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Finalizó la visita de tres días de la delegación de congresistas de nueve partidos colombianos a Washington D. C. , en el marco de la Comisión de Amistad Interparlamentaria para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. La última parte del viaje fue a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , donde, a través de su presidente, José Luis Caballero Ochoa, se presentaron tres documentos con quejas, denuncias y solicitudes de amparo y medidas cautelares para proteger la libertad política, la opinión religiosa y el respeto a la democracia.See omnystudio.com/listener for privacy information.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Una noticia que fue recibida con alegría por diversos organismos en el país. Han pasado ya casi nueve años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados.  “No sabemos qué pueda pasar”Por ello, su hija Bertha Zúniga y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se congratuló después de que el Gobierno instalase un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para esclarecer el caso. “Es hasta que llega este Gobierno que retomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana”, expresó. “No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato. Pero sí, para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca”, recalcó Zúniga. Beneficios económicosLa medida no es sólo celebrada entre los familiares de Cáceres y el COPINH, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades?”, explica Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL.“Entonces, tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que esos seis meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias”, señala asimismo. Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Una noticia que fue recibida con alegría por diversos organismos en el país. Han pasado ya casi nueve años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados.  “No sabemos qué pueda pasar”Por ello, su hija Bertha Zúniga y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se congratuló después de que el Gobierno instalase un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para esclarecer el caso. “Es hasta que llega este Gobierno que retomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana”, expresó. “No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato. Pero sí, para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca”, recalcó Zúniga. Beneficios económicosLa medida no es sólo celebrada entre los familiares de Cáceres y el COPINH, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades?”, explica Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL.“Entonces, tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que esos seis meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias”, señala asimismo. Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Juana Fuentes, directora de la Jufed

Audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la reforma judicial en México, impulsada por AMLO y respaldada por Claudia Sheinbaum. Analizamos cómo esta propuesta de elección directa de jueces afecta la independencia judicial y el estado de derecho en México. #ReformaJudicial #DerechosHumanos #CIDH

El recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue entrevistado por Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, donde abordó temas clave para su gestión. En una conversación que giró en torno a la autonomía de la Procuraduría, la independencia frente a las ramas del poder, y el polémico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eljach dejó clara su posición frente a la aplicación de sanciones a funcionarios elegidos por voto popular y su compromiso con el fortalecimiento de la institución.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

José Luis Caballero, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace un llamado a los gobiernos extranjeros para que atiendan las formas correctas de buscar un acercamiento al gobierno de Venezuela. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, la política punitivista que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en dos años y que le garantizó al presidente Bukele su reelección. El informe confirma que el Estado debe investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El informe debió publicarse en mayo, pero el Gobierno hizo un esfuerzo por contrarrestar los hallazgos.

Ha pasado un mes desde las elecciones presidenciales en Venezuela. En este tiempo, los poderes públicos cercanos al chavismo cerraron filas en torno a Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó que el mandatario había sido reelegido con casi el 52% de los votos, pero sigue sin publicar los resultados mesa a mesa para probarlo. Por su parte, la oposición sigue defendiendo su victoria y recabando apoyos nacionales e internacionales ante un presunto fraude electoral y persecución a disidentes en todos los niveles. ¿Qué ha pasado en el primer mes desde las elecciones en Venezuela? Lo analizamos en El Debate.  El miércoles 28 de agosto se cumplió el primer mes de la celebración de los comicios presidenciales en Venezuela, unas elecciones muy cuestionadas y que han generado movilizaciones masivas en el país.En una señal por demostrar la legitimidad de su reelección, el presidente Nicolás Maduro anunció el martes una serie de cambios en su gabinete para su tercer mandato, proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a las denuncias de fraude de la oposición y los cuestionamientos de parte de la comunidad internacional.A pesar de las reticencias, denuncias de observadores y críticas internacionales, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó la decisión del ente electoral con una sentencia que es irrevocable.La Fiscalía General, por su parte, abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado y contra el candidato presidencial de la oposición Edmundo González por la publicación de las actas en un portal web que no es manejado por el CNE.Leer tambiénVenezuela: oposición y chavismo se miden en las calles un mes después de las presidencialesEn ese proceso, el Ministerio Público ha citado tres veces a González Urrutia, tras su negativa en las dos primeras oportunidades, alegando que no hay garantías procesales.En todo este tiempo, parte de la comunidad internacional ha insistido en que el CNE publique las actas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado violaciones de derechos y persecución estatal a los opositores.La CIDH estima que más de 1.600 personas han sido detenidas y que, desde las elecciones, han muerto por la represión al menos una veintena de venezolanos.Pero nada de esto ha cambiado el curso de la política venezolana. Nicolás Maduro sigue como presidente de Venezuela y todo apunta a que continuará en el cargo tras la posesión del próximo 10 de enero de 2025. De hecho, esta semana hizo unos cambios en su gabinete para darle más poder a dos figuras claves del chavismo: Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.¿Qué ha pasado en el primer mes desde las elecciones en Venezuela? ¿Por qué el país continúa sin una solución a la vista? Para discutir estos temas, France 24 invitó a funcionarios cercanos al Gobierno, pero rechazaron participar, y opositores contactados se negaron alegando temas de seguridad.En esta edición de El Debate nos acompañan dos analistas.- Desde Caracas, Pedro Carvajalino, director de Venezuela News.-Desde Bogotá, Ronal F. Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia-Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Guatemala para observar el proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas y la independencia judicial del país. Andrea Pochak, comisionada de la CIDH, explica lo que pudieron observar. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, el abogado Irving Regino habló con Sheila Amador sobre la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la Reforma Judicial impulsada en México.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Nora Cabrera, Directora de Nuestro Futuro

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, habló sobre las personas buscadores alzan la voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la falta de protección del Estado mexicano. See omnystudio.com/listener for privacy information.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual sobre la situación en América Latina. Carmen Aristegui conversa con Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CIDH, sobre la situación en el continente.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Cuatro países retiraron la candidatura de sus candidatos para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin dar motivos. Esta medida sorprendió a la CIDH. Carmen Aristegui charla con el ex relator de Libertad de Expresión de la CIDH Edison Lanza sobre este tema.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Daniel Ortega reapareció en público este jueves, después de 29 días ausente, para justificar la masacre que ordenó en 2018 y minimizar los 355 asesinatos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el acto de celebración del 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, Ortega dijo que en 2018 su régimen intentó persuadir a los ciudadanos a quienes califica de “golpistas” para que levantaran los tranques, pero ante la negativa de estos procedió a hacerlo por la fuerza.

En Honduras, en pleno estado de excepción, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza esta semana una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios. Honduras fue el cuarto país más peligrosos para los defensores de derechos humano, según cifras del observatorio Front Line Defenders. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza desde el lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras. El país centroamericano encabeza desde hace varios años la lista de los países con la tasa más elevada del mundo, junto a El Salvador, Jamaica, México y Trinidad y Tobago. En respuesta al poder de las pandillas, la presidenta Xiomara Castro declaró desde diciembre de 2022 el estado de excepción en decenas de municipios del país y facultó a la policía para detener a toda aquella persona que, a su juicio, tenga vínculos criminales. Según Leonel George, activista hondureño quien encabeza una lucha contra las mineras en el norte del Honduras esta medida ha agravado la situación de los defensores de los derechos humanos. En enero de 2023, fueron asesinados a tiro Jairo Bonilla y Aly Domínguez, quienes defienden el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Vulnerables ya por denunciar las irregularidades y la corrupción de las empresas mineras y por alertar sobre la devastación de los ecosistemas, los activistas de Honduras se sienten aún más amenazados desde que la presidenta Xiomara Castro estableció el estado de excepción a finales de 2022 y que ha prolongado tres veces desde entonces. “El estado de excepción otorgado ha impedido la libre circulación en el ejercicio de la labor. Desde el Estado se nos ha criminalizado a los defensores y defensoras con fuertes campañas de estigmatización, de odio, y con acusaciones como pertenecer a grupos criminales”, alerta Leonel George activista de la Coordinadora de organizaciones populares del río Agúan, en el norte de Honduras. “Al estar ese estado de excepción, tienen la facultad de detener a quien quieran”, denuncia el activista, entrevistado por RFI. Leonel George quiere llamar la atención de Soledad García Múñoz, la relatora para Asuntos Ambientales que integra la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en Honduras esta semana. “Yo le diría que están en los expedientes de las instancias hondureñas acreditadas las ilegalidades de las empresas mineras y extractivas que han operado con ilegalidad e impunidad”, enfatiza. Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En lo que va del año, 8 activistas han sido asesinados.

Recta final en Guatemala para el cierre de las inscripciones con miras a las elecciones generales del 25 junio. Los aspirantes para los comicios presidenciales, legislativos y municipales tienen hasta el 24 de marzo para tener su nombre en las papeletas. Pero por el momento, varios aspirantes han visto su candidatura rechazada, lo que despierta preocupación y denuncias de fraude. No parece claro cuáles son los criterios que está utilizando el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para validar o rechazar candidaturas a las elecciones generales. El partido de izquierda, Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), denuncia un “fraude electoral” tras ver descartado a su binomio, integrado por la líder indígena Thelma Cabrera y el ex procurador Jordán Rodas, vedado por una denuncia penal previa. El político de derecha, Roberto Arzú, también fue rechazado. En cambio, Manuel Baldizón, un político que aceptó haber lavado dinero y fue sentenciado a 50 meses de prisión en Estados Unidos, fue aceptado. Una incoherencia que subraya el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad del Ismo, Edgar Ortiz Romero: “En el caso de Manuel Baldizón, el argumento del Tribunal Electoral es que él fue condenado en Estados Unidos y no en Guatemala, por lo tanto esa sentencia no tiene validez en este país, pero en otro caso, el del candidato a la alcaldía (reelección en Cuilapa, Santa Rosa) EsvinMarroquín, le fue negada su inscripciónporque tiene una decisión de extradición de Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico. El Tribunal explica esta decisión dada la importancia del cumplimiento de Tratados Internacionales de colaborar con la justicia de otros países, con lo cual uno se pregunta cómo el Tribunal resuelve un caso que una sentencia extranjera no tiene efectos en Guatemala y en otro caso que sí”. Algunos analistas se preguntan ¿qué hay detrás de esta aparente arbitrariedad? Si se trata de un sesgo político o de incompetencia del ente electoral. Para el profesor Ortiz Romero “los criterios son poco claros” ya que “no es tan fácil decir que el tribunal responde a un actor u a otro, pero sí vemos que mide con distinta vara a distintos actores”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Guatemala a garantizar el "ejercicio de los derechos políticos" para que los candidatos puedan presentarse a las elecciones generales.

El 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 40 periodistas asesinados en la región, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Escucha el informe del corresponsal de SBS Spanish en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa. El mismo urge al Estado mexicano una investigación independiente y confirma que el caso pudo ser resuelto en su momento, pero las autoridades decidieron encubrir a los responsables. Carmen Aristegui charla con la integrante de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, sobre este tema.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que emita una resolución de seguimiento a las medidas provisionales otorgadas a los presos políticos de Nicaragua, en la que constate nuevamente “el manifiesto incumplimiento y desacato” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Tras la primera reunión en Venezuela de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, Alejandro Armas, periodista y magister en ciencia política, aseguró que EE.UU. está interesado en que el nuevo gobierno colombiano lo ayude en sus expectativas hacia Venezuela. Sin embargo, resaltó que no cree que el gobierno de Biden le haya pedido específicamente a Petro que aliente a Venezuela a volver a ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). «Washington no cree que Venezuela va a estar en ese pacto, creo que es iniciativa de Petro» añadió. También te puede interesar: EEUU pide a Petro promover la democracia y rendición de cuentas en Venezuela  El periodista destacó que los presidentes acordaron acelerar el proceso de reactivación consular entre Colombia y Venezuela. Explicó que el tema más destacado de dicho encuentro fue la cooperación por la seguridad de la frontera, cuidando el flujo de personas y mercancía entre ambos país. Armas indicó que la reactivación consular plena y controlar el contrabando fueron las principales razones que motivaron la reunión entre Maduro y Petro. Recordó que al final del encuentro, ambos presidentes suscribieron una declaración conjunta en la que hablaron de los temas tocados y que tuvo coincidencia con lo expresado en declaraciones anteriores.

El periódico boliviano El Deber sacó a la luz un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusa al gobierno de Evo Morales de ejecuciones extrajudiciales y torturas contra un grupo de personas en 2009, en el operativo conocido como “caso Rózsa”. ¿Qué consecuencias puede tener? Según el periódico boliviano El Deber, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que, en abril de 2009, en el hotel Las Américas, tuvieron lugar ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de Evo Morales en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó que los responsables sean procesados. “Asumir las responsabilidades” Este informe, firmado el 21 de diciembre de 2021, no tiene carácter oficial, afirma el politólogo Marcelo Silva, ya que no ha sido difundido por la CIDH. “Si el informe es verídico, entonces el Estado boliviano, como signatario de la CIDH, va a tener que asumir las responsabilidades que esta corte indudablemente establece. Entonces, el primer elemento es que el Estado boliviano tiene que resarcir lo que la CIDH está considerando como una violación y como ejecuciones extrajudiciales”, comenta. El medio boliviano indica que el informe está en la antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría juzgar al Estado boliviano. Pero, para evitar un juicio, el país debe obedecer cuatro recomendaciones: reparar las violaciones cometidas con medidas de compensación, tomar medidas de atención en salud física y mental para las víctimas, tomar medidas para que en el futuro no se produzcan hechos similares, e investigar y sancionar a los responsables. “Pugna abierta” entre Luis Arce y Evo Morales “No se establece que se haga inmediatamente, esto hay que aclararlo bien, un juicio determinado a ciertas personas, sino una investigación. Y esto va directamente en relación o en línea al expresidente Evo Morales –habrá que ver cuál es su grado de responsabilidad en esto– y a los ministros de Estado que en su momento tomaron también esta determinación, especialmente al ministro de Gobierno de ese entonces, quien indudablemente estuvo a cargo del operativo”, subraya Marcelo Silva. Según el politólogo, “esto se hace un poco más complejo ahora, debido a que en el país existe una pugna abierta entre el presidente Luis Arce Catacora y el jefe del partido político, Evo Morales. Y claro, todo apunta a ver con muchísima atención cuál es la determinación, si este informe se hace oficial, que podría tomar el gobierno del presidente Luis Arce en relación a esta conminación que estaría haciendo la CIDH”.

 Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), indicó que tras haber agotado las instancias locales ante el instructivo ONAPRE, acudirán a las internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El rector pidió sinceridad y transparencia de parte de los entes pertinentes sobre el pago a los trabajadores. «Si no hay dinero para pagarnos, deben decirlo y declarar la emergencia económica» añadió. Aseguró que se encuentran en la espera de recibir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) formalmente para que esta pueda ser revisada por los consultores jurídicos y tomarse las acciones pertinentes. También te puede interesar: TSJ desestima recurso contra la ONAPRE y multa a ULA, UCV, UC, UDO, UPEL Y UNEXPO. López insistió en que están solicitando lo que por ley les corresponde como trabajadores universitario, siendo esto parte de una convención colectiva que está suscrita por el gobierno. «Cada vez que solicitábamos el pago de los trabajadores por las convenciones colectivas, las rechazaban porque debían ser únicamente por la ONAPRE, eso significa que si hay un instructivo que determina que hay que cobrar, sino nos pagaran de acuerdo con lo que dicen las convenciones colectivas» acotó. Explicó que la no aplicación de la convención colectiva afecta en un 70% el sueldo de los trabajadores. «¿Si el instructivo ONAPRE no existe por qué lo aplican en vez de respetar los contratos colectivos?» señaló.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa, una figura legal que ha sido cuestionada por organismos internacionales. El presidente Andres Manuel López Obrador la ha defendido públicamente. Carmen Aristegui charla con Esmeralda Arosemena de Troitiño, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre por qué es objetada esta norma. (edited) Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista negra de los países donde observa graves violaciones a los Derechos Humanos, en la que figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua, según su Informe Anual 2021 publicado este 2 de junio. La CIDH denuncia "acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción" en Guatemala. “Injerencias sistemáticas contra la independencia" del sistema judicial, "irregularidades en el proceso de elección de magistrados", "criminalización y estigmatización" de los jueces: ésas son las violaciones a los derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), destaca en su decisión para introducir a Guatemala en su lista negra. “Se viola la democracia” Para Héctor Sánchez, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), con las acciones del actual gobierno y de los gobiernos anteriores que vulneran los Derechos Humanos, y el hecho de que el “sistema de justicia esté cooptado desde las más altas cortes, como la Corte de Constitucionalidad, definitivamente no podía hacer menos que aparecer en esa lista. Creo que somos en este momento uno de los países donde se viola la democracia como tal”. Defensores de Derechos Humanos denuncian que la reelección por otros cuatro años de Consuelo Porras como fiscal general es una estrategia del gobierno de Alejandro Giammattei para asegurarse impunidad.  “Se garantiza impunidad” “En dos años de poder, los actos de corrupción en los que él y sus funcionarios del gobierno han caído, no van a ser investigados. Toman en consideración que el gobierno anterior de Jimmy Morales en ningún momento ha sido investigado, non obstante que su gobierno estuvo relacionado en hechos de graves violaciones a Derechos Humanos, como la muerte de las 41 niñas el 8 de marzo de 2017. Él como cabeza de gobierno tuvo una injerencia directa y tendría que haber sido investigado por ese hecho pero también un montón de actos de corrupción, y la fiscal del ministerio público actual, que fue renombrada, se encargó efectivamente que estos casos no fueran investigados”, recuerda Sánchez. Por esa razón, según él, “ahora el actual gobierno la confirma por otro periodo más, pues se garantiza impunidad definitivamente por los actos de corrupción que se han cometido en su gobierno tanto por él como por funcionarios públicos allegados a su gobierno”. Washington afirma que al menos seis fiscales anticorrupción en activo o retirados han sido detenidos y otros se han visto obligados a huir del país. 

Relator de la CIDH señala que hay polarización en redes sociales. Pedro Vaca Villarreal, relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reconoce que “estamos en un punto de inflexión” sobre las garantías para el derecho a la libertad de expresión. En entrevista con Carmen Aristegui desde Punta del Este, Uruguay, dice que hoy no sólo son los Estados sino también las empresas tecnológicas tienen responsabilidades para procurar el ejercicio de este derecho en ambientes polarizados, desinformación y de violencia digital. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Según un documento que la Unesco presentó en el foro “Periodismo bajo asedio digital”, al menos el 73% de las mujeres periodistas ha sufrido algún tipo de violencia en línea mientras realizaban su trabajo. Además, el 25% de las encuestadas dijeron que recibieron amenazas de violencia física en línea y el 18% amenazas sexuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión. Carmen Aristegui conversa sobre este tema con Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Con el título “Periodismo bajo asedio digital”, la Unesco convocó a analizar los nuevos riesgos que enfrentan los periodistas en la era del internet. Carmen Aristegui charla con Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Entrevista con Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, sobre la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.El activista explicó que se trató de una reunión de seguimiento acerca de los acuerdos que se han tenido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).Visita: https://julioastillero.com/ Link para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastillero See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió evitar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori, y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009. RFI entrevistó a Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó en audiencia pública el caso del ex presidente Alberto Fujimori en presencia de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta así como representantes del Estado peruano y de la CIDH. Durante el encuentro, la CIDH remarcó una vez más al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, el cual considera la liberación del ex mandatario. Esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú, destacó a RFI que el pedido de la Corte Constitucional exhorta a los órganos de justicia peruanos estar alineados con la resolución de mayo de 2018 y que se haga participe en el proceso a los familiares de las víctimas. "Ha quedado claro que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las medidas provisionales que han solicitado, pero también en una audiencia de supervisión de la sentencia. Eso es lo que se espera de la CIDH", explico Navarra a RFI. "Mientras tanto, hay esta otra medida de que no se puede poner en libertad hasta que la CIDH lo resuelva. En caso de que el señor Fujimori tuviera realmente una situación de salud que pudiera agravarse por estar en prisión, eso tendría que verse con un informe médico. Se tomarían entonces las medidas humanitarias, las cuales no tienen que ver necesariamente con un indulto humanitario, para que se preserve su derecho a la vida y a la integridad", agregó. Para Carmen Amaro, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, es importante que luego de esta audiencia la Corte Constitucional exprese pronto un fallo contundente que resguarde el derecho de las familias a obtener una justicia que es legítima y que no obedece a ningún juego político o sed de venganza. "Nosotros albergamos la esperanza de que la CIDH puede emitir un fallo firme. Sobre todo que prevalezca el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Seguiremos levantando nuestra voz de protesta y seguiremos insistiendo para que ese indulto sea revertido y Alberto Fujimori cumpla la pena de 25 años de prisión. Ha sido una larga lucha. En el caso de la Cantuta llevamos casi 30 años y lo que nos ha motivado es el amor, el cariño a cada una de las víctimas, y nuestra apuesta como familiares es que estos hechos dolorosos no se vuelvan a repetir en el país", dijo Amaro a RFI. El gobienro peruano aseguró el viernes que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si el expresidente Alberto Fujimori debe continuar en prisión, pese a una resolución judicial que permite su excarcelación.  "La decisión que tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", dijo el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano. Con AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "defiende" a pandilleros después de que la entidad manifestara su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en las cárceles de El Salvador ante una la escalada de homicidios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves el informe “Situación de las personas privadas de libertad en Ecuador”, en el que señala problemas como “ausencia de control efectivo por parte del Estado” de las cárceles en ese país. El gobierno del presidente Guillermo Lasso aún no ha reaccionado al contenido del reporte. CNN está intentando obtener un comentario de las autoridades al respecto. Carmen Aristegui charla con Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH, sobre los detalles del informe. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Aristegui habla con Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre lo que significa que una mujer ostente ese cargo, y sobre el Día Internacional de la Mujer. Carmen Aristegui habla con Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre lo que significa que una mujer ostente ese cargo, y sobre el Día Internacional de la Mujer. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

 La independencia de la justicia, los ataques a periodistas, y la situación de violencia contra las mujeres y niñas en Latinoamérica son algunas de las cuestiones más preocupantes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Carmen Aristegui conversa con Julissa Mantilla Falcon, presidenta de la CIDH, para conocer sus posturas de cara a este año. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

1 de febrero | San Juan, ArgentinaHola, maricoper. En mi mente, los martes siempre son más lunes que los lunes. Quiero decir, al lunes uno llega con la energía del break del finde, pero para el martes no hay remedio. Cuestión, todos los martes trato de hacer algo que me motive durante el día y ¡hoy voy al cine! A ver Licorice Pizza, puntualmente. ¿La viste ya? ¿Qué te pareció?Bienvenido a La Wikly diaria, una columna de actualidad y dos titulares rápidos para pasar el resto del día bien informado. Si quieres comentar las noticias en nuestra comunidad privada de Discord, puedes entrar rellenando este formulario.Si te han mandado esta newsletter, suscríbete para recibir más entregas de La Wikly:Leer esta newsletter te llevará 5 minutos y 52 segundos.La historia de mi vida. Bienvenido a La Wikly.

Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habla en Aristegui sobre el balance de su gestión al frente de este órgano colegiado que culmina al finalizar este 2021. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Las elecciones presidenciales de Nicaragua del próximo 7 de noviembre son ampliamente criticadas. El gobierno de Ortega ha detenido y prohibido de participar de los comicios a varios dirigentes opositores.  En entrevista con Aristegui, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, explica qué se detectó en el nuevo informe del organismo sobre Nicaragua. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le negó las medidas cautelares a Jeanine Áñez y basó su decisión en un informe proporcionado por el Estado boliviano, en cual menciona que desde marzo la exmandataria habría recibido 1.160 visitas y atenciones médicas en la cárcel. Así lo narró Luis Adolfo Guillén, uno de sus abogados en Conclusiones. Guillén advirtió que la CIDH “no verificó si la información del Estado era mínimamente cierta”.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le negó las medidas cautelares a Jeanine Áñez y basó su decisión en un informe proporcionado por el Estado boliviano, en cual menciona que desde marzo la exmandataria habría recibido 1.160 visitas y atenciones médicas en la cárcel. Así lo narró Luis Adolfo Guillén, uno de sus abogados en Conclusiones. Guillén advirtió que la CIDH “no verificó si la información del Estado era mínimamente cierta”.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Las detenciones de políticos opositores y activistas sociales en Nicaragua puso en alerta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En entrevista con Aristegui, Antonia Urrejola presidenta de la CIDH dijo: “Hemos visto que cada vez se han ido cerrando todos los espacios democráticos y hoy día lo que ve la Comisión es estado de excepción de facto en el que no existe ninguna garantía para la disidencia política”.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante al paro nacional que empezó el 28 de abril de 2021. Duque questionó lo dicho por la Comisión y hasta llegó a señalar que se le estaba sugiriendo al país “tolerar la criminalidad”, acá hablamos del informe y de cómo fue el cubrimiento de las recomendaciones.El informe lo pueden leer acá: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdfProduce: Sara TrejosAnálisis: Santiago Rivas, Maria Paula Martinez, Andrés PáramoPost producción: Rodrigo Rodriguez Loro PodcastEl podcast que recomendamos al comienzo es SUDAKAS de Sebastián Narvaez, lo pueden escuchar acá: https://open.spotify.com/show/34BMBFlFN1kM7BIYf7wWvS?si=_IyeL5N1Qk6E3hHxgq2aWw&dl_branch=1 Get bonus content on Patreon See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Las detenciones de políticos opositores en Nicaragua han alertado organismos internacionales. Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, cada vez más “se aleja la posibilidad de elecciones libres, justas y democráticas” en el país. Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Colombia a raíz de las protestas en el país. El organismo emitió un informe en el que denuncia varios casos de violación a los derechos humanos durante las manifestaciones. Carmen Aristegui charla con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, para comprender el informe del organismo.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Esta semana se realizaron audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inmigración. Más de 30 organizaciones civiles reclamaron que se respeten los derechos humanos de los migrantes y sobre la militarización del control migratorio. Para conocer más de esta temática, Carmen Aristegui entrevista a Julissa Mantilla, relatora para personas migrantes de la CIDH.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una presentación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua en una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Junta Directiva de la CIDH, charló con Fernando del Rincón sobre este tema. Además, el vicario de la Arquidiócesis de Managua explica qué situación está viviendo la Iglesia en el país.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

El Congreso en México aprobó una reforma al Poder Judicial, cuyo aspecto más polémico es la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El titular del máximo tribunal también ocupa un puesto en el Consejo de la Judicatura, encargado de la designación y remoción de jueces. La reforma, respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticada por la oposición, por algunos legisladores oficialistas y por organismos internacionales. Carmen Aristegui entrevistó a la comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, para tratar este tema de máxima actualidad.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió capacitar la policía de México para evitar casos como el de Victoria Salazar. Esta migrante salvadoreña murió el 27 de marzo en Tulum durante un operativo policial, después de que agentes se arrodillaran sobre su cuello y espalda. Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Junta Directiva de la CIDH, habló con Aristegui sobre la importancia de retirar a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad ciudadana.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad