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Esta semana, Diego comenta la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves ante la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad por beligerancia política; el papelón de las funcionarias del Inamu, quienes acudieron a la Asamblea Legislativa por el caso de las denuncias contra el director del OIJ; la (esperada) resolución de la Setena sobre las obras en Bahía Papagayo; los resultados del Votómetro del PEN; y los principales acontecimientos de la campaña electoral.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la solución al problema de financiamiento a las licencias de cuido y de la audiencia de Rodrigo Chaves ante la comisión que estudia el pedido del TSE de quitarle su inmunidad. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos las nuevas propuestas de la semana. 

Ayer miércoles el país recibió una buena noticia: la Contraloría General de la República aprobó los ₡2.700 millones que permitirán pagar las licencias de cuido que más de 600 familias llevan esperando desde finales de setiembre. Días atrás, mi querido May, que es más abogado que politólogo y psicólogo me dijo: “la Contraloría podría colgarse de lo que resolvió la Sala para avanzar por ese lado”. Tuvo razón, así lo hicieron. 

Una fase del segundo proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República tendrá escenificación el próximo viernes, cuando el mandatario acuda a la comisión legislativa especial que evalúa el caso. Esta vez no se trata de una acusación penal como la primera, sino de una petición del TSE para determinar si entra a analizar 15 denuncias por beligerancia política de 25 presentadas a la fecha. La beligerancia política no es un delito, es una infracción a las normas establecidas para garantizar la cancha pareja en el juego electoral. Este capítulo es solo parte de la historia de confrontación del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Zapote rechaza abiertamente la imparcialidad que exige la legislación costarricense al gobierno de turno en cada campaña electoral y por ello ha ejecutado una estrategia en dos frentes: por un lado, argumentando una supuesta "mordaza" qué dizque le impide hacer rendición de cuentas y por otro, atacando abiertamente no a los mensajes normativos, sino a los mensajeros que son los magistrados y funcionarios; voces públicas que llaman al cumplimiento de las reglas del fair play de la contienda. Gustavo Román, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE ha sido el último en la mira. Pilar Cisneros lo acusa (formalmente) no solo de beligerancia política, sino que mediáticamente lo exhibe como un funcionario público que goza de privilegios y asegura que ha calificado al mandatario de matón y dictador, aunque nunca haya pronunciado el nombre del presidente Chaves Robles. Por eso, conversamos con Román Jacobo

Para sorpresa de nadie el Ejecutivo sigue sentado en la galleta de no convocar el proyecto de ley requerido para poder avanzar con el pago de las licencias de cuido. El cuento ya lo contamos completo, incluso lo abordé a fondo en el Café Para Tres del viernes pasado. En resumen, por razones incomprensibles, Zapote considera que hay rédito político en tratar de posicionar la idea de que es la Contraloría General de la República la que está atrasando el trámite. 

Esta semana, Diego comenta la ovación que recibió la magistrada del TSE, Eugenia Zamora; la situación que enfrentan las familias que se han quedado sin acceso a las licencias de cuido; y por qué la negativa del Poder Ejecutivo a convocar un proyecto de ley pone en riesgo la ejecución de los recursos adicionales ya aprobados por la Asamblea Legislativa. Además, repasa los principales acontecimientos de la campaña electoral. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la agenda de sesiones extraordinarias, de la negativa del Poder Ejecutivo de solucionar el problema con las licencias de cuido, de la audiencia de la viceministra de Salud sobre la norma técnica de aborto terapéutico, evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos los nuevos proyectos de la semana.

Lo dicho: no hay fondo. El presidente de la república Rodrigo Chaves volvió a usar la conferencia de prensa para pelear con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora. Esta vez la acusó de “amenazar la estabilidad democrática” y de carecer de “coherencia, equidad y respeto a la Constitución”. 

Dos grupos políticos se disputan el favor de los conservadores religiosos que buscan asegurar políticas públicas restrictivas de los llamados valores tradicionales de la sociedad costarricense. Probablemente, no sean los únicos, claro, pero sí los que abiertamente reclaman ser los vehículos político partidario más seguros para llevar adelante la agenda de los conservadores, sean estos evangélicos o católicos. Por ahora, la puja la va ganando el presidente Rodrigo Chaves y su "proyecto continuista" en contra de Fabricio Alvarado y su Nueva República, que está viendo como se le esfuma el capital político que pretendía multiplicar en las elecciones de febrero próximo. ¿Podrá revertirlo? ¿Por qué el mandatario le sirve más a los grupos conservadores y sus propósitos? Lo conversamos con el sociólogo del Observatorio de lo Religioso de la UNA, Alberto Rojas.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del plan piloto de reducción de jornada semanal a 40 horas, del proceso de reelección del magistrado Fernando Castillo Víquez y del mensaje de la presidenta del TSE a Rodrigo Chaves. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. 

Ilegalmente, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acordaron dar por cinco años permiso a una empresa privada para explotar espacios publicitarios en postes de alumbrado eléctrico. La resolución del caso emanó de la Contraloría General de la República tras la presentación de una denuncia anónima. El marco legal vigente prohíbe específicamente colocar anuncios publicitarios en servicios públicos. No obstante, de acuerdo con el gerente general de la CNFL, Luis Fernando Andrés Jacome, el ilegal contrato se hizo porque tenía el visto bueno del presidente de la República quien es cercano del señor Geovanni Vásquez Vega, dueño de Publiex, la empresa que estaba ya explotando esos espacios y que habría prometido a la compañía eléctrica jugosas ganancias de $46 millones en 5 años. Jugosas ganancias ilegales. El mandatario directamente, también habría sido el impulsor de otro negociado, aunque este no fructificó, pues a decir (bajo juramento) del exministro Luis Amador, Rodrigo Chaves habría presionado fuertemente al MOPT y al Banco Interamericano de Desarrollo para que se le cediera a la empresa mexicana Tradeco, el contrato de ampliación de la carretera Barranca-Limonal, que tenía el consorcio H.Solís-La Estrella. De igual forma habría presionado al Banco Nacional primero y al INS después para que le otorgaran garantía al traslado contractual. El Banco Nacional se negó por falta de capacidad financiera de la empresa y el INS hizo lo propio al rechazar extender póliza de seguro al acuerdo: uno de los motivos por los cuales habría sido despedida la anterior presidenta ejecutiva, Mónica Araya. De estos temas conversamos con Christian Campos, reconocido experto en Contratación Administrativa.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, respondió ayer jueves a los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles por medio de una carta pública en la que defendió la independencia y credibilidad del órgano electoral y alertó sobre el riesgo que suponen los ataques del Ejecutivo contra la institucionalidad democrática. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de lo que sigue con la solicitud del TSE de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves; y de los proyectos de ley aprobados durante la semana. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana.

Martes de trámite político con tufo a déjà vu. La Asamblea volvió a abrir expediente para analizar si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, esta vez a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cortesía de las famosas quince denuncias por beligerancia política.

La jornada de ayer estuvo claramente dominada por un nuevo capítulo del eterno reality nacional: Chaves y sus amigos contratistas:  La Nación reportó que la Fiscalía investiga al presidente por presunto peculado, a raíz de las presiones que —según relataron dos exjerarcas— ejerció para que el INS otorgara una garantía millonaria a la constructora mexicana Tradeco. 

Uno de los temas más delicados de abordar, (nunca es propicio el momento, pero menos aún en plena campaña electoral) es el de nuevos impuestos. Todavía tenemos fresco el "trauma social" de la pequeña, acotada e impostergable reforma fiscal del 2018. De modo que cuando el ministro a.i. de Hacienda Luis Antonio Molina tuvo la franqueza de recordarle a los diputados que habría ingresos frescos disponibles en las exoneraciones que tenemos en aguinaldos, salarios escolares y zonas francas, recibió fuerte reprimenda del presidente Rodrigo Chaves, pues lógicamente eso va en contra de la obsesiva narrativa del "gobierno de la continuidad". Pero lo cierto es que nuestra situación fiscal es frágil. Tenemos un débil crecimiento de los ingresos, la deuda con la Caja crece como un gigantesco alud y se mal disimula en las cifras hacendarias y, como todos sabemos, ha venido a menos la capacidad financiera del estado para brindar buenos servicios esenciales. Así que lejos de micrófonos espías y puestas en escena de diversa índole, lo serio es que tenemos problemas que no queremos enfrentar y que cada día, se nos hacen más severos. Por eso conversamos con el economista Ronulfo Jiménez.

