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El Ministerio Público deposito la solicitud de medidas decoerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en la que pide prisión preventiva para los investigados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y 180 heridos.

Buenas noches. La Fiscalía ha pedido la absolución del hermano del presidente del Gobierno, para el que la acusación particular pedía tres años de cárcel. El Ministerio Público dice que no hay ningún indicio de tráfico de influencias ni de prevaricación y que la causa está condenada al fracaso. Gonzalo Zaballa. El Ministerio Fiscal dice que no se aprecian indicios de criminalidad en ninguno de los 11 procesados, entre ellos, el hermano del presidente y otros cargos de la Diputación Socialista de Badajoz. Las defensas se van a acoger también a este recurso. Lo confirmaba en Cope el abogado de ...

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado.Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI."El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana.Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana."La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya."Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa.El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

A ver, las cosas como son. El Ministerio Público presentó un caso mal armado (¡vaya sorpresa!) y el Tribunal Penal de Hacienda no tuvo más remedio que anular las medidas cautelares contra los dos funcionarios investigados por irregularidades en la recepción del Ciclotrón de la UCR: Kevin Cotter Murillo y Carolina Soto Retana. El fallo no dijo que no hubo delito mucho menos colocó a Cotter o Soto en posición de “víctimas”. Dijo que el expediente estaba mal hecho. 

El instituto forense identificó por nombre, cédula o pasaporte y nacionalidad a  230 fallecidos en la tragedia de Jet Set.El Ministerio Público inició la investigación penal y se radicó la primera demanda civil en el caso.Hay quejas sobre la exclusión de datos en algunos certificados de defunción y se investigan las causas.Un periodista dijo que se debe investigar un posible atentado terrorista pero los expertos que no se aventuran sin datos observan hechos concretos en el techo que se derrumbó: Seis capas de fino (visibles en las losas fotografiadas) fatiga de los materiales tando del acero como del concreto, falta de mantenimiento y análisis de la estructura en general.Las autoridades tienen ofertas de Puerto Rico y NY para la investigación y tienen los informes de los rescatistas de México e Israel que dieron sus opiniones.Ayer el propietario de la empresa se “puso a disposición de las autoridades” cosa que es puras relaciones públicas porque no hay manera de que no esté a disposición de las autoridades y el abogado Jorge Luis Polanco renunció de la coordinación del equipo de abogados que busca recuperar el patrimonio del estado para defender a la empresa.Les listé los hechos concretos de la tragedia o los principales hechos documentados de la tragedia aunque hay gente que quiere oir otra cosa y si no la escucha se la inventa.La viuda de Octavio Dotel salió a desmentir el bulo de que el hoy fallecido le había prometido que sería su última fiesta para luego entregarse al señor. Ese fake news salió de un cristiano que estuvo en el lugar de los hechos y que se olvidó que Dios lo sabe todo,  oye todo y, lo ve todo.Bokita RD canceló sus cuentas de tik tok e instagram  y creó  nuevas para pedir disculpas por propagar información falsa sobre la tragedia de la discoteca Jet Set. Bokita que es el apelativo de Alexis Tejeda, nativo y residente en Cenoví, fue la persona que apareció en cuchumil plataformas digitales diciendo que fue testigo de la sustracción de pertenencias por parte de los rescatistas.A Foster le fue mejor que al resto porque le pagaron las entrevistas en las que dijo que los rescatistas habían actuado con favoritismo e sus labores. Foster hoy arrestado por la policía es una personas con antecedentes penales pero fue requete entrevistado y lo peor; pagado, para sostener lo insostenible sobre la posibilidad de privilegiar personas en una situación de esta naturaleza.Esta mañana me senté a buscar todas las entrevistas de Foster y los videos de bokita pero sus entrevistadores las borraron. Suerte que hay forenses para todo, porque aunque yo no tenga acceso las autoridades sí los tienen.Es relevante que ante la falta de escrúpulos por estos crímenes digitales se haga algo que frene a los mentados creadores de contenido y a los pseudo periodistas que no preguntan y no investigan.#TragediaJetSet #InvestigaciónForense #Desinformación #NoticiasFalsas #JusticiaRD #ResponsabilidadCivil #AtentadoTerrorista #Rescatistas #RedesSociales #FakeNews #PeriodismoResponsable #CreadorDeContenido #NoticiasRD

El Ministerio Público sugiere suspender preventivamente el proceso de contratación con la firma internacional Hughes Hubbard.

