Podcasts about ordenamiento territorial

Conversamos En Perspectiva con Tamara Paseyro, ministra de Vivienda. ¿Cuáles son las prioridadades del gobierno de Yamandú Orsi en materia de vivienda? ¿Qué cambios se preparan con respecto a las políticas del gobierno anterior? ¿Aumentará el presupuesto o se reordenarán los recursos que ya venían manejándose? Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comparecieron ayer por primera vez en la comisión especializada de la Cámara de Diputados, donde expusieron las grandes líneas de la gestión que están preparando. La delegación estuvo encabezada por la ministra Tamara Paseyro, que asumió hace menos de dos meses, en abril, luego de la polémica política que llevó a la renuncia de Cecilia Cairo, la dirigente de primera línea del MPP que había sido designada inicialmente al frente de esa cartera. Hasta ese momento Paseyro venía desempeñandose en esa cartera como directora nacional de Integración Social y Urbana.

Pablo Aceñolaza, director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, estuvo en los estudios de Radio Diputados para referirse a la ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos con la incorporación de dos nuevas reservas a través de sendos proyectos de ley promovidos por diputados.

A parte de bizarro, excesivo: Uruguay, que cuenta con menos de 4 millones de habitantes, tiene 14 ministerios. A menos de 50 días de haberse inaugurado el nuevo gabinete de izquierda, la ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, renunció porque, paradójicamente, durante 20 años no pagó los impuestos a la vivienda.

La situación irregular de la casa de Cecilia Cairo, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tomó estado público el martes, continuó provocando repercusiones este miércoles a nivel político. Temprano en la mañana, Cairo concedió una entrevista en el programa Así nos va de radio Carve, donde reafirmó que no tiene previsto renunciar al cargo. Allí dijo que no sabía que no había pagado el impuesto a Primaria en las últimas dos décadas, aclaró que sí paga Contribución Inmobiliaria pero como si el suyo fuera un terreno baldío, y admitió que no realizó los aportes al BPS cuando construyó su hogar ni cuando se edificaron otras casas o ampliaciones para familiares suyos en el mismo inmueble. -Yo no es que nunca hubiéramos demostrado voluntad de pago, no, porque pagaba lo que me llegaba de la intendencia. Lo que no hice fue regularizar y al regularizar esas construcciones seguramente tendrían un aporte superior, no le pongo ninguna duda. Pero al regularizar, cuando vos lo pensás, y que yo entiendo que la gente lo piense, era que tenía que tener un arquitecto, un agrimensor que midiera, etc, etc, y la verdad no tenía las posibilidades económicas en ese momento de hacerlo. -Pero ¿por qué no habló con el MPP? -No lo hice. -¿Por qué no dijo,” miren, yo esto me tengo que poner al día porque esto me corresponde, tengo la responsabilidad ciudadana de hacerlo”? -Buena pregunta, no lo hice. -¿Por qué? -No lo sé, porque tengo un sueldo y es el sueldo que cobro como cualquier otro trabajador. Desde el MPP siguieron escuchándose voces de dirigentes que destacan la trayectoria de militancia solcial de Cairo y elogian la forma en que reaccionó a la revelación periodistica que surgió en el programa de Ignacio Alvarez, en particular su transparencia, el reconocimiento del error, el pedido de disculpas y su decisión de llevar delante de inmediato los trámites pendientes de su casa y pagar los tributos que adeuda con los recargos correspondientes. Más allá de ese sector, en el Frente Amplio (FA), en tanto, el vocero que asumió protagonismo fue el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que, aclarando que hablaba a título personal, descartó los pedidos de renuncia que Cairo recibe desde la oposicion. Ayer, en una entrevista aquí En Perspectiva, Pereira enfatizó que Cairo no cometió un delito ni evadió impuestos, sino que tiene una deuda. Por eso, afirmó, este episodio "no es motivo" para que renuncie a su cargo. "Por deudas de contribución, por deudas de tributos, por deudas de tarjetas hay un millón de uruguayos es decir que yo no creo que sea la idea de nadie que un millón de uruguayos estén inhabilitados para hacer política partidaria o para participar de cargos de gobierno o legislativo, en todo caso lo que tienen que hacer esas personas es pagar sus deudas, como paga cualquiera que tiene deudas". Más tarde, en rueda de prensa, Pereira admitió de todos modos que en su caso personal hubiera puesto su cargo a disposición del presidente. Sin embargo, trascendió que detrás de escena el caso de Cecilia Cairo está generando cada vez más molestia dentro del FA, mientras se acerca la sesión de la Mesa Política del próximo lunes, donde se discutirá formalmente este asunto. Por ejemplo, el senador socialista Gustavo González dijo a El País que la situación “es muy complicada”. En tanto, el candidato a intendente de Montevideo, Salvador Schelotto, de la Vertiente Artiguista, afirmó que “no se puede banalizar” el “error” de Cairo. Además, las Bases del FA adelantaron una reunión originalmente prevista para la semana próxima, a efectos de analizar de urgencia los hechos. La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Martín Moraes y Ana Laura Pérez.

"Un compromiso con la ética, la transparencia y la honestidad". "Un compromiso con la estética, que no es algo superficial para las élites". Impulsado por la Vertiente Artiguista, el arquitecto Salvador Schelotto anunció su candidatura a la Intendencia de Montevideo el pasado 18 de enero. Hace menos de tres meses. Por su formación profesional y también por su experiencia en gestión en la propia Intendencia de Montevideo, los spots de su comunicación lo definen como “el candidato natural” para encabezar el gobierno de la capital. Schelotto fue Director General de Planeamiento Urbano durante la intendencia de Tabaré Vázquez (1990-1991) y luego fue asesor en las dos administraciones de Mariano Arana (1995-2005). En los años siguientes se concentró en el cargo de decano de la Facultad de Arquitectura, que ejerció entre 2001 y 2009. Más tarde se desempeñó en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, primero como Director Nacional de Ordenamiento Territorial (2015-2016) y más tarde como Director Nacional de Vivienda (2016-2020). Ahora, el slogan de su campaña es "Primero Montevideo". ¿Qué significa ese planteo? ¿Cuáles son sus principales propuestas para encarar los problemas de basura y del transporte? ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo urbano futuro de nuestra ciudad? Conversamos En Perspectiva con Schelotto.

