CIPER en tus Oídos

Al igual que con los registros revisados por CIPER en la Cámara de Diputados, entre los senadores también figura una cónyuge cargando bencina con las tarjetas financiadas con fondos públicos. Aunque los registros de los senadores que tuvimos a la vista fueron muy pocos, aparece la esposa del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, cargando bencina en Concón mientras él estaba en Santiago, y también figura uno de sus vehículos siendo abastecido mientras el senador participaba del cierre de la campaña del Rechazo en La Araucanía. Entre las cargas de bencina del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aparece cargando una persona que nadie conoce, ni siquiera su equipo de asesores. Lee la investigación completa aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

En 2013 la Corfo abrió una línea de financiamiento que apoyó con 479.600 UF al fondo de inversión privado (FIP) Minería Activa Tres. Ese FIP ocupó los recursos para abrir tres proyectos mineros: Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Los Piñera Morel, a través de otros dos fondos privados, invirtieron en esos tres proyectos que fueron apalancados, durante el primer gobierno del jefe de familia, con recursos públicos. Además, inversionistas relacionados con los Piñera en proyectos del rubro minero recibieron otros US$13,5 millones de la Corfo para desarrollar negocios. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

La directiva que sucedió a la mesa de Fuad Chahín paralizó la venta de dos inmuebles, en Macul y Talagante, porque el precio era ostensiblemente inferior a las tasaciones comerciales. En conjunto, la diferencia suma $1.178 millones. Además, el Servel objetó una tercera venta porque se pagó una inusual comisión de 26% ($193 millones) por corretaje. La sociedad que recibió la comisión es de los mismos compradores de la propiedad. El inmueble de Talagante fue vendido al archivero judicial de Santiago, a un notario y a una jueza. Chahín explica que requerían con urgencia fondos para campañas. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Son, al menos, cuatro los equipos del fútbol chileno que reconocieron para este reportaje que sus contratos con casas de apuestas en línea fueron mediados por una empresa de Fernando Felicevich: Vibra Marketing. Y podrían ser más, varios de los clubes consultados por CIPER optaron por no responder preguntas. Se trata de contratos millonarios que florecen en torno a una industria opaca, donde las empresas no pagan impuestos en el país y sus matrices societarias muchas veces están ancladas en paraísos fiscales. Como tampoco hay regulación de la actividad de apuestas online, nadie fiscaliza que no existan trampas entre los apostadores, las empresas y los resultados del fútbol. En Europa ya hay antecedentes de partidos arreglados para favorecer a quienes apuestan conociendo de antemano los resultados de los encuentros. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

La sociedad Mexstone fue constituida sin contratiempos en Chile en diciembre de 2020 y cuatro meses después ya enviaba desde México su primer cargamento de piedras para decorar viviendas. Su segundo embarque, detenido en el Puerto de Manzanillo, ocultaba 1.700 kilos de marihuana. La operación revela la extrema debilidad de los controles chilenos. Una oficina de abogados de Las Condes, una reconocida empresa de transportes, un agente aduanero y dos compañías de bodegaje trabajaron para Mexstone. Todos aseguran que nunca conocieron la verdadera identidad de sus dueños. La trama, desentrañada por una investigación de CIPER y Proceso (México), involucra una serie de sociedades fantasmas con raíces en Guadalajara, Jalisco. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores en que fue comercializado –o pretendía ser vendido– el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales. Los fusiles se han ofertado hasta en $2 millones, una pistola en $300 mil y un revólver en $100 mil. Cajas con municiones e incluso granadas sustraídas de unidades militares han sido comercializadas en el mercado negro. Los precios, sobre todo de fusiles y subametralladoras, pueden escalar hasta 200% por sobre el valor con que las entidades de la defensa adquieren estas especies en el mercado formal. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Apenas seis días después de que Sebastián Piñera entregó la banda presidencial, se constituyó la sociedad Hurtado & Bonito, compuesta por los dos abogados que crearon la Ley de Migraciones, que entró en vigencia en los últimos días del gobierno del exmandatario. El estudio jurídico se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria bajo las normas que ellos mismos impulsaron. El bufete de los exfuncionarios del Ministerio del Interior opera en alianza con una oficina de abogados de Venezuela que consigue documentos para sus clientes. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

A 103 días del plebiscito de salida, el Servel no ha cuantificado las descargas del archivo que publicó en su web con datos sensibles de los 15 millones de votantes que componían el padrón de la elección de mayo de 2021. El organismo solo contabilizó 116 visitas al lugar donde estaba el link que al menos por 22 horas expuso dos informaciones reservadas a las que se puede sacar provecho en campaña: si el elector concurrió o no a votar en mayo del año pasado y si es militante. Expertos proyectan de qué manera podrían utilizarse estos datos en la campaña del plebiscito. Al menos son seis los cruces con otras bases de datos comerciales que ya se venden en el mercado informal o de fuentes abiertas (como perfiles de Facebook), que permitirían georreferenciar manzanas e identificar familias donde las campañas serían más efectivas. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Como parte de la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, la Fiscalía solicitó el resguardo de los correos electrónicos de las autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Pero el actual subsecretario, Manuel Monsalve, informó que Interior borra las copias de los emails 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos. En un oficio enviado a la fiscal Ximena Chong, indicó que solo lograron rescatar las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario Juan Francisco Galli. La información fue confirmada a CIPER a través de una respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia. Eso sí, las autoridades del actual Ministerio del Interior omitieron que se habían logrado rescatar algunos correos. Lee el reportaje completo aquí Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

CIPER accedió a registros de cámaras de seguridad que se suman a videos y fotos difundidas por diversos medios. El análisis de las imágenes indica que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Mientras una reportera del canal de TV Señal 3 de La Victoria lucha por su vida tras haber recibido un tiro, la PDI detuvo ayer a un tercer acusado de disparar. Los dos primeros ya volvieron a sus casas, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva y solo quedaron con arresto domiciliario. No se consideró que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

Son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de US$ 700 a US$ 830 y una de ellas recibe los pagos en una cuenta del Banco Falabella. Sus pasajeros atraviesan entre tres y cuatro países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras: dejan al cliente cuando está punto de cruzar a un nuevo territorio y apenas logra pasar lo recibe otro “asesor”. CIPER confirmó la existencia de siete de estas agencias. Al menos dos de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en la frontera estuvo involucrada una agencia. Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel) Producción: Matías Jara

El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, aparece en un documento reservado hecho por SQM. La minera puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolett recibió $83 millones de SQM por un informe sobre el litio. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Ahora, bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades cascada relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios. Voz: Jenny Díaz Hernández Producción: Matías Jara

Al amparo de la Ley de Inteligencia, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas “blanco de interés”. Archivos de inteligencia policial revisados por CIPER indican que, con la excusa de intervenir las conversaciones del actor Daniel Alcaíno, la Dipolcar “pinchó” a una productora de eventos y grabó sus conversaciones con humoristas, como Álvaro Salas, y periodistas, como Carlos Zárate, además de los representantes de otros comediantes y cantantes, como Kramer, Jorge Alis, Denise Rosenthal y Camila Gallardo. También se intervinieron las comunicaciones del alcalde Juan Carlos Reinao, del historiador Fernando Pairican, de abogados que alegaron en causas contra Carabineros y de los ahora constituyentes Francisca Linconao, Adolfo Millabur y Manuela Royo. Voz: Jenny Díaz Hernández Producción: Matías Jara

En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la policía no cometiera abusos en el control del orden público. Voz: Jenny Díaz Hernández Producción: Matías Jara

A pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio. CIPER revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los agentes de contrainteligencia.

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

Los nombres, direcciones y teléfonos de informantes reclutados por la inteligencia de Carabineros en La Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada, a la que CIPER tuvo acceso. La lista la componen comuneros mapuche, estudiantes, funcionarios de universidades, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad con que Carabineros maneja esos delicados antecedentes.

El general Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conformarán el núcleo central del gobierno. Reportes sobre actividades de Gabriel Boric y Camila Vallejo, una ficha con antecedentes de Giorgio Jackson y datos acerca de las organizaciones que dieron origen a la alianza que ahora llega a La Moneda, forman parte de la mayor filtración de documentos de inteligencia de Carabineros, a la que CIPER tuvo acceso. Los documentos muestran como la policía infiltró el movimiento estudiantil, reclutando informantes entre alumnos y funcionarios de universidades. Esta es la primera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de Carabineros”, una revisión de 220 GB de registros de inteligencia policial.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

La encuesta encargada por el INDH estuvo lista en enero, pero solo se publicó ayer, tras las consultas de CIPER. El 26% de los encuestados dijo que recurriría a Carabineros en caso de sufrir una vulneración de derechos y el 16% mencionó al INDH. Un 14% señaló que el instituto “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que implica una caída de 26 puntos respecto de la encuesta anterior (2018). El deterioro de la imagen de la entidad se conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual incumplimiento del instituto a su obligación legal de enviar dos informes al sistema internacional de protección a los DD.HH. En tanto, la asociación de funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría una contratación excesiva de asesores que ganan entre $1 millón y $4 millones mensuales.

CIPER accedió a las cifras de exámenes PCR informadas por tres regiones y detectó que el Minsal ha difundido índices de positividad –factor clave para decidir cuarentenas– más bajos que los que se calculan con los reportes locales. El ministerio envió un correo a laboratorios que procesan PCR en el que reconoció desorden en las cifras: los exámenes ingresados a su plataforma oficial difieren de lo que reportan a diario los propios laboratorios. Autoridades regionales de Salud, directores de laboratorios y encargados de salud de 14 municipios indican que se ocupan tres sistemas paralelos para registrar los PCR. Se sigue privilegiando el uso de planillas Excel para transmitir los datos, aunque hace un año la Contraloría alertó sobre el riesgo de que esos archivos sean manipulados.

Los dos policías que venían llegando al fundo de Forestal Mininco para reforzar a la pareja de Carabineros que resguardaba el lugar, dijeron a la Fiscalía que se enteraron del ataque por radio y decidieron ingresar a pie. Mientras avanzaban agazapados, relataron, un encapuchado salió repentinamente al camino y les apuntó con un fusil. Uno de los funcionarios le disparó a la cabeza. Pablo Marchant, militante de la CAM, falleció de inmediato. A diferencia de los policías que repelieron el ataque dentro del predio, ellos declararon que no llevaban cámaras Go Pro. El trabajador que recibió un tiro en el tórax en medio de la balacera sigue en riesgo vital. Informes de inteligencia policial a los que accedió CIPER indican que el fundo es considerado zona de alto conflicto al menos desde 2014.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió recomendar al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos. Los denunciantes que presentaron el caso al organismo internacional sostienen que deberán dictarse nuevas sentencias acordes a la gravedad de los delitos y a los tratados que ha firmado nuestro país. También indican que la CIDH resolvió que el Estado chileno no podrá alegar cosa juzgada o prescripción para justificar el incumplimiento de esta recomendación.

Un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares o de sociedades con las que están relacionados (once de ellos anuncian que no se inhabilitarán cuando se discuta el tema). Estos son algunos de los datos que surgieron tras revisar las declaraciones de patrimonio de los 155 elegidos para la Convención Constitucional y cruzarlas con los registros del Diario Oficial, el SII y la Dirección General de Aguas. Los resultados –y las explicaciones que dieron a CIPER los convencionales que podrían presentar un conflicto de interés– se plasmaron en este reportaje y en las 155 fichas que lo acompañan con datos de cada constituyente.

La PDI confirmó a CIPER que el jefe de policía civil, Héctor Espinosa, está citado a declarar ante la Fiscalía de Magallanes. El director general es investigado por la compra de un inmueble en Las Condes, el que fue adquirido por su esposa en 2018 por $398 millones. En esa operación se pagaron $254 millones al contado –mediante vales vista­– y los $143 millones restantes fueron cubiertos con un préstamo bancario. Espinosa figura como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio. Ahora debe explicar ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el origen del dinero.

La irrupción de grupos estrechamente vinculados a empresas forestales, la dura ofensiva de ataques incendiarios desplegada por la WAM y una baja votación de mapuche inscritos en el padrón de los pueblos originarios, son algunos de los factores aparejados al reciente proceso electoral constituyente. Entre las organizaciones más relevantes que canalizan sus demandas por vías institucionales, al menos cinco participaron en la elección y dos se mantuvieron al margen.

El objetivo que la centroderecha no alcanzó –manejar un tercio de la convención constitucional– fue superado con holgura por las listas que encarnan propuestas de transformación del modelo. Estos grupos también sobrepasaron a la centroizquierda, dejando a la ex Concertación como cuarta fuerza en la convención. Al menos 77 de los constituyentes provienen del pacto del FA y el PC (28), de la Lista del Pueblo (27), de listas locales (7) y de pueblos originarios (15). Todos impulsan políticas para poner fin al rol subsidiario del Estado, superar la economía extractivista, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y cambiar el sistema previsional, entre otras.

La centroderecha contó con $5,5 mil millones para su campaña constituyente y logró 37 cupos, con un gasto promedio de $148 millones por cada postulante electo. La Lista del Pueblo solo recibió $110 millones para repartir entre 130 candidatos e instaló 27 nombres. Su gasto promedio fue de $4 millones por aspirante electo. El candidato con más aportes privados, René Cortázar (DC, $141 millones) fue derrotado por una postulante que solo contó con $340 mil. Entre los candidatos con más recursos que lograron un cupo se cuentan Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine, Hernán Larraín, Arturo Zúñiga, Alfredo Moreno Echeverría, Cristián Monckeberg, Constanza Hube, Luis Mayol y Bernardo de La Maza.

Un trutro de pollo compartido por tres, caldo de huesos y los productos de la caja que la Junaeb entrega a escolares. Eso es parte del menú de muchas familias golpeadas por la crisis social y la pandemia. CIPER recorrió algunas escuelas que mostraron un aumento de niños con señales de desnutrición, según los datos del Mapa Nutricional 2020 de la Junaeb. Ese estudio evidenció un incremento del indicador de 0,8 puntos porcentuales y, aunque es bajo, los expertos lo miran con preocupación. Apoderados, profesores y directivos de colegios atendidos por la Junaeb contaron a CIPER cómo las cajas se han convertido en tabla de salvación para familias que las reciben como un beneficio para todo el hogar.

CIPER investigó cómo se trazan los contactos de las personas con covid. En 14 comunas –del norte, centro y sur del país– consultamos a municipios, servicios de salud y trazadores. La conclusión es sorprendente: hay al menos tres sistemas distintos para seguir la ruta del contagio. En siete de estas comunas el sistema de trazabilidad diferencia entre pacientes Fonasa y de isapres. Y en ellas se consigue ubicar entre 1,7 y 3 contactos por cada caso positivo. En otras comunas, donde no hacen esa distinción, se rastrean de 2,8 a 4,4. Aunque los expertos insisten en que una correcta trazabilidad es clave para frenar la pandemia, Chile sigue lejos de lo recomendado por la OMS: cinco contactos por cada positivo.

En 2020 se promulgó una norma para impedir que las empresas que suspendieron los contratos a sus trabajadores –obligándolos a pagarse con sus fondos de cesantía–, repartieran utilidades. Pero seis grandes constructoras ya anunciaron que lo harán de todas formas. Esto, porque la ley dejó la puerta abierta para que las empresas puedan hacer la repartición si no han suspendido contratos en el año comercial en curso. Si las suspensiones se hicieron en 2020 y no se han reiterado en 2021, tienen luz verde. El año pasado tampoco se les pudo aplicar la ley, porque se promulgó después de que las empresas ya habían anunciado la repartición. ­

Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. La Corte Penal Internacional podría tardar años sólo en declarar la admisibilidad del recurso. La Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) también suscribieron el escrito, el que fue presentado este jueves a las 11:00 de Chile.

CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.

En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174 zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.

Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.

Un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.

Al menos en cuatro ocasiones el Partido Socialista recibió antecedentes que alertaban sobre las denuncias de acoso y abuso sexual contra el alcalde Arturo Aguirre, lo que no impidió que la colectividad patrocinara su candidatura a la reelección. En enero de 2020 un estudio jurídico que representa a una de las afectadas los entregó por escrito en la sede partidaria, donde les pusieron el timbre de recepción de la colectividad. En las mismas fechas el militante socialista Sergio Castillo también presentó los testimonios. Luego, en enero de este año, volvió a ingresarlos en la sede del PS en una carta dirigida al Comité Central, en la que también quedó impreso el cuño de la recepción.

Un informe elaborado por la Fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.

Uno de los dos hombres que figuran en el video que CIPER difunde junto a este reportaje es César Neira Medina, sargento primero del regimiento de Inteligencia “Soberanía”. En las imágenes vigilan el despacho de la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas sobre corrupción militar. Lo reconoció en la calle, mientras hacía el “punto fijo”, un antiguo camarada: el ex sargento Juan Pablo Díaz, uno de los testigos en los procesos que lleva Rutherford. Los agentes fueron grabados y Díaz entregó el material a la jueza. La denuncia por espionaje llegó al Ministerio Público y la indagatoria está en manos del fiscal Jaime Retamal.

En 2017 la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”. El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era del periodista Mauricio Weibel, que entonces investigaba corrupción militar. Esa operación fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el Ejército y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que se ajustaba a la legalidad.

Tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas, son parte de las acusaciones contenidas en las declaraciones de cinco mujeres ante la PDI. La defensa del alcalde Aguirre acusa un montaje político en medio de la campaña municipal, pero un informe policial concluyó que si bien “podría haber intereses creados”, los relatos de afectadas y testigos “son concordantes” y “darían cuenta de un patrón conductual común del imputado”. Cuatro de las denunciantes conversaron con CIPER y accedieron a que se conocieran sus historias, bajo la reserva de sus identidades. La Fiscalía confirmó que la investigación está en proceso, pero aún desformalizada. El Partido Socialista también recibió los antecedentes.

Hoy se cumple un año de la primera muerte en Chile por Covid-19 y el Minsal sigue sin entregar copia de sus reportes a la OMS con el recuento de fallecidos por la pandemia. Esto, a pesar de que fueron pedidos por CIPER bajo la ley de acceso a información pública y el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló a favor del requerimiento hace dos meses. Las cifras del CPLT indican que, del total de subsecretarías, las dos del Minsal –Salud Pública y Redes Asistenciales– son las que exhiben más reclamos en relación a las solicitudes recibidas. El consejo ordenó un sumario en cada una de las subsecretarías de la cartera. Las cifras del CPLT indican que hay 73 decisiones de amparo incumplidas por la Subsecretaría de Salud y 17 por la de Redes Asistenciales.

Tras la “ola feminista” iniciada en 2018 se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio, A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 a 2020 y el estado de esas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos ocho años.

A un año de la llegada del coronavirus a Chile sigue sin conocerse el real impacto del encierro por la cuarentena en los índices de violencia contra la mujer. Un estudio preliminar, realizado por el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, ha dado las primeras luces. En 2020 los llamados al Fono Familia #149 de Carabineros sumaron 24.806 entre enero y septiembre, marcando un fuerte aumento de 43,8%. En el mismo periodo las denuncias formales ante las policías cayeron en un 9,6%, registrando un total de 65.466. El peak de llamadas de auxilio al #149 se alcanzó en mayo, con un 314% más que en el mismo mes de 2019.

Una de las principales demandas de las movilizaciones feministas de 2018 fue terminar con el acoso. Aunque se visibilizó el acoso callejero y el que ocurre en las aulas, el que sufren las mujeres en sus trabajos no es fácil de enfrentar: el miedo de víctimas y testigos a perder el empleo y la revictimización que sufren las afectadas durante el proceso judicial, desalientan la denuncia. Entre 2018 y 2020 en Chile se registraron 1.597 denuncias por acoso sexual laboral en el sector privado. En el sector público, se contabilizaron 225 entre 2018 y 2019 (los datos de 2020 aún no están disponibles). El año pasado, en medio de la pandemia, la Dirección del Trabajo recibió 279 denuncias.

Informes de Asuntos Internos de Carabineros indican que investigó al menos a 40 policías por vínculos con bandas de narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Los documentos incluyen audios de llamadas de carabineros que protegían a narcos, actuaban contra sus bandas rivales y se quedaban con dinero y droga decomisada. Al menos cinco investigados continuaron activos. Las cifras corresponden sólo a ocho casos indagados en dos años en la Región Metropolitana, lo que contrasta con los casos informados por la prensa entre 2010 y 2020, los que suman 66 funcionarios investigados a nivel nacional. CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior los datos actualizados. Los dos primeros respondieron que deben pedirse por Transparencia. Desde Interior no hubo respuesta oficial.

La existencia de redes transnacionales dedicadas al tráfico de personas es el dato imposible de soslayar en medio de la crisis migratoria de Colchane. Hasta ahora nadie ha logrado desarmar esas redes, incluso las autoridades chilenas reconocen que no saben demasiado sobre ellas. Culpan a los migrantes por no hacer las denuncias, y quienes migran acusan que los coyotes los estafan y les roban. CIPER reconstruyó la ruta que recorren los miles de migrantes venezolanos que desde fines de 2020 abarrotan la frontera norte del país. Esta es una historia de voluntades de hierro y de viajes sin papeles.

El Valle del Elqui no escapa a la grave sequía que afecta al país, provocando problemas para los pequeños agricultores de la zona, que la pandemia agrava. En diciembre un grupo de ellos denunció que, en el extenso Fundo Cerrito, la empresa agrícola de Andrónico Luksic (Agrícola El Cerrito) tenía instalada una bomba de extracción de agua irregular. La agrícola del empresario reconoció la falta y la retiró. Los agricultores acusan que esa bomba llevaba varios años operando sin permisos provocando merma del vital suministro para el resto. La misma agrícola ha enfrentado sumarios sanitarios por el uso de agroquímicos en sus plantaciones de uva y los vecinos de Paihuano denuncian que esos químicos los intoxican. Este verano las protestas han ocupado la calle llegando incluso a las puertas de la casa que Luksic tiene cerca de Pisco Elqui.

Discriminación por clase y nacionalidad, baja eficacia y un uso cada vez más masivo por parte de las policías, son algunos de los problemas que detectan los expertos en seguridad respecto del control preventivo de identidad, vigente en el país desde 2016. La muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli, a manos de un sargento de carabineros durante un control, reflotó el debate sobre la utilidad de la medida. Los datos indican que en 2020 solo el 2% de los controles resultó en una detención, y que estos se enfocan en ciertos grupos de la ciudadanía. Y a pesar de que es ilegal, los carabineros siguen realizando miles de controles a menores de edad. Solo entre enero y septiembre de 2020 controlaron a 27 mil adolescentes.

Nunca en la historia de Panguipulli había pasado algo así. La noche del viernes 5 de febrero los vecinos de la ciudad sureña vieron arder los edificios de la municipalidad, del juzgado local, del registro civil y de varios otros servicios públicos y privados. Cinco horas antes un sargento de Carabineros había acribillado en una esquina del centro de la ciudad al malabarista Francisco Martínez, a vista y paciencia de todos. Nadie se lo esperaba, pero la rabia se expandió como la pólvora. Otra vez la policía uniformada está en el centro de un escándalo social, judicial y político.