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Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura. ¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio. Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos. Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido. El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono. Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

La conferencia de prensa de ayer estuvo tranquila, y más allá de los perennes ataques de Rodrigo Chaves Robles al Poder Judicial, no tuvo mayores temas de fondo. Sin embargo, la noticia del día vino posteriormente, cuando Casa Presidencial anunció la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional, por haber nombrado a Rosaysella Ulloa Villalobos en la Gerencia General de la entidad bancaria en setiembre del 2024.

Sedición = llamado al alzamiento público y violento contra la autoridad, para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos. Es el significado de este término, que no había sido propio de nuestro vocabulario, sino hasta recientemente. Y es que en la evolución de su discurso confrontativo el presidente de la República acumula varios llamados, que rozarían la sedición. Independientemente que este delito no esté tipificado en nuestro país, dado el giro de la dialéctica presidencial, algunos especialistas estiman que sí cabrían posibles delitos de intimidación pública e instigación pública contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero esta no es una discusión jurídica, o al menos, no únicamente jurídica. Se trata de asunto sociopolítico. Ya desde el 2 de mayo del año pasado en su informe ante la Asamblea Legislativa cuando anunció la fallida ley jaguar, Chaves pidió a la ciudadanía que se hiciera oír “cuando los depredadores intenten mantener sus privilegios y, griten más duro”. En setiembre, tras los allanamientos por la investigación judicial del caso Barrenador, vociferó: “estén listos, porque Dios no quiera, pueda llegar el momento de actuar como sociedad… estén listos, que vivan el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados” En giras por el país y otros actos públicos siguió reproduciendo esos llamados y la semana pasada, también irritado por los allanamientos por Pista Oscura, otro presunto caso de corrupción, sentenció, "… Yo les advierto: en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé". Ese mismo día vetó la ley para que los cuerpos policiales puedan hacer allanamientos 24/7 y adelantó además que vetará también la legislación contra capitales emergentes. Ya convertido el gobierno actual en el que más vetos ha decretado en la historia reciente, el mandatario también había rechazado la reforma legal que permitiría una pensión anticipada a investigadores del OIJ que trabajan en jornadas extraordinarias de 12 horas al día, e insinuó una confrontación entre cuerpos policiales, lo que generó un rechazo conjunto de oficiales de Seguridad Pública y OIJ rechazando narrativas divisorias entre los encargados de cuidar el orden público. Los puentes entre Zapote y Cuesta de Moras están destruidos. También los pasos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y no pareciera haber forma de restablecerlos en medio de los altisonantes micrófonos de la Casa Presidencial. Del ambiente imperante, conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

¿La prensa está muriendo o reinventándose?En este episodio, Pietro se sienta con el periodista Douglas Sánchez para hablar de todo lo que arde: Desde Bukele y su guerra mediática, hasta el clima político en Costa Rica bajo Rodrigo Chaves, pasando por el acceso exclusivo que tiene Douglas a Casa Presidencial — y si eso lo hace menos crítico o más estratégico.Hablamos de la tensión entre poder y prensa, el futuro de los medios, y por qué los canales independientes y digitales están pasando por encima de los dinosaurios mediáticos.¿Estamos viendo el renacer de un nuevo periodismo, o simplemente otra cara del poder?Pietro Habla Con es un podcast de conversaciones, entrevistas y discusiones de todo tipo de temas en español.

¿La prensa está muriendo o reinventándose?En este episodio, Pietro se sienta con el periodista Douglas Sánchez para hablar de todo lo que arde: Desde Bukele y su guerra mediática, hasta el clima político en Costa Rica bajo Rodrigo Chaves, pasando por el acceso exclusivo que tiene Douglas a Casa Presidencial — y si eso lo hace menos crítico o más estratégico.Hablamos de la tensión entre poder y prensa, el futuro de los medios, y por qué los canales independientes y digitales están pasando por encima de los dinosaurios mediáticos.¿Estamos viendo el renacer de un nuevo periodismo, o simplemente otra cara del poder?Pietro Habla Con es un podcast de conversaciones, entrevistas y discusiones de todo tipo de temas en español.

La Asamblea Legislativa trabaja al ritmo de lo que va ordenando Nayib Bukele desde Casa Presidencial. La reducción del número de comisiones, que se aprobó bajo el argumento de una mayor productividad, no tuvo el efecto prometido y la deficiencia sigue siendo una de las características del nuevo periodo legislativo controlado por Nuevas Ideas. 

Edmundo González Urrutia, reconocido internacionalmente como el legítimo presidente electo de Venezuela para el período 2025-2031, estuvo de visita en Costa Rica como parte de una gira por Latinoamérica. Su mensaje en Casa Presidencial dejó una inesperada reflexión, no por lo que dijo, pues no es particularmente novedoso, sino por dónde lo dijo y frente a quién lo dijo.

Ellos pueden decir que no están en campaña pero toda la evidencia claramente dice lo contrario. Sin ir muy lejos, ayer se celebró en Casa Presidencial un encuentro con comunicadores aliados, muchos de ellos tremendamente populares en TikTok. 

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios. Los ánimos venían caldeados hace días. Pero fue en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde el choque terminó de elevar el tono el jueves con las revelaciones del Fiscal General que llegó a la sesión sin convocatoria; es decir, por su expresa voluntad. Carlo Díaz decidió refutar en la sede del Congreso los señalamientos continuos del oficialismo sobre su labor y en síntesis soltó tres perlas: una, que es objeto de seguimientos extraños con vehículos incautados a narcotraficantes y que están bajo control de la policía de Casa Presidencial. Dos, que desconocidos pagaron 350 mil dólares en Bitcoins para hacer campaña de desprestigio en redes sociales en su contra y también en contra de la Sala Constitucional y, por último, (a quien le cayera el guante que se lo plantara) que sentiría vergüenza si no hubiera sido invitado en días pasados (junto con Director del OIJ) al seminario de la oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en Atenas, Grecia. Este fue el preámbulo de la sesión legislativa que, esa misma tarde si logró lo que el oficialismo había alcanzado a posponer el miércoles: la aprobación (38 votos contra 6) precisamente de la investigación de los posibles vínculos de la administración Chaves con grupos ligados al narco. En ambas jornadas deliberativas hubo insultos y tonos elevados y fuera de micrófono, denunciaron legisladores de oposición, los gobiernistas Barrantes y Cisneros amenazaron con posteriores vendettas, "les van a pasar factura" sin decir cómo o quiénes la pasarían. El gobierno en respuesta al sainete acudió a un expediente inédito: el viernes emitió un video con los jefes policiales de todo el país atacando a los diputados de oposición. La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó frente al inusual desplante, "si Costa Rica tuviera fuerzas armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas", en una clara alusión al hecho de que los policías no deben inmiscuirse en asuntos de política de acuerdo con lo que reza nuestra Constitución Política. Sobre la configuración de esta nueva narrativa política que está llenando de toxicidad el debate público, conversamos mañana con los analistas Mario Quirós y Daniel Calvo.

