Podcasts about indepaz

Leonardo González, director de Indepaz, se refirió al informe de Human Rights Watch donde se afirma que la situación de seguridad en Colombia sigue siendo complicada.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El domingo, dos masacres dejaron a siete fallecidos en Colombia. Mientras las investigaciones avanzan, el número de muertes asciende y la cifra de masacres se mantiene en Colombia al pasar de los años: fueron 90 en 2023, casi igual que el año pasado. Así lo alertó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su último reporte del 3 de diciembre. A pocos días de terminar el año, este domingo, dos masacres más se sumaron al escalofriante número de masacres en Colombia: 90 tan sólo en 2023, una cifra que no desciende en los últimos años.“A esta misma fecha, es decir, al 4 de diciembre, el año pasado iban 92 masacres. Entonces, el informe que hemos presentado es un informe de una alerta, especialmente al Gobierno, porque, aunque en los últimos años el número de masacres se ha mantenido: 91 en 2020, 95 en 2021, 94 en 2022, y al día de hoy ya van 90. Es una cifra muy alta para estar en una política de paz total, especialmente con diálogos entre los grupos armados”, explica Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Bogotá.Pequeñas bandasEn el contexto actual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha podido reducir este fenómeno de violencia en el país. Era, sin embargo, una de sus promesas de gobierno después de la administración anterior de Iván Duque quien entabló el proceso de paz de 2016. Los cuatro años de la etapa Duque arrancaron en 2018 con 17 masacres, y en 2022, al entregar el mandato a Petro, eran 94.“El Gobierno de Petro se ha centrado especialmente en los diálogos con grupos armados de alto impacto: las Autodefensas Gaitanistas, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN. Pero se ha descuidado especialmente con las pequeñas bandas de las ciudades. Y la gran mayoría de las masacres que se están cometiendo se están presentando en zonas que son pobladas, pero también por microtráfico y por la disputa entre estas pequeñas bandas”, estima González.En este momento, Colombia es el país que mayor índice de criminalidad de Latinoamérica presenta, seguido de México. Ambos ocupan este año la segunda y cuarta posición, respectivamente, dentro del ranking mundial de países más violentos, según datos recolectados por el portal de estadísticas internacional Statista en octubre de 2023.

El domingo, dos masacres dejaron a siete fallecidos en Colombia. Mientras las investigaciones avanzan, el número de muertes asciende y la cifra de masacres se mantiene en Colombia al pasar de los años: fueron 90 en 2023, casi igual que el año pasado. Así lo alertó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su último reporte del 3 de diciembre. A pocos días de terminar el año, este domingo, dos masacres más se sumaron al escalofriante número de masacres en Colombia: 90 tan sólo en 2023, una cifra que no desciende en los últimos años.“A esta misma fecha, es decir, al 4 de diciembre, el año pasado iban 92 masacres. Entonces, el informe que hemos presentado es un informe de una alerta, especialmente al Gobierno, porque, aunque en los últimos años el número de masacres se ha mantenido: 91 en 2020, 95 en 2021, 94 en 2022, y al día de hoy ya van 90. Es una cifra muy alta para estar en una política de paz total, especialmente con diálogos entre los grupos armados”, explica Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Bogotá.Pequeñas bandasEn el contexto actual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha podido reducir este fenómeno de violencia en el país. Era, sin embargo, una de sus promesas de gobierno después de la administración anterior de Iván Duque quien entabló el proceso de paz de 2016. Los cuatro años de la etapa Duque arrancaron en 2018 con 17 masacres, y en 2022, al entregar el mandato a Petro, eran 94.“El Gobierno de Petro se ha centrado especialmente en los diálogos con grupos armados de alto impacto: las Autodefensas Gaitanistas, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN. Pero se ha descuidado especialmente con las pequeñas bandas de las ciudades. Y la gran mayoría de las masacres que se están cometiendo se están presentando en zonas que son pobladas, pero también por microtráfico y por la disputa entre estas pequeñas bandas”, estima González.En este momento, Colombia es el país que mayor índice de criminalidad de Latinoamérica presenta, seguido de México. Ambos ocupan este año la segunda y cuarta posición, respectivamente, dentro del ranking mundial de países más violentos, según datos recolectados por el portal de estadísticas internacional Statista en octubre de 2023.

Joanna Barney, directora del área de empresas y derechos humanos de Indepa, cuestionó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el anuncio que hicieron la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la llegada del parque eólico Jepírachi a La Guajira.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Camilo González Posso, presidente de Idepaz, habló sobre el posible cese al fuego de seis meses del ELN.This show is part of the Spreaker Prime Network, if you are interested in advertising on this podcast, contact us at https://www.spreaker.com/show/4987527/advertisement

Conversación exhaustiva y brutal con Camilo González Posso, el gran pacifista colombiano, fundador y director de INDEPAZ. Una de las personas que más saben de nuestra guerra y del ansiado camino hacia la paz. Documento imprescindible para entender el presente del país y que resume sus treinta años de trabajo --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pablo-bohorquez-rodriguez/message