⚖️ ¿Quién fiscaliza a los fiscales? En el Política Podcast, Juan Carlos Claret criticó la falta de control efectivo sobre el Ministerio Público, señalando que decisiones cruciales de fiscales regionales carecen de contrapesos reales. Propuso fortalecer la institucionalidad interna y cuestionó ideas como la elección popular de fiscales.

Hace tan solo unos días que la colega Claudia Fernández de Diario Libre reportaba que en cinco años se habían reportado 341, 896 casos de violencia de género o intrafamiliar. El Ministerio Público contabiliza 31,093 órdenes de protección emitidas allí desde el 2022 y 9,272 infracciones por delitos sexuales desde el año 2020. Mas o menos una de cada 10 reportes tiene una respuesta dentro del sistema.Hoy cuando se lamenta la tragedia del barrio Nueva Jerusalén en la que un ex oficial de la armada mató esposa, hijo, nuera y dejó herido a un segundo hijo antes de suicidarse vuelven a salir los números y vuelven las lamentaciones.11 mujeres asesinadas en marzo. Solo en Santiago 3 en una semana.Como se trata de números ayer la ministra de lo interior dió los numeros de una investigacion del CIPAF, Centro de Investigación para la acción femenina, que reveló que en República Dominicana cerca del 44 % de las mujeres ha sido víctima de algún tipo una agresión sexual, pero sólo el 16.5 % de ellas denunció los hechos ante las autoridades. Cuando la agresión se produjo siendo menores de edad, el 53.8 % indicó que sus padres o tutores no se enteraron del hecho.Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para hombres agresores explica que las mujeres callan la violencia de la que son víctimas entre 4 y 6 años. De la estadística de Verges se deduce que la tolerancia social al control masculino lleva a las mujeres a soportar calladas. Mueren las que se le acaba la suerte de la tolerancia al dolor.La investigación de Verges que trata con los hombre violentos indica que el problema de base es la percepción de propiedad de la mujer que prevalece en la sociedad dominicana.Al explicar el perfil del hombre violento con la mujer, poniendo como ejemplo un video que circuló en las redes donde se observaba a un hombre halar varias veces por los cabellos a su pareja, el terapeuta dijo que  ahí se hace presente la distorsión cognitiva: la idea de creer que el otro le pertenece y que si el otro no hace lo que esa persona entiende que debe hacer y si no lo hace, se siente con el permiso de hacerle pagar una consecuencia.Como todo en RD el tema de la violencia de género está más que estudiado pero no hay política de atención más allá de lo individual. Lamentablemente vamos a seguir contando casos y lamentando muertes y CIPAF y la procuraduría llevando estadísticas porque todo el que ha investigado el tema insiste en que el tema se debe tratar desde el nivel más simple que es la escuela. 

Solicitud de remover a Patricio Cooper desata guerra entre el oficialismo y el Ministerio Público by El Líbero

Después de cuatro años del inicio de la investigación fiscal, concluirá el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre el 2011 y 2014 como presidente regional de Moquegua. Vizcarra es acusado de recibir 2 millones 300 mil soles de sobornos a cambio de direccionar la concesión de los proyectos Lomas de Ilo y mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua. El Ministerio Público pide 15 años de prisión contra Vizcarra Cornejo. Conozcamos más del desarrollo del proceso en el siguiente informe.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Carlos Gajardo y Juan Francisco Galli sobre la muerte de la funcionaria de la Defensoría del Contribuyente. Además, comentaron el efecto de la reducción presupuestaria en el Ministerio Público y como se compatibiliza la responsabilidad fiscal con las urgencias de los ciudadanos.

El Ministerio Público interroga a los apresados en los allanamientos de la operación Panthera 7, vinculada al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína en el puerto Multimodal Caucedo, considerado el mayor cargamento de la historia en la República Dominicana y el Caribe.

El Ministerio Público logra desarticular organización criminal mexicana que intentaba establecerse en Chile para el tráfico de metanfetamina a Oceanía y Europa. La operación "Cristales del Pacífico" permitió la detención de dos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, incautando 844 kilos de la droga. La sustancia era enviada desde México, camuflada en pintura, y procesada en una parcela en Lolol. Por otro lado, en el congreso del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona evitó pronunciarse sobre la situación en Venezuela, mientras que el presidente Gabriel Boric calificó el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura por el fraude electoral.

