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El próximo 1° de junio marca una jornada electoral inédita en México: las primeras elecciones por voto popular del Poder Judicial. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cargos de impartición de justicia en posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal de Disciplina Judicial. RFI entrevistó a Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH, sobre este hecho histórico.  Serán unas elecciones históricas y, además, las más grandes de la historia de México. El 1 de junio, se elegirán por voto popular 881 cargos, resultado de una reforma a la justicia aprobada por el Congreso.  Es una reforma constitucional "necesaria en aras de tener jueces para la democracia y no corruptos", defiende el gobierno. Sectores detractores alegan, sin embargo, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia caerán presa de la politiquería electoral.En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH explica los pasos del mecanismo de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha legitimado este proceso electoral.RFI: ¿Qué tipo de criterios y filtros se usaron en esta selección? ¿Y cuáles organismos o instituciones se encargaron de ese proceso?    Adrián Ramírez: Contrariamente a lo que fue la reforma de Ernesto Zedillo, que jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eligió ministros a su modo, hoy se abrió la posibilidad de un proceso de participación electoral en el que las personas en funciones y candidatos que quisieran aspirar pudieran, primero, participar en un proceso de selección por competencias y, luego, desde las tres instancias del poder público, es decir, el judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron las entrevistas y verificación de los datos para que los candidatos pudieran registrarse.A pesar de eso, hubo casos en los que personas que podían estar cuestionadas en su probidad pasaron a la siguiente parte de las listas. Pero ha habido un proceso de impugnaciones. Los partidos políticos no tienen cabida y se ha generado un mecanismo de regulado por el INE, el Instituto Nacional Electoral.RFI: Visto así, estamos hablando de un grupo de candidatos selecto por sus calidades, porque serían idóneos después de pasar por este colador. ¿Pero cómo se hizo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber por quién vota? Porque es un abanico muy grande de candidatos. Son 881.Adrián Ramírez: Esos 881 candidatos no van a ser votados por cada persona, sino que de ellos vamos a elegir algunos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese número es reducido. Luego tenemos otro número también reducido de magistrados. Y el número más amplio es el que constituye los cargos de los jueces de las diferentes instancias. Pero de acuerdo a la entidad federativa y a la sección distrital que cada persona tiene en su credencial de elector, el número se reduce significativamente.Se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que se conozcan los currículos de cada candidato. El INE tiene en su página entrevistas y perfiles, los diferentes factores de la vida pública, opinólogos, expertos, medios de comunicación e incluso personas con tintes partidistas, han sacado a la luz las bondades y los defectos de cada uno de los candidatos desde su óptica y, de alguna manera, esto puede formar el criterio.RFI:  En una elección tan suis generis, ¿en qué consiste la campaña de un juez o de un candidato a magistrado o a ministro de la Corte Suprema de Justicia?Adrián Ramírez: Nada está escrito. Hay desde quien exalta su físico o  su territorio diciendo "Ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo", etc.  Incluso hay candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales a repartirlas y ofrecer a la gente que, si votan por ellos, de alguna manera, se beneficiará. Pero también hay quienes hacen propuestas claras de planes de trabajo o se presentan diciendo 'mis fallos se han orientado en esto, se han tratado tales y tales asuntos y los he resuelto de tal o cual manera'. Hay una diversidad de propuestas. La misma forma en que las personas se presentan como candidatos ya les está calificando de antemano.RFI:  Algunos sectores descontentos han llamado a boicotear las primeras elecciones judiciales en México.Adrián Ramírez: Primero, el papel que el Poder Judicial tuvo respecto a estar boicoteando el proceso. Finalmente, a regañadientes, llegó muy tarde e hizo una lista sumamente rasurada. Prácticamente lo hizo porque no tenía otra opción. Pero son los partidos políticos y los grupos de interés manifiestamente beneficiados de la libre empresa, de los más poderosos, los que están llamando a boicotear la elección haciendo creer que la disminución de la participación será un rechazo a este proceso.Pero este proceso no se legitima por el número de participantes o de abstenciones, sino por los resultados de quienes pasaron por un proceso de selección, luego pasar un proceso de insaculación [selección aleatoria de personas] . Y tercero, van a pasar por un proceso de elección. Es ahí que apenas empieza el proceso para lograr tener jueces para la democracia."Hay deseos de participar", ha dicho la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. La mandataria mexicana cuestionó también las ironías del Financial Times, que en un editorial consideró que México iba a un experimento kafkiano. La Presidenta subrayó que en Estados Unidos los ciudadanos eligen jueces y en algunos estados los de las Cortes estatales, aunque no a los integrantes de la Corte Suprema estadounidense.

El próximo 1° de junio marca una jornada electoral inédita en México: las primeras elecciones por voto popular del Poder Judicial. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cargos de impartición de justicia en posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal de Disciplina Judicial. RFI entrevistó a Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH, sobre este hecho histórico.  Serán unas elecciones históricas y, además, las más grandes de la historia de México. El 1 de junio, se elegirán por voto popular 881 cargos, resultado de una reforma a la justicia aprobada por el Congreso.  Es una reforma constitucional "necesaria en aras de tener jueces para la democracia y no corruptos", defiende el gobierno. Sectores detractores alegan, sin embargo, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia caerán presa de la politiquería electoral.En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH explica los pasos del mecanismo de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha legitimado este proceso electoral.RFI: ¿Qué tipo de criterios y filtros se usaron en esta selección? ¿Y cuáles organismos o instituciones se encargaron de ese proceso?    Adrián Ramírez: Contrariamente a lo que fue la reforma de Ernesto Zedillo, que jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eligió ministros a su modo, hoy se abrió la posibilidad de un proceso de participación electoral en el que las personas en funciones y candidatos que quisieran aspirar pudieran, primero, participar en un proceso de selección por competencias y, luego, desde las tres instancias del poder público, es decir, el judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron las entrevistas y verificación de los datos para que los candidatos pudieran registrarse.A pesar de eso, hubo casos en los que personas que podían estar cuestionadas en su probidad pasaron a la siguiente parte de las listas. Pero ha habido un proceso de impugnaciones. Los partidos políticos no tienen cabida y se ha generado un mecanismo de regulado por el INE, el Instituto Nacional Electoral.RFI: Visto así, estamos hablando de un grupo de candidatos selecto por sus calidades, porque serían idóneos después de pasar por este colador. ¿Pero cómo se hizo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber por quién vota? Porque es un abanico muy grande de candidatos. Son 881.Adrián Ramírez: Esos 881 candidatos no van a ser votados por cada persona, sino que de ellos vamos a elegir algunos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese número es reducido. Luego tenemos otro número también reducido de magistrados. Y el número más amplio es el que constituye los cargos de los jueces de las diferentes instancias. Pero de acuerdo a la entidad federativa y a la sección distrital que cada persona tiene en su credencial de elector, el número se reduce significativamente.Se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que se conozcan los currículos de cada candidato. El INE tiene en su página entrevistas y perfiles, los diferentes factores de la vida pública, opinólogos, expertos, medios de comunicación e incluso personas con tintes partidistas, han sacado a la luz las bondades y los defectos de cada uno de los candidatos desde su óptica y, de alguna manera, esto puede formar el criterio.RFI:  En una elección tan suis generis, ¿en qué consiste la campaña de un juez o de un candidato a magistrado o a ministro de la Corte Suprema de Justicia?Adrián Ramírez: Nada está escrito. Hay desde quien exalta su físico o  su territorio diciendo "Ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo", etc.  Incluso hay candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales a repartirlas y ofrecer a la gente que, si votan por ellos, de alguna manera, se beneficiará. Pero también hay quienes hacen propuestas claras de planes de trabajo o se presentan diciendo 'mis fallos se han orientado en esto, se han tratado tales y tales asuntos y los he resuelto de tal o cual manera'. Hay una diversidad de propuestas. La misma forma en que las personas se presentan como candidatos ya les está calificando de antemano.RFI:  Algunos sectores descontentos han llamado a boicotear las primeras elecciones judiciales en México.Adrián Ramírez: Primero, el papel que el Poder Judicial tuvo respecto a estar boicoteando el proceso. Finalmente, a regañadientes, llegó muy tarde e hizo una lista sumamente rasurada. Prácticamente lo hizo porque no tenía otra opción. Pero son los partidos políticos y los grupos de interés manifiestamente beneficiados de la libre empresa, de los más poderosos, los que están llamando a boicotear la elección haciendo creer que la disminución de la participación será un rechazo a este proceso.Pero este proceso no se legitima por el número de participantes o de abstenciones, sino por los resultados de quienes pasaron por un proceso de selección, luego pasar un proceso de insaculación [selección aleatoria de personas] . Y tercero, van a pasar por un proceso de elección. Es ahí que apenas empieza el proceso para lograr tener jueces para la democracia."Hay deseos de participar", ha dicho la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. La mandataria mexicana cuestionó también las ironías del Financial Times, que en un editorial consideró que México iba a un experimento kafkiano. La Presidenta subrayó que en Estados Unidos los ciudadanos eligen jueces y en algunos estados los de las Cortes estatales, aunque no a los integrantes de la Corte Suprema estadounidense.

Pour en débattre Thomas Herrmann,maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du club des juristes et auteur Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), membre du club des juristes

Pour en débattre Thomas Herrmann,maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du club des juristes et auteur Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), membre du club des juristes

Au Niger, voilà une semaine que Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'association Alternative Espaces Citoyens, est en prison. Et l'arrestation de cette figure de la société civile suscite une grande émotion dans le monde entier. Cette semaine, la FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch et l'Organisation mondiale contre la Torture lancent un appel commun pour sa libération. Maître Drissa Traoré est le secrétaire général de la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains. En ligne d'Abidjan, il répond aux questions de RFI. RFI : Une initiative commune de vos 4 ONG, c'est plutôt rare, pourquoi cette mobilisation ?Maître Drissa Traoré : Nous avons estimé que la situation est extrêmement grave et que nous devons unir nos forces pour qu'ensemble, notre voix puisse être entendue. Et cette arrestation de Moussa Tchangari montre en réalité que les autorités du Niger veulent montrer du muscle, montrer à la société civile qu'il ne doit pas y avoir des voix discordantes. Donc pour nous, c'est un moment important de se rassembler pour que la société civile, les journalistes, les défenseurs des Droits de l'homme aient voix au chapitre dans cette situation particulière, que connait le Niger, dont nous souhaitons le plus rapidement qu'il puisse s'en sortir ?Selon son avocat, Moussa Tchangari serait poursuivi pour apologie du terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme, pourquoi des accusations si graves ?Surtout pour faire mal, pour faire mal à Moussa Tchangari. Mais aussi pour montrer l'exemple. Pour dire que toute voix qui va s'élever à l'encontre des discours des autorités sera matée de la manière la plus sévère. Et ce sont des accusations qui pourraient permettre de faire de Moussa Tchangari un apatride dans son propre pays.Un apatride à qui on pourrait retirer sa nationalité ?Absolument.Alors, du temps du président Issoufou comme aujourd'hui, Moussa Tchangari a toujours dit ce qu'il pense. Et après le putsch de juillet 2023, il a exprimé publiquement son soutien total au président déchu Mohamed Bazoum. Est-ce pour cela qu'il a été arrêté 16 mois après le putsch ?Nous pensons que Moussa Tchangari a été arrêté parce qu'il a toujours été constant. Dans sa lutte pour les libertés, dans sa lutte pour la démocratie, parce que, quels que soient les régimes qui s'échangeaient, qui traversent le Niger, Moussa Tchangari a toujours été constant aux côtés des victimes, aux côtés des défenseurs des Droits de l'homme. Lui-même, Il a porté la voix et aujourd'hui, en réalité, il paye son engagement, il paye sa droiture, il paye le fait qu'il ne veut pas se compromettre avec les autorités qui sont au pouvoir au Niger.Alors, récemment Moussa Tchangari a critiqué deux initiatives du pouvoir militaire, le retrait provisoire de la nationalité nigérienne à 9 proches de Mohamed Bazoum et le retrait des licences de 2 ONGs humanitaires, est-ce que ce serait une raison qui pourrait expliquer son arrestation ?Nous pensons que ces propos de Moussa Tchangari, son engagement, qu'il a exprimés ouvertement, font partie des éléments pour lesquels il a été arrêté et qu'on veut le faire taire. Parce que, en réalité, aujourd'hui, les autorités nigériennes ne veulent plus entendre de voix discordantes. Et on le remarque. Les défenseurs des Droits de l'homme ont peur. Ils sont obligés de se murer dans le silence. Ils sont obligés de ne plus parler. Seul Moussa Tchangari et quelques autres osent encore parler. Donc, il faut les faire taire et malheureusement ils sont en train d'y arriver. Mais nous, acteurs de Droits de l'homme, la FIDH, Human Wright Watch, Amnesty International, OMCT, nous disons Non. Nous serons toujours debout pour que les libertés puissent avoir droit au chapitre, quelles que soient les situations qu'un pays peut traverser.Le prisonnier le plus célèbre au Niger aujourd'hui, c'est bien sûr Mohamed Bazoum, son épouse est également détenue. Combien de personnes proches du président déchu sont actuellement en prison au Niger ?Nous n'avons pas le nombre exact, mais c'est une trentaine de personnes qui sont détenues. Et Mohamed Bazoum est quasiment otage et donc nous pensons que ce sont des faits qui ne sont pas acceptables. Et donc l'entourage de Mohamed Bazoum, beaucoup de ministres de son gouvernement qui a été déchu, sont en prison sans qu'une procédure légale, sans qu'une procédure respectueuse des Droits humains, sans qu'une procédure respectueuse des droits de la défense ne soit en cours. Nous estimons que ce sont vraiment les Droits de l'homme qui sont niés dans ce pays aujourd'hui.Alors parmi ces détenus, il y a en effet plusieurs anciens ministres du président Bazoum, et notamment l'ancien ministre de l'Énergie Ibrahim Yacouba, qui était à l'étranger au moment du putsch et qui est revenu volontairement dans son pays au début de cette année, mal lui en a pris. Pourquoi cet acharnement contre ce Nigérien qui est revenu volontairement chez lui ?C'est un acharnement contre toute personne qui pourrait éventuellement faire ombrage aux autorités actuellement en place. Il n'y a pas du tout de voie au dialogue aujourd'hui. Mais nous espérons fortement que les autorités du Niger vont accepter d'ouvrir le dialogue avec nous, avec l'ensemble des défenseurs des droits humains, avec les acteurs de la société civile. Pour qu'ensemble, on puisse aider à l'édification d'un Niger respectueux des Droits de l'homme, d'un Niger État de droit, d'un Niger qui revient à la démocratie, aux règles de droit. Nous, c'est notre souhait le plus ardent et nous espérons que notre appel sera entendu.À lire aussiNiger: le militant de la société civile Moussa Tchangari en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État

Plus de 48h après la chute du président Bachar al-Assad, les rebelles ont nommé ce mardi un chef de gouvernement transitoire. Pour le moment, il semble que le groupe HTS qui a fait tomber le régime syrien soit soucieux du respect des institutions, loin de l'image historique de son chef Abou Mohammad al-Jolani, ancien combattant d'al-Qaïda en Irak et en Syrie. À quel type de gouvernance faut-il s'attendre ? Comment éviter que l'après-Assad aboutisse à un fiasco similaire à ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan ?Pour en débattre : - Mohamed Nour-Hayed, écrivain, conférencier, réfugié syrien en France depuis 2014- Pierre Boussel, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique- Cyril Blin, directeur des opérations à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). 

Plus de 48h après la chute du président Bachar al-Assad, les rebelles ont nommé ce mardi un chef de gouvernement transitoire. Pour le moment, il semble que le groupe HTS qui a fait tomber le régime syrien soit soucieux du respect des institutions, loin de l'image historique de son chef Abou Mohammad al-Jolani, ancien combattant d'al-Qaïda en Irak et en Syrie. À quel type de gouvernance faut-il s'attendre ? Comment éviter que l'après-Assad aboutisse à un fiasco similaire à ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan ?Pour en débattre : - Mohamed Nour-Hayed, écrivain, conférencier, réfugié syrien en France depuis 2014- Pierre Boussel, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique- Cyril Blin, directeur des opérations à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). 

28 mai-28 septembre, cela fera trois mois vendredi que le gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa est en place. Mais le bi-hebdomadaire Le Nouvel Observateur prend les devants : « beaucoup de congolais pas contents », titre le journal. « C'est la première fois qu'une femme est nommée à cette haute fonction en République démocratique du Congo. Les Congolais avaient placé beaucoup d'espoirs en cette dame, passée par le PNUD, l'un des organismes phares des Nations Unies. Mais la taille éléphantesque de son gouvernement, à l'image de ceux qui l'ont précédé, a été un mauvais signe ».Et son bilan est plus que mitigé, donc, estime Le Nouvel Observateur qui prend plusieurs exemples : « une situation socio-économique difficile », trop de taxes et des prix trop élevés, une insécurité et une insalubrité chronique à Kinshasa, des embouteillages constants, le chemin de croix pour obtenir un passeport et son coût exorbitant, en principe, 90 dollars, mais dans les faits, 200 dollars… Et la guerre, toujours, dans l'est du pays… Une situation qui dure depuis 25 ans. « Les Congolais veulent voir l'ensemble de la province du Nord-Kivu revenir dans l'escarcelle de la RDC, souligne le bi-hebdomadaire. Ils en ont assez des promesses ».Répression tous azimuts…Pour ce qui concerne les libertés publiques, là aussi, il y a des efforts à faire… C'est ce que soulignait récemment Afrikarabia, site d'information spécialisé sur la RDC : « répression des manifestations d'opposition, arrestations arbitraires, retour de la peine de mort, journalistes sous pression ». Les organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales s'inquiètent : « "la répression des défenseurs des droits humains n'est en aucun cas une réponse appropriée à la dégradation manifeste du contexte général en RDC", recommandait récemment Alice Mogwe, la présidente de la FIDH. (…) Il reste un peu plus de 4 ans au président Félix Tshisekedi, pointe Afrikarabia, pour mieux faire, au cours de son second et dernier mandat, "pour que le gouvernement respecte ses obligations en matière de protection des défenseurs des droits humains, et plus largement de respect des libertés fondamentales" ».L'opposition vent deboutD'ailleurs, relève le site Actualité CD, « ce mercredi, un rassemblement aura lieu devant le Palais de justice de la Gombe à Kinshasa pour dénoncer le non-respect des droits et libertés fondamentaux des opposants en RDC et la libération de ceux qui sont emprisonnés ». Un rassemblement à l'initiative de cinq partis politiques de l'opposition congolaise : Ensemble pour la République, LGD, le MLP, Piste pour l'Emergence et le MPCR. Cinq partis qui « lèvent le ton, souligne Actualité CD, contre ce qu'ils appellent la "dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa qui tend vers la dictature". (…) Les opposants Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo et les autres exigent, de nouveau, la libération de l'opposant et ancien candidat à la présidentielle, Seth Kikuni, et celle d'autres opposants tels que Jean-Marc Kabund, Mike Mukebayi, Daniel Safu et aussi celle d'activistes de la société civile, tous incarcérés à l'Agence nationale des renseignements ou à la prison centrale de Makala à Kinshasa ».La bombe démographique…Enfin, autre problème, et de taille… la croissance démographique de la RDC. « La RDC en 2030 : le chaos que personne ne voit venir ! », titre le site Politico CD. « La République Démocratique du Congo est au bord de l'explosion démographique. (…) Le pays compterait actuellement un peu plus de 100 millions d'habitants. Le taux de croissance est de 3,2 % par an. D'ici 2030, la population pourrait (donc) dépasser les 120 millions, selon l'Institut National de la Statistique. Cette croissance rapide pose de sérieux problèmes. Infrastructures. Emploi. Services publics. Tout est sous pression. Et le pire est à craindre », s'exclame Politico CD. « Les infrastructures, l'éducation et la santé doivent (donc) être au cœur des priorités, poursuit le site d'information congolais. Il faut des investissements publics massifs. Des partenariats internationaux solides. Si la démographie est bien gérée, la jeunesse pourrait devenir un véritable moteur pour le développement du pays. Mais il faut agir. Rapidement et efficacement. Le Congo ne peut plus se permettre d'attendre. L'avenir du pays est en jeu. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la RDC de demain ».