Installé dans le fauteuil de président depuis l'été 2022, Gustavo Petro, premier dirigeant de gauche de la Colombie, s'est fixé pour objectif ambitieux de ramener une «paix totale» dans un pays ensanglanté par des décennies de conflits armés. Des premiers pas ont été faits, mais dans la réalité il reste beaucoup à faire. Gustavo Petro discute avec l'ELN, la dernière guérilla active de Colombie. Un accord a été annoncé, au début du mois de décembre 2022, par le gouvernement sur le retour de déplacés autochtones sur leurs terres, notamment dans le Choco, dont on parlait dans ce reportage. Selon l'organisation indépendante INDEPAZ, une vingtaine de groupes armés se sont dit disposés à parler et à prendre part à cette «paix totale». Mais il reste peu de temps, et quelque 90 groupes armés dans le pays, selon INDEPAZ. Sans la plupart des régions touchées par le conflit armé, rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Marie Normand s'est rendue dans des villages sur les rives du San Juan, à l'Ouest, où l'on vit sous les feux croisés des groupes armés qui se nourrissent du narcotrafic, une zone où la population manque de tout et notamment d'accès aux soins. Reportage.   Pérou : des élections anticipées annoncées Sous pression de la rue, la présidente péruvienne Dina Boularte a annoncé, dans un message télévisé en pleine nuit, qu'elle allait présenter un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024, alors que le pays est secoué par des manifestations qui ont fait deux morts dans la journée du dimanche 11 décembre 2022. Dina Boluarte a également annoncé la déclaration de l'état d'urgence dans les zones les plus affectées par les manifestations. Deux personnes sont mortes et cinq personnes au moins ont été blessées dimanche (11 décembre 2022) à Andahuaylas, ville à 750 km de Lima, lors de manifestations grandissantes dans le pays contre la nouvelle présidente et l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo. Les protestations se sont multipliées à travers le pays, notamment dans les villes du nord et des Andes. Des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Cusco et Puno, réclamant la libération de l'ancien chef de l'État, mais aussi de nouvelles élections.   À la Une du Journal de la 1ère  La deuxième sous-préfecture de la Guyane a été inaugurée hier (11 décembre 2022) en présence du ministre des Outre-mer.

Entrevista a Camilo Gómez, de INDEPAZ, sobre el arranque de las negociaciones de paz en Venezuela entre el ELN y el gobierno de Colombia. Situación en Ucrania e Indonesia tras el terremoto. Entrevista con Carla Martínez, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en el Congo, sobre la situación de inseguridad en Goma. Y mucho más. Escuchar audio

En esta edición de El Arranque Especial, conversamos con los investigadores Germán Valencia y Luis Eduardo Celis sobre lo que debe enfrentar el gobierno de Gustavo Petro a la hora de sentarse a dialogar con la guerrilla más antigua del país.

De acuerdo con Indepaz, la masacre es la número 80 que se registra en el país en lo corrido del año. See omnystudio.com/listener for privacy information.

En esta nueva emisión de Rutas del Conflicto Radio hablaremos con Sebastián Forero, periodista de Colombia +20, Leonardo González, de Indepaz, y Andrés Suárez, acerca de las cifras, reportes y análisis de la violencia durante y después del conflicto armado en Colombia.Conduce Catalina Sanabria, Susana Rincón, Natalia Moncada y Natalia Brito.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, hace un balance de víctimas y daños causados por el paro armado del Clan del Golfo Hace noticia en La Hora de la Verdad, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien hizo un balance de víctimas y daños causados por el Clan del Golfo en medio del paro armado y sobre la situación de seguridad en Colombia.

En Colombia, la guerrilla del ELN anunció un alto el fuego de seis días para, según dicen, 'facilitar' las elecciones legislativas del 13 de marzo y del 29 de mayo. Análisis del contexto electoral con Camilo Gonzalez, presidente de Indepaz.   El gobierno colombiano insiste en que hay plenas garantías para el doble proceso electoral, primero con las legislativas el 13 de marzo y después con las presidenciales el 29 de mayo.  La ONU y 23 países habían pedido a los grupos armados un alto el fuego para que se puedan desarrollar los comicios con normalidad. La guerrilla del ELN anunció un cese de los combates entre el 10 y el 15 de marzo.  "El ELN acaba de hacer un paro llamado 'paro armado', el cual afectó a por lo menos 100 municipios de los mil que hay (en la zona). Se interrumpió el tránsito de autos en algunas zonas al sur del país y hacia la frontera con Venezuela. Por supuesto que un cese el fuego de éstos va a facilitar que la gente vaya a votar. En todo caso, el paro armado ha sido muy contraproducente porque está limitando sobre todo a las poblaciones más pobres en los departamentos del Chocó, Cauca, Arauca, en la frontera con Venezuela. Todo eso golpea a las poblaciones más pobres.  Y ahora, como gran oferta, esa guerrilla dice que no los van a golpear. Por supuesto que es mejor el silencio de fusiles que estar bajo las amenazas de este tipo de acciones”, dijo a RFI Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo de La Paz en Colombia (Indepaz).  Eso no quiere decir que el panorama electoral se presente tranquilo, ni mucho menos, según Camilo González, pues a esto se agregan otros grupos armados, los cuales presionan en más de 250 municipios. Existen otras amenazas como la mafia y la corrupción, así como la falta de transparencia en los mecanismos electorales. "En Colombia tenemos un movimiento democrático poderosísimo en ascenso, pero no se quiso hacer la reforma electoral, la reforma política que se definió en el Acuerdo de Paz para que las elecciones fueran transparentes, para que se eliminara la tradicional cooptación de las instituciones por parte de mafias y por la corrupción. Se negó asimismo la posibilidad de una reforma de democratización electoral. El propio contralor encargado de vigilar el manejo del uso del presupuesto ha dicho que previo a las elecciones se han firmado 625.000 contratos. Incluso, modificaron la ley de garantías electorales para firmar contratos en pleno periodo pre-electoral y con esto se esta haciendo uso de la concertación publica para amarrar votos”, agrega. 

