Enfoque internacional

Se cumplen 30 años desde que Alija Izetbegović, Franjo Tuđman y Slobodan Milošević, representantes de las tres comunidades étnicas constituyentes de Bosnia y Herzegovina, firmaron los conocidos Acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto en este país. “Es muy difícil decir cuáles son los alcances de Dayton. Incluso hoy, 30 años después, su mayor logro se considera el haber detenido la guerra y haber establecido la paz. Pero con pleno derecho podemos hacernos la pregunta: ¿qué tipo de paz es esa? ¿Es una paz sostenible, si incluso 30 años después seguimos viviendo bajo tensión constante, bajo una amenaza permanente?”, estima Tanja Topic, periodista y analista política bosnia. Dayton logró imponer el alto el fuego tras más de tres años de guerra, y garantizó el retorno de refugiados y la protección de derechos humanos. Además, obligó a las partes a cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sin embargo, también dejó al país dividido en dos entidades: la Federación Bosnia y Herzegovina –de mayoría bosniaca y croata– y la República Sprska –de mayoría serbia–, y el distrito autónomo de Brčko. Presidencia tripartita y divisón étnica Creó un sistema regido por una presidencia tripartita, y un Estado condenado a la presencia permanente de las fuerzas internacionales y supervisado por la figura del Alto Representante quien tiene amplios poderes para intervenir en la política del país, lo que limita la autonomía de Bosnia. “El acuerdo de paz de Dayton debía haber sido superado; es decir, pudo ser útil en el año 95, e incluso algunos años después, pero es completamente absurdo que hoy, debido a mi nombre y apellido, no pueda sentirme cómodo en alguna parte del país porque allí otro pueblo es dominante y porque alguna otra política nacionalista me discrimina basándose en mi nombre y apellido. Y eso lo permitió Dayton”, explica por su parte Jasmin Medic, investigador en el Instituto de Historia de la Universidad de Sarajevo. Hoy las carencias de Dayton están claras: una rigidez institucional que impide reformas, una división étnica que perpetúa tensiones y un carácter discriminatorio con las comunidades no constituyentes conocidas como “Las Otras”. Porque como denuncian organizaciones como Human Rights Watch e International Crisis Group, el modelo de Dayton, lejos de ser la solución, se ha convertido en el principal obstáculo para el futuro político, social y económico de Bosnia.

Último día de una cumbre climática inédita en Brasil, que permitió hacer un balance de las medidas tomadas en cumbres anteriores. Entre estas, hace tres años, las naciones más vulnerables obtuvieron la creación del Fondo de Pérdidas y Daños para financiar las consecuencias actuales de las catástrofes climáticas. Fue en la cumbre climática COP27 de Egipto que las naciones industrializadas respondieron a un reclamo histórico de los países en desarrollo con la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños para ayudar a los países en caso de catástrofes vinculadas al calentamiento global. Una ayuda principalmente destinada a países pobres de Asia, África y Latinoamérica, que ya sufren de las consecuencias de la crisis climática. Producción y turismo “Por ejemplo, en Panamá hay pueblos indígenas que ya han sido reubicados a raíz de que el incremento del nivel del mar ha hecho inviable mantenerse en sus territorios, destruyendo su cultura, destruyendo sus medios de vida. En todo el Caribe centroamericano el impacto a los corales y a la biodiversidad, de los cuales dependen muchas comunidades costeras, afrodescendientes, indígenas, de pescadores, está afectando la producción y también eso afecta directamente una de las fuentes de ingreso principales como es el turismo”, explica a RFI Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, ONG ambientalista centroamericana. Pero a tres años de la creación del fondo, el dinero prometido no ha llegado. Los países donantes, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia y Alemania, grandes responsables de la crisis climática, solo transfirieron la mitad de los 790 millones de dólares acordados. Subsidios a los países Entrevistado por RFI en la COP30 de Belém, el director del fondo, el senegalés Ibrahima Cheickh, indica que los primeros desembolsos serán efectivos en 2026, y que permitían reforzar bordes costeros amenazados por el nivel del mar, por ejemplo. “Vamos a liberar un primer paquete de 250 millones de dólares. Serán principalmente subsidios a los países. No serán préstamos, no vamos a agravar la deuda de los países para atender la crisis climática. Se entregarán entre cinco y 20 millones de dólares por iniciativas. Entre estas naciones en desarrollo están los más vulnerables al cambio climático: las pequeñas islas, y los países menos avanzados. Se destinará la mitad de los fondos a estos países”, señala. Varias ONG consideran sin embargo que el mecanismo tienes límites. Las ayudas de momento no serán entregadas directamente a comunidades locales. Y se estima que el costo anual de las catástrofes ligadas al cambio climático es casi 1.000 veces más elevado. “Desgraciadamente, el Fondo de Daños y Pérdidas se creó en una estructura que no responde a la deuda climática, porque el cambio climático es hecho por el lucro de las empresas y países que generan grandes emisiones. Y se creó un fondo voluntario”, lamenta Adrián Martínez. Otra incertidumbre pesa sobre el fondo: no se sabe aún si china, primer emisor global de CO2, contribuirá o no.

Las negociaciones de la COP30 han entrado en su recta final. La presidencia brasileña busca consensos para mejorar la lucha contra el cambio climático, actualmente insuficiente para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. En este contexto, México publicó su muy esperado plan de acción climático de reducción de emisiones. Un plan ambicioso. Con varios meses de retraso, México presentó en la COP 30 de Belém su contribución para luchar contra el cambio climático, las llamadas NDC, que los países se comprometen a reactualizar cada 5 años para cumplir con el Acuerdo de París. “Aunque México contribuye con tan solo 1,3% de las emisiones globales, nos hemos comprometido con metas absolutas de mitigación sin precedentes: entre 364 y 404 millones de carbono equivalente en emisiones netas para 2035”, dijo la Secretaria de Medioambiente mexicana, Alicia Bárcenas. La funcionaria indicó que el país buscará reducir un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 para llegar a 0 emisiones netas en 2050, como lo recomiendan los científicos. Para alcanzar esta meta ambiciosa, el país necesitará cambios profundos en su matriz energética, indica Adrián Fernández, experto en política climática del laboratorio de ideas Iniciativa climática de México. “Tenemos uso mayoritario de combustibles fósiles. El otro sector que además está creciendo muy rápido es el transporte, la movilidad. Tenemos que introducir, como el resto del mundo, en el corto plazo, vehículos cada vez más eficientes. Tenemos un fenómeno de los dos o tres últimos años en México de la llegada de muchas marcas de automóviles de China a precios muy competitivos, lo que ha dado lugar a un crecimiento exponencial de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos también”.   México sin embargo no cumplió con su meta anterior de reducción de emisiones contaminantes (al igual que muchos otros países). Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado señales de un giro en materia de ambición climática. “México desafortunadamente detuvo completamente por seis años, de 2018 a 2024, el avance de las energías renovables. Con el nuevo Gobierno, la doctora Sheinbaum, como es experta en esos temas, de inmediato empezó a tomar medidas políticas invitando al sector privado a nuevos proyecto eólicos y solares. Así que México está regresando por el camino correcto”, agrega Fernández. De momento las trayectorias climáticas de los países del mundo llevaran a una reducción del 12% de las emisiones. Un esfuerzo muy insuficiente aún. La ciencia indica que deberíamos reducir en 60% nuestras emisiones para 2035 para limitar la crisis climática.

En Belém, los delegados de la COP30 tienen plazo hasta el viernes para negociar un acuerdo ambicioso contra el cambio climático, pero la sombra del cabildeo vuelve a cernirse sobre la cumbre con la presencia de un número récord: 1.600 representantes del sector de los hidrocarburos. Informe de nuestro enviado especial a Bélem, Raphael Moran. El sector agrícola es responsable de al menos un tercio de las emisiones de CO₂ en el mundo. A pesar de ello, cientos de cabilderos de la agroindustria defienden sus intereses en los pasillos de la COP30 en Belém. A diez minutos del recinto de Naciones Unidas, donde delegados de todo el mundo negocian el futuro climático del planeta, transnacionales del sector agroindustrial como Bayer o el sindicato brasileño del agronegocio CNA se pintan de verde y prometen una agricultura sostenible mediante spots, charlas y degustaciones. Según el medio de investigación brasileño The Intercept, varias empresas implicadas en escándalos ambientales —como JBS, Vale o la transnacional del aluminio Hydro— patrocinan a medios brasileños a cambio de una cobertura favorable durante la COP30. Organizaciones de la sociedad civil denuncian la cantidad inédita de miembros de grupos de presión, en particular de los combustibles fósiles. "Hay 300 delegados que representan a las grandes industrias de la agricultura y la ganadería aquí en la COP30", señala Xananine Calvillo, activista indígena Ngiwa de México. "Esto representa un aumento del 14 % respecto a la conferencia del año pasado. Y muchos de ellos, el 25 %, participan en las negociaciones con acreditaciones expedidas por los Estados que representan. Es decir, están entrando a las negociaciones, algo que los pueblos indígenas no podemos hacer". ¿Quiénes les pagan?  Calvillo exige también más transparencia sobre los intereses de los participantes en las cumbres climáticas: "Para esto de los lobistas hay una campaña que busca esa transparencia, pidiendo que ellos digan quiénes son y por quiénes están siendo pagados". Naciones Unidas, organizadora de las cumbres climáticas, propone —pero no obliga— que los participantes de las COP indiquen su eventual afiliación a intereses corporativos. Esta declaratoria no incluye a los empresarios acreditados por delegaciones oficiales. Francia acreditó, por ejemplo, al presidente de la transnacional petrolera TotalEnergies. La sombra del cabildeo planea sobre las COP desde hace varios años. En 2018, un alto cargo de la petrolera Shell celebró que sus propuestas para la creación de mercados de carbono figuraran en el artículo 6 del Acuerdo de París.

Adaptar la agricultura al cambio climático y evitar la deforestación son algunos de los retos que enfrenta la humanidad con el calentamiento global. En Brasil, un tercio de la deforestación desde 2001 se ha producido en el estado de Para, al noroeste del país, donde se desarrolla la COP30. La ganadería y los cultivos de soja son los principales factores de la destrucción de la Amazonía. Pero surgen alternativas sostenibles al monocultivo como en esta finca que visitó nuestro enviado especial Raphael Morán. En esta tierra arenosa, María José Sales es una de las agricultoras que abastecen los 50.000 visitantes de la cumbre climática de Belém en Brasil. La cooperativa Ecovila, al norte del estado de Para, surgió como un proyecto ecológico para reforestar una tierra deforestada por la minería. "Tengo aquí açai, plátano, cupuaçu, inga, biribá, achiote, papaya, carambolas", indica. María José Sales sembró aquí decenas de productos siguiendo los principios de la agroforestería, un modelo de agricultura sostenible, sin pesticidas y que cohabita con el exuberante bosque tropical amazónico que rodea Belém. "Gracias a Dios, aquí tenemos el bosque tropical y unos cultivos que nos brindan comida. La agroforestería nos ha sido muy beneficiosa. Hemos aprendido a no quemar nada", explica la agricultora. Comida local en la COP30 Aquí no se quema y no se tala nada. Todo se reutiliza como abono natural. Para Thales Mendonza, campesino y director de la red INOFO de agricultura orgánica, esta agricultura representa una alternativa al monocultivo de soja que predomina en Brasil y que devora la Amazonía. "A nivel de Brasil, la agricultura es responsable por más del 70% de las emisiones de gases de invernadero. Entonces, el sector que más emite los gases en Brasil es la agricultura", señala Mendonza. Junto con otras organizaciones, INOFO obtuvo que el 30% de los alimentos de la COP provinieran de la agricultura familiar: "Es la primera vez que toda la gente del mundo está comiendo comida local. No están comiendo solo pizzas, sándwiches, western food. Están comiendo comida brasileña, del norte de la Amazonía. Entonces muchas veces nos dicen: ¿Pero la agricultura familiar tiene capacidad para producir, para alimentar el mundo? Sí, tenemos. Ustedes que son del agribusiness, no tienen. Porque hasta hoy nos dicen que tenemos que producir así porque el mundo tiene hambre, pero el mundo sigue con hambre", afirma el agricultor. Transitar hacia una agricultura compatible con la preservación de los bosques tropicales es uno de los retos abordados en la COP30.

La novena edición del Festival de las Flores convirtió a la ciudad histórica de Antigua Guatemala en un jardín monumental, con instalaciones florales de hasta 10 metros que atrajeron a cerca de un millón de visitantes ansiosos por contemplar color, aroma y arte efímero. Un reportaje de Diana Fuentes, corresponsal de RFI en Guatemala. En Antigua Guatemala, Patrimonio Cultural de la UNESCO situado en el departamento de Sacatepéquez, las creaciones florales que adornaban estructuras de metal, madera y bambú alcanzaron alturas impresionantes de entre 3 y 10 metros, envolviendo cada rincón de la ciudad colonial en un arte efímero. "Ahorita ya estamos a punto de culminar nuestra novena edición; vamos rumbo a 10 años de este festival", dice a RFI Andrea Contreras, fundadora del Festival de las Flores. Además de convertirse en un jardín, este año el Festival tiene como objetivo resaltar la creación artística. "El Festival está dedicado a todos los artistas que han roto el molde. En esta ocasión es la fiesta de los artistas. Quisimos poner la mirada en el talento de nuestros artistas locales, entre ellos escritores, bailarines y pintores, no solo los locales, sino también los internacionales", explica Contreras. Importante fuente de ingresos "Es la única temporada del año en que se ve florecer a Antigua. El ambiente es muy alegre", dice uno de los visitantes. El Festival convoca anualmente a casi un millón de turistas, lo que satura hoteles, restaurantes y calles, pero también genera importantes ganancias para el país. "Yo he venido todos los años desde el primer Festival de las Flores. Antigua Guatemala es mágica: se pone uno feliz y ya no quiere irse. Pero hay una cierta hora del día, aquí en la Calle del Arco, en que ya no se puede ni siquiera pasar", comenta una mujer. Por eso, una visitante que ha acudido varias veces recomienda "venir tempranito para poder disfrutar más las cosas, mirar todo con calma y pasear un poco más por todas las áreas". Van Gogh y la Mona Lisa, fuentes de inspiración En cuanto a las fuentes de inspiración, la florista Catherine Morales, creadora de una de las obras de arte que participa en el concurso del Festival, cuenta: "Nos inspiramos en Van Gogh, la Mona Lisa y las pinturas más famosas del mundo. Empezamos a trabajar desde hace una semana. Aquí traemos el vinilo y las pinturas. Hay que prepararlo todo para luego venir a armarlo aquí. Así es más fácil. Armarlo toma aproximadamente una semana, aunque la idea viene ya de algunos meses". Otro eje de esta novena edición es la protección de la naturaleza. Por eso, Andrea Contreras resalta: "Ahorita estamos apuntando a mucho más con un festival más verde. Desde el año pasado estamos recolectando todas las flores que se utilizan en el Festival para llevarlas luego al compostaje. De esta manera volvemos a retribuir a la tierra". Coincidiendo con el inicio del equinoccio, Guatemala lo celebra con flores y arte que reafirman la belleza y el estilo inigualable de Antigua.

En la COP30 de Brasil que inició esta semana, el tema de la eliminación de los combustibles fósiles a mediano plazo vuelve a estar en los debates. La presidencia de Brasil, país anfitrión de esta COP30 apoya esta iniciativa. Sin embargo, el propio presidente Lula, que se presenta como un líder ambiental, impulsó nuevos proyectos de exploración petrolera.  Estas últimas semanas, nunca han sido tan patentes las paradojas del gobierno de Lula da Silva sobre los temas ambientales. Por una parte, el presidente de Brasil, líder reconocido en diplomacia medioambiental, inauguró la COP30 de la ONU y su Gobierno ha logrado reducir significativamente las tasas de deforestación en la Amazonía: -11% entre agosto de 2024 y julio de 2025. Pero, por otra parte, el Gobierno de Lula otorgó permisos de exploración petrolera en el bloque 59 en aguas profundas, a 175 km de la desembocadura del Amazonas. Una decisión criticada por los riesgos ambientales de posibles derrames de crudo.  Desde 2017, según datos recopilados por la organización Skytruth, basados en imágenes satelitales, hubo 179 “derrames probables” de crudo en Brasil. “Un derrame sería uno de los principales riesgos por la complejidad y la profundidad de dónde este petróleo puede estar. No se sabe aún si van a encontrar petróleo. Van a empezar a perforar un área que tiene corrientes muy fuertes. Si sucede un derrame, no sabemos para donde ese petróleo podría ir. Y hay un montón de manglares en la región que son muy importantes para toda la preservación del ecosistema”, recalca Ilan Zugman, director de la plataforma ecologista 350.org en Brasil y Latinoamérica. Y es que Brasil, octavo productor de petróleo del mundo, aspira a producir más crudo aún a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía recomienda no impulsar nuevos proyectos, en virtud de la urgente necesidad de reducir emisiones de CO2. Pero el Gobierno de Lula calcula que podría recibir 200.000 millones de dólares con la explotación del petróleo en la desembocadura del Amazonas. El 24 de octubre, el presidente Lula expuso claramente sus argumentos para justificar esta controvertida exploración petrolera en el Bloque 59: “Si exigimos que se protejan los bosques y queremos reducir el uso de combustibles fósiles, una de las formas de hacerlo es utilizar el dinero del petróleo para consolidar la transición energética. Brasil no va a desperdiciar una riqueza que puede mejorar la vida del pueblo brasileño”, declaró el mandatario. Un argumento que rechaza el activista ambiental brasileño Ilan Zugman que observa los resultados de la explotación de los campos petrolíferos del presal en la costa sur. “Sí miramos la región sudeste de Brasil como San Paulo y Río, que más recibieron royalties del petróleo, estas ciudades no tienen buenos niveles de acceso a la salud, de seguridad, de educación”, observa Zugman. Y agrega: “Explorar más petróleo para hacer la transición energética es algo que no tiene ningún sentido. Un reporte de la organización INESC evaluó que se destinó menos del 1% del dinero del petróleo del presal la transición energética”. Las ONG ambientalistas, al igual que los representantes de los pueblos indígenas, piden el fin de los proyectos de extracción petrolera. Y piden que las millonarias inversiones petroleras se dirijan más a proyectos de energías renovables.