28 mai-28 septembre, cela fera trois mois vendredi que le gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa est en place. Mais le bi-hebdomadaire Le Nouvel Observateur prend les devants : « beaucoup de congolais pas contents », titre le journal. « C'est la première fois qu'une femme est nommée à cette haute fonction en République démocratique du Congo. Les Congolais avaient placé beaucoup d'espoirs en cette dame, passée par le PNUD, l'un des organismes phares des Nations Unies. Mais la taille éléphantesque de son gouvernement, à l'image de ceux qui l'ont précédé, a été un mauvais signe ».Et son bilan est plus que mitigé, donc, estime Le Nouvel Observateur qui prend plusieurs exemples : « une situation socio-économique difficile », trop de taxes et des prix trop élevés, une insécurité et une insalubrité chronique à Kinshasa, des embouteillages constants, le chemin de croix pour obtenir un passeport et son coût exorbitant, en principe, 90 dollars, mais dans les faits, 200 dollars… Et la guerre, toujours, dans l'est du pays… Une situation qui dure depuis 25 ans. « Les Congolais veulent voir l'ensemble de la province du Nord-Kivu revenir dans l'escarcelle de la RDC, souligne le bi-hebdomadaire. Ils en ont assez des promesses ».Répression tous azimuts…Pour ce qui concerne les libertés publiques, là aussi, il y a des efforts à faire… C'est ce que soulignait récemment Afrikarabia, site d'information spécialisé sur la RDC : « répression des manifestations d'opposition, arrestations arbitraires, retour de la peine de mort, journalistes sous pression ». Les organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales s'inquiètent : « "la répression des défenseurs des droits humains n'est en aucun cas une réponse appropriée à la dégradation manifeste du contexte général en RDC", recommandait récemment Alice Mogwe, la présidente de la FIDH. (…) Il reste un peu plus de 4 ans au président Félix Tshisekedi, pointe Afrikarabia, pour mieux faire, au cours de son second et dernier mandat, "pour que le gouvernement respecte ses obligations en matière de protection des défenseurs des droits humains, et plus largement de respect des libertés fondamentales" ».L'opposition vent deboutD'ailleurs, relève le site Actualité CD, « ce mercredi, un rassemblement aura lieu devant le Palais de justice de la Gombe à Kinshasa pour dénoncer le non-respect des droits et libertés fondamentaux des opposants en RDC et la libération de ceux qui sont emprisonnés ». Un rassemblement à l'initiative de cinq partis politiques de l'opposition congolaise : Ensemble pour la République, LGD, le MLP, Piste pour l'Emergence et le MPCR. Cinq partis qui « lèvent le ton, souligne Actualité CD, contre ce qu'ils appellent la "dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa qui tend vers la dictature". (…) Les opposants Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo et les autres exigent, de nouveau, la libération de l'opposant et ancien candidat à la présidentielle, Seth Kikuni, et celle d'autres opposants tels que Jean-Marc Kabund, Mike Mukebayi, Daniel Safu et aussi celle d'activistes de la société civile, tous incarcérés à l'Agence nationale des renseignements ou à la prison centrale de Makala à Kinshasa ».La bombe démographique…Enfin, autre problème, et de taille… la croissance démographique de la RDC. « La RDC en 2030 : le chaos que personne ne voit venir ! », titre le site Politico CD. « La République Démocratique du Congo est au bord de l'explosion démographique. (…) Le pays compterait actuellement un peu plus de 100 millions d'habitants. Le taux de croissance est de 3,2 % par an. D'ici 2030, la population pourrait (donc) dépasser les 120 millions, selon l'Institut National de la Statistique. Cette croissance rapide pose de sérieux problèmes. Infrastructures. Emploi. Services publics. Tout est sous pression. Et le pire est à craindre », s'exclame Politico CD. « Les infrastructures, l'éducation et la santé doivent (donc) être au cœur des priorités, poursuit le site d'information congolais. Il faut des investissements publics massifs. Des partenariats internationaux solides. Si la démographie est bien gérée, la jeunesse pourrait devenir un véritable moteur pour le développement du pays. Mais il faut agir. Rapidement et efficacement. Le Congo ne peut plus se permettre d'attendre. L'avenir du pays est en jeu. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la RDC de demain ».

En Bolivie, après la tentative ratée de coup d'État mercredi dernier (26 juin 2024), l'ancien président Evo Morales accuse l'actuel chef de l'État Luis Arce d'être derrière l'opération. « Lucho n'a pas respecté la vérité, il nous a trompés, il a menti », affirme Evo Morales : « La seule façon pour Evo de ne pas être président est de laisser la présidence à la junte militaire. Je pensais que c'était un coup d'État, mais maintenant je doute : ça ressemble à un auto-coup d'État. » Une théorie appuyée par le groupe qui le soutien au sein de son parti, le Mas, et par l'opposition, explique La Razon. De son côté, le gouvernement repousse cette théorie. De fait, selon Correo del Sur,« le pays connaît un nouvel épisode de polarisation ». Le quotidien souligne dans son éditorial que si, pour le moment, aucune des deux théories n'a été vérifiée, « on peut apprécier que la Bolivie continue d'avoir un gouvernement légitimé par les urnes » - et le journaliste de rappeler les « morts et les familles détruites par les dictatures déjà connues par le pays ».Le président Arce a répondu aux accusations d'Evo Morales - c'est à lire dans La Razon : « Ne te trompe pas une fois de plus ! Ce qui s'est passé, c'était un coup d'État militaire raté ». Coup d'État que l'ancien président mettrait en doute, selon Luis Arce, « en raison de ses aspirations politiques personnelles » -pour, selon Correo del Sur, « continuer la guerre interne qu'il mène depuis des mois avec les partisans du président Arce ». Le fait est que les deux anciens alliés sont pour le moins brouillés : le président Arce, qui faisait lui aussi partie du MAS, a été exclu du parti par Evo Morales à la fin de l'année dernière (2023). Les deux hommes pourraient s'affronter lors de la présidentielle de l'an prochain.La FIDH dénonce un crime contre l'humanité au PérouAu Pérou, la Fédération internationale des droits de l'homme en appelle à la Cour pénale internationale : elle dénonce un crime contre l'humanité au moment de la répression des manifestations fin 2022 - début 2023, lorsque les protestataires réclamaient des élections anticipées après la destitution du président et l'arrivée au pouvoir de Dina Boluarte.Aabla Jounaïdi a rencontré l'avocate des droits de l'homme, Gloria Cano, directrice de l'Association péruvienne pour les droits humains et secrétaire générale de la FIDH au Pérou. Elle expliquera que les faits de violences se sont concentrés dans le sud, peuplé essentiellement d'Indiens pauvres, comme près de l'aéroport d'Andahuaylas le 11 décembre 2022 : « Sur les vidéos, on voit les militaires sortir de la zone de l'aéroport qu'ils sont censés protéger. Ils se rendent sur une place publique et commencent à tirer sans discrimination sur la foule. Personne ne portait d'arme ».L'avocate estime que, dans cette escalade de violences qui a fait 49 morts, la responsabilité de la présidente Dina Boluarte n'est pas nulle : « Dina Boluarte peut dire qu'en tant que présidente de la République, elle ne peut rien faire. Mais elle est la cheffe suprême des forces de sécurité. Elle aurait au moins pu s'opposer à l'usage d'armes à feu contre les manifestants. »Officiellement, des enquêtes sont en cours au Pérou. Mais depuis la destitution du président Pedro Castillo qui a poussé les manifestants dans la rue, selon Gloria Cano l'assurance de voir la justice passer s'amenuise de jour en jour. Ce qui, estime-t-elle, rend légitime la saisie du bureau du Procureur de la CPI.Crise migratoire au PanamaAu Panama, le nouveau président entre en fonction ce lundi (1er juillet 2024). José Raul Mulino, élu il y a près de deux mois, a déjà composé son gouvernement et nommé de nombreux hauts-fonctionnaires à des postes-clé. Il va maintenant devoir se pencher sur la situation économique. Ce ne sera pas facile. Déjà, parce que le président ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée. Ensuite, explique notre correspondant Grégoire Pourtier, parce qu'un autre sujet très sensible figure parmi les priorités du nouveau chef de l'État, l'immigration : le sort des centaines de milliers de personnes qui traversent le Panama pour tenter de rejoindre les États-Unis.En 2023, les centres d'accueil du Panama ont recensé 520 000 migrants ayant risqué leur vie en traversant la jungle du Darien. Cette crise humanitaire majeure pose aussi de graves problèmes sécuritaires, sanitaires, environnementaux et économiques, selon le président panaméen, qui réclame donc davantage d'appuis – et un renforcement de la coopération avec les États-Unis. Il va aussi devoir collaborer avec son voisin immédiat, la Colombie, où passent tous les migrants traversant le Darien.L'ouragan Beryl se dirige vers le sud-est des CaraïbesL'ouragan a été rétrogradé en catégorie 3 mais reste dangereux, et le Centre national des Ouragans, situé à Miami aux États-Unis, a appelé les habitants à s'abriter des vents dangereux. Pour ce qui est d'Haïti, le pays est « sous la menace d'une onde tropicale », écrit Le Nouvelliste. Ce dimanche (30 juin 2024), avant que l'ouragan ne passe de catégorie 4 à 3, l'Unité hydrométéorologique d'Haïti estimait que les départements de la Grand-Anse, du Sud-Est, du Nord-Ouest, de l'Ouest et de l'Artibonite pourraient être affectés par le passage de cette onde tropicale dimanche en fin d'après-midi, mais aussi dans la soirée de lundi (1er juillet).Le Comité olympique haïtien manque d'argent pour aller aux JODans 25 jours, ce sont les Jeux olympiques de Paris. Les principales délégations sont prêtes, mais pour d'autres, on s'interroge encore. C'est le cas d'Haïti, qui se demande comment envoyer à Paris les athlètes sélectionnés pour les Jeux.La préparation n'est pas évidente, les moyens manquent : « Malheureusement, malgré une préparation de départ très poussée, on a eu des problèmes politiques très sérieux qui ont cassé le rythme et même parfois l'espoir », a expliqué Hans Larsen, le président du Comité olympique haïtien, à Mikaël Ponge. Le président du Comité olympique haïtien souligne que cinq de ses membres ont dû quitter le pays, et qu'« un nombre innombrable d'athlètes et d'entraîneurs ont dû quitter leur foyer » à cause de la crise.Au final, les athlètes haïtiens sont au nombre de six, sélectionnés dans cinq disciplines : athlétisme, boxe, gymnastique, judo et natation. Tous se préparent à l'extérieur du pays, explique Hans Larsen : « ceux qui étaient déjà à l'extérieur y sont restés, et ceux qu'on a pu sortir avant la crise et qui seront qualifiés ou invités sont à l'extérieur ». Les fédérations ou comités olympiques de pays amis aident à la prise en charge de chaque athlète.Sur le budget de 405 000 dollars prévu pour préparer les Jeux de Paris, le Comité n'a reçu d'aide que de ses deux sponsors, aucune de l'État : « nous avons déjà dépensé 180 000 dollars sans avoir reçu un centime de l'État haïtien, et là il faut que l'on arrive à Paris. Et c'est un autre combat : nous avons encore besoin à peu près de 150 000 dollars ».Le Journal de la 1èreEn Martinique, c'est une première : un candidat d'extrême droite au second tour d'une élection.

