asilo, estaban en proceso todavía, entonces no sé cuál fue su final. Los padres fueron detenidos”, aseguró Ovi Fénix, quien ha preferido conservar el anonimato por su seguridad. Según el manifestante, el ambiente es peor que en época de COVID, “aquí la gente ya no se reúne, la gente ya no sale a los centros comerciales, ya no sale a las tiendas, por miedo a encontrarse con estos actos. Incluso una persona siendo ciudadana, pues tienen miedo porque han visto de que ICE se ha venido en contra de todo aquel que parezca latino, hay mucho miedo”, agrega Fénix, quien asegura que las autoridades lo único que quieren es cumplir su objetivo con “ese odio que guardan en sus corazones por la raza latina”, concluyó. Para él, Estados Unidos está cambiando. “Nuestros primeros inmigrantes llegaron a esta nación y construyeron esta nación, pero  hoy en día es una atmósfera represiva, llena de odio y de esclavitud. La mano obrera y la mano que le ha dado soporte a la economía de los Estados Unidos la están cortando ellos mismos, la supremacía blanca”, lamentó. Según un informe del Instituto Cato, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año hasta el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena. El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos". El Gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportados. Con AFP

Hace 26 años que los municipios guatemaltecos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una disputa territorial que ha ido derivando en decenas de víctimas mortales. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando se registraron 13 fallecidos en la localidad de Nahualá. La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército. “Un derecho de posesión” RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona. “Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca. Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías. “Pedimos al Estado dar solución” Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse. “Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj. “Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde. Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.

La violencia progresará en America Latina y el Caribe en 2026, es la conclusión de la ONG Acled, dedicada al análisis de los conflictos, teniendo en cuenta el aumento de las actividades ilícitas en la región. En este programa se analizan los factores del contexto actual que ha tenido en cuenta la organización en su informe. El mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, el régimen de excepción en El Salvador o el aumento de ataques con drones por parte de las guerrillas en Colombia, son solo algunos de los síntomas que hacen que la ONG Acled, considere que la violencia se extenderá en 2026 por América Latina y el Caribe. Sandra Pellegrini, analista senior de la organización, explica que la violencia de las organizaciones criminales es un problema que ya estaba instalado en varios países, pero que la presión de la administración del presidente Donald Trump ha exacerbado: "La influencia de Estados Unidos es indirecta. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido presionar a gobiernos de las regiones a adoptar medidas que Estados Unidos, o más bien la administración de Trump, ve alineada a sus políticas ideológicas. Estamos observando, especialmente en países latinoamericanos y caribeños que van hacia procesos electorales en el 2026, una aceleración, una  adopción de políticas militarizadas." Donald Trump estrenó su mandato con una orden ejecutiva que declaraba a varias de estas organizaciones criminales latinoamericanas como "terroristas", y esto animó a varios países —como Argentina, Ecuador o Guatemala— a hacer lo mismo. Esto permite a los Gobiernos a responder militarmente contra estos grupos, algo que Acled califica de ineficaz: "No tenemos resultados concluyentes de que llevan a disminuciones de violencia sostenida en el tiempo y geográficamente; y en otros casos, hemos observado que operativos militarizados incluso, pueden conllevar a un aumento de las violencias, pueden tener como consecuencia de fragmentar un grupo criminal y reactivar una pelea por el poder dentro de esos grupos o de esas facciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde el arresto de "El Mayo", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha llevado a una pelea letal que sigue hasta el día de hoy. Y también en el caso de El Salvador, hemos observado que esos operativos han llevado a disputas para el poder interno y la creación de nuevas facciones." Además, este discurso empieza a instrumentalizarse en los procesos electorales de varios países, concluye Sandra Pellegrini: "Muchas figuras políticas que están haciendo campañas en el proceso electoral (están) promoviendo una seguridad militarizada porque han visto que justamente en el caso del Salvador ha llevado a esos niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. Entonces yo creo que hay un motivo bastante fuerte electoralmente." En su informe, Acled teme que los estados se vuelvan los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años. El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024. "Quiero que Chile sea un país de prosperidad" ¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar. "¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer. Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica. "Capacidad de gestión" Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima. A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años. Por la corresponsal de RFI en Santiago Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta. "Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder" Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?". Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector. "Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura. Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave. "Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo". Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años. "Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta. María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.   "Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega. Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

El presidente Milei puede presentar cifras macroeconómicas alentadoras al cumplirse este miércoles el segundo aniversario de su presidencia, pero dos especialistas expresan reservas a RFI sobre los cambios estructurales reales de la economía de su país y sobre la eficacia de sus reformas para garantizar un futuro estable. Entrevistadas: María Lourdes Puentes Olivera y Gala Díaz.  El punto de partida de Milei puede resumirse en una frase: "Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata". Con este diagnóstico, el economista —entonces un recién llegado a la política— inició un mandato que logró reducir la pobreza a niveles de 2018 y bajar la inflación del 211% anual al 30%. Pero María Lourdes Puentes Olivera, directora de la Escuela de Política de la Universidad Católica Argentina, advierte sobre la realidad que esos datos no muestran. "No hay un cambio en la estructura económica de la Argentina. Todavía hay una situación crítica. Hay un peligro de incremento del desempleo. Muchos actores de la economía están sufriendo tanto por el endeudamiento como por la imposibilidad de vender, ya que bajó el consumo. Hay un montón de situaciones que están pasando y por eso no creo que, a largo plazo, se puedan sostener", señala. Como prometió en campaña, Milei aplicó la "motosierra" a las ayudas públicas, redujo a la mitad el número de ministerios y despidió a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, junto a los casos de corrupción que han salpicado a su presidencia, no le impidieron ganar las elecciones de medio mandato ni reforzar su popularidad. ¿Cómo explica este resultado María Lourdes Puentes Olivera? "En la Argentina existe un tinte muy fuerte de hartazgo hacia lo que venía pasando. Pero esto no tiene tanto que ver con un pensamiento alineado con lo que Milei piensa. Ni siquiera creo que la gente esté a favor de lo que él está haciendo en la economía. Lo que cree la gente es que él está haciendo lo mejor que puede para el país. Argentina está más estable, pero él no es el partido, él no son los dirigentes", afirma. Espaldarazo de Trump de Milei El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el trabajo de Milei en octubre, después de que Washington realizara una inversión multimillonaria en Argentina que permitió al gobierno estabilizar la economía. Sobre este respaldo, analiza Gala Díaz, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un think tank argentino independiente: "El apoyo de Trump implica una percepción de que Argentina puede ser un aliado geopolítico para garantizar ciertas cosas en América Latina, en particular frenar el avance chino en la región. Pero, por otro lado, también está la necesidad que tiene el gobierno de recibir influjos de miles de millones de dólares, lo que implica un fracaso del modelo económico en el sentido de que es necesario ese influjo para sostener este modelo en un contexto recesivo en la Argentina".

En medio de una inédita polarización y a menos de una semana para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast aumenta su ventaja en los sondeos sobre la candidata izquierdista Jeannette Jara. ¿Pero cómo y con quién gobernaría? En Chile, desde 2005, la alternancia siempre se impuso a la continuidad cuando se abrieron las urnas, y al parecer el país está tomando el mismo camino. Pero conociendo la ventaja del Partido Republicano en los sondeos, la gran interrogante que se plantea en estos momentos es saber con quién gobernará José Antonio Kast si finalmente gana las elecciones. Necesidad de coalición “La conducción del segundo proceso constitucional, que estuvo liderada por el Partido Republicano, mostró poca disposición de este partido de armar coaliciones más duraderas. Tampoco han sido unos actores que hayan establecido diálogos y alianzas en el Congreso. Por lo menos eso hicieron, por ejemplo, en la reforma del sistema previsional”, explica a RFI Marcela Ríos, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Entonces, prosigue, “es una interrogante si van a continuar con la dinámica de cierto aislamiento que han tenido hasta ahora, o si van a haber aprendido que va a ser necesario una coalición. Es muy importante porque el partido de Kast es un partido minoritario en el Congreso. La derecha tradicional tiene muchos más escaños, en particular en el Senado, y las derechas en su conjunto tienen una mayoría muy, muy débil en la Cámara de Diputados”. “Por lo tanto, para que el Gobierno sea exitoso, va a necesitar tener una alianza fuerte, estratégica, con la derecha tradicional o de lo contrario no va a lograr tener las condiciones mínimas para mantener una gobernabilidad y una estabilidad en el país”, subraya la analista. Las derechas unidas Para alivio de Kast y a diferencia de hace cuatro años, cuando peleaba por la gobernanza del país, esta vez recibió inmediatamente el respaldo de la derecha tradicional de cara a la segunda vuelta. “El Partido Republicano y los partidos tradicionales de derecha han ido construyendo alianzas tácitas y los une un fuerte rechazo a la centroizquierda, y también el poner la seguridad como el tema principal. Por lo tanto, todos los otros temas que los pueden dividir, las agendas valóricas, el apoyo a la democracia, política exterior, son muy secundarios en esta elección y por lo tanto parecieran que no han tenido ningún peso a la hora de las decisiones en los partidos”, indica Marcela Ríos. A pocos días de la votación del 14 de diciembre, los sondeos mantienen a José Antonio Kast como favorito con una ventaja que fluctúa entre 10 y 15 puntos sobre su rival Jeannette Jara.

Argentina rompe emite un bono en dólares a cuatro años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 debido a las altas tasas de interés que debería convalidar. Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un interés del 6,5%, que tiene el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero, sin afectar las reservas del Banco Central. El economista Alfredo Roisenvitz, también profesor de la Universidad de UCEMA y San Andrés, celebró la noticia como un gran voto de confianza para la economía del país: "Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del gobierno, sino que implicaría que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir en este trayecto positivo y va a poder hacer frente a esa deuda". Roisenvitz explica que este giro para los mercados argentinos tendrá un impacto indirecto en la acumulación de reservas, muy importantes en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que este año le otorgó al país un préstamo por 20.000 millones de dólares.  "Si Argentina vuelve a los mercados internacionales de financiación, no tendrá que hacer frente a los vencimientos de corto plazo con reservas, sino que podrá renovar esa deuda y además si las ofertas de endeudamiento de Argentina son bien recibidas por el mercado, va a refinanciar esa deuda de corto plazo a unas tasas más largas y más competitivas. Eso hace que no solo mejore el perfil de la deuda, sino que también mejore la cuenta corriente financiera, en términos de no tener que utilizar reservas para el pago de los vencimientos de deuda. Eso es sin dudas una muy buena noticia." Aunque algunos celebran que estos bonos se emitan bajo ley local como un primer paso para el retorno a los mercados, también hay que destacar si se presentara alguna anomalía, los acreedores deberán acudir a la justicia argentina que algunos analistas consideran con menos garantías que los tribunales extranjeros. 

Ingresamos a Villa Hermosa, una de las zonas más azotadas por la violencia en San Miguel Petapa, a escasos 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Es un barrio donde, por 10 años, las pandillas han ejercido un control implacable, apoderándose de las propiedades y desplazando a sus habitantes, quienes huyen para no ser asesinados. En Villa Hermosa, logramos contactar a una vecina del sector que sobrevive vendiendo ropa y zapatos usados. Por su seguridad y petición expresa, mantendremos su identidad en reserva. “Dejan las casas abandonadas” “Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron, porque dijeron que sí, habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, cuenta la mujer de 65 años que vive en este sector de Villa Hermosa desde hace 38 años, pero asegura que los últimos 10 años la delincuencia aumentó exponencialmente. “Pónganle, pónganle que ellos se dedican a extorsionar, los mareros, extorsionar, roban las baterías de los carros”, dice. “Fíjese que ahí lo que hemos oído es que los dueños ya no pueden llegar porque los amenazan y todo. Ya dejan ahí las casitas abandonadas”, prosigue. “Porque aquí era bien tranquilo (…) Pero siempre, mire, ahorita con el temor de que viene la Navidad, va uno a comprar con aquel temor de que le quiten a uno cualquier cosa, los centavitos, cuando uno va a comprar”, afirma. Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se fue del lugar hace años debido a la delincuencia, cuenta su experiencia. Ella también prefiere mantenerse en el anonimato: “Los que estamos más vulnerables acá somos los que vivimos a diario la inseguridad total, tanto del Ministerio de Gobernación, del mismo Gobierno y de todas las instituciones del Estado, que serían los obligados y encargados de velar por la ciudadanía, no lo hacen, porque ellos son parte de eso también”, considera. “Transformadas en bases de operaciones” “Abandonar el hogar, como opción ante amenazas de muerte. En esos casos específicos, es mucho más fácil apropiarse de esas casas que quedan en abandono. El principal mecanismo que facilita esa usurpación es esa coacción económica que se ejerce contra la población. Económica, violenta. Las viviendas afectadas se encuentran en la mayoría de los casos en zonas marginales, marginalidad social, que por definición ya tienen limitado acceso a servicios básicos e incluso a la justicia formal, debido a esta idea de criminalización de la pobreza”, explica a RFI Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia. “Esas casas que están ubicadas en zonas de alta densidad, como la zona 18, Mixco, Villanueva, son transformadas casi siempre en bases de operaciones, en puntos de distribución para narcotraficantes, o centros de planificación para extorsiones. Entonces, al controlar esos espacios se refuerza como la gobernanza criminal. Ahí se imponen reglas, se limita la acción policial y eso es fundamental para mantener ese flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y también ese territorio criminal”, analiza. “Actualmente la tasa nacional en Guatemala es mucho menor, es de 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, la respuesta institucional a ese contexto de violencia ha sido, por lo general, por lo menos en la actualidad, la gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez. La impunidad y la falta de Estado de derecho La fuga de 20 reos causó en la población una alarma y un miedo generalizado. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias por las pandillas. Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán. En dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha. Según medios locales que viralizaron esta información en las últimas semanas, hay 13 mil denuncias por usurpación en el país. En ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad. Según Astrid Escobedo, especialista en democracia y violencia, “las mayores causas de esto es por la falta de Estado de derecho y la falta de control, además porque los políticos se dejaron comprar por los delincuentes, son los que los eligen entonces no hay quien pueda combatirlos”. “La gente sale de su país por la violencia y están los que deben huir con sus hijos principalmente adolescentes, y si no huyen los grupos del narcotráfico los están reclutando y si no quieren ser parte de las estructuras criminales los matan”, subraya. Las estructuras criminales siguen operando a nivel nacional sin ningún problema porque las condiciones las mantienen bien fortalecidas desde hace décadas, como también la usurpación de viviendas que se ha normalizado. El objetivo final de este control territorial es mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen tanto a la estructura criminal como al territorio criminal que han establecido, según expertos.

El Congreso chileno aprobó una ley que impedirá a los estudiantes llevar teléfonos móviles a las aulas desde marzo de 2026. La medida busca mejorar la concentración y la convivencia. Numerosos chilenos esperan que esta ley se convierta en un arma para luchar contra el acoso escolar (bullying) y las denuncias públicas (funas), dice el sociólogo Octavio Avendaño. Los estudiantes chilenos no podrán ingresar teléfonos celulares a las aulas a partir de marzo próximo. El Congreso aprobó una ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios con el objetivo de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar. La norma regirá en todos los establecimientos públicos y privados. Según los promotores de la ley, la meta es fortalecer "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los estudiantes. Combatir el acoso escolar es otro de los objetivos que cuenta con amplio consenso, explica Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Padres y profesores esperaban la medida "Existía una opinión compartida sobre la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas, entre otras cosas porque no solo podían alterar el proceso educativo, sino también facilitar situaciones como funas [denuncias públicas] en redes sociales y hostigamientos entre estudiantes que se acercan a la adolescencia. Es una medida esperada por los padres y por la comunidad educativa en general", señala Avendaño. Otro factor clave es el control parental frente a contenidos inapropiados para los más pequeños. "El acceso a información o material indebido, como la pornografía, es un problema que va más allá del proceso educativo. La regulación busca dar herramientas para limitar contenidos en espacios donde los padres no tienen el control directo", añade. Chile y Brasil se han mostrado pioneros en este tipo de regulaciones. Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá la ausencia de teléfonos móviles en los estudiantes, especialmente en sus comportamientos sociales.

Aunque las cifras oficiales en Argentina muestran una baja en la pobreza a nivel nacional, esa mejora no se distribuye de manera uniforme. Barrios como Villa Fiorito siguen enfrentando condiciones precarias. En ese emblemático barrio las familias continúan apelando a distintas estrategias de supervivencia —venta callejera, reciclaje, trabajos informales, uso de ahorros, préstamos— para llegar a fin de mes. Un reportaje de Natalio Cosoy, corresponsal de RFI en Buenos Aires. En el último año y medio, la pobreza en Argentina bajó 10 puntos: del 41,7% al 31,6%. La inflación se desaceleró de más del 200% anual hasta ubicarse en torno al 30% y la desocupación está por debajo del 8%. Sin embargo, esas mejoras no necesariamente se traducen en un alivio para la economía cotidiana de los hogares. El marcado aumento de los gastos fijos —desde los servicios básicos hasta el transporte— dificulta que los ingresos alcancen y obliga a muchos a buscar alternativas para reforzar su presupuesto. No son estrategias nuevas, pero se intensifican cuando los ingresos básicos resultan insuficientes, algo que se nota especialmente en los sectores más pobres. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra que hoy casi cuatro de cada diez hogares utilizan ahorros para subsistir, cuando en 2003 eran menos de dos de cada diez. El estudio también indica que algo más del 14% de los hogares recurre a préstamos, la cifra más alta desde 2019. Otra estrategia recurrente es sumar la venta callejera. Así ocurre, por ejemplo, en Villa Fiorito, un barrio que limita con el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, murales de Diego Armando Maradona sirven de telón de fondo a la feria callejera que cada domingo se despliega a lo largo de unos dos kilómetros. Hay vendedores de mayor escala, que ofrecen productos nuevos, y también los llamados “manteros” [recicladores], que extienden una manta en el piso con objetos recolectados en la calle, encontrados en la basura, recibidos como regalo o recuperados de sus propias casas. "Desde que encuentro la basura, lo reciclado, en cualquier lado, lo lavo y lo traigo. Le pongo un precio, así, tres por dos mil, o cuanto me quiera dar", dice Celeste, de 24 años. Durante la semana busca objetos para vender en la feria, pero los ingresos apenas le alcanzan. "Para un día, para la comida, porque a veces no se gana mucho. A veces yo, en la mañana, hago cinco mil pesos, nada." Cinco mil pesos equivalen a unos 3 dólares y medio. El alquiler de la vivienda que Celeste comparte con su pareja y sus tres hijos pequeños ronda los 200 dólares mensuales. "Manteros digitales" "Desde hace varios años para acá la situación económica familiar viene en declive", señala Matías Mora Cáceres, politólogo y residente en Fiorito desde 2002. "A las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes en estos últimos tiempos; incluso está costando llegar a mitad de mes, y por eso construyen distintas estrategias o alternativas para generar ingresos." Entre esas estrategias, Mora Cáceres detectó en los últimos años una nueva actividad: la de los "manteros digitales". "Se empiezan a utilizar las redes sociales y las distintas aplicaciones para generar unos pesos extra, en complemento al trabajo que ya tiene cada familia. Utilizan el tiempo de ocio, de descanso, el tiempo familiar, para generar plata y poder subsistir." Ese es el caso de Paola. "Le muestro cómo funciona por WhatsApp, que es por donde más se vende… Aquí la persona me hace el pedido; le pregunto por los colores…", explica desde su casa, donde desarrolla un pequeño negocio de venta de cosméticos a través de redes sociales. Aunque su emprendimiento funciona, si bien tiene altibajos, Paola no ve un horizonte claro. “Yo lo que veo acá en mi barrio, lo que veo en la escuela de mis hijas, es que vamos viviendo el día a día. No podemos proyectar al mes que viene porque no sabés si cobrás.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ilustra la "contradicción total" en la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump, según el analista político Óscar Chacón. Por un lado, indulta y libera a Hernández, condenado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos, mientras que, por otro, no presenta pruebas sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico y, en cambio, lo amenaza con una intervención militar. Hernández obtuvo el indulto de Trump a pesar de estar cumpliendo una condena por tráfico de drogas y armas. "Huele a corrupción", declaró a RFI James Caravallo, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor en la Universidad de Yale. "Este tipo de indulto es algo bastante excepcional. Casi nunca ocurre con personas sentenciadas por narcotráfico. Hernández acababa de ser condenado a una pena considerable, aparentemente merecida por las pruebas contundentes en su contra. Su hermano también había sido condenado por el mismo delito. El indulto es bastante excepcional y huele a corrupción; huele a una compra, a una transacción, como tantas otras cosas que hace este gobierno", afirmó. Trump: benevolente con Hernández, duro con Maduro  Óscar Chacón, analista político y asesor estratégico de Alianza Américas, también considera que ese indulto representa una contradicción total en la política de lucha contra el narcotráfico que Trump asegura llevar a cabo en el Caribe. "Por un lado, hay toda una narrativa que busca crear la imagen de Maduro como un jefe de Estado que lidera una organización narcoterrorista, sin que hasta el día de hoy se hayan presentado pruebas contundentes de ello. Al mismo tiempo, se libera en Estados Unidos a una persona que fue jefe de Estado en Honduras y sobre la cual existe una cantidad monumental de pruebas que demuestran que, efectivamente, introdujo enormes cantidades de cocaína en Estados Unidos mediante acciones criminales. La incongruencia entre estas dos maneras de proceder deja a cualquier observador con la boca abierta. Todos los argumentos en contra de Maduro se derrumban". Para Caravallo, los poderes del presidente en Estados Unidos, con Trump y la mayoría republicana en el Congreso, parecen hoy sin límites. "Lo que no se puede hacer, porque es ilegal, es conceder un indulto a cambio de algún tipo de favor. No se puede comprar un indulto. Si se comprobara que hubo algún tipo de transacción en ese sentido, Trump podría ser procesado". El argumento de Trump para indultar a Hernández fue que había sido víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden, ignorando la sentencia de 2024 de un juzgado de Nueva York, que, entre otras cosas, afirma que Hernández había convertido Honduras en un narcoestado.

Este 30 de noviembre tuvieron lugar en Honduras unas reñidas elecciones de las que se desconoce por el momento el ganador. Según los analistas, la irrupción de Donald Trump en la campaña ha tenido consecuencias sobre el resultado. Hace dos semanas las encuestas previas a los comicios hondureños situaban en tercer lugar al conservador Tito Asfura, pero un par de mensajes escritos por Donald Trump en redes sociales a menos de 72 horas de que se abriesen las urnas marcaron el resultado de las elecciones. Rechazo al oficialismo Es el factor clave en el que coinciden la mayoría de los analistas tras la resaca electoral, como señala a RFI el sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Eugenio Sosa: “Los mensajes de Donald Trump han influido, han contribuido, diría yo, para ser menos contundente, responsablemente y analíticamente. La principal fuerza de polos que se rechazaban era el oficialismo versus los dos partidos. Entonces había un electorado que apostaba obviamente, probablemente con Nasralla o con Tito, pero que, en todo caso, más o menos lo que quería es que uno de los dos ganara y no el oficialismo. Entonces, probablemente al ver el mensaje de Trump, efectivamente muchos votos de Nasralla, que también eran anti oficialistas, se prefirieron mover hacia Asfura”, analiza. El viernes, Trump acompañó su respaldo a Asfura con el anuncio de que Estados Unidos indultaría a Juan Orlando Hernández, ex presidente del Partido Nacional, condenado por un tribunal de Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. Un hecho que celebró la ex primera dama, Ana García de Hernández: “Usted, presidente Trump, ha hecho justicia. Usted que también pasó por un momento de persecución, como ha pasado mi esposo. Hoy usted ha hecho justicia a un inocente”, expresó. ¿Y si gana Nasralla? A pesar de que Asfura encabezaba el conteo de votos por una mínima ventaja tras superar el 50% del escrutinio, Nasralla se declaró ganador proyectado. De ser este último el vencedor, ¿cómo serían las relaciones con Estados Unidos? “Si Nasralla resultara ser el ganador, tendrá que afinar toda su batería diplomática, que la tiene, porque al final la facción del Partido Liberal que lo acuerpa es lo que se podría llamar la derecha del antiguo Partido Liberal. Asfura tendría que hacer algo parecido porque tampoco significa que por ello está a merced y tiene que hacer lo que Trump le diga”, explica Miguel Calix Martínez, politólogo en la UNAH. “Igual los posts de Trump tuvieron un doble efecto: primero lo acercan mucho y luego lo alejan, porque revive el fantasma de Juan Orlando Hernández, que es un tema que divide la población hondureña. Si el resultado final fuera Nasralla, tendrá que aprender a trabajar con él, con la ventaja de que Nasralla no es contrario a la ideología de Trump y todo lo contrario, más bien él es de derechas”, subraya. Al cierre de esta nota, el Consejo Nacional Electoral de Honduras suspendía el conteo preliminar cuando el escrutinio estaba al 57% y mostraba un empate técnico entre Asfura y Nasralla, separados por apenas 515 votos.

A pesar de contar con acceso universal a terapias antivirales y avances científicos significativos, la epidemia de VIH en Argentina se encuentra estancada. El director de Fundación Huésped, Leandro Cahn, analizó la situación sanitaria del país, revelando cifras preocupantes: cada año se registran más de 6.000 nuevos casos y casi la mitad de los diagnósticos llegan tarde, con el sistema inmunológico del paciente ya deteriorado. En Argentina, viven 140.000 personas con VIH, según datos recientes del Ministerio de Salud. "En Argentina tenemos una epidemia que se encuentra estable, por un lado, con una cantidad de casos que no crece ni decrece sustancialmente a lo largo de los años, pero con un país que tiene una un acceso universal a la terapia antiviral y a las estrategias preventivas, deberíamos estar viendo un decrecimiento de los casos", explica Leandro Cahn. El 45% de los nuevos casos están en un estado avanzado "Sin embargo, todos los años en Argentina tenemos más de 6.000 nuevos casos y un tema que nos preocupa especialmente es que el 45% de los nuevos diagnósticos se da en personas con un estado avanzado de la infección, es decir, cuando ya tienen su sistema inmunológico deteriorado", lamenta el especialista.  Leandro Cahn advierte sobre el impacto del recorte en la distribución de preservativos por parte del Gobierno nacional, la falta de campañas y una tendencia creciente al no uso de protección entre los jóvenes. Los contagios de las enfermedades de transmisión sexual entre lo jóvenes creció más del 20%. Cahn lo atribuye a la falta de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y a "una caída en la cantidad de preservativos y campañas de prevención por parte del Gobierno nacional".   Los jóvenes ya no usan preservativo "Sumado a un fenómeno que no es exclusivo de Argentina, pero que aquí también se observa de cierta moda en no usar preservativos en las relaciones sexuales producto de que los avances científicos han ido corriendo el VIH de las prioridades de cuidado de la salud y embarazos no intencionales de los jóvenes", afirma Cahn. Los argentinos le llaman "a pelo" a esta moda de no utilizar el condón. Sólo el 17% de los jóvenes lo estaría usando constantement.   "Si bien es cierto que que los tratamientos han realmente cambiado la historia natural de la infección, el mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de ser VIH negativo", advierte.  Fundación Huésped realiza operativos comunitarios de test y hace un llamado urgente a la dirigencia política para que el VIH vuelva a ser prioridad en la agenda pública y se destinen recursos adecuados para prevención, diagnóstico y tratamiento.

Tres candidatos se disputan la Presidencia de Honduras este 30 de noviembre: Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Tito Asfura. El politólogo hondureño Sergio Vélez nos ayuda para trazar las fortalezas y debilidades de los tres.   Por Carlos Herranz, desde Tegucigalpa La candidata oficialista del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, es la opción de una izquierda que llegó para poner fin al bipartidismo, pero que ha caído en muchas de las inercias de sus antecesores. Moncada, un carácter fuerte que podría jugar en su contra “Rixi Moncada es una persona que tiene el conocimiento claro de la gestión de gobierno que han estado realizando. Tiene un respaldo muy fuerte por parte de la militancia de Libre. Se le ha reconocido como la gran lideresa. Es de un carácter fuerte, tiene un temple que ha llevado a saber de que es una persona de armas tomar”, explica a RFI el politólogo hondureño Sergio Vélez. Sin embargo, aunque esto puede ser “una gran fortaleza”, también podría ser “su propia debilidad, porque ante otros esa dureza que ha expresado de manera externa ha generado poca empatía con otros sectores que pueden ser de interés dentro del electorado”. Nasralla, el showman que no convence a todos Por parte del Partido Liberal está Salvador Nasralla, un showman populista que ya pactó con la izquierda hasta que su coalición explotó, y al que se suele culpar de dar bandazos ideológicos para llegar al poder. “Salvador Nasralla, bajo el criterio propio, es una persona muy carismática. Viene de un aspecto del showman, donde él sabe cómo manipular audiencias, cómo decir lo que la gente quiere escuchar”, subraya Vélez. Pero, estima el politólogo, “también se vuelve en un aspecto una desventaja. ¿Por qué? Porque para muchos, es un criterio bastante superficial, más por el hecho de que hoy puede decirte algo y mañana cambia toda la temática y cambia toda la idea, no termina de cuajar con la idea de estadista que se está esperando de alguien que va a tener la primera silla del país”. Asfura, el heredero Tito Asfura, el empresario conservador al que Donald Trump ha dado su bendición, remodeló muchas infraestructuras como alcalde de Tegucigalpa, un activo que se contrapone al lastre de haber heredado las riendas del Partido Nacional, el mismo del expresidente condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. “Asfura es una persona más reservada. Le gusta trabajar más que estar en cámara. Puede que por eso se le acuse que sea un poco parco. Vamos a la circunstancia de que él entra bajo un criterio y una sombra que no es de él. Y fue lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ex presidente del país”, recalca Sergio Vélez. Las acusaciones de fraude reavivan los fantasmas de la noche electoral de 2017, cuando tras un apagón de energía, los nuevos resultados encumbraron al presidente Juan Orlando Hernández hacia una reelección, acompañado de un estallido social en el que murieron al menos 23 personas, según la ONU.

