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En el 2001, Álvaro Ramos Chaves logró la nota perfecta de 800 puntos en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Ingreso a estudiar Economía. Igual tuvo nota perfecta alcanzó para estudiar su doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Así de contundente es su determinación y, la de sus padres, por superar las propias condiciones, ya que nació con discapacidad auditiva (hipoacusia severa). Se comunica con audífonos y con el reconocimiento de patrones e inteligencia analítica. Su vida como funcionario público -por la que profesa pasión- ha sido prolífica: como director general y viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda durante la administración Chinchilla Miranda; luego como investigador del Banco Central, hasta junio de 2015, cuando fue nombrado Superintendente de Pensiones. Cinco años después fue designado como perito en financiamiento de protección social en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza; cargo al que renunció para regresar al país en el 2022 a solicitud del entonces presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, para ocupar la presidencia ejecutiva de Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS; cargo del que fue defenestrado apenas cinco meses después. Ahora como candidato presidencial electo con solvencia en la convención de este domingo de Liberación Nacional, liderará a esa agrupación para enfrentar los desafíos de un proceso electoral, sin duda alguna, histórico para el país. Para analizar la jornada de este domingo y los retos por venir, conversaremos con el politólogo, Roberto Gallardo.

El Caso Barrenador dio un nuevo giro ayer jueves: la Junta Directiva de la CCSS decidió anular el proceso licitatorio de los Ebáis. Miiiiiieeentras tanto, en el Salón de la Malicia, atestiguamos una sesión todavía más polarizante y descontrolada de lo previsto. Se los resumo así: Dinora Barquero Barquero (PLN) llamó chuchinga a Daniel Vargas Quirós (PPSD) y el hombre le gritó “vieja bruja”. Palabra, eso pasó.

El gran tema de la jornada, sin duda, fue la bendita marcha que durante meses promovió Chaves en su cadena semanal para pedir la renuncia del fiscal general, Carlos Díaz Sánchez.

 Lunes tranqui así que vamos con una edición especial del reporte pues hay varios temas a los que no me gustaría que les perdiéramos la pista.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de las recomendaciones de la OCDE a Costa Rica, del bloqueo improductivo en el que se encuentra sumido el plenario, y del avance del proyecto para eliminar la presidencia ejecutiva de la Caja. También hablamos del cobro judicial que se hará contra la exdiputada Ivonne Acuña y de las aspiraciones a la presidencia del Congreso. Finalmente evacuamos las consultas de la audiencia y repasamos las mejores y peores propuestas de la semana. 00:00 Intro02:20 Recomendaciones de la OCDE17:16 Plenario entrabado23:41 Proyecto para eliminar presidencia ejecutiva de la Caja26:41 Cobro judicial a Ivonne Acuña30:08 Aspiraciones para el 1ero de mayo 35:04 Pregúntele a Lucho48:23 Las mejores y peores propuestas de la semana

Si algo hemos aprendido en estos años de Miércoles de Furia es que el amor en la política es volátil. Un día sos el mejor amigo del ​Gobierno y al siguiente sos parte de una red de corrupción “putrefacta”. Y si no, pregúntenle a​ la Uccaep, que pasó de ​recibir los piropos del ​presidente Chaves ​hace solo unos meses a convertirse en su nuevo enemigo público número uno​ el día de ayer.

Otra jornada que no nos legó un tema medular, así que experimentemos hoy con un nuevo formato para ocasiones como esta: 7 verdades incómodas.

¡Viernes, finalmente! Pero no nos ilusionemos demasiado, porque el país sigue siendo el país y las noticias, bueno… ya saben. El jueves nos dejó varios titulares, repasemos pues: Caso Gandoca-Manzanillo: el MP insiste en medidas cautelares. Cancelación de visas: tensión en el aire.Hospital de Cartago: un expediente que no avanza ni con andadera.Etiquetado nutricional: victoria para el sector empresarial.

