Podcast appearances and mentions of rodrigo chaves

¡Buenos días Costa Rica! Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Hoy el pinto viene cargado así que entremos en materia de una vez... El lunes 1.° de diciembre dejó esa clase de estampas que solo Costa Rica puede producir: un acto solemne para conmemorar la abolición del Ejército convertido, sin mayor esfuerzo, en una mezcla improbable de telenovela política, TikTok en vivo y miniserie institucional. Todo en la misma plaza, al mismo tiempo y bajo el mismo cielo. 

Esta semana Diego comenta el papelón de la semana, cortesía del diputado oficialista Daniel Vargas Quirós; las secuelas políticas que dejó la subasta del espectro radioeléctrico de la Sutel y los movimientos de la campaña en el Chopsuey Electoral.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de lo que sigue sobre el levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves por beligerancia política, del fracaso de la vía rápida para uno de los proyectos de ley sobre Crucitas y la aprobación del presupuesto nacional 2026. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia (incluyendo varias sobre el tema del espectro radioeléctrico) y repasamos las mejores y peores propuesta de la semana. 00:00:00 Intro00:01:58 Levantamiento de inmunidad a Chaves00:07:35 Fracasa la vía rápida para proyecto de minería en Crucitas00:12:52 Se aprobó el Presupuesto00:21:52 Pregúntele a Lucho01:05:48 Congresista de la semana01:07:12 Las mejores y peores propuestas de la semana

Mucho se ha hablado de que la campaña electoral está muerta. No deja de ser cierto: pasan las semanas y no termina de levantar. Si bien eso aplica a todas las candidaturas hay algunas que están más inertes que otras. La de don Luis Amador, por ejemplo, no ha pasado de la anécdota.  A veces creo que se mandó solo para tener micrófono y poder tirarle a Chaves, pero lo cierto es que cada vez los medios y las redes le dan menos pelota y no ha logrado posicionarse. Así las cosas, cuando ayer le tocaba ir a a dar la cara ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público el hombre hizo las del maestro Oogway y dijo “mi momento ha llegado”. 

Una medida cautelar histórica que generó un sismo mayor, una conferencia presidencial al filo y un pronunciamiento inesperado de la Conferencia Episcopal definieron el miércoles más decisivo del mediático caso de las frecuencias. 

En este episodio me siento con Fernán “Zurdo” Castro, tercera generación de una familia que ha construido la radio en Costa Rica por más de 70 años, y hoy una de las voces más directas y respetadas del medio.Hablamos de lo que está pasando con las concesiones de radio y televisión, el aumento absurdo de los cánones, y cómo todo esto podría dejar fuera a decenas de emisoras y afectar directamente la libertad de expresión en el país.También entramos al conflicto entre el Gobierno de Rodrigo Chaves y varios medios —incluyendo la historia completa de por qué las radios del país están enfrentando una situación sin precedentes.Es una conversación sobre industria, cultura, democracia y sobrevivencia en un sector que ha formado parte de la identidad costarricense por generaciones.Si querés entender qué está pasando realmente detrás del espectro radioeléctrico, este episodio es para vos.

Comprensiblemente el país entero está absorto en la bronca con las frecuencias de radio y televisión. Como ya saben, hoy esa novela firmará un nuevo y muy esperado episodio cuando el presidente Rodrigo Chaves aluda al asunto en su conferencia de prensa semanal. Por lo pronto entonces, me parece prudente esperar a su pronunciamiento antes de volver a aludir al tema en este espacio. Abordemos mientras tanto otros frentes noticiosos paralelos que se movieron ayer, todos ellos de peso. 

En este episodio me siento con Fernán “Zurdo” Castro, tercera generación de una familia que ha construido la radio en Costa Rica por más de 70 años, y hoy una de las voces más directas y respetadas del medio.Hablamos de lo que está pasando con las concesiones de radio y televisión, el aumento absurdo de los cánones, y cómo todo esto podría dejar fuera a decenas de emisoras y afectar directamente la libertad de expresión en el país.También entramos al conflicto entre el Gobierno de Rodrigo Chaves y varios medios —incluyendo la historia completa de por qué las radios del país están enfrentando una situación sin precedentes.Es una conversación sobre industria, cultura, democracia y sobrevivencia en un sector que ha formado parte de la identidad costarricense por generaciones.Si querés entender qué está pasando realmente detrás del espectro radioeléctrico, este episodio es para vos.

