Podcasts about procesal penal

Stefany León, miembro del área de Derecho Penal del ⁠⁠⁠#EstudioMu⁠⁠⁠⁠⁠ñiz, explica la restitución y modificación del artículo 261° del Código Procesal Penal sobre la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.

Llevamos décadas padeciendo un problema sistémico con la mora judicial en Costa Rica. Peor aún, la dificultad para cumplir con el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, es cada vez mayor. Muchas razones intervienen en la mora judicial: hay obstáculos de gerenciamiento de procesos, calidad de los jueces, sobresaturación de litigios, aparición de nuevos tipos penales, insuficiencia de recursos y también, sí, maniobras a ultranza de algunos litigantes para evitar el avance de los juicios. Con la intención de enfrentar el atascamiento, la Sala Tercera elaboró un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que la Corte Plena remitió para su tramitación a la Asamblea Legislativa y ya ha provocado una airada reacción por parte de abogados penalistas. Las iniciativas que persigue justicia eficiente propone, entre otros cambios, declarar en rebeldía a imputados que no asistan a las audiencias preliminares, permitir que un solo juez conozca delitos con penas de hasta diez años, acortar plazos para reemplazar a defensores ausentes y que el procedimiento abreviado pueda aplicarse durante la audiencia preliminar. Algunos de estos cambios han sido señalados reiteradamente por el Informe Estado de la Justicia. No obstante, conocedores del derecho rechazaron ad portas la propuesta de separar del cargo a abogados defensores particulares que aludan choques de agenda y accionen cambios de señalamientos para la continuidad de los procesos judiciales. Tanto así que el penalista Gerardo Huertas con quien conversaremos mañana, asegura que es una grosera violación al derecho de defensa y, por tanto, una violación constitucional al derecho de elección de defensor de confianza, quitarle su abogado a un cliente en el transcurso de un proceso. Entonces, ¿cómo blindar los procedimientos para impedir la mayor cantidad posible de maniobras dilatorias sin restringir la esencia del debido proceso que debe protegerse? Al respecto los invitamos con el Dr. Gerardo Huertas Angulo.

Danilo Medina prefiere hacerse el tonto con p y ser victima de la sorna pública y el choteo callejero por su aparente falta de memoria antes que reconocer su responsabilidad en la debacle electoral del PLD. De paso el dueño del partido morado imposibilita a esa organización de las posibilidades de sacudirse como en su momento hizo el reformismo y como ha pasado con otras organizaciones similares en el hemisferio.Es Danilo o que entre el mar.El hombre que todavía exhibe orgulloso el 62% del 2016 con un partido unido borra el 37% del 2020 sin Leonel Fernández y el 10  del 2024 con una boleta anémica pero leal encabezada por Abel Martínez. En el 22 había renunciado Julio Cesar Valentín y la reacción oficial del partido fue sustituirlo del CP por Iris Guaba y decir que esa renuncia no impactaba y por el contrario el partido estaba galvanizado. Dos años después el partido Justicia Social de Valentín y se convirtió en la cuarta fuerza municipal con 12 alcaldias y o direcciones municipales.No hay edad mínima para las enfermedades degenerativas como el alzheimer. Pero la enfermedad no discrimina recuerdos, aunque los organiza. Por eso Danilo recuerda el glorioso 16 y borra el resto. En el PLD hay dinero para muchas cosas y se está notando. El ex presidente insiste en citar obras y construcciones, pero hay una parte de la población que no puede olvidar que de cada obras una parte importante se quedó en algún bolsillo o por lo menos esos dicen las investigaciones de la Camara de Cuentas.En un país que vive en constante campaña electoral las ventajas son las mismas para unos y otros.Los abogados de los imputados en los cuatro grandes casos de corrupcion que cursan en los tribunales han hecho todo lo posible por ralentizar los procesos soñando con la extinción de los plazos del Código Procesal Penal pero aunque son los mismos tienen que tener en cuenta que cada día que se alarga del proceso los acerca a momentos en que la ultima palabra que quiere oir es corrupción y menos ante la posibilidad de una condena.

La Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia que el Gobierno de Nayib Bukele está acosando a periodistas que denuncian la corrupción y las violaciones a derechos humanos. Señala que los casos que ha registrado, analizado y acompañado comparten un patrón de irregularidades y procedimientos que no cumplen con lo establecido en el Código Procesal Penal. Entre los casos más recientes de acoso hay allanamientos irregulares en casas de reporteros, confiscación ilegal de herramientas de trabajo, intimidaciones para que revelen la identidad de sus fuentes, acoso a familiares de periodistas, capturas arbitrarias y espionaje en teléfonos celulares.

dominicanos cayó en un segundo o tercer plano conforme se acerca la navidad  y el país en pleno se mete en fiesta. El barrilito y el cofrecito, las dos exoneraciones por período, la pensión privilegiada y el seguro médico internacional estarían justificados si los senadores y diputados justificaran en algo esos privilegios. Las últimas decisiones del TC indican que el congreso actual de mayoría perremeista no sirve para nada pero que el de mayoría peledeísta  hasta el 2016 tampoco.  La declaración de inconstitucionalidad de la ley del DNI que fue la primera de este año y la ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal fueron anuladas por la forma no por el fondo que ha sido la preocupación ciudadana o por lo menos de una parte de la ciudadanía. Dicho más simple, los errores procedimentales del congreso justificaron la decisión del Constitucional que atañen al congreso actual y al de mayoría absoluta del PLD. Ayer el consultor jurídico del ejecutivo dijo que a propósito de la reforma constitucional queda pendiente la aprobación de más de 50 leyes, entre ellas la de referéndum, que daría consistencia a dicha reforma. Es probable que los congresistas que según sus redes sociales se ocuparon esta semana de ir a los conciertos de Ana Gabriel, Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives no sepan del valor de conocer esas leyes. o simplemente no les importa. La reforma promovida por Leonel Fernández dejó pendiente más de 100 leyes complementarias que nunca fueron sometidas. Lamentablemente el dominicano de a pie todavía no ha aprendido a interesarse por lo fundamental y se entretiene con lo accesorio. El boom de las redes sociales que confunde información con entretenimiento mantiene a la población atenta a lo que dice fulano o mengana, al trasero o a las tetas de zutana, mientras lo que perjudica o beneficia sigue pasando. Ese es el gran privilegio de los políticos dominicanos: Un pueblo que no sabe exigir y se conforma con limosnas #CongresoDominicano #Privilegios #PolíticaRD #CivicEngagement #ReformaConstitucional #JusticiaSocial #DerechosCiviles #Navidad #Desinformación #RedesSociales #LeyYOrden #ParticipaciónCiudadana

TITULARES 1 UNAH comenzará proceso para reacreditación internacional 2 Avanza implementación de la Carrera de Informática Administrativa a distancia 3 Fundaunah y USAID unen esfuerzos para prevenir la violencia en centros educativos 4 Con éxito inauguran el VI Congreso en Derecho Penal y Procesal Penal

PAULO IGNACIO SUÁREZSUMARIO: Invocando no sólo la demora en la implementación y puesta en práctica definitiva del denominado Código Procesal Penal Federal como asimismo razones de política criminal que hacen necesaria la vigencia de dicho ordenamiento procesal penal para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 26 de Febrero del corriente año hubo de emitir el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 188 por medio del cual la implementación de dicho cuerpo normativo pasa a la esfera y ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de la Nación. En el presente trabajo se destaca la validez de los argumentos expuestos en sus considerandos, ello no sin dejar de advertir que dicha delegación no puede habilitar, bajo ningún aspecto, el dictado de normas jurídicas en materia penal pues nuestra Constitución Nacional lo prohíbe expresamente en su art. 99 inciso 3, debiendo entenderse la expresión “materia penal” contenida en nuestra Carta Magna como comprensiva tanto de la ley penal sustantiva como de la ley procesal penal, es decir, en sentido amplio.CV AUTORAbogado UBA - CriminólogoColaborador permanente con artículos de doctrina penal para el SAIJ (Sistema Argentino deInformación Jurídica)Autor de publicaciones en editoriales Microjuris y Editorial Juris de RosarioAutor de artículos de doctrina penal para la revista “VIRTUALIDAD JURÍDICA” del Colegiode Abogados de CórdobaAutor del libro: “DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL (Guía de Estudio de TemasRelevantes)”, Editorial Juris Rosario, año 2022Edición a mi cuidado y breves Comentarios al “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LAPROVINCIA DE CORDOBA”, Editorial Juris Rosario, año 2022

En medio de la investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, el Senado decidió realizar una sesión extraordinaria este miércoles. Manuel José Ossandón, pidió al Gobierno priorizar el dinero en combate a la delincuencia.

Nayib Bukele, candidato a la reelección y presidente de la República, hizo su primera aparición en campaña la misma noche y al mismo tiempo en que la Asamblea controlada por el mandatario aprobó un paquete de reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Especial Contra Actos Terroristas que empoderan al fiscal del bukelismo, Rodolfo Delgado. La Asamblea Legislativa da al fiscal Delgado la facultad de crear una lista de nombres y organizaciones que considere terroristas, y más poder para decidir sobre las extradiciones, incluyendo las de pandilleros que ha pedido Estados Unidos. Según diputados opositores esto puede derivar en persecución política. 

Detectives pertenecientes a la agrupación MT0 de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvieron a 8 personas dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas en los sectores de Reñaca Alto y Glorias Navales. El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por los efectivos de la PDI permitió conseguir órdenes de entrada y registro para seis domicilios ubicados en el sector alto de la Ciudad Jardín más otro en Villa Alemana, desde donde fueron incautadas dos pistolas, munición, 132 gramos de clorhidrato de cocaína; 3,71 gramos de cocaína base; 51,78 gramos de cannabis sativa; más de 3 millones de pesos en efectivo y diversos medicamentos que se encuentran sancionados por la Ley 20.000. Por instrucción del Ministerio Público, seis de los imputados, que además cuentan con antecedentes policiales por variados ilícitos, serán formalizados, mientras que dos de ellos quedaron apercibidos por el artículo 26 del Código Procesal Penal a espera de ser citados para determinar sus medidas cautelares. Cuña: jefe bicrim Viña del Mar, subprefecto Silvio Copello.