En août 2014, l'organisation État islamique envahissait le Mont Sinjar, berceau de la communauté Yézidie, situé dans le nord de l'Irak. Une offensive qui a conduit au massacre de plus de 3 000 Yézidis. Des milliers de femmes ont été enlevées et réduites à l'esclavage sexuel. Une décennie après ce que les Nations unies ont reconnu comme un génocide contre cette minorité religieuse, l'organisation État islamique a perdu le contrôle de ses territoires mais les Yézidis qui avaient pris la fuite peinent encore à rentrer chez eux, quand d'autres sont encore portés disparues. Selon un récent rapport de l'OIM, près de 200 000 personnes originaires du Sinjar sont encore déplacées. Pour les survivants yézidis, les stigmates des persécutions, l'absence des proches disparus sont encore bien présents. Comment reconstruire la communauté après le traumatisme ?  Avec :• Alexe Liebert, réalisatrice du documentaire Sinjar, naissance des fantômes qui sort le 19 juin 2024 sur les écrans (production, La Vingt-Cinquième Heure) • Clémence Bectarte, avocate spécialisée en Droit pénal et Droit international, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH et co-présidente de la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale.En fin d'émission, Le monde des enfants de Charlie Dupiot.À l'âge de 10, 11, 12 ans, ils nous invitent à voir le monde à leur hauteur... Aujourd'hui, ils nous parlent de leurs amis imaginaires, depuis Dakar. Salamata, Binta, Mariama, Agnès, Mamadou et Daouda sont en classe de CM2 au sein de l'école Sud, dans la commune de Ouakam. Programmation musicale :► Lose My Mind - Emel► Cokëliko - Lëk Sèn.

En août 2014, l'organisation État islamique envahissait le Mont Sinjar, berceau de la communauté Yézidie, situé dans le nord de l'Irak. Une offensive qui a conduit au massacre de plus de 3 000 Yézidis. Des milliers de femmes ont été enlevées et réduites à l'esclavage sexuel. Une décennie après ce que les Nations unies ont reconnu comme un génocide contre cette minorité religieuse, l'organisation État islamique a perdu le contrôle de ses territoires mais les Yézidis qui avaient pris la fuite peinent encore à rentrer chez eux, quand d'autres sont encore portés disparues. Selon un récent rapport de l'OIM, près de 200 000 personnes originaires du Sinjar sont encore déplacées. Pour les survivants yézidis, les stigmates des persécutions, l'absence des proches disparus sont encore bien présents. Comment reconstruire la communauté après le traumatisme ?  Avec :• Alexe Liebert, réalisatrice du documentaire Sinjar, naissance des fantômes qui sort le 19 juin 2024 sur les écrans (production, La Vingt-Cinquième Heure) • Clémence Bectarte, avocate spécialisée en Droit pénal et Droit international, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH et co-présidente de la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale.En fin d'émission, Le monde des enfants de Charlie Dupiot.À l'âge de 10, 11, 12 ans, ils nous invitent à voir le monde à leur hauteur... Aujourd'hui, ils nous parlent de leurs amis imaginaires, depuis Dakar. Salamata, Binta, Mariama, Agnès, Mamadou et Daouda sont en classe de CM2 au sein de l'école Sud, dans la commune de Ouakam. Programmation musicale :► Lose My Mind - Emel► Cokëliko - Lëk Sèn.

Un procès historique s'est ouvert ce mardi 21 mai à Paris, c'est le premier en France sur les crimes du régime de Bachar al-Assad. Trois hauts responsables syriens sont jugés en leur absence pour complicité de crimes contre l'humanité. Ils sont aussi accusés de complicité de délit de guerre et visés par des mandats d'arrêt internationaux. Entretien avec Clémence Bectarte, avocate de la famille proche de deux Franco-Syriens morts sous la torture et coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH.

C'est notre invitée pour tout comprendre, tout comprendre au carnage généré par les smartphones que nous avons entre les mains tous les jours. Car aujourd'hui, la République Démocratique du Congo a accusé Apple d'exploiter illégalement des mines de cobalt pour fabriquer ses téléphones. Et dans ces mines, les ONG notent la présence d'enfants. Au delà de Apple, plus de la moitié du cobalt exploité dans le monde provient de la RDC. Mais dans quelles conditions ? Par qui ? Et plus généralement, quel est le coût humain de nos téléphones portables ? Écoutez Maddalena Neglia, directrice du bureau droits humains de l'ONG internationale FIDH.

C'est notre invitée pour tout comprendre, tout comprendre au carnage généré par les smartphones que nous avons entre les mains tous les jours. Car aujourd'hui, la République Démocratique du Congo a accusé Apple d'exploiter illégalement des mines de cobalt pour fabriquer ses téléphones. Et dans ces mines, les ONG notent la présence d'enfants. Au delà de Apple, plus de la moitié du cobalt exploité dans le monde provient de la RDC. Mais dans quelles conditions ? Par qui ? Et plus généralement, quel est le coût humain de nos téléphones portables ? Écoutez Maddalena Neglia, directrice du bureau droits humains de l'ONG internationale FIDH.

durée : 00:59:22 - Le 13/14 - par : Bruno Duvic - Nous recevons aujourd'hui Sabrina Cajoly, juriste en droit international des droits humains et Fondatrice de Kimbé Rèd F.W.I. (French West Indies) et Maryse Artiguelong, vice présidente FIDH fédération internationale pour les droits humains.

Le secrétaire d'État américain se rend, mercredi 27 décembre, au Mexique pour rencontrer le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rend au Mexique, mercredi, pour tenter de trouver une issue face à l'afflux de migrants à la frontière américaine. Dimanche, une caravane de milliers de migrants a quitté le sud du Mexique pour tenter de rejoindre les États-Unis. « Le Mexique est dépassé par la crise sécuritaire qu'il y a sur son territoire, qui est due notamment à la volonté de contrôle territoriale de différents groupes du crime organisé. Les chiffres pourraient être ceux d'un pays en guerre, avec 110 000 disparitions depuis 2006, 4000 fosses communes trouvées et 50 000 corps à identifier » souligne Jimena Reyes, directrice Amériques de la Fédération internationale des droits humains (FIDH).Haïti : Ariel Henry entendu dans l'enquête sur l'assassinat de Jovenel MoïseLe chef du gouvernement a été auditionné, mardi 26 décembre, dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. La nouvelle a été annoncée dans la soirée via un communiqué par le gouvernement.États-Unis : Vivek Ramaswamy arrête sa campagne publicitaire téléviséeLe candidat républicain qui prend du retard dans les sondages préfère dépenser son budget de campagne ailleurs. Son équipe a indiqué à NBC News vouloir se recentrer sur les électeurs qu'ils ont déjà identifiés, avec de la publicité ciblée, des mails, des sms, des appels téléphoniques ou du porte à porte.

durée : 00:38:00 - Le Temps du débat - par : Emmanuel Laurentin - Mandat d'arrêt international contre le président Bachar El Assad, compétence universelle, montée en puissance de la Cour pénale internationale, la justice internationale peut-elle devenir un levier significatif dans les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ? - invités : Catherine Marchi-Uhel Magistrate française, chef du « Mécanisme international, impartial et indépendant » pour la Syrie mis en place par l'ONU.; Clémence Bectarte Avocate, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH et co-présidente de la coalition française pour la CPI; Reed Brody Procureur américain, spécialisé dans les crimes de guerre, membre de la Commission internationale de juristes

durée : 00:38:00 - Le Temps du débat - par : Emmanuel Laurentin - Mandat d'arrêt international contre le président Bachar El Assad, compétence universelle, montée en puissance de la Cour pénale internationale, la justice internationale peut-elle devenir un levier significatif dans les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ? - invités : Catherine Marchi-Uhel Magistrate française, chef du « Mécanisme international, impartial et indépendant » pour la Syrie mis en place par l'ONU.; Clémence Bectarte Avocate, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH et co-présidente de la coalition française pour la CPI; Reed Brody Procureur américain, spécialisé dans les crimes de guerre, membre de la Commission internationale de juristes

La justice française a émis ce mardi 14 novembre un mandat d'arrêt international contre le président syrien Bachar al-Assad. Il est accusé de crime contre l'humanité pour les attaques à l'arme chimiques survenues en 2013.Plusieurs ONG, dont le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression (SCM), Open Society Justice Initiative (OSJI) et Syrian Archive, se sont portées partie civile. Entretien avec Clémence Bectarte, avocate spécialiste en droit international et coordinatrice la FIDH.

Appels sur l'actualité répond aux questions des auditeurs : rôle de Moussa Dadis Camara, suspensions de procédure, témoignages des victimes... Hassatou Ba-Minté, responsable du Bureau Afrique de la FIDH, Fédération internationale des droits humains.

PRIMICIA: Un nuevo informe internacional sobre Perú: "un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos". Dice la FIDH. MIENTRAS TANTO, Descarado: vuelve la Ministra Dengue, ahora como jefa de EsSalud. ADEMÁS: La Municipalidad de Lima pone en riesgo el Día del Pollo a la Brasa. Y... ¿Te toca grati en estas Fiestas Patrias? Tenemos consejos para todos los que quieran invertirla... o incluso, gastarla. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp. También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** ¿Quieres que tu emprendimiento sea mencionado en La Encerrona? Regístrate aquí para postular: https://encerroners.club

Des militants du mouvement social Hirak, des membres d'ONG, des journalistes sont sous les verrous en Algérie où les autorités n'apprécient pas les voix jugées critiques.

L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et dix anciens officiels militaires et gouvernementaux ont comparu mercredi pour la première fois devant un tribunal de Conakry où ils doivent répondre du massacre, des tortures et autres viols commis en masse le 28 septembre 2009 et juste après, un procès réclamé depuis des années par les victimes. Vous entendrez le témoignage de avec Maître Drissa Traoré, avocat de la partie civile et secrétaire général de la FIDH.

21 ans après les attentats du 11 septembre 2001, les talibans règnent à nouveau, depuis un an, sur l'Afghanistan après le départ chaotique des troupes américaines. Le mouvement, qui s'inspire du deobandisme, un courant religieux né au XIXe siècle dans le nord de l'Inde, impose toujours sévèrement la loi islamique, les femmes en payent le prix fort. De leur côté, les minorités religieuses et ethniques ont elles aussi subi de plein fouet ces 40 années de guerre et les persécutions qui se poursuivent avec le nouveau règne des talibans. Participants : Adam Baczko,chercheur au CNRS et au CERI Sciences Po, auteur du livre La guerre par le droit. Les tribunaux Taliban en Afghanistan (2021 éditions du CNRS) Riccardo Bonotto, doctorant en histoire et civilisations à l'EHESS - École des hautes études en sciences sociales - et enseignant vacataire à l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales, il travaille sur les minorités en Afghanistan et en particulier les Sikhes Reza Jafari, président de l'association « Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs » (en France), membre de la résistance afghane Sayed Jawad Mohammadi, défenseur des droits de l'Homme auprès d'Armanshahr (association membre de la FIDH), réfugié en France depuis novembre 2021 Et des extraits d'archives sonores de RFI.

Du 23 au 31 mars 2022, dans le village de Moura, au cœur de l'un des principaux foyers des violences sahéliennes, une opération menée par les forces maliennes a fait de nombreuses victimes : 203 djihadistes, selon le bilan officiel, au moins 300 voire 400 personnes ou plus, dont de nombreux civils selon les organisations de défense des droits de l'homme. Un électrochoc dans l'opinion publique, aussi bien au Mali qu'à l'extérieur. En dix ans de guerre, jamais l'armée malienne n'avait été suspectée d'exactions d'une telle ampleur. La justice militaire malienne, sous pression, a annoncé le 6 avril l'ouverture d'une enquête. Mais, l'idée d'une investigation menée de manière indépendante est pour le moment rejetée par les autorités. Deux versions diamétralement opposées s'affrontent. Que s'est-il vraiment passé à Moura ? Les Russes ont-ils été impliqués dans cette opération ?   Pourquoi la Russie et la Chine ont-elles opposé leur véto à une enquête indépendante au Conseil de sécurité des Nations unies ? Ces crimes, s'ils sont avérés, seront-ils punis ? Le massacre de Moura a précipité la fin de la mission européenne auprès des forces armées maliennes. Va-t-il aussi affaiblir le rôle de la mission des Nations unies au Mali ? Est-ce un tournant dans le repositionnement diplomatique du pays ? Décryptage avec : - Hassatou Ba-Minté, responsable du Bureau Afrique à la FIDH, Fédération internationale pour les droits humains.   - Ousmane Diallo, chercheur spécialisé sur le Sahel à Amnesty International.   ► À lire aussi : Enquête militaire à Moura au Mali : les doutes des défenseurs des droits humains.

16 février 2022 - Rencontre avec Antoine Madelin, directeur du plaidoyer international à la FIDH, Ariane Lavrilleux, journaliste, Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales. Modération : Agnès Levallois, vice-présidente de l'iReMMO.. Retrouvez la vidéo : https://youtu.be/dDfjcb0SXlc Suivez nos évènements sur les réseaux sociaux YouTube : @upiremmo Facebook : @institutiremmo Twitter : @IiReMMO Instagram : @institutiremmo LinkedIn: @Institut iReMMO Soutenez notre chaîne Tipeee : @iremmo Lilo : @iremmo HelloAsso : @iremmo

Cette semaine Jeane reçoit Clémence Bectarte, avocate au barreau de Paris elle est spécialisée en droit pénal, droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire. Clémence travaille depuis plus de dix ans aux côtés de la Fédération internationale des Droits Humains (FIDH) dont elle coordonne le groupe d'actions judiciaires. Ressources complémentaires : FIDH : https://www.fidh.org/fr Soutenir Basilic : instagram.com/basilicpodcast/ basilicpodcast.com Production : Jeane Clesse Musique : @Klein Graphisme : Mahaut Clément & Coralie Chauvin Mix : Jeane Clesse Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcasts et surtout à vous abonner grâce à votre application de podcasts préférée ! Cela m'aide énormément à faire découvrir Basilic à de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices.