●Noticia 1: Cámara de Diputados chilena aprobó una ley para proteger los derechos del cerebro. Especialista invitado: Rodrigo Pardo - Profesor Titular de Neurología de la Universidad Nacional, Especialista de la Clínica de Marly. ●Noticia 2: La UNICEF llama la atención a los gobiernos para reabrir las escuelas. Especialista invitada: Irene Rodríguez - Psicóloga, Consultora en Educación. ●Noticia 3: Según Indepaz resultan inquietantes las cifras de Disidencias de las Farc. Especialista invitado: Leonardo González Perafán. Coordinador de proyectos de Indepaz. Codirector de la Unidad Investigativa y el Observatorio de DD.HH. de Indepaz. Investigador y analista sobre conflicto armado, justicia transicional, derechos étnicos, Empresas, RSE y Derechos Humanos, con experiencia en resolución de conflictos, impactos de empresas del sector extractivo y acompañamiento a organizaciones en proceso de reasentamiento involuntario. ●Noticia 4: Grave la situación de la empresa Monómeros colombo venezolanos Especialista invitado: César Lourduy, Representante a la Cámara por Cambio Radical. ●Noticia 5: El presidente peruano, Pedro Castillo, cambió su gabinete y ratificó a 12 ministros. Especialista invitado: Aldo Olano - docente en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Doctor en Estudios Latinoamericanos. Maestro en Ciencia Política con énfasis en Política Comparada de los Países Andinos. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Créditos: Locución: Guillermo Parada Producción sonora: Diana Hernández Investigación periodística: Ángela Sánchez, Jairo Currea, Alexander Múnera y Guillermo Parada. Web Máster: Carlos Fabian Rodríguez Navarrete

Preocupación en Colombia por el aumento de guerrilleros. Las causas: la debilidad de la aplicación de los acuerdos de paz, la falta de presencia del Estado y la crisis económica provocada por la pandemia. La presencia de estos grupos ya se registra en el 20% de los municipios colombianos.  Los grupos armados en Colombia crecen tanto en el número de guerrilleros como en área de influencia. Así lo denuncia una nueva investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Las cifras son terribles: se han contabilizado más de 10.210 hombres que integran 90 grupos armados, entre ellos la disidencia de las FARC, ELN y Paramilitares. Y lo más preocupante: sólo en las FARC hay 4.000 nuevos reclutas.   Para el director de Indepaz, Camilo González Posso, estamos ante una situación alarmante. “Cuando estábamos elaborando el estudio, con trabajo en el terreno, no nos lo podíamos creer: grupos que antes tenían 50 miembros ahora han subido a 200. El ELN mantiene sus bastiones tradicionales y ha ampliado también en algunas regiones. Los paramilitares, que venían recayendo muchísimo, en el último año se han recompuesto. Tenemos una situación crítica en cerca de 200 municipios, es decir, el 20% de los municipios del país.”  RFI: ¿A qué se debe esta expansión?  Camilo González Posso: “A la debilidad de la implementación de los acuerdos de paz en los territorios para atender a las poblaciones. El Estado ha llegado a velocidad de tortuga a estos lugares y con cuentagotas. En cambio, las mafias y los intereses de los acumuladores violentos de oro, de madera, de tierra, de rutas del narcotráfico, de negocios ilícitos, han tenido una presencia mucho más veloz, en medio de la pandemia. Ofreciéndole plata a los jóvenes. Hay 70% de desempleo rural, es una verdadera catástrofe económica, con la quiebra de 500.000 pequeñas empresas. Y en medio de esa situación social desesperada, todas estas economías ilegales y los grupos armados que están a su servicio están recomponiéndose. Esta situación es diferente de la guerra de antes de los acuerdos de paz. Es un panorama ante al que estar alerta, porque si no hay una política de implementación de los estos acuerdos, una política de presencia del estado, de alianza con la población, de transición hacia la paz, vamos a tener nuevos ciclos de violencia. “ 

Según Indepaz 1241 líderes sociales han sido asesinados después de la firma del proceso de paz.

La Guajira, región localizada en el sureste de Colombia, es escenario de un combate de varias décadas del pueblo Wayúu por defender su territorio, favorecer la democracia en Colombia, y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres de ese pueblo donde predomina una relación matrilineal, es decir que "las madres transmiten el territorio". Región árida y alejada de la capital, la Guajira  es uno de los territorios  favorecidos por la Constitución aprobada en 1991, que otorgó a los pueblos indígenas  "derechos colectivos sobre su territorio, que no pueden vender ni transferir, en tanto que los indígenas no se pueden mover del territorio", recuerda nuestra invitada Anna Schmit, autora del libro Sexe et territoire en Colombie, femmes autocthones en lutte XXe siècle, publicado por la editorial L'Harmattan  ('Sexo y territorio en Colombia, mujeres autóctonas en lucha siglo XXI', no traducido al español) quien añade que al interior del pueblo Wayúu "las madres desempeñan un papel especial en la sociedad, pero el poder, la autoridad tradicional casi siempre es de los hombres en la familia". A partir de los años setenta el desarrollo del complejo minero El Cerrejón, la mina de carbón más grande de América del Sur a cielo abierto vino a perturbar seriamente la vida del pueblo Wayúu. La empresa construyó una vía férrea que dividió su territorio, al tiempo que una fuerte contaminación ambiental comenzó a afectar la población. Pero no solo. Los intereses de la minera El Cerrejón se han traducido en desplazamientos de parte de la población (prohibidos por la Constitución), la utilización de falsos procedimientos de consulta en contra de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas y, sobre todo, el desarrollo del paramilitarismo, la prostitución y el narcotráfico, entre otros factores. Los años 1990 estuvieron marcados por la emergencia de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), formación paramilitar que buscaba controlar el territorio, a la vez que los narcotraficantes se servían de las pistas para transportar la droga, puntualiza Anna Schmit. El pueblo Wayúu debió enfrentar "conflictos internos atizados por los paramilitares. Es en ese marco que las mujeres Wayúu jugaron un papel de liderazgo", afirma la doctora en antropología. El Colectivo Fuerza de Mujeres Wayúu nació en 2006. Desde entonces, su presencia y acciones han servido para visibilizar el conflicto en la Guajira, a la vez que han hecho avanzar su causa al interior de la etnia Wayúu, en particular sus derechos como mujeres La Corte de Colombia decidió en el 2009 incluir el pueblo Wayúu dentro de la ordenanza que pide proteger a 34 pueblos en situación de peligro de desaparición. El próximo mes de octubre se cumplirán cinco años de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia.  En esos cinco años han sido asesinados más de 1200 dirigentes sociales, 115 sólo en lo que va del 2021 de acuerdo con INDEPAZ, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Muchos son indígenas.  "La última vez que fui a Colombia era en el 2019. Fuí con una compañera de la Fuerza de mujeres Wayúu a hacer una conferencia en la universidad de Santa Marta, y ella vino con un guardaespaldas porque recibían amenazas. Y todavía están recibiendo amenazas, la situación es bastante grave y todavía hay un problema de seguridad para los líderes sociales, para los líderes indígenas y para las mujeres indígenas", concluye Anna Schmit.   #EscalaenParís también está en Facebook Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Souheil Khedir, Mathias Taylory Lucien Bissengue.

La Guajira, Antioquia, Chocó, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Quindío, Cundinamarca y Norte Santander, son los departamentos donde, hasta el 30 de abril de 2021, Indepaz había reportado 34 masacres. Los mismos a los que desde Rutas de Conflicto decidimos acercarnos (a través de reportes de prensa, llamadas, entrevistas virtuales, entre otras) para indagar sobre lo que está pasando en el país respecto a este tipo de victimización. ¿A quienes están masacrando? ¿Por qué? ¿En qué contextos? ¿Quiénes son los responsables? Fueron algunas de las preguntas de las que partimos cuando, hace un par de meses, empezamos esta reportería.

El expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos reconoció este viernes que miles de civiles fueron ejecutados por militares en Colombia por la presión que recibieron para dar resultados en la lucha contra la guerrilla, y pidió perdón por esos crímenes. RFI conversa al respecto con Camilo González, presidente del instituto de estudios para la paz, Indepaz. El expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos reconoció este viernes que miles de civiles fueron ejecutados por militares en Colombia por la presión que recibieron para dar resultados en la lucha contra la guerrilla, y pidió perdón por esos crímenes. "No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas" así como "los premios por lograrlo", dijo Santos en una declaración voluntaria a la Comisión de la Verdad que indaga sobre el conflicto de medio siglo con las extintas FARC. "No sólo basta con el expresidente, sino que haya un reconocimeinto por parte del estado mismo" ha reaccionado en la antena de RFI Camilo González, presidente del instituto de estudios para la paz, Indepaz. Santos ejerció el poder entre 2010 y 2018 y antes fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe (2002-2010), bajo cuyo mandato se perpetraron miles de asesinatos de civiles que luego eran presentados como guerrilleros caídos en combate.Conmovido, el expresidente pidió perdón a los familiares de víctimas presentes en su comparecencia.  "Pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma. Que esto nunca vuelva a pasar", enfatizó.   La Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga los peores crímenes del conflicto con las FARC, documentó 6.400 asesinatos de civiles a manos de militares durante el mandato de Uribe, tres veces más de lo estimado hasta hace poco por la fiscalía. Santos dijo ante la Comisión de la Verdad que supo de los crímenes de los militares apenas asumió la cartera de Defensa, en 2006, pero que le restó credibilidad a las denuncias.  Según el expresidente, las advertencias de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja fueron fundamentales para investigar y sancionar a 30 oficiales y suboficiales. "Luego nos enteramos de que los paramilitares colaboraban con miembros de las fuerzas militares para producir estos falsos positivos", remató.

Colombia is regularly described as the Israel of Latin America. Although on opposite sides of the world from each other, the two countries share many similarities. They are both key outposts of U.S. power in their regions, helping make their neighborhood safe for American businesses and American profits. Both governments are carrying out wars against indigenous populations. Both talk of a “peace process” with their enemies but neither seems to get any closer to a lasting agreement. And both smear those enemies as terrorists.Violence in both nations has made worldwide headlines of late. In Colombia, President Ivan Duque's attempts to push through an economic shock therapy package consisting of privatizing the country's pension and healthcare systems, reducing the minimum wage, and increasing taxes on basic necessities sent millions into the streets in a nationwide general strike.Duque has responded with an iron fist, sending first armed police and then the military into the streets to quell the protests. According to local human rights group Indepaz, 71 people have been killed, as armored cars fill the streets and drones and helicopters terrorize strikers from above.Meanwhile, in Israel, security forces attacked the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem as worshippers were celebrating Ramadan at the third holiest site in Islam. The attack drew a response from Hamas, which began firing rockets into Israel, which, in turn, led to a massive Israeli reaction, with the IDF pounding much of Gaza into rubble. Hundreds of people were killed, thousands injured, and tens of thousands fled their homes. Among the buildings targeted were schools, a COVID-19 test center, and the headquarters of international media organizations.Unusually, Israeli actions drew criticism from the centers of power in the United States, with senior politicians and media figures alike condemning the attack and using words like “apartheid” and “ethnic cleansing” — a signal that perhaps a change in attitude is beginning to take place and real change could be around the corner.Last week, MintPress also revealed how Israel is helping Colombia repress its citizens, providing arms and training to security services.Yet a new investigation from our guest today has highlighted how the links between Israel and Colombia go far deeper and how Israeli officials were the masterminds of political massacres carried out by the Colombian government.Dan Cohen's new work shows how the Colombian government's genocidal policy of massacring its political opponents — over 4,000 members of the Patriotic Union Party, including two presidential candidates, 14 parliamentarians, 15 mayors, nine mayoral candidates, three members of the House of Representatives and three senators — was done on the suggestion of an Israeli official, Rafael ‘Rafi' Eitan. Eitan was employed by the government to advise it on counterinsurgency strategies.Another Israeli, Yair Klein, provided the training for many of the most notorious far-right paramilitary groups, including the AUC, thought to have been responsible for around 80% of the killings during the civil war. The leader of the AUC, Carlos Castaño, was educated in Israel and credited the apartheid state for teaching him all he knew about terrorism. “I learned an infinity of themes in Israel,” he wrote in his autobiography.Support the show (https://www.mintpressnews.com/donations/)Support the show (https://www.mintpressnews.com/donations/)

El problema de las desapariciones forzadas es acuciante en el contexto de la protesta. En este episodio de Colombia Protesta hablamos sobre desapariciones forzadas en el contexto de las protestas en Colombia. ¿Qué está sucediendo? Escuchamos a Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de INDEPAZ; María Clara Galvis, profesora universitaria y ex integrante del Comité de ONU contra la Desaparición Forzada; Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada por el Acuerdo de Paz en 2016; Santiago Lanz, director de la ONG Temblores; Alberto Yepes, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (red de 285 organizaciones de DDHH); y a Erik Arellana, artista. Producción, guión y locución: Mónica Valdés Montaje: Francisco Godinez Galay Diseño: Inés Binder Música original: Casa Seis, Mente orgánica “Parar para avanzar” Salomé Beltrán Valdés y Mikhaela Medina – Salir a marchar Otra música utilizada: Charly García – Los dinosaurios Grabado y publicado el 5 de junio de 2021.

Al tiempo que se conmemoraba las Semana Mundial del detenido desaparecido, en Colombia de denunciaba la  desaparición de cientos de personas durante el último mes de protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque que además han dejado 60 muertos. RFI entrevistó a Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia (UBPD) entidad creada por los Acuerdos de Paz en Colombia, un país con 120 mil desparecidos Colombia arrancó este fin de semana el segundo mes de estallido social con protestas masivas contra el gobierno de Iván Duque. Después de la CIDH, la ONU reclama ahora una investigación independiente en Colombia sobre la violenta represión en las protestas.   Más de 1300 detenciones arbitrarias, reprtadas por la ONG Temblores y 364 personas desaparecidas,s egun INDEPAZ o 129 aegún la Fiscalía, se salda este mas de protesta ciudadana y paro nacional.   En entrevista con Radio Francia Internacional, Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia (UBPD) alerta que el negacionismo en el que está el gobierno colombiano frente a los casos de desapariciones de personas en el último mes, tras ser detenidas por la Fuerza Pública u organismos no identificados, pone en riesgo al país de repetir el ciclo infinito de desapariciones forzadas en total impunidad. Un ritual macabro de familias que durante décadas han buscado en vano a sus seres queridos desparecidos y que se calcula alcanzan los 120 mil. RFI: ¿Cuál es la cifra real de desaparecidos en este mes de movilizaciones que se ha registrado en Colombia? ¿Y por qué no se logra llegar a un acuerdo sobre esa cifra? La cifra real no la tengo y creo que no la tiene nadie porque no hay información disponible, completa, confiable y centralizada para poder conocer cuál es la suerte de quienes han sido objeto de arrestos y han sido llevados a lugares de detención o lugares alternos a la detención, que se han denominado como lugares de protección, pero que no son lugares regulares de detención. El gran problema de las cifras es que no hay unos registros que se están llevando de manera adecuada, completa, clara y sobre todo accesible al público para poder comprender y conocer cuáles son las cifras, las personas y las condiciones en que han sido privadas de su libertad. RFI: ¿Cómo identificar quiénes están desaparecidos y quiénes podrían estar detenidos en otros lugares? ¿Y también por qué es importante saber quiénes son, cómo y por qué y quién los hizo desaparecer? Lo que lo que indican las normas internacionales es que una persona detenida, desaparecida es aquella persona que es privada de la libertad por un agente del Estado y su suerte no se vuelve a conocer y la autoridad niega la información o impide el acceso a información sobre el paradero y la suerte de esta persona. El Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en un caso resuelto contra Argentina, declaraba que se producía la desaparición forzada cuando se negaba información sobre la suerte y paradero de una persona, aunque hubiera estado bajo el cumplimiento de una pena. La situación acá en Colombia, en el marco del paro y de las protestas sociales, la gente observa que personas son privadas de la libertad por agentes del Estado, subidas a vehículos a veces claramente de las autoridades, otras veces sin las insignias de la institución, pero que luego nunca más se vuelve a saber de ellos. Esto a pesar de que las organizaciones, los abogados o incluso la misma familia, pregunten ante las autoridades sobre el paradero de estas personas de las que se vio fueron privadas de la libertad. RFI: La canciller Marta Lucía Ramírez, en una reciente visita a Washington, sólo reconoció una persona desaparecida en este mes de movilizaciones. ¿Qué le parece la actitud del Gobierno frente a estas desapariciones? ¿Y por qué es importante el que se investigue y se reconozca el que esto está sucediendo en Colombia? La Fiscalía en este momento está hablando de algo más de 90 personas sobre las cuales se desconoce la suerte y paradero, aunque no las denomina desaparecidas, las califica de personas no localizadas. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo haber recibido información sobre 132 personas que permanecían en situación de desaparición. Lo que pienso de la actitud del gobierno es que incurre en un error y que no cumple con la obligación que tiene el Estado de hacer todo lo necesario para establecer cuál es la suerte de la persona y cuál es su paradero para darle las protecciones y garantías. Una de las circunstancias que llevan a que una persona desaparecida termine evidentemente desaparecida, sometiendo a la familia largos años de búsqueda, es que se niegue que la persona está desaparecida por parte de las autoridades y que no se activen los mecanismos de protección. El negacionismo o el eufemismo de denominar a la persona como no localizada, inactiva o no hace efectivos los mecanismos de protección. RFI: ¿Teme de que el hecho de que no se investiguen esas desapariciones actuales haga que en el futuro en Colombia se tenga que de nuevo volver a la necesidad de crear entidades como la que usted dirige? Es decir entidades para buscar a personas que desaparecidas en este período. El principal temor que tengo es que las familias de hoy se sometan a la búsqueda de las familias del pasado, es decir, personas que llevan 10, 15, 30 años buscando un ser querido sin tener una información. Con una angustia adicional y es que con el paso del tiempo también desaparece la información, las pruebas aunque no desaparece la esperanza de las familias. Pero sí mantienen el sufrimiento y la incertidumbre. Por eso creo que en este momento es muy importante que las autoridades activen los mecanismos.  [Tienen] la responsabilidad de que no se repitan los hechos del pasado con más de 120.000 personas desaparecidas. RFI: El mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas que usted dirige sólo tiene competencia para las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Quiénes son los encargados entonces de investigar estas desapariciones actuales? Los encargados de la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en este momento son la Fiscalía General de la Nación y todos los entes auxiliares de Policía Judicial que les apoyan en esa actividad de investigación. Ellos son los principales responsables de esta investigación. Es muy importante que se hagan esos esclarecimientos y esa búsqueda porque es la manera en que se protege de manera efectiva a las personas que no saben dónde están sus seres queridos. Y es muy importante para la unidad [dirigida por Monzón] que esto se cumpla en este momento de manera rápida, oportuna y eficiente porque el proceso de paz cuando plantea una estructura de instituciones para satisfacer los derechos de las víctimas, también se le da un mandato de las garantías de no repetición. Estos mecanismos, aunque tengan la competencia de hacerse cargo de los hechos del pasado, tienen también la obligación de incidir para que los patrones de violencia del pasado no se repitan en el presente ni en el futuro. RFI: ¿Por qué se repite la historia en colombia? Luz Marina Monzón: Hay un desafío muy grande en relación con las fortalezas del Estado de Derecho y de la democracia en este país. Y si algo lo pone en evidencia, la manera como se están enfrentando la protesta social, es que el Estado de Derecho se encuentra en riesgo, así como la democracia en el país.  No hacer efectivos mecanismos que surgieron del largas de largas y duras experiencias como el mecanismo de búsqueda, como la regulación de la fuerza pública en el ejercicio de la fuerza, creo que es algo que el Estado tendría que estar acotando. Pero por el contrario, lo que vemos es una opción por la salida militar frente a una protesta social que tiene fundamentos, reclamos históricos. La salida debería ser en un contexto democrático y de Estado de Derecho, un diálogo, unas conversaciones y unas propuestas que ayuden a canalizar esas necesidades históricas. RFI: ¿Piensa usted que la presión internacional podría lograr que se esclarezcan estos hechos? ¿Qué es lo que debería pasar justamente en el ámbito internacional para que esto ocurra? La comunidad internacional ha jugado un papel fundamental en Colombia, no solamente para llamar la atención del Estado en relación con las medidas que tiene que tomar para garantizar los derechos humanos en el país a través del ejercicio de las competencias de los órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sino también ha jugado un papel fundamental en apoyarnos para alcanzar el acuerdo de paz, que es una conquista social para plantearse un futuro distinto. En ese sentido, creo que el papel que puede jugar la comunidad internacional es fundamental también para hacer un llamado a no echar para atrás en lo que han sido los avances en la garantía de derechos. En este momento el Estado no puede echar para atrás cuando tiene la obligación de implementar un acuerdo de paz que transforme las desigualdades y discriminaciones que han llevado a tanta violencia en este país. El Estado colombiano hace parte de un concierto internacional donde se ha comprometido con unos principios, con unos valores y unas obligaciones que hacen parte de su pertenencia tanto a las Naciones Unidas como a la OEA. La comunidad internacional no solamente es importante y necesaria, sino es legítima para llamar la atención del Estado. RFI: ¿Cuál es el llamado al gobierno colombiano que hace usted como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia? El llamado que yo hago es que asuman de manera decidida, determinada, oportuna y eficiente la implementación de los mecanismos jurídicos que existen para buscar y proteger a las personas que puedan encontrarse en riesgo de desaparición forzada. Esos mecanismos existen de hace más de 20 años, están a disposición de las autoridades y demandan la voluntad y determinación de esas autoridades para que efectivamente se pongan en marcha y se les pueda dar información creíble, confiable y completa a los familiares sobre la suerte y paradero de los desaparecidos. Hago un llamado muy urgente y definitivo para que no vayan a repetirse las desapariciones. El país tiene una obligación constitucional, que es la prohibición absoluta de la desaparición forzada en Colombia. Eso tiene que ser una realidad. Entrevista realizada por Paula Estañol. Adaptación Hugo Passarello Luna.

En medio de la represión en Colombia, el problema de la violencia sexual hacia las mujeres aparece con fuerza. En este episodio de Colombia Protesta abordamos el tema de la violencia sexual y violencia hacia las mujeres en el contexto de las protestas. Hablamos con Alejandra Coll (abogada feminista), Leonardo González (coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de INDEPAZ), Alejandra Miller (Comisionada de la Verdad) y Valeria Mosquera (coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Cauca). Además escuchamos a Rita Segato (antropóloga y activista feminista), Lizeth Montero (abogada) y manifestantes y víctimas. Producción, guión y locución: Mónica Valdés Montaje: Francisco Godinez Galay Diseño: Inés Binder Música original: Casa Seis, Mente orgánica “Parar para avanzar” Salomé Beltrán Valdés y Mikhaela Medina – Salir a marchar Otra música utilizada: Mujeres Misak misak – Canción sin miedo Audio Rita Segato: Foro Música para levantar la voz Audio adolescente víctima: Pno Alj Audio Canción sin miedo: Medios Libres Cali Audio captura adolescente: Red Alterna Popayán Audios de la batucada: La Tremenda Revoltosa y la Escuela Twerk Feminista Bogotá @ETFBogota Audio Lizeth Montero: Revista Hekatombe Grabado y publicado el 26 de mayo de 2021.

Este miércoles se anuncia una nueva jornada de movilizaciones en Colombia, tras fracasar el lunes las negociaciones entre los manifestantes y el gobierno. La violenta represión de las protestas colombianas ha dejado al menos 41 civiles y un miembro de la fuerza pública muertos, según un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo. Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país ante el aumento de la pobreza, que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del pacto de paz. El lunes fracasó un primer diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes, para desactivar la crisis que comenzó con el rechazo en las calles a un proyecto del gobierno que buscaba elevar impuestos y hacer frente a los estragos de la pandemia, que deja casi 79.000 muertos. Duque "fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública", lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza, antes de llamar a nuevas movilizaciones para este miércoles. La Central Unitaria de trabajadores pidió protestar "masivamente" contra la brutalidad policial y no hacer transacciones financieras ese día. La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, dio el martes 12 de mayo un balance "41 civiles" y "un miembro de la fuerza pública" muertos. Las oenegés Indepaz y Temblores dan cuenta de 47 víctimas mortales. El presidente Duque dijo este martes desde Cali que la fuerza pública actúa con "obediencia absoluta a la constitución" y que las "violaciones por conductas individuales" se "judicializan y se investigan". “Pese a que nuestra Constitución diga que la Policía es un cuerpo civil que está en un espacio público para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, es un cuerpo armado que tiene un entrenamiento militar para muchas otras cosas distintas a prestar un servicio civil”, dice a RFI Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores, que monitorea la acción de la fuerza pública en Colombia. “Y esto dentro de la estructura del Estado, hace que la policía sea juzgada por la justicia penal militar. En el entendido de que cualquier actuación policial se entiende que son actos de servicio y los actos de servicio implica que ellos van a tener un fuero especial por parte de la justicia penal militar. Muy pocas veces hemos logrado, y lo estamos litigando desde la organización, que los casos en los que hay un policía involucrado como agente victimario, homicida, físico o sexual, porque hay también muchos casos de violencia sexual registrados, que sean juzgados por la justicia ordinaria. Una justicia independiente que garantiza imparcialidad y que no sean juzgados por la justicia penal militar. Esa es una profunda reforma que se tiene que hacer al interior del Estado. En Colombia no hay una sola garantía judicial para que estos crímenes no queden en la impunidad y las investigaciones sean realmente independientes”. Cali, la ciudad que retrata la ira popular de una Colombia en crisis El movimiento de protesta reclama a Duque un cambio de rumbo de su política económica y social ante el aumento de la pobreza, que castiga al 42,5% de los colombianos, y pide la salida del ejército de las calles. Como en Cali, la tercera ciudad del país, que ha sido el epicentro de las protestas y donde el domingo 12 indígenas resultaron heridos cuando fueron atacados con armas de fuego por grupos de civiles que rechazan las movilizaciones. La tensión estuvo alimentada por los problemas que vive la ciudad, así como la de toda la región del Valle del Cauca. “En el Valle del Cauca estamos sitiados, no podemos ni entrar ni salir por ninguna de las vías de nuestro departamento”, dice a RFI la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, del conservador Partido Social de Unidad Nacional. “Lo que [los manifestantes dicen] es que no van a levantar el paro hasta que el Gobierno nacional no establezca unas mesas de diálogo con los indígenas y con los jóvenes que representan el mayor número de las personas que se encuentran en estas barricadas. Esos son temas que no podemos solucionar nosotros como dirigentes departamentales y regionales. Nosotros estamos haciendo corredores humanitarios, estamos acordando mesas de concertación donde nos dejen entrar abastecimiento de alimentos, porque por ejemplo, Cali está en un 80% desabastecida, no tenemos gasolina, no nos dejan entrar las vacunas y en tema de salud tenemos que hacer transporte por helicóptero a los municipios. Es una situación grave, es una situación muy lamentable y que esperamos que el Gobierno nacional instale mesas de diálogo que están pidiendo estas comunidades”. Los representantes del Comité del Paro reclaman al Gobierno que frene la violencia policial, que ha sido denunciada por la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU. “A mí no me consta”, dice Roldán al ser consultada sobre el uso excesivo de la fuerza policial. “Yo estoy por toda la ciudad y por todo el departamento. La Fuerza Pública ha tratado de recuperar las vías nacionales. Yo sólo puedo decir que el día del paro fue una situación incontrolable. Creo que aquí hay unos organizadores del paro que tienen todo el derecho constitucional a ejercer una protesta pacífica, pero se infiltran otras fuerzas que crearon caos y vandalismo. Las oficinas de la Gobernación del Valle fueron asaltadas, quemaron el primer piso. Si ustedes ven los videos en el centro de Cali, tumbaron las puertas, entraron a almacenes de abastecimiento. En ese momento, ¿a quién recurre uno? A la fuerza policíaca para proteger y que ayude para frenar el vandalismo. Eso no justifica [la violencia policial] y para eso están los organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, haciendo las investigaciones y todo lo pertinente para esclarecer los hechos que se presentaron. Yo de ninguna manera acepto que haya excesos ni por parte de la fuerza de la ley, pero tampoco por parte de los manifestantes”. De acuerdo a la ONG Temblores, 35 ciudadanos han muerto en Cali, al menos 14 a manos de uniformados. Las autoridades no han registrado policías muertos en la ciudad. Con AFP.

Según el último reporte de la ONG Temblores, especializada en monitorear el accionar de la fuerza pública, en Colombia se registraban hasta el miércoles 1078 casos de violencia policial durante los ocho días de paro nacional y movilización social. 37 víctimas de violencia homicida, 22 de agresiones oculares y 10 de violencia sexual. Las protestas se tornaron particularmente violentas en Cali, donde se registró una violenta represión en barrios como Siloé, en el suroeste de la ciudad. La noche del lunes pasado, los habitantes de esta barriada popular vivieron una noche de horror cuando la policia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dispersaron, con gases lanzados desde un helicóptero y disparos, un velatón pacifico de la comunidad en honor a los muertos de la represión. Cinco personas murieron durante el operativo elevándose a 24 los homicidios en la capital del Valle en  ocho dias de paro nacional y protesta social, muertes atribuídas a la Policía y a la ESMAD, segán las ONGs temblores e INDEPAZ. RFI recogió algunos testimonios de  jóvenes víctimas de la violencia policial en el operativo: “Estábamos en una marcha pacífica, en un velatón [ndlr: evento en el que se encienden velas]”, dice a RFI una joven habitante de Siloé que prefiere guardar el anonimato como la mayoría de las personas que brindaron su testimonio. “Había mucha gente, muchos niños. Alrededor de las 21hs llegó el ESMAD disparando, tirando gases. De verdad es que nos iban a matar. Habían muchos policías y camiones. Yo estaba con mi pareja. Los dos corrimos pero nos atraparon cuando llegamos a la estación. Nos decían 'agaché la cabeza. No miren las caras'. Un policía me cogió el pelo y me dio cuatro bolillazos [golpes]. Cuando me iba a pegar en la cara, uno de los auxiliares le cogió la mano y le dijo que no me pegara en la cara porque yo era una mujer. El policía me arrastró hasta una oficina, me amarró, me pegó una patada, entraron dos patrulleras y empezaron a golpearme la cabeza contra la pared , a decirme 'perra', y a pegarme en las piernas. Me dejaron media hora amarrada”. Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles en la capital del Valle del Cauca, de 2,2 millones de habitantes. Por su lado, elpresidente de Colombia Iván Duque respaldó la acción de los uniformados, a quienes considera víctimas de ataques, para controlar violentas protestas contra el gobierno que en casi una semana dejan cerca de 40 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias a manifestantes (Temblores). La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, la Comisión IDH  y organizaciones nacionales e internacinales de defensa a losderechos humanos han levantado la voz contra abusos policiales y denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados colombianos durante estas jornadas de paro nacional. . Según la alcaldía local, cinco personas murieron y 33 fueron heridas en la noche de lunes. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras. “Hubo dos heridos por arma de fuego. Eso fue constatado y verificado por nosotros, el personal médico asistencial que estaba ahí”, confirmó a RFI Nestor Reveiz, médico de la brigada de emergencia en Siloé. “Se escuchaban muchas ráfagas de arma semi automática, de pistola, de revólveres. Hubo una arremetida muy grande de la policía, tiró gas a todo el mundo, incluyendo a nosotros, el personal de salud. Tuvimos que retirarnos porque la situación no era segura”.“Estaban pegando tan duro que nos reventaron las cabezas”, dice a RFI un joven. “Nos metieron a 30 de nosotros en una jaulasangre, algunos sangrando. También había menores de edad. [Las fuerzas del orden] andan en moto por los barrio, realmente nos quieren matar a todos”. “Mis papás, mis hermanos, vecinos y varios conocidos estaban presentes en la marcha”, cuenta a RFI una joven manifestante. “Cuando comenzó la balacera, como no nos encontraban ellos comenzaron a buscarnos. Si no, el cuento hubiera sido otro”. “Nos pusieron el táser por todos lados”, explica a RFI un hombre joven que participó de las protestas. “Había policías sin identificación, de civil y con armas que no son de la dotación de ellos. También había camionetas sin placas.” “Nos aplicaron corriente [eléctrica], nos decían que nos iban a matar y nos iban a tirar al río Cauca”, denuncia a RFI un habitante joven de Siloé. “O que nos echaban gasolina y nos prendían. Lo queremos hacer público porque esto no se puede quedar así”. “Nos quieren hacer ver como unos vándalos para tener justificación de los asesinatos”, dice a RFI una joven. “Están matando a la juventud que está saliendo a protestar por una injusticia. El pueblo colombiano está cansado, ya no puede más, no puede con otra reforma. Nosotros no podemos seguir pagando para que los ricos vivan cómodos, la gente está cansada. Por eso salió a protestar, es gente que ha aguantado hambre, que le ha tocado duro”. Corredor Humanitario La alcadia de Cali y los líderes del paro nacional y de la protesta social en la ciudad acordaron abrir un corredor humanitario para superar el desbastecimiento producto del bloqueo a las entradas de la ciudad durante la última semana de movilización social. “Estamos negociando con los manifestantes, con la gente que está bloqueando las vías, para abrir corredores humanitarios para que se permita que tengamos seguridad alimentaria”, dice a RFI Fernando Marmolejo, director de la Oficina de Relaciones Internas y Cooperación de la Alcaldía de Cali. “El otro objetivo es establecer canales de diálogo para bajarle el nivel de confrontación a esto. Recuperar la gobernanza en Cali y recuperar la paz. Establecer mesa de negociación con estos líderes, unos identificados, otros no, porque creo que si se están movilizando jóvenes entre los 15 y 25 años es porque hay reivindicaciones y hay que oírlos. “A nivel nacional, que retire la reforma laboral, la reforma de la salud”, dice a RFI el líder del colectivo Soñadores de Siloé, Steven Ospina, al ser consultado sobre las reivindicaciones de su grupo. “Que retire la figura de asistencia militar y también que el ministro nos pida perdón por los asesinatos que cometió la Fuerza Pública. Con la Administración local que pidan perdón, porque por omisión o por acción ellos fueron causantes de la arremetida tan violenta que hubo el pasado 3 de mayo. Por otro lado, garantías para la vida digna, para la reactivación económica del barrio, para los jóvenes, que son los que están en primera línea”.

Investigan una nueva masacre en Caquetá

La semana de marchas en Bogotá será clave para ‘medirle' el aceite a Iván Duque, Gustavo Petro y Claudia López. Lo mismo que el comportamiento de los manifestantes que han pedido que hasta muera Uribe ¿Qué está en juego para el país? La senadora Paloma Valencia y el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, analizan con Salud Hernández-Mora. 7:00 p.m.#LaMingaEs #SaludHernandezM #AlAtaque

En lo que va de 2020, al menos 103 líderes y liderezas sociales, defensores de territorios, y 24 ex-combatientes de las Farc en proceso de reincorporación que cumplen con los Acuerdos de Paz, han sido asesinados en Colombia, según Indepaz, “sin que el gobierno ni los organismos multilaterales hagan un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas”, denunció la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.