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La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas'. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina.  En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades.La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte.El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición."Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek.A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes.Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país."A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal.Costa Rica, reputación en juegoMientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas"."En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek.Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica".Informe:https://www.hrw.org/es/report/2025/05/22/la-estrategia-es-doblegarnos/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises-desde

La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas'. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina.  En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades.La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte.El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición."Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek.A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes.Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país."A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal.Costa Rica, reputación en juegoMientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas"."En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek.Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica".Informe:https://www.hrw.org/es/report/2025/05/22/la-estrategia-es-doblegarnos/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises-desde

Laura Furman (Presidente de la ONG Mamis Solidarias @SolidariasMamis ) Nada Personal @animessina

En la imagen, podemos ver de derecha a izquierda a los siguientes Dres.: Juan Andrés González, Carmen Guardiola, Sarah Toledo y Cesár Salcedo. Imagen tomada en Maragua (Kenia) en 2025.

Paulo Morales (Presidente de la ONG TEActiva) Nada Personal @animessina

Ricardo Demirci Miembro de la ONG Panaacea 28-3-2025

En Ecuador, cerca de 200.000 personas se quedaron sin agua potable durante dos semanas debido a la contaminación por hidrocarburos tras el derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Y los daños ambientales de esta catástrofe sin precedentes en la región de Esmeraldas son incalculables. Testimonios. La población de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas sintió en carne propia los impactos del derrame petrolero del 13 de marzo en el oleoducto ‘Sote' en el norte del país. Irritación en la piel, afectaciones respiratorias, ruptura del suministro de agua son algunas de las consecuencias del vertido de miles de barriles de crudo en 80 km de cuerpos de agua en los ríos Viche, Caple y Esmeraldas.La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas y remover el crudo del agua. Pero la contaminación bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares. “El impacto es total en la economía. El manglar está contaminado. Y nosotros vivimos del cangrejo, del camarón. Nuestros animales se están muriendo. Hemos visto nutrias manchadas de petróleo”, contó Wendy a RFI, por teléfono.Dos semanas después de la rotura de un oleoducto, presuntamente por un deslave, la empresa Petroecuador indicó que se derramaron 25.116 barriles de petróleo. El incidente se añade a una serie de derrames, pero sería el peor desde el deslave de febrero de 1998 que causó una fuga de más de 43.000 barriles de crudo en la provincia de Esmeraldas.“Algunos años atrás, hubo también un derrame de diésel y las islas fueron golpeadas. Es injusto que esto siga siendo sucediendo”, lamenta Wendy, con la voz quebrada por la emoción.Tras recorrer explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del Esmeraldas, el biólogo marino y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo compartió con RFI un preocupante diagnóstico. “Hay dos ríos azoicos, esto significa que están carentes de forma de vida acuática en este momento. Están muertos. Pero es temporal. En el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez”, contó a Radio Francia Internacional tras un recorrido una semana después de la catástrofe.“El sector más afectado es la comunidad de pescadores artesanales con una flota pesquera de alrededor de 150 a 200 embarcaciones en las comunidades ribereñas : no hay producción pesquera”, detalla Rebolledo.El investigador reporta también “una franja negra pegada a las hojas del mangle” en el manglar del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, un refugio único de biodiversidad.El derrame petróleo de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador desde el inició de las operaciones en 1972 del oleoducto SOTE que atraviesa el país desde la Amazonía para transportar el crudo hasta la costa de Esmeraldas.Las comunidades locales y el medioambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, denuncia Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros. “Los derrames son muy frecuentes. En los campos petroleros de la Amazonía donde se extraen estos hidrocarburos, hay dos a tres derrames medianos por semana. Los pequeños son casi a diarios. Y en las tuberías ‘SOTE' y ‘OCP' también son frecuentes”.Antes de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ‘OCP' en 2003, la ONG Acción Ecológica realizó un inventario de derrames en el otro oleoducto paralelo, el ‘SOTE'.  Desde los años 1970, “llegamos a contar 49 derrames, y el mas grande era el ocurrido en el 1987 por un terremoto”, indica Almeida.La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos. “Estamos haciendo monitoreos en los sitios afectados y todavía aparecen en los suelos tóxicos, metales pesados que son típicos de la composición del petroleo”, subraya Almeida.Quedan aún dudas sobre las causas del desastre ambiental. Inicialmente la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento, que suelen ocurrir en temporadas de lluvias. Pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje.Escuche el programa completo:   Entrevistas:-Eduardo Rebolledo, biólogo marino, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Esmeraldas.-Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, Esmeraldas, afectada por el derrame petrolero.-Wendy, habitante de las islas de la desembocadura del río Esmeraldas.-Alexandra Almeida, bioquímica y encargada de los temas petroleros en la ONG ambientalista Acción Ecológica.

La ONG elaboró miles de menús solidarios en los pueblos afectados por la DANA en Valencia

La ONG rinconera ofrece de nuevo multitud de artículos, desde ropa a bisutería con el objetivo de recaudar dinero para sostener la organización, que ayuda a muchas familias vulnerables de la ciudad.

David Yambio, presidente y cofundador de Refugees in Libya, ha sido víctima de un ataque espía a su teléfono móvil. En el dispositivo están los nombres y las denuncias de tortura de cientos de personas refugiadas en el país africano. Estas denuncias son claves para el trabajo de la Corte Penal Internacional. Yambio ha sobrevivido a torturas en la cárcel libia de Mitiga por parte de Osama Almasri, un alto mando militar libio perseguido por la CPI. El activista, radicado en Italia y crítico con el gobierno de Giorgia Meloni, asegura a RNE que estos ataques "no son una coincidencia". Hace una semana, Meloni fue notificada por la CPI de que estaba siendo investigada tras dejar en libertad a Almasri y trasladarlo a Trípoli después de haberlo detenido en Turín. Alejandro Hernández, docente de la UVa y especialista en Cooperación Judicial Penal Internacional, explica la trascendencia de estos hechos. Un reportaje de Celia Vidal.Escuchar audio

- La banda madrileña "GILIPOJAZZ", viene al programa con nuevo disco: "Progresa Adecuadamente". El grupo inició su andadura musical a mediados del año 2020 y está formado por tres músicos absolutos y excepcionales, Ángel Cáceres (Bajo y voces), Pablo Levin (Batería y voces) e Iker García (Guitarra y voces). Con una maestría increíble, estos tres talentos fusionan de forma espectacular diferentes estilos, como el Rock, el Funk, el Rock Progresivo, el Jazz y hasta la música clásica. Con más de 120 conciertos con todo vendido en sus casi cuatro años de vida, "GILIPOJAZZ", han participado en los grandes festivales de nuestro país y, ahora mismo, se encuentran de gira para presentar este nuevo y excelente trabajo. El disco ha sido masterizado por Roy Hedrickson (Frank Sinatra, Paul McCartney, y Guns N´Roses, entre otros...) y masterizado por Gonzalo Lasheras y el resultado es como una bofetada sonora que atrapa y sorprende. Hablamos con dos de sus componentes; con Ángel Cáceres y con Iker García.- La ONG católica "Manos Unidas" presenta su campaña para este año, "Compartir es nuestra mayor riqueza", en la que reflexionan sobre la necesidad de compartir prosperidad como base para luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad que padecen millones de personas en el mundo. De nuevo "Manos Unidas" pone el foco sobre la desigualdad creciente que arroja datos tremendos como que 1200 millones de personas viven en pobreza multidimensional y casi 750 millones padecen hambre crónica. Y todo esto en un planeta en el que una parte de los seres humanos derrochan alimentos, energía y materias primas. Desde "Manos Unidas" apuestan por la prosperidad compartida para hacer una economía más humana y sostenible y para profundizar en el desarrollo y el reconocimiento de los Derechos Humanos. Hablamos con las misioneras María Jesús Pérez, directora de "Maquita", socio local de "Manos Unidas" en Ecuador y con Regina Casado, misionera que desde el año 2002 trabaja en Senegal por el cumplimiento de los Derechos Humanos y por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, niñas y jóvenes en los entornos empobrecidos de Dakar.Escuchar audio

En Nochebuena llegaron a las Islas Canarias seis cayucos con 340 personas. 2024 se han cumplido 30 años desde que llegó allí la primera patera, y este año ha sido el más mortífero en la ruta canaria. Son datos que les avanzamos ahora y que ha recogido Caminando Fronteras: este año han muerto o desaparecido en el mar más de 10.400 personas. Son 30 personas al día. Son 1.500 niños o adolescentes. Helena Maleno, coordinadora y fundadora de la ONG, atiende a Hoy por Hoy para explicar las causas de tantas muertes y critica la política europea de tratamiento a los migrantes.

Polo Ramírez comentó la actualidad. En Con Sabor, Eduardo Chadwick, presidente de Viñedos Familia Chadwick, y Antonella Cacioppo, brand manager de Seña y Viñedo Chadwick, hablaron sobre el vigésimo aniversario de su primer lugar en la Cata de Berlín. Además, conversó con Karina Córdova, gerente de desarrollo global de la ONG Code.org, acerca de las funciones y objetivos de la organización.

Matías Olivero Vila, presidente de la ONG "Lógica" @PaisConLogica @charlasnegocios 17-12-2024

¡No te pierdas la increíble labor de esta 'ONG'! 

Cincuenta y cuatro periodistas murieron en el ejercicio o debido a su profesión en 2024 en 17 países del mundo, un tercio de ellos a manos del ejército israelí en la Franja de Gaza, según el informe anual publicado el jueves por Reporteros sin Fronteras (RSF). Elena García, portavoz de RSF, asegura que en Gaza se está cometiendo "una de las masacres de periodistas más graves de la historia". Según la ONG dedicada a la defensa de la prensa, Palestina se ha convertido en la zona más peligrosa para los reporteros desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, en octubre de 2023.El saldo contabilizado por Reporteros Sin Fronteras es de 145 periodistas muertos desde entonces, de los cuales al menos 35 fueron deliberadamente asesinados en el ejercicio de su trabajo."Estos asesinatos han sido claramente cometidos por el ejército israelí, lo que Reporteros sin Fronteras denuncia totalmente y condena," dice García a RFI.La ONG ya ha presentado cuatro demandas ante la Corte Penal Internacional por "Crímenes de guerra cometidos contra periodistas por el ejército israelí"."Lo que pretendemos con esto es que los crímenes cometidos específicamente contra reporteros, contra profesionales de los medios de comunicación sean reconocidos como crímenes de guerra," comenta García.Un trabajo “prácticamente imposible”Según la portavoz, en la Franja de Gaza los periodistas no solamente corren riesgo de vida, sino que las redacciones en las que trabajan son, en muchos casos, destruidas y las condiciones de trabajo son deliveradamente restringidas."El gobierno de Israel corta la electricidad. Tampoco se puede acceder a Internet. Estas medidas forman parte de una estrategia a la que llamamos blackout mediático, que impide a los periodistas hacer su profesión," afirma García y agrega: "La información que tenemos es que acceder a la Franja de Gaza resulta imposible: tanto acceder como salir. Los reporteros internacionales que han podido acceder siempre son guiados por el ejército israelí por una serie de lugares que muestran a los medios, lo que impide una cobertura totalmente neutra e independiente de la guerra", denuncia. De acuerdo con el reporte de RSF, en todo el mundo, el número de periodistas asesinados por cubrir zonas de conflicto Oriente Medio, Irak, Sudán, Birmania y Ucrania- ha alcanzado una cifra récord desde 2020.Por otro lado, 550 trabajadores de prensa fueron encarcelados en 2024, un 7,2% más que el año pasado, cuando se registraron 513 casos. El informe de la ONG asegura que esto se debe al incremento de detenciones en Rusia e Israel. Detrás de Palestina, con 17 víctimas mortales, los países más peligrosos para ejercer el oficio de periodista en 2024 fueron Pakistán (7), Bangladesh (5), México (5), Sudán (4), Birmania (3), Colombia (2), Ucrania (2) y Líbano (2).   Leer tambiénLa FIP denuncia el asesinato de 104 periodistas en 2024, la mitad de ellos en Gaza

Mayela Carrillo, presidenta de la ONG No Permitas Malos Tratos

La ONG se esfuerza en encontrar un hogar digno para Graciela y su madre

El régimen cubano detiene a un número no revelado de  manifestantes  frustrados por las  múltiples carencias. La ONG justicia 11J aseguró que han verificado 70 manifestaciones púbicas desde que colapsara casi completamente el sistema eléctrico el pasado 18 de Octubre.

Toda Andalucía queda bajo el paraguas de las ayudas por los efectos de la DANA tras declarar hoy el BOE a toda nuestra comunidad como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Así, cualquier municipio, particular o empresa que haya sufrido daños por las intensas lluvias y granizadas podrá acogerse a las primeras ayudas aprobadas por el Gobierno central en el decreto del pasado martes. Mientras, la Junta se compromete también a seguir ampliando las ayudas propias a los afectados. Lo acaba de decir el presidente en la sesión de control en el Parlament que acaba de finalizar. En seguida estamos en el Parlamento. Protesta este jueves de Los funcionarios de la Junta en todas las capitales para reclamar la pérdida de hasta el 16% en sus retribuciones por el impago de los complementos. Denuncian discriminación con respecto a sectores públicos y a otras comunidades autónomas. El gobierno andaluz responsabiliza al gobierno central por la infrafinanciación de nuestra comunidad.En el último año, Andalucía Acoge ha realizado más de 800 actuaciones en poblados chabolistas de Huelva y Almería. La ONG denuncia que los intentos por encontrar alojamiento digno para estas familias son insuficientes. Viven igual, dicen, que hace 30 años.Y en nuestra entrevista hablamos con la escritora Espido Freire, que desde mañana participa en las jornadas sobre Cervantes que se celebran en la localidad cordobesa de Castro del Río, "Cervantes: de la cárcel a la Gloria". Reflexiones sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes. Freire intervendrá en una charla que analiza el papel de los personajes femeninos en la obra de Cervantes. Su nombre, “Las mujeres en Cervantes: mucho más que musas”.Escuchar audio

La ONG riojana Dimbale trabaja para mejorar las infraestructuras sanitarias y formar a los profesionales médicos de la región de Dabaly, en Senegal.Escuchar audio

Comenzamos nuestro programa con la atención a las personas con mayor vulnerabilidad económica en Canarias, es to es, 775.000 en Canarias se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Se trata del 33,8% de su población. Así se recoge en el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. Sobre este asunto Tere Coello entrevista a Benjamín Barba, responsable de la ONG Kairós Tenerife.

Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El balance anterior era de 263, lo que implica que 15 periodistas se exiliaron en el trimestre julio-septiembre, según la FLED, que opera desde Costa Rica. Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)."La cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", dijo la ONG en un informe trimestral sobre la libertad de prensa en el país centroamericano.Wendy Quintero, abogada, periodista e integrante de la asociación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua está exiliada en Costa Rica y relata para RFI: "Desde 2007 comenzó una sistemática censura contra la prensa independiente. Se ha roto concretamente el estado de Derecho y obviamente ha habido una represión que no solamente ha tenido por resultado la muerte de muchísimas personas, sino también que muchísimas personas hemos tenido que salir en un desplazamiento forzado. Es el caso particular de los periodistas". La ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur, señaló que julio, mes del aniversario del triunfo de la revolución sandinista de 1979, "marcó un periodo particularmente difícil para los periodistas en Nicaragua". Agregó que ese mes los comunicadores "enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos" e indicó que desde entonces está "en condición de desaparición forzada" la periodista Fabiola Tercero.58 medios hayan tenido que cerrar. "Algunos han sido cerrados por el propio régimen Ortega Murillo y otros han tenido que autocensurarse o cerrar completamente"  explica en RFI Wendy Quintero. La ONG criticó la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.La represión aumentó en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.Ortega, un exguerrillero que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, asegura que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El balance anterior era de 263, lo que implica que 15 periodistas se exiliaron en el trimestre julio-septiembre, según la FLED, que opera desde Costa Rica. Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)."La cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", dijo la ONG en un informe trimestral sobre la libertad de prensa en el país centroamericano.Wendy Quintero, abogada, periodista e integrante de la asociación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua está exiliada en Costa Rica y relata para RFI: "Desde 2007 comenzó una sistemática censura contra la prensa independiente. Se ha roto concretamente el estado de Derecho y obviamente ha habido una represión que no solamente ha tenido por resultado la muerte de muchísimas personas, sino también que muchísimas personas hemos tenido que salir en un desplazamiento forzado. Es el caso particular de los periodistas". La ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur, señaló que julio, mes del aniversario del triunfo de la revolución sandinista de 1979, "marcó un periodo particularmente difícil para los periodistas en Nicaragua". Agregó que ese mes los comunicadores "enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos" e indicó que desde entonces está "en condición de desaparición forzada" la periodista Fabiola Tercero.58 medios hayan tenido que cerrar. "Algunos han sido cerrados por el propio régimen Ortega Murillo y otros han tenido que autocensurarse o cerrar completamente"  explica en RFI Wendy Quintero. La ONG criticó la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.La represión aumentó en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.Ortega, un exguerrillero que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, asegura que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Resumen informativo con las noticias más destacadas de Colombia del miércoles 11 de septiembre de 2024 a las tres de la tarde.

El coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, sostiene que Venezuela está viviendo 'uno de los episodios más oscuros de la historia en América Latina' debido a una 'represión generalizada' que incluye 'detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas' cuyo objetivo es 'infundir terror en la sociedad para aplastar el movimiento electoral' y 'permanecer en el poder a cualquier precio'. En medio de las denuncias de fraude en las elecciones venezolanas celebradas hace dos semanas, ONG como PROVEA alertan sobre la muerte de al menos 24 personas en la represión, así como el encarcelamiento de numerosos opositores, entre ellos menores de edad y personas en situación de discapacidad. Para el coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, este tipo de detenciones 'no tiene precedentes' en Venezuela.En las prisiones venezolanas habría, según Maduro, 2.000 presos al cabo de dos semanas de protestas contra su presunta elección, la cual es cuestionada por la oposición, que sigue pidiéndole al mandatario saliente las actas que demuestren su victoria. La ONG de defensa de los derechos humanos PROVEA no tiene forma de verificar esa cifra, pero sí denuncia que la represión incluye menores de edad y discapacitados.'Foro Penal, una ONG aliada a PROVEA, tiene en su registro compartido con nosotros el dato de 114 adolescentes y 16 personas en situación de discapacidad que han sido detenidos. Es la primera vez que ocurre [en Venezuela] un encarcelamiento de forma tan masiva a menores de edad y personas en situación de discapacidad por razones políticas. Las autoridades imputaron a los menores por terrorismo, conspiración e incitación al odio. Son los mismos cargos con los que han sido acusados los adultos', dijo a RFI Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA en Venezuela.PROVEA asegura también que los jóvenes no cuentan siquiera con el respeto de las normas internacionales de protección a la niñez, una de las principales exigencias de la ONU.Detenciones arbitrarias"A la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos se agrega la violación de la libertad personal y del debido proceso, porque no se les permite a las personas tener un abogado ni se les comunican las garantías judiciales para la defensa. A todo eso hay que sumarle las penosas condiciones en las que se encuentran los recintos carcelarios del país, ahí donde se encuentran hoy esos adolescentes y esas personas en situación de discapacidad", subraya Murillo, quien denuncia asimismo detenciones arbitrarias. Prueba de esto último es que los menores no pertenecen a la estructura de los partidos políticos."Hay personas que fueron detenidas porque les pidieron arbitrariamente revisar su teléfono y encontraron un video descargado sobre alguna campaña, movilización, un mensaje político, un meme o una tira cómica sobre el tema electoral. Entonces, esos son escenarios que se inscriben en este gran crimen que nosotros llamamos 'persecución por razones políticas', el cual se manifiesta a través de la detención muy arbitraria de jóvenes de zonas y comunidades populares".El poder a cualquier precio En esta represión hay que agregar los casos de desaparecidos. Entre el 29 de julio y el 1° de agosto, PROVEA registró 40 casos de desapariciones forzadas. Las víctimas son en su gran mayoría hombres adultos que han sido detenidos por cuerpos policiales como el SEBIN y la División de Contrainteligencia Militar. A esto hay que agregar desapariciones por un lapso de hasta 72 horas, unas 1.500 personas, un lapso durante el cual los familiares viven en la zozobra absoluta."Esta escalada de la represión en Venezuela, que siguió a las elecciones del 28 de julio, tiene un claro propósito: aplastar el movimiento electoral que fue levantándose en Venezuela en los últimos meses y que dio como resultado una elección que, a todas luces, pareciera favorecer al candidato Edmundo González. Y creo que me quedo corto con el término 'aplastar'", puntualiza Murillo.Para el coordinador general de PROVEA, "después de revelarse unos resultados electorales que no terminan de ser transparentes ni fiables, estamos ante una suspensión, por la vía de los hechos, de las garantías constitucionales, específicamente el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, al derecho a la vida y, por supuesto, los derechos a la manifestación pacífica, la libre expresión y de asociación", sostiene.Con todo esto, es claro para Murillo que "el gobierno ha tomado la firme decisión de permanecer en el poder a cualquier precio".Pero, ¿cuál cree Murillo que es ese precio? “Aumentar la represión. El propio Nicolás Maduro se ufana de decir que son más de 2.000 los detenidos. Estamos ante un terrorismo de Estado y de control social cuyo objetivo es generar temor y una parálisis general de la sociedad en respuesta a las protestas por los abusos y los reclamos por los resultados electorales. En PROVEA no dudamos en calificar esta situación como una suspensión de las garantías, es decir, la extinción del Estado de Derecho”.Estados Unidos, al igual que varios países de América Latina, ha condenado los hechos en Venezuela. Pero a pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro continúa ignorando las peticiones de la comunidad internacional y pidió este lunes mano de hierro a los poderes del Estado para aplacar a los manifestantes.

El coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, sostiene que Venezuela está viviendo 'uno de los episodios más oscuros de la historia en América Latina' debido a una 'represión generalizada' que incluye 'detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas' cuyo objetivo es 'infundir terror en la sociedad para aplastar el movimiento electoral' y 'permanecer en el poder a cualquier precio'. En medio de las denuncias de fraude en las elecciones venezolanas celebradas hace dos semanas, ONG como PROVEA alertan sobre la muerte de al menos 24 personas en la represión, así como el encarcelamiento de numerosos opositores, entre ellos menores de edad y personas en situación de discapacidad. Para el coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, este tipo de detenciones 'no tiene precedentes' en Venezuela.En las prisiones venezolanas habría, según Maduro, 2.000 presos al cabo de dos semanas de protestas contra su presunta elección, la cual es cuestionada por la oposición, que sigue pidiéndole al mandatario saliente las actas que demuestren su victoria. La ONG de defensa de los derechos humanos PROVEA no tiene forma de verificar esa cifra, pero sí denuncia que la represión incluye menores de edad y discapacitados.'Foro Penal, una ONG aliada a PROVEA, tiene en su registro compartido con nosotros el dato de 114 adolescentes y 16 personas en situación de discapacidad que han sido detenidos. Es la primera vez que ocurre [en Venezuela] un encarcelamiento de forma tan masiva a menores de edad y personas en situación de discapacidad por razones políticas. Las autoridades imputaron a los menores por terrorismo, conspiración e incitación al odio. Son los mismos cargos con los que han sido acusados los adultos', dijo a RFI Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA en Venezuela.PROVEA asegura también que los jóvenes no cuentan siquiera con el respeto de las normas internacionales de protección a la niñez, una de las principales exigencias de la ONU.Detenciones arbitrarias"A la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos se agrega la violación de la libertad personal y del debido proceso, porque no se les permite a las personas tener un abogado ni se les comunican las garantías judiciales para la defensa. A todo eso hay que sumarle las penosas condiciones en las que se encuentran los recintos carcelarios del país, ahí donde se encuentran hoy esos adolescentes y esas personas en situación de discapacidad", subraya Murillo, quien denuncia asimismo detenciones arbitrarias. Prueba de esto último es que los menores no pertenecen a la estructura de los partidos políticos."Hay personas que fueron detenidas porque les pidieron arbitrariamente revisar su teléfono y encontraron un video descargado sobre alguna campaña, movilización, un mensaje político, un meme o una tira cómica sobre el tema electoral. Entonces, esos son escenarios que se inscriben en este gran crimen que nosotros llamamos 'persecución por razones políticas', el cual se manifiesta a través de la detención muy arbitraria de jóvenes de zonas y comunidades populares".El poder a cualquier precio En esta represión hay que agregar los casos de desaparecidos. Entre el 29 de julio y el 1° de agosto, PROVEA registró 40 casos de desapariciones forzadas. Las víctimas son en su gran mayoría hombres adultos que han sido detenidos por cuerpos policiales como el SEBIN y la División de Contrainteligencia Militar. A esto hay que agregar desapariciones por un lapso de hasta 72 horas, unas 1.500 personas, un lapso durante el cual los familiares viven en la zozobra absoluta."Esta escalada de la represión en Venezuela, que siguió a las elecciones del 28 de julio, tiene un claro propósito: aplastar el movimiento electoral que fue levantándose en Venezuela en los últimos meses y que dio como resultado una elección que, a todas luces, pareciera favorecer al candidato Edmundo González. Y creo que me quedo corto con el término 'aplastar'", puntualiza Murillo.Para el coordinador general de PROVEA, "después de revelarse unos resultados electorales que no terminan de ser transparentes ni fiables, estamos ante una suspensión, por la vía de los hechos, de las garantías constitucionales, específicamente el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, al derecho a la vida y, por supuesto, los derechos a la manifestación pacífica, la libre expresión y de asociación", sostiene.Con todo esto, es claro para Murillo que "el gobierno ha tomado la firme decisión de permanecer en el poder a cualquier precio".Pero, ¿cuál cree Murillo que es ese precio? “Aumentar la represión. El propio Nicolás Maduro se ufana de decir que son más de 2.000 los detenidos. Estamos ante un terrorismo de Estado y de control social cuyo objetivo es generar temor y una parálisis general de la sociedad en respuesta a las protestas por los abusos y los reclamos por los resultados electorales. En PROVEA no dudamos en calificar esta situación como una suspensión de las garantías, es decir, la extinción del Estado de Derecho”.Estados Unidos, al igual que varios países de América Latina, ha condenado los hechos en Venezuela. Pero a pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro continúa ignorando las peticiones de la comunidad internacional y pidió este lunes mano de hierro a los poderes del Estado para aplacar a los manifestantes.

Rescatan animales, les cuidan y buscan familia pero también ayudan a personas con ellos. La ONG Abrazo Animal gestiona el Centro Municipal de Atención Animal de Las Rozas y apoya a drogodependientes, menores en riesgo de exclusión social, personas mayores y discapacitados en diferentes proyectos que llevan los beneficios del contacto con animales a estos colectivos. Entrevistamos a Lola Juliá presidenta de la ONG Abrazo Animal y a Lola Bernardo, una de sus voluntarias.Escuchar audio

RFI entrevistó a Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) con ocasión de la publicación de un informe según el cual al menos 263 periodistas se han visto obligados a salir de Nicaragua por la persecución que se desató tras las protestas opositoras de 2018. Entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, pero podrían ser muchas más. La falta de una prensa libre afecta a casi la mitad de Nicaragua, donde la ONG FLED afirma que "la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones contra el periodismo independiente mantiene su esplendor", bajo el gobierno del socialista Daniel Ortega.El informe de esa ONG de defensa de la libertad de expresión pone de manifiesto las violaciones a la libertad de prensa en ese país. Solo entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, entre las que destaca el discurso estigmatizante. Además, 17 periodistas se vieron forzados al exilio. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, según explicó a RFI Guillermo Medrano, director ejecutivo de FLED."Decimos que entre abril y junio de este año fueron 'al menos' (34 agresiones y 17 periodistas obligados al exilio) porque existe un sub-registro. Conocimos los casos de muchas personas en una situación similar, pero que no nos permitieron incluirlos en la lista, ni siquiera bajo condición de anonimato. Hay un gran temor de ser identificados. Ellos ya no quieren ser víctimas de más represión. Eso mismo sucede hacia los periodistas que se encuentran exiliados y cuyas familias han sido víctimas de asedio e intimidación en los últimos meses", afirma Medrano.La ONG denuncia también que agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a periodistas, incluso bajo amenaza de encarcelarlos, si no respondían a sus preguntas. Un hostigamiento del que tampoco están exentos los periodistas oficialistas, a quienes se les ha prohibido cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas."Esta situación la encontramos más que todo en el interior del país. Me refiero a periodistas oficialistas a nivel local. Logramos conversar con algunos que han sido visitados. Son amenazados de que  si no cumplen con esas prácticas serán censurados o incluso encarcelados. Ellos también están siendo vigilados", sostiene.En total, en ocho de los 17 departamentos del país, la práctica periodística independiente es nula. Esto supone un 47% del territorio. Pero el gobierno de Ortega niega esta situación.La libertad de prensa corre el riesgo de desaparecer "Estamos ante un Estado indolente, un Estado represor que solo escucha a sus aduladores. El culto a la personalidad es lo único que ellos escuchan. En cambio, para atender críticas de Estados, de gobiernos, de instituciones de derechos humanos: para todo eso el Estado (nicaragüense) y todas sus instituciones, tienen los oídos cerrados", apunta Medrano.Para el Defensor de los derechos Humanos, la libertad de prensa está en alto riesgo de desaparecer en Nicaragua, donde la amenaza de un apagón informativo es cada vez mayor."Además del exilio, que ya suma más de 263 periodistas, tampoco existe formación. Las pocas escuelas de formación periodística han sido clausuradas en el marco de la confiscación de las universidades. Las pocas escuelas de comunicación que han quedado, las de las universidades públicas, solo son escuelas de agitación y propaganda".En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados arbitrariamente en un contexto de crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Ortega.

RFI entrevistó a Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) con ocasión de la publicación de un informe según el cual al menos 263 periodistas se han visto obligados a salir de Nicaragua por la persecución que se desató tras las protestas opositoras de 2018. Entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, pero podrían ser muchas más. La falta de una prensa libre afecta a casi la mitad de Nicaragua, donde la ONG FLED afirma que "la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones contra el periodismo independiente mantiene su esplendor", bajo el gobierno del socialista Daniel Ortega.El informe de esa ONG de defensa de la libertad de expresión pone de manifiesto las violaciones a la libertad de prensa en ese país. Solo entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, entre las que destaca el discurso estigmatizante. Además, 17 periodistas se vieron forzados al exilio. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, según explicó a RFI Guillermo Medrano, director ejecutivo de FLED."Decimos que entre abril y junio de este año fueron 'al menos' (34 agresiones y 17 periodistas obligados al exilio) porque existe un sub-registro. Conocimos los casos de muchas personas en una situación similar, pero que no nos permitieron incluirlos en la lista, ni siquiera bajo condición de anonimato. Hay un gran temor de ser identificados. Ellos ya no quieren ser víctimas de más represión. Eso mismo sucede hacia los periodistas que se encuentran exiliados y cuyas familias han sido víctimas de asedio e intimidación en los últimos meses", afirma Medrano.La ONG denuncia también que agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a periodistas, incluso bajo amenaza de encarcelarlos, si no respondían a sus preguntas. Un hostigamiento del que tampoco están exentos los periodistas oficialistas, a quienes se les ha prohibido cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas."Esta situación la encontramos más que todo en el interior del país. Me refiero a periodistas oficialistas a nivel local. Logramos conversar con algunos que han sido visitados. Son amenazados de que  si no cumplen con esas prácticas serán censurados o incluso encarcelados. Ellos también están siendo vigilados", sostiene.En total, en ocho de los 17 departamentos del país, la práctica periodística independiente es nula. Esto supone un 47% del territorio. Pero el gobierno de Ortega niega esta situación.La libertad de prensa corre el riesgo de desaparecer "Estamos ante un Estado indolente, un Estado represor que solo escucha a sus aduladores. El culto a la personalidad es lo único que ellos escuchan. En cambio, para atender críticas de Estados, de gobiernos, de instituciones de derechos humanos: para todo eso el Estado (nicaragüense) y todas sus instituciones, tienen los oídos cerrados", apunta Medrano.Para el Defensor de los derechos Humanos, la libertad de prensa está en alto riesgo de desaparecer en Nicaragua, donde la amenaza de un apagón informativo es cada vez mayor."Además del exilio, que ya suma más de 263 periodistas, tampoco existe formación. Las pocas escuelas de formación periodística han sido clausuradas en el marco de la confiscación de las universidades. Las pocas escuelas de comunicación que han quedado, las de las universidades públicas, solo son escuelas de agitación y propaganda".En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados arbitrariamente en un contexto de crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Ortega.

La ONG Energy Act for Ukraine Foundation instala paneles solares para garantizar la corriente eléctrica en hospitales y escuelas. Hablamos con su fundadora y CEO, Yuliana Onishchuk, que nos explica la situación actual de la energía en Ucrania y cómo sufren los ataques rusos a las infraestructuras críticas.'Diario de Ucrania' es un podcast que publicamos todos los miércoles en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. Escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.Escuchar audio

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Aleira Lara Galicia, directora de campañas de Greenpeace México, habló sobre sobre el llamado a todos los partidos políticos para reducir la basura electoral en CDMX. La ONG pide soluciones que no impliquen tener los desechos. "Nuestra campaña 'Océanos sin plástico' está tratando de alertar a la clase política desde la ciudadanía, estamos colectando firmas para hacer conciencia de la problemática que tienen los plásticos de un sólo uso en los ecosistemas terrestres y marinos", dijo. Comentó que los candidatos a puestos de elección popular echan mano de plásticos de un sólo uso, de los cuales se ha probado que generan un impacto negativo a la biodiversidad marina y terrestre.See omnystudio.com/listener for privacy information.

La ONG Energy Act for Ukraine Foundation instala paneles solares para garantizar la corriente eléctrica en hospitales y escuelas. Hablamos con su fundadora y CEO, Yuliana Onishchuk, que nos explica la situación actual de la energía en Ucrania y cómo sufren los ataques rusos a las infraestructuras críticas.'Diario de Ucrania' es un podcast que publicamos todos los miércoles en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. Escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.Escuchar audio

Un ataque aéreo en Gaza mató a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen y provocó el rechazo incluso de algunos aliados de Israel. ¿Puede este ataque cambiar los planes de Netanyahu? Un informe policial asegura que Luis Rubiales usó sociedades mercantiles para canalizar mordidas de una constructora a la que se adjudicaron contratos bajo sospecha. ¿Qué le espera al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol? El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 se aprobó con el apoyo de las comunidades autónomas. ¿Qué objetivos se ha marcado y cuándo se harán realidad? Créditos Realiza: José Juan Morales Presenta y dirige: Silvia Cruz Lapeña Edición: Ana Ribera Diseño de sonido: Camilo Iriarte Sintonía: Jorge Magaz

03 03-04-24 LHDW Charly 015: Israel mata a 7 trabajadores de la ONG de José Andrés, ¿Porque ha pasado?, ¿Paz en Ucrania?, para cuando será, primero elecciones en EEUU

La comunidad internacional ha criticado este ataque y las organizaciones humanitarias se han quejado de que no se puede trabajar en estas condiciones. En Taiwán, un terremoto de 7,2 en la escala de Richter, el peor en 25 años de la isla, ha provocado al menos 4 muertos y 50 heridos. En política, el juez ha archivado la causa contra Mónica Oltra por supuestamente encubrir abusos sexuales de su exmarido. Oltra dimitió hace dos años de su cargo de vicepresidenta de la Comunitat Valenciana. También les contamos que el Gobierno ha rechazado la propuesta de un referéndum pactado para Cataluña de Pere Aragonès.

Las noticias que debes conocer esta tarde, con Aimar Bretos. 

Durante más de una década, la ONG WCK lleva ayuda alimentaria a zonas de desastre o conflicto. Siete de sus cooperantes murieron este martes en un ataque israelí en Gaza.

DSF comenzó llamándose Discapacitados sin fronteras, pero vive una nueva época en la que se ha renombrado como “Diversidad sin fronteras” coíncidiendo con sus 25 años de historia. Una nueva imagen corporativa, múltiples actividades y el conocido ciclo de cine están presentes en un 2024 muy especial. Rafa Gabás, vicepresidente de DSF, nos acompaña.

Escuche esta y más noticias de LA PATRIA Radio de lunes a viernes por los 1540 AM de Radio Cóndor en Manizales y en www.lapatria.com, encuentre videos de las transmisiones en nuestro Facebook Live: www.facebook.com/lapatria.manizales/videos

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica AC, habló sobre 'Historias que Sobreviven': La ONG lanza una campaña urgente para detener la violencia contra periodistas en México.See omnystudio.com/listener for privacy information.

L'associazione opera in Africa per facilitare l'accesso all'acqua potabile, oltre a offrire supporto ai piccoli contadini e migliorare il livello di educazione di comunità locali e rifugiati.

La ONG Mary's Meals ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023. Nació en Escocia en 1992 y se dedica a establecer programas de alimentación escolar en algunas de las comunidades más pobres del mundo. En el informativo 24 horas de RNE, hemos conversado con Marta Manen, su directora ejecutiva en España: "Esta solución sencilla contra el hambre está llevando esperanza a estos lugares donde la incertidumbre y el miedo son una constante". Manen explica que el objetivo de Mary's Meals es poner un plato de comida en el colegio para que niños que, por pobreza, nunca podrían acceder a la educación, vayan a clase. Están presentes en 18 países, en los que siempre cuentan con la comunidad local: "Tampoco queremos que dependan de la ayuda. Ellos son propietarios del proyecto también". Escuchar audio

La campaña electoral en El Salvador arrancó el 3 de octubre. El presidente Nayib Bukele es el favorito según las encuestas, pese a las denuncias sobre la inconstitucionalidad de su candidatura a la reelección y sus estrategias para garantizarse un gobierno con control en el legislativo y el territorio. La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes en El Salvador.Bukele anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema lo habilitara para un segundo mandato, lo que desató una polémica pues la Constitución no lo permitía.Previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una reorganización de la división del país, que reduce el número de municipios de 262 a 44.Además, el mandatario pidió al legislativo, de amplia mayoría oficialista, reducir antes de las elecciones la cifra de congresistas de 84 a 60.Al micrófono de RFI, Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana que defiende el Estado de derecho, denuncia una estrategia de control electoral de parte del presidente salvadoreño que, según las encuestas, podría ser reelegido. “Esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es como dijo el gobierno, economizar fondos. Hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder”, advierte Escobar.“Lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa y tener control territorial por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esa reforma. Obviamente a nivel municipal, puede llevar un componente financiero. Tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas pueda ganar 40 de los 44 concejos municipales si se repiten los resultados de 2021”, sostiene Eduardo Escobar.Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de seis millones de salvadoreños están convocados a las urnas.En el caso de la Asamblea Nacional, el partido Nuevas Ideas de Bukele buscará mantener las dos mayorías que tiene: “la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones”, anticipa el activista.La ONG teme también violaciones a las leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido denuncias de campañas anticipadas. “El presidente estuvo publicando un video donde decía que si ganaba la oposición volvían las pandillas a la calle, entonces era campaña electoral”, alerta Eduardo Escobar.Escuche la entrevista completa con Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana:

La ONG italiana si appresta ad aprire una scuola per bambini rifugiati in Yemen.

En muchos lugares del mundo los niños han vuelto a la escuela tras el parón veraniego pero la realidad no es la misma para todos los menores. La ONG Entreculturas ha presentado la campaña "La Silla Roja" para alertar sobre la situación que atraviesan tantos niños en el planeta que no pueden ir al colegio por situaciones de conflicto y emergencias de todo tipo. Hablamos con Daniela Bruni, especialista en educación en emergencias del Servicio Jesuita a Refugiados Internacional, y Macarena Romero, responsable de Incidencia Política.   Escuchar audio

¡Caso resuelto de este Juego de los Detectives! Además, Francesc Miralles nos habla de revivir un amor o una amistad del pasado.