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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Eleonora Navatta, Gloria Robaina y Daniel Supervielle. *** El reelecto intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, realizó en una entrevista con La Diaria esta semana fuertes cuestionamientos a aspectos internos del Partido Nacional. Por un lado, Olivera reconoció que hoy “parece que el único salvavidas que el partido (Nacional) tiene para adelante se llama Lacalle Pou”, lo cual “no le hace bien”, dijo. A su entender, “históricamente al partido le fue bien cuando ha tenido pesos y contrapesos”, algo que, a su entender, “al gobierno de Lacalle le faltó”. El actual senador blanco —que asumirá al frente de la Intendencia de Paysandú a principios de julio— consideró que el expresidente “tendría que haber agarrado el directorio”, ya que “es un hombre con mucho peso para estar afuera” y podría terminar “desautorizando” al futuro presidente. Respecto a la disputa interna para la presidencia del Directorio nacionalista dijo: “Yo hasta ahora he escuchado nombres nada más. No he escuchado una sola idea, una sola propuesta, una sola línea de cómo se quiere conducir el directorio los próximos cinco años”, aseveró Olivera. Olivera consideró que “sigue estando el establishment” del PN y agregó que “le falta cercanía al partido”. “Los problemas de la gente no todos pasan por el Palacio Legislativo”, afirmó, y cuestionó que “el poder del partido radique solamente en gente que logre un cargo”.

La Mesa Especial de Análisis Político con Antonio Cardarello, Daniel Chasquetti, Mariana Pomiés y Camila Zeballos. *** Desde su llegada al Poder Ejecutivo, el gobierno de Yamandú Orsi impuso un estilo diferente en cuanto a la comunicación. Durante la transición, por ejemplo, los ministros designados fueron presentando en conferencias de prensa a los equipos que los acompañarían, publicando además en redes sociales los detalles, con información y fotos tomadas profesionalmente de cada uno de los jerarcas. Luego, algunas autoridades asumieron sus cargos en lugares como el Auditorio Nacional del Sodre, la plaza Huelga General de Flor de Maroñas o, el caso más llamativo, la entonces flamante ministra de Vivienda Cecilia Cairo, que tomó posesión en el asentamiento Campo Galusso. Sin embargo, a medida que pasaron los meses surgieron críticas a Orsi y su equipo de gobierno debido a la forma en que se hicieron algunos anuncios y manejaron situaciones. Un ejemplo se dio con la compra de una estancia en Florida por el Instituto Nacional de Colonización, que fue comunicada por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, durante el pasaje del cortejo fúnebre del expresidente José Mujica frente a la sede del MPP. Otro caso, más reciente, fue el cierre de la Biblioteca Nacional para el acceso al público, que fue informado por la directora de la institución en el marco del Día Nacional del Libro. El politólogo Gerardo Caetano lo analizó de esta manera en una entrevista con La Diaria: "A Orsi le está faltando claridad. Orsi tiene muchas virtudes, pero la comunicación política no es una de ellas. Tiene que trabajar mucho en eso, es muy importante. Cuando el presidente habla está gobernando. Han habido falta de sintonía entre él y algunos de sus ministros". ¿Los politólogos perciben un deterioro en la comunicación del gobierno? ¿Por qué es importante para Orsi dar mensajes claros?

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la subsecretaria, Valeria Csukasi, anunciarán hoy los nombres de una serie de embajadores a designar en los correspondientes destinos diplomáticos. Según trascendió ayer, en la lista figuran Carolina Ache, ex número dos de la Cancillería en el gobierno pasado, y la exvicepresidenta Beatriz Argimón. A Ache el Poder Ejecutivo la propone como representante diplomática de Uruguay en Portugal, según informó el semanario Búsqueda y confirmó En Perspectiva. Por su parte, el cargo previsto para Argimón es embajadora ante la UNESCO, con sede en París, según consignó La Diaria. La noticia generó sorpresa en dirigentes de varios partidos políticos. Según las consultas realizadas por En Perspectiva, legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y hasta del Frente Amplio desconocían esta decisión del gobierno. A través de sus redes sociales, el diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó que “la supuesta designación de Ache como embajadora ha tenido la capacidad de enojar a militantes de todos los partidos, en estos Díaz”. Y escribió esta última palabra en mayúscula, aludiendo – sin mencionarlo- la prosecrtario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien fue el abogado de Ache. Gurméndez agregó: “frenteamplistas engañados. Todos los demás, atónitos”. Ache renunció a su cargo en diciembre del 2022 durante la crisis política que se precipitó a raíz de la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Un año más tarde, la exjerarca denunció en Fiscalía que la cúpula del Poder Ejecutivo, liderada por Luis Lacalle Pou, la presionó para que ocultara información sobre ese tema que debía entregarse a la Justicia. ¿Cómo pueden interpretan estas propuestas de designación? ¿Se trata de una jugada política del gobierno?

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle. *** El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP aprobó una nueva "hoja de ruta" para llevar adelante una revisión participativa del proceso de transformación curricular en la educación media. Esta iniciativa busca involucrar a diversos actores en la evaluación y ajuste de los cambios implementados en los programas de estudio durante la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou. La hoja de ruta propone revisar la “Transformación Educativa” sin caer en la práctica de cambiar el plan curricular con cada administración, y manifiesta que “es prudente y deseable instalar lógicas y culturas de revisión y ajuste curricular en base a evidencias construidas desde todas las voces implicadas en la educación”. Sin embargo, esta propuesta generó debate y discrepancias dentro del propio Codicen. Los consejeros docentes electos Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, votaron negativamente los aspectos conceptuales de la propuesta, más allá de que ven con buenos ojos que se modifiquen los cambios curriculares realizados en el gobierno pasado y, de hecho, votaron a favor del cronograma previsto. Iglesias dijo a La Diaria que está de acuerdo con la necesidad de implantar cambios de forma gradual, pero “debería explicitarse el punto de llegada al que se apunta”. En este contexto, se plantea una problemática central: ¿es necesaria una revisión profunda de la reforma educativa? ¿Qué implicancias pueden tener cambios en la educación el primer año de gobierno?

Cae nieve sobre Buenos Aires en pleno verano y la gente que es alcanzada va cayendo seca en la calle. Es nieve mortal, instantánea. Un grupo de amigos que ronda los 50 años está jugando al truco en el sótano de una casa en el barrio de Vicente López. Se corta la electricidad. Quedan a oscuras. Van hacia la ventana y ven al encargado del garaje de al lado tendido en el asfalto, rápidamente cubierto de blanco. Uno de esos amigos, interpretado por Ricardo Darín, enseguida piensa en su ex esposa y sobre todo en su hija. Tiene que salir a buscarlas. Se improvisa un traje impermeable, hermético, se pone una vieja máscara y sale al exterior. Así empieza El Eternauta, la serie del momento en Netflix. Esa que acapara conversaciones en oficinas y juntadas, porque viene impulsada por una muy fuerte campaña de marketing y porque se parece más a una producción del primer mundo que a las que en general se realizan acá, en el sur. Pero todo este éxito tiene su origen en una historieta de ciencia ficción de la década de 1950. El guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López fueron publicándola por entregas semanales entre 1957 y 1959, en la revista Hora Cero. Luego, en los años 70, la dupla publicó una segunda parte. Oesterheld, que se había integrado a la organización Montoneros, fue secuestrado por paramilitares en abril de 1977 y desde entonces permanece desaparecido, al igual que sus cuatro hijas. En un país de grandes historietistas como Argentina, el hogar de Mafalda, de Inodoro Pereyra, del Macanudo de Liniers y las Mujeres alteradas de Maitena, El Eternauta cobró con los años una fama quizás menos masiva pero con estatus de obra maestra para los conocedores del género. Una leyenda aumentada por el final anticipado y violento de su autor. Y no solo es valorada así en esta región, ni siquiera solo en Latinoamérica, sino también en España. ¿Por qué? ¿Cuál fue la importancia, la originalidad o la potencia de aquel cómic que está detrás de la serie? ¿Y qué desafíos implica llevar una obra de ese tipo a la pantalla? Para contestar a esas preguntas conversamos En Perspectiva con Ignacio Alcuri, escritor, gran especialista en el mundo de las historietas, autor él mismo de ese tipo de obras y periodista en la sección cultural de La Diaria; y Esther Feldman, guionista argentina residente en Uruguay, quien, por ejemplo, trabajó en la serie Okupas, creada por Bruno Stagnaro, el mismo responsable ahora de la adaptación de El Eternauta a la pantalla.

¿Cuáles fueron las listas al Senado que más invirtieron en la campaña electoral del año 2024? Según un informe de La Diaria, realizado a partir de las rendiciones de cuentas presentadas por los partidos políticos y divulgados por la Corte Electoral, el MPP, que obtuvo ocho senadores, fue la agrupación política que más dinero puso en juego, 88 millones de pesos. El MPP declaró que 88% de su presupuesto provino de la contribución que realiza el Estado por cada voto válido; en el restante 12%, correspondiente al ámbito privado. El segundo lugar fue para la lista del Partido Colorado encabezada por el senador Andrés Ojeda, que obtuvo tres senadores y declaró egresos por 39 millones de pesos. En cuanto a los ingresos, Ojeda informó que 70% provino de los aportes del Estado y 30% del ámbito privado. En el tercer puesto, aparece el sector Seregnistas, liderado por Mario Bergara, hoy candidato a la Intendencia de Montevideo, que obtuvo una sola banca en la cámara alta y gastó 36 millones de pesos. Según la planilla de ingresos, 47% correspondieron a los aportes estatales y 53% al ámbito privado. En un escalón más abajo, con un total de egresos de 31 millones de pesos, se sitúa la nómina al Senado que fue encabezada por el líder de Vamos Uruguay del PC, Pedro Bordaberry y que cosechó dos bancas. En este caso, se declaró que el 94% del presupuesto provino de la contribución del Estado, mientras que el restante 6% del financiamiento fueron aportes privados. La red de cobranza Abitab, por ejemplo, aportó un millón de pesos. El propio Bordaberry desembolsó 200.000 pesos y un total de 321.000 pesos ingresó por concepto de “donaciones anónimas”. En la comparación entre los egresos declarados y la cantidad de votos que obtuvo cada lista al Senado, el informe de La Diaria marca que Seregnistas gastó aproximadamente 400 pesos por cada voto, mientras que, en el otro extremo, la lista de Carolina Cosse sólo gastó alrededor de 28 pesos por cada voto, es decir, 14 veces menos. A mitad de camino en este promedio se ubican Vamos Uruguay y el MPP con 208 y 200 pesos por cada voto obtenido, respectivamente. El financiamiento de los partidos políticos en Uruguay ha sido un tema recurrente en la política nacional. Se han votado leyes con el objetivo de transparentar y conocer de mejor forma cómo los partidos políticos captan sus recursos y cómo los gastan. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales que presentan las colectividades políticas, la capacidad de controlar de la Corte Electoral es muy limitada por falta de recursos humanos. La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Martín Couto y Teresa Herrera.

Cinco nombres están sobre la mesa como precandidatos para la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio: el senador y economista Mario Bergara, impulsado principalmente por Seregnistas, el MPP y El Abrazo; la bióloga Verónica Piñeiro, actual gerenta de Ambiente de la IM, respaldada por el Partido Comunista, La Amplia y el Nuevo Espacio; el arquitecto Salvador Schelotto, exdirector nacional de Vivienda, promovido por la Vertiente Artiguista; el abogado Juan Ceretta, que es apoyado por el Partido Socialista; y la arquitecta Silvana Pissano, alcaldesa del Municipio B, quien es propuesta por Casa Grande. A las 18:30 de hoy se reunirá el Plenario Departamental para definir entre esos cinco a los tres que se presentarán en mayo bajo la coalición de izquierdas. Hasta ahora el FA no ha logrado un acuerdo para que una terna pueda votarse por unanimidad, algo que los sectores mayoritarios impulsaban. Según informó La Diaria, hoy habrá una última instancia de diálogo buscando que algunos de los nombres se bajen, pero hasta ahora ningún sector ha dado señales en ese sentido. De acuerdo con el estatuto del FA, pensado para cuando se presentaba una candidatura única en el departamento, cada precandidato debe reunir, en primer lugar, un tercio de los votos del plenario, compuesto por 108 miembros para quedar habilitada. Luego se requiere una mayoría especial de cuatro quintos de los votos del plenario para confirmar al candidato, que son 87 votos. "Todo se resolverá en caliente, en el plenario", dijo al diario El País un alto dirigente del FA ¿Cómo ven los tertulianos esta situación, en la que el FA llega a tener que votar en el Plenario sin acuerdo previo? La Tertulia de los Lunes con Tomás Casaretto, Leonardo Costa, Patricia González y Eleonora Navatta.

El rubro de los fondos de inversión en ganadería entró en una crisis de confianza a fines del año pasado. El descalabro comenzó con el Grupo Larrarte, siguió en República Ganadera y últimamente sumó también a Conexión Ganadera, la empresa que tenía a Pablo Carrasco como cara visible, que está enfrentando serios problemas para responder a quienes le confiaron sus ahorros.  El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, dijo este sábado en La Diaria que el caso es un “golpe durísimo” al ahorro nacional ya que, recordó, entre las tres empresas hay casi siete mil inversores afectados. Por ello opinó que la situación es “asimilable a la crisis bancaria de 2002”. Urraburu no es el único que hace esa comparación. Por ejemplo, ya la había manejado en diciembre el Cr. Jorge Jourdan, que en 2002 era presidente del Banco Santander Uruguay pero además conoce de cerca el campo uruguayo ya que hace años está dedicado a la actividad agropecuaria. ¿Qué salidas existen para los ahorristas perjudicados? ¿Qué futuro tienen los fondos agropecuarios? ¿Qué tipo de regulación se requiere en este sector de ahora en adelante? Conversamos En Perspectiva con el Cr. Jorge Jourdan, que fue presidente del Banco Santander Uruguay y hoy se dedica a la actividad agropecuaria.

La Corte Electoral confirmó ayer haber recibido una comunicación del Partido Nacional, en cuanto a que el ex intendente de Artigas, Pablo Caram, y la ex diputada Valentina Dos Santos “no están autorizados a utilizar” ese lema para ser candidatos en las próximas elecciones departamentales.  La comunicación en realidad fue enviada en julio del año pasado, pero por un  “problema técnico” la Corte la recibió recién el pasado 10 de enero, y se la transmitió a todas las juntas electorales.  Caram y Dos Santos no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo por el Partido Nacional. Dado que la ex diputada participó en las internas nacionalistas de junio del año pasado, tampoco podría serlo por otro partido. Sí podrían, eventualmente, ocupar cargos de confianza.  Ambos fueron procesados por delitos vinculados al reciente caso del pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas.  Artigas Adelante, el sector de Caram y Dos Santos, afirmó en tanto que “seguirá batallando” para que la ex diputada sea candidata en el Partido Nacional.  El dirigente y edil departamental  Miguel Giménez le dijo a La Diaria que se analiza pedir una reunión al Directorio y, si es necesario, salir a juntar firmas para lograrlo.  Según Giménez, en Artigas “el pueblo pide” que Dos Santos sea candidata. Dijo que la exdiputada nacionalista “es una trabajadora incansable” y afirmó que “no robó a nadie”.  Conversamos En Perspectiva con Carlos Camy, senador nacionalista.

Legisladores oficialistas convocarán mañana a la Comisión Permanente del Parlamento para emitir una declaración conjunta sobre la situación política en Venezuela, luego de la ceremonia de asunción de Nicolás Maduro para un nuevo mandato de seis años. El oficialismo buscará que haya un pronunciamiento del Frente Amplio respecto a la legitimidad del nuevo gobierno de Maduro, acusado por la oposición de cometer fraude en las elecciones de julio pasado. Varios legisladores de la coalición multicolor cuestionaron al Frente Amplio y al gobierno electo por no pronunciarse el viernes luego de la ceremonia de asunción de Maduro. La senadora nacionalista Graciela Bianchi afirmó en diálogo con La Diaria, que en ese país “se ha consumado un gobierno de facto” y que ahora “se está a favor de la dictadura o de la democracia”. El diputado colorado Felipe Schipani por su lado aseguró el viernes que “duele ver que para el futuro partido de gobierno y los próximos gobernantes del Uruguay hoy no ha pasado nada en Venezuela”. Fuentes del Frente Amplio manifestaron a La Diaria que, por el momento, no hay posición orgánica más allá de la que fue difundida a través de un comunicado horas después de la elección del 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Maduro. En aquella declaración el Frente Amplio expresó que estaba a la espera de la publicación de las actas electorales de Venezuela y los informes de los observadores internacionales. Por su lado, el senador Mario Bergara, opinó a título personal que el Frente Amplio no debería avalar el nuevo gobierno de Maduro. Bergara aseguró, en el programa Desayunos Informales, que la coalición de izquierdas no se reunió con el excandidato opositor Edmundo González Urrutia el sábado pasado durante su visita a Montevideo, porque el dirigente venezolano no solicitó un encuentro. La cancillería, por su lado, emitió un comunicado en el que afirma que la asunción de Maduro implicó la “consolidación de un régimen autoritario que continuará gobernando sin ninguna legitimidad democrática, cada vez más alejado de su propio pueblo y de los valores de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos por los que” la región “tanto luchó”. “Uruguay se solidariza con Venezuela, exhorta a que se respeten los principios democráticos de todos sus ciudadanos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular, en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión”, sostiene el comunicado. La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Martín Couto, Diego Irazábal y Julieta Sierra.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, se reunió el sábado con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes. El encuentro fue parte de una gira que González Urrutia realiza por América Latina previo a la ceremonia de asunción de Nicolás Maduro para un nuevo mandato en Venezuela, que tendrá lugar el próximo 10 de enero en Caracas.  En la reunión, Urrutia le entregó a Lacalle Pou una copia de las actas electorales que demuestran que él derrotó a Maduro y fue electo presidente, en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024. Luego de la reunión, González Urrutia se dirigió a un grupo de venezolanos que se manifestaba afuera de la residencia oficial. Lo hizo arriba de la caja de una camioneta, acompañado de Lacalle Pou. En el discurso, González Urrutia aseguró que la oposición recuperará la democracia en Venezuela. “El gobierno podrá cerrar el espacio aéreo, podrá cerrar las autopistas, podrá cerrar los accesos a Caracas, pero no van a impedir el resonante triunfo que vamos a obtener”,aseguró. Por su lado, el canciller Omar Paganini, reiteró que para Uruguay el verdadero presidente electo de Venezuela es González Urrutia. El ministro dijo que “Uruguay sigue pidiendo que el régimen de Nicolás Maduro acepte un camino de transición a la democracia”.   Nosotros entendemos que hay una dictadura y salvo que el régimen reconociera los resultados, la toma del juramento de Maduro no tiene ningún valor”, manifestó Paganini. En el gobierno electo no hubo ningún pronunciamiento respecto a la visita de González Urrutia. Fuentes del equipo de Yamandú Orsi, dijeron a La Diaria que no recibieron ninguna invitación para un encuentro de parte del dirigente opositor venezolano. Además no está previsto que representantes del gobierno entrante vayan a la ceremonia de investidura de Maduro el 10 de enero. El Frente Amplio tampoco enviará “representantes” aunque no está descartado que algún dirigente viaje a “título personal”. Según las fuentes, el gobierno electo no se pronunciará sobre la legitimidad de la próxima administración venezolana antes de asumir, el 1º de marzo.

¿Cómo está marchando la transición entre el gobierno saliente y el entrante? El sábado, el presidente electo Yamandú Orsi reunió a su futuro gabinete, en una bodega ubicada en el Municipio de Salinas, cerca de donde él tiene su casa, en el departamento de Canelones. Allí sostuvo que por el momento “no hay sorpresas” en la información brindada por las autoridades salientes. De todos, modos se han producido algunos ruidos en la relación entre las dos partes a raíz de decisiones tomadas por esta administración en los últimos días. Por ejemplo, el gobierno electo cuestionó que, a instancias del Poder Ejecutivo, Ancap haya rechazado la opción de participar como socio en el proyecto de combustibles sintéticos promovido por la empresa HIF Global, una decisión que motivó la renuncia del presidente del ente Alejandro Stipanicic. En diálogo con La Diaria, el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que en las reuniones de transición hubo un pedido específico del gobierno entrante de “no innovar”. A su modo de ver, la resolución sobre el proyecto HiF Global representa una “innovación” dado que, expresó, quien en su momento tendrá que tomar la decisión de participar o no en el capital accionario del emprendimiento será el nuevo gobierno. Por su lado, el canciller Omar Paganini, ex ministro de industria, explicó en su cuenta de X que el gobierno decidió que Ancap no asumiera el rol de inversor porque el mercado de combustibles sintéticos está en desarrollo y por ende presenta grandes riesgos. “Si Ancap integra hasta el 30% del capital, eso implica una enorme suma de dinero (hasta US$ 1.800 millones), pero implica también -directa o indirectamente- la garantía soberana del Estado". En ese punto Paganini recordó casos similares que terminaron mal en adminsitracion frenteamplista. "En el caso de Pluna, el Estado garantizó a privados la compra de los aviones y terminó pagando un monto enorme. También vivimos situaciones así en Ancap, que costaron muchos millones a los uruguayos, como la regasificadora y el negocio del pórtland y la cal”, aseguró. En su opinión, “los proyectos de Hidrógeno Verde no deberían ser otra regasificadora”. El otro gran asunto que está causando diferencias es el proyecto Neptuno, para el que ya existe la autorización ambiental previa, aprobada a mediados de este mes por el Poder Ejecutivo. Sánchez sostuvo que ahora “se está discutiendo si se modifica o no el proyecto y de qué manera”. Y agregó: “Nosotros estamos a la espera de que se nos informe cuál sería la modificación, si la hubiera, y qué características tendría la firma de ese contrato. El gobierno actual, ¿qué quiere? En boxeo hay una expresión, clinch, que es abrazar. Te quiere abrazar para que vos no lo puedas golpear. Eso es lo que está intentando el actual gobierno” dijo Sánchez, en una entrevista que publicó este sábado La Diaria. La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Tomás Casaretto y Julieta Sierra.

Varios dirigentes blancos salieron a responderle a la ex candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, por su afirmación de que Álvaro Delgado debe ser el “líder” del Partido Nacional. El sábado pasado durante un acto de su sector político, D Centro, Ripoll dijo que que se siente “orgullosa” de la campaña “responsable” que hicieron, sobre todo del candidato que tuvieron “y del excelente presidente que se perdió Uruguay el 24 de noviembre”. Delgado “va a ser nuestro líder indiscutido en este período; él se ganó el liderazgo del Partido Nacional pero también de la coalición, y va a ser el que nos va a guiar. Ni para mí ni para nadie puede estar en duda que él que nos va a guiar y a conducir”. En diálogo con La Diaria, el senador electo Sebastián Da Silva (Espacio 40) comentó que el tema “cae por su propio peso”. Se limitó a decir que no le contestará a Valeria Ripoll y subrayó que “no hay disputa de liderazgo en el PN”, ya que el líder es Luis Lacalle Pou. En el Herrerismo, el diputado Juan Martín Rodríguez coincidió en que “el líder” del partido se llama Luis Lacalle Pou. Por su parte, el senador Javier García dijo ayer en Canal 12 que “los liderazgos no se decretan en un discurso” sino que son fruto de un proceso y que, al final, quien determina el liderazgo es la gente con su voto. García concluyó: “hoy el liderazgo en el partido es sin duda el de Luis”. La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Teresa Herrera y Gabriel Mazzarovich.

En los últimos días el ex presidente José Mujica está participando activamente en la campaña previa al balotaje. El referente del MPP participa en actos, aparece en spots de propaganda en televisión y concede numerosas entrevistas en medios de comunicación, de nuestro país y del exterior. Ayer dio un reportje en la radio M24, en la que, entre otras cosas, cuestionó el vínculo entre la política y el dinero. Criticó a los dirigentes a quienes “les gusta mucho la plata" y apuntó en particular contra el presidente Luis Lacalle Pou. "Son unos miserables, este Lacalle se compró una moto de 50.000 dólares, tiene dos camionetas. ¿Te das cuenta? Estos son los padres de la Patria. Dejate de joder", afirmó el exmandatario en comunicación con el programa Nada que perder (M24). Mujica recordó que cuando era presidente él donaba su sueldo al Plan Juntos y observó que ahora "poner guita tuya para ayudar a la gente pobre" se ve como "demagogo". Luego reconoció que "los problemas sociales no se solucionan con ayuda", pero cuestionó a "quienes tienen el poder y tienen un buen sueldo y capacidad de decidir" y "no son capaces de compartir algo". Esos, dijo, no tienen "autoridad moral para encajarle impuestos a los que hay que meterle y obligarlos a que pongan el huevo", agregó. En el fin de semana Mujica había generado otro tipo de revuelo cuando afirmó que el plan inicial cuando pensó en incorporar a Blanca Rodríguez a la política era contar con "un repuesto" en caso de que Carolina Cosse no aceptara ser la candidata a vicepresidenta con Yamandú Orsi. Según explicó, él y Lucía Topolansky buscaban que no se repitiera “el papelón” que, dijo, se vivió en el Frente Amplio con la forma como Daniel Martínez seleccionó a su compañera de fórmula. “Después, la señora intendenta agarró viaje, entonces decidimos ofrecerle (a Rodríguez) que fuera senadora, y aceptó”. Mujica también está recorriendo algunos puntos de Montevideo y Canelones. En diálogo con La Diaria, dijo que tenía previsto reunirse con “chacareros” blancos y colorados descontentos con Álvaro Delgado. El ex mandatario cuestionó además que el programa de la coalición republicana prácticamente no tiene referencias al agro y destacó que no hace mención a la necesidad de ampliar el área de cultivo de arroz y apostar a la genética en ganadería. La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Patricia González, Martín Moraes y Desireé Pagliarini.

Zaida González, que fue precandidata a la Presidencia en el Partido Colorado, oficializó ayer su apoyo a la candidatura presidencial de Yamandú Orsi para el balotaje del próximo 24 de noviembre. Hablando en conferencia de prensa, González dijo que la razón principal que la llevó a apoyar a Orsi fue que en la confección del programa de gobierno de la coalición republicana no fueron tomados en cuenta planteos suyos relativos a la igualdad de género, la educación y la vivienda. González aclaró que su decisión no implica su renuncia al Partido Colorado. “Este apoyo no implica que abandonemos nuestro compromiso de dar en el Partido Colorado las batallas necesarias para que vuelva a ser el partido que garantice la igualdad de oportunidades para todos desde el mismo punto de partida”, comentó, y sentenció: “Hemos comprometido nuestro apoyo a Yamandú sin temor ni remordimientos, y con la convicción de que el próximo gobierno requerirá el esfuerzo de todos, sin distinción de colores ni partidos”. Orsi, por su lado, señaló que conoció a Zaida González en el lanzamiento del instituto de estudios batllistas Paso Morlán, encabezado por el ex diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky. Dijo que coincide con ella en su “sensibilidad batllista” y agregó que su apoyo se concreta porque en el balotaje “se votará por candidatos” y “no por listas o partidos”. “En esta opción binaria, de un candidato u otro, nos da mucho gusto, reconforta y nos enriquece la presencia de la que fuera precandidata del Partido Colorado y militante de todas las horas de esa colectividad política que tanto le ha aportado al país”, la presentó. Zaida González, líder del sector Laura, cosechó 170 votos en la elección interna de junio, siendo la precandidata que menos sufragios tuvo entre los colorados. En octubre, encabezó su propia lista al Senado y logró unos 2.700 votos. Como reacción inmediata a esta noticia, varios dirigentes colorados anunciaron que van a presentar el lunes próximo una moción ante Comité Ejecutivo Nacional de su partido para que se expulse a González. La diputada María Eugenia Roselló manifestó su malestar por el hecho de que una dirigente que se define como batllista apoye a un Frente Amplio “cada vez más radicalizado”, dijo. “No me cierra y me enoja profundamente, porque, como colorada, mujer y militante, una tiene que pelear en el lugar donde siente que están sus ideas”, dijo Roselló a La Diaria. Zaida González es el tercer apoyo que Orsi suma por fuera de las filas del Frente Amplio. El pasado viernes presentó el respaldo de Víctor Björgan Barrios, ex dirigente del Movimiento Nacional de Rocha y ex asesor en seguridad ciudadana del Partido Nacional. Antes de la primera vuelta, Orsi había anunciado el apoyo del inspector retirado Roberto Rivero, que viene del Partido Colorado y fue asesor del ex candidato presidencial Ernesto Talvi. La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Martín Bueno, Eleonora Navatta y Fernanda Sfeir.

La periodista Iliana da Silva anunciará hoy su incorporación al sector El Abrazo del Frente Amplio. Da Silva se incorporará, en principio, como militante y no integrará ninguna lista al Parlamento. En declaraciones a La Diaria, dijo que su prioridad es “trabajar” de cara a las elecciones de octubre” y “después verá” qué lugar ocuparía si el Frente Amplio ganara las elecciones. Da Silva señaló que “hace tiempo” que está pensando en esto, que “no es algo que surgió y se precipitó”. Destacó, por otra parte, que el eje de la agrupación a la que se sumará es la agenda de derechos de personas con discapacidad, un tema que será su “camiseta”. La presentación del ingreso de Iliana Da Silva al Frente Amplio se suma a la de Blanca Rodríguez, que el sábado pasado dio su primer discurso en un acto público como candidata al Senado por el Espacio 609. ¿Qué ocurre con estos pasajes de periodistas a la política? La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Fernanda Sfeir y Esteban Valenti.

Laura Raffo se encuentra en estas horas definiendo su futuro político luego de que el viernes comunicara su alejamiento de la lista 71 del Herrerismo por diferencias en el armado de la plancha al Senado. Este sábado se hizo presente en el acto en homenaje a Aparicio Saravia en Masoller. Allí, consultada por la prensa, dijo que “se siente más blanca que nunca” pero no ahondó ni en su separación del Herrerismo ni en las conversaciones que mantiene para integrarse a otro sector del Partido Nacional. “Voy a buscar que logremos repetir este gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, porque ese es el gobierno que le asegura a los uruguayos un mejor futuro. No podemos permitir que nos roben el futuro”, planteó. Según informó El Observador, Raffo mantiene contactos con el sector Espacio País, integrado por la Lista 40, Alianza Nacional, el grupo de los intendentes y el diputado Sebastián Andújar, que acaba de dejar el Herrerismo. Sin embargo, en este sector ven difícil cumplir con la aspiración de Raffo de ser senadora, ya que hay poco espacio en los primeros lugares de la lista debido a los acuerdos definidos previamente. Por lo pronto, el senador del Espacio 40, Sebastián Da Silva, que iría en cuarto lugar de la lista, le ofreció públicamente a Raffo su lugar. Raffo aspiraba a que en la lista 71 se la ubicara como primer suplente de Luis Lacalle Pou, que encabezará todas las planchas del Partido Nacional pero no asumirá la banca. Sin embargo, ese lugar será ocupado por el senador Luis Alberto Heber. La decisión le fue comunicada a Raffo el martes de la semana pasada en una reunión con Heber y con el expresidente Luis Lacalle Herrera. Hablando con La Diaria, el ex mandatario justificó esa decisión basándose en la baja votación que Raffo tuvo en las elecciones internas y en la reciente salida de varios dirigentes del Herrerismo hacia otros grupos. Raffo entiende que de esta manera se está incumpliendo un acuerdo que, según alega, estaba cerrado desde el día en que presentó su precandidatura a la Presidencia. En una carta que divulgó el viernes, la economista le pidió a la lista 71 que no considere su nombre para integrar ninguna lista del sector en las próximas elecciones. En la nota Raffo afirma que "el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política”. “Defender estos principios fue, es y será siempre mi norte", aseguró. La economista agradeció "profundamente las innumerables muestras de cariño y solidaridad" que recibió "en estas horas desde distintos rincones del país, por parte de compañeros y amigos del sector, del partido y de la política". Raffo dijo que continuará trabajando "por los uruguayos". "A la gente, ‘el pueblo que anda y arde en la calle', como decía Luis Alberto de Herrera, le aseguro que me encontrará trabajando por los uruguayos, con actitud positiva y espíritu renovador, como el primer día en que asumí este compromiso vital y político", concluye la carta. La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Díaz, Eleonora Navatta y Santiago Soto.

¿Cómo perciben los jóvenes la democracia? ¿Creen que es la mejor forma de gobierno? En su última columna en La Diaria la politóloga Marcela Schenk recoge datos de la encuesta Latinobarómetro 2023 que muestran que el apoyo a la democracia es menor entre los jóvenes de 16 a 25 años de edad que entre las personas mayores (de 61 años en adelante). La diferencia es de 12 puntos porcentuales (43% a 55%). Uruguay no escapa a esa tendencia: entre las personas más jóvenes 57,8% opinan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que esta proporción asciende a 81,8% en las personas de 61 años y más. En el tramo más joven se registra a su vez el mayor desacuerdo con la afirmación de que, aunque tenga problemas, la democracia es el mejor régimen de gobierno (17,6%, más de diez puntos por encima del registrado en el tramo de mayor edad). También en los más jóvenes es mayor la percepción de que el gobierno está capturado por élites que actúan en su propio beneficio (67,9%). ¿Por qué la democracia va perdiendo valor entre los jóvenes? ¿Cuáles pueden ser los efectos a futuro de esta tendencia? La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

El lunes pasado tuvo lugar en el Centro de Montevideo la tercera marcha de personas en situación de calle. Esta movilización se viene realizando cada 19 de agosto, en el Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. En esa fecha se recuerda un hecho ocurrido en 2004 en San Pablo, Brasil, cuando fueron atacadas 15 personas en situación de calle mientras dormían en una plaza. Aquel incidente dejó siete muertos y ocho heridos de gravedad. En esta oportunidad, la concentración fue convocada por el colectivo Ni Todo Está Perdido que reúne a personas en situaciones de calle y usuarios de refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Además contó con el apoyo de varias organizaciones que trabajan en estos temas como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la ong El Abrojo, la Red de Ollas al Sur, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, entre otras. La marcha fue desde la plaza Cagancha hasta el monumento a El Gaucho, frente a la sede Mides e incluyó una performance con cintas y escobas. La plataforma reclamaba “una vida digna”, vivienda, trabajo y atención en salud mental. Una de las voceras dijo a Subrayado que los colectivos procuran que haya una ley que proteja a las personas que viven en la calle. "Tenemos pensado que necesitamos una ley. Que esta población excluida tenga una norma que las enmarque, que las proteja y las defienda. Debemos saber también qué es lo que pretende el vecino de la situación de calle, más allá de la expulsión. Es una convivencia, esta situación está. Se empezó a generar un problema, se generan conflictos y nosotros somos el problema. Si nosotros somos el problema no hay que expulsarlos. Hay que ver cómo lidiamos con el problema". La directora nacional de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, se hizo presente en la marcha. Hablando con La Diaria, dijo: “Es un día para tomar conciencia y sensibilizarnos como sociedad sobre lo que es la lucha de las personas en situación de calle”. La jerarca, señaló que esta administración integró a los colectivos en la discusión sobre políticas públicas en esta materia. Auersperg recordó que se han abierto casas comunitarias que son gestionadas por colectivos y se han concretado algunas soluciones para la problemática de salud mental y adicciones, uno de los principales reclamos de la sociedad civil. La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

El candidato a la Presidencia de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió formalmente este lunes que el gobierno declare la emergencia nacional en seguridad ciudadana. “Lo que ahora estamos planteando es atender esta emergencia nacional en el entendido de que no es bueno esperar a que asuma el próximo gobierno el 1° de marzo, porque, siguiendo con las estadísticas, de acá el 1° de marzo habrá 200 uruguayos más asesinados y pensamos que no podemos darnos el lujo de esperar hasta el año que viene. Tenemos que actuar de inmediato", dijo. El planteo forma parte de un documento con 12 medidas que Cabildo Abierto considera indispensable aplicar de manera inmediata. El texto, que tiene varios puntos incluidos en el Compromiso Por el País, firmado por los partidos de la coalición multicolor antes del balotaje del año 2019, fue elevado al presidente Luis Lacalle Pou. Entre otras medidas, incluye: operativos intensivos para Restablecer la Seguridad en el Área Metropolitana, operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico y el establecimiento de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas. El pedido de Manini Ríos generó varias respuestas. Por ejemplo, el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi dijo que está de acuerdo en que se tomen medidas sobre seguridad pública ahora, sin esperar a las elecciones y opinó que las decisiones deberían ser consensuadas por los partidos políticos. De todos modos, pidió “precisar los términos” sobre el alcance de la emergencia solicitada por Manini Ríos y comentó que quiere revisar las propuestas del líder cabildante y consultar a su equipo de asesores en seguridad. “Yo arranco por el diálogo”, afirmó. "Es un problema difícil y no hay soluciones mágicas para esto. Que se visualice la gravedad, me parece un avance. Que se le ponga de nombre “emergencia”, capaz que está bien. Ahora, sentemosnos en una mesa y el gobierno fundamentalmente tome medidas para cambiar la realidad, sin esperar el resultado electoral". Por su lado, el candidato nacionalista Álvaro Delgado, valoró las iniciativas de Cabildo Abierto, pero relativizó el efecto de una declaración de emergencia. “El concepto de emergencia no tiene consecuencias prácticas. Lo que importa es la prioridad”. “Para nosotros lo es”. En el Partido Colorado también hubo reacciónes. El diputado Gustavo Zubía dijo a La Diaria que “hay que declarar la emergencia nacional” porque fue un compromiso de la coalición antes del balotaje y porque, además, “desde que falleció Larrañaga, esto empezó a andar mal”. Por su parte, Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, también del Partido Colorado, dijo a Radio Sarandí que una declaración de emergencia nacional en este momento “es humo”, ya que “no hay nada detrás”. Criticó “esos eslóganes de Cabildo”, tales como “hacer controles en la calle” o “poner gente de vuelta en las comisarías”. La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Martín Moraes y Eleonora Navatta.

La exdiputada del Partido Nacional Valentina dos Santos alcanzó anoche un acuerdo con Fiscalía para un proceso abreviado y aceptó un condena por el delito de “usurpación de funciones”, en la causa que investiga el pago irregular de horas extra en la Intendencia de Artigas. La jueza penal Carolina Olivera le impuso a dos Santos una condena a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba. El delito, previsto en el artículo 166 del Código Penal, se aplica a “el que indebidamente, asumiere o ejercitare funciones públicas”. Se entiende que Dos Santos asumió funciones que no correspondían a su cargo cuando, como suplente del intendente titular, ordenó el pago de horas extra a funcionarios de la intendencia. El acuerdo le permite a la exlegisladora reducir en un tercio la pena que podría caberle si el proceso hubiese seguido a juicio oral y público. Dos Santos había renunciado a su banca para asumir mañana como intendenta en lugar de su tío, Pablo Caram, que piensa dedicarse a la campaña electoral. Basada en fuentes cercanas a la exdiputada, La Diaria informa hoy que Dos Santos definirá hoy si asume o no el cargo de jefa comunal. Antes de ser condenada, Valentina Dos Santos envió una carta al Partido Nacional con su renuncia como afiliada a esa fuerza política. Allí la exdiputada señaló: “ante los hechos de pública notoriedad y a los efectos de deslindar al partido del proceso que me involucra, vengo a presentar renuncia como miembro afiliado al Partido Nacional y a los diferentes organismos que integro”. La misma decisión tomó ayer Rodolfo Caram, exsecretario general de la Intendencia de Artigas, que este martes fue condenado por fraude, junto a su pareja, la funcionaria Stefani Severo, una de las beneficiarias de horas extra que no le correspondían. Por su lado, el intendente Pablo Caram envió otra carta al Partido Nacional, en la que solicita que su caso sea analizado por el Comité de Ética. El martes, a partir de otro acuerdo para un proceso abreviado, Caram fue condenado por el delito de omision de los deberes de funcionario publico (por no haber denunciado la asignación de horas extra irregulares), con una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses. La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Marcio Mañana, Gabriel Mazzarovich y Victoria Pasquet.

La exfiscal Gabriela Fossati, oficializó el viernes su apoyo a la campaña del colorado, Andrés Ojeda, luego de renunciar al Partido Nacional por su discrepancia con el nombramiento de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidente. En conferencia de prensa, Fossati dijo que tomó la decisión luego de revisar declaraciones de Ripoll, y concluir que la ex secretaria general de Adeom defiende ideas “de izquierda radical”. "Yo no puedo participar en un sector que viró hacia la izquierda. Creo en el centro. Allí está la verdad, lo más justo. No podemos dejar de atender a seres vinculados a la clase media. Porque cuando nos volvemos a la izquierda solo estamos hablando de los vulnerables y de los ricos. Como sacarle a unos para darle a los otros". Fossati dijo que ella es “wilsonista”, pero que esa corriente en el PN “hace cuarenta años que no existe”. Luego agregó que para ganar las elecciones es necesario que las diferencias entre los partidos de la coalición se “diluyan”. Para la exfiscal, “hay bastante similitud en cuanto a los planteos y a los temas que son importantes” entre el sector Sumar, liderado por la nacionalista Laura Raffo, y el sector de Ojeda. Fossati luego aseguró que “le encanta” Ojeda y sus ideas, particularmente en el área de la seguridad y el sistema de Justicia. Además, manifestó cercanía con el diputado Gustavo Zubía, que apoya a Ojeda. El candidato colorado, por su lado, dijo que Fossati “inaugura el puente” entre votantes del Partido Nacional que pueden adherir al Partido Colorado. "Se empieza a mostrar que esta coalición de gobierno tiene identidad propia más allá de los partidos y se eligen perfiles sin estar atados a un corset que ha quedado en un segundo lugar", dijo el candidato colorado. En el Partido Nacional, la decisión causó indiferencia y malestar. “La libertad es libre”, dijo por ejemplo el candidato nacionalista Álvaro Delgado. El dirigente Sebastián Da Silva, en tanto, aludió a la decisión de Fossati con una frase atribuida a Aparicio Saravia: “la cáscara se va, el cerno queda”. Gonzalo Baroni, director nacional de Educación e integrante de Alianza Nacional, le dijo a La Diaria que no tiene una “opinión clara y formada” sobre Fossati, “porque en realidad nunca terminó – dijo- siendo una compañera”, y afirmó que le “molesta que se exprese de esta manera en las redes”, diciendo que se va del partido, “cuando en realidad acaba de llegar”. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Pablo Diaz, Patricia González y Desireé Pagliarini.

El PIT CNT presentará una denuncia penal para que se investigue a los policías que dispersaron ayer un piquete de sindicatos de la pesca disparando al suelo con balas de goma. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu) y el Centro de Maquinistas Navales, que integran la Intergremial Marítima, se concentraron ayer de mañana frente al Ministerio de Trabajo, donde se realizaba una reunión tripartita por los Consejos de Salarios. Según informó La Diaria, estaba previsto que los manifestantes dejaran libre un carril de la calle para no cortar el tránsito, pero esto no fue respetado por los trabajadores. La Policía advirtió que si no cumplían con lo acordado, los iba a desalojar. Cuando llegaron las fuerzas de choque los trabajadores rechazaron su presencia y siguieron bloqueando el tránsito, lo que llevó a los agentes a forzar el desplazamiento por medio de golpes con bastones y disparos de balas de goma, lo que dejó a algunos manifestantes heridos. Alexis Pintos, dirigente de la Intergremial Marítima, dijo que la Policía fue directamente a reprimir a los trabajadores. Pintos señaló que hubo 15 militantes heridos. Entre ellos estuvo Sergio Sommaruga, integrante del secretariado ejecutivo del PIT CNT. Pintos recalcó que en otras oportunidades hubo gremios movilizados en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo que también cortaron la calle y “no hubo problemas”. ¿Qué le pesa más a la policía? Que un vehículo circule o que haya tres mil familias sin trabajar? En una calle que históricamente se cortó. No solo por nosotros. Sin embargo a los trabajadores del mar vinieron directamente a reprimirlos. Por su lado, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía dijo en rueda de prensa que los agentes pidieron a los manifestantes en reiteradas ocasiones que liberaran la calle para garantizar la circulación. En respuesta, según narró, los efectivos recibieron agresiones con "baldosas, botellas" y "pirotecnia". "No hay otra solución que intentar colocarse primero en la línea de trabajo para cumplir la orden del jefe de operativo. Pero, a su vez, debimos tomar acciones porque evidentemente estábamos siendo atacados", afirmó. El PIT CNT exigió en un comunicado “una respuesta pública inmediata del gobierno, que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, desproporcionada y carente por completo de profesionalismo por parte de la fuerza pública”. La nota argumentó que “la manifestación pacífica es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos”. Y agregó que “la violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas”. La Tertulia de los Jueves con Martín Bueno, Fernanda Sfeir, Santiago Soto y Esteban Valenti.

Un spot de campaña del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, generó críticas en el Frente Amplio y dentro de la coalición de gobierno. El aviso fue emitido en los últimos días en la televisión abierta. Dura casi cinco minutos y consiste en un “repaso” de los logros del actual gobierno, para luego referirse al “segundo piso de transformaciones” que Delgado promete para el caso de ser electo presidente. Al final la pieza publicitaria invita a conocer el programa de gobierno en su sitio web. Varios dirigentes frenteamplistas advirtieron que el spot viola la ley que regula la publicidad electoral, que en su primer artículo dice que “los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita” cuando falten sólo treinta días para las elecciones internas. Hablando con La Diaria, el diputado Carlos Varela dijo que “no solo Delgado”, sino también el colorado Andrés Ojeda están violando esa ley, pero señaló que lo del nacionalista “es más evidente”. Varela sostuvo que la Corte Electoral debería apercibir públicamente a Delgado. El diputado reconoció que la ley tiene un problema: no establece una sanción a quien la viola. Por su lado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, apuntó a la financiación de la campaña de Delgado y el contenido del spot. “Lo interesante sería saber cómo lo financia. Llegó el momento de que los partidos que publiquen spots de cuatro minutos y medio, digan cómo los pagan. Un spot así sale más de $ 200 mil. Y el contenido… ¿Es lo que pasó en este gobierno? El gobierno vive en Narnia”. La difusión del spot de Alvaro Delgado también fue cuestionada por el senador Guido Manini Ríos. El líder de Cabildo Abierto habló de un “despliegue casi obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos, que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parecen casi infinitos”, y que se ven no sólo en las propagandas de televisión, sino también “en la calle y en las redes” sociales. Desde la campaña de Delgado se dijo a El País que la pauta está “enmarcada en la normativa”, ya que se trata de publicidad del tipo “call to action” para que la gente conozca el programa de gobierrno, lo descargue y sepa en qué está basado. Además se dijo que, al tratarse de un spot extenso, se optó por pautarlo solo dos días con solo dos salidas por cada canal de TV. El senador Javier García dijo que los cuestionamientos del FA son por su duración y no por su contenido. Afirmó que la izquierda trata de “censurar” y negó que el spot esté infringiendo la ley. La Tertulia de los Miércoles con Bruno Gili, Teresa Herrera, Martín Moraes y Desireé Pagliarini.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (UdelaR) pospuso un curso en su maestría en Ciencias Humanas, llamado “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”. La resolución se adoptó porque el gremio estudiantil de esa facultad expresó su rechazo a la participación de Alberto Spektorowski, politólogo uruguayo-israelí, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, que iba a dictar dos clases en el curso. Alberto Spektorowski es un politólogo uruguayo-israelí especializado en Teoría Política y Política Comparada. En el año 2000 estuvo presente en las negociaciones de Camp David entre Israel y Palestina, asesorando al canciller israelí Shlomo Ben Ami, del gobierno liderado por el laborista Ehud Barak. Del otro lado de la mesa se sentaba Yasir Arafat. Años más tarde, integró el grupo negociador que trabajó en el proceso de desarme y disolución de la organización terrorista ETA. “Alberto Spektorowski no sos bienvenido en la Udelar”, decía una de las publicaciones del gremio estudiantil que lo señalaba como “sionista” y “apologista” de las acciones del gobierno israelí en la guerra en Gaza. Uno de los integrantes de ese gremio, perteneciente a la lista 21 de Junio, explicó los argumentos en un video publicado en Instagram y replicado por el Centro de Estudiantes de Humanidades. ¿Quién es Alberto Spetorowski? Es un docente israelí que cuando le preguntaron por el genocidio que está ocurriendo en palestina respondió: “Podemos hacer un genocidio mañana, en dos minutos. El hecho de que no hay genocidio es lo que está pasando. 20.000 muertos es mucho, pero eso no es un genocidio”. A día de hoy Israel duplicó esa cifra, asesinando a más de 40.000 palestinos en siete meses. ¿Les sigue pareciendo que no es un genocidio? El estudiante que grabó ese video leía un fragmento de una entrevista que Spektorowski concedió en diciembre del año pasado al medio español El Confidencial. Ayer, en diálogo con Subrayado, el docente cuestionado respondió de esta manera: "Creo que se creó un ambiente un poco difícil, un poco tenso, y bueno, la universidad decidió posponer, no terminar con el curso pero posponerlo". El decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martinis, aclaró que el pedido de postergación provino de los docentes del curso, que decidieron “hacer un esfuerzo mayor que el que ya se estaba haciendo por asegurar una pluralidad de perspectivas en el abordaje de la laicidad”, según dijo a La Diaria. “No se trata de que se cancela a un docente”, afirmó el decano. El caso provocó críticas de dirigentes políticos y de organizaciones judías. Por ejemplo, el Comité Central Israelita consideró que la Udelar, "cediendo a estas presiones, pone en juego su histórica identidad democrática, plural y laica". La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.

Yamandú Orsi, uno de los precandidatos del Frente Amplio (FA), publicó una carta en la que se compromete a no divulgar noticias falsas y a promover “acciones de chequeo y verificación de la información”. En la declaración Orsi señala que “la tentación de jugar por fuera de las reglas democráticas en la esfera digital gana terreno en el mundo”. Su campaña, en cambio, no va “a jugar a tergiversar la libertad de elegir de la ciudadanía uruguaya” y tampoco se dedicará “a dañar reputaciones de las personas”. “No es sólo decencia, es convicción democrática”, enfatiza Orsi en su nota. Por otro lado, Orsi anuncia que propondrá “acciones de chequeo y verificación de la información para exponer la desinformación deliberada”, así como “el daño que hacen estas prácticas”. Según indicó La Diaria, el comando de campaña de Orsi trabaja para montar un equipo de chequeo y verificación de información. Orsi también afirma en la carta que se necesita “una ciudadanía activa, participativa e informada”, tanto como “un periodismo independiente y comprometido con ofrecer información verificada”, porque “contribuyen a que tengamos una buena campaña” y “una democracia de mejor calidad en Uruguay”. Por último, el precandidato anuncia que en caso de ser electo presidente de la República, llamará a lograr “un gran consenso nacional en torno a la condena de estas prácticas y la promoción de un entorno digital libre de intimidación, amenazas e incitación a la violencia por razones discriminatorias”, que terminan en “riesgos inminentes para las personas y la democracia”. La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Pablo Díaz, Teresa Herrera y Esteban Valenti.

El sector Ciudadanos del Partido Colorado anunció ayer que impulsará una reforma de la Constitución para regular el ingreso de funcionarios a las Intendencias departamentales, según se preveía en el proyecto de ley que había presentado el ex senador Adrían Peña, fallecido la semana pasada, y que no prosperó en la cámara alta. Para llevar adelante esta iniciativa, Ciudadanos seguirá el procedimiento previsto en el artículo 331 literal B de la Constitución. Esa disposición establece que si un texto de reforma es presentado a la Presidencia de la Asamblea General con las firmas de dos quintos del total de componentes de ese cuerpo, o sea 52 legisladores, deberá ser sometido a plebiscito simultáneamente con las elecciones nacionales. La norna que se impulsa indica que el concurso público o en su defecto el sorteo serán las únicas vías de ingreso de personal a los gobiernos departamentales. Hablando en conferencia de prensa, el diputado colorado Ope Pasquet explicó que si la reforma es aprobada en las urnas no se podrá seguir afirmando que la propuesta es inconstitucional, como sostuvieron los legisladores del Partido Nacional, la semana pasada durante el debate en sala del proyecto de Peña. "Vamos a invitar a firmar este proyecto de enmienda constitucional a los legisladores de todos los partidos, aún del PN que no acompañó el proyecto de ley en el Senado la semana pasada. Porque si lo que se discutía era la constitucionalidad de la iniciativa legislativa, de esta manera superamos la objeción porque lo que proponemos es una reforma constitucional. Así que no puede haber motivos para rechazar esto, que se funda en criterios que han hecho carne en la sociedad uruguayos. Si consultamos por ahí, la gente está de acuerdo que la forma de ingresar a la administración pública sea el concurso". La idea que dio a conocer Ciudadanos tiene como antecedente una columna publicada el sábado por el politólogo Daniel Chasquetti en La Diaria. “Le haría un bien al país y, de paso, honraría la digna memoria de Adrián Peña”, escribió Chasquetti en esa nota. La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Bruno Gili, Diego Irazábal y Eleonora Navatta.

La diputada del Frente Amplio Micaela Melgar presentó un proyecto de ley para sancionar “el negacionismo con el terrorismo de Estado”. La iniciativa busca castigar “cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973” y en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, es decir, la última dictadura cívico-militar. Para quienes incurran en este tipo de manifestación, el proyecto prevé que deberán “corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas”, y reivindicar “el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes”. De no hacerlo, la persona “será castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”. El primer artículo del proyecto de ley define como “negacionismo” la “negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública”. El texto está inspirado en legislación internacional similar. Por ejemplo, en Alemania existen leyes contra la negación del Holocausto o la apología del nazismo, que según Melgar tienen sanciones “mucho más duras” que las que prevé su iniciativa. Melgar dijo a La Diaria que el terrorismo de Estado en Uruguay “es algo comprobado históricamente, y no pasa por interpretaciones, por visiones o por relatos”. Por lo tanto, “negar lo que pasó es un ataque a la democracia”, remarcó. La iniciativa ya recibió críticas. Por ejemplo, el diputado Eduardo Lust dijo que el proyecto es “inconstitucional” porque “viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento, siempre y cuando por expresar el pensamiento no se cometa un delito”. La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.

Este viernes se votará en Comisión de la Cámara Alta el proyecto de ley de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez que instaura la paridad de género en el Parlamento. La iniciativa genera resistencias del Partido Nacional. Sin embargo, tiene el apoyo de la bancada del Frente Amplio, de la senadora colorada Carmen Sanguinetti y de la vicepresidente Beatriz Argimón, lo que le asegura votos suficientes para ser aprobada al menos en el Senado. La propuesta presentada por Rodríguez estipula un sistema paritario de orden alternado y secuencial de mujeres y varones en cada lista al Poder Legislativo, tanto de titulares como de suplentes. Actualmente, de acuerdo a la Ley de Cuotas aprobada en 2009, dos de cada tres lugares en la lista se destinan a un género y el tercero al otro. Pero en la práctica en el armado de las listas ese tercer lugar se destina casi siempre a las mujeres, lo que reduce el impacto de la cuota. Rodríguez aspira a que el proyecto se apruebe en esta legislatura para que ya rija en las elecciones nacionales de este año. A comienzos de marzo la senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestó a La Diaria que esta ley de paridad, “como mujer”, le “da vergüenza”. Para Bianchi, “las mujeres que quieren eso” lo hacen “porque no se animan o no tienen la capacidad suficiente”. Por su parte, Rodríguez sostuvo que espera una “discusión con altura y respeto”. La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Pablo Díaz, Eleonora Navatta y Oscar Sarlo.

El Plenario Nacional del Frente Amplio, que sesionó esté sábado, trató varios informes del Tribunal de Conducta Política (TCP) de la coalición de izquierdas. Dos de ellos involucraban denuncias de acoso sexual: uno sobre el alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, acusado de acosar a militantes frenteamplistas, y otro sobre el diputado Gustavo Olmos, acusado de acoso sexual y laboral por su suplente, Martina Casás. En el caso de Roncio, el informe fue contrario al alcalde y el Plenario lo avaló, por lo que lo inhabilitó durante cinco años a participar en la fuerza política. El mismo sábado Roncio renunció a su cargo, y también a ser integrante del Frente Amplio. El informe preliminar del TCP señaló que existió un "acercamiento físico" entre ambos, pero consideró que no se comprobaba una situación de acoso sostenida en el tiempo. Casás rechazó esas conclusiones. En diálogo con Subrayado la semana pasada la diputada suplente afirmó que los chats que se habían tomado como prueba no eran suficientes, e hizo el siguiente relato. “Como que varias veces me sentí intimidada, y varias veces me sentí en situaciones que yo no quería, sí tuve rechazo físico a su acercamiento, o sea, él es una persona que mide un metro noventa, y que cuando me abrazaba yo me hacía lo más chiquita que podía, porque no quería eso. Es una situación sostenida donde una persona va cruzando distintas barreras corticales. Entonces, de un beso en el cachete pasa a ir acercándose a la boca, o me daba besos en la nariz, o cosas como que yo decía que es raro, o que es ubicado, pero no sabía expresarlo. Después de una sesión, no sé, larga, de hasta las tres de la mañana me llegaba hasta mi casa, y me despedía con un abrazo largo. También pasó de que me diera un abrazo y que me hiciera contacto con mis glúteos, o cosas por el estilo”.  El sábado, durante el plenario, a partir del informe del TCP se plantearon dos mociones. Una, impulsada por el MPP, la Vertiente Artiguista y Fuerza Renovadora -alianza a la que pertenecen tanto denunciado como denunciante- que proponía avalar el informe y cerrar el caso. La otra, promovida entre otros por el Partido Comunista, el Socialista y Casa Grande, planteaba esperar a que el caso se resuelva en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo, donde Casás presentó una denuncia. Como ninguno de los dos textos alcanzaba la mayoría especial de ⅘ necesaria para su aprobación hubo largas negociaciones en procura de un acuerdo. Según la crónica de La Diaria, a partir de una iniciativa de las bases, se llegó a una declaración final donde se indica que “los elementos probatorios reunidos por el TCP no conducen a una conclusión fehaciente de una situación de acoso laboral o sexual” por parte de Olmos. “Sin perjuicio de lo expuesto”, continúa, “también debe tenerse presente que las potestades y los instrumentos con los que cuenta el TCP para la averiguación de los hechos son limitados, y que existen denuncias y demandas en ámbitos jurisdiccionales y administrativos cuyas autoridades podrán llegar a otras conclusiones, con mayores elementos, y eventualmente reconsiderarse las opiniones aquí expresadas”. Luego de conocerse esa resolución, la precandidata Carolina Cosse valoró que el Plenario “decidió esperar el dictamen de la Justicia”. Hablando en rueda de prensa, expresó ayer: “me pliego a esa decisión”. Cosse apuntó al respecto que los problemas complejos el Frente Amplio los decide en colectivo" y destacó que "los procedimientos son transparentes y colectivos". Otro precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, respaldó el fallo del tribunal pero marcó discrepancias con la manera en que fue tratado el tema en la interna de la coalición de izquierdas. "Capaz que no manejamos con la prudencia necesaria estos temas. A mí me gustaría que lo hubiésemos trabajado distinto. Hablamos mucho y son cosas muy serias", expresó. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Patricia González, Diego Irazábal y Desirée Pagliarini.

La semana pasada, la Justicia condenó a 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba a Marcelo Acuña, exgerente de la empresa Vertical Skies, por espionaje a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. A la condena se llegó a través de un proceso abreviado por el delito de cohecho en calidad de coautor. Esta es una de las derivaciones del caso Astesiano: fue en el celular del ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou donde se encontraron las primeras informaciones al respecto. En esos chats, Acuña, un ex militar, pedía a Astesiano que armara “fichas” de Carrera y Bergara, buscando datos comprometedores, luego de que ambos senadores presentaran una denuncia por el acuerdo en el puerto de Montevideo con la empresa Katoen Natie. En rueda de prensa, Bergara habló sobre la noticia. Destacó la condena como algo positivo, pero señaló que también había un “vaso medio vacío”. "Por otro lado, no se logra en este proceso determinar quién es el mandante original, el que termina procurando, pagando por amedrentarnos para que retiráramos esa denuncia". Desde la defensa de Acuña, se respondió a la prensa que el caso no implicaba espionaje sino solo “un pedido de información”. Su abogado, Miguel Fossati, también señaló que Acuña aportó información sobre el “mandante” de la operación. “Le fue pedido por una persona, cuyo nombre aportó. La Fiscalía no encontró elementos para vincular a esa persona. Que yo sepa, no es una persona política”. En tanto, el abogado de los senadores frenteamplistas señaló el fin de semana en diálogo con La Diaria que Astesiano también debió ser condenado por este caso, pero al haber cerrado un acuerdo con la exfiscal Gabriela Fossati, no puede seguir siendo investigado. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Patricia González, Diego Irazábal y Desirée Pagliarini.

El proyecto de la multinacional Google para instalar uno de sus data center en Parque de las Ciencias, en Canelones, sigue avanzando. Ayer se conoció que el Poder Ejecutivo autorizó la ampliación de esa zona franca con un predio de tres hectáreas, comprado por Google, que se suma a otro de 30 hectáreas que la empresa había adquirido en 2020. Esta es una iniciativa que el gobierno valora muy positivamente porque permite posicionar a Uruguay como “hub de innovación y tecnología para la región y el mundo”. Cuando se confirmó la decisión de inversión, un comunicado de Presidencia de la República señaló que la noticia "sitúa al país en una posición de privilegio para aprovechar la oportunidad de captar inversiones en el dinámico y creciente mercado de almacenamiento de datos, derivado del explosivo desarrollo de la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y la Big Data". Luego, mientras el Ministerio de Ambiente realizaba las evaluaciones correspondientes, fueron haciéndose públicos algunos datos que resultan llamativos, por no decir impactantes. Por ejemplo, según publicó este lunes La Diaria, en un informe que Google presentó a las autoridades se indica que, funcionando en su máxima capacidad, el centro alcanzaría un consumo de electricidad equivalente al de 202.898 hogares funcionando con tarifa residencial simple. Es decir, el data center tendría un consumo energético similar al de una ciudad nueva. Ya el año pasado se había revelado la previsión del consumo de agua, que se emplea para el sistema de enfriamiento. Luego de un pedido de acceso a la información realizado por un investigador de la Facultad de Ciencias, trascendió que el proyecto original de Google hubiese requerido 7.600.000 litros de agua por día, lo que equivalía al uso diario de 55 mil personas. Más tarde, en noviembre, la empresa modificó el proyecto y pasó a un sistema de enfriamiento en base a aire, que demandaría menos agua. Mientras todo ese proceso de evaluación continúa, este caso, el proyecto de inversión de Google, es una buena excusa para mirar más allá del caso puntual. ¿Cuál es la importancia de los data centers en el mundo de hoy? ¿Qué impacto tienen a nivel ambiental? ¿Y por qué puede interesarle a Google instalar uno en Uruguay? Conversamos En Perspectiva con Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería Eléctrica y catedrático de Redes y Sistemas de Comunicación en la ORT.

El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo ayer que no “hay viso de delito” en las adjudicaciones directas de viviendas que efectuó la ex ministra Irene Moreira. El mandatario fue consultado por este tema en una entrevista en Radio Universal, luego de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) hiciera públicas las conclusiones de una investigación administrativa sobre aquellas resoluciones que provocaron la renuncia de Moreira en mayo del año pasado. Lacalle Pou consideró que la investigación no debería pasar a la justicia penal. "No hay, desde mi punto de vista, viso de delito. Pero la oposición se encargará oportunamente, si es lo que tiene que hacer". La investigación administrativa concluyó que entre 2020 y 2023 hubo 12 expedientes por adjudicación directa y que los procesos fueron iniciados “a partir de correos electrónicos enviados desde la secretaría de la exministra Irene Moreira”. Según resumió La Diaria, la investigación señala que “la reserva de cupos solicitada en su oportunidad por la ex ministra Moreira, no es ilegítima, no se viola ningún derecho subjetivo o interés directo y personal, por lo contrario, es justamente un instrumento válido que permite contar con viviendas disponibles para atender determinadas situaciones puntuales”. Este tipo de reserva de cupos está regulada por la resolución N° 1058 del 2009. Sin embargo, la investigación administrativa concluyó que ninguno de los expedientes iniciados a instancias de Moreira cumplía con los requisitos, criterios y procedimientos de esa resolución. El informe final agrega que los funcionarios involucrados en estos procedimientos “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaría de la ex ministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable a la materia”. Estos funcionarios recibirán una observación con anotación en el legajo personal. Además, podrían ser sancionados con suspensiones de hasta seis meses. Este punto molestó a la Asociación de Funcionarios del MVOT. Ayer el sindicato aseguró que los funcionarios actuaron conforme a los procedimientos establecidos por el entonces director de Vivienda Jorge Ceretta. Además repudiaron que se “pretenda” trasladar a los funcionarios “responsabilidades” que le caben a los cargos políticos de jerarquía. La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Diego Irazabal, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

La campaña electoral ya está en marcha y en las redes sociales se vive el minuto a minuto. Entre tuits, videos de TikTok y mensajes de WhatsApp, la información circula constantemente, pero ¿está verificada? Según el Instituto Reuters, el 56% de la población mundial expresa preocupación por diferenciar entre la veracidad y la falsedad en internet cuando se trata de noticias. Este dato proviene de su informe anual de 2023, mostrando un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Ante la velocidad con la que se propaga la información actualmente, surge la pregunta: ¿Cómo podemos discernir si lo que recibimos es verdadero? ¿Cómo podemos prepararnos para mantenernos informados durante la campaña electoral sin caer en noticias falsas? La diaria Verifica se presenta como una herramienta para ayudarnos a verificar la información que nos llega a través de las redes sociales y disipar nuestras dudas al respecto. Además, el proyecto se propone verificar los discursos políticos de los candidatos. ¿Qué criterios emplean para este proceso de verificación? Conversamos En Perspectiva sobre esta iniciativa con Natalia Uval, directora periodística de La Diaria; y Brian Majlin, editor y coordinador del proyecto.

La posibilidad de concretar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de décadas de negociación, es cada vez más lejana. Las divergencias dentro de la Unión Europea, que está afrontando una oleada de protestas de productores agropecuarios que, entre otras reivindicaciones, rechazan el tratado con nuestra región, están llevando las conversaciones a punto muerto. Ante este panorama, ¿qué opciones tiene Uruguay? ¿Puede, por ejemplo, intentar un acuerdo bilateral con la Unión Europea? Conversamos En Perspectiva con el economista Gabriel Papa, ex asesor del Ministerio de Economía, que escribió una columna en La Diaria sugiriendo algunos caminos para Uruguay.

Según denunció la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU), el nuevo programa de estudios para Primer año de Educación Media Superior (el viejo cuarto de liceo) eliminó el concepto “terrorismo de Estado” para referirse a los hechos del pasado reciente. En lugar de eso, habla de “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”. A través de un comunicado, APHU aseguró que “el cambio no es inocente”, y recordó que en 2022 se dio la misma discusión con cambios en el programa de Historia de Noveno Año de Educación Básica Integrada, el que antes era tercero de liceo, hasta que las autoridades dieron marcha atrás. La asociación afirmó que el concepto “terrorismo de Estado” es “el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”. En declaraciones a La Diaria, el historiador Carlos Demasi, especializado en cuestiones de pasado reciente, consideró que la decisión “intenta amortiguar lo que para la sociedad uruguaya representó la dictadura y todo ese período de terrorismo de Estado”. Demasi agregó que se trata de una “visión negacionista” y que supone una línea argumental que “era clásica en la dictadura”. La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.

Uno de los tres imputados por el cargamento de dos toneladas de cocaína que salió del puerto de Montevideo y se incautó en el puerto de Amberes, Bélgica, a fines de diciembre es Carlos Mengen, dirigente del Partido Nacional que se desempeñaba como coordinador del municipio de Cardona, en Soriano. Mengen, que es empresario transportista, fue formalizado con prisión preventiva por el delito de asistencia al narcotráfico. Según el periódico local Centenario y La Diaria, la Brigada Antinarcóticos de la Policía llevó a cabo procedimientos en Florencio Sánchez y Cardona el 9 de febrero pasado. El objetivo a investigar era una firma transportista local a la que se le incautó un camión. Fuentes vinculadas al caso explicaron que Mengen se encargó de contratar al camión que llevó la droga a un depósito y estaba al tanto de toda la operativa. La incautación de la droga en Amberes se produjo el 28 de diciembre del año pasado. Al día siguiente Mengen renunció a su cargo como coordinador del municipio de Cardona, lo que fue aceptado por el alcalde Rubén Valentin. Mengen había sido concejal de Cardona en el período 2015-2020. Hace poco más de un año el alcalde lo nombró coordinador del municipio. Ayer el intendente de Soriano Guillermo Besozzi envió una carta dirigida a la Convención Departamental del Partido Nacional en la que pide que se expulse del partido a Mengen. Según dijo Besozzi a Montevideo Portal, la misiva responde a que es lo único que está dentro de sus posibilidades de acción, porque Mengen ya no está en el cargo. La droga incautada en Amberes estaba camuflada en un contenedor con alfajores, budines y whisky que salió de Zonamérica. Por este caso fue imputado además, el dueño de Liderking y Dositar, las compañías que operaban en Zonamérica y tuvieron a cargo la exportación de la mercadería. El empresario fue imputado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y se dispuso su prisión preventiva. También formalizaron a un socio del empresario, pero sólo se le aplicaron medidas limitativas –fijación de domicilio y prohibición de salir del país–, debido a que la Fiscalía entendió que no había elementos para vincularlo “directamente con la exportación de la cocaína”. A partir de este caso, les pregunto: ¿Los uruguayos consideramos la posibilidad de que el narcotrafico pueda entrar en la política? ¿Los partidos están tomando las previsiones? La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Bruno Gili y Eleonora Navatta.

El diputado colorado Gustavo Zubía provocó una gran polémica la semana pasada. Durante una entrevista en el programa televisivo Desayunos Informales, de Canal 12, Zubía, que también precandidato a la Presidencia, comentó el miércoles 14 que hay “mujeres” de 12 años que pueden estar “contentísimas” de tener relaciones sexuales con un mayor. Los dichos de Zubía provocaron respuestas desde distintas tiendas. Hablando con La Diaria, Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, dijo: "Nunca podemos decir que a los 12 años una niña está contentísima, porque diríamos que las víctimas abusadas sexualmente o violadas están contentísimas de serlo”. Y agregó: “Realmente es una expresión que para un legislador es completamente infeliz, es preocupante y creo que debería rectificarse". Incluso en el Partido Colorado hubo señalamientos. La Prosecretaría de Género y Diversidad solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que trate los dichos de Zubía. La prosecretaria del área, Desirée Pagliarini, explicó a La Diaria que “ha habido muchas repercusiones internas” y “comentarios en rechazo”. Otra voz colorada que se pronunció al respecto fue la diputada María Eugenia Rosselló, quien consideró las declaraciones como “infelices e inexactas”, pero quien también declaró: “Si me preguntan si lo anterior equivale a decir que el diputado Zubía realizó una apología de la violación, o de la pedofilia, o que minimizó las situaciones de delitos de violación, mi respuesta también es negativa. La forma de expresarse del diputado no fue acertada. Debió ser más cauteloso al momento de elegir las palabras. Eso es así. Pero esto no es sinónimo de aceptar o naturalizar el delito de violación ni ningún tipo de abuso que se cometa hacia niñas, niños o adolescentes”. Zubía, a su vez, respondió que lo criticaron con “mala intención”. Hablando con El Observador, aclaró que la situación que describió en Canal 12 califica de violación pero “sin violencia” física. "La violación se llama ope legis, por encima de la ley, cuando la niña puede dar su consentimiento biológico. No hay violencia física, hay violencia moral porque la niña no está apta para dar su consentimiento legal", dijo. El diputado agregó: "Ha habido una enorme cantidad de casos donde la persona está deseosa de mantener relaciones sexuales, pero no puede dar el consentimiento válido porque es una persona incapaz. Ahora, lo decís así y sos poco menos que un hereje a quemar en la hoguera". Estas situaciones hay que entenderlas "técnicamente y no emocionalmente", sostuvo el diputado. La Tertulia de los Lunes con Mariella Demarco, Patricia González, Gabriel Mazzarovich y Óscar Silveira.