Desde el 30 de diciembre del año anterior, la Gerencia General del Banco Nacional era ocupada por Rosaysella Ulloa Villalobos, quien la asumió de forma interina. Este martes el BN anunció que el proceso para designar a la persona que asumiría la gerencia había terminado y que la propia Ulloa fue elegida. Pero ayer Casa Presidencial pidió que el nombramiento sea anulado pues consideran que el proceso careció de transparencia (¿?), así que solicitaron a la junta directiva del Banco Nacional que abra un nuevo proceso que "sí sea competitivo y transparente". 

El OIJ ayer anunció su nueva estimación para el dato de homicidios que tendrá Costa Rica en 2024. Contrario a lo que se tenía previsto (que una vez más se impusiera un nuevo récord y que se superara la cifra del 2023) el panorama es más bien alentador: se ha logrado “aplanar” la curva. Mieeeeentras tanto... El drama en el PUSC con el interés de Luis Amador de ser candidato en ese partido continúa. Además, a señora Ana Katharina Müller Castro aplicó la de Netflix con su serie de parejas y entregó un ultimátum. En resumen: ¿quieren negociar el FEES? O vienen a Casa Presidencial, o nada. 

Cuesta pensar que la diferencia entre 581.848 y 599.476 millones de colones sea la locación que marquemos en el Waze: Zapote o ... Zapote. Toda esa plata, que se supone está pensada para el futuro de la educación superior costarricense, está hoy a la deriva, dependiendo de caprichos, improvisaciones y desplantes...

Las ramificaciones de la tala y extracción de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se extienden mucho más allá de los límites del cantón limonense de Talamanca, llegando hasta la sede del Gobierno central en Zapote. Sus implicaciones ya tienen expediente de investigación, personas detenidas y una copiosa serie de hechos y evidencias. La fuerza del caso golpea a quienes han querido minimizar responsabilidades que van más allá del principal implicado, el empresario Allan Pacheco Dent y su empresa Playa Manzanillo, SA. Las raíces llegan al Ministerio de Ambiente y Energía y al hoy cuestionado Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. La Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca, debido a una aparente entrega anómala de aprovechamiento forestal, en una zona que desde el año 2019 la Sala IV había determinado era inconstitucional delegarla a manos privadas, pues se trataba (y se trata) de terrenos que son parte del patrimonio natural del estado. Al no cumplirse con la orden de delimitación del refugio (SINAC e INDER) se habría concretado el ilícito de cambio de uso de suelo en áreas de bosque y humedales. Y como si todo esto no fuera suficiente, la trama se complicó más por las relaciones cercanas de Pacheco Dent con el mandatario Chaves Robles que han llevado a establecer muchas visitas a Casa Presidencial, celebración de fiestas en una propiedad familiar del empresario y actividades de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidad policial de fuerzas especiales adscritas al Ministerio de la Presidencia. Aún hoy, el mandatario sigue defendiendo los permisos otorgados por el gobierno para la tala. Para ahondar en la materia conversamos con el diputado Ariel Robles Barrantes quien lidera el control político del caso.

Mucho más interesante está el drama en el Ministerio de Justicia. Como recordarán, el jueves pasado el presidente Rodrigo Chaves Robles despidió al hasta entonces viceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres. Han entrado y salido tantos vices que parecía una tarde cualquiera más en Zapote. Pero pero pero, esta vez hubo sazón. Normalmente tras la aplicación del Baygon la gente sale de ahí a ejercer un voto de silencio inmediato, como si en Casa Presidencial hubiera quedado abierto un cuadernito de Death Note.  Pero don Exleine se animó a hablar. 

Estuve tan desconectado que ni siquiera pude escuchar los reportes de May así que ayer temprano pregunté a los muchachos ¿qué hay de nuevo? Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que una vez más adornamos la infame cuenta de Crazy Ass Moments in LatAm Politics. Esta vez la congoja llegó cortesía de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, quien pretendió firmar la ley para declarar el 30 de julio como Día del Voto Femenino, en la conferencia de prensa efectuada el pasado miércoles en Casa Presidencial. 

Desde que fue invitado a formar parte del comité asesor Ad hoc de Casa Presidencial para el proyecto de referéndum, el abogado Manrique Jiménez declinó, al considerar que la iniciativa que se pretendía plantear (y que finalmente se planteó) cercenaba las potestades de la Contraloría General de la República, lo que devenía en inconstitucional y, por tanto, en inviable para ser sometido a consulta popular. El punto está en que existe una prohibición expresa de someter a referéndum temas tributarios y la Contraloría tiene incidencia tanto respecto de los presupuestos públicos como en lo referido al control del gasto que se hace de esos recursos. Por ello, se cuestiona que el proyecto de la administración Chaves Robles impediría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de ser ejecutados y limitaría la función del ente contralor únicamente a los procesos posteriores. Para seguir aportando a esta discusión, mientras el tema está en estudio en la Sala Cuarta, conversamos con el especialista en Derecho Público y Constitucional, Manrique Jiménez Meza.

Fue la crónica de una renuncia muy anunciada. Casa Presidencial primero la negó y una semana después la oficializó. No hubo despedida, ni agradecimiento del mandatario respecto de la salida de su (en teoría) mano derecha. Pero muestra clara de que estaba muy decidida la jugada, fue que en el mismo boletín de la dimisión de Natalia Díaz, se anunció a Laura Fernández como nueva Ministra de la Presidencia; lo que tampoco generó sorpresa alguna. Aún resuenan las especulaciones sobre los motivos del cambio: que el bajo perfil de su gestión en la Asamblea Legislativa, que el desaguisado del comité asesor de la ley para impulsar el polémico referéndum, que el anuncio de su eventual candidatura presidencial… Acaso solo el tiempo nos permitirá tener la respuesta. Analizamos la coyuntura política de una semana pasada en la que también abandonaron el barco, la jerarca del INAMU y la de DINADECO. Todo aderezado con la decisión de la Sala Constitucional de rechazar por la forma la consulta de 22 legisladores, en torno al proyecto de la denominada ley jaguar, lo que dejó abiertas otras opciones para clarificar el camino. Y, en el telón de fondo, la inquietante noticia el viernes del estado de salud del Presidente del Primer Poder de la República, Rodrigo Arias Sánchez, pivote de la estabilidad de las relaciones institucionales democráticas, quien permanece hospitalizado por un episodio de influenza. Para medir el clima de esta lluviosa temporada política conversaremos con el analista, Iván Barrantes.

 Ayer aprendimos tres cosas. Primera, que cuando el diputado del PUSC Alejandro José Pacheco Castro dice que le tiene un “profundo respeto” a alguien está siendo completamente sarcástico;  Segunda, que cuando a uno lo invitan a ayudarle a Chaves a montar la Ley Jaguar y uno acepta bajo el entendido de que se une a los Avengers del trópico húmedo bajo el más absoluto secreto uno está siendo... un tanto inocente; y Tercera, que contra todo pronóstico ahora resulta que Sinart también es prensa canalla. 