Les dije que el diputado Fabricio Alvarado Muñoz no se iba a quedar quieto. No le hizo mucha gracia que Chaves se pusiera la camiseta de Nueva República en aquella conferencia de prensa de hace un par de semanas cuando anunció por todo la alto un proyecto de ley para endurecer las penas contra el aborto. Sucede que ese proyecto de ley nunca terminó de llegar a la Asamblea Legislativa y Fabricio dijo “mi momento ha llegado”. 

El refrán popular dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Pero tratándose de un hospital especializado en adultos mayores (el único para todo un país) el tiempo perdido podría conducirnos no solo a una eventual desgracia, sino que desde ya, dado el envejecimiento de la población, deviene en un fuerte deterioro en la calidad de servicios que recibe esta población. Nuestro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, ya llegó a una edad en la que requiere una urgente intervención mayor para que pueda seguir operando como lo ha hecho desde 1958. Cuando en octubre del 2023 la entonces presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, anunció la paralización del portafolio de inversiones, truncó el camino en el que estaba incluido el nuevo Blanco Cervantes como tercero en prioridad nacional. Ante esto se tuvo que presentar un recurso de amparo, al cual se le ha ido añadiendo más información que evidencia las condiciones totalmente inadecuadas para su labor. Fue hasta la semana pasada, tras meses de no sesionar, que la directiva de la Caja acordó por fin declarar de interés público la compra de los terrenos. El proyecto total valorado en $200 millones incluye la expropiación de terrenos, la construcción de una torre nueva para servicios de emergencia, laboratorio, radiología, farmacia y hospitalización, entre otros, así como derrumbar la actual edificación y levantar allí otra para albergar la administración, la consulta externa, el hospital de día y los servicios ambulatorios. Para añadir más congoja a la situación, el pasado 7 de febrero el Cuerpo de Bomberos entregó los resultados de una inspección que arrojó 38 alarmas por atender, 15 de las cuales resultan críticas, y, por tanto, tienen a la población adulta mayor y al personal en grave riesgo ante posibles incendios. Tal es la situación que paradójicamente el hospital ni siquiera cumple con los requisitos obligatorios de la Ley 7,600 (acondicionamiento de espacios para personas con discapacidad). Para apoyar la imperiosa necesidad de este urgente proyecto país conversaremos mañana con Alicia Avendaño, presidenta de la junta de salud y con Fabián Trejos, director ejecutivo de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO.

El programa de inteligencia artificial de la CCSS, Lidia, utiliza datos sensibles para identificar riesgos de salud y promover prevención, pero enfrenta dilemas éticos y legales en Costa Rica, donde no hay regulación para la IA. Aunque no sustituye a doctores, plantea desafíos sobre privacidad, responsabilidad y el manejo de errores.

Costa Rica avanza en salud con Lidia, un programa de inteligencia artificial de la CCSS integrado al EDUS. Diseñado para predecir enfermedades, enfrenta críticas por el uso de datos sensibles. La diputada Gloria Navas alerta sobre riesgos de privacidad y ciberseguridad, destacando la necesidad de equilibrio entre innovación, ética y seguridad.

Primero respiremos y aceptamos que a estas alturas del partido pareciera que el ejercicio más sano para nuestra salud mental es simple y sencillamente resignarnos: esta gente no va a dejar nunca de pelear. Apenas vamos por la primera “semana hábil” del año y ya todo el mundo está escupiendo serpientes frente al micrófono, por lo que está claro que a) va a ser un año bien jodido en las arenas políticas y b) todo llamado a la cordura pareciera condenado a perderse ineludiblemente entre el ruido y la furia de la polarización en la que estamos inmersos.

Se respiran los aires navideños y el letargo de fin de año claramente ya arrancó. Pero sí recibimos un par de noticias dignas de comentar. Primero, la superintendente General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya, compartió un informe sobre el Sistema Financiero Nacional con corte a octubre, indicando que cerrará el 2024 “con solidez, liquidez holgada y un balance favorable”. Segundo, la Contraloría General de la República volvió a golpear la mesa con un nuevo informe que no deja a nadie indiferente: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha dejado de cobrar 1,62 billones de colones correspondientes a obligaciones que el Estado generó entre 2020 y 2023.

Hoy hablamos de algunos resultados epidemiológicos.

La segunda entrega de Made in China: La sed por el 5G, el reportaje de Central de Noticias llegó ayer y una vez más sembró dudas en torno a la relación entre Huawei y el ICE,  involucrando también nombres relevantes del ámbito político nacional. Por otro lado, ¿cómo vamos con la crisis de médicos especialistas de cara a la hora cero? Bueno, dos noticias en ese frente. 

Chaves retó a los presidentes de la Asamblea Legislativa (Rodrigo Arias Sánchez) y del Poder Judicial (Orlando Aguirre Gómez,) a un debate en público en enero, “mano a mano” sin asesores... Ayer la noticia “bomba” claro está, no fue la invitación al debate, sino el anuncio de que el Gobierno denunció penalmente a Huawei y a funcionarios del ICE. 

Dicen que más importante que llegar primero es saber llegar pero en Costa Rica... ni lo uno ni lo otro. Nuestra internacionalmente reconocida “hora tica” no solo implica aparecer tarde, sino, con frecuencia, habiendo olvidado algo. El clásico “Ayyy maeee ¡la Coca Cola!” o, en casos más extremos y lamentables “Maeeee ¡¡el pasaporte!!”. La crisis de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un claro ejemplo de ese talento nuestro tan innato. Todo el mundo vio el humo desde hace meses, pero aquí estamos, con el incendio ya descontrolado, haciéndonos selfies frente al fuego. 

¿Qué pasa cuando a una bronca se le suma otra? Eso mismo se está preguntando la CCSS tras declarar emergencia institucional por la renuncia masiva de médicos especialistas. Van 84 y lamentablemente esto apenas inicia. 

Siguen moviéndose las aguas electorales. Empezamos con tres datos rápidos. Además, diputaciones del oficialismo y de Nueva República acudieron a la Sala Constitucional para solicitar que se eliminen del Presupuesto Nacional 2025 los aumentos en cultura, educación y seguridad que se aprobaron (polémica de por medio) vía mociones semanas atrás en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 

No sé cuántas veces he dicho esto pero hoy lo repito: la Caja es la columna vertebral de este país no es aceptable que permitamos que se le maltratate tanto porque es maltratarnos a nosotros mismos. 

Esta semana hablamos de la amenaza de la CCSS de demandar a Hacienda por no trasladarle los recursos del impuesto a los cigarrillos y vaporizadores. También discutimos cómo la diputada Paola Nájera confesó haber recibido un pantallazo de un correo que el INS envió en respuesta a la consulta de una ciudadana, así como del papel que hicieron esta semana Gilberth Jiménez y Leslye Bojorges. Además, repasamos la recomendación realizada por la Comisión de Nombramientos para el cargo de defensor adjunto y analizamos los próximos pasos en el trámite para habilitar la extradición de nacionales. (00:00:00) - Intro (00:02:10) - Impuesto a los cigarrillos y vaporizadores (00:07:04) - Paola Najera se mete (sola) en problemas(00:17:06) - Gilberth y Leslye hacen el papel(00:22:34) - Recomendación defensor adjunto(00:32:40) - Reforma constitucional para extraditar nacionales(00:39:21) - Presupuestos y créditos aprobados (00:41:52) - Las mejores y peores propuestas de la semana(00:49:08) - Pregúntele a Lucho