En los últimos años tres años Antel ha venido reduciendo su inversión en el patrocinio del Carnaval de Montevideo, donde tradicionalmente ha sido el sponsor principal. Paralelamente, Antel fue aumentando su presencia en los carnavales del interior. Según publicó ayer La Diaria, la empresa disminuyó este año en 5.500.000 pesos el apoyo al Carnaval de la capital, lo que hizo desaparecer a la marca, entre otras lugares, del telón del Teatro de Verano en el Concurso Oficial. Desde Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) se indicó que, de todos modos, Antel sigue siendo uno de los auspiciantes más fuertes (el segundo después de Tenfield), pero agregaron que quienes han sufrido más el recorte son los conjuntos, a los cuales se les quitó el respaldo directo. Esas agrupaciones recibían de Antel entre 80.000 y 100.000 pesos para sumar a sus presupuestos cada temporada. La baja en el rubro Antel dejó sin efecto también los RondaMomo, escenarios que se armaban en barrios populares con entrada gratuita. Esta disminución del sponsoreo de Antel fue cuestionada por varios carnavaleros montevideanos. Carlos Barceló, director responsable y componente de humoristas Sociedad Anónima, dijo a TV Ciudad que “es triste” la política de Antel con la cultura y otros sectores como el deporte. “Es triste lo que se ha hecho con la cultura en general. Si pasa con la comida de un niño en las escuelas, ¿no va a pasar con los conjuntos de Carnaval? También pasa en el fútbol, con un montón de equipos del Interior que tenían Antel en el pecho. Todo eso se perdió”. En cuanto a la sponsorización en el interior, de 240.000 pesos que Antel aportaba en el año 2020, pasó a 1.100.000 pesos en la actualidad para las celebraciones de Melo, Artigas, Bella Unión, Rosario, San Carlos y Tacuarembó. A partir de este debate la pregunta que planteamos es: ¿Antel tiene que apoyar, el carnaval el deporte, o no? La Tertulia de los Jueves con Diego Irazábal, Victoria Pasquet, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) suspendió los derechos de afiliación de su exsecretaria general, Valeria Ripoll ahora militante del Partido Nacional (PN). La decisión se basó en una resolución de 2019, impulsada en su momento por Ripoll, que establece que se le suspenden los derechos a las personas que tienen cargos políticos de particular confianza, con un perfil político. Las autoridades del sindicato entendieron que Ripoll está abarcada por esa resolución ya que desde el 13 de setiembre del año pasado trabaja, con un pase en comisión, como secretaria en el despacho de la diputada nacionalista Fernanda Araújo. Araujo asumió la banca en lugar de Martín Lema cuando éste pasó a ser titular del Ministerio de Desarrollo Social. En declaraciones a La Diaria, Ripoll dijo que su cargo “no es político” y denunció que el sindicato la persigue por militar en filas blancas. "Yo soy un pase en comisión común, cobrando mi salario como funcionaria municipal. Objetivamente es persecusión política partidaria porque no soy frenteamplista. No tiene otra explicación porque no se aplicó así nunca". Hablando en un acto político en Salto en favor de la precandidatura de Álvaro Delgado, Ripoll ahondó en sus críticas y denunció que "el Frente Amplio manipula, rompe y usa los sindicatos, los movimientos sociales, el feminismo, las causas como la de las personas con discapacidad. Todo el movimiento social se lo apropia y lo destruye". Y luego enfatizó: "No se puede suspender o decirle traidor a alguien por pensar distinto y por querer militar donde tiene ganas de militar y eso es lo que me están haciendo a mí hoy". En el mismo sentido se expresaron varios dirigentes nacionalistas que salieron en su respaldo. Esas declaraciones provocaron que cinco integrantes de la lista 27 de Adeom, que tenía a Ripoll como principal referente, decidieran abandonar la agrupación. Vanessa Gallinares, una de las que dejó la lista, recordó a La Diaria que Ripoll decidió la aplicación de una suspensión de sus derechos a una trabajadora afiliada a Adeom en junio de 2019, cuando la funcionaria inició actividades a nivel político. Esa sanción que Ripoll avaló es la que el sindicato le aplica ahora. Por su lado, la actual secretaria general de Adeom, Silvia Tejera dijo que si bien Ripoll manifiesta no tener un cargo político, eso “no se condice con la realidad”, ya que participa en actos de campaña en favor de Delgado. El gremio de municipales, en tanto, emitió un comunicado en el que manifiesta que Ripoll “no tiene el aval para representar sindicalmente a los trabajadores de Adeom ante la Federación Nacional de Municipales (FNM), cargo que actualmente ocupa”. Asimismo, aclara que las opiniones de Ripoll no tienen que ver “con las discusiones dadas en la interna del sindicato”. Adeom-Tacuarembó, en tanto, dijo que Ripoll está ejerciendo la titularidad de la FNM “de forma ilegítima y sin elecciones”. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno y Carina Novarese.

La última columna del economista Fernando Esponda en La Diaria provocó una discusión sobre el desarrollo de Uruguay y las formas de medirlo. En ese artículo Esponda recuerda que en los últimos 25 años Uruguay registró avances en términos de igualdad, redujo la pobreza, tuvo un crecimiento significartivo del PIB per cápita, y mejoró en el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Sin embargo, Esponda advierte que esos indicadores se quedan cortos para abarcar todo el panorama social y económico de un país. Y por eso decide enfocarse en otras estadísticas: la cantidad de suicidios, las personas en situación de calle, la cantidad de homicidios y la tasa de personas en prisión. Y encuentra que en esos rubros, los que refieren a los “márgenes” de la sociedad, Uruguay tuvo retrocesos importantes en el último cuarto de siglo. Para Esponda pasar a medir el desarrollo según cómo les va a quienes están en el “márgen” de la sociedad se acerca a un ideal de justicia “artiguista”. Incluso, dice, estos parámetros sirven para medir mejor la felicidad de las sociedades. Así lo explicaba ayer aquí En Perspectiva. "En los últimos 25 años uno decía "bueno supongamos que estamos navegando hacia la isla del desarrollo". Yo tenía la idea de que estamos yendo hacia ese lugar y había un tema de velocidad. A veces íbamos más rápido, a veces íbamos más lento, a veces íbamos más para un costado o para otro, pero íbamos avanzando hacia allí. De pronto esta batería de indicadores me interpela si en realidad esa isla del desarrollo no está en la popa, digamos, en la parte de atrás". La nota de Esponda tuvo mucha repercusión en el fin de semana en redes sociales y en prensa, donde hubo comentarios, respuestas y más contribuciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hemos progresado en estos 25 años cuando ha crecido de manera significativa las cifras de suicidio, encarcelados, homicidios y gente en la calle? ¿Podemos tomar esos otros indicadores como medida de desarrollo? La Tertulia de los Miércoles con Miguel Brechner, Pablo Díaz, Eleonora Navatta y Victoria Pasquet.

En los últimos 25 años Uruguay ha tenido avances en términos de igualdad, reducción de la pobreza, crecimiento del PIB per cápita y mejora en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. ¿Pero eso es suficiente? ¿Alcanza con esos datos para decir que hemos progresado? El economista Fernando Esponda se plantea esas preguntas en la última columna que publicó en La Diaria este sábado, titulada “Interpelación del progreso: la paradoja del desarrollo uruguayo”. Allí Esponda destaca que Uruguay tuvo mejoras en los indicadores clásicos para medir el desarrollo. Sin embargo, advierte que esos índices se quedan cortos para abarcar todo el panorama social y económico de un país. Es allí que decide enfocarse en otras estadísticas: la cantidad de suicidios, las personas en situación de calle y la tasa de personas en prisión. Y encuentra que en esos rubros, los que refieren a los “márgenes” de la sociedad, Uruguay ha tenido retrocesos importantes en el último cuarto de siglo. Por eso plantea una medición alternativa del desarrollo y, sobre todo, una reflexión nueva sobre ese concepto, especialmente pensando en el futuro del país y dónde deben poner el énfasis las políticas públicas. La nota de Esponda tuvo mucha repercusión en el fin de semana en redes sociales, donde hubo comentarios, respuestas y más contribuciones. En los últimos meses venimos reflexionado En Perspectiva sobre el desarrollo de Uruguay en la entrevista central, con distintos enfoque, por ejemplo, de Ricardo Pascale, de Ignacio Munyo de Ceres y de Hernán Bonilla del CED. Hoy sumamos la mirada de Fernando Esponda.

La multinacional PedidosYa despidió el viernes a 250 personas que trabajaban en atención al cliente aquí en Uruguay. La empresa que opera en 15 países, informó en un comunicado que resolvió contratar a proveedores externos especializados en la gestión de contactos, con el objetivo de mejorar la gestión de esa área de la compañía. Pedidos Ya remarcó que continuará empleando a unas 1.000 personas en Uruguay, en áreas como tecnología, diseño, producto, finanzas y marketing entre otras. Camila Lara, presidenta de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, dijo que el sindicato ya había manifestado la preocupación de que la empresa tomara decisiones que apuntaban a un retiro del país. "Nos llegó un mail que era para unirnos a una reunión virtual en la cual se le notificaba a 250 trabajadores del sector de soporte técnico y atención al cliente que estaban desvinculados de la empresa. El argumento es la tercerización del trabajo y que no se van a realizar más desde la central de Uruguay", dijo Lara. "Teníamos una antigüedad bastante importante, conocíamos muy bien la tarea que teníamos que realizar. De hecho, fuimos quienes capacitamos a los trabajadores que hoy están haciendo las tareas de forma tercerizada. Nos obligaban a capacitar y después nos quedamos sin trabajo", agregó. Según el sindicato, la empresa tercerizó los servicios de soporte técnico, operaciones y atención al cliente. Además, Lara agregó que la sección de soporte técnico se mudará a Argentina. El PIT CNT por su lado, compartió un comunicado de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios en el que afirma que el gremio “dará la pelea para que se mantengan los puestos de trabajo". El martes a las 9:00 habrá una reunión entre el sindicato, la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), confirmaron a La Diaria fuentes de la cartera. A su vez, está prevista una movilización en la puerta del ministerio, a la hora de la reunión. Además, el sindicato planteará la situación en el parlamento. “El sindicato se está moviendo para ver si existe la posibilidad de revertir de alguna manera esta situación”, dijo Lara. Desde la empresa niegan la intención de retirarse del país. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijeron a El Observador que no están al tanto de una eventual salida. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Diego Irazábal y Ana Laura Pérez.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, recibió críticas del oficialismo y también de dirigentes del Frente Amplio (FA) luego de anunciar que firmará a favor del plebiscito de reforma constitucional que promueve el PIT CNT para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones vigente. En un comunicado que publicó el viernes en sus redes sociales, Cosse, que es uno de los cuatro nombres que compite por la candidatura del FA a la Presidencia de la República, informó que va a firmar la papeleta pero no se pronunció sobre el contenido de la enmienda constitucional que impulsan los sindicatos. La intendenta señaló que “cuando una iniciativa de esta magnitud es postulada por una entidad tan representativa en la historia del Uruguay democrático, como el PIT-CNT (...) debe analizarse con atención y cuidado en todas sus aristas”. Según Cosse, si la consulta popular se confirmara, eso permitiría que durante la campaña electoral se discutiera la ley de reforma del sistema previsional que la coalición de gobierno sancionó a mediados de año, a la que calificó como “una mala ley”. En su texto, de dos páginas, la intendenta argumentó que “si se alcanzan las firmas requeridas, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento, y, en particular, a la Asamblea General”, lo que abre “la oportunidad” de que el tema “sea nuevamente debatido e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población”. Ese planteo de Cosse sorprendió a políticos y analistas. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución esa posibilidad existe. El artículo 331, mencionado por la jefa comunal, señala en su literal a) que uno de los mecanismos de reforma de la carta magna es “por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata”. Y en el inciso segundo se añade: “La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria juntamente con la iniciativa popular”. Según Cosse, la ley impulsada y aprobada por el gobierno es “una mala ley”, que “ya afecta a cientos de miles de personas que hoy están trabajando y que a través de muchos años de aportes confiaron en determinadas reglas y derechos que ahora desaparecen; por eso creo que nos debemos una reflexión ciudadana en profundidad sobre el tema”. Luego, hablando en una rueda de prensa, Cosse insistió en que firmar para que haya plebiscito no significa estar de acuerdo con la propuesta del PIT CNT. Al ser consultada por la prensa, Cosse dijo que no hará campaña por el plebiscito si no que se va “dedicar a que el Frente Amplio crezca”. El posicionamiento de Cosse, disparó críticas desde el oficialismo. Por ejemplo, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que la intendenta está “jugando con fuego”. “Tenemos clarito quiénes están a favor de confiscar los ahorros de los uruguayos y quiénes estamos a favor de defenderlos”, agregó. En el FA también hubo críticas. El senador Mario Bergara, otro de los precandidatos de la izquierda, dijo que no “queda clara” la postura de la intendenta sobre el fondo del asunto. Además dijo que “no ve la lógica” en la idea de Cosse de que el tema vuelva a discutirse en la Asamblea General. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, que apoya la precandidatura de Cosse, respaldó la postura de la intendenta. “La discusión sobre la firma o no del recurso es hasta abril” y los contenidos se debatirán “hasta octubre, y lo que se habilita es una discusión en el conjunto de la sociedad uruguaya y en todas las instituciones”, dijo a La Diaria. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Diego Irazabal y Daoiz Uriarte.

Se discutió ayer en el Parlamento el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que cubre parte de la indemnización por despido a los ex trabajadores de Galicia, que fuera intervenida por el Estado en 2021 y luego liquidada por decisión de la justicia. Para levantar el veto se requerían tres quintos de los votos de cada cámara, que no se alcanzaron. En el Senado, hubo 17 votos a favor del levantamiento del veto en 29 legisladores presentes. Por levantar el veto se pronunciaron el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el senador Sergio Botana del Partido Nacional. Otro senador blanco, Juan Straneo, suplente de Juan Sartori, estaba dispuesto a acompañar el levantamiento del veto pero se retiró de sala cuando debía anunciar su voto. Según informó La Diaria, el presidente Lacalle Pou llamó desde Río de Janeiro a Straneo antes de la votación para que reconsiderara su postura, argumentando sobre el “impacto económico” que podría tener la norma si se mantuviera tal como fue aprobada. Cuando se conoció el resultado final en el Senado, varios ex trabajadores de Casa de Galicia que seguían la sesión desde las barras lloraron e insultaron a los legisladores. Los ex funcionarios anunciaron que iniciarán juicios al Estado para cobrar el total de los adeudos. Durante el debate, el senador Sergio Botana, que había impulsado la ley vetada por el presidente, sostuvo que el Estado tiene que hacerse responsable de saldar las deudas con los trabajadores. "¿Los dejamos sin trabajo y no tienen derecho?", se preguntó. Botana además, cuestionó el crédito que el Banco República le otorgó al Círculo Católico, mutualista en la que el actual presidente de ASSE, Leonardo Cipriani era el director técnico, para que pudiera comprar el edificio de Casa de Galicia. "Como dios no desampara nadie, había alguien que tenía un crédito aprobado en el Banco República. Me hace acordar al señor de la derecha. Hubo alguien que tenía ese crédito por milagro", ironizó, haciendo referencia al caso del polémico remate de los aviones de Pluna en el gobierno de José Mujica. En la cámara baja votaron por el levantamiento del veto 56 diputados en 97 presentes. Allí el FA, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente votaron a favor de levantarlo. En el Partido Nacional rechazaron el veto Carmen Tort y Marcos Portillo. En el mismo sentido se expresó el diputado colorado Eduardo Elinger, suplente de Germán Cardoso (que en el Senado, como suplente de Raúl Batlle, había votado el proyecto vetado por el presidente). Durante el debate, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, defendió el veto, ya que a su juicio la ley cuestionada generaba un trato “discriminatorio” a favor de los trabajadores de Casa de Galicia. "El seguro de paro para los trabajadores de Casa de Galicia tuvo características distintas, por un año, con mayor tope, y podían trabajar mientras cobraban ese seguro. Ahora se está dando un tratamiento distinto en menoscabo de otros trabajadores de la actividad privada. (Con la ley que se intenta mantener) es clara la violación al ordenamiento jurídico y a la Constitución", agregó. La ley vetada obligaba al Estado a "integrar" el fondo de insolvencia laboral en el BPS de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de la mutualista, en caso de que dicho fondo se quedara sin dinero, como efectivamente calculan las autoridades. Esta solución implicaba que el Estado volcara 23 millones de dólares. El gobierno, sin embargo, busca constituir un fondo aparte por una cifra mucho menor, 8 millones de dólares. En el veto, Lacalle Pou sostuvo, entre otros argumentos, que la ley en cuestión llevaba a que el Tesoro Nacional debiera afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se estableciera con qué fondos serían cubiertas dichas erogaciones". La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Esteban Valenti y Alberto Volonté.

Los partidos políticos y precandidatos van haciendo públicos sus énfasis programáticos para las elecciones del año que viene. Por ejemplo, el domingo, en entrevista con El País, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, dijo que impulsará una agenda para la competitividad y la mejora del costo país. Habló, en particular, de implementar un plan de riego que abarque 20, 30 años y acelerar la inserción internacional. Además promoverá la modernización de las relaciones laborales sin la pérdida de derechos y promoverá la creación de un Ministerio de Justicia que se encargue de la Fiscalía y las cárceles. Ese mismo día en el Congreso Nacional del Herrerismo, Laura Raffo, también aseguró que va a centrarse en bajar el costo de vida en Uruguay a través de una “modernización” del Estado que reduzca los costos a las empresas e impacte en los precios. En el Partido Colorado los precandidatos también van mostrando sus principales ejes de campaña. Por ejemplo, el ex presidente del Codicen Robert Silva pondrá el foco en la educación, el efecto de la tecnología en el trabajo y el impulso al valor agregado de la producción uruguaya. Por su lado, el Partido Independiente, definió este sábado su programa para las próximas elecciones. Su prioridad será una asignación fuerte de recursos para que el próximo gobierno logre una “sustancial reducción” de la pobreza infantil. Cabildo Abierto también está armando su programa. El coordinador de los equipos técnicos Marcos Methol, dijo a El País este fin de semana, que las áreas prioritarias serán economía y seguridad. Por su lado, el Frente Amplio realizará este fin de semana un Congreso en el que aprobará su programa. El senador Enrique Rubio adelantó en La Diaria que el foco de un eventual gobierno deberá estar en la diversificación de la matriz productiva y la reducción de “todas las brechas”, que es “el alma de la izquierda”, dijo. Con este panorama, ¿cuáles van a ser los principales temas/ejes de la campaña? La Mesa de Análisis Político con Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Antonio Cardarello y Adolfo Garcé.

La legalización de la eutanasia volvió al centro de la agenda política. Un proyecto presentado por el diputado Ope Pasquet ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está a estudio de la Comisión de Salud del Senado. La bancada del Frente Amplio está unánimemente de acuerdo con la iniciativa y aspira a que se apruebe al menos en comisión antes de fin de año. A esos efectos, espera “realizar reuniones extraordinarias de la comisión”, según dijo ayer a La Diaria el senador José Nunes. Por su lado, el Ministerio de Salud Pública presentó en el Parlamento un informe en el que sostiene que sería una “obscenidad y una calamidad” aprobar una ley de eutanasia, sin antes asegurar el acceso a los cuidados paliativos en todo el país. Al mismo tiempo, desde la academia también surgen más opiniones para incidir en el debate. El filósofo Miguel Pastorino editó hace unos días “La eutanasia no es lo que parece”, un libro en el que explora la cuestiones “antopológicas, eticas y pseudocientíficas” que están detrás de los argumentos a favor y en contra de legalizar la eutanasia. Conversarmos En Perspectiva con Miguel, a propósito de este libro.

Renunció el canciller Bustillo tras acusaciones de Ache sobre caso Marset, ese es el titular esta mañana en el diario El Observador.  Agrega: La exvicecanciller Carolina Ache le había entregado al fiscal Alejandro Machado chats y grabaciones de conversaciones con las que intentó probar que el gobierno le pidió ocultar datos de la investigación administrativa sobre el pasaporte dado al narcotraficante. La Diaria por su lado titula: Renunció Bustillo, envuelto en un escándalo por el caso Marset. Carolina Ache presentó en Fiscalía audios que lo comprometen en una trama de obstrucción de la Justicia, en la que dijo que también participaron Heber, su subsecretario Maciel y el asesor presidencial Lafluf. El título de El País: Caso Marset: Cae Bustillo por los audios con Ache. La exvicecanciller grabó una conversación con el ministro que desencadenó la crisis política. Agrega que durante el interrogatorio Carolina Ache comentó que había grabado la comunicación telefónica con Bustillo por la  "presión enorme porque por un lado el ministro me estaba pidiendo lo contrario a lo que me pedía formalmente por la Cancillería. Yo además sabía que todo iba a terminar en la Fiscalía. Quizá, y yo lo pienso, si hubiese accedido a todo lo que me pedían hoy era subsecretaria pero hubiese cometido un delito, no dormía tranquila pero la dignidad está por encima de cualquier cargo”, señaló ayer Carolina Ache. A su vez, cosultado su abogado el Dr. Jorge Díaz sobre esa decisión de Ache, dijo que grabar ese tipo de conversaciones era legal y que había jurisprudencia en ese sentido.  La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Alberto Volonté y Cecilia Eguiluz.

La decisión del PIT CNT de impulsar una reforma constitucional para modificar el sistema de jubilaciones vigente embretó al Frente Amplio (FA). El lunes de la semana pasada, la Mesa Política del FA aprobó por unanimidad una propuesta del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para dar libertad de acción a los sectores y a las bases. Ahora esa postura debe ser refrendada en el Plenario Nacional, que está convocado para el 14 de octubre. La resolución adoptada hasta ahora, que tiene su origen en las diferentes posturas que existen dentro del FA, expuso a esa fuerza política a críticas del oficialismo. Por ejemplo, el senador Álvaro Delgado sostuvo que la coalición de izquierdas prefiere “la comodidad y la irresponsabilidad de la libertad de acción” en vez de pronunciarse abiertamente en contra de una iniciativa que, recordó, incluye la eliminación de las AFAP, que, agregó, implica que se confiscarán los ahorros de miles de uruguayos destinados a sus pasividades. En paralelo, una comisión interna del FA está redactando un instructivo con los límites que tendrá la libertad de acción. Según informó La Diaria, el texto no permirtiría que se recolectaran firmas a favor de la consulta popular en los comités de base, para conservar la neutralidad. Ese documento también va a ser votado en el Plenario del 14 de octubre. Analizamos este panorama en el que se encuentra inmerso el Frente Amplio. Conversamos En Perspectiva con el diputado Gustavo Olmos, de Convocatoria Seregnista Progresista.

La decisión de la Mesa Política del Frente Amplio de dar libertad de acción a los sectores para acompañar o no el plebiscito sobre seguridad social impulsado por el PIT-CNT, generó varias repercusiones esta semana. El martes de la semana pasada, la Mesa Política del FA votó por unanimidad dar libertad de acción, ante una propuesta del presidente del Frente Amplio Fernando Pereira. Sin embargo, esta decisión deberá ser refrendada por un Plenario que se realizará el 14 de octubre. De todas formas, la postura primaria de la Mesa Política dio pie a críticas desde el oficialismo a la oposición. Por ejemplo, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que el FA prefiere “la comodidad y la irresponsabilidad de la libertad de acción.” “En vez de plantarse como partido político que aspira a gobernar y decirle a la gente: ‘bueno, podemos coincidir en alguna cosa, pero en esto no, la plata de los uruguayos la cuidamos, no se toca, es sagrada', ¿qué hizo? Por problemas internos, que tiene una interna importante, prefiere no jugarse y prefiere la comodidad de la libertad de acción, la irresponsabilidad de la libertad de acción”, agregó. Ayer Delgado siguió con las críticas y dijo que Carolina Cosse, Mario Bergara y Yamandú Orsi, “van a tener que decir qué van a hacer con el plebiscito” del PIT-CNT si quieren ser precandidatos. Cosse respondió que “no se va a sumar” al “apuro” del oficialismo. La intendenta dijo que el Frente Amplio aún está discutiendo el tema y ella va a acatar la decisión final. Pero en la interna del FA también hay discrepancias. Ayer el senador y precandidato de Convocatoria Seregnista-Progresistas, Mario Bergara, dijo que aspiraba a que el Frente Amplio “no acompañe el plebiscito” y “reafirme su camino del diálogo nacional y la reformulación por la vía legislativa”. En paralelo, una comisión del Frente Amplio está redactando un documento con los límites que habrá a la libertad de acción. Según informó La Diaria, el documento incluiría no habilitar lugares para firmar por la habilitación de la consulta popular en los comités de base, para conservar la neutralidad. Ese documento también va a ser votado en el Plenario del 14 de octubre. La semana pasada, el senador comunista Óscar Andrade había asegurado que sería un error que el Frente Amplio quedará enfrentado al PIT-CNT. “Que alguien me explique cómo es que hacés un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo”, dijo Andrade en M24. Ese diagnóstico no fue compartido entre otros por el senador del MPP, Alejandro Sánchez. “Creo que el Boca se equivoca”, dijo el legislador en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), porque a su entender la fuerza política no está enfrentando al movimiento sindical. “El FA no está enfrentando al movimiento sindical. El Frente Amplio está diciendo que una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente ha impulsado, no es conveniente. No es conveniente por oportunidad, porque entendemos que el gran debate del año que viene va a ser cambiar la política económica”, dijo Sánchez. Este jueves, en La Tertulia, Esteban Valenti, Hernán Bonilla, Eleonora Navatta y Cecilia Eguiluz.