El espejo español. Las agrietadas relaciones entre el Gobierno y la Cámara de Diputados en ese país están llenas de acusaciones y señalamientos en una narrativa de absoluta confrontación y muchas derivaciones. La explosión de esta semana generó un capítulo inédito en la escena política cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció que ponía pausa al ejercicio del cargo cinco días, hasta definir el próximo lunes si continúa al frente del gobierno. Todo por las infundadas acusaciones contra su esposa, la académica universitaria Begoña Gómez, en el ojo del huracán de la corrosiva desinformación y la mala fe, por ser precisamente la cónyuge del primer cargo del Estado español. Guardando las dimensiones, pero entendiendo también luces de alerta roja similares, el año legislativo que termina en nuestro país ha sido una vitrina de las agrias relaciones y quejas que la Casa Presidencial sostiene con la mayoría de fracciones legislativas, y con especial crudeza contra algunas legisladoras. ¿Cuánto soporta la democracia estos embates que siguen alejando a la ciudadanía de su adhesión a este sistema político? ¿Aguanta la ciudadanía un deterioro en la conducción política que impide, a punta de hostilidades y polarizaciones, buscar soluciones a problemas estructurales? Ante este estado de agresividad política, 21 diputadas firmaron un documento urgiendo al Poder Legislativo bajar la intensidad. Para hacer balance desde esta óptica de la legislatura que termina y la que inicia, conversaremos con el politólogo Gustavo Araya.

Con las puestas en escena del presidente Rodrigo Chaves -incluso ya luego de dos años en el poder y en el contexto del retador tercer año de gobierno- hay que hacer lo mismo que con los contratos; ponerles mucha atención a la letra pequeña para poder entender lo que se juega. El viernes, en el escenario de la Casa Presidencial, la reunión con los representantes de la posible coalición pro gobierno para conformar el directorio legislativo, estuvo colmada de abrazos, sonrisas y mucho gesto de triunfo anticipado. El martes, otra cosa totalmente distinta en Limón. Una reedición del capítulo de choque contra la Contraloría General de la República, institución sobre la que se lanzaron gritos de guerra para una movilización ulterior en ciernes. Pero eso no fue todo, también hubo ataques a diputados -como acostumbra el mandatario- con nombres y apellidos. Allí, por mucho discurso incendiario que hubo, faltaron fotos y videos para no dejar constancia de que la convocatoria fue bastante desnutrida respecto de la ilusión que abrigo el Ejecutivo, en asocio con autoridades de varios municipios del Atlántico. Lo cierto es que lo hecho con la mano el viernes podría haberse borrado con el codo el martes. Hoy todo parece indicar que la pretendida alianza naufraga. Horacio Alvarado que lucía fuerte, se empieza a diluir y don Rodrigo Arias, pocas horas antes debilitado, se redimensiona en su papel de experimentado político, pues no solo salió en defensa de los diputados vilipendiados, sino que reiteró su defensa a la separación de poderes y concluyó declinando la cita pactada para un almuerzo en Zapote el viernes. Y del otro lado, Troya ardiendo. Una división más que evidente en la fracción del PUSC y el anuncio de distancia (que le cayó como anillo al dedo a Eliécer Feinzaig del Liberal Progresista) por el torrente de críticas que ya había recibido desde la semana pasada. Hay mucho más que desentrañar en estos movimientos, que como telón de fondo tienen en puertas la tercera legislatura, sobre cuya conducción como queda evidenciado, no hay nada escrito aún. Para seguir poniendo foco en los movimientos del ajedrez conversaremos con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Una buena: las jefaturas de fracción se reunieron ayer con el presidente Rodrigo Chaves Robles en Casa Presidencial, con el fin de mejorar la relación entre los dos poderes de la República. Ya sé, ya sé, se han reunido mil veces a los mismos efectos. Pues que se reúnan tantas como sea necesario. Por lo demás, ayer pasó lo inevitable el presidente invitó a Alejandro Guillén Guardia a renunciar a la presidencia ejecutiva del AyA. En horas de la tarde el Ejecutivo informó que el puesto será asumido por Juan Manuel Quesada Espinoza, que venía trabajando al frente de Recope. 

Lunes amargo en Zapote, donde siguen acumulándose los contratiempos e inconvenientes. En esta ocasión el nuevo trago amargo llega cortesía de una serie de audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, que empezaron a ser publicados por La Nación ayer lunes. Lo clave ahí es “empezaron”. 

Es sabido que correlación no implica causalidad per  lo cierto es que de un modo u otro la cosa no solo despertó, finalmente se movió en el caso Aldesa tras la conferencia de prensa en Casa Presidencial, y ayer la Fiscalía presentó una acusación contra 22 personas por estafa y violación de la Ley del BCCR. 

Jornada tranquila en el terruño, sin noticias de mayor trascendencia en la arena política, más allá del campo de los sucesos que, sabemos, siempre se está moviendo. El hecho noticioso que más me llamó la atención fue la denuncia de la directiva de la Caja, Martha Rodríguez González, quien contó que asistió a Casa Presidencial convocada por el Consejo de Gobierno. La cita responde al (repito) ridículo “procedimiento administrativo” que le montaron para sacarla de la junta por incómoda y no alineada. 

En el episodio 92 de "Sé el Jefe," conoce a Herbert Tobar, el "hombre de las mil llaves" de El Salvador. Descubre su fascinante trayectoria como exitoso empresario, inversionista en criptomonedas y campeón ecuestre. Herbert es una figura prominente en El Salvador, conocido por sus conexiones que van desde multimillonarios emprendedores hasta la Casa Presidencial, lo que le ha valido el título de una de las personas mejor conectadas en la nación. Además de su amplia red de contactos, Herbert es un empresario exitoso y un astuto inversor en criptomonedas. También es un destacado atleta ecuestre, con el título de Campeón Nacional en salto de caballo. Esta combinación de talentos multifacéticos lo ha convertido en un verdadero campeón centroamericano en varios deportes ecuestres.

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial. Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad. Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en contra del programa y su directora. Tanto así que ya había un antecedente probatorio que ahora también quedó reconfirmado y es que el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión motivó a la periodista a acudir a la Sala IV, por primera vez en sus 40 años de ejercicio profesional. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que “no había sido una instrucción formal”, solo porque se había girado vía WhatsApp. Ciertamente, el caso de Hablando Claro no es único, ya que otros colegas y medios de comunicación también han sido víctimas de acciones de amedrentamiento para intentar callarlos y desalentar su ejercicio profesional independiente y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente, para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado. En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos, y por ello este jueves conversamos de las acciones en curso y sus resultados con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y la Presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera.

Líderes indígenas anunciaron que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado Líderes indígenas guatemaltecos anunciaron el pasado jueves que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo, tras fracasar una reunión con el gobernante Alejandro Giammattei y delegados de la OEA. Seis representantes de organizaciones indígenas conversaron en la Casa Presidencial, en la capital, con Giammattei y una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a la polémica fiscal Consuelo Porras.  Sin embargo, Giammattei les dijo que por ley no puede hacer ese pedido, dijo a periodistas el líder indígena Luis Pacheco, dirigente de la organización de 48 cantones del municipio de Totonicapán (oeste).En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado, como representante de la unidad nacional y se está escudando en un falso formalismo legal" y explica Ortiz un precedente en 2020 cuando ya pasó. Sobre una posible vía de salida al bloqueo, Ortiz afirma en RFI :"Hay que apelar a la virtud cívica y esperar que más interlocutores se unan en esa narrativa y también exista que la corte constitucional tome acciones contra estos funcionarios y yo diría que la presión internacional es importante en momentos clave. Estamos viviendo un golpe de estado a cámara lenta. Evidentemente no son claros como los golpes militares del pasado, pero los movimientos nos llevan a ese punto y es importante que la comunidad internacional lo reconozca"Desde hace 11 días, miles de manifestantes mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como "corruptos" y "antidemocráticos", son señalados por el opositor Arévalo, de 65 años, de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder el 14 de enero.Además del cierre de vías, un grupo de manifestantes ocupó el miércoles una hidroeléctrica en el norte del país, aunque esta se mantiene en funcionamiento, de acuerdo con el vocero del Ejército, Rubén Tellez.

Reunión en Casa Presidencial busca unificar criterios en los temas de seguridad en nuestro país. Un proyecto aprobado en primer debate establece que la designación del Fiscal General se haga con voto público y elimina la reelección indefinida en el cargo.

Simpática casualidad. Ayer cerré dejando bien claro que considero que toda la hablada de “nueva forma de hacer política” que utilizó el partido taxi de Chaves durante la campaña fue eso, una hablada. Ya hemos estado aquí mil veces. Una nueva fuerza política se presenta como un “cambio” y termina incurriendo en todo lo que criticó. Luego siempre encuentra alguna excusa, como cuando Solís dijo “No es lo mismo verla venir que bailar con ella”.

Las diferencias se iniciaron desde la campaña electoral y se convirtieron en grietas en la Asamblea Legislativa. Ahora se cumplió la “crónica de una muerte anunciada”. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que le sirvió a Rodrigo Chaves para llegar a Casa Presidencial y a 10 personas más a la Asamblea Legislativa, hoy es foco de atención ante el ejercicio de transfuguismo de nueve legisladores. El caldero de las pasiones del poder se aviva con los experimentos electorales, primero de Pueblo Soberano y acto seguido de Aquí Costa Rica Manda. Un poco más de lo mismo, pero llevado a otro nivel, toda vez que los tránsfugas aunque se van a otro partido, se niegan a dejar la divisa oficialista para no perder varios beneficios legislativos, particularmente la cuota de asesores parlamentarios de la que gozan. Todo hace indicar que aprendieron muy rápido las malas artes de la “política tradicional” que tanto criticaban los proclamados herederos del “rodriguismo puro” pues ese y no otro se configura como el pegamento de las tres agrupaciones en la ruta por mantener el poder. Pero la novela de infidelidades electorales no acaba aún. Habrá que dilucidar cómo conviven en Cuesta de Moras, cómo enfrentarán las tres fuerzas las elecciones municipales que son el meollo de la cuestión y cómo se repartirán las responsabilidades (y las ganancias) financieras y políticas de la campaña electoral pasada, apenas en fase preliminar de investigación. Para abrir el panorama conversamos con la presidenta y diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar.

La popular red social TikTok está acaparando titulares cortesía de nuestras autoridades. Primero, la movida viral de la presidenta de la Caja que se metió en el quirófano en media cirugía ya llegó a la Fiscalía. Segundo, el TikTok de la ministra de Educación hablando de un “miniFees” sentó muy, muy mal en el Conare. Tercero, ayer el ministro de Hacienda dijo que el “megacaso” de evasión que le atribuyeron a Baruch partió de una denuncia en TikTok.... Mientras tanto, llegó la hora de hablar del Caso BCR SAFI, aprovechando que ayer fue aludido en la presentación semanal del mandatario Chaves Robles en Casa Presidencial. 

En el marco del nuevo tiempo político por el que está atravesando la sociedad hondureña desde la llegada de Xiomara Castro al poder, el subsecretario de Prensa de la Casa Presidencial del país centroamericano, Carlos Estrada, dialogó con GPS Internacional para analizar el proceso de transformación que se vive.

Tomando como punto de referencia los últimos 16 años, desde que Hablando Claro salió al aire en febrero del 2007, han pasado cuatro administraciones y estamos en el inicio de la quinta. Ya hace 17 años que la Unidad Social Cristiana quedó fuera del poder. Liberación dejó de gobernar en el 2014 y el PAC, que terminó apenas en mayo pasado, perdió hasta su representación legislativa. Tal es la crisis de los ya viejos partidos políticos del país; al punto que hoy por hoy el único partido político tradicional, estructurado y con visión programática que le queda a Costa Rica es el Frente Amplio. Mientras tanto, como es un hecho político incontrovertible, el actual presidente don Rodrigo Chaves llegó al poder gracias a un partido taxi que, de acuerdo con el último informe de opinión pública del CIEP-UCR, 9 de cada 10 ciudadanos no sabe cómo se llama. Claro que en esta coyuntura lo anterior podría considerarse un dato insignificante a juzgar por el hecho de que, incluso, los inquilinos de la Casa Presidencial están organizando una nueva agrupación para concurrir a las municipales del año entrante y, presumiblemente, a las nacionales del 2026. ¿Qué hace una democracia clásica representativa para remozarse, si tiene partidos políticos enfermos y nuevas divisas partidarias en constante formación y disolución? Lo conversamos este jueves en nuestra semana de aniversario con el politólogo Roberto Gallardo y el periodista Álvaro Murillo.

¿Se trataba de una componenda cualquiera como las que se ven todos los días en redes sociales para desacreditar enemigos? O ¿se trata más bien de una estructuración orquestada desde el más alto nivel del poder para manipular a la opinión pública? O acaso, ¿hay una especie de gestión conspirativa que pudiera colocarse en medio de los dos extremos anteriores? Durante ya tres semanas, un escándalo que detonó la propia ministra de Salud a propósito de la ruptura de la relación contractual con su propio mercenario digital, ha escalado hasta colocarnos en una trama novelesca a la que cada día se le agrega un nuevo capítulo. No pretendemos colocar la zaga en el nivel de la penetración funesta que sufrió Estados Unidos en las elecciones del 2016 a favor Trump o al grado de la injerencia algorítmica ampliamente demostrada en el referéndum por el Brexit en 2017. Pero lo cierto, querámoslo o no, es que hoy tenemos abundantes elementos fácticos para reconocer que la democracia costarricense también está siendo amenazada a partir de redes de odio, mensajes políticos dirigidos a la descalificación con mercenarios digitales que están disparando a la institucionalidad para afianzar figuras o pseudo líderes salvadores en el pináculo de las esperanzas de un segmento muy voluble de la opinión pública. El escándalo obligó el miércoles (acaso tardíamente) a la Casa Presidencial a intentar desmarcarse de la “acción unilateral”, según dijo, de funcionarios públicos, que contrataron servicios para sus campañas de odios y apoyos incondicionales. Pero el desaguisado está lejos de terminar. Cerramos nuestra semana Hablando Claro con los experimentados comunicadores Esteban Mora y Boris Ramírez.

Casa Presidencial toma el "poder" de la Asamblea Legislativa; inician las sesiones extraordinarias.

Pasado el fin de semana largo del Día de las Madres, el martes asoma lleno de hechos relevantes. Al menos los previsibles. Estudiantes, profesores y administrativos de las cinco universidades públicas del país caminan desde distintos puntos del centro del área metropolitana a la Casa Presidencial en Zapote para demandar un avance en el necesario acuerdo para dotar de financiamiento el año próximo al Fondo Especial de Educación Superior, FEES. Visto desde afuera, todo hace indicar el gobierno no calibró bien ni la estrategia ni la táctica respecto de la negociación. Primero, le dio demasiadas largas al inicio de los encuentros y ello no solo incrementó la expectativa y la impaciencia, sino que se tornó en una muestra de displicencia respecto de la importancia del asunto. Lo que, obviamente, no presagiaba el mejor clima. Luego, una propuesta sobre la mesa con un recorte de casi una cuarta parte del presupuesto, y, como si fuera poco, una narrativa (una más) de polarización respecto de que la asignación universitaria será “a costas” de la retribución a los otros niveles de la educación. Malas señales. Así que en plena celebración de los primeros 100 días de gestión este martes, compartiremos los anuncios del Ejecutivo sobre la ruta fiscal -entendemos que de corto plazo- con la marcha universitaria. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa, que a poco empieza a aceitar sus engranajes, debatirá en la Comisión de Asuntos Económicos de qué tamaño y cómo se hará la asignación de los necesarios eurobonos para hacer frente al pago de los vencimientos de deudas que se sucederán año tras año a partir de enero próximo. De estos y otros temas conversamos con el Dr. Carlos Murillo, doctor en gobierno y políticas públicas y relaciones internacionales y Director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

Decreto de Casa Presidencial sobre el precio de los medicamentos y su eficacia 

Un cúmulo de señales nos permiten ir vislumbrando de a poco -pero cada vez con más claridad- el estilo de la nueva administración gubernamental. La toma de control no ha sido fácil para un equipo que -en la mayoría de los casos- no se conocía y con fichajes que -también en no pocos casos- debió integrarse con profesionales y académicos que no habían tenido relación con el manejo de la cosa pública y sus insondables complejidades. El mismo mandatario, que había dicho en su día que nunca argumentaría ingobernabilidad para no tomar decisiones, recalculó sus apreciaciones al señalar -con el eco legislativo de su jefa de bancada- que los mandos medios le están obstaculizando la tarea. No precisó si son esos mismos controladores de las instituciones públicas los que no le permiten rebajar el precio del arroz -como lo prometió- aunque claramente el lunes lanzó indirectas a quienes impiden la ansiada rebaja. A pesar de ello, el mismo señor presidente dice (y dice bien) que los problemas no son para quejarse de ellos, sino para resolverlos. Por eso, todo hace indicar que tendrá que reconsiderar su determinación de no romper la regla fiscal, dado que se necesitan con urgencia dineros extras para mantener en el segundo semestre del año todos los programas de protección para 3.557 niños y adolescentes en vulnerabilidad social. Lo que sí se logró ya fue que ARESEP decretara una rebaja de 100 colones en el litro del diesel. Lo que sí se pudo también (y eso cuenta y es lo más destacado) fue que el país clasificara al Mundial de Qatar y eso es algo que favorece en cualquier tiempo a cualquier mandato. Otra nota positiva es la intención de diálogo y apertura que muestra la Casa Presidencial “con pizzas para todos” como lo confirmó un comunicado oficial en días pasados. Énfasis especial ha tenido en este empeño el proyecto de jornadas 4-3. Claro que hay de todo como es usual y el estilo de gobierno está tomando forma también desde el inicio con el cobro de facturas. Ha habido destituciones en Comex, Hacienda, Sinart, el ICE y otras entidades por donde va pasando la renovación de piezas. Para algunos de los integrantes del gabinete, el presidente Chaves Robles es más un gerente y su idea es conducir al Ejecutivo más como una empresa. ¿Es eso posible? Y como nota a pie de página, un capítulo sorpresivo y sorprendente se produjo este jueves cuando don Rodrigo Chaves dejó de lado sus funciones y se apersonó a la fiscalía general para documentarse acerca de una acusación en su contra. No se supo mucho de la situación particular, pero obviamente fue todo un revuelo, incluida la movilización de medios que se produjo. Oficialmente, si se sabía que el mandatario tiene dos expedientes en curso por los temas del manejo del financiamiento de su partido en la campaña electoral y sin duda, dados los tiempos que corren, acumulará más a lo largo del cuatrienio. Recordemos que el ahora expresidente Carlos Alvarado terminó con al menos una decena de acusaciones penales. Con Jesús Guzmán, del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, analizamos las primeras seis semanas de la actual gestión.

La historia es esta. CR Hoy se enteró de cinco investigaciones penales abiertas contra el presidente y mandó un cuestionario a Casa Presidencial. Rodrigo Chaves Robles, no estaba al tanto de que lo estuvieran investigando, así que mandó a un representante legal a realizar las consultas del caso a la Fiscalía.

Sección de A Vivir Navarra con el programador musical, Fermín Göo, se adentra en terrenos pantanosos hablando de drogas y política e ilustrándolo con música de su particular repertorio.

Este es el tercer episodio de la segunda temporada de los GatoPodcast de los viernes. Hablamos de las marchas, de acoso en las universidades y de la reunión de magistrados TSE en Casa Presidencial. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/gatoencerradosv/message

Este jueves concluyen los ocho meses de sesiones extraordinarias en el Congreso y el Ejecutivo confía lograr en las horas postreras, la aprobación de las leyes para la condonación de cuentas a morosos con la Caja y la de prohibición de exploración y explotación de petróleo y gas. Fueron ocho meses intensos en los que hubo de todo: cambio de autoridades, presupuestos extraordinarios, leyes sustantivas como la de empleo público y el fondo monetario internacional y otras tantas. Hubo interrupciones por problemas con el nuevo edificio y también por contagios de covid y uno de ellos lamentablemente produjo dos meses después el fallecimiento del congresista Rodolfo Peña. Hubo (y hay) convenciones partidarias con media docena de diputados aspirando a las nominaciones, hubo ruido alrededor del delicado (y bastante soslayado) tema de la penetración de figuras narco en los pasillos y oficinas de algunos diputados, hubo ecos a granel por el megacaso cochinilla… Y, por supuesto, no faltaron los gazapos como la pretensión de llamar a comparecer a Cuesta de Moras a los CEOs de Pfizer. Es decir, hubo dinámica de tinglado político como es consustancial a la democracia. Lo cierto es que el Ejecutivo valoró como positivo el balance y para cerrar desconvocó toda la agenda en ese último intento por lograr la probación de la condonación de las deudas, iniciativa que “representará un gran alivio para el bolsillo de miles de costarricenses que a su vez nos permitirá incidir y combatir los índices de la informalidad así como recaudar nuevos ingresos para la Caja Costarricense del Seguro Social” según dijo la titular de Presidencia, Geannina Dinarte. De ese proyecto se espera la aprobación. El que luce cuesta arriba es el que busca la prohibición de petróleo y gas natural. La complicación deviene de un artículo que permitiría a RECOPE incursionar en energías alternativas con todo y recursos para poder hacerlo. Recursos de las tarifas que todos pagamos, lo que por supuesto, lo convierte en inviable; si es que no se encuentra forma alguna de corregirlo. Todos estos temas los abordaremos con la ministra de la Presidencia Geannina Dinarte, particularmente para saber cómo vislumbra Casa Presidencial el período de ordinarias y los proyectos de la agenda con el Fondo Monetario Internacional.

