Podcasts about Reportaje

Luis Herrero entrevista a Manuel Fernández-Fontecha, letrado de las Cortes y experto en Derecho Constitucional.

Geólogos de la Universidad de Oviedo documentan en una investigación las razones por las que no se producen terremotos en los Picos de Europa, a pesar de ser una de las zonas montañosas más escarpadas de la Península Ibérica.Escuchar audio

reportaje

Las inundaciones repentinas que devastaron el norte de Nepal el 26 de agosto dejaron una destrucción sin precedentes. El número de víctimas mortales continúa aumentando: casi 1.400 personas han fallecido y otras 5.130 permanecen desaparecidas, entre ellas unos 600 extranjeros procedentes de 35 países. Mientras las familias siguen buscando respuestas, las autoridades afrontan ahora otro desafío: recuperar e identificar a las víctimas. Reportaje de Shahzaib Wahlah y Ondine de Gaulle para France 24.

Podcast presentado por Toni Asensio y producido por RadioEsport Valencia en colaboración con la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas)  Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador —¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales? — Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.   — Lamentamos informarte que acaba de fallecer. La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria. — ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.   En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”. Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”. El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción. Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio. Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva. “Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”. Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño. La responsabilidad del Estado José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.    “Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente. Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado. “Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa. Detenido en aislamiento El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero nunca pudieron reunirse con él. “Yo nunca había ido al aeropuerto", dice Mónica." Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de la policía. Y les indagué si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no. Luego me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”. Pero, José Emlio no estaba en el centro conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto. Tras varias horas de búsqueda, Mónica y su mamá lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” donde se remiten a los capturados con padecimientos o enfermedades. La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde el inicio de la medida en 2022, el gobierno ordenó el aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales. La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica. Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca estuvo allí. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”. Caza de brujas. Opción: Estados Unidos En 2017, José Emilio, el hermano de Mónica, fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras. Sin embargo, fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente. En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales. “Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.   Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla. También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”. “Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos". José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la pettición se resolvía en las cortes. “De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y lo detuvieron”, relata Mónica. A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero. “Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y, además, había visto que  no tenía tatuajes. Pero, me dijo que no estaba en sus manos”. En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito” Quince días después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas. “Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano, mi mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se han documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI. La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica. “Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente. El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud idóneos y oportunos. “Hemos documentado casos de familias que han intentado proporcionar los medicamentos y el Estado no se los recibe o no se los entrega. Tenemos un porcentaje de personas que han fallecido, incluso, en tránsito hacia los hospitales”, sostiene Valiente.  

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Banca, han aterrizado a El Salvador 239 vuelos con salvadoreños deportados. ¿Qué les espera al llegar a su país? Reportaje de Angélica Pérez desde el Centro de Recepción a Migrantes “la Chacra”, en el marco de Deportation Project, revelaciones de la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación realizada por RFI y otros 25 medios de todo el mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories. Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales. Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB). Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" a quienes califica como "lo peor de lo peor".  Cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Luego, son trasladados en buses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro. Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador “A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”. Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.   Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador. La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano. Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal.  “Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal. "Entramos con permiso" “No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo y mi hijo David trabajábamos en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas”, cuenta María. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con un proceso de asilo pendiente.    Pese a estar tramitando ante los tribuanles su beneficio migratorio - situacion que, en princio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE enTexas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.     Al aldo de Maria, la senora Juana cuenta la hsitoria que la ha traudo hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar repartiendo paquetes de Amazon, a las seis de la mañana”. Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo. Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal.  “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía. De héroes a criminales De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre. “Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio. Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza.  ICE nos decía que firmáramos “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión. Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900 000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación “Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, dice David. Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes e ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del Ice te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que firmes para irte, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia. Nuestro delito es ser inmigrantes    Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fue deportado tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, dice. José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la migra para que me llevaran”. Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU. "Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se quedaron en Estados Unidos. Hace cuatro años, José Adán y su esposa emigraron al norte buscando una vida digna para su familia. Tras pagar 40 000 dólares a los coyotes, sufrieron un secuestro. Sin rendirse, él volvió a intentarlo y logró cruzar la frontera. Luego, pagó 13 000 dólares adicionales para trasladar a su hijo menor en avión  con unos padres falsos. Actualmente, sigue pagando parte de la deuda acumulada con sus ingresos en EE. UU. José Adán guarda la esperanza de recibir los 2.600 dólares que el gobierno Trump, empeñado en aumentar las deportaciones masivas, ofrece a los extranjeros en situación irregular que opten por la deportación voluntaria y bajo condición de no regresar a Estados Unidos por cinco años. Por ahora, no tiene en los bolsillos ni los cinco dólares que el gobierno de El Salvador le entrega a cada deportado para que regrese a casa tras el control migratorio en el Centro de Atención al Migrante. Cinco dólares no alcanzan para comprar el pasaje desde la colonia La Chacra al centro de la capital salvadoreña, mucho menos para ir a su casa en Usulután, a más de dos horas de camino, afirma José Adán: “Les dije que no quería esa plata”. Estos salvadoreños que el gobierno de Estados Unidos deporta por no tener sus papeles en regla —lo cual es una falta administrativa y no un delito penal— se fueron un día en busca del sueño americano. Hicieron su vida en Estados Unidos: trabajaron, mantuvieron a sus familias y, en parte, sostuvieron la economía salvadoreña. El sueño se transformó en pesadilla al caer presos de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump. Ahora retornan con las manos esposadas y vacías. ¿Qué les espera? Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sostiene que existe una brecha entre las promesas políticas de integración para los migrantes retornados y la falta de programas reales y recursos financieros para ejecutarlas. Rodriguez subraya que la reinserción va más allá de lo económico. “Los retornados enfrentan graves traumas debido a maltratos en centros de detención o la pérdida repentina de su vida y arraigo en Estados Unidos. Al ser expulsados a El Salvador se ven obligados a enfrentar un nuevo escenario de incertidumbre.” precisa.   El experto también deplora la falta de apoyo psicosocial para la familia que recibe a su pariente expulsado. “Sin embargo, los recursos asignados a los equipos de apoyo son insuficientes y las políticas públicas actuales no coinciden con las necesidades reales”, concluye el experto en migración.

Miles de mujeres sufren dolor crónico por enfermedades como la endometriosis o la fibromialgia. Con el objetivo de abordar su situación, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, nace en Navarra el proyecto Amelia, que busca mejorar el bienestar emocional de esas mujeres, ayudarles en la adaptación a la enfermedad y prevenir que el malestar psicológico se cronifique.Escuchar audio

Luis Herrero entrevista a David Muñoz, podólogo, responsable de Podología en HM Hospitales León y fundador de "A pie de pueblo".

El gobierno de España ha puesto en marcha la tramitación de una nueva ley antitabaco que busca restringir el consumo en múltiples espacios públicos, destacando la prohibición en terrazas de hostelería y campus universitarios. En este reportaje escuchamos la voz de sectores como el sector sanitario y los estudiantes universitarios en la Región de Murcia que celebran la medida como un avance necesario para la salud pública, mientras que los empresarios hosteleros temen un impacto negativo en el turismo y la facturación.

El 11 de septiembre de 2001, hace ya un cuarto de siglo, dos aviones se estrellaron sobre las torres del World Trade Center en Nueva York. Una tragedia que resultó en miles de muertos y marcó para siempre la historia de Estados Unidos. Nuestra corresponsal entrevistó a Christina Stanton, una guía turística que fue directamente testigo de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Reportaje de Mamen Sala, desde Nueva York “Estamos en Liberty Park, con vistas al Memorial. Vemos dos grandes piscinas con cascadas rodeadas por parapetos de bronce en los que aparecen inscritos los nombres de las víctimas de los atentados del 11-S y también del World Trade Center de 1993”: eso cuenta Christina Stanton, una guía turística de Nueva York, con un recorrido muy particular. Su relato es único porque describe lo que vivió en primera persona. “Yo vivía justo allí” “En 2001, si miras hacia allí, yo vivía justo ahí”, dice, señalando un edificio a pocos metros al que se acababa de mudar con su marido en julio de 2001. Fueron testigos directos de los ataques. “Estábamos en nuestra terraza mirando la Torre Norte, viendo el humo y las llamas que salían de ella, cuando, de repente, por encima de mi hombro derecho, apareció el segundo avión. Pasó justo delante de nosotros y se estrelló contra la Torre Sur”, recuerda. Mientras reconstruye aquella mañana, un avión sobrevuela la zona. Christina se encoge: ha pasado un cuarto de siglo pero hay recuerdos que siguen muy presentes. “Este fue el primer parque de bomberos que respondió a los ataques y, lamentablemente, murieron seis bomberos. De hecho, aquel día se produjo la mayor pérdida de vidas de miembros de los servicios de emergencia en una sola jornada en la historia de Estados Unidos”, indica. “Ese cáncer también estaba relacionado con el 11-S” Esta vecina del Bajo Manhattan no se limita solo a narrar los hechos, también relata las consecuencias de regresar a un barrio cubierto por una nube tóxica, cuyos riesgos las autoridades minimizaron públicamente. “Fui al médico en enero del año pasado, en 2025, y sí, me diagnosticaron cáncer. En marzo me practicaron una histerectomía completa y después me diagnosticaron también cáncer de piel. Tres meses más tarde recibí una carta por correo certificando que ese cáncer también estaba relacionado con el 11-S”, explica la mujer. Christina fue poco a poco introduciendo su historia personal hasta convertirla en parte del recorrido, pero no siempre es fácil, sobre todo cuando llega el aniversario de la tragedia. “Existe algo llamado ‘efecto aniversario', que es literalmente un término psicológico para describir a las personas que sufren distintos síntomas cuando se acerca el aniversario. En mi caso, sé que suelo quedarme mucho en casa. No hablo demasiado, salvo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una visita guiada. Me vuelvo más callada. No sé si diría que estoy deprimida, pero quizá eso también forme parte de ello”, comenta. Quiere preservar la memoria de un día que cambió para siempre a este país y que aún sigue marcando la vida de miles de personas.

Escuchamos a un grupo de personas mayores participando en un juego de memoria. Es una de las muchas actividades que realizan en su Centro de Día. En el de "La Purísima", en el barrio murciano de Barriomar, acuden unos 30 usuarios. Carmen, una de ellas, al principio no quería ir y Pilar, ha vuelto tras tener que marcharse hace unos años.La mayoría de ellos coinciden, aquí no se sienten solos, se encuentran bien cuidados, han hecho amistades y están entretenidos durante todo el día. La media de edad en este centro ronda los 80 años. Un 60 por ciento, son mujeres, llegan al centro con un grado de dependencia reconocido, la mayoría por deteriorios cognitivos como demencia o alzehimer, pero también por patologías físicas.Según son valorados, se distribuyen en tres grupos y a lo largo del día realizan actividades con terapeutas ocupacionales, fisios y psicólogos.Escuchar audio

Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo. El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido". A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar. “Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”. Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas. Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”. Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia. Solidaridad en San Pacho En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar. “Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella. La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”. Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris. “Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice. Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados. Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice. Vallejuelo: promesas, pero sin fecha En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar. “Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice. Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa. “El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita'. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir. Roldanillo, "buenos corazones" Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían. “Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía. Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar'' Porque uno tiene que saber para dónde ir”. El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores. Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando. “Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.   Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes. “La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar.  Cargando tejas a los 67 años En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó. “Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice. De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo. “Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica. Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

- Un brutal y completo reportaje del periódico más importante del mundo, de esta semana, le echa a perder a Sheinbaum la fiesta de autoelogios sobre la violencia en México. - En ese reportaje que te voy a sintetizar y explicar se muestra como Sinaloa es el estado más violento e inseguro para las mujeres, cómo la violencia está fuera de control y cómo se genera, en su mayoría, por los socios que según el Departamento de Justicia de EE.UU. llevaron a Rocha Moya a la gubernatura del estado. - Es decir, mientras Sheinbaum defiende a Rocha Moya, desde el NY Times le explican que sus socios son los que matan, torturan y desaparecen mujeres en el estado más violento contra ellas. - Pero ni media mención de todo esto en el octavo informe de gobierno del narcopresidente lópez, que dio ayer su vocera. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See https://pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Alepo, la capital económica de Siria, quedó devastada por los combates entre las fuerzas rebeldes y el régimen entre 2012 y 2016. El terremoto de 2023 también dañó gravemente el casco antiguo. Sin embargo, hoy en día se están llevando a cabo trabajos de reconstrucción, especialmente de los monumentos históricos de la ciudad. ¿Cómo avanza esta titánica labor en la capital económica de Siria? Reportaje de Dana Alboz, Sophie Guignon y Yasser Shahrour para France 24.

En las últimas cinco décadas, Nepal se ha consolidado como un modelo de conservación de la vida silvestre. Casi el 20% del territorio del país ha sido declarado área protegida. Una política eficaz contra la caza furtiva ha contribuido a salvar especies emblemáticas como el rinoceronte indio y el cocodrilo gavial, que estuvieron al borde de la extinción. Sin embargo, este éxito también conlleva consecuencias trágicas. ¿Es posible un equilibrio?Reportaje de Fantine Dantzer y Tashi Bista para France 24.

Mónica Flores recuerda las manifestaciones en defensa del ferrocarril organizadas hace una década por plataformas como "Milana Bonita". Habla con su presidente, con el de Alianza Ibérica y también con los pasajeros. Aunque la situación ha mejorado, se siguen necesitando más trenes para aumentar las frecuencias.

En 1894, durante la Exposición Universal de Amberes, 144 congoleños fueron llevados a Bélgica para ser exhibidos ante el público en el llamado Pabellón del Congo, en pleno corazón de la ciudad. Sometidos a condiciones extremas, siete de ellos murieron a causa de enfermedades. Aquel episodio, conocido como un “zoológico humano”, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia colonial belga. Reportaje de Alix Le Bourdon para France 24.

Este es un episodio de la historia de Japón poco conocido, incluso por los propios habitantes del archipiélago. En la década de 1930, el país emprendió una dura campaña contra la propagación de la lepra. Ante esta enfermedad infecciosa, que afecta principalmente los nervios y puede provocar lesiones y deformaciones, las autoridades japonesas optaron por aislar a los pacientes en sanatorios, entre ellos los de la isla de Nagashima. Reportaje de Alexis Bregere, Mélodie Sforza y Ayana Nishikawa para France 24.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI. Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta. Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad. Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua. Un juicio clave para Perú Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”. Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”. El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones. Defensor ambiental, lucha de alto riesgo El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe». Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho. Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales. Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado. En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

Pese a la intervención de Estados Unidos, el Ejército israelí sigue sin desalojar a los colonos que, en Qusra, en la Cisjordania ocupada, mantienen bajo asedio a tres familias palestinas. En cambio, su despliegue militar ha agravado la situación de estas familias, que permanecen encerradas desde el 9 de agosto. Reportaje de nuestra corresponsal, Janira Gómez Muñoz. Los soldados han obligado a las tres familias a concentrarse en dos viviendas, han ocupado una tercera y, desde allí, ejercen diversas formas de violencia: les impiden recibir comida de sus allegados e incluso dormir. Las familias aseguran sentirse en una prisión. Qusra pide ayuda a la comunidad internacional. "Es una sensación muy difícil. Mi otro hermano está a dos o tres pasos y no puedo llegar a él", dice Aisha Hamdan, palestina de 35 años, sitiada junto a su madre y su hermano. Ella pasa los días encerrada con ellos en su casa, que se encuentra junto a otras viviendas que el Ejército israelí ha convertido en posiciones militares. Aisha afirma que los soldados les prohíben acercarse a las ventanas y abrir la puerta para limpiar. Aunque, añade, teme más perder la casa si se marcha que a los colonos y soldados que la rodean. "Si me voy, adiós a esta casa. Además, ¿a dónde iría? Los israelíes se quedarían con la casa, pero no se detendrían ahí, sino que avanzarían poco a poco y tomarían el control de tantas casas como puedan", dice. Hablamos con ella por teléfono mientras vemos su hogar desde un alto de Qusra, porque el Ejército ha declarado la zona "militar cerrada" y ya no pueden acceder civiles. Los colonos, sin embargo, siguen moviéndose libremente. También observamos a civiles frente a la casa de Loui Ridi, un palestino-estadounidense que, harto de seguir esta violencia desde Ohio, tomó un vuelo y se plantó en la casa en la que creció. Al llegar, colgó la bandera de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, para subrayarlo. "Dejé mi cómoda vida cotidiana en Ohio porque temo por mi familia aquí. Temo que los colonos se apoderen de mi casa. Es duro y, para mí, es una pesadilla. Estoy en una prisión dentro de mi propia casa", dice Loui Ridi. Mientras Aisha y Loui viven este doble asedio desde dentro, Abdul Karim Hassan lo observa desde lejos, apenado, desde su coche. Tiene en esas casas a su mujer, sus hijos y sus nietas, y cuando intentó llegar hasta ellos los colonos se lo impidieron. "Los soldados les cortan internet y tiran basura alrededor de la casa. De noche, no paran de gritar y no les dejan dormir. No es solo que no pueda hacer nada, es que el mundo entero no sabe qué hacer con el terrorismo israelí", dice Abdul Karim Hassan, desplazado por el operativo israelí y cuya familia también permanece bajo asedio. Qusra se ubica en la llamada "zona B" de la Cisjordania ocupada, donde Israel controla la seguridad y la Autoridad Palestina, la administración. Es también una zona en la que las milicias de colonos vienen concentrando sus agresiones, tras desplazar a miles de palestinos de la "zona C", donde Israel ejerce un control total. Por eso, Abdul Azim Wadi pide ayuda internacional ante un cerco que él, como alcalde, no tiene poder para romper. "Son días de espera, ansiedad y miedo. El Ejército no está arrestando a los colonos ni desalojándolos para poner fin al asedio. Debe haber una intervención diplomática", dice Abdul Azim Wadi, alcalde de Qusra. Es la política del gobierno que lidera Netanyahu junto a la ultraderecha y los partidos ultraortodoxos, el más favorable a la anexión. Y es la que aquí, en Qusra, permite el cerco de once personas, entre ellas niños: el más prolongado, pero no el único, de Cisjordania.

Reportaje Del Tigger Viveros

En Bolivia, la eutanasia no cuenta con una regulación legal, pero el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales plantea un debate cada vez más urgente. Médicos, psicólogos, juristas y organizaciones civiles consideran necesario discutir sobre el derecho a una muerte digna, los límites de la medicina y las decisiones que enfrentan quienes padecen enfermedades irreversibles.Por Israel Hurtado, ERBOL La Paz

Montanas 2030: Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por Mayayo. El montañismo popular llega a 2026 con mejores materiales, previsiones, cartografía y comunicaciones que nunca, pero también con más personas concentradas sobre unas pocas cimas.En este nuevo Radio Trail, Mayayo repasa una evolución que ha vivido desde que escaló el Urriellu en 1990 hasta coronar el Aconcagua en 1999, antes de sumar después más de 150 carreras por todo el mundo. Una democratización positiva que permite disfrutar la montaña durante más años, aunque comprar tecnología o seguir un track nunca sustituirá la formación, la experiencia ni la capacidad de renunciar, como recordamos en nuestra guía sobre las diez funciones clave de un reloj GPS.Analizamos también el papel de los guías y referentes, junto al impacto de unas redes sociales capaces de inspirar a miles de personas o concentrarlas sobre el mismo itinerario. El problema no consiste solamente en encontrar colas: implica refugios completos, erosión, residuos, accesos colapsados y mayor presión sobre los equipos de socorro. Ya estudiamos esta evolución desde la masificación del Everest hasta las carreras de montaña, así como las restricciones implantadas en la vía normal del Mont Blanc por el refugio del Goûter.Abrir la montaña es bueno; convertir una cima en un producto garantizado, no.El caso de los 32 alpinistas que solicitaron bajar en helicóptero desde el Goûter los días 11-12AGO 2026 sirve para debatir la frontera entre rescate público y transporte privado, sin dictar sentencia desde casa. El episodio enlaza aquella controversia con el nacimiento del PGHM tras la tragedia de la Brenva y con una alta montaña cada vez más inestable, donde el retroceso glaciar y la degradación del permafrost están alterando rutas y temporadas, como analizamos tras siete muertes en 24 horas en los Alpes.El futuro no exige menos montañismo, sino uno mejor: más formación, profesionales cualificados, respeto ambiental y humildad para comprender que saber cuándo bajar sigue siendo la verdadera prueba del montañero.Reportaje completo en CARRERASDEMONTANA.COMSergio Garasa Mayayo.  #carrerasdemontaña #radiotrailConviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/radio-trail-carreras-de-montana-mayayo--4373839/support.

MONTAÑAS 2030: QUIÉNES SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS Y ADÓNDE VAMOS, Radio Trail Mayayo El montañismo popular llega a 2026 con mejores materiales, previsiones, cartografía y comunicaciones que nunca, pero también con más personas concentradas sobre unas pocas cimas. En este nuevo Radio Trail, Mayayo repasa una evolución que ha vivido desde que escaló el Urriellu en 1990 hasta coronar el Aconcagua en 1999, antes de sumar después más de 150 carreras por todo el mundo. Una democratización positiva que permite disfrutar la montaña durante más años, aunque comprar tecnología o seguir un track nunca sustituirá la formación, la experiencia ni la capacidad de renunciar, como recordamos en nuestra guía sobre las diez funciones clave de un reloj GPS. Analizamos también el papel de los guías y referentes, junto al impacto de unas redes sociales capaces de inspirar a miles de personas o concentrarlas sobre el mismo itinerario. El problema no consiste solamente en encontrar colas: implica refugios completos, erosión, residuos, accesos colapsados y mayor presión sobre los equipos de socorro. Ya estudiamos esta evolución desde la masificación del Everest hasta las carreras de montaña, así como las restricciones implantadas en la vía normal del Mont Blanc por el refugio del Goûter. Abrir la montaña es bueno; convertir una cima en un producto garantizado, no. El caso de los 32 alpinistas que solicitaron bajar en helicóptero desde el Goûter los días 11-12AGO 2026 sirve para debatir la frontera entre rescate público y transporte privado, sin dictar sentencia desde casa. El episodio enlaza aquella controversia con el nacimiento del PGHM tras la tragedia de la Brenva y con una alta montaña cada vez más inestable, donde el retroceso glaciar y la degradación del permafrost están alterando rutas y temporadas, como analizamos tras siete muertes en 24 horas en los Alpes. El futuro no exige menos montañismo, sino uno mejor: más formación, profesionales cualificados, respeto ambiental y humildad para comprender que saber cuándo bajar sigue siendo la verdadera prueba del montañero. Reportaje completo en CARRERASDEMONTANA.COM Sergio Garasa Mayayo. #carrerasdemontaña #radiotrail

Meses después de que la SER destapara la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la Junta sigue sin reconocer a las 366 afectadas que ha documentado AMAMA y niega a las siete fallecidas por sus negligencias. Mientras tanto, las afectadas denuncian medidas insuficientes y una crisis estructural en el SAS. Un reportaje de Andrés Maldonado y Mercedes Díaz.

Reportaje desde el Real Club Náutico de Dénia para conocer cómo se vive el verano en sus instalaciones, qué actividades náuticas se practican y cómo funcionan los campus y entrenamientos. David Fernández, Nino Van der Zeeuw, varios jóvenes deportistas y el monitor Mike cuentan su experiencia y acercan disciplinas como el kayak, la vela y el remo.

Reportaje sobre la polémica que surgió en Melilla tras los cánticos de miembros del Partido Socialista el día del Orgullo en Melilla y que tuvieron contestación desde Madrid por parte del Diputado Jaime de lo Santos.Escuchar audio

Amaia Sanz repasa en A vivir las consecuencias de los pactos de PP y Vox desde 2019. Anna López e Irene Zugasti, politólogas, analizan algunas de las principales polémicas en aquellas materias transferidas a las autonomías y, en especial, en materia de protección a víctimas de violencia de género.

Casi un mes después de los terremotos que sacudieron la zona central de Venezuela, cada día se inspeccionan decenas de infraestructuras en búsqueda de daños que representen peligro para las personas. El Banco Mundial estimó en unos 19 500 millones de dólares los daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada para afrontar la reconstrucción. Reportaje de nuestro corresponsal en Venezuela, Victor Amaya. Golpear paredes y tumbar frisos para llegar a columnas y vigas es el paso fundamental para determinar si las consecuencias del doble sismo implican un desalojo completo de la estructura. El gobierno de Delcy Rodríguez afirma que ya ha revisado más de 20 mil edificios. Lo hace con una metodología acordada con el gremio de ingenieros del país y aplicando un sistema que han llamado el semáforo: etiquetas de colores para determinar el estatus de una infraestructura. Se aplica el color verde para aquellas con daño leve, pero seguras. Amarillo para afectaciones parciales en paredes o fachadas, por lo cual se restringe el acceso. Y rojo para los edificios colapsados o con daños graves, que no deben ser habitados. “Después del amarillo y rojo, empieza a haber una segunda instancia de revisión que va a permitir un estudio más profundo que va a llevar a reparar con unas guías técnicas que se están dando”, precisó el ministro de Transporte Francisco Garcés. En Catia, una populosa comunidad caraqueña, encontramos al ingeniero Rigel Sergent, de la comisión presidencial, evaluando varios edificios. Le ponía una etiqueta roja a uno de ellos, debido a la corrosión en sus columnas causadas por filtraciones previas pero con daños acentuados por los terremotos. “Decidimos que lleva etiqueta roja porque hay que apuntalar y hay que disminuir las cargas el uso de varios inmuebles, en especial en esta área”. El trabajo gubernamental no se da abasto con las solicitudes. Todos quieren saber si el techo bajo el que duermen es seguro o no. Si las paredes que ven rotas pueden caer. Si en vez de entrar a sus casas deben seguir durmiendo en carpas a las afueras. Los vecinos viven con miedo. “¿Hay riesgo de que esa pared se vaya a caer? Porque mira cómo se movió aquí”, nos indicó una vecina. “Yo siento que cada día se mueve más”. Otra vecina nos deja entrar a su casa. Nos señala la parte más afectada de su hogar. “Tiene grietas por todos lados”. Otra vecina revivió momentos después del temblor. “Había réplicas con las que eso se movía y eso me daba mucho terror” Fuerza de los venezolanos Ante la falta de atención y medios del gobierno para determinar el estado de las construcciones, grupos de la sociedad civil se han organizado para también hacer inspecciones preliminares, sin poner etiquetas pero sí brindando certezas a los vecinos. “Yo soy ingeniero y busqué a algunos amigos que estudiaron conmigo y así empezó. Luego a través de redes sociales hicimos una convocatoria y se creó un voluntariado con más de 800 ingenieros”,  nos contó Jesús Armas, director de la ONG Monitor Ciudad. Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela le ha dado herramientas a más de 4 mil voluntarios activos que han revisado más de 8 500 edificaciones, de las cuales el 12% fueron declaradas como colapsadas. Las inspecciones en sitio develan un cúmulo de problemas: edificaciones con modificaciones informales, materiales antiguos o de poca calidad, materiales de poca calidad y estructuras pensadas para resolver viviendas y no para aguantar sismos; casi todas habitadas por personas afectadas por la pobreza estructural del país y caras largas cuando empiezan a calcular los costos de reparación.

En 1968, durante el breve paso de Garrincha por el Junior de Barranquilla, Álvaro Cepeda Samudio entrevistó a uno de los futbolistas más extraordinarios y contradictorios del siglo XX. El resultado fue una pieza que desborda el periodismo deportivo: hay preguntas y respuestas, pero también perfil, reconstrucción biográfica, humor, tensión y una mirada capaz de descubrir al hombre detrás del mito.Publicado originalmente en El Tiempo en septiembre de 1968, el texto fue recuperado en 1977 por Daniel Samper Pizano en la Antología de Cepeda publicada por Colcultura. Más tarde volvió a aparecer en la Revista Universidad de Antioquia, en el número especial de Huellas dedicado al escritor y en otras publicaciones universitarias. Ha circulado con los títulos “Garrincha” y “Reportaje a Garrincha”, y también asociado a una de las frases más recordadas del jugador: “Yo vivo la vida, la vida no me vive a mí”.En este capítulo de Paredro escuchamos una de las grandes piezas del periodismo colombiano y una muestra decisiva de la forma en que Cepeda convirtió la entrevista en literatura.

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Cada año, decenas de miles de jóvenes tailandeses deben participar en el sorteo de reclutamiento militar. Mucho más que un simple trámite administrativo, este ritual es un auténtico espectáculo nacional, transmitido por televisión y ampliamente difundido en las redes sociales. Este sorteo también es criticado por algunos, quienes lo denuncian como un método obsoleto e injusto para seleccionar soldados, mientras que algunos políticos y activistas se atreven a denunciar la corrupción dentro del sistema y los abusos que sufren los reclutas. Reportaje de Antoine Morel, Constantin Simon, Aruna Popuri y Adrien Quilico para France 24.

Luis Herrero da a conocer la musicoterapia junto a Àngels Hernández y Almudena Menchén, directora de la Fundación Diversión Solidaria.

A pocos días del balotaje en Colombia, el tema del sistema de salud está en boca de todos. Un sistema público-privado que deja a muchos sin cobertura cuando más lo necesita. Reportaje desde Bogotá, con nuestra enviada especial Paola Ariza. La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada. “Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga. “Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica. “Esto es un negocio” “En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez. Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice. Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

A pocos días del balotaje en Colombia, el tema del sistema de salud está en boca de todos. Un sistema público-privado que deja a muchos sin cobertura cuando más lo necesita. Reportaje desde Bogotá, con nuestra enviada especial Paola Ariza. La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada. “Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga. “Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica. “Esto es un negocio” “En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez. Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice. Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

Luis Herrero y Àngels Hernández se adentran en el mundo de las fiestas saludables.

Mamen Mendizábal se asoma a La Ventana de la Tele para hablar de la nueva temporada de "Anatomía de...". Reportaje sobre Dada Memphis y entrevista a Rebeca Jiménez, ambas mujeres dedicadas a la música. Nieves Concostrina continúa su repaso de la historia de España durante la Gran Guerra en Acontece que no es poco. Los mejores momentos en Lo que queda del día.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo". Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego. Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes. "No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego. Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar. "Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó. Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas". El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

Luis Herrero y Àngels Hernández analizan el documental hecho por nietos de asesinados que enseña la huella de ETA a la generación Z.

En Francia, la reciente condena de 17 personas implicadas en una red internacional de contrabando de angulas arroja la luz sobre el lucrativo comercio de animales silvestres. Reportaje en las aduanas del aeropuerto de París donde las autoridades decomisan una gran variedad de productos prohibidos derivados de animales protegidos. Por esta bodega de 200 metros de largo pegada a las pistas de aterrizaje del aeropuerto de París-Charles de Gaulle, en Roissy, transitan más de 2 millones de toneladas de mercancías cada año. Valérie Besson, jefa de la oficina de aduanas supervisa los controles de miles de paquetes en busca de estupefacientes o de especies de plantas o animales prohibidos. Ante una mesa llena de productos, Besson nos presenta un verdadero botín de productos derivados de animales y plantas, decomisados en estas últimas semanas. Una pequeña muestra del gigantesco tráfico de especies silvestres. "Como pueden verlo aquí hemos incautado plantas. Hay muchos coleccionistas de orquídeas y cactus en Francia. Tenemos dos pieles de caimanes que procedían de EE.UU. Dos pieles completas con el cráneo y los dientes. A veces solo se trata de huesos, de cuernos, de patas o de pelos de elefantes. Y tenemos aquí dos magníficos cuernos de rinocerontes”, describe la funcionaria. "A veces encontramos medicamentos que contienen extractos de especies protegidas por Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Puede ser bilis de oso, extraída en los osos vivos, caballitos de mar secos, flores protegidas utilizadas para medicamentos asiáticos por sus supuestas virtudes para dar fuerza y virilidad. Como el polvo de cuerno de rinoceronte: el kilo puede venderse en 40.000 euros”, agrega Besson. Los servicios aduaneros mantiene secretos los criterios de revisión de los paquetes que transitan por el aeropuerto de París Charles de Gaulle. Pero admiten que las capturas son frecuentes. “También hemos encontrado animales vivos. Ocurre muy rara vez, pero una vez incautamos un pitón real a punto de ser exportado", indica Valérie Besson. "Se han encontrado animales vivos en los equipajes de pasajeros del aeropuerto de Roissy. Ha ocurrido”, agrega Laurent Authier, responsable adjunto del servicio de aduanas del aeropuerto. Y a principios de mayo, el tribunal de Burdeos condenó a 17 personas a penas de cárcel de hasta 5 años por su participación en un tráfico internacional de alevinos de anguilas, muy cotizadas en Asia. “A nivel global, el tráfico de especies protegidas es el cuarto tráfico más lucrativo después del narcotráfico, la trata de seres humanos y el tráfico de armas", recuerda Laurent Authier. Tras su decomiso, los animales vivos son enviados a zoológicos, acuarios o refugios certificados para recibir los cuidados necesarios. Fue el caso de unos ajolotes, unos anfibios endémicos de México, enviados al acuario de París tras ser confiscados por los agentes. En septiembre y octubre de 2025, Francia participó al operativo internacional Thunder, coordinado por Interpol contra el tráfico de fauna y flora. En este marco de este operativo - el noveno-, fueron decomisados un serval, un lince africano, aves tropicales, 107 objetos de marfil y 25 kilos de madera protegida, incluida madera procedente de Perú. Según datos de Interpol, el tráfico de animales vivos alcanzó cifras récord a nivel global con 30.000 capturas - más de 6000 aves, tortugas, reptiles, primates, pangolines. Un tráfico estimulado por la demanda de mascota exóticas. 

Los altos al fuego, escasos silencios en la guerra, permiten a veces recuperar los cuerpos que quedan abandonados en el campo de batalla. Es una tarea esencial para las familias, cuando decenas de miles de combatientes siguen desaparecidos, pero también una misión cada vez más difícil, casi imposible, por la proliferación de drones en el frente ucraniano. Reportaje con militares ucranianos que se encargan de esta misión, encontrados al amanecer en una granja abandonada del Donbás, a unos 20 kilómetros del frente. Una a una, las bolsas mortuorias son descargadas del camión. Hacen falta varios hombres para levantar los cuerpos y colocarlos sobre una mesa improvisada, instalada en una granja, lejos de las miradas y de los combates. Rusos y ucranianos son tratados aquí con el mismo respeto. El trabajo con los muertos es una labor silenciosa. Nadie habla mucho. Esta mañana, una decena de cuerpos son examinados por Oleksiy Yukov, vestido con uniforme militar y con el casco puesto. “Se trata del cuerpo de un soldado de la Federación Rusa. Eso es lo que indican su uniforme y su equipo militar. Lamentablemente, no se encontró ningún signo personal de identificación, ni tampoco documentos”, comenta. “Agotamiento emocional” Oleksiy Yukov y su equipo, una decena de militares, recorren el campo de batalla arriesgando la vida para sacar de allí los cuerpos de los soldados. En cuatro años, más de 3.000 cadáveres han sido recuperados del frente ucraniano, “con nuestras propias manos”, nos explica. Pero hoy esa misión se ha vuelto casi imposible. “El arma más aterradora que he visto en esta guerra son los FPV, los drones”, dice. Estos drones kamikaze llevan una cámara que permite al enemigo seguir y atacar un objetivo a distancia. Hoy proliferan cerca de la línea del frente. “El agotamiento emocional llega cuando no tienes la posibilidad de recuperar los cuerpos. Cuando los ves, pero no puedes hacer nada. Simplemente no puedes salir de tu posición para ir a buscarlos y evacuarlos. Hay drones, el terreno está abierto, y entiendes que, si sales, no vas a volver”, prosigue el hombre. Los drones dejan poco tiempo Con una voz suave, apenas audible, Arthur, de 29 años, con la mirada oculta detrás de sus gafas de combate, nos detalla su trabajo: “En la línea de contacto, cuando es posible, un vehículo nos deja allí. Trabajamos una hora, una hora y media como máximo. Es muy poco tiempo. Si hay cuerpos, ni siquiera los metemos en bolsas: los cargamos directamente en el vehículo y nos vamos enseguida, para evitar los drones”. Con la llegada de los drones, estas misiones han disminuido en un 90%, nos cuenta Dmitro, el conductor del camión. La mañana avanza. El sol ya ha salido. A cada cuerpo se le asigna un número antes de ser enviado a una morgue, en el oeste del país. Los ucranianos serán devueltos a sus familias; los rusos serán intercambiados por cuerpos de soldados ucranianos. Oleksiy se pregunta si esta no será una de las últimas veces que todavía pueda ir a buscar a los muertos en el frente del Donbás.

Luis Herrero relata el caso junto a Àngels Hernández

Luis Herrero y Àngels Hernández analizan el fenómeno "sisi" junto a Amaia Prado, psicóloga educativa y miembro del Colegio Psicólogos de Madrid.

Luis Herrero y Àngels Hernández analizan el fenómeno "Sisi" junto a Amaia Prado, psicóloga educativa y miembro del Colegio Psicólogos de Madrid.

Luis Herrero analiza la situación junto a Àngels Hernández.

El plan de desarrollo territorial