La violencia homicida que provoca la delincuencia criminal organizada y particularmente el narco, no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En el 2023 la mitad de los asesinatos se concentró en 27 distritos que presentaron más de 10 muertes violentas, aunque hubo ajusticiamientos en una gran mayoría pues del total de 478 solo 265 salieron ilesos, es decir sin ese tipo de ejecuciones en las que 7 de cada 10 fueron contra miembros de otras organizaciones delictivas. Esa cifra incluye las lamentables víctimas que no tenían relación alguna con la actividad. La dinámica de estas muertes ha variado en los últimos años, tanto por su desmedido aumento como por un patrón territorial que se extendió a otras zonas que antes no estaban afectadas. El XXX Informe del Estado de La Nación, en su capítulo especial de este año sobre Seguridad, identifica variables socioeconómicas que sin ser concluyentes, tienen relación con lo que sucede en los cantones más calientes que son los que tienen más bajo desarrollo humano, menor promedio de personas aseguradas a la CCSS, hogares en asentamientos informales, personas jóvenes que contrata el crimen como sicarios, hogares con jefaturas femeninas y bajos niveles educativos. Peor aún , así como la presencia territorial de la violencia delictiva es detectable claramente en zonas tradicionalmente rezagadas y eso tiene impacto en el desarrollo humano, también se convierte en un doble castigo , pues esa mayor actividad delictiva propicia un desplazamiento de la actividad económica legítima y por ende , un incremento de las brechas territoriales. Para aportar más elementos a este fenómeno conversamos con Evelyn Villarreal coordinadora del capítulo y con Mauricio Viera especialista en combate al crimen organizado y prevención del comercio ilícito, de la Universidad para la Paz .

El título de diputado congoja de la semana que hasta ayer ostentaba Diego Vargas Rodríguez (PLP) ha dejado de ser suyo y ahora se lo disputan dos que, encima, se imaginan a sí mismos como candidatos a la presidencia. Ay Tiquicia, ¡cómo dolés! Mientras tanto... me parece simpático que ayer hablé del salario de doña Marta Esquivel Rodríguez y la dejé como la reina de la decencia, incapaz de pelear lo que no corresponde pelear pues ella misma, jurista como lo es, sabe que no corresponde pelearlo. Pues bien, por querer hacer una gracia me salió una morisqueta: ayer mismo trascendió que la señora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que le sigan pagando los 5 millones y medio mientras disfruta de las vacaciones forzadas en casa. 

Nos dijeron que esta comisión no sería un circo político pero precisamente el diputado que debería estar más empapado en el tema no maneja un dato básico del Caso Barrenador que fue noticia en toda la prensa nacional... ¡Me ahuevás! 

La noticia más relevante de ayer lunes pasó relativamente desapercibida. Se resume en lo siguiente: En 2017 la Caja estableció un fideicomiso con el BCR para impulsar 53 obras de infraestructura urgentes, especialmente en comunidades vulnerables. La intención de este programa, a partir de un contrato por 7 años (2017-2024) era fortalecer significativamente el primer nivel de atención. El 2024 está a punto de terminar y de las 53 obras se logró entregar un gran total de cero.

Esta semana en Curul en Llamas hablamos de la convocatoria a Chaves para comparecer a la comisión que investiga la CCSS. Además, comentamos por qué la visita de Bukele fue degradada de visita de Estado a visita oficial y abordamos  la inconstitucionalidad del proyecto de prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos, la renuncia de la diputada Kattia Cambronero al PLP y el informe del Departamento de Servicios Técnicos que señala que la Ley Jaguar 3.0 es inútil.(00:00:00) - Intro (00:02:11) - Comisión de la CCSS convoca a Chaves(00:07:19) - Bukele no se reunirá con Arias(00:10:57) - Inconstitucionalidad prisión preventiva automática(00:15:26) - Renuncia de Kattia Cambronero(00:22:21) - Ceremonia Democracia(00:27:02) - Informe Servicios Técnicos sobre Jaguar 3.0(00:32:14) - Pregúntele a Lucho(00:44:24) - Las mejores y peores propuestas de la semana

Hoy hablamos de la "tercera línea de servicios" de la CCSS.

Fue una jornada sin mayores sobresaltos en Tiquicia, quizá porque muchas miradas estaban puestas en los Estados Unidos por razones obvias. La noticia del día en nuestro país llegó cortesía de la comisión especial que investiga los rollos de la Caja, donde se acordó citar al presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, a declarar.

Como no podía ser de otra manera, la controvertida situación de la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) terminó en una comisión legislativa especial de la Asamblea Legislativa. Con el caso Barrenador como estandarte, pero con otras porta banderas no menores, como el portafolio de inversiones (hospital de Cartago en primer plano) y la tremenda inestabilidad de la propia Junta Directiva. La reciente separación, por seis meses de la presidenta ejecutiva junto a otros tres directivos, se suman a los 22 cambios que ha tenido este órgano en tan solo dos años. Once renuncias, dos salidas ordenadas por la Sala Constitucional y una destitución, hacen que solo cuatro designados permanezcan en sus puestos, sin que haya entonces el necesario quorum estructural darle continuidad a las funciones que le competen a ese órgano colegiado. Hasta ahora el Poder Ejecutivo no menciona la posibilidad designar a una persona en sustitución de doña Marta Esquivel, una de las piezas del círculo de confianza del presidente Chaves. Tampoco se sabe nada acerca del nombramiento de la gerencia general, también acéfalo con el conjunto de altos cargos en indagación judicial por el contrato de servicios tercerizados para 138 EBAIS del área metropolitana. Bajo el aguacero un pequeño grupo de cartagos recordaron que no se piensan rendir. Están apegados al criterio emitido por la Dirección Jurídica de la propia Caja para empujar que no se anule el proceso de licitación de su tan anhelado y necesario nuevo hospital. Para poner en perspectiva toda la situación conversamos este miércoles con la ex directiva de la CCSS, Marielos Alfaro.

¿Qué pasó ayer en la arena política? Particularmente destacados, dos temas. Primero, finalmente la Asamblea le está entrando a la crisis de primer nivel que tenemos con los médicos especialistas en la Caja. Segundo y siempre hablando del Seguro Social, ya arrancó la comisión que investigará el Caso Barrenador y situaciones afines en la Caja.  

Hoy hablamos del gusano barrenador.

Las sorpresas del caso barrenador se han encadenado unas con otras en una semana de sobresaltos respecto de las plausibles irregularidades en torno a la adjudicación de la prestación de servicios tercerizados de 138 EBAIS distribuidos en 10 áreas de salud. El último hecho noticioso que nos dejó el viernes, fue la revelación de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) sobre el nombramiento de una de las imputadas centrales de la investigación en el importante cargo de Gerente General de la institución. María de los Ángeles Gutiérrez, la misma funcionaria del que dependió exclusivamente el criterio técnico del que la Junta Directiva se adhirió para conceder una contrato de diez años a las cooperativas oferentes, ya ostentaba el puesto interinamente. Y en condiciones"normales" seguro que ese hecho habría solo una noticia de registro. Pero la Caja no navega en aguas calmas y cristalinas hace ya dos años. Así que seguro no debería ser sorpresa que doña Marta Esquivel, entre una audiencia y otra de medidas cautelares en el Poder Judicial, decidiera darle a Gutiérrez el puesto en propiedad, el miércoles 25 de setiembre a las 6.42 de la tarde. Con esa línea argumental, seguro tampoco debió habernos sorprendido el barrido barrenador de 300 correos electrónicos y varios archivos de la cuenta de un alto cargo de la institución, según confirmo antes el OIJ, sin detallar nombres. Imposible acostumbrarnos a que esta sea la nueva normalidad de la CCSS con tantísimos retos y desafíos que tenemos en salud pública. A partir de que (seguramente) este lunes conozcamos a las medidas cautelares que se les dictarán a los imputados, también tendremos claro la continuidad o no de la conducción directiva de la Caja. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa proseguirán las repercusiones en el debate político y avanzará la ineludible conformación de una comisión especial investigadora de la cuestionada contratación. Y como no podía ser de otra manera, el Presidente y sus voceros cercanos han aprovechado el caso echando mano de la especialidad de la comunicación política de la casa: tensando las cuerdas de la polarización culpando a los otros poderes (en este caso a la Judicial vía OIJ y Ministerio Público) solo por cumplir con su deber. Para impedirlo, el mandatario dijo "Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar... ojalá podamos llegar en paz a las elecciones del 2026". ¿Más campaña política o sedición? En análisis de coyuntural con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS. El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense. El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa. Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS? Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya.