La Casa Presidencial de Costa Rica y otras instituciones públicas fueron allanadas esta semana debido a una investigación de posibles pagos de sobornos a funcionarios públicos por empresas constructoras y de mantenimiento de carreteras. Escucha el informe del corresponsal de SBS Spanish en Centroamérica, Wilfredo Salamanca.

-Sus acciones están por los aires, pero las aerolíneas aún no. -Musk vuelve a jalar las cuerdas del Bitcoin. -Los accionistas de la GM están más felices que nunca. -Reunión cumbre de la OTAN con nuevos ánimos. -Biden y Erdogan tratan de acortar la distancia entre ellos. -Política monetaria de los BRIC; entre inflación e infección. -¿Por qué el éxito de la mujer de color es difícil de replicar? -Postor paga 28 millones de dólares para volar con Bezos.

Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.  Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público de Costa Rica, realizaron 57 allanamientos, 14 de ellos a instituciones públicas como la Casa Presidencial, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Investigan supuestos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros para la construcción de obras públicas como carreteras y vías en todo el país. "Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (...) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos", expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.  Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 125 millones de dólares. Aunque está en etapa de investigación, estas diligencias policiales ponen de nuevo en la mesa el tema de la corrupción. “Aunque los argumentos de la Fiscalía parecieran ser contundentes, creo que lo más prudente es esperar el juicio”, dijo a RFI Daniel Matul, analista político de la Universidad Central en Costa Rica. “La pregunta es si todos los ministerios están vacunados contra esto o es una práctica recurrente. Políticamente tiene implicaciones muy fuertes porque habría que ver qué está pasando en otros ministerios que tienen compras y obras de concesión muy fuertes. Eso nos pone delante de un enorme desafío institucional del país”. Esta es la segunda ocasión en que la residencia del presidente Carlos Alvarado es allanada. En febrero de 2020 las autoridades ingresaron como parte de la investigación sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).  “El otro componente que me parece importante en términos de la política es esperar a que se empiece a consolidar todo el proceso para ver las conexiones que hay”, dijo Matul. “Ya el presidente había salido más o menos bien librado con la primera investigación que se le hizo sobre el caso de la UPAD. Y ahora vamos a ver si el presidente logra salir bien librado de todas estas conexiones, si es que tuvo algún papel. Eso es importante tenerlo claro. Y no solamente él, sino también otras altas autoridades que podrían estar involucrada”. Durante los operativos de este lunes detuvieron a 29 personas, entre funcionarios públicos y trabajadores de las empresas constructoras investigadas. Con AFP.

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Investigación por posible tráfico de influencias, peculado, falsedad ideológica y malversación de fondos

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El gobierno de Honduras rechazó este lunes 8 de febrero nuevos señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico hechos contra el presidente Juan Orlando Hernández en documentos judiciales presentados en una corte de Nueva York el 5 de febrero. "La versión de que el pdte. Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Geovany Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza para reducir sus condenas", afirmó Casa Presidencial en Twitter. Según nuevas publicaciones de prensa que citan informes judiciales, fiscales estadounidenses iniciaron investigaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, identificado con el código CC-4, y otros altos funcionarios hondureños al ser mencionados por Fuentes quien es sometido a juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Creo que él [el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández] está seguro de que mientras se mantenga en el poder, Estados Unidos no intentará absolutamente nada”, dice a RFI el exfiscal general de Honduras,  Edmundo Orellana. “Porque es el único gobernante que es confiable para ellos en el istmo centroamericano y además es el único país que tiene una base militar que representa muchos intereses para EE. UU.” Los fiscales en Nueva York acusan a la administración en Tegucigalpa de ofrecer una muy limitada colaboración. “Es tal limitación del gobierno que el primer caso de extradición que se llevó a cabo por captura de la autoridad hondureña se hizo sin consultar con el gobierno”, dice Orellana. “Esto significó que el presidente destituyera al director de la policía quien se exilió a Estados Unidos porque temía ser víctima de un atentado. Y costó mucho que los dirigentes de ese cartel fueran entregados a la autoridad de Estados Unidos porque, según trascendió por parte del ministro de Seguridad, el presidente quería saber qué era lo que [el cartel de los] Valle Valle iban a declarar a Estados Unidos”. El escrito de los fiscales estadounidenses asegura que en 2013, CC-4 "solicitó grandes contribuciones de campaña (...) y describió participar en la corrupción pública generalizada dentro de Honduras, incluida la malversación de la ayuda de Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales y robos del fondo de seguridad social de Honduras". “Desde principios de este siglo, el narcotráfico prácticamente se había adueñado del territorio nacional”, dice a RFI Orellana. “Controlaban la parte occidental, y prácticamente todo el litoral atlántico. En esas áreas los que mandaban eran los capos. Ahí no mandaba la policía, no mandaba el ejército, no mandaba los tribunales, no mandaba la fiscalía. Eran ellos los que mandaban a vista y paciencia de todo el mundo. Era cuestión de tiempo que los políticos se unieran a ellos con el propósito de financiar campañas a su favor y a su vez prometerles protección. Así es que no es remoto que él [Juan Orlando Hernández] resulte implicado, pero igualmente otros que en todo ese tiempo también recibieron financiamiento, como es el caso de muchos que fueron extraditados a Nueva York, políticos que aceptan hoy que fueron parte de ese crimen o recibieron beneficios”.   El presidente ya había sido mencionado en el juicio que fiscales federales siguen contra su hermano menor, Juan Antonio "Tony" Hernández, quien está preso por ser encontrado culpable como narcotraficante "a gran escala" y espera una sentencia de al menos 40 años de cárcel. El gobernante había rechazado los cargos alegando que los señalamientos de los fiscales se basan en testimonios de narcotraficantes confesos que fueron extraditados por su gobierno, que se entregaron al sentir la presión de que iban a ser capturados o fueron capturados por autoridades estadounidenses. Su hermano fue capturado en noviembre de 2018 en Miami. Antes, también el líder del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, testificó que ellos y otros narcotraficantes pagaron sobornos masivos a CC-4 a cambio de protección de las fuerzas del orden y de evitarles una extradición hacia Estados Unidos. "Entre otras cosas, y como se estableció en el juicio de Tony Hernández, alrededor de 2013, CC-4 aceptó aproximadamente $ 1 millón en ganancias del narcotráfico que le fue entregado a su hermano por el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera (Chapo", asegura el documento. Pero Casa de Gobierno reiteró en otro tuit que "esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho que durante la administración Hernández el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019 según reconocen publicaciones del Departamento de Estado". El departamento de Estado reconoció en la administración de Donald Trump que Hernández era "buen aliado" en la lucha contra el narcotráfico.   Con AFP.