Los comentarios políticos de Emiliano Cotelo y Romina Androli.

En diálogo con Mañanas Blu, el concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, habló sobre el desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Siempre denunciar la corrupción en general es un camino fácil, identificar los Planes de Ordenamiento Territorial, que son el caldo de cultivo de la desidia gubernamental, se queda corto

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump dialogaron para pausar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, el mandatario de Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de México. ¿La CDMX tendrá modificaciones? De acuerdo con el titular de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas, se presentará una nueva legislación en materia de delimitación de la zona metropolitana del Valle de México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump dialogaron para pausar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, el mandatario de Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de México. ¿La CDMX tendrá modificaciones? De acuerdo con el titular de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas, se presentará una nueva legislación en materia de delimitación de la zona metropolitana del Valle de México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

El presidente electo Yamandú Orsi presentó ayer a los ministros y subsecretarios que desde el 1º de marzo próximo estarán al frente de las 14 carteras que integran el Poder Ejecutivo. La comunicación tuvo lugar en un acto en los salones del Radisson Victoria Plaza Hotel, donde Orsi se limitó a ir nombrando a cada uno de los jerarcas designados mientras ellos iban subiendo al escenario para participar al final de la foto colectiva y oficial del equipo. Hablando con los periodistas, el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó algunas de las cualidades, que a su juicio tiene el grupo de ministros que acompañarán al presidente Orsi en el comienzo de su gestión. "Logramos conformar un gran equipo. Un gabinete de renovación con experencia en varias áreas, con mucha solvencia técnica y liderazgo político. Un gabinete que va a trabajar en conjunto para afrontar los desafíos. Así que muy contento. Es el gabinete de mayor representación femenina en la historia del país, y además es un gabinete con un promedio de edad más bajo que lo que se ha conocido históricamente". ¿Qué dicen los tertulianos sobre los criterios de armado del gabinete? Los designados son: Ministerio de Economía y Finanzas: ministro, Gabriel Oddone; como subsecretario, Martín Vallcorba. Ministerio del Interior: ministro, Carlos Negro; subsecretaria, Gabriela Valverde. Ministerio de Relaciones Exteriores: ministro, Mario Lubetkin; subsecretaria, Valeria Csukasi. Ministerio de Defensa: ministra, Sandra Lazo; subsecretario, Joel Rodríguez. Ministerio de Transporte y Obras Públicas: ministra, Lucía Etcheverry; subsecretaria, Claudia Peris. Ministerio de Ambiente: ministro, Edgardo Ortuño; subsecretario, Leonardo Herou. Ministerio de Salud Pública: ministra, Cristina Lustemberg; subsecretario Leonel Briozzo. Ministerio de Educación y Cultura: ministro, José Carlos Mahía; subsecretaria, Gabriela Verde. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial: ministra, Cecilia Cairo; subsecretario, Christian Di Candia. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: ministro, Alfredo Fratti; subsecretario Matías Carámbula. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: ministro, Juan Castillo; subsecretario, Hugo Barreto. Ministerio de Desarrollo Social: ministro, Gonzalo Civila; subsecretario, Federico Graña. Ministerio de Turismo: ministro, Pablo Menoni; subsecretaria, Ana Claudia Caram. Ministerio de Industria, Energía y Minería: ministra, Fernanda Cardona; subsecretaria, Eugenia Villar. Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Director, Rodrigo Arim. Subdirector: Jorge Polgar. La Tertulia de los Martes con Leonardo Costa, Bruno Gili, Eleonora Navatta y Daniel Supervielle.

Entrevista con el Dr. Josué Díaz Vázquez, Director de Planeación Metropolitana de IMEPLAN Fecha de transmisión: 19 de octubre de 2024 Frecuencia Ambiental es un programa radiofónico que tiene el objetivo de comunicar temas ambientales con un enfoque educativo en formato de entrevista. Todas las piezas de audio que se incluyen cuentan con sus créditos correspondientes, mencionados al término de cada pieza musical, a través de este programa radiofónico no se obtiene compensación monetaria y es de origen público, es decir, no tiene fines de lucro y no incluye anuncios comerciales, por lo que el contenido incluido en cada podcast tiene estrictamente un objetivo educativo para impulsar la sensibilización y conciencia ambiental de Jalisco.

En mayo de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou lanzó el Plan Avanzar, el buque insignia del gobierno en materia de vivienda, destinado a atacar el problema de los asentamientos irregulares. El objetivo era intervenir en unos 120 asentamientos en todo el país, llegando a mejorar la situación habitacional de más de 15.000 hogares. Para eso se anunció una inversión de 480 millones de dólares. Durante su discurso, el presidente aseguró que estaba cumpliendo uno de sus “sueños políticos”. "Hace muchos años, imitando la frase del entonces presidente Lula, fome cero, hambre cero, se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que era aspiracional, como muchas cosas en la vida. Decíamos que no era para un período de gobierno (alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir), que era una política nacional. Y este punto de inflexión va a ser seguido por los que vengan si hacemos las cosas bien". Dos años después, y ya en la recta final del gobierno, ¿qué dicen los números del Plan Avanzar? Lo evaluamos En Perspectiva con la arquitecta Florencia Arbeleche, titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Batres encabeza forma de Convenios de Ordenamiento Territorial en Xochimilco  Asean Plus Festival 2024 llega a la Miguel HidalgoConfía EU que en Haití pueda haber elecciones en el 2025Más detalles en nuestro Podcast

Los ordenamientos territoriales comunitarios son mucho más que una planeación del uso de suelo. Se trata de un ejercicio colectivo que surge de una necesidad común en donde la comunidad se organiza para resguardar su patrimonio y territorio, reconociendo su capacidad de autogestión y resolución de problemáticas como la invasión inmobiliaria, megaproyectos, escasez de agua, tala de bosques, pérdida de lengua, entre otras. En esta primera parte de dos programas, escuchamos cómo se han dado los ordenamientos territoriales en algunas comunidades de Puebla y qué aprendizajes podemos obtener a partir de ellos. Descárgalo en www.cantodecenzontles.orgContenido: Sostenibilidad y comunidad: ordenamiento territorial en Zautla - CESDER La lucha en Ixtacamaxtitlán - Thania Marreros Ordenamiento territorial en San Andrés Cholula - Radio Cholollan El ordenamiento del Río Ajajalpan - Radio Tsinaka Locución: Fernanda Fuentes y Doreli Carrillo (CESDER) Foto: Radio Tsinaka

Mónica Tapia, Cofundadora y Coordinadora estratégica de AUNA

Nubia Córdoba Curi indicó que el Chocó necesita al Gobierno Nacional y uno de los retos es lograr que el departamento encaje en el Plan de Ordenamiento Territorial.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Enviaremos al Poder Legislativo una reforma constitucional para que las personas adultas mayores reciban su pensión desde los 65 años y de forma mensual o quincenal con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y el Banco de Bienestar en acuerdo con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En asamblea con el pueblo de Tecámac anunciamos que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad será universal en el Estado de México a partir de noviembre. Para lograr ese propósito, este día firmaremos en Ecatepec el acuerdo con la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez. Refrendamos el compromiso de mantener todos los Programas para el Bienestar en beneficio de jóvenes, pequeños productores, madres trabajadoras, estudiantes y personas con discapacidad, así como con las iniciativas de vivienda e infraestructura pública. En materia de vivienda, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, dio a conocer que, de 2019 a 2023, se han otorgado más de 382 mil apoyos en beneficio de más de 1.5 millones de personas. Sumado a lo anterior, en Tecamac se han entregado 4 mil 522 apoyos lo que representa el 10 por ciento de inversión destinada al Estado de México. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/4tmexico/message

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, encabezó ayer la entrega de las tres primeras soluciones habitacionales ejecutadas a través del Plan Avanzar en la ciudad de Trinidad, en Flores. Estas viviendas integran un grupo de 39 unidades planificadas para esa ciudad que están hoy en construcción, con una inversión que ronda los 3 millones de dólares. Son desarrolladas en conjunto por el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Integración Social y Urbana, el Mevir y la intendencia departamental. Hablando con la prensa, Delgado destacó el objetivo y los alcances del Plan Avanzar. Trinidad es la única capital departamental del país sin asentamientos irregulares. Desde el gobierno, sin embargo, se entiende necesario atender la situación de algunas familias que vivían en condiciones precarias. ¿Cómo viene el Plan Avanzar? Conversamos En Perspectiva con Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial quedó envuelto el mes pasaso en una de las peores crisis políticas de este período de gobierno. La tormenta se desató en los primeros días días de mayo, cuando se divulgó en la prensa  que la entonces ministra, Irene Moreira, de Cabildo Abierto, había adjudicado un apartamento a una militante sin pasar por el sorteo reglamentario. El presidente Luis Lacalle Pour le pidió la renuncia a Moreira, lo que llevó a Cabildo Abierto a considerar la posibilidad de abandonar la coalición de gobierno. Finalmente, la crisis se desactivó, Moreira dejó el cargo y en su lugar asumió el senador Raúl Lozano, de su mismo partido. Pocos días después de asumir, Lozano ordenó una investigación administrativa para dar “transparencia y claridad al asunto”. Además enfrentó las críticas del Frente Amplio, que insiste en que Moreira incurrió en una ilegalidad. De hecho la semana pasada, Lozano debió rendir cuentas en el Parlamento por este asunto. Conversamos En Perspectiva con el ministro Lozano a propósito de tema y también  sobrela gestión del Ministerio de Vivienda.

Este domingo falleció a los 90 años el arquitecto Mariano Arana, que se destacó en su larga carrera política pero también por su trayectoria docente y su pasión por Montevideo, su historia y su arquitectura. "Me interesa como arquitecto actual, la ciudad viva porque te da lecciones y te obliga a pensar resoluciones, como contestar las aspiraciones de la gente. Porque además la ciudad que permanece establecida durante siglos no es una ciudad. Una ciudad por esencia es permanencia pero también cambio". Arana se hizo conocido en la década de 1980 cuando impulsó el Grupo de Estudios Urbanos, formado por arquitectos y estudiantes de arquitectura. Con aquella iniciativa se opuso a la demolición de edificios de valor patrimonial que un decreto de la dictadura había desafectado como monumentos históricos nacionales y lideró un debate nacional a propósito de las ciudades y en defensa del patrimonio arquitectónico El lunes aquí En Perspectiva entrevistamos al arquitecto, Andrés Mazzini, que integró aquel GEU. Así resumía los objetivos de aquel ámbito. "Lo que queríamos mostrar es que de alguna manera una ciudad podía enriquecer la vida de la gente si les ofrecía un ambiente digno, cálido, con valores artísticos, patrimoniales y que además no le borraba los ámbitos en los que venía desarrollando sus actividades".  A partir de su actividad en el GEU Arana se volvió en una figura pública, lo que llevó a que el general Líber Seregni lo propusiera como candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de 1984. Esa vez no ganó. Pero sí accedió al cargo después de la primera administración de Tabaré Vázquez, en 1995, y luego fue reelecto para un segundo período. Como representante de la Vertiente Artiguista, fue más tarde ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, senador de la República y, ya al final de su carrera polígica, edil en la capital entre 2015 y 2020. La Mesa de los Viernes con Alejandro Abal, Natalia Costa, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.

El fallecimiento del arquitecto Mariano Arana, ocurrido ayer, abre varias lecturas a proposito de su vida y su obra. Lo más visible en los últimos años fue su carrera política: como intendente de Montevideo en dos períodos, como senador, como ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, al final de su carrera, como edil. Pero antes de todo eso estuvo su trabajo como docente en la Facultad de Arquitectura. Y, como un derivación de aquella etapa, hubo un hito particularmente destacado que fue, en la década de 1980, la creación del Grupo de Estudios Urbanos. En plena dictadura, aquella iniciativa creó conciencia en la población sobre la importancia de la protección del patrimonio edilicio de Montevideo y logró frenar la destrucción de inmuebles emblemáticos, como el viejo Hotel Colón, hoy sede de BID en Uruguay. Pero además se convirtió de hecho en una modalidad alternativa de resistencia al gobierno de facto. Los documentales creados por el GEU donde se denunciaba la destrucción de veredaderos monumentos históricos, trascendieron los círculos de la arquitectura para exhibirse en todo tipo espacios, como clubes de barrio, parroquias, escuelas asociaciones culturales, donde congregaba a centenares de personas que se quedaban a las disuxiones a abiertas que se organizaban al final de la proyección. Rescatamos aquel trabajo de Mariano Arana, que tanto impacto tuvo y que, entre otras cosas, lo catapultó al conocimiento público. Para eso conversamos En Perspectiva con uno de los integrantes de aquel Grupo de Estudios Urbanos: el también arquitecto y docente Andrés Mazzini.