Venezuela ha decidido retirar los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con Estados Unidos. El resultado de esta disputa tiene un alto impacto en la movilidad, en víspera de las fiestas navideñas. Las compañías española Iberia, portuguesa TAP, colombiana Avianca, brasileño-chilena Latam, brasileña GOL y Turkish Airlines se han visto retirar por Venezuela sus permisos para volar. Caracas les acusa de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos. “Quedarían solamente aerolíneas locales” La decisión puede afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, los que suman las seis aerolíneas, que representan el 40 % del tráfico internacional. Iberia, por ejemplo, es el principal enlace directo entre Venezuela y Europa: en lo que va del año, ha movilizado a 82.000 pasajeros.  La suspensión de los vuelos tiene un gran impacto en la región, pues afecta también las rutas con otros países y deja sin alternativa a los pasajeros, como explica Guillermo de Armas, abogado venezolano experto en aeronáutica: “El impacto inicial de esta decisión tiene que ver con más de 30 frecuencias que se estarían afectando semanalmente en Venezuela por las operaciones que implican estas aerolíneas”, indica. Entonces, “quedarían solamente aerolíneas locales, y ninguna de ellas estaría habilitada para volar hacia el espacio aéreo europeo por el tema de equipos, porque como operan con equipos alquilados, no tienen capacidad. Entonces el pasajero que está siendo afectado para la ruta a Europa quedaría varado”, subraya De Armas. “Lo que está haciendo Venezuela es autoperjudicarse” Esto sucede en medio del despliegue estadounidense en la zona, en operaciones contra el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos instó a las compañías que operan en el espacio aéreo venezolano y el Caribe a extremar las precauciones porque no se dan las condiciones de seguridad. “No es voluntario que las compañías aéreas no quieran volar a Venezuela. Lo que no quieren es arriesgarse, ni arriesgar su seguridad ni la seguridad de los pasajeros. Los precios se van a incrementar, las dificultades van a ser aún mayores porque se ha perdido un porcentaje de plazas aéreas notable revocando los permisos. Pero lo que está haciendo Venezuela es autoperjudicarse, porque prácticamente no tiene opciones para salir al exterior ni opciones para salir a Europa en vuelos directos”, analiza Javier Ortega, consultor aeronáutico. Todo esto sucede en uno de los momentos de mayor actividad, por la cercanía de las fiestas navideñas: “Siendo el inicio de la temporada alta, representaría un incremento de lo que es el precio por el tema de la ley de oferta y demanda. Entonces simplemente la Navidad de mucha gente en Venezuela, tanto los que viven adentro como los que están afuera, se ve imposibilitada, ya sea para visitar a los familiares, para hacer negocios o simplemente una vacación”, recalca De Armas. Las compañías afectadas dicen que reanudarán las operaciones en cuanto puedan, si Caracas no lo impide.

Es el tercer país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, con 3,4 millones de personas. Un estudio revela que la población está estancada, lo que tendrá pronto un impacto en el mercado de trabajo y obligará a cambiar las políticas públicas a medio plazo. La población de Uruguay se ha estancado. Cada vez nacen menos niños en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de América latina. Esta tendencia demográfica tendrá un impacto en el mercado laboral, según un estudio realizado por la consultora uruguaye Exante. “Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Tiene una demografía que se le parece bastante a la de los países europeos, en el sentido de que ha tenido históricamente tasas de natalidad mucho más bajas que las que se observaban en América latina”, explica Pablo Roselli, uno de los economistas que ha realizado el informe. “La población total del país alcanzó un pico en el 2020 y desde entonces presenta una tendencia levemente declinante; la población en edad de trabajar también va a empezar a bajar”, agrega. Esto supone una serie de desafíos para los poderes públicos, pues el mercado laboral estará formado por trabajadores cada vez más mayores y habrá cada vez menos jóvenes. Además, falta también mano de obra inmigrante: “Uruguay históricamente era un país de saldo migratorio negativo. Actualmente estamos con un saldo migratorio prácticamente nulo uruguaya. Uruguay atrae a inmigrantes. En los últimos 10 años vinieron unos 65.000 inmigrantes, desde Venezuela, Cuba y Argentina, pero también hay uruguayos que salen al exterior. Ciertamente, Uruguay debe tratar de cambiar el signo al saldo migratorio, que es ligeramente negativo actualmente y debería tratar de atraer talento calificado”. El envejecimiento de la población traerá también importantes cambios en el consumo, como explica Pablo Rosselli. “Lógicamente, en la medida que el país continúe creciendo, el consumo va a subir en todos los sectores de la economía, pero en términos de composición o de sesgos de las decisiones de consumo, a medida que la población envejece, lógicamente lo más obvio es que aumente la demanda de servicios de salud y se reduce la demanda de servicios de educación. Eso es trivial, pero también es cierto que aumentan, por ejemplo, las demandas de alimentación saludable, de servicios y productos para el hogar. Las personas, a medida que envejecen, salen menos de su hogar, pero demandan más confort dentro del del hogar y esas son tendencias que seguramente vamos a ir observando en Uruguay como se hace tan observando en los países desarrollados, donde esta transición demográfica viene bastante adelantada”. Uruguay es uno de los países con la tasa de desempleo estructural más alta, del 7%.  Hoy, los mayores de 50 ya representan algo más de la cuarta parte de las horas trabajadas en la economía.

La violencia es uno de los principales problemas que afronta Honduras, no solo durante el proceso electoral. Nuestro enviado especial ha entrevistado al comandante Rolando Ponce para hablar de la lucha contra las maras y el actual estado de emergencia implantado en el país.  De nuestro enviado especial a San Pedro Sule, Carlos Herranz. Durante años, el comandante Rolando Ponce tuvo la difícil tarea de ser el jefe de policía de la ciudad más peligrosa del mundo. Con una tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes, llegó a desbancar a Ciudad Juárez en México como capital mundial de las muertes violentas. San Pedro Sula era el cruce explosivo entre corrupción local, narco internacional y pobreza extrema. Ahora, el estado de excepción implantado desde 2022 ha ayudado a bajar la tasa de homicidios, pero las maras siguen controlando importantes sectores, extorsionando a empresarios y, como sicarios, cobrando una media de 8.000 dólares por asesinato. El comandante Ponce atiende a RFI mientras prepara el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del próximo domingo con el objetivo de evitar muertes durante el escrutinio como ha ocurrido en citas pasadas. Afirma que sin haber llegado al modelo Bukele en el vecino El Salvador, han conseguido buenos resultados en la lucha contra las maras: "Hemos dado un sinnúmero de capturas a las maras y pandillas, como son los pandilleros de la 18 y los pandilleros de la Mara Salvatrucha, así como de la delincuencia común". "Quiero decirle que las dos maras son una amenaza, porque se dedican al sicariato. Ambas también se dedican a la extorsión, al pleito por venta de territorio de drogas. Sin embargo, tenemos controlado eso. A diario se están capturando jóvenes y se están remitiendo y estamos haciendo que el brazo de la justicia los abrace", prosigue. El estado de emergencia: ¿Recorta derechos o combate el crimen? ¿Ayuda el Estado de emergencia? ¿El hecho, por ejemplo, de poder allanar antes de las seis de la mañana y esas medidas que van acompañadas del Estado de Emergencia? "Quiero decirle que sí, porque cuando nosotros hacemos un allanamiento que es coordinado con el Ministerio Público, que lo solicita al poder juzgador, que es el juzgado, tarda un poco. El estado de excepción es una herramienta que ha venido a apoyar al Estado", responde.  En cuanto a las quejas por violación de derechos, el comandante Ponce prosigue: "Muchos litigantes, muchos abogados dicen que es inconstitucional. Nosotros consideramos que es una de las herramientas que nos puede ayudar a controlar lo que es el crimen organizado". "¿Por qué? Nosotros tenemos la investigación o la vigilancia de que en determinado sector, en un edificio ingresaron personas con aspectos delictivos o violentos y si no tenemos el estado de excepción, tenemos que hacer todo el protocolo correspondiente de acuerdo a la norma que exige el Código procesal penal y es ahí donde huyen", concluye. La oposición critica el impacto limitado en los resultados contra el crimen del Estado de excepción, que entró en vigencia en 2022, durante el primer año de la administración de Xiomara Castro.

Uno de los desafíos que tendrá el proximo presidente o presidenta de Honduras será la violencia de las pandilleras. Lejos de soluciones como el despliegue de fuerzas del orden o el endurecimiento de condenas, el deporte empieza a presentarse como una herramienta de reintegración para los miembros de las pandillas. Reportaje de nuestro enviado especial.  De nuestro enviado especial a San Pedro Sula, Carlos Herranz. El deporte puede reconstruir el tejido social y, en el caso de los pandilleros, parece una estrategia fundamental que ya se implementa en varios barrios de San Pedro Sula desde hace años. Acudimos al complejo deportivo Majoncho Sosa. Luis Núñez pertenece a la asociación deportiva Corriendo hacia Jesús: "En vez de estar pensando en cosas así, están en el deporte. En las mañanas, en las tardes, viene gente a hacer sus ejercicios y anteriormente no lo hacían, por el temor a la violencia". El complejo deportivo está en la línea de separación entre el territorio que dominaba la Mara Salvatrucha y la 18, como cuenta Luis Núñez: "Prácticamente estamos en zona fronteriza. Lo que es el complejo está como zona fronteriza. Hacia un lado y hacia el otro. La 18 aquí al norte y aquí al lado sur, la Mara Salvatrucha. La iluminación ha sido un ejemplo. Ha ayudado bastante, porque por el sistema de iluminación, la gente se está hasta las nueve o las diez de la noche". El torneo Juvenil Intercomunitario pretende usar fútbol para quebrar el ciclo de la violencia, juntando jóvenes de colonias rivales en la misma cancha. Francisco Ferrera es periodista deportivo y ha estado al frente de varias iniciativas para acercar el fútbol a los pandilleros: "Hay muchos lugares donde a los muchachos de las diferentes ramas, la sociedad no los acepta. Siempre los tiene a un lado, los margina por la condición de mareros que tienen". "¿Qué es lo que hicimos en determinado momento? -prosigue-. Crear torneos entre muchachos de las mismas edades, representando a las iglesias, representando a las escuelas, los colegios, a diferentes partes de las comunidades, pero también integrarlos a ellos con un equipo propio, un equipo de la Mara 18 por ejemplo. Eso les permitía participar en igualdad de condiciones que el resto. Les buscábamos el uniforme, los balones para que participaran, y eso les hacía sentirse parte de la comunidad". Las instalaciones deportivas pueden ser una herramienta clave sobre todo en la prevención de que muchos adolescentes caigan en manos de las pandillas.

A poco más de dos semanas de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz anunció la eliminación de impuestos a los más ricos, una señal de que ya están en camino sus medidas liberales que contrastan con las políticas de tendencia socialista del MAS, el partido que gobernó ese país por dos décadas. Entre las decisiones se encuentra eliminar el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad, aseguran los especialistas, no aportaba mucho a las acarcas del país. El gobierno de Bolivia confirmó este martes que se enviarán tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para abrogar cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego, el impuesto a las promociones empresariales y el impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, la eliminación de este último no traería grandes cambios. Así lo dijo a RFI el analista económico Roger Mario López: "Fue un impuesto caprichoso, porque el impuesto era al patrimonio, lo cual es raro, porque regularmente la tasación suele ser al flujo, al ingreso". "Entonces fue controvertido. Luego está que el punto de corte al cual se cobraba el impuesto era bastante alto, con lo cual al final era muy poca gente la que terminaba siendo afectada por ese impuesto de las grandes fortunas. Y lo que al final del día pasaba también era que la gente prefería sacar su dinero del país y evitar pagarlo. Además, lo más importante era que realmente eran ingresos irrisorios para la recaudación pública", continúa. Impuestos que representan poca recaudación, según economistas En este sentido, los cuatro impuestos que el gobierno pretende eliminar apenas representan poco más del 1% de la recaudación fiscal. El analista precisó que las arcas del gobierno boliviano dependen principalmente del impuesto a las utilidades de las empresas y luego de las utilidades de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Aunque la eliminación de los cuatro impuestos se podría interpretar como una señal para atraer el capital extranjero, Roger Mario López considera que al gobierno le faltan más elementos: "Para que la inversión extranjera directa tenga esos efectos, regularmente se tiene que contar con un nivel de formación de habilidades en los trabajadores importante. Luego tiene que haber un sistema financiero que tenga la capacidad de movilizar la cantidad de recursos que las empresas necesitan". Argentina con Milei, hizo una reforma considerablemente más dura y más rápida de lo que el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo hasta ahora y la inversión extranjera directa tampoco llegó en las cantidades que ellos esperaban. El economista prosigue: "Todas esas son condiciones que en Bolivia no se cumplen todavía y va a ser difícil que la inversión extranjera llegue solamente por este impuesto. No sé si lo va a lograr". Nuestro invitado hace además algunas comparaciones: "Aquí tenemos el caso también de Argentina con Milei, que hizo una reforma considerablemente más dura y más rápida de lo que el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo hasta ahora y la inversión extranjera directa tampoco llegó en las cantidades que ellos esperaban, porque el inversor también dice: "si voy a invertir millones, en cuatro años, ¿qué más va a pasar? Me van a cambiar el gobierno de nuevo y voy a perder todo, me van a nacionalizar'". El presidente Rodrigo Paz aseguró que es importante eliminar el impuesto a las grandes fortunas porque esa medida, según él, ahuyentó más de 2.000 millones de dólares hacia países vecinos como Paraguay.

Más de 30.000 hondureños han regresado a su país en los últimos 9 meses, la gran mayoría desde Estados Unidos coincidiendo con la vuelta de Trump a la Casa Blanca. "Estas deportaciones obedecen más a un perfil racial que criminal", explica a RFI una de las responsables del programa de retorno. El resultado son familias rotas, víctimas de tráfico de personas y penurias económicas, un reto que el próximo presidente o presidentea deberá afrontar. Reportaje de nuestro enviado especial.  De nuestro enviado especial a San Pedro Sule, Carlos Herranz. Más de 30.600 hondureños retornaron al país, la inmensa mayoría desde Estados Unidos, en los primeros nueve meses de este año coincidiendo con el arranque del segundo mandato de Donald Trump. Las estadísticas oficiales indican que la cifra supone un 24% más que en el mismo periodo del año anterior. Aumento sí, pero menor del que en principio se llegó a temer, como ha contado para RFI un equipo encargado del programa de retornados liderado por Mercedes Pérez en San Pedro Sula. "Estas personas, bajo la política ahora de criminalización por parte del gobierno de Estados Unidos, que estamos recibiendo, la mayoría son personas que tienen más de 10 años de residir en Estados Unidos. Aunque las cifras no son mayores, no se van a superar como se esperaba, el tema no es la estadística, es que son personas a las cuales se les ha violentado su derecho a estar en Estados Unidos", explica Mercedes Pérez. "La separación familiar está dejando heridas fuertes en estas poblaciones. Tenemos personas que han sido deportadas con hijos nacidos en Estados Unidos y aún padeciendo enfermedades como cáncer o menores de edad que no tienen la doble nacionalidad", continúa. Estas deportaciones obedecen más a un perfil racial que criminal. La mayoría de los retornados son jóvenes de menos de 30 años, pero hay más de 4.000 menores de edad. Mercedes Pérez niega que las deportaciones en su mayoría estén ligadas a perfiles criminales: "No es cierto que la mayoría tengan antecedentes criminales. Estas deportaciones obedecen más a un perfil racial que criminal". Abigail Valderrama forma parte del equipo de asistencia psicológica para los retornados y con frecuencia se encuentra con situaciones traumáticas de retornados y retornadas que escapan de manos de traficantes de personas. "Al lugar donde los llevaron, dice una chica que vio una mano y un pie de un ser humano que estaba desmembrado. Dice que ella tenía tanto miedo que empezó a correr. La descarga de adrenalina que esta persona sintió fue tal que cuenta que ella corrió, corrió, corrió junto a su amiga y así lograron escapar", cuenta a RFI. La inserción laboral, encontrar un empleo formal es otro de los retos. Para sus familias pasan de ser una remesa a otra boca que alimentar, confirma Abigail Valderrama: "Cuando ellos regresan, vienen sin trabajo. En ese momento no tienen alimentación en su casa y recordemos que normalmente cuando esta persona sale de su familia, de ese lugar, la familia está pensando que luego va a ser esta persona quien va a proveer a la casa, pero cuando regresa, ahora es una boca más que alimentar. No hay que olvidar que los migrantes hondureños en el exterior constituyen la principal fuente de divisas del país, un 25% del PIB.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las cifras siguen siendo preocupantes. Según la ONU, en 2024, cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella. En Honduras, que se encuentra en la recta final de su campaña electoral para las presidenciales, la situación es alarmante. Por Carlos Herranz, nuestro enviado especial en San Pedro Sula Honduras enfrenta una grave crisis de violencia contra las mujeres, con 7.746 feminicidios desde 2005 hasta 2024. Es el país con la tasa más alta de Centroamérica, y el quinto en el mundo, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Noemí Dubón es integrante del Foro de Mujeres por la Vida, que abarca 16 organizaciones feministas del norte del país. Explica a RFI que “no hay investigación, entonces no podemos detallar específicamente qué es lo que realmente pasa, pero la mayor parte de los casos es con armas de fuego que imperan en este país, cualquiera puede andar un arma ya sea de manera legal o ilegal. Las mujeres denuncian la violencia doméstica, por ejemplo, y no es atendida como debería de ser. Las mujeres en este país no tienen seguridad.” “Le ponen mil excusas” ¿Pero qué falla en el proceso, cuando una mujer acude a una estación de policía para denunciar la violencia? “La mujer puede presentarse a una estación de policía, eso dice la ley, y la policía debe actuar de inmediato cuando está dentro de las 24 horas. Está en flagrancia, como decimos, pero no es eso lo que está ocurriendo, le ponen mil excusas a una mujer. Le dicen que no tienen patrulla, que no hay quien la acompañe y así se pasan las 24 horas y después de ese plazo les dicen que ya no pueden hacer nada porque ya pasaron las 24 horas y tiene que dirigirse a la Fiscalía, al Ministerio Público, a los juzgados”, lamenta Dubón. “Entonces, ellas van a los juzgados y les dejan cita en el juzgado, citas demoradas hasta uno, dos y tres meses para que puedan tener una audiencia con el agresor. Mientras tanto, hay amenazas que no son atendidas como se debería de atender y muchas mujeres terminan en ese proceso perdiendo la vida, siendo asesinadas por el agresor”, agrega. Las organizaciones feministas critican que la lacra de los feminicidios no forme parte de las prioridades de ninguno de los partidos en esta campaña electoral, de cara a las presidenciales del 30 de noviembre.

“Somos invencibles”, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras hacerse oficial la designación por parte de Estados Unidos al Cartel de Los Soles como organización terrorista. ¿Qué supone esta designación, qué consecuencias podría tener? “Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles que ahora es organización terrorista. Ridículos, ¡son unos ridículos!”: así de indignada se mostró la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien acusa a Estados Unidos de intentar justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela mientras crecen las tensiones en el Caribe. Narcoterrorismo Esta intervención llegó horas después de que el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, designase como organización terrorista al Cartel de los Soles. El diplomático y abogado Víctor Rodríguez, exembajador de Venezuela ante la ONU, nos explica desde Nueva York qué importancia tiene esta designación durante el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro. “Creo que es muy importante porque se pasó de narcotráfico, que tiene un procedimiento y unas consecuencias distintas, a una más grave, que es la de terroristas que le permiten distintas actuaciones. Y yo creo que es importante la narrativa que ha logrado el Departamento de Estado de la Administración americana toda esta semana, que no hay Gobierno, sino que es un cártel que controla el poder y utiliza la estructura del poder para actividades ilícitas transnacionales como son el narcotráfico y el terrorismo”, señala Rodríguez. “Esto puede llevar a una presión muy importante que ellos podrían aceptar para negociar la salida, para un arreglo. Y si no, habrá otras consecuencias, que esperemos que sean las mejores para los venezolanos, porque en realidad lo que se ha concretado siempre, es que esto no es ni contra Venezuela, ni contra los venezolanos, ni contra la integridad territorial venezolana, sino que es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que ahora lo califican, para unirlo, narcoterrorismo”, agrega. ¿De qué amenazas se habla? Para que Estados Unidos califique a una organización como terrorista extranjera, debe “amenazar la seguridad de sus ciudadanos o la del propio país”. En este caso, ¿cuál sería la amenaza real del Cartel de los Soles?  “Una, porque Estados Unidos ha señalado que el Cartel de los Soles ha atentado contra la vida de miles de personas, miles de estadounidenses, por todo lo que ha implicado el tráfico de cocaína que ha atravesado el territorio venezolano, saliendo por el Caribe hacia Estados Unidos y hacia países europeos. Y, por otra parte, por las alianzas y por las relaciones que ha tenido el régimen venezolano con organizaciones como Hezbolá por ejemplo, o incluso la propia guerrilla colombiana en territorio venezolano”, detalla Sebastiana Barráez, periodista experta en temas militares venezolanos. Mientras expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas, Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios.

La decisión del nuevo presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Justicia ha sido muy criticada en Bolivia, particularmente por la oposición masista y arcista. Para el constitucionalista Williams José Bascopé, esa medida se explica por la politización y la mercantilización de la justicia. En Bolivia, el presidente recientemente electo, Rodrigo Paz, eliminó el Ministerio de Justicia tras destituir al titular de esa cartera, Freddy Vidovic, por haber ocultado una sentencia a tres años de prisión que recibió en 2015. Una decisión que ha provocado múltiples reacciones. Paz defendió su decisión aduciendo que se trataba de una institución corrupta, fruto de la manipulación de los gobiernos anteriores, los cuales manejaban a su antojo las condenas judiciales. Mediante un decreto, el presidente Rodrigo Paz cesó al ministro Freddy Vidovic, a quien había nombrado unas semanas atrás después de asumir el mandato. En su lugar designó a Jorge Franz García, si bien posteriormente optó por eliminar directamente la cartera. Para el constitucionalista boliviano Williams José Bascopé, el problema no es la institución en sí, sino en lo que se había convertido en la práctica. "En las manos adecuadas, un Ministerio de la Presidencia podía ser una herramienta muy buena para el Gobierno y para el país. Lamentablemente, desde el ingreso de Evo Morales al poder y luego de Arce Catacora, es decir, el MAS, esto fue degenerándose. Porque ese Ministerio de Justicia y sus ministros, tanto del evismo como del arcismo, en realidad procuraron acaparar todo lo que fue el Poder Judicial: sus funciones, su control. Terminaron siendo el titiritero de jueces, fiscales y hasta de la policía en las investigaciones. Y empezaron a perseguir, anular y meter a la cárcel a varios opositores".  "En Bolivia la corrupción ha ido muy lejos"  El presidente Rodrigo Paz no ha precisado si otro ministerio va a asumir las funciones del Departamento de Justicia, que se encargaba de promover leyes y coordinar los poderes legislativo, judicial y electoral, aunque de manera corrupta, como explica Bascopé. "[En Bolivia] la corrupción ha ido muy lejos a causa del masismo [el movimiento MAS] y la obscenidad que hicieron Evo Morales y Arce Catacora. El país sufre de una desinstitucionalización oprobiosa, de la cual es víctima el ciudadano de a pie. La administración de justicia se ha politizado y mercantilizado. Todo esto no va a parar de un momento a otro simplemente suprimiendo el Ministerio de Justicia; hay que mejorar la calidad de la formación de los profesionales, incorporar buenos profesionales y garantizar que esos funcionarios tengan cierta independencia. Porque si los políticos de siempre siguen metiendo la mano, va a ser muy difícil tener una [verdadera] administración de justicia".  El experto cree que, a pesar de varios años de corrupción, los ciudadanos pueden recobrar la confianza en la institución, si bien esto tomará al menos una década. "Desarrollar una administración de justicia que sea no solamente buena, sino que respete realmente los valores del derecho y de la justicia, así como los derechos humanos, requiere un lapso mínimo de diez años. En unos 15 o 20 años podría tener una cierta solidez institucional. Todo esto no se logra de la noche a la mañana. Por eso, solo el tiempo dirá si realmente fue una decisión atinada eliminar el Ministerio de Justicia. Tal vez más adelante se sienta la ausencia de una institución que pueda coordinar y apoyar la implementación de políticas para mejorar la administración de justicia [en el país]".  Rodrigo Paz asumió el poder a principios de noviembre, sucediendo a Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paraguay arrancó esta semana su primera campaña de vacunación contra el dengue, la más mortal de las enfermedades infecciosas en el país sudamericano. El Ministerio de Salud de Paraguay ha celebrado un paso histórico sanitario y humanitario en la lucha contra la enfermedad. El dengue es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino que es causada por la picadura de un mosquito. Se da sobre todo en países tropicales y subtropicales, que tienen mucha vegetación. Une enfermedad en expansión “No es cualquier mosquito, son los mosquitos del género Aedes. Entonces, a día de hoy están ampliamente distribuidos en toda Sudamérica y Centroamérica, el sudeste asiático, el África subsahariana y poco a poco, debido al cambio climático y al cambio en la distribución de mosquitos, vamos viendo cada vez más casos de momento, como brotes esporádicos en algunos países del sur o del suroeste europeo”, explica Javier Membrillo, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. “Hay que recordar que el mismo mosquito que transmite el dengue transmite otros virus como el chikunguña o el zika. Y ahora, por ejemplo, sabemos que en Francia en los últimos meses ha habido varios brotes en el sur de Francia, autóctonos de casos de chikunguña”, recalca. Una enfermedad mortal Se trata de la enfermedad infecciosa más mortal de Paraguay. El pasado verano hubo 132 muertos por cada 100 mil contagiados. “Hay cuatro serotipos de dengue, cuatro tipos de dengue. Y cuando pasas la enfermedad por segunda vez, tienes un riesgo más alto de que se produzca una reacción entre los anticuerpos que ha producido frente a la primera infección y la segunda infección, convirtiéndolo en una fiebre hemorrágica”, indica Membrillo. La vacuna tiene una eficacia del 80% contra la fiebre del dengue y gracias a ella hay una reducción del 90% de las hospitalizaciones, según datos oficiales de Paraguay. Será administrada primero a los niños en los municipios con más incidencia. “La vacuna que tenemos actualmente es una vacuna que en los ensayos clínicos ha demostrado una alta eficacia frente a tres de los cuatro serotipos de dengue. El otro de los cuatro serotipos, tenemos menos información, pero es un gran avance teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que, en Paraguay por ejemplo, produce decenas de miles de hospitalizaciones al año, porque a día de hoy no tenemos ningún antiviral con eficacia demostrada frente al dengue. El tratamiento es el de soporte, la reposición con sueros, con transfusiones si hiciesen falta…”, detalla el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

Haití disputará el Mundial de Fútbol 2026. Será el segundo Mundial en la historia de ese país, tras el de Alemania 1974. La dicha invadió las calles de Puerto Príncipe hasta altas horas de la madrugada, un momento raro de comunión en medio de una grave situación de violencia que coincidió con una fecha histórica. Un informe de Ubaldo Bravo. Haití tuvo que jugar su último partido en la isla vecina de Curazao. La selección haitiana logró el pase tras derrotar a Nicaragua por 2-0. El Mundial de Fútbol 2026 se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Desde la isla caribeña, Charilien Jeanvil, cronista deportivo, comentó así para RFI esta clasificación histórica de la selección haitiana de fútbol: "Estamos de fiesta. Este pase al Mundial de Fútbol 2026 tras ganarle a Nicaragua es una hazaña para la selección de fútbol de Haití. Hace unos 50 años que no participábamos en la Copa del Mundo de Fútbol. Además, la clasificación coincidió con una fecha histórica para los haitianos: el 18 de noviembre. Ese día es el aniversario de la batalla de Vertières, una fecha importantísima en la historia de Haití”. Un episodio que, según el politólogo Joseph Harold Pierre, demuestra el poder que tiene la historia para mover voluntades: "El 18 de noviembre de 1803 Haití le ganó una batalla a Francia. Es lo que llamamos la batalla de Vertières. Yo creo que el entrenador lo primero que tuvo que decirles a los jugadores es que un 18 de noviembre cualquier cosa puede pasar en Haití, salvo una: perder una batalla, cualquiera que sea. Esto explica también la determinación del pueblo haitiano de echar para adelante". En medio de una grave situación de inseguridad y violencia que, solamente en este 2025, ha causado el desplazamiento de al menos 1,4 millones de personas, Charilien Jeanvil no perdió la oportunidad de festejar: "Es una gran lección para Haití"  "Hace tiempo no vivíamos una fiesta así en Haití. Estamos en una situación en la que no podemos vivir en paz. Aunque vivimos con miedo, la pasión no ha desaparecido, sobre todo por el fútbol. Desde hace tiempo nos niegan la oportunidad de participar en una Copa del Mundo. Para mí este es un sueño cumplido. Soy consciente de que todo esto contrasta con nuestra realidad, pero, aun así, es algo bueno. Nos trae tranquilidad". La victoria de Haití es un ejemplo también de que "los cambios son posibles cuando se trabaja en equipo", según el politólogo: "Sí, el equipo le dio una gran lección al gobierno y, sobre todo, a Haití en eso de trabajar la capacidad de hacer cosas juntos. El problema en Haití es la acción colectiva. No hay otra idea mejor para luchar contra eso que la idea de equipo. Y ayer tuvimos un equipo que ganó. En cambio, el Consejo Presidencial de la Transición fracasó por otras razones. Una de ellas es que sus miembros no han podido trabajar juntos". El primero y último Mundial de Fútbol que disputó Haití fue en 1974, en la entonces Alemania Occidental.

Las autoridades colombianas revelaron nuevos casos de menores muertos en bombardeos militares recientes, elevando a 15 el número de fallecidos desde agosto en operativos que han generado fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro. María Cristina Rivera, vocera de Unicef en Colombia, expresa a RFI la preocupación de la agencia de la ONU por el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados y los ataques a escuelas y hospitales. La semana pasada, las Fuerzas Armadas de Colombia celebraron haber ejecutado un bombardeo sobre un campamento guerrillero en el que murieron 19 rebeldes, en el departamento amazónico de Guaviare (sur). Sin embargo, el operativo derivó en un escándalo para el presidente Petro. La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos, denunció el sábado que entre las víctimas del ataque del 10 de octubre había siete menores reclutados a la fuerza. El bombardeo destapó más casos hasta entonces desconocidos. Petro añadió este lunes cinco menores más: cuatro muertos en un bombardeo el 1 de octubre en el departamento de Caquetá (sur) y uno más el jueves pasado en Arauca (noreste), en la frontera con Venezuela. Indignación y conmoción Estos hechos han causado indignación y conmoción en Colombia. La estrategia militar del presidente es cuestionada dentro y fuera del país, pues se le acusa de no acatar el derecho internacional humanitario, que exige la protección de menores en conflictos armados. El Instituto Nacional de Medicina Legal precisó que los 15 menores fallecieron entre agosto y noviembre durante operativos de las fuerzas armadas contra disidencias de las FARC en Guaviare, Amazonas y Arauca. María Cristina Rivera, vocera de Unicef en Colombia, expresa a RFI la preocupación de la agencia de la ONU por el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados y los ataques a escuelas y hospitales. “En Unicef hemos dicho que vemos con gran preocupación el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez en el marco del conflicto armado en Colombia. Estas violaciones incluyen el reclutamiento y utilización de niños y niñas, pero también la muerte, el secuestro y los ataques a escuelas y hospitales. Se registra un aumento de estas prácticas desde 2019. El reclutamiento es, sin duda, uno de los problemas más graves y de mayor crecimiento. Muchos de esos menores asesinados en los bombardeos habían sido reclutados por grupos armados y se encontraban en esos campamentos formando parte de dichas estructuras". La Defensoría del Pueblo tiene pruebas de que al menos 123 menores fueron reclutados entre enero y septiembre de este año. Rivera explica cómo operan los grupos armados.  Falsas promesas para reclutar  "En muchas ocasiones los grupos armados utilizan la coerción o la fuerza, pero en otros casos recurren a técnicas de persuasión y falsas promesas. Por ejemplo, ofrecen empleo o mejores condiciones de vida. Sin embargo, una vez reclutados, los niños no pueden salir. También sabemos que, en la mayoría de los casos, estos menores ya habían sufrido previamente otras vulneraciones: falta de acceso a la educación, vivir en zonas de conflicto con pocas oportunidades, entre otras. La mejor forma de prevenir el reclutamiento es garantizar el acceso a los derechos fundamentales y ofrecer oportunidades que permitan desarrollar proyectos de vida lejos de la violencia y de las falsas promesas de estos grupos". El presidente Gustavo Petro aseguró que los operativos respetan el derecho internacional humanitario y que desconocía la presencia de menores en las zonas bombardeadas. La vocera de Unicef recordó el deber del Estado de proteger a los niños: "Sea cual sea la situación, es fundamental tener en cuenta los principios de precaución y de acción sin daño en toda operación militar ofensiva. Los niños deben ser siempre retirados del conflicto armado. El conflicto no debe afectarlos". Este 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, Unicef Colombia alertará sobre la vulnerabilidad de los niños indígenas y afrocolombianos frente al reclutamiento por parte de grupos armados.

En Ecuador, tras el rotundo NO al referéndum del presidente Daniel Noboa, la opositora y ex candidata a la presidencia Luisa González celebró la derrota diciendo que "la patria venció al odio y derrotó a la prepotencia", pero algunos analistas aseguran que el resultado también dejó al descubierto la fragilidad de todo el sistema político del país. Las encuestas aseguraban que Daniel Noboa iba a obtener el apoyo de los ecuatorianos como sucedió en las elecciones de 2024 y 2025 que le dieron la victoria, pero esta vez los ecuatorianos dijeron NO a sus planes de seguridad y rechazaron una nueva Constitución. “El presidente cometió errores en la campaña electoral” Fernando Carrión, investigador de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) en Ecuador, explica a RFI las claves de la derrota: “En primer lugar, yo creo que el presidente cometió algunos errores en la campaña electoral. Por ejemplo, que una de las bases militares iría en Galápagos, que es patrimonio natural de la humanidad, y eso me parece que hizo que muchos jóvenes lo vean como una cosa negativa”. “En segundo lugar, planteó la necesidad de que todo el sistema de salud del seguro social pase al Ministerio de Salud del Gobierno nacional. En tercer lugar, él señaló en una entrevista que no iba a dar las explicaciones de por qué una nueva Constitución hasta el día 16 en la noche, es decir, una vez que se produzcan los resultados. Y eso generó muchísima incertidumbre, sobre todo con gente vinculada a los temas claves que están en la Constitución”, agrega. “Ecuador va a entrar en una crisis muy fuerte” Los ecuatorianos rechazaron una nueva Constitución, dijeron no a reducir el número de congresistas, no a que el Gobierno dejara de financiar los partidos políticos y no a la instalación de bases militares extranjeras. ¿Cómo gobernará Noboa de aquí al término de su mandato en 2029? “Lo que queda claro es que el sistema de representación política en el país está en una crisis muy fuerte. Yo diría que lo que se miró este domingo es que prácticamente, partidos políticos no existen. Lo más complicado va a ser hacia el futuro, el poder establecer políticas de generación de acuerdos”, subraya el analista. “La impresión que tengo es que el Ecuador va a entrar en una crisis muy fuerte. Uno en el ámbito político, como digo, porque no hay partidos políticos. Dos en el tema de seguridad, porque este año vamos a terminar con una tasa de homicidios superior a los 50 homicidios por 100.000 habitantes. Y creo que también el próximo año no será bueno en términos económicos. Según las proyecciones, se estima que el crecimiento de la economía del país del próximo año será de 1.7, 1.8%, lo cual muestra que está muy por debajo de lo que el país necesita”, indica Carrión. La represión que desplegó Noboa contra los manifestantes que pedían el regreso del subsidio al diésel también influyó en el referéndum. En la provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones, el NO recibió entre el 61 y 68%.

En Bolivia, las largas filas para conseguir combustible empiezan a acortarse, señal de que el suministro se está normalizando tras la llegada del nuevo gobierno de Rodrigo Paz, que importó hidrocarburos. Sin embargo, persisten dudas sobre si estas medidas podrán sostenerse en el mediano plazo. Las largas colas de vehículos para cargar combustible comenzaron a reducirse esta semana en Bolivia, tras la llegada al poder del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Su Gobierno logró gestionar compras inmediatas de combustible en el exterior, recurriendo a proveedores de Estados Unidos y a organismos multilaterales. Desde 2023, la falta de dólares le dificultó a la anterior administración del izquierdista Luis Arce importar gasolina y diésel que el Estado vende en el mercado interno a precios subsidiados. El nuevo gobierno de Paz, que se instaló el pasado 8 de noviembre, golpeó las puertas de Estados Unidos, país con el que Bolivia no tenía relaciones desde 2008, y de organismos internacionales para cumplir su promesa de terminar de inmediato con las largas esperas. Los camiones cisterna cargados de combustibles importados empezaron a llegar el domingo, un día después de la juramentación de Paz, desde Perú, Chile, Paraguay y Argentina. La nueva administración no ha informado las modalidades de contratación, la identidad de los proveedores ni los montos económicos de estas compras. Tiene la meta de ingresar a Bolivia, en las próximas semanas, unos 400 camiones por día. ¿Por cuánto tiempo? Sin embargo, persisten dudas sobre si las medidas para salir de la crisis de combustibles serán sostenible a largo plazo. “Lo único que sabemos es que algo de combustible ha entrado a Bolivia y se han reducido las filas en las diferentes estaciones de servicio. O sea, no hay en ese momento, después del cambio de Gobierno, no se pueden ver el desabastecimiento que había. Y esto es porque han hecho algunas gestión de prolongar con un par de traders la entrada de combustible a Bolivia”, considera el especialista en hidrocarburos Álvaro Ríos Roca. “Por el resto, no hay ninguna medida, ningún viso de ninguna medida que esté clara a la vista. Y me imagino que en los próximos dos a cuatro meses tendrán que hacer estas medidas que son mi percepción: un ajuste fiscal, tienen que quitar los subsidios como segunda medida y tercero, tiene que prestarse mucha plata y cambiar y vender muchas empresas públicas. Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo  de la Organización Latinoamericana de Energía, analiza las medidas de fondo para resolver la crisis energética en Bolivia: “Respecto a la privatización, yo creo que más bien lo que hay que hacer es establecer como un criterio, la posibilidad de acompañarse, invitar a la inversión privada que expanda las fronteras de producción más allá de lo que hoy día existen en algunos sectores en Bolivia, entre otras cosas, las explotaciones minerales, pero también la refinería, etcétera”. En cuanto a los subsidios, Rebolledo estima “que primero hay que establecer con claridad por qué se requiere, cuál es la necesidad y comunicar en ese sentido a la opinión pública en esos términos, que esto es una progresión para que se pueda retomar el crecimiento del sector”.  La crisis energética ocasionó en Bolivia la caída del consumo y una notable subida en el costo de la canasta básica familiar; algunos alimentos registraron aumentos de hasta el 30%.

Aunque su gobierno quedó marcado por el fracaso del proceso constituyente, el presidente Gabriel Boric obtuvo avances sociales y destacó en política exterior, especialmente por sus firmes posiciones en defensa de la democracia y los derechos humanos tanto en Venezuela como en Gaza, explica el analista político Guillermo Holzmann.  El presidente de Chile, Gabriel Boric, terminará su mandato en marzo de 2026. La Constitución de ese país no prevé la posibilidad de reelección consecutiva del jefe de Estado. Su administración estuvo caracterizada, justamente, por el proceso constituyente para reformar la Carta Magna heredada de la época de Pinochet. Su fracaso en dos ocasiones en este propósito empañó un gobierno que, desde el comienzo, aspiraba a concretar varias transformaciones después de realizar esa reforma. Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Chile, considera que esa derrota marcó los cuatro años de Boric. "Primero, Boric fundó todos sus proyectos políticos en la aprobación de una nueva Constitución. Esto finalmente no sucede. Segundo, nunca tuvo la capacidad para avanzar en los acuerdos legislativos necesarios que permitiesen impulsar una segunda transición". El balance de su administración, sin embargo, va mucho más allá de las aspiraciones constitucionales. A pesar de todo, Boric se apuntó algunos logros en el frente social, aunque muy lejos de su primera agenda. "Boric también logra avances sociales importantes, como las 40 horas laborales. Hay cambios en la legislación para permitir la inclusión laboral de todos aquellos que tienen diversos puntos de vista sexual, capacidades, etc. También en la defensa de los derechos de los trabajadores, así como una reforma de las pensiones que, aunque no fue lo que él quería, finalmente establece nuevos parámetros respecto del salario mínimo y de qué manera el Estado debe desempeñar un rol solidario a partir del aporte de los propios empresarios". Boric no reconoció la elección de Maduro  En el balance económico, Holzmann señala las acusaciones de corrupción y un crecimiento bajo del PIB que, según afirma, depende de un gasto público muy elevado. En el plano internacional, el analista destaca las firmes posiciones del presidente saliente en defensa de los derechos humanos. "Probablemente, en lo que más se destacó el mandato de Boric fue en el rol que desempeñó a nivel internacional en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Estos puntos se convirtieron en los dos pilares que lo llevaron a criticar la elección de Maduro. Boric, en efecto, no reconoció la elección de Maduro en el proceso electoral del año pasado. En cuanto a los derechos humanos, esto se ve claramente en la posición de Chile sobre Gaza". Durante la 79ª Asamblea General de la ONU, Boric afirmó: "Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad". En el plano doméstico, Holzmann también recuerda las dificultades en materia de seguridad y el uso del estado de excepción para desplegar a las Fuerzas Armadas en el norte de Chile para controlar la inmigración y, en el sur, para detener la acción de grupos violentos.

Este domingo se realiza en Ecuador un referéndum con cuatro preguntas. La más polémica: ¿están los ciudadanos a favor o en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país? Según el presidente Daniel Noboa, estas bases serían una opción para enfrentar la violencia que azota al país. Sin embargo, la experiencia contradice ese argumento, advierte uno de nuestros expertos entrevistados.  El presidente de Ecuador Daniel Noboa al presentar a finales de octubre la manera en que el ejército estadounidense se instalaría en su país en caso de que los ecuatorianos votaran sí a la instalación de bases militares de ese país en su territorio comentó: “Como vemos, siempre quieren tergiversar las cosas. ¡¿Qué le vamos a regalar a los gringos espacio?! Primero, vamos a organizar una consulta”. Para el ex jefe de inteligencia militar de Ecuador, Mario Pazmiño Silva, la propuesta de Noboa tiene las de ganar en el referendo del domingo. "Esta pregunta va a ser mayoritariamente aceptada. Sin embargo, es necesario manifestar que una base militar por sí sola no va a poder resolver el problema de la inseguridad en Ecuador. Lo que sí va a hacer es contribuir con tecnología, inteligencia, equipamiento, para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública ecuatoriana", señaló. El presidente Noboa aseguró que, si se modifica la Constitución, también invitaría a fuerzas militares brasileñas y a la policía europea (Europol). Sin embargo, Estados Unidos sería el más interesado, según Pazmiño Silva: Ecuador, uno de los principales puntos de paso del narcotráfico  "Ante el bloqueo que actualmente existe en el Caribe por el despliegue de la flota militar estadounidense, las organizaciones narcotraficantes han redireccionado sus cargamentos hacia otras rutas. Dos de esos corredores atraviesan el territorio ecuatoriano: el del océano Pacífico y el del Amazonas. Antes de este taponamiento, por Ecuador transitaban aproximadamente 950 toneladas de droga al año; sin embargo, con el cierre parcial del corredor caribeño, se estima que el flujo podría aumentar hasta entre 1.400 y 1.500 toneladas anuales. En otras palabras, mientras Estados Unidos logra contener el tráfico por el norte, el problema se expande por los costados, y Ecuador se consolida como uno de los principales puntos de paso del narcotráfico en la región", explicó. Pero Fernando Carrioni, investigador de FLACSO y experto en seguridad, insiste en que las intervenciones extranjeras no reducen la criminalidad: "Cuando tuvimos nosotros en Ecuador la base militar, la tasa de homicidios pasó de 13 homicidios en 1999 a casi 18 homicidios en el 2009. En otras palabras, no se redujo la violencia. Luego salió la base militar de Manta y se crearon dos bases militares en Colombia. Ese país tiene siete bases militares. En Colombia, del 2021 al 2022 hubo un incremento sostenido del cultivo de coca de 2.600 toneladas. Esto muestra que este tipo de iniciativas no reducen la violencia y tampoco reducen el narcotráfico", sostiene Carrioni. Las ciudades costeras de Manta y Salinas se anuncian como posibles ubicaciones para las bases militares extranjeras.

La "guerra contra el narcotráfico" lanzada por la administración Trump a comienzos de año se ha concentrado en Venezuela, elevando las tensiones entre ambos países. Washington ha sumado al inédito despliegue militar en el Caribe —similar al de conflictos como en Irak y Siria— el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo. Gery J. Hale, experto en políticas antidrogas y ex jefe de inteligencia de la DEA, evoca motivos geoestratégicos que van más allá de la mera lucha contra el narcotráfico. El despliegue militar estadounidense en el Caribe "va más allá de la mera lucha contra el narcotráfico", sostiene Hale. "Es una medida estratégica. Venezuela afecta a los Estados Unidos porque tiene mucha cercanía con Irán. Venezuela le está proporcionando uranio a Irán, y eso es un problema grave. [El gobierno venezolano] también está facilitando la presencia de rusos y chinos en su territorio. Si consideramos la historia, cuando países enemigos de Estados Unidos se han establecido en la región, esto preocupa al gobierno estadounidense porque no sabe si es un primer paso hacia algo más grande", explica el ex jefe de inteligencia de la DEA. Venezuela respondió a estas amenazas con la aprobación de un nuevo plan militar que incluye la movilización de unidades de defensa locales y el fortalecimiento de la preparación nacional ante una posible intervención extranjera. Pero también cabe preguntarse cuál podría ser la reacción de los aliados de Caracas, principalmente Moscú y Pekín. "Es posible que Rusia o China vengan en auxilio de Venezuela. Podrían establecer un embargo, es decir, posicionar buques rusos alrededor de la zona fronteriza marítima de Venezuela para bloquear y confrontar a los estadounidenses. Pero no creo que lo hagan, porque Rusia está muy involucrada en Ucrania. Los rusos están perdiendo muchas tropas, mucho equipo, y no tienen la capacidad en este momento de exportar su maquinaria militar a Venezuela para apoyar a Caracas".  Sin datos sobre el impacto de los ataques de EE. UU. en el Caribe  Desde el inicio de esta operación militar, Washington ha bombardeado 20 embarcaciones y ha asesinado a 76 personas, sin presentar pruebas de que las víctimas estuvieran implicadas en el narcotráfico. A esto hay que añadir que, según datos del propio gobierno estadounidense, Venezuela no produce fentanilo. Además, el país apenas exporta el 5 % de la cocaína que llega a las costas norteamericanas. Por lo tanto, cabe preguntarse si este despliegue de tropas tendrá realmente algún efecto. "Estas políticas solamente se mantendrán durante la presidencia de Donald Trump. Por el momento no hay suficiente información para determinar si estos ataques han logrado reducir el flujo de droga que sale de Venezuela, pero también de Colombia y de América del Sur en general. Hay que esperar y hacer un análisis posterior".  Para el experto, lo que sí queda claro es que Washington lanza un duro mensaje en la región, dirigido especialmente a aquellos países donde presuntamente operan los principales cárteles del narcotráfico.

En la campaña presidencial en Chile la inseguridad ha sido el tema central en los paneles de discusión, el asunto con el que comenzó el último debate televisivo de los candidatos y uno de los que más marca la agenda nacional. Informe de nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Yasna Mussa. Los chilenos eligen presidente este domingo con una exministra de Trabajo comunista y un abogado ultraderechista como favoritos, preocupados sobre todo por la seguridad y la migración irregular, dos temas que le dieron impulso a la derecha. La inseguridad parece ser la materia que más le quita el sueño a los chilenos. Pero, ¿hay razones objetivas para esto? Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y ex director de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior de Chile, dice que hay una diferencia entre "la sensación de inseguridad y los índices reales de delincuencia". Para él, el énfasis en ese tema "tiene que ver con el abuso que hacen los medios de comunicación", pero también "con una pulsión política en el sentido de que la derecha en Chile es una derecha bastante dura que siempre ha utilizado el tema de la seguridad para atacar a los gobiernos de centroizquierda que han habido en el país". Otra percepción que se ha instalado durante esta campaña es que el crimen organizado es un fenómeno importado. A contracorriente de esta idea, Araya piensa que la violencia ligada a este fenómeno también surge en suelo nacional. "En los últimos 20 años en Chile se fue anidando un fenómeno de narcotráfico ligado a bandas nacionales de chilenos que se dedicaron al narcotráfico y que se fueron potenciando y ganando mucho dinero y haciéndose poderosos". Su visión es muy distinta a lo que se ha instalado en los debates presidenciales, donde la mayoría de las posturas apuntan a mano dura y exacerbar el control policial, incluso imitando modelos como los de Nayib Bukele en El Salvador. José Antonio Kast, candidato del partido Republicano apunta en esa línea. El tema de fondo, la población segregada, no se evoca  "Lo primero es que hay que recuperar el control de las cárceles y los narcotraficantes. Los líderes del crimen organizado y los terroristas tienen que saber que van a estar en cárceles de máxima seguridad aislados. En segundo lugar, cerrar nuestras fronteras. Y en tercer lugar, apoyar jurídica y políticamente a nuestras policías y que las autoridades se pongan por delante de cualquier acción que se vaya a realizar" Franco Parisi, candidato independiente con propuestas bastante populistas cree que la seguridad pasa por mayor presencia militar "Vamos a sacar a los militares a la calle con buenas propuestas de ‘buenismo' no se logra". Araya prefiere tomar distancia de los discursos grandilocuentes en época de elecciones, pues para él la inseguridad tiene otras causas. "No veo que haya entre los candidatos grandes propuestas que efectivamente aborden el tema de fondo: es que tenemos a un sector importante de la población que de alguna manera ha ido quedando segregada, ha ido quedando, digamos, postergada en el desarrollo económico, en la inserción laboral. Y son esos niños y jóvenes, ese sector de la población, que si no hacemos prevención y si no generamos oportunidades, van a seguir alimentando las redes de tráfico y de crimen organizado". Las cifras de inseguridad en Chile, comparadas con las de otros países tradicionalmente más violentos, siguen siendo significativamente más bajas. Sin embargo, en la última década se ha registrado un aumento preocupante de los delitos violentos. Los homicidios se han triplicado en este período. Robos con violencia, conocidos como "turbazos", y el secuestro extorsivo han disparado el temor en un país que, pese a todo, continúa siendo uno de los más seguros de América Latina. Además, han surgido nuevas organizaciones criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua. Estos factores han tenido un fuerte impacto en la percepción de inseguridad.

China dio luz verde a su alianza con la empresa estatal chilena Codelco para la extracción del litio en Chile, que resguarda las mayores reservas mundiales del mineral. El visto bueno del regulador antimonopolio del gigante asiático era el último requisito externo, ahora sólo le falta a Chile validar esta alianza que tiene el desafío de conciliar lo económico y lo ambiental. La autorización del país asiático era la última condición necesaria a nivel internacional para materializar la sociedad que permitirá al Estado de Chile ingresar a la explotación del litio. El proyecto inició en 2023, cuando la estatal chilena Codelco anunció la alianza con la empresa privada SQM, que dispone de un cuarto de capital chino. Ahora que recibió el visto bueno del regulador antimonopolio chino, el peso internacional de Chile aumenta a la hora de hablar de nuevas tecnologías. “Para nosotros como Chile, es un mineral estratégico, pero para otros países es un mineral crítico. Esa distinción es importante porque los países lo utilizan en la producción de piezas y parte, por ejemplo, de baterías y en capacidad de almacenamiento. Y a nosotros nos interesa participar en esa discusión a nivel internacional, nos interesa tratar de generar encadenamientos productivos vinculados con el litio, y obviamente buscar asociaciones con aquellos que están llevando adelante esta tecnología, no solamente China, sino también Estados Unidos y muchos países europeos. Creo que es clave en nuestra estrategia de vinculación. Tenemos acuerdos de libre comercio con todos ellos”, explica a RFI el vicepresidente ejecutivo de Corporación de Fomento de la Producción de Chile, José Miguel Benavente. “Puede haber maneras de extracción distintas” Mientras los países ricos piden litio para baterías de autos eléctricos y otros sistemas de almacenamiento de energía renovable, la extracción de este mineral pone en peligro los ecosistemas, como el del Salar de Atacama, que contiene 8,3 millones de toneladas de litio y abastece el 30% de la demanda global. El profesor del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, considera que esta alianza es una oportunidad para una extracción más sostenible: “El hecho de que esté una empresa estatal ayuda a darle validez al modelo. Yo creo que también motiva este resguardo ambiental, que es parte de una estrategia en general, de cómo nosotros pensamos los salares como unidades productivas. Y creo que el cambio fundamental está en decir que puede haber maneras de extracción distintas, que generen impactos menores, más controlados o más mitigados en temáticas ambientales. Y el acuerdo también busca mejorar y aumentar el nivel de producción, aprovechando estas nuevas tecnologías y teniendo más información de cómo puede ser el consumo de agua, el tema energético, pero fundamentalmente el tema del agua con respecto a nuevas técnicas de extracción”, detalla. “Yo creo que el acuerdo trata de balancear todos estos temas, que son temas por sí solo cada uno. Hemos tenido discusiones en Chile para estructurar una estrategia productiva de litio que permita y valide la extracción privada como parte de un modelo de desarrollo”, agrega Castillo. Con esta asociación, Chile recuperaría el liderazgo mundial en la producción de litio, que Australia le arrebató en 2016.

Chile comienza esta semana con la cuenta regresiva ante unas elecciones presidenciales que implican una gran incertidumbre, pues se restituye el voto obligatorio. Y uno de los ejes centrales de estos comicios apunta a las políticas migratorias y el derecho a voto que podrán ejercer aquellos ciudadanos extranjeros que lleven más de cinco años residiendo en el país. En los debates, discursos y programas de los candidatos a la Presidencia de Chile, el tema migratorio aparece como prioritario. La población migrante alcanza un 10% de la población total del país, lo que muchas veces se presenta como una amenaza en discursos xenófobos que se han instalado de manera transversal en el escenario político. El control de la frontera ante todo "Es un discurso centrado en el control de la frontera, asociado a la frontera como un lugar vulnerable por donde penetra el crimen organizado transnacional. Ninguna de las propuestas ha pensado, o al menos en el discurso público, sobre políticas de integración, que es lo que uno esperaría de una mirada estadista", estima María Fernanda Stang, académica en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez. La académica también analiza cómo el voto de los ciudadanos extranjeros residentes en Chile puede influir en los resultados de esta elección, pues comúnmente se relaciona con un voto de derecha liderado por el aumento de la comunidad venezolana. "Bueno, obviamente que eso es una simplificación excesiva. Las personas, primero para poder votar, van a pasar un tiempo en Chile. Durante ese tiempo hay todo un proceso de traducción y del campo político desde el que se viene respecto del campo político en el que uno está llegando. Entonces el clivaje izquierda-derecha, tal como se da en Chile, no es el mismo que ocurre en Venezuela ni en Perú", explica. Un tratamiento "profundamente populista" Alexis Torreblanca es politólogo y coordinador de la plataforma Infomigra, que en redes sociales comparte información y despeja mitos en torno al tema. Según él, "el tratamiento que se le ha dado a la cuestión migratoria ha sido profundamente populista". "Las elecciones antepasadas veíamos que el tema migratorio recién se estaba asomando, y que solamente era utilizado como este mito de que nos íbamos a convertir en Chilezuela. Pero muy a lo lejos no era algo tan presente. Y ahora si revisamos, por ejemplo, los debates presidenciales, vemos que más de la mitad del discurso o de lo que también busca enmarcar los medios de comunicación, giran y se centran en el tema migratorio, dejando de lado todos los otros temas", subraya. Catalina Bosch Carcuro, directora y fundadora de la organización Migrantas, ha vivido en carne propia como persona migrante lo que ella denomina una "utilización" de la clase política. "Como persona migrante siento mucho dolor de cómo se nos utiliza y se nos intenta instrumentalizar en los contextos electorales, en función de esas proyecciones respecto de cómo va a ser el voto mayoritario migrante, y en función de eso hacer el ejercicio de ver si mantengo el derecho o restrinjo el derecho. El ejercicio que debería ser, por último, de tratar de convencer a ese electorado de que tú eres la mejor opción. Es realmente macabra la manera en que se utiliza, cómo se decide y cómo se intenta manipular ese voto migrante", lamenta.

600.000 Venezolanos se han quedado en situación irregular en Estados Unidos tras el vencimiento de su estatus de protección temporal (TPS), concedido por la administración Biden y revocado por Donald Trump. Les permitía permanecer en el país de manera legal al considerarse que no podían regresar a su país natal de manera segura. RFI  abordó con integrantes de ONGs pro-migrantes en Estados Unidos en qué situación se quedan y qué opciones tienen estos cientos de miles de venezolanos. Con entrevistas de Manu Terradillos y Justine Fontaine "La gente (está) muy angustiada, muy desesperada. Si no tienes una petición de asilo, si no tienes ninguna otra opción, tienes el riesgo de ser deportado si te detienen." Wiliam Díaz, fundador de "Casa de Venezuela", una ong que ayuda jurídicamente a migrantes en Estados Unidos, explica el sentimiento de la comunidad venezolana, después de que este viernes 7 de noviembre 250.000 de ellos se quedasen sin su TPS, el estatus de protección temporal. Se unen a los 350.000 que lo perdieron hace unas semanas, tras una victoria judicial de Donald Trump para revocarlo.  En total son 600.000. Algunos aún están protegidos temporalmente, al haber interpuesto previamente una demanda de asilo, o contar con algunos meses más de  permiso de trabajo, pero la gran mayoría se quedan expuestos si deciden quedarse. Rachel Schmidtke es responsable para Latinoamérica de la ONG Refugees International en Estados Unidos: "La mayoría van a quedar sin estatus en Estados Unidos y eso significa que están en una situación muy precaria. Van a perder su permiso para trabajar, entonces no van a poder trabajar de forma digna ni tampoco formal en Estados Unidos y también pueden ser sujetos a la detención. O pueden ser deportados, entonces esas personas ya están en una situación de muy alto riesgo. Esta situación, unida a las agresivas actuaciones de los agentes de ICE, el servicio de inmigración y aduanas, hace que aquellos que permanecen en territorio estadounidense, opten, como cuenta William Díaz, por vivir escondidos: "Nadie quiere estar en redes sociales, nadie quiere declarar a los medios y nadie quiere incluso participar en eventos. Este fin de semana hubo un evento de festividad religiosa tradicional de Venezuela y la asistencia fue muy pobre." Ante la perspectiva de vivir de manera clandestina o ser detenidos, otra solución es abandonar el país antes de verse obligados a hacerlo. Los solicitantes del TPS recibieron esta protección por el riesgo que supone regresar a Venezuela. Rachel Schmidtke explica que en Refugees International se buscan alternativas: "Muchos que no quieren regresar a Venezuela por razones obvias, pero quizás quieren irse a Colombia o a España o a otros países donde (podrían) vivir en una situación más segura, donde tienen familia. Tenemos que empezar a mirar si otros países pueden abrir más rutas legales para estas personas. La ONG Casa de Venezuela trabaja para solicitar que se aplique una Deportación Diferida, para ganar tiempo, pero la administración Trump no parece proclive a otorgar prórrogas. 

El candidato ultraderechista Johannes Kaiser, un diputado de 49 años, está en alza en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas del próximo 16 de noviembre. Los chilenos votarán el próximo 16 de noviembre en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y mientras las izquierdas van unidas arropando a Jeannette Jara, del Partido Comunista y quien lidera las encuestas, las derechas se dividen en tres: Evelyn Matthei en la derecha tradicional, José Antonio Kast en la extrema derecha, y a la derecha de la extrema derecha, Johannes Kaiser, que no para de subir en las encuestas negando el cambio climático. “Entrega datos falsos” “Yo creo que han habido efectos creados, por ejemplo, por volcanes”, fue lo que contestó Johannes Kaiser cuando se le preguntó por las consecuencias de las acciones del hombre sobre el clima. Con este tipo de comentarios el candidato distorsiona el consenso científico sobre el actual cambio climático que está calentando el planeta. Un discurso con el que ha logrado hacerse notar en esta contienda electoral, según Ximena Insunza Corvalán, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile: “Lo más relevante es destacar cómo este discurso negacionista ha ido tomando, entre comillas, fuerza, en las últimas semanas. Porque si usted piensa en un par de meses antes, más bien el fenómeno del cambio climático y del calentamiento global era un fenómeno compartido por todos los candidatos a la Presidencia. Pero ahora encontramos a uno que efectivamente pone en cuestión esto, que es una realidad, que es totalmente innegable. Pero además entrega datos falsos, y yo creo que es algo por lo que hay que ir preocupándose y ponerle mucha atención”, estima la investigadora. ¿Qué chances de ganar? Como con los comentarios que hace sobre la Antártida, el desierto más grande del mundo, del que habla sin fundamentos científicos: “Ha afirmado que, entre el 2020 y el 2021, tuvimos 600 gigatoneladas más que el promedio de hielo concentrado. Entonces los científicos han salido a decir cuál es la proporción correcta, y decir que fue falso lo que ha señalado el candidato. Es bien alarmante, sobre todo pensando en la vulnerabilidad de nuestro país. Chile tiene siete de nueve características de vulnerabilidad”, subraya la experta. Cuando inició su campaña, algunos analistas aseguraban que Johannes Kaiser pronto dejaría la carrera presidencial, pero a unos días de las elecciones, los sondeos lo ubican en el tercer lugar con un 15,6% en las intenciones de voto. De llegar al balotaje, Ximena Insunza Corvalán es optimista en que las fuerzas políticas no lo dejarán llegar al poder: “La verdad es que no me represento ese escenario, pero si llegara a ganar y pasar a segunda vuelta, creo que perdería en el balotaje final. Todavía existen fuerzas políticas al interior de nuestro país que son capaces de parar ciertos y determinados fenómenos que tengan que ver con creencias erróneas sobre nuestra sociedad y sobre todo lo que está aconteciendo en materia ambiental”, concluye.

En Honduras, el próximo 30 de noviembre, se renovarán el Legislativo y la Presidencia. Por un lado, el oficialismo y los opositores se acusan mutuamente de preparar un fraude electoral, y por el otro, la Fiscalía le está quitando autonomía a los órganos electorales. Este ambiente, dice la misión de observación de la OEA, está desestabilizando el proceso electoral y el personal encargado corre peligro. El frágil proceso electoral en Honduras se agravó a finales de octubre con la revelación de audios en los que la consejera del órgano electoral, Cossette López, y el diputado Tomás Zambrano, traman un supuesto fraude electoral. Misión de observación de la OEA Los opositores a su vez señalan a la candidata Rixi Moncada, del partido en el poder, de buscar un fraude electoral. En esta confusión, la Fiscalía se posicionó del lado de la presidenta Xiomara Castro, lo que preocupa a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La misión será clave en este proceso electoral, considera Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “Es bueno que al menos la misión de observación electoral de la OEA ya esté en el país. Puede jugar un rol importante en que, si sigue a tan pocos días de las elecciones habiendo falta de consensos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), pueden instar a que ellos puedan ser como una especie de mediadores para desentrampar todas las cuestiones administrativas”. “En última instancia, ¿utilizar el Consejo Permanente, como se hizo en el caso de Guatemala, no? Que al final fue lo que logró que hubiese una transición pacífica para la toma de posesión de Bernardo Arévalo”, agrega. Amenazas al proceso La misión de la OEA, que lidera el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, llamó a la justicia hondureña a garantizar “la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada de sus funciones”, una acción que sería difícil de cumplir, estima Méndez-Dardón, por vicios al interior de las instituciones hondureñas. “Hay entre siete y 10 denuncias activas en el Ministerio Público que tienen que ver con el proceso electoral. Unas son contra consejeras del Consejo Nacional Electoral, otras son contra incluso miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces es delicado, digamos, que estas denuncias puedan avanzar y que en algún momento puedan incluso entorpecer el proceso”, explica. “Otra amenaza es el mismo Congreso Nacional: la Comisión Permanente del Congreso Nacional tendría un rol activo, lo cual anula un poco ese rol rector y garante que tiene el CNE. Entonces, son muchas las amenazas, pero yo creo que sí hay herramientas diplomáticas, tanto técnicas, por medio de las misiones, pero también políticas, por medio de otros órganos multilaterales”, subraya asimismo. Según las encuestas, hay un empate técnico entre tres candidatos: Rixi Moncada, del oficialismo, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional. 

Los fondos del gobierno federal están bloqueados debido al desacuerdo entre republicanos y demócratas ("shutdown"). En consecuencia, varias agencias han cerrado y hay amenazas de recortes a diversos programas, entre ellos, el de ayuda alimentaria a los más pobres (SNAP) cuyos fondos de funcionamiento podrían reducirse a la mitad, advirtió Trump. Entrevista con Juan Alegría, de Common Pantry, centro de ayuda en Chicago. Cerca de 42 millones de estadounidenses se benefician del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido por sus siglas en inglés como SNAP. La administración de Trump anunció que sus beneficiarios recibirán pagos parciales a partir de este mes de noviembre, aunque la justicia le exige brindar la ayuda completa. A Juan Alegría, de la asociación Common Pantry (“Despensa Común”), no lo sorprendió la decisión de Trump. "Nosotros ya sabíamos que, de una u otra forma, este gobierno iba a tratar de victimizar a la gente más vulnerable, más pobre, más necesitada. En este programa de alimentación hay un fondo preparado específicamente para situaciones como las que estamos enfrentando. Es un fondo al que se puede acceder inmediatamente. Pero ellos han estado diciendo que no existe, que no podían y, sobre todo, que lo que está pasando es por culpa de los demócratas. Pero los demócratas no tienen ningún poder en este momento". Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Diputados, acusó a Trump y a su partido de "instrumentalizar el hambre". Esta es una situación paradójica, pues los más afectados son, sobre todo, los estadounidenses que votaron por Trump hace un año, sostiene Juan Alegría. Los estados republicano del sur son los más afectados  "Esta situación está afectando a los votantes republicanos casi en una forma mayor que a los votantes demócratas, porque los estados del sur son los más necesitados. Estados demócratas como, por ejemplo, California, Nueva York e incluso Illinois, proveen más fondos al gobierno federal de los que reciben en servicios". La administración Trump aseguró que el SNAP tendrá que hacer cálculos para cada estado, pues de los 8.000 millones de dólares solo dispondrá de 5.000 millones. En la asociación de Juan Alegría ya se están preparando para trabajar con menos recursos. "Probablemente un 25% de los fondos públicos, especialmente a nivel federal, se van a agotar al mismo tiempo. La demanda de estos servicios va a aumentar. Ahora vamos a tener que comenzar a restringir un poco para poder abarcar el nivel de demanda que se espera en este tipo de situaciones", concluye Alegría. 

Este 4 de noviembre, el cierre del Gobierno estadounidense, el llamado “shutdown”, cumple 35 días, igualando el más largo de la historia que tuvo lugar en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump. Republicanos y Demócratas no logran un acuerdo para extender el presupuesto gubernamental y las agencias públicas ya se ven afectadas. La ayuda alimentaria, que beneficia a 42 millones de estadounidenses, se reducirá a la mitad por falta de fondos. Son 35 días de cierre de Gobierno, igualando un récord que se va a batir. El presupuesto del Ejecutivo ha expirado y Republicanos y Demócratas no logran un acuerdo en el Capitolio para aprobar una extensión que permita la financiación de las operaciones gubernamentales. Numerosas agencias han detenido total o parcialmente sus operaciones y miles de trabajadores públicos han sido suspendidos temporalmente de su empleo o deben trabajar gratis.  Los demócratas “quieren que este conflicto político persista” Los republicanos tienen la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y todo depende del Senado, donde el partido de Donald Trump cuenta con 53 escaños y necesita siete apoyos, de demócratas o independientes, para aprobar un mayor techo de gasto. Andrés Guilarte es republicano y vicepresidente de Investigación de Opinión de EyesOver US. Cree que los demócratas no mueven ficha porque pueden sacar rédito político: “El votante promedio asume que bueno, si los que están en el poder son los republicanos, hay una leve mayoría que piensa que aquí se tiene que culpar a los republicanos. Pero hay unas elecciones muy importantes en Virginia para el gobernador, en New Jersey para gobernador, y en Nueva York hay elecciones para el alcalde, y creemos que una de las razones por las cuales los demócratas no quieren terminar de abrir el Gobierno, es porque quieren que este conflicto político persista, para ver si eso tiene algún tipo de rédito positivo para ellos. Porque esas tres elecciones están usando esos argumentos también, de que tienen que votar por nosotros porque los republicanos no quieren abrir el Gobierno”. Los republicanos “le están fallando al pueblo americano” La situación podría resumirse así: los republicanos quieren acordar primero la ampliación de presupuesto y luego negociar las demandas demócratas, principalmente en sanidad, y los demócratas quieren llegar primero a un acuerdo sobre sus demandas y después ampliar el presupuesto. Annabel Guillén-Casañas es estratega política demócrata. Piensa que el inmovilismo en el Capitolio viene de que los republicanos no se atreven a negociar sin el visto bueno de Trump. Es momento de poner la política a un lado, y que el Congreso asuma su responsabilidad. Ahora mismo, en la Cámara de Representantes lo que tenemos son sellos de goma. Lo que diga el presidente Trump es lo que el speaker Johnson va a hacer. La responsabilidad mayor está entonces en este momento en el Partido Republicano. Al final del día le están fallando al pueblo americano. Son nuestros congresistas y esos senadores que tienen el poder de ir por encima del presidente y no lo hacen. De momento, se considera que la actual parálisis del Gobierno ha costado al país más de 14.000 millones de dólares.

El 4 de noviembre los habitantes de Nueva York irán a las urnas para elegir a su alcalde. Hay dos favoritos: el ex gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, ex demócrata que va como independiente tras perder las primarias en su antiguo partido, y el joven político Zohran Mamdani. A este candidato de 34 años, que se presenta como migrante, musulmán y socialista, las encuestas le dan la delantera y también aseguran que buena parte de la comunidad latina votará por él. “¡Hola, Nueva York!”: aunque no habla español, Zohran Mamdani se esforzó en este mensaje para llegar al electorado latino de Nueva York. De los 5,1 millones de votantes, el 21,6% es latino. Un voto decisivo En la última encuesta de la Federación Hispana, el 48% de los latinos consultados se inclinan por Mamdani, después aparece Andrew Cuomo con el 24%. El politólogo Juan Corredor de la Universidad de Fordham, en Nueva York, explica a RFI esta simpatía por Mamdani. “Tiene un origen migrante musulmán. Es de Queens, que es mayoritariamente latino y asiático. Mamdani sabe las necesidades de las comunidades migrantes. Entonces ha utilizado una estrategia muy interesante que le ha hablado a diversos sectores de la ciudad”, indica. “El voto latino junto con otros votos van a ser decisivos, sobre todo en la ciudad, donde al menos una de cada tres personas tiene un origen migrante o tiene un origen internacional, si se quiere”, subraya el analista. Reducir las desigualdades Una de las grandes propuestas de Mamdani que cautiva a todos los sectores de la Gran Manzana es la de congelar las rentas a dos millones de inquilinos, pues los costos siguen siendo elevados, aunque los regule la ciudad. “Los alquileres suben exorbitantemente, pueden subir un 15%, 20%, 30% y eso hace que muchas familias no puedan continuar viviendo en estos hogares. Entonces, la manera en la que Mamdani está tratando de cubrir esta política es muy interesante porque uno de los debates que se tiene acá en Nueva York es el hecho de que hay ricos, hay personas no solo millonarias, sino multimillonarias, que no están pagando los suficientes impuestos. Y es quizás esa sensación general, popular en la que de pronto ha crecido mucho Mamdani”, señala el politólogo. Para Corredor, Mamdani estaría nadando a contracorriente al proponer el aumento de los impuestos a los más ricos para fortalecer las finanzas de la Alcaldía neoyorquina: “Recordemos, el votante estadounidense tiende a concebir que el Estado es pequeño, que interviene en muy pocos aspectos, si acaso seguridad, justicia y demás. Confía mucho en el individualismo, y por eso las figuras como Mamdani son controversiales para una parte importante de la población”. “Ahora, esto en Nueva York tiene mayor cabida. Tiene una diversidad cultural intelectual que permite que estas ideas arriben a esta ciudad”, concluye el analista.

Continúan los megaoperativos en Brasil para combatir el crimen organizado. Este jueves fue en Sao Paulo contra el lavado de dinero del “Primeiro Comando da Capital”, la mafia más grande del país. Las cifras del operativo, que terminó con cuatro personas detenidas y otra murió, no se comparan con las del pasado martes en Río de Janeiro que dejó cerca de 121 fallecidos. El objetivo es el mismo, combatir el crimen organizado, pero el método de las autoridades brasileñas cambia según el lugar: mientras más pobre es la zona la policía interviene con más violencia, alerta Paulo Cesar Carbonari, miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Para él, el operativo en Rio de Janeiro del martes y el del jueves en la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, son una clara muestra de esta desigualdad.   “En los dos casos son muy, muy ilustrativos y muy importantes, porque en San Paulo es una operación que se hizo en una región donde no están los pobres, donde están los más ricos del país. En Río la operación de estos días fue en dos de las mayores favelas de la ciudad, donde están millones de personas trabajadoras, pobres, mujeres, jóvenes, sobre todo negras y negros. La situación es muy clara, o sea, no se combate el crimen organizado atacando las poblaciones, las favelas, porque ahí no están los que manejan el dinero del crimen organizado. Por eso cuando ocurre lo que ocurrió en Río de Janeiro, no están combatiendo el crimen organizado, están combatiendo a la población”, se interroga Carbonari. El balance oficial del operativo en Río de Janeiro es de 121 muertos y 113 detenidos, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil. Las familias acudieron a reconocer los cuerpos acomodados a lo largo de una calle. Carbonari alerta que operaciones como la de Río de Janeiro no debería existir. “Hay una decisión del Tribunal Superior Constitucional de Brasil para que se hagan operaciones en las favelas. El Gobierno de Río no respetó ni las reglas elementales, ni la decisión judicial del Tribunal Superior sobre lo que debía hacer, por lo tanto, exigir una investigación justa es necesario para que no se quede en impunidad, agregó”. El operativo de Campinas buscaba cumplir nueve órdenes de detención y once de allanamientos. Uno de los cuatro detenidos era un influencer llamado Eduardo Magrini, que presume un Rolex, regalo de un artista, y que la Fiscalía lo identifica como un miembro importante del Primeiro Comando da Capital. “No es que la policía de Sao Paulo sea mejor que la de Río de Janeiro”, indica Carboneri, quien asegura que las autoridades entran de forma más violenta en comunidades vulnerables, “pero no tan violenta, o sea con otras formas y otras estrategias en -lugares- donde no están los pobres”, aseveró. Cesar Carbonari resaltó que en Brasil falta una estrategia nacional contra el crimen organizado porque son los gobiernos locales los que ordenan los operativos como los dos de esta semana.