Noticiero Libre Expresion Edición Martes 13 de Octubre 2020 Régimen Ortega- Murillo realizó cambios a Ley de Agentes Extranjeros Once personas fallecieron por accidentes de tránsito en Nicaragua en la última semana 102 mil personas en el subempleo como resultado de las crisis que ha enfrentado Nicaragua Costa Rica: manifestación frente a Casa Presidencial acaba sin diálogo y con violencia

Centro Noticias Edición Martes 13 de Octubre 2020 Pronostican fuertes lluvias en Nicaragua para las próximas 48 horas Rosario Murillo dice que tiene dos millones de firmas de ciudadanos para instaurar cadena perpetua 102 mil personas en el subempleo como resultado de las crisis que ha enfrentado Nicaragua Periodista Oscar García interpone demanda laboral contra canal 12 por siete millones de córdobas Costa Rica: enfrentamientos cerca de la Casa Presidencial tras marcha

Fotografía: Gerardo Lizano - Costa Rica Noticias Tenemos atravesado este sentimiento de desconcierto respecto de lo macondiano del escenario. De un lado, esfuerzos serios de diálogos intersectoriales en proceso, desde el Estado de La Nación y los Poderes Legislativo y Ejecutivo y también desde la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, empresarios, cooperativistas, sindicalistas y solidaristas. Del otro, manifestantes fuera de control en una marcha que se proclamó pacífica pero que derivó en violenta en las afueras de la Casa Presidencial. Pocos países con tanta contención de sus cuerpos policiales. Tanta, que después de estos días tristes de bloqueos y marchas, se cuentan por decenas los efectivos del orden heridos. ¿Cómo explicar lo que nos está pasando? Pero más importante aún ¿cómo canalizar las diferencias? El Estado de la Nación por primera vez da un paso adelante y pasa del diagnóstico y las recomendaciones para la formulación de políticas públicas a la mediación efectiva para el diálogo en búsqueda de acuerdos concretos. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de alcanzarlos? Durante semanas el Ejecutivo trastabilló sin encontrar el camino para implementar el diálogo nacional que todos los sectores exigían. Ahora, con el acompañamiento del Legislativo como necesario apuntalador de la institucionalidad democrática, el programa Estado de la Nación llega en auxilio del momento crítico aportando experiencia, solvencia y acaso el valor más importante, credibilidad. ¿Cómo se estructuran los diálogos a partir del sábado próximo? ¿Qué productos deben emanar de las deliberaciones de los 29 actores que se sentarán a la mesa? Conversamos con Jorge Vargas Cullel director del Estado de la Nación y con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

Esteban Aronne y Sergio Castro analizan los acontecimientos más importantes del acontecer nacional e internacional. Distintos puntos de vista y opinión de expertos se encuentran en “Esta Tarde” en Radio Monumental.

El periódico digital El Faro reveló la semana pasada que el gobierno del presidente Nayib Bukele habría negociado con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de los homicidios. Una situación que no sería inédita. No es la primera vez que las maras se convierten en moneda de cambio por parte de los gobiernos salvadoreños. Esta vez es Nayib Bukele quien queda salpicado tras una investigación publicada por el diario digital El Faro, donde se muestran pruebas evidentes de acuerdos entre los pandilleros y el actual gobierno para conceder favores carcelarios a cambio de votos para el gobernante partido Nuevas Ideas. “La investigación tiene fuentes, pandilleros de la MS-13 que atestiguan que esto está ocurriendo, pero en este caso lo que obtuvimos son documentos del propio Estado, es decir el Gobierno dejando pistas que hemos publicado, de cómo, adentro de los penales de máxima seguridad, están ingresando funcionarios públicos y pandilleros de la calle, para negociar con los líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha”, explica a RFI Oscar Martínez, editor de la publicación de El Faro. En estas reuniones, prosigue, “negociaron beneficios carcelarios, es decir la posibilidad de tener visitas en los penales de máxima seguridad, de que les vendan mejor comida, de que vuelvan a tener algunos espacios de recreación, y a cambio, ellos hablan de cerrar la válvula de los homicidios”. Pero no es todo: “Luego, hay conversaciones sobre las elecciones de 2021, donde los miembros del Gobierno piden apoyo y las pandillas aseguran que apoyarán al Gobierno. Aún no detallan cómo, por eso la publicación que hicimos habla de una negociación que aún está en curso”, dice Martínez. Dos objetivos: gobernabilidad y votos Según el antropólogo Juan José Martínez d’Aubuisson, existen pruebas evidentes de que desde hace cuatro legislaturas, El Salvador está cogobernado entre las pandillas (principalmente la Mara Salvatrucha) y el gobierno central. Según Martínez d’Aubuisson, los dos objetivos en los pactos son la gobernabilidad y los votos: “En realidad, nunca se ha dejado de pactar con las pandillas. Cambian las formas, pero no cambian los objetivos. Los dos objetivos más importantes de las treguas son, uno, generar gobernabilidad y esto se hace a través de bajar los índices de homicidios, suspender los asesinatos, es decir que un gobierno pueda presentar mejores números, y por lo tanto reelegirse o presentarse como un mejor gobierno. Lo segundo tiene que ver con votos: las pandillas tienen detrás toda una estructura social, y los políticos ven en esto una cantidad muy interesante de votos”. De momento, la única reacción de Bukele ante esta noticia apareció en las redes sociales luego de que el presidente salvadoreño calificase esta investigación como “ridícula” y al periódico como “un panfleto”. No es la primera vez que el gobernante de 39 años arremete contra El Faro, al cual ha descalificado y ha llegado a bloquear su acceso a coberturas en la Casa Presidencial.  

Eli Feinzaig comenta en "Enfoques" de CRHoy, las últimas salidas del Gobierno de Carlos Alvarado.

Invitados: Ana Virginia Calzada, Expresidenta de la Sala Constitucional y Marvin Carvajal, Exdirector Jurídico de Casa Presidencial.

Personal de salud del seguro social que atiende a pacientes de Covid-19 en la Ciudad de México será hospedado en la antigua residencia presidencial. El complejo cultural Los Pinos fue adecuado para que médicos y enfermeros puedan descansar cerca del hospital en donde trabajan y evitar así los largos trayectos.  Durante 84 años sirvió como casa presidencial. 14 mandatarios mexicanos vivieron allí antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador que no se instaló esta residencia. Desde diciembre de 2018 se convirtió en una casa cultural, que ha recibido más de tres millones de visitantes desde su inauguración. Ahora es el hogar provisional de unas 80 personas, entre médicos y enfermeros que atienden pacientes de Covid-19, en tres hospitales de la capital mexicana. Según el nuevo modelo de vigilancia epidemiológica del gobierno mexicano, cerca de 140.000 personas están enfermas de covid-19, siendo uno de los países más afectados en América Latina, por eso era necesario abrir y adecuar espacios como este para ayudar en la lucha contra la pandemia según la Secretaria de Cultura de México, Alejandra Fraustro: "El sector cultural fue el primero en salir de circulación y será el último en regresar, entonces entonces se pone al servicio un espacio público, que se debe a la ciudadanía, para aquellas personas que son las más necesitadas en este momento. La posibilidad para que médicos, enfermeros, enfermeras tengan un lugar tranquilo para descansar cerca del trabajo. Ahorran tiempo y no tienen que tomar el transporte público porque se estará organizado un bus desde y hacia los hospitales. También tendrán acceso a una biblioteca personal que dona el Fondo de Cultura Económica para servicio del personal de salud que ha sufrido fuertemente en esta pandemia".  En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Complejo Cultural Los Pinos cambió momentáneamente de vocación.  La secretaría de cultura puso a disposición del sector salud unos 100 espacios culturales en diferentes zonas del país, que de ser requeridos podrían ser acondicionados para los médicos que combaten la Covid-19.  Lea también >>> Enfermeros agredidos en México: 'Nuestro uniforme, ahora lo tenemos que esconder'

Corría el 16 de octubre del 2004. El Ex presidente Miguel Angel Rodríguez en ese momento recién electo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, venía voluntariamente al país procedente de Washington para enfrentar indagatoria por el caso de corrupción ICE- Alcatel. Descendió del avión y ante los ojos estupefactos de todo el país, el Fiscal General de la República Francisco Dall´Anese lo tomó preso y lo introdujo en una “perrera” policial. Una semana después, otro expresidente, Rafael Angel Calderón Fournier, ingresaba en otro vehículo igual al centro penitenciario La Reforma para cumplir prisión preventiva por el también sonado caso de corrupción con recursos públicos Caja Fischel. Ambos casos, dinamitaron los cimientos de uno de los dos partidos políticos hasta entonces dominantes de la vida democrática de la segunda república. Pero además, habrían de marcar de manera determinante la adhesión de los costarricenses hacia su sistema democrático. Tristemente para mal. Y ese proceso de erosión sigue martillando hoy nuestra institucionalidad. El pasado lunes, la Fiscal General Emilia Navas ingreso con un comando armado a la Casa Presidencial. La sede de gobierno. La casa que representa, junto con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y el ejercicio libre de la prensa, lo más preciado de nuestro andamiaje democrático. Hoy, no se trata de un caso de corrupción, sino -por ahora- de un posible prevaricato; tipificado en el ordenamiento jurídico como un delito menor. El problema, es que el imputado es el Presidente de la República en ejercicio. Y el espectacular allanamiento le dio la vuelta al mundo. ¿Era necesario aplicar los protocolos de acordonamiento con policías armados y aseguradas sus integridades físicas con chalecos antibalas, igual que cuando se allana una bodega narco? ¿Qué efectos produce sobre el país y el ánimo de sus ciudadanos -en el trance debilitado de nuestra economía y nuestros avatares de productividad y desempleo- un golpe de imagen de esta naturaleza? ¿Era en verdad necesario? ¿Hacia a dónde conducirá ahora este manejo mediático de la acción de la fiscalía si el caso no llega a nada? O acaso, ¿por la espectacularidad misma del allanamiento no se pre condiciona ya la casi obligatoriedad de acusar para llevar a juicio a una persona o un grupo, sí o sí? En Hablando Claro conversamos con la Fiscal General de la República. Emilia Navas Aparicio.

Empezó la investigación del Ministerio Público y los tres analistas de datos de la Presidencia de la República quedaron inhabilitados para hablar públicamente. Un inconveniente en pleno proceso político de rendición de cuentas de Casa Presidencial que, por supuesto, no está para nada agotado. Pero ya el cauce fue judicializado y cuando entran los abogados a conducir los procesos, la comunicación y algunos cauces del control político quedan en pausa. Al menos parcialmente. No obstante, aprovechamos que el efecto que originó la tormenta del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos sigue instalado para conversar sobre hechos sustantivos: ¿Cómo responde el sistema institucional de protección y defensa de la privacidad ante una vulneración, pretendida o real? ¿Cómo se protege al ciudadano de posibles excesos del ejercicio del poder? ¿Es nuestra democracia una democracia sólida pero ciertamente venida a menos en la percepción de sus ciudadanos? ¿Cuál es nuestra mejor forma de defenderla? Observamos el tema desde la doble cara de la moneda de lo político y lo jurídico. Con la vice ministra de Presidencia Silvia Lara Povedano y el especialista en derecho constitucional y derecho público Marvin Carvajal.

Episode 816 (June 24, 2019) - AMLO venderá casa presidencial de Cozumel y lo recaudado será para comunidades pobres de Quintana Roo Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Por denunciar y pedir investigar los extremos del negociado del cemento, -todavía en fase de indagaciones judiciales- la Expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica aseguró que fue perseguida y coaccionada por sus superiores políticos en Casa Presidencial durante la pasada administración. Y no es que fueran precisamente nuevas las afirmaciones de la empresaria. Es que las formuló esta semana bajo fe de juramento ante una comisión legislativa, lo que evidentemente trajo a valor presente el caso y consecuentemente la red de tutela que algunos funcionarios del BCR tuvieron desde Zapote , el Congreso y el Poder Judicial, antes, durante e incluso después del convulso momento que marcó los créditos de la malograda política pública que intentó romper el duopolio de la comercialización de esa materia prima en el país. El nombre de Mónica Segnini está escrito ya en las crónicas del cuatrienio anterior del BCR. En sus propias palabras "si uno toma valor para hacer algo, además de hacerlo bien, debe darlo todo...porque tener el valor de decir la verdad es quizás la mejor forma de practicar la lealtad. Por más difícil que eso sea". Con ella terminamos nuestra semana.

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, realizó una demostración del modelo de Voto Automatizado al doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex Presidente de la República, en un encuentro realizado en la Casa Presidencial de dicho partido. El Magistrado Castaños Guzmán destacó en su declaración a los medios de comunicación que “la JCE solicitó esta entrevista con el doctor Leonel Fernández, ya que entendíamos necesario y conveniente que algo tan novedoso y que se está consensuando con todos los partidos políticos y con todos los sectores, sea demostrado, de primera mano, por la JCE y sus técnicos”.Finalizada la explicación y demostración del modelo de Voto Automatizado por parte de los técnicos de la JCE, Leonel Fernández catalogó el modelo de votación como “simple y fácil de aprender y de ejecutar”. Dijo también que “al contar con una impresión física, el nivel de credibilidad es mucho mayor de los que históricamente hemos tenido en el país y creo que podemos sentirnos esperanzados de que efectivamente los candidatos que se escojan por los distintos partidos, mediante este sistema, va corresponder con la voluntad expresada por cada elector”.

Entrevista con Alberto Tavira, Periodista y Editor en Cuna de Grillos

Conversamos en el estudio con Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial de varios temas entre ellos el presupuesto 2017, salario mínimo, conmemoración de los acuerdos de paz y la propuesta del horario escalonado.

En este episodio conocimos a Mauricio Sandoval quien ha sido desde 1982 el fotógrafo de los presidentes de El Salvador, desde la Junta Revolucionaria de Gobierno, también nos presento su libro Memorias de un Periodista Presidencial.

A mediados de abril el presidente de la República juramentó a Eugenio Chicas como el nuevo secretario de Comunicaciones de la Presidencia, también se desempeñara como diputado del Parlacen en el próximo periodo.

Hoy complacimos sus gustos musicales y disfrutamos de buena música con la rocola discoide. En los deportes Fernando Palomo. En el Shake de noticias conocimos los resultados de la reunión en Casa Presidencial sobre el conflicto CSJ-Asamblea.

Conversamos con un panel de periodistas frescos y objetivos sobre la Ley de Tarjetas de Crédito, el sistema de manejo de prensa de Casa Presidencial y del mismo presidente Funes, la situación de la alerta por lluvias y el contexto político del país.