La derecha es la nueva voz mayoritaria en la deliberación constitucional chilena Mirada Semanal. Episodio 16 | El pasado 07 de mayo se celebró la quinta convocatoria electoral relacionada con el proceso de cambio constitucional en Chile. Proceso en el cual fueron electos los representantes del nuevo Consejo Constitucional. Órgano creado como medida de continuidad para dar cumplimiento al llamado Referendo de Entrada de octubre de 2020, en el que mayoritariamente se exigía una nueva constitución. Iniciándose con ello, un proceso institucional inédito que se ha extendido mucho más de lo imaginado originalmente, inmerso además en una espiral de crispación política que no ha cesado desde finales de 2019. Lo más destacable de esta elección fue el notorio viraje político que ha dado la nueva correlación de fuerzas de este segundo órgano constituyente, el cual a diferencia del electo en mayo del 2021, tendrá una mayoría predominantemente de derecha, liderada por el Partido Republicano. Ante este giro de los acontecimientos en el proceso constituyente ¿qué implicaciones tendrá para la gestión de Gabriel Boric? Y más aún ¿esta nueva mayoría conservadora podrá generar una nueva matriz de consensos en los temas constitucionales de mayor discordia? El juicio político contra Guillermo Lasso entra en la recta final Por otra parte, en Quito por segundo mes consecutivo prosigue el juicio político contra el presidente de la República Guillermo Lasso. Con el respaldo de 88 de 116 asambleístas, se aprobó una nueva fase de este contencioso político entre el poder legislativo y el ejecutivo, en el que el propio mandatario tendrá que ser interpelado en los próximos días. Una escalada de tensiones que pudieran conducir a la destitución de su cargo, pero por otra parte, el Presidente pudiera también ordenar la disolución del legislativo y adelantar elecciones generales (art. 148 constitucional) dando paso a la denominada "muerte cruzada". Hablamos de un juicio basado en la presunción del delito de peculado por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual la comisión parlamentaria encargada no consiguió recabar pruebas suficientes para emitir un informe concluyente, ni tampoco una recomendación de juicio político. La polémica se ha centrado en la interpretación extensiva (para algunos abusiva) del artículo 142 de la ley por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional, acelerándose la realización de este juicio, incluso sin que esto haya contado con el aval de la propia comisión parlamentaria creada para tal efecto. Todo esto ocurre en un marco de opacidad, acusaciones cruzadas de transfuguismo y una gran incertidumbre sobre qué desenlace tendrá esta crisis institucional. Ante lo cual cabría preguntarnos ¿el próximo 24 de mayo será Guillermo Lasso quien rendirá cuentas en su informe bianual de gestión, será otro el presidente o el Ecuador se quedará sin Poder Ejecutivo? Turbulencia en la coalición gubernamental uruguaya Para el tercer segmento de Mirada Semanal, nos dirigimos al Uruguay. Recientemente se conoció que el presidente Luis Lacalle Pou, le exigió la renuncia a la ya exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Decisión motivada después de publicarse la adjudicación directa de una vivienda a una militante de su partido Cabildo Abierto, aliado político de la coalición gubernamental. Una coalición de partidos de centro-derecha que ha sido capaz de aprobar una importante reforma del sistema de seguridad social, cumpliendo con ello una de sus principales promesas electorales. Sin embargo, este incidente conjuntamente con otros en el pasado reciente, ha erosionado seriamente la imagen pública del gobierno y ha generado además un auténtico terremoto político en la propia coalición oficial. Las tensiones tras las renuncia y las declaraciones cruzadas entre dirigentes, no han dejado de generar dudas sobre la continuidad de la coalición republicana tanto para lo que queda de mandato, sino también de cara a las elecciones del 2024 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/latinoamerica21/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/latinoamerica21/support

En estos días varios dirigentes oficialistas pusieron paños fríos a la crisis que estalló en la coalición de gobierno por el pedido de renuncia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Por ejemplo el senador nacionalista Sergio Botana y su par colorado, Adrían Peña valoraron el hecho de que Cabildo Abierto continué en la coalición de gobierno, pese a los cuestionamientos y las advertencias que ese partido lanzó hacia el oficialismo en su resolución del lunes de noche. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado prefirió no comentar las criticas que el senador Guido Manini Ríos lanzó el lunes contra el presidente Luis Lacalle Pou, su estilo de liderazgo y el funcionamiento de la coalición. Hablando en una rueda de prensa este martes, Delgado apuntó que “hay diálogo fluido” entre los partidos de la coalición y señaló que es posible que el gobierno deba “trabajar más en los vestuarios que en la cancha”. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde sin embargo fue más duro con la postura de Cabildo Abierto. "Este es un gobierno de coalición, pero liderado por un presidente de la República que no compartió una decisión y le pidió la renuncia a la ministra. Quien no quiere acatar una decisión de la Constitución de la República se para en un lugar no republicano". En diálogo con Teledoce, Iturralde dijo “que el presidente de la República es el que toma la decisión final, no es que acá somos todos iguales y resolvemos lo que queremos·. Y agregó: “Hay una coalición que se comprometió a llevar un programa adelante, pero el que toma las decisiones es el presidente”. Fue una semana política muy agitada. ¿Qué deja para ustedes esta crisis en la coalición de gobierno? La Mesa de los Jueves con Hernán Bonilla, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

El hasta ahora senador cabildante Raúl Lozano asumió como nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su nombramiento fue confirmado ayer por Guido Manini Ríos. Luego, Lozano se trasladó a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de ese encuentro Lozano declaró que su premisa será “mirar hacia adelante”. El nuevo ministro dijo que el presidente le pidió “rapidez y eficiencia” en la ejecución de los planes en el ministerio, lo que él comparte: "Estamos 100% de acuerdo en eso", añadió. Lozano fue consultado sobre la normativa en la que se amparó su antecesora, Irene Moreira, para adjudicarle sin sorteo una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, causa directa de su salida del ministerio. “Habrá que revisar esa normativa para que no haya terrenos grises en la misma y que no sucedan cosas como las que sucedieron”. Lozano ocupó hasta ahora la banca en el Senado por la que Irene Moreira había sido electa como titular. Por su lado la exministra tiene previsto hoy desempeñar por primera vez su nuevo rol, ya que está citada a la sesión de la cámara alta y a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. La Mesa de los Miércoles con Mariana Álvarez, Leonardo Costa, Agustín Iturralde y Martín Vallcorba.