Ayer el ministerio público se quejó de que al ritmo que llevan los casos de corrupción todos se van a diluir porque, como en el caso de los Tucanos, vencerán los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. Los carísimos abogados de los funcionarios corruptos han adoptado la dilación como estrategia procesal y hay dinero para pagarles mientras se pierde tiempo. La operación Medusa donde el principal imputado es el ex procurador YANALAN Rodriguez es el caso de referencia, el juez Amaury Martinez rechazó la lectura abreviada del expediente de 12 mil páginas y de junio hasta acá apenas se han leído seis mil. Es probable que los fiscales pasen otros cuatro meses o sea hasta el año que viene leyendo el voluminoso expediente. Nadie tiene presión, el tema de la corrupción ha salido de las primeras planas, los juicios aparecen en las páginas interiores de los diarios y todo el mundo es feliz en un país donde prevalece la jurisprudencia de la corrupción. El juez Amaury Martinez recibió el caso de YANALAN en julio del 2022 o sea hace más de un año y al parecer la vuelta será larga. Y no me digan que los jueces fueron designados en los gobiernos del PLD porque nada es absoluto. Es probable que haya jueces y fiscales comprometidos con el pasado pero no es posible que sea la mayoría. Tampoco es posible que el agradecimiento por entrar a una carrera judicial se extienda hasta la destrucción de la propia carrera. Google no perdona. Las actuaciones de todo el sistema de justicia queda ahora registrado de por vida y quien decide ser juez o fiscal entre otras cosas busca prestigio porque el ejercicio privado del derecho es mucho más rentable económicamente. Yo sé que a YANALAN,  a los Medina Sánchez y a Peralta y Donald Guerrero que son los nombres más sonoros de los casos en justicia le sobra dinero para pagar la pérdida de tiempo, pero nosotros, llamados la ciudadanía, estamos tan entretenidos con el diferendo fronterizo y otras maracas,  que el ruido de las irregularidades en 19 auditorías ha pasado desapercibido y si no se han encontrado anomalías mayores es porque los números resultan irrelevantes ante los casos del gobierno de Danilo Medina. El presidente de la República usa el tema de la transparencia como argumento de campaña pero su partido pone distancia y en términos legislativos y municipales es más de lo mismo.  Nuestra población olvida que el gobierno más cercano es el municipal, vota a lo loco y después le demanda al ejecutivo o a quien sea. Que el diputado come sica haya renunciado cuando le dio su maldita gana porque en dos años y 4 meses el PRM no pudo quitarlo de la posición es la mejor muestra de que en esa organización política no hay compromiso alguno en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público tiene casi dos años investigando a los legisladores Faustina Guerrero, Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos y Darío Féliz. Gory Moya está incluido en la operación Calamar. A Pilarte le doblaron el brazo pero de los otros sabremos el lunes. No se puede creer en un compromiso del PRM en la lucha contra la corrupción si como partido no es capaz de investigar el origen de los recursos para la financiación de cada una de sus candidaturas.

Alberto Urzúa Toledo, abogado, sociólogo, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile. Máster en Gestión Pública y Gobierno en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de España. Dirige el Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. Nos vislumbra con su experiencia como profesional consultor sobre sistemas penitenciarios alrededor del mundo.

En esta entrega del micro “Nuestras leyes, nuestros” derechos, profundizamos sobre la Ley 10.974, de redacción de sentencias del Poder Judicial en lenguaje claro y comprensible. Esta norma establece una modificación al Código Procesal Penal de Entre Ríos, en el artículo referido a las sentencias. El proyecto fue presentado por la diputada Paola Rubattino y fue sancionado como ley el 4 de mayo de 2022. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio-diputados/message

Oficiales de la Agrupación Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal Limache, detuvieron a tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes se dedicaban a la comercialización de droga en la población Orval de la comuna. Tras una investigación basada en el análisis criminal e inteligencia policial, los detectives lograron recabar los antecedentes que daban cuenta de la comisión del ilícito, de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la Bricrim Limache, subprefecto Robinson Alarcón. En un procedimiento que contó con el apoyo de otros equipos MT-0, la PDI dio cumplimiento a tres órdenes de entrada y registro, donde se procedió a la detención de los tres imputados, además de incautar cannabis y cocaína base a granel y dosificada. Por disposición del Ministerio Público, ambas mujeres fueron puestas a disposición del Tribunal de Garantía, mientras que el hombre fue apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. Subprefecto Robinson Alarcón, Jefe Bicrim Limache

Detectives de la Agrupación MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Quillota, detuvieron a tres mujeres por el delito flagrante de Infracción a la Ley 20.000 y Ley 21.494, que sanciona el ingreso de elementos tecnológicos no autorizados a centros penitenciarios. La PDI, en coordinación con el Ministerio Público y Gendarmería, aprehendieron a las imputadas, quienes a través de encomiendas pretendían introducir 60 gramos de cannabis sativa y siete teléfonos celulares, de diferentes modelos, al interior CDP Quillota. Los antecedentes recabados por los oficiales, fueron remitidos al Ministerio Público, determinando que una de ellas fuera puesta a disposición del tribunal correspondiente para su formalización, mientras que las otras dos, fueron dejadas en libertad, previo apercibimiento al Artículo 26 del Código Procesal Penal. Cuña: Subprefecto Wladimir Benavides, Jefe Bicrim Quillota.

“La manera de muerte, desde el punto de vista médico-legal es homicida. Sin embargo, lo que no se ha podido determinar en el debate es que haya sido Pérez Hernández el autor. Desde ese punto de vista, no podemos asegurar que la manera de muerte desde el punto de vista jurídico sea la misma que la médico-legal”. Bajo el principio del in dubio pro reo (duda a favor del reo), establecido en Código Procesal Penal, el imputado del crimen de María Tacsan, debe ser considerado inocente, hasta no se declare su culpabilidad en sentencia firme. El juicio de este feminicidio, plagado de inconsistencias, ha deparado un enorme sinsabor con esa sentencia de primera instancia, que tampoco les reconoció a las actoras civiles (madre y hermana) los ₡100 millones que reclamaban por daños y perjuicios. Hoy la sociedad reclama que la justicia le ha fallado a María Tacsan y para mayor oprobio, sus familiares no cuentan con los recursos para enfrentar los altos costos del proceso judicial que debe continuar. Para ampliar detalles conversamos con Laura Tacsan, hermana de María y Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

Hoy, la voluntad política es muy clara: "La droga que incautamos se quema", afirmó recientemente Patricia Bullrich, quien ha encabezado procedimientos de incineración que en todos los casos, dados los graves antecedentes, deberían ser no sólo públicos, sino también ampliamente difundidos y controlados para certificar que las sustancias quemadas son las decomisadas y no otras tramposamente incineradas en su lugar. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires otorga a los funcionarios de policía, entre otras atribuciones, la de cuidar que los rastros materiales que hubiera dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Ministerio Público Fiscal. Va pues de suyo que la destrucción de lo secuestrado en el marco de un proceso judicial será dispuesta por la sentencia que se dicte.

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que modifica el artículo 31 de la Ley 76-02 del Código Procesal Penal, para que el Ministerio Público pueda perseguir los robos sin violencia y sin uso de armas, así como la persecución de atracos sin que exista una querella formal.

Por Redacción Eco TvLa diputada del Partido Molirena, Corina Cano, habló hoy en Radiografía a los temas pendientes de discusión que quedarán en la Asamblea Nacional, destacando entre ellos importantes leyes a favor de medicamentos, niñez y familia, minería, economía y delitos sexuales contra menores.Ante lo anterior mencionado, Cano sostuvo que las penas contra delitos sexuales no deberían ser menos a entre 15 y 18 años."No podemos permitir que no haya una sanción ejemplar al victimario. Pena no puede ser menor de 15 a 18 años", sostuvo.El anteproyecto de Ley 069 referente a este tema, se mantiene revisión en comisiones y subcomisiones dentro del legislativo, por falta de consensos.En el año 2021 se reportaron 7116 Delitos Contra La Libertad e Integridad Sexual, de los cuales 6652 corresponden a los delitos de Violación y Otros Delitos Sexuales: Violación, 3010; Violación doblemente agravada, 259; Acceso Sexual Con Una Persona Mayor deCatorce (14) Años y Menor.Los diputados de la Asamblea Nacional retomaron la discusión de la eliminación de los acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales. El debate surgió tras la prolijamente de un anteproyecto de ley presentado por grupos profamilla, quienes exigen una reforma profunda al artículo 220 del Código Procesal Penal."Para que los agresores sexuales, las personas que están siendo sometidas a un proceso por cometer un delito contra la integridad sexual no puedan firmar acuerdos de pena. Hemos visto que muchos de estos agresores sexuales están acogiéndose a estos acuerdos para ser beneficiados", señaló Jean Marcel Chéry, del Movimiento Profamilia.La base de la discusión son los índices reportados por el Ministerio Público."Nosotros hemos tenido acceso a estadística que sostiene que entre enero y junio de este año se han dado 3,027 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual", acotó Chéry.

Por Redacción Eco TvEl Exfiscal del Ministerio Público de Panamá, Giovanni Olmos, se refirió a la posición de acuerdo de penas implementados para varios delitos en nuestro país, indicando que, en materia de los mismos en delitos sexuales, se deben dar reformas al Código Penal. El exfiscal indicó que el Ministerio Público debe tomar una posición muy fuerte cuando se tratan de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. "Estamos hablando unos abogados con el Colegio y los diputados de la Asamblea, en esos casos yo sería extremo porque aquí no podemos permitir que esos casos tan atroces de violación de menores de edad", sostuvo. A su juicio las víctimas quedan con múltiples secuelas, por lo tanto, es importante que se reglamente este beneficio. Los diputados de la Asamblea Nacional retomaron la discusión de la eliminación de los acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales. El debate surgió tras la prolijamente de un anteproyecto de ley presentado por grupos profamilla, quienes exigen una reforma profunda al artículo 220 del Código Procesal Penal. "Para que los agresores sexuales, las personas que están siendo sometidas a un proceso por cometer un delito contra la integridad sexual no puedan firmar acuerdos de pena. Hemos visto que muchos de estos agresores sexuales están acogiéndose a estos acuerdos para ser beneficiados", señaló Jean Marcel Chéry, del Movimiento Profamilia. La base de la discusión son los índices reportados por el Ministerio Público. "Nosotros hemos tenido acceso a estadística que sostiene que entre enero y junio de este año se han dado 3,027 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual", acotó Chéry. 

Este miércoles 31 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó a otros 10 presos políticos que llevan más de un año recluidos bajo condiciones de tortura en la cárcel de El Chipote. Los medios oficialistas divulgaron por primera vez, fotografías de las presas políticas castigadas en celdas de confinamiento solitario durante 14 meses: Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyén Barahona. También las imágenes de los reos de conciencia: Luis Rivas Anduray, Félix Maradiaga, Juan Lorenzo Holmann, Álvaro Vargas, Irving Larios, y Roger Reyes. Según el régimen, las fotografías de los presos políticos corresponden a “audiencias informativas” sobre sus casos, pero abogados y defensores de derechos humanos alertaron que esa figura legal para exhibir a los reos de conciencia no existe en el Código Procesal Penal de Nicaragua, por lo que son "ilegales”, persigue fines “políticos” y es un intento de “desprestigiar” las denuncias de los familiares de los prisioneros.

La directora nacional de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, solicitó a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que modifique la instrucción que le dio para que permita el acceso al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a la “carpeta fiscal” sobre la investigación en curso contra el exfuncionario, porque todavía está bajo “reserva total”.   Reynoso plantea que “abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación”, precisando que por las actuales imputaciones, las cuales no especifica, Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.Advierte que esa decisión serviría como jurisprudencia del Ministerio Público y pondría en riesgo decenas de investigaciones en contra del crimen organizado en caso como narcotráfico, lavado de activos, trata y tráfico de personas y criminalidad organizada. En una solicitud de reconsideración, tramitada el 25 de abril, Berenice respondió a la instrucción que le dio Germán Brito, el 18 de marzo.La directora de Persecución del Ministerio Público planteó a la procuradora que reconsidere la disposición, a fin de que solo estén en la obligación de dar acceso a Donald Guerrero de aquellas diligencias que lo tocan y que son de carácter público, como las que se evidencian en la acusación del caso Antipulpo.Acotó que, contrario a la investigación en curso, las actuaciones concernientes a la operación Antipulpo no ponen en riesgo la línea de investigación.“Magistrada procuradora, nos hemos pasado varias semanas junto a la PEPCA analizando la carpeta fiscal, de hecho, en días y jornadas extraordinarias y luego de un ejercicio de deliberación, objetivo y razonado, hemos podido contactar diversas situaciones que se han presentado en el transcurso de la investigación por lo que se ha procedido a la reserva total de la fase de investigación”, explicó Reynoso a Germán Brito en la solicitud de reconsideración. Plantea a la procuradora que reconsidere la instrucción particular que le dio, con el propósito de permitirles avanzar el proceso sin los enormes riesgos procesales.InstrucciónEn la instrucción dada a Berenice el 18 de marzo del 2022, la procuradora Germàn Brito argumentó que el imputado tiene derecho a ser enterado de las informaciones recabadas durante la investigación, desde el momento en que se solicita la aplicación de una medida de coerción, en virtud de los artículos 95 y 260 del Código Procesal Penal.Expone que la citación del imputado para declarar ante el Ministerio Público constituye una medida de coerción, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Penal.Subraya que el Ministerio Público está en la obligación de responder a la solicitud de acceso a la carpeta fiscal de aquel investigado que ha comparecido ante él en cumplimiento de una citación. La Procuradora se basa en disposiciones constitucionales, del Código Procesal Penal y en la ley orgánica del Ministerio Público.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Juan Martín, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación. “Ningún nivel del estado puede desentenderse de este problema: ni Nación, ni provincias, ni municipios”, aseguró en Radio EME.

Por Agustín Emmanuel Blanco.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvieron de manera flagrante a un sujeto de 33 años, quien se dedicaban a comercializar medicamentos en el sector céntrico de la comuna. De acuerdo al trabajo de análisis criminal e inteligencia efectuado por la PDI, se logró establecer la existencia de un punto de venta ilícita de medicamentos, donde el imputado fue aprehendido por atentar contra la Salud Pública, infringiendo con ello el Código Sanitario. En el procedimiento policial se incautaron 3.004 dosis de fármacos de distinta naturaleza y presentación, avaluados en más de 730 mil pesos, los que fueron remitidos al Ministerio de Salud. En virtud a instrucción impartida por la Fiscal de Turno de esta comuna, el detenido fue puesto en libertad, previo apercibimiento al Art. 26 del Código Procesal Penal. Cuña: jefe Bridec San Antonio, subprefecto Mike Burgos Pereira.

El ex procurador Jean Alain Rodríguez ha solicitado a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la audiencia de conocimiento de extensión de prórroga sea pública.El exprocurador Jean Alain Rodríguez, depositó esta mañana por vía de sus abogados, una solicitud ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que la Audiencia de Solicitud de Prórroga sea realizada de forma publica y de cara a la población.La solicitud está basada en el Art. 69.4 de la Constitución que establece que toda persona tiene el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. De igual manera el Art. 309 del Código Procesal Penal que establece el acceso a los medios de comunicación en la sala de audiencias para cubrir lasincidencias de los procesos judiciales.

Detectives de la agrupación MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal Limache en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron en la comuna de Olmué a tres personas, uno de ellos con antecedentes policiales, por Infracción a la Ley 20.000 que sanciona el Tráfico de Drogas. Según antecedentes aportados por la PDI, el trabajo investigativo efectuado por los oficiales permitió gestionar una orden de entrada y registro para dos inmuebles ubicados en el sector céntrico y en el paradero 10 de Avenida Eastman, donde se concretaron las detenciones de los imputados. Como resultado del operativo antinarcóticos, la policía civil logró la incautación de 1.109 gramos de clorhidrato de cocaína, 26 gramos de cannabis sativa procesada y cuatro plantas de entre 1 y 2,5 metros de altura, un rifle de aire comprimido, una pistola CO2, 24 cartuchos de escopeta, una balanza digital y dinero en efectivo, además, de un vehículo utilizado para la distribución de las sustancias ilícitas. Cabe señalar, que dos de los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Limache junto a los medios de prueba de esta investigación, mientras que el tercero, quedó apercibido al Artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación. Cuña: Subprefecto Silvio Copello Vallejos Jefe Bicrim Limache.

La Brigada de Investigación Criminal Limache de la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a un sujeto de 65 años, por el delito flagrante de Infracción a la Ley 20.000 que sanciona el microtráfico de drogas, luego de ser sorprendido intentando ingresar sustancias ilícitas al Centro de Detención Penitenciario de esta comuna. Los detectives, en coordinación con el Ministerio Público y Gendarmería, aprehendieron al imputado quien había concurrido al recinto a visitar a un interno, por lo que fue registrado al ingreso por personal de seguridad, los que detectaron que mantenía oculto en el interior de un bastón de sopapo 7,5 gramos de cannabis sativa envueltas en papel de aluminio, método utilizado para evitar ser detectado. Cabe señalar, que los antecedentes recabados fueron remitidos al Ministerio Público, disponiéndose que el detenido fuera dejado en libertad previo apercibimiento al Artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a la espera de citación. Cuña: Subprefecto Silvio Copello, Jefe BICRIM Limache.

En este episodio Edgardo Sobenes conversa con el Dr. Wilson Martínez sobre el trastorno mental como circunstancia excluyente de responsabilidad penal. El Dr. Martínez inicia el episodio aclarando los conceptos de trastorno mental e inimputabilidad, y sus alcances en el derecho penal. Nos habla sobre los tipos de trastornos mentales, y las características necesarias para que el trastorno sea una eximente de responsabilidad penal. Nos conversa sobre los problemas inherentes de conceptos y métodos generales de la doctrina psiquiátrica, y de forma extraordinaria aborda la evolución histórica de los métodos utilizados para la determinación del trastorno y su evolución normativa. Posteriormente elabora sobre la perspectiva sociológica, jurídica, psiquiátrica, y sobre la conexión y comunicación entre los subsistemas de salud y el judicial. Nos comenta sobre el papel de los peritos, la psiquiatría forense, los diagnósticos, la interpretación de síntomas, la epistemología en el proceso judicial, la función del juez en la determinación de la inimputabilidad y las consecuencias jurídicas. Nos habla sobre el trastorno mental según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y su interpretación por cortes y tribunales internacionales, nacionales, y mucho más. Membresía del Podcast  https://www.hablemosdi.com/contenido-premium Acerca del Dr. Wilson A. Martínez Sánchez Libro: La inimputabilidad por trastorno mental: Un estudio de su determinación a partir de la racionalidad comunicativa y la teoría de sistemasEgresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra) en Barcelona, España. Es especialista en Investigación Criminal (Escuela Nacional de Policía General Santander); realizó y aprobó el curso de especialización en Operaciones Bursátiles para ser representante legal de mesa de la Bolsa de Valores de Colombia (CESA, INCOLDA, BVC); Master (Diploma de Estudios Avanzados -DEA) en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra) en Barcelona, España; Investigador Invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert-Ludwig en Freibug i Br (Alemania); Investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional en Freiburg i Br (Alemania).Ex Vicefiscal General de la Nación de Colombia. Ex Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial de Colombia. Ex Procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad de Colombia.  Support the show (https://www.patreon.com/hablemosDI)

Detectives pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal Limache de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a dos personas que se dedicaban a comercializar medicamentos en una feria libre de la comuna, sin contar con la autorización pertinente de la autoridad sanitaria. En el procedimiento, se incautaron 39.588 dosis de medicamentos tales como Tramadol, Amoxicilina, Omeprazol, Aciclovir, Salvutamol, entre otros, los que necesitan receta médica para su venta, todo avaluado en cerca de 8 millones de pesos. Según lo informado por la PDI, el primero de los detenidos corresponde a un sujeto de 41 años de edad identificado con las iniciales J.A.M.C, quien registra antecedentes policiales por infracción a la Ley de armas y por los delitos de Robo con intimidación y Hurto. Por otra parte, fue aprehendida una mujer de 54 años de edad que contaba con un local comercial establecido en la feria, el que se encontraba habilitado para vender insumos médicos, pero no así medicamentos, por lo que fue dejada en libertad, previo a ser apercibida del artículo 26 del Código Procesal Penal. Cuña: jefe Bicrim Limache, subprefecto Silvio Copello

La diputada radical Gracia Jaroslavsky dio su punto de vista sobre el contenido del mensaje del gobernador. Destacó los anuncios referidos al Poder Judicial, como la reforma del Código Procesal Penal y la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Además, repasó cuáles son los temas que considera prioritarios para la Cámara durante este año. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radio-diputados/message

En este episodio nuestra invitada fue Vestalia Tovar, abogada, especialista en Derecho procesal, constitucional y casacionista, sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal @vestaliatovarm quien nos da todos los detalles acerca de la reciente aprobación de la ley de registros y notarías que viene a aumentar de manera abrupta las tasas para las tramitaciones en estas instituciones 

Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversaron con Paula Vial, abogada, ex Defensora Nacional y profesora de derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penitenciario, sobre el proyecto de indulto y la situación de la prisión preventiva. Además, analizaron lo que se espera de los ministros designados por el presidente electo.

Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversaron con Paula Vial, abogada, ex Defensora Nacional y profesora de derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penitenciario, sobre el proyecto de indulto y la situación de la prisión preventiva. Además, analizaron lo que se espera de los ministros designados por el presidente electo.

Las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria se tramitarán en forma de incidencia, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito debidamente fundado ante el Juez o Jueza de Control, ofreciendo las pruebas que justifican los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente, con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes.Planteada la excepción, el Juez o Jueza notificará a las otras partes, para que dentro de los cinco días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan pruebas.La víctima será considerada parte a los efectos de la incidencia, aún cuando no se haya querellado, o se discuta su admisión como querellante.En esta audiencia, cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas.Corresponde al tribunal de ejecución ejecutar o hacer ejecutar las penas y medidas de seguridad, así como garantizar los derechos de los privados de libertad en los establecimientos penitenciarios, asignándose por lo menos un juez o una jueza por cada centro penitenciario para cumplir tales fines, conforme a lo dispuesto en este Código y la ley.Se llevará a cabo ante la fiscal o el fiscal del Ministerio Público, una vez que exista la probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación, con las excepciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y este Código.Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud.El Juez o Jueza señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de cinco días ni después de diez días hábiles, ordenándose la citación de todos los que deban concurrir al debate.La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.Cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión, excepto cuando se adopte en la audiencia preliminar y tratare de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y la seguridad de la nación y crímenes de guerra y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia y en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el juez o jueza remitirlo dentro de las 24 horas siguientes a la corte de apelaciones.Si el penado o penada debe cumplir la sanción en un lugar diferente al de la localidad donde se dictó la sentencia, el ministerio con competencia Penitenciaria deberá notificar al Juez o Jueza a los fines que éste o ésta remita el expediente al Juez o Jueza de ejecución con competencia en el sitio de cumplimiento.2. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario de conformidad con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República.6. Dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas, penados y penadas, con estricto apego a los Derechos Humanos.Los centros penitenciarios deben destinar el espacio adecuado para que los jueces o las juezas de ejecución desempeñen sus funciones de garantizar los derechos humanos de los privados y las privadas de libertad.La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley.Sólo podrán ser ejercidas por la víctima, las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia privada, y su enjuiciamiento se hará conforme al procedimiento especial regulado en este Código.Sin embargo, para la persecución de los delitos de instancia privada que atenten contra la libertad, indemnidad, integridad y formación sexual, previstos en el Código Penal, bastará la denuncia ante el o la Fiscal del Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales competentes, hecha por la víctima o por sus representantes legales o guardadores, si aquélla fuere entredicha o inhabilitada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales.Cuando la víctima no pueda hacer por sí misma la denuncia o la querella, a causa de su edad o estado mental, ni tiene representantes legales, o si éstos, están imposibilitados o implicados en el delito, el Ministerio Público está en la Obligación de ejercer la acción penal.Las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria se tramitarán en forma de incidencia, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito debidamente fundado ante el Juez o Jueza de Control, ofreciendo las pruebas que justifican los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente, con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes.Durante la fase intermedia, las excepciones serán opuestas en la forma y oportunidad establecidas en el artículo 311 de este Código, y serán decididas conforme a lo allí previsto.Hasta tanto decida la instancia judicial correspondiente, o cualquiera otra instancia establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las de los Estados u otras Leyes, no podrán realizarse contra el funcionario investigado actos que impliquen una persecución personal, salvo las excepciones establecidas en este Código.El Juez o Jueza, antes de resolver respecto de la solicitud fiscal, procurará oír a la víctima.Él o la Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez o Jueza de Control autorización para aplicar el presente supuesto especial, cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado o imputada colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados o imputadas, siempre que la pena que corresponda al hecho punible por el cual se le investiga, sea menor o igual que la de aquéllos cuya persecución facilita o continuación evita.Admitida la solicitud del Ministerio Público, la causa seguida al informante se separará, ordenándose el resguardo de aquél en un establecimiento que garantice su integridad física, para lo cual cooperarán todos los organismos del Estado que se requiera.El Juez o Jueza competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la pena aplicable a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute al informante, cuando hayan sido satisfechas las expectativas, lo cual deberá constar en el escrito de acusación.2. Cuando se trate de delitos culposos contra las personas.En el supuesto previsto en el numeral primero de este artículo, sólo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado o imputada, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un anterior acuerdo.Durante el plazo del acuerdo para el cumplimiento de la reparación a que se refiere el artículo 42 de este código, y el período de prueba de que trata el artículo 45 del mismo, quedará en suspenso la prescripción de la acción penal.La falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos será declarada, a instancia de parte, por el tribunal que corresponda, según el estado del proceso.En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.El juez o Jueza que, conociendo de una causa, observare su incompetencia por razón del territorio, deberá declararlo así y remitir lo actuado al tribunal que lo sea conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.1.- Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.2.- Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.Resuelto el conflicto, las partes no podrán oponer como excepción la competencia del tribunal por los mismos motivos que hayan sido objeto de la decisión.Audio Cortesia de Audio Ley punto Com Tugaceta Oficial punto comPatrocinan experticias punto com e informatica forense punto com Derechos Reservados @ Raymond Orta https://tugacetaoficial.comhttps://tugacetaoficial.com/leyes/https://concordados.comhttps://tujurisprudencia.comhttps://tusleyes.com

El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente.En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.En el proceso por delitos de acción privada las costas serán asumidas por el acusador privado, en caso de absolución, sobreseimiento o archivo; y por el acusado o acusada en caso de condena.Cuando el acusador o la acusadora hubiere provocado el proceso por medio de una acusación falsa, y así fuere declarado por el tribunal, éste le impondrá el pago del doble de las costas.La decisión sobre las costas sólo será recurrible cuando la sentencia o auto que la contiene sea apelable, en cuyo caso podrá impugnarse autónomamente.El Estado, en los supuestos de los artículos 257 y 259 de este Código, está obligado al pago, sin perjuicio de su derecho a repetir en el caso en que el Juez o Jueza hubiere incurrido en delito.El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.En los casos en que se presuma la participación de funcionarios o funcionarias de organismos de seguridad del Estado, la Defensoría del Pueblo podrá tener acceso a las actuaciones que conforman la investigación.El Ministerio Público podrá disponer, mediante acta motivada, la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los quince días continuos, siempre que la publicidad entorpezca la investigación.En casos excepcionales, el plazo se podrá prorrogar hasta por un lapso igual, pero, en este caso, cualquiera de las partes, incluyendo a la víctima, aún cuando no se haya querellado o sus apoderados o apoderadas con poder especial, podrán solicitar al Juez o Jueza de control que examine los fundamentos de la medida y ponga fin a la reserva.No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca superará las cuarenta y ocho horas.El Ministerio Público podrá permitir la asistencia del imputado o imputada, la víctima y de sus representantes, a los actos que se deban practicar, cuando su presencia fuere útil para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique el éxito de la investigación o impida una pronta y regular actuación.Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración.El tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar que cualquier ciudadano o ciudadana sea conducido o conducida por la fuerza pública en forma inmediata ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público que solicitó la conducción, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, a fin de ser entrevistado o entrevistada por aquél sobre los hechos que se investigan.La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación de la o el Fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo anterior.La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria.Corresponderá al Juez o Jueza de Control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello.De no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria, si fuere el caso, se tendrá por abandonada la defensa y se procederá a designar un defensor público de inmediato, y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad.En caso de pluralidad de imputados o imputadas, se celebrará la audiencia con el o los imputados comparecientes; y con la defensa privada de quien no haya comparecido, o la defensa pública, según sea el caso.De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquél por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia.3. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos.Las partes podrán promover nuevas pruebas, acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar.Después de verificar la presencia de las partes, expertos o expertas, intérpretes o testigos que deban intervenir, el Juez o jueza declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado o acusada y al público sobre la importancia y significado del acto.En caso que el acusado o acusada en estado contumaz se niegue a asistir al debate, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a realizar el debate fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto; de igual manera se procederá en caso que el acusado o acusada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, no asista al debate injustificadamente, pudiendo el Juez o Jueza, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, revocar la medida cautelar.Seguidamente, en forma sucinta, él o la Fiscal y él o la querellante expondrán sus acusaciones y el defensor o defensora su defensa.Después de las exposiciones de las partes, el juez o jueza recibirá declaración al acusado o acusada con las formalidades de este Código.Permitirá que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado o interrogada posteriormente.Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo.Si el penado o penada se encontrare en libertad, y fuere condenado o condenada a una pena privativa de libertad mayor de cinco años, el Juez o Jueza decretará su inmediata detención, la cual se hará efectiva en la misma sala de audiencias, sin perjuicio del ejercicio de los recursos previstos en este Código.Cuando fuere condenado o condenada a una pena menor a la mencionada, el o la Fiscal del Ministerio Público o el o la querellante, podrán solicitar motivadamente al Juez o Jueza la detención del penado o penada.3. El desarrollo del debate, con mención del nombre y apellido de los o las testigos, expertos o expertas e intérpretes, señalando los documentos leídos durante la audiencia.Salvo en los casos de comprobada contumacia o rebeldía, a los procesados y procesadas por delitos menos graves, conforme a lo previsto en el artículo anterior, se les podrá decretar medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 de éste Código.En estos casos, el Juez o Jueza de Instancia Municipal de oficio o a solicitud del Ministerio Público, previa comprobación del hecho podrá revocar la medida o medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, que hayan sido previamente acordadas sin perjuicio de volver a otorgarlas.Cuando el proceso se inicie con ocasión a la detención flagrante del imputado o imputada, la presentación del mismo se hará ante el Juez o Jueza de Instancia Municipal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención, siguiéndose lo dispuesto en el primer y segundo aparte de este artículo.La Suspensión Condicional del Proceso podrá acordarse desde la fase preparatoria, siempre que sea procedente y el imputado o imputada en la oportunidad de la audiencia de presentación así lo haya solicitado y acepte previamente el hecho que se le atribuye en la imputación fiscal.Cuando previamente a la celebración de la audiencia preliminar, conste en autos que la víctima ha delegado la representación de sus derechos en el Ministerio Público, éste asumirá su representación, en cualquier estado del proceso, por lo que si llegado el día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, el Juez o Jueza de Instancia Municipal verificare la presencia del resto de las partes, llevará a cabo la celebración del acto.copp, jueza, jueza, solicitud, juez, ministerio público, acusación, declaración, libertad, procederá, defensores, sentencia, querellante, audiencia, seguridad, acusador, delitogaceta oficial de venezuela, gaceta oficial de venezuela 2022, gaceta oficial de venezuela 2021, gaceta oficial aumento salarial, gaceta oficial de hoy, gaceta oficial aumento de sueldo, gaceta oficial aumento pasaje transporte público Audio Cortesia de Audio Ley punto ComPatrocinan experticias punto com e informatica forense punto com Derechos Reservados @ Raymond Orta https://tugacetaoficial.comhttps://tugacetaoficial.com/leyes/https://concordados.comhttps://tujurisprudencia.comhttps://tusleyes.com

En este episodio @malemalaver entrevista a Vestalia Tovar, abogada, especialista en Derecho procesal, constitucional y casacionista, sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal @vestaliatovarm

Por Agustín Emmanuel Blanco

Por Agustín Emmanuel Blanco.

El viernes 9 de julio, realizamos un webinar donde nuestro Socio Juan Diego Ugaz, especialista en Derecho Penal, analizó los principales cambios que se han dado en el ámbito procesal penal, a raíz de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en la ciudad de Lima.

Tenemos una marcada inclinación a desviar la atención de los asuntos sustantivos por cualquier otro. En presencia de una supuesta desviación de 78 mil millones de colones con una treintena de detenidos y casi 70 personas investigadas por un posible concurso delictivo (tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica) resulta que parte significativa de la atención se vuelca sobre la condición matrimonial de la jefe del Ministerio Público y el abogado penalista que representa a dos poderosos empresarios implicados. A la caza de la Fiscal se sumaron rápidamente muchos sin importar que hubiese hecho lo correcto (aunque esto suene políticamente impopular decirlo), dado que la señora Navas se acogió -como lo ordena del Poder Judicial apenas desde el 2019- al Reglamento de Conflictos de Interés que la obliga a separarse de previo de cualquier investigación en la que pudiera verse comprometida su independencia de criterio. Es decir, que la Fiscal procedió según correspondía y la causa de despido -que muchos persiguen hoy por motivos muy ajenos al “cochinillagate”, solo habría cabido justamente si con antelación no se hubiera separado del caso. Justo por esas presiones provenientes incluso de los mismos sindicatos internos del Poder Judicial cuyos funcionarios todos los días deben inhibirse de casos por iguales conflictos de interés, la Corte Plena dedicó parte de los recursos de su sesión ordinaria de lunes para canalizar las convulsas aguas. Pasando a lo sustantivo, el negociado delincuencial que está en curso indagatorio es posible por la existencia de la Ley contra el Crimen Organizado que facultó al Ministerio Público pedir a un juez de la república activar la normativa especial de esa ley de 2009 para poder duplicar los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal Penal, ampliar los periodos de prisión preventiva y autorizar las intervenciones telefónicas. Y eso es lo que está en proceso hoy cuando por las características inmensas del caso y las normas sanitarias del Covid-19, continúan las audiencias para fijar apenas las medidas cautelares a los presuntos implicados. De todo esto conversamos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscal general y ex juez de casación penal, Fernando Cruz Castro.

Justicia con voz. Salta es una de las primeras provincias que implementó juicios penales orales y públicos. Esa publicidad ha evolucionado y en la actualidad el Código Procesal Penal incorpora a la prensa con tres referencias explícitas. El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio Javier Aranibar cuenta los juicios que marcaron hitos en la evolución de la cobertura periodística de los juicios en Salta y aboga por un periodismo especializado.