La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) ha declarado un paro en sus labores ante la falta de respuesta del Ministerio Público a sus demandas. En este episodio de LO PIENSAN TODOS, LO DECIMOS NOSOTROS, profundizamos en los detalles de estas exigencias y en las razones detrás de esta paralización que impacta la justicia dominicana.Nos acompañan la fiscal Julissa Hernández, coordinadora de comunicaciones en FISCALDOM, y la magistrada Carmen Alardo, quienes comparten sus perspectivas sobre esta lucha por mejores condiciones y su impacto en el sistema judicial. ¡No te lo pierdas!

El Ministerio Público indicó que "ambas víctimas (que no se conocen entre sí) dan cuenta que la relación sexual no fue consentida".

El Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras ya acumula a más de 117 personas perseguidas en su administración desde académicos hasta jueces y ex investigadores de CICIG

El Ministerio Público pidió imputar a la líder opositora por apoyar un proyecto de ley en EE.UU. contra el régimen de Maduro.

Martín Vizcarra se convertirá en el cuarto expresidente peruano en sentarse frente al banquillo de los acusados, imputado de presunta corrupción y afrontando una posible condena que lo podría llevar a purgar 15 años de cárcel. El Ministerio Público lo acusa de haber recibido una coima de S/2,3 millones en su condición de exgobernador de la región Moquegua, entre el 2011 al 2014, de las empresas Obrainsa e ICCGSA.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El Ministerio Público y la Policía Nacional capturaron al sargento mayor de la uniformada, Raphael Laureano de los Santos, alias Cabito, acusado de asesinar a balazos a un joven en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.

El Ministerio Público confirmó la detención de Pedro Tellechea, exministro de Petróleo por entregar información confidencial sobre el cerebro de PDVSA a una empresa que supuestamente está vinculada a la inteligencia de Estados Unidos, según expresó el Fiscal General en un comunicado. Harley Monseguileman, reportero de Unión Radio, indicó que se habla de 6 personas más de su entorno que estarían involucradas no solo en la entrega de información confidencial, sino por otros delitos de menor nivel . Destacó que con Pedro Tellechea, ya serían 5 los exministros de petróleo que estarían involucrados en hechos de corrupción. También te puede interesar: Fiscalía confirma detención de exministro Tellechea por entregar información a empresa de EEUU   El reportero informó que desde marzo de 2023, al menos 66 personas habrían sido detenidas por hechos de corrupción vinculados a PDVSA. Recordó que Tellechea ha estado muy vinculado con el exministro Tareck El Aissami. El Fiscal General aseguró que en las próximas horas habría una rueda de prensa para aclarar detalles sobre esta detención.

El Ministerio Público depositó esta noche el dispositivo de solicitud de medida de coerción contra el empresario Jochy Gómez, el exdirector del Intrant Hugo Beras y compartes, vinculados a Operación Camaleón.

En este episodio de LO PIENSAN TODOS, LO DECIMOS NOSOTROS, analizamos el escándalo que sacude al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). El Ministerio Público acusa a Hugo Beras, exdirector ejecutivo, de ser coautor y facilitador de una trama de corrupción en la modernización de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Descubre los detalles de la licitación fraudulenta, el rol de la empresa Transcore Latam SRL y la orden de arresto emitida por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez. ¡No te lo pierdas!

El Ministerio Público anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hace modificaciones a diferentes disposiciones relacionadas a la lucha contra el crimen organizado y los procedimientos en la investigación de estos. La norma, publicada por el Congreso, ha originado polémica debido a que un grupo de especialistas mientras otros sostienen que es constitucional y garantiza el debido proceso. Conozcamos más en el siguiente informe.

Luis Reyes conversa con Lionel Toriello y Edgar Ortiz sobre la situación entre el Ministerio Público y el gobierno de Bernardo Arévalo. Por primera vez el MP imputa al presidente con un fallo legal o quizá no tan legal, además solicitaron el retiro de funcionarios de su equipo y gabinete. ¿Es momento de tomar decisiones de confrontamiento por parte de Bernardo Arévalo?

En este episodio de "LO PIENSAN TODOS, LO DECIMOS NOSOTROS," analizamos el impactante caso de Stalin Silvestre Corporán, el joven de 23 años acusado de amenazar al presidente de la República, Luis Abinader, mediante un video en redes sociales.El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción en su contra, pero ¿qué implica realmente esta acusación?Para desentrañar las implicaciones legales y posibles penas para Corporán, contamos con la presencia del reconocido abogado Carlos Salcedo. Descubre si este joven podría enfrentar un proceso penal y cuál podría ser su destino si es hallado culpable.No te pierdas esta conversación reveladora y suscríbete para más contenido exclusivo sobre temas de actualidad y controversia.

En una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado, las autoridades policiales requieren siempre de mayores recursos económicos que se traduzcan en más personal altamente capacitado, equipamiento, vehículos, programas de prevención y tecnología para enfrentar la expansión de estos grupos delincuenciales. De allí la alerta que se encendió con la entrada en vigencia de la Ley de Manejo Eficiente de la liquidez del sector público y la consecuente modificación a la Ley sobre Estupefacientes, en lo relacionado con la administración del dinero producto de las subastas de los bienes decomisados en actividades ilícitas. Estos recursos eran manejados y distribuidos por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y ahora pasaron a la caja única del Ministerio de Hacienda. El Organismo de Investigación Judicial sostuvo que esa ley crea incertidumbre. El Ministerio Público lo calificó como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el IAFA manifestaron estar tranquilos de que esos dineros los van a recibir por la vía ahora establecida. Ciertamente, el Ministerio de Hacienda contestó que los recursos para estas instituciones de prevención, represión e investigación están garantizados en el presupuesto de este año, aunque admitió un error en la redacción de la nueva ley. Y como no está claro que ese traslado se vaya a garantizar todos los años, se habla ya de una posible reforma en el Congreso. Al respecto, conversamos con el subdirector del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Javier Valerio.

La justicia de Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad. El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este).Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Las memorias del jesuita en las que describía los abusos fueron encontradas por investigadores eclesiásticos y, según la publicación del diario, fueron nombradas como "Los Manuscritos de Charagua" y no fueron públicas hasta ahora.“Deslindarse institucionalmente”Tras cinco años de investigación, los Jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones “negligentes, indolentes y nefastas” ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Esta confesión aparece luego de que la orden ocultase los resultados de su investigación interna sobre Luis María Roma. La Compañía de Jesús aseguró que “no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos porque primero son las víctimas”.Para Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una asociación de víctimas de pederastia, el comunicado de los jesuitas produce una profunda indignación: “No admiten todo lo ocurrido. Están orientando hacia la responsabilidad individual de los sujetos que gestionaron los conflictos en 2019 en el caso ‘Lucho Roma'. Sin embargo, la comisión investigadora es institucional, es de sus canales internos, de su justicia canónica. Y desgraciadamente en esa comisión investigadora estaba otro abusador, también ya denunciado, Carlos Villamil Olea, y estaba algún otro sacerdote, incluso del propio colegio, de donde sale la mayoría de miembros de esta comunidad”, explica.“Entonces, para nosotros resulta nefasto que, a título de reconocer responsabilidades, traten de deslindarse institucionalmente para cargar la responsabilidad en los individuos. Cada uno de estos individuos actuó como parte de un mecanismo institucional de la Compañía de Jesús y en su informe instaba a avanzar, y la Compañía decidió esconder los documentos hasta que se vio obligada a revelarlos”, recalca Alvarado.Investigación y víctimasEl caso del sacerdote Luis María Roma es tan solo uno más de este escándalo que destapó el diario El País. Entretanto la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana no parará hasta que la verdad se reconstruya.“La actitud de la Compañía es hipócrita, es soberbia y es meramente mediática. No son los apropiados para urgir a la justicia boliviana a reabrir el caso. La comunidad de sobrevivientes está segura de que el caso se va a reabrir por dos razones: por una esmerada investigación periodística que ha tomado como un año, y porque han aparecido las víctimas que no encontraba la Fiscalía, y están dispuestas a dar su testimonio en la justicia”, concluye Edwin Alvarado.

La justicia de Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad. El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este).Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Las memorias del jesuita en las que describía los abusos fueron encontradas por investigadores eclesiásticos y, según la publicación del diario, fueron nombradas como "Los Manuscritos de Charagua" y no fueron públicas hasta ahora.“Deslindarse institucionalmente”Tras cinco años de investigación, los Jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones “negligentes, indolentes y nefastas” ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Esta confesión aparece luego de que la orden ocultase los resultados de su investigación interna sobre Luis María Roma. La Compañía de Jesús aseguró que “no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos porque primero son las víctimas”.Para Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una asociación de víctimas de pederastia, el comunicado de los jesuitas produce una profunda indignación: “No admiten todo lo ocurrido. Están orientando hacia la responsabilidad individual de los sujetos que gestionaron los conflictos en 2019 en el caso ‘Lucho Roma'. Sin embargo, la comisión investigadora es institucional, es de sus canales internos, de su justicia canónica. Y desgraciadamente en esa comisión investigadora estaba otro abusador, también ya denunciado, Carlos Villamil Olea, y estaba algún otro sacerdote, incluso del propio colegio, de donde sale la mayoría de miembros de esta comunidad”, explica.“Entonces, para nosotros resulta nefasto que, a título de reconocer responsabilidades, traten de deslindarse institucionalmente para cargar la responsabilidad en los individuos. Cada uno de estos individuos actuó como parte de un mecanismo institucional de la Compañía de Jesús y en su informe instaba a avanzar, y la Compañía decidió esconder los documentos hasta que se vio obligada a revelarlos”, recalca Alvarado.Investigación y víctimasEl caso del sacerdote Luis María Roma es tan solo uno más de este escándalo que destapó el diario El País. Entretanto la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana no parará hasta que la verdad se reconstruya.“La actitud de la Compañía es hipócrita, es soberbia y es meramente mediática. No son los apropiados para urgir a la justicia boliviana a reabrir el caso. La comunidad de sobrevivientes está segura de que el caso se va a reabrir por dos razones: por una esmerada investigación periodística que ha tomado como un año, y porque han aparecido las víctimas que no encontraba la Fiscalía, y están dispuestas a dar su testimonio en la justicia”, concluye Edwin Alvarado.

Organismos de Derechos Humanos denunciarán a Boluarte ante La Haya por las 49 muertes ocurridas en las protestas. El Ministerio Público rechaza proyectos de ley del Congreso y llama a defender la democracia. El ministro de Educación sigue rompiendo récords.

Luis Capuñay pidió a las partes citadas por la Fiscalía que cautelen la reserva de la investigación, tras la información que ha sido filtrado por IDL Reporteros.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, dijo que es posible que el Procurador no presente la demanda competencial del Gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por supuesto menoscabo a las atribuciones de la presidenta Dina Boluarte.

Se acaba de presentar la primera querella por financiación ilegal del PSOE por la compra de mascarillas. El programa de Javier Cárdenas cuenta que se acaba de presentar la primera querella contra el Psoe por financiación ilegal por la compra de mascarillas. Recordemos que ya la Fiscalía Anticorrupción de Canarias se había querellado en su día contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por autorizar el pago de cuatro millones de euros que el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres adjudicó a una empresa a cambio de un lote de mascarillas que nunca fue entregado. El Ministerio Público también ha ejercido acciones legales contra RR7 United SL, la empresa adjudicataria.De esta manera, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, aprecia que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En la querella, registrada este martes, la Fiscalía pide que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. Los ya investigados forman parte del Ejecutivo del PSOE que gobierna las islas.En los últimos meses, Anticorrupción había solicitado a la Consejería de Sanidad los contratos con RR7 United, la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el SCS para la compra del material sanitario. Ahora, la asociación “Proteger España” ha presentado la primera querella contra el PSOE. Lo ha hecho por supuestos delitos de financiación ilegal y organización ilegal en el marco del caso Koldo. Esta querella también se dirige contra Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia y este grupo empresarial.La denuncia presentada se basa en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, defraudación fiscal y financiación ilegal de los partidos. Todo esto está relacionado con la adjudicación presuntamente irregular del suministro de cerca de 20 millones de mascarillas FFP2 durante la pandemia de Covid-19.

El Ministerio Público depositó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el expediente por supuesta corrupción contra los exfuncionarios José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, incluyendo otras 26 personas y 12 empresas.

En Columnistas de Mesa Central, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con María José Naudon y Alfredo Joignant sobre el debate en torno al Caso Audio y los avances en la indagatoria de la Fiscalía

El Ministerio Público de Paraguay apartó a los dos fiscales del caso contra el expresidente Mario Abdo Benítez, imputado por presunta revelación de secretos para afectar a rivales políticos. La decisión se dio luego de que se filtraron supuestas conversaciones del abogado del expresidente Cartes, Pedro Ovelar, con el fiscal Aldo Cantero. Según publica el diario ABC de Paraguay, en unos de esos supuestos chats Ovelar le da instrucciones al fiscal y este supuestamente responde “vamos a luchar”. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

La información de que una segunda persona ha sido detenida por comprar cédulas es intrascendente y salió en las páginas interiores de los diarios, pero es trascendente para llamar la atención sobre el avance institucional en el ministerio público de nuestro país. Es la primera vez en nuestra historia que se inicia un proceso real contra un delito de este tipo.  Presos hemos tenido pero no más allá del uso del poder en el partido de turno. Sobre todo en el balaguerato la policía electoral actuaba en contra de la oposición pero de policía no pasaba Hoy nos estrenamos ante la realidad de un proceso que avance o no, dependerá de un sistema. Pero desde ahora comprar cédulas implica un riesgo personal que muchos tendrán que tomar en cuenta.   En una reunión que tuve con una experta en el área me decía que el titular de delitos electorales, magistrado Iván Féliz, está formado en ciber delitos pero que se ha “puesto para eso” Eliezer de los Santos tiene  29 años fue sorprendido el día de las elecciones con varias cédulas de identidad y electoral y RD$41 mil en denominaciones de quinientos pesos, que les fueron ocupados por miembros de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales y de la Policía que se encontraban de servicio en la zona. Yo apuesto peso a moriqueta que Eliezer nunca pensó que contra  existiría la orden de arresto número 121 emitida por el juzgado de atención permanente de Nagua.  La semana pasada le impusieron una medida de coerción por los mismos delitos a Jeffrey Alexander de la Rosa en Santiago. Insisto en que yo no sé si los casos progresen en un sistema de justicia aletargado y además lastrado por el derecho de la gente que tiene más dinero para pagar abogados. Pero tanto Eliezer como Jeffrey tendrán que pagar abogados, tendrán que acudir al tribunal tantas veces sea necesario y con eso dejar de trabajar y tendrán que asumir el costo de sus procesos. El fiscal electoral ha dicho que avanzan las investigaciones de varias denuncias en distintos lugares del país y que actuará conforme actúan los fiscales a propósito de las evidencias que puedan recaudar. Siempre habrá tigueraje electoral pero ahora tienen razones para afinar su puntería.

El Ministerio Público necesita ser acotado en sus prerrogativas legales, puesto que, en manos de fiscales inescrupulosos, se convierte en una chaira que no se arredra en violentar la libertad de prensa.Visita nuestra web https://sudaca.pe/https://www.facebook.com/sudacaperu.pehttps://www.twitter.com/SudacaPeruhttps://www.linkedin.com/company/suda...https://www.instagram.com/sudacaperu/https://www.tiktok.com/@sudacaperu Lima – Perú#juancarlostafur #sudacaperú #análisispolítico #sudakaperúhttps://open.spotify.com/episode/Juancarlostafur690

Xavier Soria y Luis Miguel Reyes reaccionan a la conferencia de prensa en la que altas autoridades del Ministerio Público declararon su intención de anular el proceso electoral en Guatemala.

Fin de semana de celebración para la casta gobernante: rodaron las cabezas de Rafael Vela, Marita Barreto, Daniel Soria y hasta Juliana Oxenford. Y el gobierno saca una canción para celebrarlo. MIENTRAS TANTO: ÚLTIMO MINUTO: Patricia Benavides investigada como cabecilla de organización criminal. Detienen a su principal asesor. ADEMÁS: La foto incriminatoria de Otárola y su suertuda amiga. Y... Eduardo Dargent y Milagros Campos discuten las reformas que necesita el país... y las que está haciendo el Congreso. Y viene con advertencia. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp. También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** ¿Quieres que tu emprendimiento sea mencionado en La Encerrona? Regístrate aquí para postular: https://encerroners.club

Mercedes Bautista, Xavier Soria y Luis Miguel Reyes se reúnen para traernos un nuevo análisis sobre los eventos recientes en este entrampado proceso de transición. El Ministerio Público parece estar haciendo una demostración más de fuerza y autoritarismo al solicitar varias capturas de personas que en su momento se opusieron al fraude que colocó de decano a Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos, sirviendo esto de pretexto para encarcelar no solo a estudiantes y docentes, sino a figuras clave adentro del partido que llevó a Karin Herrera y Bernardo Arévalo al poder, el Movimiento Semilla. Asimismo, varias figuras clave dentro de este partido político esperan la resolución de solicitudes de levantamiento de antejuicio dentro del mismo caso. Todas acciones dirigidas desde un Ministerio Público que insiste en utilizar todo su arsenal político para evitar que las autoridades electas democráticamente asuman el poder el 14 de enero.

