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La cuenta regresiva para el Festival de Cannes comenzó con la presentación de la selección oficial. Como siempre, un ramillete de estrellas se dejará ver en la prestigiosa alfombra roja de la Croisette. Pero también se incluyeron muchas primeras películas. Dos cintas chilenas figuran en la selección oficial; el brasileño Kleber Mendonca Filho disputará la Palma de oro junto a otros 18 cineastas de horizontes diversos. Dos películas chilenas, "La ola", de Sebastián Lelio, y "La misteriosa mirada del flamenco", ópera prima de Diego Céspedes, forman parte de la selección oficial, fuera de competición, del próximo Festival de Cannes, anunció el jueves la organización.La cinta de Lelio, sobre la movilización feminista en Chile, será proyectado en la sección paralela de Cannes Première de la muestra, que se llevará a cabo del 13 al 24 de mayo. El director chileno, conocido por "Gloria" y "Una mujer fantástica", presenta en esta cinta a una estudiante chilena involucrada en el movimiento feminista en su universidad.Por su parte, "La misteriosa mirada del flamenco", de Céspedes, forma parte de la sección paralela Una Cierta Mirada, dedicada a los jóvenes talentos y la más importante después de la competición. La película está ambientada en un desértico pueblo minero donde se propaga una enfermedad desconocida, que se transmite cuando un hombre se enamora de otro a través de la mirada, según resume una de las empresas productoras de la cinta.“El festival de Cannes, como el cine, es universal. Por eso, escogemos películas de todas partes del mundo. Este año tenemos dos películas chilenas. Es una satisfacción muy grande, porque son películas fantásticas”, expresó Thierry Frémaux.Lo mejor del cine de autor mundialEn liza por la Palma de Oro, muchos cineastas veteranos, pero también nuevas caras que traerán vientos de frescura en la distinguida Croisette.Entre las firmas conocidas, el cineasta iraní Jafar Panahi, el estadounidense Wes Anderson, la francesa Julia Ducournau que aspira a una segunda Palma de Oro, y los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne que buscan una tercera, competirán en el 78º Festival de Cannes, se anunció este jueves.Seis directoras --el récord de realizadoras fue siete en 2023-- figuran entre la veintena de cineastas cuyos filmes seleccionados fueron anunciados por el delegado general Thierry Frémaux durante una conferencia de prensa el jueves.Otros nombres elegidos para la competición principal son el veterano cineasta independiente estadounidense Richard Linklater, y Ari Aster, el nuevo maestro del terror estadounidense cuyos créditos anteriores incluye "Midsommar".El festival también acogerá el debut como directora de la actriz Scarlett Johansson, quien además actúa en la película en competición de Anderson "The Phoenician Scheme", junto a Benicio del Toro y Tom Hanks.Entre los jóvenes cineastas de la competencia, dos españoles, Carla Simón y Oliver Laxe. La directora de 38 años vuelve a posar la mirada en su traumático pasado con "Romería". La película narra el viaje familiar de una joven catalana a Galicia tras perder a sus padres por el sida, el mismo drama que vivió Simón cuando era una niña.“Sirat", del gallego Oliver Laxe, es "una road movie de gente inadaptada", explicó Frémaux. Es la cuarta película de Laxe, y está protagonizada por el actor Sergi López, conocido tanto en el cine español como francés.Más allá de los nombres de culto, Cannes será de nuevo el lugar de acogida de las estrellas y grandes producciones estadounidenses.La Croisette recibirá con los brazos abiertos a Tom Cruise, de 62 años, una de las estrellas favoritas del público francés, el día 14."The final reckoning" es la segunda parte de "Misión Imposible: Sentencia mortal" (2023), en la que Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo se enfrentan a la amenaza de la inteligencia artificial.El festival rendirá también homenaje, en su gala de apertura, al legendario Robert de Niro, de 81 años, doble ganador del Oscar, pero nunca premiado como actor en Cannes. El intérprete de "Taxi driver" recibirá una Palma de Oro honorífica.Con AFP

Yulia Taran es la vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres en Barcelona. En conversación con RFI la víspera de la publicación de Patriota, las memorias póstumas de Alexéi Navalni, asegura que el mensaje del disidente fallecido en prisión sigue movilizando a los que luchan contra el putinismo. "Pasaré el resto de mis días en prisión y moriré aquí", escribió en marzo de 2022 Alexéi Navalni. Las memorias inconclusas del opositor ruso saldrán en las librerías este martes 22 de octubre.La publicación de este diario póstumo ha despertado mucho interés por tratarse del opositor a Vladimir Putin más conocido en el mundo, cuya muerte en detención suscitó gran emoción.Algunos extractos de este libro habían trascendido semanas atrás, lo que generó aun más expectativa, dentro y fuera de Rusia. En Patriota, Alexéi Navalni cuenta su infancia, los orígenes de su compromiso político hasta su detención y encarcelamiento en la prisión de Kharb, en el ártico, y su sorpresiva muerte tras las rejas.Los seguidores de Navalni y opositores al régimen ruso esperan con impaciencia este libro. Es el caso de la activista rusa Yulia Taran, vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres, en Barcelona.“Me temo que (este libro) mucha importancia política no tendrá. Lo peor ya ha pasado. Mataron a Navalni, los gobiernos occidentales casi no reaccionaron, ni pusieron nuevas sanciones al gobierno ruso. Así que poca cosa puede cambiar un libro. Lo que pasa es que sí habrá una importancia emocional muy fuerte. Porque Navalni era alguien muy querido, la gente lo seguía y era una fuente de inspiración”, asegura Taran.La activista espera leer este libro para conocer más sobre el militantismo de Navalni.“No es un libro de denuncia. Lo que pasa en Rusia, todo el mundo lo sabe. Más bien me interesa profundizar en el pensamiento de Navalni, y aprender a hacer las cosas como las hacía él. Navalni hizo algo que nadie supo hacer en la historia de la Rusia moderna. Movilizar a millones de personas y abrirles los ojos”, continúa Taran.A su regreso a Rusia en enero de 2021, luego de un envenenamiento grave, el activista anticorrupción fue detenido de inmediato. Purgaba una condena de 19 años de cárcel por "extremismo" en una colonia penitenciaria del Ártico, donde murió a los 47 años el 16 de febrero pasado."No tengan miedo de nada. Es nuestro país y es el único que tenemos", escribió el 17 de enero de 2022.Trabajo en prisión"La única cosa a la que deberíamos temer es a abandonar nuestra patria al saqueo de una banda de mentirosos, de ladrones y de hipócritas", agregó.En los extractos de su diario en prisión, donde afloran rasgos de humor a pesar de la soledad y del encierro, Navalni narra el 1° de julio de 2022 un día normal: levantarse a las seis de la mañana, desayuno a las 6H20 y comienzo del trabajo a las 6H40."En el trabajo, estás sentado siete horas en la máquina de coser, sobre un taburete situado por debajo de la altura de las rodillas", describía el opositor."Luego del trabajo, sigues sentado durante algunas horas en un banco de madera bajo un retrato de Putin. Es lo que se llama una 'actividad disciplinaria'", relató.En la última anotación de su diario, el 17 de enero de 2024, el opositor confía en que una pregunta ronde a otros presos o a algunos funcionarios penitenciarios: ¿Por qué volvió a Rusia? "No quiero abandonar mi país ni traicionarlo. Si sus convicciones tienen un sentido, deben estar listos para defenderlas y para hacer sacrificios si es necesario", respondía.Yulia Taran considera de su lado que esta actitud de Navalni está en total sintonía con su personalidad.“Navalni anteponía su causa a sus intereses personales y a su propia vida. El mensaje de que no nos rindamos, ha calado y es lo que sigue diciendo la gente.“Tenemos que continuar la lucha. No nos vamos a rendir. Nadie piensa rendirse”, asevera Taran desde Barcelona.Con AFP

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, José Antonio Pontón habló del chatbot de WhatsApp del INE, llamado "INÉS".See omnystudio.com/listener for privacy information.

El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial. El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial.La diligencia estaba programada para celebrarse del 1 al 18 de agosto, pero fue postergada entonces porque la jueza a cargo aún estaba analizando las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. Ahora, ha vuelto a ser pospuesta por el mismo motivo.El tribunal "dispuso no llevar a cabo la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht", prevista para el miércoles, "debido a que aún se encuentran en la etapa de admisibilidad las pruebas que serán usadas durante el juicio", notificó en un comunicado.Según la nota del órgano judicial, la nueva fecha para la celebración de la audiencia "será fijada oportunamente".Martinelli y Varela, los dos últimos expresidentes panameños, están imputados por este caso por recibir presuntamente dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos.También está acusada otra veintena de personas, incluidos varios exministros.En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.En Panamá, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas. "No sabemos en realidad cuánto nos costó. Hay un cálculo que está alrededor de los 1000 millones de dólares. Fueron 19 contratos. Fue el país donde la empresa logró más contrataciones públicas en base a controlar la voluntad política de los gobiernos que se sucedieron", subraya Olga de Obaldia, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólaresSin embargo, los hijos del expresidente no pueden ser juzgados en Panamá por un tribunal ordinario al contar con fuero penal por ser diputados del Parlamento Centroamericano."Este juicio es un juicio donde se está llamando a 38 personas que no fueron las únicas involucradas. Hay un número multiple de personas que estuvieron involucradas y que por distintas razones no están enfrentando la justicia en este momento, y hay delitos que prescribieron", lamenta Olga de Obaldia.Martinelli buscará junto a su esposa como candidata a vicepresidenta un nuevo mandato en las elecciones de 2024, pese a estar condenado en primera instancia por blanqueo de capitales.La investigación sobre Odebrecht, de 2.829 tomos, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.Con AFP.

Yevgueni Prigozhin, quien protagonizó en junio pasado una rebelión contra el ejército ruso estaría entre las 10 víctimas mortales de un avión que se estrelló el miércoles. El Kremlin no se ha pronunciado oficialmente sobre esta muerte, ni se sabe cuál será la postura que adoptará Putin sobre Prigozhin. ¿Héroe o enemigo? Según informó Rosaviatsia, el polémico Yevgueni Prigozhin se encontraba en el avión, así como su principal colaborador en el seno de Wagner, Dmitri Utkin.El avión privado de fabricación brasileña se estrelló el miércoles cerca del pueblo de Kujenkino, en la región de Tver, al noroeste de Moscú.Prigozhin se había convertido en una molesta piedra en el zapato de Vladimir Putin desde que protagonizó una sonada rebelión al frente de las milicias pro-rusas Wagner, en junio pasado, contra el ministerio de la Defensa ruso. La sublevación se apoderó de los cuarteles del sur de Rusia y emprendió una marcha hacia Moscú. Aunque el motín fue interrumpido horas después, se interpretó a nivel mundial como un desafío ostensible a la autoridad de Putin.El lunes por la noche, Prigozhin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África.En un paisaje desértico y armado con un fusil de asalto, decía que estaba trabajando para hacer una "Rusia aún más grande en todos los continentes y a África aún más libre".Después de la rebelión abortada, una parte de los milicianos de Wagner, muchos de ellos reclutados en las cárceles rusas, se instalaron en Bielorrusia, donde participaron en la formación de las fuerzas armadas de este país aliado de Moscú.Pero por algún motivo no explicado, su jefe seguía yendo a Rusia e incluso habría participado en una reunión en el Kremlin días después de su rebelión.La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, confió que la muerte de Prigozhin, a quien tildó de "asesino", sirva "para desmantelar la presencia de Wagner" en su país.En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un papel clave en la conquista de la ciudad de Bajmut (este), al cabo de una de las batallas más sangrientas de este conflicto.¿Héroe o traidor?El corresponsal de RFI en Moscú, Xavier Colas, detalló que la milicia Wagner confirmó también las muertes de Prigozhin y de Utkin, y que ahora mismo, la organización paramilitar estaría acéfala. A través de la red Telegrame, Wagner también ha calificado a Prigozhin como un “héroe”, agregando que fue asesinado por “traidores a la patria”.Entretanto, Xavier Colas informa que este jueves el Kremlin estaría asegurándose de mantener el orden a nivel interno, principalmente en el ejército, enemigo acérrimo desde Prigozhin. Pero en algún momento, Putin deberá romper el silencio sobre lo ocurrido. Muchas son las hipótesis sobre la mesa: atentado con bomba, ataque con misil, etc.Nuestro corresponsal explica así mismo que la figura de Prigozhin es inclasificable: Putin había condenado la sublevación, pero luego se había reunido con el jefe de Wagner. Tampoco lo enjuició, pero lo desterró a Bielorrusia. ¿Se trata entonces de un héroe o un traidor? Ni siquiera el sector oficial ruso tenía muy claro qué postura tener en cuanto a Prigozhin, concluye Xavier Colas.Con AFP

Yevgueni Prigozhin, quien protagonizó en junio pasado una rebelión contra el ejército ruso estaría entre las 10 víctimas mortales de un avión que se estrelló el miércoles. El Kremlin no se ha pronunciado oficialmente sobre esta muerte, ni se sabe cuál será la postura que adoptará Putin sobre Prigozhin. ¿Héroe o enemigo? Según informó Rosaviatsia, el polémico Yevgueni Prigozhin se encontraba en el avión, así como su principal colaborador en el seno de Wagner, Dmitri Utkin.El avión privado de fabricación brasileña se estrelló el miércoles cerca del pueblo de Kujenkino, en la región de Tver, al noroeste de Moscú.Prigozhin se había convertido en una molesta piedra en el zapato de Vladimir Putin desde que protagonizó una sonada rebelión al frente de las milicias pro-rusas Wagner, en junio pasado, contra el ministerio de la Defensa ruso. La sublevación se apoderó de los cuarteles del sur de Rusia y emprendió una marcha hacia Moscú. Aunque el motín fue interrumpido horas después, se interpretó a nivel mundial como un desafío ostensible a la autoridad de Putin.El lunes por la noche, Prigozhin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África.En un paisaje desértico y armado con un fusil de asalto, decía que estaba trabajando para hacer una "Rusia aún más grande en todos los continentes y a África aún más libre".Después de la rebelión abortada, una parte de los milicianos de Wagner, muchos de ellos reclutados en las cárceles rusas, se instalaron en Bielorrusia, donde participaron en la formación de las fuerzas armadas de este país aliado de Moscú.Pero por algún motivo no explicado, su jefe seguía yendo a Rusia e incluso habría participado en una reunión en el Kremlin días después de su rebelión.La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, confió que la muerte de Prigozhin, a quien tildó de "asesino", sirva "para desmantelar la presencia de Wagner" en su país.En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un papel clave en la conquista de la ciudad de Bajmut (este), al cabo de una de las batallas más sangrientas de este conflicto.¿Héroe o traidor?El corresponsal de RFI en Moscú, Xavier Colas, detalló que la milicia Wagner confirmó también las muertes de Prigozhin y de Utkin, y que ahora mismo, la organización paramilitar estaría acéfala. A través de la red Telegrame, Wagner también ha calificado a Prigozhin como un “héroe”, agregando que fue asesinado por “traidores a la patria”.Entretanto, Xavier Colas informa que este jueves el Kremlin estaría asegurándose de mantener el orden a nivel interno, principalmente en el ejército, enemigo acérrimo desde Prigozhin. Pero en algún momento, Putin deberá romper el silencio sobre lo ocurrido. Muchas son las hipótesis sobre la mesa: atentado con bomba, ataque con misil, etc.Nuestro corresponsal explica así mismo que la figura de Prigozhin es inclasificable: Putin había condenado la sublevación, pero luego se había reunido con el jefe de Wagner. Tampoco lo enjuició, pero lo desterró a Bielorrusia. ¿Se trata entonces de un héroe o un traidor? Ni siquiera el sector oficial ruso tenía muy claro qué postura tener en cuanto a Prigozhin, concluye Xavier Colas.Con AFP

Estados Unidos atraviesa una fuerte ola de calor y con estas altas temperaturas el parlamento de Texas acaba de aprobar una ley para eliminar las pausas para que los obreros se hidraten. Las organizaciones sindicales denuncian una medida inhumana y peligrosa que pone en riesgo a los trabajadores En Texas (EE.UU.) en estos momentos el termometro marca en algunos lugares 46 grados centígrados. Temperaturas muy elevadas con las que tienen que trabajar los obreros, los de la construccion por ejemplo, pasan mas de 8 horas fuera. En Austin y Dallas rige desde hace unos años el Water break, la pausa del agua: esto es cada 4 horas se garantiza que los obreros puedan tomar una pausa de 10 minutos para hidratarse y ponerse a la sombra. Sin embargo, una ley de Texas acaba de eliminar esa pausa. Ana González, representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Ortanizaciones INdustriales en Texas señala en la antena de RFI: "Lo que están argumentando es que este tipo de leyes, tantas regulaciones, impacta a los pequeños negocios pero esto es totalmente falso. La construcción en Texas es uno de los negocios más lucrativos y esta eliminación es una represalia contra los concilios progresistas y es la forma de decir al estado No"Texas es el estado donde se registran más muertes por calor en trabajadores de la construcción: 42 entre 2011 y 2021, según cifras oficiales. Ana González apunta: "es inhumano y es peligroso. Durante las últimas semanas hemos visto cómo han muerto al menos cuatro trabajadores por un golpe de calor. Se tiene que pasar una ley estatal, es una necesidad inmediata. El 70% de estos trabajadores son inmigrantes y el 50% indocumentados y por tanto, son más vulnerbales a este tipo de situaciones" La pausa para hidratación rige desde 2010 en Austin y desde 2015 en Dallas. San Antonio también estaba en vías de aprobar una norma similar, explica González, pero esta nueva ley se lo impide. Durante las dos últimas semanas de junio, Texas y parte del sur de Estados Unidos atravesaron una severa ola de calor, con temperaturas cerca de los 40 ºC y sensaciones térmicas en torno a 45 ºC.Ya se han emprendido acciones legales para que no se eliminen estas pausas, vitales para evitar dramasEl lunes, las autoridades de la ciudad de Houston presentaron una demanda contra esta ley, porque consideran que atenta contra el derecho que cada ciudad tiene para instaurar sus propias normas. En el caso de Houston, afectaría un programa de la ciudad que otorga cobertura de salud a unos 30.000 contratistas. (Con AFP)

Estados Unidos atraviesa una fuerte ola de calor y con estas altas temperaturas el parlamento de Texas acaba de aprobar una ley para eliminar las pausas para que los obreros se hidraten. Las organizaciones sindicales denuncian una medida inhumana y peligrosa que pone en riesgo a los trabajadores En Texas (EE.UU.) en estos momentos el termometro marca en algunos lugares 46 grados centígrados. Temperaturas muy elevadas con las que tienen que trabajar los obreros, los de la construccion por ejemplo, pasan mas de 8 horas fuera. En Austin y Dallas rige desde hace unos años el Water break, la pausa del agua: esto es cada 4 horas se garantiza que los obreros puedan tomar una pausa de 10 minutos para hidratarse y ponerse a la sombra. Sin embargo, una ley de Texas acaba de eliminar esa pausa. Ana González, representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Ortanizaciones INdustriales en Texas señala en la antena de RFI: "Lo que están argumentando es que este tipo de leyes, tantas regulaciones, impacta a los pequeños negocios pero esto es totalmente falso. La construcción en Texas es uno de los negocios más lucrativos y esta eliminación es una represalia contra los concilios progresistas y es la forma de decir al estado No"Texas es el estado donde se registran más muertes por calor en trabajadores de la construcción: 42 entre 2011 y 2021, según cifras oficiales. Ana González apunta: "es inhumano y es peligroso. Durante las últimas semanas hemos visto cómo han muerto al menos cuatro trabajadores por un golpe de calor. Se tiene que pasar una ley estatal, es una necesidad inmediata. El 70% de estos trabajadores son inmigrantes y el 50% indocumentados y por tanto, son más vulnerbales a este tipo de situaciones" La pausa para hidratación rige desde 2010 en Austin y desde 2015 en Dallas. San Antonio también estaba en vías de aprobar una norma similar, explica González, pero esta nueva ley se lo impide. Durante las dos últimas semanas de junio, Texas y parte del sur de Estados Unidos atravesaron una severa ola de calor, con temperaturas cerca de los 40 ºC y sensaciones térmicas en torno a 45 ºC.Ya se han emprendido acciones legales para que no se eliminen estas pausas, vitales para evitar dramasEl lunes, las autoridades de la ciudad de Houston presentaron una demanda contra esta ley, porque consideran que atenta contra el derecho que cada ciudad tiene para instaurar sus propias normas. En el caso de Houston, afectaría un programa de la ciudad que otorga cobertura de salud a unos 30.000 contratistas. (Con AFP)

Medio siglo después de su fallecimiento, Pablo Picasso será celebrado con cerca de 50 exposiciones en Francia y España. El artista oriundo de Málaga llegó en los albores del siglo XX a París, donde encontró su extraordinario lenguaje. Cincuenta años después de su muerte, Picasso parece más célebre que nunca. Su obra sigue siendo objeto de infinidad de exposiciones, conferencias y estudios. En ocho décadas de trabajo, Picasso introdujo la modernidad en el arte, con el cubismo y el surrealismo. Exploró la pintura, la escultura, el collage, la cerámica.Se convirtió así en uno de los artistas más extraordinarios del siglo XX y de la historia. Pero todo ello en la Ciudad Luz, París, a la que llegó con apenas 20 años. “Cuando Picasso llegó a París, en 1903, la capital francesa era el epicentro de la vida artística mundial. Picasso había escuchado hablar del "Bateau Lavoir", en Montmartre, residencia emblemática de muchos artistas. Allí alquiló un taller, muy modesto, sucio. Pero había una fraternidad de artistas donde Picasso se sintió a gusto, y terminó convirtiéndose en el alma del lugar”, explicó a RFI el periodista e historiador francés Alain Vircondelet.El Bateau Lavoir fue un trampolín para el joven y ambicioso Picasso, quien se hizo un nombre y rápidamente conquistó el interés de compradores y coleccionistas parisinos.“Picasso cerró la etapa del Bateau Lavoir pintando ‘Las señoritas de Aviñón', con el que sorprendió a todos. Es un cuadro cubista, que desestructura la realidad. Nadie había imaginado algo así, era inédito. Más tarde, en 1937, Picasso pintó, el ‘Guernica', que catapultó su nombre a nivel internacional. Guernica es la representación de la tragedia humana, la brutalidad. El mismo fue alguien brutal. Es lo paradójico de Picasso”, agregó el especialista.Después del Bateau Lavoir, Picasso vivió en varias direcciones en París y fue en la calle Grands-Augustins, en un taller espacioso, que pintó el monumental “Guernica”.Artista polémicoLa figura de Picasso también suscita hoy debate entre quienes lo consideran un genio absoluto y los que le reclaman su machismo destructor.“Eso se puede apreciar en sus cuadros de corridas, espectáculo que le fascinaba. En Picasso hay un interés por la muerte y por neutralizar a quienes lo rodean. Es lo que hizo con sus amantes. Dora Maar fue una de las víctimas de su violencia, algo que inmortalizó Picasso en su cuadro 'La mujer que llora'. Picasso de hecho se representó muchas veces como un toro. Era el minotauro que arrasaba con las mujeres que vivieron con él”, concluyó Vircondelet.Picasso falleció el 8 de abril de 1973 en Mougins, en la Costa Azul francesa, a los 91 años.A su muerte, el primer catálogo de obras, completado en 1978, arrojaba nada menos que 33 volúmenes y más de 16.000 imágenes. Pero la cifra real de obras, desde las pinturas a la escultura, pasando por los grabados o la cerámica, podría ser mucho más elevada.El número uno del mercadoPicasso sigue siendo un artista que vende mucho, y caro.En 2021 fue el número uno del mercado del arte, con casi 3.500 lotes vendidos por 671 millones de dólares, mientras que el año pasado bajó a "sólo" 494 millones de dólares, según el último informe anual sobre el mercado de la firma francesa Artprice.Museos del mundo entero, y particularmente en Francia y España, han programado unas 50 exposiciones sobre el artista nacido en Málaga.Con AFP

El Estado colombiano es el “responsable” del "exterminio" de miles de militantes de izquierda en las décadas de 1980 y 1990, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinada este lunes, que también ordenó reabrir las investigaciones de esos crímenes. La decisión de la Corte IDH señala que "Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)”. La UP es un partido político colombiano que apareció en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero sus militantes quedaron a merced de grupos armados que se empeñaron en eliminarlos. Muchos de sus integrantes fueron asesinados y otros, condenados al exilio, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, exalcalde de Chirigodó, exiliado en Suiza, uno de los pocos supervivientes del “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que sus militantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” por más de dos décadas.  “He estado bastante conmovido por esta sentencia, ha sido bastante novedoso para nosotros los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en esta lucha, en estos ires y venires. Mucha gente nuestra ha muerto y (la sentencia) es algo reconfortante para quienes nos dejaron, (es una forma de decirles) que exaltaremos siempre su memoria” aseguró Pérez.  Algunas de las víctimas fueron el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien el 22 de marzo de 1990, fue asesinado a tiros en el aeropuerto internacional de Bogotá y el postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, quien también murió tras ser blanco de disparos, mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987. La Corte determinó que las investigaciones judiciales de los crímenes de los miles de militantes de la UP "no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad". En búsqueda de la paz Pese a la alegría que le produce esta decisión de la Corte, esperada por cerca de tres décadas, Carlos Andrés Pérez reconoció que aún falta mucho para verdaderamente vivir en paz. “Para estar en paz interior y total, todavía falta buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido, torturado o en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente un candidato o un presidente de la república, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir, pienso que se ha dado un paso importante a través de una sentencia significativa, que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente”. Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte IDH ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, por lo que el exalcalde explica que este caso no está totalmente cerrado: “se sigue continuando sobre este proceso, entendiéndose que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado  con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia”. Pérez, quien fue integrante de la UP, señaló que entes como la corporación Reiniciar y la Unión Patriótica, se han dedicado a coordinar procesos con las víctimas y agregó que actualmente se encuentran haciendo seguimiento a la sentencia, con lo que denominan “la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica”.   La reparación a las víctimas Como medidas de reparación, la Corte pidió, entre otras cosas, buscar a los desaparecidos, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas. El texto señala que como consecuencia del "rápido ascenso" de la UP en la política colombiana, "comenzaron los actos de violencia" por parte de "una alianza" entre paramilitares, políticos tradicionales, policías y empresarios. La violencia hacia los militantes de la UP "se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", detalló la Corte con sede en San José. Además indicó que se trató de "un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes", lo que constituye "un crimen de lesa humanidad". El partido de izquierda UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la administración del expresidente Belisario Betancur.     Con AFP

Chile y la Unión Europea (UE) acordaron actualizar y modernizar el pacto comercial sellado hace dos décadas. La nueva versión incluye capítulos políticos, sobre defensa del medioambiente y equidad de género. Con este nuevo instrumento "llevamos nuestra relación con Chile, que ya es estrecha, a un nivel superior", dijo en Bruselas el vicepresidente de la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE) y comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. Este Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y la UE data del 2002 y fue implementado en 2003. No obstante, las partes coincidieron en que la evolución del intercambio en ese período había tornado necesario que el instrumento fuera actualizado. La modernización del acuerdo entre la UE y Chile comprende dos "instrumentos legales paralelos". Por un lado, el Acuerdo Marco Avanzado, concentrado en la cooperación, inversiones y asuntos políticos, y que debe ser ratificado por todos los estados partes. Por el otro, un Acuerdo Interino de Libre Comercio que se limita a los temas que son atribución exclusiva de las instituciones de la UE (la Comisión, el Consejo y el Parlamento) y que deberá ser ratificado solamente por esas instancias. La canciller chilena, Antonia Urrejola, subrayo que el acuerdo aborda temas como los derechos humanos, buena gobernanza, equidad de género, cohesión social, transición energética y desarrollo sostenible. “Tiene cláusulas muy claras acerca de los principios democráticos, los derechos humanos y la participación de la sociedad civil, y ambas partes están de acuerdo en que la ruptura de estos elementos significaría que la otra parte podría suspender inmediatamente la aplicación del acuerdo", dijo Borrell. En una nota oficial, la Comisión señaló que el Acuerdo Marco alcanzado con Chile posee "una importancia geopolítica clave". Con AFP

Tras una semana de sesiones, los casi 2300 delegados clausuraron el domingo pasdo el XX congreso del Partido Comunista chino en el que Xi Jinping se aseguró un tercer mandato,  además de promover a sus más cercanos aliados. Afianzándose como el líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. El presidente chino, Xi Jinping, consiguió sin sorpresa un tercer período en el poder, promoviendo de paso a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China (PCC), lo que afianza su posición como el líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. Xi también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Mario Esteban, profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal del Real Instituto Elcano, comenta esta tercer mandato de Xi Jinping al micrófono de RFI: "Vemos una linea continuista que se va a traducir en una mayor influencia y poder de Xi Jinping dentro del partdo comunista y de China en general y también en un mayor control del partido sobre el resto del régimen y la sociedad china en su conjunto. Es la primera vez en todo el período reformista que el líder principal consigue monopoliazar con sus protegidos, el comité permanente del politburó, el máximo órgano de poder dentro del partido", explica el investigador.  Para Mario Esteban, la salida de Hu Jintao es otro evento marcante de este XX Congreso. "Creo que ha sido muy sorprendente porque en estos eventos todo está perfectamente coreografiado, una ruptura tan clara con ese protocolo es muy chocante sobretodo cuando hablamos de un anterior secretario general del partido. Hay mucha especulación sobre si se trata de una purga o un problema de salud, no se puede zanjar el tema. Lo que sí vemos claramente es que la influencia de los líderes veteranos con Xi Jinping se ha reducido prácticamente hasta la nada y en sus funciones no estará influenciado por las consideraciones de líderes anteriores como Hu Jintao", analiza.  Desde su ascenso al poder hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro gobernante chino con excepción de Mao. En 2018 eliminó el límite de dos períodos presidenciales, lo que le abrió el camino para gobernar indefinidamente. También encabezó el ascenso de China como la segunda mayor economía mundial, impulsó una gran expansión militar y una postura internacional agresiva que generó fuerte oposición de Estados Unidos. "Después de más de 40 años de esfuerzos incansables de reforma y apertura, hemos creado dos milagros: rápido desarrollo económico y estabilidad social de largo plazo", afirmó Xi. "China no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo también necesita a China", insistió. En este próximo quinquenio Xi enfrenta grandes desafíos, incluyendo el manejo de la endeudada economía y la creciente rivalidad con Estados Unidos. Con AFP

RFI entrevistó a Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en Pekín, con ocasión del inicio del XX Congreso del  Partido Comunista Chino. Heine resalta un énfasis mayor en el desarrollo de la marina y de la fuerza aérea del gobierno chino los últimos diez años. El presidente chino, Xi Jinping, pidió "unidad" y defendió su política de lucha contra el covid-19 y la corrupción, en la inauguración del 20º Congreso del Partido Comunista Chino (PCC), en el que debe recibir un histórico tercer mandato en el poder. Si todo transcurre como previsto, el dirigente de 69 años debería ser ratificado dentro de una semana como secretario general del PCC, preludio de su reelección el próximo año como presidente de China, y consolidarse como el líder más poderoso desde Mao Zedong. Aunque Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en Pekín expresó algunas reservas al micrófono de RFI: "Todo indica, y esto rompe precedentes, que Xi Jinping obtendría un tercer quinquenio. La practica desde los años 90 establecía que los presidentes solo ejercían sus funciones por dos quinquenios. Se especula sobre una eventual voluntad de perpetuarse en el poder, pero yo no comparto ese análisis". El profesor Jorge Heine destaca también las iniciativas militares desplegadas por China. "Lo que hemos visto en China estos últimos años es un cambio importante en las fuerzas armadas que tradicionalmente han privilegiado el ejército y el despliegue terrestre. Estos últimos diez años hemos visto un énfasis mayor en la marina y la fuerza aérea. Especialmente la marina con las iniciativas chinas en el mar del sur, el desarrollo de mini bases navales y el posicionamiento de su flota militar." El XX congreso del PCC llega "en un momento crítico en el que todo el partido y la población de todos los grupos étnicos se embarcan en un nuevo viaje para construir un país socialista modernizado", dijo Xi ante los delegados reunidos en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Ovacionado a su llegada, Xi ofreció un discurso de más de una hora y media en el que alabó su gestión de la pandemia, con una restrictiva política de "cero covid" todavía vigente pese a su impacto económico. Aunque su discurso estuvo principalmente centrado en la política interior, Xi afirmó que China "está totalmente opuesta a cualquier forma de hegemonía" y "se opone a la mentalidad de Guerra Fría". No hizo ninguna mención a las tensiones con Estados Unidos ni a la guerra en Ucrania. Con AFP

En Irán prosigue ola de protestas desatada el 16 de septiembre, cuando Mahsa Amini una joven de 22 años, murió en el hospital, tres días después de haber sido detenida en Teherán por no respetar el estricto código vestimentario impuesto por las autoridades. Según familiares, la joven murió tras un violento golpe en la cabeza, recibido el día en que fue arrestada por la policía moral. Las autoridades han prometido reprimir las manifestaciones, muchas de ellas lideradas por mujeres. Las autoridades iraníes niegan cualquier implicación en la muerte de Mahsa Amini, originaria del Kurdistán iraní, y avisaron de que actuarán con firmeza contra los manifestantes. "Los agentes de la policía se opondrán con todas sus fuerzas a las conspiraciones de los contrarrevolucionarios y a los elementos hostiles y actuarán con firmeza contra los que alteren el orden público y la seguridad en todo el país", precisó el mando de la policía,  Las mujeres iraníes encabezan muchas de las protestas y a pesar de que las autoridades bloquearon el acceso a Instagram y Whatsapp en el país, perturbando la conexión a internet, circula una gran cantidad de vídeos que recogen escenas de las manifestaciones. Pero como explica a RFI Marta González Isidoro, analista internacional de Medio Oriente, existen diferencias: "Hay una diferencia abismal entre las mujeres que pertenecen a la élite, que son las que están protagonizando las grandes manifestaciones, y un sector de mujeres, mucho más conservador, que vive en las zonas rurales y que no tiene esas ansias de libertad. Allí hay que ser muy cautos, porque las ansias de libertad de las mujeres que vemos en los vídeos que están dando la vuelta al mundo, a lo mejor, no es la forma en que las mujeres más conservadoras entienden esa libertad o esa liberación, entonces hay que ser prudentes." Por su parte los padres de Mahsa Amini, se querellaron contra los policías que la arrestaron según declaró el abogado de la familia, citado por la agencia Isna. Mientras el gobierno de España convocó el miércoles al embajador de Irán en Madrid en protesta contra la represión a las manifestaciones. Las protestas alcanzaron el amistoso de Irán contra Senegal, disputado ayer miércoles en Viena como preparación del Mundial. Manifestantes cantaron consignas contra la república islámica afuera del estadio, mientras los propios jugadores ingresaron con sudaderas negras, guardando silencio durante el himno nacional. Ali Karimi, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol iraní, actualmente retirado, se convirtió en un héroe para los manifestantes, apoyando resueltamente las protestas. Por su parte el presidente iraní, Ebrahim Raisi, consideró el miércoles "inaceptable" el "caos" provocado por la ola de manifestaciones a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, que había sido detenida por la policía de la moral al mismo tiempo que prometió transparencia en el caso de la joven fallecida afirmando que pronto se divulgará un informe sobre las causas de su deceso. Con AFP

RFI habla con rusos exiliados que están en contacto con familiares o amigos que intentan salir del país en estos momentos. El sábado, las autoridades rusas reconocieron por primera vez que había una fuerte salida de ciudadanos rusos. Varios países como Finlandia, Norega, Turquía, Georgia o incluso Mongolia ya han informado del fuerte incremento en la llegada de ciudadanos rusos El miedo a un cierre de fronteras tras la movilización de Putin ha acelerado la salida de rusos a través de fronteras como la de Georgia donde se han formado largas colas de vehículos en las últimas horas. Familias enteras abandonan Rusia hacia el país vecino para evitar que los hombres sean enviados a la guerra en Ucrania. Por tierra y también por aire hacia los pocos territorios que aceptan a los rusos. Con tanta demanda, los precios se han disparado. La oposición en el exilio ya se ha organizado para ayudarlos.  Iván Gorisholov, artista ruso disidente que vive en España, explica para RFI la situación actual con su familia intentando salir del país: "La situación es bastante preocupante porque, como siempre, Putin dijo mentiras y la movilización no es parcial, es completa. Hay gente con cinco hijos y graves enfermedades que están recibinedo citaciones militares.  La gente está preocupada y quiere abandonar el país, sobre todo por los rumores de posible cierre de fronteras. Mi familia, mi hermano y mi madre,  tienen que salir del país el día 27, pero no sabemos si van a poder hacerlo".  También desde Valencia, en España, la soprano disidente María Yudina nos narra las dificultades que están sufriendo conocidos suyos para salir de Rusia en estos momentos. "Los que no pueden salir porque no tienen medios económicos intentan cambiar de casa, hay mucha movida dentro del país. No atienden el teléfono ni abren la puerta por miedo y revisan las noticias cada hora porque no saben si van a cerrar las fronteras. En un par d ehoras todo puede cambiar".  María vive en Valencia desde hace cinco años donde da clases de canto y ha organizado actos solidarios como conciertos en favor del pueblo ucraniano tras la invasión rusa.  Varios países como Finlandia, Norega, Turquía, Georgia o incluso Mongolia ya han informado del fuerte incremento en la llegada de ciudadanos rusos en los últimos días mientras los rumores siguen apareciendo casi cada día sobre todo en la red social Telagram adviretiendo de un inminente cierre de frotneras que el Kremlin estaría estudiando para evitar la fuga masiva.  Casi 50.000 rusos han huido a Georgia en los primeros cuatro meses de la guerra, reveló en junio la oficina de estadísticas del pequeño país del mar Negro.  Otros 40.000 huyeron en el mismo período a Armenia, que tampoco exige visa a los rusos. El sábado, las autoridades rusas reconocieron por primera vez que había una fuerte salida de ciudadanos rusos. El ministerio local del Interior en una región rusa fronteriza con Georgia señaló que hay una congestión de unos 2.300 vehículos que esperan llegar a la frontera.   (Con AFP y fuentes propias)

Desde el 2021, 350 detenidos han muerto por actos violentos en las cárceles de Ecuador, los centros penitenciarios están completamente hacinados y controlados por las pandillas, denuncia la oenegé, Human Ritghts Watch.  Si el gobierno no reduce el hacinamiento y no recupera el control de las cárceles, continuarán estos horribles baños de sangre, advierte la organización de derechos humanos, Human Rights Watch.  "Las sobrepoblación y la falta de control estatal en las prisiones en Ecuador han contribuido a estos índices de violencia", explicó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas. Estos centros penitenciarios "están controlados por bandas criminales que extorsionan a los presos para preservar su integridad y tener acceso a artículos de primera necesidad", añadió. Aunque se trata de un problema estructural, la cantidad de masacres y muertos de los últimos meses es alarmante según Broner, quien pone como ejemplo el caso de una matanza en una carcel en Guayaquil en noviembre pasado con más de 60 muertos.  "A través de videos, fotografías y entrevistas, logramos determinar que, si bien había evidencia de disparos y violencia que había estado ocurriendo dentro de la prisión, las autoridades se demoraron en ingresar más de ocho horas al centro penitenciario" para retomar el control.  Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, entre las víctimas de la masacre de noviembre se encontraban 13 personas en prisión preventiva, seis detenidos que tenían apelaciones en trámite y dos personas que estaban a la espera de recibir la orden de excarcelación por escrito. Desde 2021, más de 350 detenidos han muerto y decenas han resultado heridos en las siete masacres en las cárceles de Guayaquil, Latacunga, Santo Domingo y Cuenca. En la más reciente, que ocurrió el 18 de julio en la cárcel de Santo Domingo, murieron 12 detenidos. Hasta mediados de julio, las autoridades no habían condenado a ninguna persona por estas masacres. La organización destaca la falta de personal penitenciario o poco capacitado además del hacinamiento que, según HRW, podría deberse al excesivo recurso a la prisión preventiva. Algunos centros albergan el doble de personas de su capacidad oficial. El gobierno de Lasso creó una comisión que estableció una serie de recomendaciones para luchar contra el hacinamiento, pero Tamara Taraciuk Broner deplora que no se haya implementado. Como indica un estudio publicado en junio por esta comisión, las cárceles en Ecuador son "almacenes de castigo" más que centros de rehabilitación. (Con AFP)

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes estatales a lo largo de seis décadas de conflicto interno.  En un teatro de Bogotá, el sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento, "No hay futuro si no hay verdad", de 896 páginas, resultado "del diálogo social y la investigación" sobre el prolongado enfrentamiento.   Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, masacres y torturas son algunos de los horrores retratados en el informe que concluye que los colombianos sufren de "traumas colectivos" que pasan "de una generación a otra durante décadas".  Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de ultraderecha y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión, que nació tras el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y empezó a funcionar en 2018.  “Fueron asesinadas por el conflicto armado 460.664 personas," según señaló ayer en el acto de entrega la comisionada, Marta Ruíz, revelando así mismo otras cifras. "En homicidios, el 45% corresponde a paramilitares y el 27% a grupos guerrilleros”.  Recomendaciones para una “paz grande”  Se trata también de la primera vez que una comisión de la verdad incluye temas como el exilio, la afectación de la violencia en comunidades étnicas y LGBTI. Además de explicar el surgimiento de la violencia en Colombia, la Comisión hizo algunas recomendaciones. Entre ellas, el cumplimiento total del acuerdo de paz con las FARC, y la búsqueda de una “paz grande”.   Esto significa la inclusión de todos los grupos armados, incluidos los surgidos después de la entrega de armas de la entonces guerrilla más poderosa del país. “¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política?” Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.   En la entrega del informe estuvo presente el presidente electo, Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez. "La aproximación a la Verdad no puede ser considerada un espacio de venganza, de extensión de las mismas armas," apuntó Petro, que recibió las recomendaciones de la Comisión con beneplácito. "Este gobierno podrá tener un éxito y quizás muchas de estas recomendaciones que ahora leeré podrán ser prácticas, eficaces en la historia del pueblo colombiano".  Entre tanto, el actual jefe de Estado, Iván Duque, férreo crítico de la negociación con los rebeldes, se ausentó por estar de gira en Europa y envió a un delegado de su gobierno.  Con AFP.

En Colombia, militares retirados llevaron a cabo un reconocimiento histórico este martes ante las familias de las víctimas, asegurando haber ejecutado extrajudicialmente a 120 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate en en la década del 2000, los llamados “falsos positivos”. Mataban a sangre fría a campesinos o a indígenas de la zona y los hacían pasar por guerrilleros para obtener ascensos o premios, bajo la presión de los mandos militares y del gobierno de Álvaro Uribe.   50 familiares de víctimas de los llamados "falsos positivos" se sentaron frente a una decena de exmilitares colombianos en una inédita audiencia judicial de dos días en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se trata de un cara a cara orquestado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y muy esperado por las familias de las víctimas. En la primera jornada, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.  “Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas: no más”, dijo el cabo retirado del ejército colombiano Néstor Gutiérrez. “Llegaban acá, a la ciudad de Ocaña, unos muchachos que veía que eran de bien, no eran delincuentes. Me acuerdo tanto de Luis Devia Gómez. Lo asesinaron, le colocaron un arma en sus manos y reportaron un combate. Al otro día, la noticia: un guerrillero, un paramilitar, un bandido dado de baja”.   Esta audiencia se lleva a cabo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, instaurada con los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Quienes confiesen sus delitos podrán recibir penas reducidas o alternativas a la cárcel. En esta misma audiencia, un general admitió el carácter generalizado de la práctica macabra de los “falsos positivos”, denunciada desde hace muchos años por organismos de derechos humanos.   El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos. Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.  A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló en su intervención la magistrada Catalina Díaz.  “Que se limpie su nombre”  “En la lucha que nosotros hemos liderado, este era uno de los objetivos: que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así como lo han reconocido y lo han dicho ellos, que no era ningunos guerrilleros. Eso está perfecto”, asegura Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, una de las víctimas de los falsos positivos y representante del colectivo Madres de víctimas de falsos positivos. “Pero son muchos, muchos casos en Colombia que todavía están en la impunidad. Si bien sabemos que hay 11 militares que están en este momento en la audiencia, la esperanza que nosotros teníamos era que esta audiencia de reconocimiento se hiciera desde los comandantes de las brigadas, por qué eran ellos los que ordenaban cometer estos crímenes”.  El coronel Rubén Castro reconoció, por su parte, la existencia de una "banda criminal al interior" de sus hombres "creada con el único fin de incrementar" las bajas a "como diera lugar". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de "gente buena".  El coronel Castro reconoció haberles transmitido a sus subalternos las "políticas" de "los diferentes escalones del mando", señalando al entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas "siempre fue repetitiva". Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna.  La justicia colombiana admite la existencia de 6.402 civiles ejecutados por los militares entre 2002 y 2008. Según las ONG, sin embargo, la cifra podría ser de al menos 10.000 casos.  Con AFP.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió evitar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori, y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009. RFI entrevistó a Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó en audiencia pública el caso del ex presidente Alberto Fujimori en presencia de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta así como representantes del Estado peruano y de la CIDH. Durante el encuentro, la CIDH remarcó una vez más al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, el cual considera la liberación del ex mandatario. Esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Marina Navarra, directora de Amnistía Internacional en Perú, destacó a RFI que el pedido de la Corte Constitucional exhorta a los órganos de justicia peruanos estar alineados con la resolución de mayo de 2018 y que se haga participe en el proceso a los familiares de las víctimas. "Ha quedado claro que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las medidas provisionales que han solicitado, pero también en una audiencia de supervisión de la sentencia. Eso es lo que se espera de la CIDH", explico Navarra a RFI. "Mientras tanto, hay esta otra medida de que no se puede poner en libertad hasta que la CIDH lo resuelva. En caso de que el señor Fujimori tuviera realmente una situación de salud que pudiera agravarse por estar en prisión, eso tendría que verse con un informe médico. Se tomarían entonces las medidas humanitarias, las cuales no tienen que ver necesariamente con un indulto humanitario, para que se preserve su derecho a la vida y a la integridad", agregó. Para Carmen Amaro, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, es importante que luego de esta audiencia la Corte Constitucional exprese pronto un fallo contundente que resguarde el derecho de las familias a obtener una justicia que es legítima y que no obedece a ningún juego político o sed de venganza. "Nosotros albergamos la esperanza de que la CIDH puede emitir un fallo firme. Sobre todo que prevalezca el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Seguiremos levantando nuestra voz de protesta y seguiremos insistiendo para que ese indulto sea revertido y Alberto Fujimori cumpla la pena de 25 años de prisión. Ha sido una larga lucha. En el caso de la Cantuta llevamos casi 30 años y lo que nos ha motivado es el amor, el cariño a cada una de las víctimas, y nuestra apuesta como familiares es que estos hechos dolorosos no se vuelvan a repetir en el país", dijo Amaro a RFI. El gobienro peruano aseguró el viernes que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si el expresidente Alberto Fujimori debe continuar en prisión, pese a una resolución judicial que permite su excarcelación.  "La decisión que tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", dijo el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano. Con AFP

Los principales rivales del mandatario Emmanuel Macron en la elección presidencial intentan lograr el impulso necesario que los propulse al balotaje, a menos de dos semanas de la primera vuelta. Con un 28,5% de intención de voto, según un sondeo reciente de Ipsos/Sopra Steria para el diario Le Parisien, la gran incógnita para el próximo 10 de abril será saber quién se disputará con Macron la presidencia dos semanas después.  Con la guerra de Ucrania eclipsando la campaña más anómala de unas presidenciales, los sondeos muestran que la gran incógnita de estas elecciones será saber quién va a disputar a Macron la presidencia. Según la demoscopia, lo más probable es que se reedite el duelo de 2017 entre el presidente y la ultraderechista Marine Le Pen.  Yves Sintomer, politólogo de la Universidad Paris 8 y de la Universidad de Oxford ha señalado en los micrófonos de RFI: "el elemento de la guerra en Ucrania refuerza el hecho de una campaña que ya de antes no venía muy dinámica, porque, con la división de la izquierda de una parte y de la extrema derecha de otra, no existía un peligro real para el presidente Macron que será reelegido presidente." La ultraderechista Le Pen lleva semanas con una buena dinámica que le ha hecho ganar la partida por la hegemonía de la ultraderecha al polemista Eric Zemmour. El único candidato que parece con opciones de diputar a Le Pen el segundo puesto, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon que se esfuerza en pedir el voto útil progresista para colarse en segunda vuelta. Eric Fassin, socólogo en la Universidad Paris 8, ha explicado en RFI: "Sea contra Le Pen o contra Mélenchon, creo que el elemento fundamental será la abstención. Una abstención que previsiblemente será masiva en la segunda vuelta. La izquierda en suma está entorno al 25% y la ultraderecha en el 30%. En ambos casos será insuficiente y habrá abstención masiva del no clasificado para segunda vuelta".  Aspiran a llegar al Elíseo doce personas, ocho hombres y cuatro mujeres. Detrás del trío de cabeza, formado por Macron, Le Pen y Mélenchon, aparece ya distanciada la conservadora Valérie Pécresse, con una dinámica de campaña a la baja opacada por Macron;  y entre los últimos puestos la alcaldesa de París, Anne Hidalgo para quien la desmocopia vaticina un resultado ridículo que deje a los socialistas al borde de la desaparición. Así las cosas, el actual presidente Emmanuel Macron se conforma como el candidato favorito en las encuestas para continuar siendo el mandatario del país los próximos cinco años, pero este es un hito que no ocurre desde que en 2002 Jaques Chirac fue reelegido. En cuanto a los temas de debate, tras la pandemia y su impacto en la economía, el poder adquisitivo es el tópico número uno sobre la mesa, pero la campaña está también drásticamente marcada por la guerra en Ucrania, la crisis climática y sus desafíos y, por supuesto, la inmigración, uno de los ejes de discurso tradicionales de la derecha de cara a las urnas. Con AFP y fuentes propias 

Impulsadas por miles de millones de dólares de bancos internacionales y firmas de inversión, grandes compañías mineras buscan expandirse por tierras indígenas protegidas en la selva amazónica de Brasil, sostiene un informe publicado este martes. Empresas rechazan acusaciones. No importa que sea ilegal: nueve mineras gigantes, como la brasileña Vale, la británica Anglo American o la canadiense Belo Sun, se suman a la lista de compañías que solicitan a Brasil permiso para explotar las reservas indígenas. 235 empresas mineras del mundo tienen la excavadora lista para entrar a un territorio indígena tres veces más grande que Londres, denuncia informe de la ONG Amazon Watch. “Lo que está en disputa acá es un proyecto de gobierno conducido por el presidente Bolsonaro que, con el sector de agronegocios y explotación petrolífera están abriendo paulatinamente las fronteras para la explotación de recursos naturales sin límites”, advierte Marcelo Gantos, experto en extractivismo y políticas públicas, profesor de la Universidad estatal del norte Fluminense. “Uno de los principales instrumentos que refleja la fuerza hegemónica de este gobierno, en términos de destrucción, es el proyecto de ley 191 que está siendo discutido, preparado con los sectores vinculados a los intereses internacionales por el cual se puede liberar la minería y el garimpo en pequeña escala en tierras indígenas”, asegura. “Esto tiene una consecuencia violenta, que retira el poder de los pueblos originarios de poder vetar tales actividades. Entonces la aprobación la aprobación de esta ley contradice los principios constitucionales y el derecho internacionalmente reconocido a la autodeterminación de los pueblos indígenas en este proceso de la ‘privatización la naturaleza'”, estima Gantos. Expertos denuncian que los gigantes de la minería y grandes inversores fomentan las relaciones locales de desigualdad en Brasil y convierte a los indígenas en cómplices de su propio infortunio. “Desde la llegada de Bolsonaro al poder se ve un aumento significativo de la pobreza pueblos indígenas que posibilita una cierta complicidad o anuencia de liderazgos indígenas en regiones donde los capitales de las mineras financian de forma oculta la avanzada de los futuros emprendimientos. Grupos de garimpeiros independientes negocian con líderes indígenas posibilidades de utilización del espacio del territorio indígenas para la explotación de garimpos de forma semi-clandestina, aprovechando la condición social económica de carencia de estas poblaciones y la ausencia de Estado”, opina. Empresas niegan acusaciones Muchas de las empresas negaron las acusaciones. Anglo American dijo que tenía "solicitudes" heredadas para tierras indígenas que había "retirado total y formalmente hace varios años". Vale afirma haber retirado todas sus solicitudes el año pasado. Belo Sun, Minsur de Perú y Potassio do Brasil dijeron que no tienen ninguna actividad relacionada con el territorio indígena y defendieron su desempeño social y medioambiental. El banco Crédit Agricole dijo en un comunicado enviado a la AFP que "no financia ninguna mina en la Amazonía y no tiene ningún proyecto en desarrollo en esa región". "Hemos contactado a Anglo American y Vale, que nos han confirmado que no poseen ningún permiso de explotación minera en tierras indígenas", agregó la institución financiera. Con AFP

Tres semanas después del inicio de las protestas de los camioneros en Canadá, las autoridades han procedido a los primeros arrestos. Entrevista a Kenneth Frankel, presidente del grupo de reflexión Consejo Canadiense para las Américas.  Tamara Lich, una de las organizadoras del denominado "convoy de la libertad", fue detenida sin oponer resistencia, según un video publicado en redes sociales por la cuenta oficial del movimiento. Horas antes, Lich había dicho que su detención era "ya inevitable". Además de ella, otro líder, Chris Barber, fue arrestado sin oposición. Por primera vez desde el inicio del movimiento, cientos de policías se posicionaron la mañana del jueves ante los manifestantes y los cientos de camiones que bloquean las calles de Ottawa. El primer ministro Trudeau manifestó además que esta protesta "ya no era pacífica". La ciudad de Ottawa, la provincia de Ontario y todo Canadá están en estado de emergencia por este movimiento de protesta sin precedentes, nacido de la oposición de los camioneros a vacunarse contra el covid-19 para cruzar la frontera con Estados Unidos y extendido luego a protestas contra el conjunto de las medidas sanitarias y el gobierno. ¿Cómo se llegó a este nivel de confrontación? "Primero, las autoridades no estaban preparadas para tratar el tema. Nunca pensaron que llegaría a alcanzar el nivel que alcanzó. Segundo, las autoridades no estaban enteradas del vínculo de un grupito (de manifestantes) en Canadá con las redes en Estados Unidos y el apoyo que han recibido en términos tanto de dinero como moral. Tampoco contemplaron la posibilidad de que todo esto fuera a representar un riesgo. Y cuando hablo de riesgo, hablo de armamento que está casi prohibido en Canadá”, explicó a RFI Kenneth Frankel, presidente del grupo de reflexión Consejo Canadiense para las Américas Los que participan en el autodenominado "convoy de la libertad" dicen oponerse a la tiranía del gobierno y su política de restricciones sanitarias contra la pandemia. Los manifestantes, por su parte, son caracterizados como elementos de extrema derecha apoyados por figuras republicanas de Estados Unidos. "Es muy absurdo porque el 90% de los camioneros de Canadá están vacunados y todos los sindicatos de los camioneros y las empresas están en contra de las actuales manifestaciones. No hay duda de que los manifestantes han recibido dinero, mucho dinero, desde el extranjero. Esto ha sido comprobado. Cada día se descubren sitios internet de ‘crowdsourcing' (financiamiento masivo). También hay que reconocer que hay apoyo entre algunos elementos de la extrema derecha. Todo esto forma parte de una historia global la extrema derecha en el mundo. En los días y las semanas que vienen vamos a descubrir los vínculos entre esos grupos, no solo los que están en Estados Unidos y Canadá, sino en otras partes del mundo", agrega Frankel. El mal tiempo, la lluvia de la mañana y la nieve prevista para los próximos días podrían complicar las operaciones de la policía, que se enfrenta a una situación compleja y peligrosa para desalojar a los manifestantes de las calles de Ottawa. Las fuerzas del orden temen en particular la presencia de "elementos radicales", pero también de muchos niños en la manifestación, incluidos bebés. Con AFP

A un mes de las elecciones legislativas en Colombia, alrededor del 28% de los municipios corre el riesgo de fraude electoral por la presión de grupos armados, alertó la Misión de Observación electoral (MOE). RFI conversó con Diego Rubiano, subcoordinador del observatorio político electoral de la democracia de esta organización independiente sobre la situación, especialmente preocupante en 131 municipios. El 13 de marzo los colombianos eligen congresistas. El 29 de mayo presidente. Estos comicios podrían verse afectados en 319 municipios, de los 1.121 que existen el país, están bajo amenaza por la presión de grupos armados, el desplazamiento forzado, las violaciones a la libertad de prensa y las agresiones contra líderes comunitarios, indicó la Misión de Observación Electoral (MOE). Este organismo independiente hace hincapié en la preocupante situación en 131 municipios. “En estos municipios coinciden factores de violencia y factores indicativos de fraude electoral, es decir, se necesita la intervención del Estado colombiano para poder garantizar el proceso electoral. El número se ha reducido desde las elecciones del 2018, y eso es algo positivo. Pero sigue siendo una cantidad importante de municipios y es necesario atender la situación”, aseveró el subcoordinador del observatorio político electoral de la democracia, Diego Rubiano. Rubiano destacó, sin embargo, que paralelamente, ha habido un incremento de la violencia. “Hemos visto una situación inédita desde el 2015. Tenemos nueve municipios más en estado de riesgo electoral debido a estos factores, lo que significa que ha habido un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, particularmente concentrado en regiones como la del Pacífico. También hemos visto la reactivación de algunas células en el suroeste, en el Caquetá y Guaviare, por ejemplo”, agregó. Para las elecciones de 2018, la MOE registró una disminución en todos los factores de riesgo electoral, una situación muy diferente a la 2022. “Debemos pensar en las deudas que nos quedan después de la implementación de los Acuerdos de paz. Uno de ellos era la reforma electoral que se necesitaba en este país. Eso quedo pendiente y hoy estamos viendo las consecuencias”, agregó Rubiano. El informe de la Misión de Observación Electoral asegura también que "249 municipios tienen cierto nivel de riesgo por presencia de algún grupo armado ilegal" como las disidencias de las FARC que se apartaron del Acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia; el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotraficantes del país, y otros grupos al margen de la ley. Con AFP

A partir de hoy, cada martes tendremos gracias a la Administradora de Fondos de Pensiones Banreservas el segmento AFP te orienta, el cual será liderado por la abogada experta en el tema de la Seguridad Social, Leymi Lora, con quien vamos a conocer una panorámica general de la ley 87-01. ¡Bienvenida!

¿Cuál es la histórica relación entre esta alianza y Moscú? Ucrania es una antigua república soviética que no es miembro de la OTAN. Rusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales de que esto nunca sucederá. Explicamos las claves históricas y políticas para llegar hasta este punto que han marcado las últimas décadas. ¿Cuál es la histórica relación entre esta alianza y Moscú? Ucrania es una antigua república soviética que no es miembro de la OTAN, pero es un "país socio", lo que significa que se le puede permitir unirse a la alianza militar en el futuro. Rusia por su parte, insiste quiere garantías de las potencias occidentales de que esto nunca sucederá. Pero hay claves políticas e históricas que permiten entender mejor esta situación si atendemos a cómo se han ido produciendo las sucesivas 5 olas de ampliación de la Alianza hacia el Este que han incorporado hasta doce países.  "Esto no es tanto una cuestión de legalidad sino de confianza. Qué mensaje se transmite cuando tu intervienes en el patio trasero de un país. Todas las grandes potencias tienen su llamada zona de influencia. Interferir en ella no es tanto una amenaza desde un punto de vista legal o de derecho sino de marcar hostilidad" dice Alejandro Pozo, investigador en seguridad internacional del centro Delas a RFI.  El presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que Occidente está utilizando la alianza para rodear a Rusia y quiere que la OTAN cese sus actividades militares en Europa del Este. Ha argumentado durante mucho tiempo que EE.UU. rompió una garantía que dio en 1990 de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Una garantía que el expresidente soviético Mijail Gorbachov ha negado. La OTAN rechaza las afirmaciones de Rusia y dice que solo un pequeño número de sus Estados miembros comparten fronteras con Rusia y que es una alianza defensiva. Muchos creen que la acumulación actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania puede ser un intento de obligar a Occidente a tomar en serio las demandas de seguridad de Rusia pero la duda es cómo se resolverá esa acumulación de tropas por parte del Kremlin en el corto plazo con el desgaste que puede producirle a Putin a nivel de opinión pública.  La OTAN, un proyecto militar antisoviético La OTAN es una alianza militar formada en 1949 por 12 países, incluidos EE.UU., Canadá, Reino Unido y Francia. Sus miembros acordaron acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier país miembro, lo cual constituye la base esencial de la Alianza. Originalmente, su objetivo era contrarrestar la amenaza de la expansión de la URSS en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En 1955, la URSS respondió a la OTAN creando su propia alianza de países comunistas de Europa del Este, con el llamado Pacto de Varsovia. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, varios países del antiguo Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN. La alianza cuenta ahora con 30 miembros. Ucrania es una antigua república soviética que no es miembro de la OTAN, pero es un "país socio", lo que significa que se le puede permitir unirse a la alianza en el futuro. Rusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales de que esto nunca sucederá. Ucrania tiene una gran población de rusos étnicos y estrechos lazos sociales y culturales con Rusia. Estratégicamente, el Kremlin lo ve como su patio trasero. Ucrania un "elemento central de la identidad rusa" señala el experto a RFI "EE.UU. nunca aceptaría tener bases tan cercanas a su territorio de un país considerado adversario. Lo consideraría un acto hostil", dice el experto en seguridad Alejandro Pozo a RFI, que explica el ejemplo comparado de la única base militar que tiene Rusia fuera de territorio exsoviético. Se trata de su base en Siria y explica la posición rusa en la guerra de ese país y sus intereses. El pasado de la OTAN en sus relaciones con Ucrania Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios de 2014, Moscú se anexó la península de Crimea conmocionando a la comunidad internacional. También respaldó a los separatistas prorrusos que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. La OTAN no intervino, pero respondió colocando tropas en varios países de Europa del Este por primera vez. La Alianza cuenta con cuatro grupos de batalla multinacionales del tamaño de un batallón de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; y una brigada multinacional en Rumania. También ha ampliado su vigilancia aérea en los estados bálticos y Europa del Este para interceptar cualquier avión ruso que traspase las fronteras de los estados miembros. El presidente Biden ha dicho que hay "unanimidad total" con los líderes europeos sobre Ucrania, pero ha habido diferencias notables y matices considerables en el apoyo que han ofrecido los diferentes países.  Algunos miembros de la OTAN, incluidos Dinamarca, España, Francia y Países Bajos, están enviando aviones de combate y buques de guerra a Europa del Este para reforzar las defensas en la región. Sin embargo, Alemania ha rechazado la solicitud de armas defensivas de Ucrania en línea con su política de no enviar armas letales a las zonas de conflicto. Con AFP, Reuters, prensa francesa y fuentes propias RFI.

Los norcoreanos nunca habían realizado tantos ensayos con misiles en un lapso tan corto: van siete en un mes. El último, el domingo, ha sido el más potente desde 2017. Preguntamos qué puede haber detrás de esta escalada a Rafael Bueno, director del departamento de política y sociedad de Casa Asia (Barcelona). RFI: ¿Cómo calificaría escalada de Corea del Norte en materia de pruebas armamentísticas a comienzos de 2022?  Rafael Bueno: Han sido siete ensayos con misiles en un mes, lo cual es una cifra enorme. Además, tienen lugar en un periodo en que están ocurriendo al mismo tiempo muchos acontecimientos de gran magnitud. Entre ellos, los Juegos Olímpicos de invierno en China; la crisis en Europa con Ucrania y Rusia; las elecciones dentro de un poco más de un mes en Corea del Sur, el Nuevo Año Solar en Asia, que corresponde para nosotros (en Occidente) como el Año Nuevo. Para Corea del Norte estos disparos de misiles es una manera de llamar la atención porque ha estado un poco fuera de juego luego de haber tenido una relación casi privilegiada y un canal de comunicación bastante asiduo con Estados Unidos y ahora de repente ha pasado a un plano secundario. Es una demostración de fuerza hacia Estados Unidos y sus vecinos en la zona, Japón y Corea del Sur. También es una manera de intentar llevar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones. RFI: ¿Qué consecuencias puede tener esta actitud del régimen norcoreano? Rafael Bueno: A corto plazo, seguir incrementando las sanciones contra ese país. Ya veremos a largo plazo si realmente se reúnen para ver si se puede encontrar una solución a través del diálogo. RFI: A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno en China, ¿son estos disparos de misiles un mensaje de Corea del Norte para que Pekín deje de tratar a ese país como un aliado de tercera a categoría? Rafael Bueno: Las relaciones entre China y Corea del Norte siempre han sido complejas. Nunca han tenido una relación especialmente buena, aparte de las décadas del 50 y del 60. Y desde luego, desde China esta escalada es percibida como una provocación más de Corea del Norte, teniendo en cuenta la inminente inauguración de los Olímpicos de Invierno. Para Corea del Norte es un intento un poco desesperado para que China se involucre y fuerce para que se vuelva a seguir negociando como se hizo anteriormente. Recordemos que a finales del año pasado se evocó la posibilidad de firmar un tratado para poner fin a la guerra de Corea, que sigue vigente desde 1953, solo interrumpida por un armisticio. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la hambruna y los problemas económicos que puede estar sufriendo Corea del Norte por las sanciones de los occidentales. RFI: ¿Son estos ensayos una especie de vitrina económica para Pyongyang? Rafael Bueno:: Estas pruebas de misiles son efectivamente un buen reclamo para los posibles vendedores de armamento que tiene Corea del Norte. Para los norcoreanos es un buen reclamo para mostrar todo este arsenal a la venta y que puede representar una fuente de ingresos esencial para la supervivencia del régimen. Un disparo sin precedentes desde 2017  El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que el misil lanzado el domingo había alcanzado una altura máxima estimada de 2.000 kilómetros y habría recorrido unos 800 kilómetros durante media hora. Esto indicaría que Pyongyang ha probado su "primer misil balístico de alcance intermedio (IRBM) desde 2017", escribió en Twitter Joseph Dempsey, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. La última vez que el régimen comunista lanzó un proyectil similar fue en 2017, cuando un misil Hwasong-12 se desplazó 787 kilómetros con una altura máxima de 2.111 kilómetros.   Se trata del séptimo ensayo militar en 2022 de Corea del Norte, que ha realizado dos pruebas de misiles supersónicos y cuatro de misiles balísticos de corto alcance y de crucero. Con AFP

El martes Bolivia registró casi 5 mil casos positivos de covid 19, la mitad fueron en Santa Cruz, el departamento que más contagios y fallecidos ha acumulado desde el inicio de la pandemia. La región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia y fronteriza con el Brasil, soporta la "peor tormenta" de contagios de covid-19, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, al registrar este martes  el mayor número de infecciones. Santa Cruz es el departamento que más contagios y fallecidos ha acumulado desde el año pasado, de los nueve departamentos de Bolivia: 37,63% de 585.624 infectados y el 39,74% de 19.622 muertos. “Nuestra prueba epidemiológica ha tenido un aumento tan tremendo que es alarmante y preocupante para nuestro sector, ya que ahora son alrededor de 280 médicos que están con baja médica por covid-19”, dice a RFI el doctor Wilfredo Anzoátegui presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz, Bolivia. “El número de recursos humanos ha disminuido para poder dar atención. A raíz de ello, se han encerrado algunos centros hospitalarios ya del primer nivel. Nosotros tenemos alrededor de 142 camas de unidades de terapia intensiva para utilizar para pacientes covid-19, de las cuales 138 ya están utilizadas, es decir, alrededor del 97% y 98%, tanto en el sector público como sector privado. Si continúa esa tasa de contagio que tenemos, va a llegar un momento en que nuestra capacidad instalada va a ser sobrepasada”. El número de fallecidos de la fecha fueron 20, aunque aún por debajo de otras fechas. Trece de ellos no tenían una vacuna o sólo una dosis. “Todavía nosotros no lo tenemos identificado [a la variante ómicron] en Santa Cruz o en Bolivia”, dice Anzoátegui. “Sí sabemos que tenemos la variante Delta. Las autoridades nacionales no han podido identificar todavía el ómicron, pero creemos que con todo ese índice de esa tasa de contagio que estamos teniendo, ha sido lo suficiente para poder pensar que si ya está entre nosotros por la cantidad de pacientes contagiados”. Bolivia, de 11,5 millones de habitantes, registró en la fecha un total de 4.934 contagiados, según datos corregidos por el gobierno, y 46 muertos, en el pico de una cuarta ola que se prolongará hasta mediados de enero, según estimaciones oficiales. “En las dos semanas antes a la Navidad, la población salía a los centros de abastecimiento como si no pasara absolutamente nada y no guardaba ningún tipo de cuidado necesario de bioseguridad”, dice Anzoátegui. “Eso es lo que nos preocupa. Por esa razón es que se han tomado determinaciones juntamente con el municipio para no autorizar la fiesta de fin de año y Ley Seca desde el 30 hasta el 10 de enero”. El gobierno del presidente Luis Arce, a fin de apaciguar el aumento de casos, decretó la semana pasada que desde el 1 de enero de 2022 se exigirá a todas las personas que acudan a lugares públicos la portación de su certificado de vacuna. Se aceptarán los documentos de las personas que hayan cumplido "un esquema completo" de vacuna: Al menos dos dosis de alguna de las marcas Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V o una única de Johnson & Johnson El documento también será requerido para los viajes terrestres y aéreos locales. Las personas que por diferentes motivos se nieguen a recibir algún inmunizante deberán portar una prueba PCR o antigénica, 48 horas antes de acudir a un lugar público. Con AFP

La lucha contra focos de incendios forestales continúa varias provincias de Argentina, combate que lleva casi un mes, en medio de las altas temperaturas y las sequías. Las últimas semanas de la primavera austral y los primeros días del verano mantienen condiciones meteorológicas adversas, tales como "el calor, los vientos cambiantes y la sequía", según una declaración del Ministerio de Ambiente del 26 de diciembre. Por el momento no se han reportado muertos ni heridos y tampoco evacuados.    Las zonas más afectadas desde comienzos de diciembre están en la sureña Patagonia, donde las llamas han consumido miles de hectáreas de bosque nativo, incluso de la valiosa especie de las araucarias. “Se están quemando alrededor de 4000 hectáreas, el 90% de estas hectáreas son bosques nativos, como araucarias, ñiles y lengas”, dice a RFI Gabriel Alamo, Intendente de la municipalidad de Aluminé, en la provincia de Neuquén (Patagonia). “Las plantas tienen cientos de años. La pérdida del patrimonio natural que tenemos en este incendio es imposible de evaluarla. En estos momentos los habitantes no están afectados porque son campos donde los productores llevan sus animales para que pasen el verano, pero no es zona poblada. La zona que se está quemando no tiene comunidades cercanas, por lo menos eso es algo que nos deja un poco más tranquilo. Los lugares que la gente visita, como los lagos, los ríos y todos los centros de servicio, no están afectados por el incendio. Tampoco corren riesgo de decir que los turistas podrían llegar hasta aquí sin ningún problema”. Las sureñas Río Negro, Chubut y Neuquén, la norteña Misiones y Entre Ríos, al centro-este, "son las cinco provincias que registran focos activos" de fuego. El fuego y la humareda pueden divisarse en bosques no muy lejanos de centros turísticos como lago Aluminé, lago Nahuel Huapi y ciudad de Bariloche, vecinos de la cordillera de Los Andes, a unos 1.600 km al sudoeste de Buenos Aires. “Las condiciones son favorables para la preparación porque además de los vientos se suman las altas temperaturas: 30 grados centígrados en promedio, que para estas regiones es una temperatura muy elevada”, dice Alamo. “Además, como venimos transitando un año de mucha sequía, los campos están secos. La topografía es compleja. Para acceder recién para el día 31 de diciembre esperamos que las temperaturas bajen y en el primero tenemos probabilidad de lluvia, así que ahí podríamos empezar a torcer este combate contra el fuego. Hoy tenemos en el terreno alrededor de 200 personas. A esto hay que sumarle toda la gente que acompaña la logística. También se sumaron propietarios y trabajadores de los campos vecinos. Muy importante el aporte de las comunidades mapuche, de los pueblos originarios de la Patagonia. Se combate con autobombas. También se utilizan máquinas para hacer cortafuegos, aviones hidrantes y helicópteros que también están tirando agua.” En cambio, "los focos fueron controlados en las provincias de Buenos Aires (centro-este), Santa Fe (centro-este) y Tierra del Fuego (extremo austral)", se indicó en el informe del Ministerio de Ambiente. Los brigadistas y bomberos actúan con apoyo de aviones hidrantes y helicópteros del estatal Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Con AFP.

Argentina continuará pagando al Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo que recibió en 2018, pero desea llegar a un acuerdo que permita aliviar la acumulación de vencimientos en los próximos tres años, declaró este jueves la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. El FMI concluyó el miércoles que el programa crediticio de 2018 con Argentina por 57.000 millones de dólares, el más grande de la historia de la institución, "no cumplió" sus objetivos. El comunicado fue emitido luego de que el directorio ejecutivo del FMI se reuniera para discutir el informe de evaluación del préstamo, requerido dado el monto de la deuda, y el mismo día que Argentina canceló un pago por casi 1.900 millones de dólares al organismo financiero. "El programa tenía como objetivo restablecer la confianza, reducir la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales y reducir la inflación", señaló el FMI el miércoles. Según el organismo, la estrategia se enfocó en el ajuste "fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas, para catalizar nuevos flujos de capital". Pero "el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas" en el país, dijo el Fondo. "El tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres", señaló. “El crédito estuvo mal aplicado”, dice a RFI Raúl Dellatorre, editor de economía de la revista Pagina 12 de Argentina. “No logró ninguno de los objetivos de estabilización que se había planteado, todo lo contrario. Se pensaba lograr una estabilidad de precios y se generó un rebrote inflacionario muy fuerte en el año 2018 y 2019. No equilibró el mercado cambiario porque también se generó en paralelo a esto, una brutal devaluación. Tampoco equilibró las cuentas monetarias y financieras dado que la Argentina de ese período también atravesó un momento de pico de tasa de interés que estuvieron arriba del 70% anual en pesos. No se logró ninguno de estos objetivos que eran los centrales del plan de estabilización. El Fondo Monetario en este análisis pone mucho el acento en que el gobierno de Mauricio Macri fracasó en su intento de utilizar estos fondos para reforzar la cuentas públicas. Y por el contrario, lo que se generó fue una agresiva política de transferencia de ingresos al exterior, fuga de divisas, de las cuales los bancos y las principales empresas que operan en el país fueron responsables, pero claramente con el aval del propio gobierno”. El FMI negocia actualmente con Argentina la reestructuración de la deuda, que supera los 44.000 millones de dólares luego de que el gobierno de Alberto Fernández decidiera en 2020 suspender la entrega de los tramos restantes del crédito negociado por su antecesor, Mauricio Macri. Macri buscó auxilio del FMI en mayo de 2018 en medio de una corrida cambiaria. En junio, el directorio ejecutivo del Fondo aprobó un acuerdo stand-by de 36 meses, que amplió en octubre a 57.000 millones de dólares, a cambio de un severo ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas. El Fondo Monetario Internacional dio un crédito muy por encima de lo que le correspondía a la Argentina. No hizo un seguimiento de la aplicación del crédito como habitualmente corresponde. Inclusive lo del crédito, que fue inicialmente acordado por 57.000 millones, se llegaron a desembolsar 44.000 millones, pero en desembolsos sucesivos que eran trimestrales o períodos de no más de tres o cuatro meses. Y la revisión, si se hubiera hecho correctamente, hubiera mostrado que, ya antes de fin de 2018, se observaban estos desvíos y sin embargo, el Fondo no lo advirtió. Así que también en eso hay una responsabilidad técnica en cuanto al manejo. "Préstamo absurdo" Desde Buenos Aires, el gobierno de Fernández reaccionó a la revisión del FMI deplorando una vez más el acuerdo alcanzado por Macri. "Es un préstamo absurdo, que bien sabemos no se utilizó para nada bueno", declaró el ministro de Economía, Martín Guzmán a la televisora C5N, apuntando que "curar las heridas" del crédito le llevará a Argentina "no menos de una década". "Es necesario que haya una evaluación seria sobre si se cumplió con el estatuto del FMI, que no debería financiar la fuga de capitales", aseveró Guzmán sobre el programa crediticio de 2018. Argentina, que busca un nuevo convenio de facilidades extendidas con el Fondo que le permita ampliar los plazos de pago, abonó este miércoles unos 1.900 millones de dólares por el último vencimiento de 2021. Según los términos del actual préstamo, aún debería abonar unos 19.000 millones de dólares en 2022 y otros 19.000 millones en 2023, además de 5.000 millones en 2024. Riesgos "de reputación" El FMI señaló que los directores ejecutivos lamentaron que el acuerdo con Argentina no cumpliera sus metas. La estrategia y condiciones del préstamo no fueron lo "suficientemente sólidas" para atender "los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina", como la dolarización y la alta inflación, entre otros, señalaron según el comunicado. Además, reconocieron que el crédito creó "riesgos financieros y de reputación sustanciales para el Fondo". "La mayoría de los directores coincidieron en que acordar con las autoridades por adelantado los planes de contingencia podría haber reducido los riesgos para el programa y el Fondo, pero algunos directores señalaron las dificultades de manejar dichos planes en la práctica dada la sensibilidad del mercado", indicó el FMI. El acuerdo, del que solo se completaron cuatro de las 12 revisiones previstas, fue cancelado el 24 de julio de 2020 bajo el mandato de Fernández, que sucedió a Macri en 2019. Con AFP

Este próximo fin de semana el espacio exterior tendrá un nuevo objeto orbitando: el telescopio James Webb, el más potente jamás construido y que nos permitirá, si todo va de acuerdo al plan  adentrarnos en galaxias lejanas. Luego de tres décadas de trabajo, con la colaboración de varios países, y con un costo de alrededor de 10.000 millones de dólares, la NASA lanzará a finales de 2021 el telescopio James Webb que tiene dos principales misiones científicas  “Nos va a permitir entender y ver con nuestros propios ojos cómo se formaron las primeras estrellas en este universo hace13.000 millones de años” dice a RFI el jefe del departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología en Madrid, Migues Mass-Hesse. “Y luego, por otra parte, ver otros planetas parecidos a la Tierra, poder ser capaces de medir su composición química y empezar a atisbar la posibilidad de que haya procesos biológicos en esos planetas. Esas son para mí, los dos puntos más importantes que tendrá que hacer el telescopio: ver cómo empezó todo y ver si puede haber vida en otros planetas”. Webb es el sucesor del Hubble, lanzado en 1990 y que llegó a su límite de observación al descubrir la galaxia Gn-z11 de 13.400 millones de años. El Webb es 100 veces más poderoso. “El telescopio James Webb es mucho más potente que el Hubble que tenía un espejo con un diámetro de 2,4 metros”, dice Mass-Hesse. “El James Webb tiene un espejo con un diámetro de 6,5 metros. Es muchísimo más grande y por lo tanto es mucho más potente, lo cual nos permite llegar mucho más lejos en el espacio y en el tiempo, y además con mucho más detalle”. A diferencia del Hubble, que orbita cerca de la Tierra, el Webb será enviado mucho más lejos lo que le permitirá tener una mejor observación evitando la contaminación de la luz que viene de la Tierra. “Se lo va a enviar a una órbita que llamamos el punto de Lagrange que está a 1.500.000 de kilómetros”, diec Mass-Hesse. “Es una órbita muy estable, donde no hay diferencias de temperatura, donde la Tierra no oculta el cielo y es un sitio óptimo para poder hacer observaciones astronómicas. El telescopio Hubble se encuentra a 500 o 600 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Es una órbita mucho más afectada por la contaminación de la luz que viene de la Tierra y de la Luna”.  Pero si hay alguna avería, a esa distancia será imposible repararlo: “Ese es el punto débil”, dice Mass-Hesse. “Si el Hubble tenía algún problema técnico, que los tuvo, se podía subir con un shuttle y arreglarlo. Se hizo varias veces. El James Webb dónde va a estar, no se puede arreglar. O sea, la fiabilidad tiene que ser completa para asegurarnos de que funcione sin problemas durante muchos años. Esto no es raro. La mayoría de los telescopios espaciales, y hay bastantes, funcionan así y normalmente funcionan bien. Algunos incluso llevan ya más de 20 años en operación. En principio, no tiene ningún elemento que se desgaste gravemente. Por lo tanto, podría estar funcionando durante 10, 20 años, sin ningún problema. Probablemente acabe muriendo por alguna avería, por alguna colisión con un meteorito, por algún problema eléctrico o por alguna degradación. Pero en principio podría estar funcionando fácilmente 20 años sin problemas”. El sistema planetario Trapista-1, a unos 40 años luz de la Tierra, será el primero a ser examinado por el telescopio. Ese sistema cuenta con siete planetas, siete de ellos en una zona habitable, cerca de una estrella enana que no es excesivamente brillante: “Tardará dos o tres meses en llegar hasta la órbita en la que la que se va a poner en funcionamiento”, dice Mass-Hesse. “Y habrá que dedicar un mes o dos meses más para encender todos los instrumentos, verificar que todo funciona bien y posiblemente para antes del verano podamos tener ya las primeras imágenes de objetos fabulosos”. El telescopio fue fabricado en Estados Unidos, y su lanzamiento a bordo del cohete Ariane 5 se realizará en Kourou, en la Guayana Francesa. Con AFP

El Congreso de El Salvador aprobó una ley para regular la gestión del agua y la reconoce como un derecho humano y un bien público que no se puede privatizar. En los últimos 15 años, distintas organizaciones como la Iglesia católica y universidades presentaron al menos siete propuestas para una ley de agua, ninguna de las cuales prosperó. "El Salvador reconoce el derecho humano al agua, siendo éste el derecho de todas las personas de disponer de agua de calidad, suficiente, segura, accesible y asequible", señala el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos aprobada con los votos de 65 de los 84 diputados del Congreso. La ley tiene como objeto "regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad", indica el texto. La normativa fue presentada para estudio de los legisladores en junio pasado por el gobierno del presidente Nayib Bukele luego que el actual Congreso, que asumió funciones en mayo, archivó varias propuestas de ley para normar el recurso hídrico que no fueron aprobadas en anteriores períodos legislativos. “Ciertamente se sigue un proceso en donde convocaron a algunas personas, pero al final la ley aprobada no tomó en consideración ninguno de los aspectos que se venía empujando desde las organizaciones sociales”, dice a RFI Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios Sociales y para el Desarrollo FESPAD. “El tema de la participación ciudadana está en la ley, pero está centralizada en el ente rector de agua. Y da la oportunidad a una persona que va a ser elegida por el presidente de la República para que represente a la sociedad civil. La ley desconoce el papel de la Junta de Aguas Comunitarias, que suministra agua sin fines de lucro a las personas más empobrecidas del país y los sistemas de agua comunitarios han venido contribuyendo y suministrando agua potable frente a esa incapacidad del Estado”. La Ley General de Recurso Hídrico también establece que "el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición", sin embargo, no convence a la Alianza Nacional Contra la Privatización.  “Como también lo establece la Relatoría del Agua de la ONU en un documento de 2016. La privatización no tiene que estar expresa en una ley”, dice a RFI Amalia López, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización. “Esta ley inclusive dice que no se podrá privatizar el agua en El Salvador por ningún motivo. Pero abre otras formas disfrazadas de privatización, como es darle a las empresas concesiones de 1000 metros cúbicos por día para extracción de agua por 15 años, renovables a 30 años. Esto implica que si ese manto acuífero tiene menos que esa cantidad, la gente que está en el entorno de ese lugar no podrá obtener agua, porque quien tiene el derecho concedido por el Estado para sacar esos 1000 mil metros cúbicos es esa empresa que ha recibido la concesión. Por esta razón creemos que la ley deja abiertas otras maneras en las que se puede privatizar el agua, en que alguien diferente al Estado, diferente a la población, se pueda apropiar del agua y decidir quién recibe y quién no recibe agua. El Salvador en Centroamérica es el segundo país con menos capacidad para darle agua a la gente, menos metros cúbicos per cápita de agua para cada habitante. Por esta razón es que crear una legislación sobre los bienes hídricos para nosotros era fundamental”. La norma también establece la creación de la denominada Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será un ente autónomo rector del recurso hídrico en el país. Actualmente la administración del agua está a cargo de la Administración Nacional de Acueductos, que ahora estará a cargo de la distribución del servicio de agua potable. La ASA estará conformada por 14 directivos, en su mayoría representantes de distintas instituciones del gobierno, así como un delegado de la estatal Universidad de El Salvador (UES). La normativa aún debe ser ratificada por el presidente Bukele y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor. Con AFP.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles 1 de diciembre una visita a Ecuador para analizar la situación carcelaria del país, donde más de 300 presos han muerto en lo que va del año, informó la cancillería. La CIDH anunció su visita a Ecuador tras la última matanza en la penitenciaría Guayas 1, donde 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.La visita se extenderá hasta el viernes e incluye un recorrido por cuatro cárceles de las ciudades de Quito, Guayaquil y Latacunga. Los motines y masacres en las cárceles ecuatorianas acumulan más de 300 muertos en lo que va de 2021. “Nosotros hemos venido registrando este largo episodio que inició a principios del 2018 con un ascenso del número de homicidios por causas violentas en la Penitenciaría del Litoral, como se la conoce acá en Guayaquil”, dice a RFI Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil. “Estamos bastante alarmados por la incapacidad ya evidente confesada por parte de las autoridades de este gobierno, pero también pensando en adjudicar responsabilidades al anterior gobierno para detener esto que ya estaba anunciado.” Ecuador enfrenta un problema de violencia y una sobrepoblación del 30% en las cárceles del país. Las prisiones tienen capacidad para unas 30.000 personas. Sin embargo, en ellas habitan unos 39.000 presos, 15.000 de ellos sin una sentencia. La ONG acusa a los gobiernos de descuidar intencionalmente la situación de los reos. “Fue proliferando el caos y especialmente la acción de estos grupos violentos que mantienen en condición de rehén al resto de la población carcelaria que sufre de manera constante la extorsión con un mecanismo de poder paralelo muy lucrativo”, dice Navarrete. “La impunidad campea. No se investigan estas masacres ocurridas en el 2018. Nosotros hemos señalado públicamente hechos de complicidad por parte de cuerpos de seguridad que han sido cooptados por la mafia y la vigencia de una "necro política" en la cual el gobierno decide quién vive o no.” El lunes el gobierno extendió por otros 30 días el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros carcelarios. Con AFP

El exjuez brasileño Sergio Moro, que llevó a prisión al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva con la megaoperación anticorrupción Lava Jato, se afilió a un partido centrista con miras a participar en las elecciones de 2022. En Brasil, se calientan los motores de cara a la elección presidencial de octubre de 2022. Mientras Inácio Lula da Silva, sin declarar aún su candidatura, figura como el gran favorito para lo volver al poder, el mandatario Jair Bolsonaro se afilia al derechista Partido Liberal, novena formación a la que adhiere.   Pero la sorpresa de estos últimos días viene sobre todo del exjuez Sergio Moro, ícono de la megaoperación anticorrupción Lava Jato que llevó a prisión al expresidente Lula.  Moro se afilió el miércoles 10 de noviembre a un partido centrista llamado Podemos, que asegura que el exmagistrado será el "futuro presidente de Brasil". Aunque falta casi un año, los sondeos dan una ventaja a Lula con el 44%, seguido por 26% para Bolsonaro, mientras que Moro no supera hoy el 10%. “¿Quién tiene más a perder? Jair Bolsonaro”, dice a RFI el profesor en Ciencia Política de la Universidad Federal Fluminense de Rio de Janeiro, Marcial García Suarez. “En el discurso de Sergio Moro de la afiliación del partido prácticamente presentó una agenda político económica calcada de lo que Bolsonaro presentaba en 2017-2018. Un conservadurismo moral, un liberalismo económico más acentuado y siempre mostrándose contrario al partido de los trabajadores como un partido corrupto que trajo mucha miseria a Brasil. Entonces yo creo que quien tiene que estar más preocupado para las próximas elecciones de 2022 es, sin duda, Bolsonaro”. El también exministro de Justicia se posicionó así en lo que ya se conoce en Brasil como la "tercera vía", una eventual alternativa al ultraderechista Jair Bolsonaro y al izquierdista Lula (2003-2010), que aún no anunció su candidatura pero es favorito en las encuestas. “Yo creo que [Moro tiene chances de conquistar la presidencia] en el sentido de que puede tornarse un competidor muy serio a lo que se viene presentando en este momento con Luiz Inacio Lula da Silva, con casi 50% de la preferencia del electorado”, dice García Suarez. “Si Sergio Moro pasa a una posible segundo vuelta con Lula, yo creo que él tiene buenas chances de que todo el aparato que apoyó la agenda política de Bolsonaro en 2018, vaya con toda fuerza a apoyar a Sergio Moro y yo creo que en ese sentido puede hacerle frente a Lula”. Para quienes denunciaban que el juez Moro tenía un proyecto político durante su desempeño primero como juez y luego como ministro de Justicia de Bolsonaro, esta candidatura es la confirmación de sus temores. Moro les ha respondido que lo suyo "no es un proyecto personal de poder". Con AFP.

Opositores cubanos confirmaron el jueves su intención de manifestarse el 15 de noviembre, horas después del anuncio por Yunior García, principal organizador, que iba a marchar un día antes, en solitario, por una céntrica avenida de La Habana, para minimizar los riesgos de violencia. En Cuba, la oposición vuelve a marchar este lunes para exigirle un cambio al régimen comunista. Como en las históricas protestas del 11 de julio, exigirá nuevamente mejoras económicas y libertades políticas. Sin embargo, a diferencia de las manifestaciones de cuatro meses atrás, el gobierno cubano no se verá sorprendido por sus detractores.  “Hay una diferencia práctica. Las manifestaciones del 11 de julio tomaron por sorpresa al régimen. Por lo tanto, la maquinaria represiva tardó unas cuantas horas en caer con todo su peso .Y fue brutal”, dice a RFI Rosa María Payá, líder opositora cubana, fundadora de la plataforma prodemocracia "Cuba Decide". “Y han sido dramáticas las consecuencias para muchos de los manifestantes y a pesar de eso, la gente sigue determinada a estar movilizada por el cambio. En esta ocasión el régimen cubano sabe lo que va a pasar y lo está esperando. Y lamentablemente el razonamiento del régimen es una lógica del uso de la fuerza, es una lógica violenta y es una lógica criminal. Y está repartiendo armas contundentes y hasta de fuego entre paramilitares, en centros de trabajo, incluso a estudiantes forzándolos a organizarse en comandos represivos”, agrega Payá, hija del fallecido Oswaldo Payá, jefe del Movimiento de Liberación Cristiana. El régimen cubano afirmó que la protesta es ilegal, que busca un cambio de régimen y acusa a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.  En este contexto, el dramaturgo Yunior García, principal promotor de la manifestación, anunció el jueves que para minimizar el riesgo de violencia realizaría un día antes, el domingo, una marcha en solitario. Los demás organizadores mantienen en cambio la marcha en La Habana y en otras seis provincias de la isla.  “El pueblo cubano ha tomado la determinación de continuar movilizado por el cambio de sistema”, dice Payá. “Y esa es la determinación que debe apoyar la comunidad internacional más allá de cualquier tipo de personalismo. Yunior también está corriendo un riesgo como lo están corriendo cada uno de los cubanos”. Recordemos que las manifestaciones que estallaron el 11 de julio dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex. En Twitter, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, recordó este jueves a las autoridades cubanas "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas". En un mensaje publicado en su página de internet, la Conferencia de Obispos de Cuba subrayó que "cualquier acto de violencia entre nosotros, ya sea física, verbal o sicológica, hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de nuestras familias". Con AFP

Ocho países de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsaron un proyecto de resolución "sobre la situación en Nicaragua" para ser debatido durante la asamblea general virtual que arrancó este miércoles, con la pandemia y el calentamiento global como telón de fondo. Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre y en el de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda para pedir al Consejo Permanente que realice "una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas". "Burla", "fraude anunciado", "pantomima" fueron algunas de las expresiones de la comunidad internacional para calificar las elecciones en las que Ortega consiguió un nuevo mandato como presidente. Con líderes opositores en la cárcel o en el exilio y sin verdaderos contendientes, el régimen nicaragüense se expone ahora a un mayor aislamiento internacional.  Un tema en la agenda de la OEA cuyo secretario general, Luis Almagro, tachó los comicios nicaragüenses de "ilegítimos" y llamó a tomar medidas ante "la clara violación de la Carta Democrática". Pero ¿puede la presión de la OEA forzar ya una apertura del régimen de Ortega? “Es muy reciente [para contemplar] una apertura del régimen de Ortega, pero creo que los Estados miembros de la OEA tienen en sus manos un conjunto de herramientas políticas, como es la Carta Democrática Interamericana”, dice a RFI Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua. “Es un debate que tienen que dar los órganos políticos, precisamente para que se inicie esta apertura. No sé si se va a dar en estos días, pero no se va a dar sin la presión de la comunidad internacional. Y lo hemos visto así en la historia de esta región, en lo que han sido los conflictos armados, las dictaduras del Cono Sur. Finalmente, los procesos democráticos, los llevan los propios pueblos al interior de los países. Pero cuando estamos ante regímenes autoritarios, como fueron las dictaduras de Cono Sur, como es el régimen de Ortega, sin la comunidad internacional, no hay procesos democráticos. La comunidad internacional tiene, una vez más, demostrar la importancia que tiene el acompañamiento de estos procesos y la presión internacional”. Desde el mes de junio, el secretario general de la OEA se mostró favorable a activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Este contempla suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema. En este supuesto, el país debería seguir cumpliendo, sin embargo, con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué efecto podría tener esta aplicación en Daniel Ortega? “No sé, pero sí aumentaría su aislamiento ante la comunidad regional, pero no sabría decirle qué valoración él hace sobre, por ejemplo, una suspensión de la OEA, porque primero hay un procedimiento de suspensión de la OEA y luego la expulsión”, dice Urrejola. “Pero yo creo que siempre para los países es importante no estar aislado regionalmente”. El texto presentado por Canadá pasa a la comisión general, que lo debate, y se votará jueves o viernes. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir 18 de 35. Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de "la evaluación colectiva". En el texto, los ocho países declaran que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". Reiteran el llamamiento "para la liberación de todos los candidatos y presos políticos" y el fin "de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil". Managua se defiende El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, respondió a las críticas: "Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones". El diplomático pidió a la OEA mirar hacia el futuro y no "hacia el pasado con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas". Son contadas las excepciones dentro de la comunidad internacional que respaldan a Nicaragua. Destacan Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela. Con AFP

Los argentinos vuelven a las urnas este domingo para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Luego de la histórica derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que funcionan como una encuesta a escala nacional, el gobierno de Alberto Fernández intentará revertir el revés de septiembre. Para la coalición peronista en el gobierno obtener mejores resultados en las legislativas del 14 de noviembre no es fácil. Hasta el momento los sondeos no le son favorables. “Si entendemos que la economía fue el factor explicativo de las primarias, uno debería suponer que el gobierno se estaría encaminando a una derrota similar o más profunda en esta elección general porque el proceso económico se ha deteriorado”, dice a RFI el politólogo Lucas Romero, director de la consultora Synopsis. “Tenemos una inflación creciente, y esa es la principal preocupación ciudadana registrado en nuestros estudios. Pero además tenemos la presión del dólar sobre el peso. La opinión pública es muy sensible a los movimientos del dólar y esto, probablemente, genere la sensación de que la falta de rumbo económico se profundiza. Por eso nos inclinamos a pensar que probablemente Gobierno pueda encontrarse con un resultado aún más adverso”. La inflación este año alcanzará 48,2%, según la última encuesta del Banco Central realizada con las 42 más grandes consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros. La encuesta también indicó que se espera un crecimiento de la economía de 7,6%. El año pasado, en plena pandemia, el retroceso fue de 9,9%. El costo de vida subió en alrededor de 37% entre enero y septiembre. En este último mes, se ubicó en 3,5%. Un 40% de la población está en la pobreza, según cifras oficiales. Mientras el gobierno apuesta a una mayor movilización que la registrada en septiembre para reponerse en las urnas, la coalición opositora de centro derecha Juntos por el Cambio intentará arrebatarle al oficialismo la mayoría propia en el Senado, dirigido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, en la práctica, ¿cómo afectaría al gobierno una derrota legislativa de medio mandato?  “Las dificultades en la Argentina para la coalición de Gobierno radican en la capacidad de tomar decisiones, porque es una coalición que está integrada por actores tan heterogéneos que no han mostrado capacidad de ponerse de acuerdo en un programa económico”, dice Romero. “Y ahí es donde radica el principal riesgo del proceso político. La pregunta que hay que hacerse para entender hacia dónde va a ir la Argentina después de la elección el próximo domingo, es si la coalición va a quedar en condiciones de ponerse de acuerdo hacia dónde ir. Ese es el riesgo de gobernabilidad interna. Esta no es una coalición que necesita a la oposición para gobernar. Necesita ponerse de acuerdo para gobernar. Y ha demostrado en estos primeros años que le cuesta mucho ponerse de acuerdo respecto hacia dónde ir”. Para la oposición en cambio, una victoria abre la esperanza de volver al poder en las elecciones presidenciales de 2023. Con AFP.

El gobierno mexicano no ocultó su enojo por la subasta de piezas prehispánicas en París en noviembre de este año. A pesar del pedido de anulación la casa Artcurial subastó 40 objetos de las cultura mixteca, azteca, tlatilco y colima por un valor estimado entre 230 y 11.000 dólares. La casa Christie's subastará por su parte 139 piezas de la cultura maya que tienen más de 1.000 años. Los precios se estiman entre 220.000 y 270.000 dólares. Guatemala por su parte, tuvo otra suerte, y logró recuperar el pasado 25 de octubre un fragmento de una escultura del Período Clásico Maya que casi fue subastada en 2019. El fragmento pertenece a la Estela No.9 del sitio arqueológico Piedras Negras. El tema de la restitución de bienes culturales volvió al centro de las discusiones en Francia por la reciente devolución de 26 obras de arte a Benín, piezas que fueron saqueadas por las tropas coloniales francesas en 1892. Mientras que algunos proponen una restitución total de las obras a los países originarios, otros abogan por examinar cada asunto por separado. Entrevistados: Dominique Michelet, arqueólogo, y director de investigación honorario del CNRS Kantuta Quirós, curadora y profesora de teoría de arte en Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Rennes. Jason Felch, experto en el mercado ilícito de arte y autor del libro Persiguiendo a Afrodita (Chasing Aphrodite). Entrevistas realizadas por Hugo Passarello Luna. Con AFP.

El gobierno mexicano no ocultó su enojo por la subasta de piezas prehispánicas en París en noviembre de este año. A pesar del pedido de anulación la casa Artcurial subastó 40 objetos de las cultura mixteca, azteca, tlatilco y colima por un valor estimado entre 230 y 11.000 dólares. La casa Christie's subastará por su parte 139 piezas de la cultura maya que tienen más de 1.000 años. Los precios se estiman entre 220.000 y 270.000 dólares. Guatemala por su parte, tuvo otra suerte, y logró recuperar el pasado 25 de octubre un fragmento de una escultura del Período Clásico Maya que casi fue subastada en 2019. El fragmento pertenece a la Estela No.9 del sitio arqueológico Piedras Negras. El tema de la restitución de bienes culturales volvió al centro de las discusiones en Francia por la reciente devolución de 26 obras de arte a Benín, piezas que fueron saqueadas por las tropas coloniales francesas en 1892. Mientras que algunos proponen una restitución total de las obras a los países originarios, otros abogan por examinar cada asunto por separado. Entrevistados: Dominique Michelet, arqueólogo, y director de investigación honorario del CNRS Kantuta Quirós, curadora y profesora de teoría de arte en Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Rennes. Jason Felch, experto en el mercado ilícito de arte y autor del libro Persiguiendo a Afrodita (Chasing Aphrodite). Entrevistas realizadas por Hugo Passarello Luna. Con AFP.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en Glasgow la creación de una nueva reserva marina en las islas Galápagos y pidió la condonación de deuda externa del país a cambio de su conservación. Se trata de otros 60.000 kilómetros cuadrados que se suman a la zona de preservación ya existente. Es el canje de deuda por acciones en favor del medio ambiente más grande que se haya realizado en el mundo, dijo el presidente Lasso al presentar la nueva área marítima de protección absoluta  en Galápagos. La reserva, establecida en 1998, crecerá hacia el norte sobre la cordillera submarina de Los Cocos (que nace en el archipiélago y se extiende hasta México) e implica no producción pesquera industrial, y al noroeste para evitar la pesca artesanal. RFI entrevistó a Mauricio Castrejón, especialista en conservación y pesca artesanal en áreas marinas protegidas, quien participó en la elaboración del proyecto de canje. RFI: ¿En qué consiste este trueque de deuda por conservación? Mauricio Castrejón: Una de las grandes críticas es, si se crea la reserva, ¿cómo se va a financiar? Porque existen muchas reservas que sólo están creadas en papel. Entonces la propuesta es financiar la nueva reserva a través de un canje de deuda. Se propone una reestructuración de la deuda equivalente a 1.000 millones de dólares, con ahorros en beneficios directos para el gobierno del Ecuador, que sumaban 635 millones de dólares, con la intención de crear un fondo de sostenibilidad para financiar la administración de esta nueva reserva en términos de control vigilancia. También para invertir en proyectos que promuevan la pesca sostenible, proyectos de certificación pesquera, emprendimientos de pesca, básicamente promover una economía azul. Este es el mayor canje de deuda en términos de monto que se realizaría en la historia. RFI: Otro gran interrogante es ¿cómo se va manejar este fondo? MC: Cuando se propuso este canje de deuda hubo críticas, inclusive de la Armada, de que esto iba a afectar la soberanía del país. No se está vendiendo la soberanía del país porque el Ecuador sigue manteniendo la administración sobre su zona económica exclusiva. Lo que se hace es administrar un fondo en donde sí hay participación de las personas que compran el fondo, o del grupo de inversionistas que compra el fondo junto con el gobierno, junto con el sector pesquero. RFI: La creación de esta nueva reserva marítima de 60.000 kilómetros involucra a los países vecinos directamente concernidos como Colombia, Panamá y Costa Rica. ¿Qué les corresponde a ellos? MC: Les corresponde hacer lo mismo que Ecuador, o sea, proteger estas rutas migratorias de los tiburones, de las tortugas, puesto que de nada sirve que se protejan aquí en Galápagos o en el Ecuador, si al final, cuando salgan de los límites de la zona económica exclusiva del Ecuador hacia Costa Rica, los van a pescar allá. Tiene que haber una armonización de las normas que protegen a este tipo de especies y dentro de esas normas está la ampliación de las áreas de protección de sus zonas críticas, es decir de migración, de alimentación, para asegurar una mayor supervivencia de estas especies y mitigar el potencial impacto de la pesca ilegal, que es la que regularmente los afecta. Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, afronta una crisis económica agravada por el covid-19 con una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB). Del total del pasivo ecuatoriano, un 15,6% corresponde a otros países, como Inglaterra, España, Estados Unidos, entre otros, según el Banco Central. Con AFP.

Con el 'boom' de los vehículos eléctricos, millones de baterías deberían llegar al final de su vida útil dentro de algunos años, por lo que el sector del reciclaje en el mundo se prepara para aumentar el ritmo. Entre todas las estrategias para reducir las emisiones de C02 en la lucha a contrarreloj contra el cambio climático, muchos países apuestan por los vehículos eléctricos. El Tesla Model 3 se convirtió en el primer coche eléctrico que lidera el mercado global automotriz en Europa, superando en ventas a los vehículos a gasolina. Pero frente al auge de los coches eléctricos surge la pregunta de cómo reciclar con las cientos de miles de baterías de litio que inundaran el mercado. Estas baterías, que pueden pesar hasta 500 kilos y representan hasta 50 por ciento del valor del coche son una mina de materiales. “Las baterías de litio de los coches eléctricos están formadas por unas láminas de metal que es 100% reciclable”, dice a RFI la directora de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, Alicia García-Franco. “Entre esas láminas de metal hay unos ánodos y unos cátodos que tienen otros metales, como níquel, manganeso y cobalto. Y en el ánodo tienen grafito, litio y electrolitos. Y son fácilmente reciclables. Pero hay que tomar en cuenta que por ahora, como las ventas de coches eléctricos no es muy alta, todavía no hay muchas baterías para reciclar”. Para hacer rentable su producción, se busca prolongar la vida útil pasando de ocho a 15 años en un coche, antes de que pierda potencia. El reciclaje es vital para reducir la demande mundial en 2040 de un 25% para el litio, un 35% para cobalto y níquel, y un 55% para cobre según el Instituto de Futuros Sostenibles en Australia. Pero el reciclaje no es barato. “Actualmente es un proceso costoso en euros, pero no es costoso para el medio ambiente, es decir, el medio ambiente no sufre en su reciclado”, dice García-Franco. “Lo que necesitamos es una economía de escala. Ahora  hay muy pocas [baterías]. Por ejemplo, en España el parque móvil es muy antiguo,  tiene 18 años, pero teniendo en cuenta un parque móvil de 10 ó 12 años, todo este boom que vamos a tener con el coche eléctrico, se reciclará dentro de 10 ó 12 años de su venta. El reto ahora es la recuperación del litio y del cobalto y su comercialización. Necesitamos esos metales para la fabricación, con lo que el reciclaje es muy bueno para volver a recuperar esos metales”. La Comisión Europea quiere imponer a los fabricantes un mínimo de compuestos reciclados en las baterías a partir de 2030: un 12% de cobalto, 4% de litio y 4% de níquel. Entrevista realizada por Hugo Passarello Luna. Con AFP.

Una niña de 11 años que fue violada en Bolivia por un miembro de su familia no pudo ejercer el derecho al aborto tras la intromisión de la Iglesia Católica y de asociaciones opuestas a la interrupción voluntaria del embarazo, según denunció la Defensoría del pueblo de Bolivia, que ha interpuesto varias denuncias judiciales para que se ponga fin a la gestación de la menor. Pero como el embarazo ya ha sobrepasado las 22 semanas, cada vez es más difícil que se pueda llevar a cabo una interrupción. La Casa de la Mujer, una asociación que pelea por la protección de los derechos de las mujeres en Santa Cruz, ha seguido de cerca el caso de la pequeña. Ana Paola García es la directora de la Casa de la Mujer. “La niña ha sido víctima de violencia sexual desde mayo de este año. Hace unos días, muy asustada, le dijo a su prima que sentía movimientos extraños en su barriga. Ahí es que su madre puso la denuncia ante la Defensoría de Yapacaní. La madre realizó todo el trámite para que a la niña le interrumpan ese embarazo, producto de la violación.” La menor acudió con su madre al hospital de Santa Cruz, donde se programó la intervención, que iba a llevarse a cabo con medicamentos. Pero la situación cambió apenas unas horas después, cuando la madre empezó a echarse atrás, presentando un desistimiento de la interrupción del embarazo. Lo acompañó de “una carta manuscrita de la menor, donde la niña establece que quiere ser madre. Estaban acompañadas de una abogada de una asociación religiosa y del arzobispado boliviano,” apunta Ana Paola García. “La niña en su primera entrevista psicológica [durante los preparativos al aborto] ni siquiera sabía lo que significaba estar embarazada. Ni siquiera podía pronunciar la palabra ‘bebé'. Lo único que decía es que quiere seguir estudiando, que quiere que todo esto pase, que le saquen lo que lleva dentro, porque ni siquiera puede referirse a lo que está en su vientre como a un bebé.” Ahora la niña se encuentra en un albergue de la Iglesia Católica para menores embarazadas. La defensoría del pueblo boliviano ha interpuesto tres demandas judiciales para que el aborto sí se lleve a cabo finalmente, pero como la menor ya llegó a las 22 semanas de gestación, quedan muy pocos días para que la interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo sin demasiados problemas. Sino, la gestación tendrá que seguir adelante, con todas las consecuencias que podría acarrear para la menor, como señala Ana Paola García. “Ya han salido médicos claramente a establecer que el cuerpo de una niña no da para albergar un embarazo de nueve meses. Tampoco se está tomando en cuenta el impacto en la salud mental de la menor. Mientras las otras niñas juegan, ella estará obligada a cuidar de un bebé. Es dramático y doloroso. En Bolivia se está vulnerando el derecho de una niña, se está forzando la maternidad infantil y eso es considerado tortura, no puede encubrirse. El Estado tiene que actuar. Se debe ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debe pedir responsabilidades al Estado boliviano si permiten que esta niña sea madre.” De su lado, la Iglesia defendió su posición antiaborto. "La persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación", indica un comunicado del arzobispado de Santa Cruz. Según la ley en Bolivia, "un aborto incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible". Sin embargo, precisa que "cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación (...) no se aplicará sanción alguna". "Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", indica el Código Penal boliviano. La oficina en Bolivia de Naciones Unidas instó a aplicar el "marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas", al argumentar que el embarazo de una niña "no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional". El violador se encuentra detenido en una cárcel policial y a la espera de un juicio. Podría enfrentar una sentencia de 15 a 10 años de cárcel. En 2020 en Bolivia se reportaron 1.308 casos de violación de menores y 51 infanticidios, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, algunos activistas creen que la cifra es mayor, ya que muchas familias no presentan una denuncia. Con AFP.

Las elecciones regionales venezolanas van a contar con al menos dos misiones de observación. Una a gran escala pilotada por la Unión Europea y otra de menor calibre, pero no menos interés, dirigida por el Centro Carter, una ONG fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Sus objetivos van a ser múltiples, en medio del reto electoral que se presenta en un país en crisis como Venezuela. La misión electoral de la Unión Europea en Venezuela, la primera en 15 años, comenzó a desplegar a sus observadores este jueves, cuando empezó oficialmente la campaña para los comicios regionales del 21 de noviembre. "Esta misión es independiente, imparcial, neutral", dijo la jefa de la misión, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, que acompañó la salida de unos 40 observadores de Caracas a otros estados del país. "Vamos a observar todo el proceso, desde la campaña, hasta el momento de votación; después el recuento, reclamaciones si hay y después producimos un informe". Santos subrayó que los "observadores no van a intervenir" en caso de problemas, como es habitual en este tipo de misiones tanto de la UE como de la ONU. Los observadores estarán en 23 de los 24 estados del país: solo Amazonas (sur) no estará cubierto por la misión antes de las elecciones. El 18 de noviembre, 34 nuevos observadores "de corto plazo" se unirán a la misión, que en total contará con más de 100 participantes. La Unión Europea pilota la misión de gran calado. Desde el Centro Carter, una ONG estadounidense con gran experiencia en defensa de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas en todo el mundo, se va a dirigir una mucho más pequeña. Apenas seis observadores formarán parte de un equipo que tiene unos objetivos claramente definidos. “En el mismo día [de las elecciones] no nos centraremos en el conteo porque no tendremos los medios humanos necesarios. Sí podemos analizar el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, su transparencia al divulgar los resultados. Tras la elección podemos analizar cómo se manejarán las quejas dentro del proceso,” apunta Jennie Lincoln, miembro de la misión. “El contexto está repleto de retos" El Centro Carter ha llevado a enviado una misión previa en Venezuela en el mes de octubre, donde dicen haber dialogado con la totalidad del espectro político. Según Lincoln, “escuchamos de boca de todos una voluntad de participar, con escepticismo, pero tras años de crisis, se ve la posibilidad de dar un paso adelante, de recuperar la democracia en Venezuela. Nosotros encontramos algo de esperanza en este ejercicio electoral. Hay problemas en el proceso, pero es un primer paso.” La misión del Centro Carter espera que su trabajo en el terreno pueda servir de cara a los próximos comicios. Respecto a los del mes de noviembre de 2021, Jennie Lincoln apunta que “el contexto está repleto de retos para la población de Venezuela. La oposición no ha tenido oportunidad suficiente para organizarse, de tener acceso a los medios, por ejemplo. Nuestra tarea es estudiar este contexto para ver qué impacto tiene en el proceso electoral. Contamos además con una mirada de futuro, para proponer reformas de cara a las próximas elecciones.” Las autoridades venezolanas se mostraron en el pasado reticentes a permitir la entrada de observadores internacionales independientes y optaban por "misiones de acompañamiento" de organizaciones afines al chavismo. La UE presionó, sin éxito, para desplegar una misión de observación en las legislativas de diciembre 2020, a las que la oposición no acudió y el oficialismo arrasó. La pandemia, la inseguridad y problemas logísticos como la escasez de gasolina, sobre todo en la provincia, destacan entre los obstáculos que tendrán que sortear los observadores. Con AFP. 

Indígenas de Ecuador, que marcharon y bloquearon varias carreteras el martes pese a un estado de excepción, anunciaron que continuarán protestando este miércoles, por segundo día consecutivo, contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso. Entrevista realizada por Carlos Pizarro. Con AFP. El poderoso movimiento indígena ecuatoriano le está echando un pulso al gobierno de Guillermo Lasso. En abierto desafío al estado de excepción que rige en el país, decretado la semana pasada por el presidente en respuesta a la violencia del narcotráfico, cientos de manifestantes bloquearon carreteras en algunas provincias de mayoría indígena. Reclaman soluciones para la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus y exigen al gobierno que se frene la subida del precio del combustible. “Los pueblos indígenas, los sectores populares, hemos, de manera respetuosa, garantizado el proceso de diálogo”, dice a RFI el presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza. “Pero luego de la pandemia hay una feroz crisis instalada. Realmente es insostenible en las economías precarias que tenemos los sectores populares. Por ello, con respeto, hemos llegado a la mesa del diálogo. Pero el presidente de la República no nos ha escuchado. Se ha puesto como idea central de que él no es el responsable. Pero hemos pedido que se responsabilice sobre la coyuntura de ahora, donde hemos pedido que no se incremente el precio de los combustibles. Hemos cedido hasta 50 centavos. Habíamos pedido que rebaje 9 centavos y congele allí el precio, pero el presidente después de esto, más bien incrementa el precio hasta llegar a 1,90 dólares. Es una cuestión muy agresiva a nuestras economías. Hemos pedido, además, que se declare en estado de emergencia los créditos vencidos de muchos sectores, de muchos compañeros que están articulando en diferentes actividades económicas. Sin embargo, el presidente no ha dado respuestas. Entonces hemos dicho que pare esta política de persecución. La gente no puede pagar porque la pandemia nos ha quebrado”. La agitación social llega a Ecuador en un momento delicado, cuando el gobierno intenta solventar un fuerte aumento de homicidios, más de 2.000 en lo que va de año. Y al mismo tiempo el presidente Lasso ha sido nombrado en la investigación de los llamados Pandora Papers por haber tenido dinero en paraísos fiscales. Una investigación que intenta retomar la asamblea nacional ecuatoriana, por el momento sin éxito. “El presidente Lasso realmente ha perdido su palabra”, dice Iza. “Tiene en este momento sobre él la responsabilidad de responder [sobre su] relación con los paraísos fiscales. Él incluso había manifestado que está dispuesto a demostrar al país, pero en el momento que la Asamblea le ha convocado, el señor Presidente no ha aceptado, no ha ido a la Asamblea [para dar explicaciones] al país. Es así que con eso ha ido perdiendo legitimidad frente a la población. Y lógicamente eso también le resta posibilidades para que interactúe con la Asamblea Nacional y puedan ir definiendo políticas en favor del pueblo”. El gobierno informó de 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado. Unos 1.500 manifestantes, de acuerdo con el coronel de la policía César Zapata -a cargo del operativo de seguridad-, participaron en la marcha en la capital. La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las protestas cerca del palacio de gobierno, que fue atacada a pedradas. La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron once muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020. Los indígenas, que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, y que representan un 7,4% de la población, exigen al gobierno que congele los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la gasolina corriente. Ecuador, que exporta petróleo pero importa combustibles, encara una crisis reflejada en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB) y un déficit fiscal de 5% del PIB, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo. En medio de la agitación, el gobierno presentará al Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que precaricen el mercado laboral.

En coincidencia con el día internacional por un aborto legal y seguro, los diputados chilenos aprobaron que se pueda legislar sobre la despenalización del aborto, una iniciativa trancada desde 2018. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género que impulsa esta iniciativa todavía no canta victoria pues debe lograr un proyecto de consenso y su aprobación en una Cámara dominada por hombres conservadores. La moción, que fue ingresada en el Congreso en 2018 por diputadas progresistas de la oposición, busca modificar la actual ley del aborto, vigente desde 2017, que solo lo permite en tres causales. Las tres causales son que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. El gobierno conservador de Sebastián Piñera se ha opuesto a reformar la ley de aborto. “Todavía no tenemos que cantar victoria porque lo que hicimos fue aprobar la idea de legislar en la Cámara”, dice a RFI la presidenta de la Comisión de Mujeres y Unidad de Género en la Cámara baja chilena, Maite Orsini. “Eso quiere decir que se ordenó a la Comisión de Mujeres tramitar el proyecto en particular y ahora lo que toca es generar un contenido que logre mantener la votación que tuvimos hoy día. Hay que tratar de conciliar ciertas posturas para lograr una indicación sustitutiva del proyecto de ley que permita que avance y pase al Senado. Pero no tenemos certeza de que así sea. Si hubiesen venido a la sala los diputados de derecha que no votaron, el proyecto se habría perdido. Fue una mayoría circunstancial que no sabemos si se va a repetir luego de que el proyecto sea tramitado en la comisión y vuelva nuevamente a la Cámara de Diputados. Todavía en Chile no hay aborto legal o despenalización del aborto, estamos caminando hacia eso. Dimos un primer paso en la despenalización del aborto. Un paso muy importante, porque no esperábamos que se aprobara la idea de legislar”. La actual ley de tres causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país, aseguran los movimientos sociales que consideran insuficiente la legislación actual. “Tenemos un Congreso que tiene una sobrerrepresentación de hombres y a conservadores, a pesar de que en Chile, según las últimas encuestas, 73% de los chilenos y chilenas están a favor de la despenalización del aborto”, dice Orsini. “En la Cámara hay una proporción mayoritaria de hombres y hay una proporción mayoritaria de conservadores, cuando en Chile los conservadores son minoría. En Chile la derecha conservadora está muy ligada a la Iglesia católica, defienden los intereses de la Iglesia Católica. Y además hay otro factor político relevante que es que nosotros tenemos elecciones presidenciales en dos meses y el candidato de la derecha se mostró abiertamente en contra del aborto. Entonces, si los parlamentarios votan distinto de como el líder de la coalición y su candidato presidencial, es muy fácil construir un relato de que el candidato le falta gobernabilidad y no se puede gobernar un país si uno no tiene gobernabilidad entre sus propios parlamentarios”. Hasta hace unos años era impensable que el Congreso chileno debatiera un proyecto de despenalización del aborto debido a la férrea oposición de la Iglesia católica. Sin embargo, la Iglesia ha caído en el descrédito en Chile por numerosos escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, lo que ha mermado su influencia en el debate público. Ahora solo el 20% de los chilenos confía en la Iglesia, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 'think tank' de tendencia liberal. El derecho al aborto está lejos de ser universal. Una veintena de países lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. En Estados Unidos, el aborto está contemplado desde 1973, pero varios estados restringen mucho esta práctica. En diciembre, Argentina aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras un histórico debate y se convirtió así en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana. En México está permitido en el estado de Oaxaca y en Ciudad de México. Con AFP

En Chile reina, por ahora, la indecisión entre los electores para la elección presidencial del próximo 21 de noviembre. Este miércoles 22 de septiembre arrancó la campaña de los siete candidatos que buscan reemplazar al presidente conservador Sebastián Piñera. Faltan dos meses para las elecciones generales en Chile y el juego nunca estuvo tan abierto desde el regreso de la democracia al país. Este miércoles 22 de septiembre empieza oficialmente la campaña con una indecisión del 50% de los votantes, según el Centro de Estudios Públicos, (CEP), un 'think tank' de tendencia liberal. Entre los favoritos se destacan el joven diputado de izquierda Gabriel Boric, el abogado de derecha Sebastián Sichel, y en tercer lugar la senadora Yasna Provoste, de la coalición de centroizquierda. El ambiente de la carrera electoral, está marcado por la pandemia de covid y la elección de una Convención Constituyente, hija del estallido social de octubre de 2019, en la que se impusieron independientes y la izquierda. El legado es una agenda progresista que podría beneficiar a dos candidatos. “Yo creo que beneficia a la candidatura de Gabriel Boric y de Yasna Provoste, que son dos candidatos de izquierda y de centro izquierda”, dice a RFI la politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. “Uno podría identificar estos candidatos con los partidos y los grupos políticos que históricamente han tenido una agenda más bien progresista, de cambios sociales dentro del contexto democrático”. La campaña arranca con una estrecha ventaja de Boric (13%), diputado de 35 años de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, que incluye al Partido Comunista. Le sigue con dos puntos menos Sichel, de 44 años, del gobernante bloque derechista Chile Vamos. Con 6% aparece la demócrata cristiana Provoste, expresidenta del Senado, que es apoyada por los partidos de la coalición de centroizquierda, incluido el Socialista. Hay otros cuatro candidatos con menos respaldo. El primer debate televisivo será este miércoles. “Hay dos temas que son importantes”, dice Figueroa. “Uno es la Seguridad Social, porque hay mucha  disconformidad por el sistema de previsión social que tiene Chile. Sobre todo durante la pandemia, porque los chilenos tuvimos que financiar la crisis económica con nuestro propio ahorros previsionales, por la ausencia de política gubernamental. Y además habrá un tema que es recurrente, que es la seguridad ciudadana.  Desde el estallido social y luego la pandemia, fue un tema al que se le dio una menor prioridad. Pero nuevamente, en las encuestas y en los estudios de opinión pública, aparece como un tema prioritario. Esos son los dos asuntos que me parecen importantes porque ayudan a bajar los niveles de incertidumbre. Otro tema es el económico, es decir, cuál es el plan de recuperación post pandemia”. En las elecciones primarias del 18 de julio, que convocó a 3,14 millones de ciudadanos, Boric se transformó en el candidato presidencial más joven en la historia de Chile, tras vencer al popular alcalde comunista del municipio capitalino de Recoleta, Daniel Jadue. En tanto, los electores de derecha se inclinaron por Sichel, que se postuló como independiente y, respaldado por el empresariado y Piñera, superó a Joaquín Lavín, alcalde conservador del pudiente municipio capitalino de Las Condes. La campaña viene precedida de una caída del apoyo hacia la derecha gobernante, pero la oposición de centroizquierda llegará dividida a los comicios entre Boric y Provoste. En los comicios del 21 de noviembre, a los que están convocados 14,7 millones de chilenos, también serán renovados el Congreso y los consejos de las 16 regiones del país. Las nuevas autoridades iniciarán su mandato de cuatro años el 11 de marzo. Con AFP.

La Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto en una votación unánime considerada histórica ya que abre la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento. "Con este criterio unánime (...) a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la corte y la constitución, procesar a mujer alguna que aborte" dijo el presidente de la corte, Arturo Zaldívar. El pleno de la corte sesionó durante dos jornadas para discutir un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del código penal del estado de Coahuila que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran y a quienes se lo facilitaran. Estos artículos fueron declarados inconstitucionales con el voto de los 10 magistrados presentes, lo que sienta jurisprudencia, es decir que los jueces de todo el país deberán aplicar el criterio establecido por este fallo. “[La decisión] significa que el trabajo que hemos realizado todo este tiempo se ve finalmente cristalizado en algo que nosotros hemos plasmado en los consultorios médicos y en las salas de procedimiento, dando el derecho a las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas”, dice a RFI José Luis Mendoza, médico fundador del Colectivo de Asociaciones Mexicanas por la Interrupción Legal del Embarazo (CAMILE). “En Ciudad de México recibimos a mujeres de todo el país y de toda América Latina que vienen a buscar atención. La ley contempla que todas las mujeres de este país tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus embarazos, dependiendo de sus condiciones particulares. Esto es un avance inminente en la ley para despenalizar el aborto en todo el país”, agrega Mendoza quien lleva 27 años trabajando por los derechos reproductivos de la mujer. Un comunicado de la corte detalla que "es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta", es decir que no se establece, como se esperaba, un plazo de determinadas semanas para interrumpir el embarazo. México, donde el 77% de la población es católica, es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas, a través de los amparos, cuando contravienen fallos de la Suprema Corte que sientan jurisprudencia como el de este martes. Una fuente judicial explicó que esta sentencia tiene alcance nacional ya que permitiría que mediante un recurso de amparo mujeres que residen en estados donde está penalizado el aborto puedan acceder al mismo por orden de un juez. “Lo que nosotros llamamos la interrupción legal del embarazo con medicamentos es una realidad en todo el país, en toda América Latina y en todo el mundo”, dice Mendoza. “Tenemos experiencias en América Latina muy bien fundamentadas que permiten la interrupción del embarazo de manera digital, es decir que las mujeres pueden comprar los medicamentos en sus localidades y con base en la guía que damos por lo que llamamos telemedicina o medicina a distancia, se les puede recomendar medicamentos y todos los pasos a seguir que permiten la interrupción del embarazo de manera segura, con directrices virtuales.” El Colectivo CAMILE también hace votos para que se determine la responsabilidad de los hombres en los casos de embarazos no deseados. Por ahora, no hay ninguna ley que les obligue a rendir a cuentas ante la justicia mexicana. Este fallo de la Suprema Corte contrasta con la situación en Texas, en Estados Unidos y vecino de México, donde la semana pasada entró en vigor una ley local que restringe el derecho a abortar hasta las seis semanas. El aborto en América Latina es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Guyana, mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití son los más restrictivos pues no le permiten bajo ninguna circunstancia. En los demás países de la región el aborto solo está permitido en caso de que la vida de la mujer corra peligro, o en algunos casos por violación o por inviabilidad del feto. Con AFP.

Mientras Rusia y China y Pakistán han dado muestras de simpatía hacia la toma de poder por parte de los talibanes en Afganistán, varios países de Occidente y de la OTAN muestran preocupación ante el tipo de Gobierno que este grupo pueda imponer en el país. La nueva generación de talibanes combina una vertiente diplomática forjada en los últimos años con una amalgama sobre terreno que va desde jóvenes sanguinarios sin educación hasta antiguos presos de Guantánamo  ¿Cómo relacionarse a partir de ahora con los talibanes que han tomado el poder en Afganistán? ¿Cuáles son las líneas rojas con un grupo con historial tan sanguinario y de violaciones de derechos humanos? Este es el gran dilema al que se enfrenta a partir de ahora la comunidad internacional.  "Cualquiera que quiera usar nuestro territorio contra otros países no se lo vamos a permitir en absoluto", insistió el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, en una intervención el pasado martes en la que repitió en tono conciliador que Afganistán busca buenas relaciones con todos los países. Pero los esfuerzos del grupo insurgente para abrir el diálogo con el mundo no han sido bien recibidos por varios países y organizaciones. Los talibanes "serán juzgados por los hechos, no por las palabras". Este es el tono de las declaraciones de los líderes occidentales el miércoles, desde el primer ministro británico Boris Johnson hasta el canciller francés Jean-Yves Le Drian Entrevistada por RFI, la periodista Pilar Requena, autora del gran ensayo "Afganistán" y muy conocedora del país sobre terreno, describe una doble faceta del grupo: la cara más "amable y diplomática" que el grupo ha aprendido durante los últimos años, y otra sobre terreno configurada por una amalgama que va desde jóvenes analfabetos que apenas han aprendido el Corán sin saber leer o escribir hasta miembros de la pasada generación de talibanes que pasaron por Guantánamo. La incógnita será a partir de ahora ver si toda esta amalgama tiene capacidad de gestionar el poder tomado según nos relata la experta.  Entre tanto, los insurgentes recibieron un saludo más cálido por parte de naciones como Rusia, China y Turquía, cuyos gobiernos ya han dado la bienvenida a las primeras declaraciones públicas del grupo Talibán.   Lavado de cara mediático El uso de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales lo pone de manifiesto: los talibanes quieren ahora mostrar una nueva cara, demostrar que en 2021 el movimiento no es el mismo que en 2001. Firouzeh Nahavandi es socióloga y profesora de la Universidad Libre de Bruselas. Según ella, "ellos (los talibanes) han modernizado su discurso. Ahora están muy familiarizados con todas las tecnologías de la comunicación. Quieren mantener buenas relaciones con la comunidad internacional y los países de la región”. “Pero básicamente, el discurso sigue siendo muy dogmático. Las palabras del portavoz talibán del martes demuestran que no hay un cambio real de doctrina", apunta Firouzeh Nahavandi, autora de un libro titulado Afganistán (Editorial De Boeck). "Cada vez que él decía algo a favor de las mujeres, de que pudieran salir, trabajar e ir a la escuela, era inmediatamente contrarrestado por (la expresión) 'en el marco del Islam, en el marco de nuestros valores'...". Se trata de una evolución dictada por el pragmatismo, las lecciones de un primer fracaso de ejercicio del poder, pero que por el momento se esfuerzan por convencer en Afganistán y en el extranjero. Por el momento, sólo Rusia ha mencionado "señales alentadoras" de los talibanes. (Con AFP)

La crisis migratoria y humanitaria en la frontera con Colombia y Panamá se agudiza con el paso de los días. En lo que va del año 49 mil migrantes entre hombres, mujeres, niños, familias enteras, provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, intentan cruzar la tupida y peligrosa selva de Darién en su ruta hacia Estados Unidos. El objetivo: realizar el sueño americano. Desde hace varias semanas, miles de migrantes, entre ellos menores de edad y mujeres embarazadas, aguardan en el puerto colombiano de Necoclí embarcaciones que los lleven hasta la frontera con Panamá para atravesar el Darién. Este corredor selvático de 266 km entre Colombia y Panamá se ha convertido en paso obligado para la inmigración irregular que desde Sudamérica trata de llegar hasta México, Estados Unidos y Canadá. El Monseñor Hugo Marín de la diócesis de Apartado en Colombia conversó con RFI y cuenta que muchos de los migrantes viven un gran suplicio al tratar de pasar la inhóspita selva del Darién, “El camino es muy tortuoso porque hay mucha montaña, el camino es empantanado, un rio con mucha crecida a veces, el migrante se extenúa con esas jornadas tan largas, es un camino que lo recorren en dos días del sitio donde desembarcan hasta la frontera, entonces son más de cinco horas de viaje”.   Según Panamá unos mil migrantes "irregulares" cruzan el Tapón del Darién cada mes. Por su parte, las autoridades colombianas denuncian redes internacionales que trasladan a los migrantes de Chile -u otros países del continente- al departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, donde "mafias" les cobran hasta 300 dólares para llevarlos a los límites con Panamá. "No permitiremos que ninguna persona, ni ningún grupo al margen de la Ley, busque aprovecharse de los migrantes (....) para conseguir recursos que alimenten actividades ilícitas" advirtió Diego Molano; Ministro de Defensa de Panamá. Politicas de migración justas Por su parte, Gustavo Peralta del Centro de Asistencia Legal Popular (Cepal) de Panamá mencionó que los países involucrados en esta crisis deben desarrollar políticas de migración justa que permitan una adecuada organización del flujo migratorio. “Las instituciones deberían identificar primero la condición humana de cada uno de ellos y ver como se los puede atender en los centros migratorios, y que se le trate dignamente [...] Lo que deben entender los gobiernos es que el paso de personas no va parar, ellos van a salir de sus países de origen por una u otra necesidad. Buscar un control es aplicar dentro de cada país, una política de migración adecuada” comentó a RFI Por otro lado, los pobladores de la localidad de Necoclí celebran la presencia de los migrantes porque dinamizan la economía del pequeño puerto turístico castigado por la pandemia. Los migrantes arriendan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de un cupo en la docena de botes que a diario cruzan el golfo de Urabá, uno de los principales puntos de tránsito de migrantes que buscan cruzar a pie hacía Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón del Darién, con rumbo a Centroamérica. Panamá pretende alcanzar con Colombia un acuerdo similar al que tiene con Costa Rica, mediante el cual, un número determinado de migrantes son trasladados diariamente de manera controlada hacia la frontera costarricense con el permiso de San José para que puedan continuar su periplo. Según datos oficiales, desde hace una década más de 140.000 migrantes irregulares cruzaron el Darién. Aunque la pandemia del covid-19 redujo al mínimo el tránsito por esta ruta, en 2021 se ha vuelto a disparar de manera progresiva.     Con AFP 

Costa Rica recuperó 1.305 piezas de arte precolombino que habían sido sacadas del país a finales del siglo XIX y se encontraban en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Esta repatriación muestra lo importante que es contar con acuerdos bilaterales de protección de patrimonio. "Fue un proceso que inició desde el 2010, cuando Brooklyn nos alerta de si queremos recuperar esos objetos, que en su momento se los llevaron por falta de regulación. Hicimos un gran esfuerzo, porque hubo muchas trabas que fueron desde financiamiento hasta la pandemia. Pero finalmente lo logramos ", explicó el miércoles la portavoz del Museo Nacional de Costa Rica, Wendy Segura. En la colección destacan una lápida de mediano tamaño y un metate (plancha rectangular de piedra) con una figura de felino, así como vasijas, jarrones y utensilios domésticos. También piezas de piedra como espigas y esculturas de bulto de la zona sur del país, metates de Guanacaste, en el Pacífico, y otras de origen sukia (nombre de una etnia indígena), del Atlántico. Para Javier Falla, del departamento de arqueología del Museo Nacional de Costa Rica, una de las piezas que más se destaca es una lápida de aproximadamente metro y medio de largo. Una piza que permite ver “cuáles eran las etapas que los artesanos llevaban a cabo para elaborar esos objetos tan monumentales”. Acuerdos bilaterales Esta entrega se trata de la segunda parte de una repatriación que totaliza 2.286 piezas. La primera entrega fue en 2011, cuando se enviaron 981 artículos. Para el arqueólogo del Museo Nacional, la existencia de acuerdos bilaterales para la protección del patrimonio es muy importante y decisivo para lograr las repatriaciones.  Esto también ayuda a gestionar con los países que tienen estos acuerdos el impedimento de subastas con piezas ilegales, “A veces Costa Rica realiza las gestiones adecuadas para denunciar estas ventas ilegales, pero al no contar con una legislación en ciertos países dificulta paralizar o detener alguna subasta”.  El empresario estadounidense Minor Keith, quien entre 1877 y 1890 construyó el ferrocarril que cruza desde la capital San José hasta la provincia de Limón, en el Caribe, fue quien llevó las piezas precolombinas a Estados Unidos. Una vez estas piezas sean acondicionadas serán objeto de una exposición, en la nueva sala de historia precolombina del museo y otras serán objeto de investigación y divulgación.  Por su parte, la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán de Costa Rica, señalo que "la recuperación de estas piezas arqueológicas significa recobrar fragmentos de nuestro pasado que cruzaron nuestras fronteras cuando todavía no contábamos con una legislación que lo impidiera". Según un informe del Departamento de Protección del Patrimonio de EEUU, la colección que reunió Keith estaba formada por más de 16.000 objetos y se mantuvo junta hasta 1914, cuando una parte fue prestada al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Otro tanto fue vendido o donado al Museo del Indio Americano, la Fundación Heye y al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian y, luego de la muerte de Keith (en 1929), su esposa donó varios objetos al Museo de Brooklyn.   Con AFP

La Suprema Corte de México abrió la puerta a la interrupción legal del embarazo sin límite temporal en casos de violación, al declarar inconstitucional un artículo del código penal del estado Chiapas (sur) que impidió abortar a una menor con parálisis cerebral severa. En el estado de Chiapas, negar el acceso al aborto a una menor con parálisis cerebral en condiciones de pobreza y marginación, bajo el argumento de encontrarse fuera de los 90 días proscritos por la ley, fue un hecho que motivó a la Suprema Corte de México a declarar inconstitucional el artículo del código penal de ese estado que fijaba un límite de acceso al aborto en casos de violación. Una decisión que es saludada por diversas organizaciones de defensa al aborto libre. “Esto ayuda a quitar esa despenalización y entonces le da el acceso [al aborto] a las mujeres”, dice a RFI el doctor Alfonso Carrera, director de la Fundación Marie Stopes Mexico, defensores de la salud sexual y reproductiva. “En caso de violación ya no hay un plazo y eso permite que ahora todos los médicos no obtengan una limitante de una barrera legal.  En cada uno de los estados mexicanos, existen razones para hacer un aborto necesario, pero no deberíamos estar discutiendo porque en toda la República de México ya está acpetado hacer la interrupción [del embarazo] por violación. Y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia avala lo que ya se ha dicho, que se desprende de la Ley General de Víctimas. Entonces hay que ayudar a todas, no solamente a la mujer violada, que tiene una prioridad porque es una urgencia”. La Primera Sala del tribunal concedió un amparo a la demandante quien también enfrentaba "condiciones de pobreza y marginación" y a quien se le negó la posibilidad de abortar en un hospital público. El director del Hospital General de la ciudad de Tapachula rechazó atender a la víctima "por encontrarse fuera del plazo de 90 días después de la concepción, establecido en el artículo 181 del Código Penal" estatal, explicó la Suprema Corte en un comunicado. "La limitación temporal prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida", consideró la Corte. Determinó además que un juez de distrito de Chiapas, que rechazó inicialmente el amparo, analizó incorrectamente el caso pues no valoró las particularidades de la víctima y no actuó conforme a los lineamientos relacionados con perspectiva de género. El juez distrital tampoco se pronunció sobre la necesidad de aplicar ajustes razonables al procedimiento, ni tomo en cuenta que al momento de la violación la víctima era menor de edad, alegó la Corte. "La Sala concluyó que la negativa de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre", agrega el comunicado. La Corte ordenó que ambas sean reparadas por el daño sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. El aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México pero la mayoría impone un límite temporal de 12 semanas o 90 días para realizarlo. En mayo pasado, el Congreso de Ciudad de México aprobó extender el plazo de 12 a 20 semanas de gestación. “El tema que ya tenemos tratando de lograr es que se despenalice el aborto”, dice Carrera. “El único aborto que debiera ser penalizado sería el forzado, donde la mujer no quiere interrumpir y que la obliguen, eso debería ser penalizado”. La interrupción legal del embarazo por libre decisión de la mujer solo está permitida en Ciudad de México y en los estados Oaxaca (sur) e Hidalgo (centro). Con AFP.

Ante la crisis que afronta Haití, el gobierno de la vecina República Dominicana decidió el cierre inmediato de los 380 kilómetros de frontera entre ambos países en la isla La Española, además de activar un plan de emergencia que incluye refuerzos militares en cielo, tierra y mar. El presidente dominicano, Luis Abinader, condenó el magnicidio, ejecutado por presuntos mercenarios extranjeros en una operación en la que resultó herida la primera dama haitiana. Abinader convocó de urgencia al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, conformado por el alto mando militar y funcionarios civiles de seguridad, para discutir la situación y activó un plan de emergencia, que incluye refuerzos militares en la frontera. “Para la República Dominicana, el asesinato del presidente Jovenel Moise genera mucha tensión debido a que compartimos la isla La Española”, dice a RFI el politólogo, Juan Gonzales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. “Haití es nuestro principal socio comercial. Y además, somos el principal receptor de inmigrantes haitianos. La inestabilidad en Haití va a provocar siempre preocupación, porque se teme un éxodo de inmigrantes haitianos a nuestro territorio. También es el segundo destino de nuestras exportaciones, más o menos unos 800 millones de dólares”. La presidencia dominicana suspendió "hasta nuevo aviso las actividades de los mercados binacionales en las provincias fronterizas". “Es necesario [tomar estas medidas] porque el contexto no [nos permite conocer] la situación real en Haití”, dice Gonzales. “Por lo tanto, como medida preventiva, lo correcto que puede hacer el presidente de la República [es cerrar la frontera]. Desde hace unos meses la situación es muy precaria en Haití por la crisis político electoral. Además la pandemia que afectó la organización de elecciones en 2020. A esto se suma la crisis de seguridad, las pandillas en Haití que cada día toman más fuerza. La mayoría operan en la zona metropolitana. Se calcula que hay 162 grupos armados, alrededor de 3000 personas integran estas pandillas y luchan entre ellos para controlar territorios”. Haití y República Dominicana tienen una porosa frontera de 380 km, por donde pasa un enorme flujo irregular de inmigrantes haitianos buscando mejores trabajos, principalmente en turismo o manufacturas. Aunque, desde el puente fronterizo, este martes no se veían los migrantes que comúnmente cruzan de forma irregular la frontera a través del río Masacre. Cuatro soldados custodiaban con armas largas el portón blanco fronterizo que da acceso al mercado binacional Dajabón, una especie de zona franca antes de llegar a la aduana, constató la AFP. El puente que lo conecta desde Haití también estaba desolado. "Todo se desarrolla con normalidad, con tranquilidad", dijo a periodistas en Dajabón el general Miguel Ángel Burgos, comandante de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército. Unos 9.800 efectivos dominicanos custodian la línea de frontera, "más que suficientes para reforzar o dar una alerta temprano a cualquier eventualidad que podamos enfrentar", añadió Burgos. Actualmente la frontera cuenta con cuatro pasos formales, vigilados por las Fuerzas Armadas, pero sobran las zonas vulnerables a la migración ilegal y al contrabando. En República Dominicana, con 10,5 millones de habitantes, viven cerca de 500.000 haitianos, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Tidro Perit Frere, un haitiano de 31 años que vive desde hace 17 en Dominicana, dijo a la AFP estar sorprendido por el magnicidio. "Para ellos llegar adonde el presidente tienen que pasar todos los seguridad y entonces solamente es el presidente que se muere. Para mí eso está muy raro", señaló. "No quiero viajar a un país así. Estoy esperando a que la cosa mejore y así yo podré viajar para visitar a la familia". El gobierno anunció además la aplicación de un plan de seguridad, que entre otras cosas impide "la concentración de nacionales haitianos indocumentados en territorio dominicano".   "Salvar la democracia"   Moise, que gobernaba por decreto el país más pobre del continente americano, fue asesinado a los 53 años por un grupo que se hizo pasar por agentes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y cuyos miembros, según el embajador haitiano en Washington, Bocchit Edmond, probablemente huyeron a República Dominicana. El asesinato de Moise ha recibido un amplio rechazo internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el jueves, mientras que la OEA expresó su apoyo a la democracia haitiana en una sesión extraordinaria este miércoles. Estados Unidos, que condenó el "horrible" asesinato, exhortó por su parte a seguir adelante con las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 26 de septiembre. El embajador haitiano en Santo Domingo coincidió. "Tenemos que ir a las elecciones para tener el 7 de febrero un nuevo gobierno", dijo en una rueda de prensa. "Tenemos que ir por este orden democrático y salvar la democracia". El primer ministro haitiano, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y dijo estar ahora a cargo del país, e hizo un llamado a la calma. Con AFP.

Sin fecha confirmada, la Unión Europea enviará a Venezuela una "comisión técnica" para evaluar si en las elecciones regionales del 21 de noviembre estará presente una "misión de observación". La decisión del gobierno de Maduro, de permitir esta primera visita de especialistas europeos, despierta varias preguntas políticas. La llegada de una comisión técnica de expertos europeos, motiva una serie de preguntas sobre las implicancias a largo plazo de esta apertura del  gobierno de Nicolás Maduro a observadores internacionales. “Venezuela está tratando de mejorar las relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos”, dice a RFI Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de reflexión con sede en Washington. “Creo que el régimen del país está sufriendo mucho por el aislamiento diplomático y por las sanciones económicas.  Entonces quiere mostrar su buena voluntad y legitimidad frente a la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo quiere mantener control y poder absoluto”. En 2020, la UE había enviado a Caracas una misión para convencer a las autoridades venezolanas de postergar las elecciones legislativas de ese año por un plazo de "cinco o seis meses" a fin de desplegar una misión de observación electoral. Pero los esfuerzos no prosperaron y los comicios se realizaron, pese al boicot del líder opositor, Juan Guaidó y sus aliados, dejando el camino libre al chavismo que recuperó el control del Parlamento con una aplastante mayoría. “Creo que la Unión Europea está con otro ánimo, busca avanzar en un acuerdo político”, dice Shifter. “Y también ha habido algunos gestos por parte de Maduro, como tener dos miembros de la oposición en el Consejo Electoral. Y otras concesiones que han sido documentadas en el último informe de Michelle Bachelet. La Unión Europea quiere reconocer esas pocas concesiones para ver si se puede construir sobre ellas y crear condiciones mínimas para la participación de la oposición en las elecciones regionales”. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rehabilitó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza opositora que ganó los comicios legislativos de 2015 y rompió 15 años de hegemonía chavista en el Parlamento. Estuvo tres años prohibida. Previamente fue designado un nuevo CNE que abrió espacio a directivos vinculados con la oposición, sin comprometer la mayoría oficialista del ente. Maduro también prometió respetar toda victoria de sus adversarios y eliminar la figura de los "protectores", funcionarios chavistas que asignaba en regiones donde triunfaba la oposición. Pero hay señales contradictorias: el sábado fueron imputados por "traición a la patria, terrorismo e incitación al odio" activistas críticos de Maduro que rechazan la respuesta del Estado ante grupos armados colombianos en la zona fronteriza. Y el viernes, Maduro acusó a la CIA y al ejército estadounidense de planear su asesinato, preguntándose si el presidente demócrata Joe Biden lo había autorizado. “Políticamente tiene sentido mantener la desconfianza [hacia los gestos de Maduro], reconociendo que es una dictadura”, dice Shifter. “Pero también hay cierto incentivo por parte de Maduro de negociar en este momento y que pueden aprovechar para ver si se puede crear un proceso serio en Venezuela. Es la única manera para salir de esta tragedia”. La UE considera que el Parlamento elegido en 2015, y cuyo período venció en enero de 2021, es "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral" y más temprano, junto a Estados Unidos y Canadá, mostró su disposición a "revisar" las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en si una negociación liderada por venezolanos mostraba progresos hacia la realización de elecciones libres. Ahogado por sanciones que incluyen el embargo del petróleo venezolano, Maduro ha pedido su "levantamiento inmediato" para negociar en medio de una crisis sin precedentes, marcada por ocho años de recesión y una reducción del PIB del 80% desde 2014. En paralelo se acercan los comicios de alcaldes y gobernadores, en noviembre, con los que Maduro quiere recuperar su reconocimiento internacional, en entredicho por la oposición y unos cincuenta países tras su reelección en 2018. La dividida oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, enfrenta el dilema de participar o no. Con AFP.

El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió el lunes 5 de julio en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena. Después de cuatro meses de inicio del juicio oral un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable al ejecutivo de la compañía hidroeléctrica DESA, Roberto David Castillo Mejía, como coautor por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016 en el occidente de Honduras. Cáceres fue asesinada por encargo de DESA al oponerse con manifestaciones a la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia. “Nos sentimos muy alegres y que hemos cumplido con la memoria y el símbolo de nuestra amada y compañera Berta Cáceres”, dijo a RFI A la salida de los juzgados Berta Zúñiga, la hija de la ambientalista asesinada, y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). “Contra todos los obstáculos, contra un sistema de impunidad, contra la presión de los grupos económicos oligárquicos de este país, hemos logrado un fallo condenatorio al presidente de la empresa DESA, constructora del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca. Y a pesar de todos esos obstáculos, lo hemos logrado no por la voluntad del sistema de justicia, sino por todos los esfuerzos a nivel jurídico, a nivel de la movilización social, a nivel de los pronunciamientos que tantas organizaciones y tantas personas han hecho condenando este vil crimen”. La lucha de su familia ha sido constante para que el caso no se quedase en impunidad luego de la condena contra siete personas que fueron los responsables materiales del crimen y ahora la reciente sentencia de Roberto David Castillo, como uno de los autores del crimen. “Este proceso sólo es un paso en el camino hacia la justicia y sabemos que hacen falta la autoría intelectual”, dice Zúñiga. “Deben ser enjuiciados los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas mayoritario del proyecto hidroeléctrico”. El tribunal convocó para el 3 de agosto la audiencia que definirá los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point. Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos, comprobado con las evidencias aportadas por la fiscalía. “Es un mensaje de la capacidad que tenemos los pueblos de romper con la impunidad que imponen estos sistemas, con sus limitaciones”, dice Zúñiga. “Que tienen problemas también para reconocer a las víctimas. El papel y el rol que debemos jugar como víctimas activas es exigir justicia. Sobre todo bueno en nuestro país, donde ha habido tanta impunidad, donde tantos líderes sociales y defensores de los territorios han sido asesinados y que eso queda en el silencio”. Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del 2 de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda. Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a la ambientalista. Los propietarios de la compañía son prominentes banqueros con grandes influencias en el país centroamericano. Respaldo de empresarios En su declaración en el juicio oral y público, que duró 48 días, Castillo agradeció el apoyo del Cohep, organismo cúpula de los empresarios hondureños, y de la asociación de empresas de energía renovable, lo que ocasionó preocupación en el equipo de abogados acusadores por la influencia de esos organismos en el proceso. Unos sesenta eurodiputados habían reclamado en una declaración la semana pasada al Estado hondureño "que cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto". En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciados en diciembre de 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015. Con AFP.

La legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo austral de Argentina, aprobó el miércoles 30 de junio por unanimidad la prohibición de la salmonicultura industrial en el canal Beagle, por considerarla una amenaza para su economía y para el medioambiente. Argentina se convirtió así en el primer país que se pronuncia en contra de ese tipo de producción industrial. En el año 2018 el gobierno argentino y el de Tierra del Fuego firmaron convenios con Noruega, mayor productor de salmón en el mundo junto a Chile, para desarrollar la salmonicultura, es decir la producción industrial de salmones, en el Canal Beagle. Pero los detractores de este tipo de producción se movilizaron, denunciando una industria nociva, con graves daños en los fiordos chilenos, según las organizaciones ambientalistas. “Son como jaulas gigantes que tienen el tamaño de una cancha de fútbol, de superficie, y hacia abajo pueden tener hasta 80 metros”, dice a RFI David López Katz integrante del programa "Sin Azul no hay verde", de la Fundación Rewilding Argentina. “Adentro tienen miles de salmones que pueden pesar desde 1,5kg hasta casi 7kg en promedio. Se tira al interior de las jaulas alimento balanceado, pero los salmones solo alcanzan a consumir un 30% del alimento. Todo lo demás cae al lecho marino. Esto va generando como una capa que prohíbe el acceso de la luz, pudiendo permitir que coexistan otras especies que allí viven como moluscos, crustáceos y otros peces. Además, el salmón, es una especie para poder vivir en ese hacinamiento requiere de muchos antibióticos. Así como se hace con los pollos y con los cerdos cuando se producen de manera industrial, para poder vivir de esa manera necesitan muchos antibióticos por las enfermedades que generan. [Los antibióticos] también va decayendo al lecho marino y contaminando todo lo que está a su alrededor. Esto genera lo que se le llama mar anóxido. Son espacios que empiezan a tener ausencia de oxígeno y no permiten la vida de otros organismos. Entonces las salmoneras se van moviendo a medida que van impactando los sectores para para poder permitir la vida del salmón”. Chile lleva décadas con la salmonicultura, produce el 38% del salmón mundial y se ha convertido, como el cobre, en un pilar de su PIB. El país exporta salmón por más de 5.000 millones de dólares al año y de su industria dependen 70.000 empleos, 20.000 directos. Pero en abril 2021, 5.000 toneladas de salmones murieron por la aparición de algas nocivas, lo que provoca la reducción del oxígeno en el agua y con ello la asfixia de los peces. “Idealmente, [las salmoniculturas] siempre están en zonas de poca incidencia de la marea, del clima, como son los fiordos, como las zonas que tenemos acá en la Patagonia chilena y en Tierra del Fuego, Argentina”, dice López Katz. “Eventualmente, cuando hay una tormenta, se rompen estas jaulas y se genera la fuga de miles de salmones. Una especie que no es autóctona del hemisferio sur, viene del hemisferio norte, como Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. Entonces, una especie introducida en un volumen tan alto, de manera espontánea, repentina, genera un desequilibrio gigante en el ecosistema . A pesar de que la industria no opera cerca, hoy en Tierra del Fuego cuando pescamos a veces atrapamos un salmón. Y está claro que estos salmones llegaron desde Chile, estamos hablando de quizás miles de kilómetros. Estos salmones, con el tiempo, fueron esparciéndose por la Patagonia y por los fiordos hasta llegar acá. Y van desplazando especies autóctonas, porque el salmón es muy voraz y compite con peces locales”. "Industria agresiva" La prohibición del cultivo intensivo de salmónidos abarca las aguas jurisdiccionales marítimas y lacustres de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una provincia con una población de unos 175.000 habitantes, precisó el autor de la norma, del Movimiento Popular Fueguino, un partido local. Solamente se autoriza el cultivo y siembra de truchas para fomentar la pesca deportiva, una atractivo turístico y no industrial, muy reconocido en la zona. Una de las caras visibles de la campaña fue el chef fueguino Lino Adillón, emblema de la defensa de los recursos naturales de la provincia y que dejó hace años de ofrecer salmón en su restaurante. Las salmoneras son "como la industria de la muerte, donde ganan plata tres o cuatro pícaros. Es tanto o más agresiva esa industria que la minería", sostiene Adillón que asegura que en la zona hay "productos como róbalo, pejerrey, abadejo, sardinas, cojinova, merluza negra que pueden suplir al salmón". "Hoy, Ushuaia (capital fueguina) está protegida de una industria nociva que ha generado graves daños a los fiordos chilenos y ha impactado seriamente en las comunidades locales durante décadas", agregó la organización ambientalista Greenpeace. Con AFP.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa (Pnat) abrió una investigación por "encubrimiento de crímenes de lesa humanidad" contra cuatro gigantes del sector textil, incluyendo el español Inditex y la empresa japonesa Uniqlo, acusados de haberse beneficiado del trabajo forzado de los uigures en China. La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada en abril por la asociación anticorrupción Sherpa, el colectivo Ethique sur l'étiquette (Ética en la etiqueta), el Instituto uigur de Europa (IODE) y una persona de esta minoría musulmana que estuvo internada en un campo de trabajo en la provincia de Xinjiang (noroeste de China). “La apertura de esta investigación es muy importante porque es la primera vez que la justicia va a considerar la responsabilidad de estas multinacionales en estos crímenes contra la humanidad y obtener beneficios de esta situación”, dice a RFI Nayla Aljaltuni, Directora del Colectivo Ethique sur l'étiquette. Esta denuncia forma parte de una serie de iniciativas lanzadas en todo el mundo por defensores de derechos humanos a favor de los uigures. “La denuncia penal es contra cuatro empresas”, dice Aljaltuni. “La primera es la empresa española Inditex, que tiene entre otras a la marca Zara o Pull&Bear. Otra compañi es Uniqlo. Esta también la multinacional francesa SMCP que tiene marcas como Sandro, Maje, Claudie Pierlot. Y la última es Skechers USA. Son empresas de textil o de zapatos que se aprovisionan en la región autónoma Uigur de Xinjiang. El gobierno chino hace unarepresión drástica, terrible contra la población que no puede practicar su religión. Están encerrados en campos, donde hay torturas. El vínculo directo con esta denuncia es el trabajo forzado de entre un millón a dos millones de uigures que están en campos de trabajo o forzados a trabajar para estas empresas. Ese el objeto principal de esta denuncia”. El supuesto maltrato hacia esta minoría, principalmente musulmana, que representa poco menos de la mitad de los 25 millones de habitantes de Xinjiang, es objeto de una confrontación cada vez más acalorada entre Occidente y China. Varios países, incluido Estados Unidos, evocan un "genocidio" y oenegés acusan a Pekín de haber internado desde 2017 a más de un millón de uigures en centros de reeducación política. Pekín rechaza esta cifra y asegura que se trata de "centros de formación profesional" destinados a distanciar a los uigures del islamismo y el separatismo tras una serie de atentados que les han sido atribuidos. Varias empresas del sector textil, como el japonés Uniqlo, el sueco H&M, el estadounidense Nike o el alemán Adidas, se comprometieron el año pasado a no usar algodón proveniente de Xinjiang. Los demandantes se basan principalmente en un informe publicado en marzo de 2020 por la oenegé australiana ASPI (Australian Strategic Policy Institute) que alertaba sobre la presencia de miles de uigures en campos en China donde son sometidos a trabajos forzados, sobre todo en los campos de cultivo de algodón. Las asociaciones también creen que las empresas apuntadas no hacen esfuerzos suficientes para garantizar que sus subcontratistas no estén involucrados en la persecución de los uigures. Uniqlo rechaza acusación La marca japonesa de ropa Uniqlo afirmó este viernes que no ha utilizado el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Uniqlo dijo en una declaración a la AFP que todavía no se le ha notificado la investigación sobre las acusaciones Cuando reciba la notificación, "cooperaremos plenamente con los investigadores para reafirmar que no hay trabajo forzado en nuestras cadenas de suministro", añadió la marca. Uniqlo recordó que llevaba a cabo inspecciones con terceros para garantizar que sus proveedores no violan los derechos humanos. Esos controles "no aportaron pruebas de trabajo forzado ni de ninguna otra violación de los derechos humanos entre ninguno de nuestros proveedores", agregó la empresa japonesa, señalando que si hubiera alguna prueba de este tipo, cesaría toda relación comercial con el proveedor en cuestión. Por su parte Inditex y SMCP refutaron las acusaciones. Entrevista realizada por Braulio Moro. Con AFP.

Las autoridades dominicanas detuvieron este martes al ex fiscal general de ese país, que enfrenta una acusación por corrupción y lavado de activos. Jean Alain Rodríguez, procurador general de República Dominicana (PGR) entre 2016 y 2020, durante parte del gobierno del anterior presidente, Danilo Medina, enfrenta al menos ocho cargos, que incluyen estafa contra el Estado, soborno, robo de identidad y lavado, según un comunicado de la fiscalía. “Han formulado una serie de cargos contra el exprocurador y gran parte de su equipo que le acompañó en la gestión”, dice a RFI Julio Cesar de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción. “Él está pasando por una situación similar a la que le correspondió dirigir, en donde se tiene poco conocimiento de cuáles son los cargos. Se desconoce técnicamente, jurídicamente hablando, de cuáles son los casos concretos que la Procuraduría General de la República, en este caso, le ha formulado al exprocurador. Esto ocurre días después de que él se había presentado al aeropuerto principal de la República Dominicana para su salida al exterior. Fue detenido y le fue impedido salir. Eso fue el pasado jueves y se procedió a realizar varios allanamientos, a su hogar, al igual que al de su madre y de varios de sus colaboradores”. El exfuncionario se presentó voluntariamente ante la sede de la fiscalía, donde fue puesto bajo arresto y trasladado a una prisión en la capital Santo Domingo. Iba esposado, con un casco protector y chaleco antibalas, escoltado por agentes penitenciarios, constataron periodistas de la AFP. "A mí nunca nadie me ha llamado ni me ha citado, pero (...) es evidente la persecución e investigación en mi contra", escribió Rodríguez en Twitter al llegar a la PGR, poco antes de su arresto. Otras seis personas, asesores del exfuncionario, fueron imputadas por los mismos delitos. Cuatro de ellas están detenidas desde el lunes. Las autoridades realizaron al menos 38 allanamientos en Santo Domingo y en las provincias de La Vega (centro) y La Romana (sureste). El actual presidente, el socialdemócrata Luis Abinader, prometió en su campaña electoral, el año pasado, una cruzada contra la corrupción del gobierno saliente de Medina, para lo que designó a la exmagistrada de la Corte Suprema Miriam Germán Brito como fiscal general, por considerarla una persona "independiente" de los sectores políticos. Dos hermanos de Medina fueron detenidos en noviembre pasado por presunta corrupción. “Lamentablemente en la República Dominicana, siempre que se produce un cambio de autoridad movemos con frecuencia el accionar contra la corrupción”, dice Julio Cesar de la Rosa. “Y no es la primera vez que se imputa a un Procurador General de la República saliente. Tenemos un nuevo gobierno, de unos 10 meses. Han habido o están en curso varios casos de corrupción, pero todos ellos tienen como actores principales a funcionarios, a exfuncionarios de la gestión pasada. El tema de la lucha contra la corrupción es complejo en la República Dominicana, la justicia de la cual forma parte el Ministerio Público, porque es el que tiene la responsabilidad de perseguir los crímenes y delitos y llevarlos ante los jueces, pues adolece de recursos y sobre todo de los instrumentos o de las herramientas que pueden hacer de los casos de corrupción lo suficientemente fuertes como para obtener sentencias en los tribunales de la República que puedan servir como referentes”. El país caribeño, de 10,5 millones de habitantes, ocupó el puesto 137 (de 180) en el ranking del índice de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Con AFP.

El saldo de muertos por el derrumbe de un edificio cerca de Miami subió el lunes a 11, entre ellos dos venezolanos, mientras proseguía la búsqueda de 150 personas aún desaparecidas y los familiares desesperados. Seis días llevan ya los equipos de rescatistas estadounidenses, con refuerzos de Israel y México, rastreando los escombros del edificio en Surfside, Florida. En pos de explicaciones, expertos analizaban posibles fallas preexistentes en el inmueble de 12 pisos del complejo Champlain Towers, que se desplomó en la madrugada del jueves, a unos 20 kilómetros del centro de Miami. De las ruinas empiezan  a salir las verdades ocultas de este desplome. “Tenemos reuniones informativas dos veces al día con rescatistas, bomberos, policía, incluso con médicos forenses”, dice a RFI la periodista Pascale Bonnefoy se encuentra allí siguiendo esta búsqueda. Su padre, Claudio, tío en segundo grado de la presidenta chilena Michelle Bachelet ,y su mujer son algunos de los latinoamericanos que aún no se han encontrado. “Siempre nos van explicando paso a paso todo lo que están haciendo y lo que pueden y no pueden hacer , y por qué es lento. No es simplemente llegar y levantar un gran pedazo de concreto. Están sacando pedacito por pedacito, hicieron una trinchera por el centro y están buscando por los costados. Han encontrado restos humanos. El edificio es muy inestable, hay toda una sección en la que es muy difícil trabajar. Yo creo que están haciendo lo correcto, aquí hay algunos de los mejores equipos rescatistas del mundo que han trabajado en muchos terremotos y también en explosiones, porque a pesar de que aquí no hubo una bomba, el efecto es tipo explosivo, en el sentido que se cayó verticalmente. No cayó como en un terremoto, que se cae a pedazos por el costado. Esto fue como un derrumbe en que 12 pisos terminaron en tres. Realmente está muy aplastado, así que es difícil”. Un informe sobre el edificio había señalado ya en 2018 "daños estructurales importantes", así como "grietas" en el sótano, según documentos publicados el viernes. "La impermeabilización debajo de los bordes de la piscina y la vía de acceso para vehículos (...) ya superó su vida útil y por lo tanto debe ser retirada y reemplazada por completo", escribió en este documento el experto Frank Morabito, pidiendo reparaciones "dentro de un tiempo razonable", sin señalar un riesgo de colapso. “Lo terrible es que ahora están saliendo los informes de años pasados, donde se advertían problemas de socavamiento, que el terreno se estaba hundiendo dos milímetros por año, que los pilares estaban corroídos, que había que hacer trabajos estructurales importantes y que no se hicieron”, dice Bonnefoy. “Los dueños, es decir la junta del edificio no quería gastar esa gran cantidad de dinero en reparar cosas que no son cosméticas. Ese informe salió en 2018, pero también hubo otro informe en 1999 que ya advertía del hundimiento del edificio. Entonces hay una parte que tiene que ver con la no entrega de la información oportuna para evacuar, reparar los cimientos, los fundamentos del edificio. Y por otro lado, que se está construyendo. Y eso es aplicable a todo lo que está aquí en la línea costera, en terrenos que son pantanoso, son humedales rellenos. El agua con sal estaba entrando permanentemente a los cimientos, no se alcanzaba a secar, no se drenaba y esa sal empezó a corroer los fierros, que después se reflejó en roturas o fisuras en el cemento de los pilares. Eso sí es visible al ojo y no hicieron nada. Hay varios factores uno lo que no se hizo a tiempo y otro la manera en que se construyó”. Las reparaciones en el edificio, construido en 1981, estaban programadas y se habían comenzado obras en el techo. "Habrá una investigación minuciosa y completa sobre los motivos que llevaron a esta tragedia", prometió la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Es un momento de mucha angustia y dolor, pero yo creo importante que se sepa como ocurrió esto, que se investigue y se determine las responsabilidades, pero también que se empiecen a revisar los demás edificio”, dice Bonnefoy. “Y eso es aplicable también a Chile, porque en Chile también se está construyendo sobre humedales, sobre el borde costero”. 29 latinoamericanos   Dos ciudadanos de Venezuela están entre los muertos confirmados. Se trata de León Oliwkowicz, de 79 años, y su esposa, Cristina, de 74, ambos residentes en Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados el sábado y el domingo, respectivamente, dijo la policía de Miami-Dade. La pareja vivía en la unidad 704 del inmueble, informaron sus hijas Daniela y Gabriela en un tuit. Hay 29 latinoamericanos de los que todavía no se tienen noticias: nueve de Argentina, seis de Colombia, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela, tres de Uruguay y uno de Chile. Cristina Oliwkowicz tenía también nacionalidad uruguaya, pero la cancillería de Uruguay dijo que no estaba entre las tres personas de ese país que se siguen buscando. Al menos cuatro canadienses podrían estar "afectados", según funcionarios consulares. Entre los latinoamericanos desaparecidos, estaban Sophia López Moreira, cuñada del presidente de Paraguay, su esposo, Luis Pettengill, y tres menores de edad, así como Lady Luna Villalba, quien había viajado con ellos como niñera, de acuerdo con información del gobierno paraguayo. También era buscado el abogado chileno Claudio Bonnefoy, pariente de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet. Su hija, Pascale Bonnefoy, que viajó a Miami para seguir de cerca las labores de rescate, destacó el trabajo "sin descanso" de los socorristas, pero pidió avanzar en las indagaciones. "Solidaridad hemos recibido mucha, y ha sido muy bonito, pero creo que lo que hay que hacer es investigar las causas", declaró a CNN. El presidente estadounidense, Joe Biden, que ya declaró el estado de emergencia que habilita ayuda federal, dijo que su gobierno está listo para "cualquier apoyo o asistencia que se necesite". Con AFP

En entrevista exclusiva a RFI, el periodista nicaragüense Carlos Chamorro Barrio calificó de “rehenes electorales” a las 20 personas arrestadas en las últimas semanas por el régimen de Daniel Ortega en el poder desde 2007 y quien, según estiman sus adversarios, buscará un cuarto mandato en los comicios. La situación política en Nicaragua sigue agravándose y despierta varias voces de reclamo de diversas organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demandó, a través de un comunicado, proteger a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega que hoy se encuentran bajo arresto. "Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes", afirmó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que "deben considerarse crímenes de lesa humanidad". Entre la veintena de detenidos recientemente, cinco de los cuales son precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos. Mencionó en particular los casos de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores. También señaló el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro. “Este lunes [21 de junio] más de 30 policías antimotines entraron a mi casa para capturarme. No lo lograron porque yo me puse el resguardo para proteger mi libertad y la de mi esposa para poder seguir haciendo periodismo”, dice a RFI Carlos Fernando Chamorro. “La policía asaltó mi redacción el 20 de mayo por segunda vez. Ya lo había hecho antes, en diciembre de 2018. Cuando digo que asaltó es que entró a mi redacción, donde en ese momento solo había un camarógrafo, se robaron todos los equipos sin ninguna orden judicial”. El gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, justifican el arresto de opositores acusándolos de tramar un golpe de Estado en su contra. Ante el consejo permanente de la OEA, el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, arremetió contra los "mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos" por Estados Unidos que, "a través de sus nexos con gobiernos extranjeros", buscan "reeditar el fallido golpe de Estado" de 2018 en el marco del proceso electoral. “No hay ninguna orden judicial contra mi persona”, dice Chamorro. “No se ha iniciado ningún proceso ni en la Fiscalía ni en ninguna instancia de gobierno. Yo simplemente soy objeto de una campaña de calumnias en los medios oficiales y también otra promovida por el propio Gobierno”. La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019. La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales "en casos de extrema gravedad y urgencia" y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros del sistema interamericano. “La CIDH está muy bien informada de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dice Chamorro. “Nosotros describimos a los 20 arrestados como ‘rehenes electorales'. Y hay por lo menos ya cinco precandidatos presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Miguel Mora, que están en la cárcel. Hay 20 rehenes que han sido secuestrados, y uso esa palabra porque están en cárceles en las que algunos tienen ya 15 o 20 días y ni siquiera han tenido contacto con un familiar o con un abogado”. Una resolución de condena de la OEA a la represión en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos. El secretario general, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional, pero para concretarse requiere el respaldo de dos tercios de una Asamblea General de la OEA, su órgano máximo. "Peor que Anastasio Somoza" Estados Unidos no respondió a las acusaciones de Alvarado sobre injerencia electoral, más que para señalar que esa "retórica banal" recuerda "el lenguaje de los regímenes autoritarios". "Es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo" y "permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos", aseveró el embajador Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken. Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado Nicaragua de 1979 a 1990 tras la caída del dictador Anastasio Somoza, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios. Entrevista por Marilyn Lavado. Con AFP.

Cientos de exmilitares bloquearon el lunes 21 de junio unos 15 tramos carreteros en Guatemala para demandar un resarcimiento por sus servicios durante la guerra civil, que dejó miles de muertos entre 1960 y 1996. En un contexto donde aún existen juicios pendientes por delitos de lesa humanidad durante el  conflicto armado que sacudió Guatemala entre 1960 y 1996, una centena de exmilitares que prestaron servicio en esos años demandan la aprobación de una ley de compensación económica. Una propuesta que es criticada por diversas asociaciones de defensa de derechos humanos. “Ellos tienen derecho a manifestar, pero lo solicitado no tiene ningún fundamento legal”, dice a RFI Jordan Rodas procurador de Derechos Humanos de Guatemala. “Ellos en su momento percibían su salario como miembros del Ejército Nacional. Resulta muy curioso que estén haciendo este tipo de manifestaciones, bloqueando la actividad económico social del país. Esto se da dentro del contexto que hay juicios pendientes de lesa humanidad durante el conflicto armado”. Los manifestantes exigen al Congreso la aprobación de la denominada Ley de Compensación Económica por la Prestación de Servicio Militar durante el Enfrentamiento Armado Interno, por la que cobrarían un indemnización de unos 15.600 dólares para cada uno. Casi medio centenar de exsoldados intentaron bloquear el paso al único aeropuerto de la capital, La Aurora, pero unos 200 policías se lo impidieron, según imágenes de la televisión local. La iniciativa de ley fue impulsada en 2019 por el excandidato presidencial y exmilitar Estuardo Galdámez, actualmente en prisión por supuestos actos de corrupción cuando fue diputado. “Hay diputados que responden a los intereses [de los militares] y no descartaría que en un momento dado tengan la tentación de aprobarlo”, dice Rodas. “Hoy en Guatemala están prevaleciendo los sectores más conservadores del país y la justicia está siendo cooptada en este contexto”. Los exsoldados realizan periódicamente los bloqueos de carreteras para exigir la indemnización. En sus propuestas, los exmiembros del Ejército no fijan una cantidad de personas que se beneficiarían de la norma. “Tengo mis temores de que [el proyecto de ley] prospere”, dice Rodas. “Que los sectores conservadores, que tienen mayoría en el Congreso de la República, quieran congraciarse con un sector que representa, en su imaginario, una victoria del Ejército que violentó derechos humanos de miles de guatemaltecos. Yo estuve [hace pocos días] en una antigua base militarse donde se encontraron cientos de cadáveres que están siendo identificados poco a poco. Esa es la situación en Guatemala, por una parte se exige justicia, que es lenta, y por otra parte se quiere compensar a personas que pudieron haber estado involucradas en delitos de esa naturaleza”. En Guatemala existe una ley de resarcimiento para las víctimas de esta guerra interna, la cual no incluye a los miembros de las fuerzas armadas. La guerra civil que duro 36 años dejó 200.000 muertos o desaparecidos según un informe de la ONU presentado en 1999. Entrevista realizada por Marilyn Lavado Ponce. Con AFP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó el 15 de junio pasado como variante "de interés" Lambda del virus SARS-CoV-2, detectada por primera vez en Perú en agosto de 2020. Se la conoce como variante andina o Lambda, y desde su aparición en Perú en agosto de 2020, ha sido detectada en varios países de América Latina. El 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud, designó a esta cepa de Covid-19 como una variante de “interés” por lo que observará su comportamiento en el contagio. “Como las otras variantes de interés, acumula una serie de mutaciones, particularmente en el gen que codifica la proteína espiga y por lo tanto potencialmente podrían alterar el comportamiento del virus”, dijo a RFI Pablo Tsukayama, profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. “Hay tres cambios de comportamiento principales. El primero es que podría hacerlo más transmisible. Segundo, podría hacerlo más virulento. Y tercero, podría darle un ligero escape de la inmunidad generada por infecciones previas o por vacunas. Ha pasado rápidamente de ser el 1% de las muestras que procesamos en diciembre. En marzo ya era casi el 40%, y la semana pasada [mediados de junio] se ha informado que ya es casi el 80% de todas las muestras en Perú. Un crecimiento así de rápido es un signo de una mayor transmisibilidad. A partir de enero también se ha registrado en Chile donde también ha subido rápidamente su frecuencia, incluso en presencia de otras variantes importantes, como pueden ser Alpha o Gamma, que también circulan en la región”. Es decir, las variantes inicialmente detectadas en China, Reino Unido, Sudáfrica e India, que se encuentra en una categoría superior: “preocupantes”. Los científicos presumen que como con las demás variantes, la andina o Lambda las vacunas existentes sirven para esta cepa. “Sí, son eficaces”, dijo a RFI Paul Cárdenas es investigador de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. “El problema que tenemos en la región es la baja cantidad de vacunas que han llegado a la mayoría de países. Algunos como Chile, por ejemplo, tienen un alto porcentaje de personas vacunadas, pero otros países, como Ecuador, Perú o Colombia, tienen menos del 10% de la población que ha sido vacunada e inmunizada por completo. En teoría las vacunas funcionan bien, pero el problema que tenemos en la región es el bajo porcentaje de la población que ha sido vacunada”. El viernes, la OMS alertó sobre el retraso de la vacunación en Latinoamérica y advirtió que un intervalo demasiado largo entre dos dosis puede provocar la aparición de variantes más peligrosas o contagiosas del coronovaris. La agencia de la ONU identificó la cepa Lambda conforme a su reciente decisión de atribuir letras griegas para designar las variantes sin estigmatizar a los países donde se detectan por primera vez. Con AFP    

Paraguay relajó los controles sanitarios que mantuvo con éxito en la larga cuarentena de 2020 y los contagios se dispararon en forma alarmante en este primer semestre de muy alta mortalidad en el que además escasean las vacunas, dijeron expertos a la AFP. En el principio, Paraguay enfrentó la pandemia de coronavirus con éxito, gracias a estrictos controles sanitarios dentro del país y un sistema de albergues con aislamiento para quienes llegaban desde el exterior. Hoy, sin embargo la situación es dramática: la totalidad de contagiados del año pasado, 10.000 enfermos, es una cifra que en este momento se alcanza cada tres días. Paraguay superó ya los 400.000 mil contagios y las 11.000 muertes desde marzo de 2020. Con estos números, se convierte en el país de mayor mortalidad en el mundo por Covid. “Es muy preocupante y alarmante para nosotros tener un promedio de 3000 casos por día y 150 muertos por día”, dice a RFI Arturo Ojeda, director ejecutivo de la Cruz Roja, Paraguay. “Al punto de que en un momento dado fuimos el país número uno en mortalidad relacionada a la población”. Los hospitales se encuentran desbordados y escasea el oxígeno, así como algunos medicamentos. “Esto se va dando con la con la apertura de las fases y las actividades”, dice Ojeda. “El contagio se da por la reducción de las limitaciones y por el contacto estrecho entre las personas. El paraguayo está más relajado. Se sigue lavando las manos, va con el tapado boca en la calle, pero al llegar a un encuentro, a un asado, a una casa, se lo saca”. El epidemiólogo Tomás Mateo Balmelli indicó que "en enero, se estima que unos 35.000 paraguayos fueron a vacacionar a Brasil y muchos de ellos adquirieron las distintas variaciones del virus" más contagiosas. Pocas vacunas Para Balmelli, el gobierno se equivocó al "confiar ciegamente" en la compra de vacunas por el sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud. Ante el atraso en las entregas, Paraguay ha usado donaciones de países de América, Europa y Asia. “Tenemos retraso como la mayoría de los países, por los diferentes mecanismos de adquisición del gobierno”, dice Ojeda. “Para hacerte una idea, tenemos más vacuna por donaciones de otros países, que la recepción de las que se han comprado”. Hasta ahora Paraguay recibió unas 450.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, 250.000 de Sinopharm, 20.000 de Coronavac, 200.000 Covaxin, 100.000 de Moderna y 40.000 de Sputnik-V. Según los números oficiales, 6,7% de la población recibió la primera dosis de una vacuna anticovid y solo 1,2% las dos que aseguran la inmunización completa. En este contexto particularmente desolador, los hospitales paraguayos se encuentran desbordados y escasea el oxígeno, así como algunos medicamentos. Con AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, amplió este martes el abanico de tutores legales que pueden solicitar el cuidado de niños migrantes, en una nueva medida para hacer frente a la afluencia de jóvenes centroamericanos que buscan seguridad en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intenta pasar la página de la era Trump y su severa política migratoria. En lo que se refiere a América Latina, diez días atrás, desde Guatemala, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris lanzó un tajante “no vengan” a quienes pretendan ingresar sin autorización a su país. Este martes 15 de junio, la Casa Blanca dio señales de mayor apertura, con la decisión de ampliar el abanico de tutores legales que pueden solicitar el cuidado de niños migrantes. La iniciativa apunta a hacer frente a la afluencia de jóvenes centroamericanos, permitiendo que sean acogidos por otros responsables legales que no sean sus padres. También amplió la elegibilidad para incluir a los tutores cuyo estatus legal está pendiente, incluidos los padres que han presentado solicitudes de asilo y están a la espera de decisiones.  Para el abogado guatemalteco Pablo Solares, especialista en migraciones, estamos ante un giro de la manera de enfrentar la inmigración ilegal. “Esto se incorpora dentro de los cambios que tenemos comparado con la presidencia de Donald Trump, que basó su estrategia en la disuasión de la migración a través del sufrimiento de las personas”, dice a RFI el abogado guatemalteco Pablo Solares, especialista en migraciones. “La visión del presidente Biden responde a algunas de las solicitudes de un trato más humanitario para las personas migrantes, en especial para niños”. El Departamento de Estado ha identificado 3.162 casos de niños que podrían beneficiarse con la medida. Lo cierto es que las duras restricciones migratorias de Trump redujeron en su momento el flujo de migrantes y durante el gobierno de Biden las detenciones batieron récords todos los meses desde marzo. En mayo, alrededor de 180.000 personas fueron arrestadas después de cruzar la frontera ilegalmente, un máximo en 15 años. Los republicanos atribuyen este aumento a que la actitud más acogedora de Biden alentaría la inmigración ilegal. La Casa Blanca sostiene en cambio que se debe a un deterioro de las condiciones en los países centroamericanos. “Es innegable el hecho de que con la llegada del presidente Biden hubo rumores que se colaron en las comunidades de que habría una posibilidad más flexible de migrar comparado con el tiempo del presidente Trump”, dice Solares. “Pero también cuando Trump implementó las medidas más drásticas contra la migración, hubo picos que también fueron históricos. Las personas están emigrando más por las condiciones de vida en Guatemala, con extrema pobreza y miseria económica en muchos casos”. Mientras tanto, Donald Trump denunció el martes que la frontera es ahora en un lugar «sin ley” y anunció que visitará Texas el 30 de junio. Lo invita el gobernador republicano, que promete seguir con la construcción del muro, interrumpida por Biden. Con AFP.

Los trabajadores domésticos sufrieron una degradación de sus condiciones de empleo durante la pandemia del covid-19, especialmente en América Latina, denunció la Organización Internacional del Trabajo una década después de haber adoptado un convenio histórico sobre los derechos laborales de ese segmento. Si la pandemia afectó profundamente el modo en que trabajamos, las restricciones sanitarias tuvieron un impacto especialmente negativo en el sector de las empleadas domésticas. Así lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe publicado el martes 15 de junio que denuncia que una de las regiones especialmente castigadas es América Latina. En apenas seis meses, entre finales de 2019 y mitad de 2020, el número de trabajadores domésticos se redujo entre un cuarto y la mitad. En Perú, la caída alcanzó el 70%. La precariedad aumentó además los abusos en un sector de por sí vulnerable. “Antes de la pandemia era súper difícil que nos registren, pero con la pandemia eso se agravó”, dice a RFI Ana Altamirano, secretaria adjunta del Sindicato de Personal de Casas de Familia de la ciudad de Córdoba, Argentina. “Muchos de nuestros empleadores también son trabajadores y, al no ser esenciales, muchos no están trabajando. A algunos se les redujo el sueldo, han reducido horarios, han reducido la necesidad de tener a alguien en la casa y asimismo también el tema del desempleo”. En seis meses, las pérdidas de empleos en otros sectores eran inferiores al 15% en la mayoría de países estudiados por el informe. Además, aunque suministraban servicios esenciales a clientes a menudo vulnerables, raramente tuvieron acceso a equipos de protección individual. Y, como muchos ocupan empleos informales, tienen menos opciones de beneficiarse de las medidas sociales de apoyo adoptadas para hacer frente a la pandemia. “En el sindicato tuvimos algunos casos como por ejemplo el reclamo de una compañera estaba en categoría 5, que no era esencial, que sus empleadores la cambiaron a categoría número 4 para hacerla esencial y poder generar el permiso de circulación”, dice Altamirano. “Y además la cambiaron a la categoría sin retiro o con cama adentro, como se suele decir, que es la que se queda de lunes a sábado al mediodía en el domicilio, sin retornar a su casa. En algunos casos la tuvieron como dos meses en el domicilio del empleador sin poder tener contacto con la familia. Por miedo al contagio y por evitarse el gasto del taxi. Porque, en Córdoba en particular, hubo un protocolo que decía que la categoría número 4, esencial, tenía que movilizarse en un transporte pago por el empleador”. En su informe, esta organización lamenta que diez años después de la adopción de un histórico convenio para regular los derechos del colectivo, la situación laboral de los trabajadores domésticos no ha mejorado en esta década. La OIT contabiliza 75,6 millones de trabajadores domésticos en el mundo, lo que supone un 4,5% de los asalariados. De ellos, 61,4 millones se desenvuelven en la economía informal y más de tres cuartas partes son mujeres.   "Impacto humano"   "Detrás las cifras agregadas, hay un impacto humano más profundo que acentúa el sufrimiento ligado a las repercusiones de la pandemia del covid-19 en el mercado laboral", dijo Ryder en rueda de prensa. La gran mayoría de trabajadores domésticas están empleadas en dos regiones del mundo: la mitad en Asia y Pacífico, especialmente debido al peso de la China, y otra parte significativa (17,6 millones) en América. La OIT apunta, sin embargo, algunas mejoras en las condiciones laborales del colectivo en la última década como la reducción en más de 16 puntos del número de trabajadores domésticos que son completamente excluidos de las leyes y las regulaciones en materia laboral. Actualmente, algo más de un tercio de estos empleados (36%) se ven excluidos del perímetro de aplicación de este código laboral, especialmente en Asia, el Pacífico y los Estados árabes, indica la organización dependiente de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Aunque deberían estar cubiertos por las legislaciones laborales y de la seguridad social, estas no siempre se aplican adecuadamente, lo que supone una fuente importante de exclusión y de trabajo informal. Según el informe, solo uno de cada cinco trabajadores domésticos se beneficia de una cobertura social efectiva vinculada a su trabajo. Con AFP.

Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.  Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público de Costa Rica, realizaron 57 allanamientos, 14 de ellos a instituciones públicas como la Casa Presidencial, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Investigan supuestos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros para la construcción de obras públicas como carreteras y vías en todo el país. "Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (...) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos", expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.  Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 125 millones de dólares. Aunque está en etapa de investigación, estas diligencias policiales ponen de nuevo en la mesa el tema de la corrupción. “Aunque los argumentos de la Fiscalía parecieran ser contundentes, creo que lo más prudente es esperar el juicio”, dijo a RFI Daniel Matul, analista político de la Universidad Central en Costa Rica. “La pregunta es si todos los ministerios están vacunados contra esto o es una práctica recurrente. Políticamente tiene implicaciones muy fuertes porque habría que ver qué está pasando en otros ministerios que tienen compras y obras de concesión muy fuertes. Eso nos pone delante de un enorme desafío institucional del país”. Esta es la segunda ocasión en que la residencia del presidente Carlos Alvarado es allanada. En febrero de 2020 las autoridades ingresaron como parte de la investigación sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).  “El otro componente que me parece importante en términos de la política es esperar a que se empiece a consolidar todo el proceso para ver las conexiones que hay”, dijo Matul. “Ya el presidente había salido más o menos bien librado con la primera investigación que se le hizo sobre el caso de la UPAD. Y ahora vamos a ver si el presidente logra salir bien librado de todas estas conexiones, si es que tuvo algún papel. Eso es importante tenerlo claro. Y no solamente él, sino también otras altas autoridades que podrían estar involucrada”. Durante los operativos de este lunes detuvieron a 29 personas, entre funcionarios públicos y trabajadores de las empresas constructoras investigadas. Con AFP.

Colombia redujo en 2020 los cultivos ilegales en 7%, aunque el recorte no incidió en la producción de cocaína y el país sigue siendo el mayor proveedor mundial de esa droga, según informó la ONU este miércoles. El presidente Iván Duque de Colombia dio a conocer los resultados del informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) donde se señala la reducción de un 7% de los campos de cultivo de hoja de coca en el 2020. Hasta el año pasado el país tenía 143.000 hectáreas de plantíos de coca contra las 154.000 que registró la ONU en 2019. “El trabajo que hizo la Fuerza Pública en el país que erradicó durante el año pasado entre 100 y 140 mil hectáreas de forma forzosa”, dice a RFI Pierre Lapaque, representante de la ONU en temas de narcotráfico. “Hubo poca erradicación voluntaria, solo 700 hectáreas el año pasado. Encima estamos trabajando históricamente  sobre los temas de desarrollo alternativo del país”. Colombia produjo el año pasado 1.228 toneladas de polvo blanco, de acuerdo a una estimación de la ONU. Lapaque explicó que la oferta de cocaína no "depende solamente del área sembrada de coca". “Hay cuatro factores que inciden en la cantidad de cocaína que se produce”, dice Lapaque. “Primero, la cantidad de hectáreas sembradas con coca. Segundo, la cantidad de hojas que se producen en esas hectáreas. Tercero, la cantidad de alcaloides que hay en esas hojas y finalmente, la capacidad de los procesadores primarios para extraer este alcaloide. En el caso de Colombia solo bajó el primer factor, es decur la cantidad de hectáreas. Ahí se produce la profesionalización dentro de la estructura criminales para sacar extraer más cocaína de las hojas”. Colombia se mantiene como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia. Según la ONU, la siembra y producción se han consolidado en las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde repunta el conflicto armado alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal, tras la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016.    El año pasado, los cinco departamentos con mayor cantidad de plantaciones ilícitos fueron Norte de Santander (noreste), Nariño, Putumayo, Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste), que concentran "hasta el 84% de toda la coca del país". “La pandemia tuvo un impacto entre marzo y julio del año pasado, pero con una disminución de los precios y la pasta de la base de cocaína porque no había mercado”, dice Lapaque. “Era muy complicado, muy complejo para los grupos criminales exportar. Después, a partir de julio, del verano pasado ingresaron de nuevo compradores, y se reactivó el mercado de pasta y de cocaína. A partir de octubre del año pasado se estabilizó el mercado de coca y de sus derivados en las zonas de cultivos”. Este miércoles el presidente conservador Iván Duque celebró la disminución sostenida de los plantíos ilegales desde su llegada al poder en 2018. "Siempre le dijimos a los colombianos que nuestra misión sería la de enfrentar este crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos (...) y empezar una senda de reducción" frente a "esta amenaza", dijo. “Cada vez más cocaína se queda en el país”, dice Lapaque. “Hay más consumidores. El resto se exporta, sobre todo hacia América del Norte y Europa, que son los dos grandes mercados.  El consumo está subiendo en todo el mundo y Colombia está produciendo el 70% de la cocaína mundial”. Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana. En 2017 Colombia registró la cifra récord de 171.000 hectáreas sembradas. El entonces presidente Juan Manuel Santos dijo en su momento que los campesinos habían multiplicado sus cultivos con la expectativa de recibir beneficios derivados del acuerdo de paz. También atribuyó la explosión de las cifras al debilitamiento del peso colombiano frente al dólar. "No dejaremos de hacer ningún tipo de acción ni apelar a ningún tipo de instrumento contemplado en la Constitución y la ley, para seguir enfrentando este flagelo", enfatizó Duque. El mandatario ha redoblado la persecución del narcotráfico, a través de la erradicación forzada de los sembradíos, y prevé reactivar la fumigación área con glifosato, suspendida en 2015 por la justicia por sus potenciales daños a la salud humana y el medioambiente. Los campesinos rechazan el regreso de las aspersiones, pese a que el gobierno asegura que cumplirá con lo exigido por la justicia para minimizar los daños colaterales. El año pasado la fuerza pública confiscó 505 toneladas de cocaína. Duque se propuso reducir a la mitad el área cultivada con coca hasta el 2022, cuando dejará la presidencia sin opción de presentarse a la reelección. Entrevista realizada por Marilyn Lavado Ponce. Con AFP.

La salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel por un aborto tipificado como homicidio agravado, salió este lunes de prisión después de que un juzgado le concediera la semana pasada la libertad condicional anticipada. La salvadoreña Sara Rogel tenía 20 años y ocho meses de embarazo cuando perdió a su bebé después de resbalarse mientras lavaba ropa en el patio de su casa. Su familia la encontró inconsciente y la trasladó al hospital donde la consideraron sospechosa de haberse practicado un aborto y la denunciaron a la policía. En 2012 un tribunal la acusó de homicidio agravado y la condenó a 30 años de cárcel pero, tras varias peticiones legales recobró su libertad este lunes. “Estaba contenta”, dijo a RFI Morena Herrera de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico que apoyó legalmente a Sara. “Soñaba con este momento, pero no creía que iba a llegar, que nunca iba a lograr salir de ahí. Pasó por una etapa de depresión en la cárcel. Tendrá que decidir qué quiere hacer, si quiere seguir estudiando. No es fácil encontrar alternativas laborales para mujeres que salen de la cárcel. Ella todavía tiene expediente como condenada y eso pues genera también otro tipo de estigma. Ayer me dijo: 'yo quiero apoyar para que las otras compañeras mías salgan de la cárcel'". El código penal de El Salvador prohíbe el aborto en todos los casos. Algunos fiscales y jueces los tipifican como "homicidio agravado", incluso los involuntarios. “Es el primer caso en el que logramos libertad durante el actual gobierno”, dijo Herrera. “Habíamos sentido una barrera para avanzar pero lo hemos logrado. Aún quedan mujeres en la cárcel, pero abre un camino.  Todavía hay 17 en la cárcel, de ellas 15 tienen condenas de 30 años y hay otras cuatro que están siendo procesadas en libertad. Pedimos al Estado de El Salvador que cambie esta ley que penaliza de forma absoluta el aborto porque provoca un ambiente de estigmatización y de acusación a las mujeres. Por otro lado, pedimos que pare la criminalización de mujeres en los hospitales. No puede ser que aquí una mujer vaya en búsqueda de auxilio para su salud y salgan esposadas para la cárcel”. Sara Rogel ahora tendrá que cumplir varias obligaciones en su libertad condicional anticipada como por ejemplo asistir a charlas psicológicas y no salir del país. Con AFP

La policía de Nicaragua detuvo este martes 8 de junio a cuatro líderes opositores, entre ellos dos aspirantes a la presidencia, ampliando la lista de arrestos en el marco de leyes sancionadas durante el gobierno de Daniel Ortega para proteger la soberanía. Con las detenciones del martes, suman cuatro los precandidatos presidenciales detenidos. La última de esas detenciones, la de Juan Sebastián Chamorro García -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo", entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional. Su arresto, con horas de diferencia al efectuado hacia el mediodía contra el también precandidato Félix Maradiaga, ocurre a cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos. “Él [Maradiaga, ndlr] tenía hoy un citatorio para comparecer ante el Ministerio Público por razones no determinada”, dijo a RFI Santiago Urbano, portavoz internacional de Félix Maradiaga. “Él cumplió con ir a presentarse y luego de cuatro horas de interrogatorio, salió de la Procuraduría junto con su abogado y con su chófer, dio una conferencia de prensa, y justo a unos cuantos metros de la Procuraduría fue detenido por la Policía Nacional y se lo llevaron”. Maradiaga, de 44 años, era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Maradiaga y Chamorro García son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según la policía. “No tenemos en este momento conocimiento de su paradero, está completamente incomunicado”, dijo Urbano. “Personas que estaban presentes en el momento de su detención nos han confirmado que ha sido golpeado. No sabemos absolutamente nada”. Los cargos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega y bajo la que también fue acusado Cruz. En el caso de Maradiaga, la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir "gravemente" y "haber desvirtuado" los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno. “Como  lo dijo Félix [Maradiaga], Cristiana [Chamorro Barrios] y también Arturo Cruz, el otro precandidato que está en este momento guardando prisión, esto va más allá de una simple candidatura o de un proyecto político personal, esto [es un tema] de libertad”, dijo Urbano. “Todas las personas que están en Nicaragua de alguna forma están reclamando a la comunidad internacional garantizar la integridad física de Félix, de Cristiana y de Arturo, y de los más de 130 prisioneros políticos que en este momento están en las cárceles de Nicaragua”. La ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Chamorro Barrios, en arresto domiciliar y quien no pertenece a ningún partido, aunque sondeos de opinión le daban el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque él no lo ha oficializado. La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a través de Twitter la liberación de Chamorro García "y de todos los demás presos políticos". E instó a Managua "a que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega". También el Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho -tras la detención de Maradiaga- que el arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demostraba que Ortega es un "dictador". "La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal", dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung. Ortega, de 75 años y quien lleva 14 en el poder, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas. Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país. Entrevista realizada por Natalia Olivares. Con AFP.

Desde el 24 de mayo, Haití declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio ante el aumento de casos de covid-19 tras detectarse las variantes Alfa y Gama; identificadas por primera vez en Reino Unido y Brasil respectivamente. A pesar de la situación es el único país del caribe que no ha iniciado la inmunización. En Haití, hasta hace poco el Gobierno se había negado a recibir un despacho de vacunas anticovid ofrecidas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Justificaban la decisión porque no tenía un plan de vacunación y ni los equipos necesarios para preservar a baja temperatura las vacunas de la empresa farmacéutica AstraZeneca. Es el único país del caribe que no ha iniciado la inmunización y actualmente está en estado de emergencia por el aumento significativo de los casos. Haití aún no comienza su campaña de vacunación anticovid porque no ha recibido las dosis prometidas por la Organización Mundial de la Salud. Es el propio país el que las rechazó cuando la OMS se alistaba a enviar un cargamento de la Astrazeneca el mes pasado. Una de las razones es que la mayoría de haitianos temían a esta vacuna por los casos de coágulos de la sangre reportados en Europa. “Según datos de finales de abril, entre el 80% y el 90% del pueblo de Haití no quería vacunarse, sobre todo con AstraZeneca”, dice a RFI el doctor Jimmy Almoza, representante en Haití de la ONG, Médicos del Mundo Argentina. “Por eso el gobierno, siguiendo la mentalidad del pueblo, [rechazó las vacunas]. Y sinceramente tampoco había muchos casos. Ahora tenemos dos variantes, la de Brasil y la de Inglaterra”. Finalmente, el 19 de mayo la Organización Panamericana de la Salud anunció el cambio de opinión del Gobierno de Haití. “Ahora son más personas se quieren vacunar por el aumento de los casos en los últimos días”, dice Almoza. “Pero según el gobierno, las vacunas llegarán a finales de julio. Alrededor de 147.000 de la primera dosis de AstraZeneca”. Los profesionales de la salud serán los primeros en ser vacunados. Ellos son los más expuestos y deploran que el retraso en la campaña tiene al borde del colapso el sistema sanitario del país caribeño. “Hay entre cuatro y cinco hospitales que reciben pacientes de Covid-19”, dice Almoza. “Y ya no tienen más capacidad. No tenemos un sistema para responder a una epidemia de Covid. Si los casossiguen aumentando, el sistema va a explotar”. Oficialmente, los casos confirmados de Covid desde el inicio de la pandemia superan los 14.000. Más de 2.000 personas están hospitalizadas y más de 300 han muerto a causa del virus. La tasa de infección puede ser 20 veces mayor porque no se cuentan los pacientes que están bajo tratamiento en su casa. Con AFP.

El gobierno cubano aprobó una medida que permite reglamentar la existencia de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la isla, aunque inicialmente con un espectro de actividad más reducido que el de los trabajadores independientes, reportó el miércoles el periódico Granma. La autorización, que abarca Pymes privadas y estatales, ha sido largamente esperada por los emprendedores cubanos y representa un paso más en las reformas económicas implementadas en el país socialista, en el que predomina la empresa estatal. Con esta decisión el gobierno cubano "va más allá del simple reconocimiento de alguno" de los actores económicos, señaló el presidente Miguel Díaz Canel citado por el diario oficial, que precisó que a partir de esta aprobación empezarán a trabajar en "las normas jurídicas para su implementación". “Lo que primero tenemos que entender es que en Cuba hay un ordenamiento de diferentes actores económicos”, dice a RFI Carlos Gonzales, analista de inversiones en Cuba. “Esto es un reclamo de los economistas más renombrados de Cuba por la existencia, la normativa y la aprobación de estas empresas pymes. Hace años se está analizando el perfeccionamiento de la economía cubana y se habla de que no se debe despreciar a los actores privados. Ahora la economía cubana va a estar conformada por actores de la empresa estatal socialista, que es la mayor, las cooperativas no agropecuarias, las micros, pequeñas y medianas empresas; y también el trabajo por cuenta propia. Todos estos actores son los que van a conformar el perfeccionamiento de la economía cubana”. En febrero pasado el gobierno amplió a más de 2.000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana. Las Pymes "se constituirán en el sector estatal y en el privado, y para ambas se establecerán condiciones similares en la gestión", añadió el diario citando al primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Algunas actividades autorizadas para independientes no estarán en la lista de posibilidades para las Pymes, como "programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías", indicó. “El guion es perfecto, el problema de la puesta en escena”, dice Gonzales. “Esto todavía no está normado. El acuerdo del Consejo de Ministros es de carácter general pero no está detallado. Sobre todo en el caso de las privadas, que es algo novedoso”. El presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, John Kavulich, dijo en una declaración de prensa que con esta medida, "Cuba expande el panorama de compromiso con la administración de [Joe] Biden" para autorizar a individuos y compañías en Estados Unidos el envío de inversión directa, así como préstamos para que resurjan sectores privados en la isla. Señaló que para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó "una decisión significativa que puede revalorizar el interés" empresarial en la isla. Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios, comunicación y asuntos públicos en Cuba, consideró que sólo se trata de un "pronunciamiento de ratificación, otro más, de que viene la ampliación del TCP [trabajo por cuenta propia] y la implementación de las Pymes y las CNA [cooperativas]". Cuba ha acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido bajo el gobierno de Donald Trump. Entrevista realizada por Marilyn Lavado Ponce. Con AFP.

La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro, principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega, quedó este miércoles 2 de junio bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno que desató la condena internacional. La policía de Nicaragua allanó la vivienda de la opositora Cristina Chamorro luego de que la justicia dispusiera su captura tras una acusación de lavados de activos presentada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. "Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5H15 [23H15 GMT] los policías antimotines la dejan bajo 'arresto domiciliar', bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía", escribió en Twitter Carlos Fernando Chamorro. La acción ha suscitado la reacción de la comunidad internacional y que despierta preocupación sobre el desarrollo de elecciones democráticas.  “Lo que está ocurriendo con la precandidata a la presidencia Cristina Chamorro es parte de la estrategia del Gobierno de Ortega y la vicepresidenta Murillo para intentar aplastar la oposición y limitar las vías electorales posibles”, dijo a RFI Tizano Breda Analista Internacional para Centro América de Crisis Group. “Parte de este esfuerzo es el acoso a precandidatos, pero también medidas legales como la cancelación de la personería jurídica a uno de los partidos de oposición, el Partido de Restauración Democrática”. Un tribunal de Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra, tras la acusación por delitos de "gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense". Los agentes entraron con violencia a la residencia, donde Chamorro se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía, dijo a la AFP Arelia Barba, asistente de Cristiana. Chamorro, de 67 años, manifestó públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. Recientes sondeos la colocan como la aspirante de mayor apoyo popular después de Ortega. Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, derrotó en 1990 a Ortega en las urnas cuando este buscaba su reelección después de su primer gobierno (1985-1990). El actual gobernante, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. “Perder el poder significa una amenaza contra la vida de la pareja presidencial”, dice Breda. “Significaría, en primer lugar, posiblemente una persecución legal por temas de corrupción, hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad sobre la manera en que se reprimió a la protesta en 2018. Y además porque todo el aparataje estatal y partidario correría el riesgo de ser desmantelado, de ser perseguidos por un gobierno de oposición si pudisese ganar. Estas medidas se dan en el marco del temor”. Atentado a la democracia La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el miércoles la "inhabilitación política" de Chamorro, algo que calificó como "un atentado a la democracia" y advirtió que Nicaragua se encamina a las "peores elecciones posibles". "Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral", agregó en su comunicado. El eurodiputado español José Ramón Bauza calificó de atentado "gravísimo a la democracia" lo actuado contra Chamorro e insto a Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a que el bloque aplique sanciones inmediatas contra el gobierno de Ortega. "Prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real", dijo por su parte en Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.   Cacería El bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de "desatar una cacería" contra los precandidatos porque "teme ir a un proceso libre, transparente y observado". Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de la carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD-evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país. "Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder", dijo el martes el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga. El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Los opositores dan por descontada la candidatura de Ortega. El gobernante de 75 años enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno y que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los hechos le han valido sanciones de Estados Unidos. Para Ortega, se trató de un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington. Entrevista realizada por Marilyn Lavado Ponce. Con AFP

En Chile, el presidente conservador Sebastián Piñera sorprendió, incluso en sus propias filas, al anunciar que dará urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que está estancado en el Congreso desde el 2017. El matrimonio gay es rechazado por gran parte de su coalición. "Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país". Otrora opositor al matrimonio gay, el mandatario Sebastián Piñera anunció así su intención de pedir a los parlamentarios que traten con "urgencia" el proyecto que busca, desde 2017, autorizar el matrimonio homosexual en Chile. Se trata de un mecanismo para apurar la tramitación de iniciativas legislativas. "De esta forma, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen", afirmó Piñera en su informe anual ante el Congreso. El proyecto de ley fue presentado en 2017 por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet y desde entonces está bloqueado en el Congreso. El propio Piñera había desechado la idea de impulsarlo en 2019. El año pasado, tres meses después del inicio del estallido social, el Senado finalmente aprobó la idea de legislar pero desde entonces la iniciativa no avanza a causa de la férrea opocición de los partidos conservadores. Divisiones en el oficialismo El anuncio de Piñera aparece entonces como un giro. Por ello ha provocado fuertes reacciones en las filas de su coalición de derecha ( entre los partidos Renovación Nacional y UDI). Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional, el partido de Piñera, afirmó que el tema "sorprendió" y que "no había sido conversado con el gobierno". "Yo soy partidario de que un matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer", agregó el legislador que considera que "hoy día los votos no están en el oficialismo" para aprobar la iniciativa. El diputado ultraconservador Guillermo Ramírez (UDI) escribió por su parte en redes sociales que "para muchos esto es una traición del presidente, y el divorcio definitivo con parte de la coalición". Cautela, dicen organizaciones pro diversidad Esta inflexión es un "hito para la derecha política", reaccionó al micrófono de RFI Oscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en Chile. Sin embargo las organizaciones en favor de la diversidad también reciben el anuncio con cautela. "Hay tres tipos de urgencias en nuestro ordenamiento jurídico, [...] habrá que ver cómo el anuncio se transforma en acciones concretas", subrayó Rementería. A pesar de las divisiones en la coalición de gobierno sobre este asunto, el Movilh asegura que el proyecto podría ser aprobado por las dos cámaras chilenas. "Hace tres años y medio hicimos un catástro y un 65% de los parlamentarios estaba a favor del matrimonio igualitario", afirmó Rementería a RFI. En Chile, desde 2015, las parejas homosexuales pueden legalizar su unión con el Acuerdo de Unión Civil (AUC) que consagra iguales obligaciones y derechos que el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin admitir la posibilidad de adoptar un niño. "Queremos las mismas instituciones, con los mismos derechos, obligaciones y el mismo nombre", resumió Oscar Rementería del Movilh. Con la unión civil el Estado efectivamente reconoce su relación de pareja pero solamente otorga elementos básicos de protección en comparación al matrimonio", añadió. "Actualmente un niño o una niña solamente puede tener un papá y una mamá legalmente reconocido por el Estado. Con el matrimonio igualitario el Estado va a tener que modificar la legislación vigente para que un niño o una niña pueda tener dos papás o dos mamás legalmente reconocidos. Esta es una de las tantas leyes que se tendrán que reformular con la discusión del matrimonio igualitario en el Congreso". Con AFP