Le pays était jusque-là touché par une crise sanitaire et sociale. Depuis dimanche, la Tunisie est désormais également secouée par une crise politique après la décision du président Kaïs Saïed de geler les activités du Parlement et de démettre son Premier ministre Hichem Mechichi. Lundi 26 juillet, le chef de l'État a écarté le ministre de la Défense et la porte-parole du gouvernement. Le président tunisien, aux pouvoirs jusque-là limités, a ainsi pris la tête de l'exécutif. Pourquoi a-t-il agi de la sorte ? La démocratie tunisienne est-elle en danger ? Des questions que Pierre Firtion a posées à Souhayr Belhassen, ancienne présidente de la FIDH, aujourd'hui présidente d'honneur de cette ONG de défense des droits de l'homme.  RFI : Comment interprétez-vous les mesures prises par le président Kaïs Saïed ? Souhair Belhassen : Pour moi, c'est réellement un coup d'État, non pas médical, comme celui de Ben Ali, mais c'est un coup d'État contre la Constitution. Et comme vous savez, les Tunisiens sont très constitutionnalistes et très attachés à l'esprit de la Constitution depuis toujours. Or, la Constitution de la Deuxième République, adoptée en 2014, limitait ses pouvoirs, et donc il s'est trouvé à l'étroit et on ne pensait pas qu'il puisse faire ce coup d'État, qu'il allait procéder à ce changement brutal, à cette prise de pouvoir total et absolu. Néanmoins, on a le sentiment que ce scénario semblait écrit à l'avance. La situation sanitaire et politique s'était détériorée ces derniers mois et le gouvernement et le Parlement étaient de plus en plus discrédités sur fond de tension, entre le président, le Premier ministre et le chef du Parlement. Certes, la tension montait de façon dramatique et les Tunisiens éprouvent un véritable soulagement. Les Tunisiens étaient en attente d'un chef, ils ont l'impression que c'est là une décision du chef… Est-ce que Kaïs Saïed n'a pas joué aussi sur le ressentiment de la population envers le gouvernement et le Parlement ? On ne l'a quand même pas senti lui-même très concerné par la situation sanitaire, par exemple. On avait l'impression que le jeu d'échec entre les principales têtes du pouvoir. Il y avait deux pouvoirs face-à-face, dont le plus faible était celui de Kaïs Saïed et le plus fort c'était celui du Parlement et du gouvernement. Face à cela, le quotidien était fait de détails et d'incidents tout à fait mineurs qui étaient gonflés par l'un ou par l'autre camp et la situation sanitaire, personne ne s'en occupait. Et effectivement, vous avez parfaitement raison de souligner combien la population était touchée par cette indifférence. Quelle est la revendication principale du principal parti Ennahdha ? C'était les compensations pour tous ceux -militants d'Ennahdha- qui avaient été mis en prison durant les années Ben Ali. Il faut rappeler la demande formulée par Ennahdha, il y a maintenant quelques semaines de cela, qui concerne les militants islamistes qui avaient été emprisonnés par le passé. C'est cela, pour vous, qui a mis un petit peu le feu aux poudres ? Ah oui, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase ! Parce que l'enrichissement visible, scandaleux, de certains dirigeants d'Ennahdha, l'attitude provocatrice, la violence, le déchaînement de violence à l'intérieur du Parlement… Mais vous ne pouvez pas imaginer combien les Tunisiens étaient choqués et humiliés par une telle attitude d'Ennahdha ! Aujourd'hui, la décision de Kaïs Saïedest approuvée en grande partie. Je suis à l'aise pour le dire, bien que la démocratie soit réellement mise à bas avec cela. Ce n'est plus la République que nous avons établie en 2014, mais vraiment la marche vers la dictature, parce que la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul, c'est quelque chose que l'on ne veut absolument plus vivre en Tunisie. Kaïs Saïed s'est appuyé sur l'article 80 de la Constitution pour prendre ces mesures. Cet article stipule qu'en cas de péril imminent, le président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle. On voit bien qu'il y a un débat autour de l'interprétation de cet article, le problème c'est qu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle pour trancher le différend. La revendication de la Cour constitutionnelle a été une constante de la société. Kaïs Saïeda utilisé l'article 80 en ayant une interprétation très personnelle de l'article 80, parce que l'article 80 stipule que le Parlement est en séance permanente. Or, Kaïs Saïed a déclaré qu'il gelait l'activité du Parlement. C'est là, déjà, un détournement du texte lui-même. C'est son interprétation personnelle. Mais la Cour constitutionnelle, pour lui, représentait un danger. La Cour constitutionnelle pouvait encore plus limiter ses pouvoirs et le remettre à sa place, en quelque sorte. Il a toujours refusé de répondre à cette revendication. Vous craignez que la situation ne dégénère ? Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a ce soulagement éprouvé par la population, il y a le fait que les gens ont explosé de joie ! Maintenant, s'il n'y a pas de décision concrète… Parce que ce qu'il faut, maintenant, c'est donner des vaccins aux gens, c'est donner de quoi vivre, parce que les gens sont épuisés, les Tunisiens sont épuisés. Ils éprouvent du soulagement aujourd'hui. Mais demain ? Cela ne peut pas durer longtemps. ► À lire aussi : Les chancelleries enjoignent la Tunisie à éviter «la violence»

durée : 00:38:51 - Le Temps du débat - par : Chloë Cambreling, Bruno Baradat - Alors que le mandat de la procureure Fatou Bensouda touche à sa fin, la perspective d'enquêtes menées hors du continent africain a fait vivement réagir certains Etats. D'ordinaire critiquée pour sa partialité et son inefficacité, la CPI s'affranchit-elle progressivement de la souveraineté des Etats? - réalisation : Alexandre Manzanares - invités : Emmanuel Altit Avocat international, intervenant devant les juridictions pénales internationales et particulièrement devant la Cour Pénale Internationale, conseil principal de la défense de Laurent Gbagbo; Raphaëlle Nollez-Goldbach Directrice des études Droit et Administration publique à l'École Normale Supérieure, chargée de recherche au CNRS, elle enseigne le droit international public, le droit pénal international et les relations internationales à l'ENS; Dorine Llanta Chargée de programme au sein de la représentation permanente de la FIDH à la Cour Pénale Internationale à La Haye

durée : 00:38:51 - Le Temps du débat - par : Chloë Cambreling, Bruno Baradat - Alors que le mandat de la procureure Fatou Bensouda touche à sa fin, la perspective d'enquêtes menées hors du continent africain a fait vivement réagir certains Etats. D'ordinaire critiquée pour sa partialité et son inefficacité, la CPI s'affranchit-elle progressivement de la souveraineté des Etats? - réalisation : Alexandre Manzanares - invités : Emmanuel Altit Avocat international, intervenant devant les juridictions pénales internationales et particulièrement devant la Cour Pénale Internationale, conseil principal de la défense de Laurent Gbagbo; Raphaëlle Nollez-Goldbach Directrice des études Droit et Administration publique à l'École Normale Supérieure, chargée de recherche au CNRS, elle enseigne le droit international public, le droit pénal international et les relations internationales à l'ENS; Dorine Llanta Chargée de programme au sein de la représentation permanente de la FIDH à la Cour Pénale Internationale à La Haye

Las campañas de vacunación contra el Covid-19 se han acelerado en el mundo a la vez que se multiplican los llamados de decenas de países, organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud y ONG’s pidiendo a los países ricos y a los laboratorios que producen el medicamento, acepten suspender de manera transitoria los derechos de propiedad intelectual. Lo que permitiría que se acelere la producción y el acceso a las vacunas. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) forma parte de las organizaciones que piden que la vacuna sea un bien común. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) acaba de publicar una declaración subrayando que ante la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la Covid-19, las reglas de la propiedad intelectual deben ser suspendidas. Jimena Reyes es la directora para las Américas de la FIDH.  ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?  -- JR “Las empresas que registran patentes se aseguran que sus productos no van a ser copiados por otros y conservan el monopolio. Desde los años 90’s del siglo pasado tienen estatus internacional a través de regulaciones a las que adhirieron prácticamente todos los países del mundo en la OMC (Organización Mundial del Comercio). Esas reglas se aplican también a las vacunas que se acaban de crear". Cuando se habla de países y laboratorios uno centra la atención en los países del Norte, más ricos. Pero China y Rusia poseen también derechos de propiedad intelectual sobre sus vacunas. ¿El llamado va dirigido también a ellos? -- JR. “A todos los países de la OMC porque se está discutiendo esa propuesta en estas semanas". Los países más avanzados y los laboratorios rechazan suspender los derechos de propiedad intelectual. Aseguran que eso desestimularía la investigación, y que los países del llamado Sur no tienen capacidades técnicas para producir las vacunas. En la producción de una sola dosis hay más de 400 elementos que entran en acción... -- JR. "Por la gravedad de la situación los países invirtieron masivamente en busca de una vacuna. Alrededor de 7 mil millones de euros fueron dados a los laboratorios para desarrollarlas. Entonces, ese funcionamiento que dice que la empresa debe generar suficientes ganancias para cubrir sus gastos de inversión en este caso no se aplica.  Estamos hablando de ganar dinero y de salvar vidas. Numerosas instituciones de las Naciones Unidas están llamando a avanzar en la supresión de esos derechos de propiedad intelectual. Es el caso del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en las Américas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha publicado una resolución donde dice que necesitamos esa suspensión." -India y Sudáfrica promovieron el pasado diciembre una reunión de la OMC para suspender los derechos de propiedad intelectual de manera transitoria.  Fueron apoyados por otros 100 países. Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Australia, Brasil bloquearon la iniciativa. Una nueva reunión está prevista, el problema es que se precisa de la unanimidad de los estados miembros de la OMC. -- JR "Se puede lograr. Si los países que están bloqueando miran los intereses de sus propios ciudadanos y también el interés general mundial aceptarán que las vacunas son bienes comunes. Los derechos de Propiedad Intelectual no se deben aplicar. Incluso los países del Norte están sufriendo; tanto las poblaciones –con las medidas de confinamiento-, la economía, y también con el nuevo rebrote de la pandemia y las nuevas cepas. La necesidad que un 70% de la población mundial llegue a la inmunidad es en interés del mundo entero, y no puede ser la avaricia de unos laboratorios que ponga en peligro esa necesidad para que salgamos de esta crisis."  ¿Cómo calificaría la actitud de los países de la UE, en concreto Francia o Alemania que han insistido mucho en favorecer se vacune al mayor número de personas, incluso aportan al sistema Covax, pero se niegan a suprimir los derechos de propiedad intelectual? España dice que no es necesario. -- JR "Es una actitud ambigua, muy criticable, del pasado. Evidentemente que hay capacidad de los países del Sur para producir vacunas. Se trata de una mirada asistencialista que afirma que a través del Covax se van a regalar las vacunas." -De acuerdo con la OMS hasta la primera semana de abril el mecanismo Covax –que procura facilitar el acceso a las vacunas a los estados que las necesiten en condiciones de equidad— había permitido distribuir casi 39 millones de dosis en 100 países. ¿Covax está funcionando adecuadamente desde el punto de vista de la FIDH? -- JR "El Covax no es suficiente. En América Latina, sin contar a Chile, estamos en un promedio de 2,5% de la población vacunada. El objetivo del Covax era tener 2 mil millones de dosis. El avance es muy lento. Hay problemas de producción, hay una pelea entre los países ricos por controlar el mayor número de vacunas." Chile es el país de esa región que más ha vacunado, más de una quinta parte de la población fue vacunada. Uno de los problemas que se observan de la situación en América Latina es que en muchas ocasiones el retraso obedece más a una mala gestión y la corrupción que a la falta de dosis. -- JR "El sistema de salud en muchos países de América Latina están muy debilitados y se registran todos los días casos de corrupción y de irregularidades. Además hay casos como Brasil que están en una denegación total a nivel estatal de la importancia de tener una política de confinamiento."   #EscalaenParís también está en las redes sociales. Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Mathias Taylor, Souheil Khedir y Vanessa Loiseau. 

Suspendues en hauteur dans les rues, les jupes traditionnelles birmanes sont devenues un décor courant depuis le coup d’État militaire. Car selon une superstition locale, les soldats risquent de perdre leur virilité en passant en-dessous. Au-delà de cette anecdote, les femmes sont particulièrement mobilisées contre l’armée en Birmanie. Elles représentent 60 % des manifestants d’après la FIDH. Et pour cause, leurs droits risquent d’être remis en cause par ce régime patriarcal.

durée : 00:58:07 - Affaires étrangères - par : Christine Ockrent - Le verdict d'Eyad al-Gharib tombe le 24 février prochain : accusé de complicité de crime contre l'humanité, c'est le premier procès lié à des exactions commises par le régime Assad. - réalisation : Luc-Jean Reynaud - invités : Clémence Bectarte avocate, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH et co-présidente de la coalition française pour la CPI; Justine Augier Écrivain; Jean-Pierre Filiu professeur des universités en histoire à Sciences Po (Paris). Il anime sur le site du quotidien "Le Monde" le blog "Un si proche Orient".; Karim Emile Bitar professeur de Sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ, Liban) , spécialiste du Proche et Moyen-Orient.; Bayram Balci Directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul

« Garder la tête haute », c’est la devise des femmes thaïlandaises qui se trouvent, depuis l’été dernier, en première ligne d’un important mouvement pro-démocratie. Pas évident pourtant de se faire entendre dans une société où la vie politique est traditionnellement dominée par les hommes. Un rapport, publié par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (un partenariat entre la Fédération Internationale des droits de l’Homme et l’Organisation mondiale contre la torture FIDH-OMCT), dénonce les droits bafoués des militantes. Face aux canons à eau et aux gaz lacrymogènes, les militantes thaïlandaises – clé de voûte de la contestation pacifique – tiennent bon. À l’instar de Chonthicha Jangrew, co-fondatrice du groupe pour la restauration de la démocratie, qui déclare : « Aujourd’hui, les femmes ont l’impression d’avoir été opprimées par notre société autoritaire et patriarcale. Ces femmes sont assez courageuses pour dire "ça suffit". » Tenir tête à la police anti-émeute est une chose. Mais faire face aux insultes sexistes en est une autre. Dans un clip réalisé par le vidéaste indépendant Tossapol Chaisamritpol, l’étudiante témoigne du harcèlement dont elle est régulièrement victime. « Il y a des moqueries, des regards déplacés des policiers qui me disent "pourquoi t’es si belle aujourd’hui ?" ou qui me lancent "tu es très sexy dans ta jupe courte" (…) ou ils me demandent de quelle couleur est mon soutien-gorge. Ils ont aussi appelé mes proches, leur disant : "Stoppez-là ou bien préparez-lui son cercueil" ou encore "On va venir la violer, cette putain". » Les manifestantes qui osent demander une réforme de la monarchie et un changement de la Constitution sont systématiquement harcelées, intimidées et muselées. C’est le constat du rapport « Garder la tête haute ». Pour Andrea Giorgetta, responsable du bureau Asie de la Fédération Internationale des Droits de l’homme, basé à Bangkok, « le mouvement pro-démocratie qui a débuté en 2020 est très positif dans le sens où de plus en plus de femmes militent désormais en première ligne – mais leurs droits sont violés, elles sont criminalisées par des lois répressives qui visent à les faire taire. Ces militantes sont confrontées à un cocktail de défis censés les empêcher d’exprimer leur opinion. » Soldats trolls Andrea Giorgetta pointe notamment du doigt les réseaux sociaux – un outil exploité par les machos thaïlandais lambda, mais aussi et surtout par les autorités. « Les femmes sont littéralement bombardées d’attaques sexistes, c’est difficile à vivre, notamment pour les plus jeunes, explique-t-il. Le gouvernement thaïlandais devrait garantir leur droit de manifester pacifiquement. Or, une grande partie de la campagne menée contre les manifestantes est orchestrée par l’État même, en particulier par les militaires qui emploient toute une armée de soldats trolls pour surveiller les comptes des femmes défenseures des droits humains. Le gouvernement doit cesser ces attaques et protéger les femmes ! » Le harcèlement en ligne des militantes est monnaie courante, mais les autorités n’hésitent pas non plus à se rendre dans leurs établissements scolaires et universitaires voire même à leur domicile. C’est ce qui est arrivé à Patsaravalee, leader étudiante, qui raconte que « le jour du Nouvel An, des policiers en uniforme sont allés chez moi pour mettre en garde ma mère. Elle m’a tout de suite appelée, elle était très stressée. Ce type de harcèlement fait son effet. Les policiers profèrent des menaces, ma famille en était affectée. » Aujourd’hui, la jeune femme est visée par neuf charges pénales, notamment pour lèse-majesté qui pourrait lui valoir jusqu’à 15 ans de prison. Mais Patsaravalee ne compte pas se taire. Avec Kornkanok Khumta du Front féministe, et d’autres, elle partage ce rêve : voir la Thaïlande offrir les mêmes droits à tous et à toutes. « Nous avons ce rêve que tout le monde puisse participer à la vie politique. Le mouvement pro-démocratie n’est qu’un début », conclut-elle. - Fédération Internationale des Droits de l’Homme, FIDH   - Organisation Mondiale contre la Torture  OMCT  Pour visionner les témoignages des militantes: une vidéo réalisée par Tossapol Chaisamritpol.

A menos de un año de elecciones generales en Nicaragua, un informe de la Federación internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y del Centro nicaragûense de Derechos Humanos (CENIDH) vuelve sobre el sangriento año 2018 y las ejecuciones extrajudiciales de más de 300 personas entre abril y septiembre. Destaca cómo este estado represivo se perpetúa todavía dos años después. "La política de represión y las muertes documentadas constituyen ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad", dice el informe publicado este jueves 11 de febrero por la Federación internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). En este trabajo se analizaron 113 ejecuciones extrajudiciales de las 328 muertes registradas en el contexto de la represión entre abril y septiembre de 2018. El gobierno de Ortega reconoció 200 muertes durante las protestas, que atribuyó a un "fallido golpe de estado" promovido por Washington con el apoyo de la oposición interna. “Llegamos a la conclusión de que estamos frente a ejecuciones extrajudiciales y asesinatos cometidos por la fuerza pública, en algunos casos con francotiradores o por grupos paramilitares”, dice a RFI la directora de la oficina para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes. “Algunos tienen personería jurídica porque son grupos relacionados, por ejemplo, con el FSLN, el partido del señor Ortega y otros que son unas pandillas, o grupos de choques, pero que han sido reclutados por el Estado, que los tienen en sus planillas de salarios. Y esto es algo que nos preocupa enormemente”. La FIDH recomendó desmantelar estos grupos, el cese de la represión y la liberación de un centenar de opositores aún presos. Dos años después y a nueve meses de las elecciones, el sistema represivo se prolonga, denuncia el informe. “Las tácticas han cambiado”, dice Reyes. “Ya no estamos frente a esta represión, pero de todas formas todavía hoy hay más de 100 presos políticos. Algunos de ellos que habían sido liberados en el 2019, están siendo estigmatizados. La policía o las fuerzas de choque van a las casas, le echan pintura y escriben mensajes de odio. También hay una especie de estigmatización administrativa donde los estudiantes no pueden inscribirse en las universidades públicas y hay 400 médicos o trabajadores de la salud que han sido despedidos, porque curaron o se ocuparon de personas consideradas como de la oposición”. En octubre pasado entro en vigor en Nicaragua la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que impide donaciones internacionales, y que ha obligado a ONG a suspender actividades. “Cualquier gasto que hagan o si deciden cambiar el rubro tienen que reportarlo a las autoridades”, dice Reyes. “Los que han tratado de registrarse ha constatado que aparentemente no les quieren dar los salvoconductos que permiten probar que están registrados. Entonces estamos como en una situación kafkiana administrativa, donde simplemente se está tratando de poner cualquier obstáculo que se pueda, aniquilando la posibilidad de que la sociedad civil siga haciendo su trabajo”. Ortega, en el poder desde 2007, no descarta optar este año a la que sería su tercera reelección sucesiva. Con AFP

What barriers do victims of international crimes still face in getting access to justice in Europe? Srah Finnan from FIDH and Patrick Kroker from ECCHR fill us in on the obstacles.

Tous les jours, les journalistes et experts de RFI répondent à vos questions sur l'actualité, aujourd'hui nous avons parlé du rapport Mapping, 10 ans après sa publication en RDC. Avec Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, basé à Kisangani, le groupe Lotus est membre de la FIDH et a participé à la rédaction du Rapport Mapping ;   et Sonial Rolley, journaliste au service Afrique de RFI. 