 El Ministerio Público cita al Dr. Jesús María Casal, Mildred Camero, Roberto Abdul y los presidentes de las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primaria (CNP). El Tribunal Supremo de Justicia ordena la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducidos por la CNP. Ramón José Medina, abogado y político, aseguró que ambas decisiones del oficialismo sobre la Primaria no tienen ningún sentido ni efecto en la realidad, insisitiendo en que los hechos ocurridos no se pueden borrar con una sentencia. Explicó que se debe poner el foco en que se cumpla el acuerdo de Barbados; exigir que se abra el Registro Electoral, Observación UE, entre otros aspectos que este demanda. Medina advirtió que el Gobierno debe cumplir con el acuerdo de Barbados para que se levanten las sanciones se forma definitiva. «Nos toca estar claros que esta ha sido una conducta reiterada del gobierno, la utilización del expediente del miedo y de bajarle a la gente la esperanza» añadió. Destacó que a María Corina, junto a todos los factores que hacen vida en la oposición, les corresponde cumplir con la ruta que ella ha diseñado y sumar para que la unidad sea cada vez más fuerte. El abogado pidió a la oposición retomar el camino que los llevó al triunfo de la Asamblea Nacional en 2015. «Lo que nos toca a nosotros es fortalecer los resultados del 22 de octubre. María Corina asume un liderazgo importante» acotó. Señaló que se debe hacer presión interna y externa para lograr la habilitación de María Corina Machado. También te puede interesar: Blyde: El oficialismo está leyendo incorrectamente el contenido del Acuerdo de Barbados El político resaltó que la única manera de salir de esta situación no es dividiendo, sino uniendo. «Debemos hacer un gran esfuerzo para que María Corina sea habilitada porque hay una voluntad popular que así lo exige» dijo. Recalcó que si se resume el 2023 sería el triunfo de la oposición y que se retomó el camino que llevó a lo que se consiguió con la victoria de la Asamblea Nacional 2015. «2023 es el preámbulo del fin del actual Gobierno»

En este episodio, Luis Miguel Reyes conversa con las periodistas Jody García (Plaza Pública) y Evelyn Boche (No-Ficción). Ambas han realizado trabajos de cobertura que se han convertido en artículos periodísticos alrededor de la dinámica a lo interno del Ministerio Público presidido por Consuelo Porras. En estos artículos ha quedado en evidencia el régimen de silencio, secretismo y miedo que se ha esparcido entre los trabajadores de esta institución. El Ministerio Público se ha posicionado en la vanguardia de una operación que busca desarticular el ordenamiento democrático y constitucional del país, realizando una serie de afrentas en contra del sistema electoral en su totalidad. Las recientes jornadas de movilización ciudadana, que han sido las más extensas vistas durante la era democrática, han tenido como consigna la renuncia de la Fiscal General y el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. En este episodio se discute cómo Consuelo Porras se ha articulado para hacer del Ministerio Público una coraza que la protege a ella y a sus protegidos para poder continuar operando el plan que busca botar el proceso electoral.

El Ministerio Público de Guatemala decomisó cajas que contenían actas con los resultados de los comicios del 25 de junio. Esto generó masivas protestas en las calles. Carmen Aristegui conversa con el profesor Francisco Villagrán de León de la universidad George Washington sobre este tema.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, reiteró que recibió amenazas de asesinato. Arévalo incluso reveló que las autoridades identificaron una estructura criminal donde se hablaba de un plan para asesinarlo. Escucha lo que dijo en esta entrevista exclusiva en "Conclusiones".Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, reiteró que recibió amenazas de asesinato. Arévalo incluso reveló que las autoridades identificaron una estructura criminal donde se hablaba de un plan para asesinarlo. Escucha lo que dijo en esta entrevista exclusiva en "Conclusiones".Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad