El Reporte Delfino

Puntarenas amaneció ayer en modo ceremonioso y formal. Honras de Estado por Juan Rafael Mora Porras, José María Cañas Escamilla y José Joaquín Mora Porras, sesión especial de la Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno... todo muy republicano, muy institucional, muy 170 años de la Campaña Nacional. Duró poco. La sesión solemne del Congreso terminó convertida en un hervidero de gritos y abucheos contra diputaciones de oposición. 

Manuel Tovar se fue de Cancillería “con mucha paz”. Cinco días después, la paz viene acompañada de misterio bíblico. Ayer reapareció en X citando Juan 8:32: “Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Nada más. Ni contexto ni explicación ni capítulo siguiente. El hombre pasó de mucha paz a mucha intriga en tiempo récord. 

El viernes cerramos este Reporte pidiendo una cosa muy concreta: la invitación al encuentro de la discordia. Bueno... tres Doritos después un periódico panameño dice que tuvo acceso a la convocatoria original de la dichosa reunión del Escudo de las Américas y resulta que Donald Trump no aparecía en ella.

Manuel Tovar se fue ayer de la Cancillería “con mucha paz”. Mucha. Loable, la verdad, porque la presidenta Laura Fernández lo despidió de manera fulminante, en plena Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, con una acusación que tiene la virtud —para efectos periodísticos— de ser, por una vez en la vida, extraordinariamente concreta. 

Miércoles relativamente tranquilo, de pronto gracias a que por esta semana nos ahorramos la conferencia de prensa de Zapote. Ya saben, la presidenta anda en Colombia diciéndole a De la Espriella que "Costa Rica no va a recibir la basura que usted está limpiando". 

Hay cosas que uno dice a título personal y otras que dice con un ministerio entero detrás. El Ministerio de Seguridad Pública tuvo ayer problemas con ambas. 

Ni modo, nos volvimos a topar con la Corte. Ya sé. Uno pensaría que después de pasar buena parte de setiembre entre presupuestos, cautelares, suplencias y presiones alrededor de la reelección de Julia Varela, Costa Rica nos daría unos días para hablar de otra cosa. Uno sería muy inocente. 

Hay días en que Costa Rica tiene la decencia de escoger una sola polémica y desarrollarla con cierta calma. Ayer no fue uno de esos días. José Miguel Villalobos discute si todavía podían suspenderlo. Fabricio Alvarado enfrenta una nueva denuncia de acoso. La Caja intenta resolver salarios mientras recompone cirugías. Y, en Cuesta de Moras, Nogui Acosta fue captado durante la sesión haciendo, hacia la barra del público, el ya célebre gesto de "lero lero". 

A veces la realidad tiene pésimo sentido del timing. Durante meses el Gobierno ha repetido una historia bastante sencilla sobre la inseguridad: la Policía captura, el Poder Judicial suelta y el país termina atrapado en una especie de carrusel institucional donde los delincuentes entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra. La famosa “puerta giratoria”. El pequeño problema es que ayer el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios a explicar cómo está funcionando realmente el sistema penitenciario y... ejem. Resulta que las cárceles están cada vez más llenas. 

Les adelanté ayer que hoy sí había Reporte y ahora me toca pagar la lengua en pleno feriado, así que empecemos por agradecerle a la clase política nacional que, aun cuando el país entero estaba ocupado descansando y viendo desfiles, hiciera un esfuerzo extraordinario por dejarnos material. Y vaya material...

El jueves pasado les conté que durante la votación para resolver la continuidad de la magistrada Julia Varela circularon en la Asamblea versiones bastante graves sobre presuntas presiones ejercidas para conseguir los siete votos que le faltaban a Pueblo Soberano para impedir que la señora siguiera en su puesto. También les dije que no pensaba meterme ahí: “Hasta no ver papelitos o hasta que nadie ponga la cara para levantar acusaciones concretas, paso de aludirlo en este espacio”, escribí entonces, antes de invocar aquella pieza inmortal del cancionero latinoamericano: “son rumores, son rumores”. Diay. Ayer alguien puso la cara. 

Empecemos por conceder algo importante: doña Laura Fernández tiene un problema real entre manos. Si su Gobierno está preocupado por la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, razones no le faltan precisamente. El miércoles, Fernández anunció que instauraría un sistema de rotación de policías por todo el país para evitar que los funcionarios permanezcan demasiado tiempo arraigados en una misma comunidad y puedan terminar defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional. El problema es que, menos de 24 horas después, el alcance del anuncio empezó a volverse borroso. 

Bueno. Ya pasaron los primeros meses de doña Laura Fernández en Zapote y finalmente tenemos una fotografía bastante buena de cómo la está viendo el país. Espóiler: bien. Bastante bien, de hecho. La más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica le da a la presidenta 64% de valoraciones positivas, contra 25% negativas y 11% regulares. Si la pregunta se hace sobre el Gobierno en general la valoración positiva baja a 59%, pero cuando directamente se consulta si actualmente respaldan o no a la administración, 69% responde que sí.

Bueno. Cuatro meses después volvimos al famoso  Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas y palabra, espero que esta vez a Costa Rica le vaya un poquito mejor. A ver, entremos en materia y los aterrizo. Ayer la Fiscalía General confirmó que recibió una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, presentada por una mujer distinta a la funcionaria que acudió al Ministerio Público el lunes. 

El viernes terminamos una semana particularmente espantosa preguntándonos si las reglas con las que Costa Rica maneja las medidas cautelares siguen respondiendo adecuadamente a la nueva realidad del crimen organizado. No pedimos cárcel automática para nadie (aquí no hemos perdido la cabeza) pero sí dijimos que, después de ver sospechosos desaparecer, jueces investigados por presuntos favorecimientos y decisiones cautelares que cuesta entender, el Poder Judicial tenía mucho que explicar. Bueno. Ayer el propio Poder Judicial empezó a hacerse la misma pregunta. Unas horas después a Corte Plena le tocó discutir una pregunta todavía más elemental: si en 2027 tendrá con qué aplicar las leyes que pretende mejorar. 

Ay, Costa Rica, cómo dueles. El Reporte de hoy viene pesado, así que agárrense. Y si están esperando “ganadores” en el cansino pleito político que abruma al país desde hace rato, les adelanto que no: con lo que hoy les relataré no gana absolutamente nadie; perdemos todos. A ver... hay semanas en que la actualidad nacional decide impartirnos un curso intensivo sobre alguna rama del derecho. Esta semana tocaron (otra vez) las medidas cautelares. Y créanme: nadie matriculó la materia, pero a estas alturas ya estamos todos sentados en el aula. 

Capturar a Diablo tomó casi diez años. Averiguar cuánto logró entrar Diablo al Estado puede resultar bastante más complicado. Y apenas estamos empezando... Hoy, más que nunca, aplica: que Dios nos agarre confesados. 

Arrancamos setiembre con dos jueces y una agente judicial bajo investigación, Diablo todavía haciendo eco desde la cárcel, el OIJ investigándose a sí mismo, Hacienda repartiendo tijera y candados y la Asamblea extendiendo informalmente el fin de semana largo.

Lo adelantamos: el tema Diego Miranda vs. Zapote se las traía. Resulta que el alcalde josefino volvió a la carga este jueves y esta vez decidió subir bastante la apuesta. Mieeeeentras tanto, ojo al Cristo. Estábamos nosotros muy entretenidos a lo interno durante la semana con medio país agarrado de los pelos cuando desde afuera alguien también levantó la ceja.  

Ayer terminamos el Reporte avisando que, por si la guerra San José–Zapote no nos había dejado suficiente material, Teletica se había vuelto a meter al ring con el Gobierno. Tras el mensaje de don Rodolfo González, director de Telenoticias, el panorama cambió. Y lo que anteayer era una escena postcréditos este miércoles se convirtió en película completa. Mientras tanto, ¿recuerdan el tanate de Diego Miranda vs. Jorge Rodríguez vs. Parque La Libertad? Ayer comenté que a ese frente todavía le faltaba mucho tramo. Bueno. Llegó el tramo. 

Como algunos de ustedes recordarán, a inicios de agosto el alcalde josefino Diego Miranda pidió al Gobierno una respuesta nacional ante el crecimiento de la población en situación de calle. Dos días después el Gobierno anunció precisamente una estrategia interinstitucional cuya primera intervención se concentrará en el distrito Merced. Excelente. Pequeñísimo detalle: la Municipalidad de San José no estaba inicialmente incorporada a la mesa, aunque el proyecto piloto se desarrollará precisamente en el cantón central. Miranda reclamó y luego la cosa cruzó de acera y escaló. Además, ayer el director de Telenoticias, Rodolfo González, apareció en la edición estelar para advertir que la reforma al canon que pagan radios y televisoras por utilizar frecuencias públicas podría “poner en peligro la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica”. 

El viernes pasado Uber cumplió 11 años operando en Costa Rica. Once. La plataforma comenzó a ofrecer viajes oficialmente a las 4 de la tarde del 21 de agosto de 2015, aunque para entonces la Fuerza Roja ya había protestado preventivamente contra su llegada. No sirvió de mucho. Dos años después, en agosto del 2017, escribí aquí mismo que seguíamos “sentados en la MISMA galleta del día 1”, propuse que el logo de Uber fuera declarado nuevo escudo de la República Tropical del Cangrejo y pregunté: “¿Tan complicado es proponer una solución viable a un problema que no se va a ir por sí solo?”. Bueno. No se fue por sí solo. Tampoco lo resolvimos. 

Este jueves La Nación publicó dos reportajes que no deben pasar desapercibidos. Son temas densos, sí, pero medulares. El primero tiene que ver con las cuotas que todos los meses trabajadores y patronos pagamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. La otra nota regresó a los famosos $700 millones que Casa Presidencial viene atribuyendo al Poder Judicial. Además,  el diputado José Miguel Villalobos anunció que solicitó separarse temporalmente del Colegio de Abogados y dejará de litigar mientras ejerza como diputado.  

A ver, como el tema del ROP le interesa a una cantidad industrial de gente y entre tantos titulares ayer y hoy quedó aquello más enredado que los audífonos en una gaveta, arranquemos por lo elemental: no, el Gobierno no anunció que ya no se vaya a devolver el ROP. Tampoco anunció que lo vaya a devolver.

Bueno. A ver si entendí. El secretario general del partido de Gobierno salió en televisión a decir que tienen gente “censada políticamente”, que saben quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen. Y después, cuando le preguntaron cómo obtuvo esa información, dijo que no ha tenido acceso a ninguna base de datos. — Freddy, perdón, ¿cómo dice que dijo? 

Bueno, vamos otra vez con la Caja, mi tema eterno. Ya sé, ya sé. Muchos de ustedes esperan abrir el Reporte Delfino y disfrutar de una vez de intrigas palaciegas, diputados diciendo barbaridades y ministros creyéndose protagonistas de Taken. Y entonces yo los recibo con Centro Nacional de Imágenes Médicas. Lo angustiante es que como seguramente ya habrán adivinado el problema con las cosas pendientes no termina en las resonancias... 

Pueblo Soberano perdió ayer por primera vez una votación en este periodo legislativo y no fue por una reforma constitucional, un presupuesto, un crédito internacional ni alguna de esas broncas que normalmente parten un congreso en dos. Fue por Cindy. Ay Cindy, bendita Cindy. ¡Qué personaje! Además, ¿se acuerdan de la tecnología del Mossad? El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, informó oficialmente que Hacienda se encuentra apenas en una “etapa de análisis de alternativas tecnológicas” y que la iniciativa permanece en fase de “exploración y análisis”... 

Tengo una buena noticia para arrancar: cambiar de opinión está permitido. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, ojalá lo recuerden. Lo que sí complica un poquito la jugada es cambiar de opinión en exactamente una semana y, al momento de anunciar el nuevo criterio, aprovechar para recordarle al país que una cosa que jamás podrán reprocharle a uno es ser incoherente.

Hay días que nos regalan noticias que vienen listas para el Reporte. Un ministro se enoja, un diputado monta un zafarrancho, alguien dice una barbaridad en conferencia de prensa y uno simplemente se sienta a escribir. Luego tenemos jornadas como la de este martes, en la que el universo decide regalarnos una disputa sobre las competencias de la Tesorería Nacional, una medida cautelar provisionalísima, la liquidación presupuestaria del Gobierno Central y un fideicomiso. Suave ahí, ¡no se me vayan! Tal vez el Reporte de hoy no será La Odisea en IMAX, pero les prometo que debajo de semejante montaña de palabras diseñadas para inducir el sueño hay temitas muy interesantes a los que deberíamos prestar atención. Recuerden: esta plata es suya. 

Arranquemos subrayando lo obvio: un Estado necesita secretos. No queremos saber dónde duerme un testigo protegido, quién infiltra una organización criminal, qué ruta utilizará una escolta presidencial ni cuáles son las vulnerabilidades detectadas por un cuerpo de inteligencia. Tampoco sería particularmente brillante publicar antes del operativo cuántos policías van, con qué equipo y por dónde piensan entrar. Hasta ahí, creo, podemos ponernos de acuerdo sin demasiado esfuerzo. El asunto se complica cuando la palabra secreto empieza a crecer, crecer y crecer hasta terminar tragándose también presupuestos, ofertas, adjudicaciones, contratos, proveedores y ejecución contractual. Bue... justamente eso ocurrió ayer. 

Bueno, al final los “güichos”, “masoquistas” e “ingenuos” eran bastantillos. Miles de personas se movilizaron ayer en San José y diferentes puntos del país en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la institucionalidad democrática, apenas 24 horas después de que Rodrigo Chaves descalificara por adelantado a quienes pensaban asistir a la convocatoria. Además, mientras miles de personas discutían en la calle sobre límites, controles e independencia de poderes, la Fiscalía General abrió el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para determinar si hubo alguna actuación contraria a la ley en el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal. 

Había bastante material para discutir después de la conferencia: el IVA que ya no se discutió aunque sí se discutió, la pensión que ahora merece una defensa comprensiva y una oposición que supuestamente solo bloquea, y una acusación gravísima contra la administración anterior del propio movimiento político que hoy gobierna. Y zaz: llegó la Asamblea Legislativa y le regaló al Ejecutivo la distracción perfecta. El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya dijo en el plenario que la presidenta “se hace la tontita”. Hay que decirlo con todas las letras: fue una expresión inaceptable. 

El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna. Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. 

Todos conocimos de peques al vecinito pudiente dueño de la bola. Mientras el partido avanzara como él quería, todo era armonía, deporte y sana convivencia. Pero bastaba con que Leito le hiciera un par de fintas y apague y vámonos: bola debajo del brazo, mejenga cancelada y calabaza calabaza cada quien para su casa. Ayer el Gobierno nos ofreció la versión institucional del berrinche, en dos actos perfectamente coordinados. 

Hay una palabra espléndida en ajedrez para describir la situación incómoda en la que un jugador no quisiera mover, porque la posición actual le conviene, pero las reglas lo obligan a hacerlo. Se llama zugzwang. No es jaque mate. No es derrota automática. No significa que la partida terminó. Significa algo más sutil y más cruel: usted tiene turno, tiene piezas, tiene opciones... pero ya no puede quedarse quieto sin pagar un costo.  Pues bien: bienvenidos a la situación de Pueblo Soberano tras un fallo de la Sala Constitucional que cayó ayer por la noche. 

Primero fue “Operación Chiripa”. Luego vinieron las dudas sobre el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales de Justicia. Después apareció la explicación de la Fiscalía: reunión con agentes de la DEA, interés de Estados Unidos en extraditarlo y la diligencia sensible de cooperación internacional. Más tarde, el propio fiscal general reveló que “Diablo” habría dicho espontáneamente que contó durante años con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Y ayer, finalmente, Zapote dio el siguiente paso: pedir que la cúpula judicial vaya a rendir cuentas al congreso.

El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde. Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil. Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA. 

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Si están buscando un reporte entretenido, les adelanto: no será este. Les prometo que esta noche, en Café Para Tres, nos distraeremos un rato con un poco de humor, pero hoy toca saldar una deuda y presentar una entrega en modalidad “cómo se come eso” para atender el bendito tema de los aranceles. 

Endulcemos el café porque hoy hay que matizar un potencial trago amargo. Este miércoles, el Ejecutivo salió a decir algo que ningún gobierno quiere decir en voz alta: necesitamos recaudar más. Lo dijo con otro vocabulario, claro. Habló de combatir la evasión, perseguir facturas falsas, golpear el contrabando, ordenar exoneraciones, fortalecer Tributación, revisar renta, controlar el endeudamiento y “socarse la faja”. Pero el mensaje de fondo es bastante sencillo: al Estado no le alcanza solo con recortar el gasto. 

Este martes la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, en una nueva derivación del larguísimo expediente institucional alrededor del caso Barrenador. También tuvimos a personal técnico del MEP diciéndole a Costa Rica, con más evidencia que pirotecnia, que llevar estudiantes a cárceles para “prevenir” delincuencia juvenil no es precisamente una idea respaldada por la ciencia. 

Ayer tuvimos otro episodio del ya larguísimo pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, otro. Ya sé. A estas alturas uno siente que estamos viendo la temporada 7 de una serie que debió terminar antes de que Daenerys gritara Dracarys sobre la capital de los Siete Reinos. Esta vez, sin embargo, la discusión dejó de estar en el terreno cómodo de las grandes frases y cayó al piso, donde las instituciones más nos duelen, en los servicios concretos. 

Como saben, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió esta semana a cargar contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Patricia Solano Castro. Lo hizo con una frase que, por supuesto, no pasó desapercibida: "Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”. El pulso sumó un nuevo episodio este jueves, cuando doña Patricia compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Feliz jueves, Costa Rica. Agárrense que el Gobierno anunció este miércoles que el 22 de julio presentará su plan para aumentar ingresos fiscales. La presidenta Laura Fernández Delgado adelantó que la propuesta buscará “cobrar mejor los impuestos”, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, retomó el temita sensible de modificar el trato tributario de la canasta básica. Además, ayer también tuvimos otro episodio institucional digno del anuario de anécdotas decembrinas: la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, restringió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos durante la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. 

La Caja Costarricense de Seguro Social volvió ayer a ser noticia por tres frentes distintos que, vistos por separado, parecen temas burocráticos, lejanos y administrativos. Pero vistos juntos dibujan algo bastante más serio: la Caja está atrapada entre presión financiera, bloqueo político y una disputa sobre qué cargas debe seguir administrando. 

El Gobierno anunció ayer que la Policía de Control de Drogas volverá a tener presencia permanente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida implica el regreso de once oficiales especializados de la PCD a la principal terminal aérea del país, incluido un analista antidrogas, después de que durante la administración Chaves, ejem, se redujera esa presencia fija como parte de un criticado cambio en el modelo de vigilancia. 

Buenos días Costa Rica. Cerramos la semana con un tema que, a juzgar por el ruido —precisamente—, tiene a media capital hablando: el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos que impulsa la Municipalidad de San José y que encendió las alarmas de bares, restaurantes, artistas, músicos, DJs, productores de eventos y hasta cámaras empresariales. 

Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente. 

¿Qué pasó este martes? Previsiblemente: no mucho. El sector público de vacaciones, el congreso descansando y el país en modo Messi. Pero siempre algo se mueve y como ayer se movió el “Caso Rocío Alfaro” pues aprovechamos para ponerlos al día. 

La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos. Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas. 

¿Qué pasó ayer? Algo inesperado. Pueblo Soberano se dio cuenta de que no había forma de sostener que encontró un problema concreto con alguno de los 18 candidatos enviados por la Corte Suprema de Justicia para llenar las plazas vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Luego de presentarle a Costa Rica un caleidoscopio de excusas distintas quedó en evidencia que ninguna se sostenía, así que finalmente fueron honestos y aceptaron el verdadero motivo por el cual están aflojándole las roscas a la Sala Constitucional.