Hablamos del Caso "Barrenador" y la detención de Marta Esquivel, Presidenta de la CCSS.

Los embrollos legales que hoy enfrenta la adjudicación de servicios de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais (nada más y nada menos que por 10 años) no son nuevos. Rodrigo Chaves Robles fue advertido de ese enorme riesgo por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y más claro no pudo haber sido Álvaro Ramos Chaves: “Yo, al presidente de la República, le había advertido que tuviéramos cuidado con los contratos de tercerización, con procesos de alianzas público-privadas; pueden ser fantásticas, se pueden lograr grandes cosas, pero se tienen que hacer con un contexto de confianza y transparencia y parece obvio que, en este caso, eso no fue lo que ocurrió” Las decisiones de la institución base de la convivencia social democrática de Costa Rica no se pueden adoptar sino dentro del marco legal establecido y con conocimiento técnico profundo, para que no deriven en decisiones que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. Desde su obligada salida, una serie de hechos sumieron a la Caja en una permanente situación conflictiva de inestabilidad y zozobra, con temas de absoluta relevancia como las listas de espera, el portafolio de inversiones y el obvio desdén de criterios técnicos de las unidades internas de control y fiscalización. Para seguir profundizando y entender el contexto de lo que sucede y sus impactos conversaremos  con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel. Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías. Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais. Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos. El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales. De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías” Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución.

We met up with Emily from Central Coast Snake Services to talk to her about the book she just put out, "California Snakes and Where to Find Them". She also shed some tips and insights about snakes and how to keep safety in mind when hunting or hiking out in the wild. Hang on for the ride to meet a couple slithery friends she brings out at the end of the episode.If you live in the California Central Coast and have a snake you need to move or relocate, hit up CCSS to help give you a hand, text or call 805-401-0811, or visit them online at https://www.centralcoastsnakeservices.com.

We would love to hear from you! Send us a message (if you'd like a reply, email us at literacypodcast@greatminds.org)From Sep 21, 2020The article Placing Text at the Center of the Standards-Aligned ELA Classroom is a must-read before or after listening to this podcast!  Meredith Liben and Sue Pimentel share the true intentions of the CCSS vs. the way they are currently interpreted. They also provide observations about how the Standards play out in classrooms and schools - within HQIM and what happens in absence of HQIM! We ask the gals some tough questions: What does this mean for assessment, especially "data-driven" instruction?What are better ways to assess and track student progress? They are hilarious and smart, and so very relatable. This one is a MUST listen!Read the article that prompted this conversation:Placing Text at the Center of the Standards-Aligned ELA ClassroomWe wrote a book! The Literacy 50-A Q&A Handbook for Teachers: Real-World Answers to Questions About Reading That Keep You Up at Night Facebook and join our Facebook Group Twitter Instagram Don't miss an episode! Sign up for FREE bonus resources and episode alerts at LiteracyPodcast.com Helping teachers learn about science of reading, knowledge building, and high quality curriculum.

Varias informaciones nos ponen foco de alerta en materia económica. El Ministerio de Hacienda anunció una caída en la recaudación impositiva de casi ₡73 mil millones el primer trimestre de este año, debido a la ralentización del crecimiento del régimen definitivo (sectores sin beneficios tributarios) y a la caída del precio del dólar. Ya casi llegando al segundo semestre habrá que esperar el nuevo informe oficial. Por su parte, la auditoría interna de la CCSS estimó en ¢3,7 billones la deuda del Estado. Un 82 % corresponde al seguro de salud y un 18 % al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Sobre este último rubro, el ministro Nogui Acosta firmó una carta de entendimiento con Jaime Barrantes, el Gerente de Pensiones, para que ambas instituciones negocien la deuda, a pesar de que el jerarca mantiene una particular e inentendible puja para que la Asamblea Legislativa baje de 15 % a 10 %, el porcentaje que se deduciría del préstamo de $400 millones del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Dice que prefiere perderlos si no se cumple con el 10 % que exige. A esto se añade que después de muchos meses consecutivos el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que había superado los 50 puntos, la segunda semana de junio cayó casi 5 puntos para tener una calificación de 45.3, mostrando que crece el número de pesimistas, con impacto en el consumo y la recaudación de impuestos. Para entender esta coyuntura conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Hablamos del aumento de los casos de diarrea en nuestro país.