El huracán Melissa provocó este miércoles "daños cuantiosos" e inundaciones en Cuba, según el gobierno, tras asolar Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. Contactada por RFI, una damnificada asegura no haber recibido la ayuda anunciada por las autoridades.  Tras su paso por Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles con algo menos de fuerza y vientos máximos sostenidos de 195 km por hora, el más potente en 90 años. Las autoridades cubanas informaron de que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Holguín, Guantánamo y de Santiago de Cuba. Una de ellas es Lisa Liz Issac Reyes. La pudo contactar Marine de la Moissoniere "En este momento me estoy viendo damnificada por el huracán Melissa, que a su paso destruyó mi vivienda y mojó todas mis pertenencias. Se me han roto los equipos. Fue algo desastroso. Ha derribado potes, hay cables en el piso, casas totalmente derruidas. Viviendas con las mamposterías arrancadas", explicaba.  El présidente Miguel Díaz-Canel,  asegura que se desplegaron grupos de apoyo a los damnificados: "Ya se encuentra en la región oriental del país, donde están las provincias que van a ser más afectadas por el huracán, brigadas múltiples para trabajar en la recuperación de los daños que provoquen el huracán". "Ya hay brigadas de la electricidad, brigadas de recursos hidráulicos, brigadas de comunicación y brigadas de la construcción que trabajarán junto a las fuerzas de cada territorio, de manera conjunta, en la recuperación de los daños", dijo Díaz-Canel. El mandatario cubano anunció igualmente ayuda internacional: "También los organismos del Sistema de Naciones Unidas, de manera anticipada, han puesto a disposición del país, un grupo de recursos para la ayuda y la atención a las personas damnificadas". Sin embargo, en Santiago de Cuba, Lisa Liz asegura que no ha recibido ninguna ayuda y que carece de alimentos: "Le voy a decir que el gobierno no le ha dado ninguna atención a la población. La Defensa Civil nunca se acercó a las casas de las personas para saber cómo iban a proteger su vida y sus pertenencias". Lisa Liz cuenta además a RFI como no se trata solo de las viviendas: "En cuanto a la alimentación, no le dieron abastecimiento a la población para que se alimentara bajo el paso del huracán. Simplemente, estamos totalmente desesperados, buscando la manera de recuperar lo poco que podamos para sobrevivir, porque ha sido un momento muy difícil".  En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla, las autoridades locales informaron haber encontrado una decena de cuerpos y seguían buscando a un número indeterminado de desaparecidos. 

Fuerzas de Estados Unidos mataron a 14 presuntos narcotraficantes en un ataque contra cuatro lanchas en el océano Pacífico este martes, lo que eleva a 57 los muertos en este tipo de ataques. Esta campaña antinarcóticos impulsada por Washington plantea numerosos interrogantes sobre su legalidad. Entrevista con Ismene Itoiz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Del ataque —anunciado por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth—, la Marina mexicana rescató a un sobreviviente, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos. Este único sobreviviente se encuentra actualmente bajo custodia mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no está de acuerdo con estos ataques, que —dijo— "se están ampliando peligrosamente en el Pacífico". La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ismene Itoiz explica varias razones para condenar este tipo de operaciones: "Estados Unidos sí puede interceptar la embarcación mientras verifica la información. Pero lo que no contempla la legislación es que se pueda lanzar un ataque. El ataque en sí ya implica otro orden de actividades. Y la información que ha suministrado el secretario de Defensa genera más dudas que certezas. Él habla abiertamente de 14 hombres, pero surgen muchas preguntas: en el video las embarcaciones explotan, pero no sabemos qué pasó con los restos. ¿Quién los recupera? ¿Cómo se estableció que eran efectivamente varones? Insisto, quedan muchas dudas", señala. Otra de las preguntas es qué va a pasar con el sobreviviente. Le preguntamos a la profesora mexicana si este hombre, rescatado por la Marina mexicana, será presentado ante las autoridades nacionales. Subsisten muchas dudas  "Quedaría inicialmente bajo guarda y custodia del gobierno mexicano. Eso es muy claro, porque al ser rescatado por la Armada mexicana —bajo el protocolo que sea—, y considerando que teóricamente provenía de aguas internacionales, ya sea que haya alcanzado el borde de esas aguas o haya entrado en aguas nacionales, queda bajo el resguardo del gobierno mexicano. Luego se debe establecer su condición: de dónde viene, qué estaba haciendo, cuál es su relato, su situación. Así se podría determinar si se le otorga un estatus temporal en México, si fuera extranjero, o qué hacer si fuera mexicano. Pero, insisto, no sabemos exactamente de dónde partieron las embarcaciones. En principio, repito, queda bajo la guarda y custodia del gobierno mexicano", agrega. El gobierno de Donald Trump lanzó a comienzos de septiembre una ofensiva en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas procedentes de Venezuela. Este último ataque es el primero que involucra directamente a la Marina mexicana.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) declaró este lunes que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones de 2023 y descartó suspenderlo de su cargo, luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, anuló el partido que lo llevó al poder. El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla —partido del cual Arévalo fue cofundador— explicó a RFI por qué considera que la orden judicial carece de fundamentos legales. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un nuevo intento de "golpe de Estado" por parte de la fiscalía. La disputa se remonta a 2023, cuando la fiscal general, Consuelo Porras, habría intentado boicotear las elecciones que ganó Arévalo, así como su investidura en enero de 2024. Ahora, la tensión aumenta con una orden judicial que buscaba destituir al presidente, aunque este lunes el Tribunal Electoral rechazó dicha solicitud. Se trataba de una orden emitida por el juez Fredy Orellana, dirigida al tribunal electoral, que afectaba no solo al mandatario socialdemócrata, sino también a su vicepresidenta, a un alcalde y a 23 diputados, todos ellos pertenecientes a Semilla, el partido que está en el punto de mira de la fiscalía. Para el diputado de Semilla, Samuel Pérez, la orden judicial no tiene nada de judicial. "Honestamente, no es una batalla legal. Nosotros tenemos la razón jurídica y constitucional. Sin embargo, somos conscientes de que sí es una batalla política. Parece un intento desesperado, en ocasiones incluso ridículo, de un juez penal. Es el mismo juez penal que ha sido el único kamikaze que se ha atrevido a cometer estas ilegalidades. Está intentando, una vez más, tumbar al gobierno", afirmó. Los acusados no saben de qué los acusan  De haber sido admitida por el Tribunal Electoral, la orden habría impactado de lleno en la política guatemalteca. Habría anulado el partido del presidente y convertido a sus diputados en miembros individuales, en lugar de formar parte de un grupo político en el Congreso. Todo se basa, supuestamente, en un caso de corrupción. Sin embargo, en el partido no saben de qué se les acusa. Este es el caso del propio diputado Samuel Pérez. "Yo estoy personalmente implicado en este caso y, sin embargo, no me han dado acceso al expediente, a pesar de que lo he solicitado por todas las vías. Nadie tiene certeza de cuáles son los supuestos delitos ni cuáles son las supuestas pruebas. Se trata más bien de una posición política para intentar cancelar un partido que ganó la presidencia, que obtuvo espacios en el Congreso, que ganó una alcaldía, pero que incomoda profundamente a un régimen de corrupción e impunidad establecido en Guatemala durante las últimas décadas", concluyó. La Organización de Estados Americanos ha pedido respeto a los resultados de las elecciones de 2023 y fue convocada por el mandatario guatemalteco para una sesión extraordinaria. Desde Semilla esperan que toda esta batalla se resuelva conforme a la ley y la Constitución.

Las negociaciones arancelarias de Estados Unidos con sus vecinos del norte y del sur han quedado tocadas después de que Trump viera un polémico anuncio televisivo en Canadá. El gobierno de Ontario publicaba un video en el que se mostraba al expresidente Ronald Reagan -quien era republicano como Trump- criticar los aranceles hace casi cuarenta años. Trump lo considera falso y decidió el jueves por la noche que cancelaba todas las negociaciones con Canadá. Para Alejandro García, profesor de ciencia política de la Universidad de Toronto, el primer ministro de la ciudad de Ontario calculó mal el impacto de la campaña publicitaria: “Fue un gran promotor de la relación con Estados Unidos. Después cuando vio que con Trump las cosas no iban bien, se convirtió en un gran defensor del libre comercio. Ha expresado sus opiniones muy claras al respecto, y criticado las posiciones proteccionistas del gobierno de Trump. Si quería ayudar a su país, le ha salido el tiro por la culata, pues tocó una cuerda sensible de Trump. El presidente estadounidense es alguien que tiene que ganar y es por ahí por dónde hay que encontrarle el modo”, aseveró García. El profesor Alejandro García cree que la decisión de Trump tendrá un impacto económico inmediato, aunque una guerra comercial total con sus vecinos es difícilmente factible. “De forma inmediata, a Canadá le va a pegar, en el corto plazo, en sus perspectivas de crecimiento y al dólar canadiense. En el largo plazo, no va a ser fácil deshacer una relación comercial que lleva tantos años, ni las líneas de producción son tan fáciles de cambiar”, agregó García. Por su parte, México reaccionó a la decisión del presidente estadounidense con su vecino del norte con optimismo y expectación sobre cómo se desarrolle la situación en Canadá. “Vamos a esperar a ver cómo avanza la relación con Canadá. Y en el caso de México, vamos muy adelantados. Vamos muy bien en la revisión que ellos (Estados Unidos) plantearon de algunos puntos que ellos consideran son barreras al tratado comercial. Nosotros no lo consideramos así”, expresó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.   Cabe recordar que la prórroga que dio Donald Trump para las negociaciones arancelarias termina a principios de noviembre. A esas negociaciones también se suma la renovación del Tratado México - Estados Unidos - Canadá en 2026. Este mes de octubre Donald Trump abrió la posibilidad de sustituirlo por acuerdos bilaterales, aunque los tres países mantienen relaciones económicas muy integradas. 

Lula quiere volver a ser presidente y así lo ha hecho saber este jueves en Indonesia, durante su gira por el sudeste asiático. Pero esto, para los brasileños, no es noticia porque ya se veía venir. Entrevista con Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po en Paris. "Toda la gente ya lo sabía", dice Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po Paris. "Si las cosas siguen como van ahora, Lula sería el favorito en 2026". El presidente brasileño lidera los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre de 2026 tras el choque con Donald Trump, quien lo acusó de "caza de brujas" por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Al igual que ha ocurrido con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, el soberanismo frente a Trump les está dando buenos resultados a Lula. "Las agresiones verbales de Trump ayudan a aquellos que son atacados por él. Y la oposición, que algunas veces se posiciona del lado de Estados Unidos, pierde, porque son declaraciones percibidas como ataques a la soberanía nacional", dice este especialista. La derecha no encuentra sucesor a Bolsonaro La derecha baraja varios nombres para presentar a un candidato de cara al año que viene, pero de momento no parece encontrar a uno tan fuerte como en su día lo fue el ultraconsevador Bolsonaro. Entre los potenciales candidatos están, entre otros, "el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas y el gobernador de Minas Gerais (Romeu Zema, NDLR), otra región muy grande. También están los hijos de Bolsonaro, que son un poco más radicales, y la mujer de Bolsonaro. Todos ellos están en una lucha interna y esto, al final, favorece a Lula", subraya Zicman.  Ni siquiera la reciente controversia sobre la exploración de la petrolera estatal brasileña Petrobras en el Amazonas parece afectar notablemente la imagen de Lula, cuando resta un mes de la conferencia climática de la COP 30, que tendrá lugar precisamente en Brasil. "La naturaleza no es un tema prioritario en las elecciones. Es algo curioso y triste. Para mucha gente en Brasil, lo que más importa son las cuestiones de orden económico. Algunas personas piensan también en otras relacionadas con la democracia, porque tenemos la extrema derecha que amenaza las instituciones. Pero hay poca gente en Brasil que va a votar pensando en el medio ambiente. Aun con los desastres naturales que tenemos en Brasil, esto no es todavía un tema electoral", concluye. Mientras tanto, el presidente brasileño sigue estrechando sus relaciones comerciales con varios países asiáticos tras la guerra arancelaria de Trump. Este año ha viajado a Japón, Vietnam, China y ahora a Indonesia, nuevo socio del grupo económico de los BRICS, con el que también está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Mercosur.

Bolivia reclama ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la retirada de la hoja de coca de la lista de estupefacientes altamente adictivos. Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú, detalló a RFI las razones para sacar la hoja de coca de esa lista y concentrarse más bien en luchar contra la producción y exportación de la cocaína.   El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS está analizando los resultados de dos años de investigaciones sobre la hoja de coca realizadas por un grupo de científicos. Las conclusiones podrían poner fin a lo que el Estado boliviano considera un daño a los derechos, la cultura y la medicina tradicional de su población. La hoja de coca no produce dependencia”, dijo Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Alurralde fue enviado a Ginebra para defender la postura del país frente a la OMS. Desde hace más de seis décadas, la hoja de coca figura en la lista de estupefacientes altamente adictivos de la ONU, al nivel de la cocaína, una clasificación que Bolivia califica de “error histórico”, a raíz de un profundo desconocimiento de los usos ancestrales de esta planta. “Para los pueblos indígenas quechuas, aymaras y algunos amazónicos, la hoja de coca forma parte fundamental de su existencia colectiva”, dice a RFI Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos en Perú. Soberón forma parte de un grupo de investigadores que recientemente publicó un artículo en la prestigiosa revista Science, donde se destaca el valor terapéutico y cultural de la hoja de coca. También se denuncia una estigmatización que ignora la ciencia y la identidad indígena. “La evidencia y los datos indican que, desde todo punto de vista, los ocho millones de ciudadanos indígenas andinos y amazónicos que usan de forma ancestral, desde hace ocho mil años, la hoja de coca no presentan ninguna condición de toxicomanía, adicción, generación de hábito, ni mucho menos”, sostiene Soberón. El investigador estima en 350.000 hectáreas las plantaciones de hoja de coca en la región andina y amazónica, de las cuales bastarían escasamente 50.000 para abastecer el consumo legal. Esto quiere decir que, actualmente, la gran mayoría de las plantaciones se cultiva con fines ilícitos. “Una lucha eficaz para evitar el desvío de sustancias ilícitas y una lucha contra el narcotráfico requieren políticas mucho más claras, inteligentes y focalizadas. Eso es lo que se busca al intentar retirar a la hoja de coca de la lista. Dejemos la cocaína en la lista y hagamos que los esfuerzos se dirijan a evitar la producción de cocaína y su exportación ilegal a los países donde se consume. Lo que hoy en día ocurre es consecuencia de políticas interdictivas muy mal diseñadas”, concluye Soberón. La Comisión de Estupefacientes de la ONU se reunirá en marzo de 2026 para votar sobre la modificación de la lista. De resultar favorable, esto podría abrir nuevas vías de desarrollo comercial y científico, además de suponer un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas.