Vida en el Planeta

Tanto en México como en Ecuador, vecinos de infraestructuras petroleras se rebelan contra los mecheros. La quema de gas en las instalaciones petroleras es una práctica poco conocida pero muy nociva para la salud de quienes viven junto a estos mecheros, además de contribuir gravemente el cambio climático. Si alguna vez se han acercado a una refinería de petróleo o una planta de extracción de hidrocarburos, tal vez hayan visto los mecheros de gas que escupen llamas de forma continua. Lo que uno no sabe es que vivir junto a estas gigantescas antorchas, es un infierno. En este episodio de Vida en el planeta hablamos de estos mecheros con los que las petroleras queman el exceso de gas generado durante la extracción de hidrocarburos. Una práctica rutinaria en países como México y Ecuador, y que además de ser peligrosa para la salud, genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Según cifras del Banco Mundial, a nivel global, la quema y el venteo de gas representan un desgaste de energía que equivale al consumo anual del continente africano. “El olor ha sido terrible. Mi niña, una vez se desvaneció del fuerte olor que estaba ocasionando la refinería”, contaba en febrero de 2026, una madre de alumna de una escuela ubicada a unos cientos de los mecheros de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el estado mexicano de Tabasco, en un municipio llamado El Paraíso pero que no tiene nada de paradisiaco desde la inauguración de la refinería en 2022. Junto con un colectivo de madres y padres de familia, exige la reubicación de la escuela primaria y del jardín de niños que hoy están a 500 metros de la refinería, a pesar de que la legislación mexicana prohíbe construir instalaciones petroleras a menos de 1 km de centros educativos. En esta tierra de manglares y vegetación tropical, rica en petróleo, los impactos de las emanaciones de gases procedentes de la actividad petrolera no son nuevos. En 2011, el Comité de derechos humanos de Tabasco publicó un informe alarmante: tras analizar la sangre de 50 niños de Torno Largo, otro municipio que colinda con la petrolera, se detectó que el 24% de los menores presentaron "alteraciones cromosómicas" que pueden derivar en cáncer, un mal que los adultos de la región atribuyen a la dispersión de los gases de la petrolera. En 2024, la experta en detección de gases contaminantes Patricia Rodríguez, inspeccionó los alrededores de dicha infraestructura petrolera mexicana y comprobó que las emanaciones de gases eran incompatibles con la presencia de la población. “La industria petrolera quema el metano que procede de estos hidrocarburos. Se quema para transformar este gas en CO2, menos contaminante para la atmósfera. Pero con nuestra cámara pudimos ver que la quema está incompleta. Y junto con el metano, salen otros compuestos como bencenos, tolueno y propano”, asegura Rodríguez, quien coordina el programa de imágenes de gas para la ONG Earth Works, con sede en Washington. Su misión es alertar sobre los impactos destructivos de las industrias extractivas. Con su cámara de detección de gases, la experta realizó en 2024 un recorrido junto con las poblaciones afectadas del municipio de El Paraíso y compartió con RFI sus observaciones. “La escuela está a menos de 500 metros de la refinería. Entonces podemos ver los efectos tóxicos en los niños y en los adultos que viven ahí”. Ruido estruendoso, olores insoportables a huevo podrido, dolores de cabeza, sangrado de nariz, vómitos, náusea, son algunos de los síntomas cotidianos que denuncian los vecinos de la refinería Olmeca y que “muy probablemente tiene que ver con los con los gases que están siendo liberados”, indica Patricia Rodríguez quien, con su cámara, detectó también fugas de gas en tanques y chimeneas. El ‘Caso Mecheros' en Ecuador En Ecuador también, las poblaciones de las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos viven junto a decenas de mecheros de gas. Según cifras de la Unión de Afectadas y Afectados por las Actividades Petroleras de Texaco (UDAPT) publicadas en 2020, en la región del campo Sacha, se han registrado un enfermo de cáncer por cada dos familias. Las ‘Guerreras por la Amazonía', un colectivo de niñas y muchachas, emprendió y ganó una batalla judicial contra los 447 mecheros de las instalaciones petroleras. En 2021, tras una demanda del colectivo de jóvenes de estas regiones amazónicas de Ecuador, un tribunal ordenó al estado eliminar los mecheros del país, priorizando los que están ubicados en zonas pobladas. Sin embargo, a cuatro años de la sentencia, el colectivo de jóvenes ecuatorianas, apoyadas por organizaciones ambientalistas, acusa al estado haber incumplido la sentencia y exige que el gobierno acelere el ritmo. A su paso por París durante una gira para buscar apoyos en esta lucha ambiental, Dannya Bravo, de 14 años, contó al micrófono de RFI cómo se incorporó al colectivo contra los mecheros de gas. Su padre falleció de cáncer, una enfermedad común en la zona. “Pensaba que estos mecheros eran bonitos. Pero conforme pasaba el tiempo, mi mamá, con mi papá tenían que salir de viaje a Quito por los tratamientos porque mi papá tenía cáncer y eso fue algo muy devastador. Entonces me contaron qué es lo que causa el mechero y sus enfermedades”, relató la joven. Escuche la entrevista aquí: Por su parte, la empresa Petroecuador, a cargo de la extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana afirmó a principios de 2026 haber apagado 170 mecheros, es decir el 41 de los que existen en la región. Y promete apagar las otras antorchas de aquí a 2030. Pablo Fajardo, quien batalla desde hace más de dos décadas contra la contaminación petrolera en la Amazonía, es también el abogado de las Guerreras por la Amazonía. Según él, la eliminación de los mecheros tendrá una doble ventaja: permite reducir la contaminación del aire y luchar contra el cambio climático. Las alternativas La preocupación por el cambio climático es lo que ha llevado por ejemplo la Unión Europea a impulsar una política para eliminar también los mecheros de gas en su territorio en los próximos años. Una estrategia que tiene un costo que las petroleras no siempre quieren asumir ya que implica inversiones para la captación y el tratamiento del metano. En varios países en desarrollo, las empresas de hidrocarburos optaron por soltar el gas en la atmósfera, a pesar de los efectos nocivos para poblaciones y para el clima. "Lo mejor sería acabar con esta quema y  que se termine toda esa extracción de petróleo", recomienda Patricia Rodríguez. "Pero para hacer una transición gradual, sería importante empezar con algunas medidas como capturar ese metano para la generación de energía y principalmente para ayudar a las comunidades que están ahí. Pero capturar metano o capturar dióxido de carbono es costoso. Las tecnologías son caras y a veces las industrias prefieren quemar el gas", lamenta la experta. La lucha de las madres y los padres de familia de Tabasco y de las niñas de la Amazonía ecuatoriana es entonces también una batalla por el clima. Los millones de toneladas de metano que emanan de las petroleras representan el 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático.

A pesar de múltiples operativos, la mafia del oro ilegal prolifera en el departamento peruano de Madre de Dios, con consecuencias dramáticas para el medioambiente. En este episodio de Vida en el planeta, conversamos con Manuel Calloquispe, periodista peruano, amenazado de muerte tras haber denunciado el poder de las mafias del oro ilegal en la Amazonía. A principios de febrero, las autoridades peruanas desmantelaron 15 campamentos y destruyeron decenas de dragas para la extracción ilegal de oro. Este enésimo operativo contra la minería clandestina se llevó a cabo en la Amazonía en plena reserva nacional de Tambopata, una zona conocida por su rica biodiversidad, pero cuya zona de amortiguamiento está siendo devastada, como lo muestran las imágenes satelitales. En esta región amazónica, nada parece detener el avance de la minería ilegal. Además de sembrar el terror con un tentacular sistema de extorsión, las mafias que prosperan con el comercio ilegal de oro tumban el bosque y contaminan los ríos con mercurio. En este departamento de Madre de Dios, el periodista local Manuel Calloquispe, corresponsal de varios medios nacionales peruanos, ha documentado la devastación ambiental causada por la minería ilegal responsable de la tala ilegal de miles de hectáreas de bosque tropical, y detalló el poder creciente de las mafias, en particular de un grupo que opera en La Pampa, los “Guardianes de la Trocha”, que lo amenazaron de muerte. “A partir del 2016 aparecen grupos criminales que controlan o protegen a la minería. Ellos eran trabajadores que venían de la zona del centro del Perú, donde hay producción de coca”, recuerda Manuel Calloquispe, al micrófono de Radio Francia Internacional. Escuche el testimonio completo de Manuel Calloquispe: De simples migrantes del interior que buscaban otras oportunidades laborales en la Amazonía con la minería, estos trabajadores que eran ronderos -guardias campesinos- propusieron brindar seguridad a los otros mineros, víctimas de asaltos y robos, cuenta el periodista. Estos hombres armados empezaron protegiendo un campamento minero y una vía de acceso. Pero con los años acabaron conformando un grupo poderoso de unas 80 personas autodenominadas “Los guardianes de la trocha”, al margen de la ley. “También han dado seguridad a los comerciantes, a todo el suministro que trae la minería, han logrado controlar también la compra de oro y al final terminan controlándolo todo. Ahora son grupos criminales que están haciendo minería ilegal”, constata Calloquispe. Las amenazas y el exilio En marzo de 2025, el periodista detalló por ejemplo en un reportaje para Inforegión el ascenso del delincuente Edison Fernández Pérez, alias el Chili, hoy prófugo tras su condena a 15 años de cárcel por el asesinato de un defensor del medioambiente en Madre de Dios. Unos meses después, en agosto de 2025, el periodista se preparaba a sacar otra nota sobre el fracaso de un operativo policial contra mineros ilegales debido a la filtración de información secreta.  Fue entonces cuando recibió una llamada que grabó inmediatamente y en la que un individuo lo amenazó con “arrancarle la cabeza” si seguía publicando notas sobre el grupo mafioso que opera en La Pampa. A raíz de estas amenazas, Manuel Calloquispe se exilió varios meses a Lima, a más de 1000 km de distancia para escapar a las amenazas de muerte de los Guardianes de la trocha. Durante su exilio, la plataforma periodistas internacional Forbidden Stories tomó el relevo de Calloquispe. El colectivo publicó una investigación que documenta la explosión de la deforestación en la región y la expansión de la minería ilegal. A pesar de los operativos policiales, las autoridades aun contabilizan cerca de 5000 máquinas de dragado. A principios de 2026, el periodista Manuel Calloquispe volvió a Puerto Maldonado para continuar con su labor informativa. Trabaja con chaleco antibalas y casco, vive en una casa que cuenta con videovigilancia y recibe protección de un policía. En lo que será un año de elecciones -presidenciales, parlamentarias y municipales-, el comunicador teme que salgan electos candidatos financiados por los intereses mineros. Entrevista: Manuel Calloquispe, periodista peruano, corresponsal de LatinaTV, El Comercio e Inforegión en Madre de Dios.

En Colombia, las autoridades reactivan las aspersiones con glifosato para luchar contra los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, este peligroso herbicida ha dejado un muy mal recuerdo entre las poblaciones rurales en zonas donde se aplicó de forma aérea hasta 2015, fecha en que se suspendió la fumigacion con glifosato debido a los riesgos para la salud humana.  La noticia de la reanudación de las fumigaciones con glifosato en Colombia cayó como un balde de agua fría para miles de familias campesinas que viven de la hoja de coca. Algunas por el temor a perder unos cultivos indispensables para sobrevivir, otras porque creyeron en la promesa de los programas de sustitución de cultivos. Pero las autoridades colombianas decidieron retomar la controvertida política de aspersión de los campos de coca con glifosato, un agrotóxico clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Esta vez las aspersiones se realizarán mediante drones a 1.5m de los cultivos para eludir la justicia colombiana que prohíbe las aspersiones aéreas de glifosato debido a los riesgos para la salud. En la región del Cauca donde iniciarán las aspersiones, el mal recuerdo de la política de aspersión masiva con glifosato con avionetas en los años 90 y 2000 en el marco del Plan Colombia aún sigue vivo. “Hace aproximadamente 20 años ya se vivió para estas regiones el tema de la fumigación con glifosato a través de avionetas. Hoy, 20 años después, pues se siguen sufriendo las secuelas de la aplicación de este químico en los territorios, donde quienes más fueron afectados o donde más se han visto las secuelas ha sido los niños y las madres en gestación, donde se han tenido malformaciones de los fetos. Algunos niños pues desafortunadamente fallecieron”, cuenta a RFI por teléfono el líder campesino William Orozco. “Aquí el campesino sí se ha visto obligado a cultivar mata de coca. Pero es más por necesidad, por el abandono que se ha tenido o la exclusión que se ha tenido por parte de los gobiernos de Colombia”, indica Orozco, quien también es miembro de la COCCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, una organización creada a raíz del Acuerdo de paz de 2016 para negociar una trayectoria de sustitución de cultivos. El líder campesino cuenta que muchas familias que se adhirieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tuvieron que sembrar nuevamente coca ante la insuficiencia de los apoyos estatales de los sucesivos gobiernos. “Algunas familias sin apoyo del gobierno han tratado de emprender sobre otras economías, pero no hay una comercialización asegurada”, lamenta Orozco. Escuche la entrevista completa:  Durante muchos años, Gustavo Petro, actual presidente colombiano, fue un detractor del uso del glifosato. Y es que argumentos contra el glifosato no faltan. Además de su toxicidad, este químico no es tan eficaz como parece. En 2014, el economista colombiano Daniel Mejía y sus colegas calcularon que fumigar una cuadrícula de 100 hectáreas de hoja de coca reduce solo 0,3 hectáreas la presencia de la hoja de coca (ver PDF). El costo de erradicación de una sola hectárea de coca mediante fumigación aérea es de unos 57.000 USD. ¿Qué ha cambiado entonces para que las autoridades colombianas finalmente den este giro? “La reactivación de la aspersión aérea es principalmente geopolítica. Y, hay sectores dentro del Gobierno que están presionando por esa alternativa.”, dijo a RFI Estefanía Ciro, quien coordinó el equipo de investigación sobre narcotráfico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estefanía Ciro, quien dirige el Centro de Pensamiento sobre la Amazonía a la orilla del río, cuestiona las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que indica que el área de los cultivos de coca en Colombia se ha quintuplicado entre 2014 y 2024. “Hay un debate en este momento muy importante sobre la validez de los datos de UNODC En el 2023 lanzan dos datos: que los cultivos crecieron el 10% y la producción de cocaína aumentó un 53%. Pues es algo que no tiene mucha coherencia estadística. Y el presidente Petro dijo que había que revisar estos datos”. La investigadora no niega el aumento de la producción de cocaína, pero es también crítica del uso del glifosato. “No funciona”, afirma tajantemente. “Los millones de hectáreas que fueron trabajadas en el período de 'seguridad democrática' de Álvaro Uribe Vélez muestran que lo que hace [la aspersión con glifosato] es hacer migrar los cultivos.” Las aspersiones con glifosato se retomarán inicialmente en 17 municipios del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, en zonas de gran presencia de cultivos de coca y donde actores armados se disputan las rutas del trasiego de droga.

A pesar de la contaminación masiva de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, un tribunal de arbitraje falló a favor de la petrolera. El Estado ecuatoriano se ve incluso obligado a pagarle a la transnacional una indemnización por los gastos judiciales. Descubra cómo el gigante de los hidrocarburos pasó de victimario a víctima. El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos en la selva tropical, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana. Y a pesar de dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil Amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial: ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. La noticia causó la indignación de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante del colectivo, “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”, se pregunta. Escuche este episodio de Vida en el planeta para entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables: Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación medioambiental, y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una multa de 9500 millones de dólares. Pero Chevron nunca pagó esta cantidad. Y tres décadas después, la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Así lo contó a RFI Natali Casigña, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, en el norte del país.  Casigña lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Casigña cuenta como esta industria ha moldeado el paisaje con fugas recurrentes de petróleo, un olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado. “Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”, cuenta a RFI. Y cuenta llueve abundantemente, “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega. Por su parte, la empresa Chevron-Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo caso judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas en una corte estadounidense. “Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en corte de Sucumbíos donde Chevron operó y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda el abogado. Chevron pide una indemnización por daño a su imagen Y a pesar de las impugnaciones de la transnacional en instancias superiores, la condena fue ratificada tres veces. “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”, subraya Fajardo. A pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya y logró revertir la situación y presentarse como víctima del estado ecuatoriano que fue condenado a pagarle 220 millones de dólares. En 2018, el panel de arbitrajes emitió un laudo arbitral que dispone al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso de Lago Agrio considerando que el país suramericano había violado un tratado bilateral de inversión con EE.UU al condenar a Chevron-Texaco. Una decisión que el jurista tilda de “insulto al derecho”.  “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”, denuncia Pablo Fajardo. En noviembre de 2025, el panel de arbitraje impuso al Estado ecuatoriano que le pague a Chevron “las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio”, analiza Pablo Fajardo. “Esos 220 millones es, en teoría, lo que ha gastado Chevron en su defensa”. Tras alegrarse inicialmente porque la multa “solo” será de 220 millones de dólares, lejos de los 3300 millones que reclamaba Chevron Texaco, a principios de enero de 2026, el procurador general del Estado ecuatoriano Juan Carlos Larrea, cambió de tono e indicó que el gobierno entablará un trámite para reducir el monto a pagar. Los argumentos de Chevron que convencieron a los árbitros judiciales A lo largo de los años, para justificar su negativa en cumplir las sentencias de la justicia ecuatoriana, la empresa ha argumentado que el Estado de Ecuador la había liberado de sus obligaciones de remediación ambiental. Efectivamente, “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, recuerda Pablo Fajardo. “Texaco ‘invirtió' 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”, insiste el abogado de los damnificados. Los tribunales de arbitraje, arma judicial de los inversionistas La condena del estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo. En un informe de 2025, el centro de análisis Transnational Institute con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con indemnización millonarias, o al cabo de un acuerdo de partes. El documento recalca también que el 85% de las demandas fueron iniciadas por empresas estadounidenses, canadienses o europeas y que las empresas de gas, petróleo y de minería representan el 23% de los litigios. Fue para evitar precisamente esta desventaja que desde 2008, Ecuador prohíbe -en su Constitución- a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitrajes. Es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas extranjeras en los países del sur global. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión. han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones de extranjeras”, denuncia el exministro de Energía de Ecuador Alberto Acosta. “Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene algún diferendo con un estado de algún país del Sur Global, pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, insiste Acosta, quien también presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna del 2008. A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron.

En Francia, el 20% de las costas se ven afectadas por la erosión costera, un fenómeno natural pero que se agrava con el cambio climático. Reportaje en el suroeste de Francia, donde el mar avanza cada año tierra adentro, lo que obliga a derribar edificios. Mareas y vientos erosionan cada año las costas francesas del Atlántico. Aquí en Labenne, una localidad costera del suroeste de Francia expuesta a las tormentas invernales, este fenómeno ya es palpable. En la playa, un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial está medio sepultado en la arena, empujada por vientos de más de 100 km por hora. "La muralla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial es una serie de búnkers construidos en las cimas de las dunas. Hoy en día, muchas de estas construcciones se encuentran en medio de las playas o incluso en el agua. Son los testigos de la erosión costera en Francia. Se observa en muchos puntos de la costa de nuestro país y muestra el retroceso de la línea de costa”, indica Nicolas Bernon ingeniero especializado en riesgos naturales. A unos metros de las dunas, la caseta de salvavidas también está condenado a desaparecer. Las autoridades locales optaron por construir otro edificio más alejado de la playa. "Sabemos muy bien que incluso el estacionamiento de la playa está condenado a desaparecer. Lo mismo pasará con los comercios que están cerca de la playa. Habrá que tener en cuenta este avance natural. ¡La naturaleza sigue su curso!”, admite, resignada, Stéphanie Chessoux, alcaldesa de Labenne. A medio kilómetro más al norte en la costa, llegamos a una zona donde la erosión costera produce efectos aún más espectaculares. Aquí, la arena rodea casi por completo el centro marino de Labenne, un antiguo sanatorio construido en 1924 para que enfermos y ancianos pudieran respirar el aire saludable de la costa Atlántica. Un siglo después, este edificio inmenso, construido con hormigón y amianto o asbesto —un material peligroso para la salud—, está cercado por la arena de la playa que avanza poco a poco tierra adentro. “Aquí el océano avanzó y el edificio se deterioró debido a la proximidad del océano. La arena y el aire salino degradaron todo el metal que había dentro del hormigón. Algunas partes fueron abandonadas y quedaron en desuso. Aquí en Aquitania, se dice que, por ejemplo, se pueden perder hasta 2 m de dunas costeras al año. Por ejemplo, hoy, tal vez perdamos 6 m si lo peor de la tormenta tiene lugar durante la marea alta", explica Laure Guilhem Tauzin del Instituto de conservación del Litoral de Aquitanía Las autoridades optaron por desmantelar el edificio corroído por el aire marino: "La idea era, en primer lugar, restaurar la naturaleza, evitar la contaminación marina a medio plazo y también impedir que un inversor que hubiera calculado mal sus costes de inversión volviera a reconstruir este edificio que habría tenido que ser demolido quince o veinte años después", apunta Laure Guilhem Tauzin. Los 12.000 m² de hormigón y asfalto darán paso a un proyecto de restauración de la duna. El instituto de conservación del litoral francés adquirió el terreno para devolverlo a su entorno natural. “Una empresa de ingeniería ecológica vendrá a sembrar plantas nativas de la duna para consolidarla. Mantenemos la duna porque captura la arena. Cuando hay tormentas, impide que la arena se desplace tierra adentro. Es lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. No queremos luchar contra la erosión costera porque consideramos que es un fenómeno natural”, detalla Laure Guilhem-Tauzin.  A pocos metros, una antigua capilla blanca y de techo de tejas anaranjadas corre el mismo peligro de desaparecer en las dunas. Y en Capbreton, el municipio colindante, una planta de tratamiento de aguas residuales quedará sumergida por el mar en unos años. Escuche este reportaje en versión audio: El cambio climático, la otra amenaza de las próximas décadas El fenómeno de la erosión costera ya afecta al 20% de las costas francesas. Y a ello se suma el cambio climático cuyos efectos agravarán aún más el retroceso de la línea de costa. El exceso de gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas provoca una dilatación del océano que aumentará el nivel del mar en unos 60 cm en Francia de aquí a finales del siglo. El fenómeno es estudiado de cerca por Nicolas Bernon, ingeniero especializado en riesgos naturales en el BRGM, instituto francés de investigación geológica. "En los cinturones de dunas, muy presentes en nuestro litoral de Gironda y de las Landas, hemos medido retrocesos de entre 1 y 3 metros al año en promedio. Algunas zonas retroceden hasta seis u ocho metros al año”, constata el ingeniero “Por ejemplo, en el Médoc, se prevé que en 2050 el nivel del mar sea entre 20 y 25 cm superior al actual.  Y a partir de la segunda mitad del siglo XXI, la subida del nivel del mar va a ser una de las principales causas de erosión costera. En 2100 el nivel del mar será a 60 o 70 cm más alto que a principios de siglo. Eso sí que es significativo. El cambio climático aumentará un 20% el nivel del mar”, prevé Nicolas Bernon. De aquí a 2100, Francia se prepara para perder 500.000 hectáreas de litoral, lo que equivale a 700.000 canchas de fútbol. Una tendencia que obliga a adaptarse. Y en muchos casos se opta por soluciones naturales para proteger la costa de las tormentas.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales fue muy esperada por todos los defensores del océano. El acuerdo permitirá crear nuevas areas marinas protegidas en aguas internacionales. En esta edicion de Vida en el planeta, Raphael Moran enfocó reflectos en la reserva de Galápagos, el archipiélago ecuatoriano en el Pacífico, cuya superficie fue extendida en 2022. La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el 17 de enero abre nuevas perspectivas para proteger el 30% de los océanos del planeta, el objetivo que se han fijado las naciones del mundo para frenar la gravísima pérdida de biodiversidad a causa de las actividades humanas. Para alcanzar esta meta, será indispensable crear áreas marinas protegidas no solo en aguas nacionales, sino en alta mar, para que aves, tortugas, peces y mamíferos marinos puedan migrar, alimentarse y reproducirse sin peligro. En Latinoamérica, una de las reservas más emblemáticas es la de Galápagos, en aguas Ecuatorianas. Un remanso de 133.000 km cuadrados para las especies en vía de extinción y que fue reconocido como reserva de la biosfera, por su especial contribución a la conservación de ecosistemas y la investigación científica. En octubre pasado, esta reserva se extendió en 60.000 km cuadrados con la inclusión de la Reserva Marina Hermandad para crear un verdadero corredor migratorio entre las aguas protegidas de las costas de Costa Rica y Ecuador. "En el Pacífico este tropical, teníamos áreas marinas protegidas importantes pero aisladas", por lo que la creación de la reserva Hermandad fue creada para conectar la Reserva de Galápagos con el Área Marina de Bicentenario en aguas costarricences, subraya Susana Cárdenas, profesora, directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, y copresidenta del fondo Galapagos Live Fund que canaliza recursos para la reserva.  "Ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas como tiburones martillo, tortugas marinas y varias especies de ballenas que usan estos corredores como rutas migratorias, pero que no estaban protegidos", detalla Cárdenas. Respecto al manejo de la nueva reserva Hermandad, de los 60.000 km2 de protección, 30.000 km2 son de protección total donde no se permite realizar actividad de captura de especies ni industrial ni artesanal. "A los dos extremos, hay dos franjas que suman 30.000 km2 donde solamente se permite la pesca de cerco, que tiene menos tasa de pesca incidental que la pesca palangrera", detalla la investigadora. Y para que estos espacios protegidos no se  conviertan en reservas de papel, es necesario contar con una fuerza naval capaz de interceptar las embarcaciones que pescan ilegalmente. Para ello, las fuerzas ecuatorianas cuentan con el apoyo de Diana Vinueza, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. La  bióloga detalla a RFI cómo funciona el software Themis, desarrollado por una empresa francesa, que utilizan para monitorear la actividad marina de los buques en la zona. "Esta plafatorma te ayuda a ver en una pantalla todas las embarcaciones que tienen sistema de monitoreo que navegan en la zona", explica Vinueza. Escuche la entrevista completa: La bióloga también abordó el llamado efecto derrame de las reservas marinas para la pesca, es decir que los stocks de peces aumentan también en las áreas cercanas a la reserva. Un fenómeno que se ha observado en el Mediterráneo con las langostas y en Atlántico con el bacalao. La creación de áreas marinas protegidas en aguas internacional podría facilitar la lucha contra la flota asiática de barcos factorías que pescan con métodos agresivos al límite de las zonas nacionales. Un fenómeno que enfrentan varios países latinoamericanos. En 2020 por ejemplo, decenas de estos buques se alinearon como una especie de muralla al límite de las aguas generosas de la reserva de Galápagos para capturar calamares. Y algunos apagaron sus radares para no ser rastreados. Los defensores de los océanos piden una regulación más estricta de la pesca a nivel internacional para que sea menos dañina para la biodiversidad. Y la creación de áreas marinas protegidas gracias al nuevo Tratado de Alta Mar permitirá avanzar en este sentido. Entrevistas: -Diana Vinueza, bióloga, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. -Susana Cárdenas, profesora y directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador.

Defensores del medioambiente y de las comunidades locales denuncian la irresponsabilidad de la empresa franco británica Perenco que extrajo petróleo en la selva de Petén, en plena reserva protegida. La actividad petrolera, que concluyó en agosto de 2025, dejó pasivos ambientales y costos millonarios al estado guatemalteco. Esta es la historia del controvertido campo Xan, una instalación petrolera en plena Reserva de la Biósfera Maya del Petén, el principal espacio protegido de Guatemala en el norte del país. Durante cuatro décadas, las empresas Basic Ressources y Perenco sacaron miles de barriles de petróleo del subsuelo hasta que el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo diera por terminada la licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2025. Los motivos para cerrar esta explotación, que representaba el 90% de la producción nacional, eran múltiples. Primero, una producción que caía en picada. De más de 9 millones de barriles producidos en 1998 al pico de la producción, el campo Xan solo produjo 1,8 millón de barriles en 2024. La explotación petrolera en la reserva de la Laguna del Tigre no solo ya no era rentable, sino que le generaba más costos que ganancias al Estado guatemalteco. El estado guatemalteco, en desventaja económica El contrato petrolero contenía una cláusula que preveía el reembolso de “costos recuperables”, es decir reembolsos que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala pagaba a la multinacional petrolera Perenco para compensar los gastos de funcionamiento del campo petrolero. Un mecanismo en el que, a fin de cuentas, Guatemala acabó gastando más de lo que recibía por la explotación petrolera. En un informe de 2023, el Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala (OEI), con el apoyo de la ONG Oxfam, indica que " al comparar los datos de ingresos y costos recuperables, durante los años 2009 al 2018, el Estado de Guatemala recibió producto de la extracción de hidrocarburos alrededor de 732 millones de dólares americanos y devolvió a empresas petroleras USD 883 millones; es decir, por cada dólar ganado tuvo que invertir 1.21 dólares”. Y en su informe más reciente, el OIE observa que “la disminución de la producción de barriles no fue acompañada por una reducción de los costos recuperables.  Los datos disponibles indican que entre 2010 y 2021 Guatemala perdió el equivalente a 77.731.274 de dólares americanos para mantener las operaciones petroleras del contrato 2-85”. Los pasivos ambientales A los costos económicos se suma la devastación ambiental, razón por la cual el gobierno del presidente Arévalo también decidió cerrar el campo petrolero. “Los ministerios de Guatemala han calculado entre 6000 y 10.000 hectáreas de bosque perdido” en el conjunto del biotopo de la Laguna del Tigre en el que está ubicado el polígono del contrato petrolero, recuerda Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas. La deforestación se debe no solo a la apertura de brechas en el bosque para las instalaciones petroleras, sino también a la construcción de caminos “que poco a poco han ido colonizando el parque. Este impacto indirecto de deforestación se lo atribuimos a las empresas petroleras que iniciaron las actividades humanas en la región”, acusa Gabriela Muñoz. La actividad petrolera inició antes de la creación de la reserva de la Laguna del Tigre. Pero entre los años 2001 y 2010, los gobiernos de la época decidieron prorrogar el contrato petrolero. “A través de alianzas con actores antidemocráticos asociados al crimen organizado, ha logrado moldear la regulación ambiental y de industria petrolera para que se ajuste a sus necesidades. Fue a través de este tipo de desregulación que lograron posicionarse en el área protegida”, lamenta la investigadora. Comunidades locales denuncian contaminación Un activista defensor de los derechos de las comunidades de la región de la Laguna del Tigre acusa también a la empresa Perenco de irresponsabilidad ambiental. “No se contó con un cierre seguro que garantizara la no contaminación en el área. Es notorio el mal olor a azufre en la zona. Y los tanques de aguas ácidas que utilizaba la empresa para inyectar a los pozos se quedaron en estanques en mal estado. Con las lluvias se desbordan y van a dar a las lagunas”, alerta el activista que pidió mantenerse en el anonimato. El impacto para la salud de las poblaciones locales que vive alrededor del campo Xan es otra incógnita. “No tenemos pruebas porque no hemos encontrado un profesional de salud independiente para hacer un estudio, pero hemos visto muchas alergias en la piel y que son más frecuentes en esta región”, dijo el activista a RFI. La respuesta de Perenco Contactada por Radio Francia Internacional, la transnacional Perenco asegura que "al finalizar las licencias de Perenco Guatemala el 12 de agosto de 2025, la Secretaría de Energía y Minas de Guatemala confirmó haber recibido todos los activos en óptimas condiciones operativas, debidamente asegurados, en condiciones ambientales adecuadas y sin afectación ambiental, tras tres auditorías in situ". En un correo electrónico dirigido a RFI el 9 de diciembre, un portavoz de Perenco niega cualquier responsabilidad en la deforestación en el área. La empresa afirma que le correspondía al estado velar por el uso de suelo y afirma que la deforestación ligada a la expansión de la ganadería se debe a las comunidades locales. Un representante comunitario consultado por RFI acusa en cambio a empresas madereras de haber saqueado el bosque, con complicidad de responsables políticos de la época. La transnacional, con sede en París y Londres, asegura también que contribuyó al desarrollo social y económico del país. Pero para el representante de una de las comunidades locales consultado por RFI, los años de explotación petrolera fueron sinónimos de represión y pobreza. ¿Quién pagará por la restauración ambiental de la zona? ¿Cómo limpiar las aguas y los suelos contaminados? ¿Cómo asegurarse del buen cierre de los 59 pozos de las instalaciones del campo Xan? El gobierno de Guatemala estimó en 50 millones de dólares el costo inmediato para la clausura del campo Xan. Un gasto que será pagado por los contribuyentes guatemaltecos.  Entrevistas: -Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala. -Un defensor de los derechos y comunitario de la región.

¿Qué hacer para resucitar los lagos andinos? En Bolivia, el lago Uru Uru en Bolivia sufre de una triple contaminación debido a los desechos plásticos, el vertido de aguas usadas y de desechos mineros. Una ONG de jóvenes bolivianos de Oruro desarrolló un método natural para purificar las aguas. El Lago Uru Uru ubicado en el altiplano boliviano fue hasta hace unas décadas un extenso espejo agua, refugio de decenas de miles de flamencos y más 70 otras especies naturales. Sus aguas estaban tan limpias que eran potables y la abundancia de peces brindaba un sustento valioso para las familias que vivían en sus orillas.  Sin embargo, el crecimiento demográfico de la ciudad vecina de Oruro y el auge de la minería ponen en peligro el lago Uru Uru, clasificado en la lista Ramsar de los humedales vitales para la biodiversidad mundial.  En muchas zonas, el lago Uru Uru se ha convertido en un cementerio de botellas de plástico y de sus aguas se desprenden un olor fétido por la llegada de aguas usadas de Oruro. En 2025 cincuenta toneladas de plásticos y residuos sólidos fueron recolectadas en una campaña de limpieza del lago. A ello se añade la contaminación por la escorrentía de metales pesados procedentes de los desechos mineros de plata y oro de San José y Kori Chaca. En 2018, un análisis del Centro de Ecología CEP reveló niveles de manganeso, níquel y arsénico tan altos que el agua no es apto para el consumo.  Hace 5 años, organizaciones de la sociedad civil boliviana llevaron el caso de la contaminación de la Uru Uru ante la justicia. Como resultado de esta acción, el Tribunal Constitucional de Bolivia obligó a las autoridades locales de Oruro a ejecutar políticas de remediación ambiental en el cuerpo de agua.  Iniciativa ciudadana En paralelo, jóvenes de la región, principalmente mujeres e indígenas, crearon Uru Uru team para salvar el agua con un método basado en la naturaleza misma: la fitorremediación.  La organización liderada por Dayana Blanco fue reconocida con el premio Iniciativa Ecuatorial de Naciones Unidas en 2023. Y hace unos meses, la ONG Women engaged for a common future otorgó el premio Género y soluciones climáticas justas al equipo Uru Uru por sus labores de regeneración del lago sin el uso de tecnología.  RFI conversó con Gustavo Blanco, cofundador de la ONG Uru Uru y que acudió a la Cumbre Climática de Belém de Brasil para recibir el premio. Escuche su entrevista completa conducida por Raphaël Morán de RFI: En 2019, la organización de la que Gustavo es parte ha optado por la fitorremediación, una técnica natural que consiste en utilizar las plantas para capturar metales pesados en los suelos y las aguas contaminadas. Su equipo instala balsas flotantes para que las plántulas de totora, una planta tradicional de los lagos andinos, estén en contacto con la superficie del agua sin hundirse. Para medir los efectos de la fitorremediación, la ONG encargó pruebas de laboratorio que encontraron que las áreas en el lago con totora habían reducido la contaminación con metales pesados en un 30%.   En cuanto a la contaminación plástica, la tendencia es alentadora: según la empresa municipal encargada de limpiar el lago, la cantidad de botellas, envases, juguetes y otros desechos plásticos ha ido disminuyendo con los años pasando de 300 toneladas levantadas en 2021 a 50 toneladas en 2025. Ello gracias a la colocación de rejillas en los canales de drenaje del lago, para evitar el paso de plásticos al lago.  Imágenes del lago Uru Uru por el Premio Ecuator de Naciones Unidas:

En materia de leyes ambientales, la Unión Europea ha sido históricamente pionera en materia de leyes climáticas y para proteger a sus ciudadanos contra las sustancias tóxicas. Pero a lo largo del año 2025, Bruselas ha dado varios pasos atrás y ha debilitado varias normativas. Europa ya no impondrá 100% de venta de vehículos eléctricos en 2035 por ejemplo. El Pacto Verde fue sin duda el paquete de leyes europeas más ambiciosas de la legislatura pasada. En 2019, la presidenta del ejecutivo europeo Ursula Von der Leyen lo comparó entonces con la llegada del ser humano en la Luna. Buscaba por ejemplo reducir drásticamente las emisiones de CO2, proteger y restaurar la biodiversidad, favorecer la economía circular y reducir el uso de pesticidas. Sin embargo, desde su reelección al cargo de presidenta de la Comisión Europa, la retórica de Von der Leyen ha cambiado. Si bien, promete mantener el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, la Unión Europa privilegia ahora una narrativa de simplificación de las normas, de promoción de la competitividad de las empresas y de pragmatismo. La Unión Europea pospuso 1 año por ejemplo su normativa pionera para vetar las importaciones de productos que proceden de zonas deforestadas. Bruselas flexibilizó también el deber de vigilancia de las transnacionales europeas, las normas serán menos estrictas para el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales en el extranjero. A principios de diciembre, el Parlamento europeo autorizó las controvertidas nuevas técnicas genómicas para editar semillas transgénicas en la agricultura... Y la lista de los retrocesos y medidas de flexibilización de las normas ambientales es larga, pero en esta edición de Vida en el Planeta, el podcast ambiental de Radio Francia Internacional nos centraremos en dos. El ejecutivo europeo propone primero renunciar a una de sus medidas más emblemáticas: el veto a la venta de vehículos con motores de combustión interna. Era una decisión clave para reducir las emisiones de CO2 del sector transporte y debía aplicarse de forma incondicional en 2035. Pero la industria automotriz europea logró que se suavizará esta medida. Ya no se habla de prohibir los motores de combustión interna sino de “reducir las emisiones”. Si se aprueba la nueva propuesta de la Comisión Europa, en lugar de la prohibición inicial, los fabricantes tendrán que reducir un 90% las emisiones de CO2 de sus ventas y podrán compensar el 10% restante. Es decir que podrán seguir vendiendo un número limitado de autos de gasolina o diésel. De este retroceso hablamos con Nicolas Berghmans analista en políticas industriales y climáticas en el laboratorio de ideas IDDRI en París. Escuche la entrevista:  Bruselas propuso también en diciembre flexibilizar su política sobre pesticidas. Hasta ahora la Unión tenía una política bastante estricta para limitar el uso de los pesticidas más peligrosos. Pero a petición de los lobbies agroindustriales, la Comisión Europea propuse autorizar algunas sustancias pesticidas sin límite de tiempo. De confirmarse, esto sería un giro explica Martin Dermine, director de la Red de Acción Europea contra los Pesticidas (PAN), ONG basada en Bruselas. Esta flexibilización de las normas ambientales europeas despertó las alarmas de la sociedad civil cada vez más movilizada y sensibilizada contra los efectos nocivos pesticidas en el continente.

A una década de la firma de este pacto clave para limitar el calentamiento global, RFI evalúa los efectos concretos del Acuerdo de París. Según varios especialistas en política climática, aquel pacto diplomático sí ha tenido efectos positivos, aunque claramente insuficientes para limitar a 1.5°C el aumento de las temperaturas globales.  A 10 años de su firma por 193 países tras la Cumbre climática COP21 que se llevó a cabo en la capital francesa en 2015, ha llegado la hora del balance para el Acuerdo de París. RFI consultó a cuatro expertos en política climática para responder a las preguntas esenciales sobre lo que queda hoy del pacto.   1. ¿Por qué el Acuerdo de París de 2015 fue un hito de la diplomacia climática?  Eran un poco más de las 7 de la noche el sábado 12 de diciembre cuando el canciller francés Laurent Fabius pronunció una frase que para muchos defensoras y defensores del clima significó un punto de inflexión: “¡El Acuerdo de París fue aceptado!” concluía la Cumbre Climática COP21 de París, y el diplomático que presidió los debates golpeó simbólicamente su mesa con un martillo verde de madera para dar por terminados los debates.  “Fue la primera vez en la historia que obtuvimos un acuerdo universal. Esto suponía una gran diferencia con respecto a los acuerdos anteriores que solo afectaban a los países ricos y desarrollados”, destaca Emmanuel Guérin, uno de los diplomáticos franceses que elaboró el Acuerdo de París.  Además, el texto abarca “la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, el financiamiento y la tecnología”, recuerda.   En cuanto a su estructura. “Es muy sencilla,” enfatiza Guérin. Tiene un objetivo principal “que es limitar el aumento de las temperaturas muy por debajo de los 2 °C y hacer absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para limitar ese aumento a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales”, un umbral definido por los científicos como clave para evitar catástrofes irreversibles en el planeta tierra como sequías, huracanes o aumento del nivel del mar.  El texto ratifica además el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. “El cambio climático es una consecuencia de un sistema inequitativo que no ha reconocido los límites del planeta (...), un sistema que tenemos que cambiar, pero reconociendo que los grandes emisores tienen una mayor responsabilidad ello”, resume Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro de Ambiente de Perú y entonces presidente de la COP20 de Lima que precedió la Cumbre climática de París.  Según este principio, los 24 países del Anexo II de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC) reconocen su mayor responsabilidad en el financiamiento de los países en desarrollo.  “Hay gente que se pregunta, ‘¿cómo un acuerdo de base voluntaria, que no establece metas precisa sin mecanismo de sanciones, puede ser tan valioso?'”, reconoce Manuel Pulgar-Vidal. Y responde: “Primero, el Acuerdo tiene un umbral máximo de aumento de la temperatura de 1.5°C de aquí a finales del siglo.  Tiene un objetivo de mitigación para reducir las emisiones y un objetivo de adaptación al cambio climático”.   Para ello, todos los países del mundo se comprometieron entonces a entregar planes climáticos nacionales según sus respectivos niveles de desarrollo, rendir cuentas y actualizarlos cada 5 años en función de las recomendaciones científicas.    “El objetivo de 1.5°C no es vinculante per se. Lo que es vinculante es el hecho de presentar públicamente planes climáticos cada 5 años más ambiciosos”, aclara el asesor diplomático Emmanuel Guérin.  Sin embargo, el Acuerdo de París se ha convertido en un referente del derecho internacional, como lo recordó la Corte Internacional de Justicia en su fallo de julio de 2025. Los magistrados de la Corte dictaminaron que el cumplimiento del Acuerdo de París forma parte del corpus de las obligaciones de los Estados en materia climática.  Y aunque Estados Unidos se retiró nuevamente del acuerdo, el texto sigue siendo una fuente de inspiración en muchas áreas. Esto explica por qué, a pesar del climatoescepticismo del presidente Milei, Argentina no ha abandonado el Acuerdo de París, constata Emmanuel Guérin: “En el proyecto de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, existe una mención explícita al Acuerdo de París. Y para obtener beneficios de este acuerdo comercial, hay que cumplir con el Acuerdo de París. Por eso Argentina no se ha retirado del proyecto”.     3. Las temperaturas globales están a punto de superar 1.5°C de aumento. ¿Ha quedado en papel mojado el Acuerdo de Paris? No. Según indican las previsiones de calentamiento global, el boom de las energías renovables que se observa desde la firma del Acuerdo de París ha permitido limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esta manera aplanar la curva del calentamiento global.  “Desde la adopción del Acuerdo de París hace diez años, las previsiones de alza temperaturas globales han pasado de alrededor de 3,5 °C a 2,5 °C a finales del siglo”, indica Naciones Unidas. Como cada grado de calentamiento cuenta, el mundo experimenta ahora una media de 11 días calurosos adicionales al año con un calentamiento adicional de 0,3 °C desde 2015, constatan los científicos de World Weather Attribution.  Y en un mundo con 2,6 °C más, eso supone un aumento de 57 días calurosos adicionales al año en comparación con la actualidad, mientras que, con 4 °C de calentamiento global, el aumento sería de 114 días calurosos adicionales al año.  Actualmente, el mundo se encamina a una reducción de las emisiones mundiales de un 15 % en 2030 con respecto a los niveles de 2019. Esta reducción sigue estando muy por debajo del 55 % de reducción necesario en 2035 para alinearse con el objetivo de 1.5°C.  Esta ambición insuficiente se debe a nuestra “adicción” a los combustibles fósiles, según denunció el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres.     La expansión de la producción de combustibles fósiles y la falta de recursos financieros de muchos países en desarrollo para financiar su transición verde explican este atraso en el cumplimiento del Acuerdo de París. Naciones como Ecuador, Nigeria, Irán o México- aún dependen de los ingresos petroleros para sus ingresos nacionales.  “Hace más de diez años, los países ricos se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y reducir sus emisiones. Pero el balance de estos compromisos es hoy muy desigual. No solo no se ha alcanzado la cifra de 100 000 millones, sino que además esta financiación se concede en gran medida en forma de préstamos”, lamenta la ONG de lucha contra la pobreza Oxfam. El financiamento sigue siendo uno de los retos pendientes de la diplomacia climática.      4. ¿Cuáles han sido los efectos más concretos del Acuerdo de París?  "El Acuerdo de París fue muy importante para dar una señal. Y hay países y regiones que han actuado en base a este acuerdo”, se alegra el climatólogo peruano Eduardo Calvo-Buendía. “Es el caso de China que está revirtiendo sus emisiones urbanas e industriales. Están los esfuerzos de la Unión Europea y los países latinoamericanos de la alianza Ailac con alta ambición. No estuviese sido posible sin el Acuerdo de París”.  En concreto, esta ambición se traduce con el boom de la instalación de paneles solares fotovoltaicos en China, nación que se ha convertido en la primera potencia en materia de tecnologías verdes. Los costos de dicha energía han bajado un 80% desde 2014.  "El mayor impulso que dio el acuerdo de París es económico”, confirma el exministro de Ambiente Manuel Pulgar-Vidal. “Hay un boom de la tecnología solar, eólica, el hidrógeno verde y países están haciendo pruebas para la fusión nuclear que podría ser una fuente de energía para el futuro, que es sin residuos”, observa.   Para el director del laboratorio de ideas Iniciativa Climática de México (ICM) Adrián Fernández Bremauntz, el pacto firmado en París llevó al “acta de defunción del automóvil de combustión interna. Ya tiene una fecha de muerte: después de 2035, en prácticamente ninguno de los grandes mercados del mundo se venderán vehículos que tengan un motor de combustión interna”. En Noruega, por ejemplo, 9 de cada 10 nuevos vehículos vendidos son eléctricos.  “Por supuesto que los vehículos eléctricos no son la panacea, pero en términos de emisiones tanto de gases que afectan la salud como de CO2 que afecta el clima, van a desaparecer. Entonces tenemos que asegurarnos que la producción de estos vehículos, de sus baterías tampoco llegue asociado a emisiones de CO2”, advierte Fernández Bremauntz.  “Así también tenemos que existir el carbón, los combustibles fosiles y el gas”, concluye el experto en transición energética.      5. Ahora que EE.UU., segundo emisor global de CO2 se retiró del Acuerdo de París, ¿sigue siendo válido el pacto?  Donald Trump, presidente climatoescéptico y partidario de los combustibles fósiles, retiró su país del Acuerdo de París tan pronto como volvió al podern en enero de 2025. Su administración retiró también los incentivos financieros a la ciencia climática y boicoteó la COP30 de Belém. Pero una alianza de políticos y gobernantes locales ha tomado el relevo para mantener firmes los objetivos del Acuerdo de París y hasta ahora, ningún otro país ha seguido los pasos de Estados Unidos.  “Estos 24 estados (de Estados Unidos) han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 24 % por debajo de los niveles de 2005, al tiempo que han aumentado el PIB colectivo en un 34 %”, afirmó Gina McCarthy, ex asesora del gobierno de Joe Biden para los asuntos climáticos y codirectora de America is All in, una alianza de gobiernos locales que mandaron representantes a la Cumbre Climática de Belém, para reiterar que la transición energética puede generar beneficios económicos.  Las circunstancias geopolíticas actuales, sin embargo, son “retadoras”, reconoce Manuel Pulgar-Vidal, veterano de las cumbres climáticas. “El negacionismo climático que se ha incrementado fundamentalmente por partidos de extrema derecha, las guerras militares, completadas por las guerras comerciales y el incremento de los presupuestos de defensa definitivamente amenazan el cumplimiento acelerado de las metas climáticas”, detalla Pulgar-Vidal. "Hoy, un acuerdo como el de París sería imposible", concedió a RFI el entonces presidente de la COP21 Laurent Fabius. “Pero el proceso multilateral sigue siendo importante. El Acuerdo de París se sustenta en metas muy concretas de mediano plazo, como tener emisiones netas cero de CO2 en 2050, mientras que los problemas de geopolítica tienen una temporalidad más corta”, confía el exministro peruano Pulgar-Vidal. 

En Brasil, los pueblos indígenas de la Amazonía se movilizaron durante la COP30 contra el "Ferrograo", un proyecto de corredor logístico de más de 1000 km para acelerar la exportación de soja a China. Ambientalistas e indígenas temen que el proyecto, que incluye un ferrocarril y un corredor fluvial, incentive aún más la deforestación para la expansión agrícola. Durante la cumbre climática COP30 de Brasil, activistas indígenas protagonizaron una protesta inédita: el 12 de noviembre invadieron pacíficamente la entrada el pabellón de la zona azul donde los delegados políticos de decenas de países estaban dialogando. Unos días después, representantes de los pueblos Tupinambá y Munduruku bloquearon la entrada de esta zona nuevamente para exigir la demarcación de sus tierras y la suspensión del proyecto un corredor logístico amazónico bautizado “Ferrograo”. Este ferrocarril de 933km uniría las ciudades de Sinop en el Mato Grosso, principal región de producción de soja, a Miritituba un puerto fluvial del estado de Pará a orillas del río Tapajós. Actualmente, la abundante producción de granos de Mato Grosso recorre este camino a bordo de camiones en la carretera Br-319. Luego, la mercancía es desembarcada en el puerto de Miritituba para luego recorrer el río Amazonas hacia el Atlántico y ser exportado a Asia para alimentar el ganado. El gobierno de Lula da Silva, de la mano con el poderoso sector agroindustrial brasileño planea entonces construir el "Ferrograo" un ferrocarril de 933 km para bajar los costos de transporte de maíz, soja y harina. El ministro de transporte de Brasil calificó este corredor logístico de “indispensable” para consolidar a Brasil como un líder de la exportación de granos y su gobierno promete una reducción de al menos un 30% los costos de flete y un tiempo de transporte dividido por dos. A ello se suma un argumento ecológico en tiempo de crisis climático: el transporte en tren permitiría además reducir las filas de camiones y así bajar las emisiones de CO2. “Actualmente, la principal ruta pasa por el sureste, por el puerto de Santos en San Paulo, entonces el ferrocarril bajaría el precio para pasar por la vía fluvial del Tapajos”, confirma la investigadora del Grupo de Trabajo Infra en políticas de infraestructuras públicas Renata Utsunomiya, coautora en marzo de 2025 de un informe técnico sobre los impactos del Ferrograo. “Pero el proyecto podría favorecer la deforestación. además, hay registros de 6 pueblos en aislamiento en la región. Y el gobierno ha intentado recortar áreas de un parque nacional para el proyecto”, constata la investigadora, entrevistada durante la COP30 de Belém. Por este motivo, el proyecto titánico de 3800 millones de dólares se encuentra actualmente en manos del tribunal supremo de Brasil. Organizaciones ambientales y el partido de izquierda PSOL impugnaron una ley que planea recortar 800 hectáreas del parque nacional Jamaxim (estado de Pará) para construir el ferrocarril. En su informe de 2025, los autores del Grupo de Trabajo Infra estiman que la creación de este ferrocarril podría agravar cuatro tipos de amenazas que ya pesan sobre la región: acaparamiento de tierras públicas con fines especulativos, deforestación, afectación a áreas protegidas y territorios indígenas y amenaza al patrimonio arqueológico de la región.   “Hay estudios que consideran que el Ferrograo podría causar cerca de 10 millones de hectáreas de deforestación”, alerta Renata Utsunomiya. En 2020, un informe de la Universidad de Minas Gerais indicó que “la reducción del coste del transporte fomenta el aumento de la producción agrícola, lo que motiva la conversión de áreas aptas para la agricultura, ya sean pastizales o vegetación nativa”. Para elaborar sus previsiones, los especialistas se basaron en los daños ambientales que ocurrieron desde la construcción de la BR-319, la carretera actual que une Sinop a Miritituba, edificada en los años 1960 pero que ya no da abasto para transportar los granos hacia el río Tapajós. El Ferrograo sería paralelo a esta carretera. “Desde 2004, con el anuncio de la pavimentación de la BR-163, se intensificaron la deforestación y las quemas en la región del Tapajós, relacionadas con la presión por la tierra”, recuerdan los expertos del Grupo de Trabajo Infra. El Corredor fluvial: dragado y explosiones El proyecto logístico despertó también el temor de varias comunidades indígenas amazónicas, testigos directos de la destrucción del bosque amazónico convertido en inmensos cultivos de soja, maíz y palma. El territorio del pueblo cayapó del cacique Raoni se encuentra por ejemplo a 30 km del trazado de la futura ferrovía. Los asentamientos Munduruku en Itaituba están aún más cerca. En la cumbre climática de Belém, Raquel Tupimambá, líder Tupinambá del Tapajós, agricultora e investigadora en antropología social en la Universidad do Brasil, fue una de las representantes indígenas que alza la voz contra el Ferrograo. "Este proyecto representa para nosotros la continuidad del modelo de desarrollo pensado para la Amazonía, ese modelo que domina el mundo y que ve la selva, la Amazonía y sus pueblos como periferia, como un lugar para ser explotado”, comentó la activista en entrevista con RFI. Al Ferrograo se añade además un proyecto de corredor fluvial bautizado “Hidrovía del río Tapajós”. Actualmente, decenas de barcazas llenas de granos ya circulan en este río. Y para cumplir con el objetivo de pasar de 20 millones a 40 millones de toneladas transportadas anualmente, el gobierno de Brasil planea un dragado del río Tapajós. Actualmente, la navegación de barcazas de gran calado en este río se ve amenazada en varios puntos en épocas de sequías, presentan riesgos para la navegación debido a su poca profundidad. Hace un año, Raquel Tupinamba participó en el bloqueo temporal del transporte de granos en el río Tapajos para alertar sobre los posibles impactos de la “Hidrovía”. "El corredor fluvial representa un peligro porque atraviesa nuestro territorio. Y esto es lo que ocurre: la Hidrovía Tapajós está prevista y se encuentra en fase de planificación, incluso ahora se ha promulgado el decreto 12.600, firmado por el presidente Lula, que permite la privatización del Tapajós para que alguna empresa lleve a cabo el proceso de excavación del río y la destrucción de rocas sagradas. Pretenden destruir estas rocas que para nosotros son espacios sagrados, donde viven los seres encantados que nos protegen, pero también son criaderos de peces y quelonios”, comenta Raquel Tupinambá. “Y sí se retiran los sedimentos que se encuentran en el fondo del río, que es donde se acumula el mercurio, existe la posibilidad de que también aumente la acumulación de mercurio en los peces y en nosotros, como población humana que vivimos allí, en la ribera del Tapajós, y que consumimos pescado todos los días”, agrega la líder autóctona. Antes de que inicien las obras, los representantes indígenas exigen además ser consultados. “No se nos consultó sobre este proyecto Ferrogrão, al igual que tampoco se nos consultó sobre el proyecto de la hidrovía Tapajós. La consulta esa es una de nuestras peticiones, una de nuestras reivindicaciones al Gobierno. Además, es obligatoria”, recuerda Raquel Tupinambá. A raíz de la movilización y la presión de los pueblos indígenas en la COP30, el ministro de la presidencia de Lula se comprometió recientemente a realizar la consulta con los pueblos sobre la hidrovía. El abogado del instituto que representa a los pueblos indígenas asegura por su parte que la batalla legal continuara para frenar este megaproyecto, símbolo del sector del agronegocio.

Más de 600 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (GIEC) están reunidos en Francia para iniciar las labores del próximo informe sobre el cambio climático. RFI conversó con un climatólogo y miembro del panel, acerca de los nuevos retos climáticos que surgen en este contexto de agravamiento de la crisis climática y de climatoescepticismo del presidente estadounidense. En un contexto de climatoescepticismo creciente de varios responsables políticos en Europa y en Estados Unidos, Francia reunió esta semana a los científicos más destacados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) para respaldar su trabajo.   El GIEC entrega cada 5 o 7 años informes científicos de referencia para los gobiernos, y se divide en tres grupos: el Grupo I, que estudia las causas físicas del calentamiento global; el Grupo II que se dedica a evaluar en los impactos de este fenómeno global, mientras que el Grupo III compila los datos científicos sobre la mitigación del cambio climático.   RFI conversó con el climatólogo peruano Eduardo Calvo, uno de los vicepresidentes del tercer grupo de trabajo del GIEC.  RFI: El gobierno de Estados Unidos retiró su apoyo financiero e institucional a los científicos que estudian el clima. ¿Qué impacto he tenido esta decisión para la ciencia climática?  Eduardo Calvo: Sobre la mayor parte de países, esto no ha tenido un impacto relevante. Sin embargo, [para Estados Unidos], una de las grandes economías, gran donante para el fondo del fideicomiso del GIEC, y fuente de múltiples científicos altamente valorados y respetados, pues lo que nos hemos visto es que ha habido un recorte en todo el financiamiento y no sólo el financiamiento, sino también el apoyo laboral, profesional a los participantes.  Escuche el audio de la entrevista con Eduardo Calvo, climatólogo peruano:   RFI: El gobierno de Estados Unidos prohibió a los científicos estadounidenses participar en algunas sesiones intermediarias del GIEC. ¿Cómo han logrado mantener su presencia estos destacados científicos estadounidenses en los grupos de trabajo?  Eduardo Calvo: Por suerte hay muchas entidades de diferentes niveles, también de gobiernos de los diferentes estados, gobiernos locales y sobre todo la comunidad científica y de investigación que les ha brindado un gran apoyo. Como vemos, la mayoría de ellos hoy están aquí y tenemos por suerte la posibilidad de contar con su valiosa experiencia.  RFI: Se están cumpliendo 10 años desde que se firmó el Acuerdo de París, este pacto clave para luchar contra el cambio climático en el que la comunidad internacional se compromete a limitar a +1.5 °C el aumento de la temperatura global. Esta cifra fue fijada por los climatólogos como usted. ¿Por qué se eligió esta referencia precisa?  Eduardo Calvo: El [umbral de] 1.5°C se convirtió en un esquema emblemático que sería lo que nos permitiría mantenernos dentro de los umbrales que consideramos seguros. En realidad, el acuerdo de París habla de no superar los 2°C en un primer lugar o mantenerse tan debajo de los 2°C como se pueda y en algunos pasajes hace la mención de que nuestra primera valla de seguridad debería ser 1.5°C. Lo cual se veía como un objetivo aspiracional sumamente difícil.   Lamentablemente 2024 ya nos muestra de que, como un año individual, pues este el número ya ha sido superado.  RFI: ¿Puede darnos ejemplos de cómo los sistemas naturales se ven afectados por el aumento de la temperatura global?  Eduardo Calvo: Uno de los temas que aquí vamos a tener en discusión con los autores [del GIEC] es acerca de estos que les llamamos puntos de inflexión, puntos de quiebre en inglés los conocemos como “tipping points”. Tenemos, por ejemplo, esta posibilidad de la sabanización de la Amazonía. Un representante islandés habló también del posible colapso de la circulación oceánica en el Atlántico, que afectaría gran parte de Europa occidental y a Europa en general. Ese representante islandés decía qsue presentaba una amenaza existencial para su país.    RFI: La curva actual de las emisiones de gases de efecto invernadero y las políticas climáticas nos llevan a un aumento catastrófico de las temperaturas de +2,8 °C a finales del siglo. ¿Cómo haremos una vez que superemos 1,5°C para revertir esta peligrosa curva ascendente?  Eduardo Calvo: Lo más preocupante es el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y estamos viendo con suma preocupación de que ya esto es difícilmente manejable por los sistemas naturales. Entonces hoy ya estamos preparando diversos tipos de trabajo que incluyen el uso de diferentes técnicas de geoingeniería. En algunos casos hay gente que está optando por la gestión de la radiación solar. En otros estamos hablando de las posibilidades de hacer manejos de corto plazo con los forzantes climáticos de vida corta [como el metano] para reducir las emisiones por ese lado.  O estamos hablando de la captura, uso y almacenamiento del carbono, que es otra de las alternativas en las que recientemente una serie de avances importantes.   Pero lo que necesitamos es que estos avances se puedan masificar a la brevedad posible.  Todas estas tecnologías y nuevas ideas están a nivel de prototipo, están a nivel de laboratorio y tienen que demostrar que son comercialmente viables.   Mientras tanto, lo que sí estamos viendo es redoblados esfuerzos por buscar alternativas de reducción de emisiones que traen múltiples beneficios. Sobre todo, por ejemplo, el transporte en grandes ciudades se ve muy beneficiado, si es que se opta por vehículos eléctricos o no motorizados.  RFI: ...La electrificación del transporte es una solución mucho más accesible e inmediata que podemos implementar frente a la geoingeniería que es controvertida. Eduardo Calvo: Tiene sí una serie de detractores y sobre todo existen los temores de algo que no ha sido desplegado previamente.   Lo que se hace es más bien buscar las opciones de mitigación [del cambio climático] que hacen mucho sentido porque tienen cobeneficios, como por ejemplo la restauración de suelos o de áreas forestales o de zonas costeras degradadas, en las cuales los almacenes de carbono naturales se han visto disminuidos. Y que, si se recuperan, pues puede influenciar significativamente de una manera positiva tanto sobre la mitigación del cambio climático como, en algunos casos, por ejemplo, defendiendo los humedales costeros para la propia adaptación al cambio climático, pero con otros impactos beneficiosos para la salud, para también los ecosistemas.  RFI: ¿Usted lleva más de 30 años en el área de la ciencia climática, cuando vemos que los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático son insuficientes, ¿cuál es su sentimiento para el futuro?  Eduardo Calvo: Yo creo que a pesar de que lo que vemos resulta preocupante, existe un optimismo cautivo de que ha habido innovaciones no solo en lo tecnológico y científico, sino también en lo social y también en el modo económico de manejar el tema. La misma banca hoy día está preocupada de si sus inversiones en tecnologías contaminantes no se van a ver deterioradas con el tiempo.  Ya sabemos que dicen que el animal más temeroso es el capital.  RFI: ¿Y esto es buena señal para la salud del planeta Tierra?  Eduardo Calvo: Pues sí, porque si los niveles de preocupación crecen y si tenemos también con el mismo cambio generacional. Una conciencia aumentada sobre el problema, pues eso significará una intensificación de la búsqueda de soluciones. 

La COP30 terminó con menos ambición de la que prometía: ni la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ni un compromiso reforzado contra la deforestación entraron en el paquete final. En la Amazonía, donde los pueblos autóctonos se hicieron escuchar como nunca, los negociadores apenas lograron mantener vivo el Acuerdo de París y un multilateralismo debilitado por los conflictos y la presión de los países petroleros. Las voces de los pueblos autóctonos resonaron durante la cumbre climática de Brasil a las puertas de la Amazonía, Tupinambas, Kichwas, Ashuar, Nazas. La COP30 de Belém se caracterizó por la afluencia inédita de representantes de pueblos indígenas que presionaron a los delegados para exigir una lucha más eficaz contra la deforestación, para prohibir la explotación petrolera y minera en sus territorios y para pedir una transición energética justa. Después de 3 cumbres climáticas en países autoritarios (Egipto, Emiratos Arabes Unidos y Azerbayán), la sociedad civil pudo nuevamente marchar y manifestarse por las calles. El presidente Lula da Silva, para quien la COP era una forma de garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, inauguró el evento con dos grandes objetivos: una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles y medidas fuertes contra la deforestación, dos aspectos que sin embargo no figuran en el paquete de textos aprobados por la COP. Acuerdo de mínimos La cumbre de Belem adoptó un texto de mínimos para mantener vivo el Acuerdo de París. El diplomático brasileño, André Correa do Lago, quien presidió las negociaciones, había anticipado que no había que esperar grandes compromisos. Se habían fijado dos objetivos: reforzar las políticas para limitar a 1,5 grado el calentamiento global y mantener vivo el multilateralismo, amenazado por los conflictos armados y el climatoescepticismo de varios gobiernos. Ilan Zugman, director de la ONG 350.org en Brasil dijo a RFI que "en efecto, el Acuerdo de París se mantiene vivo y el multilateralismo también. Tenemos ahí un acuerdo pero para poder realmente hablar de implementación, necesitaríamos menciones mucho más fuertes en los textos de los principales causadores de la crisis climática, que son los combustibles fósiles. También, para poder implementar las decisiones, necesitamos financiación, algo que desafortunadamente se menciona  de manera muy débil. Necesitamos mucho más." Pocos avances en la lucha contra la deforestación Y sobre el mejoramiento de la lucha contra la deforestación, Zugman estimó que "salimos con poquísimas menciones en los textos finales sobre la importancia de los bosques y terminaron con la deforestación. Creo que la mayor contribución de esta COP fue el poder de la gente que vimos dentro y fuera de la cumbre." El tema que generó mas divisones entre los paises fue la mencion a los combustibles fósiles. Son responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Durante la cumbre, una coalición de más de 80 países pidió que el texto final pidiera un calendario para eliminarlas progesivamente. Según la ciencia, esa es la única forma de mitigar significativamente el cambio climático. Sin embargo, países como Arabia Saudita, India y Rusia bloquearon esta propuesta que hubiera necesitado un consenso de los más de 190 países de la conferencia. Y en el texto final no se menciona nada sobre los combustibles fósiles. Como gesto de buena voluntad, la presidencia de la COP aprobó la creación de una hoja de ruta anexa para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Pero esta iniciativa no contempla de momento ninguna medida concreta, lamenta Ilan Zugman. "Es un señal muy débil que envía la COP, dice, porque los combustibles fósiles son los principales responsables de la crisis climática y no tener esta hoja de ruta, o menciones a combustibles fósiles conectadas con las negociaciones, es un resultado muy débil." Una inciativa colombiana El discurso de la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en vísperas de la clausura de la cumbre fue otro de los momentos destacados. Para evitar el bloqueo de los países petroleros, Colombia junto con una treintena de países que quieren reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lanzó la llamada Declaración de Belém para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El país sudamericano, que suspendió en su territorio la exploración petrolera, anunció una conferencia internacional sobre el tema en abril de 2026, en Santa Marta. Será sin dudas, una de las citas importantes de la agenda climática del año entrante. Puede escuchar el reportaje completo haciendo clic en la imagen principal o en nuestro podcast, Vida en el Planeta, en las principales plataformas.

La cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático Cop30 arrancó en Brasil en un contexto de urgencia climática. En la agenda de negociaciones, el financiamiento de la acción climática se impone nuevamente como uno de los temas prioritarios. Algunos países proponen crear nuevos impuestos globales para financiar la ayuda a los países del Sur global. Tras una ardua negociación en la COP29 de Bakú sobre el monto de la ayuda financiera que los países desarrollados movilizarán para los países en desarrollo, se trata ahora de negociar el “cómo”. Bajo el efecto del cambio climático, las olas de calor se multiplican, el océano se dilata y amenaza cientos de pueblos costeros del mundo, los corales se mueren y los casquetes polares y los glaciares se derriten. Las sequías más intensas y frecuentes – Europa vivirá 5 veces más olas de calor a finales del siglo, si la temperatura aumenta 2.7°C en promedio- y las inundaciones derivadas de las tormentas son otros de los impactos del cambio climático. El consenso científico nos urge a reducir el uso de combustibles fósiles. Pero para ello, se necesitan recursos enormes. En Bakú, se acordó destinar 300 mil millones de dólares anuales para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esta meta de financiamiento global (NCQG en inglés) debería ascender a 1.3 billones de dólares anuales de aquí a 2035 con la participación de los actores privados. Escuche las entrevistas en versión audio: Y ahí, surgen dos preguntas: ¿Cómo financiar la transición energética sin agravar la deuda de los países en desarrollo? ¿Quién pagará la factura de los impactos climáticos? “Acelerar la transición energética y proteger la naturaleza son las dos formas más efectivas de frenar el calentamiento global. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos hojas de ruta para revertir de manera justa y estratégica la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para lograr estos objetivos”, confío el presidente de Brasil en la cumbre de jefes de estados antes de la COP30. Como lo indicó el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva en su discurso, ya existe un compromiso de canalizar de aquí a 2035 1.3 billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático en los países pobres. Y este dinero, deberá salir en prioridad de las arcas de los estados más ricos. “Desde una mirada de justicia climática es muy importante entender que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países del norte, al ser más responsables de causar la crisis climática, son quienes se comprometieron también a financiar a los países del sur en esa mitigación y adaptación al cambio climático. Es lo que establece el artículo 9.1 del acuerdo de París y debe cumplirse”, recuerda la economista Carola Mejía, economista y especialista en justicia climática. Según Mejía, quedan aún muchos obstáculos para que los países en desarrollo reciban suficientes financiamientos para prescindir de los ingresos del extractivismo.  “Los mecanismos para acceder a este financiamiento son complejos. Cada fondo que se ha establecido tiene sus procesos distintos. Si uno postula, por ejemplo, en procesos en inglés que son complicados, en algunos casos pueden durar hasta 5 años, como es el caso del Fondo Verde del clima, para tener un solo proyecto aprobado”, explica Mejía.Además, “la mayor parte, el 60%, está yendo mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), solo el 28% para adaptación al cambio climático.   Y por otro lado, el 70% del financiamiento climático está llegando como préstamos que “injustamente incrementan los niveles de deuda externa”, lamenta Mejía. Proponen impuestos a los multimillonarios Ideas para financiar la lucha climática, no faltan. En la mesa de esta COP30 está la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, un documento de 100 páginas que contiene decenas de propuestas de financiamiento. Entre las cuales movilizar dinero del Fondo Monetario Internacional, aumentar la ayuda al desarrollo que ha ido disminuyendo en los últimos años, o impuestos al carbono, como el que va a instaurar la Unión Europea en enero próximo. Se propone también crear nuevos impuestos. Una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo podría generar entre 4000 y 223.000 millones de dólares, por ejemplo. Tasas mínimas a las transacciones financieras, a los ultrarricos o a las armas podrían generar billones de dólares de recursos también, indica el documento. Una iniciativa que apoya el exministro de Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega-Pacheco. “Necesitamos una señal de precio para que sea más atractivo invertir en energías renovables que seguir invirtiendo en la extracción de crudo. El destino de esa recaudación fiscal tiene que ser primero para garantizar una transición justa a los sectores que normalmente no tendrían acceso a financiamiento, y por supuesto avanzar en la descarbonización y reinvertir en energías renovables”, estima Ortega-Pacheco, quien preside actualmente la iniciativa Carbono Agro. “Pero por supuesto acompañado de eso, hay que garantizar esa transición justa de sectores que normalmente no son atractivos, como la agricultura o bien de esos trabajadores que quedan de las industrias que deberán tener una reingeniería”, recomienda el exministro, entrevistado por RFI. Revertir una lógica financiera que destruye el planeta En esta COP30 justamente, el gobierno de Brasil lanzó una medida concreta para cambiar la lógica financiera actual en la que invertir en los combustibles fósiles es más rentable que proteger el planeta. Y sí, deforestar una hectárea de selva genera más ganancias que conservarla. En estas condiciones, la Amazonía pierde cada minuto el equivalente de 6 canchas de fútbol. Para revertir la deforestación, Brasil creó un nuevo fondo llamado TFFF (Tropical Forest Forever Facility en inglés), el Fondo de protección de bosques tropicales para siempre, destinado a alrededor de 70 países. Con un concepto sencillo: varios estados se comprometen a colocar dinero en el mercado financiero en un fondo cuyas ganancias servirán para remunerar a los países que protegen sus bosques. Países como Brasil, República del Congo o Indonesia recibirían alrededor de 4 dólares por hectárea conservada. Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch ve con buenos ojos la creación de este fondo: “Uno de sus puntos fuertes es que no está considerando pagar a países por disminuir la deforestación, sino que el pago es por hectárea de bosques que se puede observar sigue en pie”. El fondo estará “basado en imágenes satelitales, las cuales básicamente cualquiera puede corroborar y creo que eso genera un nivel de credibilidad que iniciativas anteriores, pues no han tenido”, apunta Luciana Téllez. Pesan, sin embargo, sobre este fondo, varias dudas. ¿Bastarán con 4 dólares por hectárea para desincentivar el agronegocio o la minería ilegal que generan ganancias millonarias? Cómo se canalizará el 20% de las ganancias del fondo a los pueblos indígenas y comunidades locales en los países que no las reconocen, como en Asia o África? Preguntas que aún quedan irresueltas. Lo seguro es que la presidencia brasileña puso la protección de los bosques en el centro de la agenda. Los bosques cubren el 30 % de la superficie terrestre y han capturado la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019. Además de ser el segundo sumidero de carbono más importante del mundo después del océano, los bosques prestan servicios ecosistémicos vitales para miles de millones de personas. La agricultura y la ganadería intensivas, la expansión urbana y la explotación de los recursos son los principales factores que contribuyen a ello. Entrevistas : -Carola Mejía, economista, miembro de la red Latinddad. -Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch. -Daniel Ortega-Pacheco, ex ministro de Ambiente de Ecuador y director de la iniciativa Carbono Agro.

Desde la instalación de parques eólicos en México hasta la extracción de minerales para los autos eléctricos, la ruta hacia la descarbonización agrava las desigualdades entre el norte y el sur global, denuncia la investigadora la activista y socióloga mexicana Josefa Sánchez Contreras en un ensayo. La transición energética hacia la descarbonización de la economía se implementa en detrimento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de Suramérica y África. Es lo que denuncia la investigadora mexicana Josefa Sánchez Contreras, oriunda del pueblo Zoque. En su ensayo titulado 'Despojos racistas, hacia un ecologismo anticolonial'*, la socióloga demuestra cómo la urgencia climática y los grandes proyectos de energía verde acaban perjudicando a los pueblos autóctonos históricamente marginados y víctimas del racismo. Dicho fenómeno ha sido denunciado también en un reciente informe de la ONG de lucha contra la pobreza Oxfam publicado en vísperas de la cumbre climática COP30 de la ONU. A pesar de las buenas intenciones de los países del norte para alejarse de los combustibles fósiles, persisten lógicas de explotación hacia los países del sur. La empresa de autos eléctricos Tesla de Elon Musk, por ejemplo, obtiene ganancias de alrededor de 3100 dólares por cada coche vendido. Sin embargo, por cada vehículo que contiene 3kg de cobalto, extraído principalmente en República Democrática del Congo, el país africano recibe menos de 10 dólares. Una asimetría que la investigadora Josefa Sánchez califica de “colonialismo verde” con tintes racistas. Escuche la entrevista completa: RFI: ¿Qué fue lo que la llevó a estudiar de cerca estas temáticas? Josefa Sánchez Contreras: Muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy sugerente porque me sitúa en mi punto de enunciación que es el pertenecer a un territorio indígena, un territorio comunal. Pertenezco al territorio angpøn (o zoque) de Chimalapas en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Y lo que me ha llevado y motivado a investigar sobre colonialismo energético, despojos racistas, pues es el hecho de que en mi comunidad hemos tenido que defender el territorio frente a concesiones de minería para la extracción de oro y cobre. Y también por la llegada de parques eólicos en la planicie sur del istmo. Entonces, la pregunta de ¿por qué cuando se promociona energía limpia al mismo tiempo se aumentan las concesiones mineras?, me llevó a indagar más sobre el origen de estos megaproyectos. RFI: Varias voces de la sociedad civil, ONG, comunidades locales y académicos como usted, denuncian la existencia de un “colonialismo verde”. La ONG Oxfam calculó por ejemplo que el 70% de los minerales para las energías renovables están ubicados en los países menos desarrollados, pero los beneficios los acaparan los países más ricos. ¿Qué significa para usted esta noción de colonialismo verde? Josefa Sánchez Contreras: Podríamos decir sencillamente que a la luz de siglo XXI, en el que las crisis ambientales incrementan, en el que la temperatura del planeta está aumentando 1.5°C que ya advertía el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuando vemos que los límites biofísicos de planetas se están rebasando, cuando vemos que la fuente energética fósil nos está llevando a la catástrofe ambiental; a la luz de todo eso, vemos que emergen programas verdes por parte de Estados y corporaciones del norte global principalmente, que se venden y se promocionan como alternativas para superar estos grandes crisis. Sin embargo, lo que esconden detrás de ese tinte verde, digamos, son más lógicas, coloniales, lógicas de despojos, de violencias contra los territorios de pueblos indígenas que históricamente han luchado contra el colonialismo. Entonces lo que encontramos es que el colonialismo verde, es esa nueva forma de despojo que incrementa a la luz de las crisis ambientales de nuestro tiempo y se expresan en el incremento de megaproyectos eólicos fotovoltaicos a gran escala, de hidrógeno verde, de políticas de conservación de la naturaleza que no respetan los derechos indígenas. RFI:  Si tomamos el ejemplo del istmo de Tehuantepec, esta región del sur de México en el estado de Oaxaca, existen ahí grandes parque eólicos. ¿Qué impactos tienen en las comunidades locales? Josefa Sánchez Contreras: Estos proyectos agudizan los procesos de privatización de las tierras comunales, el desmantelamiento de la propiedad social de la Tierra, que es la propiedad social, son tierras que no son privadas, que son comunales y ejidales, y son resultado, pues, de un largo proceso de defensa de los territorios Otros impactos son los pasos de aves o los mantos freáticos que no están siendo rigurosamente evaluados por la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando decimos que queremos mitigar la emergencia climática y queremos superar esta crisis, es paradójico porque vemos que está teniendo un impacto ambiental directamente y bueno, y por otro lado, estamos viendo que tiene un impacto también en el incremento de la violencia en la región. RFI: Dentro de este boom de la demanda de minerales para la producción de baterías para la electrificación del transporte en Europa en Estados Unidos, usted afirma en este ensayo que la extracción de minerales en Latinoamérica y en África también obedece a lógicas de despojo racista. ¿por qué? Josefa Sánchez Contreras: Es parte del corazón de este ensayo. Vemos, efectivamente, en el norte global que los proyectos de electrificación, los pactos verdes europeos están demandando minerales. O sea, esta electrificación que promete reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, están manifestándose en forma de extractivismo en muchos territorios del sur global. Y esto es una forma de despojo racista en la medida que, en este momento de crisis, nuevamente son los territorios históricamente colonizados, históricamente racializados, los que se vuelven susceptibles de ser sacrificados. Pero en esta ocasión, en nombre de salvar a una humanidad de la catástrofe, de salvarnos de las catástrofes ambientales. Y es ahí donde me pregunto en este ensayo: ¿qué es esa humanidad? ¿Quiénes conforman esa humanidad que se van a salvar de la catástrofe? ¿Un reducido sector de la población global, que es principalmente responsable de los gases de efecto invernadero? ¿Quiénes son los humanos y quiénes no son los humanos? Esto es una raíz de ese racismo que se ha inaugurado desde el siglo XV y XVI. Es un racismo que ha justificado el saqueo de pueblos enteros que ha tipificado los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, que nos han tipificado como pueblos indígenas, como pueblos negros, como pueblos prietos. Y somos esos cuerpos los que no importamos,  los que no hemos importado históricamente, esos cuerpos que se han violentado Esa violencia naturalizada durante largos siglos, es lo que hoy día, en el siglo XXI, sigue operando y sigue justificando la violación de los derechos humanos en muchos territorios que contienen estos minerales. RFI: ¿Cuál sería la alternativa a esta política energética? De hecho, el subtítulo de su ensayo es hacia un ecologismo anticolonial. ¿Cómo pensar una política energética Pues más justa, más equilibrada? Josefa Sánchez Contreras:  Este subtítulo 'hacia un ecologismo anticolonial' es una interpelación al norte global. Si queremos empezar a pensar soluciones reales verdaderas para estas grandes crisis energéticas, ambientales, cualquier proyecto que vaya orientado a mitigar la emergencia climática debe tener posturas anticoloniales y antirracistas. No se trata sólo de una solución técnica, un cambio de aplicación de un fracking a una turbina de viento. Se trata de una transformación política, económica, cultural, subjetiva, porque esos son también los orígenes de los problemas de nuestro tiempo. Hay que pensar en redistribución, en el acceso a la energía, porque también dentro del norte global hay barrios que no tienen acceso a la energía básica o tienen energía muy irregular. Entonces pensemos en la redistribución energética: ¿energía ¿para quién?, energía para qué? ¿Se van a seguir generando más aplicaciones tecnológicas orientadas a la destrucción de nuestro hábitat? Me parece que esa no es la solución. Me parece que la solución tiene que pasar por generar servicios para la población en su conjunto. Aparece la inteligencia artificial, las demandas de energía para las guerras, por ejemplo. Es un gran momento, creo, para repensar ¿cómo queremos vivir, ¿cómo queremos habitar y cómo vamos a superar estas desigualdades? *Despojos racistas, hacia un ecologismo anticolonial está disponible en versión digital en la página de la editorial Anagrama.

Perros, caballos, monos y mariposas son los protagonistas de 'El Corazón de la bestia", un conjunto de cinco historias de animales emblemáticas en cinco países latinoamericanos. Con estas crónicas, la autora argentina Leila Guerriero, coordinadora del libro, busca dar cuenta de "revolución silenciosa" del vínculo entre humanos y animales no humanos. ¿Qué pensarán las generaciones futuras cuando se enteren que en nuestra época se podían explotar, comer, mantener en cautiverio y vender animales o mascotas? Con la premisa de que nuestros vínculos con los animales están cambiando de manera acelerada con las luchas por el bienestar animal, el veganismo o el antiespecismo por ejemplo, la escritora y editora argentina Leila Guerriero reunió textos de 6 autores latinoamericanos de distintos países. En este conjunto de crónicas titulado 'Corazón de la bestia' (Bookmate Originals), ‘Nace una estrella' relata por ejemplo la controversia sobre la adopción de una mona en Ecuador, caso que llegó a la Corte Constitucional. Otra crónica cuenta la vida de lujo de perros mexicanos que comen pasteles y se relajan un spa. Estas historias -con un prólogo de Martín Caparrós- reflejan las interacciones contemporáneas entre animales humanos y no humanos explica a RFI Leila Guerriero, editora de ‘El Corazón de la bestia'. Escuche la entrevista con Leila Guerriero y Santiago Rosero: En su texto titulado ‘Los animales me explican cosas', el mexicano Emiliano Ruiz Parra retrata a perros que van a la peluquería y se bañan en tinas con hidromasajes. La uruguaya Soledad Gago dedica su crónica' Por el camino de los caballos' a los intensos debates sobre el dolor de los caballos en las tradicionales jineteadas. Mientras que, en ‘Perros de la calle', la chilena Sabine Drysdale narra la indignación que suscitó el asesinato a palos de un perro callejero y que llevó a la adopción de una ley epónima. Una de las crónicas más apasionantes es sin duda la que se titula ‘Nace una estrella', de Santiago Rosero. El periodista ecuatoriano - quien fue colaborador de RFI - relata los dilemas morales, filosóficos y jurídicos derivados de la adopción de un mono chorongo, bautizado Estrellita. Un animal silvestre que Ana Burbano, habitante de la ciudad de Ambato a 150 km de Quito, recibió como regalo a pesar de la prohibición de poseer animales silvestres en un domicilio. La historia se complica cuando las autoridades quieren recuperar el animal para devolverlo a su entorno natural. La mona tenía entonces 18 años y había vivida toda su vida al lado de una humana, humanizada por una mujer que la trataba como su hija. Rosero diseca un caso dramático en el que se entrelazan disuyntivas sobre la protección de la fauna silvestre y el antropomorfismo. Las crónicas en El Corazón de la Bestia están disponibles en la plataforma en línea de Bookmate.com.

Según los últimos datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tres especies de focas del polo norte están en declive, mientras que seis especies fueron oficialmente declaradas como "extintas". Entrevista con el ecólogo Jon Paul Rodríguez de la UICN. Tres nuevas especies de focas del Polo Norte se acercan cada vez más a la extinción, alerta la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICN) en su nuevo informe. "La causa de esta disminución está asociada principalmente con la pérdida de hielo en el Ártico debida al cambio climático, al calentamiento global. Estas focas utilizan estas grandes balsas de hielo flotante para criar a sus crías, para la muda de su piel, para descansar y los usan como barcos también para moverse en el Ártico y tener acceso a áreas de alimentación", detalla el ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez, en entrevista con RFI desde la cumbre de la UICN en Emiratos Árabes Unidos. En esta nueva actualización de la Lista Roja de especies amenazadas, la UICN, que reúne a científicos del mundo, llama también la atención sobre el declive de una buena parte de las 12.000 especies aves que el organismo monitorea año tras año. Según los últimos datos, el 11% de las aves del mundo están amenazadas, es decir dentro de las categorías "en peligro", "en peligro crítico" y "vulnerables". Y el 61% de las aves del mundo están en declive debido a la pérdida de hábitat por la tala de árboles y la expansión agrícola, explica Jon Paul Rodríguez, especialista en aves y presidente de la Comisión de Superviviencia de especies, una de las comisiones científicas de la UICN. "Centroamérica África son de las dos regiones en las que ha ocurrido una mayor proporción de estas disminuciones", detalla Rodríguez. La UICN emite también una alerta con respecto a los polinizadores en Europa. Cerca de 100 especies de abejas silvestres europeas están amenazadas. Las tortugas verdes, un caso ejemplar de conservación de las especies En otros casos -no son muchos- se ha logrado revertir esta tendencia inquietante de pérdida de biodiversidad. Gracias a una ambiciosa política de conservación en varios países, la población de tortugas verdes, presentes en las aguas tropicales de los océanos del mundo, se ha recuperado un 28% desde los años 1970, según las estimaciones científicas. "En las playas, las tortugas verdes son muy vulnerables al saqueo de los nidos (...) y mientras están nadando en alta mar son capturadas accidentalmente por las redes de pesca de los barcos rastreros", detalla Jon Paul Rodríguez. La prevención del saqueo de los huevos en las playas de nidificación y la implementación de redes de pesca con compuertas que permiten a las tortugas escaparse han permitido que se recupere la población. Declive generalizado de la biodiversidad La disminución global de la biodiversidad a un ritmo acelerado es una de las tres crisis ecológicas que enfrenta el planeta. Y este año, seis especies fueron declaradas oficialmente como "extintas", entre ellas la musaraña de la isla de Navidad, una especie de caracol cono, ambas extintas desde finales de la década de 1980; el zarapito de pico fino, un ave migratoria costera avistada por última vez en Marruecos en 1995; y tres pequeños mamíferos australianos. "Muchas veces la gente me dice '¿qué importa que se extinga una especie?' Y mi respuesta siempre es que hay que trazar la raya en algún momento.  Creo que hemos causado la extinción de suficientes especies como para entender y para aceptar que tenemos que prevenir la extinción de más", advierte el científico Jon Paul Rodríguez. Entrevista completa con el ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez, presidente el grupo de Supervivencia de las especies de la UICN:

Esta semana en Vida en el planeta, volvemos sobre la vida de la reconocida primatóloga Jane Goodall quien falleció a los 91 años a principios de octubre. La britanica dedicó su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés y revolucionó nuestra vision de estos animales, con estudios que demostraron que tienen mucho más en comun con los humanos de lo que se pensaba. La voz de Jane Goodall se apagó a principios de octubre, pero sus saludos en "lenguaje" chimpancé, que solía compartir con la audiencia al inicio de sus conferencias, pasarán a la historia. La reconocida primatóloga británica, quien falleció el 1ro de octubre a los 91 años, revolucionó nuestra manera de percibir a los grandes monos. Con sus estudios pioneros sobre el comportamiento animal en particular la doctora Jane Goodall reveló a la comunidad científica que los seres humanos no eran la única especie animal en utilizar herramientas. Famosa por sus abrazos con los chimpancés, esta científica y también activista mediática demostró también que los chimpancés son seres sintientes que experimentan emociones, tienen personalidades propias y participan en guerras. Y durante la segunda parte de su trayectoria se convirtió en una defensora incansable de la biodiversidad y del clima. Para evocar la vida de Jane Goodall, conversamos con Federico Bogdanowicz, director del Instituto Jane Goodall en España y responsable de proyectos de conservación en Senegal. Federico buenos días. Escuche la entrevista completa aquí:

La conferencia anual sobre el Clima, la Cop30, que este año tendrá lugar en Brasil se acerca. Pero a pesar de la urgencia climática, los grandes productores de gas y petróleo planea aumentar la extracción de energías fósiles, indica un informe publicado este lunes. Para limitar el calentamiento global a entre 1.5°C y 2°C grados Celsius el mundo debería reducir drásticamente el uso los de combustibles fósiles. Pero las previsiones de producción a 2030 y 2050 indican lo contrario. A pesar de que la temperatura media en Europa ya ha aumentado 2.3°C desde la era preindustrial, los esfuerzos de los países que más contribuyen al cambio climático son aún insuficientes. “Aún lo países están proyectando producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles que sería compatible con el objetivo del Acuerdo de parís”, indica Paola Yanguas, asesora de política energética, economista en el IISD, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, y coautora del reporte ‘Brecha de producción de combustibles fósiles 2025' que analiza los 19 mayores productores del mundo. "Y lo que dice el reporte es que los países tienen planes de producir mucho más combustibles fósiles de lo que nos dicen las proyecciones de la demanda. Es preocupante que todavía no haya un reconocimiento sobre la necesidad de disminuir la producción de combustibles fósiles", agrega Yanguas. La combustión de carbón, petróleo y gas es la principal causa del calentamiento global que desencadena una serie de consecuencia catastróficas para el clima. La producción de carbón, petróleo y gas prevista para 2030 representa más del doble (120% más) del volumen que permitiría limitar el calentamiento global a 1,5ºC, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, según los cálculos del Instituto de Medioambiente de Estocolmo (SEI). Los autores del informe observan incluso que la brecha entre estas trayectorias de producción y los volúmenes compatibles con las ambiciones climáticas internacionales se ha profundizado desde la última edición de este estudio, publicada en 2023. Escuche el podcast completo:

Este mes de septiembre, en Colombia, se cumplen 9 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Varios grupos armados siguen presentes en el país. Pero el fin del conflicto en algunas regiones permitió a numerosas familias volver a las tierras que tuvieron que huir debido a los combates. Algunas de ellas emprendieron negocios de turismo eco responsable que tienen sello de "destinos de paz". Esta semana en ‘Vida en el planeta', escucharemos el relato de Enilda Jiménez, directora de la reserva natural Surikí en el Golfo de Urabá en el norte de Colombia. La vida de Enilda Jiménez es un concentrado de la agitada historia reciente de Colombia, un país que intenta reconstruir y reconciliarse después de las atrocidades del conflicto armado. Enilda Jiménez tiene 45 años, es psicóloga de profesión. Junto con sus 20 hermanos, creció en el norte de Antioquia, una provincia pobre y devastada por el conflicto armado hasta que la desmovilización de los paramilitares a principios de los 2000 y el proceso de paz de 2016 permitieran a algunas familias volver a sus tierras de origen. Su relato empieza en los años 90 cuando su padre, dueño de una finca ganadera y bananera, fue asesinado por negarse a colaborar con los paramilitares que controlaban la región.   Tras varios años de desplazamiento en otra región, y gracias a la justicia transicional y a un proceso de restitución de tierras, Enilda y sus hermanos pudieron regresar a los predios que los paramilitares les habían arrebatado: más de 400 hectáreas de tierras agrícolas, bosques tropical y ríos donde abundan las aves, los monos titis y los jaguares. En esta tierra del Golfo de Urabá en el norte de Colombia donde hubo durante décadas hubo asesinatos y destrucciones, los Jiménez crearon la reserva natural Suriki en 2021, un proyecto de esperanza y de vida en simbiosis con la naturaleza.  La familia Jiménez optó por reconciliar la actividad ganadera y el cuidado del medioambiente y de la fauna. "Nos dedicamos al turismo regenerativo", para que "cuidar un ecosistema pueda volverse un modelo de generación de recursos", explicó Enilda Jiménez, a RFI. Esta es la historia de una familia que hizo las paces con un pasado doloroso y con la naturaleza. Escuche el podcast: Invitada: Enilda Jiménez.

Noruega puso en marcha el primer servicio de almacenamiento geológico del CO2. Varios países invierten cientos de millones de dólares en esta tecnología de captura y almacenamiento de CO2 para hacer algunas industrias más verdes. Pero los obstáculos financieros y técnicos aún plantean serias dudas sobre la eficacia de este método que algunos presentan como una solución para luchar contra el cambio climático.   A finales de agosto, Northern Lights, el primer servicio comercial de transporte y almacenamiento de CO2 en el mundo inició sus operaciones en Noruega. Funciona de la siguiente manera: una cementera alemana capturó el dióxido de carbono que sale de las chimeneas de sus fábricas, luego es convertido en gas licuado, transportado en barcos a la terminal de Bergen en Noruega y finalmente inyectado por tuberías a 2600 m de profundidad en las capas geológicas de las costas noruegas. Este método, llamado secuestro y almacenamiento de carbono, CCS en inglés, busca capturar 5 millones de toneladas de CO2 anualmente, para evitar que este gas sea liberado a la atmósfera.   Varios sectores industriales y países industrializados invierten millones de dólares en esta tecnología que consideran como prometedora para limitar las emisiones de Co2, principal gas de efecto invernadero, y así luchar contra el cambio climático. “Se pone unas instalaciones en las instalaciones industriales que generan humos en los que se encuentra el CO2, se recoge ese humo, se separa el CO2 y ese transporta hasta un lugar geológico adecuado donde se va a almacenar de forma permanente. De esta manera, lo que hacemos es evitar que este CO2 se vaya a la atmósfera”, explica Paula Canteli, ingeniera de minas, Instituto Geológico de España.  Esta tecnología está destinada principalmente a “estas industrias que generan CO2 con absoluta independencia del combustible que utilizan.  Es un CO2 que se produce en el propio proceso industrial. El ejemplo más sencillo es en la industria cementera, donde se coge la roca caliza, se mete en un horno y entonces se rompe la molécula generando ese CO2 que queremos capturar y almacenar. Ocurre en otras industrias, como en la siderúrgica, en las acerías o en el vidrio, por ejemplo", detalla Paula Canteli.  Tanto en Europa como en Estados Unidos, han surgido también varios proyectos para captar las emisiones de CO2 de plantas a carbón. Sin embargo, muchos de estos proyectos fueron cancelados, quedaron a la etapa de proyectos piloto, o generaron gastos públicos descomunales con pocos resultados apuntaba en 2022 el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).  La infraestructura de captacion y almacenamiento de Northern Lights, conformado por tres empresas energéticas (TotalEnergies, Equinor y Shell), busca entonces recuperar el CO2 de industrias europeas para almacenarlo a 2600m de profundidad bajo el lecho marino. “Es muy prometedora y además muy necesaria, porque para ciertas industrias no hay ninguna otra solución que contribuya al cambio climático”, asegura Paula Canteli.  Escuche la entrevista completa: Riesgos de fuga  La tecnología CCS no está exenta de riesgos. En un informe de 2005, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, IPCC, recordaba que almacenar el CO2 en capas geológicas presenta riesgos de fuga. Una fuga masiva de Co2 seria no solo tóxica sino también dramática para el clima. El almacenamiento de millones de toneladas CO2 en dos campos de gas offshore de Noruega, Sleipner y Snovit demostró que el CO2 liquido puede desplazarse de manera imprevista en las capas geológicas.  Pero el principal obstáculo para el desarrollo de la captura y el almacenamiento del Co2 es su altísimo costo y muchos proyectos de este tipo recibieron millonarios subsidios de los gobiernos. En Europa, por ejemplo, los proyectos de captura de carbono permitirán capturar 50 millones de toneladas de Co2 al año, en lugar de 2 millones de toneladas actualmente. Según la Agencia internacional de la energía, se necesitaría secuestrar cada año al menos 100 veces más CO2 anualmente si queremos cumplir con el acuerdo de París. Una cifra de momento irrealista dado las inversiones multimillonarias que esto necesitaría para construir las infraestructuras de captación del co2 en plantas eléctricas y fábricas y para edificar miles de kilómetros de carboductos.  Un informe reciente publicado en la revista Nature, indica además que el mundo tiene muchos menos lugares para almacenar de forma segura el Co2 de lo que afirmaba la industria. 'Nuestros hallazgos dejan en claro que es una herramienta limitada para luchar contra el cambio climático" concluyen los autores del estudio.  Escepticismo de las ONG Las ONG ecologistas que defienden el clima por su parte son muy escépticas en cuanto a la captura y almacenamiento de carbono. En 2021, más de 500 organizaciones llamaron a los responsables políticos a rechazar la captura y el almacenamiento de CO2. “Es muy difícil valorar o garantizar una completa estanqueidad de los depósitos y que eso no venga fugándose”, advierte Javier Andaluz Prieto, coordinador de asuntos de clima y energía en la ONG Ecologistas en Acción (España).  El activista duda además de la eficiencia real de la captura de Co2 en materia de mitigación de las emisiones de Co2: “Nadie está haciendo una valoración completa del ciclo integral y de las emisiones asociadas a este método de captura. Porque si a las emisiones que ya producen industrias hay que sumar las emisiones asociadas al transporte en barco hasta Noruega o las emisiones asociadas a todo el proceso de mantenimiento y construcción de almacenamiento geológico en profundidad, probablemente las cuentas no salgan tan bien y no se observen unas reducciones tan elevadas”, apunta, entrevistado por RFI.  A pesar de las dudas sobre la factibilidad de este método, la Unión Europea financia 26 proyectos de captura y almacenamiento por un costo de más de 4 mil millones de euros de inversiones. Las ONG ambientalistas y los climatólogos indican que, para luchar adecuadamente contra el cambio climático, la prioridad es reducir el uso de combustibles fósiles, principal fuente de gases de efecto invernadero que tenemos que recortar en un 42% de aquí a 2030 si queremos evitar las consecuencias dramáticas del calentamiento global qua ya estamos viviendo. Entrevistados:  Paula Canteli, ingeniera de minas, Instituto Geológico de España  Javier Andaluz Prieto, coordinador de asuntos de clima y energía en la ONG Ecologistas en Acción (España). 

La Amazonía es azotada por una expansión criminal sin precedentes. La FCDS, una organización ambientalista, documentó la presencia de grupos criminales en el 69% de los municipios de la Amazonía noroccidental, un territorio que abarca 6 países de Suramérica, con impactos graves en la biodiversidad y en las poblaciones locales. Es el pulmón de nuestro planeta y la mayor reserva biológica del mundo. Y, sin embargo, la Amazonía se está convirtiendo con el tiempo en un bastión de las mafias. En un informe de 110 páginas titulado Amazonía en disputa, la ONG ambientalista Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) detalla la presencia de al menos 17 grupos criminales armados en la parte noroccidental, una región que cubre el 65% de la Amazonía y que se extiende en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los grupos armados identificados en la región son Comando Vermelho, Comandos de Frontera, Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Segunda Marquetalia, Primeiro Comando da Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Primeiro Comando da Panda (PCP), Familia del Norte (FDN), Piratas dos Solimões, Tropa do Rei (TDR), Los Choneros, Nueva Generación, B13, La Constru, Tren de Aragua y Rápidos del Amazonas. El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna son algunas de las actividades de estos grupos. Con múltiples consecuencias ambientales: la deforestación afecta el bosque tropical y puede llevarlo al punto de no retorno, es decir reducir su capacidad de regenerarse y capturar CO2. Con datos de las autoridades nacionales, de investigadores locales y de organizaciones en el terreno, la FCDS establece que “estos grupos operan en al menos el 69% (348) de las 456 unidades territoriales de acuerdo con la división administrativa de cada uno de los países”. La presencia criminal es tal que los autores del informe identifican una situación de "gobernanza criminal" en la que estos grupos armados controlan la movilidad, el derecho de reunión, interfieren en elecciones, corrompen las instituciones y recurren al reclutamiento forzado. En esta investigación, la FCDS alerta sobre las amenazas ambientales y sociales derivadas de esta presencia. "Yo empezaría por señalar el proceso de degradación ambiental y de pérdida de control territorial dentro de los territorios indígenas a nivel fronterizo”, indica con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que coordinó el informe “Estos territorios son hoy por hoy un objetivo estratégico de ese proceso de criminalidad, porque son corredores de movilidad, porque son territorios en los cuales hay intereses económicos concretos como el tema del oro, el tema de la madera, el tráfico de personas, la movilidad de las armas y la movilidad de los narcóticos”, detalla Botero. Escuche la entrevista completa: ¿Quién tiene la culpa? El auge criminal en la Amazonía es el resultado de décadas de abandono estatal, de la falta de oportunidades económicas para las poblaciones y también de una falta de responsabilidad internacional, denuncia Botero. “Europa, Estados Unidos y Asia generan una demanda comercial por los productos que están rompiendo la Amazonía. ¿Quién compra el oro que está hoy destrozando este territorio? ¿Quién está entrando centenares de cabezas de animales de ganado para generar procesos de lavado alrededor de estas economías y posteriormente generando también expectativas en burbujas de especulación financiera? ¿Quién está comprando más narcóticos?”, se pregunta Rodrigo Botero. “Pues en general son los países que llamaríamos industrializados”, sentencia. Amenazas ambientales de gran envergadura El informe Amazonía en disputa alerta sobre la contaminación por mercurio ligada a la minería clandestina de oro, que alcanza una gran envergadura en la Amazonía. Naciones Unidas calcula que la minería artesanal en Suramérica emitió 600 toneladas por año en 2019. En el parque natural Yaigojé Apaporis en Colombia por ejemplo, se encontraron concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes hasta 22,98 μg/g, casi 10 veces superiores a límites recomendados por la OMS. “Los flujos de distribución de mercurio en [los países de la Amazonia Noroccidental] no han sido controlados. Tenemos una entrada de mercurio proveniente de México que entra por Bolivia también de manera descontrolada y en general hoy ya tenemos un mapeo de grandes zonas del Amazonía con muy altos de contaminación en suelos y en aguas. Encontramos que ya empiezan a haber evidencias de malformaciones genéticas en diferentes países”, dice Rodrigo Botero, entrevistado por RFI. El informe establece además un balance crítico de las políticas de lucha contra la contaminación por mercurio en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, principalmente centradas en operativos militares sin enfoque socio económico para atender la situación de pobreza de las poblaciones locales. “En el caso del Perú, en 2019 el gobierno de Martín Vizcarra ejecutó la Operación Mercurio, cuyo objetivo principal fue combatir y erradicar la minería ilegal aurífera de pequeña escala. La operación se proyectó para una duración de dos años. En el primer año, se logró desalojar aproximadamente al 92% de los mineros ilegales, lo que representó una reducción de la actividad, y se reportó una disminución de hasta el 90% en la deforestación asociada. (...) A pesar de los esfuerzos, los avances iniciales no fueron sostenidos, los esfuerzos militares no se consolidaron en el tiempo, y la minería ilegal resurgió en la región. Desde la implementación de la Operación Mercurio, esta actividad se triplicó en Madre de Dios y el 98% de las áreas previamente recuperadas volvieron a ser explotadas”, detallan los autores del informe. “En el otro lado está la deforestación. Y la deforestación se alimenta de todas estas economías ilegales y de criminalidad y se alimenta porque es una forma de lavado muy importante”, apunta Botero. Uno de los síntomas de esta acelerada deforestación es el crecimiento exponencial de la actividad ganadera. “El crecimiento de un hato ganadero no tiene comparación con ninguna otra región del continente. Recordemos que en los últimos años el hato ganadero en Bolivia ha crecido 16% y 30% en Colombia. Eso significa millones de nuevos animales que están entrando para cambiar de manera irreversible estas regiones de la Amazonía y deforestar”. En las conclusiones del informe, su organización formula una serie de recomendaciones que van más allá del simple uso de la fuerza para luchar contra estas bandas criminales. Como es desarrollar inteligencia, investigación criminal sobre las rentas económicas, los intermediarios del crimen, prevenir el lavado de activo, así como proteger a los líderes ambientales.

En las costas mexicanas se ha registrado este año un récord de arribo de sargazo, esta alga color café que deja un olor fétido cuando se descompone en las playas. Para monitorear la crisis del sargazo, que ocurre cada primavera desde 2011, y cuyos orígenes aun no quedan muy claros para los científicos, México acaba de abrir un centro de observación.  Desde 2011, las playas del mar Caribe, desde las Antillas hasta República Dominicana pasando por las costas de Yucatán, reciben cada año miles de toneladas de sargazo a partir de la primavera boreal Cuando flota en alta mar, el sargazo constituye un hábitat favorable para numerosas especies. Pero cuando invade las playas, se descomponen, emiten un gas que huele a huevo podrido y que es peligroso para la salud si alcanza altas concentraciones y asfixian a varias especies que no reciben luz de la superficie. El fenómeno natural llamó la atención de los científicos del mundo: se desató abruptamente en 2011, se repite cada año desde entonces. Históricamente, la masa de sargazo se concentraba en el Atlántico norte, en el llamado Mar de los Sargazos, bien conocido por los navegadores y mencionado por Cristóbal Colón. Pero a partir de 2011, las algas empezaron a proliferar en también en toda la región caribeña. "El Caribe como lo conocimos ya no existe", observa la investigadora Brigitta Von Tussenbroeck, que estudia el sargazo desde hace varios años. Los científicos aún nadan aun en aguas turbias para identificar las causas de este fenómeno. Se manejan varias hipótesis. Se pensó inicialmente que los abonos de la industria agrícola en Suramérica y en África podrían alimentar el crecimiento de estas algas. Pero estudios más recientes indican que un cambio de la circulación de vientos en el Atlántico podría haber empujado estas algas en el Caribe donde la temperatura más elevada del agua favorece su multiplicación. El cambio climático podría ser uno de los factores que explican este cambio de circulación de los vientos. Año tras año el arribo de sargazo constituye un reto ambiental y económico. Limpiar las playas cuesta millones de dólares. Entonces para enfrentar el problema, México inauguró en junio un centro de monitoreo ambiental y del sargazo, basado en Cancún. “Con el arribo masivo de sargazo en esta temporada 2025 en el Caribe mexicano, necesitábamos tener unos ojos que nos guiaran desde el primer momento para hacer el proceso de contención y de limpieza y saber en donde estaban arriban el sargazo, en qué playas”, explica a RFI Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo ambiental y del Sargazo de Cancún. Para sus labores de monitoreo, el centro utiliza datos satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA), “particularmente Sentinel II, Sentinel III y Sentinel 5P, que con parte de la constelación satelital Copernico”, detalla Amaro. Según cálculos científicos, se evaluó en 50 millones de toneladas la mancha de sargazo en el Atlántico este año. “De este grueso, mas o menos el 1% llegó al Caribe mexicano. Y de esto, el 10 por ciento ha ido recalando en las playas. Hoy en día, llevamos una recogida de sargazo de unas 70 mil toneladas. De aquí a lo que falta por terminar la temporada, posiblemente recolectemos 100 mil toneladas. Es el triple de lo que se recolectó en el 2024”, calcula Esteban Amaro. Dado que los arribos masivos de sargazo representan ahora una nueva normalidad, convertir esta masa de algas en biofertilizantes, bioplásticos o biocombustible permitiría convertir la crisis en oportunidades. Pero estas iniciativas aún no han llegado a escala industrial y no permiten absorber los miles de toneladas de sargazo que llegan cada año a las playas del Caribe mexicano.

Al norte de la capital boliviana, los Tacana lucha por conciliar desarrollo económico y respeto al medioambiente. Esta comunidad indígena desarrolla actividades como la pesca sostenible y batalla contra la contaminación por mercurio, derivada de la minería ilegal río arriba. En esta edición de Vida en el planeta viajamos a Bolivia, al norte de La Paz donde la comunidad tacana desarrolla varios emprendimientos que concilian desarrollo económico y medioambiente. Adalid Medina Capiona, comunicador social de la comunidad indígena tacana, documenta los retos ambientales de esta comunidad indígena, como la contaminación por mercurio, la presencia de pez invasor, el paiche y la tala ilegal de madera. Un ejemplo de resistencia y de creatividad. Medina es también uno de los testigos de Voces de Madidi e ePOP; dos plataformas de Radio Francia Internacional para darle la voz a las comunidades rurales afectadas por el cambio climaticos y otros retos ambientales. Escuche la entrevista completa:

Una investigación comprobó que las tierras gestionadas por los pueblos afrodescendientes de cuatro países suramericanos tienen menos probabilidades de ser deforestadas que las otras tierras de la región. Los autores del informe indican que las prácticas agrícolas ancestrales de estos pueblos son altamente sostenible para preservar los ecosistemas. Ya se había comprobado que los pueblos indígenas de las Américas cumplen un papel de guardianes de los ecosistemas. En 2024, gracias a datos satelitales, una investigadora brasileña junto con dos colegas británicos observaron que las tierras comunitarias indígenas en la Amazonía brasileña presentan tasas de deforestación un 83% inferiores en comparación con las zonas no protegidas.  En el mismo orden de idea, un nuevo informe de la ONG estadounidense Conservation International indica que los pueblos afrodescendientes del continente americano también asumen una función crucial en la preservación del bosque tropical. Las tasas de deforestación de las comunidades afrodescendientes son entre 29% y 55% inferiores a las tasas observadas en parcelas vecinas, según el informe. El dato es importante en un contexto de urgencia ambiental en el que preservar el bosque es indispensable para limitar el calentamiento global y preservar la biodiversidad de especies de nuestro planeta.  Este se debe a sus prácticas agrícolas específicas, traídas de África. Tanto los marrones de Surinam, representados, como los  miembros de los mocambos de Brasil y los pueblos de los palenques colombianos, todos ellos comparten técnicas agrícolas heredadas de la tradición africana. Estas comunidades agrarias aún mantienen una relación de simbiosis con la naturaleza, muy lejos de los métodos destructivos de la agricultura extensiva o el extractivismo que arrasa con miles de hectáreas de bosque amazónico cada año.  Es lo que ha observado con cifras Martha Rosero, directora de inclusión social en la ONG Conservation Internacional y coautora del informe. Esuche la entrevista completa aquí: 

Una expedición científica francesa buscaba identificar los barriles de residuos radiactivos vertidos en el océano Atlántico durante el siglo XX. Miles de barriles fueron detectados gracias a un robot submarino de alta tecnología. RFI conversó con uno de los directores científicos de esta misión inédita a 4000 metros de profundidad. ¿Qué tan degradados están los barriles que contienen residuos radiactivos vertidos en el océano Atlántico? Para responder a esta pregunta, científicos del Centro Nacional de Investigación Francesa, el CNRS, apoyados por un buque y un submarino de la Flota Oceanográfica Francesa exploraron las profundidades del océano Atlántico durante cerca de un mes entre junio y julio de 2025. Entre 1946 y 1990, los países que disponían de la energía nuclear han vertido al mar más de 200 000 barriles de desechos radiactivos de baja y mediana intensidad como guantes o muestras de laboratorios. Aunque no se trataba de restos de combustible radiactivo, estos contenedores radiactivos representan hoy una contaminación oceánica que está prohibida desde 1990. Desde entonces, se tenía poca información sobre sobre el estado de los barriles, razón por la cual una treintena de científicos participaron en la misión Nodssum, por ‘vigilancia de los desechos nucleares vertidos al mar', por sus siglas en inglés Tras un mes de expedición en el Atlántico norte a unos 1000 km de las costas francesas, el equipo internacional de científicos de la misión Nodssum logró detectar más de 3000 barriles con residuos radiactivos. “El propósito principal de esta misión era establecer una base de conocimiento de la zona donde se han realizado estos vertidos y tomar muestras asociadas a una cartografía de barriles para evaluar los posibles impactos que estos vertidos tuvieron en los ecosistemas del océano profundo”, explicó a RFI el jefe científico de la misión, el geólogo Javier Escartín, a su regreso a tierra. Gracias a 15 inmersiones, el robot de alta tecnología Ulyx, capaz de detectar objetos de 5 cm a hasta 6000 metros de profundidad, permitió detectar más de 3000 barriles y fotografiar 50 de ellos. El estado de los bidones “Vemos que hay estados de degradación variables”, observa Javier Escartín, tras revisar los datos fotográficos.”  Hay algunos que parecen intactos físicamente, otros que parecen deformados, otros que están completamente deformados y vemos que hay una materia negra que de algunos de estos barriles se esparce por el suelo. La superficie de estos barriles, que es metálica por la textura, parece corroída.” Sin embargo, dada la baja o mediana intensidad de los desechos radiactivos contenidos en estos bidones, el científico descarta un eventual peligro radiactivo. “Vemos que hay fugas en algunos de los bidones, creemos que es alquitrán, que es la materia que contiene los residuos radiactivos, quizás haya contaminación, pero si la hay, al menos en base a los resultados que tenemos, es de muy baja actividad y que no supone ningún peligro”, asegura. La pregunta ahora que se ha identificado la ubicación de estos barriles es si se podrían extraer de las profundidades oceánicas. “Nuestra información será utilizada para ver lo que se hace por la zona. Pero en principio hay una cantidad de barriles demasiado grande para poder realizar cualquier tarea de recuperación”, indica Javier Escartín. “Hay 200 000 barriles, están a 5000 m de profundidad. Se podría realizar desde el punto de vista técnico, pero sería un coste absolutamente astronómico. Si hay algún problema radiológico, supongo que lo que se hará es indicar que es una zona peligrosa”, concluye el científico. En las próximas semanas, se analizará en laboratorio los niveles de radiactividad de las muestras marinas (sedimentos, peces y agua de mar) tomadas a unos cien metros de los barriles. Y una segunda misión está prevista con un robot submarino para tomar muestras más cercanas a los barriles de residuos nucleares. Escuche la entrevista completa:

Wildres Rodríguez Wood se define como una guardiana del océano. Esta bióloga hondureña viajó hasta la cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza, Francia, para llevar una voz que poco se escucha: la de las comunidades costeras hondureñas que enfrentan varios desafíos como la ausencia del estado, la sobrepesca y deforestación. Durante una mesa redonda en la tercera cumbre de los océanos de la ONU en Francia, la biológa hondureña Wildres Rodríguez Wood, oriunda del departamento costero de Gracias a Dios, recordó con emoción sus vínculos familiares con el océano. “Yo he sentido que he nacido siendo una guardiana del océano. Traigo ya en mi ser en mi sangre el querer cuidar, proteger y conservar nuestros océanos. Mi papá es pescador, entonces yo desde muy pequeña salía con el mar", comentó Rodríguez, entrevistada por RFI en Niza en junio, al margen de la cumbre. Rodríguez Wood es, además, la primera mujer bióloga de la comunidad misquita, principal pueblo indígena del noreste de Honduras. De preparar el pescado seco para la Cuaresma, Rodríguez Wood pasó más tarde a ser bióloga, un destino poco común para los miembros de la comunidad misquita, alejada del sistema universitario. Hoy, a través de la ONG de protección marina Ilili -que significa ‘tiburón' en misquito-, la bióloga realiza talleres de pesca sostenible con mujeres y jóvenes de las comunidades pesqueras. “Les enseñamos las buenas prácticas pesqueras, cómo saber las tallas de un pez, por ejemplo, si ya mide 30 cm ya se puede comer o no se puede comer”. En entrevista con RFI, la bióloga y activista alertó también sobre los desafíos ambientales y sociales que enfrenta su comunidad. “Uno de los desafíos que tenemos es la pesca industrial que ha estado haciendo pesca de arrastre. Según nuestra ley de pesca hondureña, a nosotros los pescadores artesanales nos han dado las 3 millas náuticas para pescar. Pero resulta que los barcos o la pesca industrial han estado haciendo pesca de arrastre en esas 3 millas náuticas”, denuncia. “Se están llevando los alevines, peces, medusas, crustáceos, todo cae en esas mallas”, insiste la bióloga. Esta práctica de pesca agresiva y mortífera para la biodiversidad coincidió con una caída drástica de los stocks de pescado, constatan los pescadores. “Otra amenaza que nosotros tenemos es la deforestación. Personas ajenas a la región han ingresado ahí y han estado haciendo prácticas indebidas como ser la deforestación, para la ganadería extensiva. Estamos pidiendo al gobierno que saque a estas personas”, agregó. La bióloga aprovechó su presencia en la cumbre de los océanos para alertar también sobre las condiciones socio económicas de las comunidades misquitas. “Hablemos de conservación, pero hablemos también de los otros desafíos que tenemos como pueblos indígenas: no tenemos acceso a la educación ni a la salud”, enfatizó Wildres Rodríguez. Escuche el podcast completo:

Dentro de tres años, el mundo habrá superado +1.5°C de calentamiento global. Para evitar que se agrave el cambio climático, urge reducir emisiones de CO2 y proteger los bosques. En Colombia, por ejemplo, miles de familias reciben incentivos económicos a cambios de sus labores de conservación o de reforestación de las zonas boscosas. Reportaje en el centro de Colombia. Alcanzar la finca de la familia Cárdenas desde Medellín implica recorrer un paisaje de colinas verdes, una pista de tierra y cruzar varios arroyos hasta adentrarse en un bosque tropical húmedo. Un letrero indica por fin que hemos llegado a la reserva natural Los Monos. Es aquí donde los Cárdenas, una familia campesina que llegó hace alrededor de una década tras ser desplazada por el conflicto armado, decidió reforestar algunas parcelas. El proyecto busca sustituir la ganadería extensiva – muy dañina para los ecosistemas – por el ecoturismo mediante la restauración de varias hectáreas de tierras deforestadas. Bajo un techo de paja, Alejandro, uno de los hermanos Cárdenas nos recibe. Comparte con nosotros una limonada fresca y nos cuenta la historia de la reserva privada Los Monos. La familia de campesinos colombianos recibe el apoyo de la ONG ambiental Masbosques que identifica tierras prioritarias para la conservación y canaliza fondos para ayudar a las familias campesinas a reforestarlas. Una vez que las familias firman un acuerdo de conservación, la organización monitorea el cumplimiento de los compromisos de conservación o reforestación por vía satelital y con visita en el campo, explica a RFI Heiler Orozco, técnico de Masbosques. En este caso, los recursos provienen de empresas privadas, mediante programas de compensación ambiental -obligatoria o voluntaria-, y permite pagar alrededor de 80 euros mensuales por predio a cada familia que se comprometa a reforestar una parte de su terreno. Para compensar la pérdida de recursos en los predios que se dedicaban al ganado, los Cárdenas optaron por desarrollar el ecoturismo. En esta región particularmente biodiversa donde abundan tucanes, monos y jaguares, la riqueza de la naturaleza suscita el interés científico de académicos que acuden a la zona para formar a sus estudiantes, así como turistas de zonas urbanas. Fue por este motivo también que la zona fue identificada como corredor de conservación priotario. El pago por servicios ambientales a comunidades rurales existe también en otras regiones de Colombia. En 2023, la entonces ministra de ambiente Susana Muhamad extendió el programa Conservar Paga a miles de familias de la Amazonía Colombia, muy golpeada por la deforestación. Cerca de 4000 familias del sur de Colombia reciben una remuneración mensual de entre 80 y 190 euros para conservar el medioambiente, y mantener sus ingresos. Escuche aquí el reportaje completo: Realización técnica: Fabien Hilly.

El Parlamento francés debate una ley para reconocer parcialmente la responsabilidad estatal en el escándalo de la clordecona, un pesticida particularmente nocivo para la salud humana y el medioambiente, masivamente aplicado en los cultivos de plátanos de las Antillas francesas. Miles de trabajadores quedaron envenenados y miles de hectáreas de tierras están contaminadas. "Cuando trabajábamos en los cultivos, el producto caía sobre nosotros. Fumigaban por vía aérea. También tocábamos el producto para sacarlo de las bolsas y llevarlo al campo. Todo el mundo resultó envenenado”, recuerda con emoción esta extrabajadora del sector agrícola en Martinica. Como esta mujer, miles de trabajadores del sector platanero de las Antillas francesas fueron envenenados por la clordecona, un pesticida usado durante dos décadas en Martinica y Guadalupe en los cultivos de plátanos, pese a que su alta toxicidad para los animales y el medioambiente ya había sido comprobada. La codicia del sector del plátano en las islas caribeñas y la complicidad de las autoridades francesas de 1972 a 1993 llevó a uno de los mayores escándalos sanitarios franceses con cerca de 10.000 trabajadores intoxicados, miles de hectáreas de tierras y costas contaminadas y una isla, Martinica, con la tasa de cáncer de próstata más elevada del mundo. Escuche el programa completo en versión audio: Todo inició en 1972 cuando las autoridades francesas autorizaron el uso de la clordecona, un insecticida, para luchar contra la proliferación de gorgojos un insecto que devora los cultivos de plátanos en las islas francesas de Martinica y Guadalupe. Tres años después, obreros estadounidenses de la planta química de Virginia donde se fabricaba esta sustancia presentaron graves síntomas neurológicos y en los testículos. El incidente llevó a Estados Unidos a prohibir el uso de la clordecona. En 1979, la organización mundial de la Salud, OMS, a su vez declaró el producto como posiblemente cancerígeno. Además, ya se conocían los efectos neurotóxicos y de perturbación endocrina de la clordecona. A pesar de estas alertas, Francia mantuvo sin embargo la autorización de aplicación de este producto hasta 1993. Y no fue sino hasta 2007 que las alertas de médicos llevaron a las autoridades francesas a atender la crisis. “Durante 50 años se aplicó clordecona por helicópteros, por avión o directamente por los jornaleros, sin guantes. Ha sido comprobado que estos productos causan problemas de vista, sordera, problemas respiratorios, cáncer. Ha habido muchas parálisis faciales también, sobre todo entre las mujeres que cortaban las hojas deterioradas de los plátanos, denuncia Yvon Serenus, presidente del colectivo de los exjornaleros envenenados por la clordecona en Martinica. La contaminación alcanzó una magnitud tal, que se ha detectado clordecona en la sangre del 92% de la población de Martinica, según un estudio de 2018 de las autoridades sanitarias francesas. Perturbación endocrina, alteración de la fertilidad, cáncer e impactos nocivos para el sistema nervioso, para el hígado, los riñones y el riñón... La lista de los efectos de la clordecona en la salud humana es larga. “Un día que andaba de compras con mis hijos, le dije a mi hija que ya no veía nada. No podía ver el precio de los objetos. Mi hija me llevó a casa. Fui al médico. Y el médico pidió que me operaran inmediatamente el ojo para evitar complicaciones cerebrales”, recuerda la exjornalera martiniquesa, que prefiere no revelar su nombre. Indemnizaciones parciales Este escándalo sanitario ha dado sin embargo a indemnizaciones mínimas. El estado francés ha negado su responsabilidad en el envenenamiento de miles de trabajadores. Solo un centenar de ellos ha logrado obtener indemnizaciones de unos 300 euros mensuales, una suma ridícula comparada con el costo de la vida en las Antillas francesas donde la mayoría de los productos son importados de la metrópoli. Hoy exigen que la justicia reconozca que la degradación de su estado de salud es la consecuencia directa de su exposición a la clordecona. “Me quedé intoxicado. A mí me operaron del estómago. Me quitaron todo, una úlcera que estaba a punto de causarme una hemorragia y me pusieron una víscera artificial. Fueron los bekés que me envenenaron. Tienen que darme una compensación, reconocen que cometieron errores y que abusaron de nosotros”, insiste otro exjornalero entrevistado por Jeanne Richard de RFI, en Martinica. El caso de la clordecona es un síntoma más de la injusticia social que aun reina en este territorio francés de ultramar donde los bekés, descendientes de los colonos blancos de la metrópoli francesa representan el 1% de la población de Martinica, pero poseen la mitad de las tierras. La salud de los jornaleros, afrodescendientes, fue sacrificada para generar ganancias para los terratenientes denuncia Yvon Serenus, sindicalista agrícola. "Sentimos rabia contra el estado francés y contra los que nos envenenaron. Envenenaron al pueblo martiniqués de manera intencional. ¡Los dirigentes del sector platanero pidieron al gobierno francés la autorización de comprar la patente de la clordecona y se la concedió! A pesar de que sabían muy bien que este producto era nocivo”, enfatiza Serenus. Tierras contaminadas hasta 2070 La batalla de las víctimas de la clordecona para obtener reparaciones avanza a pasos de tortuga. No fue sino hasta 2007 que el estado francés puso en marcha el llamado ‘plan clordecona'. De 2021 a 2027, se dedicarán 130 millones de euros en agricultura, salud, medioambiente y educación para mitigar la contaminación por el pesticida. Pero borrar la huella de décadas de envenenamiento parece una tarea titánica. Según cifras oficiales, 20.000 hectáreas están contaminadas por la clordecona, es decir el 40% de la superficie agrícola de la isla. La pesca está prohibida en agua dulce y decenas de kilómetros de costas también contaminadas por el pesticida que podría persistir hasta 2070 en niveles detectables en la naturaleza. En el plano judicial, un grupo de 1286 personas obtuvo en febrero pasado una primera victoria ante un tribunal francés que declaró el estado francés responsable por el escándalo sanitario, pero solo obligó las autoridades a dar compensaciones financieras por 'perjuicio moral' a las víctimas que pudieron comprobar que su enfermedad estaba directamente vinculada a la exposición a la clordecona. Otra batalla se juega ahora en el parlamento francés. El senado aprobó por unanimidad una propuesta de ley que reconoce la "responsabilidad parcial" del estado francés en el escándalo de la clordecona en las Antillas. Un reconocimiento simbólico que no implicará indemnizaciones automáticas para las víctimas. Un programa de Raphaël Morán, con entrevistas de Jeanne Richard en Martinica (Francia). Realización técnica: Charly Amadou.

Desde la Cumbre de los océanos de Niza, ambientalistas pidieron acciones para proteger el krill, un mini crustáceo que juega un papel fundamental para la alimentación de pingüinos y ballenas. Pero la población de krill está amenazada por el cambio climático y la pesca industrial noruega que lo utiliza para producir alimentos de mascotas. A pesar de la ausencia de Estados unidos, en la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, se alcanzaron avances tímidos pero alentadores para enfrentar los desafíos ambientales del mundo marino. Tras una semana de discusiones con 12 000 delegados internacionales, la diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. Más países se sumaron al tratado de Alta Mar para proteger las aguas internacionales, la coalición de naciones contra la minería submarina y aumentará la superficie de áreas marina protegidas de 8% a 10%. Una tendencia positiva, aunque muy lejos del objetivo de proteger el 30% de los mares para frenar el declive de la población de peces y de otras especies, por ejemplo. Al término de la conferencia de Niza, RFI conversó con el experto en protección marina Maximiliano Bello de la Fundación Blue Marine basada en Washington. RFI: La tercera cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza tras una semana de discusiones con 12.000 delegados. La diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. El Tratado de Elta mar debería entrar en vigor en enero de 2026. ¿Qué tanto se ha avanzado aquí en Niza en este aspecto?  Maximiliano Bello: Efectivamente, Francia hizo algo muy inteligente al traer el tratado acá para que muchos países pudieran ratificarlo de una vez. Estamos mucho más cerca de las 60 ratificaciones, cifra necesaria para que el tratado entre en vigor. Una vez que eso pase, entonces empezaremos con las Conferencia de las partes para los océanos. Por lo tanto, eso fue un muy buen paso. Lamentablemente no alcanzamos la cifra de 60 países en la reunión, pero nos la cumbre dejó muy cerca. Estamos hoy día en 51 países Por otra parte, está la moratoria (pausa) sobre la minería submarina. Aquí en Niza se sumaron varios países: son 40 países ciertos los que se han sumado entonces a esta moratoria, que es clave porque obviamente RFI: Uno de los objetivos del Tratado de Alta mar (BBNJ por sus siglas en inglés) es impulsar la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. ¿En qué regiones sería urgente impulsar la creación de áreas marinas protegidas?  Maximiliano Bello: En todas partes y para eso es justamente muy importante que tengamos un acuerdo de Alta Mar vigente. Porque no podemos pensar el 30% de la protección del océano si no tenemos posibilidad legal para crear áreas marinas protegidas en alta mar también, en la Antártida, por ejemplo. Hemos visto muchos países declarar aquí en Niza nuevas áreas marinas protegidas. Hay que destacar Polinesia francesa que está protegiendo con distintas formas 4,5 millones de kilómetros cuadrados de su área económica exclusiva. Pero más importante todavía, alrededor de 1 millon de kilómetros cuadrados de ‘no tocar', que es, la mejor calidad de las áreas protegidas. Chile va a expandir el área protegida de Juan Fernández y Desventurada. Además, es proyecto liderado por pescadores artesanales y que va a llevar a Chile a superar el 50% de la protección. Es cierto que están avanzando, sin embargo, estamos esperando que ciertos países eliminen la pesca destructiva dentro de sus áreas marinas estratégicas. O sea, hay áreas marinas protegidas que tienen pesca destructiva: no tiene ningún sentido. RFI: En en esta cumbre del océano en Niza, también se ha avanzado en materia de lucha contra la contaminación plástica, otro reto que enfrenta el océano.  Maximiliano Bello: Acordémonos que hay 3 grandes amenazas al planeta y al océano. La contaminación, y no solamente por plástico que es la más visible. Otra amenaza es la pérdida de la biodiversidad, de la cual la amenaza principal es la pesca y tenemos el cambio climático. En el caso de los plásticos, cierto, hay un empuje para poder llegar a un acuerdo que sea vinculante, pero que además sea robusto, que sea ambicioso sobre terminar con esta problemática. RFI: Durante esta cumbre hemos visto dirigentes del mundo de varias naciones dando discursos muy ambiciosos sobre la protección de los océanos pero que fueron criticados por algunas organizaciones ambientales por el contraste con las políticas nacionales que efectivamente implementan. ¿Ha notado esta contradicción de algunos dirigentes entre sus palabras y sus actos? Maximiliano Bello: El caso de Europa nos preocupa muchísimo, porque efectivamente España, Francia, Grecia, Reino Unido están ahora avanzando algo, pero muchos de estos países siguen manteniendo esta práctica la pesca de arrastre de fondo en las áreas protegidas. Se sigue utilizando el arte de pesca que está reconocido incluso por la FAO, como el arte de pesca más destructivo que existe. Esperábamos de parte del presidente Macron un algún tipo de anuncio de justamente para cortar con eso. Lamentablemente no ha ocurrido, esperamos también de más países de la Unión Europea que avancen en eso. En Costa Rica también se sigue haciendo uso de la legislación de una forma muy negativa para poder seguir destruyendo los ecosistemas o especies como los tiburones que debieran ser considerados especies silvestres y que están en especies que están en manos de la pesca. RFI: Las organizaciones de la sociedad civil y pescadores artesanales han denunciado intensamente en esta Cumbre de la ONU los impactos negativos de la pesca industrial que merma los stocks de peces. Algo similar está ocurriendo también en la Antártida. ¿Por qué alertan en particular sobre la pesca del krill, un mini crustáceo? Maximiliano Bello: Es el elemento básico de toda la cadena alimenticia de la Antártica, el cual está siendo explotado en inmensas cantidades. Esta pesca, junto con el cambio climático, pone en gran vulnerabilidad a un ecosistema que es altamente frágil, del que se alimentan animales como pingüinos, focas y ballenas. Tenemos una nueva campaña para poder pedir el fin de esa pesca. Para pedir el cierre de las aguas antárticas para la pesca de krill. Noruega es el principal pesquero de krill. ¿Y para qué? Para poder producir alimento de salmón, y alimento de mascotas. Entonces imagínate, envían barcos desde Noruega hasta la Antártica para luego llevarse ese alimento a Noruega, para luego mandar esos salmones a todo el mundo. La huella climática, la huella de carbono de ese salmón es impresionante y no contribuye a la seguridad alimentaria. Es puramente un negocio. Escuche la entrevista completa:

Entre la pesca ilegal china, la disminución de las poblaciones de peces y la contaminación de las aguas, los pescadores a pequeña escala enfrentan varios retos que necesitan soluciones urgentes. RFI conversó con pescadores de Chile y Senegal en la cumbre de Niza en Francia. El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En la cumbre de la ONU sobre el océano, lideres políticos y científicos están de acuerdo que es hora de actuar para gestionar el océano de manera sostenible y frenar el grave declive de las especies de peces. Desde el puerto de Niza a orillas del Mediterráneo, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías debido a la pesca industrial. En las aguas suramericanas, por ejemplo, se estima que 600 barcos chinos pescan grandes cantidades de peces en aguas internacionales frente a las costas de Ecuador, Peru y Chile. Pescadores artesanales denuncian incluso la incursión de estos barcos en las aguas territoriales. En la cumbre de Niza, Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt al sur de Chile, representa a la Unión de pescadores artesanales de Latinoamérica y alerta sobre esta depredación.  “Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica y no solamente a Chile, sino que la prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica a depredar todo lo que encuentran. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena”, dijo a RFI. El pescador Salatou Sambou, coordinador de una concesión de pesca en la región de Casamanza en Senegal describe el mismo fenómeno en las costas atlánticas del oeste de África: “los recursos pesqueros empezaron a disminuir de manera drástica desde que los barcos chinos llegaron a la región”, constata. “Si África esta empobrecida y si perdemos hijos en el mediterráneo, se debe en parte a los barcos chinos que vienen a saquear nuestros recursos de forma ilegal e irresponsable”, denuncia Sambou, desde la cumbre de Niza, y llama al gobierno chino a actuar. La sobrepesca china, y la pesca de arrastre de fondo, así como la pesca con palangre han afectado duramente los stocks de pesquerías. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 35% de las pesquerías están sobreexplotadas. En Chile por ejemplo, esta cifra alcanza 53, según la ONG Oceana. Una tendencia que impacta directamente a los pequeños pescadores confirma Zoila Bustamante quien tambien presidente la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach. “En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos una cuota de pesca de 18.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000 toneladas porque cada vez cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté en media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen", comentó a RFI. Otras especies por ejemplo han logrado recuperarse gracias a planes de manejo. “En el tema bentónico, por ejemplo, los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con áreas de manejo. Nosotros tenemos en Chile, tenemos comités científicos que ven en qué estado está la biomasa, y entregan una cuota de pesca”, detalla Bustamante. La acuicultura Entre las propuestas para mantener los ingresos de los pescadores y la soberanía alimentaria, la FAO promueve la acuicultura, o granjas agrícolas en las zonas costeras. Pero el modelo suscita dudas entre algunos pescadores artesanales como en Chile, segundo productor mundial de salmón. “La acuicultura de salmón deja muchísimos impactos. Primero, la feca el salmón, muy concentrada, porque los crían en jaulas. Segundo toda la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino; todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando las empresas cambian de lugar, así como los pontones que se hunden en el borde costero. Entonces nosotros como pescados artesanales no vamos a defender una acuicultura de especie introducida”, denuncia la pescadora a RFI.  Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil piden limitar la pesca industrial y eliminar el uso de palangres y la pesca de arrastre, técnicas muy dañinas para los ecosistemas marinos, así como reducir los subsidios estatales a la industria pesquera.

En el documental peruano 'El otro río', que se estrenó en París, la activista ambientalista alerta sobre la depredación ambiental en la región amazónica de Loreto en Perú. En la cinta, Herrera documenta en particular el tráfico de animales y de madera. De estos retos ambientales habló con RFI a su paso por la capital francesa. Esta semana Vida en el planeta recibimos a Fiorella Herrera, activista medioambiental peruana, autora de 'El otro río', un documental sobre la extracción de recursos naturales en el río Napo, en la Amazonía peruana.A su paso por París, seleccionada por la Iniciativa Marianne del gobierno francés para empoderar a activistas defensores de los derechos de varios países, Herrera abordó con RFI los distintos retos ambientales que enfrentan las comunidades locales en Perú.A través de su ONG We can be heroes, Herrera ha luchado contra la contaminación por plástico a través de una iniciativa que se convirtió en ley. Y desde 2018, lidera el proyecto 'Salva tu Selva', protegiendo aproximadamente 25,000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía y conservando 35 especies en peligro de extinción, incluyendo el jaguar.En su documental 'El otro río', que se estrenó en París a finales de mayo, Herrera documenta y denuncia las afectaciones al medioambiente en la región amazónica de Loreto como el tráfico de fauna -como monos, guacamayas y jaguares-, la tala ilegal de madera y minería clandestina con el uso de dragas artesanales en los ríos.Escuche la entrevista completa:  

El gobierno colombiano busca triplicar la meta anual de erradicación de los narcocultivos. Para ello, el ministro de Defensa no descartó el uso del controvertido glifosato. RFI recibió en sus estudios al líder indígena Hernando Chindoy, del pueblo inga que logró erradicar totalmente los cultivos de amapola gracias a un proyecto comunitario. Revivir territorios azotados por la violencia, eliminar los narcocultivos y proteger los saberes ancestrales y el medioambiente, a esto se ha dedicado incansablemente y con éxito Hernando Chindoy, vocero y líder indígena colombiano del pueblo inga, un grupo cultural de unas 30.000 personas que viven en el suroeste de Colombia y en Ecuador.Su labor de defensor de la identidad cultural y del territorio inga, como gobernador de un territorio indígena, fue reconocido con el titutlo de doctor honoris causa de la Universidad de las Artes de Londres. Actuaulmente se encuentra en Francia a invitación del gobierno francés con la iniciativa Marianne, para impulsar a nivel internacional su proyecto de educación superior en territorios indígenas.El caso de su comunidad, Aponte, en el sur del país, fue un modelo de sustitución de cultivos ilícitos que busca precisamente impulsar el gobierno de Gustavo Petro. Ante el un auge de los cultivos de coca en varios departamentos del país, las autoridades colombianas anunciaron en abril una meta de erradicació de 50.000 hectáreas de cultivos de coca. Una meta ambiciosa si tomamos en cuenta que la cifra de erradicación de cultivos ilícitos en 2024 fue de 9403 hectáreas. El gobierno anunció que ofrecerá hasta 313 dólares a los campesinos que se sumen al programa de sustitución de cultivos. También surgió una polémica sobre el posible del glifosato, un peligroso herbicida. El ministro de Defensa colombiano Pedro Sáchez anunció la compra de glifosato para destruir plantaciones de coca, antes de aclara que no se reanudarán las aspersiones aéreas de dicho producto.Chindoy contó a RFI el proceso de esta transición desde los cultivos ilícitos hacia la producción de alimentos, a principios de los años 2000.Como guardián del territorio, Hernando Chindoy también abordó también el caso de la comercialización del yagé, o ayahuasca, planta clave para la medicina tradicional inga. "Al Putumayo llegan aviones llenos de gente buscando yagé. Se ha convertido en un tema de folclor", lamenta Chindoy.

En la región ecuatoriana del Chocó Andino, un oasis de biodiversidad, a dos horas de Quito, las comunidades campesinas aprobaron en 2023 prohibir las nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la actividad minera sigue presente. Reportaje. A tan solo dos horas de Quito, la capital ecuatoriana, entre el mar y los Andes, existe un paraíso de vegetación tropical sumergido por las nubes. Estamos en el Chocó Andino, declarado reserva de la biósfera por la Unesco en 2018.Junto con Doris Villalba - su esposa-, Sergio Basantes, vestido de un chaleco gris, nos da la bienvenida en Mashpi Amagusa, una de las reservas privadas de este corredor de biodiversidad que conecta Panamá con Perú y donde habitan tucanes y osos entre otras especies. Aquí se han registrado 600 especies de aves 270 mamíferos y 140 anfibios distintos, varios de ellos endémicos.“Mashpi significa ‘amigo del agua'”, cuenta a RFI Sergio Basantes en medio de su predio de 65 hectáreas de vegetación tropical donde recibe a turistas para el avistamiento de aves. “Aquí puede ver una lorita de cachete rosado, endémica del Chocó, y un tucanete lomirrojo”.La reserva surgió en 2012 para valorar la biodiversidad. “Antiguamente utilizábamos esto para potreros, y ahora todo lo que puede ver acá ha sido resembrado y reforestado con 2000 árboles”, recuerda Basantes, en medio de una densa vegetación, donde se mezclan el canto de las aves, el ruido de la lluvia y el vuelo de decenas de colibrís. “En temporadas altas tenemos 23 especies de colibrís. Ahorita hay un oreja violeta, un brillante emperatriz y una corinita aterciopelada que anda ahí rondando”.“Hemos podido conservar esto porque nos hemos opuesto a que estas tierras sean concesionadas a empresas mineras”, recuerda Basantes.Y es que el Choco Andino, además de su excepcional biodiversidad de fauna y flora alberga otro tipo de riqueza: el subsuelo contiene oro que suscita la codicia de empresas y mineros ilegales.Escuche el audiorreportaje completo:Aunque suene paradójico existen aquí cerca de 20 concesiones mineras vigentes y que se superponen con el mapa de la región de biósfera. Fue precisamente para detener el avance de la minería que, en 2023, ciudadanos de la región impulsaron una consulta popular para prohibir las nuevas concesiones de minería metálica en el distrito Metropolitano de Quito, que abarca el Chocó Andino.Teolinda Calle activista ambiental, fue una de las impulsoras de esta consulta. Nos recibe en su restaurante ubicado rodeado de colinas verdes y de cascadas. “Antes de la consulta popular, hemos logrado que se borren dos concesiones.  Recién en 2024 se borraron”, explica Calle.“Ganamos la consulta con aproximadamente 1 millón de votos, sin embargo, la falta de control del estado sigue dándose. Ninguna empresa tiene permisos ambientales. Y tenemos minería ilegal en Paco. Pero no hay quien controle”, lamente Teolinda Calle.Los habitantes del Choco Andino ganaron una primera batalla legal contra la minería. Pero no han ganado la guerra contra el extractivismo, nos dice Eddyn Cortés. Este campesino, miembro de la cooperativa de producción de panela Copropap, principal industria de la región es también líder del Frente Antiminero que lucha contra el extractivismo en la región.En conversación con RFI desde Pacto, Cortés denuncia la actividad de empresas mineras, como Ecuamin, que cuentan con concesiones pero que carecen de licencias ambientales vigentes para operar. "A parte de eso, existe minería aluvial de mineros supuestamente artesanales, pero que usan dragas, en el río Chirapi que siguen minando en el territorio. Ellos le venden material a la empresa", señala el campesino.En Pacto, la actividad minera aún se siente. A unos minutos del centro, la entrada de una concesión minera parece activa: la reja está abierta y tiene rastros recientes de camiones en el suelo.La minería ilegal en Ecuador que generó en 2024 1.300 millones de dólares de exportaciones, según estimaciones del medio de investigación Plan V. Los campesinos del Choco Andino denuncian la actividad minera en túneles abandonados por las empresas que tienen concesiones mineras, como en la localidad de El Paraíso. Una moradora del pueblito, Marcia Obando observa desde 8 meses idas y venidas de camiones llenos de material pétreo extraído ilegalmente en un cerro a menos de 1 km de su casa. “Los camiones cargados con material pétreo pasan a la 1 o 2 de la mañana, con carros de seguridad. El 8 de abril fue la última vez que los vimos cargar material. Y se escucha cuando detonan los explosivos”, dice a RFI.“Hemos llamado varias veces al ECU, el número de emergencias, pero dicen que no es su responsabilidad”, alerta.Las alternativas a la mineríaMarcia Obando, junto con un grupo de campesinos, apuestan a la actividad agrícola como alternativa a la minería “para no solo estar gritando, porque somos agricultores, no mineros”. Nos condujo hacia a la finca Parcayaco, un modelo de agricultura orgánica y circular.Detrás su casa, Wilson Ruales camina entre cultivos que mezclan caña de azúcar, vegetación libre y una variedad infinita de verduras, sembradas con técnicas que permiten prescindir del uso de agroquímicos. Varias fincas de la región tienen el sello orgánico, y exportan panela a Italia, España y Francia. Ruales va más allá de lo orgánico y sembró 41 especies en 400 m2 en una parcela siguiendo los principios de la agricultura sintrópica donde las plantas hacen alianzas y se protegen mutuamente contra las plagas. “Las aromáticas producen olores y eso hace que ciertos insectos eviten poner sus larvas para que se desarrollen las plagas”.“Aquí la minería es muy preocupante. Se ha hecho resistencia desde 2002, luego ganamos la consulta popular para prohibir la minería en el Chocó Andino, pero no suficiente. Una de las formas de decirle ‘no' a la minería no es solo salir a las calles. Tenemos actividades agrícolas. La lucha también es producir e innovar para la alimentación”,La lucha de los campesinos de Pacto contra la minería no es un caso aislado. En varias regiones de Ecuador, comunidades campesinas e indígenas alzan la voz contra el extractivismo legal e ilegal que invade sus territorios. Y la reelección reciente de Daniel Noboa a la presidencia de la Republica preocupa a los sectores ambientalistas: el mandatario quiere impulsar la minería metálica a gran escala en Ecuador.Un reportaje de Raphaël Morán, realización técnica: Pilar Pérez.

La inyección masiva de aerosoles para disminuir la radiación solar y limitar el cambio climático es una técnica impulsada por varias empresas estadounidenses. Sin embargo, aunque parezca futurista, la geoingeniería solar presenta múltiples peligros, advierten científicos. La propuesta de la Planetary Sunshade Foundation se asemeja a un guión de ciencia ficción. Esta iniciativa privada, con sede en Los Angeles, propone desplegar una gigantesca sombrilla en el espacio para reflejar la luz solar y de esta manera disminuir el efecto invernadero en la Tierra.Y es que con la aceleración del cambio climático - nuestra trayectoria actual nos llevaría hacia un aumento de 3°C de las temperaturas globales -, los defensores de la geoingeniería solar abogan por alterar la radiación a gran escala, además de reducir nuestro uso de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático.“La geoingeniería solar o lo que se llama ‘modificación de la radiación solar' (SRM en inglés) agrupa técnicas que buscan reflejar parte de la radiación solar. O sea que la radiación que llega al planeta se refleje hacia el espacio en orden de reducir el calentamiento global”, explica Alex Godoy Faúndez, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile y miembro comité científico asesor en temáticas de cambio climático del gobierno de Chile.Los modelos de ingeniería solar proponen “inyectar a nivel estratosférico aerosoles como sulfato o carbonato de calcio o bien con el blanqueamiento de nubes marinas para aumentar el reflejo de la radiación en términos geográficos enormes, como si fuese un espejo”, agrega en entrevista con RFI. Dicha tecnología, sin embargo, está en fase experimental. Según la plataforma Geoingeneering Monitor, que compila los proyectos de geoingeniería a nivel global, existen actualmente 17 proyectos de geoingeniería solar. El Great Barrier Reef MCB en Australia plantea, por ejemplo, pulverizar gotas de agua de mar para que las partículas de sal aumenten el potencial reflectivo de las nubes, y así limitar el deterioro de los corales bajo el efecto del calor.“La mayoría de los estudios que existen son modelaciones climáticas en computador. Sin embargo, el interés por este tipo de aproximación ha aumentado entre el año 2015 y 2022, precisamente porque se ha agravado el efecto del cambio climático”, observa Alex Godoy Faúndez.Rechazo contundente de la comunidad científica“El problema que existe es un riesgo ético. La posibilidad es que [la geoingeniería solar] se use como excusa para no salir de los combustibles fósiles. Esta preocupación ya lo despertó el IPCC (Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, GIEC), del cual me tocó ser parte del año 2018”, advierte el investigador chileno.“Otro aspecto tiene que ver con la inequidad, porque cambiar el balance climático es cambiar los equilibrios energéticos del planeta”, alerta Godoy Faúndez.“¿Qué pasa si un país unilateralmente decide aplicar un experimento a gran escala que perjudique a muchos países? Los modelos incluso sugieren que una inyección mal calibrada podría alterar desde los monzones africanos asiáticos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas”, recuerda el especialista.En el 2022, más de 400 científicos y expertos de 60 países firmaron una carta abierta para solicitar un acuerdo internacional de no uso unilateral de la geoingeniería. “Apostamos por alternativas que hoy son más seguras y efectivas con una transición energética justa, una conservación de los ecosistemas, la promoción y la inversión en tecnologías limpias y apuntar hacia una justicia climática global”, concluye Alex Godoy Faúndez, firmante de dicha carta. El sueño 'tecnosolucionista' de la Silicon ValleyBombardear la atmósfera con aerosoles para reducir la radiación solar plantea también serios retos en materia de justicia climática y varias pruebas se han hecho a espaldas de las comunidades locales, advierte por su parte el colectivo ambientalista HOME (Manos fuera del planeta por su abreviatura en inglés).El proyecto Scopex, financiado por Bill Gates y lanzado en 2019, que consistió en la liberación de carbonato de calcio y sulfato desde un globo a gran altitud para reflejar la luz solar, fue finalmente abandonado el año pasado debido al rechazo de comunidades locales en Suecia. Este caso fue un emblema de la falta de consenso social en torno a la geoingeniería según Silvia Ribeiro, periodista de investigación y asesora de la plataforma HOME, que monitorea los proyectos de geoingeniería en el mundo.“Lo que impulsa este tipo de arreglos tecnológicos es que cualquier problema que cause el cambio climático no es necesario ir a las causas porque se puede manejar con tecnología y esto es exactamente el tipo de mentalidad de Silicon Valley, o sea, de las grandes empresas tecnológicas que en este momento también son los hombres más ricos del mundo”, constata Silvia Ribeiro.En México, la startup estadounidense Make Sunset liberó dióxido de azufre en territorio mexicano sin el consentimiento de las autoridades ni de la población local. El cofundador del proyecto, Luke Iseman, un empresario estadounidense, dice haberse inspirado de una novela de ciencia ficción, Termination Schock (William Morrow, 2021), y propone 'créditos de refrigeración' a clientes que buscan compensar sus emisiones de CO2.Después de la revelación de estos experimentos. El gobierno mexicano declaró la prohibición de la geoingeniería solar en su suelo en virtud del principio precautorio.Escuche el programa completo:Entrevistas: -Alex Godoy Faúndez, profesor asociado y directo centro de investigación en sustentabilidad de la Universidad del desarrollo y miembro comité científico asesor en CC del gobierno de Chile, autor de IPBES. -Silvia Ribeiro, periodista investigadora y asesora de la plataforma 'HOME', 'Manos fuera del planeta', de monitoreo de los impactos ambientales de la tecnología.

A un año de la declaratoria de emergencia ambiental en las ciudades de Huancavelica y Sacsamarca debido a la contaminación por mercurio, nada ha cambiado. Aún no se han tomado las medidas necesarias para limpiar los suelos contaminados por siglos de explotación minera, constatan varias voces de la sociedad civil. Ubicada a 3600 metros de altitud en los Andes peruanos la ciudad de Huancavelica aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, una sustancia usada para separar el oro. Según estimaciones realizadas desde los registros de la época colonial, 68.000 toneladas de mercurio salieron de las entrañas de la tierra en Huancavelica entre 1564 y 1810.“Cerca de la ciudad estaba la mina de Santa Bárbara, una de las mayores. Este mineral, el cinabrio, que bajaban de la mina, se quemaba en más de cien hornos en Huancavelica para poder extraer el mercurio. Por las chimeneas salían estos humos que tenían mercurio que fue esparciendo, además de las escorias”, describe Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.Aunque la actividad minera se acabó en los años 1970, las familias de esta ciudad que hoy en día viven en casas de adobe construidas con tierra contaminada, así como las de Sacsamarca, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. “Según el censo de 2017, hay 3517 viviendas hechas de adobe, con el suelo de tierra”, indica Benavente.Una contaminación invisible pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales tóxicos, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental EHC, por sus siglas en inglés analizó muestras de suelo y de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes adobe de las casas y la calidad del aire.En un informe de 59 páginas publicado en 2015, la organización alertó las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, la concentración de mercurio superaba tres veces los estándares recomendados, detalló a RFI el director de la ONG, Nicholas Robins.En diciembre de 2023, como resultado de acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Sascamarca, realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024. Pero desde entonces, los avances son casi nulos. Más de 55.000 personas debían recibir atención integral. Pero entre mayo y julio de 2024, solo 1,553 personas fueron atendidas y no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano de investigación Salud con Lupa.Y a pesar de que las autoridades ambientales locales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medioambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica: a la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica.La intensa actividad minera, legal e ilegal, en Perú ha causado desastres ambientales también en la región Amazónica de Madre de Dios donde también se han encontrado altos niveles de mercurio.Escuche el programa completo aquí: Entrevistas:-Nicholas Robins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, Environmental Health Council, ONG estadounidense.-Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú

En Ecuador, cerca de 200.000 personas se quedaron sin agua potable durante dos semanas debido a la contaminación por hidrocarburos tras el derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Y los daños ambientales de esta catástrofe sin precedentes en la región de Esmeraldas son incalculables. Testimonios. La población de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas sintió en carne propia los impactos del derrame petrolero del 13 de marzo en el oleoducto ‘Sote' en el norte del país. Irritación en la piel, afectaciones respiratorias, ruptura del suministro de agua son algunas de las consecuencias del vertido de miles de barriles de crudo en 80 km de cuerpos de agua en los ríos Viche, Caple y Esmeraldas.La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas y remover el crudo del agua. Pero la contaminación bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares. “El impacto es total en la economía. El manglar está contaminado. Y nosotros vivimos del cangrejo, del camarón. Nuestros animales se están muriendo. Hemos visto nutrias manchadas de petróleo”, contó Wendy a RFI, por teléfono.Dos semanas después de la rotura de un oleoducto, presuntamente por un deslave, la empresa Petroecuador indicó que se derramaron 25.116 barriles de petróleo. El incidente se añade a una serie de derrames, pero sería el peor desde el deslave de febrero de 1998 que causó una fuga de más de 43.000 barriles de crudo en la provincia de Esmeraldas.“Algunos años atrás, hubo también un derrame de diésel y las islas fueron golpeadas. Es injusto que esto siga siendo sucediendo”, lamenta Wendy, con la voz quebrada por la emoción.Tras recorrer explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del Esmeraldas, el biólogo marino y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo compartió con RFI un preocupante diagnóstico. “Hay dos ríos azoicos, esto significa que están carentes de forma de vida acuática en este momento. Están muertos. Pero es temporal. En el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez”, contó a Radio Francia Internacional tras un recorrido una semana después de la catástrofe.“El sector más afectado es la comunidad de pescadores artesanales con una flota pesquera de alrededor de 150 a 200 embarcaciones en las comunidades ribereñas : no hay producción pesquera”, detalla Rebolledo.El investigador reporta también “una franja negra pegada a las hojas del mangle” en el manglar del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, un refugio único de biodiversidad.El derrame petróleo de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador desde el inició de las operaciones en 1972 del oleoducto SOTE que atraviesa el país desde la Amazonía para transportar el crudo hasta la costa de Esmeraldas.Las comunidades locales y el medioambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, denuncia Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros. “Los derrames son muy frecuentes. En los campos petroleros de la Amazonía donde se extraen estos hidrocarburos, hay dos a tres derrames medianos por semana. Los pequeños son casi a diarios. Y en las tuberías ‘SOTE' y ‘OCP' también son frecuentes”.Antes de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ‘OCP' en 2003, la ONG Acción Ecológica realizó un inventario de derrames en el otro oleoducto paralelo, el ‘SOTE'.  Desde los años 1970, “llegamos a contar 49 derrames, y el mas grande era el ocurrido en el 1987 por un terremoto”, indica Almeida.La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos. “Estamos haciendo monitoreos en los sitios afectados y todavía aparecen en los suelos tóxicos, metales pesados que son típicos de la composición del petroleo”, subraya Almeida.Quedan aún dudas sobre las causas del desastre ambiental. Inicialmente la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento, que suelen ocurrir en temporadas de lluvias. Pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje.Escuche el programa completo:   Entrevistas:-Eduardo Rebolledo, biólogo marino, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Esmeraldas.-Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, Esmeraldas, afectada por el derrame petrolero.-Wendy, habitante de las islas de la desembocadura del río Esmeraldas.-Alexandra Almeida, bioquímica y encargada de los temas petroleros en la ONG ambientalista Acción Ecológica.

Un juicio inédito se abre en una corte de justicia alemana. El campesino peruano Saúl Luciano Lluiya exige a la empresa energética alemana RWE participar a los costos de adaptación al cambio climático en su ciudad, Huaraz, amenazada por el derretimiento glaciar. El caso podría sentar precedentes en materia de justicia climática. El 17 de marzo, la corte regional de Hamm en Alemania inicia la  audiencias en el marco de la demanda de Saúl Luciano Lliuya, un campesino peruano y guía de montaña, oriundo de Huaraz, en la Cordillera Blanca de Perú, una región golpeada por el derretimiento glaciar producto del calentamiento global.En lo que parece ser una pelea de David contra Goliat Lliuya, apoyado por la ONG alemana Germanwatch, demandó al gigante energético alemán RWE, responsable del 0,47% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) mundiales desde el inicio de la era industrial.Dicha demanda busca demostrar que estas emisiones son en partes responsables del calentamiento global que causaron el derretimiento glaciar en los Andes. El retroceso glaciar se acompaña de una peligrosa extensión del volumen del lago glaciar Palcacocha, ubicado a 4500 m de altitud y que amenaza la ciudad de Huaraz, ubicada río abajo.“En el año 1941, ya ocurrió un aluvión que destruyó una parte de la ciudad y murieron entonces cerca de 2000 personas”, recuerda Lliuya, entrevistado por RFI en vísperas del inicio de las audiencias.De los años 1940 en adelante, el calentamiento global llevo a una pérdida de casi el 50 % de la masa de los glaciares en los Andes, según los científicos.“La laguna glaciar Palcacocha ha crecido 34 veces. Entonces si se desborda la laguna, podría afectar a 50.000 personas que viven en la zona de riesgo”, advierte el demandante. “RWE es una de las empresas que más ha contribuido a la crisis climática. Entonces la demanda busca que RWE se haga cargo de una parte del costo de la construcción de un dique para asegurar la laguna y para proteger Huaraz”, detalla Saúl Luciano Lliuya.Al considerar que RWE es responsable  del 0,47% de las emisiones globales de CO2 desde el inicio de la era industrial, el peruano, junto con los juristas de Germanwatch, exigen que la empresa aporte el 0,47% del costo de las obras, es decir la cantidad de 17.000 euros.Una primera demanda de este tipo fue presentada en 2015 pero otro tribunal alemán la desestimó. La desaparición anunciada de los glaciares andinosLa peligrosa situación en la que se encuentra la ciudad de Huaraz por el riesgo de desbordamiento de la laguna Palcacocha es una de las consecuencias múltiples que enfrentan las zonas andinas por el calentamiento global.Rubén Efraín Basantes glaciólogo ecuatoriano y profesor de la Universidad de Yachay observa que “desde finales de los setentas se ha acelerado de manera bastante importante la desaparición de los glaciares con el aumento de temperatura. Se ha medido que, en los Andes, entre un 30% a un 50% de la masa glaciar se ha perdido debido a este este aumento de temperaturas”, dice a RFI.Aunque el retroceso glaciar es variable según los países, se estima que todos los glaciares que están ubicados a menos de 5100 metros de altitud están “sentenciados a la desaparición”, advierte el glaciólogo.En el Ecuador, los glaciares ubicados en los volcanes Carihuairazo, Ilinizas y Cotacachi “ya han desaparecido casi totalmente”, constata Bastantes. “Son las primeras víctimas del cambio climático”.La demanda contra el gigante energético alemán RWE pone también en evidencia las consecuencias concretas del calentamiento global y los necesarios esfuerzos de adaptación. Además de los riesgos de aluvión y desprendimiento, se verá afectada “la disponibilidad hídrica para bienes de consumo humano, para la producción de energía hidroeléctrica, para el riego de los cultivos", anticipa el glaciólogo.Escuche el programa completo de 'Vida en el planeta'.Queda por ver si la justicia alemana reconocerá el vínculo directo entre las emisiones de CO2 de RWE y el derretimiento glaciar en Perú.Aunque el peruano solo reclama 17.000 euros a la empresa, el caso podría sentar un precedente en materia de justicia climática. La ONG Germanwatch, que asesora a Saúl Luciano Lliuya no excluye otras demandas a futuro.Según un estudio publicado en la revista Science en 2023, en el mejor de los escenarios, si el planeta se calienta en promedio 1,5°C a nivel global, perderemos el 26% de la masa glaciar del planeta. Y si las temperaturas globales aumentan 4°C a nivel global de aqui a finales del siglo, podrían desaparecer el 83% de los glaciares. En estas condiciones, cada tonelada de codos que evitamos liberar en la atmósfera cuenta para limitar los daños. 

En Estados Unidos, la administración Trump borró casi por completo las palabras 'cambio climático' y 'justicia climática' de las páginas gubernamentales en el marco de masivos recortes presupuestarios en varias agencias públicas. Esta política pone en peligro nuestra capacidad para anticipar el cambio climático, dijeron a RFI varios científicos.  El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina. Con el lema de ‘Stand up for science' – o ‘en defensa de la ciencia'- grupos de académicos, estudiantes, investigadores marcharon en EEUU y en otras ciudades como en París Francia en solidaridad con sus pares estadounidensesLa cruzada sin precedentes de la segunda administración Trump contra la ciencia y en particular la ciencia ambiental despertó las alarmas de la comunidad científica. Wahington arremetió por ejemplo contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, esta agencia emplea 13.000 personas que se dedican a los pronósticos de huracanes, olas de sequias, inundaciones y monitorean la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático.Pero el departamento de eficacia gubernamental, DOGE, encabezada por el hombre más rico de planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia: cerca de 600 empleados de esta agencia fueron despedidos abruptamente, algunos eran encargados de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban datos de sobrepesca.Este gesto es el resultado de la aplicación del plan ultraderechista Project 2025 que llamaba a desmantelar y privatizar la agencia de pronósticos del tiempo de EE.UU. considerándola un vector del "alarmismo climático" que "perjudica la prosperidad del país".El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Josep Canadell, reconocido científico y especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project. Canadell es también miembro del panel internacional de científicos sobre cambio climático, el GIEC o IPCC, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.A finales de febrero, la administración Trump prohibió también a los científicos estadunidenses a participar a la 62 reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climatico (GIEC, o IPCC en inglés) en China.Una decisión que Pep Canadell califica de “desastre”. “El nivel de investigación de los estadounidenses es muy alto. Y el gobierno no les deja ni participar en videollamadas. En el IPCC necesitamos los mejores investigadores para producir el mejor informe sobre el estado del clima global”.El retiro de los investigadores estadounidenses de los trabajos del GIEC plantea también dificultades a largo plazo. “En el GIEC tenemos tres grupos: los de la ciencia del clima, los que miden los impactos del cambio climático, y un tercer grupo que determina qué es lo que hay que hacer, en materia de energía. Y este grupo era liderado por un grupo de estadounidenses de la NASA, a quienes se les prohibió participar”, alerta Canadell.Escuche la entrevista completa con Josep Canadell en nuestro programa 'Vida en el planeta':Resisten a la censura de las páginas gubernamentalesEn el marco de su cruzada con la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas web gubernamentales que contienen las palabras 'cambio climático". Desaparecieron también páginas sobre la justicia climática.Ante esta censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académico agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organiza el rescate y archivo de millones de datos. "Hemos archivado alrededor de 1 millón de páginas de datos gubernamentales medioambientales”, indica Lourdes Vera, doctora en sociología. Vera, quien investiga en particular temas de justicia climática, es parte de este colectivo.“Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas: todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental ya no aparece en las páginas del gobierno. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medioambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido", constata Lourdes Vera, entrevistada por RFI.La investigadora sospecha que esta ofensiva contra la ciencia climática responda tanto a intereses ideológicos como económicos. “Por una parte el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad ¡son datos empíricos! Y, por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña 'perfora, baby, perfora( de Trump.“Evidentemente si uno pone el foco de atención a las injusticias y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera!”, concluye Vera.Otros investigadores estadounidenses, consternados por la ofensiva de Trump contra la ciencia, una actitud calificada de golpe de estado por algunos, esperan ahora que la justicia ponga un freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte judicial de mayoría conservadora, ordenó por ejemplo a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la agencia de cooperación humanitaria internacional, diezmada también por los recortes.Entrevistas: -Pep Canadell, científico y director del Global Carbon Project-Lourdes Vera, doctor en sociología y profesora asistente en la University at Buffalo (EEUU), miembro del Public Environmental Data Project-Emmanuelle Pérez-Tisserant, historiadora (Universidad de Toulouse), impulsora de Stand up for Science, Francia.

En el norte de México, el proyecto Saguaro Energía de planta de licuefacción de gas representa una amenaza para la excepcional biodiversidad marina del Golfo de California, apodado el 'acuario del mundo'. Científicos y ambientalistas temen colisiones entre barcos metaneros y cetáceos en peligro de extinción. Con su megaproyecto de infraestructura de exportación de gas, la empresa México Pacific promete 13 mil empleos y una inversión récord que haría de México el cuarto exportador mundial de gas. 'Saguaro Energía', así como fue bautizado el proyecto, haría de Puerto Libertad, hoy un pueblito de pescadores del Golfo de California, un centro industrial de licuefacción para exportar 15 millones de toneladas de gas al año hacia los países asiáticos. La infraestructura incluye 800 km de gasoductos desde Texas, una planta de licuefacción y una terminal de exportación para buques metaneros.Lo que no precisa la empresa en su video promocional es que este proyecto generaría un tráfico marítimo de buques metaneros de 300m de largo en el Golfo de California, un brazo de mar al norte de México, conocido por albergar 900 especies de peces incluyendo cetáceos.“El Golfo de California tiene una posición muy interesante que se combina con una dinámica de corrientes. Y además en el interior del Golfo, tiene una diversidad de ambientes que propician una amplia una amplia biodiversidad de invertebrados, peces y mamíferos”, recuerda Jorge Urbán, profesor investigador del departamento de ciencias marinas de la Universidad de Baja CaliforniaEl Golfo de California constituye también el hábitat de especies endémicas como la vaquita marina, un mamífero marino al borde de la extinción. “En peligro está la ballena azul y vulnerable, está la ballena jorobada. En el Golfo de California, hay especies migratorias que se encuentran en el golfo para actividades de reproducción y crianza de sus crías como la ballena azul, la ballena jorobada, y la ballena gris. Y el rorcual común que vive todo el tiempo en el golfo, la segunda más grande del mundo, con una población residente de 500 individuos”, detalla Urbán, coautor de un estudio sobre los impactos potenciales del proyecto Saguaro Energía para la biodiversidad (consulte el informe aquí).La intensificación de la circulación de barcos de gran eslora podría entonces generar dos tipos de amenazas para los cetáceos: contaminación acústica y colisiones, advierte Jorge Urbán, quién se basó en un estudio llevado a cabo en Canadá.  Titulado ‘Previsión y mitigación de las colisiones con buques para las ballenas en el territorio de la Primera Nación Gitga'at. Investigación sobre especies amenazadas', el estudio, conducido por Eric Keen advierte que para 2030, “la mortalidad por colisiones con barcos aumentará 2,3 veces para el caso del rorcual común y 3,9 veces para las ballenas jorobadas, es decir, 2 y 18 muertes por año respectivamente. Tales valores representan pérdidas insostenibles que podrían agotar poblaciones de ambas especies en la región estudiada”, de Canadá, indica Urbán, citando el informe de sus pares canadienses.Las similitudes entre el proyecto de terminal gasífero en Puerto Libertad, México, y las instalaciones de licuefacción en Colombia británica dan una idea del impacto que podrían causar dichas instalaciones en la fauna marina del Golfo de California.“El Golfo de california mide aproximadamente unos 1200 km y ese el recorrido que tenían que hacer completamente los barcos metaneros, extremadamente grandes, cerca de 300 m de longitud, con una velocidad crucero de casi 38 kmp/h, una velocidad considerable para un barco de estas dimensiones”. “Cuando un barco le pega a una ballena, lo mas probable es que la mate”, alerta Urbán.Campaña de ONG 'Ballena o gas'De momento, solo ha arrancado la construcción del gasoducto en el desierto mexicano para transportar el gas extraído en Texas. Pero el proyecto Saguaro suscitó una movilización de organizaciones ecologistas. A través de la campaña 'Ballena o Gas', una treintena de organizaciones entregaron en enero más de 200 000 firmas contra el proyecto, a las autoridades mexicanas.Greenpeace México es parte de este colectivo que cuestiona la utilidad misma del proyecto porque añadirá más gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, en contradicción con el compromiso 'Methan Pledge' al que se sumó México, junto con otras naciones del mundo, para reducir las emisiones de metano en 30% para 2030."El metano es uno de los más peligroso gases de efecto invernadero. Su capacidad de absorber el calor es 86% mayor que el Co2. Es un contaminante de vida corta. Pero por su potencial de absopción de calor, es sumamente grave. Para mantenernos por debajo del 1.5°C (de aumento de la temperatura global), es importante limitar este tipo de contaminantes", indica a RFI Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático de Greenpeace México.Preguntada sobre el proyecto Saguaro, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que aún se encontraba en fase de revisión por la secretaría de Medioambiente y Recursos Natuarales.Escuche el podcast completo: Entrevistas:Jorge Urbán, profesor investigador del departamento de ciencias marinas de la Universidad de Baja California Sur.Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático de Greenpeace México

La paralización de las actividades de la agencia de cooperación exterior USAID, decretada por Donald Trump, pone en aprieto miles de programas humanitarios y de protección del medioambiente en el mundo. En Latinoamérica, Colombia es el país que más fondos recibió de parte de USAID, con 395 millones de dólares en 2023. A principios de febrero, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, encargado por Donald Trump de recortar drásticamente los gastos del presupuesto federal, anunció el cierre casi total de las actividades de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, USAID. La agencia pasó de 10.000 empleados a 300, de un plumazo. Y la administración Trump indicó que revisaría los 42 mil millones de dólares de presupuesto de esta entidad. Esta decisión draconiana, tomada en el marco de los recortes estatales impulsados por Elon Musk, sacude la comunidad mundial de las ONG pues USAID representa, hasta el momento cerca del 40% de la ayuda humanitaria global."Es un nido de víboras marxistas", dijo Elon Musk para justificar el desmantelamiento de la agencia. Una crítica bastante insólita cuando sabemos que USAID ha sido históricamente un instrumento de poder blando de Estados Unidos en el exterior. La agencia, cuya misión incluye por ejemplo financiar ayuda humanitaria y fomentar la democracia, fue incluso varias veces acusada de injerencia y de intervencionismo por países como Cuba, Venezuela o Bolivia, por apoyar a voces disidentes o de oposición.En muchos países, sin embargo, en los últimos años, los dólares de USAID se han convertido en un apoyo indispensable para la distribución de alimentos, la lucha contra el VIH, la lucha contra la deforestación o el apoyo a defensores de derechos humanos en zonas de conflicto."Nunca había visto a una nueva administración proceder de esta manera.  Cuando llega una nueva administración, por lo general se revisan algunos programas. Esto no es inusual. Pero nunca había visto una administración llegar y congelar todos los fondos de la ayuda exterior”, dijo a RFI un ex funcionario de USAID y hoy científico del Instituto de Estocolmo para el medioambiente (SEI), Edd Carr.Carr subrayó que la suspensión brutal de las ayudas de USAID tendrá impactos locales e internacionales. “Todos los programas de USAID -por ejemplo, los dedicados a la seguridad alimentaria o a la salud mundial- tienen un componente climático. Está el impacto directo en las personas y las comunidades que se beneficiaban directamente de los proyectos climáticos de USAID. Por ejemplo, los pequeños agricultores del África subsahariana. Si USAID intenta mejorar la resistencia de estos agricultores africanos frente al cambio climático, es también porque es un medio para asegurar el sistema alimentario mundial. Detener este programa tendrá, por tanto, un impacto indirecto en todos nosotros.”Incertidumbre en Colombia, gran receptor de ayudas de USAIDLa suspensión de las ayudas de la USAID despertó las alarmas en Colombia en particular, el país latinoamericano que más apoyos recibe de dicha agencia. El 2023, el país suramericano recibió 395 millones de dólares para financiar proyectos en múltiples áreas explica Juana García Duque, profesor asociada de la Universidad de los Andes y experta en temas de cooperación internacional.“Al ser un país de renta media, Colombia no es un país dependiente de la ayuda, sin embargo, es un país que ha recibido grandes cantidades de recursos de USAID y de otros donantes inicialmente por la situación de conflicto. Adicionalmente, hay momentos en la historia del país donde se han incrementado esos recursos: cuando ha habido negociaciones de paz y cuando ha habido acuerdos de paz”, recuerda la experta.“La mitad de esos recursos provienen de USAID, entonces pensar que esos recortes van a impactar significativamente los recursos que recibe Colombia anualmente. Los programas han variado a lo largo de la historia, pero han estado enfocados en temas de desarrollo económico, en temas de acompañamiento para la sustitución de cultivos ilícitos. También a raíz de los acuerdos de paz del 2016, USAID acompañó proyectos relacionados con la reintegración y reincorporación de excombatientes. El espectro ha sido bastante amplio”, detalla Juana García Duque.En una declaración del 18 de febrero, el presidente Donald Trump cuestionó –y se mofó - del gasto de 25 millones de dólares dedicados a la protección de la biodiversidad en Colombia.Según el ministerio de medioambiente de Colombia, el país recibió 70 millones de dólares de USAID para la protección del medioambiente. Y el impacto se hará sentir principalmente en las zonas de la Amazonía colombiana, alertó la ministra colombiana de medioambiente Susana Muhamad.Un programa en particular dejó de recibir subsidios: se trata de Amazonía Mía, que apoya a comunidades rurales para evitar la deforestación, y brinda asistencia al estado colombiano para reprimir los delitos de tala ilegal.“Con respecto al tema medioambiental, ha habido algunas áreas específicamente, por ejemplo, algunos programas que en donde USAID apoyó en el diseño y la consolidación de rutas de aviturismo y claramente Colombia hoy se ha posicionado como uno de los destinos más reconocidos. Hay programas como el de Destino Naturaleza, Amazonía Mía, Tierra Dorada, Naturaleza Productiva que van a quedar en el limbo. Tanto las comunidades como muchos de los técnicos y las organizaciones que hacen parte de quienes apoyan estos programas”, advierte García Duque. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC alertó por su parte sobre las consecuencias a mediano plazo que ocasionaran los recortes: las comunidades que recibían fondos de USAID podrían ser más vulnerables económicamente y caer en actividades ilegales.A mediados de febrero, un juez revirtió la decisión de la Casa Blanca de congelar los fondos y exigió que se ejecutaran estos presupuestos. Pero de momento, la Casa Blanca no ha reiniciado los pagos, manteniendo así un pulso con el poder judicial.Escuche el podcast completo de Vida en el planeta: Entrevistas: -Juana García Duque, profesora asociada de la Universidad de los Andes y experta en cooperación internacional.-Edd Carr, ex funcionario de USAID, entrevistado por Stefanie Schuller.

El retroceso glaciar en la Antártida, en el polo sur, deja al descubierto zonas nunca exploradas. Un equipo del Schmidt Ocean Institute navegó en estas aguas remotas para observar la biodiversidad. RFI conversó con la jefa de la expedición. En 2023, durante una expedición en la Antártida, científicos estadounidenses descubrieron en las profundidades del polo sur un extraño invertebrado con 20 brazos, de color blanco con reflejos morados, que no superaba los 20 cm de largo. A esta singular especie que tenía un aspecto extraterrestre, se le otorgó el nombre de Promachocrinus fragarius, o estrella pluma fresa en alusión a la textura de su piel que recuerda de la dicha fruta.Este hallazgo nos recuerda que las aguas gélidas que bordean el único continente que carece de población humana, aun resguarda muchas sorpresas en materia de biodiversidad.Aunque carece de asentamientos humanos, la Antártida, continente dedicado a la ciencia, y que no es propiedad de ninguna nación, cuenta con su biodiversidad propia: pingüinos, ballenas y otras criaturas marinas viven en osmosis con las temperaturas bajas del polo sur. Pero el cambio climático podría perturbar este equilibrio. Hasta 2015, la banquisa antártica, capa de hielo que rodea el polo sur no mostraba grandes variaciones, contrariamente a la banquisa del polo norte que retrocede año tras año. Pero en 2023, sufrió un deshielo histórico. Y año tras año cada invierno, la masa de hielo se recupera menos que antes de 2015. Aún no se ha determinado si este fenómeno es el resultado directo del cambio climático como en el polo norte.En este contexto, la misión científica del Schmidt Ocean Institute navegó al oeste de la Península Antártica, en el mar de Bellinghausen, en estas aguas descubiertas por el retroceso glaciar.RFI conversó con Patricia Esquete, bióloga y codirectora de la misión. Desde el buque científico Falkor 2 explica a RFI la importancia de esta misión en aguas remotas. Con un grupo de científicos, zarpó el 10 de enero, aprovechando el verano antárctico con temperaturas que rondan los -8 grados celsius.Entrevista completa:

París organiza este 10 de febrero una inédita cumbre sobre lo que pretende ser la tecnología del futuro, la Inteligencia Artificial. Si la fascinación es lo que domina entre los creadores de la IA, las empresas y los gobiernos, hay un lado mucho más crítico de esta tecnología revolucionara: el impacto ambiental del consumo energético exponencial de los mega centros de datos necesarios para su funcionamiento. "Entrenar un modelo de IA puede generar cientos de toneladas de CO2" dice a RFI un experto que llama al sentido común de los usuarios. Tan solo 4 días después de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció la flexibilización de las leyes para la producción energética destinada a satisfacer la demanda de la Inteligencia Artificial (IA). "El gran problema -explicó Trump- es que necesitamos el doble de la energía que tenemos actualmente en los Estados Unidos para que la IA sea realmente competitiva frente a China y otros. Así que vamos a actuar rápido para construir plantas de generación eléctrica, y para que puedan alimentarla con todo tipo de energía y que puedan tener carbón como respaldo." En dos años, el sector de la IA y de las criptomonedas podría duplicar su consumo eléctrico, lo que equivaldría al consumo total de un país como Japón, según previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que pide detener esta curva ascendente.Y mientras los científicos del mundo urgen a los gobiernos a reducir sus emisiones de CO2 y a moderar su consumo energético para luchar contra el cambio climático, el mandatario republicano ha decidido autorizar el uso de carbón, uno de los peores combustibles en materia de huella ambiental. Eric Schmidt, presidente de Google, aboga por su parte por la construcción de nuevos reactores nucleares para alimentar la voracidad de los centros de datos.Por muy virtual que parezca, la AI funciona con microchips de metales críticos que componen centros de datos que necesitan combustible para funcionar.Sobre la huella ambiental de la IA comenzamos por preguntarle a ChatGPT si es consciente de su impacto ecológico. Y nos respondió: "Se estima que entrenar un modelo de IA avanzada puede generar decenas o incluso cientos de toneladas de CO2, dependiendo del tamaño del modelo y el tiempo de entrenamiento. Un estudio de 2019 estimó que entrenar un modelo de IA similar a GPT3, podría generar alrededor de 284 toneladas de emisiones de CO2, lo cual equivale a las emisiones anuales de 5 automóviles."Para una mirada más crítica conversamos con Alex Hernández, profesor en la Universidad de Montreal y en el Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec y especialista en las emisiones de CO2. "Los esfuerzos que hacen las empresas, pero también los gobiernos y por supuesto, a nivel individual, para medir el consumo energético de las aplicaciones de IA son más pequeños de los que deberían ser en un contexto de emergencia climática."¿Ese sostenible el consumo energético de la IA a largo plazo?"Va a depender mucho de cuál sea la evolución en los próximos años de aplicaciones, como ChatGPT, cuando se usen para tareas que hasta hace poco se hacían fácilmente sin utilizar la IA. Simples búsquedas que antes hacíamos por Internet, pues hoy hay mucha gente que está empezando a hacerlas con los chat Bots. Ciertos estudios dicen que una pregunta consume diez veces más energía que una búsqueda en un buscador clásico, de tipo Google. Eso es alarmante."¿Pero por qué la IA necesita mucha energía eléctrica?"Es importante distinguir dos etapas en la vida de un modelo de IA. Primero está la etapa de entrenamiento, en la cual quienes desarrollan estas herramientas, las entrenan con datos para que funcionen de la manera que se espera. Esto consume mucha energía porque hay que hacer funcionar muchas computadoras, o una muy grande, durante mucho tiempo, mientras va adaptando el algoritmo interno. Para hacernos una idea, algunos modelos que desarrollan empresas como OpenIA, Google o Facebook, necesita un ordenador a toda máquina durante varios meses, ejecutando un montón de operaciones."¿Y la segunda etapa?"Es la que comienza desde que estas herramientas llegaron al gran público. Antes no nos preocupaba mucho el consumo energético pero ahora sí puesto que tenemos muchísimas personas en el mundo haciendo preguntas y hablando con estos modelos de conversación. Y cada vez que hacemos una pregunta a un modelo de lenguaje, lo que va a hacer es enviar la pregunta a un servidor que a lo mejor está en la otra punta del planeta y se va a ejecuta una serie de operaciones complejas en computadoras que generan un gasto considerable de energía. Estos servidores necesitan refrigeración permanente, mantenimiento y todo tipo de intervenciones.que requieren electricidad y ya sabemos que en la mayor parte del mundo, esa energía no es limpia, viene de combustibles fósiles y por tanto implica emisiones de efecto invernadero.¿Sabe qué cantidad de estos gases representa el funcionamiento de la IA, por ejemplo de ChatGPT?"No sabemos prácticamente nada porque hay mucho secretismo, pero voy a poner el ejemplo del predecesor del primer ChatGPT, que se llamaba GPT3 y consumía, solamente la fase de entrenamiento, el equivalente a 450 vuelos aéreos entre Londres y Nueva York. Entonces, es muy razonable pensar que con los modelos actuales el consumo de energía está aumentando de manera exponencial, lo cual no se puede sostener en el tiempo. Esperamos que las regulaciones que se están desarrollando en algunos países sirva para establecer guías y restricciones al desarrollo desmesurado que hemos visto en los últimos años."¿A qué usos debería limitarse la inteligencia artificial para el gran público?"En primer lugar, diría que no debemos culpar a a las personas individuales por estos problemas. Creo que la responsabilidad principal recae en las grandes empresas tecnológicas, que hacen campañas de marketing muy agresivas para que todo el mundo use estas herramientas. Y por supuesto, la gente ve una tecnología nueva y la quiere usar. Sería necesario detenerse un momento y reflexionar sobre si realmente necesitamos esta tecnología o sobre cómo la utilizamos. Si le planteamos a un modelo de lenguaje cualquier pregunta o búsqueda que podríamos hacer en Internet, pues sería como usar un avión para desplazarse a una distancia muy corta."Además de su alto impacto en materia climática, los centros de datos generan conflictos locales por la cantidad de agua que consumen para enfriar los sistemas. En un informe de 2023, investigadores de las universidades de Colorado y de Arlington, Texas, estimaron que hacer entre 20 y 50 preguntas a ChatGPT genera un consumo equivalente a una botella de agua de medio litro.En Uruguay, en 2023, mientras el país atravesaba su peor crisis hídrica, Google anunció la creación de un centro de datos que consumiría 7 millones de litros de agua diarios, lo que equivale al uso doméstico de 55.000 personas. Tras una movilización popular, Google optó finalmente por un sistema de refrigeración por aire. Pero conflictos similares ocurren actualmente en España, México y Estados Unidos. En este último país, un senador quiere exigir a los gigantes tecnológicos a revelar el impacto ambiental de la inteligencia artificial.

Colombia ha tenido que poner restricciones al consumo de agua por la escasez. Sin embargo, es uno de los países con mayores reservas de agua del mundo. ¿Cómo se explica y qué debemos hacer? Reportaje de la corresponsal en Colombia, Najet Benrabaa La planta de tratamiento de aguas Maniantales es una de las más importantes de Medellín y su región. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en lo alto de las colinas. Aquí cada día, se tratan 432.000 M3 de agua, es decir, el equivalente a 173 piscinas olímpicas. Según los ingenieros de la empresa de tratamiento de agua EPM, cada año el proceso de tratamiento del agua se complica un poco más.“El agua viene del embalse Río Grande que queda aproximadamente a 62 km. Es decir, por los desafíos que supone la contaminación urbana, cada vez tenemos que ir más lejos. Esto es una muestra de ello, estamos en las montañas del oriente del valle y hay que ir hasta más allá de las montañas del occidente, tenemos que atravesar todo el valle con una tubería para poder garantizar traer el agua desde muy lejos, desde 62 km, y viene de un embalse que sirve para la generación de energía y para producción de agua potable”, explica Rodolfo Mira Becantur, ingeniero y jefe de potabilización de agua para EPM, la empresa de tratamiento de agua y energía de Medellín, EPM.A esto se añaden las consecuencias del cambio climático, como el aumento de los períodos de sequía e inundaciones. Son cada vez más largos y fuertes. Esto hace que sea aún más difícil el trabajo de potabilización del agua. El fenómeno El Niño y sus consecuencias“A principios del año 2024, tuvimos fenómeno El Niño el cual disminuye la cantidad de agua disponible en los embalses. Esto supone que tenemos que captar el agua más cerca del fondo del embalse y esto lo hace más complejo. Debido a que el agua es más compleja, los procesos también se vuelven más costosos, los costos se multiplicaron por 3 para potabilizarla.”, afirma Mira Becantur.Según el ingeniero, los productos para el tratamiento del agua han cambiado varias veces, al igual que la cantidad utilizada para limpiarla y filtrarla. “El agua del fondo trae más materia orgánica metales como hierro, manganeso y por eso en la planta es necesario generar procesos adicionales como la oxidación avanzada con dióxido de cloro, qué es el principal producto que nos permite remover materia orgánica y optimizarla, así como la remoción del manganeso que. Esto es lo que hace que los precios se incrementen”, asegura.Entre 2002 y 2021, más de 1.400 millones de personas se vieron afectadas por las sequías. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos parte del año y una cuarta parte se enfrentó a niveles “extremadamente altos” de estrés hídrico, utilizando más del 80% de su suministro anual total de agua dulce renovable. El cambio climático amenaza con aumentar aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos.Este año, en Colombia, los períodos de sequía han sido duros. Así que varias ciudades tuvieron que ahorrar agua. Para la capital, Bogotá, se ha establecido un racionamiento de agua desde marzo de 2024. Cada día, un barrio se queda sin agua.Contactado por teléfono, Andrés Santamaría es dirigente de “Barrios Bonitos”, un barrio de Bogotá; y nos informa sobre la penosa situación que viven los habitantes.  Restricciones en la capital “Debido a que los embalses están muy bajos, nos quitan el agua una vez a la semana durante 24 horas. En mi caso, lo que yo hago es que utilizo tanques, dos tanques, necesarios solamente para el baño y en este caso trato dejar la comida lista. Y si no, pues me voy a un restaurante. Pero por lo general dejo todo organizado. Dejo un espacio también para la losa, para reciclar el agua para lavar. Es importante”, nos explica.Esta situación se ha prolongado durante meses y no hay indicios de que vaya a mejorar rápidamente. El clima es inestable y los depósitos de agua no se llenan con la rapidez necesaria. Es por eso que los habitantes de Bogotá se han resignado y adaptado su modo de vida.“La gente se ha acostumbrado. No fue fácil pero la gente es conformista. Hay mucha gente que se queja porque sabe que le cambian los hábitos, pero otras personas simplemente prefieren invertir más en comprar un tanque, aumentar sus recursos en agua, lo que se vuelve un doble consumo”, dice.La situación de racionamiento en Bogotá preocupa a todo el país y tendría que empezar a preocupar incluso al mundo. Porque si Colombia, que tiene una capacidad hídrica seis veces mayor que la media mundial según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, ya sufre escasez de agua, el resto del mundo no está a salvo.“Aunque, según las estadísticas, Colombia es un país rico en agua, éstas son sólo cifras. Para decirlo claramente, no tiene mucho sentido que los ríos Atrato o Amazonas pasen por nuestro territorio, porque estas fuentes de agua, que son realmente muy importantes, están extremadamente lejos de donde se concentra la población”, explica Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de la empresa EPM.Los ríos, muy lejos de los centros urbanos“Ninguno de estos grandes ríos pasan cerca de Bogotá o Medellín. Solo Barranquilla y Cali tienen excepciones que tienen ríos importantes cerca. Pero el resto de las grandes capitales de los departamentos no tienen estos ríos cerca. Es un poco como decir que Bill Gates y yo en promedio somos multimillonarios, pero si vamos a ver quién tiene la plata y quién tiene las deudas, pues la cosa cambia”, agrega Ochoa Posada.Lo que explica es válido para muchos países del mundo. Es aún más alarmante cuando el calentamiento global ya está atacando las reservas de agua, además de la actividad humana. La tierra pierde masas de agua dulce. El caudal de los ríos disminuye en más de cuatrocientas cuencas. Es cinco veces más que hace quince años, según las agencias de la ONU.Para Darío Gallego Suárez, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional de Medellín, es hora de cambiar nuestras formas de tratar el agua de forma sostenible y no ir a las profundidades a buscarla. Según el profesor, la solución viene del cielo. El agua de lluvia puede ser una fuente infinita de agua renovable.La solución puede estar en el cielo “Recomiendo trabajar la idea de captar el agua y almacenamiento del agua lluvia, que no hay que tratar, o a veces hay que tratarla menos. Propusimos algunas posibilidades para la facultad en donde podíamos recolectar agua de lluvia de alguna superficie de los edificios y reutilizarla dentro de la misma universidad. Hay que tratar de bajar el consumo de agua, tanto empresas como nosotros, en la parte doméstica y no echarle todo el tiempo la culpa a las empresas”, afirma el ingeniero.Otro proceso muy apreciado por la industria del tratamiento de aguas, pero cuestionado por algunos especialistas, es la desalinización del agua de mar. Se están realizando estudios y experimentos en todo el mundo.Dado que los océanos cubren el 70% del planeta, muchos ingenieros consideran que este proceso es una buena manera de hacer frente a la escasez de agua. Rodolfo Mira Becantur está convencido de ello, aunque aún queda mucho por hacer antes de que el proceso sea viable.“Hoy en EPM tenemos procesos de desalación, es decir, volver el agua de mar apta para consumo humano. En Colombia hay muy pocos. Hay algunos procesos de desalación en el desierto más árido del mundo que es el Atacama qué es en aguas de Antofagasta. En el futuro, con mucha probabilidad, vamos a tener que ir más hacia el consumo de agua del mar para poder tratar y volverla a potable y reutilizar aguas residuales para volverlas potables”, vaticina.Este entusiasmo no es compartido por el profesor e ingeniero Darío Gallego Suárez. Varios estudiantes de su universidad están trabajando en este tema para evaluar los riesgos y beneficios de la desalación del agua de mar.“Es bastante complejo y costoso por las cantidades de sal que tiene. Y ¿qué hacer con la sal? Los indígenas de nuestras costas lo hacen a través del sol y producen sal marina, sal de mar y la venden, pero son cantidades muy pequeñas, pero a nivel industrial naturalmente, eso representa un problema”, argumenta.Desalinizar, pero ¿a qué precio? El profesor también está preocupado por los efectos de esta práctica en el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos. “Los ecosistemas se alteran, quedan desequilibrios. Lo mismo, por ejemplo, con el embalse de aguas de los ríos que naturalmente impiden que el compuesto orgánico siga su curso normal hasta el mar. Hay desbalances”, denuncia.En las oficinas de la empresa pública de tratamiento de aguas EPM, el discurso es diferente y más optimista. Se están realizando experimentos en Chile, que se llevan a cabo en el desierto de Atacama. Lo que hace que el vicepresidente de Saneamiento y Agua, Santiago Ochoa Posada, diga que la desalinización del agua es un proceso confiable pero costoso. Sin embargo, está convencido de que existen otras soluciones antes de la desalinización del agua.“Tenemos que mirar a largo plazo. Hay que esforzarse por preservar la calidad y la cantidad del agua natural. Tenemos que proteger los manantiales, promover la reforestación, la rehabilitación y restauración del suelo, y enseñar a las comunidades agrícolas cómo desarrollarse sin tener un impacto negativo en el medio ambiente.  Y esto es responsabilidad de la sociedad. Los habitantes de las ciudades tienen que entender que no se puede vivir en la ciudad sin saber lo que pasa en el campo”, explica.Según las proyecciones de la ONG WWF, para 2050, es probable que en todo el mundo haya 5,7 millones de personas que vivan en zonas con escasez de agua.

Los polos de nuestro planeta están siendo víctimas directas del cambio climático. Pero para los científicos, la mala noticia es también una oportunidad de acceder a zonas hasta ahora inaccesibles, antes cubiertas por glaciares o banquisas. Una bióloga marina a bordo de una inédita expedición en la Antártida, nos explica lo que están logrando descubrir en materia de biodiversidad. Hasta 2015, la capa de hielo antártica que rodea el polo no mostraba grandes variaciones, contrariamente a la banquisa del Polo Norte que, a raíz del calentamiento global, retrocede año tras año. Pero en 2023, el sur sufrió un deshielo histórico y desde entonces también pierde terreno regularmente. Lo que no se sabe aún a ciencia cierta es si el fenómeno del sur se debe al cambio climático, como en el polo opuesto.En 2023, durante una expedición en la Antártida, científicos estadounidenses descubrieron en las profundidades del Polo Sur un extraño invertebrado con 20 brazos, de color blanco con reflejos morados, que no superaba los 20 cm de largo. A esta singular especie se le otorgó el nombre de Promachocrinus fragarius, o estrella pluma fresa, en alusión a la textura de su piel que recuerda dicha fruta.Este hallazgo nos recuerda que las aguas gélidas que bordean el único continente que carece de población humana, aún conserva muchas sorpresas en materia de biodiversidad. De ello hablamos con Patricia Esquete, bióloga y codirectora de la misión científica del Schmidt Ocean Institute, en la Antártida.

Es uno de los mayores escándalos sanitarios europeos: la contaminación por PFAS. Utilizadas durante muchos años para producir sartenes antiadherentes, por ejemplo, estas sustancias contaminan suelos y ríos de numerosos países desde hace décadas. Durante muchos años hemos utilizado sartenes antiadherentes sin sospechar que el PFOA uno de los componentes del Teflón, era tóxico. Esta sustancia, que evita que los alimentos se peguen a las sartenes, fue prohibido en 2020 a nivel internacional debido a los riesgos graves que representa para la salud. El PFOA forma parte de la familia de las 4000 sustancias perfluorolaquiladas y polifluoroalquiladas, (PFAS, por sus siglas en inglés) conocidas también como "contaminantes eternos" por su persistencia en el medioambiente.En 2023, una investigación colaborativa que unió medios de comunicación europeos y ONG reveló la presencia preocupante de PFAS en el suelo o el agua en 23000 sitios en Europa. Y en 2100 zonas, las concentraciones de estas sustancias alcanzan el límite de 100 nanogramos por litro, considerado como peligroso por la salud por los expertos competentes.Tal es el caso en Zwijndrecht, Bélgica, donde la empresa 3M fabricó hasta 2020 ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) y contaminó suelos, ríos y lagos, a sabiendas de que estas sustancias se dispersaban de manera casi irreversible en el medioambiente.En esta región, un estudio independiente reveló que los jóvenes sufren trastornos de pubertad y de su sistema inmunológico. Ante la magnitud del desastre, la empresa 3M pagó 570 millones de euros para remover estas sustancias nocivas del suelo. Casos similares de contaminación por PFAS afectan ya a varias regiones de Europa, lo que ha llevado a los países a intensificar el control sobre la presencia de estas sustancias en el agua.Escuche la versión audio:Las PFAS han sido, durante décadas, sustancias particularmente valoradas en la industria manufacturera: fueron utilizadas como repelentes de agua en textiles, como repelentes de manchas en alfombras y también por sus características antiaceites en utensilios de cocina o ignífugas en productos antiincendios. E incluso en herbicidas y pesticidas.“Por eso están tan esparcidos por el medio ambiente. Hay una gran cantidad de estudios que indican que estos contaminantes se bioacumulan en organismos vivos, por eso son tan preocupantes”, alerta la investigadora española Irene Navarro. Desde el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT), Navarro trabaja en la unidad de contaminantes, encargada de monitorear la cantidad de PFAS en los ríos.Descontaminación imposibleLas obras titánicas que se llevan a cabo en Zwijndrecht donde se limpia el suelo metro cuadrado por metro cuadrado demuestran la dificultad de descontaminar las zonas afectadas por las PFAS, sustancias que pueden ser cancerígenas, pueden alterar la fertilidad, la inmunidad y son perturbadores endocrinos. “Existen varios tratamientos para la limpieza de agua y para la limpieza de lo que son otros compartimentos medioambientales. Pero son estudios a nivel de laboratorio o a nivel de plantas piloto. Es muy complicado ponerlas en marcha en campo. El problema es el coste porque requieren mucha energía”, comenta Irene Navarro en entrevista  con RFI.Las técnicas de absorción con carbón activo o con resinas de intercambio iónico permitan captar las PFAS, pero “generan residuos que hay que tratar con incineración”, agrega.“Hay algunos estudios que indican que PFOS se eliminan mediante incineración utilizando temperaturas de 1100ºC que no alcanzan las incineradoras municipales. Las tecnologías a veces tienen una efectividad muy buena para algunos PFAS, los de cadena larga, por ejemplo, y en cambio los de cadena corta son más difíciles de eliminar. Tienen que evolucionar la tecnología para conseguir esta contaminación real”, concluye Navarro.La carrera sin fin de la industria químicaAnte la multiplicación reciente de estudios que detectaron la presencia de PFAS en los suelos, ríos, fuentes de agua potable y en la sangre de poblaciones que viven cerca de plantas químicas que procesan estas sustancias, las autoridades impusieron progresivamente reglas: desde la prohibición del PFOA en 2020, hasta limites de concentraciones de 20 PFAS preocupantes de 0,10 μg/l en el agua potable en la Unión Europea. Pero la regulación de las PFAS se asemeja a una carrera de prohibición en la que la industria química siempre se lleva la delantera con la creación de nuevas sustancias para esquivar la ley.“Sí, pasa con estos contaminantes y con muchos otros”, confirma la investigadora Irene Navarro. “Estos compuestos se empezaron a utilizar a lo mejor en los años 50 y se han estado utilizando hasta que salta la alarma. Y cuando la comunidad científica comunica su preocupación, las empresas ya están pensando en sustituir estos compuestos por otros. El problema es que se sustituyen a veces por compuestos muy similares. Es y al ser tan similares, pues pueden provocar los mismos efectos que las sustancias iniciales”, indica Navarro.Los grupos de intereses a la ofensiva en BruselasDesde Bruselas, Dolores Romano, responsable de políticas de sustancias químicas en European Environmental Bureau, EEB, principal coalición de ONG ambientalistas europeas, estima que las prohibiciones actuales son muy limitadas frente a los miles sustancias que se usan en la industria.La activista respalda la propuesta de Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega para que se prohíban en toda Europa todas las PFAS. “Además, se deberían prohibir de inmediato todo lo que son usos no esenciales de PFAS, o sea, como decoración e inmuebles y. Todos los usos para los que realmente no son críticos para el mantenimiento de la seguridad o de la salud”, dijo a RFI.Pero los intentos por restringir el uso de estos contaminantes eternos se han topado con una ofensiva de los grupos de intereses de la industria química. En abril de 2024, la dirección de la empresa de utensilios de cocina Seb incitó por ejemplo a sus empleados a manifestarse ante la Asamblea Nacional francesa el día del debate de una propuesta de ley para prohibir el uso de PFAS en textiles y cosméticos.“Estamos viendo una influencia y una presión que no se ha visto jamás en Europa, de la cantidad de lobistas, de reuniones, de información falsa que se está de vertiendo sobre sobre las PFAS, sobre su peligrosidad, sobre las alternativas”, observa Dolores Romano.“Estamos frente a una campaña masiva de desinformación por parte de los fabricantes de PFAS en Europa. Es especialmente la filial de Dupont, Chemours, que está liderando la campaña, junto con las asociaciones de empresarios de la química”, subraya la activista.La influencia de los grupos de intereses llevó justamente a un giro espectacular del gobierno alemán. En 2023, el gobierno de Olal Scholz fue uno de los promotores europeos de la prohibición universal de las PFAS antes finalmente de dar marcha atrás.¿Qué decidirá el próximo gobierno? Quién asumirá el costo de la descontaminación de los suelos envenenados por PFAS, estimado en 100 mil millones de euros ? Preguntas que aún quedan pendientes en Europa.Entrevistas:>Irene Navarro, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, España, en la Unidad Contaminantes Orgánicos Persistentes.>Dolores Romano: responsable de políticas de sustancias químicas en European Environmental Bureau, EEB, principal coalición de ONG ambientalistas europeas.

Dos medidas concretas acaban de entrar en vigor -una en Francia y otra en en la Unión Europea- para luchar contra la obsolescencia prematura de los electrodomésticos. Se trata del nuevo índice de sostenibilidad y del cargador universal para los teléfonos celulares. Nos ha pasado a todos: comprar un aparato que deja de funcionar a los dos meses y tener que comprar uno nuevo. En Francia, el año inició con una nueva medida para incentivar el reuso, la reparación y luchar contra la obsolescencia prematura. Desde el 8 de enero, todos los nuevos televisores vendidos en Francia llevan una eco etiqueta. Se trata de un pequeño símbolo con un reloj de arena y una calificación de 1 a 10 (para los objetos más robustos) y que permite a los consumidores informarse mejor sobre lo que compran.Dicho índice de sostenibilidad se calcula a partir de una serie de criterios: si el televisor es reparable, si resiste bien al deterioro y si conlleva una garantía de al menos 3 años, por ejemplo. La medida solo concierne los televisores, pero en unos meses, se aplicará a las lavadoras también. “Es un avance muy importante. Hemos luchado por este índice durante casi 10 años”, dice a RFI el economista francés Samuel Sauvage, cofundador de la asociación civil Halte à l'obsolescence, ‘Basta de obsolescencia', en francés.Dicha organización que lucha a favor de la economía circular, se basó en la ley francesa de 2015 que prohíbe la obsolescencia programada para demandar a Apple. En 2020, el gigante estadounidense de los teléfonos celulares fue condenado a 25 millones de euros de multa por haber voluntariamente acorta la duración de vida de las baterías de los Iphone.Aunque el nuevo indicar francés no aplicará para los teléfonos celulares – en espera de una legislación similar nivel europeo - “el consumidor podrá saber con esa nota de 1 a 10 si el televisor podrá ser a la vez reparado, si tiene las piezas de recambio, si es desmontable y también si es robusto, si resiste a los choques”, se alegra Sauvage.Y aunque serán los fabricantes quienes se encargarán ellos mismos de elaborar los índices de sostenibilidad de sus productos, “habrá controles a nivel del Estado francés, el detalle de las notas estará en línea y visible por cualquier consumidor o para organizaciones como como la nuestra. Así que se permitirá tener controles regulares”, indica el activista.Samuel Sauvage recuerda que su organización realizó una investigación sobre el índice de reparabilidad, un indicador que existía desde 2021 en Francia, pero que no incluía criterios como la solidez de los aparatos o la existencia de garantías. Dicha investigación “había mostrado que globalmente las notas eran bastante coherentes. Pero siendo siempre atentos ante la tentación que puedan tener algunas marcas de sobrevalorar sus productos”, advierte Sauvage.Pero ¿qué tanto impacto puede tener este tipo de indicadores para los consumidores?Según afirma el economista Samuel Sauvage, “los consumidores franceses escogen más los productos que tienen mejor nota, por ejemplo, sobre las lavadoras. Las que tienen una nota superior a 8 de 10 en el 2022 representaban el 13% de las ventas. Y en tan solo un año pasaron a representar el 20%, de las ventas, y eso se ve sobre muchas categorías de productos, así que los consumidores escogen cada vez más los productos que tienen la mejor nota, aunque sean más caros”.El cargador universal para celulares en la U.E.La Unión Europea también camina hacia una regulación para limitar el despilfarro de aparatos electrónicos. Todos tenemos en casa esta maraña de cables amontonados en un cajón. Para evitar esto, desde finales de diciembre de 2024, ha entrado en vigor el cargador universal en la Unión Europea.Celulares, cámaras, audífonos, altavoces portátiles y teclados nuevos serán compatibles con el mismo cargador de tipo USB C. Los consumidores además podrán optar por recibir o no el cargador. Se busca de esta manera ahorrar 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la Unión europea, según cálculos de Bruselas.“En 2020 se vendieron más de 420 millones de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos móviles”, recuerda el eurodiputado conservador Pablo Arias (PP, España). “Había 30 soluciones para cargar teléfonos móviles. La Comisión Europea estimó que era una amalgama demasiado amplia para cargar teléfonos móviles y que era un problema para el consumidor. Lo que se puso sobre la mesa por una cuestión de comodidad para el consumidor también llegó con la intención de reducir los residuos electrónicos en el marco del Green Deal” -el Paquete Verde de leyes ecologistas que hacen de la Unión Europea un espacio pionero en materia de protección ambiental -, detalla Pablo Arias.Sin embargo, esta medida de sentido común no ha sido fácil de alcanzar: el gigante Apple opuso resistencias. Y lo que inicialmente debía ser una medida fundada en la buena voluntad de los fabricantes de aparatos electrónicos, acabó en una ley obligatoria que instauró el cargador USB C desde diciembre de 2024, nos cuenta el eurodiputado Pablo Arias, miembro de la comisión de protección de los consumidores.La Unión Europea también está preparando una directiva para instaurar a partir de 2025 en los 27 países del continente un etiquetado con un índice de sostenibilidad para los electrodomésticos nuevos, emulando el sistema francés.Se trata, concluye el eurodiputado Pablo Arias de “pasar del producir, usar y tirar a un sistema en el que pudiésemos unas opciones en las que, como tenemos falta de materias primas, pudiéramos reciclar reutilizar, reacondicionar, reparar, rediseñar, renovar y recuperar”.Entrevistas:-Samuel Sauvage, economista y cofundador de la organización francesa Halte à l'obsolescence - 'Basta de Obsolecencia'-Pablo Arias, eurodiputado del Partido Popular (conservador).

En El Salvador, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele dieron luz verde a la minería metálica, una actividad que hasta ahora estaba prohibida a causa de sus impactos ambientales nocivos. El presidente Bukele afirma que la minería permitirá reactivar la economía, pero varias voces advierten de los peligros potenciales de reabrir minas de oro. A principios de diciembre, Nayib Bukele, defendió durante un discurso de más de 20 minutos la reintroducción de la minería metálica en el país. Según el mandatario salvadoreño, reelegido en 2024 con el 84% de los votos, el país tendría bajo sus pies grandes cantidades de oro que podrían desencadenar una lluvia de dólares para reactivar una economía estancada y aliviar la pobreza.Sin demoras, la bancada de su partido -57 congresistas de los 60 que cuenta en el país centroamericano- aprobó de manera unánime el 23 de diciembre la Ley de minería que restablece la minería metálica, prohibida desde 2017. La ley fue aprobada a pesar del rechazo de varios ambientalistas y de la Iglesia católica. RFI habló con dos voces críticas de la política de Nayib Bukele: el ambientalista Ricardo Navarro y el abogado Luis Parada.Entrevistado por RFI, Ricardo Navarro, director de la ONG CESTA / Amigos de la Tierra, activista reconocido por el prestigio premio Goldman en 1995, fue parte del movimiento que obtuvo en 2017 la prohibición de la minería en 2017, tras una lucha que le costó la vida a varios compañeros. Hoy, Navarro cuestiona la realidad de las reservas de oro presentadas por el presidente Bukele y considera que la minería agravaría la escasez de agua en el país centroamericano.La reintroducción de la actividad minera despierta también el recuerdo de la devastación ambiental algunas regiones. El río San Sebastián, vecino de una mina donde se extrajo oro durante décadas, aún arrastras huellas de contaminación a pesar de la suspensión de la minería industrial en 2017. Barriles de cianuro altamente peligrosos fueron abandonados en la zona mientras que las aguas del río, color marrón, mantiene la población lejos de su cauce. Ante los conocidos riesgos ecológicos de la extracción minera, el presidente Bukele aseguró que esta actividad será "responsable" y que se hará sin usar mercurio, una sustancia que ya no usan las empresas extractivistas, recuerda el ambientalista Ricardo Navarro, que estima que el uso de otras sustancias como el cianuro sí representan riesgos reales.Sin embargo, el contenido de la ley está lejos de ofrecer las garantías necesarias, según explica Luis Parada. Este abogado de origen salvadoreño fue candidato presidencial contra Nayib Bukele al que critica por concentrar todos los poderes. Parada vive hoy en Estados Unidos, es abogado y es un experto en arbitrajes internacionales. A partir de 2009, Parada defendió al estado salvadoreño en dos litigios contra empresas mineras extranjeras. Una de ellas, Pacific Rim pedía 250 millones de dólares de indemnizaciones, pero perdió en 2016 un juicio de arbitraje internacional. El abogado analizó para RFI el contenido de la nueva ley de minería de El Salvador y su opinión es contundente: "es una ley que está diseñada para evadir cualquier requisitos ambientales, técnicos y económicos que protegen a la población y el medioambiente. Van a poder hacer lo que no podían hacer con la ley anterior".Desde el año pasado, investigaciones periodísticas y activistas comunitarios alertaron sobre la presencia de representantes de mineras extranjeras interesados en reabrir minas en El Salvador. La nueva ley, votada en diciembre les dará vía libre para reactivar esta actividad que ha devastado el medio ambiente en varias regiones de Latinoamérica.Entrevistas: Luis Parada, abogado y ex candidato presidencialRicardo Navarro, ambientalista, premio Goldman (1995) y director de la ONG ambientalista CESTA.

En Colombia tras el cierre de dos gigantescas minas de carbón en el norte del país, miles de familias piden que la empresa asuma los costos ambientales y sociales de años de explotación minera. ¿Con qué sustituir la actividad minera? El caso puede sentar un precedente en materia de transición energética. Después de la pandemia de Covid19, el gigante minero Prodeco, subsidiara de la transnacional suiza Glencore anunció el cese de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Sin embargo, tras 25 años de operaciones, la empresa deja un desastre ambiental en la zona. ¿Quién pagará para la restauración del medioambiente? ¿Cómo darles condiciones dignas a las familias de la región afectadas por la pérdida de cerca de 1200 empleos directos?Al ser la primera vez que se cierra una mina en Colombia, las comunidades campesinos, locales y los sindicatos de empleados de Prodeco quieren dejar un precedente para futuras clausuras de minas y exigen a la empresa que repare los pasivos ambientales.  El gobierno de izquierda de Gustavo Petro por su parte quiere convertir la región minera del Cesar en un "corredor de la vida" reduciendo poco a poco la dependencia de país en este combustible fósil altamente contaminante para la salud, el medioambiente y que agrava el calentamiento global.RFI conversó con Andrea del Rocío Torres, abogada especializada en derechos ambientales y humanos y que defiende los derechos de 12 comunidades -ceca de 20000 personas- que viven alrededor de las minas de Jagua y Calenturitas en el norte de Colombia. Las comunidades solicitaron una decisión judicial de la Corte Constitucional colombiana para que garantice su derecho a participar en el plan de cierre ambiental de la empresa Prodeco.> Bosques, fuentes hídricas y atmosfera: el desastre ambiental de 25 años de explotación del carbón:  >El cierre de la mina implica varias obligaciones para Prodeco. ¿Qué tipo de restauración ecológica se debe llevar a cabo? ¿Quién se hará cargo del costo de estas operaciones?:  >Los retos de una transición post-carbón, según Andrea Torres:"Obviamente hay que garantizar que haya agua para cualquier tipo de agricultura, que haya territorio que no esté en desertificación. Que también hayan condiciones de salud óptimas. Hay unos proyectos muy interesantes de energías renovables y comunidades energéticas que está liderando el gobierno. Por el otro lado, también hay proyectos de agricultura sostenible para zonas que no tenemos tanta capacidad hídrica. Se están proponiendo también proyectos de productos de las comunidades que han sido tradicionales que puedan hacer un encadenamiento en comercio justo con algunas empresas del sector alimentario. Hay muchas alternativas. El tema es que primero hay que tener territorio, agua y salud para que esas comunidades florezcan en una nueva alternativa económica."Se espera que la Corte Constitucional colombiana se pronuncie a finales de 2024 sobre las obligaciones de Prodeco en el proceso de cierre de las minas de Jagua y Calenturitas.Escuche la entrevista completa de la abogada Andrea Torres, con Raphaël Morán: 

A principios de diciembre, Ecuador renegoció parte de su deuda externa a cambio de dedicar fondos a la protección de la Amazonía. Es la segunda operación financiera de este tipo que realiza Ecuador. Pero, ¿qué tan exitoso ha sido el canje de deuda anterior para la proteger la islas Galápagos? Reducir la deuda externa de un país a cambio de inversiones para proteger el medio ambiente no es una idea nueva. En pocas palabras, se trata de perdonar una parte de la deuda de un país endeudado a cambio de que el gobierno destine el dinero ahorrado a la protección de zonas altamente biodiversas. El concepto surgió en los años 80. Y recientemente, países como Gabón o Seychelles se acogieron a este mecanismo en años recientes, al igual que Bolivia en 1987 o Costa Rica en 1988.El Estado ecuatoriano, que sobrevive bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional acaba de recurrir nuevamente a este mecanismo: anunció la renegociación de cerca de 1000 millones de dólares de bonos de deuda a cambio de un programa de conservación de la Amazonía. La recompra será operada por el Amazon Conservation DAC, una ONG estadounidense.En mayo de 2023, el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso renegoció cerca de 1630 millones de dólares de deuda por un nuevo préstamo 656 millones de dólares (ver detalles aquí). A cambio, se decidió cear el Galapagos Live Fund (GLF) para administrar un fondo de 450 millones de dólares dedicados a la protección de la reserva del archipiélago, conocido por su excepcional biodiversidad marina.El trueque de deuda fue ideado para financiar la costosa ampliación de 60.000 kilómetros de la Reserva Marina de Galápagos, una joya de biodiversidad “muy importante para los ecosistemas marinos que viajan del norte al sur y viceversa”, subraya la bióloga galapagueña Mónica Calvopiña.“Hace algunos años, nació la propuesta de ampliación de la reserva marina como una iniciativa comunitaria identificando que había más amenazas de pesca ilegal de tiburones, de flotas ilegal extranjeras. Sin embargo, el tener áreas de protección implica financiamiento”, recalca la bióloga.En 2023, Calvopiña asumió el cargo de directora ejecutiva del Galapagos Live Fund (GLF), el fondo encargado de gestionar los 450 millones de dólares dedicados a la conservación ambiental durante 18 años, en el marco del canje de deuda.Sin embargo, ha pasado más de un año desde aquella transacción récord y aún no hay ningún proyecto de conservación en marcha. “En este primer año lo que hemos hecho fue crear legalmente la fundación en el Ecuador, tenemos nuestra oficina, staff. Y esperamos hacer el primer llamado a proyectos que GLF va a financiar, antes de que termine este año”, promete Mónica Calvopiña, entrevistada por teléfono por RFI.Los primeros financiamientos estarán destinados al Parque Nacional Galápagos y la Armada de Ecuador, para financiar los gastos de patrullaje, por ejemplo, indicó Mónica Calvopiña. Ambas entidades recibirán cada año el 50% de los recursos financieros que liberara el GLF.Además del control de embarcaciones, se subvencionarán proyectos de pesca sostenible, turismo sostenible y de educación medioambiental.Reducción insuficiente de la deudaA parte de la lentitud de instauración del proyecto, el canje de deuda por conservación ambiental en Galápagos ha suscitado cuatro críticas principales: no reduce significativamente la deuda ecuatoriana, implica una pérdida de soberanía, involucra a paraísos fiscales para la gestión del dinero del fondo y excluye a las comunidades locales.Si bien fue presentado como un “hito” por el entonces gobierno de Guillermo Lasso, el canje de bonos que realizó ecuador el año pasado solo representó alrededor del 2% de su deuda externa total.“El mercado de canje de deuda por naturaleza es muy pequeño. Las estimaciones varían, pero los cálculos de Eurodad muestran que estos canjes solo compensaron alrededor del 0,11% de los pagos de deuda de los países de renta baja y media entre 1987 y 2023”, indicaba un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics publicado en agosto de 2024 (consulte el PDF aquí).El manejo del dinero para la conservación de Galápagos suscitó también dudas. En efecto, según el convenio firmado por el gobierno ecuatoriano, será el Galapagos Live Fund, basado en el estado estadounidense de Delaware, considerado un paraíso fiscal por muchos economistas, que será encargado de controlar el dinero recaudado en el marco del canje de deuda. Será también este fondo que decidirá a quién se otorga subsidios en Galápagos.“Nos preocupa que se involucren ONG internacionales, entendemos sus buenas motivaciones, pero cuando se cede la autonomía administrativa y de recursos a ONG internacionales de áreas estratégicas como Galápagos y la Amazonia, nos preocupa la incidencia que pueda haber en territorio en la gestión de territorios de conflictos socioambientales”, advierte Daniel Ortega Pacheco, ex ministro de medioambiente de Ecuador, y especialista en finanza climática.Pérdida de soberanía“El principio de poder canjear deuda y liberar espacio fiscal y alcanzar los objetivos de desarrollos sostenible, los compartimos todos. Pero hay que hacerlo de tal manera que no se ponga en peligro la soberanía del país, y que realmente se cumpla la reducción del stock de deuda en una proporción suficiente”, indica el exministro, entrevistado por RFI.Desde su fundación, el consejo directivo del fondo GLF incluye a 11 miembros de los cuales “cinco son del gobierno de Ecuador, y 6 miembros privados. De los 6 miembros, muchos son de aquí, de Galápagos: hay un representante del sector pesquero, uno de la ONG, uno del sector turismo, uno del sector academia y solo dos son privados, externos, que son los miembros fundadores del GLF, entonces para ser una ONG privada, tiene un componente de gobernanza bastante inclusivo”, responde Mónica Calvopiña, directora del Fondo.Los estatus del fondo sin embargo recalcan que los representantes del gobierno de Ecuador nunca podrán superar al número de representantes no gubernamentales.“Nos preocupa la gestión de esos recursos: la comunidad no forma parte del fondo que administra los recursos. Por eso hemos acompañado el reclamo de las comunidades ante el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un mecanismo de consulta, el MICI, y se ha iniciado un proceso de mediación”, insiste el exministro de medioambiente Daniel Ortega Pacheco. “Esperamos que se pueda corregir y que sienta un precedente para que exista transparencia y consulta de las comunidades locales”. El reclamo fue impulsado por el centro de investigación, ecuatoriano CDES y puede ser consultado aquí.La elección de Delaware como sede del fondo también es también un motivo de preocupación. Este pequeño estado estadounidense cuenta con más empresas que habitantes y garantiza la anonimidad a la hora de crear una empresa.Experiencias pasadas contrastadasEn conclusión, Ortega Pachecho pide que es establezcan "principios de integridad que incluyen transparencia, rendición de cuentas, y que no se incluyan paraísos fiscales" y que los proyectos de conservación de la naturaleza no dependan de transacciones financieras que no generen nuevamente deuda y gastos de transacción para los estados, como ha sido el caso para Ecuador que firmó clausulas exigentes en caso de impago de su deuda reestructurada.Las experiencias pasadas de canje de deuda por conservación en Bolivia o Costa Rica muestran resultados variables: no siempre han permitido traer dinero del extranjero para la conservación ambiental, la inflación debilitó los proyectos, y en algunos casos surgieron conflictos con las comunidades locales indica un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics.En las cumbres climáticas, los países en desarrollo insisten en que la mejor manera de proteger el planeta y luchar contra el calentamiento global es la entrega de ayuda directa, sin pasar por préstamos o bonos de deuda que agravan el endeudamiento.

En apertura de la Cop16 sobre desertificación y sequía en Arabia Saudita, el secretario ejecutivo sobre la Convención de Naciones Unidas sobre la lucha contra la Desertificación llamó a parar la degradación de las tierras. Un fenómeno que afecta también a América latina, con múltiples consecuencias. Es tal vez la menos conocida de las cumbres internacionales sobre asuntos medioambientales: además de la Cop sobre cambio climático y de la Cop sobre biodiversidad, la cumbre sobre desertificación tiene lugar cada dos años bajo la égida de la ONU.Este año, representantes de 196 países se reúnen en Arabia Saudita para reforzar la lucha contra la sequía y el empobrecimiento de los suelos, fenómenos que comprometen los rendimientos agrícolas y transforman algunas zonas en desiertos como en Suramérica o en España por ejemplo. Llamada "Cop sobre desertificación", este espacio de negociación se centra en realidad sobre las consecuencias de la sequía y la degradación de los suelos.Naciones Unidas calcula que alrededor del 40% de las tierras del planeta están degradadas.El suelo, esta capa delgada en la tierra, “alberga una cuarta parte de la biodiversidad, regula las emisiones de Co2 y otros gases de efecto invernadero, constituye la segunda reserva de carbono más importante a nivel planetario y es clave para la adaptación al cambio climático. Gracias al suelo, el agua se infiltra, la almacena la limpia. Y se mejora la resiliencia a la población ante inundaciones y sequías”, recuerda la geóloga mexicana de la Universidad Naciones Autónoma de México Blanca Prado, que estudia la erosión de los suelos.“Y conocemos al suelo por ser el medio en el que crecen nuestros alimentos. De él obtenemos el 95% de los alimentos. Al perder su salud, el suelo pierde la capacidad para realizar todas estas funciones que mencioné al principio”, agregó Blanca Prado.En México, por ejemplo, cerca del 60% sufren algún tipo de degradación. Y las causas están bien identificadas, según Blanca Prado. Se trata de “las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la sobreexplotación de la vegetación, las actividades industriales y la urbanización, siendo las prácticas agrícolas y el sobrepastoreo las más importantes”, recalca la investigadora mexicana.Escuche el programa completo de Vida en el planeta sobre la Cop16 sobre desertificación:El fenómeno afecta a numerosos países de Latinoamérica con impactos visibles, observa también Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación. “Al menos el 22% de las tierras de América latina y el Caribe” sufre los impactos de la sequía y de la degradación del suelo. “Equivale a una superficie mayor a la India”, insiste Meza, entrevistada por RFI.Este flagelo ambiental causa varios impactos visibles ya: reducción de rendimientos agrícolas, caída de la producción hidroeléctrica debido a la falta de agua y perturbación en la circulación del Canal de Panamá.Frente al fenómeno de la degradación de los suelos, los países del mundo se comprometieron a restaurar 1000 millones de hectáreas de tierras de aquí a 2030 ya que sí, es posible mejorar el estado de salud de los suelos afectados por la sequía o el agotamiento de nutrientes.En el caso de México, por ejemplo, la investigadora Blanca Prado aboga por una agricultura más sostenible, en un país donde la ganadería y la agricultura agotaron los suelos con el uso intensivo de pesticidas y abonos químicos.Entre las soluciones comunes para restaurar los suelos están: la restauración de manglares y de bosques para mantener las zonas húmedas, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, es decir la introducción de árboles en zonas de pastoreo.Sobre el mismo tema, le recomendamos: Un método prehispánico para reforestar los manglares de VeracruzEn esta Cop16 sobre la desertificación y degradación de los suelos se espera que varios países en desarrollo pidan una ayuda financiera para estos proyectos de restauración del suelo. Un tema que podría ser objeto de negociaciones entre los delegados.