 Bueno, sabrán perdonar, pero esta también la cantamos. La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Sala Constitucional declarar inconstitucional el decreto 44.448, firmado por Rodrigo Chaves, Natalia Díaz y William Rodríguez, que modificó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Mientras tanto, el Ejecutivo publicó este jueves la nueva norma técnica sobre aborto terapéutico, restringiendo su aplicación solo a los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo inminente, y eliminando los casos de afectación grave a la salud o de inviabilidad fetal. 

Solicitan de nuevo levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Esta semana Diego habla sobre salud mental, el bochornoso episodio del diputado Alexander Barrantes y la reacción de los arroceros a ese acontecimiento, la solicitud del TSE de levantar la inmunidad a Chaves, así como los principales movimientos del ‘Chop Suey Electoral' de la semana.

Esta semana en Curul en Llamas comentamos las razones por las cuales el TSE no excedió sus competencias al solicitar el levantamiento de la inmunidad al presidente por las investigaciones de beligerancia, las secuelas de la denuncia de abuso sexual contra Fabricio Alvarado, el bochornoso episodio de Alexander Barrantes y el lamentable comentario de Jorge Rojas, quien sugirió que la oposición debe prepararse para el exilio. Además, contestamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. (00:00:00) Intro (00:02:00 TSE solicita levantamiento de inmunidad a Chaves por casos de beligerancia(00:17:09) Denuncia de abuso contra Fabricio Alvarado(00:25:17) El papelón de Alexander Barrantes(00:31:13) Diputado oficialista amenaza con destierro a opositores (00:35:02) Fracasa vía rápida para nuevo proyecto de jornadas de 12 horas (00:39:01) Pregúntele a Lucho(01:00:09) Las mejores y peores propuestas de la semana

Después del papelón del miércoles, el congreso amaneció con el pulso tembloroso y la voz ronca. A falta de catarsis, la jornada del jueves se limitó a los coletazos de la vergüenza. La resaca institucional no dio para mucho más: un oficialismo a la defensiva, una presidencia legislativa intentando conservar algo de decoro y los arroceros recordándole a Alexánder Barrantes que los escándalos no se borran bajando rótulos.  

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

Éramos muchos y parió la abuela. Ayer, el TSE solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles para poder avanzar en la investigación de 15 denuncias acumuladas por beligerancia política. La otra noticia “gorda” del día ya la conocen. Este martes el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José autorizó la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, para que enfrente en Estados Unidos una causa por narcotráfico y asociación delictuosa. 

Diego comenta el inicio de la campaña electoral, con la fallida campaña en redes sociales por parte del Poder Ejecutivo, y los principales movimientos del ‘Chop Suey Electoral' de la semana. 

El miércoles el presidente Chaves le entregó a doña Eugenia Zamora la bandera de la Fuerza Pública. Menos de 24 horas después la Fuerza Pública publicó en sus redes sociales una imagen del presidente tapado con un letrero que decía “Cayó la mordaza”. Así estamos. No fue solo la Fuerza Pública. Por instrucción de Presidencia las redes sociales de buena parte del Ejecutivo se adornaron con la “provocadora” imagen. Pero oh, sorpresa: la movidita no rentó mucho. No habían dado ni las 9:00 a.m. y ya empezaban los despachos digitales, uno tras otro, a cambiar la fotico. 

 El día de ayer el Tribunal Supremo de Elecciones convocó formalmente a la ciudadanía a elecciones, dando inicio oficial a la temporada electoral.  El presidente Chaves asistió al evento y se comportó a la altura, incluso entregando con solemnidad la bandera de la Fuerza Pública a Eugenia Zamora, presidenta del TSE.  Horas después volvió a las andanzas usuales y dedicó media conferencia de prensa a cuestionar, atacar y desacreditar al órgano electoral. No voy a repetir todo lo que dijo pero ya se lo pueden imaginar. 

El TSE aclaró este martes que no le puso una mordaza a Chaves y que le aplica la misma legislación que a las administraciones anteriores. No debería ser necesario salir a explicar eso pero cuando el presidente de la república aparece con un masking tape pegado en la boca que dice “silencio” en cadena nacional pues... no queda de otra. 

Arranco de buen humor esta semana porque ayer se anunció el Procedimiento de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Calle. En otros temas, el presidente aprovechó su última cadena nacional antes de la veda electoral para diay, darse gusto con una de sus aficiones preferidas: basurear al TSE. Insiste con el rollo de la mordaza y de que lo quieren invisibilizar y censurar. Además, ¿adivinen quién espera ponerle fin al drama ramonense de una vez por todas? El PLN, claro que sí. La convocatoria número cien mil para la última asamblea cantonal pendiente de la agrupación quedó pactada para este sábado 4 de octubre. Mientras que, en el PUSC tampoco está muy bonito el ambiente. La dirigencia de Nicoya anunció su ruptura con la campaña presidencial de Juan Carlos Hidalgo, luego de que el hombre expulsara a la diputada Melina Ajoy.

Esta semana Diego comenta los acontecimientos en torno al proyecto de vivienda social La Esperanza en Naranjo, lo que dejó el fallido proceso para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, y el ‘Chop Suey Electoral' de la semana.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del no levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, de la elección del nuevo magistrado de la Sala Tercera, del proyecto que eliminó la condición de juego de azar al billar y la desjudicialización del secreto bancario. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las nuevas propuestas de la semana. 0:00:00 Intro 0:01:35 Chaves mantiene su inmunidad 0:18:27 Eligen magistrado Sala III 0:21:18 Billar deja de ser juego de azar 0:26:00 Desjudicialización del secreto bancario 0:31:20 Pregúntele a Lucho 0:45:55 Las mejores y peores propuestas 

 Lo sucedido en Naranjo en torno al proyecto La Esperanza, inaugurado ayer, no debe alegrar a nadie. Es comprensible que Chaves tuviera prisa por lograr inaugurarlo este miércoles por motivos electorales, pero eso no justifica todo lo que ha rodeado este tema...  Mieeeeentras tanto ayer se registró una de esas situaciones que solo pueden pasar en Costa Rica, dado lo pequeño que es nuestro país. Y para terminar, la inevitable referencia al caso del ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda. 

El lunes en el plenario el oficialismo era una fiesta. Hasta ellos llegó don Fabricio Alvarado, registrándose así un momento memorable, capturado por el fotógrafo John Durán, de La Nación... Por su parte el presidente, por supuesto, celebró ayer martes el resultado de la votación en el plenario y descalificó a quienes votaron por levantarle el fuero, al fiscal general, a Bulgarelli, etc. Mientras que Natalia Díaz, consultada sobre su posición entorno a si se debió levantar la inmunidad a Chaves prefirió no aclarar su postura, incluso restándole importancia al tema. 

El proceso judicial contra Rodrigo Chaves Robles por el supuesto delito de concusión en el caso BCIE-cariñitos, deberá ponerse en pausa hasta que termine su mandato como presidente de la República, tras una decisión insuficiente de 34 legisladores a favor de la continuidad inmediata de la causa. La decisión no fue sorpresiva. Desde días atrás los números no alcanzaban para la mayoría calificada de 38. Los grandes decisores de la jornada -como también se había anticipado- fueron los 6 de Nueva República y 5 de los 9 socialcristianos, algunos de los cuales hasta se burlaron de su propio candidato presidencial por pedirles avalar el levantamiento del fuero. Pero el oficialismo también contó con los votos de los ex aspirantes presidenciales liberacionistas Carolina Delgado y Gilbert Jiménez y con el paso al costado del candidato a la vicepresidencia de Natalia Díaz Quintana, Luis Diego Vargas, quien a la hora de la votación optó por salirse del recinto. Con el analista parlamentario Daniel Calvo conversamos sobre la jornada.

Este lunes, tras una épica jornada en la Asamblea Legislativa, el plenario decidió no levantarle la inmunidad al presidente Chaves por el famoso caso BCIE-Cariñitos. Solo 34 diputaciones votaron a favor y el número mágico era 38, así que les faltaron cuatro votos. Dejemos algo claro desde ya: todo lo que pasó ayer fue democrático. También, por supuesto, político, pero siguiendo las reglas del juego de nuestra democracia. Eso no es menor y hay que rescatarlo antes de pasar la página. 

Esta semana Diego comenta las novedades entorno al Caso BCIE, previo a la votación para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves, así como de los principales aconteceres de la campaña electoral. 

La esperada encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, nos sirve como un primer termómetro riguroso de la campaña electoral 2026. Este estudio científico social, representativo de las opiniones de la ciudadanía costarricense, nos permite conocer no solo el nivel de aprobación y popularidad del presidente Rodrigo Chaves a solo nueve meses de concluir su mandato, sino -muy especialmente- las preferencias electorales de esta radiografía del momento, entre las candidaturas que hasta ahora han oficializado su aspiración de hacerse con la presidencia de la República para el ejercicio 2026-2030. Con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP-UCR lo analizamos en Hablando Claro.

En este Café para Tres Diego comenta los problemas del PLN para completar su asambleas cantonal en San Ramón, la nueva controversia en torno a Enjoy Hotels y su proyecto de Bahía Papagayo (que ahora involucra a Procomer y Minae), los problemas del Cementerio de Extranjeros en San José y lo más relevante de la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves en la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad por el caso BCIE. 

Muy atrás dejamos febrero del 2022 cuando elegimos nuevos alcaldes y alcaldesas municipales representando orgullosos a sus respectivos partidos políticos. En agosto del año pasado la titular del PLN de Buenos Aires, Margoth Mora Navarro, renunció a la agrupación y le dio su adhesión a Rodrigo Chaves. Aunque no hubo mayor alerta, llamó la atención que abandonara al partido que la había llevado al cargo en ese momento, pues los cambios de esa naturaleza (aunque pocos) suelen darse cuando se avecinan las elecciones de gobiernos locales. Pero la cuestión ahora es que en los últimos seis meses -de marzo a hoy- se han producido 12 abandonos para unirse al chavismo. Afectados varios partidos. Tres bajas registran el PLN y el PUSC, dos salidas Unidos Podemos y Progreso Social y una el Liberal, el Republicano y hasta un partido cantonal. Y como si fuera poco, la candidata oficialista anunció que llegarán más alcaldes en la búsqueda, claro, de posibles diputaciones y otras opciones “interesantes” de ascenso político laboral. Por su parte, el vehículo Pueblo Soberano podría ganar mucho con la política de la seducción. Un golpe de efecto de fuerza electoral y de victoria anticipada y también un incremento plausible de recursos económicos de la deuda política en los próximos procesos electorales 2026 y 2028. Para analizar estas variables conversamos con el politólogo Daniel Calvo.

Como se sabe, en una decisión inédita, el Poder Judicial envió la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves al Congreso. También la del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Ahora se debe integrar una comisión legislativa especial que analizará en secreto la petitoria y luego emitirá su recomendación al Plenario. Entre tanto otras tareas neurálgicas siguen su curso. En particular las derivadas de la grave crisis de seguridad y las implicaciones de la violencia homicida que llegó a niveles históricos en 2023 y 2024 y en lo que llevamos del año ya suma 500 asesinatos. Las distintas iniciativas de los tres Poderes de la República sobre esta materia sumaron 43 proyectos y la mitad (22) ya son leyes. Por supuesto, ahora la de mayor impacto es la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, pero aún están pendientes iniciativas para endurecer penas, regular armas, incautar bienes ilícitos y reforzar la cooperación institucional policial. Para poner todos estos temas en perspectiva conversamos con la diputada independiente Gloria Navas.

¿Guerra mediática en Costa Rica? OPA va sobre CR Hoy. Celso pierde recurso tras recurso, Araya va a juicio (¡con Celso!). Natalia baila con Big Boy. Zamora alaba, Camilo denuncia. La Corte manda a Chaves a la Asamblea. Y mientras tanto… la DEA toma nota. 