Esta semana Diego comenta la calificación del país en el examen internacional que mide si un país es capaz de vigilar la seguridad de su propia aviación civil; el papelón de la semana, cortesía de Catalina Crespo desde Washington, quien decidió magnificar una invitación a tomar café para sumar actores internacionales a la narrativa del Gobierno contra el TSE; los principales acontecimientos de la campaña en el esperado “Chopsuey Electoral”, además de las buenas noticias y las recomendaciones culturales de la semana.

Costa Rica tiene días curiosos, de esos que parecen escritos por un guionista con exceso de imaginación cívica. Ayer disfrutamos de uno para el recuerdo. La tormenta, para quien sabe leer los cielos, se veía venir. El viernes cayó la guillotina de la subasta por las frecuencias de radio y tele y el sábado se despedía de un país entero nuestra adorada Radio Sinfonola. A partir de ahí era cuestión de dejar que la bolita de nieve rodara; la avalancha llegaría sola. 

Esta semana en Curul en Llamas comentamos la reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, así como el incremento en el ausentismo a las sesiones del plenario, por lo que repasamos la lista de congresistas en campaña y quiénes han estado más ausentes desde que inició el periodo electoral. Además, contestamos las preguntas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. 

¿Quién ganó la comparecencia de Rodrigo Chaves?

Bueno, qué jornada. De esas que mezclan política exterior, tensión institucional y silencios que pesan más que las palabras. ¡Entrémole!

Vaya jornadita ¿eh? Pocos hechos nuevos, pero muchos pleitos acumulados. No hubo temblores imprevistos pero sí suficientes refritos como para adobar el Reporte de hoy. Vamos pues. 

Esta semana, Diego comenta la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves ante la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad por beligerancia política; el papelón de las funcionarias del Inamu, quienes acudieron a la Asamblea Legislativa por el caso de las denuncias contra el director del OIJ; la (esperada) resolución de la Setena sobre las obras en Bahía Papagayo; los resultados del Votómetro del PEN; y los principales acontecimientos de la campaña electoral.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la solución al problema de financiamiento a las licencias de cuido y de la audiencia de Rodrigo Chaves ante la comisión que estudia el pedido del TSE de quitarle su inmunidad. Asimismo evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos las nuevas propuestas de la semana. 

Ayer miércoles el país recibió una buena noticia: la Contraloría General de la República aprobó los ₡2.700 millones que permitirán pagar las licencias de cuido que más de 600 familias llevan esperando desde finales de setiembre. Días atrás, mi querido May, que es más abogado que politólogo y psicólogo me dijo: “la Contraloría podría colgarse de lo que resolvió la Sala para avanzar por ese lado”. Tuvo razón, así lo hicieron. 

Una fase del segundo proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República tendrá escenificación el próximo viernes, cuando el mandatario acuda a la comisión legislativa especial que evalúa el caso. Esta vez no se trata de una acusación penal como la primera, sino de una petición del TSE para determinar si entra a analizar 15 denuncias por beligerancia política de 25 presentadas a la fecha. La beligerancia política no es un delito, es una infracción a las normas establecidas para garantizar la cancha pareja en el juego electoral. Este capítulo es solo parte de la historia de confrontación del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Zapote rechaza abiertamente la imparcialidad que exige la legislación costarricense al gobierno de turno en cada campaña electoral y por ello ha ejecutado una estrategia en dos frentes: por un lado, argumentando una supuesta "mordaza" qué dizque le impide hacer rendición de cuentas y por otro, atacando abiertamente no a los mensajes normativos, sino a los mensajeros que son los magistrados y funcionarios; voces públicas que llaman al cumplimiento de las reglas del fair play de la contienda. Gustavo Román, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE ha sido el último en la mira. Pilar Cisneros lo acusa (formalmente) no solo de beligerancia política, sino que mediáticamente lo exhibe como un funcionario público que goza de privilegios y asegura que ha calificado al mandatario de matón y dictador, aunque nunca haya pronunciado el nombre del presidente Chaves Robles. Por eso, conversamos con Román Jacobo

Para sorpresa de nadie el Ejecutivo sigue sentado en la galleta de no convocar el proyecto de ley requerido para poder avanzar con el pago de las licencias de cuido. El cuento ya lo contamos completo, incluso lo abordé a fondo en el Café Para Tres del viernes pasado. En resumen, por razones incomprensibles, Zapote considera que hay rédito político en tratar de posicionar la idea de que es la Contraloría General de la República la que está atrasando el trámite. 

Esta semana, Diego comenta la ovación que recibió la magistrada del TSE, Eugenia Zamora; la situación que enfrentan las familias que se han quedado sin acceso a las licencias de cuido; y por qué la negativa del Poder Ejecutivo a convocar un proyecto de ley pone en riesgo la ejecución de los recursos adicionales ya aprobados por la Asamblea Legislativa. Además, repasa los principales acontecimientos de la campaña electoral. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la agenda de sesiones extraordinarias, de la negativa del Poder Ejecutivo de solucionar el problema con las licencias de cuido, de la audiencia de la viceministra de Salud sobre la norma técnica de aborto terapéutico, evacuamos las preguntas de la audiencia y repasamos los nuevos proyectos de la semana.

Lo dicho: no hay fondo. El presidente de la república Rodrigo Chaves volvió a usar la conferencia de prensa para pelear con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora. Esta vez la acusó de “amenazar la estabilidad democrática” y de carecer de “coherencia, equidad y respeto a la Constitución”. 

Dos grupos políticos se disputan el favor de los conservadores religiosos que buscan asegurar políticas públicas restrictivas de los llamados valores tradicionales de la sociedad costarricense. Probablemente, no sean los únicos, claro, pero sí los que abiertamente reclaman ser los vehículos político partidario más seguros para llevar adelante la agenda de los conservadores, sean estos evangélicos o católicos. Por ahora, la puja la va ganando el presidente Rodrigo Chaves y su "proyecto continuista" en contra de Fabricio Alvarado y su Nueva República, que está viendo como se le esfuma el capital político que pretendía multiplicar en las elecciones de febrero próximo. ¿Podrá revertirlo? ¿Por qué el mandatario le sirve más a los grupos conservadores y sus propósitos? Lo conversamos con el sociólogo del Observatorio de lo Religioso de la UNA, Alberto Rojas.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del plan piloto de reducción de jornada semanal a 40 horas, del proceso de reelección del magistrado Fernando Castillo Víquez y del mensaje de la presidenta del TSE a Rodrigo Chaves. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. 

Ilegalmente, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acordaron dar por cinco años permiso a una empresa privada para explotar espacios publicitarios en postes de alumbrado eléctrico. La resolución del caso emanó de la Contraloría General de la República tras la presentación de una denuncia anónima. El marco legal vigente prohíbe específicamente colocar anuncios publicitarios en servicios públicos. No obstante, de acuerdo con el gerente general de la CNFL, Luis Fernando Andrés Jacome, el ilegal contrato se hizo porque tenía el visto bueno del presidente de la República quien es cercano del señor Geovanni Vásquez Vega, dueño de Publiex, la empresa que estaba ya explotando esos espacios y que habría prometido a la compañía eléctrica jugosas ganancias de $46 millones en 5 años. Jugosas ganancias ilegales. El mandatario directamente, también habría sido el impulsor de otro negociado, aunque este no fructificó, pues a decir (bajo juramento) del exministro Luis Amador, Rodrigo Chaves habría presionado fuertemente al MOPT y al Banco Interamericano de Desarrollo para que se le cediera a la empresa mexicana Tradeco, el contrato de ampliación de la carretera Barranca-Limonal, que tenía el consorcio H.Solís-La Estrella. De igual forma habría presionado al Banco Nacional primero y al INS después para que le otorgaran garantía al traslado contractual. El Banco Nacional se negó por falta de capacidad financiera de la empresa y el INS hizo lo propio al rechazar extender póliza de seguro al acuerdo: uno de los motivos por los cuales habría sido despedida la anterior presidenta ejecutiva, Mónica Araya. De estos temas conversamos con Christian Campos, reconocido experto en Contratación Administrativa.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, respondió ayer jueves a los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles por medio de una carta pública en la que defendió la independencia y credibilidad del órgano electoral y alertó sobre el riesgo que suponen los ataques del Ejecutivo contra la institucionalidad democrática. 

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de lo que sigue con la solicitud del TSE de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves; y de los proyectos de ley aprobados durante la semana. Asimismo evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana.

Martes de trámite político con tufo a déjà vu. La Asamblea volvió a abrir expediente para analizar si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, esta vez a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cortesía de las famosas quince denuncias por beligerancia política.

La jornada de ayer estuvo claramente dominada por un nuevo capítulo del eterno reality nacional: Chaves y sus amigos contratistas:  La Nación reportó que la Fiscalía investiga al presidente por presunto peculado, a raíz de las presiones que —según relataron dos exjerarcas— ejerció para que el INS otorgara una garantía millonaria a la constructora mexicana Tradeco. 

Uno de los temas más delicados de abordar, (nunca es propicio el momento, pero menos aún en plena campaña electoral) es el de nuevos impuestos. Todavía tenemos fresco el "trauma social" de la pequeña, acotada e impostergable reforma fiscal del 2018. De modo que cuando el ministro a.i. de Hacienda Luis Antonio Molina tuvo la franqueza de recordarle a los diputados que habría ingresos frescos disponibles en las exoneraciones que tenemos en aguinaldos, salarios escolares y zonas francas, recibió fuerte reprimenda del presidente Rodrigo Chaves, pues lógicamente eso va en contra de la obsesiva narrativa del "gobierno de la continuidad". Pero lo cierto es que nuestra situación fiscal es frágil. Tenemos un débil crecimiento de los ingresos, la deuda con la Caja crece como un gigantesco alud y se mal disimula en las cifras hacendarias y, como todos sabemos, ha venido a menos la capacidad financiera del estado para brindar buenos servicios esenciales. Así que lejos de micrófonos espías y puestas en escena de diversa índole, lo serio es que tenemos problemas que no queremos enfrentar y que cada día, se nos hacen más severos. Por eso conversamos con el economista Ronulfo Jiménez.

 Bueno, sabrán perdonar, pero esta también la cantamos. La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Sala Constitucional declarar inconstitucional el decreto 44.448, firmado por Rodrigo Chaves, Natalia Díaz y William Rodríguez, que modificó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Mientras tanto, el Ejecutivo publicó este jueves la nueva norma técnica sobre aborto terapéutico, restringiendo su aplicación solo a los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo inminente, y eliminando los casos de afectación grave a la salud o de inviabilidad fetal. 

Solicitan de nuevo levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Esta semana Diego habla sobre salud mental, el bochornoso episodio del diputado Alexander Barrantes y la reacción de los arroceros a ese acontecimiento, la solicitud del TSE de levantar la inmunidad a Chaves, así como los principales movimientos del ‘Chop Suey Electoral' de la semana.

Esta semana en Curul en Llamas comentamos las razones por las cuales el TSE no excedió sus competencias al solicitar el levantamiento de la inmunidad al presidente por las investigaciones de beligerancia, las secuelas de la denuncia de abuso sexual contra Fabricio Alvarado, el bochornoso episodio de Alexander Barrantes y el lamentable comentario de Jorge Rojas, quien sugirió que la oposición debe prepararse para el exilio. Además, contestamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. (00:00:00) Intro (00:02:00 TSE solicita levantamiento de inmunidad a Chaves por casos de beligerancia(00:17:09) Denuncia de abuso contra Fabricio Alvarado(00:25:17) El papelón de Alexander Barrantes(00:31:13) Diputado oficialista amenaza con destierro a opositores (00:35:02) Fracasa vía rápida para nuevo proyecto de jornadas de 12 horas (00:39:01) Pregúntele a Lucho(01:00:09) Las mejores y peores propuestas de la semana

Después del papelón del miércoles, el congreso amaneció con el pulso tembloroso y la voz ronca. A falta de catarsis, la jornada del jueves se limitó a los coletazos de la vergüenza. La resaca institucional no dio para mucho más: un oficialismo a la defensiva, una presidencia legislativa intentando conservar algo de decoro y los arroceros recordándole a Alexánder Barrantes que los escándalos no se borran bajando rótulos.  

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

Diego comenta el inicio de la campaña electoral, con la fallida campaña en redes sociales por parte del Poder Ejecutivo, y los principales movimientos del ‘Chop Suey Electoral' de la semana. 

Esta semana Diego comenta los acontecimientos en torno al proyecto de vivienda social La Esperanza en Naranjo, lo que dejó el fallido proceso para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, y el ‘Chop Suey Electoral' de la semana.

El proceso judicial contra Rodrigo Chaves Robles por el supuesto delito de concusión en el caso BCIE-cariñitos, deberá ponerse en pausa hasta que termine su mandato como presidente de la República, tras una decisión insuficiente de 34 legisladores a favor de la continuidad inmediata de la causa. La decisión no fue sorpresiva. Desde días atrás los números no alcanzaban para la mayoría calificada de 38. Los grandes decisores de la jornada -como también se había anticipado- fueron los 6 de Nueva República y 5 de los 9 socialcristianos, algunos de los cuales hasta se burlaron de su propio candidato presidencial por pedirles avalar el levantamiento del fuero. Pero el oficialismo también contó con los votos de los ex aspirantes presidenciales liberacionistas Carolina Delgado y Gilbert Jiménez y con el paso al costado del candidato a la vicepresidencia de Natalia Díaz Quintana, Luis Diego Vargas, quien a la hora de la votación optó por salirse del recinto. Con el analista parlamentario Daniel Calvo conversamos sobre la jornada.

Esta semana Diego comenta las novedades entorno al Caso BCIE, previo a la votación para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves, así como de los principales aconteceres de la campaña electoral. 

La esperada encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, nos sirve como un primer termómetro riguroso de la campaña electoral 2026. Este estudio científico social, representativo de las opiniones de la ciudadanía costarricense, nos permite conocer no solo el nivel de aprobación y popularidad del presidente Rodrigo Chaves a solo nueve meses de concluir su mandato, sino -muy especialmente- las preferencias electorales de esta radiografía del momento, entre las candidaturas que hasta ahora han oficializado su aspiración de hacerse con la presidencia de la República para el ejercicio 2026-2030. Con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP-UCR lo analizamos en Hablando Claro.

En este Café para Tres Diego comenta los problemas del PLN para completar su asambleas cantonal en San Ramón, la nueva controversia en torno a Enjoy Hotels y su proyecto de Bahía Papagayo (que ahora involucra a Procomer y Minae), los problemas del Cementerio de Extranjeros en San José y lo más relevante de la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves en la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad por el caso BCIE. 

Muy atrás dejamos febrero del 2022 cuando elegimos nuevos alcaldes y alcaldesas municipales representando orgullosos a sus respectivos partidos políticos. En agosto del año pasado la titular del PLN de Buenos Aires, Margoth Mora Navarro, renunció a la agrupación y le dio su adhesión a Rodrigo Chaves. Aunque no hubo mayor alerta, llamó la atención que abandonara al partido que la había llevado al cargo en ese momento, pues los cambios de esa naturaleza (aunque pocos) suelen darse cuando se avecinan las elecciones de gobiernos locales. Pero la cuestión ahora es que en los últimos seis meses -de marzo a hoy- se han producido 12 abandonos para unirse al chavismo. Afectados varios partidos. Tres bajas registran el PLN y el PUSC, dos salidas Unidos Podemos y Progreso Social y una el Liberal, el Republicano y hasta un partido cantonal. Y como si fuera poco, la candidata oficialista anunció que llegarán más alcaldes en la búsqueda, claro, de posibles diputaciones y otras opciones “interesantes” de ascenso político laboral. Por su parte, el vehículo Pueblo Soberano podría ganar mucho con la política de la seducción. Un golpe de efecto de fuerza electoral y de victoria anticipada y también un incremento plausible de recursos económicos de la deuda política en los próximos procesos electorales 2026 y 2028. Para analizar estas variables conversamos con el politólogo Daniel Calvo.

Como se sabe, en una decisión inédita, el Poder Judicial envió la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves al Congreso. También la del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Ahora se debe integrar una comisión legislativa especial que analizará en secreto la petitoria y luego emitirá su recomendación al Plenario. Entre tanto otras tareas neurálgicas siguen su curso. En particular las derivadas de la grave crisis de seguridad y las implicaciones de la violencia homicida que llegó a niveles históricos en 2023 y 2024 y en lo que llevamos del año ya suma 500 asesinatos. Las distintas iniciativas de los tres Poderes de la República sobre esta materia sumaron 43 proyectos y la mitad (22) ya son leyes. Por supuesto, ahora la de mayor impacto es la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, pero aún están pendientes iniciativas para endurecer penas, regular armas, incautar bienes ilícitos y reforzar la cooperación institucional policial. Para poner todos estos temas en perspectiva conversamos con la diputada independiente Gloria Navas.

¿Guerra mediática en Costa Rica? OPA va sobre CR Hoy. Celso pierde recurso tras recurso, Araya va a juicio (¡con Celso!). Natalia baila con Big Boy. Zamora alaba, Camilo denuncia. La Corte manda a Chaves a la Asamblea. Y mientras tanto… la DEA toma nota. 

Hablamos en Buenos Aires con la periodista especializada en música Uschi Levy; en San José con el presidente del Comité Editorial del diario "CR Hoy", Armando González, y en Wimbledon con el periodista de "El País" Alejandro Ciriza

El asesinato de Roberto Samcam ocurrido en nuestro país tiene profundas implicaciones. El militar nicaragüense retirado y reconocido crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se suma a una escalada de ataques contra opositores en el exilio y una demostración más de la creciente ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica. El exmilitar ejecutado con ocho balazos en su propia casa, en Moravia, había denunciado la existencia de células de espionaje de esa dictadura en territorio nacional, circunstancia que sigue encendiendo las alarmas, ya que se suma a la real inseguridad ciudadana y a los claroscuros con que se enfrenta la ola de violencia homicida, y la operación de del crimen organizado, en nuestro país. La ejecución de Samcam, indican las personas expertas, apunta a una operación meticulosa y certera, que evidencia seguimiento, inteligencia de los diferentes responsables del hecho y la planificación de la operación. No podemos ver esto como un hecho aislado, ya que esas mismas condiciones están ejecutando los grupos criminales, dejando a una ciudadanía preocupada, que siente el acecho del peligro en que están las personas, las familias y los sectores productivos. Es por eso por lo que el manejo del tema de seguridad, el clima permanente de polarizar delicados asuntos por parte del Ejecutivo en un enfrentamiento con los otros poderes, el silencio del gobierno de Rodrigo Chaves respecto de este crimen en particular; solo el ministro de Seguridad, Mario Zamora se refirió y evitó pronunciarse acerca de la presencia y las facilidades con que se mueven esas presuntas células de la dictadura. Todos hechos preocupantes Para conjuntar estas dos situaciones conversaremos con José (nombre ficticio por asuntos de protección), comunicador nicaragüense y con la criminóloga, experta en seguridad y crimen organizado, Tania Molina.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Volver a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica. ¿Es esto serio? Con el argumento de que es una opción para mejorar las finanzas públicas, este es un tema que ocupa más pico y pala, para profundizar más allá de los cantos de sirena, que taparía la ilegalidad, la corrupción y la falta de soluciones. Con datos del año 2008, actualizados a valor de hoy, se intenta convencer de que estamos sobre una mina valorada en $3 mil millones, con el claro objetivo de ganar aceptación. Una reciente visita durante la segunda semana de este mes, de diputaciones de Alajuela a la zona de Crucitas, vuelve a poner el foco en una zona que muestra las heridas sociales, económicas, de seguridad y ambientales que no se discuten con la seriedad que requieren. Ni la gira ni el proyecto de ley que se discute y propone convertir ese territorio en un polo de desarrollo, aportan nuevas luces. Esa salida de volver a autorizar esta práctica minera solo nos vuelve a revivir varias preguntas. ¿A qué obedece el súbito interés del gobierno de Rodrigo Chaves de promover la minería química a cielo abierto en Crucitas? ¿Cuáles lecciones aprendimos del fracaso del proyecto minero de Infinito Gold? ¿Es esta una solución para acabar con la presencia masiva de coligalleros, tanto nacionales como los que vienen de Nicaragua? ¿Ganamos el litigio internacional, interpuesto por la empresa canadiense que iba a explotar el oro, como se nos informó? También hay que plantear cómo se atiende, desde la política pública, la actividad de los grupos organizados que extraen, al margen de la ley, gran cantidad de oro del país y sí hay salidas viables en la actualidad para reparar y atender esta desastrosa situación. Para hacer revisión del tema conversaremos con Jorge Lobo, profesor Catedrático, Escuela de Biología, UCR y Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.