Después de un fin de semana de incertidumbre, Cabildo Abierto resolvió anoche que permanecerá en la coalición de gobierno liderada por el presidente, Luis Lacalle Pou. La continuidad del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos en el oficialismo estaba puesta en duda desde el viernes. Ese día Lacalle Pou le pidió la renuncia a quien era la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la ahora senadora Irene Moreira. La Mesa Política de la formación, que se reunió ayer de tarde, aprobó una declaración de nueve puntos, que fue leída por Manini Ríos ante los medios de comunicación. Recién en el punto 7 del documento, y luego de plantear varias críticas al Poder Ejecutivo y al estilo de conducción del presidente Lacalle Pou, Cabildo comunicó que se mantiene en la coalición multicolor: “La mesa política ha decidido por mayoría continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Solicita a la vez al presidente de la república los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas”. Entre las críticas, la resolución indica que “el modelo presidencialista y personalista de funcionamiento (de la coalición) lleva necesariamente a desencuentros”. También se sostiene que “Cabildo Abierto ha dado muestras sobradas de lealtad institucional y con los socios, cosa que no fue lo suficientemente valorada, ni por esos socios ni por el presidente, ni siente que haya habido plena reciprocidad”. La votación de la resolución fue unánime, con la excepción, justamente, del punto 7. Entre quienes votaron negativamente esa parte de la declaración está el senador Guillermo Domenech, quien es no solo fundador del partido, sino también su presidente. Conversamos En Perspectiva con él.

José Montalva actualizó la situación de los incendios forestales en la región y abordó la necesidad de un plan regulador para las localidades rurales con foco en la seguridad de las personas.

José Montalva actualizó la situación de los incendios forestales en la región y abordó la necesidad de un plan regulador para las localidades rurales con foco en la seguridad de las personas.

Subimos de rango en el crédito. Condenaron a una doña de 97 años por hacerle el coro a los crímenes en la Alemania nazi. Aprobaron la ley de Ordenamiento Territorial y Emilio se estrena con el nuevo formato.

La Asamblea Nacional cumplió esta semana una importante gestión en materia legislativa y fiscalización. Aprobó dos leyes en beneficio de los trabajadores y comerciantes minoristas, y censuró políticamente a cuatro autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno se ratificó en la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de Comerciantes Minoristas La Asamblea Nacional ratificó el texto aprobado del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo. Esta normativa tiene como objeto regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas de comercio y servicios de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas, quienes constituyen una parte fundamental del sistema económico popular y solidario. También busca defender los derechos de los trabajadores autónomos; de las personas que desarrollan actividades de fabricación, producción, distribución y comercialización de bienes y a las personas que prestan servicios, de manera personal, ambulante o fija, habitual o temporal, sin relación de dependencia. En otro tema, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, posesionó a Juan Carlos Larrea como Procurador General del Estado, para el período de cuatro años. La Legislatura censuró y destituyó a cuatro consejeros de Participación Ciudadana Tras nueve horas de sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y por la falta de transparencia en la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial. La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura y destitución de los referidos consejeros y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el plazo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el artículo 85 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Asamblea aprobó proyecto para que los encargos de puestos jerárquicos sean reconocidos económicamente Con la presencia de representantes de sindicatos de diversas provincias del país, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores. La propuesta atiende el anhelo de los sectores sindicales, sobre todo del sector público, pues cuando un obrero público se le designa provisional o temporalmente en un cargo de jefatura o dirección no recibe incremento de sueldo o mejoras salariales, aduciendo que el Código de Trabajo no prevé la figura de encargo o subrogación. En otro orden, declaró cuatro fechas conmemorativas de celebraciones andinas Raymi. El 21 de marzo se celebrará el “Pawkar Raymi”, fiesta del florecimiento de la vida; el 21 de junio será la conmemoración del “Inti Raymi” o del sol y la cosecha; el 21 de septiembre como fecha conmemorativa del “Kulla Raymi”, el inicio de la vida, preparación de la tierra para la siembra; y, el 21 de diciembre será la conmemoración del “Kapak Raymi”, la celebración del conocimiento, sabiduría y aparición de un nuevo liderazgo. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30, con el propósito de proceder al juicio político en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas. Esta convocatoria responde a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros y consejeras del CPCCS, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los legisladores Maita y Pazmiño. Procedimiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas los asambleístas interpelantes llevarán adelante el juicio político por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo. El último funcionario cuestionado en ejercer su derecho a la defensa fue Hernán Ulloa, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ulloa defendió la transparencia del proceso de designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Explicó que la votación fue unánime de los siete consejeros y su participación fue posterior al trabajo de la Comisión Técnica, que fue la encargada de revisar los requisitos de los postulantes y a partir del proceso de impugnación y ninguna de ellas versaba sobre algún presunto conflicto de interés. Respecto de la reforma al Reglamento para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, Hernán Ulloa aseguró que se actuó con apego a la Constitución, la Ley y el Reglamento del Pleno del CPCCS, que faculta al organismo a dictar y reformar la reglamentación. Con las reformas se garantizará que el funcionario que sea seleccionado cuente con las condiciones morales y profesionales para ejercer el cargo de Contralor. Aseveró que, previamente, los consejeros de la mayoría anterior ya efectuaron una reforma al mismo Reglamento, con una clara orientación hacia determinados postulantes. “Nosotros eliminamos toda subjetividad para la evaluación de los postulantes a la Contraloría General del Estado”, enfatizó. Ulloa indicó que, venciendo todos los obstáculos y los intentos de boicot, hoy se posesionó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, con lo cual se inicia el proceso, con la debida transparencia. Una vez concluida la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore y apruebe el informe no vinculante, por el cual recomendará el juicio político o el archivo del expediente, según considere sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

En la jornada de este jueves, 27 de octubre, la Comisión de Fiscalización continuó la recepción de los argumentos de descargo. Esta vez de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira defendieron sus actuaciones y solicitaron a la mesa legislativa el archivo de las solicitudes de juicio político propuestas en su contra, puesto que no ha existido incumplimiento de funciones. Los argumentos de defensa versaron sobre las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ); la reforma al Reglamento para la designación de Contralor General del Estado; la elección de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial; y, el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdova, exsecretario general del CPCCS. Ibeth Estupiñán argumentó que la reforma al Reglamento para la elección de Contralor en ningún momento violentó derechos de persona alguna. Se trató del ejercicio de una facultad contemplada en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda Rivadeneira coincidió en este argumento y agregó que antes de la reforma materia del juicio político, hubo otra liderada por el exvicepresidente del Consejo, David Rosero, en un encargo de la Presidencia. En ese caso, dijo, voté en contra porque se quería regresar a un Reglamento para elegir otro contralor 100/100 como el que hoy está prófugo. Respecto de la remoción de Fausto Murillo como vocal del CJ, las dos consejeras explicaron que se cumplió con un requerimiento del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien notificó que el doctor Murillo registraba impedimento para ejercer cargo público. Sobre tal pedido se solicitó un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS, unidad que confirmó la existencia del referido impedimento. Se garantizó el derecho a la defensa y teníamos que tomar una decisión, so pena de incurrir en incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, que se sanciona con destitución, añadieron. En torno a la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, Estupiñán señaló que es facultad del Pleno del CPCCS nombrar a un reemplazo de una de las autoridades que designa, hasta que se proceda con la selección del titular. Mientras que Rivadeneira dijo que su voto fue en abstención. Finalmente, solicitaron a la comisión que, en virtud de las pruebas aportadas, que demuestran que no existe incumplimiento de funciones, proceda al archivo de las solicitudes de juicio político. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

La Comisión de Fiscalización recibió a Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes ejercieron su derecho a la defensa, en el marco del juicio político propuesto por los legisladores José Chimbo y Ricardo Vanegas, en contra de los siete integrantes de este organismo, por las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial. Sofía Almeida, expresidenta del CPCCS, justificó la actuación del cuerpo colegiado en torno a la remoción del vocal del CJ Fausto Murillo, por pedido del ministro de Trabajo de la época, Andrés Isch, ya que estaba impedido de ejercer cargo público. Ese pedido fue corroborado por el Director de Asesoría Jurídica del CPCCS, quien recomienda que se proceda con la remoción y se convoque a la suplente. Explicó que el proceso cumplió todos los requisitos legales y constitucionales y garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso. Respecto de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, dijo que no existió conflicto de interés alguno al momento de su elección, porque esta se produjo cinco meses después de la censura y destitución del consejero Christian Cruz, con quien supuestamente Pablo Iglesias había tenido alguna relación laboral. Entre tanto, David Rosero justificó la actuación del Consejo de Participación Ciudadana sobre la destitución de Fausto Murillo. Igualmente, expresó que el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial cumplió todas las fases previstas en el proceso y en las impugnaciones ninguna hizo referencia a algún tipo de conflicto de interés. Apoyándose en los argumentos expuestos solicitó a la comisión que, sobre la base de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, proceda al archivo de este juicio político. Por último, Juan Javier Dávalos refirió que el CPCCS actuó con apego a la Constitución y la ley en la remoción de Fausto Murillo del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, por cuanto tenía impedimento para ejercer cargo público por haberse acogido al retiro voluntario con compensación económica como servidor de la Función Judicial. Reiteró que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa. Posteriormente, ya en el período del nuevo ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se procede a levantar dicho impedimento, agregó. En torno al proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, insistió en que la responsabilidad de revisar la documentación de los postulantes corresponde al equipo técnico, el cual revisó todos los requisitos e inhabilidades establecidas en la ley y elaboró el respectivo informe con el cual el Pleno del CPCCS resolvió, por unanimidad, designar a Pablo Iglesias. Esa designación es absolutamente constitucional, legal y legítima, enfatizó. La sesión continuará este jueves, a las 14h00, para recibir los descargos de las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

La Comisión de Fiscalización continuó la recepción de testimonios, como parte de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Freddy Viejó, ex coordinador general de Asesoría Jurídica del CPCCS, aceptó haber elaborado un informe por pedido del Pleno del Consejo, en el que se recomienda remover de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Argumentó que el informe se fundamentó en un un memorando suscrito por el ministro de Trabajo de ese entonces, Andrés Isch, en el que se informaba sobre el impedimento que pesaba en contra de Fausto Murillo para ocupar un cargo público. Viejó también aceptó haber recomendado que el Consejo de Participación Ciudadana acepte la sentencia emitida a favor de Fausto Murillo, para ser reintegrado al cargo del que fue removido, al considerar que hay que respetar las decisiones judiciales, sean estas correctas o no. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, en su comparecencia aclaró que la LOSEP se aplica de manera subsidiaria a los servidores de la carrera judicial y por lo tanto no es aplicable para los vocales del Consejo de la Judicatura, al considerar que estos no pertenecen a la carrera judicial. Andrés Isch, exministro de Trabajo, se refirió a la función que tiene el ministerio en cuanto a las inhabilidades. Precisó que la institución lo único que hizo fue trasladar la información a la entidad nominante, para que tome las acciones que crea convenientes. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que no se le concedió un debido derecho a la defensa, que el informe jurídico no contempló ninguno de los documentos que había remitido previamente como información de descargo. “Me canse de explicar el por qué, para ser vocal de la Judicatura, no tengo ningún impedimento. El informe jurídico presentado por Viejó es una reproducción del remitido por Isch. Luego de mi comparecencia se votó a favor del informe jurídico y fui removido de mi cargo” expresó. Finalmente, Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, afirmó que no ha tenido relación alguna con Christian Cruz, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y presentó documentos del IESS y el SRI como pruebas que respaldan esta declaración. Los asambleístas de la comisión cuestionaron la relación laboral de Iglesias con la empresa ACME, que consta como experiencia laboral en la hoja de vida del superintendente, de la cual el funcionario precisó, no ha tenido ningún vinculo laborar comprobable, y que seguramente se trata de una empresa homónima en la que figura Christian Cuz como representante legal. Luego de las comparecencias, la comisión suspendió la sesión para retomarla el lunes próximo, a fin de continuar el proceso de sustanciación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

La Comisión de Fiscalización recibió los primeros testimonios, como parte de las pruebas de cargo y de descargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley. El primero en comparecer fue el exsecretario general del CPCCS, Carlos Chiriboga, por pedido de los cuatro interpelantes, quien se refirió a la causal de juicio político relacionada con la reforma del Reglamento para la Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso ya había iniciado, lo cual configuraría el cometimiento de irregularidades para la selección del alto funcionario. Igualmente, cuestionó el procedimiento seguido por cuatro de los siete consejeros en la remoción de la entonces presidenta, Sofía Almeida y del vicepresidente, David Rosero, que motivó acciones de protección y medidas cautelares ante la justicia ordinaria, decisiones que fueron desobedecidas por los cuatro consejeros de la nueva mayoría. Luego, la mesa recibió a Fausto Lupera, excandidato al CPCCS, quien reconoció que mantuvo un diálogo con la consejera Ibeth Estupiñán, por pedido de Alfredo Pérez Serrano, para comentar sobre una postulante a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, concretamente Ginella Jácome. Fausto Lupera lamentó que esa conversación sea utilizada con fines oscuros, pretendiendo decir que se trataba de un diálogo a favor de una u otra persona. “Lo que preocupa es que exista alguien enquistado en el Consejo para grabar las conversaciones, sin consentimiento de los intervinientes, para luego ejercer, posiblemente, actos de chantaje”, dijo. En el desarrollo de estos testimonios participaron los solicitantes del juicio político Ángel Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo, como también varios de los consejeros cuestionados, quienes formularon preguntas a los comparecientes. La audiencia de recepción de pruebas continuará este viernes en horas de la tarde, con la presencia de Freddy Viejó, director de Asesoría Jurídica del CPCCS; del exministro de Trabajo, Andrés Isch; el presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo; y, Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana A.C. nos habló del plan general de desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial.

La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ordenamiento territorial rindió un informe favorable que será presentado ante el Pleno del Senado.La información la ofrecieron la senadora Faride Raful y el diputado José Horacio, ambos representantes del Distrito Nacional y miembros de la comisión.Lo hemos tratado en el programa, pero nos parece muy necesario reincidir en el tema:¿En qué consiste la Ley de Ordenamiento Territorial y cuál sería su impacto? ¿Va másallá del tema de la planificación urbana? Para abordar los tópicos, un experto, elarquitecto, planificador y Director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina

La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ordenamiento territorial rindió un informe favorable que será presentado ante el Pleno del Senado.La información la ofrecieron la senadora Faride Raful y el diputado José Horacio, ambos representantes del Distrito Nacional y miembros de la comisión.Lo hemos tratado en el programa, pero nos parece muy necesario reincidir en el tema:¿En qué consiste la Ley de Ordenamiento Territorial y cuál sería su impacto? ¿Va másallá del tema de la planificación urbana? Para abordar los tópicos, un experto, elarquitecto, planificador y Director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina

¿Qué define un modelo de ciudad progresista? O más bien, ¿qué alternativas tienen los sectores progresistas y de izquierda - ampliamente entendida - para que las ciudades sean más justas, democráticas, y equitativas? Desde la elección de Gustavo Petro y Francia Marquez a la presidencia de Colombia, esta es la pregunta que nos hemos hecho entre muches que nos alineamos políticamente con la izquierda, y que amamos las ciudades. Por eso quisimos hablar con Maria Mercedes Maldonado, quien además de haber sido Secretaria de Planeación y de Hábitat y Vivienda para la alcaldía de Gustavo Petro, ha dedicado buena de su vida profesional y académica a pensar sobre esta pregunta. ¿Qué instrumentos y alternativas podemos imaginar desde el presente? Junto con Ana Prada, quien estuvo en uno de los equipos de empalme del Gobierno de Petro y Francia, hablamos con Maria Mercedes sobre el pasado, presente y futuro. Del pasado, repasamos los logros y retos que se enfrentó la alcaldía de Gustavo Petro y Bogotá Humana en temas de aseo y vivienda. De ahí pasamos a hablar sobre por qué el tema de las ciudades no protagoniza la actual agenda del proyecto político de Petro y Francia, y hacemos a un llamado a que existan políticas nacionales - no solo locales - en torno a las ciudades. Maria Mercedes ofrece algunas propuestas para el nuevo gobierno, que parten de rescatar el espíritu de la Ley 388 de Ordenamiento Territorial, y plantear nuevos modelos de vivienda que realmente le sirvan a les residentes urbanos de menores ingresos. Maria Mercedes Maldonado es abogada, urbanista, investigadora y activista en temas de ordenamiento territorial, y políticas de suelo, derecho a la ciudad y en temas ambientales y políticas de vivienda. Fue secretaria de Planeación y de Hábitat durante el gobierno de Gustavo Petro, luego de trabajar muchos años en el CIDER de la Universidad de los Andes, en el Instituto de Estudios Urbanos y en el Lincoln Institute of Land Policy. Como Secretaria de Planeación tuvo a cargo la coordinación del plan de desarrollo Bogotá Humana y luego fue coordinadora programática de la campaña a la presidencia de Colombia Humana en 2018. Ana Prada es arquitecta, con una maestría en políticas públicas urbanas de la Universidad de The New School, en Nueva York. Hizo parte del equipo coordinador de Empalme del Gobierno Petro y Francia del sector estadístico, que comprende al DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística y al IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), especialmente en el empalme intersectorial del Catastro Multipropósito que es uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno de Petro y Francia.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá, Rogelio Paredes, habló en Mañanas Blu sobre las dificultades vividas en el vecino país por las protestas y bloqueos que completan tres semanas, así como de la negociación que adelanta la administración del Istmo con los manifestantes. De acuerdo con los observadores internacionales, las protestas por el alto costo de la vida y la corrupción sumen al país en la peor crisis social desde la invasión estadounidense de 1989.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El senador electo Miguel Uribe Turbay, autor de la demanda que motivó la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), respondió a los señalamientos de la alcaldesa Claudia López que lo calificó de "'politiquero perfumado del uribismo'. See omnystudio.com/listener for privacy information.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó las observaciones de varias autoridades en el marco del estudio del proyecto de Ley Reformatoria a Ley Orgánica de Participación Ciudadana de los Presupuestos Participativos. La mesa legislativa contó con la participación Marjorie Canseco, coordinadora de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien expresó que el artículo 78 de la ley dispone que las características de este tipo de presupuestos estarán abiertos a la ciudadanía que desee participar. Explicó que en la actualidad la población actúa de manera voluntaria en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de las instituciones. Así mismo, Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, manifestó que como institución no son los responsables de emitir la política pública a nivel nacional, tarea que les corresponde a otras autoridades, como por ejemplo la Secretaría de Planificación; el Consejo Técnico del Suelo, que es rector de la política pública del suelo en el país. Sostuvo que como institución respetan la autonomía de los GAD para ejercer sus funciones, a la vez que resaltó la importancia de la intervención de la ciudadanía en la aprobación de las leyes. De su lado, Libia Rivas, asesora externa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME recordó que el artículo 100 de la Constitución garantiza la participación en todos los niveles de Gobierno, mismos que deben contar con la ciudadanía para la elaboración de estos presupuestos. Enfatizó que el artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que cada nivel de Gobierno defina los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la ley y en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Finalmente la legisladora Nathalie Viteri, encargada de la dirección de la Comisión se refirió al artículo 64 de la actual ley que habla de la participación local en los presupuestos participativos de los GAD. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

Este sábado, 26 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo sesionar por falta de cuórum, pues ochenta minutos después de la hora prevista, únicamente registraron sus asistencia 66 asambleístas. A la sesión no acudieron legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), una parte de Pachakutik (PK) y varios independientes. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, cuestionó la falta de compromiso de los legisladores ausentes, frente a la convocatoria para la reinstalación de la sesión No. 766, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Dentro de la agenda de esta sesión estaba previsto tramitar el primer debate de los proyectos de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza; de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; del Código Orgánico Integral Agropecuario; de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de la Ley para el Fortalecimiento de la Consulta Popular y la Participación Política; de la Ley de Emergencia del Agua Potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames; y, el proyecto de resolución que solicita la Declaratoria del Estado de Emergencia sobre los ecosistemas vulnerables que actualmente atraviesan déficit hídrico a nivel nacional. Guadalupe Llori dispuso a Secretaría que tome nota de los asambleístas ausentes, recordando que conforme lo previsto en el artículo 169 de la LOFL, constituyen faltas administrativas leves: Faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejar sin el cuórum necesario para la continuación de las sesiones. La sesión 766 se mantiene suspendida y, en los próximos días, se procederá a una nueva convocatoria, a fin de continuar con el trámite de estas iniciativas legales. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trámite tres solicitudes de juicio político, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura. En el primer punto el CAL calificó la solicitud de enjuiciamiento en contra de los 7 consejeros del CPCCS, presentada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, la cual se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado; la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; y, por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial. Así mismo, admitió a trámite la solicitud de juicio político de los proponentes Ángel Maita Zapata y Mireya Pazmiño Arregui en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, miembros del CPCCS, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado. Finalmente, el CAL calificó la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz Ramírez y Fausto Jarrín Terán, contra María del Carmen Maldonado, expresidenta, y Fausto Murillo Fierro, Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura. La Secretaria General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció una nueva solicitud de juicio político en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), propuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo. El CAL solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) la emisión del informe técnico no vinculante del cumplimiento de requisitos que será remitido en el plazo máximo de tres días, conforme lo establece el segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La solicitud de enjuiciamiento político se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado, la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el máximo organismo de administración de la Asamblea resolvió no dar paso a dos solicitudes de indulto, por no cumplir los requisitos formales establecidos en el Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional y por no cumplir con la pertinencia respecto a quien puede ser beneficiario de indulto por motivos humanitarios. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

Invitad@: Agustín Landa Ruiloba (instagram.com/agustinlanda) Host: Chago Elizondo (instagram.com/chagoelizondo) Agustín, su padre y su abuelo, llevan más de 4 millones de metros cuadrados construidos y son una de las familias de arquitectos más reconocidas de México. Han participado en el desarrollo de muchos de los edificios más importantes del país y han participado incluso en los planes maestros de desarrollo de algunas ciudades. Agustín lidera dos reconocidos despachos de arquitectura, Landa+Suberville y Landa+Martinez donde participa en todo tipo de proyectos arquitectónicos desde casas habitación hasta grandes desarrollos con múltiples edificios. Agustín es Presidente del Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y también es profesor de la Catedra Blanca Cemex en el Tecnológico de Monterrey. Recomendaciones: - Joe Rogan (Podcast) Hola y Bienvenido a EN OTRO NIVEL! Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Hay personas chingonas, que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar En Otro Nivel y lo que han aprendido en el camino con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. Bienvenido! ¡No olvides suscribirte al canal y darle like a este video! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chagoelizondo/message

El planificador ambiental José Rivera Santana discute el tema de Los planes de ordenamiento territorial en Puerto Rico junto al Dr. Carlos Guilbe, Director del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico. En el mismo se consideran distintos factores que pueden afectar estos planes y sus graves consecuencias ambientales. Moderado por el Dr. Javier Colón Morera Reflexiones y entrevistas en Hilando Fino: Desde las Ciencias Sociales, un programa de análisis profundo sobre el acontecer comunitario, nacional e internacional. Hilando Fino es transmitido todos los martes a las cuatro de la tarde por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y por radiouniversidad.pr.