Hablamos en Buenos Aires con la periodista especializada en música Uschi Levy; en San José con el presidente del Comité Editorial del diario "CR Hoy", Armando González, y en Wimbledon con el periodista de "El País" Alejandro Ciriza

En Haïti, un an après son déploiement, la Mission multinationale d'appui à la sécurité est loin de faire l'unanimité. À Port-au-Prince, de nombreux citoyens expriment leur frustration face à une force qu'ils jugent inefficace, déconnectée des réalités du terrain et incapable d'assurer la sécurité espérée. Pour eux, les résultats concrets peinent à se faire sentir. Johnny, un habitant de Pétion-Ville que notre correspondant Peterson Luxama a interrogé, souligne que les gangs ont même étendu leur influence et conquis de nouveaux territoires au cours des derniers mois. «La situation ne fait que s'aggraver», renchérit Timothé qui pointe du doigt la communauté internationale qui a échoué à ramener le calme dans le pays. D'autres Haïtiens, plus nuancés, estiment en revanche que la mission n'a pas eu les moyens nécessaires pour réussir, entre manque de financement, logistique insuffisante et absence de stratégie claire. Steeve Pierre Luc, étudiant en droit, estime que les policiers kényans ne sont pas à blâmer : «Je salue leur courage car ce sont les seuls à avoir accepté de prendre la tête de cette mission.» Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont à leur disposition, résume le jeune homme. Certaines structures internationales, comme le Bureau intégré des Nations unies, parlent de progrès, aussi modestes soient-ils, et refusent de qualifier cette mission d'échec.   Les Haïtiens pourront bénéficier du TPS jusqu'en février Un juge américain a statué en faveur des Haïtiens bénéficiant du TPS, ce statut de protection temporaire, nous apprend le Miami Herald. Un juge new-yorkais a estimé que «l'administration Trump avait eu tort de raccourcir la durée du TPS de 6 mois». Pour les Haïtiens, il restera donc en vigueur jusqu'en février 2026, comme prévu initialement, ce qui «laisse à plus d'un demi-million de ressortissants haïtiens (...) plus de temps pour se protéger contre la perte de leur permis de travail et de leur protection contre l'expulsion des États-Unis», écrit le quotidien. Des personnes qui, comme le raconte Me Frandley Denis Julien, avocat spécialisé en immigration dans les colonnes du Nouvelliste, possèdent des maisons, ont «des enfants dont certains sont nés aux États-Unis, ont grandi dans ce pays et ne peuvent pas retourner en Haïti parce qu'ils n'y ont aucun attachement, ne le connaissent pas.» Il ne s'agit toutefois que d'un sursis temporaire puisque, comme le précise le Miami Herald, l'administration Trump peut faire appel de cette décision. Et puis de toute façon, le TPS ne devrait pas survivre au-delà de février 2026 car, comme le fait remarquer Me Frandley Denis Julien, toujours dans le Nouvelliste, «l'administration Trump veut expulser le plus de personnes possible». Seule solution selon lui, et encore sans garantie : mettre en avant «les impacts économiques négatifs pour les États-Unis» du départ de tous ces Haïtiens. Il appelle donc à «mobiliser les chambres de commerce».   Le «projet Esther» aux États-Unis Aux États-Unis, la guerre à Gaza a provoqué, depuis son début, en octobre 2023, un mouvement de protestation notamment sur les campus universitaires, avec des manifestations pro-palestiniennes. Donald Trump a d'ailleurs engagé un bras de fer avec certaines universités, comme Harvard. L'administration fédérale l'a encore accusée, ces derniers jours, de violer les droits des étudiants juifs et menace l'établissement de mettre fin aux subventions qu'il reçoit. Tout cela fait partie d'une politique inspirée par une feuille de route : le «Projet Esther», élaboré par la très conservatrice Heritage Foundation, «l'un des groupes de réflexion les plus influents du pays» et qui a des liens avec l'équipe de Donald Trump, explique Quentin Peuron, doctorant à l'Université Lumière Lyon 2 dont la thèse porte sur «le remodelage du Parti républicain sous l'effet de l'infrastructure trumpiste». «La Heritage Fundation considère que tout mouvement pro-palestinien est en réalité une façade pour un réseau de soutien au Hamas», décrypte le chercheur. Face à la répression qui s'abat sur certains campus, des universitaires et des étudiants crient à la censure, et s'attirent les foudres du gouvernement. Plusieurs étudiants étrangers qui avaient participé à des manifestations pro-palestiniennes, ont ainsi vu leur visa annulé. La justice est intervenue plusieurs fois pour défendre la liberté d'expression, chère aux Américains. D'après Quentin Peuron, peu importe pour Donald Trump qui «ne cherchait pas vraiment à obtenir des résultats concrets, mais plutôt à instaurer un climat de peur».   La Cour suprême du Costa Rica demande au Parlement la levée de l'immunité du président C'est du jamais vu dans le pays, écrit La Teja qui souligne que la nouvelle fait la Une de plusieurs médias internationaux. Et il n'y a pas de quoi s'en réjouir, se désole le journal. Rodrigo Chaves est accusé de corruption. Comme l'explique La Republica, il aurait obligé une entreprise qui avait obtenu un contrat avec la présidence, à reverser 32.000 dollars à l'un de ses amis. C'est désormais à l'Assemblée législative de se prononcer. Certains députés interrogés par le journal La Nacion ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils espéraient que Rodrigo Chaves démissionnerait avant. Et ce serait assez bien joué de sa part, analyse La Teja. Rodrigo Chaves a déjà dit qu'il envisageait de renoncer à son poste pour se lancer dans la campagne des législatives de 2026. Lui qui ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle, comptait à la place se faire élire député. S'il démissionnait, il redeviendrait un citoyen comme les autres, explique La Teja, et ce serait donc à la justice ordinaire de le juger. Ce qui prendrait des années. Et s'il est élu député en février 2026, il récupèrera son immunité. Il serait ainsi tranquille pendant au moins quatre ans, poursuit le journal, alors que s'il reste président, son procès aura lieu dans quelques moins tout au plus.   Le journal de la 1ère Les deux leaders du mouvement Trop Violans en Guyane, sont menacés d'interdiction de manifester.

El asesinato de Roberto Samcam ocurrido en nuestro país tiene profundas implicaciones. El militar nicaragüense retirado y reconocido crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se suma a una escalada de ataques contra opositores en el exilio y una demostración más de la creciente ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica. El exmilitar ejecutado con ocho balazos en su propia casa, en Moravia, había denunciado la existencia de células de espionaje de esa dictadura en territorio nacional, circunstancia que sigue encendiendo las alarmas, ya que se suma a la real inseguridad ciudadana y a los claroscuros con que se enfrenta la ola de violencia homicida, y la operación de del crimen organizado, en nuestro país. La ejecución de Samcam, indican las personas expertas, apunta a una operación meticulosa y certera, que evidencia seguimiento, inteligencia de los diferentes responsables del hecho y la planificación de la operación. No podemos ver esto como un hecho aislado, ya que esas mismas condiciones están ejecutando los grupos criminales, dejando a una ciudadanía preocupada, que siente el acecho del peligro en que están las personas, las familias y los sectores productivos. Es por eso por lo que el manejo del tema de seguridad, el clima permanente de polarizar delicados asuntos por parte del Ejecutivo en un enfrentamiento con los otros poderes, el silencio del gobierno de Rodrigo Chaves respecto de este crimen en particular; solo el ministro de Seguridad, Mario Zamora se refirió y evitó pronunciarse acerca de la presencia y las facilidades con que se mueven esas presuntas células de la dictadura. Todos hechos preocupantes Para conjuntar estas dos situaciones conversaremos con José (nombre ficticio por asuntos de protección), comunicador nicaragüense y con la criminóloga, experta en seguridad y crimen organizado, Tania Molina.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Volver a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica. ¿Es esto serio? Con el argumento de que es una opción para mejorar las finanzas públicas, este es un tema que ocupa más pico y pala, para profundizar más allá de los cantos de sirena, que taparía la ilegalidad, la corrupción y la falta de soluciones. Con datos del año 2008, actualizados a valor de hoy, se intenta convencer de que estamos sobre una mina valorada en $3 mil millones, con el claro objetivo de ganar aceptación. Una reciente visita durante la segunda semana de este mes, de diputaciones de Alajuela a la zona de Crucitas, vuelve a poner el foco en una zona que muestra las heridas sociales, económicas, de seguridad y ambientales que no se discuten con la seriedad que requieren. Ni la gira ni el proyecto de ley que se discute y propone convertir ese territorio en un polo de desarrollo, aportan nuevas luces. Esa salida de volver a autorizar esta práctica minera solo nos vuelve a revivir varias preguntas. ¿A qué obedece el súbito interés del gobierno de Rodrigo Chaves de promover la minería química a cielo abierto en Crucitas? ¿Cuáles lecciones aprendimos del fracaso del proyecto minero de Infinito Gold? ¿Es esta una solución para acabar con la presencia masiva de coligalleros, tanto nacionales como los que vienen de Nicaragua? ¿Ganamos el litigio internacional, interpuesto por la empresa canadiense que iba a explotar el oro, como se nos informó? También hay que plantear cómo se atiende, desde la política pública, la actividad de los grupos organizados que extraen, al margen de la ley, gran cantidad de oro del país y sí hay salidas viables en la actualidad para reparar y atender esta desastrosa situación. Para hacer revisión del tema conversaremos con Jorge Lobo, profesor Catedrático, Escuela de Biología, UCR y Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

Security and violent crime are the single most pressing issues on the minds of voters regarding the presidential elections in Costa Rica in February 2026 and so, on The LatinNews Podcast this week, we investigate the causes for these troubles - including inequality and marginalization - and what President Rodrigo Chaves has done to combat this. We discuss the broader trends in the region regarding the elections, Costa Rica's strong identity, Chaves' open admiration for President Bukele in El Salvador and the country's foreign policy plans. Joining us is Mary Fran T Malone, Professor in the Department of Political Science at the University of New Hampshire where she teaches classes on democratization, comparative politics, and Latin American politics. Follow LatinNews for analysis on economic, political, and security developments in Latin America & the Caribbean. Twitter: @latinnewslondon LinkedIn: Latin American Newsletters Facebook: @latinnews1967 For more insightful, expert-led analysis on Latin America's political and economic landscape, read our reports for free with a 14-day trial. Get full access to our entire portfolio.

“Inéditos ataques políticos y criminales asedian al Poder Judicial en detrimento de la calidad de la democracia”. La contundente conclusión del Quinto Informe del Estado de la Justicia de Costa Rica indica que esos embates provienen, en gran medida, del gobierno de Rodrigo Chaves y evidencia una táctica de debilitar las instituciones. Esto es un asunto serio, que nos convoca a una reflexión profunda y con argumentos para lograr desentrañar las intenciones que un clima de hostilidad sistemático provoca, no solo con los perjuicios directos, sino con las afectaciones que nos impactarán como ciudadanía. Bajo ataque, pero resistiendo dada su solvencia probada de años. Sin ser aún un problema estructural, la desconfianza hacia sus funciones ha ido en aumento, tomando como referencia la posición que tenía hace tres años, fecha del informe anterior. Hoy 2 de cada 3 ciudadanos afirman que hay lentitud en su trabajo, pero a pesar de esto se continúa con una cultura permanente de judicializar muchos asuntos. Uno de los puntos fuertes es que recupera y crece su presupuesto, pero debe mejorar su distribución, ya que es desigual dada la sobrecarga en materia penal, delincuencia organizada, y delitos contra la vida que se duplicaron. Ante el aumento de criminalidad y violencia homicida, la Asamblea Legislativa le ha asignado más competencias, pero sin nuevos recursos económicos en temas de seguridad. Es necesario, se señala, que trabaje en coordinación con otras entidades y más de cerca de las personas. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reconoció la objetividad e independencia del estudio, al reconocer que señalan adelantos y desafíos y enfatiza en avances en acceso, eficiencia y legitimidad. Hacemos una revisión de algunos aspectos relevantes del informe, con la coordinadora de este informe, Evelyn Villarreal.

Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura. ¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio. Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos. Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido. El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono. Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.