Hoy hablamos sobre el sarampión. 

Las tensiones entre los médicos especialistas y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entraron a la segunda semana, con muestras de alta temperatura y molestias generalizadas. Se estima que unos 2.500 galenos se sumaron al movimiento de presión, lo que representaría prácticamente un 65% del total de los que trabajan para la institución. Un primer rechazo a un posible acuerdo fue el ajuste técnico salarial aprobado por la Caja, porque ese asunto en particular no forma parte de las reclamaciones en curso y, por tanto, tampoco de las negociaciones. Se acudió a la Contraloría General para denunciar la erogación de ₡12 mil millones para contratar servicios médicos privados a través de una licitación en SICOP. Los especialistas estiman que el procedimiento no fue el adecuado y que, por lo demás, esa vía es insuficiente para atender a los pacientes que requieren servicios. La institución ha tenido que atender, según informó al fin de semana pasado, a unas 463 personas que urgían de intervención. Pero hay quejas por la forma en que se han dado estos casos, con recargo a médicos generales. La negociación no está en punto muerto, pero todo parece indicar que sí lejos de encontrar una solución. Para seguir tomando el pulso conversaremos con Maikel Vargas Sanabria, vicepresidente del Siname.

El diagnóstico de lo que sucede, por la presión laboral de médicos especialistas con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, es complicado y requiere más que un simple tratamiento. Ganan mucho menos dinero de quienes trabajan para el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el sector privado. Por eso requieren del horario extraordinario. Los rangos de la diferencia, tras años de estudios, puede ser de más de ₡3 millones. No se ha solucionado esto desde la aplicación de la Ley de Empleo Público. Enfrentan problemas de gestión institucional, que se agravan con la salida de muchos especialistas. Tienen complicaciones para sus vacaciones, para participar en cursos avanzados de actualización y deben enfrentar los trastornos y enfermedades de una carga excesiva de trabajo, por unas listas de espera que han crecido exponencialmente en los últimos años. Este diferendo hay que conocerlo con mayor profundidad, ya que no solo ponen en riesgo al personal de salud, sino también a los pacientes que reciben sus servicios. Para abordar esta arista de la situación conversaremos con la anestesióloga, Thamy  Meza y con el cirujano plástico, Mario Quesada.

Hoy hablamos de la situación de la CCSS con respecto a las condiciones de los médicos especialistas y sus demandas.

Las imágenes siempre dicen más que las palabras. La saturación de pacientes en condiciones indignas de hacinamiento y sin atención oportuna desbordan, desde hace meses ya, las salas de emergencias de cantidad de hospitales del país. Para muestra, el San Vicente de Paul en Heredia con un 191 % de ocupación, el San Francisco de Asís en Grecia con 160 %, el San Rafael de Alajuela con 143 %, según determinó un estudio de la Gerencia Médica de la CCSS. Pero circunstancias similares se experimentan en San Carlos y otros centros médicos. Tal situación no se produjo de un día para otro, pero está claro que ahora se ha tornado insostenible y obligó a la Junta Directiva a declarar el martes “emergencia institucional”. Así, durante los próximos seis meses se agilizará la dotación de personal, equipos, espacios y todas las estrategias necesarias para aliviar la situación y los impactos directos en la salud de las personas. Pero como era de esperar, la polémica se coló en la emergencia: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin proporcionar fuentes ni documentos, aseguró que 7 de cada 10 personas que saturan los servicios de emergencias ¡no deberían estar allí! La CCSS sigue padeciendo una crisis sobre otra y ello obliga a mantener el dedo puesto en el renglón. Conversamos con Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y con Deivis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social.

Lo positivo, sin duda, fue el acuerdo alcanzado por los jerarcas de los tres Poderes de la República, quienes afianzaron las acciones de la mesa de trabajo de seguridad con 10 proyectos consensuados, que ahora quedan bajo la responsabilidad de trámite legislativo para mejorar las armas país contra la ola de violencia del crimen organizado. Lo deplorable tiene varios flancos: uno, la persistencia del enfrentamiento que mantiene el presidente de la República con la Contralora y por extensión contra la Contraloría General de la República y por extensión contra la Expresidenta Laura Chinchilla. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, como si no faltaran focos distractores, se produjo este jueves un espectáculo más, cuando en su comparecencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la siempre polémica jerarca de la CCSS, doña Marta Esquivel, llego blindada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que es un cuerpo policial especializado en actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué la Presidenta de la Caja llega al Congreso así custodiada y los efectivos terminan empujando y fotografiando a los periodistas que intentaban acceder a declaraciones de la compareciente? Por supuesto, los diputados pegaron el grito al cielo. El asunto, dijo el Presidente Legislativo, Rodrigo Arias, deberá esclarecerse. En estos y otros sobresaltos, como el del pretendido negociado petrolero, discurre la vida política nacional de este enero y para ponerlos en perspectiva conversamos con el politólogo, Claudio Alpízar Otoya.

La polémica para retrasar el inicio de la construcción del Hospital de Cartago se ha hecho agotadora, y eterna, particularmente para los sufridos pacientes y el personal de salud del viejo nosocomio en funcionamiento. Y las excusas de todo tipo por el terreno en el Guarco, siguen teniendo réplicas de alta intensidad. La última iniciativa de la presidenta de la CCSS, de traer expertos en geología de California para hacer estudios adicionales, detonó un enjambre de oposiciones. El Colegio de Geólogos alzó la voz en defensa de la capacidad de los profesionales con los que cuenta el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por su parte, criticó la idea, recordando además la existencia del riguroso Código Sísmico que aplicamos para, precisamente, asegurar las edificaciones, dada la sismicidad de nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos, mientras tanto, desmintió que estuviera gestionando visita alguna de profesionales californianos por encargo del gobierno costarricense. Marino Protti, uno de los más reconocidos sismólogos del país, fue claro en indicar que antes de llamar a expertos en geología y sismos de otros lares, es importante conocer la diferencia entre trabajar en las áridas zonas de ese estado norteamericano y las de un país tropical como Costa Rica, aportando muchas otras consideraciones ante la (aparentemente fallida) propuesta. Para focalizar desde el criterio especializado acerca de la situación sísmica del Valle del Guarco, conversamos con el doctor Protti, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.

Hoy hablamos de la nueva variante del Covid 19 que está afectando a Costa Rica

“Vamos a comprar servicios, aplicar el pago compartido y afinar los costos de la Caja para cumplir las metas, vamos a ir contra viento y marea, quienes nos apoyen son bienvenidos y los que no, que no se pongan en nuestro camino”. Esto lo dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presentación de la estrategia “Menos espera, mejor servicio”, que conjunta una serie de acciones para disminuir las listas de espera. Entre las posibles soluciones para los asegurados está el co-pago, una figura que implica que para ciertos procedimientos, la CCSS pondría un porcentaje del costo y el paciente asumiría el pago restante. Para esta acción se dispuso presupuesto de ₡200 mil millones. El anuncio del programa desató al instante un aluvión de reacciones adversas urgiendo transparencia respecto de estudios, contratos, soporte financiero y afinamiento de las metas del programa. Para conocer más a profundidad acerca de este tema conversamos con Alvaro Ramos Chaves, ex presidente de la CCSS.