Déjà visée par une enquête sur son rôle présumé dans le génocide au Rwanda, la banque française BNP Paribas fait l'objet d'une nouvelle information judiciaire pour « complicité de crimes contre l'humanité » au Soudan, ouverte après une plainte d'ONG et de militants soudanais. La première banque européenne est accusée par les plaignants de ne pas avoir respecté l’embargo contre le régime d’Omar el-Bachir, destitué en 2019. Elle s’est ainsi, selon eux, rendue complice de crimes commis entre 2002 et 2008, en particulier au Darfour, région meurtrie depuis par une guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). Explications de Clémence Bectarte , avocate et coordinatrice du Groupe d’action judiciaire de la FIDH, qui représente les plaignants contre la banque française.

Janet and Stephanie catch up with Amal Nassar of FIDH to talk about the long wait for ICC Darfur cases after one of the fugitives hands himself in to the court

As the world comes to grips with the pandemic Covid-19, governments are acting in an uncoordinated manner and the international community is looking to companies to act responsibly. In this conversation with IHRB's Salil Tripathi, Antoine Bernard, who has headed the International Federation for Human Rights, known by its French acronym FIDH, and has examined the role of business with regard to human rights, speaks of the pressing need for companies to adhere to international standards.The pandemic, he notes, comes at a time when business credibility has been tested severely, because globalisation has enabled companies to operate without clear rules regarding their responsibility. In situations of armed conflict or heightened tensions, for example, the dissemination of hate speech is enabled by technology, and groups and communities subject to attacks have few remedies available to safeguard their rights.

اهلين، قربنا، خلاص، نهاية الموسم والحلقة الاخيرة الخبر اللي عندي هو انه الحلقة تأجلت ليوم الخميس. لسبب يستاهلالسبب هو، انه فيه بودكاست جديد، برنامج مهم، وحبيته ياخد فرصة باش تسمعو شي جديد، شي مختلف.بودكاست حقاني او حقاني هو مشروع مشترك، شغل جماعي، وانا دوري فيه كان الانتاج، المونتاج وبعض الاخراج والتصميم الصوتي. كا مشروع هو من فكرة وانتاج منظمة محامون من اجل العدالة في ليبيا. وفريقهم المميزالبودكاست هو سلسلة، اربع حلقات، حينزلو حلقتين كل اسبوع. وتقدرو تسمعوهم علـى كل منصات البودكاست، بداية من بكرا الاربعاء، التفاصيل في صفحة محماون من اجل العدالة lawyers for justice in libya على الفيسبوك، و التويتر والانستاجرام.وتقدرو تسمعو لبودكاست حقاني عن طريق الرابط: https://haqani.buzzsprout.comYou can also listen to Haqani podcast by going to: https://haqani.buzzsprout.comنخليكم مع التريلر المشوق بتاع بودكاست حقاني، بس ما تنسوش تسمعو الحلقة الاخيرة من الموسم الثاني ل دا ميري بودكاست يوم الخميسحصل/ي فيديوات حصرية وادعم/ي شغلي:https://www.patreon.com/telmeriللاشتراك في البريد الاسبوعي اضغط سبسكرايب في الموقع:https://www.tariqelmeri.com

durée : 00:57:21 - Grand Reportage - par : Aurélie Kieffer - 500 Yézidis, victimes des pires atrocités en Syrie et en Irak, ont été accueillis en France en un an. 100 femmes veuves et leurs enfants ont été installées aux quatre coins de l'hexagone. Rencontres dans trois villages de Bourgogne avec ces rescapés des griffes de Daech. - réalisation : Annie Brault - invités : Clémence Bectarte avocate, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH et co-présidente de la coalition française pour la CPI; Julien Boucher directeur général de l'OFPRA

Ce jeudi 10 octobre marquait la Journée mondiale contre la peine de mort. À ce jour, les deux tiers des pays dans le monde ont aboli la peine capitale, mais 55 pays continuent encore à la pratiquer. En tête des pays qui exécutent le plus figurent en 2018 la Chine, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Vietnam et l’Irak. Les chiffres ont beaucoup baissé au Pakistan, mais le système judiciaire continue de prononcer des condamnations à mort, faisant de ce pays un des records en nombre de personnes dans les couloirs de la mort : il n’y a pratiquement pas de procès équitables, pas d’enquête de police approfondie, et la torture y est systématique pour extorquer des aveux. Entretien avec Kamran Arif, avocat et vice-président de la commission des droits de l’homme du Pakistan. Le Pakistan avait mis en place un moratoire sur les exécutions entre 2008 et 2014. Le pays avait suspendu toutes les exécutions, mais continuait à prononcer des condamnations à mort. L'attaque terroriste contre une école fin 2014 a sonné le glas de ce moratoire. Entre 2014 et 2019, plus de 1 800 personnes ont été condamnées à mort, et 520 ont été exécutées. Un chiffre gigantesque. RFI : En 2015 au Pakistan, il y a eu 333 exécutions, 89 l'année suivante, et depuis on observe une baisse constante, comment expliquez-vous cette tendance ? Kamran Arif : Le gouvernement à l'époque voulait montrer sa fermeté, à cause du nombre de morts dans ces attaques terroristes. Donc, il y a eu un pic dans le nombre d'exécutions. Et puis ce nombre s'est réduit graduellement. C'est aussi le résultat des pressions des organisations internationales. Ce chiffre est tombé à 14 exécutions en 2018, mais 347 condamnations à mort ont tout de même été prononcées. Il y a encore beaucoup à faire pour lever les barrières dans l'imaginaire des Pakistanais ? Nous sommes une société qui passe par des moments difficiles, avec beaucoup d'attaques terroristes, donc tout le monde veut se montrer ferme. Il y a eu tellement de violence, tellement de gens ont été tués, dans des milliers d'attaques terroristes, donc il n'y a pas de sympathie pour la vie de ceux qui les commettent. La sacralité de la vie s'est considérablement réduite. Les gens qui sont condamnés à mort sont considérés comme des criminels, même s'ils sont en fait innocents. Et puis il n'y a pas vraiment de débat, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais la raison principale pour laquelle ce sera difficile d'abolir la peine capitale, c'est parce qu'elle est inscrite dans l'imaginaire populaire et qu'elle est considérée comme une sanction religieuse. Au Pakistan, la loi islamique domine. 32 infractions sont encore passibles de la peine de mort. Cela va du meurtre, au viol, au trafic de drogue, aux relations sexuelles hors mariage ou encore au blasphème. C'est une situation qui a empiré ces dernières années avec des manifestations et des lynchages par la foule ? Il y a 10 ou 15 ans, lorsque quelqu'un était accusé de blasphème, au moins ses avocats essayaient de faire sortir la personne de prison sous caution en attendant le procès. Mais aujourd'hui, elles sont très peu à le faire, car au moins lorsqu'elles sont en prison, elles sont en sécurité, même s'il faut les maintenir dans des cellules sous haute protection. Ça devient aujourd'hui très difficile de les défendre même lorsque les allégations de blasphème sont fausses. En plus de la corruption au sein de l'appareil judiciaire et policier, le véritable fléau contre lequel vous vous battez Kamran Arif, c'est l'utilisation systématique de la torture, pourtant interdite officiellement ? Dans les dossiers des enquêtes de police, on ne trouve pratiquement aucune preuve scientifique collectée. Il n'y a pratiquement pas d'utilisation de la police scientifique sur les scènes de crimes, sur les accusés, pas d'utilisation d'ADN, la police se base sur des déclarations orales. Et le plus facile pour qu'un accusé soit condamné, c'est d'obtenir ses aveux. La torture est très répandue. On ne peut pas avoir un système pénal correct et un procès équitable si la torture est généralisée. Je dirais qu'au Pakistan, la torture est en fait le principal système d'enquête. Kamran Arif a participé au dernier rapport avec la FIDH sur les enfants condamnés à mort, beaucoup n'ont jamais bénéficié de tests osseux ou de preuves scientifiques pouvant prouver qu'ils étaient mineurs au moment des faits. Et puis les pauvres et les marginalisés sont aussi les premières victimes du système judiciaire et de façon disproportionnée condamnés à mort dans le pays : ils n'ont pas les moyens de payer un bon avocat, qui peut leur éviter la torture et donc leur éviter de signer des aveux sous la contrainte.

durée : 00:54:19 - Grand Reportage - par : Aurélie KIEFFER - 27 000 morts en dix ans. 1,7 million de personnes déplacées. A la frontière de quatre pays, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, le lac Tchad est devenu depuis 15 ans un enfer pour les habitants de la région, à mesure que le groupe djihadiste Boko Haram en a fait son sanctuaire. - invités : Florent Geel - Florent Geel : Responsable du bureau Afrique de la FIDH - réalisé par : Annie Brault

En Côte d’Ivoire, plusieurs ONG de défense des droits de l’homme ont adressé, hier, une lettre ouverte au chef de l’État, Alassane Ouattara. Elles y déplorent la lenteur des instructions et des procès liés aux crimes et exactions de la crise postélectorale de 2010-2011. Crise qui a fait au moins 3 000 victimes de part et d’autre des supporters et partisans d’Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. Alors que l’on attend de connaître le résultat de certaines instructions notamment sur des crimes commis dans l’ouest du pays, on évoque à présent en Côte d’Ivoire une loi d’amnistie. Un projet que dénoncent les ONG par la voix de Willy Neth, coordinateur de la FIDH, de la Lidho et du Midh, à Abidjan.

Au Burundi, le référendum constitutionnel a lieu le 17 mai. Si le « oui » l'emporte, le président Nkurunziza aurait la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Pour l'opposition et les ONG, le problème ne se résume pas à l'accès aux médias. Les associations locales et internationales dénoncent aussi le fait que le pouvoir burundais n'a toujours pas publié officiellement le texte du projet de Constitution ni la question qui sera soumise aux électeurs dans 10 jours. On en parle avec Florent Geel, responsable Afrique à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH.