Vida en el Planeta

Dentro de tres años, el mundo habrá superado +1.5°C de calentamiento global. Para evitar que se agrave el cambio climático, urge reducir emisiones de CO2 y proteger los bosques. En Colombia, por ejemplo, miles de familias reciben incentivos económicos a cambios de sus labores de conservación o de reforestación de las zonas boscosas. Reportaje en el centro de Colombia. Alcanzar la finca de la familia Cárdenas desde Medellín implica recorrer un paisaje de colinas verdes, una pista de tierra y cruzar varios arroyos hasta adentrarse en un bosque tropical húmedo. Un letrero indica por fin que hemos llegado a la reserva natural Los Monos. Es aquí donde los Cárdenas, una familia campesina que llegó hace alrededor de una década tras ser desplazada por el conflicto armado, decidió reforestar algunas parcelas. El proyecto busca sustituir la ganadería extensiva – muy dañina para los ecosistemas – por el ecoturismo mediante la restauración de varias hectáreas de tierras deforestadas. Bajo un techo de paja, Alejandro, uno de los hermanos Cárdenas nos recibe. Comparte con nosotros una limonada fresca y nos cuenta la historia de la reserva privada Los Monos. La familia de campesinos colombianos recibe el apoyo de la ONG ambiental Masbosques que identifica tierras prioritarias para la conservación y canaliza fondos para ayudar a las familias campesinas a reforestarlas. Una vez que las familias firman un acuerdo de conservación, la organización monitorea el cumplimiento de los compromisos de conservación o reforestación por vía satelital y con visita en el campo, explica a RFI Heiler Orozco, técnico de Masbosques. En este caso, los recursos provienen de empresas privadas, mediante programas de compensación ambiental -obligatoria o voluntaria-, y permite pagar alrededor de 80 euros mensuales por predio a cada familia que se comprometa a reforestar una parte de su terreno. Para compensar la pérdida de recursos en los predios que se dedicaban al ganado, los Cárdenas optaron por desarrollar el ecoturismo. En esta región particularmente biodiversa donde abundan tucanes, monos y jaguares, la riqueza de la naturaleza suscita el interés científico de académicos que acuden a la zona para formar a sus estudiantes, así como turistas de zonas urbanas. Fue por este motivo también que la zona fue identificada como corredor de conservación priotario. El pago por servicios ambientales a comunidades rurales existe también en otras regiones de Colombia. En 2023, la entonces ministra de ambiente Susana Muhamad extendió el programa Conservar Paga a miles de familias de la Amazonía Colombia, muy golpeada por la deforestación. Cerca de 4000 familias del sur de Colombia reciben una remuneración mensual de entre 80 y 190 euros para conservar el medioambiente, y mantener sus ingresos. Escuche aquí el reportaje completo: Realización técnica: Fabien Hilly.

El Parlamento francés debate una ley para reconocer parcialmente la responsabilidad estatal en el escándalo de la clordecona, un pesticida particularmente nocivo para la salud humana y el medioambiente, masivamente aplicado en los cultivos de plátanos de las Antillas francesas. Miles de trabajadores quedaron envenenados y miles de hectáreas de tierras están contaminadas. "Cuando trabajábamos en los cultivos, el producto caía sobre nosotros. Fumigaban por vía aérea. También tocábamos el producto para sacarlo de las bolsas y llevarlo al campo. Todo el mundo resultó envenenado”, recuerda con emoción esta extrabajadora del sector agrícola en Martinica. Como esta mujer, miles de trabajadores del sector platanero de las Antillas francesas fueron envenenados por la clordecona, un pesticida usado durante dos décadas en Martinica y Guadalupe en los cultivos de plátanos, pese a que su alta toxicidad para los animales y el medioambiente ya había sido comprobada. La codicia del sector del plátano en las islas caribeñas y la complicidad de las autoridades francesas de 1972 a 1993 llevó a uno de los mayores escándalos sanitarios franceses con cerca de 10.000 trabajadores intoxicados, miles de hectáreas de tierras y costas contaminadas y una isla, Martinica, con la tasa de cáncer de próstata más elevada del mundo. Escuche el programa completo en versión audio: Todo inició en 1972 cuando las autoridades francesas autorizaron el uso de la clordecona, un insecticida, para luchar contra la proliferación de gorgojos un insecto que devora los cultivos de plátanos en las islas francesas de Martinica y Guadalupe. Tres años después, obreros estadounidenses de la planta química de Virginia donde se fabricaba esta sustancia presentaron graves síntomas neurológicos y en los testículos. El incidente llevó a Estados Unidos a prohibir el uso de la clordecona. En 1979, la organización mundial de la Salud, OMS, a su vez declaró el producto como posiblemente cancerígeno. Además, ya se conocían los efectos neurotóxicos y de perturbación endocrina de la clordecona. A pesar de estas alertas, Francia mantuvo sin embargo la autorización de aplicación de este producto hasta 1993. Y no fue sino hasta 2007 que las alertas de médicos llevaron a las autoridades francesas a atender la crisis. “Durante 50 años se aplicó clordecona por helicópteros, por avión o directamente por los jornaleros, sin guantes. Ha sido comprobado que estos productos causan problemas de vista, sordera, problemas respiratorios, cáncer. Ha habido muchas parálisis faciales también, sobre todo entre las mujeres que cortaban las hojas deterioradas de los plátanos, denuncia Yvon Serenus, presidente del colectivo de los exjornaleros envenenados por la clordecona en Martinica. La contaminación alcanzó una magnitud tal, que se ha detectado clordecona en la sangre del 92% de la población de Martinica, según un estudio de 2018 de las autoridades sanitarias francesas. Perturbación endocrina, alteración de la fertilidad, cáncer e impactos nocivos para el sistema nervioso, para el hígado, los riñones y el riñón... La lista de los efectos de la clordecona en la salud humana es larga. “Un día que andaba de compras con mis hijos, le dije a mi hija que ya no veía nada. No podía ver el precio de los objetos. Mi hija me llevó a casa. Fui al médico. Y el médico pidió que me operaran inmediatamente el ojo para evitar complicaciones cerebrales”, recuerda la exjornalera martiniquesa, que prefiere no revelar su nombre. Indemnizaciones parciales Este escándalo sanitario ha dado sin embargo a indemnizaciones mínimas. El estado francés ha negado su responsabilidad en el envenenamiento de miles de trabajadores. Solo un centenar de ellos ha logrado obtener indemnizaciones de unos 300 euros mensuales, una suma ridícula comparada con el costo de la vida en las Antillas francesas donde la mayoría de los productos son importados de la metrópoli. Hoy exigen que la justicia reconozca que la degradación de su estado de salud es la consecuencia directa de su exposición a la clordecona. “Me quedé intoxicado. A mí me operaron del estómago. Me quitaron todo, una úlcera que estaba a punto de causarme una hemorragia y me pusieron una víscera artificial. Fueron los bekés que me envenenaron. Tienen que darme una compensación, reconocen que cometieron errores y que abusaron de nosotros”, insiste otro exjornalero entrevistado por Jeanne Richard de RFI, en Martinica. El caso de la clordecona es un síntoma más de la injusticia social que aun reina en este territorio francés de ultramar donde los bekés, descendientes de los colonos blancos de la metrópoli francesa representan el 1% de la población de Martinica, pero poseen la mitad de las tierras. La salud de los jornaleros, afrodescendientes, fue sacrificada para generar ganancias para los terratenientes denuncia Yvon Serenus, sindicalista agrícola. "Sentimos rabia contra el estado francés y contra los que nos envenenaron. Envenenaron al pueblo martiniqués de manera intencional. ¡Los dirigentes del sector platanero pidieron al gobierno francés la autorización de comprar la patente de la clordecona y se la concedió! A pesar de que sabían muy bien que este producto era nocivo”, enfatiza Serenus. Tierras contaminadas hasta 2070 La batalla de las víctimas de la clordecona para obtener reparaciones avanza a pasos de tortuga. No fue sino hasta 2007 que el estado francés puso en marcha el llamado ‘plan clordecona'. De 2021 a 2027, se dedicarán 130 millones de euros en agricultura, salud, medioambiente y educación para mitigar la contaminación por el pesticida. Pero borrar la huella de décadas de envenenamiento parece una tarea titánica. Según cifras oficiales, 20.000 hectáreas están contaminadas por la clordecona, es decir el 40% de la superficie agrícola de la isla. La pesca está prohibida en agua dulce y decenas de kilómetros de costas también contaminadas por el pesticida que podría persistir hasta 2070 en niveles detectables en la naturaleza. En el plano judicial, un grupo de 1286 personas obtuvo en febrero pasado una primera victoria ante un tribunal francés que declaró el estado francés responsable por el escándalo sanitario, pero solo obligó las autoridades a dar compensaciones financieras por 'perjuicio moral' a las víctimas que pudieron comprobar que su enfermedad estaba directamente vinculada a la exposición a la clordecona. Otra batalla se juega ahora en el parlamento francés. El senado aprobó por unanimidad una propuesta de ley que reconoce la "responsabilidad parcial" del estado francés en el escándalo de la clordecona en las Antillas. Un reconocimiento simbólico que no implicará indemnizaciones automáticas para las víctimas. Un programa de Raphaël Morán, con entrevistas de Jeanne Richard en Martinica (Francia). Realización técnica: Charly Amadou.

Desde la Cumbre de los océanos de Niza, ambientalistas pidieron acciones para proteger el krill, un mini crustáceo que juega un papel fundamental para la alimentación de pingüinos y ballenas. Pero la población de krill está amenazada por el cambio climático y la pesca industrial noruega que lo utiliza para producir alimentos de mascotas. A pesar de la ausencia de Estados unidos, en la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, se alcanzaron avances tímidos pero alentadores para enfrentar los desafíos ambientales del mundo marino. Tras una semana de discusiones con 12 000 delegados internacionales, la diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. Más países se sumaron al tratado de Alta Mar para proteger las aguas internacionales, la coalición de naciones contra la minería submarina y aumentará la superficie de áreas marina protegidas de 8% a 10%. Una tendencia positiva, aunque muy lejos del objetivo de proteger el 30% de los mares para frenar el declive de la población de peces y de otras especies, por ejemplo. Al término de la conferencia de Niza, RFI conversó con el experto en protección marina Maximiliano Bello de la Fundación Blue Marine basada en Washington. RFI: La tercera cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza tras una semana de discusiones con 12.000 delegados. La diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. El Tratado de Elta mar debería entrar en vigor en enero de 2026. ¿Qué tanto se ha avanzado aquí en Niza en este aspecto?  Maximiliano Bello: Efectivamente, Francia hizo algo muy inteligente al traer el tratado acá para que muchos países pudieran ratificarlo de una vez. Estamos mucho más cerca de las 60 ratificaciones, cifra necesaria para que el tratado entre en vigor. Una vez que eso pase, entonces empezaremos con las Conferencia de las partes para los océanos. Por lo tanto, eso fue un muy buen paso. Lamentablemente no alcanzamos la cifra de 60 países en la reunión, pero nos la cumbre dejó muy cerca. Estamos hoy día en 51 países Por otra parte, está la moratoria (pausa) sobre la minería submarina. Aquí en Niza se sumaron varios países: son 40 países ciertos los que se han sumado entonces a esta moratoria, que es clave porque obviamente RFI: Uno de los objetivos del Tratado de Alta mar (BBNJ por sus siglas en inglés) es impulsar la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. ¿En qué regiones sería urgente impulsar la creación de áreas marinas protegidas?  Maximiliano Bello: En todas partes y para eso es justamente muy importante que tengamos un acuerdo de Alta Mar vigente. Porque no podemos pensar el 30% de la protección del océano si no tenemos posibilidad legal para crear áreas marinas protegidas en alta mar también, en la Antártida, por ejemplo. Hemos visto muchos países declarar aquí en Niza nuevas áreas marinas protegidas. Hay que destacar Polinesia francesa que está protegiendo con distintas formas 4,5 millones de kilómetros cuadrados de su área económica exclusiva. Pero más importante todavía, alrededor de 1 millon de kilómetros cuadrados de ‘no tocar', que es, la mejor calidad de las áreas protegidas. Chile va a expandir el área protegida de Juan Fernández y Desventurada. Además, es proyecto liderado por pescadores artesanales y que va a llevar a Chile a superar el 50% de la protección. Es cierto que están avanzando, sin embargo, estamos esperando que ciertos países eliminen la pesca destructiva dentro de sus áreas marinas estratégicas. O sea, hay áreas marinas protegidas que tienen pesca destructiva: no tiene ningún sentido. RFI: En en esta cumbre del océano en Niza, también se ha avanzado en materia de lucha contra la contaminación plástica, otro reto que enfrenta el océano.  Maximiliano Bello: Acordémonos que hay 3 grandes amenazas al planeta y al océano. La contaminación, y no solamente por plástico que es la más visible. Otra amenaza es la pérdida de la biodiversidad, de la cual la amenaza principal es la pesca y tenemos el cambio climático. En el caso de los plásticos, cierto, hay un empuje para poder llegar a un acuerdo que sea vinculante, pero que además sea robusto, que sea ambicioso sobre terminar con esta problemática. RFI: Durante esta cumbre hemos visto dirigentes del mundo de varias naciones dando discursos muy ambiciosos sobre la protección de los océanos pero que fueron criticados por algunas organizaciones ambientales por el contraste con las políticas nacionales que efectivamente implementan. ¿Ha notado esta contradicción de algunos dirigentes entre sus palabras y sus actos? Maximiliano Bello: El caso de Europa nos preocupa muchísimo, porque efectivamente España, Francia, Grecia, Reino Unido están ahora avanzando algo, pero muchos de estos países siguen manteniendo esta práctica la pesca de arrastre de fondo en las áreas protegidas. Se sigue utilizando el arte de pesca que está reconocido incluso por la FAO, como el arte de pesca más destructivo que existe. Esperábamos de parte del presidente Macron un algún tipo de anuncio de justamente para cortar con eso. Lamentablemente no ha ocurrido, esperamos también de más países de la Unión Europea que avancen en eso. En Costa Rica también se sigue haciendo uso de la legislación de una forma muy negativa para poder seguir destruyendo los ecosistemas o especies como los tiburones que debieran ser considerados especies silvestres y que están en especies que están en manos de la pesca. RFI: Las organizaciones de la sociedad civil y pescadores artesanales han denunciado intensamente en esta Cumbre de la ONU los impactos negativos de la pesca industrial que merma los stocks de peces. Algo similar está ocurriendo también en la Antártida. ¿Por qué alertan en particular sobre la pesca del krill, un mini crustáceo? Maximiliano Bello: Es el elemento básico de toda la cadena alimenticia de la Antártica, el cual está siendo explotado en inmensas cantidades. Esta pesca, junto con el cambio climático, pone en gran vulnerabilidad a un ecosistema que es altamente frágil, del que se alimentan animales como pingüinos, focas y ballenas. Tenemos una nueva campaña para poder pedir el fin de esa pesca. Para pedir el cierre de las aguas antárticas para la pesca de krill. Noruega es el principal pesquero de krill. ¿Y para qué? Para poder producir alimento de salmón, y alimento de mascotas. Entonces imagínate, envían barcos desde Noruega hasta la Antártica para luego llevarse ese alimento a Noruega, para luego mandar esos salmones a todo el mundo. La huella climática, la huella de carbono de ese salmón es impresionante y no contribuye a la seguridad alimentaria. Es puramente un negocio. Escuche la entrevista completa:

Entre la pesca ilegal china, la disminución de las poblaciones de peces y la contaminación de las aguas, los pescadores a pequeña escala enfrentan varios retos que necesitan soluciones urgentes. RFI conversó con pescadores de Chile y Senegal en la cumbre de Niza en Francia. El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En la cumbre de la ONU sobre el océano, lideres políticos y científicos están de acuerdo que es hora de actuar para gestionar el océano de manera sostenible y frenar el grave declive de las especies de peces. Desde el puerto de Niza a orillas del Mediterráneo, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías debido a la pesca industrial. En las aguas suramericanas, por ejemplo, se estima que 600 barcos chinos pescan grandes cantidades de peces en aguas internacionales frente a las costas de Ecuador, Peru y Chile. Pescadores artesanales denuncian incluso la incursión de estos barcos en las aguas territoriales. En la cumbre de Niza, Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt al sur de Chile, representa a la Unión de pescadores artesanales de Latinoamérica y alerta sobre esta depredación.  “Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica y no solamente a Chile, sino que la prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica a depredar todo lo que encuentran. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena”, dijo a RFI. El pescador Salatou Sambou, coordinador de una concesión de pesca en la región de Casamanza en Senegal describe el mismo fenómeno en las costas atlánticas del oeste de África: “los recursos pesqueros empezaron a disminuir de manera drástica desde que los barcos chinos llegaron a la región”, constata. “Si África esta empobrecida y si perdemos hijos en el mediterráneo, se debe en parte a los barcos chinos que vienen a saquear nuestros recursos de forma ilegal e irresponsable”, denuncia Sambou, desde la cumbre de Niza, y llama al gobierno chino a actuar. La sobrepesca china, y la pesca de arrastre de fondo, así como la pesca con palangre han afectado duramente los stocks de pesquerías. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 35% de las pesquerías están sobreexplotadas. En Chile por ejemplo, esta cifra alcanza 53, según la ONG Oceana. Una tendencia que impacta directamente a los pequeños pescadores confirma Zoila Bustamante quien tambien presidente la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach. “En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos una cuota de pesca de 18.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000 toneladas porque cada vez cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté en media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen", comentó a RFI. Otras especies por ejemplo han logrado recuperarse gracias a planes de manejo. “En el tema bentónico, por ejemplo, los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con áreas de manejo. Nosotros tenemos en Chile, tenemos comités científicos que ven en qué estado está la biomasa, y entregan una cuota de pesca”, detalla Bustamante. La acuicultura Entre las propuestas para mantener los ingresos de los pescadores y la soberanía alimentaria, la FAO promueve la acuicultura, o granjas agrícolas en las zonas costeras. Pero el modelo suscita dudas entre algunos pescadores artesanales como en Chile, segundo productor mundial de salmón. “La acuicultura de salmón deja muchísimos impactos. Primero, la feca el salmón, muy concentrada, porque los crían en jaulas. Segundo toda la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino; todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando las empresas cambian de lugar, así como los pontones que se hunden en el borde costero. Entonces nosotros como pescados artesanales no vamos a defender una acuicultura de especie introducida”, denuncia la pescadora a RFI.  Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil piden limitar la pesca industrial y eliminar el uso de palangres y la pesca de arrastre, técnicas muy dañinas para los ecosistemas marinos, así como reducir los subsidios estatales a la industria pesquera.

En el documental peruano 'El otro río', que se estrenó en París, la activista ambientalista alerta sobre la depredación ambiental en la región amazónica de Loreto en Perú. En la cinta, Herrera documenta en particular el tráfico de animales y de madera. De estos retos ambientales habló con RFI a su paso por la capital francesa. Esta semana Vida en el planeta recibimos a Fiorella Herrera, activista medioambiental peruana, autora de 'El otro río', un documental sobre la extracción de recursos naturales en el río Napo, en la Amazonía peruana.A su paso por París, seleccionada por la Iniciativa Marianne del gobierno francés para empoderar a activistas defensores de los derechos de varios países, Herrera abordó con RFI los distintos retos ambientales que enfrentan las comunidades locales en Perú.A través de su ONG We can be heroes, Herrera ha luchado contra la contaminación por plástico a través de una iniciativa que se convirtió en ley. Y desde 2018, lidera el proyecto 'Salva tu Selva', protegiendo aproximadamente 25,000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía y conservando 35 especies en peligro de extinción, incluyendo el jaguar.En su documental 'El otro río', que se estrenó en París a finales de mayo, Herrera documenta y denuncia las afectaciones al medioambiente en la región amazónica de Loreto como el tráfico de fauna -como monos, guacamayas y jaguares-, la tala ilegal de madera y minería clandestina con el uso de dragas artesanales en los ríos.Escuche la entrevista completa:  

El gobierno colombiano busca triplicar la meta anual de erradicación de los narcocultivos. Para ello, el ministro de Defensa no descartó el uso del controvertido glifosato. RFI recibió en sus estudios al líder indígena Hernando Chindoy, del pueblo inga que logró erradicar totalmente los cultivos de amapola gracias a un proyecto comunitario. Revivir territorios azotados por la violencia, eliminar los narcocultivos y proteger los saberes ancestrales y el medioambiente, a esto se ha dedicado incansablemente y con éxito Hernando Chindoy, vocero y líder indígena colombiano del pueblo inga, un grupo cultural de unas 30.000 personas que viven en el suroeste de Colombia y en Ecuador.Su labor de defensor de la identidad cultural y del territorio inga, como gobernador de un territorio indígena, fue reconocido con el titutlo de doctor honoris causa de la Universidad de las Artes de Londres. Actuaulmente se encuentra en Francia a invitación del gobierno francés con la iniciativa Marianne, para impulsar a nivel internacional su proyecto de educación superior en territorios indígenas.El caso de su comunidad, Aponte, en el sur del país, fue un modelo de sustitución de cultivos ilícitos que busca precisamente impulsar el gobierno de Gustavo Petro. Ante el un auge de los cultivos de coca en varios departamentos del país, las autoridades colombianas anunciaron en abril una meta de erradicació de 50.000 hectáreas de cultivos de coca. Una meta ambiciosa si tomamos en cuenta que la cifra de erradicación de cultivos ilícitos en 2024 fue de 9403 hectáreas. El gobierno anunció que ofrecerá hasta 313 dólares a los campesinos que se sumen al programa de sustitución de cultivos. También surgió una polémica sobre el posible del glifosato, un peligroso herbicida. El ministro de Defensa colombiano Pedro Sáchez anunció la compra de glifosato para destruir plantaciones de coca, antes de aclara que no se reanudarán las aspersiones aéreas de dicho producto.Chindoy contó a RFI el proceso de esta transición desde los cultivos ilícitos hacia la producción de alimentos, a principios de los años 2000.Como guardián del territorio, Hernando Chindoy también abordó también el caso de la comercialización del yagé, o ayahuasca, planta clave para la medicina tradicional inga. "Al Putumayo llegan aviones llenos de gente buscando yagé. Se ha convertido en un tema de folclor", lamenta Chindoy.

En la región ecuatoriana del Chocó Andino, un oasis de biodiversidad, a dos horas de Quito, las comunidades campesinas aprobaron en 2023 prohibir las nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la actividad minera sigue presente. Reportaje. A tan solo dos horas de Quito, la capital ecuatoriana, entre el mar y los Andes, existe un paraíso de vegetación tropical sumergido por las nubes. Estamos en el Chocó Andino, declarado reserva de la biósfera por la Unesco en 2018.Junto con Doris Villalba - su esposa-, Sergio Basantes, vestido de un chaleco gris, nos da la bienvenida en Mashpi Amagusa, una de las reservas privadas de este corredor de biodiversidad que conecta Panamá con Perú y donde habitan tucanes y osos entre otras especies. Aquí se han registrado 600 especies de aves 270 mamíferos y 140 anfibios distintos, varios de ellos endémicos.“Mashpi significa ‘amigo del agua'”, cuenta a RFI Sergio Basantes en medio de su predio de 65 hectáreas de vegetación tropical donde recibe a turistas para el avistamiento de aves. “Aquí puede ver una lorita de cachete rosado, endémica del Chocó, y un tucanete lomirrojo”.La reserva surgió en 2012 para valorar la biodiversidad. “Antiguamente utilizábamos esto para potreros, y ahora todo lo que puede ver acá ha sido resembrado y reforestado con 2000 árboles”, recuerda Basantes, en medio de una densa vegetación, donde se mezclan el canto de las aves, el ruido de la lluvia y el vuelo de decenas de colibrís. “En temporadas altas tenemos 23 especies de colibrís. Ahorita hay un oreja violeta, un brillante emperatriz y una corinita aterciopelada que anda ahí rondando”.“Hemos podido conservar esto porque nos hemos opuesto a que estas tierras sean concesionadas a empresas mineras”, recuerda Basantes.Y es que el Choco Andino, además de su excepcional biodiversidad de fauna y flora alberga otro tipo de riqueza: el subsuelo contiene oro que suscita la codicia de empresas y mineros ilegales.Escuche el audiorreportaje completo:Aunque suene paradójico existen aquí cerca de 20 concesiones mineras vigentes y que se superponen con el mapa de la región de biósfera. Fue precisamente para detener el avance de la minería que, en 2023, ciudadanos de la región impulsaron una consulta popular para prohibir las nuevas concesiones de minería metálica en el distrito Metropolitano de Quito, que abarca el Chocó Andino.Teolinda Calle activista ambiental, fue una de las impulsoras de esta consulta. Nos recibe en su restaurante ubicado rodeado de colinas verdes y de cascadas. “Antes de la consulta popular, hemos logrado que se borren dos concesiones.  Recién en 2024 se borraron”, explica Calle.“Ganamos la consulta con aproximadamente 1 millón de votos, sin embargo, la falta de control del estado sigue dándose. Ninguna empresa tiene permisos ambientales. Y tenemos minería ilegal en Paco. Pero no hay quien controle”, lamente Teolinda Calle.Los habitantes del Choco Andino ganaron una primera batalla legal contra la minería. Pero no han ganado la guerra contra el extractivismo, nos dice Eddyn Cortés. Este campesino, miembro de la cooperativa de producción de panela Copropap, principal industria de la región es también líder del Frente Antiminero que lucha contra el extractivismo en la región.En conversación con RFI desde Pacto, Cortés denuncia la actividad de empresas mineras, como Ecuamin, que cuentan con concesiones pero que carecen de licencias ambientales vigentes para operar. "A parte de eso, existe minería aluvial de mineros supuestamente artesanales, pero que usan dragas, en el río Chirapi que siguen minando en el territorio. Ellos le venden material a la empresa", señala el campesino.En Pacto, la actividad minera aún se siente. A unos minutos del centro, la entrada de una concesión minera parece activa: la reja está abierta y tiene rastros recientes de camiones en el suelo.La minería ilegal en Ecuador que generó en 2024 1.300 millones de dólares de exportaciones, según estimaciones del medio de investigación Plan V. Los campesinos del Choco Andino denuncian la actividad minera en túneles abandonados por las empresas que tienen concesiones mineras, como en la localidad de El Paraíso. Una moradora del pueblito, Marcia Obando observa desde 8 meses idas y venidas de camiones llenos de material pétreo extraído ilegalmente en un cerro a menos de 1 km de su casa. “Los camiones cargados con material pétreo pasan a la 1 o 2 de la mañana, con carros de seguridad. El 8 de abril fue la última vez que los vimos cargar material. Y se escucha cuando detonan los explosivos”, dice a RFI.“Hemos llamado varias veces al ECU, el número de emergencias, pero dicen que no es su responsabilidad”, alerta.Las alternativas a la mineríaMarcia Obando, junto con un grupo de campesinos, apuestan a la actividad agrícola como alternativa a la minería “para no solo estar gritando, porque somos agricultores, no mineros”. Nos condujo hacia a la finca Parcayaco, un modelo de agricultura orgánica y circular.Detrás su casa, Wilson Ruales camina entre cultivos que mezclan caña de azúcar, vegetación libre y una variedad infinita de verduras, sembradas con técnicas que permiten prescindir del uso de agroquímicos. Varias fincas de la región tienen el sello orgánico, y exportan panela a Italia, España y Francia. Ruales va más allá de lo orgánico y sembró 41 especies en 400 m2 en una parcela siguiendo los principios de la agricultura sintrópica donde las plantas hacen alianzas y se protegen mutuamente contra las plagas. “Las aromáticas producen olores y eso hace que ciertos insectos eviten poner sus larvas para que se desarrollen las plagas”.“Aquí la minería es muy preocupante. Se ha hecho resistencia desde 2002, luego ganamos la consulta popular para prohibir la minería en el Chocó Andino, pero no suficiente. Una de las formas de decirle ‘no' a la minería no es solo salir a las calles. Tenemos actividades agrícolas. La lucha también es producir e innovar para la alimentación”,La lucha de los campesinos de Pacto contra la minería no es un caso aislado. En varias regiones de Ecuador, comunidades campesinas e indígenas alzan la voz contra el extractivismo legal e ilegal que invade sus territorios. Y la reelección reciente de Daniel Noboa a la presidencia de la Republica preocupa a los sectores ambientalistas: el mandatario quiere impulsar la minería metálica a gran escala en Ecuador.Un reportaje de Raphaël Morán, realización técnica: Pilar Pérez.

La inyección masiva de aerosoles para disminuir la radiación solar y limitar el cambio climático es una técnica impulsada por varias empresas estadounidenses. Sin embargo, aunque parezca futurista, la geoingeniería solar presenta múltiples peligros, advierten científicos. La propuesta de la Planetary Sunshade Foundation se asemeja a un guión de ciencia ficción. Esta iniciativa privada, con sede en Los Angeles, propone desplegar una gigantesca sombrilla en el espacio para reflejar la luz solar y de esta manera disminuir el efecto invernadero en la Tierra.Y es que con la aceleración del cambio climático - nuestra trayectoria actual nos llevaría hacia un aumento de 3°C de las temperaturas globales -, los defensores de la geoingeniería solar abogan por alterar la radiación a gran escala, además de reducir nuestro uso de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático.“La geoingeniería solar o lo que se llama ‘modificación de la radiación solar' (SRM en inglés) agrupa técnicas que buscan reflejar parte de la radiación solar. O sea que la radiación que llega al planeta se refleje hacia el espacio en orden de reducir el calentamiento global”, explica Alex Godoy Faúndez, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile y miembro comité científico asesor en temáticas de cambio climático del gobierno de Chile.Los modelos de ingeniería solar proponen “inyectar a nivel estratosférico aerosoles como sulfato o carbonato de calcio o bien con el blanqueamiento de nubes marinas para aumentar el reflejo de la radiación en términos geográficos enormes, como si fuese un espejo”, agrega en entrevista con RFI. Dicha tecnología, sin embargo, está en fase experimental. Según la plataforma Geoingeneering Monitor, que compila los proyectos de geoingeniería a nivel global, existen actualmente 17 proyectos de geoingeniería solar. El Great Barrier Reef MCB en Australia plantea, por ejemplo, pulverizar gotas de agua de mar para que las partículas de sal aumenten el potencial reflectivo de las nubes, y así limitar el deterioro de los corales bajo el efecto del calor.“La mayoría de los estudios que existen son modelaciones climáticas en computador. Sin embargo, el interés por este tipo de aproximación ha aumentado entre el año 2015 y 2022, precisamente porque se ha agravado el efecto del cambio climático”, observa Alex Godoy Faúndez.Rechazo contundente de la comunidad científica“El problema que existe es un riesgo ético. La posibilidad es que [la geoingeniería solar] se use como excusa para no salir de los combustibles fósiles. Esta preocupación ya lo despertó el IPCC (Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, GIEC), del cual me tocó ser parte del año 2018”, advierte el investigador chileno.“Otro aspecto tiene que ver con la inequidad, porque cambiar el balance climático es cambiar los equilibrios energéticos del planeta”, alerta Godoy Faúndez.“¿Qué pasa si un país unilateralmente decide aplicar un experimento a gran escala que perjudique a muchos países? Los modelos incluso sugieren que una inyección mal calibrada podría alterar desde los monzones africanos asiáticos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas”, recuerda el especialista.En el 2022, más de 400 científicos y expertos de 60 países firmaron una carta abierta para solicitar un acuerdo internacional de no uso unilateral de la geoingeniería. “Apostamos por alternativas que hoy son más seguras y efectivas con una transición energética justa, una conservación de los ecosistemas, la promoción y la inversión en tecnologías limpias y apuntar hacia una justicia climática global”, concluye Alex Godoy Faúndez, firmante de dicha carta. El sueño 'tecnosolucionista' de la Silicon ValleyBombardear la atmósfera con aerosoles para reducir la radiación solar plantea también serios retos en materia de justicia climática y varias pruebas se han hecho a espaldas de las comunidades locales, advierte por su parte el colectivo ambientalista HOME (Manos fuera del planeta por su abreviatura en inglés).El proyecto Scopex, financiado por Bill Gates y lanzado en 2019, que consistió en la liberación de carbonato de calcio y sulfato desde un globo a gran altitud para reflejar la luz solar, fue finalmente abandonado el año pasado debido al rechazo de comunidades locales en Suecia. Este caso fue un emblema de la falta de consenso social en torno a la geoingeniería según Silvia Ribeiro, periodista de investigación y asesora de la plataforma HOME, que monitorea los proyectos de geoingeniería en el mundo.“Lo que impulsa este tipo de arreglos tecnológicos es que cualquier problema que cause el cambio climático no es necesario ir a las causas porque se puede manejar con tecnología y esto es exactamente el tipo de mentalidad de Silicon Valley, o sea, de las grandes empresas tecnológicas que en este momento también son los hombres más ricos del mundo”, constata Silvia Ribeiro.En México, la startup estadounidense Make Sunset liberó dióxido de azufre en territorio mexicano sin el consentimiento de las autoridades ni de la población local. El cofundador del proyecto, Luke Iseman, un empresario estadounidense, dice haberse inspirado de una novela de ciencia ficción, Termination Schock (William Morrow, 2021), y propone 'créditos de refrigeración' a clientes que buscan compensar sus emisiones de CO2.Después de la revelación de estos experimentos. El gobierno mexicano declaró la prohibición de la geoingeniería solar en su suelo en virtud del principio precautorio.Escuche el programa completo:Entrevistas: -Alex Godoy Faúndez, profesor asociado y directo centro de investigación en sustentabilidad de la Universidad del desarrollo y miembro comité científico asesor en CC del gobierno de Chile, autor de IPBES. -Silvia Ribeiro, periodista investigadora y asesora de la plataforma 'HOME', 'Manos fuera del planeta', de monitoreo de los impactos ambientales de la tecnología.

A un año de la declaratoria de emergencia ambiental en las ciudades de Huancavelica y Sacsamarca debido a la contaminación por mercurio, nada ha cambiado. Aún no se han tomado las medidas necesarias para limpiar los suelos contaminados por siglos de explotación minera, constatan varias voces de la sociedad civil. Ubicada a 3600 metros de altitud en los Andes peruanos la ciudad de Huancavelica aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, una sustancia usada para separar el oro. Según estimaciones realizadas desde los registros de la época colonial, 68.000 toneladas de mercurio salieron de las entrañas de la tierra en Huancavelica entre 1564 y 1810.“Cerca de la ciudad estaba la mina de Santa Bárbara, una de las mayores. Este mineral, el cinabrio, que bajaban de la mina, se quemaba en más de cien hornos en Huancavelica para poder extraer el mercurio. Por las chimeneas salían estos humos que tenían mercurio que fue esparciendo, además de las escorias”, describe Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.Aunque la actividad minera se acabó en los años 1970, las familias de esta ciudad que hoy en día viven en casas de adobe construidas con tierra contaminada, así como las de Sacsamarca, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. “Según el censo de 2017, hay 3517 viviendas hechas de adobe, con el suelo de tierra”, indica Benavente.Una contaminación invisible pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales tóxicos, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental EHC, por sus siglas en inglés analizó muestras de suelo y de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes adobe de las casas y la calidad del aire.En un informe de 59 páginas publicado en 2015, la organización alertó las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, la concentración de mercurio superaba tres veces los estándares recomendados, detalló a RFI el director de la ONG, Nicholas Robins.En diciembre de 2023, como resultado de acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Sascamarca, realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024. Pero desde entonces, los avances son casi nulos. Más de 55.000 personas debían recibir atención integral. Pero entre mayo y julio de 2024, solo 1,553 personas fueron atendidas y no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano de investigación Salud con Lupa.Y a pesar de que las autoridades ambientales locales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medioambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica: a la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica.La intensa actividad minera, legal e ilegal, en Perú ha causado desastres ambientales también en la región Amazónica de Madre de Dios donde también se han encontrado altos niveles de mercurio.Escuche el programa completo aquí: Entrevistas:-Nicholas Robins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, Environmental Health Council, ONG estadounidense.-Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú

En Ecuador, cerca de 200.000 personas se quedaron sin agua potable durante dos semanas debido a la contaminación por hidrocarburos tras el derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Y los daños ambientales de esta catástrofe sin precedentes en la región de Esmeraldas son incalculables. Testimonios. La población de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas sintió en carne propia los impactos del derrame petrolero del 13 de marzo en el oleoducto ‘Sote' en el norte del país. Irritación en la piel, afectaciones respiratorias, ruptura del suministro de agua son algunas de las consecuencias del vertido de miles de barriles de crudo en 80 km de cuerpos de agua en los ríos Viche, Caple y Esmeraldas.La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas y remover el crudo del agua. Pero la contaminación bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares. “El impacto es total en la economía. El manglar está contaminado. Y nosotros vivimos del cangrejo, del camarón. Nuestros animales se están muriendo. Hemos visto nutrias manchadas de petróleo”, contó Wendy a RFI, por teléfono.Dos semanas después de la rotura de un oleoducto, presuntamente por un deslave, la empresa Petroecuador indicó que se derramaron 25.116 barriles de petróleo. El incidente se añade a una serie de derrames, pero sería el peor desde el deslave de febrero de 1998 que causó una fuga de más de 43.000 barriles de crudo en la provincia de Esmeraldas.“Algunos años atrás, hubo también un derrame de diésel y las islas fueron golpeadas. Es injusto que esto siga siendo sucediendo”, lamenta Wendy, con la voz quebrada por la emoción.Tras recorrer explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del Esmeraldas, el biólogo marino y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo compartió con RFI un preocupante diagnóstico. “Hay dos ríos azoicos, esto significa que están carentes de forma de vida acuática en este momento. Están muertos. Pero es temporal. En el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez”, contó a Radio Francia Internacional tras un recorrido una semana después de la catástrofe.“El sector más afectado es la comunidad de pescadores artesanales con una flota pesquera de alrededor de 150 a 200 embarcaciones en las comunidades ribereñas : no hay producción pesquera”, detalla Rebolledo.El investigador reporta también “una franja negra pegada a las hojas del mangle” en el manglar del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, un refugio único de biodiversidad.El derrame petróleo de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador desde el inició de las operaciones en 1972 del oleoducto SOTE que atraviesa el país desde la Amazonía para transportar el crudo hasta la costa de Esmeraldas.Las comunidades locales y el medioambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, denuncia Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros. “Los derrames son muy frecuentes. En los campos petroleros de la Amazonía donde se extraen estos hidrocarburos, hay dos a tres derrames medianos por semana. Los pequeños son casi a diarios. Y en las tuberías ‘SOTE' y ‘OCP' también son frecuentes”.Antes de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ‘OCP' en 2003, la ONG Acción Ecológica realizó un inventario de derrames en el otro oleoducto paralelo, el ‘SOTE'.  Desde los años 1970, “llegamos a contar 49 derrames, y el mas grande era el ocurrido en el 1987 por un terremoto”, indica Almeida.La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos. “Estamos haciendo monitoreos en los sitios afectados y todavía aparecen en los suelos tóxicos, metales pesados que son típicos de la composición del petroleo”, subraya Almeida.Quedan aún dudas sobre las causas del desastre ambiental. Inicialmente la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento, que suelen ocurrir en temporadas de lluvias. Pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje.Escuche el programa completo:   Entrevistas:-Eduardo Rebolledo, biólogo marino, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Esmeraldas.-Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, Esmeraldas, afectada por el derrame petrolero.-Wendy, habitante de las islas de la desembocadura del río Esmeraldas.-Alexandra Almeida, bioquímica y encargada de los temas petroleros en la ONG ambientalista Acción Ecológica.

Un juicio inédito se abre en una corte de justicia alemana. El campesino peruano Saúl Luciano Lluiya exige a la empresa energética alemana RWE participar a los costos de adaptación al cambio climático en su ciudad, Huaraz, amenazada por el derretimiento glaciar. El caso podría sentar precedentes en materia de justicia climática. El 17 de marzo, la corte regional de Hamm en Alemania inicia la  audiencias en el marco de la demanda de Saúl Luciano Lliuya, un campesino peruano y guía de montaña, oriundo de Huaraz, en la Cordillera Blanca de Perú, una región golpeada por el derretimiento glaciar producto del calentamiento global.En lo que parece ser una pelea de David contra Goliat Lliuya, apoyado por la ONG alemana Germanwatch, demandó al gigante energético alemán RWE, responsable del 0,47% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) mundiales desde el inicio de la era industrial.Dicha demanda busca demostrar que estas emisiones son en partes responsables del calentamiento global que causaron el derretimiento glaciar en los Andes. El retroceso glaciar se acompaña de una peligrosa extensión del volumen del lago glaciar Palcacocha, ubicado a 4500 m de altitud y que amenaza la ciudad de Huaraz, ubicada río abajo.“En el año 1941, ya ocurrió un aluvión que destruyó una parte de la ciudad y murieron entonces cerca de 2000 personas”, recuerda Lliuya, entrevistado por RFI en vísperas del inicio de las audiencias.De los años 1940 en adelante, el calentamiento global llevo a una pérdida de casi el 50 % de la masa de los glaciares en los Andes, según los científicos.“La laguna glaciar Palcacocha ha crecido 34 veces. Entonces si se desborda la laguna, podría afectar a 50.000 personas que viven en la zona de riesgo”, advierte el demandante. “RWE es una de las empresas que más ha contribuido a la crisis climática. Entonces la demanda busca que RWE se haga cargo de una parte del costo de la construcción de un dique para asegurar la laguna y para proteger Huaraz”, detalla Saúl Luciano Lliuya.Al considerar que RWE es responsable  del 0,47% de las emisiones globales de CO2 desde el inicio de la era industrial, el peruano, junto con los juristas de Germanwatch, exigen que la empresa aporte el 0,47% del costo de las obras, es decir la cantidad de 17.000 euros.Una primera demanda de este tipo fue presentada en 2015 pero otro tribunal alemán la desestimó. La desaparición anunciada de los glaciares andinosLa peligrosa situación en la que se encuentra la ciudad de Huaraz por el riesgo de desbordamiento de la laguna Palcacocha es una de las consecuencias múltiples que enfrentan las zonas andinas por el calentamiento global.Rubén Efraín Basantes glaciólogo ecuatoriano y profesor de la Universidad de Yachay observa que “desde finales de los setentas se ha acelerado de manera bastante importante la desaparición de los glaciares con el aumento de temperatura. Se ha medido que, en los Andes, entre un 30% a un 50% de la masa glaciar se ha perdido debido a este este aumento de temperaturas”, dice a RFI.Aunque el retroceso glaciar es variable según los países, se estima que todos los glaciares que están ubicados a menos de 5100 metros de altitud están “sentenciados a la desaparición”, advierte el glaciólogo.En el Ecuador, los glaciares ubicados en los volcanes Carihuairazo, Ilinizas y Cotacachi “ya han desaparecido casi totalmente”, constata Bastantes. “Son las primeras víctimas del cambio climático”.La demanda contra el gigante energético alemán RWE pone también en evidencia las consecuencias concretas del calentamiento global y los necesarios esfuerzos de adaptación. Además de los riesgos de aluvión y desprendimiento, se verá afectada “la disponibilidad hídrica para bienes de consumo humano, para la producción de energía hidroeléctrica, para el riego de los cultivos", anticipa el glaciólogo.Escuche el programa completo de 'Vida en el planeta'.Queda por ver si la justicia alemana reconocerá el vínculo directo entre las emisiones de CO2 de RWE y el derretimiento glaciar en Perú.Aunque el peruano solo reclama 17.000 euros a la empresa, el caso podría sentar un precedente en materia de justicia climática. La ONG Germanwatch, que asesora a Saúl Luciano Lliuya no excluye otras demandas a futuro.Según un estudio publicado en la revista Science en 2023, en el mejor de los escenarios, si el planeta se calienta en promedio 1,5°C a nivel global, perderemos el 26% de la masa glaciar del planeta. Y si las temperaturas globales aumentan 4°C a nivel global de aqui a finales del siglo, podrían desaparecer el 83% de los glaciares. En estas condiciones, cada tonelada de codos que evitamos liberar en la atmósfera cuenta para limitar los daños. 

En Estados Unidos, la administración Trump borró casi por completo las palabras 'cambio climático' y 'justicia climática' de las páginas gubernamentales en el marco de masivos recortes presupuestarios en varias agencias públicas. Esta política pone en peligro nuestra capacidad para anticipar el cambio climático, dijeron a RFI varios científicos.  El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina. Con el lema de ‘Stand up for science' – o ‘en defensa de la ciencia'- grupos de académicos, estudiantes, investigadores marcharon en EEUU y en otras ciudades como en París Francia en solidaridad con sus pares estadounidensesLa cruzada sin precedentes de la segunda administración Trump contra la ciencia y en particular la ciencia ambiental despertó las alarmas de la comunidad científica. Wahington arremetió por ejemplo contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, esta agencia emplea 13.000 personas que se dedican a los pronósticos de huracanes, olas de sequias, inundaciones y monitorean la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático.Pero el departamento de eficacia gubernamental, DOGE, encabezada por el hombre más rico de planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia: cerca de 600 empleados de esta agencia fueron despedidos abruptamente, algunos eran encargados de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban datos de sobrepesca.Este gesto es el resultado de la aplicación del plan ultraderechista Project 2025 que llamaba a desmantelar y privatizar la agencia de pronósticos del tiempo de EE.UU. considerándola un vector del "alarmismo climático" que "perjudica la prosperidad del país".El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Josep Canadell, reconocido científico y especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project. Canadell es también miembro del panel internacional de científicos sobre cambio climático, el GIEC o IPCC, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.A finales de febrero, la administración Trump prohibió también a los científicos estadunidenses a participar a la 62 reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climatico (GIEC, o IPCC en inglés) en China.Una decisión que Pep Canadell califica de “desastre”. “El nivel de investigación de los estadounidenses es muy alto. Y el gobierno no les deja ni participar en videollamadas. En el IPCC necesitamos los mejores investigadores para producir el mejor informe sobre el estado del clima global”.El retiro de los investigadores estadounidenses de los trabajos del GIEC plantea también dificultades a largo plazo. “En el GIEC tenemos tres grupos: los de la ciencia del clima, los que miden los impactos del cambio climático, y un tercer grupo que determina qué es lo que hay que hacer, en materia de energía. Y este grupo era liderado por un grupo de estadounidenses de la NASA, a quienes se les prohibió participar”, alerta Canadell.Escuche la entrevista completa con Josep Canadell en nuestro programa 'Vida en el planeta':Resisten a la censura de las páginas gubernamentalesEn el marco de su cruzada con la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas web gubernamentales que contienen las palabras 'cambio climático". Desaparecieron también páginas sobre la justicia climática.Ante esta censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académico agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organiza el rescate y archivo de millones de datos. "Hemos archivado alrededor de 1 millón de páginas de datos gubernamentales medioambientales”, indica Lourdes Vera, doctora en sociología. Vera, quien investiga en particular temas de justicia climática, es parte de este colectivo.“Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas: todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental ya no aparece en las páginas del gobierno. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medioambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido", constata Lourdes Vera, entrevistada por RFI.La investigadora sospecha que esta ofensiva contra la ciencia climática responda tanto a intereses ideológicos como económicos. “Por una parte el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad ¡son datos empíricos! Y, por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña 'perfora, baby, perfora( de Trump.“Evidentemente si uno pone el foco de atención a las injusticias y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera!”, concluye Vera.Otros investigadores estadounidenses, consternados por la ofensiva de Trump contra la ciencia, una actitud calificada de golpe de estado por algunos, esperan ahora que la justicia ponga un freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte judicial de mayoría conservadora, ordenó por ejemplo a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la agencia de cooperación humanitaria internacional, diezmada también por los recortes.Entrevistas: -Pep Canadell, científico y director del Global Carbon Project-Lourdes Vera, doctor en sociología y profesora asistente en la University at Buffalo (EEUU), miembro del Public Environmental Data Project-Emmanuelle Pérez-Tisserant, historiadora (Universidad de Toulouse), impulsora de Stand up for Science, Francia.

En el norte de México, el proyecto Saguaro Energía de planta de licuefacción de gas representa una amenaza para la excepcional biodiversidad marina del Golfo de California, apodado el 'acuario del mundo'. Científicos y ambientalistas temen colisiones entre barcos metaneros y cetáceos en peligro de extinción. Con su megaproyecto de infraestructura de exportación de gas, la empresa México Pacific promete 13 mil empleos y una inversión récord que haría de México el cuarto exportador mundial de gas. 'Saguaro Energía', así como fue bautizado el proyecto, haría de Puerto Libertad, hoy un pueblito de pescadores del Golfo de California, un centro industrial de licuefacción para exportar 15 millones de toneladas de gas al año hacia los países asiáticos. La infraestructura incluye 800 km de gasoductos desde Texas, una planta de licuefacción y una terminal de exportación para buques metaneros.Lo que no precisa la empresa en su video promocional es que este proyecto generaría un tráfico marítimo de buques metaneros de 300m de largo en el Golfo de California, un brazo de mar al norte de México, conocido por albergar 900 especies de peces incluyendo cetáceos.“El Golfo de California tiene una posición muy interesante que se combina con una dinámica de corrientes. Y además en el interior del Golfo, tiene una diversidad de ambientes que propician una amplia una amplia biodiversidad de invertebrados, peces y mamíferos”, recuerda Jorge Urbán, profesor investigador del departamento de ciencias marinas de la Universidad de Baja CaliforniaEl Golfo de California constituye también el hábitat de especies endémicas como la vaquita marina, un mamífero marino al borde de la extinción. “En peligro está la ballena azul y vulnerable, está la ballena jorobada. En el Golfo de California, hay especies migratorias que se encuentran en el golfo para actividades de reproducción y crianza de sus crías como la ballena azul, la ballena jorobada, y la ballena gris. Y el rorcual común que vive todo el tiempo en el golfo, la segunda más grande del mundo, con una población residente de 500 individuos”, detalla Urbán, coautor de un estudio sobre los impactos potenciales del proyecto Saguaro Energía para la biodiversidad (consulte el informe aquí).La intensificación de la circulación de barcos de gran eslora podría entonces generar dos tipos de amenazas para los cetáceos: contaminación acústica y colisiones, advierte Jorge Urbán, quién se basó en un estudio llevado a cabo en Canadá.  Titulado ‘Previsión y mitigación de las colisiones con buques para las ballenas en el territorio de la Primera Nación Gitga'at. Investigación sobre especies amenazadas', el estudio, conducido por Eric Keen advierte que para 2030, “la mortalidad por colisiones con barcos aumentará 2,3 veces para el caso del rorcual común y 3,9 veces para las ballenas jorobadas, es decir, 2 y 18 muertes por año respectivamente. Tales valores representan pérdidas insostenibles que podrían agotar poblaciones de ambas especies en la región estudiada”, de Canadá, indica Urbán, citando el informe de sus pares canadienses.Las similitudes entre el proyecto de terminal gasífero en Puerto Libertad, México, y las instalaciones de licuefacción en Colombia británica dan una idea del impacto que podrían causar dichas instalaciones en la fauna marina del Golfo de California.“El Golfo de california mide aproximadamente unos 1200 km y ese el recorrido que tenían que hacer completamente los barcos metaneros, extremadamente grandes, cerca de 300 m de longitud, con una velocidad crucero de casi 38 kmp/h, una velocidad considerable para un barco de estas dimensiones”. “Cuando un barco le pega a una ballena, lo mas probable es que la mate”, alerta Urbán.Campaña de ONG 'Ballena o gas'De momento, solo ha arrancado la construcción del gasoducto en el desierto mexicano para transportar el gas extraído en Texas. Pero el proyecto Saguaro suscitó una movilización de organizaciones ecologistas. A través de la campaña 'Ballena o Gas', una treintena de organizaciones entregaron en enero más de 200 000 firmas contra el proyecto, a las autoridades mexicanas.Greenpeace México es parte de este colectivo que cuestiona la utilidad misma del proyecto porque añadirá más gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, en contradicción con el compromiso 'Methan Pledge' al que se sumó México, junto con otras naciones del mundo, para reducir las emisiones de metano en 30% para 2030."El metano es uno de los más peligroso gases de efecto invernadero. Su capacidad de absorber el calor es 86% mayor que el Co2. Es un contaminante de vida corta. Pero por su potencial de absopción de calor, es sumamente grave. Para mantenernos por debajo del 1.5°C (de aumento de la temperatura global), es importante limitar este tipo de contaminantes", indica a RFI Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático de Greenpeace México.Preguntada sobre el proyecto Saguaro, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que aún se encontraba en fase de revisión por la secretaría de Medioambiente y Recursos Natuarales.Escuche el podcast completo: Entrevistas:Jorge Urbán, profesor investigador del departamento de ciencias marinas de la Universidad de Baja California Sur.Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático de Greenpeace México

La paralización de las actividades de la agencia de cooperación exterior USAID, decretada por Donald Trump, pone en aprieto miles de programas humanitarios y de protección del medioambiente en el mundo. En Latinoamérica, Colombia es el país que más fondos recibió de parte de USAID, con 395 millones de dólares en 2023. A principios de febrero, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, encargado por Donald Trump de recortar drásticamente los gastos del presupuesto federal, anunció el cierre casi total de las actividades de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, USAID. La agencia pasó de 10.000 empleados a 300, de un plumazo. Y la administración Trump indicó que revisaría los 42 mil millones de dólares de presupuesto de esta entidad. Esta decisión draconiana, tomada en el marco de los recortes estatales impulsados por Elon Musk, sacude la comunidad mundial de las ONG pues USAID representa, hasta el momento cerca del 40% de la ayuda humanitaria global."Es un nido de víboras marxistas", dijo Elon Musk para justificar el desmantelamiento de la agencia. Una crítica bastante insólita cuando sabemos que USAID ha sido históricamente un instrumento de poder blando de Estados Unidos en el exterior. La agencia, cuya misión incluye por ejemplo financiar ayuda humanitaria y fomentar la democracia, fue incluso varias veces acusada de injerencia y de intervencionismo por países como Cuba, Venezuela o Bolivia, por apoyar a voces disidentes o de oposición.En muchos países, sin embargo, en los últimos años, los dólares de USAID se han convertido en un apoyo indispensable para la distribución de alimentos, la lucha contra el VIH, la lucha contra la deforestación o el apoyo a defensores de derechos humanos en zonas de conflicto."Nunca había visto a una nueva administración proceder de esta manera.  Cuando llega una nueva administración, por lo general se revisan algunos programas. Esto no es inusual. Pero nunca había visto una administración llegar y congelar todos los fondos de la ayuda exterior”, dijo a RFI un ex funcionario de USAID y hoy científico del Instituto de Estocolmo para el medioambiente (SEI), Edd Carr.Carr subrayó que la suspensión brutal de las ayudas de USAID tendrá impactos locales e internacionales. “Todos los programas de USAID -por ejemplo, los dedicados a la seguridad alimentaria o a la salud mundial- tienen un componente climático. Está el impacto directo en las personas y las comunidades que se beneficiaban directamente de los proyectos climáticos de USAID. Por ejemplo, los pequeños agricultores del África subsahariana. Si USAID intenta mejorar la resistencia de estos agricultores africanos frente al cambio climático, es también porque es un medio para asegurar el sistema alimentario mundial. Detener este programa tendrá, por tanto, un impacto indirecto en todos nosotros.”Incertidumbre en Colombia, gran receptor de ayudas de USAIDLa suspensión de las ayudas de la USAID despertó las alarmas en Colombia en particular, el país latinoamericano que más apoyos recibe de dicha agencia. El 2023, el país suramericano recibió 395 millones de dólares para financiar proyectos en múltiples áreas explica Juana García Duque, profesor asociada de la Universidad de los Andes y experta en temas de cooperación internacional.“Al ser un país de renta media, Colombia no es un país dependiente de la ayuda, sin embargo, es un país que ha recibido grandes cantidades de recursos de USAID y de otros donantes inicialmente por la situación de conflicto. Adicionalmente, hay momentos en la historia del país donde se han incrementado esos recursos: cuando ha habido negociaciones de paz y cuando ha habido acuerdos de paz”, recuerda la experta.“La mitad de esos recursos provienen de USAID, entonces pensar que esos recortes van a impactar significativamente los recursos que recibe Colombia anualmente. Los programas han variado a lo largo de la historia, pero han estado enfocados en temas de desarrollo económico, en temas de acompañamiento para la sustitución de cultivos ilícitos. También a raíz de los acuerdos de paz del 2016, USAID acompañó proyectos relacionados con la reintegración y reincorporación de excombatientes. El espectro ha sido bastante amplio”, detalla Juana García Duque.En una declaración del 18 de febrero, el presidente Donald Trump cuestionó –y se mofó - del gasto de 25 millones de dólares dedicados a la protección de la biodiversidad en Colombia.Según el ministerio de medioambiente de Colombia, el país recibió 70 millones de dólares de USAID para la protección del medioambiente. Y el impacto se hará sentir principalmente en las zonas de la Amazonía colombiana, alertó la ministra colombiana de medioambiente Susana Muhamad.Un programa en particular dejó de recibir subsidios: se trata de Amazonía Mía, que apoya a comunidades rurales para evitar la deforestación, y brinda asistencia al estado colombiano para reprimir los delitos de tala ilegal.“Con respecto al tema medioambiental, ha habido algunas áreas específicamente, por ejemplo, algunos programas que en donde USAID apoyó en el diseño y la consolidación de rutas de aviturismo y claramente Colombia hoy se ha posicionado como uno de los destinos más reconocidos. Hay programas como el de Destino Naturaleza, Amazonía Mía, Tierra Dorada, Naturaleza Productiva que van a quedar en el limbo. Tanto las comunidades como muchos de los técnicos y las organizaciones que hacen parte de quienes apoyan estos programas”, advierte García Duque. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC alertó por su parte sobre las consecuencias a mediano plazo que ocasionaran los recortes: las comunidades que recibían fondos de USAID podrían ser más vulnerables económicamente y caer en actividades ilegales.A mediados de febrero, un juez revirtió la decisión de la Casa Blanca de congelar los fondos y exigió que se ejecutaran estos presupuestos. Pero de momento, la Casa Blanca no ha reiniciado los pagos, manteniendo así un pulso con el poder judicial.Escuche el podcast completo de Vida en el planeta: Entrevistas: -Juana García Duque, profesora asociada de la Universidad de los Andes y experta en cooperación internacional.-Edd Carr, ex funcionario de USAID, entrevistado por Stefanie Schuller.

El retroceso glaciar en la Antártida, en el polo sur, deja al descubierto zonas nunca exploradas. Un equipo del Schmidt Ocean Institute navegó en estas aguas remotas para observar la biodiversidad. RFI conversó con la jefa de la expedición. En 2023, durante una expedición en la Antártida, científicos estadounidenses descubrieron en las profundidades del polo sur un extraño invertebrado con 20 brazos, de color blanco con reflejos morados, que no superaba los 20 cm de largo. A esta singular especie que tenía un aspecto extraterrestre, se le otorgó el nombre de Promachocrinus fragarius, o estrella pluma fresa en alusión a la textura de su piel que recuerda de la dicha fruta.Este hallazgo nos recuerda que las aguas gélidas que bordean el único continente que carece de población humana, aun resguarda muchas sorpresas en materia de biodiversidad.Aunque carece de asentamientos humanos, la Antártida, continente dedicado a la ciencia, y que no es propiedad de ninguna nación, cuenta con su biodiversidad propia: pingüinos, ballenas y otras criaturas marinas viven en osmosis con las temperaturas bajas del polo sur. Pero el cambio climático podría perturbar este equilibrio. Hasta 2015, la banquisa antártica, capa de hielo que rodea el polo sur no mostraba grandes variaciones, contrariamente a la banquisa del polo norte que retrocede año tras año. Pero en 2023, sufrió un deshielo histórico. Y año tras año cada invierno, la masa de hielo se recupera menos que antes de 2015. Aún no se ha determinado si este fenómeno es el resultado directo del cambio climático como en el polo norte.En este contexto, la misión científica del Schmidt Ocean Institute navegó al oeste de la Península Antártica, en el mar de Bellinghausen, en estas aguas descubiertas por el retroceso glaciar.RFI conversó con Patricia Esquete, bióloga y codirectora de la misión. Desde el buque científico Falkor 2 explica a RFI la importancia de esta misión en aguas remotas. Con un grupo de científicos, zarpó el 10 de enero, aprovechando el verano antárctico con temperaturas que rondan los -8 grados celsius.Entrevista completa:

París organiza este 10 de febrero una inédita cumbre sobre lo que pretende ser la tecnología del futuro, la Inteligencia Artificial. Si la fascinación es lo que domina entre los creadores de la IA, las empresas y los gobiernos, hay un lado mucho más crítico de esta tecnología revolucionara: el impacto ambiental del consumo energético exponencial de los mega centros de datos necesarios para su funcionamiento. "Entrenar un modelo de IA puede generar cientos de toneladas de CO2" dice a RFI un experto que llama al sentido común de los usuarios. Tan solo 4 días después de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció la flexibilización de las leyes para la producción energética destinada a satisfacer la demanda de la Inteligencia Artificial (IA). "El gran problema -explicó Trump- es que necesitamos el doble de la energía que tenemos actualmente en los Estados Unidos para que la IA sea realmente competitiva frente a China y otros. Así que vamos a actuar rápido para construir plantas de generación eléctrica, y para que puedan alimentarla con todo tipo de energía y que puedan tener carbón como respaldo." En dos años, el sector de la IA y de las criptomonedas podría duplicar su consumo eléctrico, lo que equivaldría al consumo total de un país como Japón, según previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que pide detener esta curva ascendente.Y mientras los científicos del mundo urgen a los gobiernos a reducir sus emisiones de CO2 y a moderar su consumo energético para luchar contra el cambio climático, el mandatario republicano ha decidido autorizar el uso de carbón, uno de los peores combustibles en materia de huella ambiental. Eric Schmidt, presidente de Google, aboga por su parte por la construcción de nuevos reactores nucleares para alimentar la voracidad de los centros de datos.Por muy virtual que parezca, la AI funciona con microchips de metales críticos que componen centros de datos que necesitan combustible para funcionar.Sobre la huella ambiental de la IA comenzamos por preguntarle a ChatGPT si es consciente de su impacto ecológico. Y nos respondió: "Se estima que entrenar un modelo de IA avanzada puede generar decenas o incluso cientos de toneladas de CO2, dependiendo del tamaño del modelo y el tiempo de entrenamiento. Un estudio de 2019 estimó que entrenar un modelo de IA similar a GPT3, podría generar alrededor de 284 toneladas de emisiones de CO2, lo cual equivale a las emisiones anuales de 5 automóviles."Para una mirada más crítica conversamos con Alex Hernández, profesor en la Universidad de Montreal y en el Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec y especialista en las emisiones de CO2. "Los esfuerzos que hacen las empresas, pero también los gobiernos y por supuesto, a nivel individual, para medir el consumo energético de las aplicaciones de IA son más pequeños de los que deberían ser en un contexto de emergencia climática."¿Ese sostenible el consumo energético de la IA a largo plazo?"Va a depender mucho de cuál sea la evolución en los próximos años de aplicaciones, como ChatGPT, cuando se usen para tareas que hasta hace poco se hacían fácilmente sin utilizar la IA. Simples búsquedas que antes hacíamos por Internet, pues hoy hay mucha gente que está empezando a hacerlas con los chat Bots. Ciertos estudios dicen que una pregunta consume diez veces más energía que una búsqueda en un buscador clásico, de tipo Google. Eso es alarmante."¿Pero por qué la IA necesita mucha energía eléctrica?"Es importante distinguir dos etapas en la vida de un modelo de IA. Primero está la etapa de entrenamiento, en la cual quienes desarrollan estas herramientas, las entrenan con datos para que funcionen de la manera que se espera. Esto consume mucha energía porque hay que hacer funcionar muchas computadoras, o una muy grande, durante mucho tiempo, mientras va adaptando el algoritmo interno. Para hacernos una idea, algunos modelos que desarrollan empresas como OpenIA, Google o Facebook, necesita un ordenador a toda máquina durante varios meses, ejecutando un montón de operaciones."¿Y la segunda etapa?"Es la que comienza desde que estas herramientas llegaron al gran público. Antes no nos preocupaba mucho el consumo energético pero ahora sí puesto que tenemos muchísimas personas en el mundo haciendo preguntas y hablando con estos modelos de conversación. Y cada vez que hacemos una pregunta a un modelo de lenguaje, lo que va a hacer es enviar la pregunta a un servidor que a lo mejor está en la otra punta del planeta y se va a ejecuta una serie de operaciones complejas en computadoras que generan un gasto considerable de energía. Estos servidores necesitan refrigeración permanente, mantenimiento y todo tipo de intervenciones.que requieren electricidad y ya sabemos que en la mayor parte del mundo, esa energía no es limpia, viene de combustibles fósiles y por tanto implica emisiones de efecto invernadero.¿Sabe qué cantidad de estos gases representa el funcionamiento de la IA, por ejemplo de ChatGPT?"No sabemos prácticamente nada porque hay mucho secretismo, pero voy a poner el ejemplo del predecesor del primer ChatGPT, que se llamaba GPT3 y consumía, solamente la fase de entrenamiento, el equivalente a 450 vuelos aéreos entre Londres y Nueva York. Entonces, es muy razonable pensar que con los modelos actuales el consumo de energía está aumentando de manera exponencial, lo cual no se puede sostener en el tiempo. Esperamos que las regulaciones que se están desarrollando en algunos países sirva para establecer guías y restricciones al desarrollo desmesurado que hemos visto en los últimos años."¿A qué usos debería limitarse la inteligencia artificial para el gran público?"En primer lugar, diría que no debemos culpar a a las personas individuales por estos problemas. Creo que la responsabilidad principal recae en las grandes empresas tecnológicas, que hacen campañas de marketing muy agresivas para que todo el mundo use estas herramientas. Y por supuesto, la gente ve una tecnología nueva y la quiere usar. Sería necesario detenerse un momento y reflexionar sobre si realmente necesitamos esta tecnología o sobre cómo la utilizamos. Si le planteamos a un modelo de lenguaje cualquier pregunta o búsqueda que podríamos hacer en Internet, pues sería como usar un avión para desplazarse a una distancia muy corta."Además de su alto impacto en materia climática, los centros de datos generan conflictos locales por la cantidad de agua que consumen para enfriar los sistemas. En un informe de 2023, investigadores de las universidades de Colorado y de Arlington, Texas, estimaron que hacer entre 20 y 50 preguntas a ChatGPT genera un consumo equivalente a una botella de agua de medio litro.En Uruguay, en 2023, mientras el país atravesaba su peor crisis hídrica, Google anunció la creación de un centro de datos que consumiría 7 millones de litros de agua diarios, lo que equivale al uso doméstico de 55.000 personas. Tras una movilización popular, Google optó finalmente por un sistema de refrigeración por aire. Pero conflictos similares ocurren actualmente en España, México y Estados Unidos. En este último país, un senador quiere exigir a los gigantes tecnológicos a revelar el impacto ambiental de la inteligencia artificial.

Colombia ha tenido que poner restricciones al consumo de agua por la escasez. Sin embargo, es uno de los países con mayores reservas de agua del mundo. ¿Cómo se explica y qué debemos hacer? Reportaje de la corresponsal en Colombia, Najet Benrabaa La planta de tratamiento de aguas Maniantales es una de las más importantes de Medellín y su región. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en lo alto de las colinas. Aquí cada día, se tratan 432.000 M3 de agua, es decir, el equivalente a 173 piscinas olímpicas. Según los ingenieros de la empresa de tratamiento de agua EPM, cada año el proceso de tratamiento del agua se complica un poco más.“El agua viene del embalse Río Grande que queda aproximadamente a 62 km. Es decir, por los desafíos que supone la contaminación urbana, cada vez tenemos que ir más lejos. Esto es una muestra de ello, estamos en las montañas del oriente del valle y hay que ir hasta más allá de las montañas del occidente, tenemos que atravesar todo el valle con una tubería para poder garantizar traer el agua desde muy lejos, desde 62 km, y viene de un embalse que sirve para la generación de energía y para producción de agua potable”, explica Rodolfo Mira Becantur, ingeniero y jefe de potabilización de agua para EPM, la empresa de tratamiento de agua y energía de Medellín, EPM.A esto se añaden las consecuencias del cambio climático, como el aumento de los períodos de sequía e inundaciones. Son cada vez más largos y fuertes. Esto hace que sea aún más difícil el trabajo de potabilización del agua. El fenómeno El Niño y sus consecuencias“A principios del año 2024, tuvimos fenómeno El Niño el cual disminuye la cantidad de agua disponible en los embalses. Esto supone que tenemos que captar el agua más cerca del fondo del embalse y esto lo hace más complejo. Debido a que el agua es más compleja, los procesos también se vuelven más costosos, los costos se multiplicaron por 3 para potabilizarla.”, afirma Mira Becantur.Según el ingeniero, los productos para el tratamiento del agua han cambiado varias veces, al igual que la cantidad utilizada para limpiarla y filtrarla. “El agua del fondo trae más materia orgánica metales como hierro, manganeso y por eso en la planta es necesario generar procesos adicionales como la oxidación avanzada con dióxido de cloro, qué es el principal producto que nos permite remover materia orgánica y optimizarla, así como la remoción del manganeso que. Esto es lo que hace que los precios se incrementen”, asegura.Entre 2002 y 2021, más de 1.400 millones de personas se vieron afectadas por las sequías. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos parte del año y una cuarta parte se enfrentó a niveles “extremadamente altos” de estrés hídrico, utilizando más del 80% de su suministro anual total de agua dulce renovable. El cambio climático amenaza con aumentar aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos.Este año, en Colombia, los períodos de sequía han sido duros. Así que varias ciudades tuvieron que ahorrar agua. Para la capital, Bogotá, se ha establecido un racionamiento de agua desde marzo de 2024. Cada día, un barrio se queda sin agua.Contactado por teléfono, Andrés Santamaría es dirigente de “Barrios Bonitos”, un barrio de Bogotá; y nos informa sobre la penosa situación que viven los habitantes.  Restricciones en la capital “Debido a que los embalses están muy bajos, nos quitan el agua una vez a la semana durante 24 horas. En mi caso, lo que yo hago es que utilizo tanques, dos tanques, necesarios solamente para el baño y en este caso trato dejar la comida lista. Y si no, pues me voy a un restaurante. Pero por lo general dejo todo organizado. Dejo un espacio también para la losa, para reciclar el agua para lavar. Es importante”, nos explica.Esta situación se ha prolongado durante meses y no hay indicios de que vaya a mejorar rápidamente. El clima es inestable y los depósitos de agua no se llenan con la rapidez necesaria. Es por eso que los habitantes de Bogotá se han resignado y adaptado su modo de vida.“La gente se ha acostumbrado. No fue fácil pero la gente es conformista. Hay mucha gente que se queja porque sabe que le cambian los hábitos, pero otras personas simplemente prefieren invertir más en comprar un tanque, aumentar sus recursos en agua, lo que se vuelve un doble consumo”, dice.La situación de racionamiento en Bogotá preocupa a todo el país y tendría que empezar a preocupar incluso al mundo. Porque si Colombia, que tiene una capacidad hídrica seis veces mayor que la media mundial según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, ya sufre escasez de agua, el resto del mundo no está a salvo.“Aunque, según las estadísticas, Colombia es un país rico en agua, éstas son sólo cifras. Para decirlo claramente, no tiene mucho sentido que los ríos Atrato o Amazonas pasen por nuestro territorio, porque estas fuentes de agua, que son realmente muy importantes, están extremadamente lejos de donde se concentra la población”, explica Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de la empresa EPM.Los ríos, muy lejos de los centros urbanos“Ninguno de estos grandes ríos pasan cerca de Bogotá o Medellín. Solo Barranquilla y Cali tienen excepciones que tienen ríos importantes cerca. Pero el resto de las grandes capitales de los departamentos no tienen estos ríos cerca. Es un poco como decir que Bill Gates y yo en promedio somos multimillonarios, pero si vamos a ver quién tiene la plata y quién tiene las deudas, pues la cosa cambia”, agrega Ochoa Posada.Lo que explica es válido para muchos países del mundo. Es aún más alarmante cuando el calentamiento global ya está atacando las reservas de agua, además de la actividad humana. La tierra pierde masas de agua dulce. El caudal de los ríos disminuye en más de cuatrocientas cuencas. Es cinco veces más que hace quince años, según las agencias de la ONU.Para Darío Gallego Suárez, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional de Medellín, es hora de cambiar nuestras formas de tratar el agua de forma sostenible y no ir a las profundidades a buscarla. Según el profesor, la solución viene del cielo. El agua de lluvia puede ser una fuente infinita de agua renovable.La solución puede estar en el cielo “Recomiendo trabajar la idea de captar el agua y almacenamiento del agua lluvia, que no hay que tratar, o a veces hay que tratarla menos. Propusimos algunas posibilidades para la facultad en donde podíamos recolectar agua de lluvia de alguna superficie de los edificios y reutilizarla dentro de la misma universidad. Hay que tratar de bajar el consumo de agua, tanto empresas como nosotros, en la parte doméstica y no echarle todo el tiempo la culpa a las empresas”, afirma el ingeniero.Otro proceso muy apreciado por la industria del tratamiento de aguas, pero cuestionado por algunos especialistas, es la desalinización del agua de mar. Se están realizando estudios y experimentos en todo el mundo.Dado que los océanos cubren el 70% del planeta, muchos ingenieros consideran que este proceso es una buena manera de hacer frente a la escasez de agua. Rodolfo Mira Becantur está convencido de ello, aunque aún queda mucho por hacer antes de que el proceso sea viable.“Hoy en EPM tenemos procesos de desalación, es decir, volver el agua de mar apta para consumo humano. En Colombia hay muy pocos. Hay algunos procesos de desalación en el desierto más árido del mundo que es el Atacama qué es en aguas de Antofagasta. En el futuro, con mucha probabilidad, vamos a tener que ir más hacia el consumo de agua del mar para poder tratar y volverla a potable y reutilizar aguas residuales para volverlas potables”, vaticina.Este entusiasmo no es compartido por el profesor e ingeniero Darío Gallego Suárez. Varios estudiantes de su universidad están trabajando en este tema para evaluar los riesgos y beneficios de la desalación del agua de mar.“Es bastante complejo y costoso por las cantidades de sal que tiene. Y ¿qué hacer con la sal? Los indígenas de nuestras costas lo hacen a través del sol y producen sal marina, sal de mar y la venden, pero son cantidades muy pequeñas, pero a nivel industrial naturalmente, eso representa un problema”, argumenta.Desalinizar, pero ¿a qué precio? El profesor también está preocupado por los efectos de esta práctica en el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos. “Los ecosistemas se alteran, quedan desequilibrios. Lo mismo, por ejemplo, con el embalse de aguas de los ríos que naturalmente impiden que el compuesto orgánico siga su curso normal hasta el mar. Hay desbalances”, denuncia.En las oficinas de la empresa pública de tratamiento de aguas EPM, el discurso es diferente y más optimista. Se están realizando experimentos en Chile, que se llevan a cabo en el desierto de Atacama. Lo que hace que el vicepresidente de Saneamiento y Agua, Santiago Ochoa Posada, diga que la desalinización del agua es un proceso confiable pero costoso. Sin embargo, está convencido de que existen otras soluciones antes de la desalinización del agua.“Tenemos que mirar a largo plazo. Hay que esforzarse por preservar la calidad y la cantidad del agua natural. Tenemos que proteger los manantiales, promover la reforestación, la rehabilitación y restauración del suelo, y enseñar a las comunidades agrícolas cómo desarrollarse sin tener un impacto negativo en el medio ambiente.  Y esto es responsabilidad de la sociedad. Los habitantes de las ciudades tienen que entender que no se puede vivir en la ciudad sin saber lo que pasa en el campo”, explica.Según las proyecciones de la ONG WWF, para 2050, es probable que en todo el mundo haya 5,7 millones de personas que vivan en zonas con escasez de agua.

Los polos de nuestro planeta están siendo víctimas directas del cambio climático. Pero para los científicos, la mala noticia es también una oportunidad de acceder a zonas hasta ahora inaccesibles, antes cubiertas por glaciares o banquisas. Una bióloga marina a bordo de una inédita expedición en la Antártida, nos explica lo que están logrando descubrir en materia de biodiversidad. Hasta 2015, la capa de hielo antártica que rodea el polo no mostraba grandes variaciones, contrariamente a la banquisa del Polo Norte que, a raíz del calentamiento global, retrocede año tras año. Pero en 2023, el sur sufrió un deshielo histórico y desde entonces también pierde terreno regularmente. Lo que no se sabe aún a ciencia cierta es si el fenómeno del sur se debe al cambio climático, como en el polo opuesto.En 2023, durante una expedición en la Antártida, científicos estadounidenses descubrieron en las profundidades del Polo Sur un extraño invertebrado con 20 brazos, de color blanco con reflejos morados, que no superaba los 20 cm de largo. A esta singular especie se le otorgó el nombre de Promachocrinus fragarius, o estrella pluma fresa, en alusión a la textura de su piel que recuerda dicha fruta.Este hallazgo nos recuerda que las aguas gélidas que bordean el único continente que carece de población humana, aún conserva muchas sorpresas en materia de biodiversidad. De ello hablamos con Patricia Esquete, bióloga y codirectora de la misión científica del Schmidt Ocean Institute, en la Antártida.

Es uno de los mayores escándalos sanitarios europeos: la contaminación por PFAS. Utilizadas durante muchos años para producir sartenes antiadherentes, por ejemplo, estas sustancias contaminan suelos y ríos de numerosos países desde hace décadas. Durante muchos años hemos utilizado sartenes antiadherentes sin sospechar que el PFOA uno de los componentes del Teflón, era tóxico. Esta sustancia, que evita que los alimentos se peguen a las sartenes, fue prohibido en 2020 a nivel internacional debido a los riesgos graves que representa para la salud. El PFOA forma parte de la familia de las 4000 sustancias perfluorolaquiladas y polifluoroalquiladas, (PFAS, por sus siglas en inglés) conocidas también como "contaminantes eternos" por su persistencia en el medioambiente.En 2023, una investigación colaborativa que unió medios de comunicación europeos y ONG reveló la presencia preocupante de PFAS en el suelo o el agua en 23000 sitios en Europa. Y en 2100 zonas, las concentraciones de estas sustancias alcanzan el límite de 100 nanogramos por litro, considerado como peligroso por la salud por los expertos competentes.Tal es el caso en Zwijndrecht, Bélgica, donde la empresa 3M fabricó hasta 2020 ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) y contaminó suelos, ríos y lagos, a sabiendas de que estas sustancias se dispersaban de manera casi irreversible en el medioambiente.En esta región, un estudio independiente reveló que los jóvenes sufren trastornos de pubertad y de su sistema inmunológico. Ante la magnitud del desastre, la empresa 3M pagó 570 millones de euros para remover estas sustancias nocivas del suelo. Casos similares de contaminación por PFAS afectan ya a varias regiones de Europa, lo que ha llevado a los países a intensificar el control sobre la presencia de estas sustancias en el agua.Escuche la versión audio:Las PFAS han sido, durante décadas, sustancias particularmente valoradas en la industria manufacturera: fueron utilizadas como repelentes de agua en textiles, como repelentes de manchas en alfombras y también por sus características antiaceites en utensilios de cocina o ignífugas en productos antiincendios. E incluso en herbicidas y pesticidas.“Por eso están tan esparcidos por el medio ambiente. Hay una gran cantidad de estudios que indican que estos contaminantes se bioacumulan en organismos vivos, por eso son tan preocupantes”, alerta la investigadora española Irene Navarro. Desde el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT), Navarro trabaja en la unidad de contaminantes, encargada de monitorear la cantidad de PFAS en los ríos.Descontaminación imposibleLas obras titánicas que se llevan a cabo en Zwijndrecht donde se limpia el suelo metro cuadrado por metro cuadrado demuestran la dificultad de descontaminar las zonas afectadas por las PFAS, sustancias que pueden ser cancerígenas, pueden alterar la fertilidad, la inmunidad y son perturbadores endocrinos. “Existen varios tratamientos para la limpieza de agua y para la limpieza de lo que son otros compartimentos medioambientales. Pero son estudios a nivel de laboratorio o a nivel de plantas piloto. Es muy complicado ponerlas en marcha en campo. El problema es el coste porque requieren mucha energía”, comenta Irene Navarro en entrevista  con RFI.Las técnicas de absorción con carbón activo o con resinas de intercambio iónico permitan captar las PFAS, pero “generan residuos que hay que tratar con incineración”, agrega.“Hay algunos estudios que indican que PFOS se eliminan mediante incineración utilizando temperaturas de 1100ºC que no alcanzan las incineradoras municipales. Las tecnologías a veces tienen una efectividad muy buena para algunos PFAS, los de cadena larga, por ejemplo, y en cambio los de cadena corta son más difíciles de eliminar. Tienen que evolucionar la tecnología para conseguir esta contaminación real”, concluye Navarro.La carrera sin fin de la industria químicaAnte la multiplicación reciente de estudios que detectaron la presencia de PFAS en los suelos, ríos, fuentes de agua potable y en la sangre de poblaciones que viven cerca de plantas químicas que procesan estas sustancias, las autoridades impusieron progresivamente reglas: desde la prohibición del PFOA en 2020, hasta limites de concentraciones de 20 PFAS preocupantes de 0,10 μg/l en el agua potable en la Unión Europea. Pero la regulación de las PFAS se asemeja a una carrera de prohibición en la que la industria química siempre se lleva la delantera con la creación de nuevas sustancias para esquivar la ley.“Sí, pasa con estos contaminantes y con muchos otros”, confirma la investigadora Irene Navarro. “Estos compuestos se empezaron a utilizar a lo mejor en los años 50 y se han estado utilizando hasta que salta la alarma. Y cuando la comunidad científica comunica su preocupación, las empresas ya están pensando en sustituir estos compuestos por otros. El problema es que se sustituyen a veces por compuestos muy similares. Es y al ser tan similares, pues pueden provocar los mismos efectos que las sustancias iniciales”, indica Navarro.Los grupos de intereses a la ofensiva en BruselasDesde Bruselas, Dolores Romano, responsable de políticas de sustancias químicas en European Environmental Bureau, EEB, principal coalición de ONG ambientalistas europeas, estima que las prohibiciones actuales son muy limitadas frente a los miles sustancias que se usan en la industria.La activista respalda la propuesta de Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega para que se prohíban en toda Europa todas las PFAS. “Además, se deberían prohibir de inmediato todo lo que son usos no esenciales de PFAS, o sea, como decoración e inmuebles y. Todos los usos para los que realmente no son críticos para el mantenimiento de la seguridad o de la salud”, dijo a RFI.Pero los intentos por restringir el uso de estos contaminantes eternos se han topado con una ofensiva de los grupos de intereses de la industria química. En abril de 2024, la dirección de la empresa de utensilios de cocina Seb incitó por ejemplo a sus empleados a manifestarse ante la Asamblea Nacional francesa el día del debate de una propuesta de ley para prohibir el uso de PFAS en textiles y cosméticos.“Estamos viendo una influencia y una presión que no se ha visto jamás en Europa, de la cantidad de lobistas, de reuniones, de información falsa que se está de vertiendo sobre sobre las PFAS, sobre su peligrosidad, sobre las alternativas”, observa Dolores Romano.“Estamos frente a una campaña masiva de desinformación por parte de los fabricantes de PFAS en Europa. Es especialmente la filial de Dupont, Chemours, que está liderando la campaña, junto con las asociaciones de empresarios de la química”, subraya la activista.La influencia de los grupos de intereses llevó justamente a un giro espectacular del gobierno alemán. En 2023, el gobierno de Olal Scholz fue uno de los promotores europeos de la prohibición universal de las PFAS antes finalmente de dar marcha atrás.¿Qué decidirá el próximo gobierno? Quién asumirá el costo de la descontaminación de los suelos envenenados por PFAS, estimado en 100 mil millones de euros ? Preguntas que aún quedan pendientes en Europa.Entrevistas:>Irene Navarro, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, España, en la Unidad Contaminantes Orgánicos Persistentes.>Dolores Romano: responsable de políticas de sustancias químicas en European Environmental Bureau, EEB, principal coalición de ONG ambientalistas europeas.

Dos medidas concretas acaban de entrar en vigor -una en Francia y otra en en la Unión Europea- para luchar contra la obsolescencia prematura de los electrodomésticos. Se trata del nuevo índice de sostenibilidad y del cargador universal para los teléfonos celulares. Nos ha pasado a todos: comprar un aparato que deja de funcionar a los dos meses y tener que comprar uno nuevo. En Francia, el año inició con una nueva medida para incentivar el reuso, la reparación y luchar contra la obsolescencia prematura. Desde el 8 de enero, todos los nuevos televisores vendidos en Francia llevan una eco etiqueta. Se trata de un pequeño símbolo con un reloj de arena y una calificación de 1 a 10 (para los objetos más robustos) y que permite a los consumidores informarse mejor sobre lo que compran.Dicho índice de sostenibilidad se calcula a partir de una serie de criterios: si el televisor es reparable, si resiste bien al deterioro y si conlleva una garantía de al menos 3 años, por ejemplo. La medida solo concierne los televisores, pero en unos meses, se aplicará a las lavadoras también. “Es un avance muy importante. Hemos luchado por este índice durante casi 10 años”, dice a RFI el economista francés Samuel Sauvage, cofundador de la asociación civil Halte à l'obsolescence, ‘Basta de obsolescencia', en francés.Dicha organización que lucha a favor de la economía circular, se basó en la ley francesa de 2015 que prohíbe la obsolescencia programada para demandar a Apple. En 2020, el gigante estadounidense de los teléfonos celulares fue condenado a 25 millones de euros de multa por haber voluntariamente acorta la duración de vida de las baterías de los Iphone.Aunque el nuevo indicar francés no aplicará para los teléfonos celulares – en espera de una legislación similar nivel europeo - “el consumidor podrá saber con esa nota de 1 a 10 si el televisor podrá ser a la vez reparado, si tiene las piezas de recambio, si es desmontable y también si es robusto, si resiste a los choques”, se alegra Sauvage.Y aunque serán los fabricantes quienes se encargarán ellos mismos de elaborar los índices de sostenibilidad de sus productos, “habrá controles a nivel del Estado francés, el detalle de las notas estará en línea y visible por cualquier consumidor o para organizaciones como como la nuestra. Así que se permitirá tener controles regulares”, indica el activista.Samuel Sauvage recuerda que su organización realizó una investigación sobre el índice de reparabilidad, un indicador que existía desde 2021 en Francia, pero que no incluía criterios como la solidez de los aparatos o la existencia de garantías. Dicha investigación “había mostrado que globalmente las notas eran bastante coherentes. Pero siendo siempre atentos ante la tentación que puedan tener algunas marcas de sobrevalorar sus productos”, advierte Sauvage.Pero ¿qué tanto impacto puede tener este tipo de indicadores para los consumidores?Según afirma el economista Samuel Sauvage, “los consumidores franceses escogen más los productos que tienen mejor nota, por ejemplo, sobre las lavadoras. Las que tienen una nota superior a 8 de 10 en el 2022 representaban el 13% de las ventas. Y en tan solo un año pasaron a representar el 20%, de las ventas, y eso se ve sobre muchas categorías de productos, así que los consumidores escogen cada vez más los productos que tienen la mejor nota, aunque sean más caros”.El cargador universal para celulares en la U.E.La Unión Europea también camina hacia una regulación para limitar el despilfarro de aparatos electrónicos. Todos tenemos en casa esta maraña de cables amontonados en un cajón. Para evitar esto, desde finales de diciembre de 2024, ha entrado en vigor el cargador universal en la Unión Europea.Celulares, cámaras, audífonos, altavoces portátiles y teclados nuevos serán compatibles con el mismo cargador de tipo USB C. Los consumidores además podrán optar por recibir o no el cargador. Se busca de esta manera ahorrar 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la Unión europea, según cálculos de Bruselas.“En 2020 se vendieron más de 420 millones de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos móviles”, recuerda el eurodiputado conservador Pablo Arias (PP, España). “Había 30 soluciones para cargar teléfonos móviles. La Comisión Europea estimó que era una amalgama demasiado amplia para cargar teléfonos móviles y que era un problema para el consumidor. Lo que se puso sobre la mesa por una cuestión de comodidad para el consumidor también llegó con la intención de reducir los residuos electrónicos en el marco del Green Deal” -el Paquete Verde de leyes ecologistas que hacen de la Unión Europea un espacio pionero en materia de protección ambiental -, detalla Pablo Arias.Sin embargo, esta medida de sentido común no ha sido fácil de alcanzar: el gigante Apple opuso resistencias. Y lo que inicialmente debía ser una medida fundada en la buena voluntad de los fabricantes de aparatos electrónicos, acabó en una ley obligatoria que instauró el cargador USB C desde diciembre de 2024, nos cuenta el eurodiputado Pablo Arias, miembro de la comisión de protección de los consumidores.La Unión Europea también está preparando una directiva para instaurar a partir de 2025 en los 27 países del continente un etiquetado con un índice de sostenibilidad para los electrodomésticos nuevos, emulando el sistema francés.Se trata, concluye el eurodiputado Pablo Arias de “pasar del producir, usar y tirar a un sistema en el que pudiésemos unas opciones en las que, como tenemos falta de materias primas, pudiéramos reciclar reutilizar, reacondicionar, reparar, rediseñar, renovar y recuperar”.Entrevistas:-Samuel Sauvage, economista y cofundador de la organización francesa Halte à l'obsolescence - 'Basta de Obsolecencia'-Pablo Arias, eurodiputado del Partido Popular (conservador).

En El Salvador, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele dieron luz verde a la minería metálica, una actividad que hasta ahora estaba prohibida a causa de sus impactos ambientales nocivos. El presidente Bukele afirma que la minería permitirá reactivar la economía, pero varias voces advierten de los peligros potenciales de reabrir minas de oro. A principios de diciembre, Nayib Bukele, defendió durante un discurso de más de 20 minutos la reintroducción de la minería metálica en el país. Según el mandatario salvadoreño, reelegido en 2024 con el 84% de los votos, el país tendría bajo sus pies grandes cantidades de oro que podrían desencadenar una lluvia de dólares para reactivar una economía estancada y aliviar la pobreza.Sin demoras, la bancada de su partido -57 congresistas de los 60 que cuenta en el país centroamericano- aprobó de manera unánime el 23 de diciembre la Ley de minería que restablece la minería metálica, prohibida desde 2017. La ley fue aprobada a pesar del rechazo de varios ambientalistas y de la Iglesia católica. RFI habló con dos voces críticas de la política de Nayib Bukele: el ambientalista Ricardo Navarro y el abogado Luis Parada.Entrevistado por RFI, Ricardo Navarro, director de la ONG CESTA / Amigos de la Tierra, activista reconocido por el prestigio premio Goldman en 1995, fue parte del movimiento que obtuvo en 2017 la prohibición de la minería en 2017, tras una lucha que le costó la vida a varios compañeros. Hoy, Navarro cuestiona la realidad de las reservas de oro presentadas por el presidente Bukele y considera que la minería agravaría la escasez de agua en el país centroamericano.La reintroducción de la actividad minera despierta también el recuerdo de la devastación ambiental algunas regiones. El río San Sebastián, vecino de una mina donde se extrajo oro durante décadas, aún arrastras huellas de contaminación a pesar de la suspensión de la minería industrial en 2017. Barriles de cianuro altamente peligrosos fueron abandonados en la zona mientras que las aguas del río, color marrón, mantiene la población lejos de su cauce. Ante los conocidos riesgos ecológicos de la extracción minera, el presidente Bukele aseguró que esta actividad será "responsable" y que se hará sin usar mercurio, una sustancia que ya no usan las empresas extractivistas, recuerda el ambientalista Ricardo Navarro, que estima que el uso de otras sustancias como el cianuro sí representan riesgos reales.Sin embargo, el contenido de la ley está lejos de ofrecer las garantías necesarias, según explica Luis Parada. Este abogado de origen salvadoreño fue candidato presidencial contra Nayib Bukele al que critica por concentrar todos los poderes. Parada vive hoy en Estados Unidos, es abogado y es un experto en arbitrajes internacionales. A partir de 2009, Parada defendió al estado salvadoreño en dos litigios contra empresas mineras extranjeras. Una de ellas, Pacific Rim pedía 250 millones de dólares de indemnizaciones, pero perdió en 2016 un juicio de arbitraje internacional. El abogado analizó para RFI el contenido de la nueva ley de minería de El Salvador y su opinión es contundente: "es una ley que está diseñada para evadir cualquier requisitos ambientales, técnicos y económicos que protegen a la población y el medioambiente. Van a poder hacer lo que no podían hacer con la ley anterior".Desde el año pasado, investigaciones periodísticas y activistas comunitarios alertaron sobre la presencia de representantes de mineras extranjeras interesados en reabrir minas en El Salvador. La nueva ley, votada en diciembre les dará vía libre para reactivar esta actividad que ha devastado el medio ambiente en varias regiones de Latinoamérica.Entrevistas: Luis Parada, abogado y ex candidato presidencialRicardo Navarro, ambientalista, premio Goldman (1995) y director de la ONG ambientalista CESTA.

En Colombia tras el cierre de dos gigantescas minas de carbón en el norte del país, miles de familias piden que la empresa asuma los costos ambientales y sociales de años de explotación minera. ¿Con qué sustituir la actividad minera? El caso puede sentar un precedente en materia de transición energética. Después de la pandemia de Covid19, el gigante minero Prodeco, subsidiara de la transnacional suiza Glencore anunció el cese de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Sin embargo, tras 25 años de operaciones, la empresa deja un desastre ambiental en la zona. ¿Quién pagará para la restauración del medioambiente? ¿Cómo darles condiciones dignas a las familias de la región afectadas por la pérdida de cerca de 1200 empleos directos?Al ser la primera vez que se cierra una mina en Colombia, las comunidades campesinos, locales y los sindicatos de empleados de Prodeco quieren dejar un precedente para futuras clausuras de minas y exigen a la empresa que repare los pasivos ambientales.  El gobierno de izquierda de Gustavo Petro por su parte quiere convertir la región minera del Cesar en un "corredor de la vida" reduciendo poco a poco la dependencia de país en este combustible fósil altamente contaminante para la salud, el medioambiente y que agrava el calentamiento global.RFI conversó con Andrea del Rocío Torres, abogada especializada en derechos ambientales y humanos y que defiende los derechos de 12 comunidades -ceca de 20000 personas- que viven alrededor de las minas de Jagua y Calenturitas en el norte de Colombia. Las comunidades solicitaron una decisión judicial de la Corte Constitucional colombiana para que garantice su derecho a participar en el plan de cierre ambiental de la empresa Prodeco.> Bosques, fuentes hídricas y atmosfera: el desastre ambiental de 25 años de explotación del carbón:  >El cierre de la mina implica varias obligaciones para Prodeco. ¿Qué tipo de restauración ecológica se debe llevar a cabo? ¿Quién se hará cargo del costo de estas operaciones?:  >Los retos de una transición post-carbón, según Andrea Torres:"Obviamente hay que garantizar que haya agua para cualquier tipo de agricultura, que haya territorio que no esté en desertificación. Que también hayan condiciones de salud óptimas. Hay unos proyectos muy interesantes de energías renovables y comunidades energéticas que está liderando el gobierno. Por el otro lado, también hay proyectos de agricultura sostenible para zonas que no tenemos tanta capacidad hídrica. Se están proponiendo también proyectos de productos de las comunidades que han sido tradicionales que puedan hacer un encadenamiento en comercio justo con algunas empresas del sector alimentario. Hay muchas alternativas. El tema es que primero hay que tener territorio, agua y salud para que esas comunidades florezcan en una nueva alternativa económica."Se espera que la Corte Constitucional colombiana se pronuncie a finales de 2024 sobre las obligaciones de Prodeco en el proceso de cierre de las minas de Jagua y Calenturitas.Escuche la entrevista completa de la abogada Andrea Torres, con Raphaël Morán: 

A principios de diciembre, Ecuador renegoció parte de su deuda externa a cambio de dedicar fondos a la protección de la Amazonía. Es la segunda operación financiera de este tipo que realiza Ecuador. Pero, ¿qué tan exitoso ha sido el canje de deuda anterior para la proteger la islas Galápagos? Reducir la deuda externa de un país a cambio de inversiones para proteger el medio ambiente no es una idea nueva. En pocas palabras, se trata de perdonar una parte de la deuda de un país endeudado a cambio de que el gobierno destine el dinero ahorrado a la protección de zonas altamente biodiversas. El concepto surgió en los años 80. Y recientemente, países como Gabón o Seychelles se acogieron a este mecanismo en años recientes, al igual que Bolivia en 1987 o Costa Rica en 1988.El Estado ecuatoriano, que sobrevive bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional acaba de recurrir nuevamente a este mecanismo: anunció la renegociación de cerca de 1000 millones de dólares de bonos de deuda a cambio de un programa de conservación de la Amazonía. La recompra será operada por el Amazon Conservation DAC, una ONG estadounidense.En mayo de 2023, el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso renegoció cerca de 1630 millones de dólares de deuda por un nuevo préstamo 656 millones de dólares (ver detalles aquí). A cambio, se decidió cear el Galapagos Live Fund (GLF) para administrar un fondo de 450 millones de dólares dedicados a la protección de la reserva del archipiélago, conocido por su excepcional biodiversidad marina.El trueque de deuda fue ideado para financiar la costosa ampliación de 60.000 kilómetros de la Reserva Marina de Galápagos, una joya de biodiversidad “muy importante para los ecosistemas marinos que viajan del norte al sur y viceversa”, subraya la bióloga galapagueña Mónica Calvopiña.“Hace algunos años, nació la propuesta de ampliación de la reserva marina como una iniciativa comunitaria identificando que había más amenazas de pesca ilegal de tiburones, de flotas ilegal extranjeras. Sin embargo, el tener áreas de protección implica financiamiento”, recalca la bióloga.En 2023, Calvopiña asumió el cargo de directora ejecutiva del Galapagos Live Fund (GLF), el fondo encargado de gestionar los 450 millones de dólares dedicados a la conservación ambiental durante 18 años, en el marco del canje de deuda.Sin embargo, ha pasado más de un año desde aquella transacción récord y aún no hay ningún proyecto de conservación en marcha. “En este primer año lo que hemos hecho fue crear legalmente la fundación en el Ecuador, tenemos nuestra oficina, staff. Y esperamos hacer el primer llamado a proyectos que GLF va a financiar, antes de que termine este año”, promete Mónica Calvopiña, entrevistada por teléfono por RFI.Los primeros financiamientos estarán destinados al Parque Nacional Galápagos y la Armada de Ecuador, para financiar los gastos de patrullaje, por ejemplo, indicó Mónica Calvopiña. Ambas entidades recibirán cada año el 50% de los recursos financieros que liberara el GLF.Además del control de embarcaciones, se subvencionarán proyectos de pesca sostenible, turismo sostenible y de educación medioambiental.Reducción insuficiente de la deudaA parte de la lentitud de instauración del proyecto, el canje de deuda por conservación ambiental en Galápagos ha suscitado cuatro críticas principales: no reduce significativamente la deuda ecuatoriana, implica una pérdida de soberanía, involucra a paraísos fiscales para la gestión del dinero del fondo y excluye a las comunidades locales.Si bien fue presentado como un “hito” por el entonces gobierno de Guillermo Lasso, el canje de bonos que realizó ecuador el año pasado solo representó alrededor del 2% de su deuda externa total.“El mercado de canje de deuda por naturaleza es muy pequeño. Las estimaciones varían, pero los cálculos de Eurodad muestran que estos canjes solo compensaron alrededor del 0,11% de los pagos de deuda de los países de renta baja y media entre 1987 y 2023”, indicaba un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics publicado en agosto de 2024 (consulte el PDF aquí).El manejo del dinero para la conservación de Galápagos suscitó también dudas. En efecto, según el convenio firmado por el gobierno ecuatoriano, será el Galapagos Live Fund, basado en el estado estadounidense de Delaware, considerado un paraíso fiscal por muchos economistas, que será encargado de controlar el dinero recaudado en el marco del canje de deuda. Será también este fondo que decidirá a quién se otorga subsidios en Galápagos.“Nos preocupa que se involucren ONG internacionales, entendemos sus buenas motivaciones, pero cuando se cede la autonomía administrativa y de recursos a ONG internacionales de áreas estratégicas como Galápagos y la Amazonia, nos preocupa la incidencia que pueda haber en territorio en la gestión de territorios de conflictos socioambientales”, advierte Daniel Ortega Pacheco, ex ministro de medioambiente de Ecuador, y especialista en finanza climática.Pérdida de soberanía“El principio de poder canjear deuda y liberar espacio fiscal y alcanzar los objetivos de desarrollos sostenible, los compartimos todos. Pero hay que hacerlo de tal manera que no se ponga en peligro la soberanía del país, y que realmente se cumpla la reducción del stock de deuda en una proporción suficiente”, indica el exministro, entrevistado por RFI.Desde su fundación, el consejo directivo del fondo GLF incluye a 11 miembros de los cuales “cinco son del gobierno de Ecuador, y 6 miembros privados. De los 6 miembros, muchos son de aquí, de Galápagos: hay un representante del sector pesquero, uno de la ONG, uno del sector turismo, uno del sector academia y solo dos son privados, externos, que son los miembros fundadores del GLF, entonces para ser una ONG privada, tiene un componente de gobernanza bastante inclusivo”, responde Mónica Calvopiña, directora del Fondo.Los estatus del fondo sin embargo recalcan que los representantes del gobierno de Ecuador nunca podrán superar al número de representantes no gubernamentales.“Nos preocupa la gestión de esos recursos: la comunidad no forma parte del fondo que administra los recursos. Por eso hemos acompañado el reclamo de las comunidades ante el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un mecanismo de consulta, el MICI, y se ha iniciado un proceso de mediación”, insiste el exministro de medioambiente Daniel Ortega Pacheco. “Esperamos que se pueda corregir y que sienta un precedente para que exista transparencia y consulta de las comunidades locales”. El reclamo fue impulsado por el centro de investigación, ecuatoriano CDES y puede ser consultado aquí.La elección de Delaware como sede del fondo también es también un motivo de preocupación. Este pequeño estado estadounidense cuenta con más empresas que habitantes y garantiza la anonimidad a la hora de crear una empresa.Experiencias pasadas contrastadasEn conclusión, Ortega Pachecho pide que es establezcan "principios de integridad que incluyen transparencia, rendición de cuentas, y que no se incluyan paraísos fiscales" y que los proyectos de conservación de la naturaleza no dependan de transacciones financieras que no generen nuevamente deuda y gastos de transacción para los estados, como ha sido el caso para Ecuador que firmó clausulas exigentes en caso de impago de su deuda reestructurada.Las experiencias pasadas de canje de deuda por conservación en Bolivia o Costa Rica muestran resultados variables: no siempre han permitido traer dinero del extranjero para la conservación ambiental, la inflación debilitó los proyectos, y en algunos casos surgieron conflictos con las comunidades locales indica un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics.En las cumbres climáticas, los países en desarrollo insisten en que la mejor manera de proteger el planeta y luchar contra el calentamiento global es la entrega de ayuda directa, sin pasar por préstamos o bonos de deuda que agravan el endeudamiento.

En apertura de la Cop16 sobre desertificación y sequía en Arabia Saudita, el secretario ejecutivo sobre la Convención de Naciones Unidas sobre la lucha contra la Desertificación llamó a parar la degradación de las tierras. Un fenómeno que afecta también a América latina, con múltiples consecuencias. Es tal vez la menos conocida de las cumbres internacionales sobre asuntos medioambientales: además de la Cop sobre cambio climático y de la Cop sobre biodiversidad, la cumbre sobre desertificación tiene lugar cada dos años bajo la égida de la ONU.Este año, representantes de 196 países se reúnen en Arabia Saudita para reforzar la lucha contra la sequía y el empobrecimiento de los suelos, fenómenos que comprometen los rendimientos agrícolas y transforman algunas zonas en desiertos como en Suramérica o en España por ejemplo. Llamada "Cop sobre desertificación", este espacio de negociación se centra en realidad sobre las consecuencias de la sequía y la degradación de los suelos.Naciones Unidas calcula que alrededor del 40% de las tierras del planeta están degradadas.El suelo, esta capa delgada en la tierra, “alberga una cuarta parte de la biodiversidad, regula las emisiones de Co2 y otros gases de efecto invernadero, constituye la segunda reserva de carbono más importante a nivel planetario y es clave para la adaptación al cambio climático. Gracias al suelo, el agua se infiltra, la almacena la limpia. Y se mejora la resiliencia a la población ante inundaciones y sequías”, recuerda la geóloga mexicana de la Universidad Naciones Autónoma de México Blanca Prado, que estudia la erosión de los suelos.“Y conocemos al suelo por ser el medio en el que crecen nuestros alimentos. De él obtenemos el 95% de los alimentos. Al perder su salud, el suelo pierde la capacidad para realizar todas estas funciones que mencioné al principio”, agregó Blanca Prado.En México, por ejemplo, cerca del 60% sufren algún tipo de degradación. Y las causas están bien identificadas, según Blanca Prado. Se trata de “las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la sobreexplotación de la vegetación, las actividades industriales y la urbanización, siendo las prácticas agrícolas y el sobrepastoreo las más importantes”, recalca la investigadora mexicana.Escuche el programa completo de Vida en el planeta sobre la Cop16 sobre desertificación:El fenómeno afecta a numerosos países de Latinoamérica con impactos visibles, observa también Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación. “Al menos el 22% de las tierras de América latina y el Caribe” sufre los impactos de la sequía y de la degradación del suelo. “Equivale a una superficie mayor a la India”, insiste Meza, entrevistada por RFI.Este flagelo ambiental causa varios impactos visibles ya: reducción de rendimientos agrícolas, caída de la producción hidroeléctrica debido a la falta de agua y perturbación en la circulación del Canal de Panamá.Frente al fenómeno de la degradación de los suelos, los países del mundo se comprometieron a restaurar 1000 millones de hectáreas de tierras de aquí a 2030 ya que sí, es posible mejorar el estado de salud de los suelos afectados por la sequía o el agotamiento de nutrientes.En el caso de México, por ejemplo, la investigadora Blanca Prado aboga por una agricultura más sostenible, en un país donde la ganadería y la agricultura agotaron los suelos con el uso intensivo de pesticidas y abonos químicos.Entre las soluciones comunes para restaurar los suelos están: la restauración de manglares y de bosques para mantener las zonas húmedas, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, es decir la introducción de árboles en zonas de pastoreo.Sobre el mismo tema, le recomendamos: Un método prehispánico para reforestar los manglares de VeracruzEn esta Cop16 sobre la desertificación y degradación de los suelos se espera que varios países en desarrollo pidan una ayuda financiera para estos proyectos de restauración del suelo. Un tema que podría ser objeto de negociaciones entre los delegados.

En Corea del Sur, 175 países están reunidos y durante una semana para negociar un tratado vinculante contra la contaminación plástica. El plástico contamina ríos, mares, peces y hasta nuestra propia salud y las cantidades de residuos no hacen sino aumentar. Este lunes arrancó en Busán, Corea del Sur la quinta última ronda de negociación bajo la égida de Naciones Unidas para atender una de las grandes crisis medioambientales globales: la contaminación por plásticos.En 2020, el mundo produjo 460 millones de toneladas de residuos plásticos y el 90% de esta cantidad astronómica no se recicla. Y lo que no se recicla acaba en incineradoras, basureros y en el medioambiente. Cada minuto, una cantidad equivalente a un camión de basura lleno de plástico acaba en los océanos afectando a peces, mamíferos y aves. Y si no se hace nada, la cantidad de residuos plásticos en 2040 llegará a 610 millones de toneladas, según proyecciones de la OCDE.El plástico representa además un 3% de las emisiones globales de CO2. Y es una amenaza para nuestra salud: los científicos han encontrado microplásticos, esas partículas ínfimas, en placentas y testículos.Las maniobras de los petroestados¿Qué se puede hacer para reducir la asombrosa cantidad de envases de productos de supermercado, principal fuente de residuos plásticos que contaminan los mares?Este quinto ciclo de negociaciones inicia con un documento de 73 páginas con cerca de 3000 corchetes que reflejan las posiciones de los unos y los otros, señal de que aún no hay consenso sobre las medidas a tomar. A lo largo de los ciclos pasados de negociaciones, han surgido dos grandes coaliciones de naciones.Por un lado, existe una coalición llamada de "alta ambición", integrada por más de 60 naciones europeas, asiáticas y latinoamericanas pide que se ponga un tope la producción global de plástico. Si no se hace nada, la contaminación por plásticos aumentará un 70% según proyecciones. Perú y Ruanda proponen por ejemplo un pacto 40x40 es decir reducir un 40% la producción en 2040, en relación con los niveles de 2025.Estados Unidos se sumó, en julio de 2024, a esta coalición que defiende un tratado ambicioso, aunque la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ensombrece esta buena voluntad.En cambio bloque de estados que producen petróleo, Arabia Saudita, Catar, Rusia, Irán se opone categóricamente a la instauración de un límite a la producción de productos plásticos.“Son países que están trabando las negociaciones, ya sea por vía procedimental o por vía de sustancia, oponiéndose a cualquier medida que restrinja el comercio de plásticos, que son el plan B de las energías fósiles, sabiendo que el mercado está yendo en una dirección de energías alternativas más sostenibles”, observa el abogado ambientalista Andrés Del Castillo, quien sigue las negociaciones sobre el tratado contra la contaminación plástica para la organización CIEL.Recordemos que el plástico es un derivado del petróleo, y esos estados ven esta industria como una manera de mantener sus ingresos. En las negociaciones, estos estados insisten en la retórica del reciclaje del plástico.Pero para ello, habrá que reducir entonces el uso de miles de aditivos, que obstaculizan el reciclaje. “Varios estudios afirman que la regulación actual a nivel global no es suficiente porque cubre menos de 1% de los de los químicos que se encuentran presente en los plásticos: alrededor de 16,000 químicos, de los cuales más de 4000 son de químicos de alta preocupación”, recuerda Andrés del Castillo, entrevistado por RFI.La regulación del uso de sustancias toxicas del plástico como el bisfenol A, la instauración de impuestos al plástico, la reducción de los subsidios a la industria del plástico son otros temas espinosos que se abordarán en esta cumbre.Las negociaciones para un tratado internacional contra los residuos plásticos tendrán lugar hasta el primero de diciembre en Busan, Corea del Sur.Escuche nuestro podcast:

Las emisiones de CO2, principal causa del calentamiento global alcanzan niveles récords, según datos compilados por un consorcio científico, y a pesar de las negociaciones climáticas para reducirlas. ¿En cuántos grados podría calentarse el planeta a finales del siglo? ¿Por qué algunos países logran reducir sus emisiones y otros no? El año pasado, la cumbre climática de Dubái se cerró con la promesa de que el mundo se alejaría gradualmente de los combustibles fósiles. A pesar de este compromiso histórico, las emisiones de CO2, principalmente ligadas a los combustibles fósiles siguen en aumento y alcanzan niveles récords en la atmosfera. Según un equipo de 120 científicos, agrupados en el Global Carbon Project, las emisiones mundiales de CO2 alcanzarán 37.400 millones de toneladas en 2024, 0,8% más que en 2023. Sumando las emisiones ligadas a la deforestación, la cifra llega a 41,6 mil millones de toneladas.Y según la trayectoria actual de reducciones de emisiones, hay 50% de probabilidades de que el calentamiento global supere los 1.5°C, lo que conllevaría a la multiplicación de eventos climáticos extremos en varios países.El cambio climático “acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia (…) El planeta no están dando señales cada vez más claras. Pero, aun así, en este momento tan crucial para la humanidad, estamos viendo a muchos gobiernos titubear”, alertó por ejemplo el jefe de gobierno español Pedro Sánchez desde Bakú.La cumbre climática Cop29 de Azerbaiyán, bajo la égida de la ONU, inició en un ambiente caótico. Unos días antes, los electores estadounidenses eligieron por segunda vez a Donald Trump, adversario de las políticas climáticas, lo que arroja una sombra en las futuras negociaciones para luchar contra el calentamiento global.Las guerras en Ucrania, Medio Oriente y Alto Karabaj complican también las relaciones entre grandes potencias. Y aún existe una desconfianza entre países del industrializados que no quieren pagar solos la factura de la transición energética, y los del Sur global, que piden más ayudas. Y mientras arrancaban las negociaciones para definir un nuevo objetivo anual de financiamiento para los países en desarrollo, los científicos del Global Carbon Project, un consorcio internacional, alertan una vez más sobre la insuficiencia de las políticas actuales de lucha contra el cambio climático.Cada año este grupo de 120 científicos realiza la tarea titánica de calcular la cantidad de emisiones de CO2, principales responsables del calentamiento global, que se emiten en nuestro planeta.El director del Global Carbon Project, Pep Canadell nos comparte las conclusiones de este informe. Con el ritmo actual de aumento de emisiones, "el mundo podría calentarse en 2.5 o 3°C a fin del siglo", alerta. ¿Cuáles son los buenos alumnos de la lucha contra el cambio climático? Escuche su entrevista: Y si queremos que nuestro planeta sea aun habitable en unas décadas, y evitar la multiplicación de sequias, olas de calor, huracanes y lluvias torrenciales, es indispensable limitar el calentamiento global a 1.5°C, comparado con la era preindustrial. Para ello, la ONU y los científicos estiman que tenemos que reducir un 42% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 comparado con 1990.

La cumbre climática Cop29 inició este lunes en Azerbaiyán con delegados de más de 190 países reunidos en un contexto de urgencia climática: 2024 será probablemente el primer año en que se supere el umbral de 1,5° C de calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen batiendo récords. La ayuda financiera para la transición energética será el tema prioritario. La gran cita internacional sobre la lucha contra el cambio climático de la ONU abrió sus puertas este año en Azerbaiyán, ex república soviética ubicada entre Europa y Asia y gran productor de gas y petróleo gobernado con puño de hierro por Ilham Aliev, que reprime brutalmente todas las voces disidentes.La Cop29 sobre el clima ocurre a casi 10 años del Acuerdo de París en el que se plasmó el objetivo de limitar a +1,5ºC el aumento de la temperatura global a finales del siglo comparado con la era preindustrial, una meta que sin embargo será superada este año, según datos del programa satelital europeo Copernicus.En este contexto de urgencia climática en el que se multiplican los eventos climáticos extremos como en España, ¿sigue siendo válida esta meta o deberíamos prepararnos para un aumento mayor de las temperaturas medias? La respuesta es afirmativa, según Marta Torres Gunfaus, directora de asuntos climáticos Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), centro de análisis basado en París.“Es necesario todavía mantenerse en la estrategia de negociar, acordar resolver decisiones que sean coherentes con ese objetivo del 1,5°C de aumento de las temperaturas medias a nivel mundial. La principal razón de mantenerse con esta estrategia es porque cada décima de grado que superamos tiene unas implicaciones enormes tanto en ecosistemas naturales como para las sociedades humanas”, explicó la especialista, entrevistada por RFI.En vísperas de esta Cop29, Yalchin Rafiev, canciller azerí y jefe negociador indicó los tres objetivos principales de su país: lanzar una iniciativa para una tregua de un mes en todo el mundo, acordar una nueva meta de financiamiento de la lucha contra el cambio climático y fijar los últimos detalles del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de carbono.Prioridad número 1: los nuevos objetivos financierosFinanciar la lucha climática será el tema número uno sobre la mesa de negociaciones. Se trata de renegociar los nuevos objetivos colectivos cuantificados, NCQG en lenguaje diplomático, es decir las contribuciones de las naciones industrializadas para financiar la transición energética en los países en desarrollo, la adaptación de esos países frente al cambio climático, y el financiamiento de los daños que no se pudieron evitar.Hasta ahora, los países industrializados movilizaron 100 mil millones de dólares anuales entre 2020 y 2025, pero esta promesa llegó con dos años de retraso, lo que tensó la confianza entre países del Norte y del Sur global.¿Cuánto debería ser el monto de esta ayuda para 2025-2030? Las ONG ambientalistas consideran que ya no serán suficientes los cientos de miles de millones, sino millones de millones de dólares de ayuda pública, inversiones y préstamos.“Hay que saber que en 2009 el objetivo de los cien mil millones fue un objetivo totalmente salido de la nada que no reflejaba ni necesidades ni la realidad de los impactos del cambio. El Climate Action Network, [ndr: Red de Acción por el Clima, principal coalición de ONG ambientales], muchos actores de la sociedad civil, pero también agencias de Naciones Unidas, muestran que las necesidades están más bien en los millones de millones de dólares. CAN está diciendo 5 de millones de dólares anuales de movilización de dinero”, subrayó Anabella Rosemberg, asesora en políticas climática para Climate Action Network.“Pero más allá de la cifra, es muy importante para nosotros un reconocimiento sobre el tipo de dinero del que estamos hablando. Porque hay una voluntad por parte de los países desarrollados de plantear esto como un objetivo de inversión. Para nosotros, lo que es clave es que el monto identificado sea un monto de dinero público accesible a los países en desarrollo y que no implique una dimensión de deuda. Hoy en día mucho del financiamiento climático se hace en forma de préstamo”, lamentó Anabella Rosemberg, en entrevista con RFI en vísperas de la COP.Finalizar los mecanismos de mercado de carbonoEl otro gran tema de negociación, según el país anfitrión de la Cop, Azerbaiyán, es el artículo 6 del Acuerdo de París que regula el mercado del carbono y que no aún no ha sido finalizado. Dicho mecanismo permite a los países o las empresas muy contaminantes intercambiar sus emisiones de CO2 contra proyectos verdes en los países del Sur global. Se espera que los delegados de la Cop29 pongan orden en ese mercado para evitar el "greenwashing".Y a más tardar en febrero de 2025, los estados firmantes del Acuerdo de París se han comprometido en presentar nuevos objetivos para reducir sus emisiones de gases de efectos, en sintonía con el objetivo de limitar a 1,5°C el calentamiento global. Para alcanzar dicha meta, es necesario reducir en un 43% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, con relación a 2019. Un esfuerzo colosal que los países están lejos de cumplir: según la ONU, el mundo rompió un récord de emisiones en 2024, y las trayectorias actuales solo llevarían a reducirlas en un 2,6% en 2030.Del lado europeo, negociadores franceses dijeron a RFI que esperan avanzar en dos aspectos durante esta Cop29: buscar nuevas fuentes de financiamiento a través de la creación de nuevos impuestos globales al transporte marítimo o aéreo por ejemplo para financiar la lucha contra el cambio climático. Y segundo, los negociadores europeos quieren actualizar la lista de las naciones industrializadas que tienen que contribuir a nivel financiero.Y es que actualmente, sólo las naciones industrializadas, como las europeas y Estados Unidos, debido a su responsabilidad histórica en las emisiones de CO2, tienen la obligación de aportar fondos a la mitigación del cambio climático y la adaptación, a los países pobres. China en cambio, no era considerada una nación industrializada cuando se negoció el marco de las contribuciones en 1992. Se avecinan debates álgidos sobre la base de contribuciones, anticipa Marta Torres Gunfaus, especialista en negociaciones climáticas. Europa quiere que China también pague su parte“Una de las discusiones importantes es que contribuyan no solamente países industrializados sino todos aquellos que puedan aportar como Corea del Sur, Catar o Singapur, que ya habían dicho que querrían colaborar con en ese objetivo. Y el tema importante es si vamos a añadir, por ejemplo, China en los posibles contribuidores”, detalla Torres Gunfaus.“Lo que es interesante es que hoy China ya es de los grandes contribuidores en la lucha contra el cambio climático y con muchas no inversiones Sur-Sur. El tema es si se formaliza esas contribuciones, porque si se formaliza que también forma parte de este grupo de países más ricos que lideran esa contribución financiera, eso traería pues otras obligaciones que China no quiere necesariamente asumir, prefiere contribuir de manera voluntaria que de manera obligatoria”, concluye la experta en negociaciones climáticas.Varios países recientemente industrializados oponen un ‘no' rotundo al pedido de Europa y Estados Unidos. Consideran que no quieren renegociar la distinción entre países desarrollados y los que están en desarrollo, plasmado en el Acuerdo de París. “No nos vamos a substituir a los países desarrollados que tienen obligaciones de contribuir, según el Acuerdo de Paris. Además, hay que acordarse de que países como China, Brasil, India o Indonesia, invertimos muchísimo internamente. En Brasil, cubrimos nosotros mismos el 80% del costo de la lucha contra la deforestación”, subrayó André Correa do Lago, diplomático brasileño y jefe negociador de la delegación de Brasil en la Cop29, en entrevista con Lucía Muzell de RFI.En esta Cop29 también planeará la sombra de Donald Trump. Aunque será la administración Biden quien representará a aún a Estados Unidos en las negociaciones, la victoria de Donald Trump, un climatoescéptico notorio que prometió impulsar la extracción petrolera, augura un debilitamiento del liderazgo estadounidense en las negociaciones climáticas en las siguientes cumbres climáticas.

"Cuidando a Los Dinamos: Mujeres mexicanas comprometidas con la conservación", es el trabajo ganador del Premio Reportaje RFI en español 2024 de Mariana Hernandez y Marcela Ortiz Mena, estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. En este trabajo periodístico, las jóvenes relatan cómo es el cuidado del parque natural Los Dinamos, que se encuentra al borde de la capital mexicana.  Reportaje de Mariana Hernandez y Marcela Ortiz Mena, ganadoras del Premio Reportaje RFI en español En 2020 la Ciudad de México, como varias otras ciudades, estaba en cuarentena. La gente no salía de sus casas, no tenía a donde ir a divertirse. En 2021, algunos lugares comenzaron a abrirse al público poco a poco. Uno de los primeros fue el Parque Nacional Los Dinamos, una de las escasas zonas naturales que existen en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.Abrir Los Dinamos en ese momento implicó que llegara demasiada gente. Empezó a haber más basura y erosión en el suelo, los ecosistemas se empezaron a ver afectados. Un grupo de mujeres decidió actuar y dedicarse a la conservación. Es así como nace Comuneras Unidas por el Amor a los Dinamos (CUPADI).Se habla de amor a Los Dinamos porque es su tierra. “Nuestra vocación es la conservación de nuestro bosque”, dice Marisol Tovar, una de las mujeres que conforman CUPADI.Propiedad ComunalA pesar de que el gobierno mexicano describe en varios sitios de internet a Los Dinamos como una zona natural protegida, no lo es. El parque se encuentra en la Magdalena Atlitic, una propiedad comunal. Son los comuneros de esta zona los que son dueños de la tierra, y por lo tanto, quienes la cuidan. Si fuera una zona natural protegida, sería el gobierno quien se encargaría de su conservación.Es por esto que Marisol Tovar, al igual que Graciela Madrigal y Estefanía Navarro, tiene una relación personal y profunda con Los Dinamos. Cada una ha heredado el derecho que tiene sobre la tierra. En una propiedad comunal, existen títulos que prueban los derechos sobre el territorio y estas comuneras lo recibieron gracias a sus familiares.“Yo empecé a conocer más el bosque y dije pues son nuestras tierras, hay que conocerlas”, explica Estefanía al hablar de su relación con esta zona. Tanto ella como Graciela sabían poco sobre lo que implicaba ser comunera, pero decidieron acercarse cada vez más a ella. Marisol ha participado en su conservación desde que era pequeña, incluso siendo miembro de otros grupos que también se dedican a la preservación de Los Dinamos.La conservaciónLas labores de CUPADI son amplias. Empezaron informando a los visitantes sobre las maneras apropiadas de cuidar el bosque: No tirar basura, no llevar a los perros sin correa, no desviarse del camino y muchas más. Se han encontrado con personas que no aceptan estas reglas, pero cada vez son menos. También se han dedicado a regular a la gente que entra al parque, evitando que se desgaste la zona.Después, siguieron con otras labores, como la señalización de caminos para evitar la erosión y la restauración de suelos quemados. CUPADI fue avanzando, y hoy en día son capaces de hacer monitoreos de animales en la zona, lo que las ayuda a cuidar de las diversas especies que se encuentran en Los Dinamos, incluyendo el ajolote.No es tan fácilCUPADI está integrado sólo por mujeres, no por dejar fuera a los hombres, sino por tener un trabajo propio, aseguran. A pesar de que reciben apoyo de Eco Dinamos, otro grupo que también se dedica a la conservación, se han enfrentado a la discriminación. “Estamos en una comunidad súper tradicional también, donde impera, como en toda nuestra sociedad, el machismo”, cuenta Marisol. Otros comuneros e incluso el mismo comisariado, que es el líder de la comunidad, han dificultado algunas de sus labores por el hecho de que son puras mujeres, agregó.En el parque se han puesto puntos de pago para entrar al lugar, aprovechando el trabajo de CUPADI, aunque ellas trabajan en el parque “de forma voluntaria”, asegura Graciela.  Sin embargo, el hecho de que sea sin remuneración limita el presupuesto de CUPADI, además de las horas en las que pueden trabajar.  En este grupo de mujeres, la mayoría de sus integrantes son de la tercera edad, por lo que algunas de sus labores les resultan muy difíciles.El avanceA pesar de las dificultades, las comuneras de CUPADI han logrado enormes cambios en Los Dinamos. Han restaurado suelos, han marcado caminos y se han dedicado a conservar especies. Todo esto es gracias a la dedicación que tienen por su causa, pero también gracias al amor que le tienen a su tierra.

En Colombia, a orillas del río Magdalena, la fundación Biodiversa ha comprado miles de hectáreas de tierras para reforestarlas y crear un refugios para especies amenazadas. Reportaje en El Silencio, un modelo de protección del medioambiente. Los primeros rayos de luz aparecen sobre el río Magdalena. Tras una hora de navegación, nuestra lancha gira hacia un brazo del río. Nos alejamos de un paisaje moldeado por instalaciones petroleras, por la minería, la agricultura y los grandes potreros. Y entramos en un caño natural rodeado de árboles majestuosos. A mano derecha, aparece la densa vegetación de la reserva natural El Silencio. El lugar incita a guardar silencio y disfrutar del canto de las aves.Una familia de loros vuela de una orilla a otra, un oso hormiguero se trepa de una rama a otra y se oye el rugido de los monos aulladores. Aquí, a orillas del tropical río Magdalena que inspiró al escritor colombiano Gabriel García Márquez, científicos decidieron crear una reserva natural en 2012. Escuche el audio reportaje: Julio Marín dirige el equipo de los 10 guardabosques de la reserva de la fundación Biodiversa Colombia. Este exsoldado es ahora un apasionado de la naturaleza. A lo lejos,  divisa dos puntos brillantes escondidos en la zanja de un tronco. Se trata de una marteja, o mono ‘aotus', en peligro de extinción. Marín y su equipo tienen la misión de conservar y restaurar el territorio de mamíferos terrestres, acuáticos y aves amenazados por la deforestación. "La reserva se ha convertido e un puente de unión entre los bosques del sur y del norte. La reserva está estrategicamente puesta ahí como parte de un corredor", explica Santiago Rosado, biólogo y coordinador científico de El Silencio.Según datos de Global Forest Watch, en el municipio de Yondó, la superficie de bosque primario se ha derrumbado un 43% en 20 años mientras se extendieron los potreros. La ganadería sigue siendo una de las principales actividades económicas en la región de Antioquia, en detrimento del bosque tropical.Una de las características de la reserva natural El Silencio ha sido asociar a las comunidades locales de ganaderos y pescadores a los esfuerzos de conservación y reforestación. Los ganaderos y también los pescadores de la zona contribuyen a la reforestación cuidando los viveros, por ejemplo. A cambio, estas comunidades reciben ingresos de la Fundación.Y los efectos de la reforestación son notables. Aquí en el corazón de la reserva, los científicos observan con cámaras y captación de sonido, el regreso de ciertas especies, explica el biólogo Santiago Rosado, responsable científico de la reserva natural: "En la reserva original, no había registros de danta (tapir). Ahora, la danta apareció cuando la reserva se expandió en 2020".Gracias a fondos de fundaciones privadas extranjeras, la reserva natural El Silencio se ha ampliado considerablemente. Ha pasado de 70 hectáreas en 2012 a 3.500 hectáreas actualmente, de los cuales alrededor de 100 ha fueron reforestadas, de forma pasiva y activa.La fundación Biodiversa Colombia busca ahora registrar todas estas tierras bajo el estatuto de reserva de la sociedad civil. Una iniciativa que contribuye a los esfuerzos nacionales de conservación. Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, se ha comprometido a proteger el 30% de sus tierras para 2030, según lo pactado en la Cop 15 sobre biodiversidad en 2022 en Montreal.

La fiebre del oro blanco llega ahora a los Andes peruanos. La empresa Yellowcake, subsidiaria de la canadiense American Lithium planea abrir una mina a cielo abierto no lejos del glaciar Quelcaya en la región de Puno, para extraer 9,5 millones de toneladas de litio. Vito Calderón, activista ambientalista denuncia un proyecto que agravaría los impactos de la minería en la región. Mientras que, en Occidente, muchos perciben el litio como uno de los minerales indispensables para la transición hacia fuentes de energía que generan menos emisiones de CO2, para otros en cambio, el litio es sinónimo de extractivismo y de daños ambientales. Presente en las salmueras de Argentina, Chile y Bolivia, el litio, componente indispensable para almacenar energía en las baterías de los autos eléctricos, fue detectado en grandes cantidades en rocas de los Andes peruanos.A cerca de 5000 metros de altitud, en el distrito de Macusani, a 250 km al norte de Puno y del lago Titicaca, la empresa Yellowcake, de capital canadiense, está a punto de recibir permisos de exploración de las autoridades peruanas para perforar el subsuelo con miras a explotar 9,5 millones de toneladas de litio en la roca en dos sitios.Dicho proyecto, con 587 millones de dólares de inversión para su frase inicial, sería la sexta mina de litio más importante del mundo, indica la empresa American Lithium -casa madre de Yellowcake - en su página web. La minera califica además a Perú de país “amigable” para la minería. En efecto, pocos meses después de llegar al poder pese a una fuerte movilización su contra, el gobierno de Dina Boluarte prometió un “shock” de desregulación para impulsar los proyectos mineros.En contraste con el entusiasmo del sector industrial y político, Vito Calderón activista de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), estima al contrario que este mega proyecto agravaría los impactos que el sector minero ha ocasionado históricamente en la región: contaminación de los ríos con metales pesados, amenaza a la salud humana, destrucción del paisaje o desestabilización de las comunidades rurales.Calderón fue entrevistado en los estudios de Radio Francia Internacional a su paso por Francia, invitado por la ONG francesa CCFD en el marco de una gira europea con varios activistas latinoamericanos movilizados contra los impactos del extractivismo.El activista recordó que en “la región de Puno, el 58% de la población está expuesta a metales pesados, productos de la contaminación que existe en el agua por actividades mineras. En ese contexto, ahora se plantea esta explotación de litio y uranio.”Y advirtió que el proyecto de litio “está poniendo en riesgo nevado Quelcaya. El proyecto Quelcaya está ubicado a menos de 3 km de este nevado del que depende gran parte de la población. El agua dulce de esta zona va para la cuenca Inambari, la cuenca Urubamba y la cuenca Azángaro que va hacia el lago Titicaca.”Además, “este proyecto está planteándose en roca volcánica. Es diferente al litio de Chile, de Bolivia, Argentina. Aquí es en roca volcánica y la empresa minera mismo ha planteado que esto va a ser a tajo abierto. Significa que va a haber dinamitazos, explosiones y esto va a generar toda una polvareda.”Calderón alerta también sobre la existencia del proyecto de Macusani, de explotación de uranio “que también está cerca, pero aquí tenemos sitios arqueológicos reconocidos por el estado peruano como patrimonio cultural de la nación. Y sobre esos sitios arqueológicos se sobrepone el proyecto Macusani de uranio.”Presencia de uranioSi bien de momento la empresa Yellowcake no cuenta formalmente con los permisos de exploración, las autoridades peruanas indicaron en agosto pasado que la declaración de impacto ambiental de la empresa podría ser aprobada de forma inminente.Pero según Vito Calderón, la empresa “ha hecho exploraciones clandestinas sin respetar la normativa ambiental. Han hecho así de forma apresurada perforaciones. A causa de esto, el mismo organismo de fiscalización ambiental se ha constituido para determinar y decir que esto no se debería hacer. Inclusive la empresa minera ha sido multada por hacer exploraciones sin permiso.”Hasta ahora, los sucesivos gobiernos peruanos se ha mostrado reticentes en dar luz verde a la explotación del litio en la región de Macorani, debido a la presencia de uranio en el yacimiento. Sin embargo el ingreso del gobierno de Dina Boluarte, tras la destitución del presidente Pedro Castillo a finales de 2022, ha acelerado las cosas. “En menos en 6 meses la empresa minera ya tenía la declaración de impacto ambiental. Está ahora en fase de observaciones. La empresa minera dice que va a empezar a explotar el litio a partir de 2027 por 30 años.”, observa Vito Calderón.El activista de DHUMA lamenta también la ausencia de consulta de las poblaciones indígenas de la región: “El gobierno estima que la consulta debería hacerse cuando la empresa minera ya empieza la explotación, pero nuestra posición, según el convenio 169 de la OIT es que se debería realizar antes de otorgar el título de la concesión minera. Siempre se entrega a espaldas de la población indígena”.Calderón cuestionó también la etiqueta de “energía verde” que, con frecuencia, se asocia al litio, al ser un componente clave para las baterías de los autos eléctricos. 

En vísperas de la cumbre sobre biodiversidad 'Cop16' en Cali, Colombia, donde se abordará el espinoso tema de la extinción masiva de especies, RFI conversó con el antropólogo Arturo Escobar sobre las alternativas al capitalismo consumista que tanto daña el planeta. El intelectural llama a hacer la paz con la naturaleza e inspirarnos de la lucha de los campesinos de Cherán en México, del discurso del Papa Francisco o de pensamientos de pueblos originarios como el Ubuntu. El estado de salud de nuestro planeta tierra se degrada peligrosamente. Es lo que indica el “chequeo de salud planetaria”, una evaluación que realizaron científicos internacionales del Instituto Potsdam para el Cambio climático. Elaboraron 9 indicadores como el calentamiento global, la contaminación o la calidad de la capa de ozono. Según su última evaluación, hemos superado 6 de estos 9 límites planetarios y estamos a punto de superar un séptimo límite con la acidificación de los océanos a causa del CO2 que emitimos en cantidades excesivas y que perturba la vida marina. Solo dos indicadores, que conciernen la capa de ozono, son satisfactorios.En este contexto de crisis ecológica, surgen múltiples iniciativas: las negociaciones climáticas en la Conferencia de las Partes (Cop), las áreas protegidas para preservar los ríos y los bosques. Pero esas políticas son insuficientes, según el intelectual colombiano Arturo Escobar*. El reconocido antropólogo, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, especialista en ecología política, observador de los movimientos sociales llama a hacer las paces con la naturaleza. Esta fue la conversación que Radio Francia Internacional sostuvo con Arturo Escobar en vísperas de la Cop16 de Cali.RFI: Los científicos indican que, debido a las actividades humanas, el clima se calienta, las especies desaparecen masivamente. Nos acercamos al punto de ruptura ecológica en múltiples aspectos. ¿Cuál es su lectura de esta crisis global?Arturo Escobar: Con frecuencia pienso con relación al colapso climático de que el punto de inflexión lo alcanzamos hace tiempo. Tiene que haber ya un giro muy definido en las políticas, sobre todo a nivel de los estados y de las multinacionales y de las agencias internacionales en respecto a las acciones hacia reducir los gases de efecto invernadero. Pero no ha ocurrido. Porque a nivel de las élites económicas y políticas del mundo todavía no hay una acción decidida de la magnitud y de la naturaleza que tiene que ocurrir para que realmente nos enfrentemos al problema del colapso climático y la destrucción de la biodiversidad.Yo creo que las élites económicas y políticas siguen pensando en un modelo terricida. Este es el concepto que se usa ahora en Suramérica. Estamos enfrentando el terricidio, que me parece un concepto más potente que ‘antropoceno'. Y frente al terricidio necesitamos unas acciones de una magnitud y de una característica muy diferente a la que están ofreciendo las élites.Creo que la COP 16 es una gran oportunidad. El lema de la COP 16, que es ‘la paz con la naturaleza', es la propuesta de Colombia para transitar hacia un modo de existir y un modelo económico y social de sociedad que no sea destructivo de la naturaleza y que restablezca las relaciones con la naturaleza de una forma mutuamente enriquecedora. RFI: Una forma de repensar esta relación con lo vivo es, dicen algunos pensadores, inspirarnos de los pensamientos y las prácticas de los pueblos originarios de los pueblos autóctonos. ¿Cómo podemos inspirarnos de las culturas autóctonas para cambiar este modelo terricida'?Arturo Escobar: Hoy en día hay muchísimas buenas ideas de cómo enfrentar la crisis ecológica y posiblemente las ideas más interesantes y contundentes las tienen los pueblos originarios, porque son los que más están sufriendo el impacto del cambio climático y los que están directamente en los territorios que están siendo destruidos por este cambio climático.Lo importante de tener en cuenta es que los pueblos originarios indígenas han sabido coexistir con la tierra sin destruirla. Los humanos modernos hacemos todo lo contrario. Somos terricidas: todas nuestras acciones se rigen casi que todas en contra de la naturaleza o a expensas del mundo natural y con frecuencia a expensas de los otros humanos. Entonces por eso tenemos sistemas tan desiguales social y económicamente y tan destructivos ecológicamente.Los pueblos originarios o ‘pueblos telúricos', como los llama ahora Moira Millán, una gran activista mapuche, son pueblos que saben existir con la tierra como un ente vivo y porque también tienen la conciencia de que todo lo humano y la tierra misma existen un cosmos vivo. No somos seres que habitamos un universo inerte como lo imaginamos, sino que habitamos una tierra viva en cosmos vivo. RFI: Existen conceptos de armonía, de simbiosis en varias culturas al respecto. ¿Cuáles son los que podrían inspirarnos para hacer las paces con la naturaleza?Arturo Escobar: El concepto que más fuertemente está surgiendo, que es un concepto que estaba incorporado en la práctica y en el pensamiento de los pueblos indígenas, es el concepto del buen vivir. Es una visión integral y holística de lo que debe ser la acción humana en el mundo, donde se piensa no solamente la dimensión material en la dimensión económica, como en el concepto del desarrollo, sino que también se piensa a las dimensiones espiritual histórica de la memoria de los ancestros, de las ancestras, del respeto a la naturaleza, del respeto a las otras y los otros que son diferentes.El ‘buen vivir” me parece que es una alternativa a ese modelo de desarrollo destructivo de la modernidad capitalista globalizada y me parece que cada comunidad indígena tiene su visión propia del buen vivir.Cada comunidad humana en donde sea que estemos en Francia, en Europa, en África, en Asia, en América Latina, cada comunidad tiene que aprender a imaginar una forma de vivir bien, donde el humano y la naturaleza reaprendamos finalmente a habitar la tierra de una forma diferente y no destructiva. RFI: Usted forma parte de los intelectuales y activistas que invitan al público a descolonizar nuestra mente. ¿Qué significa este concepto? ¿Y por qué puede ser una herramienta para enfrentar la crisis ecológica? Arturo Escobar: Bueno, yo creo que también es un concepto muy importante y en cierta forma muy sencillo. Nuestras mentes y nuestras formas de ser, de hacer, de existir, de pensar, han sido colonizadas por una forma particular de entender al ser humano como naturalmente' individual, individualista, consumista, competitivo, agresivo, separado del mundo natural, separado de la comunidad.Entonces ese modelo del humano que nos ha colonizado la mente y el cuerpo y nuestras prácticas, tenemos que abandonarlo. Tenemos que transitar, hacia unas formas de existir que reconozcan que somos seres que vivimos en completa interdependencia con todo lo vivo.Es el concepto también del Ubuntu: ‘yo soy, soy porque somos. Yo soy porque tú eres. Yo existo, porque todo lo demás existe'. Entonces descolonizar la mente y el cuerpo y la forma de existir nos lleva a transitar hacia un modelo de existencia muy diferente basado en la interdependencia.RFI: Uno de los ejes de los objetivos del actual gobierno colombiano ha sido parar la exploración petrolera y las nuevas minas de carbón, por ejemplo. Otros países europeos también tienen este compromiso de poner un alto a cierto tipo de extracción de energías fósiles. ¿Esto es, según usted, un ejemplo de las políticas concretas que pueden ser una respuesta adecuada al cambio climático? Arturo Escobar: Sí, definitivamente. Sabemos que hay que descarbonizar la vida. El modelo económico del modelo de sociedad. Y eso lo sabemos desde hace tiempo. Por ejemplo, Vandana Shiva hace tiempo viene diciendo esto, hay que dejar el petróleo bajo el suelo, los pueblos indígenas lo dicen, hay que dejar el carbón bajo el suelo donde está.Y tenemos que descarbonizar la vida y la economía. Sin embargo, hay muy pocos líderes mundiales hoy en día que están poniendo el énfasis en el abandono de los combustibles fósiles. Yo mencionaría tres: Gustavo Petro, presidente de Colombia y Francia Márquez, su vicepresidenta; el Papa Francisco, que también ha venido abogando por esto, y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien cada año habla en los términos más enfáticos de que ya llegamos al punto de inflexión.Entonces también parece que esa transición energética del cual se habla, que tiene que ser una transición justa que no puede ser una transición simplemente en el norte a expensas del Sur, del extractivismo en el Sur tiene que ser una transición global. Y países como Colombia que están iniciando esa transición tienen que ser apoyados de múltiples formas.RFI: Usted estima también que estas grandes conferencias climáticas y las políticas ‘desde arriba' son importantes, pero no son suficientes para enfrentar la crisis ecológica y aboga por pues las experiencias autonómicas. Arturo Escobar: Hay muchísimas alternativas transformadoras, esas alternativas que están tomando un nuevo camino, un camino de volver a retejerse con la tierra, a sanar y retejer el tejido de la vida y desde una perspectiva del cuidado.Hay una serie de conceptos que están surgiendo, por ejemplo, como el concepto de ‘regeneración', ‘economías regenerativas', ‘economías del bien vivir”. Hay grandes experiencias como el zapatismo, como la misma revolución feminista kurda en Rojava, como lo que ha ocurrido en la región de Cherán, en México, donde los campesinos han vuelto a tomar el control de su territorio en contra del capital narco que quería básicamente destruirlo todo. Entonces hay muchas experiencias en todo el mundo.RFI: Usted mismo forma parte de un grupo de activistas y académicos para la regeneración del Valle del Cauca, su región de origen. Arturo Escobar: Sí, llamamos esta iniciativa ‘tejido de transicionantes por el valle geográfico del río Cauca'. El modelo que ha imperado durante los últimos 100 años, que es un modelo muy para el beneficio de la élite de la minoría blanca de la región, es un modelo basado en el monocultivo de la caña y el desarrollo agroindustrial en la gran ciudad de Cali, en particular para mercados internacionales y finales, es un modelo que está llegando a su fin ecológicamente ha acabado con las aguas, ha agotado los acuíferos, ha resecado la región y sin embargo sigue expandiéndose. Pero es un modelo muy pernicioso que también ha creado grandes desigualdades, especialmente en relación a las poblaciones negras y campesinas e indígenas de la región que han sido completamente marginadas por este modelo.Nuestro lema es 'un río Cauca, muchos mundos'. Imaginamos el río Cauca pluriversal, un río Cauca donde hay muchas formas de hacer las cosas, incluyendo de hacer las economías, muchas otras formas de existir, pero especialmente regenerando y retejiendo la red de relaciones de la vida. RFI: En esta reflexión sobre la ecología política, usted también enfatiza en la importancia de la espiritualidad. Invita por ejemplo a ‘sentipensar' la tierra. Arturo Escobar: El concepto de sentipensar surge de las poblaciones anfibias de la costa caribeña colombiana quienes dicen que ellos ejercen el sentipensamiento: es pensar tanto con el corazón como con la mente.Es básicamente es ir en contra de esta hegemonía de la mente, como si la mente y la racionalidad y el conocimiento científico fueran la única forma válida de conocimiento.Hay muchas otras formas de conocer: desde la espiritualidad, desde el corazón, desde la intuición, desde el sentimiento relacionarse con lo que es innombrable, inefable.También en Chiapas usan el concepto de ‘corazonar, es como un juego de palabras entre co-razonar, pero también es como pensar con el corazón y desde el corazón y especialmente pensar desde el corazón de la tierra y pensar con la tierra. Allí no llegamos si no recuperamos una dimensión de lo sagrado, una dimensión espiritual que reconozca el carácter sagrado de todo lo vivo. Los pueblos modernos, seculares, profundamente seculares y racionales hemos olvidado y hemos perdido completo el contacto con lo sagrado. *Arturo Escobar ha publicado varios ensayos traducidos en varios idiomas, como 'Sentipensar con la tierra', y 'La invención del desarrollo'.  La editorial francesa Zulma acaba de publicar una traducción de "Otro posible es posible: Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América', Ediciones desde Abajo.Escuche aquí la entrevista completa:

¿Pirata ecologista o ecoterrorista? El activista ambientalista canadiense Paul Watson se ha ganado varios apodos por sus operaciones de saboteo contra barcos balleneros en los océanos del mundo. RFI vuelve sobre décadas de activismo de Watson, preso en Groenlandia a raíz de una petición de extradición de Japón. "Me han llamado de muchas formas. Me dijeron 'ecoterrorista', pero nunca trabajé para Monsanto. En 2014, un juez federal estadounidense me tildó de 'pirata' y no me acusó de ningún cargo. ¡Y saben qué?, para mí es un orgullo!”, bromeaba Paul Watson en 2023 durante un encuentro con el público en Francia.La pasión por Watson por los océanos empezó desde temprana edad. Creció en Saint Andrew by the Sea, una ciudad portuaria del este de Canadá, fue guardacostas a los 18 años, y trabajó luego en la marina mercante. En 1971, participó en la campaña contra los ensayos nucleares en Alaska y luego fue uno de los miembros fundadores de la ONG ecologista Greenpeace. Pero las acciones de la organización eran demasiado tibias según Watson.“Creó la organización Sea Sheperd (pastor del mar) con una visión de intervencionismo agresivo, porque interfiere físicamente, pero no violenta porque no dañamos a nadie en el proceso”, explica Cristina Gimeno Luna, representante de la Fundación Paul Watson en España.Desde entonces, el activista marino asumió una línea de mano dura para impedir la caza de las ballenas. A pesar de sus 73 años, el canadiense que sus amigos llaman Capitán Paul Watson, no ha dejado de recorrer los mares para interceptar barcos balleneros.En 2012 por ejemplo un barco de la organización que dirigía entonces, Sea Shepherd, libró una verdadera batalla naval contra el Nisshin Maru, un buque-factoría japonés de más de 120 metros que pescaba cetáceos en el santuario de ballenas del océano Austral. Los activistas lograron entonces impedir que el ballenero se abasteciera en combustible en alta mar. Enfrentamientos como aquello terminaron varias veces con barcos averiados. En total se le atribuye a Watson una decena de buques balleneros ilegales saboteados en puertos, varios buques embestidos en alta mar, cientos de redes confiscadas y más de 250 operativos en los mares del mundo.Fuga en altamarEstas acciones le valieron varias demandas judiciales. En 1997, fue condenado en ausencia en Noruega por el saboteo de un barco pesquero en 1992. En 2012, Watson fue detenido en Alemania, a petición de Costa Rica, tras impedir las operaciones de un barco que pescaba aletas de tiburón. No sin disfrazarse con una peluca, Watson se fugó y desapareció varios meses en aguas internacionales a bordo de un barco. En julio de 2024 sin embargo, fue detenido en Nuuk, capital de Groenlandia tras una notificación roja de Japón a través de Interpol. El país asiático, que aún autoriza la pesca de ballenas, lo busca por un operativo anti caza de ballenas de un barco japonés en 2010.“Sea Sheperd se encontraba en una campaña contra la caza de ballenas de Japón en el santuario de ballenas del Antártico, cuando el Ady Gil, uno de los barcos que participaba en la campaña, pero no era propiedad de la ONG, fue deliberadamente arrollado por un arponero japonés, causando el hundimiento de este barco”, cuenta Cristina Gimeno.Pete Bethune, capitán del barco decidió entonces abordar el arponero para presentar una queja por escrito al capitán y entregarle una factura de los gastos del barco, según describe la activista. “Paul Watson no le recomendó abordar el barco, pero Pete Bethune abordó el barco y fue arrestado. Fue llevado a Japon y realizó una supuesta confesión diciendo que era Paul Watson quien le había ordenado abordar el barco ballenero japonés”, detalla Cristina Gimeno.Bethune se retractó de sus acusaciones. Pero con base a esa confesión, Japon emitió en 2012 una notificación roja ante Interpol para pedir la detención de Watson. “La petición de arresto caducó dos veces y esta última vez, la han hecho de manera confidencial. Como no había notificación roja publica, Paul Watson decidió embarcarse en la nueva operación contra la caza de ballenas japonesa, la ‘Operation Kangei Maru', el nuevo buque ballenero japonés de procesamiento de carne de ballena, de 1300 toneladas. Paul Watson salió desde Dublín para interceptar al Kangei Maru y 14 miembros de las fuerzas especiales danesa y se lo llevaron arrestado por la orden de arresto de Japón”, lamenta Cristina Gimeno.Nuevas amenazas contra las ballenasA pesar de la moratoria sobre la caza de ballenas, la protección de las ballenas sigue siendo un reto ecológico. La caza de ballenas mata cada año a unos 1.200 ejemplares pese a estar desde 1986 bajo una moratoria, una medida que tres países rechazan: Japón, Noruega e Islandia.En el siglo XX, casi 3 millones de cetáceos fueron víctimas de los arpones, hasta que, en 1986, una moratoria internacional prohibió la caza de ballenas con fines comerciales. “Eso ha permitido en varias especies una recuperación bien evidente. El caso más emblemático es de la ballena jorobada. Casi todas las poblaciones se han recuperado bastante bien. En Australia se ha estimado que se recuperaron en niveles preexplotacion. Ya no están en la lista de especies protegidas en Australia”, observa en entrevista con Radio Francia Internacional el científico chileno Carlos Olavarría, experto en genética de ballenas, y asesor de varios gobiernos para la protección ballenera.“Eso mismo ha sucedido con la ballena azul. En Chile por ejemplo se ha recuperado de manera importante. Entonces la moratoria comercial fue una herramienta importante. Pero hay nuevos desafíos”, advierte Olavarría.La ofensiva diplomática de Japón para reanudar la cazaY cita: “La contaminación del medio ambiente marino, la contaminación acústica es otra problemática, el espacio que usamos en el mar y que afecta las rutas migratorias, el desarrollo de la acuicultura de las pesquerías: hay muchos animales que mueren enmallados. Entonces la moratoria no es suficiente”. Para enfrentar estos retos nuevos, el científico llama al establecimiento de áreas marinas protegidas.Otras especies además, aun están en peligro de extinción la ballena franca del Atlántico Norte, en ‘peligro crítico' desde 2020, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservacion de la naturaleza.A pesar de estas amenazas, Japón tratar de fracturar el consenso internacional sobre la protección de las ballenas. A finales de septiembre de 2024, en el marco de la Comisión Ballenera Internacional en Lima, un grupo de países africanos aliados de Japón sometieron un proyecto para levantaa la moratoria que protege a las ballenas, esgrimiendo el argumento de la seguridad alimentaria. Dicha propuesta no fue aprobada, pero demuestra las ambiciones de Japon por legalizar la caza comercial de ballenas.Escuchar el podcast completo:Entrevistas:>Carlos Olvarría, Director Ejecutivo, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas y asesor de varios gobiernos en materia de protección marina.>Cristina Gimeno Luna, Representante de la Fundación Capitán Paul Watson en España.

El presidente Lula da Silva anunció la pavimentación de la Br-319, una carretera amazónica hasta ahora intransitable. Pero el proyecto pone en alerta a ambientalistas y cíentificos que temen una expansión de la deforestación. El tema ilustra las contradicciones del mandatario brasileño en materia medioambiental. Heredada de la dictadura militar brasileña, la Br-319 atraviesa 900 km de selva Amazónica de Manaos (estado de Amazonas) hasta Porto Velho (estado de Rondonia). El tramo central de 400 km de esta carretera sin embargo ha quedado abandonado a la intemperie del clima tropical y es intransitable desde los años 80.Para algunos, como los gobernadores locales, remodelar este tramo representaría una vía de comunicación indispensable para los intercambios comerciales regionales en medio de una sequía que dificulta la navegación en el rio Madeira, principal eje de la región. Para otros, en cambio, pavimentar esta carretera daría vía libre a la destrucción del bosque para el desarrollo agrícola lo que llevaría a una catástrofe ambiental.Durante una visita en la Amazonía sobre los impactos de la sequía y los incendios, el presidente Lula Da Silva anunció obras de pavimentación de 52 km adicionales de esta carretera y prometió también reactivar las obras de remodelación del tramo central para luchar contra el aislamiento de las ciudades amazónicas.El anuncio causó inquietud de ecologistas y científicos ambientales. “El bosque Amazónico tiene una protección pasiva: no hay muchos accesos para ingresar. A la medida que se abren nuevas carreteras, es como abrir una vena a dentro del bosque para las personas que buscan tierras”, advierte Britaldo Soares-Filho, investigador de la universidad de Minas Gerais.“El frente más dinámico de deforestación es justamente la región del sur del estado de Amazonas. Y gran parte de las tierras que rodean la carretera son públicas pero no designadas como áreas protegidas o bosques nacionales. Entonces son un blanco para los ‘grileiros'. El simple anuncio de la pavimentación  de la carretera dispara una carrera para la búsqueda de la tierra”, observa el académico quien estudia desde hace más de 2 décadas la deforestación de la Amazonia.En Brasil se designan a los grileiros, los traficantes de tierras que falsifican títulos de tierras poniendo documentos en una caja con grillos para envejecer el papel.Acción legal de las ONG ecologistasEn 2020, el gobierno de Jair Bolsonaro intentó ya reactivar las obras para pavimentar esta controvertida carretera. Pero el año pasado, el colectivo de ONG ecologistas Observatorio del Clima demandó el proyecto de pavimentación de la carretera Br 319 y obtuvo su paralización temporal, por violación de los derechos indígenas. Los detractores de la carretera temen también que la degradación ambiental que ya ocurre en los márgenes de la carretera, se extienda a la parte central, si algún día se llegue a pavimentarla.“En un artículo científico de 2021, demostramos que las tasas de deforestación alrededor de la Br-319 son casi tres veces superior a los de la Amazonía en general. Otro estudio indica que la superficie deforestada en la región aumentará 1200% comparado con el año 2011”, asegura el doctor en biología, e investigador de la Universidad Federal de Amazonas Lucas Ferrante, con base a dates satelitales y modelos."Para toda la carretera BR-319 se deforestaron 89.328 ha entre 1988 y 2020 dentro de la franja de 40 km, y 300.116 ha si se considera la franja de 150 km", indica el artículo coordinado por Lucas Ferrante.El científico que se opone férreamente a la BR 319 detalló, en entrevista con RFI, los impactos ambientales potenciales de esta deforestación masiva: “esto afectaría servicio ecosistémicos de la selva como la absorción del carbono y la regulación climática en Suramérica, y también el fenómeno de los ríos voladores, que es el transporte de lluvias hacia el sur de Brasil. El 70% de las lluvias del sur del país provienen de la Amazonía”."Lula miente al mundo", acusa científicoPara justificar la reanudación de las obras de pavimentación, el presidente Lula Da Silva calificó la carretera de Br-319 de “necesidad” para Manaos y Porto Velho, dos capitales estatales, aisladas y más aún en temporada de lluvia.“El presidente Lula miente al mundo: la carretera es intransitable desde hace décadas y Manaos es una de las ciudades más ricas porque el transporte es más rápido y barato se hace por el río Madeira. Y Porto Velho ya está conectado al resto de Brasil”, acusa Lucas Ferrante. Según el, la reapertura del tramo central de esta vía va de la mano con la expansión petrolera: “el año pasado, el gobierno abrió 9 bloques de exploración petrolera en la zona de la Br-319”.Y aunque los defensores de la carretera afirman que se colocará una valla para evitar los daños al medioambiente, con pasos aéreos y subterráneos para los animales silvestres y un control sobre quién y qué pasa por ella, el investigador estima que una autopista en esta zona de la Amazonía es incompatible con la protección del bosque.La batalla alrededor de la carretera BR 319 no ha terminado. Tanto en tribunales como en las reunión pública, partidarios y adversarios de su pavimentación se oponen. Mientras tanto, la falta control policial deja vía libre a los traficantes de tierras que abren caminos ilegales y destruyen el bosque tropical.La extensión de la carretera entre Manaos y Porto Velho en la Amazonía brasileña a pesar de las alertas de los ambientalistas no es la única paradoja del gobierno de Lula de Silva. El presidente de izquierda se presenta como un campeón del clima y la deforestación ha disminuido desde su regreso al poder. Pero en junio pasado, defendió la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, para aumentar la producción de oro negro, principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.Escuche el programa completo de 'Vida en el planeta' acerca de la Br-139:Entrevistas:-Lucas Ferrante, doctor en biología, investigador en la Universidad de San Paulo y Universidad Federal de Amazonas.-Britaldo Soares-Filho, investigador de la Universidad de Minas Gerais, experto en diseños de modelos medioambientales.

Uno de los retos de la nueva presidenta de México, Claudia Scheinbaum será atender la gravísima crisis de seguridad en varios estados donde la delincuencia controla regiones enteras. En Guerrero, en el suroeste del país, Teodomira Rosales, defensora de los derechos humanos alerta sobre la situación de cientos de familias obligadas a huir de sus casas, amenazadas por los cárteles que se disputan el territorio y los recursos naturales. Ésta es su historia. Viajó desde las montañas mexicanas del estado de Guerrero, hasta París, invitada por el gobierno francés que reconoció su labor de defensora de los derechos humanos en el marco de la iniciativa Marianne: Teodomira Rosales, directora del Centro José María Morelos de Chilapa asesora a las familias desplazadas por la violencia en el suroeste de México. La magnitud del fenómeno no se conoce con precisión, pero la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa Derechos Humanos (CMPDH) estima que 386.000 personas fueron forzadas al éxodo interno en México a causa de la delincuencia, según cifras de 2022.En el estado mexicano de Guerrero, los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado han llevado a las autoridades a cerrar las escuelas durante varios meses este año y en este mes de septiembre, algunos padres de familia aún no se atreven a mandar de nuevo a sus hijas e hijos a clases en presencial.En 2023-2024, las disputas por el control del territorio, de la tierra y del trasiego de drogas ha obligado a los niños de varios municipios a atender las clases de manera virtual como en Coyuca de Benítez o Chichihualco por ejemplo. En este estado, donde salir a las calles puede ser mortal debido a los tiroteos, se suman las desapariciones y los desplazamientos.La labor de Teodomira Rosales, hoy directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, ubicado en Chilapa inició en 2010 cuando defendió a familias que luchaban por el acceso al agua. Hoy en día acompaña a más de cien familias desplazadas por la violencia y refugiadas en un pueblo, Chichihualco donde nuevamente se enfrentan con la violencia: la presencia de hombres armados en las calles y los enfrentamientos perturban la vida diaria de la población.En los estudios de Radio Francia Internacional, Rosales cuenta los episodios de su lucha a favor de los derechos humanos. Desde la pelea para que se reconociera el desplazamiento forzado interno a través de la ley 487 en Guerrero, hasta la indemnización de varias familias para que pudieran reiniciar una vida nueva.Extractos de la entrevista con Teodomira Rosales:Chichiualco en la Sierra de Guerrero: un territorio en disputa:Sobre la violencia en Guerrero:La batalla para que el estado reconozca a las victimas de éxodo interno:El calvario de los defensores de los derechos humanos en México:Llamado a la nueva presidenta mexicana Claudia Scheinbaum, delfín de Andrés Manuel López Obador:

La evolución del clima convertirá a muchas ciudades en hornos durante los meses de julio y agosto. Una tendencia que complicará las competiciones deportivas de alto nivel y que lleva a las autoridades olímpicas a replantear la organización de los Juegos Olímpicos. "El cambio climático nos obligará a replantear las fechas de las olimpiadas", admitió en agosto de 2024 el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ante la evidencia científica: en las próximas décadas, con el aumento de las temperaturas medias que se disparan a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, será difícil o imposible llevar a cabo competiciones deportivas en muchas ciudades del mundo.“Si el cambio climático continua con esta curva que prevén los expertos, será muy difícil organizar los Juegos en agosto. Ya lo vimos en Tokio 2020, cuando tuvimos que convencerles de llevar el maratón a Sapporo por el calor. En París también se ha adaptado la hora de inicio del maratón”, insistió Thomas Bach. “Tenemos que estudiar el tema de las fechas, pero no solo nosotros. El calendario entero de las competiciones deportivas tiene que ser adaptado al cambio climático”, declaró el presidente del COI en París.El año pasado, científicos estadounidenses de Carbon Plan, una organización sin ánimo de lucro, elaboraron un mapeo del calor extremo en las próximas décadas. Tomaron como referencia el modelo RCP 4.5, es decir un escenario promedio de concentración de gases de efecto invernadero en la atmosfera, es decir, ni demasiado optimista, ni muy pesimista. Y para determinar la lista de las ciudades donde será posible organizar olimpiadas sin poner en riesgo la salud de los atletas, los científicos optaron por un indicador de 32 grados de temperatura de bulbo húmedo, una medición de estrés térmico elaborada por el ejército estadounidense y que toma en cuenta no solo los grados centígrados, sino también la humedad y la radiación solar.Por encima de este umbral, organizar actividades físicas conlleva riesgos para la salud.“Hemos observado que las olas de calor aumentarán en casi todas partes. Algunas ciudades que experimentan olas de calor sólo unos días al año estarán expuestas a ellas durante muchos días. Y por desgracia las fechas de los Juegos Olímpicos de verano coinciden con la estación más calurosa en la mayoría de las ciudades del hemisferio norte y en algunas ciudades tropicales”, observa Oriana Chegwidden coordinadora de estudios climáticos de la organización Carbon Plan y autora de un informe al respecto, en 2023.En París, por ejemplo, ciudad anfitriona de las olimpiadas de 2024, la temperatura media ha aumentado 2.3 grados centígrados desde el siglo XIX y podría aumentar 1 o dos grados más en verano con más días de calor intenso.El calor se hizo sentir por ejemplo durante los Juegos Olímpicos de la capital francesa donde se ha llegado a registrar temperaturas de hasta 40°C en algunos recintos deportivos, poniendo en peligro la salud de los atletas, del público y de los voluntarios.Y en 2050, la temperatura media en julio y agosto será tan elevada en Pekín, Roma, Río o Tokio, ciudades anfitrionas de los Juegos Olímpicos de verano en el pasado, que supondrá un peligro para los atletas, el público y los voluntarios expuestos al sol. Con el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el clima a escala global se multiplicará las olas de calor extremo.Según los modelos climáticos, de los 6 países interesados en organizar los juegos de 2036, solo tres tendrán temperaturas aceptables para el deporte. Se trata de Turquía, Polonia y Chile. Por el contrario, India, Indonesia y Qatar tendrán temperaturas muy por encima de los 32 grados en verano. Y según el mapa de temperaturas de 2050, ciudades de Canadá, del norte de Europa y las del hemisferio sur aun será aptas para organizar juegos olímpicos en julio-agosto.El calor, un reto para los deportistasDesde la pérdida de rendimiento hasta la muerte, el calor ya es un desafío para el deporte de alto nivel, explican especialistas a Radio Francia Internacional.“A veces tenemos atletas que sufren un golpe de calor y que presentan temperaturas de más de 42 grados. Es el umbral por encima del cual se deterioran los órganos. Sabemos que si dentro de los 30 minutos, logramos enfriar el cuerpo de un atleta, no tendrá secuelas. Si tardamos más de 30 minutos, tendrá que ir al hospital. Y si un atleta se mantiene en hipertermia más de 2 horas, hay un riesgo de deterioro de órgano o de muerte. Los problemas cardíacos y los golpes de calor son las dos principales causas de muertes de los atletas”, observa Sébastien Racinais, ingeniero experto en rendimiento deportivo en contexto de estrés térmico. Desde el CREPS, Centros de recursos y de conocimiento del deporte en Montpellier, Francia, Racinais estudia los efectos del calor extremo en el deporte, y formula recomendaciones de prevención al Comité Olímpico Internacional desde los Juegos de Tokio.“La adaptación de los horarios es algo que se hacía, pero desde Tokyo, el COI ha tomado cartas en el asunto. En Tokyo, hemos revisado todos los horarios para ajustarlos. Lo mismo en Paris, evitar los horarios más calurosos. Los organizadores ya son conscientes del asunto y se adaptan a las condiciones climáticas”, afirma Racinais.Otras medidas fueron instauradas en los últimos años como la creación de una carpa médica en los recintos deportivos para enfriar el cuerpo de los atletas víctimas de un golpe de calor.Estas medidas sin embargo ya no serán suficientes en las próximas décadas. La experta en Oriana Chegwidden formula varias recomendaciones para las futuras competiciones deportivas como mover las fechas de las olimpiadas.“Los riesgos ligados al calor varían mucho en un mismo país. Las naciones que tiene territorios extensos podrían elegir las regiones más frescas, o dividir las competiciones en varias ciudades y utilizar las zonas montañosas más frescas”, explica Chegwidden a RFI.Las instancias deportivas por su lado, ya han empezado a tomar medidas concretas. El Mundial de fútbol en Catar por ejemplo fue aplazado 4 meses para evitar el sofocante calor del Golfo Pérsico. En cambio para las Olimpiadas un cambio de fechas sería más delicado pues obligaría a negociar con las federaciones de los diferentes deportes, para no perturbar el calendario deportivo global.La amenaza climática no solo afecta a los Juegos de verano, sino también a las olimpiadas de invierno. Debido a la disminución del manto de nieve en varias zonas montañosas, son cada vez menos las ciudades aptas para organizar Juegos Olímpicos de invierno.Entrevistas:-Sébastien Racinais, investigador del CREPS (Francia), experto deportivo en estrés térmico y asesor del Comité Internacional Olímpico-Jorge Ruiz Gutiérrez, preparador físico de equipos de fútbol (desde Colombia).-Oriana Chegwidden, científica climática, miembro del colectivo Carbon Plan (Estados Unidos).

El gobierno español realizó en julio consultas de cara a una nueva ley para proteger específicamente a los grandes simios. Expertas en protección de orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés compartieron sus expectativas sobre esta futura ley. Con sus habilidades manuales e intelectuales y sus personalidades, los grandes simios siguen llamando la atención de quienes los cuidan y los estudian de cerca. Los chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas son además especies en peligro de extinción por lo que requieren una atención particular.Desde septiembre de 2023 rige en España una ley de bienestar animal que instaura varias obligaciones a los dueños de mascotas. Esta ley, impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, impone una formación "obligatoria" para los propietarios de perros, a los que estará prohibido dejar solos más de 24 horas. También obliga a la esterilización de los gatos, salvo, obviamente, los que se usan para la reproducción, una medida que reclamaban asociaciones de defensa de los animales para controlar la población de mascotas y evitar abandonos y muertes de crías.España ha decidido dar un paso más hacia el bienestar animal y prevé ahora crear derechos específicos para cerca de 200 grandes simios que viven en cautiverio en el país, sea en refugios o en zoológicos. La ley abarcaría los gorilas, los chimpancés, los bonobos y orangutanes, considerados homínidos, los animales que más se semejan al ser humano.“Es necesario hacer una legislación específica donde se sienten las bases de las necesidades de bienestar que requieren animales con capacidades cognitivas tan increíbles como son los grandes simios”, afirma Marisa Mariñán, coordinadora de programas del Instituto Jane Goodall. La especialista británica en primates Jane Goodall, de 90 años, jugó un papel clave para demostrar que los chimpancés son capaces de usar herramientas para alimentarse.“Las investigaciones de la Dra. Jane Goodall demostraron que los grandes simios son seres que tienen unas mentes muy complejas, con vidas sociales y emocionales muy ricas, con capacidades intelectuales, son capaces de demostrar empatía y altruismo”, ejemplifica Marisa Mariñán, en entrevista con Radio Francia Internacional, desde uno de los tres refugios españoles para grandes simios.“Hemos podido demostrar que los chimpancés y los humanos compartimos hasta 9 enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o el estrés post traumático”, confirma Cristina Valsera, jefe de la Fundación Mona, otro centro de rescate, que cuida a 17 chimpancés y macacos rescatados.Esta lógica comparativa sin embargo “es controvertida”, reconoce Valsera. “No deja de ser una visión especista: como es parecido al ser humano, tiene derecho a tener más privilegios. Sea como sea, esperamos que el cambio sea a positivo, y siempre con el objetivo de que a la larga se sumen el resto de primates”, precisa la bióloga.Las propuestasEn el marco del debate sobre la ley para una mejor protección a los grandes simios en España, han surgido varias propuestas desde las organizaciones animalistas. Aunque la Unión Europea ya prohíbe los tests de productos cosméticos en los animales, pero no las experimentaciones de productos médicos y químicos, en España, circulan propuestas para ir más allá y prohibir la experimentación e investigación con grandes simios si les genera daños.El Instituto Jane Goodall, del nombre de la primera científica que demostró que los chimpancés utilizan herramientas para alimentarse, formuló varias propuestas.Dada la complejidad por devolver a los grandes simios que crecieron en cautividad a su estado natural, el Instituto Goodall aboga por ejemplo por prohibir la reproducción en cautividad. “Si seguimos reproduciendo, va a aumentar el número de grandes simios en cautividad. Si lo que queremos es el fin de la cautividad a largo plazo, es necesario parar esta reproducción”, en zoológicos, por ejemplo, plantea Marisa Mariñán.El Instituto pide también “un entorno que les proporcione el suficiente espacio, enriquecimiento y estructura para desarrollar un comportamiento lo más normal y natural posible, y que incluya un grupo social apropiado de individuos compatibles” así como no separa a los críos de su madre.Monos en Instagram: el lado oscuro de las sonrisasVarias organizaciones de defensa de los simios piden también que se limite o que se prohíba la producción de películas, publicidades con primates para protegerlos y cambiar la mirada del público hacia ellos.“Cuando nos ponen la típica imagen de un chimpancé o un gorila bailando flamenco, vestido o sonriendo en una fotografía, si nos reímos de esto y le damos ‘like', estamos fomentando el tráfico ilegal”, alerta Marisa Mariñán, bióloga en el Instituto Jane Goodall. “Cuando nos ponen la imagen de un chimpancé mostrando todos los dientes que nos da la sensación de que esta sonriendo, no es así. Cuando un chimpancé está mostrando todos los dientes, está mostrando pánico”, aclara Mariñán.Poco a poco, la preocupación creciente por el bienestar animal ha llevado a otros países como India, Francia o Nueva Zelanda a reconocer oficialmente que los animales son seres sintientes. Varios países del mundo ya castigan la crueldad con los animales. Alemania los protege a nivel constitucional. Con esta nueva ley de protección de los grandes simios, España sería pionera en otorgar derechos específicos para estos animales. Un paso importante para la preservación de la biodiversidad.Escuche nuestro programa:Entrevistas:>Cristina Valsera, jefe de cuidadores de la Fundación Mona, España.>Marisa Mariñán, Coordinadora de programas de la Fundación Jane Goodall en España.Escuche también: ¿Así cuidamos a nuestros primates?, una historia de conservación y tráfico ilegal gana el Premio RFI

Ha transcurrido un año desde que una mayoría de electores ecuatorianos votó 'sí' en una consulta popular para dejar de explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, los pozos petroleros en esta región amazónica siguen funcionando. El entonces presidente Guillermo Lasso dijo que la medida era inaplicable y el actual presidente Noboa se ha limitado a crear un comité para ejecutar la voluntad del pueblo. El 20 de agosto de 2023, Ecuador hizo historia: consultados sobre la explotación petrolera en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, una joya de biodiversidad en la Amazonía, cerca del 59% de los votantes se pronunciaron a favor de dejar el petróleo en el subsuelo. La máxima instancia judicial del país, la Corte Constitucional fijo entonces un plazo de un año para ejecutar el resultado de la consulta. Pero hoy, los campos petroleros de Ishpingo, Tiputini y Tambococha del Bloque 43 ITT, siguen funcionando. Las instalaciones no fueron desmanteladas.En 2023, los pozos del bloque Yasuní ITT ubicado en este parque nacional donde prolifera la biodiversidad, produjeron alrededor de 57.000 barriles de crudo al día, alrededor del 12% de la producción nacional de oro negro, por un valor aproximado de 4.8 millones de dólares diarios. Las autoridades del país no se han apurado para poner en marcha un plan de cierre de las instalaciones petroleras. Al contrario.El presidente Guillermo Lasso indicó que era “imposible” aplicar la consulta, porque el país no podía prescindir de los ingresos petroleros generados por el parque. Y su sucesor, Daniel Noboa, que apoyó el cierre de la actividad petrolera en el parque Yasuní durante su campaña, cambió de opinión tres meses después de acceder a la presidencia y se dijo favorable para postergar la aplicación de la consulta debido a la urgencia de financiar la lucha contra la grave crisis de seguridad que enfrenta el país con las ofensivas de la delincuencia organizada.Noboa crea un comitéMientras el poder ejecutivo dilató la aplicación de la consulta popular, el colectivo Yasunidos que reúne organizaciones sociales, ambientales e indígenas amenazaba con recurrir nuevamente a la Corte Constitucional para que se cumpliera la voluntad del pueblo.En mayo de 2024 finalmente, el presidente Noboa creó un comité para el retiro progresivo de la actividad petrolera en el Bloque 43 ITT del parque Yasuní. El mandatario encargó a varios ministerios, la tarea de elaborar un plan para desmantelar las instalaciones petroleras en esta zona. “Ese decreto llega un poco tarde, porque ya falta poco tiempo para que tenga que ejecutarse el proceso de cierre, desmantelamiento y reparación”, reaccionó Esperanza Martínez Yáñez, abogada, bióloga, miembro de la ONG Acción Ecológica y figura del movimiento en contra de la actividad petrolera en el parque Yasuní.“Teníamos conocimiento de que había muchas discusiones dentro de la industria petrolera para intentar dilatar la decisión. Ha habido muchas presiones de grupos económicos para intentar modular la decisión de la Corte (Constitucional), modularla o incumplirla”, observa Martíñez Yáñez. Sin embargo, recalca que el decreto del mes de mayo “es un paso concreto que se dice que efectivamente se va a cerrar este bloque y establece que es la Corte Constitucional que hará el seguimiento de la aplicación de la sentencia y que esta comisión tendrá que presentar informes periódicos de los avances de cierre, a la Asamblea Nacional”.Tras una larga batalla judicial para llegar a una consulta popular, los defensores del Parque Nacional Yasuní enfrentaron el escepticismo de los sectores políticos, económicos, reflejados en la prensa, adversos al fin de la explotación petrolera en el bloque 43 ITT. ¿Puede el Ecuador, un país endeudado en el FMI y azotado por el poder creciente de la delincuencia organizada prescindir de estos ingresos petroleros?“Hay economistas muy serios que han demostrado que las estimaciones que hacia el Estados sobre los prejuicios eran infundadas. Si usted toma en cuenta que cuando empezó la extracción, eran 80.000 barriles diarios, después se declararon 60.000. Lo que pasa en este tipo de yacimientos de crudo pesado es que la declinación es muy rápida. El declive era inminente. El dejar de contar con estos recursos era inminente. Por otra parte, toda la industria petrolera tiene la obligación desarrollar un esquema de cierre, se llama el plan de abandono. Y nos toca ver como recuperamos la salud de los ecosistemas que han sido sacrificados”, responde Esperanza Martínez Yáñez.El goteo de petróleo, las fugas, la contaminación de las aguas, la deforestación, así como la invasión de territorios de pueblos waorani en aislamiento voluntarios son algunos de los impactos negativos de la industria petrolera en el Parque Nacional Yasuní, según los detractores de esta actividad.Juan Bay, presidente de la Nawe, Nacionalidad Waorani de Ecuador, que representa a los pueblos autóctonos que comparten tierras con el parque Yasuní, lamenta que el decreto presidencial no asocie oficialmente a su organización al proceso de desmantelamiento de la actividad petrolera.Desde la ciudad de Puyo, uno de los puntos de entrada a la Amazonía Ecuatoriana, el líder indígena, estima que el petróleo no ha sido sinónimo de desarrollo para los pueblos indígenas. “El pueblo Waroani tienen apenas 60 años de contacto de civilización. Y con éste, inició la explotación petrolera. En el Parque Nacional Yasuní inició hace 10 años. El petróleo ha traído problemas, la muerte, el cambio de identidad”, lamenta, en entrevista telefónica con RFI.Ecuador enfrenta ahora el desafío ambiental de cerrar decenas de pozos petroleros en el parque Yasuní. La activista ambientalista Esperanza Martínez Yáñez pide también que se reparen los ecosistemas afectados por esta actividad.Y a pesar de las resistencias de intereses económicos, el camino hacia el desmantelamiento de las instalaciones petroleras en el parque Yasuní podrían ser un modelo para un mundo que se deshace poco a poco de los combustibles fósiles como lo recomiendan los expertos del panel internacional sobre cambio climático.Escuche las entrevista completas: Entrevistas: >Esperanza Martínez Yáñez, abogada, bióloga, miembro de Acción Ecológica y figura del movimiento en contra de la actividad petrolera en el parque Yasuní.>Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador.

En España, crece el hartazgo de la población frente a los impactos del turismo de masas. En plena temporada de vacaciones los detractores del 'sobreturismo' volvieron a manifestarse en las islas Baleares, una de las regiones más turísticas del país, donde este sector económico causa problemas socio económicos y ecológicos. El 11 de agosto y por tercera vez en lo que va del año, miembros del colectivo 'Menos turismo, más vida', volvieron a protestar contra las consecuenias del turismo de masas en Mallorca. La isla es parte del archipiélago de Baleares donde el número de viajeros extranjeros no ha parado de crecer año tras año hasta alcanzar los 14 millones el año pasado. Esta vez, los manifestación se juntaron en dos playas abarrotadas por turistas, para llevar a cabo una acción simbólica de recuperación del espacio. La masificación del turismo no solo ha disparado los precios de la vivienda, explica Jaume Pujol, portavoz del colectivo 'Menos turismo, más vida', en Mallorca, España, sino que también afecta a otros sectores.“Hay un malestar diario de vivir con mucha gente alrededor, sobre todo en el centro de Palma de Mallorca, en las playas. También en el sector médico, hace poco salió la noticia que los turistas morosos deben 5,9 millones de euros al sistema de salud de las islas Baleares”, se indigna Pujol, entrevistado por RFI en vísperas de la manifestación del 11 de agosto.La plataforma de organizaciones locales contra el sobreturismo o la “turistificación”, denuncian también los impactos ecológicos. “El turismo implica una destrucción del territorio, se necesitan más casas, más hoteles. Los vemos en la ampliación del aeropuerto que se hizo de manera encubierta para evitar la crítica social. Y lo vemos en una ley que ha sacado el gobierno de Baleares de amnistía urbanística que permite legalizar chalets y grandes casas que hasta el momento eran ilegales”, denuncia Jaume Pujol.Escuche la entrevista completa con Jaume Pujol, sobre los efectos de la masificación turística en Mallorca:Sobreconsumo de aguaEl impacto del turismo sobre el consumo de agua es otra preocupación recurrente. Baleares ya recurre a planta desalinización de agua de mar para suministrar agua potable en las islas.Consciente de que el turismo representa el 45% del PIB de Baleares, los activistas piden una diversificación económica. “Como llegamos a esto? Decreciendo el número de personas que recibimos y abriéndonos a otros sectores, como el sector agrario, cultural, el sector de curas y servicios”, estima Jaume Pujol.La apuesta al turismo para reactivar la economía después de las crisis del 2008, y el auge de aplicaciones como Uber, Cabify y Airbnb, han llevado a la turistificación de la vida cotidiana, constata Claudio Milano, profesor de antropología social de la Universidad de Barcelona.Ante la masificación del turismo, “confluyeron movimientos sociales de diferentes ámbitos: ecologista, laboral y social con la presión inmobiliaria”, observa Milano, autor de dos libros sobre el tema: 'Ciudades de vacaciones, conflictos urbanos en espacios turísticos' y de 'Overturism, excess and discontent'.Milano recuerda las diferentes etapas de estas movilizaciones que iniciaron en Barcelona en 2015 y retomaron en Canarias en 2024 hasta expandirse a otras ciudades como Málaga o las islas Baleares.Emprender el movimiento del decrecimiento¿Podrán crecer eternamente los flujos turísticos? Para Claudio Milano, las ciudades saturadas por el turismo deben emprender el camino del decrecimiento o al menos evitar la expansión de estructuras de movilidad.El fenómeno del sobreturismo azota otras ciudades del mundo. Para limitar la saturación turística, París prohibirá el acceso a algunas zonas de la ciudad a los autobuses turísticos, Venecia instauró una tasa de entrada de 5 euros, Mucho Picchu limitó el aforo de visitantes al sitio arqueológico y Ámsterdam congeló su capacidad hotelera. Medidas que Claudio Milano califica de “tecnocráticas y cortoplacistas que han incentivado el crecimiento turístico en otros espacios y en otros momentos del año”.Según el académico, disminuir el número de llegadas por crucero, para la expansión de puertos y aeropuertos serían soluciones más acertadas para limitar el turismo.España no es el único país que enfrenta los impactos del sobreturismo. El fenómeno se vive de igual manera en Portugal, Italia, Francia, Holanda. La expansión turística sin freno también afecta la península de Yucatán en México donde el 29 de julio, los ecologistas lograron para un megaproyecto hotelero en Santa Elena, cerca de la zona arqueológica de UxmalUno de los hijos de Miguel Quintana Pali, director del grupo hotelero mexicano Xcaret planeaba deforestar 150 hectáreas de selva maya para construir 9 hoteles de 18 niveles y excavar el suelo para edificar un paisaje artificial de cascadas, según la información recogida en la evaluación de impacto ambiental.Aunque este proyecto faraónico finalmente fue abandonado ante la presión mediática de las ONG ecologistas, Carlos Samayoa, portavoz de Greenpeace México, alerta sobre el deterioro del bosque tropical en la Península de Yucatán debido a los proyectos turísticos, agroindustriales y de transporte, como el Tren Maya.“Es una de las zonas del país con mayor deforestación en un periodo de más de 15 años. Del lado de la Riviera Maya el turismo se ha masificado en los últimos 30 años. Y esta voracidad, este ímpetu de inversión está colocando en un riesgo latente a los territorios de la Riviera Maya, como también Campeche y Yucatán”, dijo a RFI Carlos Samayoa.Frente a lo que las comunidades consideran como un “turismo depredador que ha contaminado el agua”, Samayoa aboga por un dar un paso atrás en la industria turística hacia un modelo con una oferta “más humanitaria, más integrada con las comunidades y que tenga una verdadera redistribución de los beneficios”.Entrevistas: Jaume Pujol: Portavor del colectivo 'Menos turismo, más vida', en Mallorca, España.Claudio Milano: Profesor de antropología social de la Universidad de Barcelona. Coautor de 'Ciudades de vacaciones, conflictos urbanos en espacios turísticos' y 'Overturism, excess and discontent'.Carlos Samayoa: Portavoz de Greenpeace México y director de la campaña en defensa de la selva maya.

Con un plan faraónico que inició en 2018, la capital francesa quiere desinfectar las aguas del río Sena para hacerlo apto para las pruebas de natación olímpica. Pero las lluvias abundantes de los últimos meses tornan esta meta muy incierta. Reportaje a orillas del río parisino. ¿Nadar en el Sena, el río que atraviesa París? La idea no convence a los parisinos que hablaron con RFI en esta tarde de verano. De cara a los Juegos Olímpicos de París que debutan el 26 de julio, las autoridades lanzaron un plan ambicioso para mejorar la calidad del río Sena, donde está prohibido nadar desde hace más de un siglo en razón de la presencia de bacterias. A pesar de estos esfuerzos, el Sena no goza de una muy buena fama."No quiero ni siquiera imaginar lo que puede flotar en el Sena", dice a RFI Anaëlle, una joven entrevistada a orillas del Sena. "Yo vengo del campo, de modo que el Sena no me atrae", responde cuando le preguntamos si se atrevería a darse un chapuzón.Roger tampoco se muestra muy entusiasmado: "Nunca tuve la oportunidad de bañarme en el Sena, no me apetece mucho. Pero si algún día crean espacios para nadar, sí lo haría, sería una buena iniciativa", aclara.Otros parisinos entrevistados por RFI sí ven con buenos ojos la posibilidad de nadar en las aguas del río de la capital francesa, aunque la perspectiva parezca remota. "A mí sí me gustaría mucho nadar en el Sena. Hay muchas ciudades grandes donde los ríos sí son aptos para hacerlo. Pero quisiera estar segura de que las aguas no son tóxicas", precisa Tanina.Para revertir la imagen de río sucio asociada al Sena, el estado francés invirtió 1.400 millones de euros en infraestructuras de saneamiento. Es un mega plan que apunta a reducir la concentración de bacterias en el Sena para que los atletas olímpicos puedan competir en el río en julio y agosto.Se trata principalmente de eliminar las bacterias fecales E. Coli y enterococo provenientes de los alcantarillados y cuyas tasas superan a veces los estándares en vigor. Un estudio del Instituto Pasteur sobre la contaminación del rio Sena, publicado en mayo y basado en análisis tomados en 2023, subraya que los atletas corren el riesgo de padecer gastroenteritis, diarreas e infecciones si se bañan en el Sena. Esta situación ya se vivió en 2023 en la ciudad británica de Sunderland: 88 de los 200 nadadores que participaron en un triatlón presentaron una diarrea aguda.Embalses y tratamiento con ultravioletasComo parte de su plan para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, Francia construyó varios embalses como la cuenca de Austerlitz que permite almacenar 50.000 m3 de aguas pluviales.RFI visitó también otra cuenca de almacenamiento de aguas pluviales en Noisy-le-Grand, a pocos kilómetros de la capital francesa. Un embalse edificado para ampliar la capacidad de tratamiento de una planta depuradora de aguas residuales. La capital francesa quiere prevenir la eventualidad de lluvias intensas que saturen el sistema de alcantarillado: la red se desbordaría y las aguas residuales contaminarían el río."Nuestro plan tiene dos tipos de medidas: la desinfección, lo que vemos aquí en esta planta, para eliminar lo más posible las bacterias fecales E Coli y enterococo, cuya concentración en el agua determinan si la gente se puede bañar o no en el Sena. Estas bacterias las eliminamos con rayos ultravioletas", detalla François-Marie Didier, quien preside el sistema de depuración de las aguas de la región de París."La otra medida tiene que ver con la lluvia. Cuando llueve demasiado, los alcantarillados se desbordan, entonces vertemos el agua en el río. Estas cuencas de almacenamiento permiten retener las aguas pluviales, y cuando disminuye el nivel del agua en las plantas de tratamiento, las liberamos hacia las plantas, las tratamos, para no verter aguas sucias al Sena", explica Didier.Otra medida consistió en conectar los edificios de la región a la red de alcantarillado. Dichas obras incluyen también las famosas barcazas parisinas, las "péniches", que son viviendas flotantes aparcadas en el río todo el año. "Algunos edificios a orillas del río Sena no estaban conectados al sistema de alcantarillado. Lo mismo pasa con las barcazas: para que no contaminen, tienen que estar conectadas, de modo que sus aguas sucias no sean vertidas en el río", explica a RFI Jean-Pierre Molina, uno de los prefectos de la región capitalina, y quien está a cargo de las obras publicas. "Para ello, hemos tenido que realizar obras en los muelles del Sena y conectar todas las barcazas. En dos años conectamos 263 barcos a la red de alcantarillado", afirma el funcionario.Confiando en que las lluvias cesen Este conjunto de obras faraónicas, sin embargo, no garantiza que el Sena sea apto para las olimpiadas durante toda la duración del evento. Hay todavía un factor aleatorio: la lluvia. La calidad del agua se puede degradar en todo momento a causa de las lluvias. En junio, precisamente, los niveles de bacterias seguían siendo demasiado altos para que los deportistas pudieran bañarse, lo que generó inquietud en París."Hemos tenido una primavera muy lluviosa. Los análisis indicaban que las condiciones no estaban reunidas para nadar en el Sena. Pero la situación se mejorará en los próximos días y, a partir del 26 de julio, para las olimpiadas, podremos bañarnos en el Sena", confía Jean-Pierre Molina.La ministra Oudéa-Castéra se le adelanta a la alcaldesa HidalgoPues bien, el sábado 13 de julio la ministra de Deportes francesa Amélie Oudéa-Castéra se bañó en el río Sena, a dos semanas del inicio de los Juegos de París-2024.Acompañada por uno de los abanderados del equipo paralímpico francés, el paratriatleta Alexis Hanquinquant, la ministra, equipada con una combinación y gorro de baño, se zambulló en las aguas del Sena a la altura del puente de los Inválidos, cerca de donde está previsto la disputa de las pruebas olímpicas de natación en aguas abiertas y el triatlón.Oudéa-Castéra se adelantó así a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que tiene programado bañarse en el Sena el 17 de julio.Tras los Olímpicos, todos al SenaMás allá de las olimpiadas, las autoridades francesas quieren que los parisinos puedan bañarse en el río a más largo plazo. "A partir del año 2025, abriremos varios espacios para nadar en el Sena, para que el conjunto de los parisinos pueda reapropiarse el Sena, donde está prohibido bañarse desde hace más de un siglo!", indica el funcionario.Y en caso de que las lluvias saturen el sistema parisino de depuración de las aguas, las pruebas acuáticas de las olimpiadas se realizarán en un sitio alternativo en el río La Marne. A mediados de julio, la alcaldía de París compartió con optimismo los últimos resultados de los análisis: el agua llegó, por fin, a niveles satisfactorios para bañarse. Esto indica que, poco a poco, el Sena recobrará su buena salud.La alcaldesa Anne Hidalgo y el presidente Emmanuel Macron prometieron incluso meterse al agua durante el verano para cumplir una vieja promesa de Jacques Chirac que había prometido, en vano, bañarse en el Sena en los años 90 cuando era alcalde capitalino.Entrevistas: >Pierre-Antoine Molina, prefecto y encargado de políticas públicas en la región de Ile-de France.>Jean-Philippe, habitante en una barcaza en el río Sena, en el centro de París.>François-Marie Didier preside el sistema de depuración de las aguas de la región de París.

Colombia dice 'adiós' a los plásticos de un solo uso. El país suramericano prohíbe desde el 7 de julio, 8 productos como los pitillos o las bolsas para embalar frutas y verduras. Varios países del mundo han optado por medidas similares para luchar contra la contaminación plástica. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y por qué algunos sectores se resisten al cambio? Las bolsas plásticas que acaban en los estómagos de las ballenas y las botellas de refrescos que ensucian nuestras playas son quizás la parte más visible de la contaminación por plásticos. Pero luchar contra su proliferación es también un asunto de salud pública para evitar que los microplásticos invadan nuestros cuerpos con los aditivos peligrosos que contienen.Con la aplicación de una ley votada en 2022, Colombia se une a la lista de países que prohíben las bolsas de plástico y otros objetos desechables.Daniela Durán, defensora del medio ambiente en la ONG Centro para el Derecho Ambiental Internacional CIEL y especialista en regulación de plásticos, fue una de las promotoras de esta legislación ambiental. Con ella conversamos acerca del contenido de la ley, de las resistencias del sector industrial del plástico, de los impactos de la sobreproducción de plástico en el medioambiente y en la salud humana y de los avances de las negociaciones hacia un tratado contra la contaminación plástica, bajo la égida de la ONU.RFI: El 7 de julio ha entrado en vigor en Colombia la prohibición de los plásticos de un solo uso, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental. Las bolsas de supermercado, los embalajes de periódicos y publicidad, los palillos, pitillos, mezcladores y bolsas de lavandería forman parte de los 8 productos que saldrán de circulación. ¿Cuáles son las alternativas?Daniela Durán: Siempre pensamos en sustituir lo desechable, tal vez por otros elementos desechables. Pero la realidad es que muchos de los elementos que prohíbe la ley son elementos que realmente no necesitamos. Y muchos de ellos podemos simplemente eliminarlos de nuestras vidas sin necesidad de pensar en materiales alternativos. Por ejemplo, las bolsas y los empaques para las frutas y las verduras en los supermercados. Sabemos que las frutas ya vienen con su empaque natural.La evidencia científica nos está diciendo cada vez más que lo que tenemos que hacer es reducir la producción de plásticos hoy.Así que es importante, primero pensar en cuáles de esos elementos podemos realmente eliminar porque no los necesitamos. Y para otros en Colombia y particularmente en la región de América latina, tenemos un potencial de materiales alternativos muy importante: tenemos cada vez más emprendimientos con bagazo de caña, por ejemplo, con fibras de la piña, con fibras del cáñamo.No solamente son muchísimo más sostenibles en materia de salud humana, porque no cuentan con los químicos tóxicos que tiene el plástico: hoy sabemos que son más de 16.000 y de esos, 4.200 son tóxicos porque son cancerígenos, o son disruptores endocrinos, sino que también tienen un potencial económico para la región, muy importante para los campesinos, para los empresarios.RFI: Usted ha hablado de los motivos por los cuales, pues se ha tomado esta decisión, al igual que en otros países. De hecho, principal motivo también es evitar la contaminación por plásticos. Pero no es el único impacto…Daniela Durán: Usualmente pensamos que la contaminación por plásticos es un asunto solamente de la generación de basura y de los sistemas de gestión de residuos sólidos. Pero en realidad aquí estamos hablando de una contaminación que es muchísimo más compleja. Estamos hablando de impactos climáticos, pero también de la salud humana. Ahorita te comentaba las cifras de químicos en plástico tenemos más de 16.000 químicos de plásticos según el estudio más reciente, y de esos, 4.200 son tóxicos por sus impactos endocrinos por su potencial cancerígeno. Y esto sin contar, por ejemplo, la acumulación de microplásticos en nuestro cuerpo. Tenemos microplásticos en el cerebro, en los pulmones, en la placenta que han sido documentados científicamente. Recientemente se documentó [la presencia de microplásticos] en los testículos, por ejemplo, de todos los hombres que estuvieron sujetos al estudio; esto  asociado con enfermedades inflamatorias con acumulación de químicos dentro del cuerpo. Entonces, la contaminación no solamente es un asunto de basura.Es curioso porque Colombia es uno de los últimos países que lo. Ya tenemos más de 60 países que han aprobado estas prohibiciones desde 2002, empezando por países africanos como Ruanda. Colombia llega un poco tarde a la discusión. RFI: Hay algunos sectores que no están muy satisfechos con esta ley. La industria colombiana del plástico, a través de la ‘Cámara ambiental del plástico' afirma que la economía popular podría verse afectada por esta ley. Y la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas indica que 250.000 empleos dependen de la producción de plástico en Colombia. ¿Qué le responde a este sector que genera ganancias con la producción de plásticos? Daniela Durán: Para responder a esa pregunta tenemos que entender un poco cómo funciona el sector y cómo funciona la industria y entender la magnitud de las cifras. Estas cifras que el sector ha puesto sobre la mesa, que se van a perder 250.000 empleos, hay que revisarlas con mucho cuidado: 250.000 empleos según la Encuesta Nacional manufacturera que hace el Departamento de Estadística nacional en Colombia son los empleos asociados a toda la industria del plástico en Colombia y recordemos que aquí estamos hablando de reducir la producción de 14 ítems que no son indispensables. Entonces, no estamos hablando de una afectación a todo el sector de la industria del plástico en Colombia, sino estamos hablando de 14 ítems específicos que bajo ninguna circunstancia van a afectar estos 250.000 empleosPero lo que sí hay que poner en marcha son todos los mecanismos que tiene la ley para la reconversión productiva para la transición. Entonces la ley se aprueba en 2022 y da un periodo de 2 años de transición.RFI: Usted mencionó que otros países del mundo de Latinoamérica y de Europa ya prohíben las bolsas plásticas. Parece el mundo ya se está deshaciendo poco a poco del plástico desechable. Daniela Durán: Hemos avanzado mucho a nivel global en medidas que buscan atender el consumo de plásticos problemáticos como los plásticos de un solo uso, las bolsas, los pitillos, los cubiertos. Y el número de leyes que hay en el mundo para atender este problema ha aumentado exponencialmente en todas las regiones del mundo. De hecho, la de Colombia es una de las que se demora más tiempo en entrar en vigencia en comparación con la directiva de la Unión Europea.Pero al mismo tiempo lo que seguimos viendo es que la producción de plásticos sigue en aumento de manera exponencial, entonces estamos viendo ahí una brecha entre el aumento de normativas que buscan atender el consumo y la demanda de plásticos y el crecimiento de la producción de plásticos. ¿Entonces, qué nos falta realmente para que esas medidas de reducción del consumo sean realmente efectivas para que todas las medidas alrededor de la gestión de residuos sean? Reducir la producción. RFI: Usted pertenece a la organización CIEL, que asesora a gobiernos en el marco de las negociaciones de la ONU sobre un tratado para luchar contra la contaminación plástica. Las negociaciones se abrieron en 2022 y deberían culminar a finales de 2024. El objetivo es limitar el aumento exponencial de la producción de plásticos que podría triplicarse de aquí a 2060. ¿Qué tipo de medidas están en sobre la mesa de negociaciones y qué tanto están avanzando las negociaciones? Daniela Durán: Una de las medidas más importantes es justamente el control del crecimiento de la producción de plásticos. Porque como tú justamente acabas de mencionar, va a crecer exponencialmente de aquí a 2060 y eso es algo que no es sostenible. Además de esas medidas, hay otras complementarias que también son importantes, como la eliminación de esos químicos de preocupación para ‘destoxificar' el plástico. Avanzar en medidas de reducción de la demanda a nivel global solamente van a funcionar si van juntas con unos controles en la producción.RFI: Sin embargo, en estas rondas de negociaciones, hay países que se oponen a la reducción de la producción de plásticos, medida defendida por las organizaciones ambientales. ¿Quiénes son los países que obstaculizan el camino hacia un tratado vinculante y ambicioso para reducir la contaminación por plásticos? Daniela Durán: Son los países que producen petróleo: los países del Golfo, Arabia Saudita, Catar, Bahréin, apoyados por Rusia, Irán y son países para los cuales esta es una pregunta existencial porque hoy sabemos que el plástico es el plan B de la industria de los combustibles fósiles.Y es que los productores de petróleo, ante un escenario de transición energética que va a reducir la demanda para el transporte y para la energía, están apuntando a la producción de plásticos y otras petroquímicas para sostener la demanda [nota del redactor: el petróleo es la materia prima del plástico).La Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que para 2050, el plástico va a ser el principal responsable del crecimiento en la demanda de petróleo a nivel global. Entonces realmente la producción de plásticos es el plan B para sostener la extracción de petróleo, gas y carbón, así que tenemos que cerrar esa válvula de escape para asegurar una transición energética justa para lograr el cumplimiento de las metas del acuerdo de París.

'Los mineros ilegales nos han invadido'. RFI conversó con Dante Sejekam, uno de los líderes comunitarios de la cuenca del Río Cenepa en la región de Amazonas, quien libra una batalla ardua contra el avance de la minería ilegal, una actividad que degrada el medioambiente y vulnera la salud humana de las poblaciones locales a causa del uso del mercurio. El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales. En Madre de Dios, sureste de Perú, la extracción ilegal de oro dejó un paisaje lunar de cráteres, lagos de lodo y manchas cafés en medio del bosque verde de la Amazonía. El aumento exponencial de los precios del oro y el descontrol territorial ha llevado a miles de mineros ilegales a invadir los ríos amazónicos de varias regiones peruanas. A tal punto que la producción de oro a través de esta actividad ilegal se ha multiplico por siete en 18 años y representa casi el 40% de la producción nacional, según cifras del mismo sector.Desde la región amazónica de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal, la veterinaria y científica Claudia Vega, del Centro de investigación científica Amazonia CINCIA calcula que 128.000 hectáreas fueron deforestadas por la minería formal e informal, desde 1985, una superficie que equivale a alrededor de 80.000 canchas de fútbol.“El oro está en el subsuelo, entonces, los mineros van desforestando para llegar al área de subsuelo para poder buscar el oro en ese en ese substrato”, constata Vega.A la deforestación, se suma otro impacto devastador : la contaminación por mercurio. Desde la organización sin fines de lucro CINCIA, basada en Puerto Maldonado, la científica monitorea en particular la contaminación por esta sustancia en la región. “Los mineros colocan mercurio en el sustrato para que se una con el oro, forma una amalgama, se extrae, se quema, el oro se queda y el mercurio se libera. Cuando se hace este proceso, puede haber contaminación al ambiente y a los ríos”, explica Claudia Vega, en entrevista con RFI.Concentraciones de mercurio 5 veces más altas de lo normalA través de muestras en peces, murciélagos, aves, aire y agua, la científica ha demostrado que “cuando hay actividad minera, las concentraciones de mercurio aumentan significativamente. En aves, estas concentraciones son por lo menos el doble y en ciertas especies que tienen capacidad de concentrar más mercurio, puede haber 5 veces más concentración de mercurio comparado con otros lugares”, detalla Claudia Vega.La presencia de mercurio en los organismos de la población de la región de Madre de Dios ha sido comprobada en 2012 por un estudio de la Universidad de Duke a través de muestras de cabello. Sin embargo, no se ha medido aun el impacto en la salud de la población. “Puede haber disminución de la respuesta inmunológica, de la capacidad de aprendizaje en las poblaciones humanas. Uno de los principales focos son las comunidades indígenas que pueden llegar a consumir más de 200 gramos de pescados diario”, explica Claudia Vega.La región de Madre de Dios no es la única que ha sido invadida por las dragas de los mineros ilegales. En el norte de Perú, región fronteriza con Ecuador, Dante Sejekam Espejo, indígena awajún y presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) libra una batalla constante contra esta actividad en auge. A lo largo del río Cenepa, un afluente del río Marañón en el departamento de Amazonas, fronterizo con Ecuador, la minería ilegal parece haber llegado para quedarse“Se vive esto desde el 2014 pero en pequeña proporción, con un par de dragas, y desde 2022 estamos prácticamente invadidos por los mineros ilegales, habiendo en cada comunidad 15 dragas como mínimo”, constata el líder autóctono. “Es ahí donde empieza el boom de la corrupción, pago, el consumo de alcohol, prostitución, consumo de marihuana y la división de los pobladores. Un caos total. [La minería] ha traído no solamente problemas sociales sino también altos índices del VIH, una enfermedad que es difícil de tratar”, alerta Dante Sejekam Espejo, en entrevista con RFI.“Ya no podemos bañarnos ni consumir el pescado del río. Peor aún, ya no podemos consumir agua”, alerta el líder comunitario quien exige al estado peruano estudios de la calidad del agua.El uso masivo de dragas ha perturbado también la circulación en el río. “Hay pirámides de piedras en el río que impiden el paso”, denuncia Dante Sejekam. Y el desplazamiento de grandes masas de aluviones fragiliza las orillas y causa deslizamientos de tierras, reporta Sejekam. Reforestar las áreas destruidasEn septiembre de 2023, la organización local ODECOFROC llevó a cabo un operativo, conjuntamente con el gobierno local y las fuerzas del orden, para expulsar a los mineros ilegales. “Ha disminuido la cantidad de dragas, pero todavía están trabajando [los mineros] y generando caos, sin embargo, no tenemos presupuesto”, reconoce Dante Sejekam. El líder autóctono llama ahora a las autoridades políticas a movilizarse para ofrecer alternativas económicas: “Algunas comunidades pro mineras han dejado la minería y necesitan nuestro respaldo para encontrar alternativas productivas como la piscicultura, el cultivo del caco o la hortaliza”.En algunas regiones peruana, la minería ha penetrado tanto el tejido económico que se ha convertido en un sustento económico para muchas familias. Y en algunos casos, las ONG buscan incentivar al menos practicas más sostenibles. En la región de Madre de Dios, la ONG CINCIA apoya por ejemplo a las familias que practican la minería sin mercurio e incentiva la reforestación de parcelas degradadas por la minería.Escuche el podcast completo:Entrevistas: >Dante Sejekam Espejo, representante awajún y Presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC)>Claudia Vega coordinadora del programa de lucha contra el mercurio en el CINCIA, Centro de investigación científica Amazonia.

El Comité organizador de París 2024 aspira a dividir por dos las emisiones de CO2 de las olimpiadas de este verano, comparado con las ediciones de Londres. Para cumplir con esta meta, se incita al público a usar al transporte colectivo, se reutilizarán las instalaciones olímpicas y se prevé utilizar energía limpia durante el evento. La promesa ha sido reiterada por las autoridades francesas desde la candidatura de París: estos Juegos serán ejemplares en materia ecológica. Y es que las olimpiadas, que podrían traer alrededor de 700.000 visitantes, según cálculos del colectivo de científicos por el clima The Shifters, implica decenas de miles de viajes en avión y construcciones faraónicas poco compatibles con la necesidad de reducir las emisiones de CO2, principal causa del cambio climático.Bajo esa premisa, el comité organizador de las olimpiadas de París prometió rebajar drásticamente la huella de emisiones de gases de efecto invernadero. No serán Juegos ‘carbono neutral', como se evocó cuando la capital francesa presentó su candidatura, sino que se trata de reducir a la mitad las emisiones de CO2 comparado con los juegos de Londres. La huella de carbono total pasaría de 3 millones de toneladas de carbono a 1.5 millón.Y para alcanzar esta meta ambiciosa, los organizadores de estos juegos han desplegado un paquete de medidas que van desde el uso de energía renovable hasta el uso de madera en las construcciones, detalla Georgina Grenon, responsable de sostenibilidad del Comité Paris 2024.La principal medida ha sido la reutilización de infraestructuras y edificios existentes, para evitar la construcción de instalaciones deportivas que con el tiempo se convierten en elefantes blancos como ocurrió en Atenas y Rio de Janeiro. “Estamos utilizando el 95% de infraestructuras existentes o temporales, para evitar construir nuevos estadios. Hemos construido un solo estadio nuevo, el estadio acuático”, asegura Georgina Grenon.En cuanto a la Villa Olímpica, un conjunto de 82 edificios con capacidad para recibir a 14.000 atletas y visitantes, el comité organizador indica que fue un “laboratorio” de construcciones bajas en emisiones: uso de madera para la estructura, un sistema de enfriamiento de las habitaciones con agua para evitar el aire acondicionado y muebles en materiales reciclables son algunos de los ejemplos esgrimidos. “La Villa Olímpica vivirá otra vida después de los Juegos: habrá viviendas para 6000 personas y oficinas”, apunta Georgina Grenon, entrevistada por Radio Francia Internacional.Escuche la entrevista completa con Georgina Grenon, directora de sostenibilidad del comité París 2024:Los atletas, privados de aire acondicionadoMientras Catar fue cuestionado por el uso del aire acondicionado durante el Mundial de Futbol en 2022, París optó por un sistema de enfriamiento bajo en emisiones. Los departamentos de la Villa Olímpica, ubicada al norte de París contarán con un sistema de tubos en el piso en los que puede circular tanto agua fría como caliente, para regular la temperatura del aire y la concepción arquitectónica de los edificios fue pensaba para minimizar los impactos del calor. La empresa Solideo, que concibió la Villa Olímpica de Paris asegura que la temperatura en los departamentos será 6 grados inferior a la temperatura exterior. Pero este sistema no sería suficiente para refrescar el air en caso de ola de calor como las que azotaron la capital francesa en 2019 y 2022 cuando el termómetro superó los 40 grados en la sombra.Varias delegaciones particularmente numerosas, como las de Canadá, Estados Unidos, Italia y Alemania indicaron al Washington Post que traerán sus propios sistemas portátiles de aire acondicionado.Evitar el plástico de uso únicoAdemás del esfuerzo por construir le menos estadios nuevos posible, París 2024 apuesta a reducir las emisiones durante el evento mismo. Se evitará el uso de grupo electrógenos y se utilizará la red eléctrica alimentada con energía renovable, promete Georgina Grenon.En lo que se refiere a los 13 millones de comidas servidas, se repensó también los menús para aumentar la cantidad de proteínas vegetales –en lugar de la carne-, evitar la importación de alimentos y reducir la cantidad de plástico de uso único.Aunque en un documento publicado en 2020, el comité organizador quería encaminarse hacia una “trayectoria cero desechos y cero plásticos de uso único”, la ambición actual se limita finalmente a reducir a la mitad el uso de plástico, comparado con las ediciones anteriores. “Los visitantes de los juegos no tocarán una sola plástica”, promete Georgina Grenon.Medalla de oro del greenwashingEsta meta de reducción del plástico de uso único despertó sin embargo las acusaciones de greenwashing o eco impostura. Primero, porque una vez más, el comité internacional olímpico eligió a Coca Cola como patrocinador oficial de los juegos. El gigante estadounidense de los refrescos sigue siendo el campeón mundial de los desechos plásticos en el mundo, según un ranking anual de la ONG Break free from Plastic o ‘liberémonos del plástico'.Por su parte, la ONG France Nature Environnement otorgó simbólicamente a Coca cola la medalla de oro del geenwashing. La empresa prevé distribuir 18 millones de bebidas durante los Juegos, pero promete la instalación de 700 fuentes de aguas y refrescos y el uso de botellas retornables. Sin embargo, un documento interno de Coca Cola calcula que 6 millones de bebidas provendrá de botellas de plástico.La incógnita del transporteEn su evaluación de la huella de carbono de las olimpiadas, el colectivo The Shifters que reúne a científicos franceses comprometidos para defender el clima, reconoce los esfuerzos ecológicos del comité francés de organización de los Juegos, pero considera, en un informe publicado el 21 de junio, que la meta de reducir las emisiones en la mitad, no se alcanzará.Paul Delanoë, autor del informe y experto en emisiones de CO2 estima que las olimpiadas de verano de París emitirán un 36% menos de Co2 comparado con la edición de 2012 de Londres. Una cifra alentadora, pero que podría ser mayor.“Efectivamente habrá una verdadera reducción de las emisiones de CO2 y los reconocemos en nuestro informe. En cambio, hay un asunto que el comité de París 2024 no ha atendido: es el tema de los viajes internacionales del público. Y a pesar de que éstos traslados representan una fracción mayoritaria de la huella de carbono de las olimpiadas, no hay ninguna medida para evitarlos”, lamentó el experto, en una rueda de prensa. A pesar de que el Comité organizador insta a los visitantes a desplazarse en transporte público, este rubro sigue siendo la principal fuente de emisiones de Co2.Para incitar a que los eventos deportivos sean más ecológicos aún, los autores del informe idearon una solución radical: multiplicar las fanzones descentralizadas (espacios para aficionados) en otros países, para reducir el número de asistentes.El colectivo The Shifter aboga por abrir zonas de retransmisión de las competiciones a través de pantallas, en varias ciudades del mundo, y así evitar los vuelos intercontinentales particularmente contaminantes: un trayecto de Nueva York a París emite por ejemplo casi 1 tonelada de CO2 por persona.“Nuestra idea es crear fanzones descentralizadas con un costo de acceso de 26 euros y boletos premium. En este modelo que hemos imaginado, los aficionados gastaran menos dinero para alojarse ya que están fanzones estarán ubicadas cerca de su residencia. Y la idea es que la gente recorra en promedio 450 kilómetros, 20 veces menos que la distancia promedio que recorre la gente no europea que vendrá a Paris para las olimpiadas”, propone Paul Delanoë.“Se venderán menos boletos en el país anfitrión, pero será compensado por los boletos de entrada a estas fanzone para equilibrar el presupuesto de las Olimpiadas”, precisa el experto.RFI solicito al comité internacional olímpico sobre la posibilidad de rediseñar el modelo de las olimpiadas para reducir el número de pasajeros manteniendo el fervor popular alrededor de los juegos, sin obtener respuesta, hasta la fecha.Por su lado, el Comité organizador francés indica que se instalaran cerca de 30 fanzones para retransmitir las competiciones en directo en varios puntos de la región capitalina.Entrevistas:>Georgina Grenon, directora de sostenibilidad del comité organizador de las olimpiadas Paris2024.>Paul Delanoë, experto en emisiones de CO2. Alexis Lepage, consultor en emisiones de CO2, The Shifters.

RFI los invita esta semana a la cita anual de la biomímesis en París. En el salón ‘Biomim Expo' se juntaron decenas de empresarios para presentar sus innovaciones tecnológicas ecológicas e inspiradas en la naturaleza. Los ejemplos de biomímesis o biomimetismo abundan en el campo de la tecnología. Los ingenieros se inspiraron por ejemplo de las aves para diseñar la curva de las alas de los aviones, la trompa de los mosquitos permitió inventar jeringas médicas que no causan dolor y la forma de las aletas de las ballenas nos ha permitido mejorar el rendimiento de las turbinas eólicas.En estos tiempos de urgencia ecológica en los que hay que reinventar el modelo productivo para hacerlo más sostenible y respetuoso del medioambiente, la naturaleza y sus millones de años de evolución sigue siendo una fuente de inspiración inagotable. En Francia, la Biomim Expo, feria de la biomímesis reúne cada año a empresarios y científicos que innovan gracias a la naturaleza.Este año, la feria tuvo lugar en el Parc Floral de París, y RFI fue al encuentro de las y los que imaginan objetos del futuro más respetuoso del medio ambiente. La química francesa Claude Grison, premiada en 2022 con el galardón de mejor inventora europea, observó por ejemplo los efectos de atracción y repulsión que causan los olores de las flores en los insectos, para elaborar una nueva generación de repelente anti mosquitos."Elaboré un repelente totalmente inocuo y ecológico, muy eficaz para ahuyentar mosquitos, garrapatas e incluso chinches. Todo el mundo sabe que ciertas plantas atraen a los insectos para ser polinizadas. La planta emite una serie de moléculas y olores para atraerlos y hemos basado el repelente en el mismo mecanismo. Salvo que en este caso hemos diseñado una mezcla de moléculas naturales que será detectada por el mosquito, pero con olores que lo hará huir”, detalló a RFI la científica.Grison indica que este repelente tiene efectos en los mosquitos tigres y en los que transmiten la malaria. Además, “es 100% vegetal: se trata de aceites esenciales y extractos de hojas, sin ningún tipo de insumo químico, sintético o procedente del petróleo".Alternativa a la piel de animalesLas soluciones basadas en la naturaleza pueden también ayudar a reducir la contaminación o el consumo de carne de animales. La mexicana Mariana Domínguez Peñalva, acudió a esta feria de la biomímesis para presentar varios productos de cuero fabricados con champiñones. Una alternativa interesante para prescindir de la piel de animales o del cuero sintética a base de plástico. Domínguez Peñalva  bautizó su proyecto Funguns Sapiens, es decir la inteligencia de los champiñones.Escuchela entrevista completa:La biomímesis ha sido aplicada también a más grande escala. La empresa francesa Sea Boost, especializada en estructuras marinas, trabaja en la restauración de ecosistemas marinos con la instalación de arrecifes artificiales en el agua, cerca de las costas. En su stand de la feria Biomim Expo, Sarah Setton, responsable de proyecto en Sea-Boost, explica que estos arrecifes artificiales de concreto “son estructuras que pueden instalarse en zonas degradadas por el hombre o por fenómenos climáticos”.“En el parque natural de las Calanques de Marsella, en Francia, por ejemplo, hay zonas que han sido deterioradas, en este caso por el hombre. Queremos que vuelva la biodiversidad a estas zonas restaurando los hábitats de las especies locales. Entonces la idea es crear estructuras que imitan los arrecifes naturales para que especies como las langostas, los pulpos o los meros, vuelvan y regeneren el ecosistema local”.Este tipo de estructuras fue instalado en Francia, en Oriente Medio, en Filipinas. “También trabajamos en África, con algunos proyectos en construcción en Camerún en particular, y en las Antillas francesas.En algunos casos se han utilizado técnicas de pesca que han destruido el hábitat, como las pesca con explosivos. Ahí, la idea es crear nuevos hábitats en zonas protegidas, para atraer los peces, que se reproduzcan. Y que los pescadores puedan trabajar alrededor en el futuro”, apunta Sarah Setton.La empresa francesa Sea-Boost experimenta además desde 2022 otra estructura marina inédita: unos cilindros para mitigar el oleaje y así luchar contra la erosión de las playas. 8 de estas estructuras de 8 metros fueron sumergidas en la bahía de Cap d'Agde en la costa mediterránea francesa. una solución que respeta los ecosistemas marinos y que está inspirada del mangle.Entrevistas:>Mariana Domínguez Peñalva, responsable de Funguns Sapiens>Claude Grison, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, CNRS, e inventora de un repelente anti mosquito ecológico.>Sarah Setton, responsable de proyecto en Sea-Boost, empresa de construcciones ecológicas marinas.

En las costas del Golfo de México, una ONG ecologista, de la mano con campesinos y pescadores de la zona, recupera la vegetación en el sistema lagunar de Alvarado, dañado por años de actividad ganadera. Recurren a la técnica de la chinampa para sembrar árboles en zonas húmedas. Ubicada en el sureste mexicano en el estado de Veracruz, la laguna de Alvarado es el hogar de varias especies de aves, tortugas, mamíferos y peces.Alimentado por las aguas del Papaloapan, o río de las mariposas, este humedal es calificado de sistema lagunar ya que cuenta con más de 100 lagunas y un sinnúmero de pantanos y arroyos. Es uno de los manglares más extensos de México, pero como muchos humedales del mundo, ha sido fuertemente dañado por la extensión de la ganadería, los incendios, la tala ilegal y le exploración petrolera. En los últimos 30 años, se calcula que se ha perdido alrededor del 35% de la superficie de manglares en este sistema lagunar.Vista aérea del manglar deteriorado. Hacer clic en 'ampliar el mapa' para ver la foto actualizada con el manglar restaurado.Ante esta degradación, ambientalistas de la organización ecologista Pronatura Veracruz se han movilizado para impulsar tareas de restauración ecológica. Como lo explica Carlos Joaquín Cardoso coordinador del área social del proyecto de la ONG mexicana Pronatura en el sistema lagunar de Alvarado, restaurar el manglar trae múltiples beneficios además de la restauración de la vegetación, como evitar los incendios y mantener los recursos naturales que constituyen fuentes de ingresos para la población local. “El proyecto busca restaurar 2100 hectáreas de manglar en los próximos 4 años, captar gases de impacto invernadero y busca beneficiar a las comunidades locales”, dijo a RFI Carlos Joaquín Cardoso.Las tareas de restauración consisten principalmente en cortar la tifa, una planta invasora que sofoca el manglar y sembrar tres especies de mangles mediante la técnica prehispánica de la chinampa, en tierras inundadas y degradadas por la actividad ganadera. Se crean pequeñas montículos de tierra semi flotantes con tierra para sembrar mangles que se enraízan en el fondo del agua.“Las tierras están en un deterioro total. La zona ha sido ganadera desde más de 250 años. Antes de que entraran las leyes de protección de los humedales y del mangle, la gente ya había comprado esas tierras para tumbar el manglar, abrir canales, poner pasto y producir ganado”, constata por su parte Fernando Mota Román, ingeniero agrónomo y coordinador de restauración en la ONG Pronatura Veracruz, entrevistado en París en el marco de un encuentro organizado por el Fondo Livelihoods que financia proyectos de restauración agrícola en varios países.Las quemas mal controladas para la búsqueda de tortugas o para la renovación de pasto son los otros factores de degradación ambiental, apuntan los ecologistas. “Era una zona densa de bosques y ahora se convirtió en pastos o terrenos abandonados. Muchos terrenos se vieron afectados por la exploración petrolera. El suelo se hundió y se inundó”.Y para prevenir los incendios, los ingenieros forestales cuadricularon las zonas de restauración separándolas con canales que sirven de cortafuegos. Desde 2022, la ONG indica haber restaurado 160 hectáreas.Para que esta restauración ecológica sea duradera, ha sido indispensable asociar a la población local: ganaderos, terratenientes que ponen sus tierras a disposición, pescadores y campesinos que participan en la siembra de mangle.Varios de ellos participan en las tareas de reforestación instalando chinampas: un método prehispánico que consiste en pequeñas islas vegetales de tierra donde se siembran plantas y árboles cuyas raíces alcanzan el fondo del lago.Mediante la restauración del sistema lagunar de Alvarado, el proyecto de Pronatura busca también vender bonos de compensación por la captura de 900.000 toneladas de CO2.Escuche la entrevista completa:Entrevistas:>Fernando Mota Román, ingeniero agrónomo y coordinador de restauración en la ONG Pronatura Veracruz.>Carlos Joaquín Cardoso, coordinador del área social del programa de restauración del sistema lagunar de Alvarado en Veracruz.

Una empresa francesa promete construir un avión de transporte de 19 pasajeros, provisto de motores híbridos para reducir las emisiones de CO2 del transporte aéreo. ¿Será el avión eléctrico el futuro del transporte aéreo sostenible? La aviación mundial está bajo presión de las fuerzas políticas ecologistas. En España, en octubre pasado, los partidos políticas que respaldan al primer ministro socialista Pedro Sánchez prometieron limitar los vuelos cortos si existe una alternativa en tren. Una medida drástica para limitar las emisiones de gases de efecto de un sector al servicio de pocos, pero que contamina mucho.En plena expansión, el transporte aéreo que prevé este año un récord de 5000 millones de pasajeros, es también el más contaminante para el planeta. Un vuelo de París a Nueva York por ejemplo genera 800 kg de CO2 por persona, cifras poco compatibles con la crisis climática explica Carlos López de la Osa, consultor en aviación sostenible en la coalición de ONG ecologista Transport and Environment. “El sector representa en torno a un 2,5% del CO2 de toda la economía, y cuando añadimos otros efectos climáticos como óxidos nitrosos, se estima que la contribución de la aviación al cambio climático es un 3,5% aproximadamente”, detalla de la Osa.El porcentaje puede parece marginal. "Pero [volar] es una de las maneras más injustas de calentar el planeta, porque ese 3,5% del calentamiento global es generado por una minoría de la población global que vuela. En 2018, el 1% de la población global, como viajeros frecuentes, fue responsables de la mitad de las emisiones del sector”, insiste el especialista. Si no se hace nada para limitar las emisiones de este sector, la aviación podría representar el 5% de las emisiones globales en 2030.Ante la urgencia de la descarbonización, varios constructores trabajan en la fabricación de motores de aviones eléctricos o híbridos. Es el caso de la start up francesa Aura Aero, ubicada en Toulouse, capital europea de la aviación donde se construyen los aviones de Airbus. RFI conversó con el fundador de Aura Aero Jérémy Caussade en sus oficinas ubicadas en un hangar aeronáutico. Tras la invención de los primeros aviones, la masificación del transporte, el ingeniero afirma que la industria aeronáutica ha entrado en una nueva fase: de la descarbonización para mitigar el cambio climático.Pero la revolución del avión eléctrico aún es incipiente. Ya existen modelos de aviones 100% eléctricos, pero el peso de las baterías limita su tamaño y su autonomía.Los únicos modelos de aviones eléctricos que vuelan actualmente fueron concebidos para dos pasajeros, como el modelo Integral E de la empresa Aura Aero, concebido para las escuelas de pilotos y el deporte aéreo. Un avión que emite “100% menos de CO2 que los modelos equivalentes, y que hace menos ruido. Como sirven para vuelos deportivos cerca de las habitaciones, reducir el ruido es importante”, detalla el ingeniero.El pequeño avión eléctrico ‘Integral E' operará sus primeros vuelos este año y en paralelo, los ingenieros y obreros de la empresa Aura tienen un proyecto más ambicioso: un avión de línea llamado Era, provistos de motores híbridos que combinan keroseno y propulsión eléctrica.Era tendrá alrededor de 150 km de autonomía con propulsión eléctrica y volará principalmente con motores térmicos para un alcance total de alrededor de 1600 km. “Es un avión híbrido, bajo en carbono, que implica una reducción de entre 50 y 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Es un buen inicio!”, se alegra Jérémy Caussade, presidente de Aura Aero."El avión será 100% eléctrico cuando rodará en el aeropuerto, la fase de despegue será hibrida, y el avión será nuevamente eléctrico durante la bajada y el aterrizaje. No es la mayoría del tiempo, pero permitirá reducir el ruido y las emisiones de gases alrededor de los aeropuertos”, indica el ingeniero.Esta aeronave híbrida despierta ya el interés de varias compañías aéreas regionales. La empresa ha recibido cerca de 500 pedidos de aviones de este tipo desde varios países del mundo y se espera que el avión Era despegará por primera vez en 2026 para realizar vuelos cortos de alrededor de 600 kilómetros para conectar islas de archipiélagos, por ejemplo.Tecnología en ciernes¿Son realmente estos aviones híbridos la mejor solución para reducir la huella de carbono del sector aéreo?“Estos aviones son parte del futuro de la aviación. Crean menos ruido, son más eficientes y aquellos que son 100% no tienen emisiones de escapa, con lo cual provocan cero contaminaciones del aire. Pero para almacenar la misma energía que un litro de keroseno, se necesita una batería de casi 40 kg. Esto limita el tamaño de las baterías que podemos llevar a bordo y el alcance de los aviones”, matiza el experto en aviación sostenible Carlos López de la Osa.Entrevista completa con Carlos López de la Osa, experto en aviación en Transport and Environment:Los combustibles ‘SAF', o combustibles sostenibles, tampoco son una solución perfecta. Los biocombustibles, elaborados con productos agrícolas, “según las estimaciones, permitirían cubrir como máximo el 25% de la demanda de combustibles de aviación” y “tienen un impacto negativo porque entran en competición con la materia prima que puede destinarse a la alimentación”, advierte Carlos López de la Osa.La ruta aun es larga para que los aviones prescindan de los combustibles fósiles.  Y para evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte aéreo crezcan de forma exponencial en las próximas décadas, los ecologistas estiman que es inevitable limitar la expansión del sector. Evitar los viajes frecuentes, los vuelos intercontinentales y limitar los viajes en avión cuando hay alternativas en tren, son algunas de las medidas defendidas por los ecologistas para reducir la huella de carbono del sector aéreo.Entrevistas:Jérémy Caussade, director general de Aura Aero, constructora aeronáutica de aviones eléctricos en Toulouse, FranciaCarlos López de la Osa, consultor en aviación sostenible en la coalición de ONG ecologistas, Transport and Environment

El Tribunal europeo de derechos humanos condenó a Suiza en un fallo histórico por considerar que su acción insuficiente en materia climática vulneró algunos derechos humanos. RFI analiza este fallo con juristas. El 9 de abril un colectivo de ancianas suizas cantó victoria en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. En una sentencia sin precedentes, los magistrados denunciaron que la falta de ambición del gobierno suizo para luchar contra el calentamiento global afectó el derecho a la vida y al bienestar de las demandantes."Estaremos muy atentas para que Suiza, su gobierno y su parlamento implemente las 300 páginas de la sentencia que indica claramente lo que no se ha hecho”, reaccionó Anne Mahrer, ciudadana suiza quien codirige el grupo de Ancianas por el clima, la asociación civil demandante.“Es inaudito que un país desarrollado e industrializado como Suiza no tenga objetivos claros para alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050. El país debería ser ejemplar y no lo es”, lamentó la activista. “Esperamos medidas para el aislamiento térmico de los edificios, medidas para el transporte, implementar las energías renovables y salir de las energías fósiles. Y está el tema del sector financiero que sigue invirtiendo en las energías fósiles”, recalcó Mahrer, tras el anuncio de la sentencia.En su fallo, los magistrados europeos indican por ejemplo que el estado suizo no cuantificó adecuadamente los límites de emisiones de gases de efecto invernadero, principales fuentes del cambio climático y que ello violó los derechos fundamentales. ¿Pero cómo se aplicará esta sentencia concretamente en Suiza?“El tribunal no ha dictado medidas precisas, no obliga por ejemplo Suiza a instalar más paneles solares o reducir el tráfico vehicular. Lo que dictan los magistrados son objetivos en materia de reducción de los gases de efectos invernadero. Explican que un estado debe establecer un presupuesto de carbono. Suiza no puede decir que será neutra en carbono sin precisar cómo llegar a ello”, afirma el abogado Raphaël Mahaim, asesor legal de la asociación civil que demandó al esto suizo.“Lo que dijo el tribunal es que existe el objetivo de limitar a 1.5 grado el calentamiento global. Y si en un país determinado, los objetivos no bastan para alcanzarlo, entonces sí hay que tomar medidas. Y estas medidas se vuelven vinculantes. Habrá próximamente una reflexión en el gobierno suizo para implementar las exigencias de la corte. Hay que saber que Suiza no siempre fue un buen alumno en materia de acción climática”, apuntó el abogado.La sentencia dará de que hablar en Suiza. De hecho, el primer partido político del país, la ultraderechista UDC estima que el fallo es inaceptable y llama a que el país abandone la Convención europea de los derechos humanos. Aunque le toca ahora al gobierno suizo aplicar la sentencia, el camino augura arduos debates.Entrevista audio con Ana Barreira sobre la judicialización de la lucha climática:Un fallo sin precedentes“Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está juzgando un tema relacionado con el cambio climático”, recalca Ana Barreira, directora del bufete de abogados español Instituto internacional de derecho y medio ambiente IIDMA.Como firmante del Acuerdo de Paris, Suiza ha presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en términos jurídicos, “el Tribunal dice que esas medidas no son suficientes para garantizar el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio, el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que Suiza a violado, según el Tribunal”, analista la jurista española.Y aunque la primera vez que el Tribunal europeo de derechos humanos pronuncia una condena por un litigio climático, este tipo de juicios no son nuevos: la ONG holandesa logró una condena similar contra el estado holandés en tribunales nacionales.Ana Barreira sin embargo, estima que esta judicialización de la lucha climática es típicamente anglosajona. “Siento que hay una oleada de casos, pero nosotros en Europa continental tenemos un sistema jurídico basado en el derecho civil. En Europa continental, nuestra primera fuente de derecho, es la ley”, insiste Barreira, que insiste en que “no todo se va a resolver con litigios”. “Hay que acudir a tribunales cuando el Estado, los gobiernos o el sector privado no cumplen con las normas, pero no es la única herramienta”, recalca. La lucha contra el cambio climático se juega ante todo en los parlamentos, en las políticas de gobierno y en las cumbres internacionales y no tanto en los tribunales, insiste Ana Barreira.La abogada recuerda también que no todos los litigios climáticos se ganan. Desde 2015, 21 jóvenes tratan de hacer condenar a Estados Unidos por su política de en materia de hidrocarburos. Pero hasta ahora no han logrado ninguna condena.En 2023, el programa de naciones unidas para el medioambiente contabilizó más de 2300 casos de litigios climáticos en el mundo, una cifra que casi se triplicó desde 2017. Se trata de demandas contra estados por no actuar los suficiente contra el cambio climático, contra empresas por no reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o por casos de greenwashing. Cerca de dos tercios de estos litigios se encuentran en Estados unidos y principalmente en países anglosajones.Entrevistas:>Anne Mahrer, activista ecologista suiza, co presidente del colectivo Ancianas por el clima Suiza>Raphaël Mahaim, abogado de la organización Ancianas por el clima Suiza>Ana Barreira, abogada especialista en derecho ambiental y Directora del IIDMA Instituto internacional del derecho del medioambiente

Marisol García Apagueño, líderesa kichwa en la región de San Martín en la Amazonía peruana califica de ecoimpostura la compra de bonos de carbono por TotalEnergies para compensar su política de expansión petrolera. A finales de mayo, cientos de activistas ecologistas protestaron contra el gigante francés de los hidrocarburos, TotalEnergies que planea abrir nuevos campos de extracción de petróleo a pesar de la crisis climática. El 24 de mayo, coincidiendo con la asamblea anual de accionistas del gigante francés de los hidrocarburos TotalEnergies en París, cientos de activistas ecologistas realizaron una protesta en la sede de Amundi en París, principal fondo de inversión de la petrolera.A pesar de la crisis climática y de las recomendaciones científicas de reducir el uso de energías fósiles, TotalEnergies, una de las 4 mayores empresas de hidrocarburos del mundo, que cosechó más de 20 mil millones de euros de ganancias en 2023, prevé incrementar la extracción petrolera en los años próximos.En paralelo, la empresa promete compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en proyectos de preservación de los bosques que absorben el CO2. En la Amazonia peruana por ejemplo, TotalEnergies invirtió más de 80 millones de dólares en el parque nacional Cordillera Azul, una reserva de 1,3 millones de hectáreas de bosques, lagos y ríos en perfecto estado de conservación. A cambio de esta inversión, TotalEnergies obtuvo bonos de compensación de CO2 y puede continuar extrayendo petróleo. Este mecanismo de "compensación de emisiones", promovido por la ONU, es cada vez más criticado por las ONG ecologistas que estiman que no ayuda a reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además no traen beneficios para las poblaciones locales.Presente en París para acudir a la protesta contra TotalEnergies, la líderesa kichwa Marisol García Apagüeño clama que el proyecto de la petrolera en tierras kicwhas se hizo a espaldas de las comunidades indígenas que viven desde hacen cientos de años en la región. Además fue sinónimo de despojo de tierras, división y violencia contra la población, denuncia la lideresa.En respuesta a estos señalamientos, la empresa TotalEnergies asegura que el proyecto de compensación de CO2 en el parque Cordillera Azul sí recibió el consentimiento previo libre e informado de los pueblos autóctonos. En una carta enviada en julio de 2023, el gigante del petróleo indica además que su operador local, la ONG peruana CIMA (Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Areas Naturales), ayudó a financiar microempresas locales, contribuyó a la creación de más de 600 empleos y promovió el acceso al agua potable.RFI contactó a CIMA por correo electrónico, pero la organización no ha dado respuesta hasta la fecha.En cambio, Marisol García Apagüeño niega que las condiciones de vida hayan mejorado con la creación del parque nacional.Sentada en un café de la capital francesa cerca del senado francés donde fue invitada por el senador ecologista y ex candidato presidencial Yannick Jadot, la lider kichwa, ataviada de un tocado de plumas azules, vestida de un collar bordado y de un saco color rosa, relata al micrófono de RFI como la vida de su comunidad ha cambiado con la creación del parque natural Cordillera Azul en la Amazonía peruana financiado con bonos de carbono de TotalEnergies entre otras empresas."No están ayudando a los emprendimientos sostenibles. No hay escuelas, no hay luz en nuestras comunidades", afirmó García Apagüeño. "TotalEnergies lava su imagen en territorio kicwha comprando bonos de carbono", denunció.Escuche la entrevista completa con Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa de la comunidad indígena Tupac Amaru y  presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta Amazonas (FEPIKECHA):

Con sus afluentes y sus ciénagas, el río Magdalena constituye una reserva única de  animales silvestres como caimanes, monos, tucanes o manatíes. Pero la deforestación amenaza este hábitat. RFI viajó a Puerto Berrío, a orillas de este río y conversó con los que protegen estos humedales. Los cantos de las aves resuenan mientras caminamos en el parque humedal La Samaria con Yeison Naranjo, concejal de Puerto Berrio y ambientalista de la fundación Huella Verde. Ubicada a tres horas de Medellín, esta nueva reserva natural de 27 hectáreas fue inaugurada a finales de 2023 para contrarrestar la destrucción progresiva del bosque en la región. El parque, administrado por la caja de compensación familiar colombiana Comfama, fue concebido en tierras antiguamente dedicadas a la ganadería, y para proteger un humedal rodeado de un bosque tropical frondoso que alberga 15 especies de mamíferos y decenas de especies de aves.Sede de la edición 2024 del festival de medioambiente Actuar Por Lo vivo, el municipio colombiano de Puerto Berrío es un concentrado de los retos ambientales que enfrenta Colombia: deforestación, minería ilegal, sobrepesca. Pero es también un laboratorio de experiencias de rescate y protección del medioambiente."Puerto Berrío es uno de los lugares que cuenta con más caímanes por kilómetro cuadrado. Lo encontramos en zonas húmedas. Y es muy atractivo para la gente que viene", apunta Yeison Naranjo.Ciudad de 50 000 habitantes en el departamento colombiano de Antioquia, Puerto Berrío enfrenta, como muchas otras regiones colombianas, una deforestación acelerada que amenaza además los excepcionales humedales que rodean el río Magdalena.“Estamos conformados por muchos humedales. Es algo muy bonito, pero para los grandes terratenientes, esto representa quizás pérdida monetaria. La ganadería extensiva ha sido la amenaza más fuerte para estos ecosistemas porque los propietarios buscan la forma de poder aumentar la productividad de los pastos para sus ganados”, observa Yeison Naranjo.Basta con mirar alrededor del parque La Samaria para constatar que gran parte de las tierras que rodean la ciudad de Puerto Berrio son pastizales. Nos encontramos en Antioquia, un departamento colombiano cuya prosperidad surgió con la ganadería extensiva, en detrimento de los bosques tropicales y de los humedales.La pérdida de bosque húmedo es notable. Según datos satelitales compilados por la ONG Global Forest Watch, Puerto Berrio ha perdido el 27 de su cobertura boscosa en las últimas dos décadas. Una tendencia que amenaza el ciclo del agua que alimenta los cinco humedales de la zona.Escuchar el audio reportaje  de RFI en Puerto Berrío:¿Qué opinan de eso los ganadores de la región? Luis Javier Saldarriaga dirige el comité regional de ganaderos, Coregan, conversó con RFI en sus oficinas, atrás de una tienda de productos veterinarios. Saldarriaga asegura que su profesión no es directamente responsable de la deforestación en la región. “Los ganaderos no son los responsables del daño que se genera al medioambiente. Tenemos muy claro que quienes deforestan hoy son madereros informales o ilegal, es la minería ilegal y el narcotráfico y muchas de las veces detrás de ellos viene la ganadería en lo han dejado ellos”, afirma el ganadero.Saldarriaga agrega que “hace unos 15 años, los ganaderos han tomado consciencia de que, si no hay protección de los recursos naturales, la eficiencia no se va a alcanzar. El comité regional de ganadero de Puerto Berrio ha firmado el acuerdo de cero deforestación”.EcoturismoUbicado a tres horas de Medellín, entre pastizales y humedales, Puerto Berrio vive también de pescado que abunda en el Magdalena, un río tropical que recorre Colombia de sur a norte, alimentado por un sistema de ciénagas, y afluentes. Pero la destrucción del bosque perturba la simbiosis entre la vegetación, los humedales y el río. Con la tala masiva, se pierde una función esencial que cumplen los arboles: el de mantener la humedad de los suelos, lo que pone en peligro las ciénagas de la zona."Las ciénagas son las cunas donde se reproducen los alevinos de los peces. Por eso las llamamos 'cuna de la vida'", apunta el técnico medioambiental y coordinador de la Mesa Ambiental regional Omar Ossa.La inauguración hace dos años de una nueva autopista que conecta Medellín -corazón económico de Colombia, con Puerto Berrío, en 3 horas, suscita esperanzas de convertir este puerto fluvial en un destino ecoturístico a través de recorridos ecológicos y avistamiento de la fauna.Alcanzar las paz para proteger los ecosistemasLa protección de los humedales de Puerto Berrío implica también poner límites a la minería legal e ilegal que se ha multiplicado en la región. “Tenemos un reto muy grande porque la minería que se viene realizando en el municipio, no cumple con las normas medioambientales. Tenemos aquí la minería de oro, que trabaja con mercurio y la minería de gravas y arenas que se extrae del río. Hay minería formal e informal que no cumple con los requisitos”, señala a RFI Verónica Mahecha Frasser, secretaria de Medio Ambiente, agricultura y minas de la Alcaldía de Puerto Berrío.En entrevista con RFI Mahecha se muestra particularmente preocupada por la quebrada de Minas del Vapor “donde el agua ya no se utiliza porque se puede ver a simple vista que está contaminada”.Pero regular la actividad minera es una tarea delicada dado que algunos grupos delincuenciales son los que manejan el negocio. “Como en todo el país, en el municipio también tenemos esta problemática. Se ha venido incrementando desde hace un año. En el municipio estamos empezando a hacer mesas de trabajo con esta problemática porque cuenta con unos grupos delincuenciales que actúan dentro de la parte urbana”, detalla la funcionaria municipal.En una región que fue el teatro durante décadas de un conflicto armado con presencia de guerrillas, paramilitares y ejército, el camino a la paz y la protección del medioambiente pasará por unas mesas de paz para desarmar los grupos al margen de la ley que aun operan en la zona, puntualiza Verónica Mahecha.En paralelo, la alcaldía de Puerto Berrío busca reconectar los diferentes relictos de bosques tropicales aislados los unos de los otros para crear un corredor biológico que permita a los grandes mamíferos como monos y jaguares a ampliar su hábitat.Un reportaje en Colombia de Raphaël Morán, realización técnica Alain Vidal. Un reportaje realizado con el apoyo de AFD Campus y el festival Actuar Por lo Vivo.Entrevistas:Verónica Mahecha Frasser, secretaria de medio ambiente de Puerto BerríoLuis Javier Saldarriaga director del Comité regional de ganaderos de Puerto Berrío (Coregan).Omar Ossa, técnico en preservación de recursos naturales y coordinador de la Mesa Ambiental de Puerto BerríoYeison Naranjo, concejal de Puerto Berrío.

Cada vez son más las ciudades francesas que hacen gratuito el transporte público. Una medida presentada como un avance social y ecológico. Pero, ¿realmente reduce el uso del coche la gratuidad de los autobuses y tranvías? Reportaje en Montpellier, en el sur de Francia, la mayor ciudad de Europa que optado por la gratuidad del transporte público para los usuarios. Desde hace más de tres meses, el medio millón de habitantes de Montpellier goza de transportes colectivos gratuitos. Hasta ahora, ninguna ciudad tan grande había instaurado la gratuidad total para sus habitantes. Ciudadanos como Cécile o Mohamed que acabamos de escuchar tienen la posibilidad de subirse a cuatro líneas de tranvía y 30 líneas de autobús sin costo alguno. Solo basta con pedir un pase anual a la alcaldía. “Yo utilizo más el tranvía desde que se volvió gratuito. Es más agradable y me evito el estrés del auto”, se alegra Cécile, oriunda de una ciudad aledaña.“Yo usaba mucho mi auto. Y la gratuidad del tranvía me incitó a usar el transporte público. Cuando tengo que irme de compras en el centro de la ciudad, uso del tranvía. Es más ecológico”, asegura Mohamed, otro habitante de la región de Montpellier.Escuche el reportaje en versión audio:Julie Frêche, alcaldesa adjunta de la ciudad de Montpellier y responsable de asuntos de movilidad urbana en la metrópoli explica por qué se decretó la gratuidad del transporte en diciembre de 2023: “Hemos asistido a varias crisis sociales, las marchas de los jóvenes por el clima. Y con el alcalde notamos que las medidas a favor de la ecología eran percibidas de forma negativa, como una obligación”."Entonces decidimos que todas las medidas de nuestro periodo de gobierno municipal obedecerán al siguiente lema: no puede haber ecología sin bienestar social, y viceversa. Estamos convencidos que  es la mejor manera de abarcar a toda la población para lograr necesaria transición energética que debe ser solidaria”, justifica Frêche.La responsable política afirma también que la medida busca reducir el tránsito vehicular y frenarla contaminación atmosférica. “Montpellier está ubicada en la costa mediterránea y está rodeada por dos grandes autopistas: una que conecta Italia con España y otra que conecta el sur de Francia con París. Entonces padecemos contaminación del aire con óxido de carbono, óxido de nitrógeno, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la gratuidad del transporte público fue decidida también para responder a esta problemática. En Francia cada año, 48.000 personas mueren por causa de la contaminación del atmosférica”.¿Pero sirve realmente la gratuita para reducir el tránsito vehicular? El economista y especialista en movilidad urbana Frédéric Héran estima que el gesto de la alcaldía de Montpellier es ante todo simbólico. “Los responsables políticos alegan que esta medida es buena para el medioambiente, pero nunca hicieron los cálculos. Ellos dicen que los conductores de autos optan por el transporte colectivo, pero esto en realidad es muy poco común, y muchas veces se trata de gente que era pasajeros de coches”, matiza Héran.“Además, hay peatones y ciclistas que no contaminaban y dicen usar con mayor frecuencia el transporte público. Entonces yo diría la medida es una medida neutra para el medioambiente, pero no ecológica”, agrega el académico retirado.Montpellier no es la única ciudad francesa donde tomar un bus o un tranvía es gratuito. Ciudades como Dunkerque Aubagne o Bourges también han tomado la misma medida. Los argumentos son varios: otorgar un nuevo derecho a desplazarse a los ciudadanos, reducir el costo de la vida para las familias, e incentivar el uso de los transportes colectivos para reducir el tráfico vehicular.A cuatro meses de la entrada en vigor de la medida, la alcaldía de Montpellier indica que el número de usuarios de la red de transporte público aumentó en un 23,7% durante el primer trimestre de 2024 con relación al mismo período en 2019."Ya no tengo miedo a que me multen"Más allá del debate, los habitantes de Montpellier que RFI entrevistó para este reportaje son entusiastas. “Actualmente soy estudiante y residente en Montpellier entonces no pago el transporte público. Eso me permite ahorrar mucho dinero. Un abono constata alrededor de 100 euros. Evito gastar en tickets, además de los otros gastos, de los estudios y de la renta. Poder moverse gratuitamente es una gran ventaja. Además muchas veces hay personal de la compañía que vigila, entonces viajar es seguro”, dice a RFI Lili San Juan.“Antes, no siempre pagaba mi ticket, entonces ahora ya no miedo a que multen”, admite Jade, otra estudiante “¡Deberían aplicar esta medida en todas las ciudades!”, exclama.Y si los usuarios ya no pagan, la metrópoli de Montpellier compensa el costo de esta medida con el llamado "impuesto movilidad", una tasa instaurada en los años 70 que obliga a las empresas francesas de más de 11 empleados a pagar un porcentaje calculado con base a la masa salarial para financiar el transporte público local. Julice Frêche asegura que las cuentas cuadran. “Los ingresos por la compra de tickets eran de 30 millones de euros. Los usuarios que no residen en la metrópoli de Montpellier y los turistas seguirán pagando su ticket. Y para equilibrar el resto de los gastos, contaremos con las empresas que pagan la tasa de movilidad. Tenemos muchas empresas en la región y su contribución pasó de 90 millones a 124 millones de euros, entonces cubre ampliamente el costo de la gratuidad del transporte”, detalla a RFI.Experiencias de otras ciudadesEn el pasado, ciudades de otros países también hicieron que el transporte público fuera gratis. Con resultados poco satisfactorios, indica el economista Frédéric Héran. “Estuvo muy de moda en los años 70 en Estados Unidos. Pero muchas de las ciudades que instauraron la gratuidad dieron marcha atrás. En Bélgica, la ciudad de Hasselt también decretó la gratuidad y finalmente la canceló unos años después porque limitaba las inversiones en la red de transportes. Boloña en Italia también aplicó esta medida en los años 70 y retrocedió. Queda por ver ahora qué harán todas estas ciudades que dan el paso de la gratuidad para complacer a los electores, pero sin visión a largo plazo”.El economista especializado en movilidad urbana afirma que solo medidas drásticas e impopulares como reducir la velocidad de los autos, reducir los espacios para estacionarse y las vías para automóviles son altamente eficaces.“La gratuidad del transporte debe ir de la mano con medidas que sí son buenas para el medioambiente: multiplicar las vías de buses urbanos. Y si se quiere impulsar una medida ética, es preferible instaurar tarifas preferenciales con criterios sociales”, preconiza Héran.El debate sigue en Francia para extender este tipo de medidas a otras ciudades. Y aunque el transporte gratuito se ha vuelto muy común en decenas de ciudades europeas, aun es poco común en las ciudades de Latinoamérica. La tarifa cero existe en algunas urbes brasileñas mientras que el metro de Ciudad de México es gratis para las personas de más de 60 años.

Representantes de una comunidad rural mexicana del estado de Jalisco denuncian a las empresas ArcelorMittal y Ternium por los impactos humanos y ambientales de la extracción de hierro alrededor de la mina Peña Colorada en el oeste del país. Al micrófono de RFI, reportan casos de desapariciones y asesinatos de voces críticas contra la minería legal y ilegal en la región, con una fuerte degradación ambiental como telón de fondo. En la Sierra de Manantlán, defender el medio ambiente y la tierra, los derechos de las comunidades campesinas en México se paga con sangre. En noviembre pasado, Higinio Trinidad de la Cruz, opositor a la mina Peña Colorada en esta región rural en el oeste de México, fue desaparecido y asesinado. El mismo destino trágico vivieron Celedonio Monroy Prudencio y José Santos Isaac Chávez quienes también denunciaban la tala ilegal, la minería ilegal y el control de territorio por parte de grupos de narcotráfico.Persecuciones a los críticos de la minería, afectaciones a los recursos hídricos, deforestación y pobreza forman el panorama del ejido (comunidad campesina) Nahua de Ayotitlán desde que la mina Peña Colorada extendió sus operaciones en 801 hectáreas de tierras de la comunidad en 2012, generando controversias y divisiones en el seno mismo de la población local.En 2020, Rogelio Rosales Ramos, de 17 años, también fue asesinado tras haber recibido amenazas por criticar la presencia de las actividades mineras. Su padre, conocido como Rogelio, reclama justicia y emprendió una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal y exigir responsabilidades de ArcelorMittal y Ternium, gigantes de la producción de acero y dueñas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, desde 2005. Asentada en tierras que unen los estados de Colima y Jalisco (oeste de México), la mina Peña Colorada, produce alrededor del 30% del hierro mexicano.“Consideramos que [la minera] no está haciendo los pagos justos, incluso aunque lo estuviera haciendo, los daños que está ocasionando no se comparan”, declaró Rogelio al micrófono de RFI a su paso por París donde se reunió con representantes de los bancos BNPParibas que financia a ArcelorMittal, empresa que fabricó la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Previamente, Rogelio denunció el alto costo que paga su comunidad por la explotación del acero a otro financista del gigante del acero: el banco ING con sede en Amsterdam, Holanda.Rogelio realiza esta gira en el marco de la campaña global de 15 ONG agrupadas en la ‘Fair Steel Coalition' (Coalición por un acero justo) que denuncian en un informe de 47 páginas los impactos nocivos de la producción de acero en varios países del Sur Global. “Acaparamiento de tierras, destrucción de ecosistemas, pérdida de medios de subsistencia, graves problemas de salud y desapariciones forzadas”, son algunos de los impactos que dejan las mineras de extracción de hierro en países como Liberia, Sudáfrica, México y Brasil, indica la coalición en su informe titulado El coste real del acero: Racismo medioambiental, zonas de sacrificio e impunidad en la cadena de suministro y publicado el 25 de abril.En una resolución publicada el 8 de marzo de 2024, la Comision Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares (PDF) para Rogelio y doce personas más de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán ante las amenazas y la violencia por parte del crimen organizado que ha desarrollado minas ilegales en la región, según denuncia Rogelio.Desastres ambientalesA la persecución de los defensores del territorio se suman los impactos ambientales que deja la minería legal e ilegal en la Sierra de Manantlán.“Primero, son grandes devastaciones de áreas forestales. Cortan la madera, la ocultan, ahí no la sacan, la guardan, miles de hectáreas de roble encino”, alerta Rogelio.“Y los poblados más cercanos ya no tienen agua porque la empresa está ocupando casi todo un río, el río Marabasco está ocupando para lavar el mineral y bajarlo hacia Manzanillo por un ferroducto, entonces deja sin agua a las comunidades aparte que está contaminando. Los aceites, las grasas bajan hacia los ríos”, agrega el activista.“La minera saca de ahí el 30% de hierro del país. Y, sin embargo, es una de las comunidades con aproximadamente un 90% de alta marginación, con una gran pobreza”, denuncia por su parte Eduardo Mosqueda, abogado defensor de los derechos humanos, integrante de la ONG quien acompaña a Rogelio en esta gira europea.Dicha gira incluye una etapa en Luxemburgo en la asamblea anual de accionistas de ArcelorMittal el 30 de abril, donde el abogado Eduardo Mosqueda denunciará la responsabilidad de la empresa en estos abusos cometidos para la explotación de hierro en México. “Aunque ArcelorMittal y Ternium claman políticas de sustentabilidad, los mismos bancos claman que hay también mecanismos de sustentabilidad y que cumplen con las leyes y con los estándares en materia de su materia de derechos humanos, ambientales y cambio climático. Lo que nos dimos cuenta es que están fallando de tal manera que están creando zonas de sacrificio y zonas de silencio”, apunta Eduardo Mosqueda.La respuesta de ArcelorMittalCuestionado por la coalición de ONG, la dirección de ArcelorMittal respondió por escrito que “Peña Colorada y sus accionistas condenan enérgicamente cualquier situación de violencia y actividad criminal en México” y “rechaza categóricamente cualquier responsabilidad directa o indirecta, así como cualquier intento de vincular o especular sobre su participación directa o indirecta o la de sus funcionarios en los actos de violencia”.En el documento donde el gigante el acero compila sus respuestas, la empresa afirma haber realizado obras de saneamiento de agua en las comunidades de Minatitlán, La Astilla y Coconal; en Jalisco, así como en San Antonio, y Mameycito y reivindica la inversión de 1 millón de pesos mexicanos en plantas de tratamiento.El colectivo de organizaciones ha cuestionado también a varios bancos internacionales como ING, en Ámsterdam y BNP Paribas en Francia, sobre su papel como financistas de las actividades de ArcelorMittal, a pesar del deber debida vigilancia que, en varios países europeos, exige a las transnacionales cumplir con los derechos humanos y ambientales.

El 1ro de abril México debía convertirse en un país libre de glifosato, un herbicida muy utilizado en la agricultura mexicana para el maíz, fríjol, hortalizas o los cultivos de aguacate. Sin embargo, el presidente López Obrador pospuso la medida ante la ausencia de sustancias alternativas. Todo inició en 2020 cuando el gobierno mexicano emitió un decreto que prometía el abandono gradual del glifosato hasta su prohibición definitiva el 1ro de abril de 2024, al mismo tiempo que se buscaba suspender la importación de maíz transgénico.El decreto pedía entonces al Consejo Nacional de Humanidades , Cencia y Tecnología de México (Conahcyt) buscar alternativas saludables a los 25 millones de litros de glifosato que se vaporizan anualmente en los campos mexicanos. Esta alternativa sin embargo no ha llegado aún, por lo que se seguirá usando glifosato, como lo pedía el Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Dicha organización, que representa la agroindustria mexicana, presionó al gobierno, junto con Bayer-Monsanto para evitar que entre en vigor la prohibición del glifosato en México una vez concluida la fase de transición de tres años.“Estimamos que más de tres millones de productores utilizan glifosato en México y la mayor parte son pequeños, pequeños y medianos productores. No se ha encontrado ninguna otra molécula que tenga los beneficios que tiene el glifosato y si se encuentra que hay algo que es mejor, pues enhorabuena”, decía a RFI a finales de marzo, Juan Cortina, presidente del CNA.“El año pasado, las autoridades mexicanas solo autorizaron la importación del 64% de las cantidades de glifosato que se pedían”, afirma Cortina, quien agrega que esta política “ha generado un mercado negro”.“No es que no haya [glifosato]. Sí lo encuentras, pero lo encuentras más caro, y no solo eso, ahora lo que estamos encontrando es el glifosato barato chino, que no necesariamente tiene la calidad y las características que uno le gustaría”, apunta Juan Cortina. “No hay alternativas” al glifosato, concluye.  En México como en Estados Unidos, Suramérica o Europa sin embargo se han alzado voces para evitar el uso del glifosato por sus efectos nocivos. Se han encontrado por ejemplo rastros de este herbicida en las abejas en la región de Yucatán, donde se usa masivamente el producto en los cultivos de soja.“Mencionar que las empresas, en particular la empresa conocida Monsanto que, desde los años 80 estaba iniciando la investigación en el uso de glifosato como herbicida conocía de sus efectos y daños potenciales en la salud, usando modelos animales y también en diferentes aspectos ecológicos como en los polinizadores. Sin embargo, siguió la investigación”, recuerda el investigador en biotecnologías del Conahcyt Emmanuel González.González recuerda el “gran cúmulo de investigaciones que apunta a daños en sistema biológico”: daños a la salud de ratas hasta en tres generaciones en animales expuestos al glifosato con aparición de tumores, alteraciones a nivel de órganos como hígado, estómago y sistema endocrino.“Conocemos las investigaciones de colegas argentinos que han hecho levantamiento de datos y censos en poblaciones argentinas que están muy cercanas a zonas agrícolas que son rociadas con glifosato y donde se han encontrado mayores tasas de diferentes tipos de cánceres”, subraya el investigador, consultado por RFI.Entrevista completa:Desde la sociedad civil mexicana, organizaciones como la ONG Greenpeace o el colectivo Semillas de Vida respaldan la prohibición del glifosato.Otros países enfrentan también los mismos obstáculos para prohibir el herbicida de Monsanto. El presidente Macron por ejemplo prometió en 2017 que Francia prohibiría el glifosato en un plazo de 3 años. Una promesa finalmente abandonada en medio de fuertes presiones del lobby agropecuario. A nivel europeo también se observa una menor ambición en materia ecológica. El año pasado, la Comisión Europea reautorizó por 10 años la comercialización del glifosato, aunque con algunas restricciones para su uso.Entrevistas: >Juan Cortina, Consejo Nacional Agropecuario.>Monserrat Téllez, activista del colectivo 'Semillas de Vida' que lucha contra el glifosato y el maíz genéticamente modificado. Entrevistada por Ubaldo Bravo.>Emmanuel González, investigador del Conahcyt, especialista en biotecnologías.