Se ha cumplido un mes desde que entró en vigor un frágil cese el fuego en Gaza. Tanto en Israel como en Palestina esperan que la paz regional se perpetúe y muchos tienen grandes expectativas sobre una solución política duradera en el enclave y en Cisjordania también. RFI recibió en sus estudios al líder del movimiento de no violencia palestino, un proyecto político basado en el pacifismo como factor de cambio. Ali Abu Awwad conoce la violencia, porque la vivió en carne propia. Oriundo de un pueblo cerca de Hebrón, estuvo encarcelado por haber participado en la primera Intifada. Luego fue herido tras recibir disparos del ejército israelí durante la segunda Intifada. A su hermano lo mató un soldado en un retén.  "Mi madre y yo estuvimos encarcelados. Israel nos prohibía vernos entonces hicimos una huelga de hambre de 17 días y funcionó", dice a RFI, explicando que así empezó a interesarse en el concepto de la no violencia como una posibilidad. "Lo hice no por empatía por el ser humano sino como vía política eficaz para liberar a los palestinos. Tras perder a mi hermano conocí familias israelíes en duelo que me cambiaron la vida. Me di cuenta que ambos somos víctimas y nos victimizamos, compitiendo en la escala de sufrimiento. Una vez que te das cuenta de esto entiendes que la no violencia no es solo una idea política sino que es una estrategia exitosa a la que ambos bandos se pueden comprometer", asegura. "Algunos colonos están dispuestos a dialogar" Abu Awwad fundó el movimiento palestino no violento Taghyeer, que significa "cambio". Su modelo busca la emergencia de un Estado palestino reconciliado con su vecino, incluso con los colonos israelíes cuya violencia ha aumentado en Cisjordania, territorio que algunos ministros de Netanyahu han llamado a anexionar. "A la vez que el gobierno a ha dado a los colonos un amparo para humillar y destruir vidas palestinas, también he visto soldados israelíes ser golpeados por ellos. No digo que en el futuro los colonos serán pacifistas. Pero no debemos asimilar al pueblo judío o a todos los israelíes residentes en Cisjordania a estos colonos", argumenta el activista. "Cuando aceptamos una solución de dos Estados, aceptamos recibir solo el 22% del territorio y luego las colonias empezaron a cambiar esa geografía. Y por otro lado debo decir que sí, algunos colonos están dispuestos a dialogar, aunque la solución de dos Estados tenga un alto costo político para ellos", afirma Abu Awwad, quien se dio a conocer en parte por reunirse con residentes de colonias israelíes en sus propias salas. "Los palestinos no tenemos problema con que haya judíos viviendo en Palestina. El problema es la ocupación", explica. Un mensaje de paz en un entorno de violencia En una realidad tan violenta, ¿qué tan díficil es promover la perspectiva de Ali Abu Awwad? El activista cree que es la única vía. "El ejército israelí entra en pánico ante la no violencia. Es fácil agredirnos cuando respondemos atacando. Llevamos años luchando militarmente. Antes de los acuerdos de Oslo, los palestinos resistíamos con las armas. Me entrenaron a los 15 años a usar una kalachnikov", recuerda. "Pero esta lucha debe tener un cimiento y no debemos perder nuestro compás moral por la libertad. Después del 7 de octubre, además, Israel debe aprender una dolorosa lección: no se puede seguir ignorando a los palestinos detrás de un muro, retenes y colonias. Eso no garantiza su seguridad, debe entenderlo". Ali Abu Awwad aboga además por cambio de liderazgo político tanto en Israel como en la Autoridad Palestina.

La cumbre climática de Naciones Unidas ya inició en ausencia de la delegación de Estados Unidos, país que se retiró del Acuerdo de París. Trump, presidente climatoescéptico y partidario de los combustibles fósiles, boicotea la COP30 de Belém. Pero una alianza de políticos y gobernantes locales toma el relevo. Mientras que la administración de presidente climatoescéptico Donald Trump boicoteó la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, una delegación de gobernadores y alcaldes estadounidenses sí viajo a Bélem en Brasil, para respaldar la ambición a favor del Acuerdo de París. "La razón de mi presencia se debe a la ausencia de liderazgo de EE.UU.", declaró el gobernador demócrata de California Gawin Newsom en Brasil en vísperas de la COP30. Newsom, férreo opositor de Donald Trump deploró la ausencia de delegación estadounidense en la conferencia climática "ni siquiera alguien tomando apuntes de lo que ocurrirá en Belém", lamentó. El presidente estadounidense quien tachó el mes pasado el cambio climático de "mayor estafa" de la historia, impulsó a través de varios decretos, el desarrollo de los proyectos de energía fósil, gas, petróleo y carbón, y paralizó varios proyectos de energías renovables, en total contradicción con la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y metano que agravan la crisis climática. "Es una administración que ha sido totalmente capturada y está totalmente controlada, no solo por la industria de los combustibles fósiles, y por los elementos más extremistas de dicha industria", denunció el senador demócrata de la Comisión de Ambiente del Senado, Sheldon Whitehouse. "Son tan extremistas que, en la orden ejecutiva original de Trump, excluyeron de la definición de energía la energía solar y la energía eólica. Están dispuestos a violar el diccionario para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, no se puede negociar con estas personas. Hay que estar dispuesto a resistir", insistió Sheldon en una rueda de prensa en línea antes de la COP30. A modo de resistencia, más de 20 gobernadores y decenas de alcaldes que representan el 75% del producto interno bruto de Estados Unidos mandaron un centenar de representantes a la COP30 de Brasil para reafirmar sus políticas locales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud con el Acuerdo de París.“Los gobernadores de la Alianza Climática de Estados Unidos están reduciendo las emisiones al tiempo que hacen crecer sus economías y reducen los costes energéticos. Estos 24 estados han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 24 % por debajo de los niveles de 2005, al tiempo que han aumentado el PIB colectivo en un 34 %”, afirmó Gina McCarthy, ex asesora del gobierno de Joe Biden para los asuntos climáticos y codirectora de America is All in, otra alianza de responsables locales en defensa de la acción climática. Y aunque Estados Unidos se retiró de varias instancias multilaterales, la Casa Blanca se mantiene atenta para defender los intereses de las energías fósiles. En octubre pasado, delegados del mundo entero estaban reunidos en Londres en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMM) para aprobar un nuevo impuesto, mínimo, sobre las emisiones contaminantes del sector marítimo. Todo estaba listo hasta que la Casa Blanca amenazó de sanciones comerciales a los países que aprobaran la nueva tasa. El proyecto fue finalmente aplazado al menos un año. Un drama diplomático que ilustra el poder de interferencia de Estados Unidos para torpedear las políticas ambientales, incluso fuera de sus fronteras.

Este viernes comienza en Tokio un Congreso sobre la pena de muerte en Asia Oriental, organizada por asociaciones abolicionistas de la región. Países como Corea del Norte siguen aplicando ejecuciones, en su gran mayoría fuera de la vista de la comunidad internacional, y han sido señalados por defensores de derechos humanos. RFI conversó con Elizabeth Salmón, relatora de la ONU para los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.  Se le conoce como Corea del Norte, pero en Naciones Unidas su nombre oficial es República Popular Democrática de Corea - o RPDC. La peruana Elizabeth Salmón es relatora de la ONU para los derechos humanos en ese país y entre sus tareas se encuentra la de monitorear cómo se imparte justicia en el terreno, donde no hay un equipo de Naciones Unidas. El derecho internacional exige que los Estados que no han abolido la pena de muerte solo la apliquen a los crímenes o delitos de extrema gravedad. “En el caso de la República Popular Democrática de Corea, sin embargo, lo que tenemos es que existen alrededor de 40 posibles delitos que podrían terminar siendo objeto de pena de muerte”, apunta Salmón. Entre los delitos castigados con muerte están aquellos vinculados a la comercialización de droga, prostitución y trata de personas. Se incluye también algo “tremendamente llamativo, el consumo de información de lo que se llama naciones hostiles o enemigas, que básicamente se refieren a Corea del Sur". Salmón participa en Tokio en el Congreso regional sobre la pena de muerte en Asia Oriental, del 7 al 9 de noviembre. Aunque es imposible establecer cifras, tuvo acceso a casos de ejecuciones incompatibles con el estándar de castigo a "delitos más graves". "Como relatora, junto con otros relatores de Naciones Unidas, levantamos la voz y enviamos comunicaciones a la RPDC porque llegó a nuestro conocimiento el caso de 11 mujeres que habían sido repatriadas de China y que fueron sometidas el 31 de agosto de 2024 a un juicio público en el que se les acusaba de haber cometido el delito de tráfico humano y esclavitud sexual. Dos de estas mujeres fueron ejecutadas ese mismo día”, explicó. Dos recomendaciones aceptadas La RPDC ha participado en varios ciclos del Examen Periódico Universal, el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para vigilar que se cumplan obligaciones. “En noviembre de 2024, en su cuarto ciclo, por primera vez en la historia de este mecanismo, aceptó dos recomendaciones que tienen que ver precisamente con el tema de la pena de muerte”, aseguró la relatora. Chile pedía reducir los casos castigables con la pena de muerte mientras que Países Bajos le solicitó restringir la pena de muerte a los crímenes más serios del derecho. “A pesar de que tradicionalmente la RPDC no ha querido conversar sobre este tema, en el año 2024 ha aceptado estas dos recomendaciones, que considero tremendamente importantes. Podría ser un signo para poder conversar en el futuro, y ojalá que se tomen en serio estas dos recomendaciones y puedan, en su próximo ciclo o incluso antes, presentar elementos positivos, reformas normativas, restricciones y protocolos que garanticen el derecho a la vida". Salmón apunta además que, al realizar ejecuciones públicas, Pyongyang busca desalentar cualquier crítica en la ciudadanía.

Representantes de más de 50 organizaciones indígenas viajan a bordo de la 'Flotilla Yaku Mama' desde Ecuador hasta Brasil para llevar sus mensajes a la cumbre climática de Belém. RFI conversó con Leo Cerda, representante Kichwa y uno de los tripulantes de la flotilla. Pide el fin de los proyectos petroleros en la Amazonía. La flotilla Yaku Mama -“madre agua” en quechua- zarpó el 16 de octubre de Ecuador con representantes de 60 organizaciones a bordo para recorrer Perú, Colombia y Brasil hasta la Cop30 de Bélem en la desembocadura del Amazonas. Leo Cerda, representante Kichwa de Napo, en la amazonia ecuatoriana, es uno de ellos y contó a RFI algunas etapas de este periplo de cerca de 3000 km en el Amazonas hacia la cumbre climática que arranca el 10 de noviembre. En sus diferentes etapas, los tripulantes de la caravana fluvial compartieron experiencias con comunidades locales que enfrentan retos ambientales tales como la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y las consecuencias de explotación petrolera. “Paramos en la comunidad Serena que es mi comunidad. Nosotros tenemos la primera guardia de mujeres indígenas. Están trabajando para hacer un monitoreo de la deforestación y de los puntos de minería ilegal en el sector. Después, fuimos al Coca donde hicimos una actividad simbólica: el entierro de los combustibles fósiles y de esta industria obsoleta que ha causado suficiente daño en la Amazonía”, cuenta Leo Cerda por teléfono, durante una escala en la ruta de la flotilla. “En Perú, en la frontera, visitamos dos comunidades que nos hablaban de sus experiencias de monitoreo en los territorios, sobre todo por el tema de la tala ilegal que tienen en ese sector. Se puede ver también cómo el río se va enfermando, tienen derrames petroleros, tienen ya una contaminación que viene de esa industria”, relata el representante Kichwa. Los activistas recuerdan que Perú registró 831 derrames de petróleo entre 2000 y 2023, y Ecuador 1584 entre 2012 y 2022, mientras que la exploración petrolera en el bloque FZA-M-59 en la desembocadura del Amazonas, impulsada por el gobierno de Lula, suscita controversias porque contradice la necesidad de global de parar los nuevos proyectos petroleros. En Brasil, el itinerario de la caravana incluye encuentros con comunidades impactados por el mercurio que se usa en la minería ilegal y visitas a comunidades quilombolas -afrodescendientes- que luchan por la Amazonía. Los integrantes de la flotilla Yaku Mama llevarán a la COP30 varias reivindicaciones. “Hemos podido ver cómo la industria extractiva de combustibles fósiles ha contaminado nuestros bosques. Tenemos que dejar de usar combustibles fósiles”, exige Leo Cerda. La protección de los defensores del territorio, el derecho a la consulta previa, libre e informada y la inclusión de los pueblos indígenas en las acciones de mitigación del cambio climático y de adaptación, son otras de las reivindicaciones de los representantes autóctonos de esta caravana. También exigen “que se cumpla el acuerdo de París y que realmente se cumplan los objetivos de financiamiento”, uno de los principales temas en la agenda de negociaciones de esta COP organizada por Brasil.

La ONG de lucha contra la pobreza calcula que una persona del segmento más rico del planeta emite más Co2 en un solo día que una persona que forma parte del 50% de los más pobres en todo un año. Oxfam insta a los gobiernos a aplicar tasas a los multimillonarios para financiar la lucha contra el calentamiento global que alcanzará +1.5°C próximamente.   “Los ricos causan el problema, los pobres pagan el precio más alto de la crisis climática”, alertaba el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el año pasado en la cumbre climática de la ONU COP29. Un nuevo informe de la ONG de lucha contra la pobreza, Oxfam, confirma esta realidad con cifras. Desde 2015, por ejemplo, el 1% más rico de la población mundial consume la mayor parte de nuestro presupuesto de CO2, es decir, la cantidad de carbono que podemos emitir sin agravar la crisis climática.   Los autores del nuevo informe de Oxfam, publicado a un poco más de una semana del inicio de la cumbre climática COP30 de Naciones Unidas, denuncian un “saqueo climático” de los más ricos, quienes a través de sus hábitos de consumo y sus inversiones, son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del calentamiento global.  “Hablamos de saqueo porque, los multimillonarios están sacando ventajas y beneficios económicos, mientras que las poblaciones más vulnerables enfrentan los impactos más devastadores de esta crisis climática”, declaró Carlos Aguilar, encargado de Justicia Climática de Oxfam Latinoamérica.  “Desde 1990, el 0,1% más rico ha aumentado la cuota de emisiones totales en un 32%, en comparación con la mitad más pobre de la humanidad, que ha reducido más bien su cuota en un 3%. La participación de los multimillonarios y de una élite está cada vez está teniendo un mayor impacto en la situación de la emergencia climática que estamos viviendo”, agregó Aguilar, entrevistado por RFI.  La organización Oxfam apunta también a las carteras de inversiones de los más adinerados que dirigen sus fondos hacia las energías fósiles, principal fuente de emisiones de CO2.  “Las emisiones de las carteras de inversión de los 308 supermillonarios superan las emisiones de 118 países juntos, principalmente de países del sur. Y estamos hablando que el 60% de las inversiones de estos supermillonarios están concentrados en sectores de alto impacto climático como la industria del petróleo, del gas o de los minerales”, detalla Carlos Aguilar.  Los autores del informe formulan una serie de recomendaciones para reducir la brecha climática. Sugieren, por ejemplo aumentar la carga impositiva de los más ricos y de las grandes empresas. “Por ejemplo, un impuesto del 60% sobre los ingresos totales del 1% más rico del mundo podría reducir emisiones de carbono equivalentes a las emisiones totales de toda Inglaterra”, indica Carlos Aguilar.  En el marco de las negociaciones internacionales para buscar nuevas fuentes de financiamiento contra la crisis climática ocho países, entre los cuales Francia, Kenia y España, proponen, por ejemplo, un impuesto especial sobre los viajes aéreos de lujo: una tasa global que permitiría recaudar 187.000 millones de dólares para los países pobres y vulnerables al cambio climático.  Oxfam llama además a prohibir la presencia de las grandes corporaciones en los espacios de negociación climática.  

55.000 personas se reunieron este domingo en el Vaticano para presenciar la canonización del venezolano José Gregorio Hernández, fallecido en 1919. Así se vivió en la plaza San Pedro el momento en que el médico oriundo de Isnotú se convirtió en santo de la Iglesia Católica. En una plaza San Pedro del Vaticano plagada de banderas venezolanas, el Papa León XIV ha canonizado como santo a José Gregorio Hernández. Cientos de venezolanos llegados de todo el mundo asistieron a la ceremonia, celebrada en latín, para hacer santo al denominado “médico de los pobres”. Y cada mención a José Gregorio fue aplaudida. Una de las venezolanas presentes era Gabriela, llegada de Estados Unidos para rendir homenaje, entre lágrimas, a una figura a la que muchos se encomiendan para sanar. “Cuando uno se pone en manos de José Gregorio, siempre hay una sanación, no solo física sino espiritual. Y en estos momentos Venezuela necesita eso”, dijo a RFI. Leer tambiénJosé Gregorio Hernández, el 'médico de los pobres' será el primer santo venezolano este domingo No es la única venezolana que ve en la canonización un signo de un nuevo tiempo para un país azotado por las crisis políticas y económicas. Claudia vio la mano de Dios en el hecho de que la canonización se produzca pocos días después de que María Corina Machado recibiera el Nobel de la Paz. Carmen Elena Rendiles “Venezuela tiene no solo Nobel de paz sino también dos santos. Esto tiene para nosotros un significado muy oportuno”, aseguró. Ese día también se canonizó a Carmen Elena Rendiles, una monja, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús, nacida - en Venezuela también - sin brazo izquierdo y que superó su discapacidad. Más allá de lecturas políticas, la canonización del primer santo venezolano es el reconocimiento de la obra y vida del también llamado “santo del pueblo”. “Era una persona totalmente que se dedicaba a hacer su trabajo de médico en favor de la gente y de los pobres y la gente se los reconoció siempre”, lo recuerda Rodrigo Medina, otro fiel venezolano, en la plaza San Pedro.

Reunión este viernes entre Donald Trump y Volodomir Zelenski en la Casa Blanca. Es la tercera vez que se ven las caras y en esta ocasión, Zelensky tratará de convencer a Trump de que le ceda los temidos misiles Tomahawk pero no será tan sencillo. Este tercer encuentro entre Zelenski y Trump despierta expectativas entre los ucranianos que ansían el fin de la guerra después de más de tres años de enfrentamientos y cuando una vez más, con la llegada del invierno Rusia intensifica su ofensiva. Con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gomez Angel desde Járkov (Kharkiv) Yuri Larin conduce su auto por el norte de Kharkiv. Es periodista y dirige la web Dumka Media, dedicada a la noticias locales. Minutos atrás había asistido a cubrir la noticia de que un dron había impactado cerca a una de las áreas residenciales más afectadas por los ataques rusos.  Esta vez hubo suerte y no explotó, pero no cree que haya la misma suerte este viernes en Washington, día de una nueva reunión entre el presidente de su país Volodymir Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump. “Estoy seguro de que nada cambiará porque Trump está librando con Putin un gran juego estratégico”, dice.  Yuri piensa que Putin hará concesiones a Trump en otros lugares del mundo con tal de quedarse con Ucrania. Y que no cesará en su intento, según lo que Yuri ve cada día en la segunda ciudad de Ucrania, ubicada a solo 30 kilómetros de la frontera con Rusia, que es atacada sin parar.  Yuri sostiene que necesitan “baterías PATRIOT (la unidad básica de disparo ) y otro tipo de defensa aérea. También aviones, localizadores, Información de inteligencia…”. Por su parte Yulia, trabajadora de un oenegé que se dedica a dar apoyo a los enfermos de cáncer, asegura que “cada ucraniano tiene esperanza de que ese país (Estados Unidos) dé apoyo”. Ella tiene esperanzas de que Trump ayude a terminar una guerra que dice, todos quieren que finalice, aunque difícil imaginar cómo debería terminarse. “No estoy preparada para decir que estoy lista para que Ucrania quede dividida en varias partes porque este es nuestro territorio”, dice.  A diferencia de Yuri ella espera que las acciones de Trump puedan tener algún impacto en el presidente Ruso.  Leer tambiénAntes de recibir a Zelenski, Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest

Diversos sondeos indican que la mayoría de los israelíes apoya un acuerdo entre Israel y Hamás para permitir la liberación de los últimos 48 rehenes que siguen en Gaza. Pero, tras dos años de guerra desatada tras las masacres del 7 de octubre de 2023, el sufrimiento de los gazatíes apenas se percibe en la esfera pública israelí, que alimenta la normalización de discursos radicales y deshumanizantes. Reportaje de nuestra corresponsal Janira Gómez Muñoz. Hace dos años, los ataques de Hamás generaron en la sociedad una fragilidad inédita en medio siglo. El dolor ha dado paso al trauma y la venganza. Y expresiones como "arrasar" o "borrar" la Franja han dejado de ser una excepción. "El mejor futuro para Gaza es que no haya Gaza. Si no quieren irse de la Franja es una señal de que quieren continuar con la guerra, y pienso lo mismo sobre los árabes de Judea y Samaria", dice Benzion Asher-Abaskal, joven israelí. Benzion Asher-Abaskal observa los escombros de Gaza desde un mirador a unos dos kilómetros, en la localidad de Sderot. Representa al 80% de los ciudadanos judíos del país que quieren verla vacía de palestinos. Galit Samuel no es una de ellos. Tiene 56 años, pertenece a la minoría más crítica y protesta con decenas de israelíes en la valla fronteriza. Su pancarta clama "libertad para el gueto de Gaza". La rodean policías y soldados. "Es una guerra de exterminio. Un fracaso moral total y, como israelí, pido a los países del mundo frenar este genocidio", Galit Samuel, manifestante en la valla fronteriza con Gaza. Unos 70 kilómetros más al norte, Tel Aviv es el epicentro del Israel más opuesto a Netanyahu. Decenas de miles de personas protestan aquí cada semana con el lema: 'Paremos la guerra'. Es lo que quiere desde hace tiempo la mayoría, como la manifestante Hadas, que acusa al primer ministro de bloquear el acuerdo. "Israel se está destruyendo desde dentro" "Lo que de verdad sentimos desde hace más de dos años, desde el inicio de este gobierno, es que está destruyendo a Israel desde dentro", dice Hadas, manifestante en Tel Aviv por el regreso de los rehenes. El motor de las marchas no son los bombardeos y el hambre de los gazatíes, que suelen generar indiferencia, sino el dolor de los suyos. Que vuelvan los últimos 48 rehenes y no mueran más soldados. Su deseo parece estos días más cerca que nunca. Israel y Hamás negocian el plan de Trump para un alto el fuego definitivo y comenzaría con la entrega de los cautivos. "Espero que podamos verlos de vuelta", dice Daniel Lifshitz, nieto de dos exrehenes Lifshitz es nieto de los rehenes Yocheved, liberada en un canje, y el fallecido Oded. Homenajea a los asesinados en el kibutz Nir Oz, que atacó Hamás.  "Puedes ver cuánto dolor hay aquí aún. Todo está tan fresco. Es como otro entierro, no como un memorial".  Tras dos años de dolor, cuesta escuchar otras palabras. Sobre todo, una, paz, desterrada por décadas de radicalización social.

El financiamiento climático es insuficiente y agrava la deuda de los países en desarrollo, alertan dos ong de lucha contra la pobreza en un informe. Según sus cálculos las ayudas para financiar la transición energética y la adaptación al cambio climático se componen principalmente de préstamos que generan intereses para las naciones ricas acreedoras y empobrecen a los países deudores.  En un nuevo informe, dos ong de lucha contra la pobreza denuncian la hipocresía de las ayudas financieras de los países ricos para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Tras una revisión de estas ayudas, Oxfam y Care consideran que este financiamiento es insuficiente y que lamenta el hecho de que se compone no sólo de subvenciones sino principalmente de préstamos a tasas de intereses estándares que agravan el endeudamiento. “Los países que reciben estos fondos los reciben mayormente en forma de préstamos y finalmente por cada 5 dólares que reciben, pagan aproximadamente 7 dólares. Esto se debe en parte a que el 65% de la financiación actual se entrega por parte de los países ricos a los países en vías de desarrollo en forma de préstamos”, observa Carlos Aguilar, responsable de justicia climática en Oxfam Latinoamérica. “Esta forma de funcionamiento está transformando la crisis climática en un negocio y no en una obligación de los países para efectivamente cumplir con responsabilidad a los compromisos establecidos desde el Acuerdo de Paris”, lamenta Aguilar, entrevistado por RFI. A cinco semanas de la conferencia climática Cop30 de Brasil, Oxfam formula recomendaciones para un mecanismo de financiamiento climático que sea más equitativo. La organización pide por ejemplo privilegiar ayudas “más favorables para los países en desarrollo”, como subvenciones o préstamos concesionales, es decir que ofrecen condiciones más interesantes que los préstamos de mercado. Oxfam y Care preconizan también aumentar la proporción de ayudas destinadas a la adaptación al cambio climático (infraestructuras contra los huracanes, contra el aumento del nivel del mar, la escasez hídrica etc.). “La financiación para la adaptación está infra financiada, ya que solo recibe el 33 % de la financiación climática”, indican los autores del informe. En la Cop29 de Baku, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 300.000 millones de dólares anuales de aquí a 2035 y a movilizar a largo plazgo 1,3 billones de dólares de ayuda financiera para la acción climática, incluyendo otras fuentes de financiamiento como del sector privado. Para alcanzar este monto, las ong urgen a la comunidad internacional a buscar nuevas fuentes de financiación. “Los multimillonarios deben pagar por el impacto que sus inversiones y que sus actividades económicas están generando en la crisis climática global. Hay beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles a nivel mundial que no están suficientemente tasados”, estima Carlos Aguilar. Buscar nuevas fuentes de financiamiento climático será precisamente uno de los puntos a negociar en la Cop30 de Belem, prevista en noviembre de este año, con el objetivo de cuadruplicar el monto actual de la ayuda a los países en desarrollo.

Este lunes se inauguró la temporada de premios Nobel, con el galardonado con el Nobel de Medicina. El viernes será el turno del de la Paz, con un candidato, Donald Trump, que ha desplegado una intensa campaña para ganarlo. Pero la mayoría de los especialistas aseguran que no tiene posibilidades de igualar a otros expresidentes estadounidenses como Barack Obama o Jimmy Carter. El presidente y magnate estadounidense, Donald Trump, ha reclamado en repetidas ocasiones que debería ser él el elegido para el premio Nobel de la Paz, 2025. El republicano se jacta de haber resuelto siete guerras, y hasta sostiene que, de no ganarlo, será un “insulto” para Estados Unidos. Muchos especialistas aseguran sin embargo que la figura de Trump está muy alejada de lo que se espera de un Nobel de la Paz. Es el caso del politólogo y especialista del desarme y de la construcción de la paz Jordi Armadans Gil. Para Armadans Gil, Trump no solo dista de lo que debería ser un ganador del Premio Nobel de la Paz sino que podría considerarse incluso como un anti ejemplo del candidato ideal.   “Que él (Trump) lo pretenda es una cosa un poco curiosa. Pero es obvio que no se da ninguna condición para que reciba el premio Nobel de la Paz. El comité Nobel de la paz, es un comité que valora los esfuerzos diplomáticos internacionales. A los organismos internacionales que promueven el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, como Naciones Unidas, la agencia para los refugiados, la UNICEF, etc. Vale la pena recordar que Trump menosprecia a Naciones Unidas, menosprecia al derecho internacional humanitario, persigue los miembros del Tribunal Penal Internacional que hacen su trabajo para defender a las personas de los crímenes de guerra”, explicó, Armadans Gil. En momentos en los que el mundo enfrenta distintos conflictos más mediáticos como el de Ucrania o Gaza, u otros menos visibles, Armadans Gil apuesta porque el Nobel de la Paz 2025 recuerde iniciativas de construcción de la paz y permita una visibilidad internacional sobre esas acciones. “En la situación crítica en la que estamos, pienso que hay dos mensajes que podían ser muy positivos. En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, pienso que hay que dar apoyo a aquellos actores que precisamente en Israel y Palestina están haciendo discursos de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el Círculo de Padres - Foro de Familias y Combatientes por la Paz. En segundo lugar, se podría premiar a la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de Naciones Unidas, o al Tribunal Penal Internacional.  que son organismos que se definen por exigir el respeto a los derechos humanos a todas las partes. El TPI, por ejemplo, pues está persiguiendo a Putin por sus crímenes en Ucrania, está persiguiendo a Netanyahu por sus crímenes en Gaza. Pienso que sería muy importante que se le reconociera su labor2, concluyó Jordi Armadans Gil.

Este 22 de septiembre en Nueva York, Francia reconoció el Estado palestino, un paso criticado por Israel y Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que “la paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”. Los aplausos interrumpieron en dos ocasiones el discurso con el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció el Estado de Palestina. Liberación de los rehenes y fin de los ataques El discurso de Emmanuel Macron duró cerca de 20 minutos y el mandatario optimizó cada uno explicando la solución de dos Estados, el plan que, según él, traerá la paz entre Israel y el Estado Palestino. “Este reconocimiento abre el camino de una negociación útil para los israelíes y los palestinos: es el plan de paz y de seguridad para todos, que Arabia Saudita y Francia sometieron a voto en esta Asamblea, que lo adoptó por una larga mayoría”, expresó. Leer tambiénTras reconocer a Palestina, Macron gestiona el “día después” en Nueva York “El primer tiempo de este plan es lograr simultáneamente la liberación de los 48 rehenes y el fin de las operaciones militares en todo el territorio de Gaza. Una vez que el cese al fuego haya sido aprobado, entre todos haremos esfuerzos masivos para auxiliar a los gazatíes”, agregó. Estabilización y reconstrucción Al segundo tiempo el mandatario francés lo llamó como el de la estabilización y la reconstrucción en Gaza. Consiste en el establecimiento de una administración integrada por la Autoridad Palestina con el acompañamiento de fuerzas de seguridad que serán formadas por una misión internacional y que asegurarán el desarme y el desmantelamiento del Hamás. Con el tiempo, según Macron, los palestinos formarán su propio gobierno en democracia: “Gracias a este camino obtendremos un Estado palestino soberano, independiente y desmilitarizado reagrupando el conjunto de sus territorios, que reconozca a Israel y que sea reconocido por Israel en una región que conocerá finalmente la paz”, explicó. “Este es nuestro plan de paz que permite que la paz israelí-palestina sea la primera columna de una nueva arquitectura de paz y seguridad en Medio Oriente”, aseguró el mandatario. Derrota para Hamás y el antisemitismo El presidente francés consideró que el reconocimiento del Estado de Palestina es una derrota para el Hamás, pero también para quienes animan el odio antisemita, y desean la destrucción del Estado de Israel. Y precisamente fue a Israel a quien le dedicó las últimas palabras de su discurso: le dijo que la paz no será posible si sus autoridades no aplican la solución de dos Estados. “La paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”, enfatizó Emmanuel Macron.

El denominado E1, un proyecto de asentamiento diseñado por Israel hace 30 años pero pospuesto por presiones internacionales, fue aprobado hace un mes por el gobierno israelí. Su construcción partirá en dos a Cisjordania ocupada y, como asegura Netanyahu, enterrará la posibilidad de un Estado palestino. ¿Cómo se conjuga esta realidad sobre el terreno con el reconocimiento de Palestina por parte de varios países occidentales, entre ellos Francia? Reportaje de nuestra corresponsal en Jerusalén, Janira Gómez Muñoz. Aviv Tatarsky, veterano activista israelí, señala desde una colina los diez kilómetros cuadrados bautizados por Israel como E1. Es un plan de asentamiento ilegal y polémico que data de los años noventa. “Esta carretera corresponde con la línea de anexión… Jerusalén llega hasta la carretera y más allá está Cisjordania”, explica Tatarsky, miembro de la oenegé israelí Ir Amim. Ningún gobierno israelí se había atrevido a aprobarlo porque para Europa representaba una línea roja… hasta ahora. "Lo más importante del E1 es su ubicación: una gran colonia en el corazón de Cisjordania que divide en dos el territorio… Y el gran peligro ahora es que Israel se siente confiado de que Cisjordania está en sus manos y puede dar un paso más con expulsiones masivas y una limpieza étnica", advierte Tatarsky. La construcción de E1 separará Cisjordania ocupada de Jerusalén Este —entendida como futura capital de los palestinos— y la aislará de ciudades clave del norte, como Ramala, y del sur, como Belén. "No habrá un Estados palestino", asegura Netanyahu  Pero, sobre todo, como se jactó el primer ministro Benjamin Netanyahu, garantizará que solo haya un país entre el mar Mediterráneo y el río Jordán: Israel. "¡Dijimos que no habrá un Estado palestino y, por tanto, no habrá un Estado palestino!" Levantar este asentamiento implica expulsar a los cientos de beduinos que habitan la zona desde hace décadas, que viven en chabolas desperdigadas en lomas desérticas, sin agua corriente y expuestos a las agresiones de colonos israelíes que los cercan. Los habitantes sienten miedo, admite Yousef Jahien, beduino de Khan al-Ahmar, mientras da de comer a sus cabras y cuenta que los colonos, a pocos metros de su granja, le han robado tres. "No sabemos qué será de nosotros. Nos separan de la Autoridad Palestina y de la sociedad palestina. Es una separación completa. Esto, por supuesto, nos afecta. El gobierno israelí solo quiere judíos en esta área". Realidades como la que vive Yousef, así como la presencia de 700.000 colonos en Jerusalén Este y Cisjordania, plantean la pregunta de si aún es posible el Estado palestino que en estos días reconocen distintos países, o si décadas de ocupación lo han sepultado. "Por supuesto que es factible, siempre y cuando la empresa colonial israelí se desmantele. Y para llegar a eso no bastan declaraciones de buenas intenciones: hay que tomar acciones, hay que aplicar sanciones", afirma Xavier Abu Eid, analista político palestino. Xavier Abu Eid trabajó en el departamento de la Organización para la Liberación de Palestina que negoció la creación de ese Estado, cuando Israel aún aceptaba dialogar. Hoy pide mayor ambición a la comunidad internacional para impulsar la autodeterminación palestina antes de que sea demasiado tarde.

El enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna, entrevistó en Al-Muqtadir, localidad situada a 50 km de Jerusalén, a su alcalde, Abu Waheed, quien denunció los ataques del ejército israelí contra el ganado y la agricultura de los palestinos, entre otros, 3.000 olivos arrancados por soldados israelíes, cultivos clave para la economía de la zona. También se refirió a la declaración sobre la creación de un Estado palestino. El pueblo de Al-Muqtadir, en Cisjordania, ocupado ilegalmente por Israel según el derecho internacional, es uno de los ejemplos de la guerra económica entre israelíes y palestinos. En agosto pasado, más de 3.000 olivos fueron arrancados allí por soldados israelíes. Según el ejército israelí, la medida buscaba mejorar las defensas tras un ataque palestino en una zona cercana a un asentamiento no autorizado, en el que resultó herido un colono. Los habitantes del pueblo, rodeado por nueve pequeños asentamientos, ofrecen una versión muy distinta. "Toda esa montaña estaba plantada con olivos, así como toda esa tierra que usted ve allá. Algunos árboles fueron robados y lo que quedó se dejó así", afirma Abu Waheed, alcalde de Al-Muqtadir. Muestra una parte de la tierra desolada, ya sin olivos, arrancados para pavimentar y proteger una ruta exclusiva para colonos, según él. "Dicen que hay razones de seguridad para crear esa ruta allí. Pero, ¿qué razones de seguridad pueden llevarlos a arrancar olivos que estaban lejos de la carretera? ¿Razones de seguridad? No. Todo esto es para encerrar al pueblo y no dejar entrar ni salir a nadie. Es para quedarse con todos los olivos. Es un cordón de seguridad. Es un asedio para presionar a la gente a que se vaya. Nada más y nada menos. Es asfixiar a la población", dice Abu Waheed.  Como numerosos pueblos de Cisjordania, Al-Muqtadir depende casi por completo de la agricultura y el ganado, sus principales fuentes de ingreso. "Destruyen la economía y empujan a la gente a partir"  "Teníamos unas 30.000 cabezas de ganado; ahora tenemos menos de 10.000. La gente tuvo que vender la mayor parte de sus rebaños. Después de haber enfocado sus ataques en el ganado, pasaron a la agricultura. Saben que los olivos son lo más esencial para los campesinos palestinos, así que los arrancaron. Al destruir la economía, empujan a la gente a irse. Sin agricultura, sin olivos, la gente no puede vivir. Desde hace cuatro años, son los colonos quienes cosechan nuestras aceitunas, no nosotros", explica. Sobre el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, Reino Unido y otros países, Abu Majid celebra el gesto, aunque se muestra escéptico sobre su impacto real. “En cuanto al reconocimiento por parte de los gobiernos, es principalmente simbólico y mediático, pero podría traer presión económica y política sobre Israel. Al menos muestra que si ellos [los israelíes] tienen un Estado, nosotros también queremos un Estado, nada más y nada menos”.

Con el reconocimiento del Estado Palestino por Francia, Bélgica, Canadá y otros países, una de las preguntas cruciales es si un Estado palestino es viable con un territorio separado entre Gaza y Cisjordania. También si es viable una Cisjordania fragmentada entre asentamientos ilegales de colonos israelíes y una plétora de puestos de control que seccionan ese posible Estado. Reportaje del enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna.  Con más de 5.500 km², Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, alberga a unos tres millones de palestinos en pueblos y ciudades dispersos en un territorio fragmentado. En algunas zonas, la población queda en una suerte de limbo. Es el caso de Kufur Aqab, localidad que pertenece a la municipalidad de Jerusalén —administrada por Israel—, pero que está separada de la ciudad por un muro y un puesto de control a menudo saturado. Esto crea una situación en la que los habitantes pagan impuestos, pero no reciben servicios. "Vivimos en una situación de abandono y marginación tanto por parte del municipio como del gobierno. Sufrimos mucho", afirma Raed Abdallah, de 53 años, nacido en Kufur Aqab y dueño de un negocio de materiales de construcción a pocos minutos del muro que lo separa de Jerusalén. Larga espera para ser atendido en un hospital de Jerusalén  "No hay atención ni organización en las calles. La basura no se recoge adecuadamente. No hay alumbrado ni estacionamiento público. No hay ningún parque para niños. Sentimos que vivimos en un área aislada y marginada de Jerusalén. Cuando vamos allá, esperamos muchas horas para pasar por el puesto de control de Qalandiya. Esto genera presión psicológica, depresión. Por ejemplo, si quiero ir a un hospital de Jerusalén para recibir tratamiento médico, debo esperar muchas horas", explica Abdallah. Abou Ashraf, de 76 años, residente de la zona, intenta organizar a los vecinos en un territorio sin autoridad ni ley: "No hemos visto policías desde 2001. Ya son 24 años sin policías en la zona. Resolvemos nuestros problemas entre nosotros cuando hay peleas o conflictos. Traemos a los mayores de cada familia, nos sentamos y resolvemos el problema para hacer las paces, porque aquí no hay ley. En esta zona, si buscas gente que venda drogas, la hay. Si buscas gente que ejerza la prostitución, la hay. Tenemos de todo porque no vemos policías aquí. Nunca, jamás". En ausencia de autoridad, es difícil calcular cuántas personas viven en Kufur Aqab; las estimaciones varían entre 60.000 y 100.000, hacinadas en edificios construidos sin regulación. La mayoría no se marcha para no abandonar su identidad. "Estamos muy molestos de estar atrapados entre ambos lados. Pero, para preservar nuestra identidad palestina y jerosolimitana, estamos obligados a permanecer en nuestras casas de Jerusalén. Debemos mantener nuestra identidad", sostiene Raed Abdallah. Una identidad que busca afirmarse en una Cisjordania atravesada, además, por más de 800 obstáculos a la libre circulación —puestos de control, rutas bloqueadas y barreras en las carreteras—, según datos de la ONU.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero alberga una industria minera en rápido crecimiento porque posee las mayores reservas de litio del continente. Sin embargo, el negocio del litio, por ahora, está en manos de compañías extranjeras. Por Irene Savio, desde Bulawayo, Zimbabue  En una carretera polvorienta en las afueras de Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue, el alba apenas rompe el horizonte. Un grupo de hombres con cascos, ropa de trabajo y rostros marcados por el hambre se preparan para iniciar su jornada. Son mineros que, a pie o en autobuses desvencijados, se dirigen a las minas que salpican el paisaje, rodeados de chozas y árboles raquíticos. Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero también alberga una industria minera en rápido crecimiento, impulsada por la demanda mundial de litio, el mineral esencial para ordenadores, teléfonos y coches eléctricos que alimentan la nueva revolución tecnológica. Compañías extranjeras Grasian Mkodzongi, investigador del Instituto de Investigación de Tierras y Recursos Naturales de África Tropical, señala que el país posee las mayores reservas de litio del continente y es el cuarto productor mundial de este recurso. No obstante, dice Mkodzongi, “el negocio del litio está hoy en manos de compañías extranjeras, que lo extraen y se lo llevan a sus países”. Esta dependencia externa ha motivado al Gobierno zimbabuense a proponer, por primera vez en África, la construcción de plantas de procesamiento dentro del territorio nacional. La intención es que el valor añadido del litio beneficie directamente a la población local, creando empleos y fomentando la industrialización. “Quieren aumentar las oportunidades de empleo. Es una medida buena, pero solo si está vinculada a esfuerzos para industrializar”, advierte Mkodzongi. China, en el horizonte China, hasta la fecha, es el principal actor extranjero en la extracción de litio en Zimbabue, gestionando cinco de las seis minas más importantes del país. Sin embargos, muchos consideran esta relación no equitativa en igualdad de ventajas, como Farai Maguwu, director del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales de Harare, quien dice sin tapujos que “la población se ha beneficiado, por ahora, poco y nada de este valioso mineral”. Además, describe los salarios que reciben los trabajadores como “de esclavitud”, y subraya la precariedad de las condiciones laborales. Pero lograr que la población realmente se beneficie del litio puede que no sea tan fácil. Algunos analistas apuntan a la pesada carga de la deuda externa de Zimbabue, parte de ella en manos de China, como un factor que puede complicar los intentos de reforma. ¿Hacia un futuro mejor? En medio de este panorama, voces desde el propio sector minero relatan la peligrosidad de la actividad. Un exminero, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, cuenta: “Me fui a trabajar a una mina sin protección, y un día la mina colapsó y murió una persona. Entonces lo dejé, es muy peligroso.” En medio de estas dificultades, el Gobierno de Zimbabue asegura estar trabajando en la construcción de las infraestructuras que necesita. Esto, con el objetivo de que estos proyectos sentarán las bases para un desarrollo sostenible y una mayor distribución de la riqueza generada por el recurso. El tiempo dirá si esto era verdad. 

En un nuevo informe, una ONG documenta la presencia de una flota asiática de 343 barcos que captura grandes cantidades de calamar en el suroeste del océano Atlántico a 200 millas naúticas de las costas argentinas. Un experto en políticas oceánicas urge regular esta pesca para evitar que se acabe esta especie clave para la alimentación de varios mamíferos marinos. “Cada año descienden alrededor de unos 343 barcos poteros de banderas asiáticas, principalmente chinas, aunque también de Corea del sur y de Taiwán” a lo largo de la zona económica exclusiva de Argentina, constata alerta Jesús Uríos, coautor del informe que publica la Fundación para la Justicia Ambiental (Environmental Justice Foundation) sobre la sobrepesca china en la región. Esta investigación confirma nuevamente la depredación de la flota china en los stocks de calamares, un alimento clave para grandes mamíferos marinos - ballenas o focas- y pingüinos. Al contrario de las cuotas de pesca de calamares en las aguas nacionales argentinas donde se limita a entre 70 y 75 el número buques pesqueros-, la pesca de esta especie en aguas internacionales fuera de la zona de 200 millas náuticas carece de cualquier regulación, poniendo en peligro la supervivencia de la especie, alerta Jesús Urios, experto en politicas océanicas. “El incremento de la demanda de calamares nos ha llamado la atención”, indica Urios. Esta especia “está claramente amenazada” por esta pesca asiática intensiva, denuncia. “El problema es que no sabemos hasta qué punto, en el sentido de que como no tenemos información de lo que se pesca fuera [de la zona económica exclusiva argentina], entonces es muy difícil saber la población de calamares que se va quitando cada año”, apunta el especialista. “Con una sobrepesca excesiva, podríamos estar viendo un colapso de la especie. De hecho, en el año 2016 pensaron que se había acabado el calamar. Hubo una población de calamar bajísima y además aún no se ha recuperado desde entonces”, recuerda en entrevista con RFI Maltrato laboral Urios, quien participó en la investigación en la zona marítima de pesca de calamares, constató las maniobras agresivas de algunos barcos chinos para evitar los controles de los guardacostas. Su organización recopiló además 169 testimonios de trabajadores -sobre todo de nacionalidad indonesia- sobre las condiciones laborales de “esclavitud moderna” a bordo de estos buques factoría. “Hablamos de abusos físicos, de violencia física como golpes, puñetazos, amenazas, intimidación. También tenemos, pues, cosas como denegación de asistencia médica. Ha habido hasta 5 muertes a bordo de cuatro buques chinos durante el periodo de estudio y muchas veces por negligencias. Y también horas de trabajo excesivas, más de 14 horas diarias, a veces 18”, detalla Urios. La Fundación para la justicia ambiental llama a incrementar la transparencia sobre la cantidades pescadas en aguas interancionales y recomienda regular la pesca de calamares, emulando el sistema de cuotas instaurado para proteger el atún a nivel mundial.

Cada año, en el centro de Santiago de Chile, se rinde homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado en septiembre de 1973 tras el golpe militar de Pinochet. Víctor Jara fue torturado durante días y finalmente asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Se convirtió en un ícono político y un referente fundamental de la música chilena, donde es conocido como el “poeta de la revolución”. Víctor Jara (1932–1973) fue un destacado músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su música lo convirtió en una figura emblemática del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, torturado y ejecutado por las fuerzas militares del régimen de Augusto Pinochet. Su muerte lo consolidó como un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile. Un legado musical fundamental en Chile Amanda Jara, hija de Víctor Jara, ha dedicado su vida a preservar y difundir el legado artístico y político de su padre. A través de la Fundación Víctor Jara, organiza talleres, conciertos y actividades culturales que buscan mantener viva su memoria y promover la reflexión sobre los derechos humanos. Amanda destaca en una entrevista a RFI que su padre era "ante todo un creador y un artista", y explica que "es gracias al arte que se organizan las luchas". Música, memoria y política electoral Las elecciones presidenciales en Chile están programadas para el 16 de noviembre de 2025. Los principales candidatos son José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Jeannette Jara, del Partido Comunista. Ambos representan los extremos del espectro político y han protagonizado debates marcados por tensas confrontaciones.  En este contexto de polarización y tensión política, el legado de Víctor Jara cobra especial relevancia. Su música y su mensaje siguen siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la justicia, la memoria y los derechos humanos en Chile. Como señala Amanda Jara, "nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas que siguen cantando las canciones de mi padre". Un legado que sigue vivo en el corazón del pueblo chileno.

Mientras los jóvenes consumen menos cannabis, alcohol y tabaco, las organizaciones criminales amplían su control sobre el tráfico de cocaína y refuerzan sus métodos violentos en todo el país. En los últimos diez años se ha registrado una explosión del tráfico de cocaína y de prácticas violentas extremas de las redes criminales. El consumo de ciertas drogas disminuye en Francia entre los jóvenes, según el informe europeo ESPAD, que analiza las cifras en el continente. Francia es uno de los países de Europa donde esta caída en el consumo de drogas es más marcada. Lo que disminuye, sobre todo, es el consumo de cannabis, así como el de otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto se debe, según el presidente de la Comisión Interministerial de Lucha contra la Droga, Nicolas Prisse, a las medidas de prevención y a un cambio de comportamiento en los jóvenes, que cada vez salen menos y están más conectados a las redes sociales. Pero, del otro lado, las redes criminales se fortalecen, explicó Prisse a RFI. "Sí, el consumo de cannabis disminuye. Pero, al mismo tiempo, constatamos una oferta orquestada por las redes criminales y una demanda de la población de productos como la cocaína y drogas estimulantes, entre otros, el éxtasis y las anfetaminas. La población se inclina por las "drogas de rendimiento", como las denominan los consumidores, que se usan en diferentes circunstancias: en el trabajo, en el ámbito festivo o en las relaciones sexuales”. "Las redes criminales francesas utilizan métodos atroces"  Existe una penetración cada vez mayor de las mafias y de las redes de narcotraficantes. El ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, evocó incluso una "mexicanización de Francia" para referirse a las prácticas de estas redes criminales. Nicolas Prisse describe las características de estos nuevos delincuentes en Francia. "En lo que respecta a los estupefacientes, hemos constatado en los últimos años la influencia cada vez mayor de las redes de narcotraficantes en Francia, las cuales son poderosas económicamente, violentas y utilizan métodos de intimidación atroces. También reclutan menores que se convertirán en los ‘menos cualificados' de la jerarquía criminal", subraya Prisse. Además de las medidas de prevención, están las de la lucha contra los narcotraficantes. En junio pasado se promulgó una ley para combatir estas redes. "Estamos actualmente en un momento clave en el que, por un lado, hay que luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, acentuar los esfuerzos de prevención difundiendo información sobre los riesgos del consumo", concluye Prisse.

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui. Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.   Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales. Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país. En defensa de los servicios públicos  En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública: "Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas". Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año. También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia: "Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje". Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio: "Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide". Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.   “Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015. Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo. “La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa.  “Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua.  A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales.  “Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua.  Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.   Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado.   

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México. Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural.  "Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadounidenses. Eso produjo, por supuesto, una crisis económica y a nivel de efectivo. Y eso tuvo consecuencias en términos de acceso a la canasta básica, a poder cubrir las necesidades básicas. Hoy, cuatro años después, la situación se agudiza con esta disminución al financiamiento de la USAID, que se hizo concretamente entre marzo y abril. Esta agencia de desarrollo internacional el año pasado aportaba el 45% de la ayuda a Afganistán. También redujo sus aportaciones el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, tenemos ese escenario en donde se han reducido las principales ayudas. Y no solo ha sido Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Esos países también han recortado sus aportaciones. Se han cerrado, por ejemplo, muchos hospitales y clínicas. Entonces, ahora con esta tragedia no se tienen esos recursos y esto, por supuesto, compromete la vida de las personas". Hasta ahora, las autoridades talibanas no han presentado un plan de emergencia para asistir a los damnificados ni para la reconstrucción. Su mensaje se limita a reconocer que no pueden afrontar la crisis sin apoyo externo. Según Cristina de Lucio, esa postura revela una estrategia velada: "Afganistán es un país que, en 2021 cuando los talibanes llegaron al gobierno, dependía en un 75% de la ayuda extranjera. Es verdad que el país está en una condición de crisis y que hay dificultad para gestionar en razón de esta dependencia económica. Esto es indiscutible. Ellos no están mintiendo. Pero sí creo que están aprovechando esta coyuntura para incentivar, por un lado, el reconocimiento de su gobierno. Al mostrarse de cara al público como incapaces de gestionar esa tragedia, también hay una velada búsqueda, en cierto modo, de un reconocimiento de los talibanes como gobierno. Esto podría permitirles no solo evitar que se sigan reduciendo los financiamientos provenientes del exterior, sino que también se les vea como un interlocutor válido".

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs. El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación. El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas. Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como Humvees y vehículos militares de transporte tipo MRAPs. Arthur Estupiñán, ciudadano latino de Washington, ve con buenos ojos esta presencia militar. "El despliegue de la Guardia Nacional y los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha sido sumamente exitoso. En los últimos 7 a 9 días, no ha ocurrido ningún asesinato. Es una victoria para el presidente Trump. Esto va a traducirse en un crecimiento económico extraordinario porque ya las personas no tienen miedo pues ven que las ciudades son seguras". Un despliegue que cuesta más de 1 millón de dólares diarios Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto, cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI y la DEA han patrullado barrios, realizado redadas migratorias e instalado retenes militares y de tránsito para detener a supuestos criminales. Según investigaciones de organismos privados, este despliegue cuesta más de un millón de dólares diarios. Para un latinoamericano que prefirió guardar el anonimato por seguridad, y que trabaja en una empresa de mudanza, la sociedad vive bajo temor: "Todos están asustados de venir a [Washington] D.C. Trabajo para una empresa en la que todos son latinos, todos tienen miedo y nadie quiere venir a trabajar a DC. Nadie quiere arriesgarse. Mi mujer ni siquiera se arriesgó a traerme hoy al trabajo. Todo esto es una mentira porque nunca hubo el gran crimen que Trump dice que había antes". Unas 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las operaciones, según cifras del Departamento de Justicia. Sin embargo, oficiales del gobierno citados por The Wall Street Journal aseguran que la mitad de las detenciones corresponden a migrantes indocumentados en colegios de mayoría hispana, iglesias latinas, restaurantes y retenes improvisados. Don Folden, quien pone música frente a la Casa Blanca, no parece impresionado por la operación: "He estado en DC desde hace 50 años y tuvimos varios años entre los 80 y 90 en donde fuimos la capital mundial de los homicidios. Lo que [la administración Trump] está haciendo ahora no tiene nada que ver con la seguridad. Yo diría en cambio que es una distracción. Fíjese, cuando llegué esta mañana, vi a la Guardia Nacional recogiendo basura del parque". Según la Policía Metropolitana de Washington, que hoy está bajo control federal, los crímenes violentos se redujeron 23% en comparación con las dos semanas previas al decreto de emergencia. Sin embargo, expertos advierten que la baja puede responder a un efecto de choque, a la inactividad de la ciudad durante agosto y a que la tendencia ya era descendente antes de la militarización.

Hace 20 años, a finales de agosto, el huracán Katrina azotaba las costas de Luisiana dejando 1800 muertos y cientos de miles de desplazados. Hoy en día, la ciudad, que se sitúa bajo el nivel del mar, está mejor preparada, pero enfrenta otro reto: las lluvias torrenciales. Y para reducir los riesgos, la ciudad apuesta por métodos naturales. Hace dos décadas, los diques de la ciudad de Nueva Orleans - ubicada en promedio a 1.8 metro por debajo del nivel del mar- colapsaron por la marejada ciclónica del huracán Katrina de categoría 5. Cerca de 80% de la ciudad fue devastada por las aguas de los lagos que la rodean. "La estructura anterior era muy inadecuada ante la magnitud del huracán Katrina. En muchos casos el nivel del agua subió entre 7 y 9 metros con olas de 3 metros. Entonces los diques de 4 metros que rodeaban Nueva Orleans no bastaron”, recuerda el ingeniero civil Lewis Link, de la Universidad de Maryland. La tragedia reveló también la segregación social de la ciudad donde viven muchos descendientes de esclavos. “Históricamente, los terrenos más altos, al lado del Misisipi, eran de las élites blancas. Y las comunidades negras y pobres fueron relegadas a las tierras pantanosas más bajas expuestas a las inundaciones”, detalla Ivis García, profesora asociada a la Universidad de Texas y especialista en temas de vivienda y justicia. Aunque las zonas mas acaudaladas de la ciudad también sufrieron de las inundaciones, la población más modesta sufrió más de la catástrofe por la falta de vehículos para evacuar los lugares. A raíz de la catástrofe, la ciudad edificó en un tiempo récord un sistema más robusto para disminuir el riesgo de inundación masiva. “El nuevo sistema que se construyó y que tenemos ahora es un sistema completo de reducción de riesgos. Hablo de reducción de riesgos y no de 'protección' porque podemos mitigar el riesgo, pero no eliminarlo. El sistema actual incorpora el riesgo de aumento del nivel del mar y el hundimiento de las tierras a causa de terreno húmedo y del bombeo de agua para mantener la ciudad seca. El sistema actual de la ciudad conecta estaciones de bombeos, diques, muros de contención y compuertas." Estas obras faraónicas de ingeniería civil, que tuvieron un costo 14,5 mil millones de dólares, mostraron su capacidad de resistencia en 2021 durante el paso del huracán Ida de categoría 4. Lluvias torrenciales, el otro reto Pero Nueva Orleans enfrenta otro reto. "Actualmente, Nueva Orleans es sobre todo vulnerable a las lluvias torrenciales. La ciudad es una cuenca. Y el nuevo sistema de bombeo ha mejorado sustancialmente, pero no tiene la capacidad para luchar contra un evento extremo de lluvias", apunta el ingeniero Lewis Link, en entrevista con RFI. Entonces la ciudad ha apostado por infraestructuras verdes, desde 2007, por un total de 1710 millones de dólares en el marco del Plan Director Costero. Las obras de creación de humedales y la restauración de la vegetación costera permiten amortiguar las olas de los huracanes, por ejemplo. Se han impulsado también tres proyectos de litoral vivo, que consiste en fomentar la multiplicación de arrecifes de ostras o de vegetación, mediante la colocación de estructuras de concreto en los que se fijan los organismos vivos, creando una barrera natural contra las olas. En el entorno urbano, para atenuar las lluvias torrenciales cada vez más intensas, la ciudad construyó también calles con un pavimento permeable, así como una red de 8 parques esponja como el Parque Mirabeau, capaz de almacenar el equivalente de 16 piscinas olímpicas. "En el seno de la ciudad, Nueva Orleans ha desplegado una serie de iniciativas para manejar el agua, vivir con ella, como dicen los holandeses. Se trata de almacenar el agua y dejar que se infiltre, con la ayuda de la vegetación. Es algo muy eficaz contra la amenaza de las lluvias torrenciales". Un desafío ambiental y también social dado que el cambio climático impactará más duramente a la población afroamericana y pobre concentrada en las partes bajas de la ciudad.

Se trata de un hito memorable en el reconocimiento de la violencia de los crímenes coloniales perpetrados por Francia. Uno de los tres craneos devueltos este 26 de agosto a Madagascar sería el del rey Toera, último soberano independiente del reino Sakalava de Menabe. Es la primera vez que Francia aplica una ley aprobada en 2023 con el objetivo de simplificar la restitución de los restos humanos pertenecientes a colecciones públicas.  Se trata de la historia de una violenta traición. El rey Toera ya había aceptado deponer las armas e iniciar negociaciones con las fuerzas coloniales cuando las tropas francesas lo asesinaron y decapitaron en la masare de d'Ambiky, perpetrada a finales de 1897 y en la que perecieron cientos, quizá incluso miles, de malgaches Con la cabeza del soberano, cayó todo el reino. El pueblo sakalava se vio privado de sus rituales y de su duelo, mientras que el cráneo del rey fue llevado lejos de su isla ancestral, a la tierra del colonizador. 128 años después, tras permanecer en el Museo del Hombre,  estos restos humanos expoliados y exiliados son devueltos oficialmente por Francia a Madagascar.  Para el historiador Jeannot Rasoloarison, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Antananarivo y especialista en las luchas anticoloniales en Madagascar. se trata de un reconocimiento a la emancipación colonial   "Lo que queremos sobre todo con la restitución del cráneo de Ampajaka Toera y de los demás guerreros sakalava es una reparación memorial y material de los crímenes que los franceses cometieron durante la colonización. Es una forma de reconocer la existencia de las luchas anticoloniales". Madagascar presentó una solicitud de restitución en 2003, pero tuvo que esperar 15 años antes de se empezara la búsqueda del cráneo real. Sin embargo, fue imposible una identificación científica definitiva de esta reliquia debido a la mala calidad del ADN de los restos. El rito remplazó a la ciencia. Los restos fueron llevados a una ceremonia tradicional en Madagascar en la que alma del propio rey descendió al cuerpo de una mujer en trance, que pudo identificar su cráneo en una foto. Durante su visita a la Gran isla en abril, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que esta restitución podría «crear las condiciones para el perdón por las páginas sangrientas y trágicas de la historia entre los dos países» ... Para el actual rey malgache , Georges Harea Kamamy es un momento importante de restitución de la memoria, pero sobre todo es un momento crucial en la historia del pueblo sakalava  "Para los sakalava, el regreso del rey Toera encarna dos dimensiones esenciales, la espiritual y la identitaria. Espiritual porque restablece el vínculo sagrado que faltaba en el linaje de losantepasados. Este eslabón perdido recupera por fin su lugar en la cadena del tiempo. Identitaria, porque el pueblo sakalava puede ahora reconectarse con lo que constituye su fuerza, una identidad forjada en la rebelión digna" El cráneo llegará el último día de agosto a a la ciudad de Ambiky, donde será objeto de ritos funerarios y conmemorativos será objeto de ritos y funerarios. Luego será trasladado al oeste del país, para ser enterrado en la tumba real donde se reunirá con los huesos de su esqueleto y con su linaje.

Los estudiantes se preparan para pasar a una nueva etapa con responsabilidades políticas ante un movimiento que persiste desde hace diez meses contra el Gobierno de Aleksandar Vučić . Este verano, las imágenes que llegan de las repetidas protestas antigubernamentales en Serbia han cambiado de tono. Gobierno y activistas se acusan mutuamente de utilizar medios violentos en las manifestaciones que suceden en distintos puntos del país, donde es más habitual que opositores y seguidores de Vučić se enfrenten en las calles. El momento más álgido de la violencia se vivió la noche del lunes 18 de agosto, con la demolición de una sede del partido gobernante SNS y una veintena de manifestantes detenidos. Las protestas empezaron tras un accidente el 1 de noviembre de 2024 en la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad del país. El movimiento nació pidiendo responsabilidades por la supuesta corrupción del gobierno en obras públicas, pero su crecimiento y persistencia ahora hace tambalear el gobierno de Vučić, que lleva once años en el poder.  “La gente se ha organizado para organizar protestas locales, bloqueando las calles, y, desde el 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, se ha visto mucha violencia por parte de quienes no apoyan a los estudiantes y por parte de la policía, que está arrestando a personas en las calles”, cuenta Anica Stamenkovic, miembro de la Junta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia, un organismo que representa a 108 organizaciones juveniles y es el máximo órgano representativo independiente de la juventud en Serbia. “Las protestas y los bloqueos de las calles comenzaron a ser más violentos, y cuando decimos violentos, nos referimos a que la gente está siendo golpeada, atropellada por coches, les lanzan piedras, artefactos pirotécnicos...", sigue Anica. El presidente serbio ha pasado de criminalizar a los manifestantes a pedir un debate con los estudiantes en televisión, que se plantean formar un partido político. Algo que ellos rechazan mientras piden elecciones generales de inmediato. "Desafortunadamente, la hora del diálogo ha terminado. No puede haber debates televisivos mientras haya violencia en las calles. Creo que los estudiantes no quieren un duelo televisivo. Solo quieren derechos humanos básicos: vivir en un país con democracia y Estado de derecho", responde la líder estudiantil. Una encuesta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia revela que el 95% de los jóvenes de entre 15 y 30 años apoyan a los manifestantes. El mismo sondeo indica que el 60% de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.

Israel enfrenta una emigración sin precedentes. 84.000 ciudadanos israelíes abandonaron el país en 2024 tras el ataque de Hamás y la guerra del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. Un récord comparado con un promedio anual de 36.000 entre el 2009 y el 2021, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. En su mayoría, son profesionales laicos, de izquierda o artistas —o, incluso, las tres cosas a la vez—. Ya no se reconocen en su país, y menos aún en sus dirigentes. Una broma israelí dice que "un tercio de la sociedad va al ejército. Un tercio trabaja y un tercio paga los impuestos. El problema es que son los mismos". Y es a ese tercio de la población israelí al que pertenecen los más recientes 'Yordim', en hebreo: los que se van del país. Arie M. Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica las causas y el impacto de esta fuga de cerebros israelíes. RFI: ¿Quiénes se están yendo de Israel? Arie M. Kacowicz: Se habla de profesionales del sector de la sociedad israelí, que es la parte dinámica. Por ejemplo, trabajan en high-tech (alta tecnología), un factor esencial en la economía que explica la riqueza de Israel, un país desarrollado con un ingreso per cápita de niveles europeos. RFI: ¿Cuáles son las razones de este éxodo de israelíes profesionales diplomados en los últimos dos años? Arie M. Kacowicz: La razón más obvia es que no se quiere vivir en Esparta o en un país anormal que enfrenta una situación de guerra permanente. Y acá hay una gran paradoja porque, desde el punto de vista regional, se abren posibilidades a Israel, pero eso implica terminar la guerra en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno sigue empujando barranca abajo a Israel hacia una situación de guerra perpetua que va a debilitar completamente el tejido de la sociedad israelí. También viendo la transformación paulatina de Israel en una democracia no liberal camino a dictadura también explica por qué muchos israelíes del ámbito más liberal y progresista están prefiriendo mudarse a Portugal o a Italia o a Canadá, no necesariamente al Estados Unidos de Trump. RFI: ¿Qué impacto tiene? Arie M. Kacowicz: Eso tiene consecuencias muy graves para el futuro de la economía de Israel. Y también porque si va a haber elecciones, y espero que las haya en octubre o noviembre de 2026, se habla de la fuga de posibles votantes de la oposición al actual gobierno israelí.

Xi Jinping encabezó en Lhasa las grandiosas celebraciones del 60.º aniversario de la región autónoma del Tíbet, durante una visita excepcional en la que hizo un llamamiento a la 'unidad interétnica'. El presidente chino realizó el miércoles su segunda visita como jefe de Estado a la región autónoma del Tíbet, un territorio montañoso del suroeste de China cuya historia está marcada por una larga alternancia entre la independencia y la soberanía de Pekín. En esta ocasión, Xi Jinping no escatimó en festejos para celebrar seis décadas de control sobre el Tíbet. Obsequiado con la khata budista —el pañuelo sagrado tibetano que engalana las ceremonias— y ante 20.000 funcionarios y habitantes locales de “todos los grupos étnicos”, según las autoridades, el líder chino habló sobre la necesidad de "guiar el budismo tibetano en la adaptación a la sociedad socialista". Una "adaptación" que no es un mero ajuste cultural o teológico, sino una estrategia de control del Partido Comunista Chino, según cuenta Anna Ferrer, doctoranda en historia en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en el conflicto. "Xi quiere lograr con el budismo tibetano lo mismo que con el resto de religiones permitidas en China", afirma Ferrer. La República Popular China, aunque atea, permite la práctica de ciertas religiones bajo estrictos parámetros gubernamentales que regulan la jerarquía eclesiástica. Y es en este punto donde Pekín se encuentra con un reto mayúsculo. El Dalái Lama, líder espiritual de los budistas, ha cumplido 90 años en la India, donde reside el gobierno tibetano en el exilio desde 1959. El escenario para su sucesión es aún incierto y complejo. Él mismo "había llegado a apuntar a la posibilidad de no reencarnarse", dice Ferrer. Si se reencarnara, la historiadora advierte que "es posible que exista una fragmentación entre un candidato elegido por el gobierno tibetano en el exilio y otro que contaría con el apoyo del gobierno chino". Pekín, por su parte, se aferra a la legitimidad del "proceso de la urna de oro", un método de designación de sucesores que data de la dinastía Qing y que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, defendió como la única herramienta válida para designarlo. "El gobierno chino implementa una política de libertad de creencias religiosas, pero existen regulaciones sobre asuntos religiosos y métodos para gestionar la reencarnación de los budas vivientes tibetanos", dijo entonces Ning. La comunidad internacional y la propia comunidad tibetana se enfrentarían a la difícil decisión de reconocer a uno u otro, lo que podría conducir a una división religiosa. La dificultad de la sucesión de los líderes budistas ya se hizo patente con el Panchen Lama, la segunda autoridad del budismo tibetano. Anna Ferrer explica que "el candidato avalado por el exilio tibetano acabó desapareciendo en circunstancias que nunca han terminado de aclararse". En su lugar, el gobierno chino impuso su propio candidato, generando una división profunda: "el exilio tibetano sigue reconociendo la legitimidad de ese candidato, de ese niño al que las autoridades chinas hicieron desaparecer en 1995", mientras que el candidato apoyado por Pekín ejerce como Panchen Lama dentro del Tíbet. Históricamente, la relación entre Tíbet y China ha sido compleja, "alternando periodos de vínculo matrimonial o relaciones patrón-sacerdote con otros de 'independencia relativa'", cuenta Ferrer. Tras la proclamación de la República Popular de China en 1949 y de que el gobierno de Mao Zedong se propusiera recuperar el control sobre el Tíbet, los objetivos de Pekín se han cumplido exitosamente. Según Ferrer, el gobierno chino "quiere terminar de ejercer un control efectivo sobre la religión budista tibetana, desde lo que es la práctica de los fieles hasta la jerarquía religiosa y también las normas en cuanto al culto". De su éxito dependerá la autonomía espiritual del Tíbet.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. Al menos, así lo asegura una fuente cercana a la operación en el Caribe. Una operación que se produce después de que Nicolás Maduro fuera acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles. La prensa estadounidense publicó que Washington manda a 4.000 marines a la zona. Los operativos militares de Donald Trump en aguas latinoamericanas y del Caribe han encendido las alarmas en una región con un largo historial de intervenciones e invasiones estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el principio de no intervención. Entrevistado por Radio Francia Internacional, Víctor Mijares, profesor de Estudios Globales de la Universidad de los Andes en Colombia, considera que Estados Unidos está enviando un mensaje que corresponde a la llamada 'diplomacia coercitiva o diplomacia violenta'. Analizamos con el experto la situación. . RFI: ¿Hasta dónde se podría pensar que este escenario en el Caribe es el preludio de una nueva invasión de Estados Unidos en América Latina? Víctor Mijares: En primer lugar, esto tiene que ver sobre todo con una operación naval. ¿Hay marines? Sí. Es decir, hay soldados de infantería que son para tierra, pero hasta el momento se mantiene como una operación naval. Es, por supuesto, algo un poco inusual, el volumen y el poder de fuego de estos buques. Pero, claramente, se quiere mandar un mensaje político en cuanto a que Estados Unidos va a seguir y va a volver a tener presencia en el Caribe. En ningún momento se ha hablado de intervención directa a los países, ni siquiera en el caso venezolano. Se ha hablado sobre todo del tema de interdicción y si tomamos en consideración el volumen de marinos y de infantería de Marina que están involucrados en esto, en realidad no alcanza para hacer una invasión. Estamos hablando de 4.000 o 4.500. Y recordemos que, en el 89, cuando se invadió y se ocupó y se derrocó a Noriega en Panamá, llegaron a ser casi 30.000. RFI: ¿No hay capacidad militar suficiente para una intervención? De entrada, no parece haber un volumen suficiente como para una ocupación de un país para hacer un desembarco. Los barcos que están allí tampoco hacen desembarco. Además, tenemos otro precedente. El famoso taco, el Trump ‘always check out', la posibilidad de que Trump siempre se echa para atrás. O sea, que se acobarda o como lo quieras traducir. RFI: La operación incluye marines, Comando Sur y un submarino nuclear, ¿porque un despliegue de tal magnitud para combatir las rutas del narcotráfico en el Mar Caribe? Víctor Mijares: En realidad esto parece ser un despliegue muy grandilocuente, muy exuberante, pero no lo es tanto desde el punto de vista operacional. Esto parece ser parte de lo que tradicionalmente hemos visto en el último año de la administración Trump que está dividida entre sectores petroleros mucho más pragmáticos que se entienden con Nicolás Maduro, que se entienden con cualquiera, con tal de hacer negocios minero energéticos. Y, por otra parte, un sector, cuya cabeza visible sería Marco Rubio, que trata constantemente de mantener agitadas las aguas en función de su base electoral que está principalmente en la Florida, sobre todo en el sur de la Florida. Estoy hablando de cubanos, pero también de colombianos, de venezolanos y otros latinoamericanos que quieren que haya presión militar contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, principalmente, y,en menor medida, Colombia, porque también ven a Gustavo Petro como una amenaza en ese sentido. El mensaje de esta operación militar estadounidense responde a la 'diplomacia coercitiva o diplomacia violenta' que consiste en mandar mensajes muy contundentes dicendo que 'Maduro es un fugitivo de la justicia y que no es el presidente legítimo de Venezuela'; pero, al mismo tiempo, renuevo las licencias y no envío ningún tipo de fuerza de desembarque creible como para lograr un cambio de gobierno. 

La operación 'Conquista de Gaza', aprobada por el Gobierno israelí, disparó la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu ante el peligro que corren los 49 rehenes aún en poder de Hamás y el  sufrimiento de los más de dos millones de habitantes del territorio palestino, amenazados por una "hambruna generalizada", según la ONU. Cientos de pilotos retirados de la fuerza aérea israelí se manifestaron el martes en Tel Aviv al grito de "¡Detengan la guerra!".  "Aterrador", así califica la ONU el plan israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza. "Un desastre anunciado» y "un paso hacia la guerra permanente", lamenta el presidente de Francia.  "Es casi imposible no provocar víctimas entre los rehenes y una gran catástrofe humanitaria" advierte International Crisis Group. El "costo humano será muy alto para los soldados israelíes", alertó el jefe del Estado mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, opuesto a la operación militar de Netanyahu. Conmocionada por el riesgo de muerte que corren los rehenes,  la opinión pública de su país, le exhorta a que pare la ofensiva militar.  No obstante, el primer ministro no cede. 'La conquista de Gaza' está decidida pese al alto precio humano y político que pagará Israel. Para Dario Teitelbaum*, analista y referente de la izquierda israelí, la tozudez guerrerista de Benjamin Netanyahu se explica desde lo  que está o no está dispuesto a hacer con tal de permanecer a la cabeza del gobierno de Israel. Darío Teitelbaum: “Se requiere una comprensión del ‘deal' político que mantiene a Netanyahu y sus aliados en el poder. Por un lado, están los judíos ortodoxos que tienen dos intereses: no reclutar a los jóvenes ortodoxos y seguir recibiendo beneficios del Estado. Y, de otro lado, la extrema derecha israelí que tiene los ojos puestos en crear situaciones que permitan la ocupación de Cisjordania y la recolonización de la Franja de Gaza tras haber limpiado étnicamente parte de sus territorios y concentrado a la población solamente en una parte del territorio actual de la Franja. Estos dos condicionales son los que mantienen a Netanyahu en el poder”.  RFI: ¿Y por qué es tan crucial para él mantenerse en el poder? Darío Teitelbaum: “Porque tiene serios cargos en la justicia. En realidad, ya han sido juzgados. Eso es el primer motivo. El segundo es que Netanyahu se niega, junto con su gobierno, a establecer un comité o una comisión de investigación judicial que revise el previo al 7 de octubre. El 7 de octubre y el funcionamiento gubernamental antes de la masacre. Una comisión de esta clase no solamente acabaría con su vida política, sino que también lo sancionaría judicialmente, inhabilitándolo por vida de ocupar cargos públicos”. *Dario Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial del partido de la izquierda israelí Meretz y residente en las cercanías   de la Franja de Gaza

Entre sábanas blancas varios hombres cargaban la mañana del lunes, los cuerpos sin vida de los cinco reporteros de la cadena Al Jazzeera, fallecidos en un ataque dirigido de las fuerzas israelíes en Gaza. Sobre el ataque, el mismo ejército del Estado Hebreo confirmó que su objetivo era Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de "terrorista" que "se hacía pasar por periodista". Por su parte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que su asesinato hace parte de una estrategia “del gobierno israelí para controlar cómo se cubre este conflicto”. Reporteros Sin Fronteras pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante este caso del que se declaran horrorizados. Condena también de la Unión Europea y la ONU, que dice rechazar el asesinato de este grupo de periodistas y llama a Israel a "respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas". En la mañana del lunes, decenas de personas asistieron a los funerales celebrados en la ciudad de Gaza de los cinco periodistas del medio de comunicación Al Jazeera muertos en la Franja durante un bombardeo israelí. RFI entrevistó a Elena García, portavoz internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), quien anunció que ya habían alertado el peligro que corría el periodista Anas al Sharif. Leer tambiénLa cadena Al Jazeera anuncia la muerte de cinco de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza “RSF había alertado sobre el peligro que corría el periodista de Al Jazeera, Anas al Sharif, en octubre del 2024 y no se le protegió”, advirtió García y aseguró que ‘todo esto forma parte de una estrategia de lo que nosotros consideramos, un blackout mediático, una estrategia puesta en marcha deliberadamente por el gobierno israelí para controlar cómo se cubre este conflicto, para permitir el acceso únicamente a unas zonas muy precisas de la franja y para enmascarar todos los crímenes de guerra que se están cometiendo”. Estos reporteros se suman a una larga lista de víctimas fatales desde que se inició el conflicto. La situación para el periodismo en la Franja de Gaza es crítica y “ejercer esta profesión es cada vez más difícil” según datos de Reporteros Sin Fronteras. Desde octubre de 2023, cerca de 200 periodistas han sido asesinados en Gaza. “Ya no sabemos cuántas personas quedan allí para poder informarnos. Además, desde el inicio de la guerra hemos visto que los periodistas se enfrentan a diferentes amenazas”, aseveró la portavoz. “Sus redacciones, sus lugares de trabajo han sido totalmente destruidos. También sus casas. No tienen electricidad, no tienen acceso a Internet, ya no tienen material de trabajo, pero tampoco material de protección; por lo que son totalmente vulnerables”. Elena García añadió que “los periodistas que están allí encerrados ya no tienen fuerzas vitales para poder seguir cubriendo este conflicto”, en alusión a la falta de comida. Las acusaciones del ejército israelí contra Anas al-Sharif “No son creíbles”, denunció hace unas semanas el Comité para la Protección de los Periodistas. Estas acusaciones también han sido desmentidas por el canal catarí Al Jazeera y por el relator especial de la ONU para la libertad de expresión.

Un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) documenta los horrores padecidos por más de 1.300 palestinos, entre ellos 71 niños, atendidos en dos clínicas de la ONG en el sur de Gaza. El documento revela una violencia precisa y con un patrón claro de parte del ejército israelí y contratistas estadounidenses contra los civiles que buscan alimentos en los centros de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). Son “trampas mortales” asegura la organización humanitaria. Esto no es ayuda. Es una masacre orquestada, se titula el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) hecho con base en los testimonios y documentación clínica de más de mil palestinos hambrientos heridos a bala en los lugares de distribución de alimentos de ña Fundación Humanitaria de Gaza, la polémica institución privada apoyada por Israel y EE. UU.         En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), José Mas, responsable en MSF de la Unidad de Emergencias en Gaza, explica por qué "en esos lugares la ayuda humanitaria no es cierta, no es digna y no es segura".  RFI: Médicos Sin fronteras califica a estos centros de distribución de ayuda apoyados por Israel y Estados Unidos de ‘trampas mortales'. ¿Por qué? José Mas: "Nosotros no estamos presentes en los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, como se hace llamar. Pero hemos recogido datos e informaciones a través de los testimonios de los  1.380 pacientes que llegaron entre el 7 de junio y el 24 de julio y también los datos médicos y en la observación directa de nuestros médicos y enfermeros en las dos clínicas o centros de salud que apoyamos tanto en Almawasi como en Al Atar. Lo que nuestros equipos han recogido de los testimonios y han podido ver muestra que hay una violencia inusitada en estos puntos de distribución que no hemos visto en ningún otro país del mundo en los 54 años que llevamos operando como Médicos sin Fronteras cuando se trata de civiles desarmados que van a buscar comida o ayuda humanitaria. Los análisis médicos han mostrado que esa violencia, en ocasiones, es intencional. En el 11% de los heridos de bala que recibimos en el centro de salud de Almawasi, las heridas de bala se produjeron en torno a la cabeza y al cuello. 19% en el tórax, que incluye espalda, pecho, cintura. En el centro de salud de Al Atar vimos una prevalencia de heridas de bala en las extremidades inferiores. Esto muestra que hay patrones en los diferentes sitios de distribución. Y lo que no podemos dejar de ver es que hay una precisión anatómica tal que difícilmente hace pensar en que sea al azar, en que sean disparos al aire. Tal precisión anatómica nos hace pensar que es más bien intencional".  RFI: ¿Qué relatan los heridos que llegan a sus clínicas? ¿Quiénes les disparan y por qué razón? José Mas: "La mayoría de pacientes o sus cuidadores, porque en ocasiones venían acompañados, es que les disparaban las tropas israelíes. Estos puntos de distribución se encuentran en zonas militarizadas bajo control de las tropas israelíes, lo que hace muy improbable que hubiese otros grupos armados en la zona, sin que estos fueran neutralizados por las tropas israelíes. Por esa razón, por los patrones que hemos visto en cuanto a las extremidades inferiores o en la zona alta del cuerpo, y también por otro tipo de heridas que estamos viendo, como, por ejemplo, el uso de gas pimienta a muy poca distancia de los individuos palestinos que iban buscando comida, pensamos que las medidas de control de multitudes no son apropiadas y que esconden cierta trampa mortal donde civiles desarmados son disparados cuando van a buscar ayuda".  RFI Es decir, que allí puede haber heridos civiles de todas las edades.  José Mas: "Efectivamente, dentro de los 1.380 pacientes que hemos visto en ese periodo, contamos con 71 niños heridos de bala. Entre ellos tenemos cinco niñas. Y hay un caso emblemático de un niño de 12 años que fue solo al punto de distribución para intentar conseguir algo de comida para su familia. Esto es perturbador porque vemos cómo las familias tienen que desarrollar mecanismos de supervivencia enviando a los componentes de la familia que todavía están vivos y que son los más aptos para luchar en esa jungla que se arma en estos puntos de distribución. La desesperación hace mella, evidentemente, y hay pacientes que relatan haber tenido que recorrer distancias de muchos kilómetros armados con cuchillos o con otras armas blancas, para acceder o poder defender lo poco que han conseguido arramblar en esos puntos de distribución. Vemos también estampidas. El pánico provoca que haya asfixia en las multitudes. Son lugares donde la ayuda humanitaria no es cierta, no es digna y no es segura".  RFI: ¿Qué pide Médicos Sin Fronteras, una de las pocas ONG que quedan en Gaza y ha sido receptáculo de las víctimas de estas violencias?  José Mas: “Hemos sido el receptáculo, efectivamente, junto con otras organizaciones organizaciones compañeras como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene un hospital de campaña también en la zona de Almawuasi, o el Ministerio de Salud, que también ha recibido heridos en sus hospitales. Desde Médicos Sin Fronteras pedimos que esto pare ya. Los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza tienen que ser cerrados y desmantelados inmediatamente. Los estados que los apoyan, como Estados Unidos, deberían detener todo respaldo diplomático y financiero a esta entidad, dado que además hay serias alegaciones respecto a los llamados american contractors o contratistas que pueden haber cometido crímenes de guerra. Pedimos que todos los Estados, todos los gobiernos, utilicen todos los medios diplomáticos y políticos para presionar a Israel para que se permita la entrada de ayuda humanitaria sin ningún tipo de bloqueo ni restricción, cosa que no está ocurriendo hoy en día. Solo con ayuda humanitaria en cantidad suficiente que llegue a todas partes en la Franja de Gaza, lograremos que incluso los más vulnerables - ancianos, niños, familias en las que la uncia sobreviviente es la mujer y se tiene que encargar de todos los demás familiares y de todos los enfermos- se consiga descender la presión para que la gente no tenga que jugarse la vida cuando va a buscar un poco de comida a los puntos de distribución”.  MSF también pide el restablecimiento del mecanismo de ayuda coordinado por la ONU.  

Aún quedan muchos detalles por hacerse oficiales, pero Moscú ha confirmado que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán próximamente para tratar la paz en Ucrania. Un encuentro en el que no estaría presente el tercer implicado, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski. RFI habló con un experto sobre la posible reunión y qué consecuencias podría tener.   El propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, se aventuró a anunciar que Emiratos Árabes Unidos sería el posible punto de encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump para tratar la paz en Ucrania, todo ello después de que el Kremlin declarase que una reunión entre ambos mandatarios tendría lugar próximamente. Desde Washington no hay confirmación oficial y algunos medios norteamericanos explican que Washington quiere arrancar el compromiso de Putin de que también se reunirá con Zelenski. Donald Trump prometió en su regreso a la presidencia que terminaría con este conflicto rápidamente, pero de momento su presión no ha dado frutos y Putin parece seguir gestionando el conflicto a su ritmo. Radio Francia Internacional analizó el posible encuentro con Manuel Gazapo, doctor en relaciones internacionales por Universae.

En Japón, las ceremonias de conmemoración de los bombardeos atómicos de EEUU sobre Hiroshima y Nagasaki comienzan este miércoles 6 de agosto. Las bombas atómicas lanzadas por EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, el 6 y el 9 de agosto de 1945, causaron un más de 210.000 muertos, entre ellos cerca de 40.000 niños, y 150 000 heridos. Reportaje de Bruno Duval, enviado especial de RFI. Presentación, Angélica Pérez En estas dos ciudades martirizadas, más allá de la emoción, esta semana predominarán el resentimiento y la ira, ya que muchas de las personas que sobrevivieron a los bombardeos fueron víctimas de discriminación durante toda su vida. El propio Gobierno japonés sigue discriminando a algunos supervivientes. Matsuyoshi Ikeda tenía 7 años en agosto de 1945: “Muchos de los supervivientes de los bombardeos tuvieron grandes dificultades para encontrar trabajo. Como habían estado expuestos a la lluvia radiactiva, las empresas desconfiaban de ellos. La mayoría de los empleadores pensaban que no era buena idea contratarlos, ya que no serían empleados fiables. Corrían el riesgo de estar de baja por enfermedad con demasiada frecuencia si, debido a la radiación, tenían graves problemas de salud, como cáncer o leucemia, por ejemplo”. La segregación también afecto la vida privada. Tomoko Matsuo de 92 años da su testimonio: “Afortunadamente, no es mi caso, pero los estudios lo demuestran de manera indiscutible: muchas supervivientes nunca lograron casarse. Los hombres pensaban que, debido a la radiación a la que habían estado expuestas, serían infértiles. O que solo serían capaces de dar a luz a bebés débiles, con salud frágil o con malformaciones...  por ejemplo, sin dedos”. Leer también80 años después de Hiroshima y Nagasaki, los supervivientes se enfrentan al olvido Miles de habitantes de Hiroshima y Nagasaki que se encontraban en esas ciudades el 6 o el 9 de agosto de 1945 no están considerados oficialmente como víctimas de los bombardeos atómicos. debido a que no pudieron demostrar su presencia en las inmediaciones del punto de impacto de las bombas, es decir, en el muy estrecho perímetro delimitado por el Gobierno y donde la lluvia radiactiva fue más intensa. A ojos de las autoridades, estos habitantes solo “experimentaron los bombardeos atómicos, pero no los sufrieron”. Por lo tanto, no se benefician de la gratuidad de la asistencia sanitaria, a diferencia de las víctimas reconocidas como tales.   Una “discriminación estatal” indigna, afirman con enojo los habitantes.  Shiro Suzuki, alcalde de Nagasaki: “Una discriminación geográfica de este tipo no tiene sentido, ya que incluso personas que se encontraban a dos kilómetros del punto de impacto de las bombas se vieron afectadas por la radiación atómica. De hecho, estos supervivientes no reconocidos como víctimas están envejeciendo y muchos tienen graves problemas de salud, por lo que necesitan ayuda urgentemente. Por mi parte, en cualquier caso, no cederé y seguiré presionando sin descanso a las autoridades para que revisen su postura”.  A lo largo de las conmemoraciones, las víctimas de los bombardeos exigirán a las autoridades que pongan fin a esta discriminación. Lo mismo hará la asociación Hidankyo, que las agrupa y que el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Se acerca en Bolivia la elección presidencial, que será el domingo 17 de agosto, y entre los temas que están proponiendo los candidatos para salir de la crisis económica crónica del país se repite desarrollar la ganadería y la agricultura a gran escala. Es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer. RFI viajó a la región oriental de Santa Cruz para hablar con unos y otros.  Con nuestro corresponsal en Bolivia, Nils Sabin La agricultura a gran escala es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer. En San Javier, la campaña para la elección presidencial del 17 de agosto es seguida con mucha atención. Esta pequeña ciudad de 15.000 habitantes es la cuenca lechera más importante del departamento de Santa Cruz y los ganaderos locales tienen esperanza de ver su sector apoyado por el próximo presidente, como cuenta María Gloria Paz Tambare, presidenta de la asociación de ganaderos de San Javier : “Ojala, y dios quiera, que haya un cambio y que el nuevo gobierno que venga mire que la producción y el adelanto y el progreso están en el campo.” A pesar de las leyes ambientales muy permisivas y de los préstamos a tasas bajas, el agronegocio tiene la sensación de haber sido tratado muy mal por los gobiernos de izquierdas de los últimos 20 años. Para la ganadera, es urgente que un presidente aún más favorable a este sector llegue al poder. “Nosotros la tenemos muy clara la figura de que si no hay exportación, si no hay liberación de aranceles, si no hay apoyo, con seguridad que este país se va a ir al bombón” Es también el punto de vista de Mauricio Tambare, un ganadero encontrado en su estancia, a unos kilómetros de San Javier. Para el, los candidatos tienen que inspirarse de otros presidentes de derecha del continente : “Nos gusta lo que hace Milei, nos gusta lo que ha hecho Bukele y nosotros aspiramos a que, no digo que sea lo mismo pero que sea muy parecido a lo que hace Milei” Pero dentro la Central indígena Païkoneka, que agrupa alrededor de 60 comunidades autóctonas en San Javier,  hay preocupación por estas propuestas, ya que no son cuestionadas por los candidatos de izquierdas, indica Brian Baca Talamas, “le hemos analizado todas las propuestas de todos los candidatos y en ni una favorece de ninguna forma a los pueblos indígenas o al medio ambiente”. De hecho, reforzar el peso del agronegocio en la economía boliviana significa ampliar la frontera agrícola, lo que favorecerá la deforestación y los incendios. Para oponerse a eso, la Central indígena païkoneka ya está pensando en movilizaciones para después de la elección contó a RFI Maria Suarez Macoño, una de los dirigentes de la organización: “Estamos unidos, todos los pueblos de las tierras bajas, que cuando pase este 17 de agosto y quien salga presidente, hacer una marcha para decir que se respeten nuestro territorio y que se respeten nuestros derechos.” En 2024, Bolivia fue el segundo país con más pérdidas de bosque primario a nivel mundial, después de Brasil, y por el momento, parece que ningún candidato está dispuesto a cambiar este rumbo.

La presión internacional y doméstica ha aumentado en las últimas semanas para que el Gobierno ucraniano aplique las esperadas reformas en políticas anticorrupción, tras la aprobación de una medida que amenazaba la independencia de las agencias anticorrupción. Volodimir Zelenski estrecha el cerco contra la corrupción tras la presión internacional. El Parlamento de Ucrania vota hoy la contrarreforma sobre la independencia de las agencias anticorrupción del país después de que los mismos diputados centralizaran esos poderes a la Fiscalía hace solo una semana. Ahora el presidente ucraniano da marcha atrás siguiendo la petición directa de Ursula von der Leyen -que lo llamó el pasado domingo-, las manifestaciones en Kyiv y la decisión de la Comisión Europea de bloquear 1.500 millones de euros de ayuda. “El debate sobre los movimientos efectivos hacia la Unión Europea y la reforma anticorrupción está ahora definitivamente en crisis en Ucrania”, dice Kateryna Ryzhenko, directora adjunta de Transparencia Internacional Ucrania, al micrófono de RFI. Según informa la ONG estadounidense OCCRP (Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción, en inglés), las agencias anticorrupción investigan actualmente a “figuras próximas a Zelenski, incluyendo cargos de la Oficina Presidencial liderada por Andrey Yermak”. Tres promesas incumplidas La independencia de los organismos encargados de perseguir la corrupción no es el único dosier caliente en la mesa de Zelenski. El viernes pasado, la Comisión Europea bloqueó el pago de un tercio de los 4.500 millones de euros en ayuda a Kyiv debido al incumplimiento de tres de las reformas prometidas: la descentralización de la organización territorial, la selección de jueces en el Tribunal Superior Anticorrupción y la regulación de la agencia ARMA, la entidad responsable de recuperar activos procedentes de tramas corruptas. En respuesta a la creciente presión, el domingo Zelenski firmó la tercera de la lista, tras dos semanas de espera de la ratificación y meses de bloqueo en el Parlamento. La reforma de esta agencia es una petición “histórica” de las organizaciones no gubernamentales, “desde antes de la invasión rusa”, según cuenta Ryzhenko. La firma final llegó con reticencias por parte de muchos diputados. “Hubo mucha oposición política durante mucho tiempo y fue imposible de hacer la reforma. No había apoyo en el Parlamento, ya que se trata de activos de procesos penales de casos de corrupción, y el Parlamento está lleno de diputados que automáticamente se verían afectados por el buen funcionamiento de la oficina de recuperación de activos”, dice Ryzhenko. Deberes pendientes Con la reforma ARMA en la mano, la entidad entra un periodo de transición en el que deberá renovar los cargos ejecutivos y colaborar con mayor eficacia con las autoridades judiciales en perseguir casos de corrupción, trazar los activos malversados, gestionarlos y devolverlos al Estado. Pero la lista de deberes pendientes no termina aquí. El Ukrainian Facility Plan y las Hojas de Ruta que Kyiv desarrolló junto con la Unión Europea “contienen casi todo lo que se necesita abordar en los próximos cinco años para que Ucrania avance con éxito hacia la Unión Europea”, continúa Ryzhenko. Entre las tareas que siguen incompletas destaca la nominación de un jefe de la Oficina de Seguridad Económica, la resolución de las vacantes de jueces en concurso público y una ley acompañando los cambios de ARMA en el Código Penal que todavía no está registrada, según relata el equipo de Transparencia Internacional en Kyiv.

Solo este julio, 68 personas han muerto en Gaza por causas relacionadas a la desnutrición, según el Ministerio de Salud local. Veintiséis eran bebés y niños. Por su edad y complexión, los más pequeños están sufriendo aún más la hambruna inducida por el bloqueo de Israel que, presionado por esta alarma internacional, estableció este domingo treguas diarias en tres zonas de la franja para una entrega "mínima" de ayuda Cada día, al hospital Al-Shifa de ciudad de Gaza llegan más personas con desnutrición. Musab, de 14 años, yace en una de sus camas. En mayo, una bomba israelí lo hirió en el cráneo y lo dejó paralizado. Solo puede alimentarse por sonda, pero la falta de nutrientes, debido al cerco alimentario de Israel, lo ha dejado en los huesos… Ali Musab Al-Dibs, padre de Musab, cuenta: “Musab sufre fiebre alta, convulsiones, problemas para respirar y ahora una grave pérdida de peso debido a la falta de comida, agua, leche y de todo en Gaza. Musab pesaba 35 kilos, y ahora no supera los 15”. Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros” Shaza, desplazada de la Franja de Gaza Su padre, Ali, describe una hambruna que se está extendiendo. Las muertes ligadas a la desnutrición superan el centenar desde octubre de 2023, y la mitad ocurrieron este julio. De la cifra total de fallecidos, un 70 % eran bebés y niños. Ali teme por su pequeño y ruega, impotente, que lo evacúen de la franja: “Lloro mucho porque no puedo hacer nada por Musab. No puedo ofrecerle nada. Apelo a la comunidad internacional para que le ayude a recibir tratamiento en el exterior”. "Incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde" En la capital gazatí también está Shaza. Desplazada del norte por la fuerza, se refugia con su hijo, su marido y otros 12 familiares. Está desesperada, porque conseguir comida es casi imposible: “Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros”. Leer tambiénLa población israelí cuestiona la pausa 'táctica' para la entrada de ayuda en Gaza Sin alimentos y con escasez de insumos, los médicos tratan esta desnutrición como pueden. Daniela de Oliveira Mota, responsable de enfermería de Médicos sin Fronteras, explica que están desbordados, y que el suplemento nutricional que dan a los niños no solo no es efectivo sin una alimentación adecuada, sino que para la mayoría hoy sirve de única comida. “Los niños que atendemos, en muchos casos, llegan con un aspecto esquelético, casi cadavérico. Con frecuencia esos bebés son hijos de madres que ya sufrían desnutrición durante el embarazo”, explica Daniela. Leer tambiénIsrael anuncia que autorizará el lanzamiento de ayuda desde el aire en Gaza Daniela agrega que, en la teoría, esta crisis podría resolverse con el ingreso irrestricto de ayuda. Pero, en el terreno, sus secuelas pueden ser irreparables en niños menores de 5 años.La responsable de MSF no duda al decir que la desnutrición puede tener consecuencias permanentes a largo plazo; puede afectar seriamente su desarrollo físico y cognitivo; y que, en algunos casos, "incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde".

En octubre próximo empezarán a llegar las primeras familias en los apartamentos de los edificios construidos para los Juegos Olímpicos de 2024, en Saint-Ouen, ciudad de la periferia parisina. Un proyecto ambicioso que, a pesar de no convencer a todos, infunde optimismo en la zona. Una larga decena de edificios, de colores luminosos y estilo neo industrial, sobresalen entre antiguas tabernas y las casas bajas del viejo Saint-Ouen. Estas calles fueron protagonistas, hace un año, del ajetreo de 14.000 atletas que llenaban de maletas el departamento más pobre de la región parisina. Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, aquí el paro es cerca del doble que en París capital y más de la mitad de la población recibe prestaciones sociales para pagar el alquiler. “Gentifricación planificada” Ahora, el nuevo barrio -que ocupa un terreno equivalente a 70 campos de fútbol- se prepara para acoger las familias que vivirán en 2.800 pisos de nueva construcción. Los baños de las minúsculas habitaciones de los atletas dan paso a amplias cocinas de viviendas familiares. En las calles vacías, los carteles anuncian la recta final de la “phase héritage” (fase herencia) de la Villa de los Atletas mientras se observan unas pocas parejas de obreros que ultiman los acabados desde terrazas de lujo. Algunas de ellas tienen unas espectaculares vistas al Sena y al distrito de la Defensa, el centro corporativo de París. Los emblemas de la capital se ven lejanos desde la periferia. Pero, a pesar de la distancia con el centro de la capital, los precios de las nuevas viviendas salieron a la venta alrededor de 7.000 euros el metro cuadrado, por debajo de los 9.500 euros de media en París capital, y cerca del doble del conjunto del departamento norte de Seine-Saint-Denis, según datos de la Cámara notarial de París. Durante los juegos, el proyecto levantó algunas críticas de colectivos como Saccage 2024, que argumenta que han subido los precios de la vivienda en el área y tachan el proyecto de gentrificación planificada. Leer tambiénVilla Olímpica de París 2024, un laboratorio XXL de los barrios del futuro “Proyecto de desarrollo del espacio público” Henri Specht, director de operaciones de la empresa publica SOLIDEO, argumenta que el proceso se ha realizado siempre en consultación con la comunidad local, mediante múltiples reuniones públicas, y que busca cohesionar socialmente la comunidad. “Es más que un proyecto inmobiliario. Se trata de un proyecto de desarrollo del espacio público. Organizamos dos grupos escolares que acogerán niños de dentro y fuera del perímetro de la Villa olímpica”; asegura Specht. De las 2.800 nuevas viviendas, 1.500 han sido compradas directamente por CDC Habitat, una sociedad pública de gestión de vivienda, que los alquilara en diferentes regímenes. El compromiso es que el 25% del total sea de alquiler social. Los vecinos con quien hablamos en los alrededores de Saint-Ouen se muestran optimistas. “Es un barrio hermoso, edificios bonitos. Sobre todo, nos permitió obtener nuevas infraestructuras, la construcción de la nueva escuela Aretha Franklin y la reconstrucción del estadio Pablo Neruda”, nos explicó Zhor en un centro deportivo. “Si son familias con niños, van a poner un poco de ambiente”, dice Montse, de origen ecuatoriano. El proyecto implica mejoras en equipamientos públicos. La nueva macroestación de metro Saint-Denis Pleyel -inaugurada poco antes de los Juegos- ya opera con normalidad atravesando el centro de París. Progresivamente, y hasta 2030, el Gran París Express estrenará cuatro nuevas líneas de metro y 68 estaciones con el objetivo de establecer una red de conexión que permita moverse entre las banlieues (periferias). El resultado de esta transformación metropolitana se empezará a ver a partir de octubre, cuando los primeros habitantes de la Villa Olímpica dejen atrás el sonido de la obra.

Un informe publicado por la ONG relata prácticas en tres centros de detención de Florida que vulneran los derechos humanos y la legislación estadounidense en materia de migración.  Hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó el lunes 21 de julio un informe acerca de las violaciones de derechos humanos en tres centros de detención de migrantes en Estados Unidos, en el estado de Florida, entre los meses de enero y junio de 2025. Estos abusos, resultado de la actuación sistemática y deliberada de los guardias de seguridad y de los agentes de inmigración del gobierno estadounidense en estas cárceles, son "el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", según el informe, elaborado a partir de entrevistas con reclusos del Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami. "Algunas de estas personas estaban detenidas en los lugares donde hacen el procesamiento hasta 11 días, donde no había camas, el aire acondicionado estaba muy alto y tenían que dormir en el piso, sobre el cemento", señala Vicki Gaubeca, directora asociada de HRW para temas de migración. El texto recoge casos en los que se obligaba a los presos a comer en el suelo como si fuesen perros, y también de mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Sin embargo, los abusos comienzan antes de llegar a las instalaciones, dentro de los autobuses en los que transportan a los detenidos. "Los trasladaban a todos encadenados, amarrados de pies, manos y cintura. También descubrimos que, en algunas ocasiones, los tuvieron detenidos en un autobús durante una noche entera, sin darles agua, ni comida ni la oportunidad de ir al baño. Es casi tortura", deplora Gaubeca. Saturación de cárceles En los tres centros de detención se supera la capacidad operativa. De acuerdo con el informe, en marzo, el número de detenidos en Krome era un 249% superior al nivel previo a la toma de posesión de Donald Trump, y en junio, los tres centros registraban una población un 111% más alta que antes de la investidura. Esto se debe principalmente a que el número de personas arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha hecho más que aumentar desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. A finales de junio eran 56.000, un 40% más que hace un año. Es la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, 7 de cada 10 detenidos no tenía antecentes penales. Desde Human Rights Watch observan una vuelta de tuerca respecto de la primera administración Trump. "Lo que ahora estamos viendo es una intención por parte del presidente en cuanto al maltrato y la crueldad en contra de los inmigrantes. Lamentablemente, creo que vamos a observar un aumento en los abusos a los derechos humanos de los inmigrantes. De todos, no sólo de los detenidos, sino también de los que están en la comunidad". A nivel estatal, 45 de los 181 centros de detención autorizados superaban su capacidad, según datos del ICE. La superpoblación de las cárceles "va a servir de pretexto a Trump para construir nuevas instalaciones como la de Miami", advierte Gaubeca, refiriéndose a la reciente y polémica "Alligator Alcatraz", situada en el parque nacional de los Everglades, al sur de Florida, con capacidad para 5.000 personas. Human Rights Watch está investigando otros centros en los estados de Tejas, Arizona y California, donde ya se han detectando abusos similares. 

Cuatro crisis en simultáneo acechan el sistema de medios públicos de Europa. La crisis de financiación -con crecientes presiones contra el gasto público-, el lastrado impacto de las nuevas plataformas digitales y sus algoritmos, el deterioro de las garantías de independencia política y una crisis general de confianza pública. Esta es la radiografía que publicó el lunes Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un nuevo informe sobre los medios públicos europeos. Los periodistas de alrededor del continente intentan sortear una orografía de amenazas. En algunos casos, RSF va más allá del análisis: el informe acusa directamente a Italia de convertir sus medios en “portavoces gubernamentales” y a Hungría de utilizarlos como “instrumentos de propaganda del poder”. Thibaut Bruttin, director general de RSF, se pregunta a quién sirven verdaderamente los medios: “¿Al servicio del público o del partido de turno? Este es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los medios públicos en Europa”. Elena García, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras, explica a RFI que “más de la mitad de los encuestados en este informe estiman que las presiones ejercidas sobre los medios son de naturaleza política. Vemos injerencias políticas a nivel europeo generalizado”. Los ejemplos se suceden en múltiples países. Y no solo en los gobiernos comúnmente denominados ultraconservadores, como el de Meloni y Orbán. En Francia, la polémica gira en torno a una propuesta de fusión de los grupos públicos con el objetivo de centralizar los recursos. Mientras que, en España, las críticas se dirigen a una reforma ya aprobada en 2024 que redujo la mayoría necesaria en el Parlamento para nombrar a los directivos de Radio Televisión Española. La ONG denuncia que no solo los medios públicos son el objetivo de las críticas de la clase política, sino que la presión llega también desde la tendencia global contra los impuestos. “El canon audiovisual, utilizado por 10 de los 27 países de la Unión Europea, suele ser un blanco fácil”, dice el informe. Efecto contagio Elena García, entrevistada en RFI, cuenta que se debe temer un “efecto contagio” de las políticas de recortes de los medios públicos de Donald Trump en Estados Unidos. Trump ha dejado a mínimos el equipo de la radio pública estadounidense “Voice of America”, pero sus políticas también tienen un impacto en el otro lado del Atlántico. Su administración anunció el recorte total de todos los fondos a Radio Europa Libre, un emblema del periodismo público en Europa del Este desde la Guerra Fría y aún activo en la cobertura de la situación en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El informe, sin embargo, también deja notas para el optimismo, como el aumento de la tasa audiovisual en la República Checa después de 15 años sin modificaciones. Ante la “oleada” de amenazas que identifica, Reporteros Sin Fronteras propone la creación de un organismo independiente que permita estimar las necesidades económicas de los medios públicos, un nuevo impuesto a las plataformas digitales que las financie y la creación de un medio audiovisual europeo que permita la supervivencia de Radio Europa Libre.

Más de 500 personas habrían muerto en Sweida, sur de Siria, tras varios días de enfrentamientos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este recuento se produce después de que el presidente interino Ahmed al-Shara anunciara el retiro de sus tropas de esa ciudad en un intento por evitar una guerra abierta con Israel después de que el ejército de ese país atacara Damasco supuestamente en defensa de la comunidad drusa de esta parte del territorio. Sin embargo allí, la comunidad está dividida y no todos están a favor de la protección de Israel, según un especialista entrevistado por RFI. RFI conversó con Ignacio Alvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes de la Universidad Complutense de Madrid.  El presidente sirio Ahmed al-Sharaa ordenó este jueves el retiro de sus tropas de la ciudad de ​​Sweida. Anunció ceder a los "líderes drusos" la responsabilidad de seguridad en la zona. ¿La autonomía histórica de esta minoría en Siria contradice los proyectos de las nuevas autoridades? Es cierto que durante la época de la dictadura de Bachar al-Asad, las minorías fueron vistas como aliados del régimen, en tanto en cuanto la familia al-Assad también formaba parte de una de las minorías, los alauíes, para formar no una especie de entente entre las minorías.  Y es cierto que siempre han tenido cierta protección por el régimen, pero nunca habían disfrutado de una autonomía tan grande como la que tienen en la actualidad, debido, sobre todo, a que se levantaron contra el régimen y conquistaron buena parte de las cuotas de poder. Y esta situación se ha mantenido en el tiempo.  Con lo cual está claro que al-Sharaa, el nuevo presidente interino, quiere desarmar a todas las milicias armadas, independientemente de su etnia o de su confesión. Y aquí entran también las milicias drusas.  Lo que está tratando de hacer el gobierno israelí es erigirse en protector de la minoría drusa para ganar voz en el futuro de Siria. Que toda la zona del sur esté desarmada y no haya presencia de las fuerzas de al-Sharaa.  ¿Qué tan dividida está la comunidad drusa ante las propuestas de amparo de Israel? Están muy divididos. Entre otras cosas porque hay cuatro o cinco grandes líderes confesionales de la minoría drusa y no todos piensan exactamente lo mismo. Hay algunos, recordémoslo, que han firmado un acuerdo para que las fuerzas de al-Sharaa se retiren de toda la zona del sur. Y hay otros que hoy por hoy están en contra de ese acuerdo y prefieren mantener las hostilidades.  Entonces hay una fractura, una división muy evidente dentro del propio liderazgo confesional druso. Y también esa fractura está siendo utilizada sobre todo por Israel para intentar ganar cuotas de poder y sobre todo, armar a los grupos más beligerantes para utilizarlos como una especie de proxy, como una especie de satélite para defender sus intereses en la nueva Siria que se está erigiendo bajo el liderazgo de al-Sharaa. Hace unos días, Israel se estaba planteando la cuestión de normalizar relaciones con el gobierno de al-Sharaa. ¿Cómo interpretar los operativos israelíes de estos últimos días en Siria, incluídos los bombardeos en el corazón de Damasco? A Israel le conviene un escenario de cuanto peor, mejor. Es decir, no está interesado en la estabilización de Siria, no está interesado en que el nuevo gobierno asiente su autoridad sobre el conjunto del territorio y está apostando claramente hacia la división, hacia la fragmentación, porque un enemigo tradicional como Siria es mejor mantenerla en esa situación de debilidad, de división, de fragmentación, porque esto permite de alguna manera avanzar sus intereses.  Sus intereses son obviamente redibujar las fronteras de Oriente Medio en función de sus intereses, ir progresivamente creando las condiciones para cambiar y ampliar las fronteras del Estado de Israel. Y esto tiene mucho que ver con no solo el control de los Altos del Golán, territorios ocupados según la legislación internacional desde el año 1967, sino extender el control a otras zonas como Quneitra o como el Monte Hermón que estaban fuera de esas líneas ocupadas.

Zimbabue atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas. El presidente, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de catástrofe el año pasado, y las cosechas de este año han sido igualmente escasas. En uno de sus efectos más sombríos, la crisis climática está alimentando un alarmante aumento de los matrimonios infantiles. La desesperación económica lleva a muchas familias a casar a sus hijas menores de edad como medio para reducir la carga alimentaria del hogar o recibir una compensación económica. Un reportaje de Irene Savio, en el sur (Bulawayo) y oeste de Zimbabue En una aldea rural del oeste de Zimbabue, Lungisani Nyathi, un hombre de 39 años, custodia uno de los pocos pozos de agua que no se han secado por la sequía que, el año pasado, obligó al país a declarar el estado de catástrofe y acabó con gran parte de las cosechas de las que depende la población. "Podría ocurrir" "El agua no es suficiente, es poca y por eso la gente sufre mucho", cuenta. Lungisani tiene cuatro hijos, incluida una bebé de 10 meses que vive con él y su esposa en una especie de choza construida sobre un suelo árido y rojizo. La bebé es su única hija, y a Lungisani le preocupa que ella también sufra el destino que cada vez más niñas en esta región enfrentan: ser niñas esposas. "Es algo de lo que mi esposa y yo hablamos cada vez que oímos hablar de otra niña a la que le ha pasado. Es duro, pero, si esto sigue así, sí podría ocurrir", dice Lungisani, con cierta resignación, al explicar que es poco lo que puede ofrecer a sus hijos. "Sequías cada vez más continuadas y extendidas" Junto con la organización británica Mary's Meals, la ONG zimbabuense ORAP reparte comida a 56.000 niños en 170 escuelas del país. Mvuse Huni, su directora ejecutiva, explica que el proyecto también busca prevenir fenómenos como los matrimonios infantiles —al permitir que los niños acudan a las escuelas en lugar de quedarse en sus casas—, que están en aumento como consecuencia de la inseguridad alimentaria provocada por el cambio climático. "Sin duda, están aumentando las menores embarazadas y las que se casan", dice Huni, al explicar que esto se debe a que muchas familias en las zonas rurales viven de la agricultura y, cuando hay sequía y el clima se vuelve más extremo, la agricultura se vuelve más difícil, al igual que la vida de esas familias. "El problema es que las sequías están siendo cada vez más continuadas y extendidas en el tiempo", añade Huni. "Una estrategia de supervivencia" "Es una estrategia de supervivencia, porque no hay suficiente comida", dice Thadine Mpone, una maestra de otra escuela del distrito de Nyati que también participa en el proyecto. Mpone explica que la escasez de agua y el hambre están llevando a muchas niñas a abandonar sus estudios, quedar embarazadas y buscar un marido para poder sobrevivir. Aunque también es una forma de reducir la carga alimentaria en sus hogares de origen. Los matrimonios infantiles son ilegales en Zimbabue, pero en parte también tolerados por la sociedad, lo que dificulta tanto su análisis como su erradicación. Según investigaciones de organizaciones como Plan Internacional, en el país hay más de un millón de mujeres que fueron niñas esposas, víctimas de un círculo vicioso, ahora también alimentado por la crisis climática, que perpetúa la injusticia.

Este sábado se cumple un mes desde el inicio de la guerra de misiles entre Irán e Israel, un conflicto que duró doce días y que evidenció para los israelíes la falta de refugios en todo el país. En especial, en las ciudades árabes. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Justine Fontaine viajaron a Tamra, en el norte de Israel, donde la población pide que se construyan lugares públicos para refugiarse de los bombardeos. De regreso de Tamra en Israel, Melissa Barra y Justine Fontaine Un misil cayó en una casa grande de Tamra, en el norte de Israel. No queda nada del segundo piso y lo que sigue de pie podría derrumbarse en cualquier momento. Cuatro mujeres y una adolescente murieron aquí el pasado 14 de junio. "Estaba sentado afuera y vi el misil caer. Todo ocurrió en unos segundos. La explosión me lanzó hacia atrás, hacia mi casa. Nosotros no hemos recibido ayuda ni del gobierno y de la alcaldía, nos tocó a nosotros recoger los escombros de la casa. Nadie vino a vernos”, dijo a RFI Hamoudi, el vecino de enfrente, que estaba en el portico de su casa y presenció todo. A Hamudi le tocó alquilar otra casa. Sus vecinas eran de las pocas en tener un refugio privado en casa, pero no estaban adentro cuando se produjo la explosión.   De hecho, en esta ciudad de 37.000 habitantes, la mayoría de la gente no tiene acceso a ningún tipo de resguardo.  Desamparados por el Gobierno Mohammed Shoko Abu El Hijaes encargado de emergencias en Tamra. Lamenta que el gobierno no les provea refugios públicos.    "No tenemos refugios públicos. En la mayoría de las ciudades israelíes hay muchos refugios públicos. Pero creo que ningún pueblo árabe tiene. Pocas casas cuentan con resguardos privados. La mía no tiene y cuando suenan las alarmas nos metemos bajo la mesa. La gente aquí apenas tiene con qué comer, ¿cómo van a pagarse un refugio?”, aseguró Mohammed Shoko Abu El Hija.  Un refugio, ya sea publico o privado, cuesta decenas de miles de dólares. La municipalidad y el gobierno israelí culpan el uno al otro. Mohammed Shoko Abu El Hija cree que su ciudad, más pobre que el promedio nacional, no tiene los recursos.

Han pasado 30 años desde que las tropas serbias mataron a más de 8.000 bosniacos en el municipio de Srebrenica. Hoy, miles de personas les rinden homenaje en una Bosnia que sigue sin superar sus heridas. “Lo peor sucedió. Para mí y mi familia, la familia de cuatro ha sido dividida por la mitad. Mi hijo y mi esposo fueron asesinados, solo mi hija y yo estamos seguimos vivas”, cuenta Fadila Efendić. Ella explica cmo durante semanas iba por las fosas buscando el cuerpo de sus seres queridos sin suerte. Ćamil Duraković tenía 16 años cuando huyó a las montañas escapando de las tropas serbias: “Estábamos todos los días bajo ataque de los serbios, capturando a gente, llevándosela. El primer día ya perdí a mi tío y a sus dos hijos. Todavía hoy, 30 años después, siento que sigo corriendo”, dice. Ellos no son los únicos, casi todos en Srebrenica tienen historias de aquel julio de 1995, cuando las tropas serbias dirigidas por Ratko Mladić entraron en este municipio al este de Bosnia y cerca de la frontera con Serbia. Allí atraparon a la mayor parte de los bosniacos (bosnios musulmanes), los mataron y los arrojaron en fosas comunes. Un total 8.372 personas perdieron la vida en cuestión de días. “El batallón [holandés] estaba del lado de Mladić” En ese momento, Bosnia llevaba tres años de conflicto armado que enfrentaba a las fuerzas serbias contra diferentes facciones bosnias y croatas, pero Srebrenica se consideraba una zona desmilitarizada y albergaba un batallón de la UNPROFOR, las fuerzas de Naciones Unidas que debían velar por el alto el fuego. Para ese entonces, los encargados de salvaguardar la seguridad de las alrededor de 30.000 personas que se refugiaban en esa ciudad, eran el batallón holandés Dutchbat III con unos 400 cascos azules allí presentes. Unos soldados que, como bien condenó La Haya, entregarían 350 bosniacos que se refugiaban en su basa a las tropas de Mladić. Fadila, quien fue una de las fundadoras de las Madres de Srebrenica, la organización que representa a las víctimas de Srebrenica y la que llevó a los tribunales al batallón holandés, enfatiza que “la ONU son responsables y culpables de que el batallón holandés no actuara, de que no nos protegiera. Si hubieran tenido la voluntad de protegernos, habrían enviado refuerzos a los soldados holandeses. [Los holandeses] se pusieron del lado de los Chetniks —tropas serbias—, y nos dejaron a nosotros en sus manos para que hicieran lo que quisieran”. Para Duraković, “el batallón estaba del lado de Mladić y esa historia no puede ser borrada. Todo lo que concierne al batallón holandés es una mala experiencia para nosotros. [Las pintadas encontradas en las paredes de sus cuarteles] son el mensaje que nos dejaron”. En las pintadas de las que habla, se leen expresiones racistas que los soldados holandeses escribieron sobre los bosnios durante su tiempo en Bosnia. “Los que tenemos hoy es negación” El genocidio de Srebrenica sería la última masacre que las tropas serbias realizarían en Bosnia. El conflicto se acabaría ese mismo año con la firma de los Acuerdos de Dayton, los cuales dividieron el país en dos entidades: la Federación Bosnia y la República Srpska. Hoy, Ćamil Duraković se ha convertido en el vicepresidente de la República Srpska y denuncia la negación de esta entidad al genocidio: “Lo que tenemos hoy es negación. Negación de las autoridades oficiales de la República Srpska, que siguen sin aceptar los hechos del pasado. Y cuando no aceptas la verdad, es muy difícil reconciliarse”, afirma. Y es que, aunque en 2004, el TPIY (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia) reconoció oficialmente los crímenes cometidos en Srebrenica como genocidio, y en 2007 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo confirmó, la República Srpska en cambio, aún reconociendo que los crímenes cometidos en Srebrenica fueron graves, asegura que no se trató de un genocidio y que el uso de tal término es un intento de criminalizar al pueblo serbio. Sin embargo, y a pesar de esto, el pasado año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución por la que se establece que hoy, 11 de julio, es el día anual para recordar este genocidio. “Desde el principio, se trató de demostrar la verdad y la justicia, de abrir las fosas comunes, de identificar a nuestros seres más queridos, de darles un entierro digno de un ser humano. Y, en particular, un gran logro fue la creación del centro conmemorativo, gracias al cual ahora se sabe dónde está el cementerio, desde dónde partieron y adónde regresaron, aunque lamentablemente en ataúdes. Y aún queda mucho por hacer: los criminales de guerra, por quienes hemos luchado, deben ser encontrados e identificados”, explica Efendić. Viviendo con el recuerdo Han pasado 30 años desde el genocidio de Srebrenica y desde el fin de conflicto en Bosnia, 30 años en los que su población ha tenido que seguir adelante con el recuerdo de las masacres que allí ocurrieron, y con un país que se organiza a través de los acuerdos derivados de este. Y es que Bosnia sigue funcionando bajo las directrices de Dayton, los que para Duraković “no son una solución justa para este país […] nadie en este momento vive según Dayton. Sólo tenemos la Constitución y el sistema de Dayton, pero todo el mundo actúa de forma diferente”. Este 11 de julio de 2025, miles de personas llegan de todas partes del mundo al memorial del genocidio, donde hoy se enterrarán los siete cuerpos identificados este año. De las más de 8.000 víctimas del genocidio aún quedan más de 1.000 sin localizar. Porque aunque hayan pasado 30 años desde el genocidio de Srebrenica, Bosnia y sus ciudadanos siguen viviendo con su recuerdo.

Millones de nacionales afganos han buscado refugio en Irán durante las últimas décadas, especialmente después del regreso de los talibanes, pero una ley aprobada por el Parlamento iraní obliga a quienes no tienen documentos a abandonar el país. Casa Kabul es uno de los pocos restaurantes afganos en Teherán, a pesar de la relación entre ambos países ya que comparten casi mil kilómetros de frontera. Millones de nacionales afganos, se cree que podrían ser alrededor de seis, han buscado refugio en el país durante las últimas décadas, aunque la situación está cambiando rápidamente. Una ley aprobada por el parlamento  Iraní obliga a quienes no tienen documentos a abandonar el país, como cuenta Mohammad Musa Akbari, artista gráfico, activista y dueño de este restaurante en el centro de Teherán. “Quedó decidido que los afganos que están aquí ilegalmente, es decir, aquellos que no tienen papeles de censo, sean expulsados de Irán hacia Afganistán, como se había prometido anteriormente. También se dijo que los jefes de familia que se presenten voluntariamente, se les permitirá volver con pasaporte, ya sea para trabajar u otra cosa”.  Mohammad espera que esta promesa se haga realidad. El es uno de los afortunados. Llegó hace 43  años cuando Irán todavía otorgaba documentos a los afganos y hoy tiene la nacionalidad. La historia no es igual para la mayoría de connacionales, especialmente los que cruzaron la frontera después del regreso de los talibanes cuatro años atrás. “Los que llegaron entonces, se consideran ilegales. No tienen tarjeta de identificación, y no tienen papeles del censo, agregó”. La opción que recibió la comunidad afgana fue la de registrarse para salir voluntariamente del país antes del pasado 6 de julio o ser deportados. La fecha, según las autoridades, se ha extendido hasta septiembre. Esto llevó a que muchas familias que habían construído una vida en Irán, decidieran marcharse, como lo cuenta Hanife, de 29 años, que a pesar de haber nacido en Irán solo tiene un papel que certifica su residencia. “Las chicas como yo que nacimos en Irán, después de, por ejemplo, veinte años, treinta años, algo así, tenían sueños para sí mismas, querían construir un futuro. Pero de repente,  surgió esta crisis; de repente hubo guerra y, por otro lado, también aumentó la expulsión de afganos. Ahora aquellos que se fueron, realmente no saben qué hacer”. Según cifras de las Naciones Unidas desde enero 900.000 han regresado al país, más de 250.000 en el mes de junio. Y es que si bien los regresos voluntarios y las deportaciones habían aumentado durante el año, todo se aceleró con la guerra cuando las autoridades acusaron a nacionales extranjeros, entre ellos afganos, de colaborar con Israel. Esto no sólo intensificó la captura y deportación sino que hizo su vida aún más difícil.